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Procedimiento : 2015/2140(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0368/2015

Textos presentados :

A8-0368/2015

Debates :

PV 18/01/2016 - 14
CRE 18/01/2016 - 14

Votaciones :

PV 19/01/2016 - 5.4
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Textos aprobados :

P8_TA(2016)0004

Textos aprobados
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Martes 19 de enero de 2016 - Estrasburgo Edición definitiva
Informe anual sobre la política de competencia de la UE
P8_TA(2016)0004A8-0368/2015

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016, sobre el informe anual sobre la política de competencia de la UE (2015/2140(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el informe de la Comisión de 4 de junio de 2015 sobre la política de competencia 2014 (COM(2015)0247) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que lo acompaña, de la misma fecha,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 101 a 109, 147 y 174,

–  Vistas las normas de competencia, directrices y decisiones pertinentes de la Comisión,

–  Vistos su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre la política de competencia de la UE, y su Resolución, de 11 de diciembre de 2013(1), sobre el informe anual sobre la política de competencia de la UE en 2012(2), así como los requisitos fijados en ellas por el Parlamento,

–  Visto el estudio de la Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Departamento Temático A – Políticas Económicas y Científicas) para la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos entre empresas(3),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, titulado «El mercado interior del transporte internacional de mercancías por carretera: dumping social y cabotaje»(4),

–  Visto el Informe de la Red Europea de Competencia (REC), de mayo de 2012, sobre la garantía del cumplimiento de la normativa de competencia y las actividades de supervisión del mercado por las autoridades europeas de competencia en el sector alimentario(5),

–  Vistas las Directivas 77/799/CEE y 2011/16/UE del Consejo, relativas a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad,

–  Vistas las conclusiones y las propuestas de actuación del Proyecto OCDE/G-20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios,

–  Vista la Decisión de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, sobre la apertura de una investigación sobre el sector del comercio electrónico de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (CE) n.º 1/2003 del Consejo (C(2015)3026),

–  Vista la Directiva 2014/104/UE, de 26 de noviembre de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de junio de 2014, titulada «Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020»(6),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado TFUE,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas,

–  Visto el Libro Blanco titulado «Hacia un control más eficaz de las concentraciones de empresas en la UE», de 9 de julio de 2014 (COM(2014)0449),

–  Vista la investigación sobre competencia en el sector farmacéutico, de 8 de julio de 2009, y los informes de seguimiento, en particular el Quinto informe de seguimiento sobre los acuerdos en materia de patentes,

–  Visto el marco universal para la Evaluación de la Sostenibilidad de los Sistemas Agrícolas y Alimentarios (SAFA), desarrollado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0368/2015),

A.  Considerando que la política de competencia de la UE constituye un pilar fundamental de la economía social de mercado en Europa y un instrumento esencial para el funcionamiento del mercado interior de la Unión;

B.  Considerando que, en materia de competencia, la voz de la Unión Europea es escuchada y respetada en la escena internacional; que esta representación externa unificada, independiente y vinculada a poderes claramente identificados permite a la Unión ejercer su verdadero poder político, demográfico y económico;

C.  Considerando que la política de competencia es en sí misma una herramienta de salvaguarda de la democracia europea, en tanto en cuanto impide la excesiva concentración de poder económico y financiero en pocas manos;

D.  Considerando que la Unión Europea se basa en una economía social de mercado abierta de libre competencia, cuya finalidad es aumentar la prosperidad de los consumidores y el nivel de vida de todos los ciudadanos de la UE, y que la Unión Europea está estableciendo un mercado interior concebido para favorecer el desarrollo sostenible de Europa basado en un crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios;

E.  Considerando que la aplicación estricta de los principios del Derecho de competencia de conformidad con el Tratado de la UE debería contribuir a los objetivos generales de la política económica de la UE y al mismo tiempo redundar en beneficio de consumidores, trabajadores y emprendedores y fomentar la innovación y el crecimiento controlando y limitando las prácticas de mercado desleales derivadas de monopolios y posiciones dominantes del mercado, de manera que toda persona disponga efectivamente de oportunidades;

F.  Considerando que es de la máxima importancia la independencia de las autoridades nacionales de competencia;

G.  Considerando que cada año se registran unas pérdidas de entre 181 000 y 320 000 millones EUR (aproximadamente el 3 % del PIB de la UE) debido a la existencia de carteles;

H.  Considerando que, en términos de costes de la energía, en el mercado único europeo se registran resultados peores que en el mercado interior de los Estados Unidos, con una dispersión de precios del 31 %, frente al 22% en los Estados Unidos;

I.  Considerando que en muchos Estados miembros las pymes, que representan el 98 % de las empresas de la UE y el 67 % de los trabajadores, aún se ven afectadas por una grave contracción del crédito;

J.  Considerando que la evasión fiscal, el fraude fiscal y los paraísos fiscales cuestan a los contribuyentes de la UE aproximadamente un billón de euros al año en pérdidas de ingresos y distorsionan la competencia en el mercado único entre aquellas empresas que pagan impuestos y las que no lo hacen;

K.  Considerando que, en los últimos años, el dinamismo de la economía digital y, por encima de todo, las distorsiones de la competencia provocadas por prácticas fiscales y políticas impositivas nacionales agresivas (que probablemente afecten considerablemente al mercado interior) traen consigo retos nuevos para los participantes en el mercado y hacen necesaria una respuesta inmediata y específica por parte de la Comisión; que la cooperación global en materia de cumplimiento de las normas de competencia contribuye a evitar incoherencias en las medidas correctoras y en los resultados de las medidas coercitivas, y ayuda a las empresas a reducir sus costes de cumplimiento;

L.  Considerando que, ante los retos que plantea la era digital, se hace necesaria una revisión en profundidad de los instrumentos jurídicos vigentes en materia de competencia;

M.  Considerando que en el transporte aéreo internacional faltan normas en materia de competencia leal y regulación de empresas públicas en lo que atañe a las compañías aéreas de determinados terceros países que operan desde y hacia Europa y dominan determinadas rutas, lo que provoca un daño considerable a las compañías aéreas europeas y a su vez perjudica a la conectividad de los aeropuertos principales europeos y reduce con ello la oferta para los consumidores europeos;

N.  Considerando que la competencia no tiene las mismas repercusiones en todos los Estados miembros;

O.  Considerando que la política de competencia debe tener especialmente en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y cohesión social;

