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Procedimiento : 2016/2774(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0977/2016

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B8-0977/2016

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PV 14/09/2016 - 9.6
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P8_TA(2016)0344

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Miércoles 14 de septiembre de 2016 - Estrasburgo Edición definitiva
Últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia en los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
P8_TA(2016)0344B8-0977/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2016, sobre los últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia en los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2016/2774(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los Tratados, y en particular los artículos 2, 3, 4 y 6 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Constitución de la República de Polonia,

–  Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la materia,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

–  Visto el debate celebrado por el Parlamento Europeo el 19 de enero de 2016 sobre la situación en Polonia,

–  Vista su Resolución, de 13 de abril de 2016, sobre la situación en Polonia(1),

–  Vista la adopción por la Comisión Europea, el 1 de junio de 2016, de un dictamen sobre el Estado de Derecho en Polonia,

–  Vista la recomendación de la Comisión, de 27 de julio de 2016, sobre el Estado de Derecho en Polonia,

–  Visto el dictamen de los expertos del Consejo de Europa, de 6 de junio de 2016, sobre los tres proyectos de ley relativos a los medios públicos de comunicación polacos,

–  Visto el dictamen de la Comisión de Venecia, de 11 de marzo de 2016, sobre las modificaciones a la Ley de 25 de junio de 2015 sobre el Tribunal Constitucional de Polonia,

–  Visto el dictamen de la Comisión de Venecia, de 13 de junio de 2016, sobre la Ley de 15 de enero de 2016 por la que se modifican la Ley sobre la policía y otros actos legislativos,

–  Visto el informe del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 15 de junio de 2016, tras su visita a Polonia del 9 al 12 de febrero de 2016,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías; que estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad que se caracteriza por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres, y que fueron ratificados por el pueblo polaco en el referéndum celebrado en 2003;

B.  Considerando que el artículo 6, apartado 3, del TUE confirma que los derechos fundamentales, garantizados por el CEDH y derivados de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, constituyen principios generales del Derecho de la Unión;

C.  Considerando que la Unión opera sobre la base de la presunción de la confianza mutua, en el sentido de que los Estados miembros respetan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, consagrados en el CEDH y en la Carta de los Derechos Fundamentales;

D.  Considerando que el artículo 9 de la Constitución polaca establece que la República de Polonia debe respetar el Derecho internacional vinculante;

E.  Considerando que el Estado de Derecho es uno de los valores comunes sobre los que se fundamenta la Unión, y que la Comisión, junto con el Parlamento Europeo y el Consejo, es responsable en virtud de los Tratados de velar por el respeto del Estado de Derecho como uno de los valores fundamentales de la Unión Europea, así como de garantizar que se respetan la legislación, los valores y los principios de la Unión;

F.  Considerando que el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 6 del CEDH consagran la independencia del poder judicial, y que esta constituye un requisito esencial del principio democrático de separación de poderes, que tiene también su reflejo en el artículo 10 de la Constitución polaca;

G.  Considerando que la separación de poderes y la independencia del poder judicial son dos principios fundamentales del sistema democrático que no pueden menoscabarse;

H.  Considerando que los últimos acontecimientos en Polonia y, en particular, la controversia en relación con la composición y el funcionamiento del Tribunal Constitucional, así como la no publicación de las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, han suscitado preocupación con respecto a las garantías del respeto del Estado de Derecho;

I.  Considerando que, en su dictamen sobre las modificaciones a la Ley sobre el Tribunal Constitucional, la Comisión de Venecia instó a los órganos estatales polacos a que publicasen, respetasen y aplicasen plenamente las sentencias del Tribunal, al tiempo que señalaba que las modificaciones a dicha ley socavarían gravemente los trabajos del Tribunal y le sustraerían su eficacia en la función que le incumbe como guardián de la Constitución;

J.  Considerando que la parálisis del Tribunal Constitucional ha llevado a la Comisión a entablar un diálogo con el Gobierno polaco en el Marco del Estado de Derecho con el fin de garantizar el pleno respeto del Estado de Derecho; y que, a raíz de un intenso diálogo con las autoridades polacas, y teniendo en cuenta la falta de progresos en la resolución de la crisis constitucional, la Comisión ha llegado a la conclusión de que es necesario formalizar su evaluación de la situación actual en forma de dictamen;

K.  Considerando que, a pesar de los nuevos intercambios de puntos de vista con las autoridades polacas, las cuestiones que amenazan el Estado de Derecho en Polonia no se han resuelto de forma satisfactoria; que la Comisión estima que existe una amenaza sistémica para el Estado de Derecho en este país, y que, a raíz de esta situación, ha formulado una serie de recomendaciones concretas a las autoridades polacas acerca de cómo responder a sus preocupaciones con carácter de urgencia;

