Índice 
Textos aprobados
Martes 12 de abril de 2016 - EstrasburgoEdición definitiva
Mercancías originarias de determinados Estados ACP ***I
 Acuerdo de colaboración en materia de pesca con Dinamarca y Groenlandia: posibilidades de pesca y contrapartida financiera ***
 Acuerdo UE-Macao sobre determinados aspectos de los servicios aéreos ***
 Tipo normal mínimo del IVA *
 Acuerdo de Cooperación Estratégica entre Brasil y Europol *
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Hermann Winkler
 Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: aspectos relativos a la pesca
 Animales reproductores y sus productos reproductivos ***I
 Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración
 Informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad
 Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación
 Hacia una mejor regulación del mercado único
 Adquisición de conocimientos acerca de la UE en la escuela
 Erasmus+ y otros instrumentos para fomentar la movilidad en la educación y formación profesional
 El papel de la UE en el marco de las instituciones y los órganos financieros, monetarios y reguladores internacionales
 Pesca costera artesanal en las regiones dependientes de la pesca
 Dimensión exterior de la PPC, incluidos los acuerdos de pesca

Mercancías originarias de determinados Estados ACP ***I
PDF 247kWORD 86k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplica el régimen previsto para las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en los acuerdos que establecen Acuerdos de Asociación Económica o conducen a su establecimiento (versión refundida) (COM(2015)0282 – C8-0154/2015 – 2015/0128(COD))
P8_TA(2016)0094A8-0010/2016

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0282),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0154/2015),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 8 de octubre de 2015(1)

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos(2),

–  Vista la carta dirigida el 16 de septiembre de 2015 por la Comisión de Asuntos Jurídicos a la Comisión de Comercio Internacional, de conformidad con el artículo 104, apartado 3, de su Reglamento,

–  Vistos los artículos 104 y 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0010/2016),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta de la Comisión no contiene ninguna modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos anteriores junto con dichas modificaciones, la propuesta se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión y teniendo en cuenta las recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente esta propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de abril de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se aplica el régimen previsto para las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en los acuerdos que establecen acuerdos de asociación económica o conducen a su establecimiento (versión refundida)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) n.° 2016/1076)

(1) DO C 32 de 28.1.2016, p. 23.
(2) DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.


Acuerdo de colaboración en materia de pesca con Dinamarca y Groenlandia: posibilidades de pesca y contrapartida financiera ***
PDF 239kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo de colaboración en materia de pesca entre la Comunidad Europea, por una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno Autónomo de Groenlandia, por otra (11634/2015 – C8-0377/2015 – 2015/0152(NLE))
P8_TA(2016)0095A8-0067/2016

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11634/2015),

–  Visto el proyecto de Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo de colaboración en materia de pesca entre la Comunidad Europea, por una parte, y el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno Autónomo de Groenlandia, por otra (11633/2015),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 43, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), y apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0377/2015),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Pesca y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos (A8-0067/2016),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Protocolo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Groenlandia.


Acuerdo UE-Macao sobre determinados aspectos de los servicios aéreos ***
PDF 237kWORD 60k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo sobre determinados aspectos de los servicios aéreos entre la Unión Europea y el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China (05255/2014 – C8-0040/2015 – 2012/0015(NLE))
P8_TA(2016)0096A8-0072/2016

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (05255/2014),

–  Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China sobre determinados aspectos de los servicios aéreos (08179/2012),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 100, apartado 2, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), así como con el artículo 218, apartado 8, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0040/2015),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0072/2016),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno de la Región Administrativa Especial de Macao de la República Popular China.


Tipo normal mínimo del IVA *
PDF 245kWORD 62k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere a la duración de la obligación de respetar un tipo normal mínimo (COM(2015)0646 – C8-0009/2016 – 2015/0296(CNS))
P8_TA(2016)0097A8-0063/2016

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2015)0646),

–  Visto el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0009/2016),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0063/2016),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Lamenta que la Comisión haya publicado tan tarde su propuesta, ya que debido a ello el tipo normal mínimo del IVA tendrá que aplicarse con carácter retroactivo;

3.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

4.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

5.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

6.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – punto 1
Directiva 2006/112/CE
Artículo 97
Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017, el tipo normal no podrá ser inferior al 15 %.
Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018, el tipo normal no podrá ser inferior al 15%.

Acuerdo de Cooperación Estratégica entre Brasil y Europol *
PDF 245kWORD 61k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por parte de la Oficina Europea de Policía (Europol) del Acuerdo de Cooperación Estratégica entre la República Federativa de Brasil y Europol (13980/2015 – C8-0010/2016 – 2016/0801(CNS))
P8_TA(2016)0098A8-0070/2016

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto del Consejo (13980/2015),

–  Vistos el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en su versión modificada por el Tratado de Ámsterdam, y el artículo 9 del Protocolo n.º 36 sobre las disposiciones transitorias, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8‑0010/2016),

–  Vista la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol)(1), y en particular su artículo 23, apartado 2,

–  Vista la Decisión 2009/934/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por la que se adoptan las normas de desarrollo que rigen las relaciones de Europol con los socios, incluido el intercambio de datos personales y de información clasificada(2), y en particular sus artículos 5 y 6,

–  Vista la Decisión 2009/935/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por la que se determina la lista de terceros Estados y organizaciones con los que Europol celebrará acuerdos(3),

–  Vistos los artículos 59 y 50, apartado 1, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0070/2016),

1.  Aprueba el proyecto del Consejo;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide a la Comisión que, después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Europol (2013/0091(COD)), evalúe las disposiciones contenidas en el acuerdo de cooperación; pide a la Comisión que informe al Parlamento y al Consejo de los resultados de esta evaluación y emita, en su caso, una recomendación dirigida a solicitar la autorización para proceder a la renegociación internacional del acuerdo;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a Europol.

(1) DO L 121 de 15.5.2009, p. 37.
(2) DO L 325 de 11.12.2009, p. 6.
(3) DO L 325 de 11.12.2009, p. 12.


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Hermann Winkler
PDF 161kWORD 63k
Decisión del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Hermann Winkler (2016/2000(IMM))
P8_TA(2016)0099A8-0062/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Hermann Winkler, transmitido por la Fiscalía de Leipzig, con fecha de 25 de septiembre de 2015, en relación con una investigación preliminar sobre un accidente de tráfico (nº de referencia 600 AR 3037/15), y comunicado al Pleno del 14 de diciembre de 2015,

–  Visto que Hermann Winkler renunció a su derecho a ser oído de conformidad con el artículo 9, apartado 5, de su Reglamento,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Visto el artículo 46 de la Ley Fundamental (Grundgesetz) alemana,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0062/2016),

A.  Considerando que la Fiscalía de Leipzig (Alemania) ha solicitado la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Hermann Winkler, diputado al Parlamento Europeo, en relación con la apertura de un procedimiento de investigación relativo a una presunta infracción;

B.  Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

C.  Considerando que, de conformidad con el artículo 46, apartado 2, de la Ley Fundamental (Grundgestz) alemana, no se puede exigir a un diputado responsabilidad por una infracción punible sin el consentimiento previo del Parlamento, a no ser que sea detenido en el momento de cometer la infracción o durante el día siguiente;

D.  Considerando que el suplicatorio se refiere a una investigación preliminar sobre un grave accidente de tráfico acaecido el 23 de septiembre de 2015 en el que estuvo involucrado Hermann Winkler;

E.  Considerando que el procedimiento penal no se refiere a opiniones o votos emitidos en el ejercicio de las funciones de un diputado al Parlamento Europeo a efectos del artículo 8 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea;

F.  Considerando que, habida cuenta de la información que obra en poder de la comisión, no existen motivos para suponer que detrás del procedimiento penal se esconde la intención de perjudicar la actividad política del diputado (fumus persecutionis);

G.  Considerando que, por tanto, la presunta infracción no guarda manifiestamente relación alguna con el cargo de diputado al Parlamento Europeo de Hermann Winkler;

H.  Considerando que, por tanto, conviene suspender la inmunidad parlamentaria en el presente caso;

1.  Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Hermann Winkler;

2.  Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de la comisión competente a las autoridades alemanas y a Hermann Winkler.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar: aspectos relativos a la pesca
PDF 193kWORD 86k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre aspectos relativos a la pesca en el marco del acuerdo internacional sobre la biodiversidad marina en las zonas fuera de la jurisdicción nacional, Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (2015/2109(INI))
P8_TA(2016)0100A8-0042/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) y sus dos acuerdos de ejecución: el Acuerdo relativo a la aplicación de la Parte XI y el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces (UNFSA),

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional,

–  Visto el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en Río de Janeiro en 2012, titulado «El futuro que queremos»,

–  Vistos los informes del Grupo de trabajo abierto informal ad hoc de las Naciones Unidas,

–  Vistos el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica adoptadas por las Partes en el CDB, y en particular las metas 6, 10 y 11,

–  Vistos los criterios científicos y directrices de las Azores, de 2009, para la identificación de áreas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSA) y la designación de redes representativas de zonas marinas protegidas en las aguas oceánicas y en los hábitats de los fondos marinos del CDB,

–  Visto el proceso del CDB para la descripción de áreas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSA), que ya ha dado lugar a la descripción de 204 áreas que cumplen los criterios, muchas de las cuales están ubicadas en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional,

–  Visto que, si bien se han descrito EBSA en el océano Índico Meridional, las zonas templadas y tropicales del Pacífico, el Pacífico Norte, el Atlántico Sureste, el Ártico, el Atlántico Noroeste, el Mediterráneo, el Pacífico Suroeste, el Gran Caribe y el Atlántico Centro Occidental, aún no están cubiertas otras regiones,

–  Vistos la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, el Programa 21, el Programa para la ejecución ulterior del Programa 21, el Plan de Aplicación de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (Declaración de Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible y el Plan de aplicación),

–  Vistos el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), adoptado en octubre de 1995 por la Conferencia de la FAO, y sus instrumentos asociados, en particular el Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar, de 1995,

–  Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (UNGA A/RES/70/1, adoptada en 2015), y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 para conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible,

–  Visto el objetivo 14 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Pesca (A8-0042/2016),

A.  Considerando que el mar cubre el 71 % de la superficie de la tierra y contiene el 97 % del agua del planeta; que el mar alberga una parte significativa de la biodiversidad mundial, gran parte de la cual aún permanece inexplorada;

B.  Considerando que aproximadamente el 64 % del mar, y concretamente las aguas de altura y los fondos marinos, son zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional de los Estados y que se rigen por el Derecho internacional;

C.  Considerando que el océano desempeña un papel esencial en muchos de los sistemas de la Tierra, incluidos el climático y el meteorológico, y es el lugar en el que se realiza una amplia gama de actividades humanas relacionadas, por ejemplo, con la pesca, la energía, el transporte y el comercio;

D.  Considerando que menos del 1 % de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional está protegido gracias al establecimiento de zonas marinas protegidas, y que para la gran mayoría de las regiones oceánicas no existe un marco de gestión con un mandato legal para establecer zonas marinas protegidas;

E.  Considerando que la preservación y la conservación de la biodiversidad marina son de interés común para toda la humanidad y deben ser tratadas como tal;

F.  Considerando que el mantenimiento de unos hábitats marinos sanos y de unas poblaciones de peces sostenibles es esencial para la sostenibilidad a largo plazo de la pesca;

G.  Considerando que, en 2014, los ecosistemas protegidos abarcaban el 15,2 % de la superficie terrestre y solo el 8,4 % de las zonas marinas mundiales;

H.  Considerando que el cambio climático y la acidificación están agravando las repercusiones negativas de la sobreexplotación, la contaminación, los residuos marinos y la destrucción de los hábitats y ecosistemas marinos;

I.  Considerando que, en el documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río de Janeiro, 2012) titulado «El futuro que queremos», se subraya que la protección y la gestión de la base de recursos naturales del desarrollo económico y social son los objetivos globales y los requisitos esenciales para un desarrollo sostenible;

J.  Considerando que los mares y océanos tienen un potencial de crecimiento azul todavía inexplotado en gran medida, en particular en materia de energías renovables y productos farmacéuticos, que podría verse también como una vía de desarrollo válida para los actuales países en desarrollo; y que la ampliación de los conocimientos sobre las especies y el medio marinos, su batimetría y la cartografía de los ecosistemas marinos vulnerables, es un requisito previo para el desarrollo marítimo y la realización de su potencial de crecimiento azul;

K.  Considerando que la conservación de la biodiversidad marina y su uso sostenible están directamente relacionados con el desarrollo sostenible a largo plazo y, por lo tanto, tienen una relevancia social, económica y medioambiental para todos los países y territorios;

L.  Considerando que el marco jurídico existente en la materia para las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, desarrollado hace más de 30 años y basado en la doctrina de la libertad de las aguas de altura, ha de ser perfeccionado a fin de promover exitosamente la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción;

M.  Considerando que el número de actividades desarrolladas en el medio marino ha aumentado en las últimas décadas, y que reconocemos la dinámica entre las diferentes actividades que tienen lugar en alta mar y cómo afectan a la biodiversidad marina;

N.  Considerando que reconocemos las interacciones y los efectos acumulativos de las diferentes actividades que tienen lugar en alta mar, y que estas tienen un impacto en la biodiversidad marina;

O.  Considerando que, en 2004, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Grupo de trabajo abierto informal ad hoc con el propósito de estudiar y analizar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional;

P.  Considerando que, en 2011, el Grupo de trabajo recomendó que se iniciara un proceso que detecte las brechas y determine las vías para avanzar, incluido el posible desarrollo de un acuerdo multilateral con arreglo a la CNUDM, y que el proceso debía abordar, conjuntamente, los recursos genéticos marinos (incluidas las cuestiones relativas a la participación en los beneficios), las medidas tales como instrumentos de gestión basados en zonas (incluidas las zonas marinas protegidas), los procesos de evaluación del impacto medioambiental, el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología marina;

Q.  Considerando que en el resumen de los copresidentes del Grupo de trabajo de 2011 se reconocía la brecha existente entre el proceso científico de descripción de las zonas significativas desde los puntos de vista ecológico y biológico, y la detección o designación de dichas zonas en la práctica, dado que ningún foro mundial tenía por entonces un mandato formal, y que los foros regionales y sectoriales existentes estaban afrontando problemas de legitimidad para hacerlo;

R.  Considerando que, en el resumen de los copresidentes del Grupo de trabajo de 2011, se señalaba que se reconocían de forma generalizada las limitaciones y deficiencias de la situación existente;

S.  Considerando que, en el documento final de Río+20, de junio de 2012, los Jefes de Estado y de Gobierno se comprometieron a abordar, con carácter urgente, basándose en la labor del Grupo de trabajo, y antes del final de la 69.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cuestión de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional, mediante, entre otras cosas, la adopción de una decisión sobre el desarrollo de un instrumento internacional con arreglo a la Convención sobre el Derecho del Mar;

T.  Considerando que la pesca, por sí sola y en conjunción con el cambio climático, la contaminación marina u otras actividades marinas humanas, tiene un gran impacto sobre la biomasa y la biodiversidad marinas, por lo que los efectos de la pesca sobre la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional deben ser abordados exhaustivamente en todas las medidas de conservación y gestión marítimas, a fin de evitarlos o minimizarlos; y que, además, la pesca no es el único factor de mortalidad derivado de la actividad humana que incide en los recursos de los océanos y no debe ser la única palanca de acción internacional;

U.  Considerando que, a título enunciativo, la extracción de minerales, las perforaciones con fines de explotación energética y el uso de espacio por plataformas urbanas constituyen otros factores de mortalidad respecto de los recursos pesqueros a día de hoy, y que el desarrollo marítimo futuro podría generar factores de mortalidad no previstos que se han de vigilar;

V.  Considerando que la biodiversidad marina ya ha registrado un declive significativo; que existe un estrecho vínculo entre la preservación de las posibilidades de pesca para las generaciones futuras y la protección de la biodiversidad marina y la conservación de los ecosistemas marinos;

W.  Considerando que las técnicas de pesca selectiva y sostenible son una herramienta indispensable para la gestión sostenible de los recursos pesqueros, así como para la minimización de las capturas accidentales, contribuyendo con ello a la conservación de la biodiversidad marina;

X.  Considerando que la coordinación y la consulta entre todos los interesados en la actividad marítima son cruciales para garantizar la conservación de la biodiversidad marina y el uso sostenible de los recursos;

Y.  Considerando que las regiones ultraperiféricas de la Unión tienen, por su naturaleza, componentes geográficos y en ocasiones geopolíticos especiales, y están integradas en mecanismos de cooperación regional específicos;

Z.  Considerando que la pesca es una actividad muy importante que se realiza tanto dentro de zonas bajo jurisdicción nacional como en zonas situadas fuera de esa jurisdicción;

AA.  Considerando que la Unión desempeña un papel clave en la gobernanza mundial de los mares y océanos, y que goza de una gran influencia a escala internacional en materia de pesca debido, en particular, a su participación en diecisiete organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP); que este papel de actor de primera línea entraña para la Unión la responsabilidad de adoptar una política proactiva en materia de protección de la biodiversidad marina a escala mundial;

AB.  Considerando que el Acuerdo UNFSA, que establece los derechos y obligaciones de los Estados Partes respecto a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, es un documento exhaustivo y con visión de futuro que no se debe modificar, socavar o diluir, y cuya plena aplicación debe garantizarse a través de los procesos de refuerzo de la cooperación que se han de adoptar en el nuevo instrumento internacional;

AC.  Considerando que se deben extraer enseñanzas de los recientes desacuerdos de la Unión con las Islas Feroe e Islandia, para hacer posible una gestión sostenible de las poblaciones de peces a escala mundial;

AD.  Considerando que cada país tiene derecho a beneficiarse de la conservación y el uso sostenible de sus recursos, de conformidad con la CNUDM;

AE.  Considerando que reconocemos la obligación de los Estados de proteger y preservar el medio marino, incluyendo la protección de los ecosistemas raros y vulnerables y los hábitats de especies vulnerables, diezmadas, amenazadas o en peligro y otras formas de vida marina;

AF.  Considerando que el Acuerdo UNFSA establece un marco para la aplicación a la ordenación pesquera del criterio de precaución y de los enfoques basados en los ecosistemas, para las medidas de conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, y para la cooperación internacional, a través de la labor de las organizaciones subregionales y regionales de ordenación pesquera (OROP) y los correspondientes acuerdos; y que debe mejorarse su ejecución efectiva;

AG.  Considerando que en las Resoluciones 61/105 y 64/72 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se exhorta a los Estados y a las OROP a adoptar una gama de medidas para garantizar la conservación efectiva de los recursos de los fondos marinos e impedir que la pesca de fondo tenga un importante impacto negativo en los ecosistemas marinos vulnerables (EMV) de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional;

AH.  Considerando que reconocemos y apoyamos los derechos y necesidades especiales de los Estados en desarrollo en el contexto del desarrollo de capacidades, a fin de que puedan beneficiarse de la conservación y el uso sostenible de los recursos y de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios;

AI.  Considerando que el marco de acciones del denominado «Proceso de Kobe» reconoce los esfuerzos ya realizados por las OROP que gestionan las poblaciones de atún y han efectuado revisiones independientes de los resultados, y pide a todas esas OROP que realicen periódicamente esas revisiones, hagan públicos los resultados y apliquen plenamente las recomendaciones que presenten; que organismos como la Asamblea General de la ONU y el COFI han pedido igualmente a las demás OROP que hicieran lo mismo, y que se han llevado a cabo tales revisiones;

AJ.  Considerando que ya existen OROP y que algunas trabajan con miras a establecer zonas marinas protegidas a fin de conservar y restablecer las poblaciones de peces a un nivel sostenible;

AK.  Considerando que el CDB ha facilitado la organización de una serie de talleres para describir las EBSA incluso en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, y que los resultados de dichos talleres están ahora ampliamente disponibles para fines de consulta en un sitio web del CDB;

AL.  Considerando que la recogida y la puesta en común de los conocimientos y datos científicos son de máxima importancia para tomar decisiones de buena fe y basándose en el mejor asesoramiento científico disponible;

AM.  Considerando que el problema ecológico de los residuos plásticos en el mar representa una amenaza directa para la biodiversidad marítima, que tanto su magnitud como los medios para luchar contra ese problema siguen abordándose de manera inadecuada, y que su resolución puede ser en realidad una oportunidad económica;

AN.  Considerando que el Grupo de trabajo, en su documento de 23 de enero de 2015, subrayó la necesidad de que el régimen mundial global aborde mejor la conservación y gestión de la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional;

AO.  Considerando que la Unión desarrolla y fomenta activamente mejores prácticas a fin de lograr un uso sostenible de las poblaciones de peces, y que a través de sus programas, como Horizonte 2020, alienta y financia la recogida de datos, la investigación y el desarrollo sostenible;

AP.  Considerando que, el 23 de enero de 2015, el Grupo de trabajo expresó su apoyo a una recomendación en favor de la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención;

AQ.  Considerando que, el 19 de junio de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una Resolución sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional;

1.  Acoge con satisfacción la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la CNUDM sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional a fin de, entre otras cosas, resolver las actuales deficiencias; subraya que este proceso no debe socavar los instrumentos y marcos relevantes que ya existen, ni tampoco los órganos mundiales, regionales y sectoriales relevantes (por ejemplo, las OROP); subraya la importancia de que la elaboración de este nuevo instrumento avance con rapidez pero también con cautela, y de que se respete el objetivo previsto de concluir la elaboración de un proyecto de texto antes de que finalice 2017;

2.  Subraya la visión, la oportunidad y las consecuencias para las buenas relaciones entre los Estados y para la explotación sostenible de los recursos en el marco de la CNUDM, al tiempo que reconoce que las nuevas presiones y oportunidades exigen que se efectúen ajustes;

3.  Destaca la importancia de la conservación y el uso sostenible de los mares y los océanos y de sus recursos; pide a la Unión y a la comunidad internacional que fomenten la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina mediante la aplicación de, entre otras medidas, unos conceptos modernos y sostenibles de ordenación del ecosistema marino, los principios de la gobernanza de los océanos, la gestión de la explotación de los recursos marinos (ya se trate de la explotación de minerales, perforaciones con fines energéticos, etc.) y de la pesca, incluyendo la gobernanza marina con base científica, el restablecimiento y mantenimiento de las poblaciones de peces por encima de niveles capaces de producir un rendimiento máximo sostenible, la gestión basada en los ecosistemas y la conservación de la biodiversidad marina, la aplicación de la legislación existente y el criterio de precaución;

4.  Destaca que, para afrontar las presiones sobre la biodiversidad marina de aquí a 2020, los Estados miembros tendrán que adoptar medidas para la ejecución de los planes de gestión, la supervisión de la aplicación de las normas, la ampliación de la base de conocimientos y el refuerzo de las redes de investigación y la coordinación de la información sobre la biodiversidad marina;

5.  Reconoce y apoya el papel positivo y de liderazgo desempeñado por la Unión y la Comisión, teniendo en cuenta la posición de protagonismo de la industria y el mercado pesqueros de la Unión y el hecho de que la política pesquera europea está orientada a la sostenibilidad;

6.  Reconoce el importante papel que la Unión ha desempeñado a la hora de asegurar una gestión sostenible de los recursos marinos vivos, en particular en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR); destaca que, por su propia naturaleza, la pesca INDNR amenaza la biodiversidad marina y pone en serio peligro la preservación de los ecosistemas marinos; recuerda que la Unión ha hecho de la lucha contra la pesca INDNR una prioridad, y que la cooperación internacional es primordial para tener éxito en ella; anima a la FAO y a las OROP a intensificar sus esfuerzos para mejorar la cooperación multilateral;

7.  Destaca el positivo papel desempeñado por el etiquetado medioambiental en el sector de los productos del mar, pues permite a los consumidores contribuir a la sostenibilidad de los recursos y a la preservación de la biodiversidad marina al efectuar una elección informada;