P.  Considerando que el dumping social es un factor que distorsiona el mercado interior y que menoscaba los derechos de los consumidores y de los trabajadores;

Q.  Considerando que la garantía de la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales constituye la base del crecimiento europeo;

1.  Acoge con satisfacción el informe de la Comisión, que subraya la importancia de la política de competencia en la UE, y señala que dicho informe trata en sustancia el ámbito de atribuciones del comisario de Competencia Almunia en la anterior Comisión;

2.  Pide a la Comisión que en el futuro le transmita el documento de trabajo por sectores específicos como parte integrante del informe;

3.  Celebra el hecho de que la comisaria de Competencia, Sra. Vestager, desee cooperar estrechamente con el Parlamento para desarrollar la política de competencia como uno de los instrumentos centrales de la Unión Europea para la realización del mercado interior común, y pide a la Comisión que no aplique la política interna de la UE en materia de competencia de manera que obstaculice las estrategias de mercado de las empresas, a fin de que puedan competir en los mercados globales con agentes de fuera de la UE;

4.  Subraya que una política de competencia eficaz y creíble no debe orientarse exclusivamente a la reducción de los precios de consumo, sino que también debe tener en cuenta los intereses estratégicos de la economía europea, como: la capacidad de innovar; las inversiones; la competitividad y la sostenibilidad; las condiciones especiales de competitividad de pymes, empresas de nueva creación y microempresas; y la necesidad de promover unas normas laborales y medioambientales exigentes;

5.  Pide a la Comisión que ponga fin al dumping social, y hace hincapié en que las decisiones de política de competencia deben tener en cuenta particularmente el impacto social;

6.  Considera que la naturaleza específica de la economía digital, caracterizada por unos costes marginales en descenso y tendentes a cero y por unos fuertes efectos de red, favorece el aumento del nivel de concentración en mercados clave; pide a la Comisión Europea que adapte su política de competencia a las particularidades de este sector;

7.  Pide a la Comisión que complete el mercado interior en los ámbitos en los que siga estando fragmentado e incompleto, y que elimine cuanto antes las restricciones de mercado y las distorsiones de la competencia en los ámbitos en los que se constaten; pide a la Comisión que vele por que la política de competencia también refuerce la cohesión social en la Unión;

8.  Subraya que el establecimiento de prioridades de la actividad de las autoridades de competencia y su presentación en el informe de competencia 2014 coinciden en gran medida con las prioridades comunes; observa, no obstante, que en determinados ámbitos es necesaria una actuación más decidida, que la Comisión debería acometer con ahínco el próximo año; hace hincapié en la importancia de la cooperación global para el cumplimiento de las normas de competencia; apoya la participación activa de la Comisión en la Red Internacional de Competencia;

9.  Pide de nuevo a la Comisión, tal y como ya hizo con ocasión del anterior informe anual, que evite que se produzcan una concentración excesiva del mercado y abusos de posición dominante en relación con la creación del mercado único digital, ya que ello garantizará un nivel superior de servicio para los consumidores y la posibilidad de lograr precios más atractivos;

10.  Considera que es fundamental garantizar la igualdad de condiciones de competencia en el mercado digital y luchar contra los abusos de posición dominante y la optimización fiscal, objetivos que en último término redundan en beneficio de los consumidores;

11.  Considera que el desarrollo de la administración electrónica constituye un importante vector de apoyo al crecimiento, en particular en lo que respecta a la participación de las pymes; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que utilicen todos los instrumentos que les ofrece la nueva legislación en materia de contratación pública para promover el crecimiento en la UE, y solicita a la Comisión que respalde todas las iniciativas relativas al desarrollo de la administración electrónica; hace asimismo hincapié en que la promoción y aplicación de sistemas de administración electrónica en todos los Estados miembros es adecuada para el control eficaz de las infracciones y para garantizar la transparencia tanto en el sector público como en el privado;

12.  Pide a la Comisión que vele por que los Estados miembros apliquen las nuevas normas de contratación pública de manera oportuna, en particular la implantación de sistemas de contratación pública electrónica y de administración electrónica y las nuevas disposiciones sobre el respeto de los criterios sociales y medioambientales y sobre la división de los contratos en lotes, con objeto de impulsar la innovación y la competencia leal, apoyar a las pymes en la contratación pública y garantizar la máxima rentabilidad de la utilización de fondos públicos;

13.  Pide a la Comisión que haga aún más en favor de una apertura ambiciosa de los mercados internacionales de contratación pública al objeto de eliminar la asimetría existente en el grado de apertura de dichos mercados entre la UE y otros socios comerciales, y que, con este fin, tenga en cuenta el informe del Parlamento sobre la propuesta de la Comisión relativa a un instrumento internacional para la contratación pública y la próxima revisión del mismo;

14.  Señala que, en el mercado único, se están vendiendo productos que contienen ingredientes distintos de una remesa a otra a pesar de que se comercializan con la misma marca y el mismo envasado; pide a la Comisión que determine si, en el contexto de la política de competencia de la UE, esta práctica tiene repercusiones negativas para los proveedores de productos locales y regionales, en particular las pymes;

15.  Considera fundamental que la Comisión siga promoviendo una convergencia y una cooperación mayores entre las autoridades nacionales de competencia de la UE;

16.  Acoge con satisfacción la profunda interacción entre la garantía del cumplimiento de las normas de competencia y la estrategia del mercado único digital, en particular en el ámbito de las acciones relativas a la práctica del bloqueo geográfico y los acuerdos de licencias, con miras a completar el mercado único digital; considera que una interacción similar es fundamental en el mercado interior de la energía para eliminar las barreras al flujo libre de energía a través de las fronteras y para construir la Unión de la Energía;

17.  Considera que la competencia en el sector de las telecomunicaciones es esencial no solo para impulsar la innovación y la inversión en redes sino también para fomentar unos precios accesibles y una gama amplia en los servicios para el consumidor; pide, por consiguiente, a la Comisión que proteja la competencia en este sector, en particular en la asignación del espectro;

18.  Pide a la Comisión que examine las cláusulas y las prácticas desleales y abusivas utilizadas por el sector bancario en los contratos celebrados con consumidores; pide a la Comisión, en el contexto de la REC, que fomente los intercambios de prácticas acreditadas; insta a la Comisión a que reduzca la burocracia de todo tipo generada por la aplicación de la política de competencia;

