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Procedimiento : 2015/2228(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0153/2016

Textos presentados :

A8-0153/2016

Debates :

PV 25/05/2016 - 22
CRE 25/05/2016 - 22

Votaciones :

PV 26/05/2016 - 6.8
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0235

Textos aprobados
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Jueves 26 de mayo de 2016 - Bruselas Edición definitiva
Pobreza y perspectiva de género
P8_TA(2016)0235A8-0153/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género (2015/2228(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2 y 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 8, 9, 151, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus disposiciones relativas a los derechos sociales y a la igualdad entre hombres y mujeres,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul),

–  Vista la Estrategia de crecimiento de la Unión Europa 2020, en particular su objetivo de reducir el número de europeos que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza en un 25 % antes de 2020, lo que supone sacar de la pobreza a 20 millones de personas, y la necesidad de desplegar plenamente el sistema de pensiones y de seguridad social de los Estados miembros para asegurar un apoyo a las rentas adecuado,

–  Visto el Conjunto de medidas sobre inversión social de la Comisión de 2013,

–  Vista la red dedicada a la integración de la perspectiva de género del Fondo Social Europeo (GenderCop), en particular el Grupo de trabajo de la GenderCop sobre pobreza e inclusión,

–  Visto el artículo 7 del Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales para el período 2014-2020,

–  Vista la Convención Anual de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social de 2014,

–  Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación,

–  Vista la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE,

–  Vista la Hoja de ruta de la Comisión de agosto 2015 titulada «Un nuevo comienzo para afrontar los retos de la conciliación de la vida laboral y la vida privada de las familias trabajadoras»,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» («Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019») (SWD(2015)0278),

–  Vistos los resultados del estudio sobre las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales en la UE realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y publicado el 17 de mayo de 2013,

–  Vistas su Resolución, de 13 de octubre de 2005, sobre mujeres y pobreza en la Unión Europea(1), y su Resolución, de 3 de febrero de 2009, sobre la no discriminación basada en el sexo y la solidaridad entre las generaciones(2),

–  Vista su posición adoptada en primera lectura el 20 de octubre de 2010(3) con vistas a la adopción de la Directiva 2011/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva sobre el permiso de maternidad,

–  Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la situación de la pobreza femenina en la Unión Europea(4),

–  Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales de un nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres(5),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2011, sobre la situación de las mujeres que se acercan a la edad de jubilación(6),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la situación de las madres solteras(7),

–  Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor(8),

–  Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre el 57.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas(9),

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre los efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer(10),

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013(11),

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015(12),

–  Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(13),

–  Visto el estudio «Single parents and employment in Europe» («Las familias monoparentales y el empleo en Europa»), publicado en abril de 2014 y elaborado por encargo de la Comisión,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre el cumplimiento de los objetivos para combatir la pobreza, habida cuenda del aumento de los gastos de las familias, y la opinión conexa de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0040/2016),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0153/2016),

A.  Considerando que, según los datos más recientes de Eurostat, el número de mujeres en situación de pobreza es superior de forma estable al de hombres, contabilizándose en la actualidad unos 64,6 millones de mujeres frente a 57,6 millones de hombres(14); que ello muestra que la pobreza repercute de forma diferente en las mujeres y en los hombres; que el riesgo de pobreza en la EU-28 en el año 2014 afectó particularmente a las mujeres, estableciéndose en un 46,6 % antes de las transferencias sociales y en un 17,7 % tras las transferencias sociales; que las tasas de pobreza entre las mujeres varían considerablemente de un Estado miembro a otro; que, independientemente de las características específicas de los grupos de riesgo, como las mujeres de edad avanzada, las mujeres solas, las madres de familias monoparentales, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las mujeres transgénero y las mujeres con discapacidad, las tasas de pobreza entre las mujeres migrantes y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas son las mismas en toda la Unión; que el 38,9 % de la población y el 48,6 % de las mujeres solas de la EU-28 no están en condiciones de hacer frente a gastos imprevistos; que, según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las mujeres constituyen la población más pobre del mundo y que el número de mujeres que viven en condiciones de pobreza rural ha aumentado en un 50 % desde 1975, que las mujeres realizan dos tercios de las horas laborales del mundo y producen la mitad de los alimentos mundiales, y, sin embargo, perciben únicamente el 10 % de la renta mundial y poseen menos del 1 % de la propiedad mundial;

B.  Considerando que la igualdad de género en el mercado laboral, que se consigue a través del aumento del bienestar social y económico, beneficia no solo a las mujeres sino también al conjunto de la sociedad y la economía; y que el objetivo de lograr la igualdad entre hombres y mujeres remonta al Tratado de Roma de 1957;

C.  Considerando que los Gobiernos se han comprometido, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a garantizar que todos los niños y niñas puedan finalizar la educación primaria en su totalidad; que, con motivo del Día Internacional de la Mujer en mayo de 2015, el Parlamento organizó un acto titulado «El empoderamiento de las mujeres y las niñas a través de la educación»; que la educación, tanto formal como informal, es fundamental para vencer la marginación y las múltiples formas de discriminación al generar diálogo, apertura y comprensión entre las comunidades, así como al capacitar a las comunidades marginadas;

D.  Considerando que en tiempos de recesión económica, las personas que ya corrían el riesgo de vivir en condiciones de pobreza, que suelen ser en su mayoría mujeres, se encuentran en una posición vulnerable en el mercado laboral y respecto de la seguridad social, especialmente las personas de grupos que tienen que hacer frente a discriminaciones múltiples; que, según el estudio sobre las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales en la Unión Europea, las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales se enfrentan, debido a su orientación sexual o a su identidad de género, a un riesgo de discriminación desproporcionado en el empleo (19 %), la educación (19 %), la vivienda (13 %), la sanidad (10 %) y el acceso a servicios sociales (8 %); y que esto conlleva unos riesgos desproporcionados para su bienestar social y económico;