8.  Alienta a la Comisión a fomentar, coordinar y garantizar en mayor medida que el impacto de las actividades humanas, incluidos la pesca y todos los tipos de explotación de los fondos marinos y los océanos, sobre la biodiversidad en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional se aborda eficazmente en el contexto de ese nuevo acuerdo internacional; señala, por ello, la necesidad de fomentar en mayor medida la aplicación de la legislación existente y de desarrollar los instrumentos de gestión necesarios para garantizar la coherencia y la uniformidad;

9.  Anima a las OROP a garantizar la plena ejecución de sus recomendaciones, a seguir realizando evaluaciones independientes con regularidad y a asegurar la adecuada implementación de dichas evaluaciones;

10.  Insta a la Comisión a apoyar y promover un enfoque holístico y global con respecto a las zonas marinas protegidas (ZMP), dado que no es posible una coordinación y una cooperación auténticas en lo que respecta a los esfuerzos de conservación sin la participación del círculo más amplio posible de partes interesadas implicadas en una amplia variedad de actividades marinas humanas en los océanos y los mares;

11.  Alienta e insta a la Comisión y los Estados miembros a promover la designación e implementación de EBSA en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional;

12.  Insta a la Comisión a colaborar con todas las partes interesadas pertinentes para seguir apoyando y fomentando, en el contexto del nuevo acuerdo internacional en el marco de la CNUDM, la elaboración de un mecanismo institucional para la designación, la gestión y el establecimiento de las disposiciones necesarias en materia de seguimiento y ejecución de redes conectadas, coherentes, viables y representativas de ZMP como elementos esenciales para garantizar la conectividad ecológica y biológica;

13.  Pide a la Comisión que elabore datos exhaustivos sobre la biodiversidad marina en los mares regionales europeos; considera que la recogida de dichos datos representa un reto necesario, dado que el 80 % de las especies y los hábitats contemplados en la Directiva marco sobre la estrategia marina están clasificados como desconocidos;

14.  Solicita un papel de liderazgo para la Unión en la lucha contra los residuos plásticos en el mar y la correspondiente financiación de la investigación en el marco de la economía azul;

15.  Subraya que este nuevo acuerdo internacional debe garantizar unas condiciones equitativas de competencia entre todas las partes interesadas; considera que el nuevo acuerdo internacional debería tener en cuenta además las necesidades específicas de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares, en materia de mejora de las capacidades con vistas a la realización de los objetivos de la comunidad internacional relativos, entre otras cosas, a las zonas marinas protegidas;

16.  Insta a la Comisión a que fomente el refuerzo de la cooperación, la coordinación, la transparencia y la responsabilidad entre todas las partes interesadas pertinentes, también entre los nuevos instrumentos negociados, los instrumentos UNFSA y FAO existentes, las OROP y otros órganos sectoriales como, entre otros, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y la Organización Marítima Internacional;

17.  Pide a las Naciones Unidas que colaboren con los Estados para aplicar más eficazmente las normas existentes y, cuando sea necesario, establecer normas adicionales que puedan contribuir indirectamente a proteger la biodiversidad en alta mar y mejorar las condiciones sociales, de seguridad y de seguimiento, tales como el establecimiento de unas herramientas de gestión a escala mundial, es decir, un instrumento centralizado de registro de los buques como el Archivo mundial de buques pesqueros que se está elaborando bajo la autoridad de la FAO, pero evitando provocar un incremento de la carga burocrática para los pescadores;

18.  Subraya que los impactos de la pesca sobre la biodiversidad marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional tendrán que formar parte del mandato de las OROP;

19.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen y promuevan, dentro del mandato del nuevo acuerdo internacional en el marco de la CNUDM, la elaboración de un mecanismo institucional para la puesta en práctica de la evaluación de impacto ambiental anticipada para aquellas actividades que puedan tener efectos considerables sobre el medio marino, de conformidad con el artículo 206 de la CNUDM, también para la explotación de los recursos marinos, con una base científica sólida en la medida en que sea factible, y que esas actividades vayan acompañadas de un seguimiento medioambiental y socioeconómico pormenorizado;

20.  Pide a la Comisión que, en el marco del nuevo acuerdo internacional, presione para que se reconozcan los daños ecológicos en el mar y se determine cuál es la cadena de responsabilidad de los mismos;

21.  Insta a la Comisión a exhortar a los Estados que aún no lo hayan hecho a que ratifiquen o se adhieran a la CNUDM;

22.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Asamblea General de las Naciones Unidas y al comité preparatorio encargado de redactar el texto del futuro acuerdo internacional.


Animales reproductores y sus productos reproductivos ***I
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Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las condiciones zootécnicas y genealógicas para el comercio de animales reproductores y sus productos reproductivos y su importación a la Unión (COM(2014)0005 – C7-0032/2014 – 2014/0032(COD))
P8_TA(2016)0101A8-0288/2015

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)0005) - 2014/0032(COD)),

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2014)00042014/0033(COD)),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 42 y 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7‑0032/2014),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 25 de marzo de 2014(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 18 de diciembre de 2015, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0288/2015),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Considera que, como consecuencia de la incorporación del contenido de la propuesta de la Comisión COM(2014)0004 a la Posición, el procedimiento legislativo 2014/0033(COD) ha decaído;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de abril de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las condiciones zootécnicas y genealógicas para la cría, el comercio y la entrada en la Unión de animales reproductores de raza pura, porcinos reproductores híbridos y su material reproductivo, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.º 652/2014 y las Directivas 89/608/CEE y 90/425/CEE del Consejo y se derogan determinados actos en el ámbito de la cría animal («Reglamento sobre cría animal»)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) n.° 2016/1012)

(1) DO C 226 de 16.7.2014, p. 70.


Situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración (2015/2095(INI))
P8_TA(2016)0102A8-0066/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo adicional, y en particular el derecho a la no devolución,

–  Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistas la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de noviembre de 2014, sobre el vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño(1),

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar de 1974 y el Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos de 1979 modificado,

–  Vista la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de acción sobre los menores no acompañados» (2010-2014)» (COM(2010)0213) y la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2013, sobre la situación de los menores no acompañados en la UE(2),

–  Vista su Resolución, de 29 de abril de 2015, sobre las recientes tragedias en el Mediterráneo y las políticas de inmigración y asilo de la UE(3),

–  Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre la migración y los refugiados en Europa(4),

–  Vistos los debates celebrados por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en 2015: el 14 de abril, en presencia del comisario Avramopoulos; el 6 de mayo, sobre solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad, incluidas las obligaciones de búsqueda y salvamento; el 26 de mayo, sobre la estrategia en materia de cooperación con terceros países; el 4 de junio, sobre el desarrollo de rutas seguras y legales para el acceso de los solicitantes de asilo y los refugiados a la UE y sobre la aplicación del Sistema Europeo Común de Asilo; el 25 de junio, sobre la lucha contra el tráfico ilícito, la trata y la explotación laboral ilegales de los migrantes irregulares, el desarrollo de unos cauces legales adecuados para la migración económica, la gestión de las fronteras y la política de visados; el 2 de julio, sobre el modo en que se gastan los fondos destinados a asuntos de interior en el contexto de la migración y el desarrollo; el 6 de julio, sobre el primer paquete de propuestas presentadas por la Comisión a raíz de la Agenda Europea de Migración así como sobre la solidaridad y el reparto equitativo de la responsabilidad, incluidas las obligaciones de búsqueda y salvamento y el desarrollo de rutas seguras y legales para el acceso de los solicitantes de asilo y los refugiados a la UE; el 16 de julio, en presencia de expertos en los fondos de la UE para las políticas migratorias, sobre las políticas, las prácticas y los datos relativos a los menores no acompañados en los Estados miembros de la UE y en Noruega, sobre la cooperación de la UE con terceros países en el ámbito de la migración y sobre la exploración de nuevas vías para la legislación en materia de migración económica; el 22 de septiembre, sobre el segundo paquete de propuestas presentadas por la Comisión a raíz de la Agenda Europea de Migración; el 23 de septiembre, con los Parlamentos nacionales, sobre el enfoque de «puntos críticos» y la lucha contra la migración a escala nacional y local; el 19 de octubre, sobre la lucha contra el tráfico ilícito, la trata y la explotación laboral ilegales de los migrantes irregulares; el 10 de noviembre, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Gestión de la crisis de los refugiados: estado de ejecución de las acciones prioritarias con arreglo a la Agenda Europea de Migración (COM(2015)0510); el 19 de noviembre, sobre la financiación interna y externa de la UE relacionada con su política de migración y asilo; el 10 de diciembre, sobre la cooperación de la UE con terceros países en el ámbito de la migración; el 21 de diciembre, sobre la gestión de las fronteras y la política de visados, la aplicación efectiva del sistema europeo común de asilo (SECA) y el desarrollo de unos cauces legales adecuados para la migración económica,

–  Vistos los debates celebrados el 1 de abril de 2015 en la reunión conjunta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Desarrollo sobre el nexo entre desarrollo y migración, así como el 15 de septiembre de 2015 en la reunión conjunta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Derechos Humanos sobre el respeto de los derechos humanos en el contexto de los flujos migratorios en el Mediterráneo,

–  Vistos los informes de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre las visitas realizadas en septiembre de 2015 por sus delegaciones a Lampedusa en relación con las operaciones de búsqueda y salvamento, así como a Túnez, en octubre de 2015, en relación con la cooperación con terceros países en el ámbito de la migración, el asilo y el control de las fronteras, y visto el informe de la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre la visita realizada a Sicilia, en julio de 2015, por su delegación conjunta en relación con la forma de afrontar las presiones migratorias en la región, en particular desde una perspectiva presupuestaria,

–  Visto el plan de acción de diez puntos de la Comisión sobre migración, presentado en la reunión conjunta del Consejo de Asuntos Exteriores y de Interior celebrada en Luxemburgo el 20 de abril de 2015,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada « Una Agenda Europea de Migración » (COM(2015)0240),

–  Vista la Decisión (PESC) 2015/778 del Consejo, de 18 de mayo de 2015, relativa a una operación militar de la Unión Europea en el Mediterráneo central meridional (EUNAVFOR MED),

–  Vista la decisión de iniciar la segunda fase de la operación EUNAVFOR MED, rebautizada como «Operación Sophia», adoptada por los embajadores de la UE en el seno del Comité Político y de Seguridad(5), y vistas las operaciones llevadas a cabo por la OTAN en el mar Egeo,

–  Vista la Resolución 2240 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 9 de octubre de 2015,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015-2020)» (COM(2015)0285),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo a la aplicación del Reglamento Eurodac en lo que respecta a la obligación de tomar impresiones dactilares (SWD(2015)0150),

–  Vistas la recomendación de la Comisión sobre un programa europeo de reasentamiento (C(2015)3560) y las conclusiones de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo sobre el reasentamiento mediante programas multilaterales y nacionales de 20 000 personas que necesitan protección internacional, presentadas en la reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 20 de julio de 2015,

–  Vistos la nota explicativa de la Comisión sobre el enfoque de «puntos críticos» y los informes de situación sobre Grecia e Italia de 10 de febrero de 2016, así como el informe relativo a los progresos realizados por Grecia de 4 de marzo de 2016,

–  Vista la Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo, de 14 de septiembre de 2015, relativa al establecimiento de medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en favor de Italia y Grecia,

–  Vista la Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, de 22 de septiembre de 2015, por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia,

–  Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un mecanismo de reubicación de crisis y se modifica el Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (COM(2015)0450),

–  Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, y por el que se modifica la Directiva 2013/32/UE (COM(2015)0452),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Plan de Acción de la UE en materia de retorno» (COM(2015)0453),

–  Vistos la Recomendación de la Comisión por la que se establece un manual común sobre el retorno que deberán utilizar las autoridades competentes de los Estados miembros cuando realicen tareas relacionadas con el retorno (C(2015)6250) y su anexo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión relativa a las normas de contratación pública por lo que respecta a la actual crisis del asilo (COM(2015)0454),

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión Europea y de la Alta Representante titulada «Abordar la crisis de los refugiados en Europa: el papel de la acción exterior de la UE» (JOIN(2015)0040),

–  Vista la Decisión de la Comisión relativa a la creación de un Fondo fiduciario de emergencia de la Unión Europea para la estabilidad y para abordar las causas profundas de la migración irregular y los desplazamientos de personas en África (C(2015)7293),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Gestión de la crisis de los refugiados: medidas operativas, presupuestarias y jurídicas inmediatas en el marco de la Agenda Europea de Migración» (COM(2015)0490) y sus anexos,

–  Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Gestión de la crisis de los refugiados: estado de ejecución de las acciones prioritarias con arreglo a la Agenda Europea de Migración (COM(2015)0510) y sus anexos,

–  Vistas la Comunicación de la Comisión Europea titulada «La Guardia Europea de Fronteras y Costas y una gestión eficaz de las fronteras exteriores de Europa» (COM(2015)0673) y la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Guardia Europea de Fronteras y Costas y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 2007/2004, el Reglamento (CE) n.º 863/2007 y la Decisión 2005/267/CE del Consejo (COM(2015)0671), la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (COM(2015)0668), la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 562/2006 en lo relativo al refuerzo de los controles mediante la consulta de bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores (COM(2015)0670), la propuesta de la Comisión de una Decisión del Consejo por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Suecia de conformidad con el artículo 9 de la Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo y el artículo 9 de la Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia (COM(2015)0677) y la Recomendación de la Comisión relativa a un régimen voluntario de admisión humanitaria con Turquía (C(2015)9490),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el estado de ejecución de las medidas prioritarias en el marco de la Agenda Europea de Migración (COM(2016)0085),

–  Vista la Recomendación de la Comisión dirigida a la República Helénica sobre las medidas urgentes que Grecia debe adoptar con vistas a la reanudación de los traslados en virtud del Reglamento (UE) n.º 604/2013 (C(2016)0871),

–  Vista la propuesta de Decisión de Ejecución del Consejo sobre la suspensión temporal de la reubicación del 30 % de los solicitantes asignados a Austria de conformidad con la Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia (COM(2016)0080),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo titulada «Restablecer Schengen - Hoja de ruta» (COM(2016)0120),

–  Visto el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulado «Second Report on progress by Turkey in fulfilling the requirements of its visa liberalisation roadmap» (COM(2016)0140) y el documento de trabajo de la Comisión que la acompaña (SWD(2016)0097),

–  Vistos la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la prestación de asistencia urgente en la Unión (COM(2016)0115) y el futuro presupuesto rectificativo n.° 1/2016 con el fin de crear la línea presupuestaria para este instrumento,

–  Vistas las Conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo en su reunión extraordinaria del 23 de abril de 2015, en su reunión de los días 25 y 26 de junio de 2015, en la reunión informal del 23 de septiembre de 2015 de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE sobre migración, en su reunión del 15 de octubre de 2015, en su reunión de los días 17 y 18 de diciembre de 2015, y en su reunión de los días 18 y 19 de febrero de 2016,

–  Vistas las Conclusiones adoptadas por el Consejo, sobre los países de origen seguros, en su reunión de 20 de julio de 2015; sobre la migración, en su reunión de 20 de julio de 2015; sobre el futuro de la política en materia de retorno, en su reunión de 8 de octubre de 2015; sobre migración, en su reunión de 12 de octubre de 2015; sobre medidas para gestionar la crisis migratoria y de los refugiados, en su reunión de 9 de noviembre de 2015, sobre la apatridia, en su reunión de 4 de diciembre de 2015, y sobre el tráfico ilícito de migrantes, en su reunión de 10 de marzo de 2016,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia aprobadas el 14 de septiembre de 2015,

–  Vistas las conclusiones de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos el 20 de julio de 2015 en el seno del Consejo, sobre el reasentamiento mediante programas multilaterales y nacionales de 20 000 personas que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional,

–  Vistos el Plan de acción conjunto UE-Turquía de 15 de octubre de 2015, y sus informes de aplicación de 10 de febrero y de 4 de marzo de 2016,

–  Vista la Declaración de los jefes de Estado y de Gobierno de 7 de marzo de 2016,

–  Vistos la Declaración de la Conferencia de alto nivel sobre la ruta del Mediterráneo Oriental y de los Balcanes Occidentales, aprobada el 8 de octubre de 2015, así como la declaración de los dirigentes sobre los flujos de refugiados a lo largo de la ruta de los Balcanes Occidentales, aprobada en su reunión del 25 de octubre de 2015, y su informe sobre los progresos realizados de 10 de febrero de 2016,

–  Vistos el plan de acción y la declaración política aprobados en la Cumbre Unión Europea-África sobre Migración, celebrada en La Valeta los días 11 y 12 de noviembre de 2015,

–  Vistos el trabajo y los informes de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) y, en particular, su Informe anual sobre la situación del asilo en la Unión Europea 2014 y las tendencias mensuales en materia de asilo,

–  Vistos el trabajo y los informes de Frontex y, en particular, su Análisis de riesgos anual 2015 y los informes trimestrales de su Red de Análisis de Riesgos,

–  Vistos el trabajo y los informes de Europol y, en particular, el equipo operativo conjunto MARE, así como la creación por Europol del Centro europeo sobre el tráfico ilícito de migrantes,

–  Vistos el trabajo y los informes de Eurojust y, en particular, sus informes sobre la trata de seres humanos,

–  Vistos el trabajo, los informes anuales y los estudios de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y, en particular, sus estudios sobre formas graves de explotación laboral y criminalización de los migrantes en situación irregular y de las personas que los contratan,

–  Vistos los estudios del Departamento Temático C sobre la aplicación del artículo 80 del TFUE, sobre nuevo enfoque, vías alternativas y medios de acceso a los procedimientos de asilo para las personas que solicitan protección internacional, sobre la exploración de nuevas vías para legislar sobre la migración laboral a la UE, sobre el refuerzo del Sistema Europeo Común de Asilo y las alternativas a Dublín, sobre la cooperación de la UE con terceros países en el ámbito de la migración, y sobre la acogida de mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE, así como el estudio del Departamento Temático D sobre los «Fondos de la UE para las políticas de migración: Análisis de la eficiencia y mejores prácticas para el futuro» y el del Departamento Temático de la DG de Políticas Exteriores sobre los «Migrantes en el Mediterráneo: Protección de los derechos humanos»,

–  Vistos los estudios realizados por la Red Europea de Migración (REM) y, en particular, su estudio sobre políticas, prácticas y datos relativos a los menores no acompañados,

–  Vistos el trabajo y los informes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados,

–  Vistos el trabajo y los informes del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes,

–  Vistos el trabajo, los informes y las resoluciones del Consejo de Europa,

–  Vistos el trabajo y los informes de la Organización Internacional para las Migraciones,

–  Vistos el trabajo y los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de la Unión Europea sobre la Agenda Europea de Migración, aprobado en su 115º sesión plenaria de los días 3 y 4 de diciembre de 2015,

–  Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo sobre la Agenda Europea de Migración y el Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes,

–  Vista su Resolución, de 17 de diciembre de 2014, sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión frente a la migración(6),

–  Visto el documento de trabajo sobre el artículo 80 – Solidaridad y reparto equitativo de responsabilidades, incluidas las obligaciones de búsqueda y salvamento,

–  Visto el documento de trabajo sobre la lucha contra el tráfico ilícito, la trata y la explotación laboral ilegales de los migrantes irregulares,

–  Visto el documento de trabajo sobre la gestión de las fronteras y la política de visados, incluido el papel de Frontex y otros organismos pertinentes,

–  Visto el documento de trabajo sobre el desarrollo de rutas seguras y legales para el acceso de los solicitantes de asilo y los refugiados a la UE, incluida la política de reasentamiento de la Unión y las correspondientes políticas de integración,

–  Visto el documento de trabajo sobre el desarrollo de unos cauces legales adecuados para la migración económica,

–  Visto el documento de trabajo sobre la financiación interna y externa de la UE relacionada con su política de migración y asilo,

–  Visto el documento de trabajo sobre una aplicación efectiva del sistema europeo común de asilo, incluido el papel de la EASO,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Desarrollo, la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Transportes y Turismo, la Comisión de Desarrollo Regional, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la Comisión de Peticiones (A8-0066/2016),

A.  Considerando que en su Resolución de 17 de diciembre de 2014 encargó a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que evaluase las distintas políticas involucradas, que desarrollase un conjunto de recomendaciones y que informase al Pleno mediante un informe de iniciativa estratégico;

B.  Considerando que, según datos de Frontex(7), en 2015, 1,83 millones de personas fueron descubiertas al intentar cruzar ilegalmente las fronteras exteriores de la UE, batiendo un récord sin precedentes con respecto a los 282 500 migrantes que llegaron a la Unión a lo largo de todo el año 2014, y que, según datos de la OIM/UNICEF, aproximadamente el 20 % de todos los migrantes que llegan por mar son niños(8);

C.  Considerando que, según datos de la EASO(9), en 2015 se presentaron en la UE+ más de un millón de solicitudes de protección internacional(10), con una tendencia al alza constante desde abril, en tanto que el porcentaje de solicitudes repetidas ha descendido, y que alrededor del 6 % de los solicitantes aseguraban ser menores no acompañados; que en febrero de 2016, el 22 % de las personas que llegaron a Grecia por mar eran mujeres y el 40 % menores(11);

D.  Considerando que, para los efectos de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad;

E.  Considerando que, según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2015 más de 3 771 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo(12); y que, a 8 de marzo de 2016, 444 personas habían muerto ahogadas en el Mediterráneo; considerando que en las primeras nueve semanas de 2016, murieron 77 menores – una media superior a uno por día; y que, según datos recientes de Europol, al menos 10 000 menores no acompañados han desaparecido tras llegar a Europa;

F.  Considerando que el 3 de octubre debería reconocerse como el Día de conmemoración de los hombres, las mujeres y los niños que mueren al intentar huir de la persecución, los conflictos y las guerras en sus países, así como de todos los hombres y las mujeres que arriesgan sus vidas cada día con el fin de salvarlos;

G.  Considerando que algunas partes del mundo están afectados por la guerra y la violencia y sufren los efectos de la combinación de pobreza extrema, la degradación medioambiental y la falta de oportunidades para los jóvenes, todo lo cual podría avivar la violencia y la inseguridad y provocar nuevos desplazamientos de población;

Artículo 80 del TFUE - Solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad, incluidas las obligaciones de búsqueda y salvamento

H.  Considerando que, con arreglo al artículo 80 del TFUE, el principio de solidaridad y reparto equitativo de la responsabilidad constituyen el núcleo de todo el sistema de la Unión, proporcionando una base jurídica para la aplicación de estos principios en las políticas de asilo, migración y control de fronteras de la Unión;

I.  Considerando que la solidaridad puede adoptar la forma de solidaridad interna y externa, y que la reubicación, el reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de asilo, las medidas de apoyo operativo, una interpretación dinámica del actual Reglamento de Dublín y de la Directiva sobre protección temporal son todas herramientas para la solidaridad interna, mientras que el reasentamiento, la admisión por motivos humanitarios y la búsqueda y el salvamento en el mar fomentan la solidaridad externa, y que el mecanismo de la protección civil puede ir dirigido a ambos;

J.  Considerando que, el 3 de marzo de 2016, de los 39 600 solicitantes de asilo acogidos en instalaciones italianas a la espera de ser trasladados a otros Estados miembros habían sido reubicados realmente solo 338, mientras que, en el caso de Grecia, solo se habían producido 322 de las 66 400 reubicaciones previstas;

Lucha contra el tráfico ilícito, la trata y la explotación laboral ilegales de los migrantes irregulares

K.  Considerando que el tráfico ilícito, la trata y la explotación laboral de los migrantes son fenómenos jurídicos distintos a los que se hace frente con diferentes marcos jurídicos a escala internacional y de la Unión y requieren respuestas específicas adecuadas, si bien, en la práctica, a menudo se solapan, y que las redes de tráfico ilícito y trata pueden cambiar con gran rapidez su modus operandi, lo que exige unas respuestas que se adapten con celeridad y se basen en los datos más recientes y exactos; y que los esfuerzos desplegados para hacer frente al tráfico ilícito de migrantes no deben afectar a los que se despliegan para aportar asistencia humanitaria a los migrantes irregulares;

