Índice 
Textos aprobados
Martes 8 de marzo de 2016 - EstrasburgoEdición definitiva
Sanidad animal ***II
 Régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, de plátanos y de leche ***I
 Acceso al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera de los puertos ***I
 Índices de precios de consumo armonizados ***I
 Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE - Lucha contra el fraude
 Integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento Europeo
 Situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE

Sanidad animal ***II
PDF 332kWORD 63k
Resolución
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2016, respecto de la Posición del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (11779/1/2015 – C8-0008/2016 – 2013/0136(COD))
P8_TA(2016)0067A8-0041/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: segunda lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Posición del Consejo en primera lectura (11779/1/2015 – C8-0008/2016),

–  Visto el dictamen motivado presentado por el Consejo Federal austríaco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 10 de diciembre de 2013(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vista su Posición en primera lectura(2) sobre la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0260),

–  Visto el artículo 294, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 76 de su Reglamento,

–  Vista la Recomendación para la segunda lectura de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0041/2016),

1.  Aprueba la Posición del Consejo en primera lectura;

2.  Aprueba la declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Toma nota de las declaraciones de la Comisión adjuntas a la presente Resolución;

4.  Constata que el acto ha sido adoptado con arreglo a la Posición del Consejo;

5.  Encarga a su Presidente que firme el acto, conjuntamente con el Presidente del Consejo, de conformidad con el artículo 297, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

6.  Encarga a su Secretario General que firme el acto, tras haber comprobado que se han cumplido en debida forma todos los procedimientos, y que proceda, de acuerdo con el Secretario General del Consejo, a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

7.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre las resistencias bacterianas y el uso de medicamentos veterinarios

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Plan de acción contra la amenaza creciente de las resistencias bacterianas» (COM(2011)0748) hace hincapié en la función preventiva del Reglamento sobre enfermedades animales transmisibles («Legislación sobre Sanidad de los animales») y la consiguiente reducción prevista del uso de antibióticos en animales. Además de los requisitos contemplados en el mencionado Reglamento, se invita a los Estados miembros a que se comprometan a recoger datos pertinentes, comparables y suficientemente detallados sobre el uso real de medicamentos antimicrobianos en los animales y a enviar estos datos a la Comisión para que se pueda garantizar un uso más prudente de los medicamentos antimicrobianos en los animales, contribuyendo de este modo a reducir los riesgos vinculados a las resistencias antimicrobianas.

Declaración de la Comisión sobre la información periódica relacionada con el uso en la Unión de medicamentos antimicrobianos en los animales

La Comisión se compromete a publicar un informe periódico en relación con el uso en la UE de medicamentos antimicrobianos en animales, sobre la base de los datos facilitados por los Estados miembros.

Declaración de la Comisión sobre el bienestar de los animales

Este Reglamento establece normas para la prevención y el control de las enfermedades de los animales que son transmisibles a los animales o a los seres humanos, y no contiene disposiciones que regulen específicamente el bienestar animal, aunque la salud y el bienestar de los animales están vinculados. La Unión dispone de un acervo bien desarrollado en relación con el bienestar de los animales que cubre diferentes especies (pollos de engorde, gallinas ponedoras, cerdos o terneros) o actividades (la cría, el transporte, el sacrificio, la investigación, etc.). Esta legislación sobre bienestar animal debe seguir aplicándose necesariamente. La Comisión está plenamente comprometida a prestar total atención al bienestar de los animales de conformidad con el artículo 13 del Tratado y dentro de los límites en él establecidos, entre otras cosas, asegurando la plena aplicación y el adecuado desarrollo de la legislación en este ámbito.

(1) DO C 170 de 5.6.2014, p. 104.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0381.


Régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, de plátanos y de leche ***I
PDF 247kWORD 64k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 y el Reglamento (UE) n.º 1306/2013 en lo que atañe al régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, de plátanos y de leche (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD))
P8_TA(2016)0068A8-0006/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0032),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 42 y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7‑0025/2014),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 9 de julio de 2014(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 7 de octubre de 2014(2),

–  Vista su Decisión, de 27 de mayo de 2015, sobre la apertura y el mandato de negociaciones interinstitucionales sobre la propuesta(3),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 16 de diciembre de 2015, de aprobar dicha Posición, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0006/2016),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 8 de marzo de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1308/2013 y (UE) n.º 1306/2013 en lo que atañe al régimen de ayudas para la distribución en los centros escolares de frutas y hortalizas, plátanos y leche

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2016/791.)

(1) DO C 451 de 16.12.2014, p. 142.
(2) DO C 415 de 20.11.2014, p. 30.
(3) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0216.