E.  Considerando que las políticas de austeridad solicitadas por la Comisión y aplicadas por los Estados miembros, sumadas a la crisis económica de los últimos años, han ampliado las desigualdades y han afectado especialmente a las mujeres, agravando la pobreza entre ellas y excluyéndolas cada vez más del mercado laboral; y que se ha reducido la red pública de servicios e infraestructuras de cuidados a menores, ancianos y enfermos, y también la oferta de servicios públicos de alta calidad y gratuitos en esos ámbitos;

F.  Considerando que las familias monoparentales corren un mayor riesgo de pasar a una situación de pobreza o exclusión social (49,8 %, frente al 25,2% de media para los hogares con niños dependientes, si bien existen grandes diferencias entre los Estados miembros)(15); que, según Eurostat, en 2014 las mujeres constituían el 56,6 % de los hogares monoparentales en la Unión; que la pobreza tiene un impacto significativo en el desarrollo personal y la formación de los menores, y que sus efectos pueden durar toda la vida; que ha aumentado la brecha educativa entre los menores procedentes de distintos estratos socioeconómicos (en once países, la cobertura de servicios educativos y de atención a la primera infancia para los niños de edades comprendidas entre 0 y 3 años no llega al 15 %); que hay una alta probabilidad de transmisión de la pobreza de generación en generación; que la falta de una educación de calidad es un factor que aumenta significativamente el riesgo de pobreza infantil y de exclusión social de los menores, y que el riesgo de abandono escolar aumenta considerablemente debido a toda una serie de factores relacionados con la vida familiar, tales como la falta de estabilidad, la violencia o las malas condiciones de la vivienda;

G.  Considerando que las mujeres que viven en las zonas rurales se ven particularmente afectadas por la pobreza; que numerosas mujeres que viven en las zonas rurales ni siquiera están registradas en el mercado laboral o como desempleadas; que la tasa de desempleo de las mujeres en las zonas rurales es muy alta, y las mujeres empleadas tienen salarios muy bajos; que las mujeres en las zonas rurales tienen un acceso limitado a la educación, la detección precoz del cáncer y la asistencia sanitaria en general;

H.  Considerando que vivir bajo la amenaza de la pobreza desemboca en exclusión social y falta de participación en la vida de la sociedad en términos de acceso a la educación, la justicia, la formación continua, los servicios de asistencia sanitaria primaria, una vivienda y una alimentación dignas, el agua y la energía, así como de acceso y participación en la cultura y la información, el deporte y el transporte público; que invertir en políticas de apoyo a las mujeres también mejora las condiciones de vida de sus familias y, en especial, de sus hijos;

I.  Considerando que la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 16,3 %, y que las formas atípicas y precarias de contratos laborales también afectan en mayor medida a las mujeres que a los hombres;

J.  Considerando que muy a menudo las mujeres que desean emprender una actividad empresarial tienen dificultades de acceso al crédito porque los intermediarios financieros tradicionales se muestran reacios a concederles préstamos por considerar que las mujeres emprendedoras están más expuestas al riesgo y tienen menos probabilidades de crecimiento empresarial y remuneración de las inversiones;

K.  Considerando que con frecuencia las mujeres trabajan como empleadas domésticas, contratadas en muchos casos al margen de la legislación laboral nacional; y que las mujeres indocumentadas en particular corren peligro de ser contratadas y explotadas en este sector;

L.  Considerando que las mujeres se encargan con más frecuencia que los hombres del cuidado de los familiares ancianos, enfermos o dependientes, así como de los niños, y que interrumpen más a menudo su carrera, por lo que su participación en el mercado laboral es menor y atraviesan largos periodos de inactividad; que la oferta de infraestructuras y servicios sociales de alta calidad y asequibles para la atención y educación infantiles, así como para la atención a otras personas dependientes, como los ancianos, reduce el riesgo de pobreza; y que pocos Estados miembros han alcanzado o superado los objetivos de Barcelona, que deben considerarse esenciales para alcanzar la distribución a partes iguales de las responsabilidades en materia de cuidados;

M.  Considerando que, dadas las dimensiones intergeneracionales de la pobreza, abordar la situación de las niñas y las jóvenes que se enfrentan a la exclusión social y a la pobreza es determinante para atajar la feminización de la pobreza;

N.  Considerando que, en el conjunto de la UE-27, el 34 % de las madres de familias monoparentales en edad activa se encuentran bajo la amenaza de la pobreza a diferencia del 17 % en el caso de las mujeres en edad activa en otros tipos de familia con niños;

O.  Considerando que la brecha en materia de derechos a pensión se sitúa en un 39 % por término medio y es el resultado de los desequilibrios generados por las desigualdades persistentes en lo que respecta a los salarios y al acceso al empleo, de la discriminación y de la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mercado laboral; que esta brecha en materia de pensiones representa un obstáculo para la independencia económica de las mujeres y es una de las razones por las que estas van cayendo por debajo del umbral de pobreza a medida que envejecen; que es necesario adoptar medidas encaminadas a garantizar la igualdad de acceso a planes de pensiones dignos para las mujeres; y que la brecha en materia de pensiones se redujo entre 2006 y 2012 en aquellos países en los que se aplicó la Directiva 2006/54/CE(16);

P.  Considerando que el creciente riesgo de pobreza está estrechamente vinculado a los recortes presupuestarios en la educación, los sistemas de seguridad social y los servicios de cuidados; y que las mujeres y los niños han sido los más golpeados por la crisis y las medidas de austeridad adoptadas en varios Estados europeos;