L.  Considerando que la finalidad del Marco del Estado de Derecho es abordar las amenazas sistémicas al Estado de Derecho en cualquiera de los Estados miembros de la Unión, en particular en situaciones que no puedan abordarse eficazmente mediante procedimientos de incumplimiento y cuando parezca evidente que las «garantías del Estado de Derecho» a escala nacional no sean ya capaces de abordar eficazmente dichas amenazas;

M.  Considerando que la Unión está comprometida con el respeto de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, así como con el derecho a la información y a la libertad de expresión, que consagran el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 10 del CEDH y tienen también su reflejo en el artículo 14 de la Constitución polaca;

N.  Considerando que las recientes propuestas de modificación —que ya han sido adoptadas— de la Ley polaca sobre los medios de comunicación, en particular en lo que respecta a la gobernanza, la independencia editorial y la autonomía institucional de los medios públicos de comunicación, han suscitado preocupación en lo que se refiere al respeto de la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación;

O.  Considerando que los expertos del Consejo de Europa, tras mantener un diálogo de expertos con las autoridades polacas sobre el paquete de tres proyectos de ley relativos a los medios públicos de comunicación, llegaron a la conclusión de que son necesarias mejoras, en particular en el ámbito de la gobernanza, el contenido legal y el interés público, así como en lo que concierne a la protección de los periodistas;

P.  Considerando que el derecho a la libertad y a la seguridad, así como el respeto de la vida privada y la protección de los datos de carácter personal, están consagrados en los artículos 6, 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales, en los artículos 5 y 8 del CEDH y en los artículos 31 y 47 de la Constitución polaca;

Q.  Considerando que la Comisión de Venecia, en su dictamen sobre las modificaciones a la Ley sobre la policía y otros actos legislativos, llegó a la conclusión de que las garantías de procedimiento y las condiciones materiales que figuran en la Ley sobre la policía en relación con la ejecución de la vigilancia secreta son insuficientes para impedir un recurso excesivo a esta medida o una interferencia injustificada en la vida privada y la protección de datos de las personas; recuerda, en este contexto, que tanto el Tribunal de Justicia como el TEDH han destacado la necesidad de introducir mecanismos eficaces de vigilancia, y preferentemente controles judiciales, a fin de garantizar la supervisión de estas actividades;

R.  Considerando que la nueva Ley antiterrorista genera preocupaciones similares en cuanto al cumplimiento, en particular, de los artículos 5, 8, 10 y 11 del CEDH y de la Constitución polaca;

S.  Considerando que la Comisión Europea estima que, en la medida en que el Tribunal Constitucional se vea inhabilitado para garantizar una supervisión constitucional plenamente efectiva, será imposible controlar en la práctica si determinados instrumentos como los actos legislativos particularmente sensibles adoptados recientemente por la Asamblea Nacional cumplen la Constitución, especialmente en lo que se refiere al respeto de los derechos fundamentales;

T.  Considerando que la Comisión de Venecia está compuesta por expertos independientes en Derecho constitucional designados por todos los miembros del Consejo de Europa, entre ellos Polonia; que su dictamen refleja la interpretación más acreditada de las obligaciones de los Estados miembros del Consejo de Europa con respecto al Estado de Derecho y la democracia, y que dicho dictamen fue solicitado directamente por el actual Gobierno polaco;

U.  Considerando que el derecho a un juicio justo, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa están consagrados en los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales, en el artículo 6 del CEDH y en los artículos 41, 42 y 45 de la Constitución polaca;

V.  Considerando que, en su informe tras su visita a Polonia, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa ha concluido que las modificaciones adoptadas recientemente del Código Penal y la Ley sobre la Fiscalía pueden poner en peligro la protección del derecho a un juicio justo en los procesos penales, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa —en particular, si se ha comprobado la falta de garantías suficientes para evitar abusos de poder—, así como el principio de la separación de poderes;

W.  Considerando que, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales, el CEDH y la jurisprudencia del TEDH, la salud sexual y reproductiva de las mujeres está relacionada con varios derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la dignidad, la libertad frente a tratos inhumanos y degradantes, el derecho al acceso a la atención sanitaria, el derecho a la intimidad, el derecho a la educación y la prohibición de la discriminación, tal como refleja también la Constitución polaca;

X.  Considerando que una función pública eficiente, imparcial, profesional y neutral desde el punto de vista político constituye un elemento fundamental de la gobernanza democrática, y que la nueva Ley sobre la función pública parece vulnerar este principio, así como el artículo 153 de la Constitución polaca;

Y.  Considerando que el Tribunal Constitucional de Polonia ha declarado que una serie de disposiciones de la Ley adoptada el 22 de julio de 2016 siguen siendo inconstitucionales;

Z.  Considerando que el Ministro de Medio Ambiente aprobó un plan para incrementar la explotación maderera en el bosque de Białowieża; que, cuando el Consejo Nacional para la Protección de la Naturaleza formuló objeciones a dicho plan, el Gobierno sustituyó a 32 de sus 39 miembros; que la Comisión inició un procedimiento de incumplimiento el 16 de junio de 2016 sobre el bosque de Białowieża;

