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Procedimiento : 2016/2880(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

RC-B8-0990/2016

Debates :

PV 15/09/2016 - 8.1
CRE 15/09/2016 - 8.1

Votaciones :

PV 15/09/2016 - 11.2

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0349

Textos aprobados
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Jueves 15 de septiembre de 2016 - Estrasburgo Edición definitiva
Filipinas
P8_TA(2016)0349RC-B8-0990/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre Filipinas (2016/2880(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en Filipinas, en particular las de 8 de junio de 2016(1) sobre el Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y la República de Filipinas, de 14 de junio de 2012(2) y de 21 de enero de 2010(3),

–  Vista la declaración de 3 de septiembre de 2016 del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre el atentado cometido en Davao,

–  Vistas las relaciones diplomáticas entre Filipinas y la Unión Europea (entonces la Comunidad Económica Europea (CEE)), establecidas el 12 de mayo de 1964 con el nombramiento del embajador de Filipinas ante la CEE,

–  Visto el estatuto de Filipinas como miembro fundador de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) tras la firma de la Declaración de Bangkok el 8 de agosto de 1967,

–  Visto el Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Filipinas, por otra,

–  Vista la declaración de 8 de junio de 2016 del secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon sobre el aparente respaldo de las ejecuciones extrajudiciales,

–  Vista la declaración de 3 de agosto de 2016 del director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre la situación en Filipinas,

–  Vista la declaración de 4 de septiembre de 2016 atribuida al portavoz del secretario general de las Naciones Unidas sobre Filipinas,

–  Vista la declaración a la prensa de 4 de septiembre de 2016 del Consejo de Seguridad sobre el atentado terrorista cometido en Filipinas,

–  Vistas las directrices de la Unión sobre derechos humanos,

–  Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Filipinas y la Unión mantienen relaciones diplomáticas, económicas, culturales y políticas desde hace ya tiempo;

B.  Considerando que la democracia, el Estado de Derecho y el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil siempre han sido un componente importante de las conversaciones bilaterales entre la Unión y Filipinas;

C.  Considerando los inmensos desafíos que aguardan al recientemente elegido Gobierno de Filipinas en materia de lucha contra las desigualdades y la corrupción y de liderazgo del proceso de paz en el país;

D.  Considerando que el tráfico ilícito de drogas en Filipinas sigue siendo un motivo de grave preocupación nacional e internacional; que en 2015, según el informe anual del Departamento de Estado de los EE. UU. al Congreso, la Agencia de Lucha contra la Droga de Filipinas (PDEA), principal autoridad del país para la represión de la delincuencia relacionada con las drogas, informó de que 8 629 pueblos o barangayes (aproximadamente el 20 % de los pueblos del país) habían denunciado delitos relacionados con las drogas, y que se considera que Filipinas tiene la tasa de consumo de metanfetaminas más elevada de Asia oriental;

E.  Considerando que uno de los elementos centrales de la campaña de Rodrigo Duterte para las elecciones presidenciales fue su compromiso de poner fin en todo el país a la delincuencia relacionada con las drogas; que, durante la campaña electoral y en sus primeros días en el cargo, el presidente de Filipinas Sr. Duterte animó reiteradamente a los cuerpos policiales y a la población a matar a los sospechosos de tráfico de drogas que no se entregasen y también a quienes consuman drogas;

F.  Considerando que el Presidente Duterte ha declarado públicamente que no perseguirá a los policías y los ciudadanos que maten a traficantes de drogas que se resistan a ser detenidos;

G.  Considerando que, según datos facilitados por la Policía Nacional de Filipinas, entre el 1 de julio y el 4 de septiembre de 2016 la policía mató a más de mil presuntos traficantes y consumidores de drogas, y que otras estadísticas policiales atribuyen a pistoleros desconocidos la muerte de otros más de mil presuntos traficantes y consumidores durante los dos últimos meses; que, según noticias de Al Jazeera, han sido detenidos más de 15 000 sospechosos de tráfico de drogas, principalmente sobre la base de rumores y de acusaciones de otros ciudadanos, y que además casi 700 000 se han entregado «voluntariamente» a la policía para inscribirse para recibir tratamiento en el marco del programa Tokhang, a fin de evitar convertirse en objetivo de la policía o de grupos de autodefensa;

H.  Considerando que, el 8 de junio de 2016, el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon condenó la serie de ejecuciones extrajudiciales por ilegales y contrarias a los derechos y libertades fundamentales;

I.  Considerando que, el 18 de agosto de 2016, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard, y el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, Dainius Pūras, instaron al Gobierno de Filipinas a poner fin a la actual oleada de ejecuciones extrajudiciales y homicidios en el contexto de una campaña intensificada contra la delincuencia y la droga dirigida contra traficantes y consumidores de drogas;

J.  Considerando que el Senado de Filipinas y la Comisión de Derechos Humanos han emprendido sendas investigaciones independientes sobre las muertes;

K.  Considerando que Filipinas fue uno de los primeros países asiáticos que abolió la pena de muerte, en 1987; que, tras su restablecimiento, la pena de muerte fue abolida de nuevo por la presidenta Arroyo en 2006; que, en su campaña electoral, el presidente Duterte pidió que se restableciera de nuevo la pena capital, en particular por tráfico ilícito de drogas, y que el Congreso está examinando un proyecto de ley en este sentido;

L.  Considerando que otro proyecto legislativo presentado al Congreso tiene por objetivo rebajar la edad de responsabilidad penal de los quince años de edad a los nueve;