L.  Considerando que la lucha contra el tráfico ilícito, la trata y la explotación laboral de los migrantes requiere respuestas a corto, medio y largo plazo, incluidas medidas destinadas a desarticular las redes delictivas y a llevar ante la justicia a los delincuentes, la recopilación y el análisis de datos, medidas de protección de las víctimas y de devolución de inmigrantes en situación irregular, así como la cooperación con terceros países y estrategias a más largo plazo, a fin de luchar contra la demanda de personas objeto de tráfico ilícito y de trata así como contra las causas profundas de la migración que obligan a las personas a ponerse en manos de tratantes;

Gestión de las fronteras y política de visados, incluido el papel de la Agencia de Fronteras y otros organismos pertinentes

M.  Considerando que numerosas propuestas de la Comisión en el ámbito de la política en materia de fronteras y visados, en particular la propuesta de Reglamento relativo al código sobre visados de la Unión (refundición) (2014/0094(COD)), la propuesta de Reglamento por el que se establece un visado itinerante (2014/0095(COD)) y la propuesta de Reglamento por el que se establece un modelo uniforme de visado: seguridad (2015/0134(COD)), están en curso de tramitación por el procedimiento legislativo ordinario, y que la Comisión ha presentado recientemente nuevas propuestas en este ámbito que se tramitarán asimismo con arreglo al procedimiento legislativo ordinario;

N.  Considerando que la supresión de los controles en las fronteras interiores debe correr pareja con la gestión eficaz de las fronteras exteriores, unas normas comunes rigurosas, el intercambio efectivo de información entre los Estados miembros y el pleno respeto de los derechos fundamentales de todas las personas;

O.  Considerando que el Parlamento Europeo ha pedido a la Agencia de Fronteras de la Unión que refuerce su capacidad para tratar las posibles violaciones de los derechos fundamentales, en particular en el marco de las modalidades de trabajo que acuerde con las autoridades competentes de terceros países, y que la propuesta de la Comisión de una nueva Agencia de Fronteras d4 la Unión contiene un mecanismo de reclamaciones;

P.  Considerando que el actual código de Visados permite a los Estados miembros apartarse de los criterios de admisibilidad normales con relación a una solicitud de visado «por razones humanitarias» (artículos 19 y 25);

Desarrollo de rutas seguras y legales para el acceso de los solicitantes de asilo y los refugiados a la UE, incluida la política de reasentamiento de la Unión y las correspondientes políticas de integración

Q.  Considerando que el 86 % de la población mundial de refugiados se encuentra en países no industrializados, y que las redes delictivas y los tratantes explotan la desesperación de las personas que intentan entrar en la Unión huyendo de la persecución o la guerra;

R.  Considerando que los refugiados disponen de pocas rutas seguras y legales de acceso a la Unión, y que muchos continúan asumiendo el riesgo de seguir rutas peligrosas; que el desarrollo de nuevas rutas seguras y legales para el acceso de los solicitantes de asilo y los refugiados a la Unión, tomando como punto de partida la legislación y las prácticas existentes, permitiría a la Unión y a los Estados miembros tener una mejor visión de conjunto de las necesidades de protección y del flujo de entrada a la Unión y debilitar el modelo de negocio de los tratantes;

Estrategia en materia de cooperación con terceros países, en particular por lo que se refiere a los programas de protección regional, el reasentamiento y el retorno, así como para abordar las causas profundas de la migración

S.  Considerando que la cooperación de la UE con terceros países se desarrolla a través de instrumentos políticos como los diálogos regionales, los diálogos bilaterales, las agendas comunes en materia de migración y movilidad y las asociaciones de movilidad; de instrumentos jurídicos como las cláusulas relativas a la migración en «acuerdos globales», los acuerdos de readmisión, los acuerdos de facilitación de visados y los acuerdos sobre exención de visado; y de instrumentos operativos como los programas regionales de protección (PRP), los programas regionales de desarrollo y protección (PRDP), las modalidades de trabajo de Frontex y la cooperación de la EASO con terceros países;

T.  Considerando que los Estados miembros siguen llevando a cabo una intensa acción exterior a escala bilateral en materia de migración;

U.  Considerando que la Unión ha intensificado su cooperación exterior con terceros países en materia de migración y asilo a fin de responder adecuadamente a la actual crisis de refugiados, y que ha puesto en marcha nuevas iniciativas de cooperación como el Plan de acción conjunto UE-Turquía, los compromisos contraídos con respecto a las rutas de los Balcanes Occidentales y el Plan de acción adoptado en la Cumbre de La Valeta;

Desarrollo de unos cauces legales adecuados para la migración económica

V.  Considerando que se prevé que, para 2020, la población en edad de trabajar de la Unión disminuirá en 7,5 millones de personas; que las previsiones sobre la evolución de las necesidades del mercado laboral en la Unión indican que empiezan a producirse o se producirán carencias en sectores concretos, y que los nacionales de terceros países afrontan muchas dificultades para lograr el reconocimiento de sus cualificaciones extranjeras y, por lo tanto, suelen estar sobrecualificados para sus puestos de trabajo;

W.  Considerando que el actual enfoque de la Unión sobre la migración laboral es fragmentario, y que hay numerosas Directivas que se centran en categorías específicas de trabajadores y de nacionales de terceros países a los que, en determinadas circunstancias, se les permite trabajar; y que este enfoque solo puede servir para cubrir necesidades específicas y a corto plazo;

Análisis sobre el modo en que se gastan los fondos destinados a asuntos de interior, incluidos los fondos de emergencia, en los ámbitos de la migración y el desarrollo

X.  Considerando que la Unión dispone de diversos instrumentos financieros para financiar las acciones de los Estados miembros y de terceros países en el ámbito de la migración, el asilo y la gestión de las fronteras; que, en particular, los fondos destinados a los Estados miembros se asignan principalmente a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) y el Fondo de Seguridad Interior (FSI), pero que para financiar actividades relacionadas con la migración se pueden utilizar otros muchos programas y fondos, y que los fondos destinados a terceros países, si bien se adjudican principalmente a través del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, los gestionan numerosas direcciones generales de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior;

Y.  Considerando que la actual fragmentación de líneas presupuestarias y responsabilidades puede dificultar el ofrecer una visión general sobre la utilización de los fondos e, incluso, la cuantificación exacta del gasto de la Unión en migración;

Aplicación efectiva del Sistema Europeo Común de Asilo, incluido el papel de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo

Z.  Considerando que el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) incluye un conjunto de normas comunes para una política común de asilo, un estatuto uniforme en materia de asilo y procedimientos de asilo comunes válidos en toda la Unión; que, no obstante, numerosas alertas, incluidas las decisiones sobre casos de infracción adoptadas por la Comisión, muestran que muchos Estados miembros no han aplicado íntegramente el SECA; que su aplicación es esencial para armonizar las legislaciones nacionales y fomentar la solidaridad entre los Estados miembros, y que los Estados miembros pueden solicitar ayuda a la EASO a fin de cumplir las normas requeridas por el SECA; que la armonización de las condiciones de acogida y los procedimientos de asilo puede evitar tensiones en los países que ofrecen mejores condiciones y es fundamental para el reparto de la responsabilidad;

AA.  Considerando que los actuales mecanismos del sistema de Dublín no han conseguido ser objetivos, establecer criterios equitativos para la asignación de la responsabilidad por lo que respecta a las solicitudes de protección internacional ni ofrecer un acceso rápido a protección; que, en la práctica, el sistema no se está aplicando, y que en dos decisiones del Consejo sobre reubicación temporal se han adoptado excepciones explícitas; que la Comisión había anunciado asimismo una propuesta para proceder a una revisión adecuada del Reglamento Dublín III para marzo de 2016;

AB.  Considerando que, de conformidad con el artículo 3 de la Convención de Ginebra de 1951, los Estados miembros no deben discriminar a los refugiados por motivos de raza, religión o país de origen;

De la solidaridad

1.  Señala que la acción de la Unión en materia de migración debe basarse en el principio de solidaridad; observa que este principio, consagrado en el artículo 80 del TFUE, incluye las políticas de asilo, inmigración y control de las fronteras; opina que el artículo 80, «conjuntamente» con los artículos 77 a 79 del TFUE, proporciona el fundamento jurídico para la aplicación del principio de solidaridad en esos ámbitos;

De la búsqueda y el salvamento

2.  Da por sentado que la prioridad principal debe ser el salvamento de vidas, y que para las operaciones de búsqueda y salvamento es esencial una financiación adecuada, tanto a nivel de la Unión como de los Estados miembros; toma nota del aumento que se ha registrado en el número de llegadas irregulares por mar, así como del alarmante aumento en el número de muertes en el mar, y de que todavía se necesita una respuesta más adecuada por parte de Europa;

3.  Recuerda que el salvamento de vidas es un acto de solidaridad hacia las personas que se encuentran en peligro, aunque también es una obligación legal con arreglo al Derecho internacional, ya que el artículo 98 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), ratificada por todos los Estados miembros y por la propia Unión Europea, exige que se preste auxilio a toda persona que se encuentre en peligro en el mar;

4.  Considera esencial que la Unión dé una respuesta duradera, firme y eficaz a las operaciones de búsqueda y salvamento en el mar para evitar un aumento del número de víctimas entre los migrantes que intentan atravesar el mar Mediterráneo;

5.  Sugiere, en este sentido, que se refuercen las capacidades de búsqueda y salvamento y que los Gobiernos de los Estados miembros destinen más recursos, en términos de asistencia y activos financieros, en el marco de una operación humanitaria a escala de toda la Unión que tenga por objeto buscar, rescatar y ayudar a los migrantes que se encuentren en peligro y llevarles al lugar seguro más cercano;

6.  Destaca que los capitanes de buques privados o las organizaciones no gubernamentales (ONG) que ayudan realmente a las personas que se encuentran en peligro en el mar no deberían estar expuestos a sanciones por prestar este tipo de ayuda; considera que la marina mercante no debe ser una opción que sustituya a los Estados miembros y a la Unión en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de búsqueda y salvamento;

De la lucha contra la trata y el tráfico ilícito de seres humanos

7.  Pide que se establezca una diferencia clara entre las personas que son víctimas de tráfico ilícito hacia la Unión Europea y las que son víctimas de trata hacia la Unión, pues, aunque la respuesta política debe estar correctamente integrada, también tiene que estar destinada a las personas adecuadas; declara que, en términos generales, el tráfico ilícito de migrantes implica la facilitación de la entrada irregular de una persona en un Estado miembro, mientras que la trata de seres humanos implica la captación, el transporte o la acogida de una persona por medios violentos, engañosos o abusivos con fines de explotación;

8.  Opina que cualquier enfoque integral con respecto a la migración debe incluir necesariamente medidas destinadas a entorpecer las actividades de las redes delictivas que participan en la trata y el tráfico ilícito de personas;

9.  Se felicita del importante papel que han desempeñado hasta la fecha los buques de la marina en el salvamento marítimo y la desarticulación de redes delictivas; apoya los objetivos de operaciones navales como la «Operación Sophia», e insiste en la necesidad de proteger la vida, haciendo hincapié en que todos los aspectos de la operación deben garantizar que se proteja la vida de los migrantes;

10.  Destaca que las operaciones militares no deberían predominar en ningún enfoque integral para con la migración, y reitera que la «Operación Sophia» no se debe llevar a cabo a expensas de los medios ya desplegados para el salvamento marítimo en el Mediterráneo;

De la función de las agencias de la Unión en la lucha contra el tráfico ilícito

11.  Señala que, habida cuenta de que los delincuentes pueden cambiar su modus operandi con mucha rapidez, y que de hecho lo hacen, las respuestas políticas deben adaptarse a los datos más recientes y precisos; toma nota, como un avance positivo, de que la Comisión aprobó el 27 de mayo de 2015 un Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes («El plan de acción sobre el tráfico ilícito», que prevé la creación de un grupo de contacto de las agencias de la Unión sobre el tráfico ilícito de migrantes para fortalecer su cooperación operativa y el intercambio de información;

12.  Destaca que deben utilizarse al máximo los instrumentos existentes, como por ejemplo los análisis de riesgo de las agencias; observa que las agencias de la UE deben cooperar plenamente entre sí, pero que también deben aumentar la cooperación con los Estados miembros; señala que una mayor coordinación de los esfuerzos debería permitir la recogida de datos a nivel nacional y su posterior transmisión a las agencias;

De la reubicación

13.  Recuerda que el proceso de reubicación —es decir, el traslado de un solicitante de protección internacional, o de un beneficiario de protección internacional, de un Estado miembro a otro— es un ejemplo concreto de solidaridad en el seno de la Unión; recuerda, además, que el Parlamento Europeo viene pidiendo desde 2009 una cuota vinculante para la distribución de solicitantes de asilo entre todos los Estados miembros;

14.  Toma nota de que, en el último año, el Consejo ha adoptado dos decisiones sobre medidas de reubicación temporal en la Unión («decisiones de reubicación»)(13), que implican el traslado de solicitantes de protección internacional de Grecia e Italia a otros Estados miembros; observa que, aunque las decisiones de reubicación no suponen el fin de las actuales normas de Dublín sobre la atribución de la responsabilidad, constituyen una «excepción temporal» a dichas normas;

15.  Considera que el establecimiento de medidas urgentes de reubicación constituye un paso en la buena dirección, y pide a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones respecto de estas medidas tan pronto como sea posible;

16.  Recuerda que, a los efectos de las decisiones de reubicación, la reubicación cubrirá únicamente a aquellas nacionalidades para las que el porcentaje de decisiones positivas de concesión de protección internacional en la Unión haya ascendido a un 75 % o más en los tres meses anteriores, basándose para ello en los datos de Eurostat; observa que las decisiones de reubicación afectarán a un número relativamente limitado de personas y dejarán fuera a un importante número de solicitantes procedentes de otros terceros países que no pueden ser reubicados en virtud de dichas decisiones;

17.  Manifiesta su preocupación de que, en virtud de la actual decisión de reubicación, los Estados miembros que sean el primer país de llegada siguen teniendo que hacer frente a las solicitudes de protección internacional más complicadas (y a los recursos), organizar periodos de acogida más largos, y tendrán que coordinar el retorno de aquellos que, en última instancia, no tengan derecho a protección internacional; reitera que cualquier nuevo sistema de gestión del Sistema Europeo Común de Asilo ha de basarse en la solidaridad y en un reparto justo de las responsabilidades,

18.  Opina que, además de los criterios incluidos en las decisiones de reubicación, en particular el PIB del Estado miembro, su población, su tasa de desempleo y el número de solicitantes de asilo en el pasado, deberían tenerse en cuenta otros criterios, a saber, el tamaño del territorio del Estado miembro y su densidad de población;

19.  Considera que, al llevar a cabo la reubicación, se deberían tener en cuenta, en la medida de lo posible, las preferencias del solicitante; reconoce que de esta manera se desincentivarían los movimientos secundarios y se alentaría a los propios solicitantes a aceptar las decisiones de reubicación, aunque ello no debe frenar el proceso de reubicación;

Del reasentamiento

20.  Reconoce que el reasentamiento es una de las opciones preferidas para permitir a los refugiados y a las personas que necesitan protección internacional un acceso seguro y legal a la Unión en aquellos casos en los que los refugiados no pueden volver a sus países de origen ni recibir una protección efectiva o ser integrados en el país de acogida;

21.  Observa, además, que el reasentamiento bajo los auspicios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) es un programa humanitario sólido y un instrumento útil para la gestión ordenada de las llegadas de las personas que necesitan protección internacional a los territorios de los Estados miembros;

22.  Señala que, habida cuenta de los flujos de migrantes sin precedentes que han llegado y siguen llegando a las fronteras exteriores de la Unión y del aumento continuado del número de personas que solicitan protección internacional, la Unión tiene que adoptar un enfoque legislativo vinculante y obligatorio para con los reasentamientos, con arreglo a lo establecido en la agenda de la Comisión para la migración; considera que, para ser eficaz, este enfoque debe prever el reasentamiento de un número significativo de refugiados, en relación con el número total de refugiados que solicitan protección internacional en la Unión y teniendo en cuenta las necesidades globales de reasentamiento publicadas anualmente por ACNUR;

23.  Destaca la necesidad de un programa permanente de reasentamiento a escala de la Unión, en el que la participación de los Estados miembros sea obligatoria, que prevea el reasentamiento de un número significativo de refugiados teniendo en cuenta el número total de refugiados que solicitan protección en la Unión;

De la admisión humanitaria

24.  Señala que la admisión humanitaria se puede utilizar como un complemento al reasentamiento para ofrecer protección urgente, a menudo con carácter temporal, a las personas más vulnerables cuando estén necesitadas, por ejemplo los menores no acompañados o los refugiados con discapacidad o quienes necesiten ser evacuados urgentemente por razones médicas;

25.  Destaca que, en la medida en que el reasentamiento siga sin estar al alcance de los nacionales de terceros países, debería instarse a todos los Estados miembros a que creen y apliquen programas de admisión humanitaria;

De los visados humanitarios

26.  Señala que los visados humanitarios ofrecen a quienes necesitan protección internacional los medios necesarios para acceder a un tercer país con el fin de solicitar asilo; pide a los Estados miembros que utilicen todas las posibilidades existentes para facilitar visados humanitarios, en particular a personas vulnerables, en las embajadas de la Unión y en las oficinas consulares de los países de origen o de los países de tránsito;

27.  Considera que las personas que tratan de obtener protección internacional deben poder solicitar un visado humanitario directamente a cualquier consulado o embajada de los Estados miembros, y que una vez concedido, tal visado humanitario debe permitir a su titular entrar en el territorio del Estado miembro que lo haya emitido con la finalidad exclusiva de solicitar allí protección internacional; considera, por consiguiente, que es necesario modificar el código de visados de la Unión para incluir disposiciones comunes más específicas relativas a los visados humanitarios;

Del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA)

28.  Señala que se necesitan medidas adicionales para garantizar que el SECA se convierta en un sistema verdaderamente uniforme;

29.  Recuerda que, para mejorar la armonización, es absolutamente necesario llevar a cabo una evaluación global (en forma de informes de evaluación de la Comisión) de la aplicación de este paquete, y a continuación un seguimiento rápido en caso de que la aplicación no sea satisfactoria en algunos Estados miembros;

30.  Observa, por ejemplo, que las solicitudes inadmisibles, las solicitudes posteriores, los procedimientos acelerados y los procedimientos en las fronteras son todos casos específicos en los que la refundición de la Directiva sobre procedimientos de asilo intentó alcanzar un delicado equilibrio entre la eficiencia del sistema y los derechos de los solicitantes, en particular los de las personas vulnerables, y destaca que este equilibrio solo se puede conseguir mediante una aplicación completa y adecuada de la legislación;

31.  Destaca la importancia que reviste el control judicial de todas las formas de internamiento en virtud de la legislación en materia de inmigración y asilo; recuerda que el Derecho internacional y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE obligan a los Estados miembros a examinar alternativas al internamiento; pide a los Estados miembros que apliquen correctamente los procedimientos de asilo y la Directiva sobre las condiciones de recepción de refugiados en lo relativo al acceso a los centros de internamiento;

32.  Recuerda la importancia de reducir el número de apátridas e insta a los Estados miembros, a este respecto, a que introduzcan procedimientos específicos de determinación de la apatridia y compartan buenas prácticas de recogida de datos fiables sobre apátridas y relativas a procedimientos de determinación de apatridia;

De la revisión del Reglamento de Dublín III

33.  Observa que la aplicación del Reglamento de Dublín III(14) ha suscitado un gran número de cuestiones en lo que se refiere a la justicia y la solidaridad en la asignación de los Estados miembros responsables de examinar una solicitud de protección internacional; observa que el sistema actual no tiene suficientemente en cuenta la presión migratoria específica a que se enfrentan los Estados miembros situados en las fronteras exteriores de la Unión; considera que los Estados miembros deben aceptar las dificultades que plantea actualmente el método de Dublín y que la Unión debe desarrollar soluciones que favorezcan la solidaridad, tanto entre sus Estados miembros como entre los migrantes implicados;

34.  Señala que la presión que ejerce en el sistema —tal como se establece en el Reglamento de Dublín— el número cada vez mayor de migrantes que llegan a la Unión ha puesto de manifiesto que, en la práctica, el sistema ha sido en gran medida un fracaso en lo que se refiere al logro de sus dos objetivos principales, a saber, fijar unos criterios objetivos y justos para la asignación de responsabilidad y ofrecer un acceso rápido a la protección internacional; reitera sus reservas sobre el criterio en virtud del cual actualmente se determina que el Estado miembro de primera entrada será el Estado responsable del examen de la solicitud de protección internacional, y considera que este criterio debe revisarse;

35.  Señala además que, al mismo tiempo, los casos de movimientos secundarios siguen siendo elevados en la Unión; opina que es algo obvio que, ya desde su creación, el sistema de Dublín no tenía por objeto compartir la responsabilidad entre los Estados miembros, sino que su principal objetivo era asignar rápidamente la responsabilidad para tratar una solicitud de asilo a un único Estado miembro;

36.  Recomienda que los criterios en los que se fundamenten las decisiones de reubicación se basen directamente en las normas estándar de la Unión para la asignación de la responsabilidad de tramitar solicitudes de protección internacional; Hace hincapié en que, en la revisión del Reglamento de Dublín, debe reconsiderarse el concepto de «solicitantes que tienen manifiestamente necesidad de protección internacional», ya que los migrantes y refugiados que no pertenezcan a esta categoría seguirían dependiendo del Estado miembro que sea el primer país de llegada;

37.  Considera que la Unión Europea debería apoyar a los Estados miembros que reciben el mayor número de solicitudes de asilo con un apoyo financiero y técnico adecuado; opina que la razón por la que se recurre a medidas de solidaridad y reparto de responsabilidades es reforzar la calidad y el funcionamiento del SECA;

38.  Señala que una opción para una revisión fundamental del sistema de Dublín sería la creación de un sistema centralizado de recogida de solicitudes a nivel de la Unión —con arreglo al cual cada solicitante de asilo sería considerado como alguien que busca asilo en toda la Unión y no en un Estado miembro individual—, así como la creación de un sistema centralizado de asignación de responsabilidad en relación con todas las personas que buscan asilo en la Unión; sugiere que un sistema de este tipo podría prever determinados umbrales por Estado miembro relativos al número de llegadas, y cabe pensar que podría contribuir a desincentivar los movimientos secundarios, ya que todos los Estados miembros participarían plenamente en el sistema centralizado y ya no tendrían una responsabilidad individual en la asignación de solicitantes a otros Estados miembros; considera que este sistema podría funcionar basándose en un número de «puntos críticos» de la Unión desde los que se llevaría a cabo el reparto en la Unión; destaca que todo nuevo sistema de asignación de responsabilidades debe incorporar los conceptos fundamentales de unidad familiar e interés superior del menor;

Del reconocimiento mutuo

39.  Observa que, en la actualidad, los Estados miembros solo reconocen las decisiones de asilo de otros Estados miembros cuando son negativas; reitera que el reconocimiento mutuo por los Estados miembros de las decisiones de concesión de asilo positivas es una medida lógica para la correcta aplicación del artículo 78, apartado 2, letra a), del TFUE, que pide «un estatuto uniforme de asilo [...] válido en toda la Unión;»;

De la Directiva sobre protección temporal

40.  Señala que, en caso de afluencia masiva, la Comisión, por propia iniciativa o tras examinar la petición de un Estado miembro, puede proponer la activación de la Directiva 2001/55/CE del Consejo sobre concesión de protección temporal («Directiva sobre protección temporal»)(15); observa que para ello se requiere una decisión del Consejo adoptada por mayoría cualificada; toma nota de que la Directiva se debería activar ante el riesgo de que el sistema de asilo de la Unión sea incapaz de hacer frente a la afluencia masiva o a la afluencia masiva inminente de personas desplazadas; destaca, no obstante, que, desde su adopción en 2001, la Directiva sobre protección temporal no se ha activado nunca;