19.  Considera que la política de competencia debe desempeñar un papel importante para hacer los mercados financieros más seguros y transparentes para los consumidores; acoge con satisfacción, por otra parte, las medidas legislativas adoptadas en el sector de los pagos electrónicos, en particular la introducción de límites a las comisiones interbancarias impuestas a las operaciones de pago con tarjeta;

20.  Recuerda a la Comisión que la política de la competencia entraña la regulación del precio de los servicios para los que es difícil fijar un valor de mercado, como las comisiones de los cajeros automáticos;

21.  Pide a la Comisión que estudie las redes de cajeros automáticos desde la perspectiva de la política de competencia, teniendo en cuenta que se trata de una infraestructura en red;

22.  Cree que se debería seguir reflexionando sobre el modo de apoyar a las empresas europeas en la competencia global con operadores de tamaño similar de otras partes del mundo que no tienen que seguir las normas de competencia que deben cumplir las entidades europeas en su propio territorio;

23.  Pide a la Comisión que garantice la coherencia entre las políticas comercial y de competencia de la Unión y los objetivos de su política industrial; señala que la política de competencia de la Unión no debe impedir que surjan líderes industriales europeos en la economía; pide, por tanto, que las políticas comercial y de competencia favorezcan el desarrollo y la competitividad de la industria europea en la escena mundial;

24.  Reconoce que muchas industrias de alto consumo energético están pasando por dificultades económicas y que algunas de ellas, como la industria siderúrgica, se encuentran en situación de crisis; insta a la Comisión a que revise las normas sobre ayudas estatales de la UE para las industrias de alto consumo energético, garantizando protección efectiva ante la fuga de carbono y proporcionando oportunidades justas para las industrias de la UE, en particular para aquellas industrias de alto consumo energético más vulnerables;

Procedimiento de defensa de la competencia - Casos de abuso de posición dominante

25.  Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos en lo que respecta a las investigaciones sobre el abuso de posición dominante en detrimento de los consumidores de la UE;

26.  Observa que los abusos de posición dominante están prohibidos y que constituyen un grave problema de competencia;

27.  Opina que la Comisión actúa con eficacia en casos de infracciones a las normas sobre prácticas colusorias y puede acreditar una importante contribución a la realización del mercado interior y el establecimiento de normas de competencia equitativas;

28.  Subraya que las prácticas anticompetitivas y los monopolios pueden actuar como barreras al comercio que distorsionan los flujos comerciales y de inversión; pide a la Comisión que, en interés de un comercio mundial libre y equitativo, adopte medidas a escala internacional contra los carteles y las prácticas anticompetitivas, oligopolísticas y monopolísticas;

29.  Opina que las normas vigentes en materia de multas a personas jurídicas en caso de infracción deben completarse con sanciones concomitantes contra las personas físicas responsables; considera que las multas deben ser de la cuantía suficiente para tener un efecto disuasorio; subraya la importancia de una política eficaz de protección de denunciantes de irregularidades, que ha permitido a la Comisión detectar carteles;

30.  Considera crucial la seguridad jurídica y pide a la Comisión que incorpore a un instrumento legislativo la normativa sobre sanciones, como las impuestas en procedimientos de defensa de la competencia;

31.  Constata que los modelos de mercado originales de la política de competencia podrían ser inadecuados para la economía digital y que la aplicación de indicadores basados en el precio en este sector dinámico de la economía a menudo no da los resultados deseados; pide a la Comisión que lleve a cabo, con arreglo a nuevos criterios, una evaluación jurídica y económica exhaustiva de los mercados en rápida transformación y los modelos de negocio efímeros empleados por las empresas digitales, con el fin de comprender con claridad las estructuras y las tendencias del mercado, tomar las medidas apropiadas para proteger a los consumidores y tener debidamente en cuenta la importancia de los datos y de las estructuras de mercado específicas de la economía digital; señala que, para definir el mercado pertinente, especialmente en la economía digital, deben aplicarse criterios de evaluación adecuados en términos de competencia;

32.  Sostiene que la protección de la propiedad intelectual es crucial para una competencia leal, y constata con pesar la falta de voluntad de las empresas mundiales para adquirir las licencias necesarias para explotar las patentes europeas; insta a la Comisión a que proteja eficazmente las patentes esenciales para una norma (SEP) y vigile de cerca la regularidad de la adquisición de licencias por los usuarios de patentes;

33.  Pide a la Comisión que investigue si hay algún tipo de correlación entre una presencia elevada de políticos y exministros en los consejos de administración de las empresas energéticas y las prácticas oligopolísticas del sector en algunos Estados miembros;

34.  Cuestiona la larga duración de las investigaciones sobre el gigante estadounidense de internet Google y lamenta que estas investigaciones se prolonguen ya desde hace años sin transparencia y sin ningún resultado definitivo, reflejando el hecho de que hasta 2014 la Comisión se mostró reticente a indicar su voluntad de eliminar restricciones comerciales; destaca que, especialmente cuando se ven afectados mercados dinámicos, un procedimiento de tal duración puede suponer de hecho una depuración del mercado y suscitar incertidumbre para todas las partes;

35.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la práctica de Google de ofrecer el sistema operativo Android exclusivamente en combinación con otros servicios suyos, lo que impide a los fabricantes la preinstalación de productos de la competencia; pide, además, a la Comisión que examine en profundidad la posición de dominio del mercado que detenta Google en el ámbito de las reservas hoteleras, y que busque una solución apropiada para este problema; apoya las medidas de la Comisión concebidas para aportar un mayor grado de interoperabilidad y portabilidad en todos los sectores digitales y, con ello, evitar una situación en la que «el ganador se lo queda todo»; hace hincapié en la importancia de dotar a la Comisión de los instrumentos adecuados para mantener una perspectiva actualizada de la rápida evolución del mercado digital;

36.  Pide a la Comisión que efectúe y concluya con diligencia todas las investigaciones pendientes en defensa de la competencia, y que elimine las restricciones comerciales que se hayan establecido; celebra que el nuevo comisario haya rechazado plegarse ante la presión política, y pide que se agilicen los procedimientos de manera que puedan lograrse resultados en el curso del año próximo; acoge favorablemente, por lo tanto, el pliego de cargos remitido por la Comisión a Google sobre su servicio de comparación de compras; pide a la Comisión que continúe examinando con determinación todas las cuestiones detectadas en sus investigaciones, incluidos otros ámbitos de sesgo en las búsquedas, a fin de garantizar la igualdad de condiciones de competencia para todos los participantes en el mercado digital;

