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Procedimiento : 2015/2326(INI)
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Ciclo relativo al documento : A8-0262/2016

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A8-0262/2016

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PV 06/10/2016 - 5.8
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P8_TA(2016)0385

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Jueves 6 de octubre de 2016 - Estrasburgo Edición definitiva
Informe anual de 2014 sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión
P8_TA(2016)0385A8-0262/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión – Informe anual de 2014 (2015/2326(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el trigésimo segundo informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión (2014) (COM(2015)0329),

–  Visto el informe de la Comisión titulado «Informe de evaluación de Pilot UE» (COM(2010)0070),

–  Visto el informe de la Comisión titulado «Segundo informe de evaluación del proyecto Pilot UE» (COM(2011)0930),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2002, sobre las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario (COM(2002)0141),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de abril de 2012, sobre la actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión (COM(2012)0154),

–  Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea,

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación,

–  Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre los informes anuales trigésimo y trigésimo primero sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2012-2013)(1),

–  Vistos el artículo 52 y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Peticiones (A8-0262/2016),

A.  Considerando que el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que la función principal de la Comisión es ser «guardiana de los Tratados»;

B.  Considerando, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del TUE, que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, y está dirigida a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados miembros cuando estos apliquen el Derecho de la Unión (artículo 51, apartado 1, de la Carta);

C.  Considerando que, de conformidad con el artículo 258, párrafos primero y segundo, del TFUE, la Comisión emitirá un dictamen motivado si considera que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, y podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Estado miembro en cuestión no se atuviera a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión;

D.  Considerando que el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea establece la puesta en común de información relativa a todos los procedimientos de infracción basados en escritos de requerimiento, pero no cubre el proceso informal de Pilot UE, que precede a la incoación de procedimientos formales de infracción;

E.  Considerando que la Comisión invoca el artículo 4, apartado 3, del TUE, y el principio de cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros para cumplir su deber de discreción para con los Estados miembros durante los procedimientos de Pilot UE;

F.  Considerando que con los procedimientos de Pilot UE se busca una cooperación más estrecha y coherente entre la Comisión y los Estados miembros a fin de corregir las infracciones del Derecho de la Unión, en la medida de lo posible, en una fase temprana, sin necesidad de iniciar un procedimiento formal de infracción;

G.  Considerando que en 2014 la Comisión recibió 3 715 denuncias relativas a posibles infracciones del Derecho de la Unión, y que los Estados miembros contra los que más denuncias se presentaron fueron España (553), Italia (475) y Alemania (276);

H.  Considerando que en 2014 la Comisión incoó 893 nuevos procedimientos de infracción, siendo Grecia (89), Italia (89) y España (86) los Estados miembros con más casos de infracción abiertos;

I.  Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea define el derecho a una buena administración como el derecho de toda persona a que las instituciones traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable, y el artículo 298 del TFUE dispone que, en el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente;

1.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 17 del TFUE, la Comisión es responsable de garantizar la aplicación del Derecho de la Unión, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 6, apartado 1, del TEU), cuyas disposiciones están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados miembros cuando estos apliquen el Derecho de la Unión;

2.  Es consciente de que la responsabilidad de aplicar y ejecutar correctamente el Derecho de la Unión recae principalmente en los Estados miembros, pero señala que esta circunstancia no exime a las instituciones europeas de su deber de respetar el Derecho primario de la Unión cuando elaboran normas de Derecho derivado;

3.  Subraya el papel esencial de la Comisión a la hora de supervisar la aplicación del Derecho de la Unión y presentar al Parlamento Europeo y al Consejo su informe anual; pide a la Comisión que continúe desempeñando un papel activo en el desarrollo de distintas herramientas destinadas a mejorar la aplicación, la observancia y el control del cumplimiento del Derecho de la Unión en los Estados miembros, y que proporcione, en su próximo informe anual, datos sobre la aplicación de los reglamentos europeos, además de los datos sobre la aplicación de las directivas;