41.  Señala que en la Directiva sobre protección temporal también se prevé la posibilidad de evacuación de personas desplazadas procedentes de terceros países, y que dicha evacuación permitiría la utilización de corredores humanitarios, en cooperación con el ACNUR, con la obligación de que, en caso de necesidad, los Estados miembros den todo tipo de facilidades para la obtención de los visados;

42.  Considera que los sistemas de asilo de algunos Estados miembros que se encuentran en primera línea están ya claramente saturados y que, en virtud de su propia lógica, debería haberse aplicado la Directiva sobre protección temporal; pide, en cualquier caso, que el concepto de «afluencia masiva» se defina claramente en el marco de la revisión de esta directiva; opina que la revisión de la Directiva sobre protección temporal puede formar parte de la revisión del sistema de Dublín;

De la integración

43.   Observa que la participación de todos los actores que intervienen en la sociedad es crucial y propone, por lo tanto, que, respetando las competencias de los Estados miembros respecto de las medidas de integración, se refuerce el intercambio de las mejores prácticas en este ámbito; subraya que las medidas de integración para todos los residentes legales nacionales de terceros países deben promover la inclusión social, en lugar del aislamiento; señala que las entidades locales y regionales, incluidas las ciudades, tienen un papel clave en el proceso de integración;

44.  Destaca que los Estados miembros de acogida deben ofrecer a los refugiados apoyo y oportunidades para integrarse y fraguarse una vida en su nueva sociedad; señala que ello necesariamente debe comprender alojamiento, cursos de alfabetización y de idiomas, diálogo intercultural, educación y formación profesional y asimismo un acceso efectivo a las estructuras democráticas de la sociedad, con arreglo a lo previsto en la Directiva sobre cualificaciones(16); señala que —exactamente como los ciudadanos de la Unión— los refugiados tienen derechos y obligaciones en los Estados miembros de acogida; hace hincapié, por lo tanto, en que la integración es un proceso bidireccional y en que el respeto de los valores en los que se fundamenta la UE debe formar parte constitutiva del proceso de integración, al igual que el respeto de los derechos fundamentales;

45.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 15 de la Directiva sobre las condiciones de acogida, los Estados miembros tienen que determinar las condiciones para la concesión de acceso a sus mercados de trabajo en el caso de los solicitantes de protección internacional, a condición de que dicho acceso sea efectivo y respete el calendario previsto en el apartado 1 de dicho artículo; considera que, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, de esta Directiva, los Estados miembros, atendiendo a políticas del mercado de trabajo, pueden dar prioridad a los ciudadanos de la Unión y a los nacionales de Estados parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, así como a los nacionales de terceros países que sean residentes legales;

46.  Opina que, cuando las personas a las que se conceda protección internacional en la Unión tengan una oferta de empleo en un Estado miembro distinto del Estado en el que se les ha concedido dicha protección, deberían poder aceptarla;

47.  Reitera que la mejora del reconocimiento de las cualificaciones obtenidas en el extranjero constituye una manera práctica de garantizar que los nacionales de terceros países ya presentes en la Unión puedan integrarse mejor, y pide a la Comisión que presente propuestas adecuadas en este sentido;

48.  Alienta los programas privados y comunitarios de integración para las personas admitidas al reasentamiento, en particular en cooperación con Estados miembros y entidades locales y sobre la base de sus mejores prácticas;

Del mantenimiento de la unidad familiar

49.  Insta a los Estados miembros a que intenten mantener unidas a las familias, lo que contribuirá a las perspectivas de integración a largo plazo, puesto que ello permite dedicar la atención al desarrollo de una nueva vida, sin preocupaciones por la suerte de los familiares que siguen en una situación insegura;

50.  Destaca que los Estados miembros deben superar cualquier obstáculo jurídico y práctico que impida tomar decisiones más rápidas sobre reagrupación familiar;

51.  Recomienda encarecidamente que, hasta el momento en que el Reglamento de Dublín sea objeto de una revisión en profundidad, los Estados miembros hagan un mejor uso de las cláusulas discrecionales para respetar el principio de unidad familiar;

De los niños

52.  Hace hincapié en la situación vulnerable de los niños que llegan a la Unión y reitera el derecho de todo niño a ser tratado ante todo como un niño; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente las disposiciones específicas del SEAC referentes a los menores no acompañados, como el acceso a asistencia jurídica, la tutela, el acceso a asistencia sanitaria, alojamiento y educación, el derecho a ser hablado en una lengua que se comprenda y la posibilidad de entrevistarse con funcionarios formados debidamente; reitera que los Estados miembros no deben internar a niños por ser migrantes;

53.  Recuerda que el apoyo, la información y la protección deben extenderse a los niños no acompañados y separados de sus padres, siempre en función de sus intereses, y que debe acelerarse la tramitación de las solicitudes de reunificación familiar presentadas por menores no acompañados y separados de sus padres;

54.  Observa que una tutela eficaz y unos sistemas de protección que tengan en cuenta las necesidades de los niños son fundamentales para prevenir los abusos, la desatención y la explotación de los menores privados del cuidado de sus padres; subraya la importancia de definir unas directrices europeas para un sistema de tutela armonizado que pueda proporcionar el apoyo y la protección adecuados y garantizar igualdad de trato a los menores extranjeros y a los nacionales;

55.  Cree que la determinación de la edad debe llevarse a cabo del modo menos invasivo, que debe ser multidisciplinar, segura y con respetuosa de la integridad física del niño y de su dignidad humana, con especial atención a las niñas, y que debe ser practicada por profesionales y expertos independientes cualificados;

56.  Pide a los Estados miembros que recopilen datos desglosados sobre la situación de los niños refugiados y migrantes con el fin de mejorar la capacidad de los sistemas para integrarlos;

De los retornos

57.  Entiende que el retorno seguro de las personas respecto de las que, tras la evaluación individual de su solicitud de asilo, se considere que no procede conceder protección internacional en la Unión debe efectuarse como parte de la correcta aplicación del SECA;

58.  Reconoce que, habida cuenta de que en 2014 el 36 % de los nacionales de terceros países a los que se ordenó abandonar la Unión fueron devueltos efectivamente, es necesario mejorar la eficacia del sistema de retorno de la Unión;

59.  Considera que, con el fin de aumentar la eficiencia de los procedimientos de readmisión, y con miras a garantizar la coherencia de los retornos a nivel de la UE, será necesario favorecer los acuerdos europeos de readmisión, que deben preponderar sobre los acuerdos bilaterales entre Estados miembros y terceros países;

60.  Considera que el retorno de los migrantes solo debe llevarse a cabo de forma segura, con plena observancia de los derechos fundamentales y procesales de los migrantes, y si el país al que se los devuelve es seguro para ellos; recuerda que se debería dar prioridad a los retornos voluntarios sobre los retornos forzosos;

61.  Considera que cualquier intento por parte de los Estados miembros de «hacer retroceder» a los migrantes a los que no se les haya dado la oportunidad de presentar solicitudes de asilo es contrario al Derecho internacional y de la UE, y que la Comisión debería tomar medidas adecuadas contra cualquier Estado miembro que lo intente;

De una lista de países de origen seguros

62.  Toma nota de la reciente propuesta de la Comisión relativa a una lista de la Unión de países de origen seguros, por la que se modifica la Directiva sobre procedimientos de asilo(17); observa que, en caso de que dicha lista de la Unión pasara a ser obligatoria para los Estados miembros, podría representar un importante instrumento para facilitar el proceso de asilo, incluido el retorno;

63.  Lamenta la situación actual, en la que los Estados miembros aplican listas diferentes, con diferentes países seguros, lo que dificulta la aplicación uniforme e incentiva los movimientos secundarios;

64.  Subraya, en cualquier caso, que una lista de países de origen seguros no tendría por qué excluir el principio de que debe examinarse adecuadamente y de manera individual la solicitud de protección internacional de cada persona;

De los procedimientos de infracción

65.  Toma nota de que, en septiembre de 2015, la Comisión se vio obligada a adoptar 40 decisiones de infracción relacionadas con la aplicación del SECA contra 19 Estados miembros, que se sumaron a los 34 casos ya pendientes; reitera que debería mantenerse al Parlamento totalmente informado de los procedimientos puestos en marcha por la Comisión contra los Estados miembros que no han aplicado la legislación de la Unión en este ámbito, o que no lo han hecho correctamente;

66.  Destaca una vez más la importancia de que, una vez que se haya acordado y adoptado la legislación de la Unión, los Estados miembros respeten su parte del acuerdo y apliquen esa legislación;

67.  Observa, además, que es imposible evaluar correctamente los pros y los contras de algunos elementos del SECA, al haber muchos Estados miembros que no han aplicado todavía totalmente la legislación;

De la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)

68.  Recomienda que la EASO se convierta con el tiempo en el principal coordinador del SECA para garantizar la aplicación común de las normas de ese sistema, en particular teniendo en cuenta la revisión del Reglamento de Dublín III; reitera que, a medida que el SECA se convierte en un sistema verdaderamente europeo, la EASO necesita pasar de ser un grupo de expertos de los Estados miembros a convertirse plenamente en una agencia de la Unión que proporcione apoyo operativo a los Estados miembros y en las fronteras exteriores; destaca, en este sentido, que ha de contar con la financiación y los recursos humanos necesarios a corto, medio y largo plazo;

69.  Observa que el presupuesto asignado a la EASO en 2015 para reubicación, reasentamiento y la dimensión exterior fue de tan solo 30 000 EUR; reitera que este presupuesto tan reducido no puede tomarse en serio a la vista de los sucesos que se están produciendo actualmente en el Mediterráneo y de las múltiples referencias a la EASO en las decisiones de reubicación; recuerda que serán necesarios aumentos significativos a corto, medio y largo plazo en el presupuesto de la EASO, en sus recursos humanos y en los importes que se destinan a la reubicación y al reasentamiento;

De Frontex y la nueva Guardia Europea de Fronteras y Costas propuesta

70.  Toma nota de la reciente misión encomendada a Frontex, consistente en prestar asistencia a los buques y a las personas que se encuentran en peligro en el mar, y reconoce su contribución, a través de las operaciones conjuntas Tritón y Poseidón, al rescate y el salvamento de muchas vidas en el Mediterráneo;

71.  Entiende que la Guardia Europea de Fronteras y Costas propuesta recientemente sustituiría a Frontex y tendría la misión de garantizar una gestión europea integrada de las fronteras en las fronteras exteriores con objeto de gestionar adecuadamente la migración y garantizar un alto nivel de seguridad interna en el seno de la Unión, salvaguardando al mismo tiempo la libre circulación de las personas; indica, de acuerdo con los Tratados y sus Protocolos que los Estados miembros que son parte de los Acuerdos de Schengen pero aún no participan en el espacio Schengen sin controles fronterizos interiores deberán poder participar y beneficiarse de todas las acciones comprendidas en la nueva propuesta;

72.  Espera con impaciencia las negociaciones sobre la propuesta entre los colegisladores en el marco del procedimiento legislativo ordinario, de conformidad con el artículo 294 del TFUE;

De Schengen y la gestión de la seguridad de las fronteras exteriores

73.  Recuerda que, desde el establecimiento del espacio Schengen, la Unión es un espacio sin fronteras interiores, que los Estados miembros de Schengen han desarrollado una política común por etapas orientada con respecto a las fronteras exteriores de Schengen, y que la lógica inherente de tal sistema ha sido siempre que la supresión de los controles en las fronteras interiores debe ir acompañada de medidas compensatorias de refuerzo de las fronteras exteriores del espacio Schengen y la puesta en común de información a través del Sistema de Información de Schengen («SIS»);

74.  Reconoce que la integridad del espacio Schengen y la supresión de los controles en las fronteras interiores dependen de que se practique una gestión eficaz de las fronteras exteriores, con unas normas comunes exigentes aplicadas por todos los Estados miembros en las fronteras exteriores y un intercambio eficaz de información entre ellos;

75.  Admite que la Unión tiene que reforzar la protección de las fronteras exteriores y seguir desarrollando el SECA, y que son necesarias medidas para aumentar la capacidad del espacio Schengen para abordar los nuevos desafíos a los que se enfrenta Europa y preservar los principios fundamentales de seguridad y libre circulación de personas;

76.  Señala que el acceso al territorio del espacio Schengen normalmente es controlado en las fronteras exteriores con arreglo al Código de fronteras Schengen y que, además, los ciudadanos de muchos terceros países necesitan un visado para entrar en el espacio Schengen;

77.  Reitera el llamamiento del ACNUR en el sentido de que el respeto de los derechos fundamentales y las obligaciones internacionales solo puede garantizarse si los procedimientos y los planes operativos reflejan tales obligaciones en orientaciones prácticas y claras dirigidas al personal de control de las fronteras, ya sean terrestres, marítimas o aéreas; subraya la necesidad de seguir reforzando el Mecanismo de Protección Civil de la UE para reaccionar ante acontecimientos cuyos efectos múltiples se extienden a un número importante de Estados miembros;

78.  Destaca una vez más que, en lo que respecta a la legislación en materia de asilo y migración, para que la legislación sobre fronteras interiores y exteriores sea eficaz, es esencial que los Estados miembros apliquen adecuadamente las medidas acordadas a nivel de la Unión; subraya que, ante una presión creciente, es esencial que los Estados miembros apliquen mejor las medidas en las fronteras exteriores y contribuirá en cierta medida a calmar los temores de los ciudadanos ante cuestiones de seguridad;

79.  Toma nota de que, el 15 de diciembre de 2015, la Comisión presentó una propuesta de revisión específica del Código de fronteras Schengen en la que propone el establecimiento de controles sistemáticos de todos los ciudadanos de la Unión (no solo de los nacionales de terceros países) utilizando las bases de datos pertinentes en las fronteras exteriores del espacio de Schengen;

80.  Considera que el espacio Schengen es uno de los mayores logros de la integración europea; observa que el conflicto en Siria y otros conflictos en otros lugares de la región han producido un número sin precedentes de refugiados y migrantes que llegan a la Unión, lo que a su vez ha puesto de relieve determinadas deficiencias en partes de las fronteras exteriores de la Unión; expresa su preocupación ante el hecho de que, como respuesta, algunos Estados miembros hayan considerado necesario cerrar fronteras interiores o introducir medidas temporales de control de fronteras, poniendo con ello en cuestión el debido funcionamiento del Espacio Schengen;

De los puntos críticos

81.  Recuerda que, según el enfoque de puntos críticos propuesto por la Comisión en la Agenda Europea de Migración, la Agencia de Fronteras, EASO, Europol y Eurojust deben proporcionar asistencia operativa a los Estados miembros con arreglo a sus mandatos respectivos;

82.  Señala, a este respecto, que las agencias de la Unión necesitan los recursos necesarios para poder desempeñar las tareas que tienen encomendadas; insiste en que las agencias de la Unión y los Estados miembros mantengan al Parlamento plenamente informado de los trabajos realizados en los puntos críticos;

83.  Observa que ambas decisiones de reubicación estipulan la prestación de asistencia operativa en los puntos críticos, la cual debe proporcionarse a Italia y Grecia para que lleven a cabo el control de los migrantes cuando llegan por primera vez, el registro de su solicitud de protección internacional, la facilitación de información a los solicitantes en materia de reubicación, la organización de las operaciones de retorno de quienes no solicitaran protección internacional y no tengan derecho a permanecer mediante otras vías o de quienes vieran rechazada su solicitud, y la prestación de ayuda en todas las etapas relacionadas con el propio procedimiento de reubicación;

84.  Pide que se establezcan puntos críticos lo antes posible con el fin de prestar asistencia operativa específica a esos Estados miembros; pide que se asignen recursos y asistencia técnicos y financieros a los Estados miembros de primera llegada, como Italia y Grecia, a fin de garantizar el registro rápido y efectivo y la remisión a las autoridades competentes de todos los migrantes que lleguen a la Unión, respetando plenamente sus derechos humanos fundamentales; considera que el apoyo rápido y efectivo de la Unión a los Estados miembros y la aceptación de dicho apoyo es importante para la confianza mutua;

85.  Reconoce que uno de los objetivos principales de los puntos críticos es hacer posible que la Unión conceda protección y asistencia humanitaria con rapidez a quienes lo necesiten; hace hincapié en que debe actuarse con suma cautela para garantizar que la categorización de los migrantes en los puntos críticos se realice respetando plenamente los derechos de todos ellos; reconoce, no obstante, que la correcta identificación de los solicitantes de protección internacional en el primer punto de llegada a la Unión debe contribuir a facilitar el funcionamiento global de un SECA reformado;

Del Derecho penal relacionado con la migración

86.  Toma nota de que, en su Plan de Acción contra el tráfico ilícito de migrantes, la Comisión afirma que está estudiando una revisión de la Directiva 2004/81/CE del Consejo relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes;

87.  Estima que dicha revisión es necesaria y que debería considerarse también la posibilidad de introducir un sistema que permita a las víctimas de trata y de tráfico ilícito contribuir al procesamiento efectivo de los tratantes o traficantes ilegales sin miedo a ser procesadas;

88.  Observa que la Comisión está estudiando la revisión de la Directiva 2002/90/CE del Consejo destinada a definir el concepto de ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares; opina que no ha de perseguirse judicialmente a nadie que preste asistencia humanitaria en sus distintas formas a las personas necesitadas y que el Derecho de la Unión debe reflejar este principio;

89.  Subraya que otra medida crucial para el desmantelamiento de las redes de tráfico ilícito y trata de seres humanos consiste en dar prioridad a las investigaciones financieras, ya que el seguimiento y la confiscación de los beneficios de esas redes delictivas resulta esencial si han de ser debilitadas y finalmente desmanteladas; pide, en este sentido, a los Estados miembros que transpongan rápida y eficazmente la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales;

90.  Recuerda que, a fin de garantizar la eficacia de las investigaciones penales, es indispensable formar a los profesionales, de manera que puedan comprender en su totalidad el fenómeno que intentan combatir y sepan cómo reconocerlo en una fase temprana;

De la cooperación con terceros países

91.  Señala que el pilar del Enfoque Global de la Migración y la Movilidad (EGMM) en materia de asilo y protección internacional debería desarrollarse más permitiendo una mayor participación de terceros países; toma nota de que las medidas actuales en este ámbito, en el marco de los programas regionales de protección (PRP) o los programas regionales de desarrollo y protección (PRDP), se centran en el desarrollo de capacidades para luchar contra las redes de tráfico ilícito y de trata de seres humanos en los terceros países de origen y de tránsito; señala, al mismo tiempo, que el componente de reasentamiento de estos programas sigue siendo deficiente; considera que deberían redoblarse los esfuerzos de creación de capacidades y las actividades de reasentamiento, y llevarse a cabo de forma conjunta con terceros países que alberguen grandes contingentes de refugiados;

92.  Reconoce que el instrumento de base que establece los objetivos de la política exterior de la Unión en materia de migración, asilo y fronteras es el EGMM; toma nota de que engloba otros varios instrumentos, como diálogos regionales, diálogos bilaterales, asociaciones de movilidad, agendas comunes en materia de migración y movilidad, acuerdos de readmisión, acuerdos de facilitación de visados, acuerdos sobre exención de visados, PRP y PRDP;

93.  Entiende que la dimensión externa debería centrarse en la cooperación con terceros países para abordar y eliminar las causas profundas de los flujos irregulares hacia Europa; es de la opinión de que debe seguir prestándose atención a las asociaciones y la cooperación con los países de origen, de tránsito y de destino claves, por ejemplo mediante los procesos de Jartum y Rabat, el diálogo África-UE sobre migración y movilidad, el proceso de Budapest y el proceso de Praga;

94.  Señala que la UE y sus Estados miembros han de ser selectivos a la hora de dar apoyo a las fuerzas de seguridad de los terceros países y tener en cuenta su historial en materia de violación de los derechos humanos de los migrantes;

95.  Recomienda que la cooperación con terceros países conlleve la evaluación de sus sistemas de asilo, su apoyo a los refugiados y su capacidad y voluntad de luchar contra la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de entrada en dichos países o de tránsito por los mismos;

96.  Pide a la Unión que ayude a los terceros países a crear sistemas de asilo y estrategias de integración de modo que los nacionales de terceros países necesitados de protección internacional puedan solicitarla allí; considera que la Unión debe adoptar un planteamiento de cara a la cooperación con terceros países en el que todos ganen, es decir, un enfoque que redunde en beneficio de la Unión, del tercer país en cuestión, así como de los refugiados y migrantes en ese tercer país;

97.  Recuerda que la Unión ha intensificado su cooperación exterior con terceros países en materia de migración y asilo con el fin de responder adecuadamente a la actual crisis de refugiados, y ha puesto en marcha nuevas iniciativas de cooperación, tales como el Plan de Acción conjunto entre la UE y Turquía; destaca, en este sentido, la necesidad de que todas las partes cumplan los compromisos que se derivan del Plan de Acción conjunto, incluida la eliminación de las causas profundas que provocan la afluencia masiva de ciudadanos sirios, intensificando la cooperación en apoyo de los ciudadanos sirios bajo protección temporal y sus comunidades de acogida en Turquía, así como de que Turquía cumpla sus compromisos para impedir los flujos de migración irregular desde su territorio a la Unión;

De las campañas de sensibilización

98.  Señala que muchas de las personas que son víctimas del tráfico ilícito son conscientes, en cierta medida, de los riesgos a los que se enfrentarán en un viaje potencialmente peligroso y, aun así, deciden emprenderlo al estimar que dichos riesgos son inferiores a los que correrían si no migrasen;

99.  Acoge con satisfacción que el Plan de Acción contra el tráfico ilícito de migrantes vincule la puesta en marcha de nuevas campañas de sensibilización a la evaluación de las existentes; recomienda que toda campaña de este tipo incluya información acerca de los criterios que han de aplicarse para determinar el estatuto de protección en la Unión, ya que dicha información puede convencer a algunos migrantes de que no hagan el viaje, ya que corren el riesgo de emprender un peligroso viaje solo para ser retornados si no se les concede protección;

De la lucha contra las causas profundas

100.  Reitera que la Unión tiene que adoptar una estrategia a largo plazo que contribuya a contrarrestar los factores (conflictos, persecuciones, limpieza étnica, violencia generalizada u otros factores, como la pobreza extrema, el cambio climático o catástrofes naturales) que empujan a los afectados a las redes de tráfico ilícito, que perciben como su única posibilidad de llegar a la Unión;

101.  Recuerda que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes ha solicitado también a la Unión que abra cauces de migración regular que permitan a los migrantes usar los sistemas de entrada y de salida oficiales en lugar de tener que recurrir a las redes de tráfico ilícito de seres humanos;

102.  Destaca que el reciente aumento de las llegadas de refugiados a la Unión ha puesto de manifiesto que las medidas preventivas no bastan por sí solas para gestionar los fenómenos migratorios actuales;

103.  Estima que, a largo plazo, es necesaria más energía para resolver los problemas geopolíticos que afectan a las causas profundas de la migración, como la guerra, la pobreza, la corrupción, el hambre y la falta de oportunidades, puesto que los afectados seguirán viéndose obligados a huir a Europa, a menos que Europa considere cómo ayudar a reconstruir estos países; señala que esto significa que la Comisión y los Estados miembros deben aumentar los fondos destinados a respaldar la creación de capacidades en los terceros países, por ejemplo, impulsando las inversiones y la educación, fortaleciendo y aplicando los sistemas de asilo, ayudando a mejorar la gestión de las fronteras, y reforzando sus sistemas jurídico y judicial;