37.  Observa que, en virtud del artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 1/2003, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia, la Comisión tiene la posibilidad de adoptar medidas provisionales cuando exista riesgo de perjuicio grave e irreparable para la competencia; insta a la Comisión a que determine hasta qué medida pueden aplicarse tales medidas en los procedimientos de competencia de larga duración, especialmente en el mercado digital;

38.  Recuerda que la neutralidad de la red (el principio según el cual todo el tráfico de internet recibe el mismo trato, sin discriminación, restricción o interferencia, independientemente de su emisor, receptor, tipo, contenido, dispositivo, servicio o aplicación) reviste la mayor importancia para velar por que no haya discriminaciones entre servicios de internet y garantizar plenamente la competencia;

39.  Hace hincapié en que la política de competencia debería basarse en pruebas y acoge con satisfacción la investigación por parte de la Comisión Europea sobre posibles obstáculos al comercio electrónico al comercio transfronterizo en línea de bienes y servicios, por ejemplo, en los sectores de aparatos electrónicos, ropa, calzado y contenido digital;

40.  Observa que el caso Google ha suscitado un debate general sobre el poder de las plataformas de internet dominantes, como eBay, Facebook, Apple, LinkedIn, Amazon, Uber, Airbnb, etc., su influencia en los mercados y en la esfera pública, y la necesidad de regularlas para protegerlos; señala que el objetivo de regular las plataformas de internet debe consistir en garantizar una mayor protección de los usuarios y mantener al mismo tiempo los incentivos a la innovación;

41.  Pide a la Comisión que investigue el dominio del mercado por parte de Google en el ámbito de las reservas hoteleras directas; señala que la empresa pretende que quienes buscan hotel realicen la reserva y el pago a través de Google y no recurran a sitios web de viajes u hoteles propiedad de terceros; subraya que esta maniobra puede ser controvertida, ya que convierte a Google en una agencia de viajes en línea o equivalente que cobra tasas por reserva; destaca que la mayoría de los hoteleros preferirían las reservas directas en lugar de las realizadas a través de un sitio web propiedad de un tercero o de un buscador; hace hincapié en que Google podría servirse de su posición dominante y debilitar con ello a los competidores en los mercados de viajes, perjudicando con ello a los consumidores;

42.  Acoge con satisfacción las modificaciones del Reglamento de Ejecución (CE) n.º 773/2004 recientemente adoptadas por la Comisión en relación con el desarrollo de procedimientos por la Comisión de conformidad con los artículos 81y 82 del Tratado CE, y las correspondientes comunicaciones derivadas de la Directiva sobre las acciones por daños; considera desafortunado que no se haya contado con el Parlamento para la redacción de las modificaciones;

43.  Señala que la política de competencia tiene un papel clave para la realización del mercado único digital; comparte el parecer de que, en los mercados en rápida transformación, una política de competencia sólida requiere un profundo conocimiento del mercado; acoge con satisfacción, por lo tanto, el inicio de una encuesta sectorial sobre el mercado electrónico en aplicación de la estrategia para un mercado único digital;

Ayudas estatales

44.  Pide a la Comisión que, como guardiana de los Tratados, supervise atentamente la aplicación de la Directiva mencionada por los Estados miembros y que garantice la aplicación uniforme de sus disposiciones en toda la Unión; Pide a la Comisión que promueva activamente en los Estados miembros y ante las autoridades de los niveles administrativos regional y municipal la observancia de la política europea de competencia y que explique su base jurídica; subraya la importancia de abordar del mismo modo las ayudas estatales horizontales y verticales; considera necesario que se tomen medidas para aumentar la concienciación en todas partes de la Unión Europea sobre la clasificación y la concesión de ayudas estatales ilegales, en particular cuando estas supongan medidas contrarias a la competencia y proteccionistas; opina, no obstante, que las regiones remotas o periféricas e insulares deben disponer de un margen mayor que en la actualidad en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales;

45.  Considera que, en particular en los procedimientos incoados por ayudas estatales, la Comisión debe examinar más rigurosamente los datos proporcionados por los Estados y mejorar la fiabilidad de los mismos, dado que continuamente se producen tentativas de eludir la base jurídica y las imposiciones legales o de buscar compromisos cuestionables en mayor o menor grado; considera, asimismo, que estos exámenes deben partir del reconocimiento de que, en sectores estratégicos y vitales como la energía, el transporte y la atención sanitaria, los Estados necesitan garantizar la seguridad absoluta y la continuidad del suministro y la prestación de servicios para todos sus ciudadanos, y que deben velar por no promulgar normas que perjudiquen a otros Estados miembros o a la Unión;

46.  Reitera que no pueden utilizarse los Fondos Estructurales de la UE de manera que se apoye directa o indirectamente la deslocalización de servicios o de la producción a otros Estados miembros, para lo cual puede introducirse, por ejemplo, un periodo de espera para las empresas que los perciban; destaca que a veces son necesarias las ayudas estatales para garantizar la prestación de servicios de interés económico general, entre ellos la energía, el transporte y las telecomunicaciones; hace hincapié en que la intervención estatal es a menudo el instrumento político más eficaz para garantizar la prestación de servicios cruciales para mantener las condiciones económicas y sociales en regiones aisladas, remotas o periféricas y en regiones insulares de la Unión;

47.  Celebra la adopción por la Comisión en 2014 de las nueva Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía, y su plasmación como Reglamento general de exención por categorías;

48.  Acoge con satisfacción la inclusión en el Reglamento general de exención por categorías de la ayuda social para el transporte de residentes en regiones remotas, con lo que se reconoce el problema de la conectividad; destaca que la conectividad de las regiones insulares periféricas también es fundamental para conservar y desarrollar niveles aceptables de iniciativa económica y social manteniendo conexiones empresariales esenciales;

49.  Acoge con satisfacción la investigación en curso de la Comisión sobre activos por impuestos diferidos y créditos fiscales diferidos, que beneficiará al sector bancario de varios Estados miembros; opina que los activos por impuestos diferidos y los créditos fiscales diferidos deben autorizarse retroactivamente en el marco de disposiciones sobre las ayudas de Estado si están vinculados a condiciones expresas relativas a objetivos de financiación de la economía real;