Q.  Considerando que las mujeres son una fuerza clave para el desarrollo económico y social, y que una buena educación es una de las estrategias disponibles más efectivas para obtener resultados satisfactorios en el mercado laboral y romper el ciclo de la pobreza; que la considerable carga financiera que representa la educación no gratuita, debido a los costes directos e indirectos que implica, es un obstáculo importante para las personas en situación de pobreza a la hora de obtener más cualificaciones; y que las niñas obtienen mejores resultados que los niños en el colegio, pero a menudo afrontan mayores dificultades o las presiones familiares y de otro tipo les impiden traducir ese éxito educativo en un logro profesional;

R.  Considerando que los estereotipos transmitidos ampliamente por la sociedad están arraigados en el patriarcado y dejan a la mujer en un rol de subordinación en la sociedad, contribuyendo a la feminización de la pobreza; que esos estereotipos se desarrollan durante la infancia y se reflejan en la elección de los tipos de educación y formación y en el mercado laboral; que las mujeres permanecen frecuentemente confinadas en funciones «orientadas hacia las mujeres» por las que todavía no perciben una remuneración adecuada, y siguen estando insuficientemente representadas en ámbitos como las matemáticas, las ciencias, los negocios empresariales, la ingeniería y las TIC, así como en los puestos de responsabilidad; y que esos estereotipos, en combinación con el hecho de que los sectores predominantemente masculinos son normativos en la fijación de los salarios, generan discriminación en función del género;

S.  Considerando que la Estrategia Europa 2020, que tiene como objetivo transformar la Unión en una economía inteligente, sostenible e integradora, persigue objetivos ambiciosos, como una tasa de empleo del 75 % y una reducción en al menos 20 millones del número de personas afectadas o amenazadas por la pobreza y la exclusión social en 2020; y que los objetivos de dicha estrategia prevén una reducción de las tasas de abandono escolar precoz por debajo del 10 %;

T.  Considerando que uno de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 consiste en que al menos un 40 % de las personas de edad comprendida entre los 30 y los 34 años cursen educación universitaria, a diferencia de la media actual del 37,9 %; y que la media relativa a las mujeres supera el 42,3 % frente al 33,6 % de los hombres;

U.  Considerando que alcanzar los objetivos de lucha contra la pobreza de la Estrategia Europa 2020, que es uno de sus cinco objetivos mensurables, exige un nuevo impulso político significativo; que esos objetivos no se pueden alcanzar si la política de lucha contra la pobreza no incluye una sólida dimensión de género, con la adopción de políticas nacionales para la protección de las mujeres, en particular contra al riesgo de pobreza;

V.  Considerando que la pobreza, la exclusión social y la dependencia económica de las mujeres pueden ser un factor agravante de la violencia contra las mujeres y viceversa, habida cuenta de que la violencia tiene consecuencias para la salud de las mujeres y con frecuencia desemboca en la pérdida del empleo, la carencia de hogar, la exclusión social y la pobreza; que ello implica una vulnerabilidad desproporcionada frente a la trata de seres humanos y la explotación sexual; y que además muchas mujeres que padecen esta violencia continúan viviendo con su agresor porque dependen económicamente de él;

W.  Considerando que la igualdad de género es un instrumento para luchar contra la pobreza de las mujeres porque tiene un impacto positivo en la productividad y el crecimiento económico y redunda en el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, lo que a su vez conlleva numerosos beneficios sociales y económicos;

Pobreza y equilibrio entre vida profesional y vida privada

1.  Subraya el papel crucial de unos servicios públicos de alta calidad para combatir la pobreza, especialmente la pobreza femenina, puesto que las mujeres dependen más de estos servicios;

2.  Subraya la necesidad de alentar a los hombres para que se comprometan en favor del fomento de la igualdad de género en todos los ámbitos y a todos los niveles del mercado laboral;

3.  Considera que los Estados miembros deberían dar prioridad a la conciliación de la vida laboral y la privada estableciendo unas condiciones laborales más favorables para la familia, tales como horarios de trabajo adaptables y la posibilidad de teletrabajo; señala que la falta de servicios de atención de alta calidad y asequibles dirigidos a los menores, las personas dependientes y las personas de edad avanzada, en particular guarderías, escuelas infantiles y unidades de cuidados continuados, contribuye a la exclusión social, la brecha laboral de género, la brecha salarial y la brecha conexa en materia de pensiones; destaca que la igualdad de acceso a una educación infantil gratuita y de alta calidad, así como a una atención asequible, a una enseñanza formal, informal y no formal, así como a unos servicios de apoyo a las familias, es fundamental para alentar a las mujeres a entrar en el mercado laboral y no abandonarlo, garantizar la igualdad de oportunidades y romper los ciclos de la pobreza, ya que con ello se ayuda a las mujeres a adquirir autonomía y las cualificaciones que les serán útiles para ejercer una profesión;

4.  Deplora las políticas de austeridad que, sumadas a la crisis económica, están contribuyendo al aumento de las tasas de pobreza, especialmente entre las mujeres;

5.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que desarrollen y utilicen los instrumentos financieros y políticos disponibles, como el conjunto de medidas sobre inversión social, para alcanzar los objetivos de Barcelona; pide, en este contexto, que se optimicen el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para que, cuando se recurra a las inversiones sociales y al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), se conceda prioridad a la creación de infraestructuras públicas y privadas de atención y asistencia a los menores y otras personas dependientes ; propone que la Comisión asigne recursos específicos, en el marco de un mecanismo de cofinanciación, a la promoción de medidas de incentivación en favor de zonas específicas en las que se registra una carencia de estructuras de educación y cuidados para la primera infancia y en las que la tasa de empleo de las mujeres es extremadamente baja;