Acceso al mercado de los servicios portuarios y transparencia financiera de los puertos ***I
PDF 705kWORD 355k
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, el 8 de marzo de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea un marco sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios y la transparencia financiera de los puertos (COM(2013)0296 – C7-0144/2013 – 2013/0157(COD))(1)
P8_TA(2016)0069A8-0023/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Título
Propuesta de
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
por el que se crea un marco sobre el acceso al mercado de los servicios portuarios y la transparencia financiera de los puertos
por el que se crea un marco para la organización de los servicios portuarios y la transparencia financiera de los puertos
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)
(1 bis)  Los puertos pueden contribuir a la competitividad de la industria europea en los mercados mundiales a largo plazo, aportando al mismo tiempo valor añadido y puestos de trabajo en todas las regiones costeras de la Unión. Con el fin de encarar los problemas a los que se enfrenta el sector del transporte marítimo, como las ineficiencias en el transporte sostenible y la cadena logística, es esencial que las medidas contempladas en la Comunicación de la Comisión titulada «Puertos: motor de crecimiento» sobre simplificación administrativa se apliquen conjuntamente con el presente Reglamento. La complejidad de los procedimientos administrativos del despacho de aduana, que genera retrasos en los puertos, representa un serio obstáculo para la competitividad del transporte marítimo de corta distancia y la eficiencia de los puertos de la Unión.
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
(3 bis)  Un alto grado de simplificación de los procedimientos aduaneros puede representar una importante ventaja económica para los puertos en términos de competitividad. Para evitar la competencia desleal entre los puertos y reducir las formalidades aduaneras que puedan perjudicar seriamente los intereses financieros de la Unión, las autoridades portuarias deben adoptar un enfoque normativo basado en riesgos que sea adecuado y eficaz a fin de evitar la distorsión de la competencia. La Comisión y los Estados miembros deben supervisar efectiva y periódicamente estos procedimientos, y la Comisión debe evaluar la necesidad de adoptar medidas oportunas para afrontar la competencia desleal.
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  La gran mayoría del tráfico marítimo de la Unión pasa por los puertos marítimos de la red transeuropea de transporte. Para lograr el objetivo de este Reglamento de forma proporcionada y sin imponer cargas innecesarias a otros puertos, este Reglamento debe aplicarse a los puertos pertenecientes a la red transeuropea de transporte, cada uno de los cuales desempeña un importante papel para el sistema de transporte europeo, bien porque maneja más del 0,1 % de la mercancía total de la UE o del número total de pasajeros o porque mejora la accesibilidad regional de las zonas insulares o periféricas, sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros decidan aplicar también este Reglamento a otros puertos. Los servicios de practicaje que se llevan a cabo en alta mar no tienen un impacto directo sobre la eficiencia de los puertos ya que no se utilizan para entrar y salir de los mismos, y por ello no es preciso incluirlos en el presente Reglamento.
(4)  La gran mayoría del tráfico marítimo de la Unión pasa por los puertos marítimos de la red transeuropea de transporte. Para lograr el objetivo de este Reglamento de forma proporcionada y sin imponer cargas innecesarias a otros puertos, este Reglamento debe aplicarse únicamente a los puertos marítimos pertenecientes a la red transeuropea de transporte, cada uno de los cuales desempeña un importante papel para el sistema de transporte europeo, bien porque maneja más del 0,1 % de la mercancía total de la UE o del número total de pasajeros o porque mejora la accesibilidad regional de las zonas insulares o periféricas. No obstante, el presente Reglamento debe brindar a los Estados miembros la posibilidad de decidir si aplican o no aplican el presente Reglamento a los puertos marítimos de la red transeuropea de transporte global situados en las regiones ultraperiféricas. Los Estados miembros deben tener asimismo la posibilidad de introducir excepciones con objeto de evitar cargas administrativas desproporcionadas a los puertos marítimos de la red transeuropea de transporte global cuyo tráfico anual no justifique la plena aplicación del presente Reglamento. Los servicios de practicaje que se llevan a cabo en alta mar no tienen un impacto directo sobre la eficiencia de los puertos ya que no se utilizan para entrar y salir de los mismos, y por ello no es preciso incluirlos en el presente Reglamento.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)  El presente Reglamento no impone un modelo de gestión portuaria específico a los organismos gestores de los puertos. Siempre que se respeten las normas relativas al acceso a los mercados y la transparencia financiera, se pueden mantener los modelos de gestión portuaria existentes a escala nacional en los Estados miembros, de conformidad con el Protocolo n.º 26 anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 5
(5)  El objetivo del artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea es eliminar las restricciones a la libre prestación de servicios en la Unión. De conformidad con el artículo 58 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dicho objetivo debe alcanzarse en el marco de las disposiciones del Título relativo al transporte, más concretamente el artículo 100, apartado 2.
suprimido
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
(6)  La autoprestación del servicio que implica que las compañías de transporte marítimo o los proveedores de servicios portuarios contraten personal a su discreción y se procuren servicios portuarios se regula en una serie de Estados miembros por motivos de seguridad o de índole social. Las partes interesadas consultadas por la Comisión a la hora de elaborar su propuesta destacaron que la imposición de un subsidio generalizado con respecto a la autoprestación de servicios a escala de la Unión exigiría normas adicionales de seguridad y de índole social para evitar posibles repercusiones negativas en estos ámbitos. Conviene en consecuencia no regular por el momento esta materia a escala de la Unión y dejar a discreción de los Estados miembros la reglamentación o no de la autoprestación de servicios portuarios. Por tanto, el Reglamento únicamente debe abarcar la prestación de servicios portuarios a cambio de una remuneración.
suprimido
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 7
(7)  En aras de la eficiencia y de una gestión portuaria segura y sólida desde el punto de vista ambiental, el organismo gestor del puerto debe poder exigir a los proveedores de servicios portuarios que demuestren que cumplen los requisitos mínimos para llevar a cabo el servicio de modo apropiado. Estos requisitos mínimos deben limitarse a un conjunto muy bien definido de condiciones sobre las cualificaciones profesionales de los operadores, también con respecto a la formación, y sobre los equipos necesarios en la medida en que estos requisitos son transparentes, no discriminatorios, objetivos y pertinentes para la prestación del servicio portuario.
(7)  En aras de la eficiencia y de una gestión portuaria segura y sólida desde el punto de vista ambiental, el organismo gestor del puerto debe poder exigir a los proveedores de servicios portuarios que demuestren que cumplen los requisitos mínimos para llevar a cabo el servicio de modo apropiado. Estos requisitos mínimos deben limitarse a un conjunto muy bien definido de condiciones sobre las cualificaciones profesionales de los operadores, los equipos necesarios para prestar el servicio portuario pertinente, la disponibilidad del servicio y el cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad marítima. Estos requisitos mínimos deben tener asimismo en cuenta los requisitos medioambientales y las normas sociales nacionales, así como la buena reputación del proveedor del servicio portuario.
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)  Todos los proveedores de servicios, especialmente los nuevos participantes en el mercado, deben demostrar su capacidad para atender a un número mínimo de buques con personal y equipo propios. Asimismo deben aplicar las disposiciones y normas pertinentes, incluidos la legislación laboral, los convenios colectivos aplicables y los requisitos relativos a la calidad del puerto de que se trate.
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)
(7 ter)  A la hora de determinar si un proveedor de servicios ha cumplido el requisito relativo a la buena reputación, el Estado miembro debe estimar si existen motivos imperiosos para dudar de la buena reputación del proveedor de servicios portuarios, de su gerente y de cualquier otra persona pertinente, según determine el Estado miembro de que se trate, tales como condenas o sanciones en un Estado miembro por delitos graves o vulneración del Derecho de la Unión y del Derecho nacional aplicables, en ámbitos como los siguientes: legislación social, legislación laboral, legislación relativa a la seguridad en el trabajo, legislación sobre sanidad y legislación medioambiental.
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 quater (nuevo)
(7 quater)  De conformidad con el Reglamento (CEE) n.º 3577/921 bis y la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2007 en el asunto C-251/04, Comisión contra la República Helénica1 ter, según la cual no puede deducirse que cabe asimilar el remolque a un servicio de transporte marítimo, es posible, por razones de seguridad marítima y de protección del medio ambiente, establecer en los requisitos mínimos que los buques utilizados para operaciones de remolque o amarre han de estar matriculados en el Estado miembro del puerto de que se trate y han de navegar bajo su pabellón.
_______________
1 bis Reglamento (CEE) n.º 3577/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se aplica el principio de libre prestación de servicios a los transportes marítimos dentro de los Estados miembros (cabotaje marítimo) (DO L 364 de 12.12.1992, p. 7).
1 ter Sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2007 en el asunto C-251/04, Comisión contra la República Helénica, ECLI:EU:C:2007:5.
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 10
(10)  Habida cuenta de que los puertos ocupan zonas geográficas limitadas, el acceso al mercado podría en determinados casos estar sujeto a limitaciones relacionadas con la escasez de suelo o con la reserva del mismo para determinados tipos de actividades con arreglo a un plan oficial de desarrollo que planifique de forma transparente el uso del suelo, o bien con arreglo a la legislación nacional pertinente en ámbitos tales como la planificación urbana o rural.
suprimido
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
(10 bis)  El sistema portuario de la Unión es extremadamente variado e incluye muchos modelos diferentes para la organización de los servicios portuarios. En consecuencia, un único sistema no sería adecuado. El organismo gestor del puerto o la autoridad competente deben poder limitar el número de proveedores de un servicio portuario, si las circunstancias lo requieren.
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 11
(11)  La autoridad competente debe publicar con antelación cualquier intención de limitar el número de proveedores de servicios portuarios y debe justificarla para poder dar a las partes interesadas la oportunidad de dar su opinión. Los criterios utilizados para establecer cualquier limitación deben ser objetivos, transparentes y no discriminatorios.
(11)  El organismo gestor del puerto o la autoridad competente deben publicar con antelación cualquier intención de limitar el número de proveedores de servicios portuarios. Los criterios utilizados para establecer cualquier limitación deben ser objetivos, transparentes y no discriminatorios.
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 12
(12)  Para que sea abierto y transparente, el procedimiento de selección de proveedores de servicios portuarios y su resultado deben publicarse, y la documentación debe comunicarse íntegramente a las partes interesadas.
(12)  El procedimiento de elección de proveedores de servicios portuarios y su resultado deben publicarse, no deben ser discriminatorios y deben ser transparentes y estar abiertos a todas las partes interesadas.
Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 13
(13)  El procedimiento de selección de los proveedores de servicios portuarios, en caso de que su número sea limitado, debe ajustarse a los principios y al enfoque que se establece en la Directiva ../../... [Directiva sobre las concesiones correspondiente]7, incluido el umbral y el método para determinar el valor de los contratos, así como la definición de las modificaciones sustanciales y los elementos relativos a la duración del contrato.
suprimido
__________________
7 Propuesta de Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión (COM 2011) 897 final.
Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)
(13 bis)  En su Comunicación interpretativa, de 1 de agosto de 2006, sobre el Derecho comunitario aplicable en la adjudicación de contratos no cubiertos o solo parcialmente cubiertos por las Directivas sobre contratación pública1, la Comisión establece un marco claro para los procedimientos de selección que no están comprendidos en el ámbito de aplicación de las Directivas sobre contratación pública y no se adjudican en forma de contratos de concesiones.
__________________
1 DO C 179 de 1.8.2006, p. 2.
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 14
(14)  El recurso a las obligaciones de servicio público que generen una limitación del número de proveedores de un servicio portuario debe estar justificado exclusivamente por razones de interés general a fin de garantizar que todos los usuarios tengan acceso al servicio portuario, que dicho servicio esté disponible durante todo el año y que los precios del mismo sean asequibles para determinadas categorías de usuarios.
(14)  El recurso a las obligaciones de servicio público que generen una limitación del número de proveedores de un servicio portuario debe estar justificado exclusivamente por razones de interés general a fin de garantizar que todos los usuarios tengan acceso al servicio portuario, que dicho servicio esté disponible durante todo el año, que los precios del mismo sean asequibles para una determinada categoría de usuarios o que las operaciones portuarias sean seguras, fiables y sostenibles desde el punto de vista ambiental.
Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 18
(18)  Las autoridades competentes designadas en un Estado miembro deben tener la posibilidad de decidir prestar servicios portuarios con obligaciones de servicio público a través de ellas mismas o confiar directamente la prestación de dichos servicios a un operador interno. En el caso de que una autoridad competente decida prestar ella misma el servicio, podrá hacerlo a través de agentes empleados o encargados por ella. Cuando dicha limitación se aplique en todos los puertos de la RTE-T en el territorio de un Estado miembro, deberá informarse a la Comisión. En los casos en los que la decisión de las autoridades competentes de un Estado miembro prevalezca, la prestación de servicios portuarios por parte de operadores internos se limitará únicamente al puerto o puertos en los que dichos operadores internos fueron designados. Asimismo, en dichos casos, las tasas por servicios portuarios que aplique dicho operador deberán ser objeto de supervisión por el organismo de supervisión independiente.
(18)  El organismo gestor del puerto o las autoridades competentes designadas en un Estado miembro deben tener la posibilidad de decidir prestar servicios portuarios a través de sí mismos o confiar directamente la prestación de dichos servicios a un operador interno. En el caso de que una autoridad competente decida prestar ella misma el servicio, podrá hacerlo a través de agentes empleados o encargados por ella. Cuando dicha limitación se aplique en todos los puertos marítimos de la RTE-T en el territorio de un Estado miembro, deberá informarse a la Comisión. En los casos en los que las autoridades competentes de un Estado miembro provean un servicio portuario con obligaciones de servicio público, la prestación de servicios portuarios por parte de operadores internos se limitará únicamente al puerto o puertos en los que dichos operadores internos fueron designados. Asimismo, en dichos casos, las tasas por servicios portuarios que aplique dicho operador deberán ser objeto de supervisión independiente.
Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 19
(19)  Los Estados miembros deben conservar la facultad de garantizar un nivel adecuado de protección social para el personal de las empresas que prestan servicios portuarios. El presente Reglamento no afectará a la aplicación de las normas laborales y sociales de los Estados miembros. En los casos en que el número de proveedores de servicios portuarios esté limitado, cuando la celebración de un contrato de servicio público pueda suponer un cambio de operador de servicio público, las autoridades competentes deben estar facultadas para solicitar al operador de servicio público elegido que aplique las disposiciones de la Directiva 2001/23/CE del Consejo sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad11.
(19)  Los Estados miembros deben conservar la facultad de garantizar un nivel adecuado de protección social para el personal de las empresas que prestan servicios portuarios. El presente Reglamento no debe afectar a la aplicación de las normas laborales y sociales de los Estados miembros, y debe tener en cuenta el artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Cuando la celebración de un contrato de servicio público pueda suponer un cambio de operador de servicio público, la autoridad competente debe, en caso de traspaso de personal, exigir al operador de servicio público elegido que aplique las disposiciones de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad11.
__________________
__________________
11 DO L 82 de 22.3.2001, p. 16.
11 DO L 82 de 22.3.2001, p. 16.
Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)
(19 bis)  En un sector sumamente complejo y competitivo como el de los servicios portuarios, la formación de nuevos contratados y la formación del personal a lo largo de toda la vida son esenciales para asegurar la salud y la seguridad de los trabajadores portuarios, la calidad de los servicios y la competitividad de los puertos de la Unión. Los Estados miembros deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que se prevé la formación pertinente para todos y cada uno de los trabajadores del sector portuario. El Comité sectorial de diálogo social para el ámbito portuario a escala de la UE debe estar en condiciones de elaborar orientaciones para el establecimiento de requisitos en materia de formación con objeto de asegurar una educación y formación de un elevado nivel de calidad de los trabajadores portuarios, minimizar el riesgo de accidentes y tomar en consideración las futuras necesidades del sector a la luz de los cambios tecnológicos y logísticos impuestos por las demandas de los clientes.
Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Considerando 19 ter (nuevo)
(19 ter)  El sector portuario europeo afronta una serie de desafíos que pueden afectar a su competitividad y a su dimensión social. Entre esos desafíos cabe mencionar los siguientes: el creciente tamaño de los buques, la competencia de puertos no pertenecientes a la Unión, el creciente poder del mercado como consecuencia de las alianzas entre las compañías navieras, la necesidad de negociar oportunamente nuevos modelos laborales y ofrecer una formación adecuada en materia de innovación tecnológica y minimizar su impacto social, los crecientes volúmenes cada vez más agrupados, la falta de inversiones adecuadas en las infraestructuras del interior, la eliminación de las barreras administrativas al mercado interior, el cambiante entorno energético y la creciente presión social y medioambiental. Los Estados miembros, junto con los interlocutores sociales, deben abordar esos desafíos y tomar medidas para salvaguardar la competitividad del sector e impedir el establecimiento de condiciones laborales precarias en los puertos, pese a las fluctuaciones de la demanda de mano de obra portuaria.
Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quater (nuevo)
(19 quater)  La Comisión y los Estados miembros deben apoyar todos los modelos de organización del trabajo portuario que garanticen unos puestos de trabajo de calidad y unas condiciones laborales seguras. Los ajustes necesarios deben promoverse únicamente mediante negociaciones entre los interlocutores sociales, y la Comisión debe tener debidamente en cuenta los resultados de esas negociaciones.
Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Considerando 19 quinquies (nuevo)
(19 quinquies)  La automatización y la innovación tecnológica brindan la oportunidad de mejorar la eficiencia y la seguridad de los puertos. Antes de introducir cambios significativos, los empleadores y los sindicatos de los trabajadores portuarios deben cooperar a fin de garantizar la formación y el reciclaje necesarios y encontrar soluciones comunes para reducir los efectos negativos de ese avance en la salud y seguridad profesionales, así como en la empleabilidad.
Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Considerando 20
(20)  En muchos puertos, el acceso al mercado se concede a los proveedores de servicios de manipulación de carga y terminales de pasajeros mediante contratos de concesión públicos. Este tipo de contratos estarían incluidos en la Directiva …/… [concesiones]. Por consiguiente, el capítulo II del presente Reglamento no debe aplicarse a la prestación de servicios de manipulación de carga y de transporte de pasajeros, pero los Estados miembros deben no obstante seguir teniendo libertad para decidir aplicar las normas de este capítulo a estos dos servicios. Para otros tipos de contratos utilizados por las autoridades públicas para conceder el acceso al mercado de los servicios de manipulación de carga y de terminales de pasajeros, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que las autoridades competentes están vinculadas por los principios de transparencia y de no discriminación en la celebración de contratos. Estos principios son plenamente aplicables con respecto a la prestación de cualquier servicio portuario.
(20)  El capítulo II del presente Reglamento no debe aplicarse a la prestación de servicios de manipulación de carga y de transporte de pasajeros. Para los tipos de contratos distintos de los contratos públicos de concesión utilizados por las autoridades públicas para conceder el acceso al mercado de los servicios de manipulación de carga y de terminales de pasajeros, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que las autoridades competentes están vinculadas por los principios de transparencia y de no discriminación en la celebración de contratos. Estos principios son plenamente aplicables con respecto a la prestación de cualquier servicio portuario.
Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)
(20 bis)  De acuerdo con la Resolución A.960 de la Organización Marítima Internacional (OMI), cada zona de practicaje requiere una experiencia sumamente especializada y un gran conocimiento local por parte del práctico. Dado que la OMI reconoce la idoneidad de la administración regional o local de practicaje, este no debe estar sujeto al capítulo II del presente Reglamento.
Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)
(21 bis)  El Mecanismo «Conectar Europa» prevé que los puertos de la Red Transeuropea de Transporte puedan beneficiarse de ayudas de la Unión durante el período en curso 2014-2020. Por otro lado, la Comisión tiene intención de establecer un marco revisado sobre ayudas estatales a los puertos y, dado que la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis también establece un nuevo marco legislativo para los contratos de concesión que afectará también a los servicios portuarios en régimen de concesión, es necesario introducir en el presente Reglamento normas estrictas sobre la transparencia de los flujos financieros para evitar una situación de competencia desleal o de dumping entre los puertos de la Unión.
_______________
1 bis Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Considerando 22
(22)  Cuando el organismo gestor del puerto que recibe fondos públicos también actúa como proveedor de servicios, es necesario imponerle la obligación de mantener contabilidades independientes para las actividades que realiza en su calidad de organismo gestor del puerto y para las que lleva a cabo de forma competitiva para garantizar la igualdad de condiciones, la transparencia en la asignación y el uso de fondos públicos y para evitar que se produzcan distorsiones en el mercado. En cualquier caso, debe garantizarse el cumplimiento de la normativa sobre ayudas estatales.
(22)  Cuando el organismo gestor del puerto que recibe fondos públicos también actúa como proveedor de servicios, es necesario imponerle la obligación de mantener contabilidades independientes para las actividades con financiación pública que realiza en su calidad de organismo gestor del puerto y para las que lleva a cabo de forma competitiva para garantizar la igualdad de condiciones, la transparencia en la asignación y el uso de fondos públicos y para evitar que se produzcan distorsiones en el mercado. En cualquier caso, debe garantizarse el cumplimiento de la normativa sobre ayudas estatales.
Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Considerando 22 bis (nuevo)
(22 bis)  Los puertos marítimos que tengan un volumen de negocios inferior al umbral previsto en la Directiva 2006/111/CE de la Comisión deben cumplir las obligaciones en materia de transparencia recogidas en el artículo 12 del presente Reglamento de manera proporcionada, sin ser objeto de una carga administrativa desproporcionada.
Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Considerando 22 ter (nuevo)
(22 ter)  A fin de garantizar una competencia leal y reducir las cargas administrativas, la Comisión debe clarificar por escrito el concepto de ayudas estatales por lo que respecta a la financiación de las infraestructuras portuarias, tomando en consideración que las infraestructuras para el acceso público y la defensa, ya sean marítimas o terrestres, que son accesibles a todos los usuarios potenciales en condiciones de igualdad y no discriminación, así como las infraestructuras relacionadas con el funcionamiento de servicios de interés general no económico, son de carácter no económico dado que sus objetivos son fundamentalmente de carácter público; dichas infraestructuras entran dentro del ámbito de responsabilidad del Estado de satisfacer las necesidades generales de la población.
Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Considerando 22 quater (nuevo)
(22 quater)  Además, la Comisión debe, oportunamente y en consulta con el sector, determinar qué inversiones públicas en infraestructuras portuarias entran dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión (Reglamento de exención por categorías)1 bis.
_________________
1 bis Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).
Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Considerando 23
(23)  Las tasas por servicios portuarios que aplican los proveedores de servicios portuarios que no están designados conforme a un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio conllevan un riesgo elevado de que se produzca un abuso de los precios, habida cuenta de su situación de monopolio u oligopolio y del hecho de que su mercado no puede impugnarse. Lo mismo puede decirse de los gravámenes aplicados por los operadores internos en la acepción del presente Reglamento. En ausencia de mecanismos de mercado justos, deben establecerse acuerdos para estos servicios que garanticen que los gravámenes que aplican reflejen las condiciones habituales del mercado en cuestión y que se establezcan de manera transparente y no discriminatoria.
(23)  Las tasas por servicios portuarios que aplican los proveedores de servicios portuarios que no están designados conforme a un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio, y las tasas que aplican los proveedores de servicios de practicaje, que no están expuestos a una competencia efectiva, conllevan un riesgo más elevado de abuso de los precios. En ausencia de mecanismos de mercado justos, deben establecerse acuerdos para estos servicios que garanticen que los gravámenes que aplican no sean desproporcionados respecto del valor económico de los servicios prestados y se establezcan de manera transparente y no discriminatoria.
Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Considerando 24
(24)  Para ser eficaz, los cánones de infraestructuras portuarias de cada puerto deben fijarse de manera transparente y autónoma, con arreglo a la propia estrategia comercial y de inversión del puerto de que se trate.
(24)  La función del organismo gestor del puerto consiste, entre otras cosas, en facilitar el comercio y actuar como intermediario entre la industria regional y los operadores de transporte. Por consiguiente, en aras de la eficiencia, los cánones de infraestructuras portuarias de cada puerto deben fijarse de manera transparente y autónoma, con arreglo a la propia estrategia comercial y de inversión del puerto de que se trate.
Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Considerando 25
(25)  Debe permitirse la variación de los cánones de infraestructuras portuarias con vistas a fomentar el transporte marítimo de corta distancia y a atraer buques fluviales cuyo comportamiento ambiental o cuya eficiencia en términos energéticos o de emisiones de carbono de las operaciones de transporte, especialmente las operaciones de transporte marítimo terrestres o en alta mar sean mejores que el promedio. De este modo se pretende contribuir a las políticas de protección del medioambiente y de lucha contra el cambio climático y al desarrollo sostenible del puerto y de sus inmediaciones ayudando en particular a reducir la huella ambiental de los buques fluviales que hacen escala y fondean en el puerto.
(25)  Debe permitirse la variación de los cánones de infraestructuras portuarias, ya que es una herramienta importante para el organismo gestor del puerto. Los cánones de infraestructuras portuarias pueden variar, por ejemplo, con vistas a fomentar el transporte marítimo de corta distancia y a atraer buques fluviales cuyo comportamiento ambiental o cuya eficiencia en términos energéticos o de emisiones de carbono de las operaciones de transporte, especialmente las operaciones de transporte marítimo terrestres o en alta mar sean mejores que el promedio. De este modo se pretende contribuir a las políticas de protección del medioambiente y de lucha contra el cambio climático y al desarrollo sostenible del puerto y de sus inmediaciones ayudando en particular a reducir la huella ambiental de los buques fluviales que hacen escala y fondean en el puerto.
Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Considerando 26
(26)  Debe disponerse de facilidades apropiadas para garantizar que se consulte periódicamente a los usuarios de los puertos a los que se solicita el pago de un gravamen de infraestructura portuaria y/o una tasa por servicio portuario a la hora de definir y modificar este tipo de gravámenes y tasas. Los organismos gestores de los puertos deben asimismo consultar periódicamente a otras partes interesadas sobre asuntos clave relacionados con el desarrollo sostenible del puerto, su funcionamiento y su capacidad de atraer y generar actividades económicas tales como la coordinación de los servicios portuarios dentro de la zona portuaria, la eficiencia de las conexiones con el interior y la coordinación de los procedimientos administrativos en los puertos.
(26)  Debe garantizarse que se consulte periódicamente a los usuarios de los puertos a los que se solicita el pago de un gravamen de infraestructura portuaria y/o una tasa por servicio portuario a la hora de definir y modificar este tipo de gravámenes y tasas. Los organismos gestores de los puertos deben asimismo consultar periódicamente a otras partes interesadas sobre asuntos clave relacionados con el desarrollo sostenible del puerto, su funcionamiento y su capacidad de atraer y generar actividades económicas tales como la coordinación de los servicios portuarios dentro de la zona portuaria, la eficiencia de las conexiones con el interior y la coordinación de los procedimientos administrativos en los puertos. El organismo gestor del puerto debe incluir en una consulta sostenible sobre planes de desarrollo portuario a inversores privados que hagan grandes inversiones en puertos.
Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Considerando 27
(27)  A fin de garantizar una aplicación efectiva y adecuada de presente Reglamento, cada Estado miembro debe designar un organismo de supervisión independiente, que podría ser un organismo ya existente.
(27)  A fin de garantizar la existencia de un mecanismo de reclamación independiente, cada Estado miembro debe designar uno o varios organismos que lleven a cabo una supervisión independiente. A tal fin, se debe poder designar organismos ya existentes, tales como autoridades de competencia, tribunales, ministerios o departamentos ministeriales no vinculados al organismo gestor del puerto.
Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Considerando 28
(28)  Los distintos organismos de supervisión independientes deben intercambiar información sobre su labor y cooperar en aras de una aplicación uniforme del presente Reglamento.
(28)  En caso de conflictos o reclamaciones transfronterizos, los distintos organismos que llevan a cabo la supervisión independiente deben cooperar entre sí e intercambiar información sobre su labor.
Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Considerando 28 bis (nuevo)
(28 bis)  Las relaciones laborales portuarias influyen sobremanera en el funcionamiento de los puertos. Por ello, el Comité sectorial de diálogo social para el ámbito portuario a escala de la UE brinda a los interlocutores sociales un marco en el que establecer resultados respecto de la organización del trabajo y las condiciones laborales, como son la salud y la seguridad, la formación y las cualificaciones, la política de la UE sobre los combustibles con bajo contenido en azufre, y el atractivo laboral del sector para los jóvenes y las mujeres.
Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Considerando 29
(29)  Con el fin de complementar y modificar determinados elementos no esenciales del presente Reglamento y, en particular, para fomentar la aplicación uniforme de las tasas medioambientales, reforzar la coherencia de dichas tasas en todo el territorio de la Unión y garantizar unos principios comunes con respecto a las tasas en relación con la promoción del transporte marítimo de corta distancia, la facultad de adoptar actos consagrada en el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe delegarse a la Comisión con respecto a las clasificaciones comunes de buques, combustibles y tipos de operaciones en función de las cuales varían los cánones de infraestructuras y los principios comunes de fijación de tasas para los cánones de infraestructuras portuarias. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la Comisión debe velar por que los documentos correspondientes se transmitan de manera simultánea, oportuna y apropiada al Parlamento Europeo y al Consejo.
suprimido
Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Considerando 30
(30)  A fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del presente Reglamento, deben otorgarse a la Comisión competencias de ejecución relativas a los acuerdos correspondientes para el intercambio de información entre organismos de supervisión independientes. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión13.
suprimido
__________________
13 DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)
(30 bis)  Cabe solicitar a la Comisión que presente una propuesta legislativa sobre los certificados de exención de practicaje (PEC), con objeto de fomentar su uso en todos los Estados miembros a fin de mejorar la eficiencia en los puertos y, en particular, impulsar el transporte marítimo de corta distancia, cuando las condiciones de seguridad lo permitan. Los requisitos específicos sobre cuya base deben concederse esos certificados deben ser definidos por los Estados miembros tras una evaluación de riesgo y teniendo en cuenta las condiciones locales. Los requisitos deben ser transparentes, no discriminatorios y proporcionados.
Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Considerando 31
(31)  Dado que los Estados miembros no pueden lograr plenamente los objetivos del presente Reglamento, a saber, garantizar la modernización de los servicios portuarios y un marco adecuado que atraiga la inversión necesaria a todos los puertos de la red transeuropea, debido a la dimensión europea y a la naturaleza internacional y transfronteriza de la actividad comercial portuaria y marítima conexa y que, en consecuencia, y debido a la necesidad de contar con unas condiciones equitativas a nivel europeo, pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.
(31)  Dado que los Estados miembros no pueden lograr plenamente los objetivos del presente Reglamento, a saber, garantizar un marco para la organización de los servicios portuarios y un marco adecuado que atraiga la inversión necesaria a todos los puertos marítimos de la red transeuropea, debido a la dimensión europea y a la naturaleza internacional y transfronteriza de la actividad comercial portuaria y marítima conexa y que, en consecuencia, y debido a la necesidad de contar con unas condiciones equitativas a nivel europeo, pueden alcanzarse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos. Se debe proteger los puertos de la Unión frente a los puertos de terceros países que no estén sujetos a los mismos criterios de organización y funcionamiento que los establecidos en el presente Reglamento.
Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)
(31 bis)  Las relaciones laborales portuarias influyen de manera significativa en las actividades y el funcionamiento de los puertos. Por ello, el Comité sectorial de diálogo social para el ámbito portuario a escala de la UE debe ser capaz de brindar a los interlocutores sociales de la Unión un marco para la posible adopción de resultados comunes respecto de las cuestiones sociales relativas a las relaciones laborales portuarias. La Comisión debe, caso de ser necesario, facilitar y apoyar las negociaciones y ofrecer asistencia técnica a los interlocutores sociales, respetando su autonomía. Los interlocutores sociales de la Unión deben tener la posibilidad de informar sobre los avances, si así lo desean, a fin de que la Comisión pueda tener en cuenta sus resultados a la hora de informar sobre los efectos del presente Reglamento.
Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra a
a)  un marco claro para acceder al mercado de los servicios portuarios;
a)  un marco claro para la organización de los servicios portuarios;
Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – letra b
b)  normas comunes sobre la transparencia financiera y las tasas que deben aplicar los organismos gestores o los proveedores de servicios portuarios.
b)  normas comunes sobre la transparencia financiera y las tasas que deben aplicar los organismos gestores o los proveedores de servicios portuarios cubiertos por el presente Reglamento.
Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – letra c
c)  dragado;
suprimida
Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)
Además, el artículo 12, apartado 2, del presente Reglamento se aplicará también al dragado.
Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3
3.  El presente Reglamento se aplicará a todos los puertos marítimos de la red transeuropea de transporte, tal y como se define en el anexo I del Reglamento XXX [Reglamento sobre las orientaciones para la RTE-T].
3.  El presente Reglamento se aplicará a todos los puertos marítimos de la red transeuropea de transporte enumerados en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.
________________
1 bis Reglamento (UE) n.º 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y por el que se deroga la Decisión n.º 661/2010/UE (DO L 348 de 20.12.2013, p. 1).
Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.  El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de toda infraestructura portuaria que respete los principios a que se hace referencia en las letras a) y b) del apartado 1.
Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 3 ter (nuevo)
3 ter.  Los Estados miembros podrán decidir no aplicar el presente Reglamento a los puertos marítimos de la red global de transporte situados en las regiones ultraperiféricas a que se refiere el artículo 349 del TFUE. Cuando los Estados miembros decidan no aplicar el presente Reglamento a esos puertos marítimos, deberán comunicar la decisión a la Comisión.
Enmienda 51
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2
2.  «servicios de manipulación de carga»: la organización de las labores de manipulación de la carga y la propia manipulación de la misma entre el buque fluvial de transporte y la costa, ya sea para la importación, la exportación o el tránsito de la carga, incluido el tratamiento, el transporte y el almacenamiento temporal de dicha carga en la terminal de manipulación de carga correspondiente y los servicios directamente relacionados con el transporte de la carga, excluidos el almacenamiento, desmantelamiento, reembalaje o cualquier otro servicio de valor añadido asociado a la carga manipulada;
2.  «servicios de manipulación de carga»: la organización de las labores de manipulación de la carga y la propia manipulación de la misma entre el buque fluvial de transporte y la costa, ya sea para la importación, la exportación o el tránsito de la carga, incluido el tratamiento, el amarre, el desamarre, la estiba, el transporte y el almacenamiento temporal de dicha carga en la terminal de manipulación de carga correspondiente y los servicios directamente relacionados con el transporte de la carga, excluidos, salvo que el Estado miembro determine lo contrario, el almacenamiento, desmantelamiento, reembalaje o cualquier otro servicio de valor añadido asociado a la carga manipulada;
Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
2 bis.  «autoridad competente»: cualquier organismo público o privado que, en nombre de las autoridades locales, regionales o nacionales, está facultado para llevar a cabo, en virtud de las disposiciones legales o reglamentarias nacionales, actividades relacionadas con la organización y la gestión de las actividades portuarias, conjuntamente con el organismo gestor del puerto o en su lugar;
Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3
3.  «dragado»: la eliminación de arena, sedimentos u otras sustancias del fondo del acceso navegable a un puerto para permitir que el buque pueda acceder al puerto, que comprende tanto la retirada inicial (dragado de apertura) como el dragado de mantenimiento para mantener la accesibilidad de la vía navegable;
3.  «dragado»: la eliminación de arena, sedimentos u otras sustancias del fondo del acceso navegable a un puerto para permitir que el buque pueda acceder al puerto, que comprende tanto la retirada inicial (dragado de apertura) como el dragado de mantenimiento para mantener la accesibilidad de la vía navegable, y que no es un servicio portuario ofrecido a los usuarios;
Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
5.  «organismo gestor del puerto»: cualquier entidad pública o privada que, conjuntamente o no con otras actividades y en virtud de las disposiciones legales o reglamentarias nacionales, tenga por misión la administración y la gestión de las infraestructuras portuarias, el tráfico portuario y la coordinación y —cuando corresponda— el control de las actividades de los distintos operadores presentes en el puerto de que se trate;
5.  «organismo gestor del puerto»: cualquier entidad pública o privada que, conjuntamente o no con otras actividades, tenga por misión autorizada en virtud de las disposiciones legales o reglamentarias nacionales la administración y la gestión de las infraestructuras portuarias , y, cuando corresponda, la coordinación, la ejecución, la organización o el control de las actividades de los distintos operadores presentes en el puerto de que se trate, así como la administración y la gestión del tráfico portuario y el desarrollo de la zona portuaria;
Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6
6.  «amarre»: los servicios de atraque y desatraque necesarios para el anclado de un buque o su atado a tierra firme en el puerto o en los accesos navegables al puerto;
6.  «amarre»: los servicios de atraque, desatraque y desplazamiento en condiciones de seguridad necesarios para un buque;
Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 8
8.  «practicaje»: el servicio de guía de un buque fluvial por parte de un práctico o de una estación de practicaje para permitir el acceso o la salida del buque con seguridad a través de los accesos navegables al puerto;
8.  «practicaje»: el servicio de guía de un buque por parte de un práctico o de una estación de practicaje para permitir el acceso o la salida del buque con seguridad a través de los accesos navegables al puerto o la navegación segura dentro de él;
Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 9
9.  «gravamen de infraestructura portuaria»: una tasa recaudada en beneficio directo o indirecto del organismo gestor del puerto que pagan los operadores del buque fluvial o los propietarios de la carga por utilizar las instalaciones y los servicios que permiten el acceso y la salida de los buques del puerto, incluidas las vías navegables que dan acceso a dichos puertos, así como el acceso al tránsito de pasajeros y carga;
9.  «gravamen de infraestructura portuaria»: una tasa recaudada en beneficio directo o indirecto del organismo gestor del puerto que pagan los operadores del buque fluvial o los propietarios de la carga por utilizar las infraestructuras, las instalaciones y los servicios que permiten el acceso y la salida de los buques del puerto, incluidas las vías navegables que dan acceso al puerto, siempre que el organismo gestor del puerto sea competente para dichas vías navegables, así como el acceso al tránsito de pasajeros y carga, con exclusión de los cánones de arrendamiento de terrenos y tasas de efecto equivalente;
Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 12
12.  «contrato de servicio portuario»: un acuerdo formal y jurídicamente vinculante entre un proveedor de servicios portuarios y una autoridad competente mediante el cual este organismo designa a un proveedor de servicios portuarios para prestar servicios portuarios en virtud de un procedimiento para limitar el número de proveedores de servicios portuarios;
12.  «contrato de servicio portuario»: un acuerdo formal y jurídicamente vinculante entre un proveedor de servicios portuarios y el organismo gestor del puerto o una autoridad competente mediante el cual este organismo o autoridad designa a un proveedor de servicios portuarios para prestar servicios portuarios en virtud de un procedimiento para limitar el número de proveedores de servicios portuarios;
Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 16
16.  «puerto marítimo» una zona de tierra y de agua en la que , merced a las obras realizadas y a los equipos instalados, es posible, fundamentalmente, la recepción de buques, la carga y descarga de los mismos, el almacenamiento de mercancías, la recepción y entrega de dichas mercancías y el embarque y desembarque de pasajeros y cualquier otra infraestructura necesaria para los operadores de transporte en la zona portuaria, así como cualquier otra infraestructura necesaria para los operadores de transporte dentro de la zona portuaria;
16.  «puerto marítimo»: una zona de tierra y de agua delimitada, gestionada por el organismo gestor del puerto y con infraestructuras e instalaciones, en la que es posible, fundamentalmente, la recepción de buques, la carga y descarga de estos, el almacenamiento de mercancías, la recepción y entrega de dichas mercancías y el embarque y desembarque de pasajeros y personal;
Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 - punto 17
17.  «remolque»: la asistencia a un buque marítimo o fluvial mediante un remolcador que permita el acceso o la salida del puerto con seguridad proporcionando asistencia en las maniobras del buque marítimo o fluvial;
17.  «remolque»: la asistencia a un buque marítimo o fluvial mediante un remolcador que permita el acceso o la salida del puerto o la navegación segura dentro de él, proporcionando asistencia en las maniobras del buque marítimo o fluvial;
Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 18
18.  «acceso navegable a un puerto»: el acceso por agua al puerto desde el mar abierto, como los accesos portuarios, los canales navegables, los ríos, los canales marítimos y los fiordos.
18.  «acceso navegable a un puerto»: el acceso por agua al puerto desde el mar abierto, como los accesos portuarios, los canales navegables, los ríos, los canales marítimos y los fiordos, siempre que el organismo gestor del puerto sea competente en la materia.
Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Capítulo II – título
Acceso al mercado
Organización de los servicios portuarios
Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 3
Artículo 3
suprimido
Libre prestación de servicios
1.  La libre prestación de servicios en los puertos marítimos que incluye el presente Reglamento se aplicará a los proveedores de servicios portuarios establecidos en la Unión en virtud de las condiciones que figuran en el presente capítulo.
2.  Los proveedores de servicios portuarios tendrán acceso a las instalaciones portuarias esenciales en la medida en que les resulte necesario para llevar a cabo sus actividades. Las condiciones del acceso serán justas, razonables y no discriminatorias.
Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 bis (nuevo)
Artículo 3 bis
Libre organización de los servicios portuarios
1.  Por lo que respecta al presente Reglamento, la organización de los servicios portuarios cubiertos por el presente capítulo podrá estar sujeta a:
a)  requisitos mínimos para los proveedores de servicios portuarios;
b)  limitaciones del número de proveedores;
c)  obligaciones de servicio público;
d)  operadores internos;
e)  acceso abierto y libre al mercado de servicios portuarios.