4.  Es consciente de que la responsabilidad de aplicar y ejecutar correctamente el Derecho de la Unión recae principalmente en los Estados miembros, y destaca que estos también respetar plenamente los valores y derechos fundamentales consagrados en los Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuando aplican el Derecho de la Unión; recuerda que la supervisión y la evaluación de la aplicación del Derecho de la Unión corresponde a la Comisión; reitera su petición a los Estados miembros de que, con tal fin, hagan uso sistemáticamente de las tablas de correspondencia, pero señala que esto no exime a las instituciones europeas de su deber de respetar el Derecho primario de la Unión cuando establecen normas de Derecho derivado; recuerda la necesidad de hacer uso de sus informes de aplicación relativos a las legislaciones sectoriales;

5.  Reconoce que el Parlamento también desempeña un papel crucial a este respecto, al ejercer un control político de la actuación de la Comisión en materia de vigilancia del cumplimiento del Derecho de la Unión, supervisando los informes anuales sobre la aplicación de este y aprobando las resoluciones parlamentarias pertinentes; propone que el Parlamento contribuya en mayor medida a la rápida y correcta transposición de la legislación europea compartiendo la experiencia obtenida en el proceso decisorio legislativo a través de vínculos preestablecidos con los Parlamentos nacionales;

6.  Señala que la transposición correcta y dentro de plazo de la legislación de la Unión a la legislación nacional y un marco legislativo nacional claramente definido deberían ser una prioridad para los Estados miembros, con el fin de evitar infracciones del Derecho de la Unión y hacer llegar a los ciudadanos y a las empresas los beneficios esperados gracias a su aplicación eficiente y efectiva;

7.  Destaca la importancia de los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas en la elaboración de la legislación y en el seguimiento y la notificación de las deficiencias en la transposición y la aplicación del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros; señala que la Comisión ha reconocido esta importancia de las partes interesadas al poner en marcha en 2014 nuevos instrumentos que facilitan este proceso; alienta a las partes interesadas a mantener su vigilancia en el futuro a este respecto;

8.  Reconoce que la aplicación efectiva del Derecho de la Unión contribuye a reforzar la credibilidad de sus instituciones; aprecia la importancia atribuida en el informe de la Comisión a las peticiones presentadas por ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, que constituyen un derecho fundamental consagrado en el Tratado de Lisboa, un elemento importante de la ciudadanía europea y un valioso instrumento secundario de control de la aplicación del Derecho de la Unión y de detección de sus posibles lagunas a través de la manifestación directa por parte de los ciudadanos de sus opiniones y experiencias, junto a las elecciones y los referendos, que siguen siendo su vía principal de expresión democrática;

9.  Considera que los plazos poco realistas para aplicar la legislación pueden derivar en la imposibilidad de cumplirlos por parte de los Estados miembros, lo que equivale a consentir tácitamente su aplicación tardía; pide a las instituciones europeas que acuerden calendarios más apropiados para la aplicación de los reglamentos y las directivas, teniendo debidamente en cuenta los periodos necesarios para la consulta y el control; considera que la Comisión debe presentar los informes, estudios y revisiones legislativas en los plazos acordados por los colegisladores y con arreglo a lo dispuesto en las normas correspondientes;

10.  Celebra que el nuevo Acuerdo institucional sobre la mejora de la legislación contenga disposiciones destinadas a mejorar la ejecución y la aplicación del Derecho de la Unión y a fomentar una cooperación más estructurada a este respecto; apoya el llamamiento hecho en el Acuerdo a una mejor detección de las medidas nacionales que no están relacionadas estrictamente con la legislación de la Unión (práctica conocida como sobrerregulación); destaca la importancia de mejorar la transposición y la necesidad de que los Estados miembros comuniquen e indiquen con claridad las medidas nacionales que complementan las directivas europeas; recalca que, al aplicar el Derecho de la Unión, los Estados miembros deben abstenerse de añadir obstáculos innecesarios a la legislación de la Unión, lo que conduce a una idea equivocada de la actividad legislativa de la Unión y aumenta el escepticismo injustificado de los ciudadanos frente a la Unión; señala, no obstante, que lo anterior no afecta en modo alguno a la prerrogativa de los Estados miembros de adoptar a escala nacional normas sociales y ambientales más rigurosas que las acordadas a escala de la Unión;