50.  Recuerda su petición a la Comisión de que examine si el sector bancario se ha beneficiado desde el inicio de la crisis de subvenciones implícitas y ayudas de Estado en forma de aportes de liquidez no convencionales;

51.  Celebra la introducción de nuevas directrices sobre ayudas estatales para la financiación de riesgo, cuya finalidad primordial es hacer posible fomentar más eficazmente a las pymes, las empresas innovadoras de capitalización media y las empresas emergentes, que sufren considerables desventajas debidas a su tamaño;

52.  Critica que los modelos fiscales que distorsionan la competencia, en particular, puedan causar graves problemas a las medianas empresas e incluso a algunos Estados miembros que no aplican tales modelos fiscales;

53.  Acoge con satisfacción que, con motivo de la modernización de la legislación en materia de ayudas estatales, la Comisión haya tomado la iniciativa de emitir nuevas directrices que aclararán lo que se entiende por ayudas estatales en materia fiscal y en relación con unos precios de transferencia adecuados;

54.  Solicita a la Comisión que elabore otro estudio para evaluar si las disposiciones europeas sobre ayudas estatales inhiben la consolidación y el refuerzo de la competitividad entre las empresas europeas frente a sus competidores globales, sobre todo con respecto a los mecanismos de contratación pública estatales, y también a la luz de la reciente celebración del Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP);

Control de las concentraciones de empresas

55.  Constata que la valoración hecha hasta ahora de las concentraciones y adquisiciones en la economía digital se basaba en gran medida en el volumen de negocios de las empresas participantes, lo que es inadecuado; destaca que empresas con un volumen de negocios reducido o con considerables pérdidas de lanzamiento pueden disponer también de una amplia base de clientes y, por tanto, de grandes volúmenes de datos, y de un fuerte poder de mercado, como lo demuestra la aprobación incondicional de la Comisión de la adquisición de Whatsapp por parte de Facebook, que sentó un precedente;

56.  Considera que en algunos sectores de la economía, sobre todo en la economía digital, se ha de atender también a otros criterios que vayan más allá de los planteamientos basados en el precio, la cuota de mercado y el volumen de negocios, pues las concentraciones muchas veces pueden entrañar restricciones del mercado;

57.  Considera que, particularmente en la economía digital y en el contexto de la protección de los consumidores, es preciso actualizar las normas generales sobre competencia y deben introducirse nuevos criterios para la evaluación de las concentraciones, como el precio de adquisición, los posibles obstáculos al acceso al mercado, la importancia vital de los datos y el acceso a los datos, las especificaciones de las plataformas y los efectos de red asociados, y también la consideración de si la competencia tiene carácter global en el sector de que se trate o no; pide a la Comisión que tenga particularmente en cuenta el modelo de negocio de las empresas en la economía digital y los posibles obstáculos al acceso al mercado, y asimismo factores como las posibilidades de cambio entre distintas plataformas y la portabilidad de los datos;

58.  Pide a la Comisión que examine la posibilidad de que los minoristas independientes —que están autorizados, en virtud de la legislación de competencia, a trabajar conjuntamente a través de sus establecimientos físicos— puedan también presentar ofertas conjuntas en el ámbito del comercio electrónico;

59.  Considera que la estimación errónea del poder de mercado, combinada con la definición de mercado actual a menudo tiene efectos perjudiciales para las empresas europeas, en particular en tiempos de globalización y en un mercado digital dinámico ; pide a la Comisión que tome en consideración un reajuste en el marco del Reglamento sobre concentraciones;

60.  Expresa su preocupación por la perspectiva nacional estrecha que se adopta con excesiva frecuencia con respecto a la cuestión de la delimitación del mercado, que no tiene suficientemente en cuenta la internacionalización de las empresas europeas, como ocurrió, por ejemplo, con el Reglamento sobre concentraciones;

Ayudas financieras e impuestos

61.  Subraya, como se señala por quinta vez consecutiva en el informe anual sobre competencia, que las ayudas estatales temporales en el sector financiero eran necesarias para estabilizar el sistema financiero mundial, pero que hay que reducirlas rápidamente o eliminarlas y controlarlas totalmente si se quiere realizar la unión bancaria; hace hincapié en la necesidad urgente de eliminar las subvenciones —en forma de garantías implícitas para las entidades financieras que siguen siendo demasiado grandes para quebrar— para equiparar las condiciones de competencia en el sector financiero y proteger a los contribuyentes, y que ello debe hacerse velando por que no se generen beneficios inesperados o ventajas para personas jurídicas privadas; destaca la importancia de adoptar un enfoque restrictivo en lo que respecta a las ayudas estatales;

62.  Hace hincapié en que la competencia fiscal leal resulta fundamental para la integridad del mercado interior, la viabilidad de la hacienda pública y la igualdad de condiciones de competencia;

63.  Considera que las importantes disparidades surgidas en los últimos años entre los Estados miembros en el uso de las ayudas estatales en el sector financiero pueden distorsionar la competencia en este sector; pide a la Comisión Europea que aclare las normas y procedimientos con arreglo a los que se pueden autorizar ayudas estatales en el sector financiero; opina que las ayudas estatales al sector de la banca deben reducirse a más tardar cuando se complete la unión bancaria, y que para ello deberá velarse por que la reglamentación no distorsione la competencia en beneficio de los grandes bancos y por la disponibilidad de crédito suficiente para las pymes;

64.  Cree que la Comisión debería considerar la posibilidad de que las ayudas públicas a las entidades bancarias se vinculen a la condición de conceder crédito a las pymes;

65.  Pide a la Comisión que elabore una hoja de ruta para conceder menos ayudas estatales pero mejor orientadas, con el fin de lograr una reducción de las ayudas estatales que propicie unos impuestos más bajos que, a su vez, estimulen la creación de nuevas empresas y la competencia leal, en lugar de servir de apoyo a viejas estructuras y operadores establecidos;

66.  Subraya que, cuando las ayudas estatales se emplean para promover servicios de interés general, el elemento crucial es el beneficio de los ciudadanos, y no el de las empresas o entidades públicas;

67.  Pide a la Comisión que siga de cerca las condiciones que debe proponer el Banco Central Europeo para conceder nuevas autorizaciones bancarias a fin de garantizar que se crean unas condiciones de competencia equitativas sin grandes obstáculos para la entrada en el mercado; está firmemente convencido de que, dada la alta concentración que se observa en el sector bancario de algunos Estados miembros, contar con un mayor número de entidades bancarias sería beneficioso para los consumidores y las pymes;