2.  Al organizar los servicios portuarios según lo dispuesto en el apartado 1 se respetarán las condiciones que se establecen en el presente capítulo.
Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
1.  El organismo gestor del puerto podrá exigir que los proveedores de servicios portuarios cumplan unos requisitos mínimos para realizar el servicio portuario correspondiente.
1.  Sin perjuicio de la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público de conformidad con el artículo 8, el organismo gestor del puerto o la autoridad competente podrá exigir que los proveedores de servicios portuarios, incluidos los subcontratistas, cumplan unos requisitos mínimos para realizar el servicio portuario correspondiente.
Enmienda 66
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – parte introductoria
2.  Los requisitos mínimos que figuran en el apartado 1 solo podrán referirse, cuando corresponda, a:
2.  Los requisitos mínimos que figuran en el apartado 1 se refieren a:
Enmienda 67
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b
b)  los equipos necesarios para prestar el servicio portuario correspondiente en condiciones normales y seguras y la capacidad para mantener estos equipos al nivel apropiado;
b)  los equipos necesarios para prestar el servicio portuario correspondiente en condiciones normales y seguras de forma continua, y la capacidad técnica y financiera para mantener estos equipos al nivel requerido;
Enmienda 68
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra b bis (nueva)
b bis)  la disponibilidad del servicio portuario para todos los usuarios, en todos los puestos de atraque y sin interrupción durante el día y la noche y a lo largo del año;
Enmienda 69
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra c
c)  el cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad marítima o la seguridad del puerto o del acceso al mismo y de sus instalaciones, equipos y personal;
c)  el cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad marítima o la seguridad del puerto o del acceso al mismo y de sus instalaciones, equipos, trabajadores y otro personal;
Enmienda 70
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d bis (nueva)
d bis)  el cumplimiento de la legislación social y laboral nacional del Estado miembro del puerto de que se trate, incluidas las condiciones de los convenios colectivos;
Enmienda 71
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – letra d ter (nueva)
d ter)  la buena reputación del proveedor de servicios portuarios, según determine el Estado miembro;
Enmienda 72
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.  La aplicación del presente Reglamento no constituirá en ningún caso motivo para reducir el nivel de los requisitos mínimos para la prestación de servicios portuarios que ya hayan sido impuestos por los Estados miembros o las autoridades competentes.
Enmienda 73
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4
4.  Cuando entre los requisitos mínimos figuren conocimientos sobre las especificidades o condiciones locales, el organismo gestor del puerto garantizará el acceso apropiado a la formación correspondiente en condiciones transparentes y no discriminatorias, a menos que el Estado miembro garantice un acceso apropiado a dicha formación.
4.  Cuando entre los requisitos mínimos figuren conocimientos sobre las especificidades o condiciones locales, el organismo gestor del puerto garantizará el acceso apropiado a la información en condiciones transparentes y no discriminatorias.
Enmienda 74
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5
5.  En los casos que figuran en el apartado 1, los requisitos mínimos mencionados en el apartado 2 y el procedimiento de concesión del derecho a prestar servicios portuarios en virtud de dichos requisitos serán publicados por el organismo gestor del puerto a más tardar el 1 de julio de 2015 o, en el caso de los requisitos mínimos aplicables después de dicha fecha, al menos con tres meses de antelación con respecto a la fecha en que dichos requisitos sean aplicables. Los proveedores de servicios portuarios serán informados de antemano de cualquier modificación de los criterios y del procedimiento.
5.  En los casos que figuran en el apartado 1, los requisitos mínimos mencionados en el apartado 2 y el procedimiento de concesión del derecho a prestar servicios portuarios en virtud de dichos requisitos serán publicados por el organismo gestor del puerto a más tardar el ...* o, en el caso de los requisitos mínimos aplicables después de dicha fecha, al menos con tres meses de antelación con respecto a la fecha en que dichos requisitos sean aplicables. Los proveedores de servicios portuarios serán informados de antemano de cualquier modificación de los criterios y del procedimiento.
__________________
* 24 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Enmienda 75
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)
5 bis.  Para garantizar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente, el Estado miembro o la autoridad competente podrá exigir que los buques utilizados para operaciones de remolque o amarre estén matriculados en el Estado miembro del puerto y naveguen bajo su pabellón.
Enmienda 76
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1
1.  El organismo gestor del puerto tratará a los proveedores de servicios portuarios de manera equitativa y actuará con transparencia.
1.  El organismo gestor del puerto o la autoridad competente tratará a los proveedores de servicios portuarios de manera equitativa y actuará de forma transparente, objetiva, no discriminatoria y proporcionada.
Enmienda 77
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2
2.  El organismo gestor del puerto concederá o denegará el derecho a prestar servicios portuarios atendiendo a los criterios mínimos establecidos con arreglo al artículo 4 en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud correspondiente. Cualquier denegación deberá justificarse sobre la base de criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.
2.  El organismo gestor del puerto o la autoridad competente concederá o denegará el derecho a prestar servicios portuarios atendiendo a los criterios mínimos establecidos con arreglo al artículo 4 en un plazo de tiempo razonable, que no supere en ningún caso los cuatro meses desde la recepción de la solicitud correspondiente. Cualquier denegación deberá justificarse sobre la base de criterios objetivos, transparentes, no discriminatorios y proporcionados.
Enmienda 78
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado –1 (nuevo)
–1. En los casos mencionados en el artículo 9 del presente Reglamento, si el organismo gestor del puerto no es el poder adjudicador en el sentido de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, no se aplicará este artículo.
________________
1 bis Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
Enmienda 79
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – parte introductoria
1.  No obstante lo dispuesto en el artículo 3, el organismo gestor del puerto podrá limitar el número de proveedores de servicios portuarios para un determinado servicio portuario por uno o varios de los siguientes motivos:
1.  Sin perjuicio de los diferentes modelos existentes para la organización de los servicios portuarios, el organismo gestor del puerto, o la autoridad competente, podrá limitar el número de proveedores de servicios portuarios para un determinado servicio portuario por uno o varios de los siguientes motivos:
Enmienda 80
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a
a)  la escasez de terreno o su uso reservado, siempre que el organismo gestor pueda demostrar que el terreno constituye una instalación portuaria esencial para la prestación del servicio portuario y que la limitación se ajusta al plan de desarrollo formal del puerto acordado por el organismo gestor del puerto y, en su caso, por cualquier otra autoridad pública competente de conformidad con la legislación nacional;
a)  la escasez de terreno o su uso reservado, siempre que el organismo gestor pueda demostrar que el terreno constituye una instalación portuaria esencial para la prestación de los servicios portuarios y que la limitación, si procede, se ajusta a las decisiones o planes acordados por el organismo gestor del puerto y, en su caso, por cualquier otra autoridad pública competente de conformidad con la legislación nacional;
Enmienda 81
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a bis (nueva)
a bis)  la escasez de zonas de ribera, cuando esta constituya un elemento esencial de la capacidad de prestar el servicio portuario afectado de manera segura y eficaz;
Enmienda 82
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a ter (nueva)
a ter)  la imposibilidad de que las características del tráfico portuario permitan que varios prestadores de servicios portuarios operen en unas condiciones económicamente satisfactorias en el puerto;
Enmienda 83
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 – letra a quater (nueva)
a quater)  la necesidad de garantizar la realización de unas operaciones portuarias seguras, fiables o sostenibles desde el punto de vista medioambiental;
Enmienda 84
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.  Toda limitación del número de proveedores de un servicio portuario se ajustará a un procedimiento de selección que estará abierto a todas las partes interesadas y será no discriminatorio y transparente. El organismo gestor del puerto comunicará a todas las partes interesadas toda la información necesaria concerniente a la organización del procedimiento de selección y el plazo de presentación así como todos los criterios y requisitos de adjudicación correspondientes. El plazo de presentación será lo suficientemente largo como para que las partes interesadas puedan llevar a cabo una evaluación significativa y preparar su solicitud y, en circunstancias normales, será de 30 días como mínimo.
Enmienda 85
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4
4.  Cuando un organismo gestor de un puerto preste servicios portuarios directamente o a través de una entidad jurídicamente independiente controlada directa o indirectamente por dicho organismo, el Estado miembro podrá confiar la adopción de la decisión por la que se limita el número de proveedores de servicios portuarios a una autoridad independiente del organismo gestor del puerto. Si el Estado miembro no confía a dicha autoridad la adopción de la decisión por la que se limita el número de proveedores de servicios portuarios, el número de proveedores no deberá ser inferior a dos.
4.  Cuando un organismo gestor de un puerto o una autoridad competente preste servicios portuarios directamente o a través de una entidad jurídicamente independiente controlada directa o indirectamente por dicho organismo, el Estado miembro tomará las medidas necesarias para evitar conflictos de intereses. A falta de tales medidas, el número de proveedores no deberá ser inferior a dos, salvo que alguna de las razones contempladas en el apartado 1 justifique la limitación a un solo proveedor.
Enmienda 86
Propuesta de Reglamento
Artículo 7
Artículo 7
suprimido
Procedimiento de limitación del número de proveedores de servicios portuarios
1.  Cualquier limitación del número de proveedores de un servicio portuario de conformidad con el artículo 6 se ajustará a un procedimiento de selección que estará abierto a todas las partes interesadas y será no discriminatorio y transparente.
2.  Si el valor estimado del servicio portuario supera el umbral definido en el apartado 3, se aplicarán las normas relativas al procedimiento de adjudicación, las garantías procesales y la duración máxima de las concesiones según lo enunciado en la Directiva .../.... [concesiones].
3.  El umbral y el método que determinarán el valor del servicio portuario serán los que figuran en las disposiciones pertinentes y aplicables enunciadas en la Directiva .../…. [concesiones].
4.  El proveedor o proveedores seleccionados y el organismo gestor del puerto formalizarán un contrato de servicios portuarios.
5.  A los efectos del presente Reglamento, una modificación sustancial en el sentido de la Directiva .../... [concesiones] de las disposiciones de un contrato de servicios portuarios durante su vigencia se considerará un nuevo contrato de servicios portuarios y exigirá un nuevo procedimiento tal y como se indica en el apartado 2.
6.  Los apartados 1 a 5 del presente artículo no se aplicarán en los casos indicados en el artículo 9.
7.  El presente Reglamento se entenderá sin perjuicio de la Directiva …/… [concesiones]15, la Directiva .…/….[servicios públicos]16 y la Directiva …/… [contratación pública]17.
__________________
15 Propuesta de Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión (COM(2011)0897)
16 Propuesta de Directiva relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales (COM(2011)0895)
17 Propuesta de Directiva relativa a la contratación pública (COM(2011)0896)
Enmienda 87
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria
1.  Los Estados miembros podrán decidir imponer obligaciones de servicio público relativas a los servicios portuarios a los proveedores a fin de garantizar lo siguiente:
1.  Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes en su territorio, que podrán ser el organismo gestor del puerto, facultadas para imponer obligaciones de servicio público relativas a los servicios portuarios a los proveedores a fin de garantizar al menos una de las siguientes condiciones:
Enmienda 88
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra b
b)  la disponibilidad del servicio para todos los usuarios;
b)  la disponibilidad del servicio para todos los usuarios, si procede, en condiciones equitativas;
Enmienda 89
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
c bis)  la seguridad, la fiabilidad o la sostenibilidad medioambiental de las operaciones portuarias.
Enmienda 90
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra c ter (nueva)
c ter)  la prestación de servicios de transporte adecuados para el público y para la cohesión territorial.
Enmienda 91
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3
3.  Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes en su territorio a la hora de imponer dichas obligaciones de servicio público. El organismo gestor del puerto podrá ser la autoridad competente.
suprimido
Enmienda 92
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4
4.  Cuando la autoridad competente designada con arreglo al apartado 3 sea distinta del organismo gestor del puerto, esa autoridad competente asumirá las competencias enunciadas en los artículos 6 y 7 en relación con la limitación del número de proveedores de servicios portuarios sobre la base de las obligaciones de servicio público.
4.  Cuando la autoridad competente designada con arreglo al apartado 1 del presente artículo sea distinta del organismo gestor del puerto, esa autoridad competente asumirá las competencias enunciadas en el artículo 6 en relación con la limitación del número de proveedores de servicios portuarios sobre la base de las obligaciones de servicio público.
Enmienda 93
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5
5.  Si una autoridad competente decide imponer obligaciones de servicio público en todos los puertos marítimos que abarca el presente Reglamento en un Estado miembro, notificará a la Comisión dichas obligaciones.
5.  Si un Estado miembro decide imponer obligaciones de servicio público en todos los puertos marítimos que abarca el presente Reglamento en un Estado miembro, notificará a la Comisión dichas obligaciones.
Enmienda 94
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6
6.  Si los servicios portuarios a los que se han impuesto obligaciones de servicio público se ven interrumpidos o se produce una situación de riesgo inmediato, la autoridad competente podrá adoptar una medida de emergencia. La medida de emergencia podrá adoptar la forma de una concesión directa a fin de asignar el servicio a un proveedor distinto por un período máximo de un año. Durante ese período, la autoridad competente iniciará un nuevo procedimiento para seleccionar un proveedor del servicio portuario de conformidad con el artículo 7 o aplicará el artículo 9.
6.  Si los servicios portuarios a los que se han impuesto obligaciones de servicio público se ven interrumpidos o se produce una situación de riesgo inmediato, la autoridad competente podrá adoptar una medida de emergencia. La medida de emergencia podrá adoptar la forma de una concesión directa a fin de asignar el servicio a un proveedor distinto por un período máximo de un año. Durante ese período, la autoridad competente iniciará un nuevo procedimiento para seleccionar un proveedor del servicio portuario o aplicará el artículo 9. Las acciones sindicales que se produzcan de conformidad con la legislación nacional del Estado miembro respectivo o los acuerdos aplicables entre los interlocutores sociales no se considerarán una interrupción de los servicios portuarios por la que puedan adoptarse medidas de emergencia.
Enmienda 95
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1
1.  En los casos contemplados en el artículo 6, apartado 1, letra b), la autoridad competente podrá decidir prestar directamente un servicio portuario en virtud de obligaciones de servicio público o imponer dichas obligaciones directamente a una entidad jurídicamente independiente sobre la que ejerza un control similar al que ejerce sobre sus propios departamentos. En tal caso, el proveedor de servicios portuarios se considerará un operador interno a los efectos del presente Reglamento.
1.  El organismo gestor del puerto o la autoridad competente podrá decidir prestar un servicio portuario directamente o por medio de una entidad jurídicamente independiente sobre la que ejerza un control similar al que ejerce sobre sus propios departamentos siempre que el artículo 4 se aplique por igual a todos los operadores que presten el servicio de que se trate. En tal caso, el proveedor de servicios portuarios se considerará un operador interno a los efectos del presente Reglamento.
Enmienda 96
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2
2.  Se considerará que la autoridad competente ejerce sobre una entidad jurídicamente independiente un control similar al que ejerce sobre sus propios departamentos únicamente si ejerce una influencia decisiva con respecto a los objetivos estratégicos y a las decisiones importantes de la entidad jurídica controlada.
2.  Se considerará que el organismo gestor del puerto o la autoridad competente ejerce sobre una entidad jurídicamente independiente un control similar al que ejerce sobre sus propios departamentos únicamente si ejerce una influencia decisiva con respecto a los objetivos estratégicos y a las decisiones importantes de la entidad jurídica de que se trate.
Enmienda 97
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 3
3.  El operador interno se limitará a realizar el servicio portuario asignado únicamente en el puerto o puertos para los que se ha realizado la asignación para prestar el servicio portuario.
3.  En los casos previstos en el artículo 8, el operador interno se limitará a realizar el servicio portuario asignado únicamente en el puerto o puertos para los que se ha realizado la asignación para prestar el servicio portuario.
Enmienda 98
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2
2.  Sin perjuicio de la legislación nacional y de la Unión, incluidos los acuerdos colectivos celebrados entre interlocutores sociales, los organismos gestores del puerto podrán exigir al proveedor de servicios portuarios designado con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 7, cuando este proveedor sea distinto del proveedor tradicional de servicios portuarios, que ofrezca al personal previamente contratado para prestar los servicios portuarios los derechos que este habría tenido si se hubiese producido un traspaso en la acepción de la Directiva 2001/23/CE.
2.  Sin perjuicio de la legislación nacional y de la Unión, incluidos los acuerdos colectivos representativos celebrados entre interlocutores sociales, las autoridades competentes exigirán al proveedor de servicios portuarios que ofrezca al personal unas condiciones de trabajo basadas en las normas sociales nacionales, regionales o locales de carácter vinculante. En caso de traslado de personal debido a un cambio de proveedor del servicio se ofrecerán al personal previamente contratado por el proveedor tradicional de servicios portuarios los mismos derechos que este habría tenido si se hubiese producido un traspaso en la acepción de la Directiva 2001/23/CE.
Enmienda 99
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 3
3.  Cuando los organismos gestores del puerto exijan a los proveedores de servicios portuarios que cumplan determinadas normas sociales con respecto a la prestación de los servicios portuarios correspondientes, los documentos de la licitación y los contratos del servicio portuario enumerarán al personal afectado y proporcionarán detalles transparentes de sus derechos contractuales y de las condiciones en las que se considera que los empleados están vinculados a los servicios portuarios.
3.  Los organismos gestores del puerto o la autoridad competente exigirán a todos los proveedores de servicios portuarios que cumplan todas las normas sociales y laborales recogidas en la legislación nacional o de la Unión, incluidos los acuerdos colectivos aplicables, de conformidad con los hábitos y tradiciones nacionales. Cuando se produzca un traslado de personal, en el contexto de la prestación de servicios portuarios relevantes, los documentos de la licitación y los contratos del servicio portuario enumerarán al personal afectado y proporcionarán detalles transparentes de sus derechos contractuales y de las condiciones en las que se considera que los empleados están vinculados a los servicios portuarios.
Enmienda 100
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 bis (nuevo)
Artículo 10 bis
Formación y protección laboral
1.  El empresario velará por que sus empleados reciban la formación necesaria para adquirir un buen conocimiento de las condiciones en que se realiza su trabajo y por que reciban la formación adecuada para hacer frente a los riesgos que el trabajo pudiera traer aparejados.
2.  En el marco de un respeto pleno de la autonomía de los interlocutores sociales, se pide al Comité sectorial de diálogo social para el ámbito portuario a escala de la UE que elabore directrices para el establecimiento de requisitos en materia de formación para prevenir accidentes y garantizar el nivel más elevado de seguridad y salud de los trabajadores. Estos requisitos de formación se actualizarán periódicamente a fin de reducir de forma permanente la frecuencia de los accidentes en el lugar de trabajo.
3.  Se pide a los interlocutores sociales que desarrollen modelos que garanticen un equilibrio entre la fluctuación de la demanda de trabajos portuarios y la flexibilidad requerida por las operaciones portuarias, por una parte, y la continuidad y protección del empleo, por otra.
Enmienda 101
Propuesta de Reglamento
Artículo 11
El presente capítulo y las disposiciones transitorias del artículo 24 no se aplicarán a los servicios de manipulación de carga ni a los servicios de pasajeros.
El presente capítulo, con excepción del artículo 10 bis, y las disposiciones transitorias del artículo 24 no se aplicarán a los servicios de manipulación de carga, a los servicios de pasajeros ni al practicaje.
Enmienda 102
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – parte introductoria
2.  Cuando el organismo gestor del puerto que recibe fondos públicos preste directamente servicios portuarios, mantendrá una contabilidad independiente para cada actividad de servicio portuario al margen del resto de actividades que realiza, de modo que:
2.  Cuando el organismo gestor del puerto que recibe fondos públicos preste directamente servicios portuarios o de dragado, mantendrá una contabilidad independiente para cada actividad o inversión financiada públicamente al margen del resto de actividades que realiza, de modo que:
Enmienda 103
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
Cuando un organismo gestor del puerto, o una asociación de puertos, lleve a cabo el dragado por sí mismo y reciba financiación pública por esta actividad, no realizará dragados en otros Estados miembros.
Enmienda 104
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3
3.  Los fondos públicos mencionados en el apartado 1 incluirán el capital en acciones o el cuasicapital, las subvenciones a fondo perdido, las subvenciones reembolsables únicamente en determinadas circunstancias, la adjudicación de préstamos, incluidos los descubiertos y los anticipos sobre ampliaciones de capital, las garantías ofrecidas al organismo gestor del puerto por las autoridades públicas, los dividendos distribuidos y los beneficios no distribuidos o cualquier otra forma de ayuda financiera pública.
3.  Los fondos públicos mencionados en el apartado 1 incluirán el capital en acciones o el cuasicapital, las subvenciones a fondo perdido, las subvenciones reembolsables únicamente en determinadas circunstancias, la adjudicación de préstamos, incluidos los descubiertos y los anticipos sobre ampliaciones de capital, las garantías ofrecidas al organismo gestor del puerto por las autoridades públicas y cualquier otra forma de ayuda financiera pública.
Enmienda 105
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 4
4.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17, el organismo gestor del puerto conservará los datos relativos a las relaciones financieras mencionadas en los apartados 1 y 2 del presente artículo a disposición de la Comisión y del organismo de supervisión independiente competente durante cinco años desde el final del ejercicio anual al que se refiere la información.
4.  El organismo gestor del puerto conservará los datos relativos a las relaciones financieras mencionadas en los apartados 1 y 2 del presente artículo a disposición de la Comisión y del organismo designado conforme a lo dispuesto en el artículo 17 durante cinco años desde el final del ejercicio anual al que se refiere la información.
Enmienda 106
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 5
5.  Si así lo solicita, el organismo gestor del puerto facilitará a la Comisión y al organismo de supervisión independiente competente toda la información adicional que consideren necesaria para completar la detallada evaluación de los datos suministrados y evaluar el cumplimiento del presente Reglamento. La información se transmitirá en el plazo de dos meses a partir de la fecha de solicitud.
5.  En caso de denuncia formal y si así se solicita, el organismo gestor del puerto facilitará a la Comisión y al organismo designado conforme a lo dispuesto en el artículo 17 toda la información adicional que consideren necesaria para completar la detallada evaluación de los datos suministrados y evaluar el cumplimiento del presente Reglamento. La información se transmitirá en el plazo de dos meses a partir de la fecha de solicitud.
Enmienda 107
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 7 bis (nuevo)
7 bis.  Los Estados miembros podrán decidir que el apartado 2 del presente artículo no se aplique a sus puertos de la red global que no cumplan los criterios enunciados en el artículo 20, apartado 2, letra a) o letra b), del Reglamento (UE) n.° 1315/2013 cuando las cargas administrativas resulten desproporcionadas, siempre que los fondos públicos recibidos, y su uso para prestar servicios portuarios, sigan siendo completamente transparentes en el sistema contable. Si los Estados miembros así lo deciden informarán a la Comisión al respecto antes de que su decisión entre en vigor.
Enmienda 108
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 1
1.  Las tasas por los servicios prestados por un operador interno según se menciona en el artículo 9 y las tasas aplicadas por proveedores de servicios portuarios que no han sido designados sobre la base de procedimientos abiertos, transparentes y no discriminatorios se fijarán de manera transparente y no discriminatoria. Estas tasas deberán reflejar las condiciones en un mercado competitivo pertinente y no serán desproporcionadas respecto del valor económico del servicio prestado.
1.  Las tasas por los servicios prestados por un operador interno en virtud de una obligación de servicio público, las tasas por servicios de practicaje que no se expongan a competencia efectiva y las tasas aplicadas por proveedores de servicios portuarios con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), se fijarán de manera transparente y no discriminatoria. Estas tasas deberán reflejar, en la medida de lo posible, las condiciones en un mercado competitivo pertinente y no serán desproporcionadas respecto del valor económico del servicio prestado.
Enmienda 109
Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 3
3.  Si así lo solicita, el proveedor del servicio portuario pondrá a disposición del organismo de supervisión independiente competente, según se menciona en el artículo 17, datos sobre los elementos que sirven de base para determinar la estructura y el nivel de las tasas por servicios portuarios que se incluyen en el ámbito de aplicación del apartado 1 del presente artículo. Esta información incluirá la metodología empleada para fijar las tasas portuarias con respecto a las instalaciones y a los servicios a los que se asocian estas tasas por servicios portuarios.
3.  En caso de denuncia formal y si así se solicita, el proveedor del servicio portuario pondrá a disposición del organismo designado conforme a lo dispuesto en el artículo 17 datos sobre los elementos que sirven de base para determinar la estructura y el nivel de las tasas por servicios portuarios que se incluyen en el ámbito de aplicación del apartado 1 del presente artículo. Esta información incluirá la metodología empleada para fijar las tasas portuarias con respecto a las instalaciones y a los servicios a los que se asocian estas tasas por servicios portuarios.
Enmienda 110
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 3
3.  A fin de contribuir a un sistema de eficiente de tarificación de los cánones de infraestructura, el organismo gestor del puerto definirá de forma autónoma la estructura y el nivel de los cánones de la infraestructura portuaria con arreglo a su propia estrategia comercial y plan de inversión que reflejen las condiciones competitivas del mercado pertinente y de conformidad con las normas sobre ayudas estatales.
3.  A fin de contribuir a un sistema eficiente de tarificación de los cánones de infraestructura, el organismo gestor del puerto definirá de forma autónoma la estructura y el nivel de los cánones de la infraestructura portuaria con arreglo a su propia estrategia comercial y plan de inversión y de conformidad con las normas sobre ayudas estatales y en materia de competencia.
Enmienda 111
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 4
4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, los cánones de infraestructura portuaria podrán variar en función de las prácticas comerciales asociadas a los usuarios frecuentes o para fomentar un uso más eficiente de la infraestructura portuaria, el transporte marítimo de corta distancia o un comportamiento ambiental y una eficiencia energética o de emisión de carbono de las operaciones de transporte altamente satisfactorios. Los criterios utilizados para establecer dicha variación deberán ser pertinentes, objetivos, transparentes y no discriminatorios y deberán respetar las normas de competencia. La variación resultante deberá estar a disposición de todos los usuarios pertinentes de servicios portuarios en igualdad de condiciones.
4.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3, los cánones de infraestructura portuaria podrán variar en función de la estrategia económica del puerto y su política de ordenación del territorio en lo que se refiere, entre otros factores, a determinadas categorías de usuarios o para fomentar un uso más eficiente de la infraestructura portuaria, el transporte marítimo de corta distancia o un comportamiento ambiental y una eficiencia energética o de emisión de carbono de las operaciones de transporte altamente satisfactorios. Los criterios utilizados para establecer dicha variación deberán ser justos y no discriminatorios por razón de nacionalidad y deberán respetar las normas en materia de ayudas estatales y de competencia. El organismo gestor del puerto podrá tener en cuenta los costes externos cuando fije los cánones. El organismo gestor del puerto puede variar los cánones de infraestructuras de conformidad con las prácticas comerciales.
Enmienda 112
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 5
5.  La Comisión estará facultada para adoptar, en caso necesario, actos delegados con arreglo al artículo 21 relativo a las clasificaciones comunes de buques, combustibles y tipos de operaciones en función de las cuales puedan variar los cánones de infraestructura y los principios comunes de fijación de tasas para los cánones de infraestructuras portuarias.
suprimido
Enmienda 113
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6
6.  El organismo gestor del puerto informará a los usuarios del puerto y a los representantes de las asociaciones de usuarios de servicios portuarios sobre la estructura y los criterios utilizados para determinar el importe del canon de infraestructura portuaria, incluidos los costes e ingresos totales que sirven de base para determinar la estructura y el nivel del canon de infraestructura portuaria. Asimismo, informará a los usuarios de las infraestructuras portuarias de cualquier cambio que se produzca en el importe de los cánones de infraestructura portuaria o en los criterios utilizados para determinar dichos cánones con un mínimo de tres meses de antelación.
6.  El organismo gestor del puerto informará de manera transparente a los usuarios del puerto y a los representantes de las asociaciones de usuarios de servicios portuarios sobre la estructura y los criterios utilizados para determinar el importe del canon de infraestructura portuaria. Asimismo, informará a los usuarios de las infraestructuras portuarias de cualquier cambio que se produzca en el importe de los cánones de infraestructura portuaria o en los criterios utilizados para determinar dichos cánones con un mínimo de tres meses de antelación. El organismo gestor del puerto no estará obligado a comunicar las diferencias en los cánones que sean resultado de negociaciones individuales.
Enmienda 114
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 7
7.  Si así se solicita, el organismo gestor del puerto pondrá a disposición del organismo de supervisión independiente competente y a la Comisión la información mencionada en el apartado 4 y los costes e ingresos detallados que servirán de base para determinar la estructura y el nivel de los cánones de infraestructura portuaria y la metodología empleada en la fijación de los cánones de infraestructura portuaria con respecto a las instalaciones y los servicios asociados a dichos cánones portuarios.
7.  En caso de reclamación formal y si así se solicita, el organismo gestor del puerto pondrá a disposición del organismo designado conforme a lo dispuesto en el artículo 17 y de la Comisión la información mencionada en el apartado 4 y el nivel de los cánones de infraestructura portuaria y la metodología empleada en la fijación de los cánones de infraestructura portuaria con respecto a las instalaciones y los servicios asociados a dichos cánones portuarios.
Enmienda 115
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1
1.  El organismo gestor del puerto establecerá un comité de representantes de los operadores de buques marítimos y fluviales, propietarios de la carga u otros usuarios del puerto a los que se solicite el pago de un canon de infraestructura o de una tasa por servicio portuario, o de ambas cosas. Dicho comité se denominará «comité consultivo de usuarios del puerto».
suprimido
Enmienda 116
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2
2.  Antes de fijar los cánones de infraestructura portuaria, el organismo gestor del puerto consultará anualmente al comité consultivo de usuarios del puerto sobre la estructura y el nivel de los cánones de infraestructura portuaria. Antes de fijar las tasas por los servicios portuarios, los proveedores de servicios portuarios según se mencionan en los artículos 6 y 9 consultarán anualmente al comité consultivo de usuarios del puerto sobre la estructura y el nivel de dichas tasas. El organismo gestor del puerto facilitará las instalaciones adecuadas para dicha consulta y será informado de los resultados de la misma por los proveedores de servicios portuarios.
2.  El organismo gestor del puerto garantizará la existencia de mecanismos adecuados de consulta de los usuarios del puerto, incluida la instalación de operadores de transporte relevantes interconectados . Consultará a los usuarios del puerto en caso de cambios sustanciales en los cánones de infraestructura portuaria. Los proveedores de servicios del puerto facilitarán a los usuarios del puerto información adecuada sobre la estructura de tasas por servicios portuarios y sobre los criterios utilizados para determinarlas. Antes de fijar las tasas por los servicios portuarios, los operadores internos que prestan servicios en virtud de una obligación de servicio público y los proveedores de servicios portuarios según se mencionan en el artículo 6, apartado 1 ter, consultarán anualmente a los usuarios del puerto sobre la estructura y el nivel de dichas tasas. El organismo gestor del puerto facilitará los mecanismos adecuados para dicha consulta y será informado de los resultados de la misma por los proveedores de servicios portuarios.
Se podrán imponer las obligaciones mencionadas en el presente apartado a los organismos que ya estén establecidos en el puerto, incluidos los que tengan una composición distinta.
Enmienda 117
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – parte introductoria
1.  El organismo gestor del puerto consultará periódicamente a partes interesadas tales como las empresas establecidas en el puerto, los proveedores de servicios portuarios, los operadores de buques marítimos y fluviales, los propietarios de carga, los operadores de transportes terrestres y las administraciones públicas que operen en la zona portuaria sobre los siguientes extremos:
1.  El organismo gestor del puerto consultará periódicamente a las partes interesadas relevantes que operen en la zona portuaria y a las administraciones públicas responsables de la planificación de las infraestructuras de transporte, si procede, sobre los siguientes extremos:
Enmienda 118
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra c bis (nueva)
c bis)  las consecuencias de la planificación y de las decisiones para la ordenación del territorio en términos de resultados medioambientales;
Enmienda 119
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 1 – letra c ter (nueva)
c ter)  medidas para garantizar y mejorar la seguridad en el área portuaria, incluidas medidas relativas a la salud y la seguridad de los trabajadores portuarios, e información sobre el acceso de los trabajadores portuarios a la formación.
Enmienda 120
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título
Organismo de supervisión independiente
Supervisión independiente
Enmienda 121
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1
1.  Los Estados miembros garantizarán que un organismo de supervisión independiente controle y vigile la aplicación del Reglamento en todos los puertos marítimos incluidos en el presente Reglamento en el territorio de cada Estado miembro.
1.  Los Estados miembros garantizarán la existencia de mecanismos eficaces para gestionar las reclamaciones en todos los puertos marítimos incluidos en el presente Reglamento en el territorio de cada Estado miembro. A tal efecto, los Estados miembros designarán uno o más organismos independientes.
Enmienda 122
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2
2.  El organismo de supervisión independiente será jurídica y funcionalmente independiente de cualquier organismo gestor del puerto y de los proveedores de servicios portuarios. Los Estados miembros que conserven la propiedad o el control de los puertos o los organismos gestores del puerto garantizarán una separación estructural efectiva entre las funciones relativas a la supervisión y al control del presente Reglamento y las actividades asociadas a dicha propiedad o dicho control. El organismo de supervisión independiente ejercerá sus competencias de forma imparcial y transparente y con el debido respeto al derecho a la libre actividad empresarial.
2.  La supervisión independiente se llevará a cabo de tal modo que excluya los conflictos de intereses y será jurídica y funcionalmente independiente de cualquier organismo gestor del puerto y de los proveedores de servicios portuarios. Los Estados miembros que conserven la propiedad o el control de los puertos o los organismos gestores del puerto garantizarán que haya una separación estructural efectiva entre las funciones relativas a la gestión de reclamaciones y las actividades asociadas a dicha propiedad o dicho control. La supervisión independiente será imparcial y transparente y respetará debidamente el derecho a la libre actividad empresarial.
Enmienda 123
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3
3.  El organismo de supervisión independiente tramitará las reclamaciones presentadas por cualquier parte con un interés legítimo y resolverá los conflictos que se le planteen en relación con la aplicación del presente Reglamento.
3.  Los Estados miembros velarán por que los usuarios del puerto y otras partes interesadas estén informados sobre dónde y cómo presentar una reclamación, incluyendo una indicación de los organismos autorizados a tramitar las reclamaciones a que se refieren los artículos 12, apartado 5; 13, apartado 3; y 14, apartado 7.
Enmienda 124
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4
4.  En caso de que el conflicto se produzca entre partes establecidas en distintos Estados miembros, el organismo de supervisión independiente del Estado miembro del puerto en el que se supone que el conflicto tenga su origen tendrá competencia para resolverlo.
4.  En caso de que el conflicto se produzca entre partes establecidas en distintos Estados miembros, el Estado miembro del puerto en el que se supone que el conflicto tenga su origen tendrá competencia para resolverlo. Los Estados miembros de que se trate cooperarán entre sí e intercambiarán información sobre su trabajo.
Enmienda 125
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5
5.  El organismo de supervisión independiente tendrá derecho a exigir a los organismos gestores de los puertos, a los proveedores de servicios portuarios y a los usuarios del puerto que presenten la información necesaria para garantizar el control y la supervisión de la aplicación del presente Reglamento.
5.  En caso de denuncia formal presentada por cualquier parte con un interés legítimo, el organismo pertinente que proporcione supervisión independiente tendrá derecho a exigir a los organismos gestores de los puertos, a los proveedores de servicios portuarios y a los usuarios del puerto que presenten la información necesaria.
Enmienda 126
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6
6.  El organismo de supervisión independiente podrá emitir dictámenes a petición de una autoridad competente del Estado miembro con respecto a cualquier cuestión relativa a la aplicación del presente Reglamento.
suprimido
Enmienda 127
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 7
7.  El organismo de supervisión independiente podrá consultar al comité consultivo de usuarios del puerto en cuestión a la hora de tramitar las reclamaciones o resolver los conflictos.
suprimido
Enmienda 128
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 8
8.  Las decisiones del organismo de supervisión independiente serán vinculantes, sin perjuicio de cualquier examen judicial.
8.  Las decisiones del organismo pertinente que proporcione supervisión independiente serán vinculantes, sin perjuicio de cualquier examen judicial.
Enmienda 129
Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 9
9.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión la identidad de los organismos de supervisión independientes a más tardar el 1 de julio de 2015 y posteriormente cualquier modificación de la misma. La Comisión publicará y actualizará la lista de organismos de supervisión independientes en su sitio web.
9.  Los Estados miembros notificarán a la Comisión los mecanismos y procedimientos establecidos para dar cumplimiento a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del presente artículo a más tardar el …*. También le notificarán sin demora cualquier modificación posterior de los mismos. La Comisión publicará y actualizará la lista de los organismos pertinentes en su sitio web.
__________________
* 24 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Enmienda 130
Propuesta de Reglamento
Artículo 18
Artículo 18
suprimido
Cooperación entre organismos de supervisión independientes
1.  Los organismos de supervisión independientes intercambiarán información sobre su trabajo y sobre los principios y las prácticas en materia de toma de decisiones en aras de una aplicación uniforme del presente Reglamento. Con este fin, participarán y colaborarán en una red que se reúna periódicamente al menos una vez al año. La Comisión participará, coordinará y apoyará la labor de la red.
2.  Los organismos de supervisión independientes colaborarán estrechamente para ayudarse mutuamente en la realización de sus tareas, incluida la realización de las investigaciones necesarias para gestionar las reclamaciones y los conflictos en casos en los que estén implicados puertos de distintos Estados miembros. Con este fin, un organismo de supervisión independiente pondrá a disposición de otro organismo de este tipo, tras la correspondiente solicitud fundamentada, la información necesaria para que ese organismo cumpla con sus responsabilidades de conformidad con el presente Reglamento.
3.  Los Estados miembros garantizarán que los organismos de supervisión independientes proporcionen a la Comisión, previa solicitud fundamentada, la información necesaria para que ésta pueda llevar a cabo sus funciones. La información solicitada por la Comisión deberá guardar proporción con el cumplimiento de dichas funciones.
4.  Cuando el organismo de supervisión independiente considere la información confidencial de acuerdo con las normas nacionales o de la Unión sobre confidencialidad empresarial, el otro organismo nacional de supervisión y la Comisión mantendrán dicha confidencialidad. Esta información solamente podrá utilizarse para los fines para los que haya sido solicitada.
5.  Atendiendo a la experiencia de los organismos de supervisión independientes y de las actividades de la red mencionadas en el apartado 1, y a fin de garantizar una cooperación eficiente, la Comisión podrá adoptar principios comunes con respecto a los acuerdos que correspondan para el intercambio de información entre organismos de supervisión independientes. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 22, apartado 2.
Enmienda 131
Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1
1.  Cualquier parte que posea un interés legítimo tendrá derecho a recurrir las decisiones o las medidas individuales que las autoridades competentes, el organismo gestor del puerto o el organismo de supervisión independiente hayan adoptado con arreglo al presente Reglamento ante un organismo de recurso que sea independiente de las partes implicadas. Dicho organismo de recurso podrá ser un tribunal.
1.  Cualquier parte que posea un interés legítimo tendrá derecho a recurrir las decisiones o las medidas individuales que las autoridades competentes, el organismo gestor del puerto o el organismo designado conforme a lo dispuesto en el artículo 17 hayan adoptado con arreglo al presente Reglamento ante un organismo de recurso que sea independiente de las partes implicadas. Dicho organismo de recurso podrá ser un tribunal.
Enmienda 132
Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – párrafo 1
Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones al presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán tales normas a la Comisión a más tardar el 1 de julio de 2015, así como cualquier modificación ulterior de las mismas en el plazo más breve posible.
Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones al presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su aplicación. Las sanciones previstas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán tales normas a la Comisión a más tardar el …*, así como cualquier modificación ulterior de las mismas en el plazo más breve posible.
__________________
* 24 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Enmienda 133
Propuesta de Reglamento
Artículo 21
Artículo 21
suprimido
Ejercicio de la delegación
1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.
2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 14 se otorga a la Comisión por un periodo de tiempo indefinido.
3.  La delegación de poderes a que se refiere el artículo 14 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
4.  En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.
5.  Un acto delegado adoptado de conformidad con el artículo 14 entrará en vigor únicamente si el Parlamento Europeo o el Consejo no han formulado objeciones en un plazo de dos meses a partir de la notificación de dicho acto al Parlamento Europeo y al Consejo, o si, antes de haber vencido dicho plazo, tanto el Parlamento Europeo como el Consejo informan a la Comisión de que no formularán objeciones. Ese plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
Enmienda 134
Propuesta de Reglamento
Artículo 22
Artículo 22
suprimido
Procedimiento de comité
1.  La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
Enmienda 135
Propuesta de Reglamento
Artículo 23
En el plazo máximo de tres años desde la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el funcionamiento y efecto del presente Reglamento, acompañado, en su caso, de las propuestas pertinentes.
A efectos de la evaluación del funcionamiento y efecto del presente Reglamento, habrán de presentarse informes periódicos al Parlamento Europeo y al Consejo. A más tardar …*, la Comisión presentará un primer informe e informes periódicos cada tres años a partir de entonces, acompañados, en su caso, de las propuestas pertinentes. Los informes de la Comisión tendrán en cuenta el progreso realizado por el comité sectorial de diálogo social para el ámbito portuario a escala de la UE.
________________
* cuatro años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
Enmienda 136
Propuesta de Reglamento
Artículo 25
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Será aplicable a partir del 1 de julio de 2015.
Será aplicable a partir del ...*.
__________________
* 24 meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento.