6.  Pide a los Estados miembros que apliquen políticas que defiendan, valoren y promuevan unos servicios públicos, gratuitos y de calidad, en particular en las áreas de sanidad, educación, seguridad social y justicia; hace hincapié en que es fundamental que los servicios públicos dispongan de los recursos financieros y humanos necesarios para satisfacer sus objetivos;

7.  Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para promover la conciliación de la vida laboral y la vida privada, con objeto de que las mujeres, en particular las que están más expuestas al riesgo de pobreza, puedan proseguir sus carreras a tiempo completo o, si lo prefieren, puedan acceder a un empleo a tiempo parcial y a una organización flexible del trabajo;

8.  Pide a la Comisión que, en estrecha coordinación con los Estados miembros, emprenda una acción legislativa integral para satisfacer las necesidades de las madres y los padres en lo que respecta a los distintos tipos de permisos, a saber, el permiso de maternidad, el permiso de paternidad, la licencia parental y el permiso para cuidar a otras personas, a fin, en concreto, de que los hombres reciban asistencia en su papel de progenitores activos, facilitar una distribución más justa de las responsabilidades familiares y, por ese medio, dar a las mujeres la posibilidad de participar en el mercado laboral en igualdad de oportunidades, lo que a su vez reforzará su independencia económica; tiene presente que algunos Estados Miembros ya han legislado sobre la materia y han sobrepasado la legislación de la Unión; pide a los Estados miembros que estudien la posibilidad de elaborar actos legislativos que protejan o refuercen los derechos de maternidad, paternidad y parentales; subraya el hecho de que en 2010 solo el 2,7 % de las personas que ejercieron su derecho al permiso parental fueron hombres, lo cual pone de relieve la necesidad de medidas concretas para garantizar el derecho al permiso parental ;

9.  Lamenta una vez más la retirada de la Directiva relativa al permiso por maternidad tras un largo tiempo de esfuerzos para desbloquear la situación y garantizar, por ese medio, una mejor protección de los ciudadanos europeos; pide a la Comisión que presente una nueva propuesta y un derecho por ley al permiso de paternidad remunerado; opina que es necesario adoptar medidas concretas en todos los Estados miembros para mejorar la conciliación de la vida familiar y la vida laboral en el caso de las mujeres; insta a la Comisión a que incluya en el Semestre Europeo una dimensión social más sólida y diversos objetivos en materia de igualdad de género en el lugar de trabajo;

10.  Acoge positivamente la propuesta de introducir el permiso para cuidados según se prevé en el plan de trabajo de la Comisión sobre una nueva oportunidad para abordar los retos que afrontan las familias trabajadoras en lo que respecta al equilibrio entre la vida laboral y la personal;

Pobreza y trabajo

11.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen políticas que favorezcan el empleo de las mujeres y la integración en el mercado laboral de los grupos de mujeres marginadas socialmente, a la luz de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, que consoliden y mejoren la educación, y que inviertan más en formación y campañas de información, garantizando que prevalezca la cualificación en la posterior integración de las mujeres en el mundo laboral y centrándose en la formación permanente, puesto que esta les permite adquirir las destrezas necesarias para acceder a empleos de alta calidad y les da la oportunidad de reciclarse en el siempre cambiante mercado laboral; pide que se intensifique la promoción de las ramas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de matemáticas destinada a las jóvenes para afrontar en una fase temprana los estereotipos educativos existentes y combatir las brechas en materia de empleo y remuneración a largo plazo; pide que se desarrollen servicios públicos de asistencia abordables y de alta calidad, regímenes de horario flexible pero no precario que beneficien tanto a las mujeres como a los hombres, y medidas de lucha contra la segregación profesional y sectorial de hombres y mujeres, en particular en el mundo empresarial y los puestos de responsabilidad;

12.  Destaca que el acceso al crédito, a los servicios financieros y al asesoramiento es fundamental para la autonomía de las mujeres que se enfrentan a la exclusión social a la hora de emprender y para aumentar su representación en el sector; pide a la Comisión y los Estados miembros que adopten medidas eficaces para incrementar el acceso a la financiación para las mujeres que quieren empezar su propio proyecto de negocio o de inversión, y que fomenten el emprendimiento femenino, puesto que contribuye al desarrollo social y económico general, que faciliten el acceso al crédito, por ejemplo mediante instrumentos de microcrédito, en especial con respecto a las mujeres vulnerables que se enfrentan a una discriminación múltiple, y que desarrollen y amplíen los programas de trabajo por cuenta propia de manera no precaria; subraya la importancia, en este contexto, de la promoción y puesta en común de mejores prácticas, las tutorías, los modelos de referencia femeninos y otras ayudas para mujeres desempleadas;

13.  Subraya que es crucial reformar las políticas macroeconómicas, sociales y del mercado del trabajo en concordancia con las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, a fin de garantizar la justicia económica y social para las mujeres; reconsiderar los métodos utilizados para determinar el ratio de pobreza y desarrollar estrategias de promoción de la distribución equitativa de la riqueza;

14.  Observa que los trabajos de las mujeres suelen ser con más frecuencia precarios, mal remunerados y con contratos atípicos; señala que otra faceta de la precariedad laboral es el peso del trabajo a tiempo parcial forzado, que contribuye al riesgo de pobreza y ha pasado del 16,7 % al 19,6 % del empleo total; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para luchar contra el trabajo no declarado, los puestos de trabajo precarios y el abuso de las formas contractuales atípicas, incluidos los llamados contratos de cero horas de algunos Estados miembros; destaca los elevados niveles de trabajo no declarado llevado a cabo por mujeres, los cuales inciden negativamente en la renta y la cobertura de la seguridad social de estas y resultan perjudiciales para el PIB de la Unión; insta a los Estados miembros a que estudien la posibilidad de aplicar las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para disminuir el empleo precario(17), como analizar y limitar las circunstancias en las que se puede recurrir a los contratos precarios y restringir el tiempo que un trabajador puede encadenar contratos de ese tipo, tras el cual debería ofrecérsele la posibilidad de un contrato permanente;