De la financiación a terceros países

104.  Toma nota de que el principal instrumento de financiación a terceros países es el Instrumento de Cooperación al Desarrollo («ICD»), que incluye la única financiación temática global de la Unión para migración en el marco del programa «Retos y bienes públicos mundiales», gestionado por la Dirección General (DG) de Cooperación Internacional y Desarrollo (DEVCO); observa además que, al igual que en los fondos asignados directamente a los Estados miembros, otras direcciones generales de la Comisión y otros organismos de la Unión participan en la gestión del ICD, de manera que la ayuda de la Unión a los países vecinos la presta la DG de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación a través del Instrumento de Ayuda Preadhesión; la ayuda humanitaria la proporciona la DG de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO), y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) gestiona el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz; recuerda que, dado que los dos fondos gestionados por la DG de Migración y Asuntos de Interior (HOME) —el FAMI y el FSI— cuentan también con una dimensión exterior, el ámbito de la financiación externa cuenta con una nueva parte interesada;

105.  Acoge con satisfacción el recientemente creado Fondo Fiduciario de Emergencia para África y los 1 800 millones EUR comprometidos para el mismo, ya que ha añadido un elemento adicional a la financiación de terceros países; insta a los Estados miembros a que sigan contribuyendo al Fondo;

106.  Recomienda que, en consonancia con el EGMM, los cuatro pilares temáticos que abordan i) la migración legal y la movilidad, ii) la migración irregular y la trata de seres humanos, iii) la protección internacional, y iv) la repercusión en el desarrollo de la migración tengan la misma relevancia en la política exterior y la financiación de la Unión;

De la transparencia de la financiación

107.  Observa que la política europea de migración se aplica a través de distintos instrumentos normativos, cada uno de los cuales tiene sus propios objetivos que no están necesariamente interrelacionados, y que la coordinación de la financiación entre los múltiples actores involucrados es insuficiente; señala que la fragmentación de las líneas presupuestarias y las responsabilidades crea una estructura de gestión que podría dificultar la visión global sobre cómo se asignan y se utilizan en última instancia los distintos fondos disponibles; indica, además, que esta fragmentación dificulta la cuantificación del gasto global de la Unión en la política de migración;

108.  Es de la opinión de que debe facilitarse este tipo de visión global de la financiación de la Unión relacionada con la migración, tanto dentro como fuera de la Unión, ya que su ausencia es un claro obstáculo a la transparencia y la buena elaboración de las políticas; observa, a este respecto, que una posible opción podría ser un sitio web con una base de datos que recogiese todos los proyectos financiados por la Unión en relación con la política de migración; subraya que la necesidad de transparencia se extiende también a las líneas presupuestarias, a fin de garantizar la financiación adecuada de todos los objetivos de la política de migración de la Unión;

109.  Recuerda que el efecto positivo de los fondos de migración de la UE depende de procedimientos aplicados a escala nacional y de la UE para garantizar la transparencia, el seguimiento eficaz y la rendición de cuentas, considera que debe estudiarse cómo llevar a cabo procedimientos de seguimiento y evaluación en curso y no solo procedimientos ex post, y cree que convendría reforzar la función del Tribunal de Cuentas a este respecto; Señala que deben establecerse indicadores cualitativos y cuantitativos para medir los efectos de los fondos de la UE y ayudar a evaluar si estos fondos logran sus objetivos;

De la financiación adicional para la migración

110.  Celebra la financiación adicional facilitada en el presupuesto de la Unión para 2016 a fin de empezar a abordar los fenómenos migratorios actuales; señala que la mayor parte de esta nueva financiación es financiación anticipada del marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020, es decir, que la Unión gasta hoy lo que estaba previsto gastar mañana;

111.  Se muestra de acuerdo en que, si bien deben acogerse con satisfacción las recientes propuestas presupuestarias y la financiación adicional prevista en el presupuesto de la Unión para 2016, incluida la utilización del instrumento de flexibilidad, la financiación a medio y largo plazo sigue constituyendo un motivo de preocupación; manifiesta su inquietud por el hecho de que el aumento de los importes propuestos en las líneas presupuestarias del FAMI correspondientes a 2016 no se vea acompañado de una propuesta de revisión de los recursos globales disponibles en el marco de este fondo para el período de financiación 2014-2020; entiende que, de seguir así las cosas, la financiación del FAMI se agotará mucho antes de 2020;

112.  Anima a los Estados miembros a que aprovechen plenamente las posibilidades ofrecidas por los fondos que no están directamente relacionados con la política de migración, pero que pueden utilizarse para financiar acciones en este ámbito (por ejemplo, las acciones de integración), tales como las disponibles en el marco del Fondo Social Europeo, el Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas, la Iniciativa Horizonte 2020, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Programa «Derechos fundamentales y ciudadanía»;

113.  Recomienda que, en el marco de la revisión del MFP prevista para finales de 2016, se dispongan recursos adicionales sustanciales en la rúbrica 3 del presupuesto de la Unión, relativa a ciudadanía, libertad, seguridad y justicia, a fin de que se disponga de una financiación adecuada basada en las tendencias migratorias y los consiguientes requisitos financieros destinada a las políticas de la Unión y los Estados miembros en materia de asilo, migración e integración;

De la participación de la sociedad civil

114.  Señala que la obtención de financiación operativa representa un desafío fundamental para las ONG, puesto que la mayor parte de la financiación está relacionada con proyectos; afirma que la Comisión y los Estados miembros deben promover y, cuando proceda, financiar iniciativas de voluntarios y de la sociedad civil dedicadas a la prestación de asistencia a migrantes; pide a los Estados miembros y a la Comisión que, siempre que sea posible y conveniente, procuren financiar proyectos gestionados por organizaciones de la sociedad civil que trabajen en los ámbitos de la inmigración, la integración y el asilo;

115.  Reitera que debe garantizarse la participación de la sociedad civil en el desarrollo de las acciones de la Unión y los programas nacionales, en consonancia con el principio de asociación establecido en el FAMI; propone que, a nivel de la Unión, se reflexione sobre la posibilidad de que se realicen consultas periódicas entre la Comisión y organizaciones relevantes de la sociedad civil que trabajen en los ámbitos de la inmigración, la integración y el asilo;

De la evolución demográfica

116.  Observa que, antes del aumento de los flujos migratorios en la Unión en 2015, según un estudio de la OCDE y de la Comisión de 2014, la población de la Unión en edad de trabajar (15-64 años) disminuirá en 7,5 millones de personas entre 2013 y 2020, y que, si se excluye la migración neta de sus proyecciones, el descenso sería aún más pronunciado, ya que supondría una reducción de la población en edad de trabajar de 11,7 millones de personas;

117.  Señala, no obstante, que la tasa de desempleo juvenil en todos los Estados miembros se situaba en noviembre de 2015 en el 20 %;

118.  Toma nota, además, de que, según las últimas proyecciones de Eurostat, la proporción de las personas de 65 años o más en relación con las personas de entre 15 y 64 años aumentará del 27,5 % a principios de 2013 a casi el 50 % en 2050; observa que esto significaría una variación de la proporción actual de cuatro personas en edad de trabajar por cada persona de 65 años o más a solo dos personas en edad de trabajar por cada persona de 65 años o más;

De la migración laboral legal

119.  Afirma que el fundamento jurídico para la gestión de la migración legal a escala de la Unión se establece en el artículo 79 del TFUE;

120.  Entiende que en el artículo 79, apartado 5, se reserva expresamente a los Estados miembros el derecho a establecer volúmenes de admisión de nacionales de terceros países procedentes de terceros países que lleguen a su territorio con el fin de buscar trabajo;

121.  Señala que la Estrategia Europa 2020 ha determinado la necesidad de una política global de migración de mano de obra y una mejor integración de los migrantes para cumplir los objetivos de la Unión de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador;

122.  Toma nota de que el marco legislativo vigente de la UE por el que se rige el acceso de los nacionales de terceros países al empleo en la Unión está bastante fragmentado, ya que se centra en categorías específicas de trabajadores en lugar de regular en general la situación de todos los trabajadores migrantes;

123.  Opina que, a largo plazo, la Unión deberá establecer normas más generales que regulen la entrada y la residencia de esos nacionales de terceros países en busca de empleo para colmar las lagunas detectadas en el mercado de trabajo de la Unión;

De la necesidad de contar con mejores datos

124.  Pide una visión global del mercado de trabajo en la Unión como un requisito previo para la elaboración de las políticas del mercado laboral; señala que es preciso desarrollar instrumentos para detectar y prever mejor las necesidades presentes y futuras del mercado laboral de la Unión; sugiere, a este respecto, que algunos instrumentos existentes —como los desarrollados por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) o la OCDE— podrían mejorarse e incluso fusionarse con estadísticas internacionales sobre la oferta potencial de mano de obra de terceros países, con el fin de proporcionar una imagen más precisa de la situación;

125.  Considera que una mejora de los datos y de los instrumentos para analizar estos datos únicamente puede ayudar a los responsables a elaborar las políticas de migración laboral futuras, y que la Unión y los Estados miembros deben detectar lagunas en sus mercados de trabajo, pues ello podría ayudarles a cubrir puestos de trabajo que permanecerían de otro modo vacantes;

De la explotación laboral

126.  Observa que la explotación laboral puede producirse como consecuencia de la trata o del tráfico ilícito o incluso en ausencia de ambos fenómenos, con la consecuencia de que quienes explotan a migrantes irregulares gozan de impunidad en los Estados miembros en los que no está penalizada como tal;

127.  Lamenta que el bajo riesgo de ser descubierto o perseguido judicialmente como empresario que explota el trabajo de migrantes irregulares haya sido señalado como un factor importante para la explotación laboral, en especial en los sectores más expuestos (agricultura, construcción, hoteles y restaurantes, trabajo doméstico y servicios asistenciales); indica que, para hacer frente a esta situación de impunidad, será necesario, en primer lugar, asegurarse de que todos los casos de explotación laboral grave estén tipificados y penados adecuadamente en el marco del Derecho nacional y, en segundo lugar, incrementar las inspecciones laborales en los sectores más expuestos;

128.  Toma nota de que, en la actualidad, muchos Estados miembros tipifican como delito la explotación laboral solo cuando se lleva a cabo como una forma de trata, lo que deja una gran laguna en todos los casos en que los explotadores laborales no han estado implicados en la trata de seres humanos o no puede probarse su implicación;

129.  Reitera que los procedimientos especiales para garantizar la simplificación de las denuncias previstos por la Directiva 2009/52/CE por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular (la «Directiva sobre sanciones a los empleadores») deben aplicarse plena y correctamente en la práctica; opina que es necesario proteger en mayor medida a las víctimas de la trata o a las personas introducidas ilegalmente en la Unión que cooperen y faciliten la acción judicial contra los tratantes o traficantes; indica que, además, debe apoyarse la creación de la coalición de empresas europeas contra la trata de seres humanos propuesta en la Estrategia para la erradicación de la trata de seres humanos de 2014), con el fin de desarrollar cadenas de suministro que no impliquen trata de seres humanos;

130.  Estima que, a la postre, cualquier esfuerzo para erradicar la explotación laboral de los migrantes debe adoptar un enfoque dual a fin de perseguir judicialmente de forma eficaz a los empleadores explotadores, protegiendo al mismo tiempo a las víctimas de dicha explotación;

De la revisión de la tarjeta azul

131.  Recuerda que, en la Agenda Europea de Migración, la Comisión anunció su intención de revisar la Directiva relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado (Directiva sobre la tarjeta azul), poniendo especial énfasis en las cuestiones del ámbito de aplicación (cubriendo posiblemente a los empresarios dispuestos a invertir en Europa) y mejorando las normas relativas a la movilidad dentro de la UE;

132.  Reitera que el informe de ejecución de la Comisión sobre la actual Directiva sobre la tarjeta azul subraya sus imperfecciones, incluido un nivel de armonización muy limitado provocado por la amplia facultad de apreciación que ofrece a los Estados miembros a la hora de su ejecución, en particular, el derecho de los Estados miembros a mantener regímenes nacionales paralelos;

133.  Considera, por otra parte, que queda claro que la Directiva debería centrarse no solo en las personas altamente cualificadas, sino también en aquellas profesiones de alta cualificación concretas en las que se registre una escasez manifiesta de mano de obra; estima, además, que la revisión de la tarjeta azul ha de ser a la vez ambiciosa y dirigida a objetivos específicos, y debe tratar de eliminar las incoherencias de la Directiva actual, en particular en lo que se refiere a los regímenes nacionales paralelos; recomienda que se reflexione sobre la revisión del ámbito de aplicación para englobar a los nacionales de terceros países que puedan ayudar a colmar las lagunas observadas en los mercados de trabajo de la UE;

o
o   o

134.   Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Parlamentos y a los Gobiernos de los Estados miembros, así como a la EASO, Frontex, Europol, Eurojust, FRA, eu-LISA, el Consejo de Europa, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0070.
(2) DO C 93 de 9.3.2016, p. 165.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0176.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0317.
(5) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/09/28-eunavfor/.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0105.
(7) Frontex news, http://frontex.europa.eu/news/number-of-migrants-arriving-in-greece-dropped-by-half-in-november-cITv3V.
(8) OIM y UNICEF, nota informativa: Migración de menores a Europa, http://www.iom.int/sites/default/files/press_release/file/IOM-UNICEF-Data-Brief-Refugee-and-Migrant-Crisis-in-Europe-30.11.15.pdf.
(9) Boletín de la EASO, noviembre-diciembre de 2015, https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Newsletter-NOV-DEC_-20151.pdf.
(10) La UE+ se compone de la UE-28 y Noruega y Suiza.
(11) ACNUR - visión puntual de datos sobre Grecia - 7 de marzo de 2016.
(12) IOM, Missing Migrants Project, http://missingmigrants.iom.int/.
(13) Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo y Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo.
(14) Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (versión refundida) (DO L 180 de 29.6.2013, p. 31).
(15) Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (DO L 212 de 7.8.2001, p. 12).
(16) Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establecen normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (DO L 337 de 20.12.2011, p. 9).
(17) Directiva n.º 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 60).


Informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre los informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad (2014/2252(INI))
P8_TA(2016)0103A8-0301/2015

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor»(1),

–  Vistos los aspectos prácticos acordados el 22 de julio de 2011 entre los servicios competentes del Parlamento Europeo y del Consejo para la aplicación del artículo 294, apartado 4, del TFUE en caso de acuerdo en primera lectura,

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la adecuación de la normativa de la UE y la subsidiariedad y la proporcionalidad – 19º Informe «Legislar mejor» correspondiente al año 2011(2),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2012, sobre el XVIII Informe «Legislar mejor» – Aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (2010)(3),

–  Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre legislar mejor, subsidiariedad, proporcionalidad y normativa inteligente(4),

–  Vistos el Informe anual de 2012 de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad (COM(2013)0566) y el Informe anual de 2013 de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad (COM(2014)0506),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre normativa inteligente, de 4 de diciembre de 2014,

–  Vistas las Conclusiones de la Conferencia de Presidentes de los Parlamentos de la Unión Europea de 21 de abril de 2015,

–  Vistos los informes bianuales de la COSAC de 27 de septiembre de 2012, 17 de mayo de 2013, 4 de octubre de 2013, 19 de junio de 2014 y 14 de noviembre de 2014 sobre la evolución de los procedimientos y prácticas relativos al control parlamentario vigentes en la Unión Europea,

–  Visto el informe final de 14 de octubre de 2014 del Grupo de alto nivel de partes implicadas independientes sobre cargas administrativas, titulado «Cutting Red Tape in Europe – Legacy and Outlook» (Reducir la burocracia en Europa: legado y perspectivas)(5),

–  Vistos el artículo 52 y el artículo 132 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Comercio Exterior, la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0301/2015),

A.  Considerando que, en 2012, la Comisión recibió dictámenes motivados en relación con ochenta y tres propuestas legislativas; considerando que el número total de documentos recibidos en 2012 fue de 292, incluidos aquellos que no eran dictámenes motivados;

B.  Considerando que, en 2013, la Comisión recibió dictámenes motivados en relación con noventa y nueve propuestas legislativas; considerando que el número total de documentos recibidos en 2013 fue de 313, incluidos aquellos que no eran dictámenes motivados;

C.  Considerando que en 2012 los Parlamentos nacionales transmitieron doce dictámenes motivados sobre la propuesta Monti II(6), correspondientes a diecinueve votos (siendo el umbral dieciocho votos), y que, como consecuencia, se activó el denominado procedimiento de tarjeta amarilla, que exige que la institución que ha presentado la propuesta la revise y justifique su decisión de retirarla, modificarla o mantenerla;

D.  Considerando que la Comisión retiró la propuesta Monti II, pero declaró que la consideraba conforme con el principio de subsidiariedad y que la había retirado al no contar esta con apoyo suficiente en el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros(7);

E.  Considerando que, en 2013, los Parlamentos nacionales transmitieron trece dictámenes motivados sobre la propuesta para la creación de la Fiscalía Europea(8), correspondientes a dieciocho votos, activando así el segundo procedimiento de tarjeta amarilla;

F.  Considerando que la Comisión concluyó que su propuesta respetaba el principio de subsidiariedad y que no era necesario retirarla ni modificarla; que la Comisión declaró que en el procedimiento legislativo tomaría debidamente en consideración los dictámenes motivados(9);

G.  Considerando que varios Parlamentos expresaron sus reservas en relación con el enfoque adoptado por la Comisión, al considerar insuficientes las justificaciones y argumentos aportados por esta; considerando que la Comisión de Asuntos Jurídicos y la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo debatieron sobre este asunto;

H.  Considerando que en las negociaciones subsiguientes con el Consejo sobre la Fiscalía Europea se han restringido el alcance y las metodologías de trabajo en comparación con la propuesta inicial sobre la que se emitieron los dictámenes motivados;

I.  Considerando que, habida cuenta de su derecho de iniciativa, la Comisión tiene la responsabilidad de garantizar, desde las fases iniciales del procedimiento de elaboración de las políticas, la adopción de decisiones correctas en lo que respecta a la conveniencia y la forma de proponer medidas a escala de la UE;

J.  Considerando que la Comisión ha emprendido una revisión de las directrices aplicables al procedimiento de evaluación de impacto, que comprende un examen de la subsidiariedad y la proporcionalidad;

K.  Considerando que el Parlamento ha creado su propia Unidad de Evaluación de Impacto, que ha elaborado cincuenta valoraciones iniciales y dos valoraciones detalladas de evaluaciones de impacto de la Comisión en 2013;

L.  Considerando que los Parlamentos nacionales han observado que, cuando se delegan en la Comisión poderes múltiples y de amplio alcance, es difícil evaluar efectivamente si las normas definitivas respetarán el principio de subsidiariedad;

M.  Considerando que el control de la subsidiariedad y la proporcionalidad, así como la evaluación de impacto se hacen solamente al principio del proceso legislativo;

1.  Observa que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad son principios fundamentales de la Unión Europea;

2.  Hace hincapié en que la utilización de las competencias de la UE debe regirse por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, tal y como se establece en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea; acoge con satisfacción que en 2012 y 2013 el respeto de estos dos principios fuera sometido a una atenta supervisión por las instituciones de la UE y por los Parlamentos nacionales;

3.  Acoge positivamente la mayor participación e implicación de los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo europeo en los últimos años, lo que se ha traducido en un incremento de la toma en consideración de los principios sobre los que está fundada la UE, incluidos los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el contexto interinstitucional; señala, sin embargo, que queda mucho por hacer en este contexto; sugiere que, en primer lugar, la Comisión participe en un debate anual con cada uno de los Parlamentos nacionales con el fin de reforzar el diálogo entre la Comisión y los Parlamentos nacionales;

4.  Considera, además, que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad deben ser el punto de partida para la elaboración de todas las políticas; subraya por consiguiente la importancia de evaluar al principio del proceso legislativo si se pueden alcanzar los objetivos políticos a escala europea mejor que mediante iniciativas nacionales o regionales;

5.  Toma nota de la importancia de los parlamentos y de su impacto territorial y su cercanía respecto de los ciudadanos, y pide que, cuando proceda, participen en mayor medida en el sistema de alerta temprana;

6.  Observa, no obstante, que la mayoría de los dictámenes de los Parlamentos nacionales son presentados por un reducido número de cámaras nacionales; anima a las demás cámaras a que participen más activamente en el debate europeo;

7.  Destaca que las instituciones europeas deben respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, establecidos en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y en el Protocolo n° 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que tienen carácter general y son obligatorios para las instituciones cuando ejercen las competencias de la Unión, excepción hecha de los ámbitos que son competencia exclusiva de la Unión, en los que no es aplicable el principio de subsidiariedad;

8.  Considera que el mecanismo de control del principio de subsidiariedad es un instrumento importante para la cooperación entre las instituciones europeas y nacionales;

9.  Observa que los informes anuales preparados por la Comisión son, en cierto modo, superficiales, y pide a la Comisión que examine la posibilidad de preparar informes más detallados sobre cómo se respetan la subsidiariedad y la proporcionalidad en la elaboración de políticas de la UE;

10.  Toma nota de la metodología empleada por la Comisión para la elaboración de los informes anuales de 2012 y 2013, en los cuales se utilizan estadísticas para clasificar los dictámenes motivados presentados por los Parlamentos nacionales sobre un paquete de propuestas como un único dictamen motivado, en lugar de considerar que se ha presentado un dictamen motivado sobre cada una de las propuestas;

11.  Toma nota de que, en conjunto, la proporción de dictámenes motivados como porcentaje del total de documentos enviados ha aumentado de manera significativa con respecto a 2010 y 2011, y observa que en 2012 los dictámenes motivados representaron el 25 % de todos los documentos transmitidos por los Parlamentos nacionales en el marco del procedimiento contemplado en el Protocolo 2, mientras que en 2013 este porcentaje fue del 30 %; señala a este respecto la consulta a los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo;

12.  Señala que en 2012 tuvo lugar la primera utilización del denominado procedimiento de «tarjeta amarilla» por los Parlamentos nacionales respecto del principio de subsidiariedad, en respuesta a la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios (Monti II); observa que, aunque la Comisión concluyó que no se había violado el principio de subsidiariedad, retiró la propuesta debido a la falta de apoyo político; señala que en 2013 se activó un segundo procedimiento de «tarjeta amarilla» respecto de la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea; observa que la Comisión concluyó que la propuesta se ajustaba al principio de subsidiariedad y decidió mantenerla;

13.  Observa que los dictámenes motivados emitidos por los Parlamentos nacionales apuntan a la existencia de diversas interpretaciones de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; recuerda en este contexto que el principio de subsidiariedad, tal y como se establece en los Tratados, permite a la Unión, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, intervenir solamente «en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión»; recuerda asimismo que «en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados»; anima a los Parlamentos nacionales a ser fieles a la letra del TUE al evaluar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; recomienda encarecidamente a los Parlamentos nacionales y a las instituciones europeas que entablen intercambios de puntos de vista y prácticas respecto del control de la subsidiariedad y la proporcionalidad.