(1) De conformidad con el artículo 61, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento, el asunto se devuelve a la comisión competente para nuevo examen (A8-0023/2016).


Índices de precios de consumo armonizados ***I
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Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los índices de precios de consumo armonizados y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 2494/95 (COM(2014)0724 – C8-0283/2014 – 2014/0346(COD))
P8_TA(2016)0070A8-0313/2015

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0724),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 338, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0283/2014),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Banco Central Europeo de 13 de marzo de 2015(1),

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 18 de diciembre de 2015, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0313/2015),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 8 de marzo de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los índices de precios de consumo armonizados y el índice de precios de la vivienda, y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 2494/95 del Consejo

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2016/792.)

(1) DO C 175 de 29.5.2015, p. 2.


Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE - Lucha contra el fraude
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2016, sobre el Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea – Lucha contra el fraude (2015/2128(INI))
P8_TA(2016)0071A8-0026/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 325, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistas sus resoluciones sobre anteriores informes anuales de la Comisión y de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF),

–  Vistos el informe de la Comisión de 31 de julio de 2015 titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea – Lucha contra el fraude – Informe anual 2014» (COM(2015)0386) y los documentos de trabajo adjuntos (SWD(2015)0151, SWD(2015)0152, SWD(2015)0153, SWD(2015)0154, SWD(2015)0155 y SWD(2015)0156),

–  Visto el Informe anual de la OLAF de 2014,

–  Visto el Informe de actividades de 2014 del Comité de Vigilancia de la OLAF,

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, junto con las respuestas de las instituciones,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de octubre de 2015, sobre la protección del presupuesto de la UE hasta finales de 2014 (COM(2015)0503),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 16 de septiembre de 2015, titulado «Combatir la corrupción en la UE: afrontar las preocupaciones de las empresas y la sociedad civil» (CCMI/132),

–  Visto el informe de la Comisión, de 3 de febrero de 2014, titulado «Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE» (COM(2014)0038),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 250/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, por el que se establece un programa para la promoción de acciones en el ámbito de la protección de los intereses financieros de la Unión Europea (programa «Hércules III») y por el que se deroga la Decisión nº 804/2004/CE(1),

–  Vista la propuesta Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea presentada por la Comisión el 17 de julio de 2013 (COM(2013)0534),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de septiembre de 2013, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) n.º 1074/1999 del Consejo(2),

–  Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2012, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (COM(2012)0363),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(3),

–  Vistas su Resolución, de 15 de septiembre de 2011, sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción(4), su Declaración, de 18 de mayo de 2010, sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción(5), y la Comunicación de la Comisión, de 6 de junio de 2011, titulada «Lucha contra la corrupción en la UE» (COM(2011)0308),

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas(6),

–  Visto el informe de 2015 sobre la brecha del IVA encargado por la Comisión Europea,

–  Visto el Informe Especial del Tribunal de Cuentas titulado «Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de la cohesión»,

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-105/14 - Taricco y otros,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Asuntos Constitucionales (A8-0026/2016),

A.  Considerando que los Estados miembros y la Comisión comparten la responsabilidad de ejecutar aproximadamente el 80 % del presupuesto de la Unión; que los Estados miembros son los principales responsables de la recaudación de recursos propios, en particular en forma de IVA y aranceles aduaneros;

B.  Considerando que la eficiencia del gasto público y la protección de los intereses financieros de la UE deberían ser elementos esenciales de la política de la UE para aumentar la confianza de los ciudadanos garantizando que su dinero se gasta de forma adecuada, eficiente y eficaz; que esta buena gestión financiera debería ir acompañada de una perspectiva basada en el principio «aprovechar al máximo cada euro»;

C.  Considerando que lograr unos buenos resultados implica que se evalúen periódicamente los parámetros de entrada, el rendimiento, los resultados y la incidencia a través de las auditorías de gestión;

D.  Considerando que la diversidad de los sistemas jurídicos y administrativos existentes en los Estados miembros conforma un entorno en el que es todo un reto superar las irregularidades y combatir el fraude y que es preciso, por tanto, que la Comisión trabaje por multiplicar los esfuerzos a fin de que la lucha contra el fraude y la corrupción se aplique de forma efectiva y conduzca a resultados más tangibles y satisfactorios;

E.  Considerando que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) es responsable de proteger los intereses financieros de la Unión mediante la investigación del fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal; que se creó el Comité de Vigilancia para reforzar y garantizar la independencia de la OLAF mediante el control regular de la ejecución de su función de investigación; que, en particular, el Comité de Vigilancia sigue la evolución de la aplicación de las garantías procedimentales y la duración de las investigaciones a la vista de la información que proporcione el Director General de conformidad con el artículo 7, apartado 8 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 883/2013;

F.  Considerando que la corrupción afecta a todos los Estados miembros y cuesta alrededor de 120 000 millones de euros anuales a la economía de la UE, como se afirma en el primer informe de la Comisión dedicado a la política anticorrupción de la UE, publicado en febrero de 2014;

G.  Considerando que la corrupción puede ayudar a financiar las actividades de redes criminales o terroristas organizadas en Europa; que, además, merma la confianza de los ciudadanos en las instituciones y los procesos democráticos;

H.  Considerando que la lucha contra el fraude y la corrupción contribuye a aumentar la competitividad de la Unión en la economía mundial, por no hablar de los principios éticos inherentes al Estado de Derecho de nuestra civilización;

1.  Toma nota del informe de la Comisión titulado «Protección de los intereses financieros de la Unión Europea – Lucha contra el fraude – Informe anual 2014»; pide que la Comisión, en sus informes anuales sobre la protección de los intereses financieros de la UE (informes PIF), responda a las preguntas del Parlamento de forma más oportuna;

Detección y notificación de irregularidades

2.  Señala que todas las irregularidades notificadas representan un importe total de alrededor de 3 240 millones de euros; hace hincapié en que, aunque la incidencia financiera general de las irregularidades fraudulentas y no fraudulentas notificadas en 2014 es superior en un 36 % al de 2013, el número de esas mismas irregularidades aumentó un 48 %; hace hincapié en que 2 270 millones de euros de las irregularidades notificadas se referían al gasto, lo que representa un 1,8 % de los pagos totales;

3.  Destaca que, de un total de 16 473 irregularidades notificadas a la Comisión en 2014, 1 649 eran fraudulentas, lo que representaba un importe total de 538,2 millones de euros; observa que las irregularidades fraudulentas que se referían al gasto representaban 362 millones de euros, esto es, el 0,26 % de los pagos totales, y que las que se referían a los ingresos representaban 176,2 millones de euros, esto es, el 0,88 % del importe bruto de los recursos propios tradicionales (RPT) recaudado en 2014;

4.  Hace hincapié en que la incidencia financiera general de las irregularidades no fraudulentas notificadas en 2014 es superior en un 47 % al de 2013, mientras que el número de esas mismas irregularidades disminuyó un 5 %; observa igualmente que las irregularidades no fraudulentas que se referían al gasto afectaban al 1,54 % de los pagos totales y las que se referían a los ingresos afectaban al 3,66 % de los RPT recaudado en 2014;

5.  Insta a la Comisión a que asuma la plena responsabilidad de la recuperación de los fondos pagados indebidamente con cargo al presupuesto de la UE, así como de una mejor percepción de los recursos propios, y que establezca principios uniformes de notificación en todos los Estados miembros con el fin de recopilar datos adecuados, comparables y fiables;

6.  Subraya que a menudo las irregularidades no fraudulentas están ligadas a un conocimiento insuficiente de normas y requisitos complejos; cree que la simplificación de las normas y los procedimientos por parte de los Estados miembros y la Comisión reducirá el número de irregularidades de este tipo; considera que la lucha contra las irregularidades, incluido el fraude, requiere una sensibilización de todos los actores institucionales a escala europea, nacional, regional y local, así como de la opinión pública; señala que la creación de una cultura de prevención y de lucha contra el fraude es clave en todas las instituciones y órganos que participan en la ejecución de los Fondos y pide a los Estados miembros que favorezcan el intercambio de buenas prácticas;

7.  Recuerda que, para asegurar una base más sostenible a las haciendas públicas, los Estados miembros se encuentran actualmente en un proceso de consolidación y moderación presupuestaria y está firmemente convencido de que todos los recursos disponibles son necesarios para invertir en los Estados miembros a fin de estimular el crecimiento económico sostenible; considera oportuno adoptar todas las medidas necesarias para prevenir y poner fin a cualquier tipo de actividades fraudulentas en el ámbito de la política comercial y en relación con los créditos correspondientes conjugando la gama completa de los instrumentos políticos pertinentes (como, por ejemplo, investigaciones penales, la elaboración de modelos fiables de análisis y realizar esfuerzos para abordar las carencias y los fallos relacionados con una política deficiente de la Comisión); pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos por garantizar la correcta utilización de los fondos del presupuesto de la UE para proyectos que propicien el crecimiento y la creación de empleo en Europa y el cobro de la deuda aduanera a raíz del descubrimiento de casos de fraude; subraya, en términos más generales, que la lucha contra el tráfico ilícito y los flujos financieros ilícitos debe seguir siendo una importante prioridad de la UE y de los Estados miembros;

8.  Celebra que la Comisión haya aprobado una estrategia plurianual de lucha contra el fraude que contribuye a corregir las importantes diferencias entre el número de irregularidades notificadas por los diferentes Estados miembros;

Ingresos - Recursos propios

9.  Observa con preocupación que en 2014 el importe de RPT objeto de fraude fue superior en un 191 % al de 2013 y la cantidad objeto de irregularidades no fraudulentas fue superior en un 146 % al ejercicio anterior;

10.  Expresa su preocupación por el hecho de que la tasa media de recuperación de los RPT por Estado miembro para las irregularidades fraudulentas y no fraudulentas para 2014 se sitúa en un 24 %, su punto histórico más bajo; pide encarecidamente a los Estados miembros que recuperen rápidamente las cantidades debidas y, en especial, insta a aquellos Estados miembros que necesitan recuperar las mayores cantidades de dinero que mejoren su recaudación;