1.  Destaca que reviste una importancia fundamental velar por el pleno respeto de los valores europeos comunes a que se refieren el artículo 2 del TUE y la Constitución polaca, así como garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales;

2.  Reitera su posición sobre la situación en Polonia en los términos expresados en su resolución de 13 de abril de 2016, en particular en lo que se refiere a la parálisis del Tribunal Constitucional, que pone en peligro la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en el país;

3.  Lamenta con preocupación que hasta ahora no se haya alcanzado todavía una solución de compromiso y no se hayan aplicado las recomendaciones de la Comisión de Venecia de 11 de marzo de 2016; lamenta, asimismo, la negativa del Gobierno polaco a publicar todas las sentencias del Tribunal Constitucional, incluidas las dictadas el 9 de marzo y el 11 de agosto de 2016;

4.  Acoge con satisfacción la determinación de la Comisión de proseguir un diálogo fructífero y constructivo con el Gobierno polaco con miras a encontrar soluciones rápidas y concretas a las amenazas sistémicas al Estado de Derecho que se han mencionado anteriormente; destaca que este diálogo debe desarrollarse con imparcialidad, sobre la base de elementos de prueba y en un espíritu de cooperación, al tiempo que se respetan las competencias de la Unión y de sus Estados miembros y el principio de subsidiariedad en los términos que establecen los Tratados;

5.  Toma nota de la adopción del dictamen de la Comisión y de la subsiguiente recomendación formulada en el Marco del Estado de Derecho tras la evaluación de la situación en Polonia; confía en que la Comisión permita al Parlamento acceder a dicho dictamen de conformidad con el anexo II del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea;

6.  Pide al Gobierno polaco que coopere con la Comisión en aplicación del principio de cooperación leal establecido en el Tratado, al tiempo que le insta a aprovechar el plazo de tres meses impartido por la Comisión para implicar a todas las partes representadas en el Sejm polaco, a fin de encontrar un compromiso que permita resolver la actual crisis constitucional, respetando plenamente el dictamen de la Comisión de Venecia y la recomendación de la Comisión Europea;

7.  Pide a la Comisión que, en su función de guardiana de los Tratados, y como siguiente paso en el proceso, controle el curso dado por las autoridades polacas a las recomendaciones formuladas, brindando al mismo tiempo su pleno apoyo a Polonia en la búsqueda de soluciones apropiadas para consolidar el Estado de Derecho;

8.  Manifiesta su preocupación, en ausencia de un Tribunal Constitucional plenamente operativo, por la reciente y rápida evolución legislativa que tiene lugar en otros sectores sin llevar a cabo consultas apropiadas, e insta a la Comisión a que proceda a evaluar la legislación adoptada en cuanto a su compatibilidad con el Derecho primario y el Derecho derivado de la Unión y con los valores en que se esta se fundamenta, teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por la Comisión de Venecia el 11 de junio de 2016 y por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa el 15 de junio de 2016, así como la recomendación de la Comisión de 27 de julio de 2016 sobre el Estado de Derecho, en particular:

   la Ley sobre los medios públicos de comunicación, teniendo en cuenta la necesidad de un marco regulador de dichos medios que garantice la transmisión de contenidos independientes, imparciales y rigurosos, de forma que reflejen la diversidad de la sociedad polaca, y tomando en consideración la jurisprudencia pertinente del TEDH y el acervo de la Unión en el sector audiovisual de los medios de comunicación;
   la Ley por la que se modifica la Ley sobre la policía y otros actos legislativos, teniendo en cuenta su injerencia desproporcionada en el derecho a la intimidad y la incompatibilidad de las actividades generales de vigilancia a gran escala y el tratamiento masivo de los datos personales de los ciudadanos con la jurisprudencia de la Unión y del TEDH;
   la Ley por la que se modifica el Código Penal y la Ley sobre la Fiscalía, teniendo en cuenta la necesidad de aplicar el acervo de la Unión en el ámbito de los derechos procesales y de respetar el derecho fundamental a un juicio justo;
   la Ley que modifica la Ley relativa a la función pública, habida cuenta del grave riesgo de politización de la administración polaca, lo que podría poner en peligro la imparcialidad de la función pública;
   la Ley sobre la lucha contra el terrorismo, teniendo en cuenta la grave amenaza para el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión que supone la ampliación de las competencias de la Agencia de Seguridad Interior sin salvaguardias judiciales adecuadas;
   otros temas que son motivo de preocupación, dado que podrían vulnerar el Derecho de la Unión, la jurisprudencia del TEDH y los derechos humanos fundamentales, en particular los derechos de la mujer;

9.  Pide a la Comisión que le informe de forma regular, puntual y transparente sobre los progresos realizados y las medidas adoptadas;

10.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa y al Presidente de la República de Polonia.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0123.

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