11.  Destaca que el Parlamento debe desempeñar un papel más destacado en el análisis del cumplimiento del Derecho de la Unión por parte los países en vías de adhesión y los países con los que se han celebrado acuerdos de asociación; propone, a este respecto, prestar a estos países una asistencia adecuada mediante una colaboración continua con sus Parlamentos nacionales en lo relativo al respeto y a la aplicación del Derecho de la Unión;

12.  Propone que el Parlamento elabore genuinos informes, y no meras resoluciones, sobre todos los países candidatos a raíz de los informes de situación anuales que publica la Comisión, con objeto de brindar a todas las comisiones implicadas la posibilidad de emitir opiniones; considera que la Comisión debe seguir publicando informes de situación de todos los países de la vecindad europea que hayan firmado acuerdos de asociación, para que el Parlamento realice una evaluación rigurosa y sistemática del progreso realizado por dichos países en la aplicación del acervo de la Unión en la medida que sea relevante para la agenda de asociación;

13.  Acoge con satisfacción el trigésimo segundo informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión, y señala que el medio ambiente, el transporte y el mercado interior y los servicios fueron los ámbitos de intervención en los que más procedimientos de infracción seguían abiertos en 2014; observa asimismo que el medio ambiente, la salud, la protección de los consumidores, la movilidad y el transporte volvieron a ser los ámbitos de intervención en los que más casos de infracción se iniciaron en 2014; alienta a la Comisión, a fin de garantizar la transparencia interinstitucional, a que ofrezca un mejor acceso del Parlamento Europeo a los asuntos de infracción del Derecho comunitario;

14.  Toma nota de que en el informe anual se constata la «disminución general del número de procedimientos formales de infracción en los últimos cinco años», y de que, según la Comisión, esta circunstancia refleja la eficacia del diálogo estructurado que se mantiene con los Estados miembros a través de Pilot UE; considera, no obstante, que la disminución registrada en los últimos años y la que probablemente se registre en los próximos años se debe principalmente a que la Comisión presenta cada vez menos propuestas legislativas; señala que la Comisión no realiza procedimientos de Pilot UE en los casos de transposición tardía de las directivas;

15.  Recuerda que esta evaluación ex post no exime a la Comisión de su obligación de controlar de manera efectiva y en un plazo razonable la ejecución y aplicación del Derecho de la Unión, y señala que el Parlamento podría ayudar en la revisión de la aplicación de la legislación mediante el control de la Comisión;

16.  Toma nota de que, según el informe anual, el aumento del número de nuevos expedientes de Pilot UE durante el período examinado y la disminución del número de asuntos de infracción abiertos demuestran la utilidad del sistema de Pilot UE, el cual ha tenido un efecto positivo al promover un control más eficiente del cumplimiento del Derecho de la Unión; reitera, no obstante, que el control del cumplimiento de la legislación de la Unión no es lo suficientemente transparente ni está sujeto a un verdadero escrutinio por parte de los denunciantes y de las partes interesadas, y lamenta que, a pesar de sus reiteradas solicitudes, el Parlamento siga sin tener un acceso adecuado a la información sobre el procedimiento de Pilot UE ni a los asuntos pendientes; pide a la Comisión, en este sentido, que ofrezca una mayor transparencia en lo que respecta a la información sobre el procedimiento Pilot UE, así como sobre los asuntos pendientes;

17.  Considera que las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Derecho de la Unión deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias y deben tener en cuenta los casos recurrentes de incumplimiento en el mismo ámbito, y que se han de respetar los derechos que la legislación atribuye a los Estados miembros;