11.  Manifiesta su preocupación por la brecha del IVA y las pérdidas estimadas en la recaudación del IVA, que representó 168 000 millones de euros en 2013; destaca que en 13 de los 26 países de la UE analizados en 2014, la pérdida media estimada en la recaudación del IVA superaba el 15,2 %; recuerda que la Comisión no tiene acceso al intercambio de información entre los Estados miembros para prevenir y combatir el fraude en cascada; pide a todos los Estados miembros que participen en todos los ámbitos de actividad de Eurofisc a fin de facilitar el intercambio de información para contribuir a combatir el fraude; reitera que la Comisión tiene competencias para controlar y supervisar las medidas adoptadas por los Estados miembros; pide a la Comisión que haga pleno uso de sus poderes ejecutivos tanto para controlar como para ayudar a los Estados miembros a luchar contra el fraude en materia de IVA y la elusión fiscal; reconoce que desde 2013, la Comisión ha estado usando el mecanismo de reacción rápida para hacer frente al masivo y repentino fraude en materia de IVA;

12.  Alienta a la Comisión a que desarrolle un mecanismo que motive a las empresas a pagar los impuestos periódicos en lugar de evadirlos;

13.  Señala el creciente número de centros de coordinación respaldados por Eurojust y Europol; celebra los resultados de las operaciones transfronterizas Vértigo 2 y 3, y la eficaz cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y las autoridades judiciales de Alemania, Polonia, los Países Bajos, el Reino Unido, Bélgica, España, la República Checa y Suiza, que han llevado a la neutralización de las redes delictivas responsables de defraudar aproximadamente 320 millones de euros de ingresos fiscales, incluido el IVA;

14.  Manifiesta su preocupación por lo que respecta a los controles aduaneros y la correspondiente percepción de los impuestos que constituyen un recurso propio del presupuesto de la Unión; recuerda que las autoridades aduaneras de los Estados miembros son las que efectúan los controles para determinar si los importadores respetan la normativa sobre aranceles e importaciones, y destaca que el Tribunal de Cuentas ha detectado que la calidad de dichos controles varía entre Estados miembros; pide a la Comisión que actualice la Guía de la auditoría aduanera publicada en 2014 para colmar las carencias identificadas por el Tribunal de Cuentas, por lo que respecta, por ejemplo, a las cuestiones relativas al tratamiento de las importaciones despachadas de aduana en otros Estados miembros;

Gasto

15.  Observa con preocupación que el número de irregularidades referidas al gasto notificadas como fraudulentas en 2014 solo disminuyó un 4 %, después de haber aumentado un 76 % en 2013; pide a las autoridades competentes que tomen todas las medidas necesarias para reducir el número de irregularidades fraudulentas, sin que ello vaya en detrimento de las normas de control;

16.  Manifiesta su preocupación por el aumento continuo del número de irregularidades no fraudulentas notificadas relativas a fondos de la UE gestionados directamente, tanto en lo que se refiere al número de casos como a los importes afectados; le sorprende que el número de irregularidades fraudulentas notificadas se multiplicara por cuatro en 2014 en comparación con el ejercicio anterior, y pide a la Comisión que dé explicaciones pormenorizadas y tome las medidas necesarias para hacer frente a esta tendencia;

17.  Manifiesta su preocupación, por lo tanto, de que en 2014 el sector de desarrollo rural representase la mayor cantidad de irregularidades fraudulentas notificadas, mostrando el incremento más notable en comparación con 2013; señala que el 71 % del número total de irregularidades fraudulentas notificadas en el ámbito de los recursos naturales (agricultura, desarrollo rural y pesca) se producen en Hungría, Italia, Polonia y Rumanía;

18.  Reconoce que el índice de recuperación de los Estados miembros en el caso del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) es inferior a la media general, y que, a finales de 2014, se habían recuperado menos de la mitad de las irregularidades detectadas en 2009; señala las diferencias considerables que existen entre Estados miembros en cuanto a su capacidad para recuperar sumas procedentes de pagos irregulares detectados en el marco de la política agrícola común, e insta a Bulgaria, Francia, Grecia y Eslovaquia a que mejoren significativamente sus resultados; reconoce que el mecanismo de liquidación (norma del 50/50) ofrece un importante incentivo para que los Estados miembros recuperen los pagos indebidos con arreglo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) de los beneficiarios lo más rápido posible; lamenta que 2014 fuese el tercer año consecutivo caracterizado por un crecimiento del número de casos de irregularidades fraudulentas con respecto al FEAGA y el cuarto año consecutivo caracterizado por un crecimiento del número de casos fraudulentos notificados con respecto al desarrollo rural; subraya la necesidad de que la recuperación de fondos sea más rápida;

19.  Observa que las irregularidades asociadas a la política pesquera común en 2014 volvieron a tener un nivel comparable al de 2012 después de alcanzar su punto álgido en 2013; observa que la categoría de irregularidad más frecuentemente detectada durante el periodo 2010-2014 fue la «falta de elegibilidad para recibir ayuda de la acción/proyecto» seguida de la «infracción de las normas de contratación pública»;

20.  Observa que, con respecto al periodo de programación 2007-2013 de la política de cohesión, el número de irregularidades notificadas como fraudulentas disminuyó un 5 % en 2014 en comparación con 2013, con 306 casos notificados; se muestra profundamente preocupado por el aumento, que supera los 115 millones de euros (76 %) en los importes afectados por irregularidades fraudulentas en 2014 en comparación con 2013, debido principalmente al acusado aumento (un 660 %) de los importes relativos al ámbito del Fondo de Cohesión; toma nota de que, de 74 casos de fraude probado en la política de cohesión entre 2008 y 2014, 61 (82 %) fueron notificados por tres Estados miembros: Alemania (42 casos), Polonia (11 casos) y Eslovenia (8 casos); expresa su preocupación por el hecho de que 14 Estados miembros tengan un porcentaje de fraude probado del 0 % para ese periodo de tiempo, lo que puede suscitar preguntas con respecto a la eficacia de sus sistemas de control;

21.  Muestra asimismo su preocupación por que el lapso transcurrido en el ámbito de la cohesión entre el momento en el que se produce la irregularidad, su detección y, finalmente, su notificación a la Comisión haya aumentado hasta tres años y cuatro meses; recuerda que, una vez detectada una irregularidad, se inician otros procedimientos (órdenes de ingreso, investigaciones de la OLAF, etc.); insta a la Comisión a que trabaje con los Estados miembros para mejorar la eficacia de su detección y notificación;

22.  Se felicita de la disminución general de las irregularidades notificadas en la ayuda de preadhesión; lamenta la tendencia al aumento constante de las irregularidades relativas al Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA) desde 2010, tanto en lo que se refiere a los importes como al número de casos, siendo Turquía el país que más contribuye a esta tendencia negativa e insta a la Comisión a hacer todo lo posible para mejorar la situación, principalmente teniendo en cuenta el proceso previsto de fortalecimiento de la cooperación entre la UE y Turquía;

Problemas identificados y medidas necesarias

Mejora de la información

23.  Observa con preocupación que, pese a las numerosas peticiones del Parlamento para que se establezcan unos principios de notificación uniformes en todos los Estados miembros, la situación sigue siento sumamente insatisfactoria y existen todavía importantes diferencias en el número de irregularidades fraudulentas y no fraudulentas notificadas por los Estados miembros; considera que este problema crea una imagen distorsionada de la situación real en relación con el nivel de infracciones y la protección de los intereses financieros de la UE; insta a la Comisión a que se esfuerce seriamente en resolver el problema de los diferentes enfoques que existen en los Estados miembros para detectar las irregularidades y la falta de homogeneidad en las interpretaciones cuando se aplica el marco jurídico de la UE;

24.  Se felicita del compromiso de la Comisión de publicar bianualmente un informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE, y aguarda con interés la publicación del próximo informe para principios de 2016; pide a la Comisión que añada un capítulo sobre los resultados obtenidos por las instituciones de la UE en la lucha contra la corrupción, con un análisis más exhaustivo realizado a nivel de las instituciones europeas de las políticas aplicadas, a fin de identificar los factores decisivos inherentes, las áreas vulnerables y los factores de riesgo que propician la corrupción;

25.  Pide a la Comisión que armonice el marco de notificación de las «sospechas de fraude» y establezca normas en materia de notificación de todas las medidas judiciales emprendidas en los Estados miembros en relación con el posible uso fraudulento de los recursos de la UE, exigiendo que la notificación indique específicamente las medidas judiciales adoptadas sobre la base de las recomendaciones judiciales de la OLAF;

26.  Pide a la Comisión que desarrolle un sistema de indicadores rigurosos y criterios uniformes fácilmente aplicables tomando como base los requisitos establecidos en el Programa de Estocolmo para medir el nivel de corrupción en los Estados miembros y evaluar las políticas de lucha contra la corrupción de los Estados miembros; le preocupa la fiabilidad y la calidad de los datos procedentes de los Estados miembros; pide, por lo tanto, a la Comisión que trabaje en estrecha colaboración con los Estados miembros para garantizar unos datos completos, exactos y fiables, teniendo en cuenta el objetivo de plena realización del sistema de auditoría única; invita a la Comisión a establecer un índice de corrupción para clasificar a los Estados miembros;

27.  Pide a la Comisión que, al realizar la evaluación anual de los resultados obtenidos en la lucha contra la corrupción, proporcione a los Estados miembros indicaciones precisas para contribuir a una aplicación progresiva y constante de las obligaciones asumidas por cada Estado en la lucha contra la corrupción;

28.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que promueva sin demora una legislación sobre el nivel mínimo de protección de los denunciantes de irregularidades en la UE; pide a las instituciones europeas que modifiquen el Reglamento para garantizar que este no solo obligue formalmente a los funcionarios a notificar las irregularidades, sino que también prevea una protección adecuada para los denunciantes de irregularidades; pide a aquellas instituciones europeas que no lo hayan hecho todavía y a otros órganos que apliquen sin demora el artículo 22, letra c), del Reglamento; pide firmemente a todas las instituciones de la UE que adopten normas internas en relación con las denuncias de infracciones por parte de sus empleados y las obligaciones de estos últimos, centradas en la protección de los denunciantes; considera que esas normas deben ampliarse de manera explícita para incluir a los denunciantes que revelen casos de fraude relacionados con acuerdos internacionales, incluidos los acuerdos comerciales;

29.  Destaca la importancia del acceso a la información y de la transparencia de los grupos de presión, así como de utilizar la financiación de la UE para apoyar el trabajo de organizaciones independientes en este ámbito,

30.  Considera que el nivel de transparencia puede incrementarse a través de la creación de una «huella legislativa» para los grupos de interés de la UE, con el objetivo de pasar de un registro de la UE voluntario a uno obligatorio para todas las actividades de representación de intereses frente a cualquiera de las instituciones de la UE;

31.  Insta a la Comisión a que mantenga su política estricta de interrupción y suspensión de pagos, de conformidad con la base jurídica pertinente; se felicita de que la Comisión haya adoptado una nueva decisión sobre el mecanismo de alerta precoz; espera que la Comisión proponga la creación de un sistema global de detección y exclusión precoz; pide a la Comisión que mantenga a los Estados miembros y a las autoridades locales mejor informados sobre la aplicación de su política, sin olvidar que este proceso no debe verse perjudicado por consideraciones políticas;

32.  Pide, en consecuencia, que se aplique transversalmente el artículo 325 del TFUE en todas las políticas de la UE, y que no solo se reaccione ante los fraudes sino que se prevengan; que se respete el artículo 325 del TFUE y particularmente el apartado 5 relativo a los informes anuales, que a día de hoy llevan un año de retraso; que se simplifique, en concreto, la utilización de las subvenciones de la UE en la política de cohesión; que se sigan los procedimientos convencionales y de ratificación de los acuerdos entre la Unión y los terceros países y organizaciones terceras en materia de lucha contra el fraude a escala regional e internacional; pide que se dé seguimiento a las recomendaciones para un plan de acción incluidas en la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo(7) y, concretamente, las recomendaciones formuladas en los apartados 130 (visibilidad de las medidas adoptadas por los Estados miembros para luchar contra el fraude y la delincuencia organizada) y 131 (plan de acción europeo para el periodo 2014-2019 destinado a erradicar la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de capitales, incisos i-xxi); pide que se faciliten los primeros resultados sobre la Directiva sobre falsificación de moneda; y que se informe más ampliamente sobre los instrumentos de lucha contra la corrupción por parte de la OLAF y sobre la coordinación de los procedimientos de recuperación por los Estados miembros de los importes percibidos de manera fraudulenta;

33.  Pide a la UE que solicite su ingreso en el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO);

34.  Celebra que en 2014 estuvieran en vigor 48 acuerdos que contemplaban la asistencia administrativa mutua en 71 países, al tiempo que se celebraban negociaciones con otros 49 países, incluidos los principales socios comerciales, como los Estados Unidos y Japón y pide que el Parlamento Europeo sea informado permanentemente sobre la evolución de estas negociaciones; destaca que para proteger los intereses financieros de la UE y combatir eficazmente el fraude la prioridad principal debe ser velar por que la legislación vigente sea aplicada y que los compromisos internacionales sean respetados por todas las partes, incluidas las disposiciones relativas a la lucha contra el fraude y la corrupción que prevén sanciones; alienta a la Comisión a que siga cooperando con otros países en relación con las medidas de lucha contra el fraude y a que establezca nuevas modalidades de cooperación administrativa; pide a la Comisión que siga incluyendo disposiciones en materia de lucha contra el fraude y la corrupción en todos los acuerdos internacionales de la UE para preparar el terreno para una cooperación reforzada en la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico y otras formas de comercio ilegal o ilícito;

35.  Acoge con satisfacción el papel central desempeñado por el programa de ayuda macrofinanciera de la UE en su función de alentar las reformas en los países que se cuentan entre los socios comerciales más próximos de la UE; pide a la Comisión que siga informando al Parlamento y a los Estados miembros con miras a garantizar que todos los fondos se invierten cumpliendo plenamente las disposiciones del Reglamento de base y en un modo coherente con la cohesión regional y la promoción de la estabilidad regional y, por ende, limitar el riesgo de utilización indebida de los préstamos reembolsables; solicita una evaluación a largo plazo de los efectos de los programas de ayuda macrofinanciera en los esfuerzos desplegados en relación con la lucha contra la corrupción y el fraude en los países beneficiarios;

36.  Pide una vez más a los tribunales de cuentas de cada uno de los Estados miembros que realicen declaraciones públicas nacionales para rendir cuentas respecto del empleo de los fondos de la UE;

37.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en sus respectivos niveles, creen bases de datos interconectadas sobre las irregularidades en el ámbito de la política de cohesión, incluidas las relacionadas con la contratación pública, que puedan servir de marco para un análisis pertinente y exhaustivo de la frecuencia, la gravedad y las causas de las irregularidades, así como de los importes relativos a las irregularidades fraudulentas; destaca la necesidad de que los Estados miembros velen por que se faciliten a la Comisión datos fiables y comparables de manera adecuada y rápida, sin que ello implique un aumento desproporcionado de la carga administrativa;

Mejora de los controles

38.  Hace hincapié en la complejidad de las irregularidades; opina que la Comisión y los Estados miembros deben tomar medidas contundentes contra las irregularidades fraudulentas; considera que las irregularidades no fraudulentas se han de abordar con medidas administrativas, y en particular con unos requisitos más transparentes y sencillos, una mayor asistencia técnica por parte de la Comisión a los Estados miembros y un mejor intercambio de buenas prácticas y de las lecciones aprendidas; considera que debe armonizarse la metodología de cálculo de errores a escala de la UE y de los Estados miembros;

39.  Celebra que los controles comunitarios ex ante y ex post detecten cada vez más casos de irregularidades y considera, por tanto, que deben promoverse aún más estos controles;

40.  Pide a las autoridades pertinentes de los Estados miembros que efectúen mejores controles y utilicen toda la información disponible para evitar errores y pagos irregulares relacionados con fondos de la UE;

41.  Alienta a la Comisión a que siga mejorando su papel de supervisión mediante actividades de auditoría, control e inspección, planes de acción correctores y el envío de escritos de apercibimiento; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos y aprovechen su potencial para detectar y corregir los errores antes de solicitar el reembolso de la Comisión; subraya, a este respecto, el valor particular de las acciones encaminadas a prevenir desembolsos eliminando de este modo la necesidad de acciones subsiguientes para recuperar los fondos malversados;

42.  Reitera su petición a la Comisión de que elabore un sistema de intercambio de información entre las autoridades competentes para hacer posible un control cruzado de los registros contables relativos a las transacciones entre dos o más Estados miembros, a fin de evitar fraudes transnacionales en el ámbito de los Fondos Estructurales y de Inversión y aportar un enfoque horizontal a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea;

43.  Se felicita de que todos los servicios de la Comisión desarrollaran y aplicaran estrategias de lucha contra el fraude en 2014; pide a las agencias, a las agencias ejecutivas y a las empresas comunes de la UE que hagan lo mismo; destaca la importancia de los servicios de coordinación de la lucha contra el fraude (AFCOS) en este tipo de lucha; celebra la adopción de estrategias nacionales contra el fraude por parte de Bulgaria, Grecia, Croacia, Malta y Eslovaquia, y pide a los Estados miembros afectados que presenten sus estrategias nacionales de lucha contra el fraude (NAFS) lo antes posible; pide a la Comisión que supervise atentamente la aplicación de estas estrategias;

44.  Expresa su deseo, por otra parte, de que se intensifique la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión sobre la forma en que se gestionan los fondos; solicita que el personal de los servicios encargados de la gestión de los fondos y, en particular, el de los AFCOS, reciba una formación completa a fin de que desarrollen sus propias estrategias nacionales de lucha contra el fraude;

45.  Se felicita de los resultados positivos del primer resumen anual del Programa Hércules III; expresa su preocupación por la posibilidad de que el presupuesto que se le ha reservado pueda resultar insuficiente; pide más información basada en los resultados, concretamente con respecto a la contribución de 55 conferencias y sesiones formativas a la eficacia de las acciones emprendidas por los Estados miembros para combatir el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE;

46.  Reitera que, de conformidad con el artículo 325, apartado 2, del TFUE, «los Estados miembros adoptarán para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión las mismas medidas que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros»; opina que esta disposición no se cumple en la UE; considera que la Comisión debería desarrollar una política horizontal sobre la lucha contra el fraude y la corrupción; destaca que la Comisión también es responsable del uso eficaz de los fondos, y le pide por ello que establezca unas obligaciones internas de rendimiento;

47.  Considera necesaria una mayor participación de la población europea en la fase de programación y control, a través de instrumentos de información de fácil acceso, sobre todo en los casos de financiación de grandes infraestructuras; pide a la Comisión que valore la idea de un presupuesto participativo a fin de implicar a los ciudadanos en la supervisión del gasto de los fondos de la UE, y que cree un portal electrónico de denuncia de fraudes accesible;

48.  Observa que la definición, la clasificación, así como la detección y la notificación de las irregularidades siguen variando de un Estado miembro a otro y dentro de cada Estado, en particular debido a las diferencias en la definición de irregularidades; considera necesaria una mayor armonización y, en este contexto, acoge con satisfacción el Reglamento Delegado de la Comisión, de 8 de julio de 2015, sobre la notificación de irregularidades, que complementa el Reglamento sobre disposiciones comunes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan estrategias coherentes para el tratamiento de las irregularidades y la lucha contra el fraude en el ámbito de la política de cohesión; pone de relieve las medidas de prevención y correctoras tomadas por la Comisión para evitar las irregularidades fraudulentas, incluida la interrupción de 193 pagos en el marco de la política de cohesión;

49.  Recuerda que el Reglamento sobre disposiciones comunes exige que las autoridades de gestión apliquen medidas eficaces y proporcionadas contra el fraude que deben incorporarse a las estrategias nacionales contra el fraude; pide a la Comisión que refuerce su acción preventiva; acoge con satisfacción, en este sentido, la creación de un sistema de detección precoz de los riesgos y pide, en particular, que se refuercen las capacidades técnicas y administrativas de las autoridades de gestión con objeto de garantizar unos sistemas de control más sólidos que permitan reducir los riesgos de fraude y aumentar la capacidad de detección, incluso en las regiones menos desarrolladas, sin que ello imponga una carga financiera y administrativa excesiva; subraya que la prevención debe incluir una labor de formación y apoyo constante del personal de las autoridades competentes en materia de gestión y control de los fondos, así como un intercambio de información y buenas prácticas; recuerda el papel esencial de las autoridades y los interlocutores locales y regionales en la lucha contra el fraude y en pro de la transparencia y la prevención de los conflictos de interés;

50.  Aprecia la decisión de la Comisión de llevar a cabo una evaluación intermedia en 2018 con objeto de establecer si la nueva arquitectura reglamentaria de la política de cohesión impide y reduce en mayor medida el riesgo de irregularidades, incluido el fraude, y espera la presentación de información concreta sobre el impacto que las nuevas disposiciones sobre gestión y sistemas de control pueden ejercer tanto sobre el riesgo de aparición de irregularidades y fraude como sobre la aplicación de la política en general;

51.  Pide a la Comisión y al Tribunal de Cuentas que faciliten la transparencia de los datos de fiscalización mediante la publicación de información más detallada con respecto a los Estados miembros con mejores y peores resultados por ámbito político y sector, de forma que los agentes puedan determinar los ámbitos donde se necesita más ayuda y diseñar acciones en consecuencia;

Directiva PIF y Reglamento EPPO

52.  Celebra la declaración de la Comisión en su informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE (informe PIF), que recuerda que tanto la Directiva PIF como el Reglamento sobre la Fiscalía Europea complementarán y reforzarán «el marco jurídico impulsando decididamente la lucha contra el fraude»; reitera su opinión en cuanto a la urgente necesidad de adoptar lo antes posible la Directiva PIF, que debe incluir el IVA en su ámbito de aplicación y fijar una definición clara de los delitos que cubre, las normas mínimas en relación con las penas de reclusión máximas aplicables y normas mínimas sobre el régimen de prescripción; recuerda el asunto Taricco, en el que el Tribunal de Justicia indicó que el fraude en materia de IVA se incluye, de hecho, en la definición de fraude que afecta a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea del Convenio PIF de 1995;

53.  Destaca que el Reglamento EPPO también se debería adoptar sin demora, y pide que el Consejo explique las razones por las que las negociaciones se están retrasando;

Contratación pública

54.  Toma nota de que el nivel de irregularidades derivado del incumplimiento de las normas sobre contratación pública sigue siendo elevado; pide a los Estados miembros que transpongan rápidamente a su legislación nacional la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública(8), que hace obligatoria la contratación pública electrónica e introduce obligaciones en materia de control e información para reducir el fraude en la contratación y otras irregularidades graves; pide a la Comisión que haga obligatoria la publicación de toda la documentación relativa a los beneficiarios y, en particular, a los subcontratistas;

55.  Pide a la Comisión que aplique estrictamente las medidas relativas a la discreción y la exclusión respecto de la contratación pública, con un control adecuado de los antecedentes en todos los casos, y que aplique el criterio de exclusión con el fin de no contratar a las empresas en caso de conflicto de intereses, algo que es fundamental para proteger la credibilidad de las instituciones;

56.  Destaca que el incumplimiento de las normas sobre contratación pública fue una fuente importante de errores durante el periodo de programación 2007-2013, entre ellos, la elusión de las normas sobre contratación pública mediante la división de contratos en pequeñas licitaciones para evitar superar los umbrales y el uso de procedimientos inadecuados; señala que las nuevas directivas sobre contratación pública se han de aplicar a más tardar en abril de 2016; subraya que para reducir los casos de irregularidades es necesario que los Estados miembros apliquen correctamente las directivas; pide, por tanto, a la Comisión que establezca directrices para la debida aplicación de las directivas; pide a la Comisión que supervise más atentamente la aplicación de estas directivas; estima que la fijación de unas condiciones previas podría servir para mejorar la contratación pública; hace hincapié en la necesidad de contar con normas transparentes y accesibles;

57.  Manifiesta su preocupación por la falta de transparencia total con respecto a la financiación de grandes proyectos de infraestructura; insta a la Comisión a que considere la presentación de una propuesta que obligue a publicar todos los informes financieros y los proyectos relacionados con grandes obras públicas, incluida la documentación sobre los subcontratistas;