68.  Subraya la importancia capital que la legislación de la UE en materia de subvenciones reviste para la lucha contra la elusión fiscal por parte de las empresas multinacionales;

69.  Celebra las investigaciones iniciadas en 2014 por la Comisión acerca de las ayudas estatales ilegales facilitadas mediante una competencia fiscal desleal en beneficio de determinadas empresas, y que en 2015 se ampliaron a los 28 países de la UE; pide además a los Estados miembros que, en el futuro, transmitan oportuna y prontamente a la Comisión toda la información relativa a sus prácticas fiscales, y que cumplan finalmente con su obligación de notificar a la Comisión y al Parlamento cualesquiera acuerdos especiales que puedan afectar a otros Estados miembros y a las pymes;

70.  Lamenta que, en los últimos mandatos, la Comisión solo haya iniciado un número muy limitado de investigaciones sobre posibles casos de ayudas fiscales estatales, a pesar de las sospechas bien fundadas que han salido a la luz entre tanto; pide a la Comisión que se sirva de las conclusiones de las investigaciones en curso para elaborar directrices más precisas y eficaces sobre las ayudas fiscales estatales, que haga pleno uso de sus facultades con arreglo a las normas de competencia de la UE para atajar las prácticas fiscales perjudiciales y que sancione a los Estados miembros y empresas cuya participación en dichas prácticas se constate; pide a la Comisión que, al mismo tiempo, especifique qué medidas fiscales no son coherentes con la política sobre ayudas estatales;

71.  Considera que, con el fin de establecer una competencia leal entre empresas, en consonancia con el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, las empresas radicadas en regiones con desventajas temporales o permanentes deberían recibir ayudas y que se debería garantizar una mayor flexibilidad a las regiones con problemas económicos graves, como las regiones incluidas en los objetivos de convergencia y competitividad, y a las regiones insulares;

72.  Lamenta que, desde 1991, solo se haya investigado un número muy limitado de casos de ayudas estatales relacionados con la competencia fiscal desleal, subrayando la necesidad de garantizar un amplio acceso a la información con el fin de iniciar más investigaciones sobre casos sospechosos; expresa su preocupación por los recursos limitados de que disponen actualmente los servicios competentes de la Comisión, que pueden restringir su capacidad de tratar un número de casos significativamente mayor;

73.  Subraya que, por sí solos, los procedimiento de ayudas estatales no pueden acabar de forma definitiva con la competencia fiscal desleal en una serie de Estados miembros; considera que, un año después de las revelaciones LuxLeaks, son necesarios otros resultados concretos, como la introducción de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS), la revisión de la Directiva sobre el IVA para prevenir el fraude, la obligación para las grandes empresas internacionales de notificar públicamente y por países sus ventas y beneficios, así como un llamamiento a los Estados miembros para que introduzcan una mayor transparencia en sus prácticas fiscales y requisitos de información mutua;

74.  Considera que las actuales prácticas fiscales de algunos Estados miembros comprometen gravemente el mercado único europeo, que las empresas multinacionales, en particular, deben contribuir de forma justa y adecuada a las finanzas públicas de los Estados miembros, y que es necesario seguir investigando las extendidas prácticas fiscales perjudiciales y las resoluciones fiscales que están erosionando la base imponible del impuesto de sociedades y dando lugar a una planificación fiscal abusiva en Europa; acoge con satisfacción la nueva Comisión TAXE;

75.  Opina que una competencia fiscal justa es uno de los elementos constitutivos del mercado interior, pero que, siempre dentro del respeto de la competencia primaria de los Estados miembros, la competencia fiscal desleal debe evitarse recurriendo, por ejemplo, a bases imponibles armonizadas, al intercambio de información entre autoridades fiscales y al otorgamiento de un derecho legal expreso para controlar los movimientos de capitales si ello resulta fundamental para el funcionamiento adecuado del sistema fiscal de la Unión; considera que la introducción de una BICIS contribuiría a hacer el sistema más transparente; opina que la cuestión de la consolidación puede resolverse más tarde y no debe impedir una rápida implantación de la BICIS;

76.  Destaca que, en el mercado interior, los nuevos agentes y las pymes que desarrollan su actividad en un único país resultan penalizados en comparación con las multinacionales, que pueden trasladar beneficios o aplicar otras modalidades de planificación fiscal abusiva mediante instrumentos y decisiones variados a los que solamente ellas pueden recurrir; observa con preocupación que, en igualdad de condiciones por lo demás, la inferior deuda tributaria resultante hace que las multinacionales tengan mayores beneficios después de impuestos, creándose así una desigualdad de condiciones de competencia en relación con los competidores en el mercado interior que no pueden recurrir a la planificación fiscal agresiva y que abonan sus impuestos en el lugar o lugares en los que generan beneficios; subraya que fomentar las prácticas fiscales perjudiciales a través de la creación de una sociedad unipersonal privada de responsabilidad limitada (SUP) de ámbito europeo, cuyas normas prevén explícitamente la posibilidad de tener dos domicilios diferentes —a saber, un domicilio social en un lugar y una sede principal administrativa en otra parte—, es un planteamiento equivocado para la UE;

77.  Subraya que la Comisión ha de tener en todo caso acceso a los datos pertinentes en el marco del Derecho de competencia que intercambien entre sí las autoridades tributarias;

78.  Considera que la competencia leal puede verse obstaculizada por la planificación fiscal; invita a la Comisión a adaptar la definición de «establecimiento permanente» de modo que las empresas no puedan evitar artificialmente tener presencia fiscal en los Estados miembros en los que desarrollan una actividad económica; subraya que dicha definición también debería abordar las situaciones específicas del sector digital y garantizar que se considere que las empresas que desarrollan actividades totalmente desmaterializadas tienen un establecimiento permanente en un Estado miembro si mantienen una importante presencia digital en la economía de dicho país;

79.  Subraya que la Comisión, al abordar las resoluciones en materia de competencia, debe considerar el mercado interior como un único mercado, y no como varios mercados locales o nacionales;