15.  Pide a los Estados miembros que vigilen los derechos de las mujeres trabajadoras, que cada vez más a menudo ocupan puestos mal remunerados y son víctimas de discriminaciones;

16.  Pone de manifiesto la existencia de nuevas categorías de mujeres pobres, integradas por jóvenes profesionales liberales y, por tanto, condenan a una gran proporción de jóvenes licenciadas a una vida laboral precaria y una renta que pocas veces supera el umbral de pobreza (nuevos pobres);

17.  Reitera su llamamiento a la Comisión en favor de una revisión de la legislación vigente para cerrar la brecha salarial de género y reducir la brecha en materia de pensiones entre hombres y mujeres; toma nota de que las medidas para incrementar la transparencia en materia de retribución son fundamentales para cerrar la brecha salarial de género, y pide a los Estados miembros que apliquen la Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el fortalecimiento del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia, incluyendo la inversión de la carga de la prueba cuando se trate de atajar la discriminación de género en el lugar de trabajo;

18.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio sobre cómo afectan los procedimientos relacionados con el reconocimiento oficial de la reasignación del sexo de una persona, o la ausencia de dichos procedimientos, a la situación de las personas transgénero en el mercado laboral, especialmente en lo relativo al acceso al empleo, al nivel de remuneración, al desarrollo profesional y a las pensiones;

19.  Observa con preocupación que las mujeres reciben a menudo pensiones que se sitúan apenas por encima del nivel mínimo de subsistencia, debido a causas diversas como la interrupción o el cese de la actividad profesional para dedicarse a la familia, la predominancia de los contratos a tiempo parcial durante toda su vida laboral o por haber trabajado en la empresa del cónyuge, principalmente en los sectores del comercio y la agricultura, sin salario y sin afiliación a la seguridad social;

20.  Celebra que la Comisión considere que la «igualdad de retribución por un trabajo de igual valor» es una de las áreas de acción clave en su nueva estrategia de igualdad de género; pide a la Comisión que adopte una comunicación sobre una «Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres después de 2015», de modo que se puedan poner en práctica eficazmente los objetivos y las políticas incluidos en ella.

21.  Pide a los Estados miembros que velen por que toda persona que haya interrumpido temporalmente su actividad profesional para dedicarse a la educación de los hijos o al cuidado de personas de edad avanzada pueda reintegrarse en el mercado laboral o en su antiguo puesto y conservar su derecho a la promoción profesional;

22.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto sobre los regímenes de renta mínima en la Unión y examine otras medidas que tengan en cuenta las circunstancias económicas y sociales de cada Estado miembro, así como que evalúe si esos regímenes permiten a los hogares satisfacer sus necesidades personales básicas; reitera su llamamiento a los Estados miembros para que establezcan una pensión nacional mínima que no podrá situarse por debajo del umbral de riesgo de pobreza;

23.  Observa que las jubiladas son el grupo más vulnerable y a menudo viven en condiciones de pobreza o en riesgo de caer en ella; pide a los Estados miembros que aborden como un objetivo económico la reducción de la brecha en las pensiones por razón de género; solicita a los Estados miembros que reformen los sistemas de pensiones al objeto de garantizar que todo el mundo reciba siempre pensiones adecuadas y con vistas a eliminar la brecha en las pensiones; considera que entre los instrumentos para atajar la brecha en las pensiones están el ajuste de los sistemas de pensiones al objeto de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y la adaptación de la educación, la planificación profesional, los sistemas de permisos parentales y otros servicios de apoyo a la paternidad o maternidad; pide a los Estados miembros que se planteen la posibilidad de conceder derechos de pensión compartidos en caso de divorcio o separación legal, en consonancia con el principio de subsidiariedad; señala que los regímenes de pensiones profesionales cada vez se gestionan más conforme a los principios de los seguros y esto puede dar lugar a muchas desigualdades en términos de protección social(18); hace hincapié en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que los regímenes de pensiones profesionales deben considerarse retribución y, por tanto, también se les aplica el principio de igualdad de trato;

Pobreza: recomendaciones generales

24.  Señala que las personas que viven en la precariedad suelen pagar con frecuencia un coste por unidad más elevado que las personas en situación más acomodada por los mismos productos y servicios que son esenciales para su supervivencia social y económica, en particular en materia de telecomunicaciones, energía y agua; pide a los Estados miembros que trabajen en estrecha colaboración con los proveedores y operadores en favor del desarrollo de mecanismos de ayuda y el establecimiento de tarifas sociales para las personas más desfavorecidas, en particular en lo que respecta al suministro de agua y energía, para erradicar la pobreza energética de los hogares;

25.  Reitera el papel de la educación para combatir los estereotipos de género, capacitar a las mujeres y las menores en los ámbitos social, económico, cultural y político, así como en las carreras científicas, y poner término al círculo de la pobreza gracias a la inclusión de las mujeres en sectores donde han estado menos representadas, como las ciencias, la tecnología, la ingeniería y el emprendimiento, y pide a la Comisión que incluya objetivos relacionados con la formación profesional para las mujeres en las recomendaciones específicas por países; hace hincapié en la función de la educación no formal; pide a los Estados miembros que incluyan inversiones en educación para las menores y las mujeres con el objetivo de reforzar su potencial como parte integral de sus economías y planes de recuperación; anima a los Estados miembros a que trabajen para ayudar a las jóvenes en la transición de la educación formal al mercado laboral; hace hincapié en la necesidad de que todas las instituciones educativas impartan valores democráticos con vistas a fomentar la tolerancia, la ciudadanía activa, la responsabilidad social y el respeto de las diferencias de género, las minorías y los grupos étnicos y religiosos; destaca la importancia de la educación física y deportiva para superar los prejuicios y estereotipos, y su potencial para ayudar a los jóvenes socialmente vulnerables a reconducir su vida;