14.  Observa que los dictámenes motivados presentados por los Parlamentos nacionales varían considerablemente en cuanto a los tipos de argumentos planteados y a su forma; lamenta la ausencia de «patrones» comunes que hacen que sea más difícil evaluar sobre la base de qué intervienen los Parlamentos nacionales;

15.  Recuerda que el Parlamento ya ha manifestado en informes anteriores su preocupación en relación con ciertos casos en los que la Comisión no había examinado adecuadamente en sus evaluaciones de impacto el respeto del principio de subsidiariedad; recuerda, además, que el Comité de Evaluación de Impacto ya ha señalado este asunto en sus informes anuales; Toma nota de que este Comité ha considerado que más del 30 % de las evaluaciones de impacto que examinó en 2012 y 2013 contienen un análisis insatisfactorio del principio de subsidiariedad; manifiesta su preocupación por que este porcentaje haya aumentado hasta el 50 % en 2014, e insta a la Comisión a que, cuando lleve a cabo la revisión de las evaluaciones de impacto, aborde el asunto e invierta esta tendencia;

16.  Señala la importancia de las evaluaciones de impacto como instrumento de apoyo a la toma de decisiones en el proceso legislativo, y resalta la necesidad, en este contexto, de valorar debidamente las cuestiones relativas a la subsidiariedad y la proporcionalidad;

17.  Hace hincapié en que unas evaluaciones de impacto rigurosas en las que se evalúe exhaustivamente el cumplimiento del principio de subsidiariedad son fundamentales para inspirar una mayor confianza en los ciudadanos, muchos de los cuales consideran el principio de subsidiariedad un aspecto clave del proceso democrático; recalca, por tanto, que llevar a cabo controles más estrictos de la subsidiariedad podría contribuir en gran medida a reducir el denominado «déficit democrático»;

18.  Reitera el llamamiento realizado en su Resolución antes mencionada de 14 de septiembre de 2011 en el sentido de que las evaluaciones de impacto nacionales se utilicen como complemento de las llevadas a cabo por la Comisión —cuya reforma se está debatiendo— en apoyo de la legislación propuesta; considera que las unidades de evaluación de impacto del Parlamento de reciente creación serán un complemento positivo al trabajo de la Comisión;

19.  Expresa su decepción ante la respuesta de la Comisión a los Parlamentos nacionales en los casos en que se han activado procedimientos de tarjeta amarilla; considera necesario que la Comisión responda de manera exhaustiva a todas las dudas planteadas por los Parlamentos nacionales y que las aborde una por una en el marco de un diálogo, además de responder a los dictámenes publicados; considera asimismo necesario que la Comisión comparezca ante la comisión o las comisiones pertinentes del Parlamento para explicar en detalle su posición;

20.  Subraya que el procedimiento de «tarjeta amarilla», que es un instrumento para influir en la adopción de decisiones de la UE, podría reforzarse en la práctica mediante un intercambio temprano de información sobre las posiciones de los Parlamentos nacionales, por lo que anima a estos a que intercambien pareceres sobre el alcance y los métodos de evaluación aplicados para evaluar la conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

21.  Cree que el diálogo político reviste una importancia cada vez mayor a la hora de garantizar que se respeta la subsidiariedad; considera que el diálogo político debe mejorarse no solo en el marco de los procedimientos de tarjeta amarilla o tarjeta naranja, sino como norma general; celebra, a este respecto, la iniciativa de la Comisión Juncker de comparecer ante los Parlamentos nacionales, y pide al Parlamento que considere la posibilidad de emprender iniciativas similares; cree que podría alentarse a los ponentes a entablar un contacto más frecuente con los Parlamentos nacionales, en particular ahora que las videoconferencias y otras formas de interacción en línea están ganando en eficacia y facilidad de uso;

22.  Hace hincapié en que las instituciones europeas y los Parlamentos nacionales todavía deben hacer mucho más para fomentar una «cultura de la subsidiariedad» en toda la UE; recomienda emprender dos iniciativas concretas que ayudarán, desde ahora, a que la subsidiariedad se tenga más en cuenta en el procedimiento legislativo, a saber, facilitar una mejor integración en el diálogo político de las posiciones, perspectivas o sugerencias de otro tipo que planteen los Parlamentos nacionales –en particular en el curso de los trabajos preparatorios, tales como los libros verdes o los libros blancos que elabora la Comisión– y considerar la posibilidad de ampliar el plazo de consulta de los Parlamentos nacionales contemplado en el procedimiento de control del respeto de la subsidiariedad si estos lo solicitan debido a limitaciones de tiempo basadas en razones objetivas justificadas, como catástrofes naturales y periodos de vacaciones, que deberán acordarse entre los Parlamentos nacionales y la Comisión; considera que esto podría lograrse mediante un compromiso político entre las instituciones y los Parlamentos nacionales en primera instancia, sin dar pie a retrasos en la aprobación de la legislación pertinente;

23.  Considera que, en caso de que los Estados miembros acuerden ampliar el plazo del que disponen los Parlamentos nacionales para emitir un dictamen motivado en virtud del artículo 6 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, esta disposición debería incluirse en una próxima revisión del Tratado; observa que esta ampliación del plazo podría determinarse asimismo posteriormente en el derecho secundario;

24.  Considera importante que el procedimiento de «tarjeta amarilla» sea fácilmente aplicable por los parlamentos, a la vez que reafirma el principio de subsidiariedad de conformidad con los Tratados;

25.  Señala que varios Parlamentos nacionales de la COSAC han manifestado su interés en proponer la introducción de una «tarjeta verde» como instrumento para mejorar el diálogo político, que daría a los Parlamentos nacionales, una vez asegurado el apoyo del Parlamento, la oportunidad de presentar propuestas constructivas para su consideración por parte de la Comisión y con el debido respeto del derecho de iniciativa de la Comisión;

26.  Observa que las propuestas legislativas pueden experimentar cambios drásticos en el período que transcurre hasta su adopción por las instituciones; recuerda que el respeto del principio de subsidiariedad se evalúa al inicio, pero no al término, del procedimiento legislativo; recuerda también que las evaluaciones de impacto, más en general, solo se llevan a cabo para las fases iniciales del procedimiento legislativo y no para sus fases finales; destaca la necesidad de una evaluación intermedia después de comenzar el proceso de adopción y al final del proceso legislativo, lo que quizás pueda permitir advertir a los Estados miembros cuando no respeten el principio de subsidiariedad;

27.  Pide, por consiguiente, que, al finalizar las negociaciones legislativas y antes de la adopción del texto definitivo, se lleve a cabo un nuevo control del respeto de la subsidiariedad y una evaluación de impacto completa, a fin de que quede garantizado el cumplimiento de la subsidiariedad y de que puedan realizarse evaluaciones en las que se tenga en cuenta la proporcionalidad; cree que este «período de reflexión» ayudaría a los responsables políticos a valorar si la legislación cumple con los principios de la Unión, y aumentaría la transparencia de los resultados de unos períodos de negociación a menudo de elevada intensidad;

28.  Toma nota de los objetivos políticos de la nueva Comisión relacionados con iniciativas y propuestas legislativas de la UE, es decir: un coste mínimo; beneficios para los ciudadanos, las empresas y los trabajadores; y evitar cargas normativas innecesarias;

29.  Considera que los programas del marco financiero plurianual deben evaluar y demostrar el cumplimiento del principio de subsidiariedad en términos de valor añadido probado en los Estados miembros beneficiarios;

30.  Pide a la Comisión que, de conformidad con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, simplifique el procedimiento de solicitud de fondos de la UE con el fin de que sea más eficaz y se oriente hacia los resultados;

31.  Subraya su compromiso de garantizar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad mediante evaluaciones de sus propios informes de iniciativa legislativa, evaluaciones previas de las evaluaciones de impacto de la Comisión y la evaluación constante del posible valor añadido de la UE y del «coste de la no Europa»;

32.  Toma nota de los recientes debates sobre la resolución de litigios entre inversores y Estados y de las propuestas de la Comisión dirigidas a sustituir el actual modelo; recuerda que el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea define la política comercial común como un ámbito integral de competencias exclusivas de la Unión basadas en principios uniformes; señala que, en consecuencia, el principio de subsidiariedad no se aplica a la política comercial común;inversores;

33.  Pide inversores a los Estados miembros que desbloqueen la Convención de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversores y Estados en el marco de un tratado, con el fin de que la Comisión pueda firmar dicha convención en nombre de toda la Unión; lamenta la actual situación, en la que algunos Estados miembros de la UE son parte de la convención y otros no; considera que este ejemplo subraya la necesidad de aclarar en mayor medida la situación con respecto a todas las partes acerca de las competencias exclusivas de la Unión en el ámbito de la inversión extranjera directa; recuerda que las diferentes políticas de los Estados miembros en materia de protección de las inversiones han llevado a la situación actual, en la que los Estados miembros son partes contratantes de unos 1 400 tratados bilaterales de inversión que incluyen a veces disposiciones dispares que podrían dar lugar a un trato diferente de los inversores de la UE en el exterior, dependiendo del origen de la inversión en cuestión;

34.  Pide, en relación con la asistencia financiera de la UE a otros países en concreto con la asistencia macrofinanciera, que se lleven a cabo evaluaciones de impacto ex ante y ex post más exhaustivas en cuanto a la proporcionalidad de las medidas propuestas, con objeto de que la asistencia sea eficaz y ayude verdaderamente a nuestros socios en situación de necesidad; insiste en la necesidad de establecer una condicionalidad para el desembolso de la ayuda, así como un control adecuado de la utilización de los fondos que incluya medidas de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción y un seguimiento riguroso y exhaustivo por el Parlamento; pide una sólida integración de los instrumentos exteriores de la UE, de tal forma que se combinen el comercio, el desarrollo y la política exterior y de seguridad; destaca que los Estados miembros deben dar prueba de un mayor compromiso en este sentido;

35.  Destaca la importancia esencial de una consulta, un diálogo y una participación adecuados de los ciudadanos, las empresas (en particular, las pymes) y la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones de la Unión en materia de política comercial;

36.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 321 de 31.12.2003, p. 1.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0061.
(3) DO C 353 E de 3.12.2013, p. 117.
(4) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 87.
(5) http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/admin_burden/docs/08-10web_ce-brocuttingredtape_en.pdf
(6) Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre de prestación de servicios (COM(2012)0130).
(7) Carta de 12 de septiembre de 2012 enviada por el vicepresidente Šefčovič a los Parlamentos nacionales.
(8) Propuesta de la Comisión para la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)0534).
(9) Comunicación de la Comisión, de 27 de noviembre de 2013, al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Parlamentos nacionales sobre la revisión de la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea en relación con el principio de subsidiariedad, de conformidad con el Protocolo nº 2, (COM(2013)0851).


Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación
PDF 208kWORD 99k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre el Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT): situación actual y perspectivas (2014/2150(INI))
P8_TA(2016)0104A8-0208/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los Acuerdos Interinstitucionales «Legislar mejor»(1),

–  Vistos los aspectos prácticos acordados el 22 de julio de 2011 entre los servicios competentes del Parlamento Europeo y del Consejo para la aplicación del artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) en caso de alcanzar acuerdos en primera lectura,

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre la adecuación de la normativa de la UE y la subsidiariedad y la proporcionalidad – 19º Informe «Legislar mejor» correspondiente al año 2011(2),

–  Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre la revisión de las directrices de evaluación del impacto de la Comisión y el papel de la prueba de las pymes(3),

–  Visto su Resolución, de 25 de febrero de 2014, sobre el seguimiento en relación con la delegación de poderes legislativos y el control, por parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión(4),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2012, sobre el XVIII Informe «Legislar mejor» – Aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (2010)(5),

–  Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre legislar mejor, subsidiariedad, proporcionalidad y normativa inteligente(6),

–  Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre el aseguramiento de evaluaciones de impacto independientes(7),

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre normativa inteligente, de 4 de diciembre de 2014,

–  Visto el informe de la Comisión sobre el Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT): situación actual y perspectivas (COM(2014)0368),

–  Vistas las anteriores comunicaciones de la Comisión sobre la adecuación de la normativa de la UE (COM(2012)0746 y (COM(2013)0685),

–  Visto el Informe de la Comisión sobre subsidiariedad y proporcionalidad (19º Informe «Legislar mejor» correspondiente al año 2011) (COM(2012)0373),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Normativa inteligente: responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas» (COM(2013)0122),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión relativo al seguimiento y la consulta sobre la normativa inteligente para las PYME (SWD(2013)0060),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Normativa inteligente en la Unión Europea» (COM(2010)0543),

–  Vistas las Directrices para 2014 sobre la consulta de las partes interesadas, de la Comisión,

–  Visto el informe final, de 24 de julio de 2014, del Grupo de alto nivel de partes implicadas independientes sobre cargas administrativas titulado «La reducción de la burocracia en Europa - Legado y perspectivas», y en particular la opinión discrepante recogida en el Anexo 12 y formulada por cuatro miembros del Grupo de alto nivel con una trayectoria en la defensa de los trabajadores, la salud pública, el medio ambiente y los consumidores,

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de diciembre de 2014(8),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Legislar mejor para obtener mejores resultados – Agenda de la UE» (COM(2015)0215),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Propuesta de Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación» (COM(2015)0216),

–  Vistas la Decisión de la Comisión sobre el establecimiento de la plataforma REFIT (C(2015)3261), y la Decisión de la Comisión titulada «La plataforma REFIT – Estructura y funcionamiento» (C(2015)3260),

–  Vistas la Decisión del Presidente de la Comisión Europea sobre la creación de un comité independiente de control de la reglamentación (C(2015)3263), la Comunicación de la Comisión titulada «Comité de Control Reglamentario – Misión, funciones y personal» (C(2015)3262), y la Comunicación de la Comisión titulada «Standard Explanatory Memorandum» (C(2015)3264/2);

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Directrices para la mejora de la legislación» (SWD(2015)0111),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0208/2015),

A.  Considerando que el programa REFIT es un elemento esencial de la nueva estrategia de la Comisión para la mejora de la legislación;

B.  Considerando que el programa REFIT constituye un intento de consolidar procedimientos para legislar mejor, simplificar el Derecho de la UE y reducir las cargas administrativas o normativas, así como de iniciar un camino que lleve hacia la buena gobernanza basada en la formulación de políticas a partir de datos sólidos, en la que las evaluaciones de impacto y los controles ex post desempeñen un papel importante, sin sustituir a las decisiones políticas;

C.  Considerando que, para apoyar su actividad relativa al programa REFIT, la Comisión ha creado una nueva plataforma REFIT que consta de dos grupos: el «Grupo de representantes de los Gobiernos», compuesto por expertos de alto nivel de la administración pública de cada Estado miembro, y el «Grupo de partes interesadas», compuesto por un máximo de veinte expertos, dos de los cuales representan al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones y los demás representan a las empresas (incluidas las pymes ), los interlocutores sociales y organizaciones de la sociedad civil;

D.  Considerando el boletín anual de REFIT, que permite valorar los avances realizados en todos los ámbitos políticos y respecto de las iniciativas seleccionadas por la Comisión, incluyendo las medidas adoptadas por el Parlamento y el Consejo;

E.  Considerando que el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» de 2003 se ha quedado anticuado a raíz de la creación del actual entorno legislativo en virtud del Tratado de Lisboa;

F.  Considerando que en los últimos años el programa para regular mejor ha contribuido, no obstante, a la mejora de las prácticas legislativas; y que el gran número de denominaciones y programas distintos presentados por la Comisión en este ámbito, tales como «mejora de la legislación», «legislar mejor», «normativa inteligente», «adecuación de la reglamentación», «pensar primero a pequeña escala», «comprobaciones de la adecuación» y «ABR+», no aportan claridad y transparencia suficientes, especialmente a los ciudadanos, sobre los objetivos de las medidas, por lo que es preciso combinarlas mejor;

G.  Considerando que, con su Comunicación titulada «Legislar mejor para obtener mejores resultados – Agenda de la UE», de 19 de mayo de 2015, la Comisión ha propuesto mantener en adelante un enfoque coherente y global para legislar mejor, que tiene en cuenta todo el ciclo político de la legislación y exige una interacción de todas las instituciones en pos de los objetivos perseguidos, y que por ello dicha comunicación va a ser detenidamente estudiada por el Parlamento a fin de obtener los mejores resultados posibles en interés de los ciudadanos de la Unión;

H.  Considerando que todos los fines y objetivos de la Unión enunciados en el artículo 3 del TUE revisten idéntica importancia; y que la Comisión subraya que el programa REFIT no cuestiona los objetivos políticos existentes, ni debería incidir negativamente en la salud y la seguridad de los ciudadanos, los consumidores, los trabajadores o el medio ambiente;

I.  Considerando que, durante la segunda mitad de 2014, la Comisión realizó consultas públicas sobre la revisión de sus directrices sobre la evaluación de impacto y sobre sus directrices sobre la consulta de las partes interesadas;

J.  Considerando que la Comisión, al establecer su programa de trabajo para 2015, aplicó por vez primera el llamado principio de discontinuidad política para justificar la retirada de un gran número de propuestas legislativas pendientes;

K.  Considerando que, en su programa de trabajo para el año 2015, la Comisión Europea preveía centrar su actuación en los grandes retos económicos y sociales, y que su nueva estructura va dirigida a asegurar un enfoque político coherente, lo que permitirá incrementar la transparencia en la UE y, en consecuencia, la aceptación entre los ciudadanos;

Legislar mejor

1.  Toma nota de la decisión del Presidente de la Comisión, Sr. Juncker, de encomendar al vicepresidente primero de la Comisión la cartera de legislar mejor, lo cual responde a los llamamientos del Parlamento y pone de manifiesto la gran importancia política de este asunto; confía en que este nombramiento haga que la legislación europea, que es de la máxima calidad posible, satisfaga las expectativas de los ciudadanos y otras partes interesadas y garantice que no se ponen en peligro los objetivos de política pública, incluidas las normativas en materia social, de los consumidores, el medioambiente, la salud y la seguridad;

2.  Destaca que el objetivo de legislar mejor debe abarcar la «cultura» de la administración pública a todos los niveles de la Unión Europea, teniendo en cuenta la excesiva burocratización a escala de la UE y la necesidad de simplificar la legislación, y debe incluir la aplicación y ejecución de los actos de la Unión a escala europea así como a escala nacional, regional y local, a fin de garantizar unas prácticas administrativas correctas y una conducta más «favorable para Europa» a todos los niveles;

3.  Subraya que la Comisión debe dar prioridad al desarrollo de determinadas medidas y centrarse en la calidad de la legislación y en que se aplique mejor la legislación vigente y no en la cantidad de actos legislativos; señala, en este sentido, que los costes no deben ser el factor decisivo, sino que la calidad de la legislación es el único parámetro de referencia adecuado, y que el programa REFIT no debe utilizarse para menoscabar la sostenibilidad o cualesquiera normativas en materia social, laboral, medioambiental y del consumidor;

4.  Propone que la Comisión tome en consideración la introducción de cláusulas de extinción en la iniciativas legislativas de duración limitada, a condición de que ello no genere inseguridad jurídica, e incluya, si procede, cláusulas de revisión en las medidas legislativas a fin de reevaluar periódicamente la pertinencia constante de las medidas legislativas a nivel europeo;

5.  Destaca que, por regla general, una norma europea sustituye a 28 normas nacionales, lo cual contribuye a reforzar el mercado interior y a reducir la burocracia;

6.  Acoge con satisfacción el paquete de medidas de 19 de mayo de 2015 destinadas a legislar mejor; respalda el compromiso constante mostrado por la Comisión con el programa para legislar mejor; subraya que el trabajo previsto en la Comunicación REFIT debe considerarse como un proceso continuo, garantizando que la legislación vigente a escala europea sea adecuada a los fines perseguidos, alcance el objetivo común de los legisladores y satisfaga las expectativas de los ciudadanos, particularmente de los empleados, las empresas y otras partes interesadas;

7.  Toma nota del compromiso de la Comisión con un nuevo acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación que tiene en cuenta los cambios derivados del Tratado de Lisboa y del Acuerdo marco entre el Parlamento y la Comisión, que consolida las mejores prácticas en ámbitos como la planificación legislativa, las evaluaciones de impacto, los controles sistemáticos ex-post de la legislación de la UE y la aplicación y gestión de los actos delegados y de ejecución, y toma nota de la conclusión de las negociaciones;

8.  Celebra que la Comisión se haya comprometido a que su estrategia para legislar mejor no se dirija a desregular determinadas políticas ni a cuestionar valores que son importantes para nosotros, como la protección social, la protección del medio ambiente y los derechos fundamentales, incluido el derecho a la salud;

9.  Reconoce el intensivo trabajo del Grupo de alto nivel de partes implicadas independientes, que desde hace años viene presentando propuestas de reducción de las cargas administrativas a la Comisión Europea y señalando buenas prácticas con el fin de que la aplicación de la legislación de la UE en los Estados miembros sea lo menos burocrática posible; toma nota de que cuatro miembros del Grupo de alto nivel de partes implicadas independientes se han pronunciado en contra de varias de las conclusiones presentadas en el informe final del Grupo sobre cargas administrativas y han presentado una opinión discrepante; espera que la Comisión tenga en cuenta las preocupaciones de todas las partes interesadas que participan en el proceso;

10.  Destaca la importancia del diálogo social y el respeto de la autonomía de los interlocutores sociales; subraya que, a la luz, en particular, del artículo 9 del TFUE, los interlocutores sociales pueden celebrar, de conformidad con el artículo 155 del TFUE, acuerdos susceptibles de generar legislación de la UE a petición conjunta de las partes signatarias; confía en que la Comisión respete la autonomía de las partes y los acuerdos que negocien, y que tome en serio las preocupaciones de estas, y subraya que el programa para legislar mejor no debe servir de pretexto para hacer caso omiso de los acuerdos alcanzados entre los interlocutores sociales o para eludirlos, y rechazaría, por tanto, las evaluaciones de impacto de los acuerdos de los interlocutores sociales que se le pudieran presentar;

11.  Recuerda que, en la legislatura anterior, la elección entre actos de ejecución y actos delegados dio lugar a numerosas discrepancias interinstitucionales; considera importante, por tanto, que se definan directrices precisas al respecto, tal como solicitó el Parlamento Europeo en su resolución aprobada el 25 de febrero de 2014;

12.  Acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión de simplificar la gestión de las subvenciones de la Política Agrícola Común (PAC), los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y Horizonte 2020;

Transparencia y participación de las partes interesadas

13.  Acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión reconozca la importancia del proceso de consultas en el programa REFIT; destaca que, de conformidad con el apartado 2 del artículo 11 del TUE, todas las instituciones están obligadas a mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil; pide a las instituciones que presten especial atención al diálogo obligatorio y regular con las asociaciones representativas y con la sociedad civil;

14.  Señala que aumentar la transparencia es la única forma de hacer más eficaz el funcionamiento de la Unión y de fortalecer la confianza de la sociedad civil en la UE;

15.  Se congratula, en este sentido, de que la Comisión reconozca que el diálogo con los ciudadanos, los interlocutores sociales y otras partes interesadas del mundo económico y de la sociedad civil contribuye a garantizar la transparencia, la eficacia y la coherencia en la elaboración de la legislación de la UE, y apoya a la Comisión en su propósito de exponer con mayor detalle el camino que recorre hasta presentar sus propuestas, por ejemplo, mediante textos legislativos o comunicaciones de la Comisión;

16.  Observa que la Comisión, dentro de su estrategia para la mejora de la legislación, atribuye un valor claramente mayor a las consultas públicas; toma nota de que en el futuro la Comisión llevará a cabo una consulta pública de doce semanas a) antes de elaborar nuevas propuestas legislativas o b) cuando evalúe las disposiciones existentes y examine su idoneidad o c) cuando presenten hojas de ruta y evaluaciones de repercusiones ex ante; toma nota asimismo de que, además, tras adoptar una propuesta, la Comisión también dará ocasión a los ciudadanos y las partes interesadas de presentar alegaciones, durante un plazo de doce semanas, sobre la propuesta y transmitirá esas alegaciones al Consejo y al Parlamento;

17.  Pide a la Comisión, a este respecto, que evalúe de modo ecuánime y transparente las alegaciones y comentarios de todos los intervinientes en el procedimiento de consulta y, en particular, a que vele por que las organizaciones de intereses bien financiadas y organizadas no puedan hacer un uso indebido de las consultas públicas para sus propios fines; pide a la Comisión que haga públicas las conclusiones que extrae de las consultas;

18.  Observa que las evaluaciones de impacto solo pueden publicarse una vez que la Comisión haya adoptado la iniciativa política correspondiente; considera necesario, en aras de la transparencia de las decisiones de la Comisión, que las evaluaciones de impacto también se publiquen cuando la Comisión haya decidido no presentar una propuesta legislativa;