58.  Pide a la Comisión que publique toda la documentación relativa al proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Lyon-Turín y su financiación;

59.  Pide a la Comisión que cree una base de datos sobre irregularidades, que pueda permitir un análisis pertinente y exhaustivo de la frecuencia, la gravedad y las causas de los errores en la contratación pública; pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que desarrollen y analicen sus propias bases de datos sobre irregularidades, incluidas las relacionadas con la contratación pública, y que cooperen con la Comisión para facilitar dichos datos de tal forma y en un momento que facilite el trabajo de la Comisión;

60.  Cuestiona la naturaleza no fraudulenta del creciente número de errores graves cometidos en el contexto de los procedimientos de contratación pública y pide a la Comisión que se mantenga especialmente alerta a este respecto, no solo mediante el diálogo con los Estados miembros a fin de aplicar mejor las directivas, nuevas y en vigor, en materia de contratación pública, sino también mediante la presentación de los casos pertinentes ante la OLAF para que se analicen más a fondo;

61.  Recuerda que en situaciones de emergencia, como la utilización de los fondos para los refugiados, se registran con frecuencia excepciones a los procedimientos normales de adjudicación, recurriendo al acceso directo a los fondos; lamenta que por tal motivo se produzcan abusos; pide a la Comisión que vigile más eficazmente el recurso a tales excepciones y la extendida práctica de la fragmentación de los contratos para no superar los umbrales y evitar los procedimientos normales de adjudicación;

62.  Observa que, en su Informe Especial n.º 10/2015 titulado «Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de cohesión», el Tribunal de Cuentas analiza los procedimientos relacionados con la contratación pública; señala que el incumplimiento de las normas de contratación pública es fuente de errores, que pueden dar lugar a retrasos en la ejecución y a correcciones financieras; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las condiciones previas relativas a la aplicación efectiva de la legislación en materia de contratación pública se cumplan plenamente antes de finales de 2016; pide a los Estados miembros que garanticen una correcta y rápida transposición de las directivas de 2014 sobre contratación pública;

63.  Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que aprovechen plenamente las oportunidades que ofrecen las herramientas de las TI en la contratación pública, incluidas las herramientas de contratación electrónica, el intercambio de buenas prácticas y la calificación preventiva del riesgo; valora el instrumento web para la prevención del fraude, ARACHNE, que ha desarrollado la Comisión con objeto de detectar los proyectos con mayor riesgo sobre la base de una serie de indicadores, y pide a los Estados miembros que lo utilicen;

Principio de presupuestación basada en el rendimiento y la rentabilidad

64.  Destaca la importancia de predicar con el ejemplo y celebra el enfoque interinstitucional para aplicar la planificación presupuestaria basada en el rendimiento; pide a la Comisión que adopte la fase de planificación, ejecución y control del marco financiero plurianual (MFP) con arreglo al principio de presupuestación basada en el rendimiento;

65.  Toma nota de la importancia de medidas nuevas y continuas para evitar las irregularidades fraudulentas, pero también reitera su petición de que se adopte una nueva metodología que se centre en el rendimiento en lugar de en la evaluación formalista de los programas, en línea con el principio de un presupuesto de la UE centrado en los resultados; pide a la Comisión que refuerce sus actividades en relación con la aplicación de los indicadores de eficiencia y eficacia en todos sus programas y no se concentre únicamente en la tasa de error; pide asimismo a la Comisión que no trabaje únicamente en las tres categorías principales, a saber: economía, eficiencia y eficacia, sino que empiece a centrarse también en el nuevo tríptico (ecología, igualdad y ética);

66.  Pide que en el proceso de selección de los proyectos que se van de financiar, dentro y fuera de la Unión, se incluyan de forma obligatoria evaluaciones ex ante del valor añadido medioambiental, económico y social así como que se publiquen y sean plenamente accesibles los resultados de estas evaluaciones;

67.  Observa que la información sobre los resultados sigue siendo débil y que es necesario evaluar periódicamente los parámetros de entrada (medios financieros, humanos, materiales, organizativos o reguladores necesarios para la ejecución de un programa), el rendimiento (los resultados concretos del programa), los resultados (los efectos inmediatos del programa) y la incidencia (los cambios a largo plazo en la sociedad);

68.  Aplaude la creación de una red de puntos de contacto nacionales en los Estados miembros y la incorporación de objetivos de lucha contra la corrupción en el proceso de gobernanza económica del Semestre Europeo;

69.  Insta a la Comisión a que publique de inmediato su evaluación relativa a todos los acuerdos con empresas tabacaleras, con miras a determinar su eficacia en la lucha contra el fraude y la falsificación que afectan a los intereses financieros de la UE, y que evalúe si la renovación de ese tipo de acuerdos es adecuada;

70.  Hace hincapié en la función del Tribunal de Cuentas, las entidades fiscalizadoras superiores, la Comisión y las autoridades de gestión en el control de la regularidad y la eficiencia del gasto público; pide al Tribunal de Cuentas y a la Comisión que continúen mejorando su cooperación con las entidades fiscalizadoras superiores en los Estados miembros para ampliar el alcance y la proporción de los fondos y proyectos auditados;

Contrabando de tabaco y falsificación de productos

71.  Manifiesta su preocupación por las constataciones de la Defensora del Pueblo Europeo(9), quien declara que, a excepción de la DG de Salud, la Comisión no aplicó en su totalidad las normas y orientaciones de las Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de transparencia y las actividades de los grupos de presión en el sector del tabaco; opina, por lo tanto, que se ha puesto en peligro la credibilidad y la seriedad de la Comisión;

72.  Insta a todas las instituciones pertinentes de la UE a que apliquen el artículo 5, apartado 3, del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco (CMCT) de conformidad con las recomendaciones incluidas en las directrices al respecto; insta a la Comisión a que publique inmediatamente los acuerdos de evaluación con las empresas tabacaleras y una evaluación de impacto sobre la aplicación del CMCT; insta a la Comisión a que garantice una transparencia total con relación a los acuerdos sobre el tabaco y su posible renovación, y exhorta a los Estados miembros a que informen periódicamente sobre los gastos incurridos en relación con los fondos recibidos como consecuencia de estos acuerdos;

73.  Celebra los buenos resultados de numerosas operaciones aduaneras conjuntas que han contado con la cooperación de la OLAF y de los Estados miembros con diversos servicios de terceros países, que han permitido la incautación, entre otros, de 1,2 millones de productos falsificados, incluidos perfumes, piezas de repuesto de vehículos, aparatos electrónicos y 130 millones de cigarrillos; subraya que el contrabando de mercancías altamente gravadas provoca importantes pérdidas de ingresos para los presupuestos de la UE y de los Estados miembros, y que se calcula que las pérdidas directas de ingresos aduaneros derivadas del contrabando de cigarrillos ascienden, por sí solas, a más de 10 000 millones de euros al año; recuerda que el tráfico de mercancías falsificadas perjudica tanto a los ingresos de la UE y de los Estados miembros como a las empresas europeas;

74.  Expresa su profunda preocupación por el aumento del contrabando, del tráfico y de otras formas de comercio ilícito e ilegal, que no solo afectan a la recaudación de derechos de aduana en los Estados miembros y, por consiguiente, al presupuesto de la UE, sino que están también estrechamente relacionados con la delincuencia organizada a nivel internacional y con peligros para los consumidores, además de afectar negativamente al funcionamiento del mercado único y socavar la igualdad de condiciones entre todas las empresas que compiten entre sí, en particular las pymes; reclama, por tanto, una mejor coordinación entre la OLAF, las autoridades aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado, no solo con el fin de abordar los problemas mencionados sino también para poner cortapisas al comercio de productos que infringen la legislación de la UE en materia de propiedad intelectual;

75.  Subraya la importancia de distinguir entre medicamentos genéricos legítimos y medicamentos falsificados de forma fraudulenta, a fin de no interrumpir la producción y el comercio legítimo de medicamentos genéricos, y pide una vez más a todos los Estados miembros que ya han firmado, pero no ratificado, el Protocolo de las Naciones Unidas para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, que completen cuanto antes los procesos de ratificación respectivos;

Investigaciones y papel de la OLAF

76.  Toma nota del papel de la OLAF dentro de las diferentes operaciones aduaneras conjuntas para evitar las pérdidas para el presupuesto de la Unión y pide a la OLAF que incluya en sus futuros informes anuales más información y cifras concretas acerca de su contribución a la protección de los ingresos del presupuesto de la UE;

77.  Acoge con satisfacción las reuniones interinstitucionales anuales entre el Consejo, la Comisión, el Parlamento, la OLAF y su Comité de Vigilancia; insiste en una presidencia rotatoria entre las tres instituciones europeas; pide a la Comisión que apoye la iniciativa del Parlamento, e insta al Consejo a que reconsidere su posición contraria a este respecto;

78.  Reitera su llamamiento en relación con el informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE(10) en favor de una resolución rápida de las cuestiones pendientes entre la OLAF y su Comité de Vigilancia; reitera que ni la OLAF ni su Comité de Vigilancia pueden cumplir sus obligaciones legales con eficacia en una situación como la actual, en la que la cooperación entre ambos es limitada; observa con preocupación la falta de progresos y considera, por lo tanto, que la situación actual es inaceptable; pide a la Comisión que desempeñe plenamente su papel y que trabaje de manera activa por alcanzar una solución a largo plazo que se aplique sin demora;

79.  Opina que, para ser coherente con su mandato, el Comité de Vigilancia debería contar con personal autónomo, independiente de la administración de la OLAF, y disponer de autonomía financiera; pide a la OLAF que permita al Comité de Vigilancia acceder a los documentos que este considere necesarios para cumplir su cometido de acuerdo con su mandato; insta a la Comisión a que presente una propuesta para modificar en consecuencia el Reglamento de la OLAF;

80.  Señala la discrepancia existente entre la información recopilada por la OLAF entre fuentes públicas y privadas en los Estados miembros en relación con el fraude (Informe 2014 de la OLAF) y la recuperación financiera muy irregular que recomienda la OLAF a los Estados miembros; pide a la Comisión que respalde iniciativas destinadas a aumentar el índice de recuperación en los casos de fraude;

81.  Insta a la Comisión a que sea plenamente transparente en lo relativo a todas las demandas de los fiscales nacionales para suspender la inmunidad del personal de la OLAF, así como de su director general;

82.  Acoge con satisfacción la probada eficacia de las investigaciones de la OLAF sobre el origen en lo que respecta a la admisibilidad de las medidas arancelarias preferenciales y pide a los Estados miembros que tomen en consideración sus conclusiones y adopten todas las medidas necesarias y apropiadas conforme a lo dispuesto en la legislación aduanera de la UE; pide a la Comisión que, con el fin de evitar pérdidas para el presupuesto de la UE debidas a la importación de bienes que no tienen derecho a un trato arancelario preferencial en virtud de acuerdos comerciales preferenciales, siga verificando que los Estados miembros mejoran la eficacia de sus sistemas de gestión de riesgos y sus estrategias de control sobre la base de las notificaciones de asistencia mutua; pide, asimismo, a la Comisión que respete su compromiso de llevar a cabo evaluaciones ex post de los acuerdos comerciales preferenciales que tienen un importante impacto económico, social y ambiental, incluido un sistema de información periódica por parte de los países beneficiarios sobre la gestión y el control del origen preferencial;

83.  Observa que la represión de la delincuencia en todas sus vertientes, incluidos el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales, el crimen organizado asociado y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE, es una condición sine qua non para el correcto funcionamiento de la UE; destaca la necesidad de efectuar un seguimiento sistemático de las recomendaciones de la OLAF; considera que el seguimiento de esas recomendaciones exige que la OLAF disponga de derechos procesales en las legislaciones nacionales para garantizar que las autoridades nacionales las respeten y las tengan en cuenta;

84.  Pide a la Comisión que aclare las principales razones por las que los Estados miembros no están dando seguimiento a los supuestos casos de fraude que afectan a los intereses financieros de la UE que les ha presentado la OLAF;

o
o   o

85.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas Europeo, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y al Comité de Vigilancia de la OLAF.

(1) DO L 84 de 20.3.2014, p. 6.
(2) DO L 248 de 18.9.2013, p. 1.
(3) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(4) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 121.
(5) DO C 161 E de 31.5.2011, p. 62.
(6) DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0444.
(8) DO L 94 de 28.3.2014, p. 65.
(9) http://www.ombudsman.europa.eu/en/press/release.faces/en/61027/html.bookmark.
(10) Textos Aprobados de 11 de marzo de 2015, P8_TA(2015)0062.


Integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento Europeo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2016, sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento Europeo (2015/2230(INI))
P8_TA(2016)0072A8-0034/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW),

–  Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los posteriores documentos finales aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing+5 (2000), Beijing +10 (2005) y Beijing +15 (2010), así como el documento final de la conferencia de examen Beijing+20,

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 26 de mayo de 2015, sobre igualdad de género en el desarrollo,

–  Vistos el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión, de 21 de septiembre de 2015, titulado «Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de mujeres y niñas a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)» (SWD(2015)0182) y las Conclusiones del Consejo, de 26 de octubre de 2015, sobre el Plan de Acción en materia de género 2016-2020,

–  Visto el artículo 3 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que define «género» como «los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres»,

–  Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el Consejo Europeo en marzo de 2011,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2010, titulada «Un compromiso reforzado a favor de la igualdad entre mujeres y hombres: una carta de la mujer» (COM(2010)0078),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» («Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019») (SWD(2015)0278),

–  Visto el informe de investigación de la Comisión titulado «Evaluation of the Strengths and Weaknesses of the Strategy for Equality between Women and Men 2010-2015» (Evaluación de las debilidades y fortalezas de la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015),

–  Vista la Estrategia sobre igualdad de género 2014-2017 del Consejo de Europa,

–  Visto el estudio del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) sobre «el avance de las mujeres en la toma de decisiones políticas: perspectivas de futuro», publicado en 2015,

–  Vistas la conclusiones y recomendaciones del estudio del EIGE titulado «Gender-Sensitive Parliaments: A Global Review of Good Practice» (Los Parlamentos sensibles con respecto a la cuestión de género: estudio a nivel mundial de las buenas prácticas en la materia) publicado en 2011,

–  Vistas sus Resoluciones de 10 de febrero de 2010 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2009(1), de 8 de marzo de 2011 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2010(2), de 13 de marzo de 2012 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea — 2011(3), así como su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013(4),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2003, sobre la integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo(5),

–  Vista su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre la integración de la perspectiva de género en el trabajo de las comisiones(6),

–  Vista su Resolución, de 22 de abril de 2009, sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos de las comisiones y delegaciones(7),

–  Vista su Resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre la integración de la perspectiva de género en las relaciones exteriores de la UE y en la consolidación de la paz y la consolidación de los Estados(8),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2012, sobre las mujeres en la toma de decisiones políticas: calidad e igualdad(9),

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015(10),

–  Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2016, sobre la nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Europa después de 2015(11)

–  Vista la Comunicación, de 21 de febrero de 1996, titulada «Integrar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el conjunto de las políticas y acciones comunitarias» (COM(1996)0067), en la que la Comisión se comprometió a «fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres en todas las acciones y las políticas», lo que equivale al establecimiento efectivo del principio de integración de la perspectiva de género,

–  Visto el estudio titulado «Evaluación de la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015 como contribución al logro de los objetivos de la Plataforma de Acción de Beijing», publicado en 2014 por el Departamento Temático C del Parlamento Europeo,

–  Visto el estudio titulado «Integración de la perspectiva de género en las comisiones y delegaciones del Parlamento Europeo», publicado en 2014 por el Departamento Temático C del Parlamento Europeo,

–  Visto el estudio titulado «El presupuesto de la UE para la igualdad de género», publicado en 2015 por el Departamento Temático D del Parlamento Europeo,

–  Vista la nota titulada «Orientaciones sobre el desarrollo de la igualdad de género y la capacitación de las mujeres en las políticas de la mujer», publicado por ONU Mujeres en mayo de 2014,

–  Visto el documento titulado «Avances en la igualdad entre mujeres y hombres en la UE: ¿El camino equivocado?», publicado en 2014 por la Red europea de institutos políticos,

–  Visto el informe anual de recursos humanos 2014 publicado por la Dirección General de Personal del Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0034/2016),

A.  Considerando que el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece la integración de la perspectiva de género como un principio horizontal y que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece el principio de la igualdad entre hombres y mujeres como un valor de la Unión;

B.  Considerando que la Carta de los Derechos Fundamentales contiene disposiciones específicas sobre el principio horizontal de la igualdad de género, y que el artículo 6 del TUE reconoce que la Carta tiene el mismo valor jurídico que los Tratados;

C.  Considerando que el logro de la igualdad de género es esencial para la protección de los derechos humanos, el funcionamiento de la democracia, el respeto del Estado de Derecho y el crecimiento económico, la inclusión social y la sostenibilidad;

D.  Considerando que los avances en la consecución de la igualdad de género en la UE se están estancando y que, a este ritmo, tardará todavía en conseguirse;

E.  Considerando que, en el compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019, la Comisión se comprometió a proseguir las acciones de integración de la perspectiva de género, en particular a través de ejercicios de evaluación y seguimiento; que la Comisión ha rebajado su compromiso estratégico con la igualdad de género después de 2015 a un documento de trabajo de sus servicios;

F.  Considerando que el quinto objetivo de los objetivos de desarrollo sostenible es la consecución de la igualdad de género de aquí a 2030;

G.  Considerando que integración de la perspectiva de género significa la integración de una perspectiva de género en todos los aspectos de las políticas de la UE —preparación, concepción, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas, medidas jurídicas y programas de gasto—, con el fin de lograr la igualdad entre mujeres y hombres(12);

H.  Considerando que la integración de la perspectiva de género debe englobar los derechos, las expectativas y el bienestar de las personas de todas las identidades de género y LGBTIQ;

I.  Considerando que la integración de la perspectiva de género debe ser un instrumento proactivo y reactivo para lograr la igualdad de género;

J.  Considerando que la integración de la perspectiva de género no es un objetivo de las políticas en sí mismo, sino un medio esencial para lograr la igualdad de género, combinándose en todo momento con otras acciones y políticas específicas dirigidas a avanzar en este sentido;

K.  Considerando que una de las competencias de la comisión competente es contribuir a la aplicación y el desarrollo del principio de integración de la dimensión de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los sectores;

L.  Considerando que, por lo general, la mayoría de las comisiones parlamentarias atribuyen importancia a la integración de la perspectiva de género (por ejemplo, en el marco de su actividad legislativa, en sus relaciones de trabajo con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género o en la elaboración de planes de acción en materia de igualdad), mientras que otras comisiones prestan poco o ningún interés a esta cuestión;

M.  Considerando que, desde la pasada legislatura, la comisión competente ha desarrollado la práctica de realizar aportaciones específicas a los informes de otras comisiones mediante «enmiendas para la integración de la perspectiva de género»; que, según un estudio publicado en 2014(13), el 85 % de estas enmiendas presentadas entre julio de 2011 y febrero de 2013 se han incorporado a los informes finales aprobados por las comisiones competentes para el fondo; que son necesarios más datos posteriores a febrero de 2013 para llevar a cabo una evaluación actualizada de la situación de la integración de la perspectiva de género en el Parlamento;

N.  Considerando que, a raíz de la Resolución de 2003 sobre la integración de la perspectiva de género, cada comisión parlamentaria designa a uno de sus miembros como responsable de la integración de la perspectiva de género, creando de este modo «la red de integración de la perspectiva de género»; que en las posteriores resoluciones sobre este tema se abogó por el desarrollo permanente de esta red y por el establecimiento de una red similar en las delegaciones interparlamentarias; que la red cuenta con el apoyo de una red a nivel del personal en las secretarías de las comisiones;

O.  Considerando que los miembros de la red cumplimentaron un cuestionario con el fin de evaluar la situación de la integración de la perspectiva de género en sus respectivos sectores;

P.  Considerando que el MFP (marco financiero plurianual) va acompañado de una declaración común de las tres instituciones, que acordaron que «los procedimientos presupuestarios anuales aplicados para el MFP 2014-2020 integrarán, según proceda, elementos de respuesta en materia de igualdad entre hombres y mujeres, teniendo en cuenta los modos en que el marco financiero global de la Unión contribuye al de la igualdad (y garantiza la incorporación de la perspectiva de género)»; que, pese a todo, es necesario consolidar el compromiso real con la continuación de la integración de la problemática de género y el empoderamiento de las mujeres, pues la aplicación de las políticas actuales es modesta, y los recursos presupuestarios destinados específicamente a la problemática de género son insuficientes;

Q.  Considerando que en ninguna institución de la UE se ha integrado de manera coherente la perspectiva de género en la labor de presupuestación;

R.  Considerando que el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) se ha creado para reforzar la promoción de la igualdad de género y contribuir a ella, incluida la integración de la perspectiva de género en todas las políticas de la Unión y en las políticas nacionales resultantes; que el EIGE ha desarrollado una plataforma sobre la integración de la perspectiva de género y un glosario y un diccionario sobre la igualdad de género para apoyar a los encargados de la toma de decisiones, al personal de las instituciones de la Unión y a los organismos gubernamentales en la integración de la perspectiva de género en su labor;

S.  Considerando que la integración de la perspectiva de género implica tanto la integración de una perspectiva de género en el contenido de las diferentes políticas como el tratamiento de la cuestión de la representación de mujeres y hombres y de las personas de todas las identidades de género en las políticas en cuestión; que ambas dimensiones deben tenerse en cuenta en todas las fases del proceso de elaboración de políticas;

T.  Considerando que todas las políticas interiores y exteriores de la UE deben tener por objeto beneficiar a niños y niñas, hombres y mujeres, así como a todas las demás identidades de género por igual;

U.  Considerando que la aplicación de la integración de la perspectiva de género se cita entre las principales debilidades en la evaluación de la Comisión de la estrategia sobre igualdad de género 2010-2015;

V.  Considerando que un Parlamento sensible a la dimensión de género desempeña un papel crucial a la hora de corregir los desequilibrios entre hombres y mujeres, impulsar la igualdad de participación económica, social y política de mujeres y hombres y ampliar el marco político de la igualdad de género;

W.  Considerando que es clave formar a los diputados y al personal del Parlamento, en especial a sus cargos directivos, en materia de integración de la perspectiva de género con el fin de impulsar la perspectiva de género en todas las áreas y fases políticas;

X.  Considerando que son insuficientes los fondos y recursos humanos asignados a garantizar la realización de avances reales en la integración de la perspectiva de género en las actividades del Parlamento;

Y.  Considerando que la recogida sistemática y periódica de datos y estadísticas desglosados por género en las evaluaciones de impacto de las políticas así como en el proceso de elaboración de las mismas es indispensable para analizar los progresos en la igualdad de género; que deben realizarse más investigaciones cualitativas en el seno del Parlamento a fin de conocer la relevancia y la repercusión de las herramientas para la integración de la perspectiva de género en los resultados de las políticas, las resoluciones y los textos legislativos;

Z.  Considerando que sigue siendo escasa la representación femenina en puestos claves de toma de decisiones en los niveles político y administrativo, también dentro de los grupos políticos del Parlamento; que la mujeres suelen presidir comisiones que están menos ligadas a la asignación de recursos y a la adopción de decisiones económicas; que para mejorar la calidad de las decisiones adoptadas, el Parlamento tiene que garantizar un reparto equitativos de los puestos decisorios entre los géneros; que los hombres deben comprometerse a promover la igualdad de género en todos los ámbitos y en todos los niveles y que debe alentarse a los diputados varones para que tengan en cuenta la integración de la perspectiva de género en su labor;

AA.  Considerando que el Parlamento dispone de una estructura organizativa para promover la integración de la dimensión de género en sus actividades, y que dicha estructura debe coordinarse mejor, reforzarse y ampliarse, con una voluntad política y administrativa renovada, a fin de conseguir una mayor integración de la dimensión de género;

AB.  Considerando que es necesaria una mayor cooperación interinstitucional entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión en materia de integración de la dimensión de género, con el fin de garantizar que la perspectiva de género pueda incorporarse a todas las fases del ciclo de las políticas, lo que facilitaría el trabajo del propio Parlamento en pro de la integración de la perspectiva de género;