26.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que las mujeres que tienen hijos sufran discriminación en el lugar de trabajo por ser madres y no porque su rendimiento laboral sea inferior al de sus compañeros; insta a los Estados miembros a que promuevan activamente una imagen positiva de las madres como empleadas y combatan el fenómeno de la «sanción por maternidad» que se ha constatado a través de una serie de estudios;

27.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en particular el FSE y el FEIE, sean utilizados para mejorar la educación y la formación con el fin de mejorar también el acceso al mercado laboral y luchar contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social de las mujeres; destaca que el 20 % del FSE destinado a medidas de inclusión social y proyectos de innovación social podría utilizarse de manera más activa para apoyar iniciativas como los pequeños proyectos locales concebidos para capacitar a las mujeres víctimas de la pobreza y la exclusión social; insta a los Estados miembros a que emprendan más campañas de información sobre las posibilidades de participar en los proyectos financiados por la Unión;

28.  Pide la introducción de mecanismos de financiación que alienten la igualdad de representación en aquellos ámbitos en los que existe un desequilibrio de género, y destaca la necesidad de disponer de datos desglosados por género con objeto de entender mejor la situación de las niñas, los niños, los hombres y las mujeres, y de ese modo, poder afrontar con mayor eficacia los desequilibrios; pide a la Comisión que presente datos desglosados por sexos y edades de los participantes en los programas de movilidad europea con fines educativos, como Erasmus+, Europa Creativa y Europa con los ciudadanos;

29.  Recuerda, en particular, el derecho de los hijos de los migrantes y refugiados, tanto niños como niñas, a acceder a la educación, lo que constituye una de las prioridades de nuestras sociedades europeas; destaca, por tanto, la necesidad de adoptar medidas urgentes en el ámbito de la educación de los migrantes, tanto a escala nacional como de la Unión, en vista de la persistente crisis migratoria; subraya que la educación es fundamental para la integración y la capacidad de inserción profesional y que, si los sistemas educativos nacionales no logran superar ese reto, se podrían acentuar la segregación cultural y las divisiones sociales; señala que el acceso a la educación, tanto en los campos de refugiados como en los municipios de acogida, con normas de calidad, mediación lingüística y asistencia psicológica, no debe resultar obstaculizado por cuestiones burocráticas y administrativas vinculadas al reconocimiento del estatuto de refugiado;

30.  Destaca la contribución de las organizaciones de voluntarios y del sector terciario en ese ámbito, e insta a los Estados miembros a que apoyen su labor; recuerda la elevada participación de las mujeres en los programas voluntarios de educación y en otras actividades, así como a la hora de apoyar y mejorar las oportunidades educativas para los niños refugiados y desfavorecidos, entre otros;

31.  Destaca que los efectos de la pobreza y la exclusión social sobre los niños pueden durar toda una vida y provocar la transmisión intergeneracional de la pobreza; subraya que en todos los Estados miembros el riesgo de pobreza y exclusión social entre los niños está íntimamente ligado al nivel de educación de los padres, particularmente al de sus madres, a la situación de los padres en el mercado laboral y a su situación social, así como a los servicios de apoyo a las familias prestados por los Estados miembros; recomienda que los Estados miembros garanticen a todos los jóvenes el acceso a una educación pública gratuita y de alta calidad a cualquier edad, incluida la primera infancia; destaca la función de la orientación educativa para los menores destinada a permitirles desarrollar todo su potencial; hace hincapié en la necesidad de apoyar con programas específicos la continuación de los estudios en el caso de las madres adolescentes, para las que el abandono escolar es el primer paso hacia la pobreza; hace hincapié en la necesidad de establecer un paquete global de medidas para atajar la pobreza infantil y fomentar el bienestar infantil basándose en tres pilares, a saber, el acceso a los recursos adecuados y la conciliación de la vida laboral y familiar, el acceso a unos servicios de calidad, y la participación de los niños en las decisiones que les afecten y en actividades deportivas, culturales y de ocio; reitera la necesidad de que se facilite el acceso a la información en igualdad de condiciones, especialmente en el ámbito de la seguridad social, la educación de adultos, la atención sanitaria y el apoyo económico disponible;

32.  Destaca que la falta de reconocimiento de las familias formadas por personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales por parte de muchos Estados miembros tiene como resultado unas rentas más bajas y un coste de la vida más elevado para esas personas, lo que aumenta el riesgo de pobreza y exclusión social; considera que la legislación sobre igualdad de trato es un instrumento esencial para luchar contra la pobreza resultante de la marginación y la discriminación que afectan a las minorías sexuales y de género; pide, en este sentido, al Consejo que adopte la propuesta de Directiva de 2008 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual; pide, además, la inclusión explícita, en una refundición futura de las Directivas relativas a la igualdad entre hombres y mujeres, de una prohibición de la discriminación por motivos de identidad de género; expresa su preocupación a la vista de que el nivel de concienciación sobre los derechos y la existencia de órganos y organizaciones que ofrecen apoyo a las víctimas de la discriminación es bajo; pide, en este sentido, a la Comisión que supervise de cerca la eficacia de los procedimientos y órganos nacionales de gestión de reclamaciones;

33.  Pide que se aplique en su integridad la Directiva 2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, y que se revise para incluir un requisito por el que las empresas hayan de elaborar medidas o planes sobre la igualdad de género, incluidas actuaciones contra la segregación, la implantación de sistemas de retribución y medidas de apoyo a la carrera profesional de las mujeres;