M.  Considerando que, el 2 de septiembre de 2016, un atentado con bomba, reivindicado por Abu Sayyaf y sus afiliados, cometido en un mercado en Davao causó la muerte de al menos 14 personas y heridas a otras 70; que las fuerzas armadas filipinas prosiguen su ofensiva militar contra los militantes de Abu Sayyaf, grupo afiliado al EI, en la provincia meridional de Joló;

N.  Considerando que, a raíz del atentado, el Gobierno de Filipinas declaró el «estado de emergencia nacional debido a la violencia fuera de la ley en Mindanao»;

O.  Considerando que el 26 de agosto de 2016, se firmó un alto el fuego bajo los auspicios del Gobierno noruego entre el Gobierno filipino y el Frente Democrático Nacional de Filipinas (FDNF) que representa un avance importantísimo en el conflicto guerrillero que se prolonga desde hace 47 años y se estima ha costado la vida ya a 40 000 personas;

P.  Considerando que Filipinas ostentará la presidencia de la ASEAN en 2017 y que el presidente Duterte ha anunciado que durante su presidencia Filipinas dará relieve a la ASEAN como modelo de espíritu de regionalización y como agente mundial, teniendo en cuenta primordialmente el interés del pueblo;

1.  Condena enérgicamente el atentado cometido en un mercado nocturno en la ciudad de Davao el 2 de septiembre de 2016, y expresa su condolencia a los familiares de las víctimas; destaca que se pedirán cuentas a los responsables de las muertes, pero pide a la Delegación de la Unión que observe atentamente el recurso a la «suspensión del Estado de Derecho»; insta a todos los Estados a que, de conformidad con sus obligaciones en virtud del Derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cooperen activamente con el Gobierno de Filipinas y otras autoridades competentes a este respecto;

2.  Condena enérgicamente el tráfico y el consumo de drogas en Filipinas; destaca que las drogas ilícitas son una amenaza para los jóvenes filipinos y uno de los problemas más graves de la sociedad;

3.  Entiende que en Filipinas hay millones de personas afectadas adversamente por el alto nivel de drogadicción y por sus consecuencias; expresa su profunda preocupación, no obstante, ante el extraordinariamente elevado número de personas muertas en operaciones policiales e intervenciones de grupos de autodefensa en el contexto de una campaña intensificada contra la delincuencia y la droga dirigida contra traficantes y consumidores de drogas, e insta al Gobierno de Filipinas a que ponga fin a la oleada actual de ejecuciones extrajudiciales y homicidios;

4.  Acoge con satisfacción el propósito del Gobierno de reducir los altos niveles de delincuencia y corrupción en el país, pero le pide que adopte políticas y programas específicos de amplio alcance, que deben comprender también medidas de prevención y rehabilitación, y que no se centre exclusivamente en la represión violenta;

5.  Celebra profundamente la iniciativa del presidente Duterte de revitalizar el proceso de paz con el Frente Democrático Nacional de Filipinas (FDNF) y aguarda con impaciencia el final de este conflicto para un futuro muy próximo, pues, según el plan de negociación, en el plazo de un año podría alcanzarse un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto armado;

6.  Destaca que las respuestas al tráfico ilícito de drogas deben llevarse a cabo cumpliendo plenamente las obligaciones nacionales e internacionales;

7.  Insta a las autoridades a que garanticen el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y con los instrumentos internacionales ratificados por Filipinas;

8.  Exhorta a las autoridades a que inicien de inmediato una investigación sobre el número extraordinariamente elevado de personas muertas en operaciones policiales;

9.  Señala que la UNODC está lista para colaborar con Filipinas para poner a los traficantes de drogas a disposición de la justicia con las debidas salvaguardas legales y de acuerdo con los estándares y normas internacionales;

10.  Recomienda que se establezca sin demora un mecanismo nacional de prevención de la tortura, como establece la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo;

11.  Insta al Gobierno filipino a que condene las acciones de los grupos de autodefensa e investigue su responsabilidad en los homicidios; insta a las autoridades filipinas a que lleven a cabo de inmediato una investigación exhaustiva, eficaz e imparcial para identificar a todos los responsables, llevarlos ante un tribunal civil competente e imparcial y hacer que se les impongan las sanciones penales previstas por la ley;

12.  Pide al Gobierno de Filipinas que garantice la debida protección a defensores de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas;

13.  Acoge con satisfacción el compromiso del presidente Duterte de establecer programas de rehabilitación de drogadictos, y pide a la Unión que apoye al Gobierno en sus esfuerzos por facilitar a los consumidores de drogas la ayuda adecuada para que se libren de su dependencia, y que continúe apoyando las reformas del ordenamiento penal en Filipinas;

14.  Recomienda a Filipinas que ratifique sin demora la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y que tipifique como delito las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales en su Derecho nacional;

15.  Insta al Congreso filipino a que se abstenga de restablecer la pena de muerte y de rebajar la edad mínima de responsabilidad penal;

16.  Señala que, según todas las pruebas empíricas, la pena de muerte no reduce la delincuencia relacionada con las drogas y podría destruir un gran logro del sistema de justicia filipino;

17.  Insta a la Unión a que utilice todos los instrumentos disponibles para ayudar al Gobierno de Filipinas a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular mediante el Acuerdo Marco;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de Filipinas, a los Gobiernos de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Secretario General de las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0263.
(2) DO C 332 E de 15.11.2013, p. 99.
(3) DO C 305 E de 11.11.2010, p. 11.

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