19.  Observa que el Comité Económico y Social, con su estatuto consultivo, cumple una función fundamental de representación de la sociedad civil; señala que el Comité de las Regiones, también dotado de estatuto consultivo, cumple una función fundamental de representación de las autoridades locales y regionales de la UE y de evaluación de la aplicación de la legislación de la Unión; señala que, con arreglo a la legislación en vigor, ambos organismos consultivos pueden ser consultados de antemano por el Parlamento, por el Consejo o por la Comisión, siempre que el Parlamento y la Comisión lo consideren oportuno; considera que si son consultados sobre cuestiones concretas y con la debida antelación y si se aprovechan sus competencias específicas, esta consulta puede contribuir a la mejora de la legislación;

20.  Considera que debe haber una mayor participación de las autoridades regionales y locales en la elaboración de las políticas de la UE, en particular asociando los conocimientos y la experiencia de los Estados miembros a escala regional y local en una fase temprana de la preparación de la legislación; señala que todas las instituciones deben observar, en sus funciones legislativas, los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

21.  Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de hacer más transparente el proceso legislativo y de permitir una mayor participación de los ciudadanos y los representantes de intereses en todo el proceso;

22.  Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de llevar a cabo consultas públicas durante doce semanas también sobre proyectos de actos jurídicos delegados y actos de ejecución importantes antes de que los Estados miembros acuerden su postura en el comité pertinente;

23.  Pide a la Comisión que revise las directrices sobre la evaluación, intensificando la participación y la consulta de las partes interesadas y utilizando el modo más directo para permitir a los ciudadanos europeos participar en los procesos de toma de decisiones;

24.  Toma nota del nuevo apartado «Aligerar la carga – Dé su opinión» («Lighten the Load – Have your say») de las páginas web de la Comisión sobre la mejora de la legislación, y pide que la Comisión y la nueva plataforma REFIT hagan una valoración ecuánime y transparente de los comentarios que allí se viertan; considera, no obstante, que el grupo especial REFIT no debería incurrir en procedimientos y deliberaciones demasiado gravosos, sino ser un órgano capaz de responder con rapidez y trabajar más detenidamente en el proceso legislativo europeo; estima que las consultas a través de la página web de la Comisión no pueden sustituir a las consultas públicas con las partes interesadas;

Evaluaciones de impacto y valor añadido europeo

25.  Pone de relieve que las evaluaciones de impacto son una importante herramienta de apoyo a la toma de decisiones en todas las instituciones de la UE y contribuyen de manera significativa a la mejora de la legislación; pide a la Comisión y a los Estados miembros, a este respecto, que sean más rigurosos a la hora de cumplir sus compromisos y de evaluar las repercusiones de la legislación vigente o futura; subraya, no obstante, que dichas evaluaciones no pueden sustituir las valoraciones y decisiones políticas y que en modo alguno se puede limitar la libertad de los diputados al Parlamento Europeo en el desempeño de su actividad política;

26.  Estima que la evaluación de la competitividad debe constituir una parte significativa del proceso de evaluación del impacto; considera que el proyecto de directrices revisadas debe contener indicaciones sobre cómo se debe evaluar y ponderar en el análisis final el impacto en la competitividad; apoya el principio vigente según el cual las propuestas con un impacto negativo en la competitividad no deben ser aprobadas por la Comisión a menos que se presenten pruebas que demuestren unos beneficios significativos imposibles de cuantificar;

27.  Considera que los principios para la mejora de la legislación deben aplicarse no solo a la legislación primaria sino también a las decisiones relativas a la legislación secundaria; pide a la Comisión que, cuando proceda, adjunte a los actos delegados y de ejecución una evaluación de impacto que incluya consultas con las partes interesadas;

28.  Estima que las evaluaciones de impacto han de ser exhaustivas y que es necesario evaluar de forma equilibrada, en particular, las repercusiones económicas, sociales y medioambientales y el impacto sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos y la igualdad entre hombres y mujeres; subraya que el análisis coste-beneficio solo es uno de tantos criterios;

29.  Señala que en muchos Estados miembros, como Suecia, la República Checa, los Países Bajos, el Reino Unido y Alemania, existen organismos independientes que asisten a los Gobiernos de forma constructiva en los procesos legislativos, con el objetivo de reducir el coste administrativo para las empresas y los ciudadanos y disminuir de forma cuantificable y comprobable los costes que suponen las obligaciones de información; señala que podrían tomarse en consideración las mejores prácticas y la experiencia de los organismos existentes de mejora de la legislación; toma nota de la conversión del Comité de Evaluación de Impacto (CEI) de la Comisión en un «Comité de Control Reglamentario» independiente y confía en que la inclusión de expertos independientes tenga un efecto beneficioso en el proceso de evaluación de impacto dentro de la Comisión; insiste en que el Comité de Control Reglamentario debe ejercer una función exclusivamente consultiva y en que no tenga que emitir dictámenes vinculantes; insiste asimismo en que las evaluaciones de impacto deben ser coherentes y tener en cuenta, por tanto, las modificaciones introducidas en la fase de consulta interservicios y que deben basarse, en particular, en una estimación de los costes adicionales para los Estados miembros caso de no existir una solución a escala europea; considera que la opinión del Comité de Control Reglamentario debe acompañar a la propuesta legislativa final; propone que en las próximas negociaciones sobre el Acuerdo interinstitucional se trate la idea de que el Comité de Control Reglamentario sea de interés común para las instituciones en calidad de órgano exclusivamente consultivo;

30.  Acoge con satisfacción el hecho de que en estos momentos, en una fase temprana del debate sobre propuestas legislativas específicas, los grupos de trabajo del Consejo se dispongan a considerar las evaluaciones de impacto pertinentes de la Comisión sobre la base de una lista indicativa; deplora, no obstante, que la Secretaría del Consejo aún no disponga de una unidad de evaluación de impacto propia y considera que la solución mencionada podría contribuir a que el Consejo cumpla sus obligaciones de evaluar cualquier modificación sustancial de las propuestas de la Comisión;

31.  Señala que el Parlamento Europeo ha establecido su propia Dirección de Evaluación de Impacto y Valor Añadido Europeo que ofrece múltiples servicios de evaluación de impacto ex ante y ex post a las comisiones parlamentarias, de evaluación del valor añadido de las futuras o actuales políticas de la UE y de valoración de las opciones políticas en los campos de la ciencia y la tecnología; observa que, según datos de la Comisión, los servicios internos del Parlamento han efectuado unas veinte evaluaciones de impacto en relación con modificaciones de las propuestas de la Comisión; recuerda a las comisiones especializadas del Parlamento que aprovechen de forma más coherente los instrumentos de evaluación de impacto internos, sobre todo siempre que se planteen introducir modificaciones sustanciales en la propuesta inicial de la Comisión; señala, no obstante, que ello no debe dar lugar a una limitación del margen de actuación de los diputados al Parlamento Europeo;

32.  Hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta cada uno de los principios en los que se fundamenta la Unión, sobre todo los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; pide a todas las instituciones de la UE que consideren siempre los efectos de la legislación a corto y a largo plazo;

33.  Señala que el periodo de reflexión tras la conclusión de las negociaciones pero antes de la votación final —utilizado actualmente para la revisión por parte de los juristas-lingüistas— podría emplearse también para realizar una evaluación de impacto y una comprobación de la subsidiariedad;

34.  Opina que todas las instituciones de la UE deben desarrollar un enfoque metodológico común con respecto a las evaluaciones de impacto; subraya que las prerrogativas legislativas del Parlamento y del Consejo de modificar una propuesta de la Comisión deben permanecer inalteradas;

35.  Insta a la Comisión a que amplíe su procedimiento de consultas, tanto públicas como privadas, con todas las partes interesadas —entre ellas, los consumidores— a la hora de elaborar actos delegados y de ejecución, con el fin de examinar cómo dar a conocer mejor las propuestas en la fase provisional;

Las pymes y el principio «Pensar primero a pequeña escala»

36.  Toma nota del compromiso asumido por la Comisión de seguir mejorando la prueba de las pymes, sobre todo teniendo en cuenta que los más de veinte millones de pequeñas y medianas empresas representan el 99 % del total de las empresas de la UE y que, por tanto, las pymes constituyen la espina dorsal de la actividad económica, el crecimiento y el empleo; es partidario de que se examine la posibilidad de aplicar disposiciones adaptadas y regímenes menos estrictos para las pymes en las evaluaciones de impacto cuando se pueda demostrar que ello no socava la eficacia de la legislación y que las exenciones o los regímenes menos estrictos no favorecen la fragmentación del mercado interior ni obstaculizan el acceso al mismo; acoge con satisfacción, por tanto, la promesa de la Comisión de que considerará introducir regímenes menos estrictos para las pymes, incluida la exención sin reservas para las microempresas, siempre y cuando sea adecuado y factible y no se comprometa con ello la consecución efectiva de los objetivos sociales, ecológicos y económicos de un acto jurídico propuesto;

37.  Pide a la Comisión que no rebaje sus ambiciones de reducir la carga administrativa que pesa sobre las pymes y contribuir así a establecer las condiciones necesarias para la creación de empleos de calidad, e insta a que se tomen medidas a fin de no hacer peligrar los objetivos de interés público, incluidas las normas de consumo, ambientales, sociales y de salud y seguridad, así como en materia de igualdad entre hombres y mujeres; destaca que la reducción de la carga administrativa no debe provocar un deterioro de las normas laborales ni un aumento de los contratos de empleo precarios, y que los trabajadores de las pymes y las microempresas deben disfrutar del mismo trato y alto nivel de protección que los trabajadores de las grandes empresas;

38.  Hace hincapié en que la evaluación del impacto de las nuevas reglamentaciones en las pymes no debe, en ningún caso, ir en detrimento de los derechos de los trabajadores;

39.  Hace hincapié en la necesidad de contar con una normativa redactada con mayor claridad, que pueda aplicarse de manera sencilla y ayudar a todos los actores a operar en el marco del Estado de Derecho; subraya que una reglamentación más sencilla e inteligente puede favorecer una transposición coherente y una aplicación más eficaz y uniforme por parte de los Estados miembros;

Evaluaciones ex post

40.  Celebra que la Comisión esté convirtiendo el análisis ex post en un elemento esencial del objetivo de legislar mejor; subraya que, en interés de la seguridad jurídica de los ciudadanos y las empresas, dichos análisis deben llevarse a cabo dentro de un plazo suficiente, preferentemente varios años después de la fecha límite de transposición del acto al Derecho nacional; recuerda, no obstante, que las evaluaciones ex post no deben sustituir nunca la obligación que tiene la Comisión, como guardiana de los Tratados, de controlar de manera efectiva y a su debido tiempo la aplicación del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros, así como de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la buena aplicación del mismo;

41.  Subraya la importancia de la evaluación ex post y de la valoración de los resultados de las políticas para evaluar la aplicación y la eficacia de la legislación y de las políticas de la UE con respecto a los resultados perseguidos por el legislador;

42.  Considera conveniente asociar a los Parlamentos nacionales a la evaluación ex post de los nuevos actos legislativos, ya que ello mejoraría también los informes de la Comisión y ayudaría a estudiar las distintas dificultades que plantean, a escala nacional, cada una de las leyes y normativas;

La aplicación de la legislación de la UE en los Estados miembros.

43.  Toma nota de que, según la Comisión, un tercio de la carga administrativa y reglamentaria de la legislación de la UE se deriva de las medidas de transposición adoptadas por los Estados miembros;

44.  Reconoce que, en el caso de las directivas, los Estados miembros tienen la prerrogativa de decidir si adoptan, a escala nacional, unas normas sociales, ambientales y de protección de los consumidores más exigentes que las acordadas a escala de la UE, y acoge con satisfacción cualquier decisión en este sentido; corrobora que adoptar normas más exigentes no se puede considerar sobrerregulación; pide, no obstante, a las autoridades nacionales competentes que tomen conciencia de las posibles consecuencias de la práctica conocida como «sobrerregulación», con la cual se añaden trabas burocráticas innecesarias a la legislación de la UE, dado que dicha práctica puede inducir una idea errónea acerca de la actividad legislativa de la UE, lo cual a su vez podría fomentar el euroescepticismo; pide a los Estados miembros que, en aras de la cercanía a los ciudadanos, supriman las normas administrativas superfluas establecidas en el marco de la aplicación de directivas y reglamentos;

45.  Alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que intensifiquen el intercambio de mejores prácticas en la aplicación y ejecución de las directivas de la UE; considera que esto podría alentar a las partes interesadas y a las autoridades locales y regionales a participar en la identificación de las dificultades detectadas al aplicar las política de la UE a escala local, regional y nacional;

46.  Subraya el interés del Parlamento Europeo, como colegislador, por conocer las repercusiones reales de la legislación de la UE tras su aplicación; por ese motivo, pide a la Comisión que conceda al Parlamento pleno acceso a toda evaluación en ese sentido, en particular a los datos fuente recabados y a los documentos preparatorios;

47.  Pide a la Comisión que, en vista de los graves y persistentes problemas derivados de la aplicación del Reglamento (CE) nº 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, en particular los problemas de distorsión de la competencia, revise el fundamento científico, la utilidad y el realismo de dicho Reglamento y, si procede, elimine el concepto de «perfil nutricional»; considera que los objetivos del Reglamento (CE) nº 1924/2006, como la veracidad de las declaraciones sobre alimentos y las indicaciones específicas relativas al contenido de grasa, azúcar y sal, han sido alcanzados, entretanto, mediante el Reglamento (UE) nº 1169/2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor;

48.  Recuerda la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, y la Declaración política conjunta, de 27 de octubre de 2011, del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre los documentos explicativos, y pide a la Comisión que garantice el acceso del Parlamento a dichos documentos explicativos;

La retirada por la Comisión de propuestas legislativas pendientes

49.  Toma nota de que la Comisión recién elegida, invocando el principio de discontinuidad política, ha decidido por primera vez, en su programa de trabajo para 2015, reexaminar todas las propuestas legislativas pendientes;

50.  Señala que el Tribunal de Justicia confirmó, en su sentencia de 14 de abril de 2015(9), que la Comisión tiene la potestad, en cualquier etapa del procedimiento de adopción de un acto de la Unión por la vía legislativa ordinaria, de retirar una propuesta mientras el Consejo no haya actuado; pide, por tanto, a la Comisión que, en aras del equilibrio interinstitucional, consulte primero al Parlamento en caso de que desee retirar una propuesta, en particular tras la primera lectura, y que tenga debidamente en cuenta sus posiciones; en este contexto se remite, en particular, a las resoluciones del Parlamento de 15 de enero de 2015;

51.  Destaca, además, que el Tribunal de Justicia, en esa misma sentencia, retoma los argumentos del Consejo según los cuales la Comisión, en caso de retirada de una propuesta legislativa, debe respetar el principio de atribución de competencias, el principio de equilibrio institucional y el principio de cooperación leal, enunciados en el artículo 13, apartado 2, del TUE, y el principio de democracia, consagrado en el artículo 10, apartados 1 y 2, del TUE;

52.  Destaca la importancia de evitar la duplicación de la legislación;

o
o   o

53.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO C 321 de 31.12.2003, p. 1, Textos Aprobados de 9 de marzo de 2016, P8_TA(2016)0081.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0061.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0069.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0127.
(5) DO C 353 E de 3.12.2013, p. 117.
(6) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 87.
(7) DO C 380 E de 11.12.2012, p. 31.
(8) Documento del CESE INT/750.
(9) Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de abril de 2015, Comisión/Consejo, C-409/13, ECLI:EU:C:2015:217.


Hacia una mejor regulación del mercado único
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre «Hacia una mejor regulación del mercado único» (2015/2089(INI))
P8_TA(2016)0105A8-0278/2015

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de noviembre de 2014, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015» (COM(2014)0902),

–  Vistas su Resolución, de 7 de febrero de 2013, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la gobernanza del mercado único(1), y la respuesta de la Comisión, adoptada el 8 de mayo de 2013,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de junio de 2012, titulada «Mejorar la gobernanza del mercado único» (COM(2012)0259),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de junio de 2014, titulada «Programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT): Situación actual y perspectivas» (COM(2014)0368),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de marzo de 2013, titulada «Normativa inteligente: responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas» (COM(2013)0122),

–  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 26 y 27 de junio de 2014,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Competitividad sobre normativa inteligente, de 4 de diciembre de 2014,

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre la gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2015(2),

–  Vistas su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre Solvit(3), y la respuesta de la Comisión, adoptada el 28 de mayo de 2014,

–  Visto el estudio encargado por su Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre una normativa inteligente del mercado interior,

–  Vista la edición en línea de abril de 2015 del Cuadro de indicadores del mercado único,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0278/2015),

A.  Considerando que el mercado único es un instrumento clave para relanzar el crecimiento económico y la creación de empleo en la Unión;

B.  Considerando que, más de veinte años después de su creación oficial, el marco del mercado único aún está fragmentado, en concreto debido a que los Estados miembros no han transpuesto totalmente o no han aplicado correctamente la legislación de la Unión;

C.  Considerando que es necesario reforzar la gobernanza del mercado único abordando el conjunto del ciclo político;

D.  Considerando que la próxima estrategia para el mercado interior debe centrarse en la mejora de la regulación del mercado único esforzándose por aprender de las experiencias del pasado en los ámbitos de la libre circulación de bienes y servicios, el mercado único digital, las cualificaciones profesionales y la contratación pública;

E.  Considerando que la Unión debe basarse en el concepto de responsabilidad compartida a la hora de mejorar la regulación del mercado único;

F.  Considerando que la responsabilidad en materia de subsidiariedad no se detiene en la Comisión, el Consejo y el Parlamento, sino que también implica a los parlamentos nacionales y, en su caso, regionales; que el principio de subsidiariedad supone que las políticas deben decidirse en el nivel institucional más adecuado, ya sea este local, regional, nacional o europeo;

G.  Considerando que contamos con un mercado único de bienes pero no de servicios;

H.  Considerando que es preciso reforzar, revisar o promover mejor instrumentos específicos con el fin de contribuir positivamente a la creación de un marco regulador competitivo para nuestras empresas, al apoyo al crecimiento y la creación de empleo, así como a una mayor confianza de los consumidores en la legislación europea;

I.  Considerando que tanto los ciudadanos como las empresas tienen un conocimiento muy escaso de los distintos servicios de asistencia, como «Tu Europa» y Solvit;

J.  Considerando que no existen suficientes indicadores y datos para medir el éxito de la aplicación de la legislación en las diferentes áreas del mercado único;

K.  Considerando que dichos indicadores y datos permitirían arrojar luz sobre el objetivo y la finalidad de la legislación en la materia;

L.  Considerando que la innovación digital avanza más rápido que la política y que los emprendedores están impulsando la agenda digital; que es extremadamente importante prever normas que sean digitales por defecto y que resistan el paso del tiempo;

M.  Considerando que la transposición, aplicación y cumplimiento adecuados de los derechos de los consumidores y de la legislación sobre consumidores es esencial para lograr un nivel elevado de protección de los consumidores en la Unión;

N.  Considerando que una de las principales prioridades de la Cumbre Europea del Consumidor 2015 —un foro anual que reúne a los principales legisladores y partes interesadas internacionales y europeos— fue la mejora de la aplicación y el cumplimiento de la legislación;

I. Introducción y principios generales

1.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta las recomendaciones que contiene la presente Resolución en la aplicación de su reciente estrategia para el mercado interior;

2.  Considera que la mejora de la regulación del mercado único debe ser una prioridad y una responsabilidad compartida de las instituciones de la Unión; estima que una buena legislación redunda en beneficio de los ciudadanos y debe contribuir a estimular la competitividad, la creación de empleo, el crecimiento y el desarrollo de las pymes, a la vez que ofrece un nivel elevado de protección de los consumidores, y que ha de hacerlo de manera que estimule, en lugar de frustrar, la economía europea;

3.  Concibe «una mejor regulación» en el marco del ciclo político en su totalidad, en el que todos los elementos contribuyen a la eficiencia y la eficacia de la normativa; considera, por tanto, que, ya desde el momento de la evaluación de impacto inicial, deben preverse indicadores concretos para medir los resultados de la legislación de que se trate, y que dichos indicadores han de utilizarse en todo el ciclo político, también en relación con la aplicación de la legislación cuando entra en vigor;

4.  Recuerda, en este contexto, la importancia de la transparencia y la accesibilidad de la información; lamenta que, mientras los documentos del Parlamento son de acceso público, no lo sean los documentos del Consejo, que, al contrario, siguen siendo de acceso restringido;

5.  Cree que el principio de subsidiariedad debe representar el punto de partida para la elaboración de todas las políticas, de manera que se acentúe el «valor añadido europeo» en la gobernanza del mercado único;

6.  Observa que los plazos aplicados al mecanismo de subsidiariedad no siempre permiten a los parlamentos disponer de tiempo suficiente para examinar en detalle los aspectos relacionados con la aplicación, la coherencia con la legislación vigente u otras cuestiones de índole práctica; considera, por consiguiente, que los propios parlamentos podrían desempeñar un papel más activo, en especial en los procesos de consulta;

7.  Considera que las instituciones deben comprometerse de forma conjunta a velar por que, en la elaboración de la legislación de que se trate, quede reflejado el principio de proporcionalidad; cree, asimismo, que el proceso debe garantizar la sencillez, la transparencia, la coherencia y el respeto de los derechos fundamentales;

8.  Pide a la Comisión y al Consejo que estudien, junto con el Parlamento, el mejor modo de garantizar que la simplificación es un objetivo permanente, ya que los esfuerzos en estos ámbitos redundan en beneficio de los consumidores y las pymes;

9.  Considera que la normativa sobre el mercado único debe tener en cuenta las nuevas oportunidades que ofrece la revolución digital, y ser plenamente compatible con la administración electrónica;

10.  Invita a la Comisión a reforzar el papel del mercado único como un pilar aparte del proceso del Semestre Europeo, que debe contar con el apoyo de un informe anual sobre la integración del mercado único, como contribución al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento;

II. Herramientas para una mejor regulación del mercado único

Evaluación de impacto

11.  Cree que la legislación relativa al mercado único debe tener como objetivo un mejor funcionamiento del mercado único, ha de desarrollarse de conformidad con el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y debe servir para promover la competitividad, la innovación, el crecimiento y la creación de empleo; considera que unas evaluaciones de impacto eficaces constituyen una herramienta importante para informar a los responsables políticos sobre la mejor manera de elaborar la legislación de modo que se logren estos fines y sus objetivos en relación con el mercado único, así como sobre los posibles efectos de su interacción con la legislación en vigor;

12.  Lamenta que alrededor del 40 % de los proyectos de evaluación de impacto examinados por el Comité de Evaluación de Impacto de la Comisión entre 2010 y 2014 se consideraran de calidad insuficiente y se devolvieran para que fuesen mejorados;

13.  Considera que, para ser herramientas eficaces, las evaluaciones de impacto han de basarse en información y pruebas exhaustivas, objetivas y completas y estudiar todas las posibilidades que tienen una incidencia significativa o que son importantes desde el punto de vista político; cree que las evaluaciones de impacto deben realizarse de manera que también tengan en cuenta las evaluaciones ex post de la legislación vigente en el mismo sector, y que deben analizar la coherencia de una nueva iniciativa legislativa con las demás políticas y objetivos generales de la Unión;

14.  Lamenta que todavía se detecten deficiencias en las evaluaciones de impacto presentadas al Parlamento en relación con los proyectos de propuestas, tal como ha puesto de manifiesto, por ejemplo, la Unidad de Evaluación Ex Ante del Parlamento en su análisis de la evaluación de impacto que acompaña a la propuesta sobre la comercialización de equipos radioeléctricos;

15.  Piensa que un examen atento de la información científica debe formar parte del proceso de evaluación de impacto y, en particular, ha de justificar cómo y por qué se han elegido determinadas opciones políticas en las fases preparatorias, lo que contribuirá al proceso de elaboración de políticas; considera asimismo que las evaluaciones de impacto deben tener en cuenta los adelantos en materia de innovación digital, y su evolución, así como la necesidad de que la legislación sea neutra desde un punto de vista tecnológico y resista al paso del tiempo lo mejor posible;