18.  Señala que en una Unión Europea basada en el Estado de Derecho y en la certeza y previsibilidad de las leyes, los ciudadanos de la Unión tienen derecho a ser los primeros en conocer de manera clara, accesible, transparente y rápida (mediante internet y otros medios) si se han adoptado normas nacionales mediante transposición de la legislación de la Unión, cuáles son estas normas y cuáles son las autoridades nacionales responsables de su correcta aplicación;

19.  Pide a la Comisión que conecte entre sí todos los diferentes portales, puntos de acceso y sitios web de información en un único portal que ofrezca a los ciudadanos un acceso fácil a los formularios de denuncia en línea y una información de fácil comprensión sobre los procedimientos de infracción; pide asimismo a la Comisión que incluya en su próximo informe de control información más detallada sobre el uso de dichos portales;

20.  Pone de relieve que el deber de cooperación leal entre la Comisión y el Parlamento es una obligación que recae sobre ambas instituciones; pide, por consiguiente, que se revise el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para permitir que la información sobre los procedimientos de Pilot UE se transmita mediante un documento (confidencial) a la comisión del Parlamento Europeo que sea competente de la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión;

21.  Recuerda que, en su Resolución de 15 de enero de 2013(2), el Parlamento pidió la adopción de un reglamento de la Unión sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea con arreglo al artículo 298 del TFUE, pero que, a pesar de que la Resolución se aprobó por abrumadora mayoría (572 votos a favor, 16 en contra y 12 abstenciones), la Comisión no presentó ninguna propuesta en respuesta a la solicitud del Parlamento; pide a la Comisión que vuelva a examinar la Resolución del Parlamento con el fin de formular una propuesta de acto legislativo relativo a la Ley de Procedimiento Administrativo;

22.  Lamenta, más en concreto, que no se haya dado seguimiento a su petición de normas vinculantes en forma de reglamento que definan los distintos aspectos del procedimiento de infracción y del procedimiento previo a este —incluidos notificaciones, plazos vinculantes, el derecho a ser escuchado, la obligación de motivación y el derecho de toda persona a acceder a su expediente— con el fin de reforzar los derechos de los ciudadanos y garantizar la transparencia;

23.  Recuerda, en este contexto, que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha creado un nuevo grupo de trabajo sobre Derecho administrativo que ha decidido elaborar un verdadero proyecto de reglamento sobre el procedimiento administrativo de la administración de la Unión para que sirva de «fuente de inspiración» a la Comisión, no con el fin de poner en entredicho el derecho de iniciativa de la Comisión, sino con el de demostrar que la adopción de dicho reglamento sería a la vez útil y viable;

24.  Considera que la intención de ese proyecto de reglamento no es sustituir la legislación existente de la Unión, sino complementarla cuando se detecten lagunas o surjan problemas de interpretación, y aportar mayor accesibilidad, claridad y coherencia a la interpretación de normas existentes en beneficio tanto de los ciudadanos y las empresas como de la administración y su personal;

25.  Pide una vez más a la Comisión, por lo tanto, que presente una propuesta legislativa sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea, teniendo en cuenta los pasos dados por el Parlamento Europeo hasta la fecha en este ámbito;

26.  Recuerda que las instituciones de la Unión están sujetas a los Tratados y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, también cuando actúan como miembros de grupos de prestamistas internacionales («troikas»);

27.  Pide a la Comisión que haga del cumplimiento del Derecho de la Unión una verdadera prioridad política que deberá perseguirse en estrecha colaboración con el Parlamento, que a su vez tiene el deber de a) exigir responsabilidad política a la Comisión y b), en su calidad de órgano colegislador, asegurarse de que se le informe plenamente con miras a la mejora constante de su labor legislativa;

28.  Apoya la creación de un procedimiento dentro del Parlamento para hacer un seguimiento de la aplicación del Derecho de la Unión en los Estados miembros que pueda analizar la cuestión del incumplimiento respecto de un país concreto y que tenga en cuenta el hecho de que las comisiones permanentes competentes del Parlamento hacen un seguimiento de la aplicación del Derecho de la Unión dentro de sus ámbitos de competencia respectivos.

29.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0322.
(2) DO C 440 de 30.12.2015, p. 17.

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