80.  Considera que, a la vista de los estudios que estiman que el valor anual del fraude y de la elusión fiscales se cifra en hasta un billón de euros al año, los Estados miembros tienen que actuar de una vez por todas y limitar esa práctica; opina que es fundamental reducir el fraude y la elusión fiscales para avanzar en la consolidación de los presupuestos públicos; acoge con satisfacción la reciente adopción por parte de los ministros de Economía del G-20 de nuevas normas elaboradas por la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, que mejorarán la transparencia, colmarán las lagunas y limitarán el recurso a los paraísos fiscales; opina que, en vista de su grado de integración, la UE debe ir más lejos, en términos de coordinación y convergencia, que las propuestas presentadas en el marco del proyecto de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios con miras a evitar cualquier forma de competencia fiscal perniciosa en el mercado interior; destaca, no obstante, que el enfoque de la OCDE se basa todavía en normas no vinculantes y que su actuación debe complementarse con un marco legislativo adecuado a escala de la UE para hacer frente a las necesidades del mercado único, por ejemplo, en forma de una directiva contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios que vaya más allá de la iniciativa de la OCDE al respecto en aquellos ámbitos que esta no cubra suficientemente; solicita una evaluación del impacto económico, financiero y sobre la competencia provocado por la elusión y el fraude fiscales;

81.  Considera que, en vista de las prácticas fiscales desleales de algunos Estados miembros, la política del mercado interior y la política de competencia deben ir de la mano para intentar garantizar una justa distribución de los beneficios obtenidos y conseguir que el traslado de beneficios a determinados Estados miembros, o incluso fuera de la UE, con la intención de reducir al máximo la deuda tributaria resulte imposible;

82.  Resalta que un intercambio exhaustivo, transparente y eficaz de información fiscal constituye un requisito previo esencial para evitar la planificación fiscal agresiva; subraya, al mismo tiempo, que la simplificación de los regímenes fiscales de los Estados miembros ayudaría mucho a fomentar la transparencia y la claridad;

83.  Celebra la intención de la comisaria de Competencia de reorganizar el control de las ayudas estatales a fin de alcanzar una carga fiscal justa para todos; espera que, antes de esa reorganización, se realice una evaluación incondicional y completa, y pide a los Estados miembros que pongan todos los documentos exigidos a disposición del Parlamento y que abandonen su actual actitud de bloqueo, que está impidiendo avanzar en este ámbito —a este respecto hay que tener presente que cada Estado miembro debe responder a distintos imperativos políticos sobre la base de su situación geográfica, tamaño, recursos naturales y de otro tipo y su estado de desarrollo económico y social—, y pide que se revisen las directrices sobre ayudas estatales en materia de fiscalidad para incluir los casos de competencia desleal que van más allá de las resoluciones fiscales y los precios de transferencia;

84.  Pide a la Comisión que adopte cuanto antes unas directrices pormenorizadas sobre ayudas estatales en materia fiscal y precios de transferencia; subraya que dichas directrices se han mostrado altamente eficaces en otros ámbitos políticos a la hora de prevenir y acabar con las prácticas de los Estados miembros que no se atienen a la normativa de la Unión en materia de ayudas estatales; señala que dichas directrices solo pueden ser eficaces si contienen unas disposiciones muy precisas, incluidos umbrales cuantitativos;

85.  Pide a la Comisión que, en casos graves de ayudas estatales ilegales, se plantee imponer sanciones contra el Estado o la empresa de que se trate;

86.  Pide a la Comisión que modifique sin demora la normativa vigente con el fin de permitir que los importes recuperados a raíz de una infracción de las normas de la UE sobre ayudas fiscales estatales se transfieran a los Estados miembros que hayan sufrido la erosión de sus bases fiscales o al presupuesto de la UE, y no al Estado miembro que haya concedido la ayuda fiscal ilegal, como es el caso actualmente, ya que esta norma proporciona un incentivo adicional a la elusión fiscal; pide a la Comisión que haga pleno uso de sus poderes en virtud de la normativa de competencia de la UE para abordar la cuestión de las prácticas fiscales perniciosas;

87.  Aboga por un marco legislativo de la UE que evite distorsiones de la competencia debidas a una planificación fiscal abusiva y a la evasión fiscal; con vistas a crear unas condiciones de competencia equitativas, recomienda introducir un intercambio automático y obligatorio de las resoluciones fiscales, así como una BICCIS y una garantía de que los beneficios no salgan de la UE sin tributar;

La competencia en la era de la globalización

88.  Sostiene que, en la era de la globalización, la cooperación internacional es fundamental para una aplicación eficaz de los principios relativos a la competencia; pide, por consiguiente, a la Comisión que impulse la cooperación internacional en materia de competencia; subraya que los acuerdos en materia de competencia que permiten el intercambio de información entre las autoridades de competencia investigadoras pueden resultar de especial utilidad para la colaboración internacional en cuestiones de competencia;

89.  Opina que la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y todos los demás acuerdos internacionales de comercio e inversión deberían incluir una sección importante dedicada a la competencia;

90.  Destaca que los socios comerciales deberían sacar partido de la creciente competencia en el comercio, de las inversiones del sector privado —incluidas las realizadas a través de asociaciones público-privadas— y del aumento del nivel de bienestar económico de los consumidores;

91.  Subraya que la UE debe redoblar sus esfuerzos en lo que al seguimiento de la ejecución de los acuerdos comerciales se refiere, a fin de valorar, entre otras cosas, si se respetan las normas de la política de competencia y si se aplican y cumplen plenamente las obligaciones contraídas por los socios comerciales;

92.  Pide a la Comisión que utilice la política comercial como medio para procurar establecer unas normas mundiales en materia de política de competencia destinadas a eliminar las todavía numerosas barreras comerciales; considera que el objetivo a largo plazo de celebrar un acuerdo multilateral sobre normas de competencia en el marco de la Organización Mundial del Comercio es la solución ideal;

93.  Apoya las iniciativas sobre política de competencia de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y de la OCDE, así como sus esfuerzos por mejorar la cooperación al respecto en todo el mundo en el ámbito de la política de competencia;

94.  Anima a la Comisión y a las autoridades de competencia de los Estados miembros a que participen activamente en la Red Internacional de Competencia;

95.  Pide que se tomen medidas para garantizar que todos los productos importados de terceros países respeten las normas medioambientales, sanitarias y sociales aplicadas por la Unión y defendidas en el mercado mundial, a fin de proteger a los productores industriales europeos de la competencia desleal;

96.  Pide a la Comisión que respalde los esfuerzos desplegados por los países en desarrollo para promover la competencia leal; pide a la Comisión que siga desarrollando la cooperación, en particular con las autoridades de competencia de las economías emergentes, y que vele por que se establezcan las salvaguardias adecuadas;