34.  Reafirma la importancia de la educación financiera y económica a una edad temprana, ya que se ha demostrado que mejora la toma de decisiones económicas más adelante, incluida la gestión de gastos e ingresos; recomienda el intercambio de buenas prácticas y el fomento de programas formativos destinados a las mujeres y las niñas de grupos vulnerables y comunidades marginadas expuestos a la pobreza y la exclusión social;

35.  Constata que el hecho de que uno de los miembros de la pareja no tenga ingresos es un factor importante que puede contribuir a la pobreza y a la exclusión social de las mujeres; toma nota de la situación a menudo precaria de las mujeres viudas, divorciadas y a cargo de familias monoparentales a las que el juez ha asignado la custodia de los hijos, para las que debería fijarse una pensión alimenticia adecuada; señala que la pensión alimentaria no percibida puede ser la causa de que las mujeres que sean progenitor único caigan en la pobreza; subraya el hecho de que las mujeres divorciadas son propensas a sufrir discriminación y pobreza, y que ello demuestra que las mujeres todavía no tienen una independencia económica completa, lo que pone de relieve la necesidad de emprender más acciones en el ámbito del mercado laboral y de la superación de la brecha salarial entre hombres y mujeres;

36.  Hace hincapié en que la recopilación de datos sobre gastos e ingresos de los hogares debe complementarse con datos individualizados con vistas a acabar con las desigualdades por motivo de género en los hogares;

37.  Insiste en que la política macroeconómica debe ser compatible con la política en materia de igualdad social; reitera que las instituciones financieras como el BCE y los bancos centrales nacionales deben tener en cuenta los impactos sociales cuando tomen como modelo o decidan políticas monetarias macroeconómicas o en materia de servicios financieros;

38.  Reitera su apoyo a la iniciativa para elaborar un presupuesto de referencia orientativo, y pide a la Comisión que, cuando lo diseñe, incorpore consideraciones específicas de género que incluyan las desigualdades de género a las que se enfrentan los hogares;

39.  Reafirma la necesidad de investigar el problema de las mujeres sin techo y sus causas y factores, ya que este fenómeno no está reflejado adecuadamente en los datos actuales; señala que los elementos específicos de género que deben tomarse en consideración incluyen la dependencia económica por razón de género, el alojamiento temporal y la renuncia a los servicios sociales;

40.  Hace hincapié en que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema destacado en la Unión que afecta a sus víctimas y en que urge que los que la perpetran se impliquen en las medidas de lucha contra la violencia contra las mujeres independientemente de su edad, educación, nivel de ingresos o posición social, y que el impacto de ese fenómeno en el riesgo de marginación, pobreza y exclusión social aumenta sin cesar; señala que la independencia económica de las mujeres desempeña un papel fundamental respecto de sus posibilidades de evitar situaciones de violencia de género adoptando medidas proactivas; pide a los Estados miembros y a las administraciones regionales y locales que garanticen sistemas de protección social que aseguren los derechos sociales de las mujeres que son víctimas de la violencia en la forma que sea, ya se trate de violencia doméstica, trata o prostitución, y que emprendan acciones para lograr su reinserción en el mercado laboral, sirviéndose también de instrumentos como el FSE; subraya la necesidad de aumentar la información disponible sobre los servicios jurídicos para las víctimas de violencia;

41.  Hace hincapié en la necesidad de combatir de manera decidida la violencia doméstica, en particular aquella dirigida contra las mujeres; observa que la independencia económica desempeña en el caso de las mujeres un papel fundamental en sus vidas y a la hora de dejar atrás situaciones de violencia doméstica, y que las mujeres que han agotado sus permisos retribuidos corren el riesgo de perder tanto sus empleos como esa independencia económica; señala que la reciente introducción de un permiso por violencia doméstica en Australia y los Estados Unidos ha brindado a muchos trabajadores protección laboral mientras hacen frente a los efectos de la violencia doméstica, por ejemplo dándoles el tiempo necesario para gestionar las citas médicas, las comparecencias ante el tribunal y los restantes procesos a que se debe atender en estos casos; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que estudien la viabilidad y las posibles consecuencias de la implantación de un permiso especial remunerado para las víctimas y supervivientes de la violencia doméstica cuando el hecho de no disponer de permisos retribuidos represente para las víctimas un obstáculo a la hora de conservar su puesto de trabajo, al tiempo que se garantiza la intimidad de las víctimas; pide también a la Comisión y a los Estados miembros que adopten más medidas para concienciar sobre el problema de la violencia doméstica y ayudar a sus víctimas, impulsar un mejor conocimiento y la defensa de sus derechos y proteger su independencia económica;

42.  Reitera su llamamiento a la Unión y a los Estados miembros para que firmen y ratifiquen el Convenio de Estambul, y pide una iniciativa urgente con vistas a elaborar una Directiva de la Unión para combatir la violencia contra las mujeres; pide una vez más a la Comisión que presente una Estrategia Europea contra la violencia de género e instaure un Año Europeo de lucha contra la violencia de género;

43.  Considera que es necesario trabajar de manera proactiva para vencer la violencia contra las mujeres centrándose principalmente en las normas que incitan a la violencia; subraya que se han de combatir los estereotipos y las estructuras que sirven de base a la violencia de los hombres contra las mujeres con medidas proactivas a través de campañas y educación continua sobre la cuestión de las culturas machistas a nivel nacional;

44.  Señala que las nuevas tecnologías deben considerarse un instrumento esencial para la creación de nuevos puestos de trabajo y un medio para que las mujeres salgan de situaciones de pobreza;