AC.  Considerando que las aportaciones de las partes interesadas externas, como las organizaciones de la sociedad civil, los grupos de base de defensa de los derechos de la mujer y la igualdad de género, las instituciones internacionales, la universidad y los parlamentos nacionales, son importantes para mejorar el proceso de integración de la perspectiva de género del Parlamento y fomentar los intercambios recíprocos para promover las mejores prácticas;

AD.  Considerando que en la Resolución del Parlamento sobre la integración de la perspectiva de género, aprobada en 2007, se pedía la realización de una evaluación, cada dos años, sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento;

Evaluación general del marco institucional actual

1.  Considera que, para integrar la perspectiva de género en los procesos de las políticas, se han de considerar diferentes aspectos: el contenido de la política y la representación de género en la administración y la toma de decisiones; señala asimismo que es fundamental disponer de datos claros sobre las repercusiones de las políticas para seguir mejorando la igualdad de género;

2.  Señala que, dentro de la estructura organizativa del Parlamento, son varios los organismos responsables de la elaboración y aplicación de la integración de la perspectiva de género tanto a nivel de las políticas como en la vida laboral:

   el Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad, que es responsable de promover la igualdad plena entre mujeres y hombres en todos los aspectos de la vida laboral en la Secretaría del Parlamento;
   la comisión competente para las acciones específicas destinadas a integrar la perspectiva de género en el trabajo de las demás comisiones y delegaciones;
   la red de integración de la perspectiva de género;
   los servicios encargados del éxito en la aplicación de una representación de género equilibrada en relación con todos los puestos del organigrama;

3.  Lamenta que las actividades de estos distintos organismos responsables de la integración de la perspectiva de género no se estén coordinando o integrando dentro del Parlamento o con otras instituciones (sin que exista ningún mecanismo de cooperación interinstitucional para la integración de la perspectiva de género); se compromete a establecer una cooperación eficaz entre todas las partes que participan en este marco institucional, basada en mecanismos específicos como, por ejemplo, información sobre el seguimiento y los resultados;

4.  Reitera su compromiso de adoptar y aplicar periódicamente un plan estratégico para la integración de la perspectiva de género en el Parlamento, con el objetivo global de promover la igualdad de género a través de una incorporación efectiva de esta perspectiva en las políticas y actividades, incluidas las estructuras de toma de decisiones y la administración;

5.  Pide que continúe el desarrollo de la red de integración de la perspectiva de género, con representación no solo en las comisiones sino también en las delegaciones interparlamentarias, y su plena participación en la supervisión periódica de la situación en que se encuentra la integración de la perspectiva de género en todas las políticas; señala la necesidad de una participación mayor y más activa de los diputados en la red y pide que se añada a la red a los diputados suplentes, para aumentar la participación, como ocurre en las comisiones y las delegaciones;

6.  Destaca que, según el mencionado estudio de 2014 sobre esta cuestión, la herramienta más eficaz para la inclusión de la perspectiva de igualdad de género en el proceso de las políticas ha sido el uso de procedimientos en cooperación con otras comisiones; destaca la necesidad de que las demás comisiones apoyen el trabajo en pro de la integración de la perspectiva de género y la apliquen en sus actividades;

7.  Invita a los servicios competentes a seguir trabajando sobre medidas específicas para promover un equilibrio entre vida privada y vida laboral; lamenta que, entre los funcionarios del Parlamento Europeo, las mujeres sigan estando en su mayoría en el grupo de funciones de los asistentes (AST); pide que se lleve a cabo un análisis anual de la situación de la igualdad de género en el seno del Parlamento, basado en datos desglosados por género, en todos los niveles del personal y de los órganos políticos, incluidos los asistentes parlamentarios, y que esta información se haga pública;

8.   Pide que se luche contra los obstáculos estructurales y que se cree un entorno que permita a las mujeres incorporarse a puestos decisorios de todos los niveles, así como medidas para la conciliación del trabajo con la vida privada y medidas de acción positiva, de modo que aumente el número de miembros del género infrarrepresentado en los puestos dominados por mujeres u hombres; pide a los partidos políticos que asuman su responsabilidad en la promoción de mujeres, ya que la facultad de contratar, seleccionar y nombrar candidatos está en su manos;

9.  Lamenta que los objetivos de equilibrio de género en los niveles de gestión superiores e intermedios aprobados por la Mesa en 2006 (Informe Kaufmann) no se alcanzaran en el plazo fijado para 2009, y que sigan sin alcanzarse a día de hoy; señala que estos objetivos fueron confirmados posteriormente por el Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad para los años siguientes; insta a que se adopten medidas eficaces, correctoras y de mayor calado para conseguir estos objetivos de igualdad de género en el plazo más breve posible;

10.  Toma nota de que el Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad es el responsable de adoptar un plan de acción para el fomento de la igualdad y la diversidad en el seno del Parlamento y de garantizar su aplicación; pide al Grupo de Alto Nivel que, con la ayuda de los servicios competentes, presente una hoja de ruta completa sobre la igualdad de género en la que se indique la manera de aumentar la representación de las mujeres en los niveles de gestión superiores e intermedios para que alcance el 40 % en 2020; pide a la Dirección General de Personal y a los grupos políticos que consideren la posibilidad de proponer al mismo tiempo a una mujer y a un hombre para el puesto de jefe de unidad cuando haya puestos vacantes;

11.  Recomienda al ponente permanente sobre la integración de la perspectiva de género que, una vez creado el puesto, colabore con el Grupo de Alto Nivel para garantizar el cumplimiento de los objetivos de integración de la perspectiva de género establecidos para la Secretaría y el personal del Parlamento;

12.  Pide a los grupos políticos que consideren la posibilidad de proponer tanto a una mujer como a un hombre para el cargo de presidente en las comisiones y los grupos;

13.  Señala que es deseable una representación paritaria de ambos géneros en todas las comisiones, en la medida en que las circunstancias lo permitan; pide a los grupos políticos que consideren la posibilidad de designar a diputados del sexo menos representado en todas las comisiones, de una manera coordinada; pide a los grupos políticos que designen el mismo número de diputados que de diputadas como miembros y suplentes de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, con el fin de fomentar la participación de los hombres en la política de igualdad de género;

Herramientas para la integración de la perspectiva de género

14.  Subraya que la práctica de utilizar enmiendas para la integración de la perspectiva de género ha demostrado ser más eficaz que las opiniones, ya que son más concisas, se pueden presentar con mayor rapidez y hacen referencia a cuestiones esenciales, específicas y delimitadas; reitera su llamamiento a la comisión competente para que incluya en el Reglamento la práctica de presentar enmiendas para la integración de la perspectiva de género, teniendo en cuenta la función específica de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en la integración de la perspectiva de género como principio horizontal; pide una cooperación más estrecha entre las comisiones y la coordinación efectiva entre la red de integración de la perspectiva de género y la comisión competente tanto a nivel político como administrativo, con el fin de aportar una importante dimensión de género a los informes; destaca la importancia del papel de los miembros de la red en cada comisión a la hora de ofrecer aportaciones eficaces por parte de la comisión competente a través de enmiendas para la integración de la perspectiva de género y opiniones, y pide una coordinación real entre los miembros responsables de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y los miembros de la red en el procedimiento de proceso de presentación de enmiendas para la integración de la perspectiva de género; reitera la necesidad de una estrecha coordinación entre la comisión competente y la secretaría de las comisiones principales en las enmiendas para la integración de la perspectiva de género y las opiniones, a fin de garantizar una programación y una planificación óptimas para su incorporación efectiva en el informe de la comisión principal;

15.  Lamenta que, a pesar de la declaración interinstitucional sobre la integración de la perspectiva de género anexa al MFP, no se haya tomado hasta la fecha ninguna medida sobre la presupuestación con perspectiva de género; subraya, en este contexto, la necesidad de controlar atentamente la manera en que se aplican los principios de la declaración conjunta en relación con los procedimientos presupuestarios anuales, y pide que se atribuya a la comisión competente un papel formal en la revisión del MFP;

16.  Subraya que la presupuestación con perspectiva de género en forma de planificación, programación y presupuestación, que contribuye al avance de la igualdad de género y a la realización de los derechos de la mujer, es uno de los principales instrumentos utilizados por los responsables de las políticas para abordar los desequilibrios de género; lamenta que el estudio sobre la presupuestación con perspectiva de género haya demostrado que esta perspectiva está lejos de incluirse en todas las políticas, a todos los niveles y en cada una de las fases del proceso de elaboración de políticas; señala que, en este contexto, es fundamental desarrollar capacidades internas en materia de presupuestación con perspectiva de género para reforzar la función de control del Parlamento Europeo en la materia; señala que las repercusiones de las decisiones sobre gastos e ingresos afectan de modo diferente a las mujeres y a los hombres y destaca que los diputados miembros de las comisiones competentes deben tomar en cuenta esta diferencia de efectos en la concepción de los presupuestos; subraya que la presupuestación con perspectiva de género favorece la rendición de cuentas y la transparencia por lo que respecta al compromiso del Parlamento con la igualdad de género;

17.  Toma nota de que la Comisión se ha comprometido a seguir integrando la perspectiva de género incorporando consideraciones al respecto en los estudios y las evaluaciones de impacto, de conformidad con los principios de la iniciativa «Legislar mejor», y de que está examinando la posibilidad de publicar un informe sobre la integración de la perspectiva de género en la Comisión en 2017;

18.  Reafirma la necesidad de una dotación de recursos suficiente también en el Parlamento, con vistas a la elaboración de evaluaciones de impacto de género y análisis basados en el género; pide a la Comisión que elabore sistemáticamente evaluaciones de impacto de género para cada nueva propuesta de legislación o actuación, sobre la base de una evaluación reforzada del impacto de dichas propuestas en los derechos fundamentales y a fin de garantizar que la UE defiende los derechos de las mujeres; destaca la necesidad de que tales análisis y la metodología de recogida de datos tomen en consideración la experiencia de las personas LGBTIQ; señala que se ha de alentar a las comisiones para que aprovechen las competencias internas así como las competencias externas de otras instituciones y organismos de los sectores público y privado que trabajan por promover la integración de la perspectiva de género;

19.  Pide al EIGE que informe periódicamente a cada comisión destacando la perspectiva de género en todos los sectores de la elaboración de políticas y que ponga a disposición los datos e instrumentos que ha desarrollado, como la plataforma sobre la integración de la perspectiva de género, en el marco de un ejercicio de creación de capacidad, dirigido también al personal y los asistentes parlamentarios; pide al Servicio de Estudios que lleve a cabo periódicamente investigaciones detalladas, cualitativas y cuantitativas, sobre los avances en materia de integración de la perspectiva de género en el Parlamento y en el funcionamiento de la estructura organizativa dedicada a ello;

20.  Lamenta que actualmente el EIGE no disponga de los recursos suficientes para llevar a cabo todo el trabajo que se le requiere, y considera necesario, por tanto, garantizar que se modifique su presupuesto con miras a adecuarlo a su amplio mandato;

21.  Toma nota de que, en las respuestas a los cuestionarios sobre el estado de la integración de la perspectiva de género en las comisiones parlamentarias, se hizo hincapié en que algunos instrumentos específicos resultan eficaces para integrar la perspectiva de género en el trabajo de las comisiones, a saber:

   distribución de documentos esenciales e inclusión de las cuestiones relacionadas con la igualdad de género en el ámbito de los estudios encargados;
   atención al uso de la terminología y las definiciones específicas en relación con las cuestiones de igualdad de género;
   fomento de la evaluación ex ante y ex post de proyectos de propuestas de legislación y de futuros acuerdos;
   actividades de formación y sensibilización destinadas a los diputados, el personal y los asesores políticos y asistentes;

y recomienda encarecidamente proseguir el desarrollo y la aplicación de estos instrumentos en la labor del Parlamento;

22.  Recuerda que las evaluaciones y los programas en materia de integración de la perspectiva de género también requieren que se lleve a cabo un seguimiento efectivo a fin de abordar la eficacia y los posibles problemas de cada actuación; subraya la importancia de aplicar medidas correctivas cuando sea necesario y de desarrollar la integración de la perspectiva de género cuando se detecte la falta de progreso una vez aplicadas dichas medidas;

23.  Recomienda a la Dirección General de Comunicación del Parlamento que incluya una perspectiva de género más decidida en su información sobre la elaboración de políticas en el Parlamento;

24.  Expresa su pleno apoyo al desarrollo de una formación específica y regular, que cuente con los recursos adecuados y esté adaptada a las necesidades específicas del Parlamento, dirigida al personal del Parlamento que trabaja en las diferentes políticas, con una formación más extensa para los niveles de gestión superiores e intermedios, específicamente las jefaturas de unidad; pide que puedan acceder a la formación en materia de integración de la perspectiva de género los diputados, los asistentes parlamentarios y el personal de los grupos políticos; pide que se organice formación para el liderazgo destinada a mujeres y que se ofrezca a las mujeres experiencia en los puestos de liderazgo; recomienda que las sesiones de formación incluyan información sobre las formas, múltiples e intersectoriales, de discriminación; subraya la necesidad de que todos sus servicios sean conscientes de su responsabilidad a la hora de desplegar la integración de la perspectiva de género, también los que se encargan de los recursos humanos, la seguridad y las instalaciones; propone la elaboración de directrices específicas de recursos humanos que integren realmente la perspectiva de género a fin de mejorar el bienestar de todo el personal, incluidas las personas LGBTIQ, en el lugar de trabajo;

La integración de la perspectiva de género en el trabajo de las comisiones

25.  Reitera su llamamiento para que se respete el compromiso relativo a la presentación de un informe semestral sobre la integración de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento; es consciente del cometido que desempeña la red de integración de la perspectiva de género a la hora de evaluar la situación en que se encuentra la integración de la perspectiva de género en cada una de las políticas, y recomienda que el cuestionario que sirve de base para la realización del mencionado informe se convierta en un método de control anual;

26.  Toma nota de que, en sus respuestas a los cuestionarios, los miembros de la red respondieron en términos generales que, en su política específica, se habían tenido en cuenta las necesidades específicas de género en varias actividades, como por ejemplo informes, enmiendas sobre la igualdad de género, estudios, audiencias, misiones e intercambios de puntos de vista;

27.   Saluda las iniciativas adoptadas por varias comisiones parlamentarias en este campo; lamenta que una gran mayoría de las comisiones no haya adoptado ni debatido un plan de acción sobre la igualdad de género para su trabajo; destaca la importancia de que los organismos competentes trabajen con todas las comisiones y delegaciones para compartir mejores prácticas, también a través de la red de integración de la perspectiva de género, y establezcan un procedimiento claro, que se habrá de incorporar al Reglamento del Parlamento, para la adopción de un plan de acción en materia de género en cada comisión y delegación; recomienda que cada comisión celebre una audiencia sobre integración de la perspectiva de género en su política cada dos años, a fin de que coincida con la elaboración del informe sobre esta integración;

28.  Subraya la necesidad de analizar en profundidad el funcionamiento de la red de integración de la perspectiva de género y de encontrar formas de garantizar una participación más estrecha y una mayor sensibilización entre sus miembros; recomienda que los miembros y los suplentes de la red de integración de la perspectiva de género se comprometan con la igualdad de género aunque no sean necesariamente miembros de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de manera que sea mayor el grupo de diputados que trabajan en la integración de la perspectiva de género; recomienda que se mantengan contactos e intercambios regulares entre la comisión competente y la red;

29.  Recomienda que la red de integración de la perspectiva de género esté copresidida por la comisión competente junto con otro miembro de la red, este último nombrado de forma rotatoria entre las diferentes comisiones, para indicar que la integración de la perspectiva de género afecta a todas las comisiones;

30.   Estima que debe crearse un organismo interno de supervisión con objeto de efectuar un seguimiento y una evaluación ex post de la aplicación de los instrumentos y las acciones; pide la formulación de descripciones de puestos de trabajo específicas para los miembros del personal responsables de la integración de la perspectiva de género en las comisiones; pide a las autoridades competentes que evalúen bianualmente los avances den la integración de la perspectiva de género en las comisiones y delegaciones;

La cooperación interinstitucional en apoyo de la integración de la perspectiva de género

31.  Considera que el refuerzo de las relaciones interinstitucionales mejorará el equilibrio entre hombres y mujeres en las políticas de la Unión; toma nota de que todavía no se ha establecido una cooperación estructurada sobre la perspectiva de género con otros socios institucionales, como la Comisión, el Consejo y el EIGE; pide a la Comisión que proponga un marco adecuado para el establecimiento de una cooperación interinstitucional sobre la integración de la perspectiva de género,en el que también participen otras partes interesadas en este ámbito;

32.  Pide a la Comisión que, sobre la base de los resultados de la consulta pública y de las posiciones del Parlamento y del Consejo, adopte inmediatamente una comunicación sobre una nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres después de 2015 que aborde las cuestiones de igualdad de género en consonancia con la agenda internacional;

33.  Recomienda que el Defensor del Pueblo Europeo facilite anualmente al Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad datos relacionados con las reclamaciones sobre mala administración en relación con la igualdad de género en el Parlamento Europeo, con el debido respeto a la Decisión del Parlamento Europeo sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones;

34.  Opina que el intercambio de mejores prácticas con otras organizaciones reforzará la creación de capacidad y la eficacia del Parlamento en la aplicación de la integración de la perspectiva de género; pide que se organice el intercambio de mejores prácticas a todos los niveles con otras instituciones y organizaciones como ONU Mujeres, el Consejo de Europa, las instituciones de la UE y las partes interesadas en la promoción de la igualdad de género, como son los organismos de defensa de la igualdad de género, los interlocutores sociales y las ONG; alienta la participación en los programas específicos de desarrollo de las capacidades de otras organizaciones internacionales, e insta a que se busque su apoyo para la organización de programas de integración de la perspectiva de género adaptados a las necesidades;

35.  Pide a la Dirección General de Personal que recurra al intercambio de buenas prácticas y asistencia técnica en materia de igualdad de género y diversidad, por ejemplo, con el Congreso de los Estados Unidos y los órganos de igualdad nacionales, para la promoción, en el futuro inmediato, de las comunidades minoritarias étnicas y raciales en los procedimientos de contratación y en los concursos de la EPSO; pide que se dedique especial atención al personal en prácticas y se elaboren iniciativas y programas destinados a promover las prácticas entre los jóvenes, en particular mujeres, de minorías raciales y étnicas infrarrepresentadas;

36.  Destaca la necesidad de mantener un diálogo abierto y constante con los Parlamentos nacionales, con vistas a mantener intercambios de opiniones regulares, intercambios de nuevas técnicas y de informar sobre evaluaciones de impacto de las políticas que permitan fomentar un enfoque compartido y seguir desarrollando las mejores prácticas en el fomento de la integración de la perspectiva de género; recomienda la organización de reuniones interparlamentarias periódicas sobre la integración de la perspectiva de género;

o
o   o

37.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO C 341 E de 16.12.2010, p. 35.
(2) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 65.
(3) DO C 251 E de 31.8.2013, p. 1.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0050.
(5) DO C 61 E de 10.3.2004, p. 384.
(6) DO C 244 E de 18.10.2007, p. 225.
(7) DO C 184 E de 8.7.2010, p. 18.
(8) DO C 212 E de 5.8.2010, p. 32.
(9) DO C 251 E de 31.8.2013, p. 11.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0218.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0042.
(12) SWD(2015)0278.
(13) «Integración de la perspectiva de género en las comisiones y delegaciones del Parlamento Europeo», Parlamento Europeo, Departamento Temático C.


Situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2016, sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE (2015/2325(INI))
P8_TA(2016)0073A8-0024/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 8 y 78 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Convenio de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados,

–  Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948,

–  Vistas la Convención de las Naciones Unidas de 1979 sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Recomendación general n.º 32 del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres, de 14 de noviembre de 2014,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

–  Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los documentos finales posteriores aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing + 5, Beijing + 10, Beijing + 15 y Beijing + 20,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2015, titulada «Una agenda europea de migración» (COM(2015)0240),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2015, titulada «Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015-2020)» (COM(2015)0285),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre migración, de 12 de octubre de 2015, y, en particular, el compromiso recogido en las mismas con los derechos humanos de las mujeres y las niñas,

–  Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo,

–  Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo,

–  Vista la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional,

–  Vista la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular,

–  Vista la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional,

–  Vista la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y por el que se modifica la Directiva 2013/32/UE (COM(2015)0452),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de julio de 2007, sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida,

–  Vistos las Conclusiones del Consejo tituladas «Plan de Acción en materia de género 2016-2020», de 26 de octubre de 2015,

–  Visto el documento de trabajo conjunto de la Comisión y de la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 25 de marzo de 2015, sobre la aplicación de la política europea de vecindad en 2014 (SWD(2015)0076),

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 y 1820 sobre las mujeres, la paz y la seguridad;

–  Vista su Resolución, de 2 de diciembre de 2015, sobre el Informe Especial de la Defensora del Pueblo Europeo relativo a su investigación de oficio OI/5/2012/BEH-MHZ sobre Frontex(1),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0024/2016),

A.  Considerando el número sin precedentes, y que no deja de aumentar, de hombres, mujeres y niños que buscan protección internacional en la UE como consecuencia de los conflictos en curso, la inestabilidad regional y las violaciones de los derechos humanos, incluida la violencia de género y el uso de la violación como arma de guerra;

B.  Considerando que se registra una gran diferencia en cuanto al género entre los solicitantes de asilo en la Unión Europea; que, por término medio, las mujeres constituyen un tercio de los solicitantes de asilo; que desde principios de 2015 hasta el mes de noviembre de ese año cerca de 900 000 personas atravesaron el Mediterráneo y llegaron a las costas europeas, y que las mujeres y los niños representan el 38 % del total; que el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) ha informado de que, en enero de 2016, el 55 % de la personas que llegaban a Grecia para pedir asilo en la UE eran mujeres y niños; que ya han perdido la vida demasiadas personas en este viaje de la esperanza y que muchas de ellas eran mujeres;

C.  Considerando que las mujeres y las personas LGBTI sufren formas específicas de persecución por motivos de género, circunstancia que con excesiva frecuencia se sigue pasando por alto en los procedimientos de asilo;

D.  Considerando que la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad no ha logrado su principal objetivo de proteger a las mujeres y aumentar, de forma considerable, su participación en los procesos políticos y de adopción de decisiones;

E.  Considerando que, según las estimaciones del ACNUR, alrededor de 20 000 mujeres y niñas procedentes de países que practican la mutilación genital femenina solicitan cada año asilo en los Estados miembros de la UE; que un número significativo de mujeres que presentan una solicitud de asilo lo hacen por miedo a la mutilación genital femenina,

F.  Considerando que la ACNUR ha calculado que 71 % de las solicitantes de asilo en la UE originarias de países en los que se practica la mutilación genital femenina han sido víctimas esta práctica; que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado resoluciones para paralizar la expulsión de las niñas en peligro de ser sometidas a la mutilación genital, ante el riesgo de que su salud física y psicológica sufriera un daño irreparable;

G.  Considerando que las mujeres y niñas que solicitan asilo tienen necesidades específicas de protección y plantean preocupaciones distintas de las de los hombres, lo que requiere tener en cuenta la perspectiva de género y atender a cada situación individual en la aplicación de todas las políticas y procedimientos de asilo, incluida la evaluación de los solicitudes de asilo; que las solicitudes de asilo en casos de violencia deben ser tratadas de manera que se proteja a las mujeres de la victimización secundaria durante el procedimiento de asilo;

H.  Considerando que el proceso de integración y los derechos de mujeres y niñas se resienten cuando su estatuto jurídico depende de su cónyuge;

I.  Considerando que los actos pertinentes que conforman el Sistema Europeo Común de Asilo deben transponerse y aplicarse de conformidad con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados y otros instrumentos en la materia;

J.  Considerando que el trato que reciben las mujeres y las niñas solicitantes de asilo varía enormemente de un Estado miembro a otro y que siguen registrándose graves deficiencias;

K.  Considerando que las refugiadas y las solicitantes de asilo son objeto con frecuencia de múltiples formas de discriminación y son más vulnerables a la violencia sexual y de género en sus países de origen y en los países de tránsito y de destino; que son especialmente vulnerables las mujeres y niñas no acompañadas, las mujeres cabeza de familia y las mujeres embarazadas, así como las personas con discapacidad y de edad avanzada;