97.  Señala que la igualdad de acceso a los recursos, incluidas las fuentes de energía, es un factor esencial para garantizar una competencia leal en los mercados mundiales; subraya, a este respecto, la importancia de una energía asequible y sostenible, así como de la seguridad del suministro en los acuerdos comerciales;

La competencia en los distintos sectores

98.  Pide a la Comisión que publique los resultados de las investigaciones en curso sobre prácticas competitivas en los ámbitos del suministro de alimentos, la energía, el transporte y los medios de comunicación;

99.  Acoge con satisfacción las nuevas Directrices de la UE sobre ayudas estatales a los aeropuertos y las compañías aéreas, como parte de la modernización de las ayudas estatales de la Comisión; pide a la Comisión que incluya con carácter de urgencia en los acuerdos internacionales un conjunto similar de normas para las compañías aéreas subvencionadas que operan en terceros países, desde y hacia la UE, con el fin de garantizar una competencia leal entre las compañías de la UE y las de terceros países;

100.  Insta a la Comisión a que estimule el intercambio de buenas prácticas a través de la REC, a fin de responder a las preocupaciones expresadas en relación con los casos de alianzas de distribuidores, muchos de los cuales están siendo ya investigados por las autoridades competentes de los Estados miembros; alienta a que, en esos debates, se examinen las interacciones entre los niveles nacional y europeo;

101.  Anima a la REC a que debata la red creciente de alianzas de compra al por menor a escala nacional y de la UE;

102.  Pide a la Comisión que desarrolle progresivamente el marco de competencia de la UE para incluir en el seguimiento de la cadena de suministro alimentario en Europa los indicadores de la Evaluación de la Sostenibilidad de los Sistemas Agrícolas y Alimentarios (SAFA) de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), incluidos los indicadores correspondientes a las rúbricas «Precios justos y contratos transparentes» (S2.1.1.) y «Derechos de los proveedores» (S2.2.1);

103.  Solicita la creación de un observatorio europeo para los precios de los alimentos y productos agrícolas en origen y destino; llama la atención sobre el Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) utilizado en España, como posible modelo para controlar los potenciales abusos de los distribuidores contra productores agrícolas y consumidores;

104.  Pide que se tomen medidas vinculantes en la cadena de suministro alimentario contra los distribuidores que perjudiquen a los productores agrícolas y los consumidores;

105.  Se muestra especialmente preocupado por la situación del sector lácteo, en el que los distribuidores han impuesto precios muy por debajo de los costes tras el final del sistema de cuotas;

Fortalecimiento democrático de la política de competencia

106.  Celebra el diálogo regular que mantienen la comisaria responsable de Competencia y el Parlamento, aunque opina que el derecho a ser consultado sobre cuestiones fundamentales no es suficiente;

107.  Observa que, en cuestiones de competencia, el Parlamento solo participa en el proceso legislativo a través del procedimiento de consulta, por lo que su influencia en este ámbito legislativo es mucho menor que la de la Comisión o el Consejo;

108.  Celebra el diálogo regular que la Comisión mantiene con el Parlamento en materia de competencia; pide nuevamente que se adopten directivas y directrices legislativas fundamentales a través del procedimiento de codecisión; considera que el actual diálogo entre el Parlamento y la autoridad de competencia de la UE puede reforzarse todavía más, en particular en lo que respecta a la valoración y el curso dado a las peticiones hechas por el Parlamento en los últimos años; considera que la independencia de la DG Competencia de la Comisión es de una importancia capital para que esta pueda lograr sus objetivos de manera satisfactoria; pide a la Comisión que vuelva a asignar a la DG Competencia suficientes recursos financieros y humanos; pide, en particular, una rigurosa separación entre los servicios que elaboran esas directrices y aquellos que tienen la responsabilidad de aplicarlas en casos concretos;

109.  Considera que el Parlamento debe tener derecho de codecisión en la política de competencia; lamenta que los artículos 103 y 109 del TFUE solo prevean la consulta al Parlamento; considera que este déficit democrático es intolerable; propone que se subsane este déficit lo antes posible mediante acuerdos interinstitucionales en el ámbito de la política de competencia, y que se corrija en la próxima modificación del Tratado;

110.  Defiende que el Parlamento debe tener poderes de codecisión en materia de competencia, en particular cuando se trata de principios fundamentales y directrices vinculantes, y lamenta que no se haya reforzado la dimensión democrática de este ámbito de la política de la Unión con ocasión de las últimas modificaciones del Tratado; pide a la Comisión que presente propuestas para modificar los Tratados de modo que el procedimiento legislativo ordinario abarque también el Derecho de competencia;

111.  pide a la Comisión que le dé un papel más importante en las investigaciones sectoriales, sin dejar de velar por la confidencialidad de determinada información comunicada por las partes interesadas; pide que, en caso de que la deseada reforma de los Tratados se haga esperar, los reglamentos del Consejo se basen de ahora en adelante en el artículo 114 del TFUE, relativo al funcionamiento del mercado interior, de modo que pasen a adoptarse mediante el procedimiento de codecisión; hace hincapié en que la labor en torno a la Directiva relativa a las acciones por daños y perjuicios puede servir de modelo para la futura cooperación interinstitucional en materia de competencia; pide a la comisaria de Competencia que mantenga el diálogo iniciado con la comisión o las comisiones competentes del Parlamento, así como con el grupo de trabajo para la competencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento;

112.  Considera que la Comisión debería realizar y publicar en un futuro próximo una evaluación pública orientada y centrada en los resultados de las diferentes propuestas del Parlamento para el desarrollo ulterior de la política de competencia;

113.  Subraya que la DG Competencia de la Comisión ha de tener debidamente en cuenta en su futura labor las posiciones adoptadas por el Parlamento en los anteriores informes relativos a la política de competencia;

114.  Opina que deben mantenerse todas las formas de diálogo que hayan resultado fructíferas hasta la fecha;

o
o   o

115.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a las autoridades nacionales de competencia.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0051.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0576.
(3) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/563438/IPOL_STU(2015)563438_EN.pdf.
(4) http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.ten-opinions.36372.
(5) http://ec.europa.eu/competition/ecn/food_report_en.pdf.
(6) DO C 200 de 28.6.2014, p. 1.

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