45.  Anima a los Estados miembros a que, colaborando con las administraciones regionales y locales, contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las mujeres en las zonas rurales, con el fin de reducir el riesgo de pobreza mediante programas educativos de calidad para capacitar a las mujeres de las zonas rurales, y a unas condiciones de empleo de calidad y a unos ingresos decentes para ese grupo; anima asimismo a los Estados miembros a garantizar la existencia en las zonas rurales de infraestructuras municipales, sociales y públicas de calidad para mejorar las condiciones generales de la vida rural;

46.  Considera que siguen pasando desapercibidos numerosos aspectos relacionados con la pobreza, y concretamente la pobreza femenina, como, en particular, la exclusión de las mujeres de la cultura y de la participación social, por lo que pide a los Estados miembros que prevean los apoyos necesarios para garantizar el disfrute de la cultura, el deporte y el ocio por parte de todas las mujeres, prestando especial atención a las mujeres en situación de pobreza, con discapacidad o migrantes; considera que los indicadores existentes en materia de privación material grave excluyen los factores del acceso a la cultura y la participación social, por lo que solo dan una interpretación incompleta de la pobreza; solicita que se elaboren más indicadores para evaluar la exclusión en términos de participación política, cultural y social, y particularmente su influencia en el ciclo vicioso de la pobreza y sus impactos intergeneracionales;

47.  Observa que a menudo las mujeres con discapacidad sufren discriminación en el ámbito familiar y en el educativo, sus posibilidades de acceso al empleo se restringen y la protección social que reciben no es suficiente para evitar el riesgo de pobreza; subraya, al respecto, que los Estados miembros y las administraciones regionales y locales deben otorgar a las mujeres con discapacidad la atención especializada que necesitan para ejercer sus derechos y deben proponer acciones destinadas a facilitar su integración en el mercado laboral a través de acciones complementarias y de apoyo, en particular en materia de educación y formación;

48.  Pide acciones más ambiciosas para atajar la pobreza energética, que afecta con mucha más fuerza a las mujeres solas, las familias monoparentales y los hogares con mujeres como cabeza de familia; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que formulen una definición de la pobreza energética que tenga en cuenta los aspectos de género de dicho fenómeno, y que la incluyan en la futura refundición de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios; destaca el importante papel de las acciones comunitarias en materia de energía como las cooperativas para capacitar a los consumidores de energía vulnerables, especialmente las mujeres que se enfrentan a la pobreza, la exclusión social y la marginación;

49.  Reafirma su petición a la Comisión para que se esfuerce por establecer una Garantía Europea del Menor, que garantice que todo menor europeo en riesgo de pobreza tenga acceso a una atención sanitaria gratuita, una educación gratuita, unos cuidados infantiles gratuitos, una vivienda digna y una nutrición adecuada; destaca que esa política debe abordar la situación de las mujeres y las niñas, especialmente en las comunidades marginadas y vulnerables; señala que la iniciativa Garantía Juvenil debe incluir una perspectiva de género;

50.  Alienta a los Estados miembros y a la Comisión a recopilar estadísticas desglosadas por género e introducir nuevos indicadores individualizados en cuanto a la pobreza femenina, como un instrumento de control de la repercusión que tienen en la pobreza femenina las políticas sociales, económicas y de empleo más amplias, a fin de intercambiar buenas prácticas en materia de instrumentos legislativos y presupuestarios destinados a la lucha contra la pobreza, en particular en relación con los grupos en especial riesgo de pobreza, independientemente de la orientación sexual y la identidad de género;

51.  Destaca el papel de las empresas sociales en la emancipación e inclusión de las mujeres que se enfrentan a la pobreza, la exclusión social y la discriminación múltiple;

52.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que definan procesos de participación de las partes interesadas a fin de impulsar y facilitar la colaboración directa de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente las mujeres y las niñas, en la formulación de las políticas de inclusión social a todos los niveles.

53.  Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen la presupuestación con perspectiva de género como herramienta para garantizar que en las decisiones presupuestarias se tenga en cuenta la dimensión de género y se aborden las diferencias en cuanto a la repercusión;

54.  Solicita a los Estados miembros que colaboren en la lucha contra la pobreza con las ONG que trabajan con éxito en zonas afectadas por la pobreza extrema y que disponen de una valiosísima experiencia con las comunidades locales; pide a los Estados miembros que apoyen la cooperación efectiva a nivel local;

55.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que alienten la participación de los interlocutores sociales (sindicatos y empresarios) y de la sociedad civil, incluidos los organismos para la igualdad de género, en la consecución de la igualdad de género, con miras a fomentar la igualdad de trato; destaca que el diálogo social debe incluir el seguimiento y el fomento de prácticas de igualdad de género en el lugar de trabajo, como los acuerdos de trabajo flexibles, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y la privada; subraya la importancia de los convenios colectivos para luchar contra la discriminación y promover la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, así como de otros instrumentos, como los códigos de conducta, la investigación o el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de igualdad de género;

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56.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 233 E de 28.9.2006, p. 130.
(2) DO C 67 E de 18.3.2010, p. 31.
(3) DO C 70 E de 8.3.2012, p.162.
(4) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 77.
(5) DO C 296 E de 2.10.2012, p. 26.
(6) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 9.
(7) DO C 131 E de 8.5.2013, p. 60.
(8) DO C 264 E de 13.9.2013, p. 75.
(9) DO C 24 de 22.1.2016, p. 8.
(10) DO C 36 de 29.1.2016, p. 6.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0050.
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0218.
(13) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0351.
(14) http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en
(15) Save the Children, «Pobreza infantil y exclusión social en Europa», Bruselas, 2014, p. 21.
(16) http:\\www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/547546/EPRS_STU(2015)547546_EN.pdf, p.11
(17) Organización Internacional del Trabajo: Políticas y regulaciones para luchar contra el empleo precario, 2011.
(18) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf.

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