L.  Considerando que las mujeres refugiadas no solo deben hacer frente a las amenazas a su seguridad personal (largas y peligrosas jornadas de viaje hacia el exilio, acoso, indiferencia oficial y, con frecuencia, abuso sexual y violencia, incluso una vez que han alcanzado un lugar aparentemente seguro, con la consecuente estigmatización social), sino que además deben encargarse de la seguridad física, el bienestar y la supervivencia de sus familias;

M.  Considerando que muchos de los refugiados que han llegado a Europa viven en condiciones precarias en campamentos o en la calle, y que las mujeres y las niñas son especialmente vulnerables;

N.  Considerando que las redes delictivas se están aprovechando de la inexistencia de vías seguras de llegada a la UE para los solicitantes de asilo y los refugiados, de la inestabilidad regional, de los conflictos, así como de la vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas que intentan huir, para explotarlas mediante la trata de seres humanos y la explotación sexual;

O.  Considerando que las mujeres víctimas de violencia y trata están más expuestas al riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual;

P.  Considerando que la Oficina del ACNUR ha informado de casos de violencia y abusos, incluida la violencia sexual, contra las mujeres y los niños refugiados durante su desplazamiento y en los centros de acogida en la UE, que están saturados;

Q.  Considerando que las mujeres y niñas que buscan refugio en la UE suelen huir de regímenes que oprimen a las mujeres, que no reconocen la igualdad entre mujeres y hombres, y que toleran la violencia contra las mujeres, el abuso y los matrimonios infantiles, precoces y forzados;

R.  Considerando que muy a menudo los centros de acogida no disponen en su interior de espacios adecuados para las madres que se alojan en ellos y que deben cuidar de sus hijos; que, además, las estructuras de asistencia jurídica no proporcionan un apoyo adecuado a la hora de ofrecer información y prestar ayuda para encontrar a otros familiares;

S.  Considerando que en instalaciones de recepción y de tránsito de la Unión Europea no se satisfacen las necesidades más básicas para prevenir la violencia de género, como son los baños, duchas y dormitorios separados para las mujeres;

T.  Considerando que las niñas que huyen de los conflictos y la persecución se enfrentan a un mayor riesgo de ser víctimas de matrimonios infantiles, precoces y forzados, de violaciones, de abusos sexuales y físicos y de la prostitución;

U.  Considerando que separar a los miembros de una misma familia, incluso cuando están internados, expone a las mujeres y a los niños a mayores riesgos;

V.  Considerando que la reagrupación familiar, pese a tratarse de un derecho humano fundamental, sufre retrasos sistemáticos o incluso se deniega, y que las mujeres y los niños son los que más sufren en estos casos;

W.  Considerando que las mujeres a menudo se ven obligadas a aceptar trabajos en negro y en condiciones degradantes para permanecer en el país al que llegan;

X.  Considerando que la Plataforma de Acción de Beijing puso de relieve la necesidad de reforzar la participación de las mujeres en la resolución de conflictos en los niveles decisorios y la necesidad de que las mujeres migrantes, desplazadas y refugiadas participen de manera adecuada en las decisiones que les afectan;

Y.  Considerando que el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 5 consiste en lograr la igualdad de género y mejorar las condiciones de vida de las mujeres para 2030;

1.  Estima que, para mejorar la seguridad y la protección de las mujeres y niñas refugiadas, es necesario abrir vías seguras y legales hacia la UE para las mujeres que huyen de los conflictos y las persecuciones, y que se debe tomar en consideración el género; pone de relieve, en particular, que deberían ser más los Estados miembros que participan en los programas de reasentamiento de la UE; considera que la legislación y las políticas relativas a la migración irregular no deberían impedir el acceso a los procedimientos de asilo de la UE; destaca que el derecho de asilo está consagrado en el artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE;

2.  Recalca la necesidad apremiante de abrir de inmediato vías seguras y legales para los solicitantes de asilo, con objeto de evitar las redes de contrabando y de permitir que las mujeres, los niños, las personas de edad avanzada y las personas con discapacidad tengan cada vez menos dificultades para encontrar refugio sin poner en peligro sus vidas; muestra su profunda preocupación por las muertes, devoluciones forzosas y las graves violaciones de derechos humanos en las fronteras externas de la UE; considera que deben repartirse las responsabilidades, los costes y los beneficios entre los 28 Estados miembros y no solamente entre los países de llegada; lamenta la falta de solidaridad entre los Estados miembros de la UE;

3.  Destaca la importancia de que las mujeres refugiadas sean inscritas individualmente y reciban la documentación pertinente para garantizar su seguridad personal, libertad de circulación y acceso a los servicios de primera necesidad, como requiere el ACNUR;

4.  Subraya que los comités de coordinación y cualquier otra forma de representación de los refugiados, tanto en entornos urbanos y rurales como en los campamentos, incluidas las zonas de retorno, deberían respetar el principio de paridad de género en su composición para garantizar el respeto de los derechos y las necesidades de las mujeres refugiadas y demandantes de asilo;

5.  Reitera su llamamiento a los Estados miembros y a la Unión Europea para que firmen y ratifiquen el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul);

6.  Pide a todos los Estados miembros que, en colaboración con la UE y en todas las fases del proceso de asilo, garanticen asesoramiento especializado en materia de traumas y atención psicológica para las mujeres que han sido víctimas de ataques por razón de género, con la intervención directa de mujeres cualificadas que sean especialistas en la materia;

7.  Expresa su gran preocupación ante la información que indica que mujeres y niños recurren al sexo poder sobrevivir y pagar a los traficantes y, de este modo, proseguir su viaje y solicitar asilo en la UE; insiste en destacar que unas rutas seguras y legales hacia Europa son fundamentales para prevenir eficazmente esta realidad;

8.  Insta a la UE a incluir la perspectiva de género cuando cree el mecanismo de denuncia ante el agente de derechos fundamentales de Frontex y a dar respuesta a las violaciones de los derechos humanos cometidas por Frontex, los Estados miembros y funcionarios de terceros países en la cooperación con Frontex, tal y como pidió recientemente el Parlamento en su Resolución, de 2 de diciembre de 2015, sobre el Informe Especial de la Defensora del Pueblo Europeo relativo a su investigación de oficio OI/5/2012/BEH-MHZ sobre Frontex;

9.  Pide medidas específicas para garantizar la plena integración de las refugiadas y solicitantes de asilo, evitando toda forma de explotación, abusos, violencia y trata;

10.  Pone de relieve que todas las políticas y medidas de migración y asilo de la UE deberían tener en cuenta el género en su concepción, ejecución y evaluación;

La dimensión de género en la determinación del estatuto de refugiado

11.  Pide que, en el marco de una reforma más amplia de las políticas de migración y asilo, se adopte un nuevo conjunto global de directrices en materia de género a escala de la UE que tengan plenamente en cuenta la dimensión social, cultural y política de la persecución y que incluyan medidas de acogida e integración;

12.  Subraya que, incluso en los países considerados seguros, las mujeres pueden sufrir persecución por razón de género, y que las personas LGBTI también pueden sufrir abusos, por lo que tienen motivos legítimos para pedir protección; pide a todos los Estados miembros que adopten procedimientos en materia de asilo y que se esfuercen por elaborar programas de formación que sean sensibles a las necesidades de las mujeres con múltiples identidades marginadas, incluidas las mujeres LGBTI; insta a todos los Estados miembros a que luchen contra los estereotipos sobre el comportamiento o las características de las mujeres LGBTI y a que apliquen plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales por lo que respecta a las solicitudes de asilo; destaca la necesidad de centros de acogida sensibles a las personas LGBTI en todos los Estados miembros; recalca que la violencia contra las personas LGBTI es común en los centros de acogida;

13.  Pone de relieve que las formas de violencia y discriminación por razón de sexo —por ejemplo, la violación y la violencia sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la violencia doméstica, los denominados crímenes de honor y la discriminación por razón del sexo amparada por los Estados— constituyen persecución y deben ser motivos válidos para pedir asilo en la UE, lo que debe reflejarse en unas nuevas directrices en materia de género;

14.  Pide a la Comisión que recopile estadísticas exhaustivas en el ámbito de la migración y la protección internacional con vistas a añadir más categorías de datos desglosados por género, en particular en relación con las fases del proceso de asilo posteriores a la adopción de una decisión inicial;

15.  Insta a la Comisión a que elabore directrices interpretativas sobre la mutilación genital femenina que tengan plenamente en cuenta las directrices en materia de persecución de género y la nota orientación relativa a la mutilación genital femenina del ACNUR, y a que defina claramente las obligaciones de los Estados miembros, prestando especial atención a la identificación de las solicitantes de asilo vulnerables y a la comunicación con ellas; subraya que las mujeres que han sobrevivido a una mutilación genital femenina pueden tener dificultades para hablar del trauma que les ha ocasionado; pide a los Estados miembros que tomen medidas para garantizar que todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la mutilación genital femenina, puedan reconocerse como forma de persecución y, por tanto, que sus víctimas puedan acogerse a la protección que ofrece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, cumpliendo lo establecido en el artículo 60 del Convenio de Estambul;

16.  Pide a los Estados miembros que velen por que los procedimientos de asilo en las fronteras respeten las Directrices del ACNUR relativas a la Protección Internacional, en particular en lo que atañe a la persecución por motivos de género, y las Directrices del ACNUR sobre las solicitudes de la condición de refugiado relacionadas con la orientación sexual y/o identidad de género, en las que se exponen claramente las obligaciones de los Estados miembros;

17.  Pide a la Comisión que, habida cuenta de la situación expuesta, revise el incremento de la financiación y la cobertura de los programas Daphne y Odysseus y evalúe la posibilidad de adaptar estos programas al contexto actual con el fin de proteger a las mujeres refugiadas;

18.  Toma nota de la propuesta de la Comisión de establecer una lista común a la UE de países de origen seguros; pide que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que este enfoque sea conforme con el principio de no devolución y no se debiliten los derechos de las mujeres, los niños y otros grupos vulnerables; pide que se aplique la diferenciación de género; considera que en ningún caso la lista de países de origen seguros debería abocar a un trato procedimental menos favorable para las mujeres cuyas solicitudes de asilo se basan en el temor a la violencia por razón de género o en haberla sufrido; destaca la necesidad de evitar decisiones apresuradas que no tomen debidamente en cuenta el peligro, incluso de muerte, que para las víctimas de violencia de género tienen la denegación de su solicitud y la obligación de retornar a su país;

19.  Pide a todos los Estados miembros que adopten unos enfoques más objetivos y más sensibles a las cuestiones de género en la evaluación de la credibilidad y que se refuerce la formación sobre esta evaluación que reciben los responsables de la toma de decisiones de modo que se tenga en cuenta la dimensión de género; pone de relieve que las evaluaciones de credibilidad no pueden ser en ningún caso completamente rigurosas, y que no se deberían utilizar como única base para denegar una solicitud de asilo; recomienda que al evaluar las solicitudes de asilo presentadas por mujeres se tengan en cuenta los perfiles culturales, sociales y psicológicos, incluidos el origen cultural, la educación, los traumas, los temores, la vergüenza y las desigualdades culturales entre hombres y mujeres;

20.  Pide a los Estados miembros que expongan los motivos de las decisiones positivas en materia de concesión de asilo con el fin de ofrecer datos útiles sobre la consideración prestada a la violencia de género, y que garanticen la transparencia respecto de los motivos para conceder el asilo en virtud del Convenio;

21.  Insta a los Estados miembros a que proporcionen información a las mujeres sobre el procedimiento de asilo y los derechos y los servicios específicos para las mujeres que piden asilo; destaca que el derecho de las mujeres a presentar solicitudes de asilo independientes de las de sus cónyuges es fundamental para su empoderamiento y para el principio de no devolución; insta a los Estados miembros a que informen a todas las mujeres de su derecho a presentar una solicitud de asilo independiente, de manera que las mujeres puedan solicitar asilo o mantener su estatuto de refugiadas o de solicitantes de asilo con independencia de la situación de los demás miembros de su familia;

22.  Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas, así como la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos;

23.  Considera que debería intervenirse rápidamente en el plano de la ayuda humanitaria siempre que haya sospechas de violencia de género, habida cuenta de la elevadísima exposición a formas de violencia física y psíquica de los grupos vulnerables, como las mujeres o los niños en rutas migratorias ilegales en las que se les niega todo derecho;

24.  Pone de relieve que las mujeres y las niñas están particularmente expuestas a la explotación por parte de los traficantes de personas; pide, por lo tanto, a los Estados miembros que refuercen su cooperación en materia policial y judicial, incluyendo a Europol, Frontex, Eurojust y la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), a fin de combatir eficazmente la trata y el tráfico de migrantes;

25.  Destaca la importancia crucial de prestar servicios de atención a los niños y a las personas a cargo durante los exámenes y las entrevistas de los procedimientos de asilo, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en la presentación de solicitudes de asilo;

Necesidades de las mujeres en los procedimientos de asilo

26.  Insta a los Estados miembros a informar debidamente a las mujeres solicitantes de asilo de sus derechos y, en particular, del derecho a solicitar una intérprete y una entrevistadora de sexo femenino y a tener una entrevista individual sin presencia de terceros; insta a los Estados miembros a que impartan a entrevistadores e intérpretes una formación completa y obligatoria sobre la violencia sexual, las situaciones traumáticas y los procesos de memoria; insta a los Estados miembros a garantizar que se respeten estos derechos; insta a los Estados miembros a cumplir el artículo 15, apartado 3, de la Directiva sobre procedimientos de asilo;

27.  Señala con preocupación que muchos de quienes tramitan solicitudes de asilo en la UE no están familiarizados con la mutilación genital femenina; pide a los Estados miembros que trabajen a escala nacional con sus autoridades competentes en materia de asilo a fin de establecer procedimientos más adecuados para ayudar y asistir a las mujeres y las niñas que han sufrido o corren el riesgo de sufrir la mutilación genital femenina;

28.  Insta a todos los Estados miembros a facilitar información actualizada y accesible sobre el procedimiento de asilo en lo que atañe a los derechos y las prestaciones específicas para las mujeres solicitantes de asilo;

29.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garanticen el pleno acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incluido el acceso al aborto seguro, y a que asignen urgentemente más recursos a la atención médica;

30.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que garantice la protección y asistencia de las mujeres durante su estancia en campos de refugiados, en los controles fronterizos y, evidentemente, tras su entrada en la UE;

31.  Insta a todos los Estados miembros a que firmen y ratifiquen el Convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, y a que apliquen su artículo 59, que dispone claramente que las Partes deben adoptar las medidas necesarias para suspender los procedimientos de expulsión o conceder un permiso de residencia separado, en caso de disolución del matrimonio, a las migrantes cuyo estatuto de residente dependa del de su cónyuge;

32.  Pide que, a fin de evitar la explotación, reducir la vulnerabilidad y alcanzar una mayor igualdad, se conceda a las mujeres migrantes y a las solicitantes de asilo un estatuto jurídico independiente del de sus cónyuges;

33.  Subraya que las mujeres y las niñas migrantes que carecen de documentación deben gozar de pleno acceso a sus derechos básicos fundamentales y que han de crearse canales para la migración legal;

34.  Subraya la necesidad de que los procedimientos de reagrupación familiar garanticen los derechos individuales de las mujeres y niñas que se reúnen con sus familias en la UE, a fin de que, para acceder a la sanidad, la educación o el trabajo, no tengan que depender de una posible relación abusiva con el miembro masculino de la familia;

35.  Condena firmemente el uso de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra; considera que se ha de prestar especial atención a las mujeres y las niñas migrantes que han sufrido abusos en conflictos garantizándoles acceso a ayuda médica y psicológica;

36.  Acoge con satisfacción el desarrollo de un nuevo módulo de formación sobre género, identidad de género y orientación sexual de la EASO; pide la plena incorporación de la perspectiva de género y de la presupuestación con perspectiva de género en el trabajo de la EASO mediante puntos de contacto para cuestiones de género y una relación oficial con el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE); solicita que la información sobre los países de origen aborde también la situación de las mujeres, tanto jurídica como de hecho, incluida información sobre la persecución o a la amenaza de persecución por actores no estatales;

37.  Anima a todos los Estados miembros a que hagan pleno uso del Reglamento de Dublín para garantizar que las familias puedan reagruparse y que sus solicitudes de asilo sean tramitadas por las mismas autoridades;

Acogida e internamiento

38.  Pide que no se produzcan más internamientos de niños en la UE y que los padres puedan vivir con sus hijos en centros adaptados y dignos mientras esperan la decisión sobre su solicitud de asilo;

39.  Subraya que el internamiento de solicitantes de asilo debe evitarse, que solo puede aplicarse cuando persiga un fin legítimo y se considere necesario y proporcionado en cada caso concreto, y que de ningún modo está justificado en el caso de menores de 18 años; considera que el respeto del derecho a solicitar asilo implica la adopción de condiciones de acogida abiertas y humanas, lo que incluye un trato que garantice la seguridad, la dignidad y el respeto de los derechos humanos; destaca la necesidad de desarrollar alternativas al internamiento, incluidos enfoques centrados en compromisos, que respondan a las necesidades de los grupos vulnerables;

40.  Pone de relieve que muchas solicitantes de asilo y refugiadas han sido víctimas de una violencia extrema y que el internamiento puede exacerbar sus traumas; destaca que la detención de solicitantes de asilo por mera conveniencia administrativa vulnera el derecho a la libertad consagrado en el artículo 6 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; pide que se ponga fin inmediatamente, en todos los Estados miembros, al internamiento de niños y de mujeres embarazadas o lactantes o que han sido víctimas de violaciones, de violencia sexual o de trata de personas, y que se les preste apoyo psicológico adecuado;

41.  Insta a todos los Estados miembros a que reduzcan los plazos máximos de duración del internamiento previo a la expulsión por debajo del límite estipulado en la Directiva sobre el retorno; considera que la detención prolongada afecta de forma desproporcionada a los grupos vulnerables;

42.  Insta a que las solicitantes de asilo internadas que hayan sido víctimas de abusos sexuales reciban atención y asesoramiento médicos apropiados, también en caso de quedar embarazadas, y a que se les preste la atención sanitaria física y psicológica y el apoyo y asistencia jurídicos necesarios; exige que la Comisión y los Estados miembros adopten medidas inmediatas para garantizar que las condiciones de acogida, tránsito e internamiento sean seguras, humanitarias y adecuadas, con instalaciones sanitarias y alojamientos separados para mujeres y familias; señala que la entrega de artículos de higiene a todas las mujeres y niñas debe ser una práctica estandarizada en los programas de asistencia;

43.  Señala que la participación directa e indirecta de las mujeres refugiadas en la gestión del reparto de alimentos y otros productos garantizará que estos sean distribuidos y controlados directamente por las mujeres adultas de las familias, asegurando un reparto equitativo de los mismos;

44.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que equipen los centros de acogida de refugiados y solicitantes de asilo con espacios adecuados para la alimentación y el cuidado de los hijos;

45.  Pide a los Estados miembros que apliquen o refuercen los mecanismos de control de los centros de acogida saturados de la UE, en los que no se respetan necesariamente criterios adecuados para mitigar la violencia de género, con el fin de evitar que las vejaciones que sufren mujeres y niños se produzcan también en el país de llegada;

46.  Destaca que en los procedimientos de acogida ha de darse prioridad a las necesidades de las personas vulnerables como las mujeres víctimas de la violencia y las niñas, en particular las que no están acompañadas;

47.  Destaca la importancia de dotar a las estructuras de acogida de una asistencia jurídica adecuada para las mujeres con el fin de garantizarles un apoyo útil en términos de información y de ayuda a la búsqueda de familiares;

48.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas para impedir que se imponga a mujeres y muchachas que han obtenido el estatuto de refugiadas el matrimonio forzoso con hombres que pretenden asegurarse un acceso seguro y que de otro modo no tendrían derecho a él;

49.  Destaca la urgente necesidad de realizar investigaciones independientes sobre todas las denuncias, en especial de abusos sexuales y violencia de género, en los centros de detención de inmigrantes o en las fronteras, así como de garantizar el acceso a los periodistas y las organizaciones pertinentes de la sociedad civil;

50.  Considera que, cuando se interna a mujeres solicitantes de asilo, hacen falta instalaciones y materiales para cubrir las necesidades de higiene específicas de las mujeres, se debe promover el empleo de guardias y vigilantes de sexo femenino, y todos los miembros del personal que trabajen con las mujeres internadas deben recibir formación sobre las necesidades específicas por motivo de género y sobre los derechos humanos de las mujeres;

51.  Estima que las solicitantes de asilo internadas que denuncien malos tratos deben recibir inmediatamente protección, apoyo y asesoramiento, y sus denuncias deberán ser investigadas por autoridades competentes independientes, con pleno respeto del principio de confidencialidad, incluso cuando las mujeres estén internadas junto con sus cónyuges, sus parejas u otros familiares; considera que las medidas de protección deben tener en cuenta específicamente el riesgo de represalias;

52.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que trabajen junto con la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos para aliviar la difícil situación de los refugiados que sobreviven en condiciones precarias, especialmente en lo que respecta a las mujeres y niñas vulnerables;

La inclusión y la integración sociales

53.  Pide a los Estados miembros que elaboren y apliquen medidas específicas que faciliten la participación de las refugiadas y solicitantes de asilo en el mercado laboral, incluidos cursos de idiomas, el aprendizaje permanente y la formación; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades locales que garanticen el derecho de las niñas refugiadas al acceso a la educación obligatoria; destaca la importancia de la educación informal y no oficial y de los intercambios culturales para integrar y empoderar a las niñas y las jóvenes; subraya la importancia de un mayor acceso a la educación superior para las mujeres refugiadas; aboga por unos procedimientos sólidos y transparentes en materia de reconocimiento de las titulaciones obtenidas en el extranjero;

54.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan fondos y otros recursos a disposición de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos que prestan asistencia, fomentan la inclusión y supervisan la situación de los refugiados y de los solicitantes de asilo en la UE, en particular por lo que se refiere a eliminar las barreras y las vulnerabilidades que afectan a mujeres y niñas;

55.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que a las mujeres que fueran personalidades destacadas en sus países de origen y que ahora son refugiadas por haber sufrido persecución en ellos se les garantice poder proseguir de forma segura en la Unión con sus actividades políticas y sociales en favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de género;

56.  Destaca la importancia fundamental de unos servicios de atención a niños y a otras personas dependientes que sean accesibles y de calidad y permitan la emancipación económica y social de las mujeres refugiadas;

57.  Anima a los Estados miembros a que recurran a los Fondos Estructurales y de Inversión, además del Fondo de Asilo, Migración e Integración, para promover la integración de los refugiados en el mercado laboral, poniendo un énfasis especial en la atención a los niños;

58.  Pide unos procedimientos de reagrupación familiar más rápidos y eficaces y la recopilación de datos desglosados por género sobre las decisiones relativas a la reagrupación familiar; destaca la importancia del acceso a la justicia gratuita en los casos de reagrupación familiar;

59.  Considera que el reconocimiento mutuo de las decisiones positivas en materia de concesión de asilo generaría mejores oportunidades de empleo, integración y reagrupación familiar;

60.  Subraya que los países de acogida deben garantizar el pleno acceso al derecho a una educación pública gratuita y de calidad, a los servicios de atención sanitaria, en particular a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como a un empleo acorde con las necesidades y capacidades de las refugiadas y a un alojamiento que cubra las necesidades de las mujeres y las niñas refugiadas; pone de relieve que las políticas de bienestar son fundamentales para la integración;

61.  Pide unos programas globales y adecuadamente financiados que aborden las necesidades sanitarias por cubrir de las refugiadas a corto y largo plazo, incluida la atención psicosociológica o de tratamiento de traumas;

62.  Destaca la importante contribución que pueden aportar las empresas sociales y los modelos empresariales alternativos, como las mutuas y las cooperativas, a la hora de empoderar e integrar a las refugiadas en los mercados laborales, así como en las esferas sociales y culturales;

63.  Alienta el intercambio entre los Estados miembros de mejores prácticas relacionadas con la contribución de las organizaciones de base comunitaria y con la participación directa de los propios refugiados en la defensa de los puntos de vista de las refugiadas y solicitantes de asilo ante los responsables políticos;

64.  Considera que las autoridades regionales y locales desempeñan un papel fundamental para la integración de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo, en particular por lo que se refiere a su inserción en el mundo del trabajo; anima asimismo a estas autoridades a que fomenten el diálogo y el contacto entre mujeres refugiadas y mujeres autóctonas;

o
o   o

65.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al ACNUR.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0422.

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