16.  Subraya que no se ha dado ninguna orientación clara sobre si es necesario cuantificar o no los posibles impactos de las propuestas REFIT; subraya la necesidad de que las propuestas REFIT sean más específicas y se cuantifiquen las posibles ventajas y ahorros en cada propuesta;

17.  Señala que la evaluación de impacto que acompaña a una propuesta debe completarse con evaluaciones de impacto sobre las modificaciones importantes adoptadas por los colegisladores; hace hincapié en que deben establecerse normas claras y transparentes que establezcan las condiciones aplicables a la realización de dichas evaluaciones de impacto adicionales; recuerda, por ejemplo, que el Parlamento ha evaluado atentamente el impacto potencial sobre las pymes de algunas de las modificaciones que aportó a las dos Directivas sobre contratación pública; insta, por tanto, al Consejo – que desde 2007 no ha hecho ninguna evaluación de impacto de sus propias modificaciones – a implicarse más;

18.  Recuerda que la responsabilidad en materia de subsidiariedad no se detiene en la Comisión, el Consejo y el Parlamento, sino que también implica a los parlamentos nacionales;

19.  Observa que, en el estudio encargado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor sobre una normativa inteligente del mercado interior, se afirma que el Parlamento Europeo y el Consejo pueden aportar consejos muy valiosos en el marco de las evaluaciones de impacto de la Comisión; invita a la Comisión a explorar vías para incluir al Parlamento y al Consejo en el proceso de elaboración de las evaluaciones de impacto;

El proceso de consulta

20.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del TUE, todas las instituciones deben mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas, la sociedad civil y los interlocutores sociales;

21.  Considera que la fase de consulta debe incluir siempre una sección «digital por defecto» que permita a la Comisión entender en profundidad las necesidades de los usuarios, así como lo que «digital por defecto» significa para el diseño del servicio;

22.  Reitera su posición de que los procesos de consulta deben ser abiertos, transparentes e inclusivos y han de ampliarse para incluir observaciones procedentes de un amplio abanico de partes interesadas sobre los proyectos de evaluaciones de impacto; considera que esto es igual de importante para la legislación derivada, que reviste una gran importancia para la aplicación de la normativa sobre el mercado único y que, por tanto, exige una mayor transparencia y control; considera asimismo que el Código Aduanero de la Unión constituye un ámbito en el que una consulta regular de las partes interesadas podría mejorar la aplicación de la legislación derivada;

23.  Toma nota de las propuestas que abogan por ampliar la fase de programación estratégica del paquete «Legislar mejor», con la inclusión de evaluaciones de impacto iniciales, por ejemplo; considera, no obstante, que sigue faltando una visión de conjunto del proceso de trabajo de la Comisión; pide a la Comisión que refuerce la visibilidad de las hojas de ruta en las que se esbozan iniciativas políticas en sectores específicos, y que facilite su utilización;

24.  Considera que las aportaciones de los ciudadanos y las empresas a los distintos servicios de asistencia, como «Tu Europa» o Solvit, son muy importantes para el proceso legislativo, e invita por tanto a la Comisión a evaluar los datos presentados por estos servicios y a tenerlos en cuenta al revisar la legislación correspondiente;

25.  Considera esencial que se lleve a cabo una consulta amplia, adecuada y equilibrada como parte del proceso legislativo; considera asimismo que la publicación de documentos y pruebas y la invitación a todas las partes interesadas a que contribuyan eficazmente a la elaboración de políticas en este ámbito constituyen acicates importantes en favor de la innovación y el fortalecimiento del mercado único, en particular por lo que se refiere a la agenda del mercado único digital;

26.  Subraya que las pequeñas empresas a menudo no cuentan con tiempo ni recursos para participar en consultas regulares; cree que la Comisión debe encontrar modos innovadores y de fácil aplicación de llegar a las pymes y a las empresas emergentes;

27.  Considera que debe adoptarse un enfoque holístico con respecto a la consulta de las partes interesadas, que debe realizarse de forma continuada a lo largo de todo el ciclo legislativo y no con carácter puntual; reitera, a este respecto, su llamamiento a la Comisión para que estudie la posibilidad de crear un foro europeo de partes interesadas sobre una mejor legislación y menos cargas burocráticas;

28.  Subraya que estas consultas con las partes interesadas han de ser cuanto más inclusivas mejor, y deben implicar, en particular, a las pymes, las microempresas y las organizaciones de la sociedad civil;

29.  Cree que, facilitando las consultas públicas en todas las lenguas oficiales y mejorando su accesibilidad e inteligibilidad, se conseguirá una mayor participación y un acceso más transparente al proceso de consulta;

Aplicación

30.  Considera que la plena y correcta aplicación de la legislación del mercado único es fundamental, y que unos indicadores claros, exhaustivos y pluridimensionales constituyen una contribución útil para que puedan aprovecharse plenamente las ventajas del mercado único; manifiesta su inquietud por el hecho de que no siempre se logren los objetivos de aplicación; pide, en particular, que se aplique plena y correctamente la Directiva de servicios; recuerda el alto grado de heterogeneidad que subsiste entre los Estados miembros y los sectores;

31.  Considera que, como la Comisión procura reducir su producción legislativa, esto permitirá prestar una mayor atención a las iniciativas políticas, lo que permitirá contar con más tiempo y una reflexión más profunda, que se podrá utilizar para promover una mejor participación de las partes interesadas;

32.  Hace hincapié en la importancia de las tablas de correlación para controlar la aplicación correcta; pide a los Estados miembros que establezcan sus propias tablas de correlación;

33.  Lamenta que, pese al objetivo del 0,5 % propuesto por la Comisión en el Acta del Mercado Único, algunos Estados miembros sigan rezagados; destaca que no solo son importantes los objetivos oficiales de transposición y aplicación, sino también la calidad de la transposición, la aplicación práctica sobre el terreno y los problemas o retos que puedan implicar en la vida real para las partes interesadas pertinentes;

34.  Considera que, para llevar a la práctica los beneficios del pleno funcionamiento del mercado único, la Comisión y los Parlamentos deben trabajar conjuntamente para aprender de las mejores prácticas y experiencias obtenidas en la aplicación de la legislación de la UE, con el fin de garantizar que no se pierdan las metas y los objetivos de legislación específica debido a una aplicación deficiente o incoherente en los distintos Estados miembros;

35.  Estima que debe darse una mayor claridad en cuanto a la sobrerregulación y que son necesarias medidas más firmes para detectar aquellos casos en que se produce, que suponen retos y costes suplementarios para las personas y las empresas que quieren comprender y aplicar la legislación adoptada a escala de la UE; pide a los Estados miembros que, en documentos de aplicación, aclaren y especifiquen qué responde a la legislación de la Unión y qué a los requisitos nacionales; recuerda la posibilidad de que los Estados miembros apliquen normas más estrictas cuando la legislación de la UE prevé solo una armonización mínima;

Seguimiento y resolución de problemas

36.  Pide a la Comisión que siga esforzándose en la elaboración y actualización periódica de documentos de orientación sobre las reglamentaciones; aboga, en especial, por una actualización rápida, en estrecha colaboración con el Parlamento Europeo, de la Guía de 2009 para la ejecución/aplicación de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales, a fin de garantizar que esté adaptada a la era digital; lamenta que la calidad de los servicios difiera en gran medida entre los Estados miembros debido a la falta de priorización y recursos; pide, por tanto, un marco de gobernanza reforzado a escala de la UE con el fin de mejorar el funcionamiento de estos instrumentos y servicios;

37.  Considera que la resolución alternativa de litigios (RAL) y la resolución de litigios en línea (RLL) son instrumentos clave para mejorar el mercado único de bienes y servicios; destaca que permitirán a los consumidores y operadores económicos resolver sus litigios de un modo sencillo y eficaz con respecto a los costes, sin recurrir a los tribunales; anima a la Comisión y a los Estados miembros a aumentar la sensibilización sobre estas importantes herramientas;

38.  Subraya que los puntos de contacto únicos para ayudar en la resolución de conflictos, siguiendo el modelo de Solvit, ECC-Net o FIN-Net, son servicios que permiten un mejor funcionamiento del mercado interior; pide a la Comisión que ponga los medios para dar a conocer mejor estas herramientas, así como para desarrollar las complementariedades entre ellas;

39.  Acoge con satisfacción los proyectos Solvit y EU Pilot, dirigidos a evitar la apertura de procedimientos de infracción contra los Estados miembros por parte de la Comisión; considera, no obstante, que los servicios ofrecidos por EU Pilot deberían mejorarse por lo que respecta a la velocidad de respuesta a las notificaciones recibidas;

40.  Considera que el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) debería seguir ampliándose a otras herramientas del mercado único para convertirse en una plataforma central de información; subraya que ello respetaría el principio de «presentación única» acorde con las iniciativas recientes de la Comisión;

41.  Considera que las plataformas digitales, como las ventanillas únicas, IMI e ISA2, son importantes para mejorar el funcionamiento del mercado único, ya que facilitan el intercambio transfronterizo de información entre las autoridades de los Estados miembros;

42.  Se muestra preocupado por el bajo grado de conocimiento y comprensión de los europeos respecto a los servicios de que disponen, como «Tu Europa», «Tu Europa – Asesoramiento», el Servicio Europeo de Empleo, la red de Centros Europeos de Consumidores, las ventanillas únicas, Solvit, la RAL y la RLL;

43.  Considera que servicios como «Tu Europa», «Tu Europa – Asesoramiento», el Servicio Europeo de Empleo, la red de Centros Europeos de Consumidores, las ventanillas únicas, Solvit y Solvit Plus, la RAL y la RLL representan alternativas útiles y de bajo coste a las diligencias judiciales; observa que tan solo el 4 % de los consumidores y las empresas conocen su existencia, y que el recurso a estos servicios es actualmente muy escaso; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, a fin de resolver este problema, mejoren el conocimiento de estas herramientas y que examinen si los resultados y las respuestas de estas resultan adecuados para los usuarios; invita asimismo a la Comisión a trabajar en una mejor cooperación entre los distintos servicios de asistencia, como «Tu Europa» o Solvit con objeto de aumentar la satisfacción de los usuarios;

44.  Pide a la Comisión que reflexione en profundidad sobre la interacción entre estos servicios, y que estudie la posibilidad de sustituirlos por una ventanilla única para los consumidores, que los orientaría hacia otras herramientas según fuera el caso;

45.  Considera que esta reflexión debería permitir redefinir los servicios en cuestión para obtener una mejor separación de las actividades y evitar así solapamientos;

46.  Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia de comunicación y formación con miras a sensibilizar a los ciudadanos y a las empresas de cualquier tamaño; recomienda, en este contexto, que se cree un portal de acceso único a todos los servicios de asistencia;

47.  Considera que la próxima revisión del Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores debería tener plenamente en cuenta la necesidad de mejorar el flujo de información entre las distintas herramientas del mercado único;

48.  Destaca el importante papel de la herramienta de seguimiento de la Comisión, los llamados «barridos» a escala de la Unión Europea, en especial en lo relativo al buen funcionamiento del mercado único digital;

49.  Reconoce una función positiva de los llamados «barridos» a escala de la Unión Europea, lanzados por la Comisión para aumentar el cumplimiento mediante acciones de control coordinadas en el entorno en línea; cree que estas operaciones deberían ampliarse también al sector fuera de línea;

50.  Observa con inquietud que, según informes procedentes de «Tu Europa», existen ámbitos que son sistemáticamente objeto de solicitudes de información de personas que intentan ejercer sus derechos, como por ejemplo, el comercio electrónico y el reconocimiento de las cualificaciones; considera que la Comisión, junto con los organismos nacionales y regionales, debería dar una respuesta a este aspecto con el fin de promover la comprensión y el ejercicio de estos derechos;

51.  Estima adecuado llevar a cabo una evaluación cualitativa y cuantitativa de la aplicación, no solo meras cifras sobre si se han transpuesto o no formalmente las directivas, para comprender plenamente el modo en que la legislación sobre el mercado único está funcionando realmente para los consumidores y las empresas;

52.  Pide a la Comisión que examine si se podría crear un «sistema de alerta rápida» que advierta de la existencia de problemas en lo referente a la aplicación de la legislación de la Unión;

53.  Cree que un cribado sistemático de los mercados de consumidores a escala de la UE detectaría de manera más oportuna las tendencias y los riesgos emergentes para los consumidores y las empresas; resalta, en este contexto, el papel positivo que desempeñan todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de consumidores;

54.  Invita a la Comisión a evaluar los resultados de los puntos de contacto para productos previstos en el Reglamento sobre reconocimiento mutuo de 2009 y en el Reglamento de productos de construcción de 2011;

Aplicación de la legislación y vigilancia del mercado

55.  Subraya la necesidad de estrechar la colaboración entre los instrumentos de gobernanza del mercado único que recogen las quejas de los consumidores sobre las infracciones a la legislación de la UE por parte de un operador comercial y los órganos nacionales encargados de velar por la aplicación de la ley, mediante procedimientos formales y una mejor transmisión de los datos;

56.  Pide a la Comisión que evalúe detalladamente la coherencia y la eficacia de la aplicación y, en última instancia, de los procedimientos de infracción, en particular en lo que respecta a la legislación del mercado único;

57.  Lamenta el limitado acceso del Parlamento a información pertinente relativa a los procedimientos previos a la infracción y a los procedimientos de infracción, y pide una mayor transparencia a este respecto, con el debido respeto de la normas de confidencialidad;

58.  Insta a la Comisión a que inicie un procedimiento de infracción oportuno y más rápido en caso de que existan pruebas que demuestren la falta de aplicación y cuando hayan fracasado los esfuerzos razonables para resolver los problemas mediante instrumentos como la mediación, en forma de RAL, RLL, EU Pilot, Solvit u otros mecanismos previos a la infracción; hace hincapié en que los Estados miembros comparten la responsabilidad del cumplimiento del Derecho de la UE y deben garantizar un cumplimiento efectivo y eficiente para respetar los intereses de los consumidores y crear igualdad de condiciones para las empresas en toda Europa;

59.  Se compromete a ejercer su papel en el cumplimiento de la legislación de la UE, entre otros, mediante la revisión de la puesta en práctica de la legislación y mediante el control de la Comisión, en particular, a través de la participación del Parlamento en la elaboración anual, o al menos más detallada, de informes por parte de la Comisión sobre los programas de trabajo referentes específicamente a la ejecución;

60.  Recuerda que, en su resolución de 4 de febrero de 2014 sobre la aplicación de la Directiva 2005/29/CE(4), relativa a las prácticas comerciales desleales, el Parlamento pidió a la Comisión que recopilara y analizara datos sobre las sanciones aplicadas por los Estados miembros así como sobre la eficiencia de los sistemas de cumplimiento, en particular, con respecto a la complejidad y duración de los procedimientos de ejecución; ha pedido reiteradamente a la Comisión que facilite al Parlamento los resultados de estos análisis;

61.  Considera que conviene utilizar instrumentos de vigilancia del mercado en conjunción con herramientas del mercado único para reforzar la aplicación del Derecho de la Unión;

62.  Apunta, en este sentido, que las autoridades nacionales no siempre utilizan correctamente el Sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado (ICSMS) o no toman las medidas necesarias a su debido tiempo; subraya, en particular, la necesidad de mejorar la transferencia de los expedientes entre autoridades públicas;

63.  Se muestra preocupado por que, según un análisis a partir de muestras efectuado por la Comisión en 2014, el 60 % de los exámenes de los productos no mencionaban el país de origen, el 32 % de los exámenes de maquinaria no iban acompañados de una clasificación de riesgos y el 5 % de los datos no hacían referencia al reglamento o la directiva de la Unión que se habían infringido; pide al Consejo y a los Estados miembros que estudien muy en serio este problema e informen al Parlamento de las medidas que se tomen al respecto;

Revisión y evaluación ex post

64.  Acoge con satisfacción la revisión periódica y la introducción de análisis sectoriales en virtud del programa REFIT, cuyo objetivo último debería ser mejorar la calidad y simplificar la legislación de la UE, acercándola de este modo a las necesidades de los ciudadanos y las empresas, con especial atención a las microempresas y las pymes;

65.  Considera, no obstante, que debe mejorarse el análisis para determinar si las medidas legislativas adoptadas hasta el momento han contribuido eficazmente a la consecución de su objetivo y si son coherentes con los actuales objetivos políticos; destaca también la importancia de la transparencia en el proceso del programa REFIT; cree, en este contexto, que un objetivo de reducción de la carga administrativa y reguladora puede contribuir positivamente a garantizar el logro de los objetivos de la manera más eficiente posible y con el menor coste posible para las personas y las empresas;

66.  Observa que el coste acumulativo de la legislación a menudo supone un obstáculo para los participantes en el mercado único, en particular para las pymes; se felicita, por tanto, de que la Comisión se haya comprometido a examinar esta cuestión; hace hincapié en que estos análisis deberían procurar suprimir obstáculos a la entrada del mercado y garantizar la competencia leal para todos los operadores;

67.  Pide a la Comisión que mejore su comprensión de los factores que influyen en el logro de los objetivos de las políticas, como el impacto de políticas complementarias u opuestas adoptadas a escala nacional o de la UE, así como el impacto y los costes de la no actuación, con el fin de mejorar la elaboración de las políticas y, en última instancia, de contribuir a una mejor regulación del mercado único;

68.  Estima que, de manera excepcional, pueden valorarse cláusulas de extinción o de revisión reforzada, en especial para fenómenos temporales, con las que las instituciones se comprometan a mantener la legislación actualizada y conservarla solo cuando sea necesario; opina que las salvaguardias son un medio necesario para garantizar que no expire la vigencia de la legislación esencial;

III. Conclusión

69.  Subraya, asimismo, que la mejora de la regulación del mercado único no entraña suprimir toda regulación ni disminuir el nivel de ambición de la regulación, por ejemplo, en términos de protección del medio ambiente, seguridad, protección de los consumidores y normas sociales, sino eliminar regulaciones innecesarias, burocracia y efectos negativos, a la vez que se logran los objetivos políticos y se ofrece un entorno regulador competitivo que respalde el empleo y las empresas en Europa;

70.  Subraya que un mercado único que no sobrecargue ni frustre la producción, la innovación y el comercio es un instrumento que permitirá el regreso a Europa de puestos de trabajo y del crecimiento que anteriormente se habían trasladado a otros lugares;

71.  Hace hincapié, por tanto, en que la responsabilidad compartida en la mejora de la regulación del mercado único producirá beneficios compartidos: un mercado único fuerte y dinámico que contribuya al crecimiento de Europa a largo plazo y, con ello, a la prosperidad de sus ciudadanos;

o
o   o

72.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Consejo Europeo y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO C 24 de 22.1.2016, p. 75.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0069.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0164.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0063.


Adquisición de conocimientos acerca de la UE en la escuela
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre la adquisición de conocimientos acerca de la Unión Europea en la escuela (2015/2138(INI))
P8_TA(2016)0106A8-0021/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones n.º 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE(1),

–  Vista la Decisión n.º 1093/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, relativa al Año Europeo de los Ciudadanos (2013)(2),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 390/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se establece el programa «Europa para los Ciudadanos» para el periodo 2014-2020(3),

–  Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente(4),

–  Vista la declaración sobre la promoción de la ciudadanía y los valores comunes de la libertad, la tolerancia y la no discriminación a través de la educación («Declaración de París») de la reunión informal de los ministros de Educación de la Unión Europea, de 17 de marzo de 2015,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»)(5),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2015, titulada «Proyecto de informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»)» (COM(2015)0408),

–  Vista la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 14 de septiembre de 2015, relativa a la adopción del programa de trabajo anual de 2016 para la aplicación del programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión (C(2015)6151),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 28 y 29 de noviembre de 2011, relativas a un valor de referencia aplicable a la movilidad en la formación(6),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, titulada «Proyecto de informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)» (COM(2015)0429),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de abril de 2009, titulada «Una estrategia de la UE para la juventud: inversión y capacitación – Un método abierto de coordinación renovado para abordar los desafíos y las oportunidades de los jóvenes» (COM(2009)0200),

–  Vista la Resolución del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, relativa a un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)(7),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal(8),

–  Vista su Resolución de 15 de mayo de 1992 sobre la política de educación y formación con vistas a 1993(9),

–  Vista su Resolución de 26 de septiembre de 2006 titulada «Iniciativas que complementen los programas escolares ofreciendo medidas adecuadas de apoyo para la inclusión de la dimensión europea»(10),

–  Vista su Resolución de 23 de septiembre de 2008 titulada «Mejorar la calidad de la formación del profesorado»(11),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0021/2016),

A.  Considerando que la educación es un derecho humano fundamental y un bien público al que deben poder acceder todas las personas en igualdad de condiciones;

B.  Considerando que el principal papel de la educación es formar ciudadanos plenamente conscientes, por lo que va más allá del cumplimiento de los objetivos económicos de las estrategias nacionales y de la UE;

C.  Considerando que entre los objetivos de la educación figura la preparación de las personas para la vida y la ciudadanía activa en unas sociedades cada vez más complejas, exigentes, multiculturales e integradas;

D.  Considerando que, según una encuesta de Eurobarómetro de 2014, el 44 % de los ciudadanos de la Unión Europea considera que sus conocimientos sobre el funcionamiento de la UE son limitados y el 52 % de los europeos considera que su opinión no cuenta en la UE(12);

E.  Considerando que en las últimas elecciones al Parlamento Europeo solo votó el 42,61 % de los ciudadanos de la UE, y tan solo el 27,8 % de los jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y los 24 años, lo que representa el índice de participación más bajo desde 1979(13);

F.  Considerando que el conocimiento insuficiente sobre la UE y la escasa comprensión de su valor añadido concreto pueden contribuir a la percepción de un déficit democrático y conducir al euroescepticismo generalizado en los Estados miembros y en los países candidatos; que el déficit democrático ha de subsanarse para cerrar la creciente brecha entre la voz de los ciudadanos europeos y las instituciones de la UE;

G.  Considerando que, según el Eurobarómetro especial n.º 437 de 2015, una inmensa mayoría de los europeos está de acuerdo en que la enseñanza en las escuelas y el material escolar deben incluir información sobre la diversidad en cuanto a religión o creencias, origen étnico, orientación sexual e identidad de género(14);

H.  Considerando que una mayor sensibilización acerca de los beneficios de las políticas europeas, como la libre circulación de personas y servicios en el interior de la Unión y los programas de movilidad de la UE, puede contribuir a la creación de un sentimiento de pertenencia a la UE y de un espíritu comunitario, así como a la aceptación de sociedades multiculturales y multinacionales;

I.  Considerando que unos sistemas educativos y unos planes de estudios eficaces, junto con una mayor influencia y participación de los europeos en el proceso de toma de decisiones políticas de la UE, podría suscitar un mayor interés por los asuntos de la UE, así como un sentimiento de comprensión y pertenencia, lo que contribuiría al mismo tiempo a combatir las divisiones sociales, la segregación cultural y el sentimiento de privación;

J.  Considerando que la mayoría de los Estados miembros ha integrado la adquisición de conocimientos sobre la UE en sus planes de estudios y en los programas de formación del profesorado; que siguen existiendo disparidades entre los Estados miembros y dentro de ellos;

K.  Considerando que, en algunos Estados miembros, los temas de la UE se abordan en diferentes niveles educativos y en distintas materias de la enseñanza obligatoria, y que constituyen generalmente una pequeña parte de los planes de estudios que debe impartir un profesor dado;

L.  Considerando que los conocimientos y las cualificaciones de los profesores y demás personal docente sobre temas de la UE se deben seguir desarrollando y actualizando a través de formación inicial y continua, y que, a este respecto, los centros de enseñanza y los profesores necesitan una ayuda efectiva que se adapte a sus necesidades particulares y sea pertinente para estas;

M.  Considerando que según el estudio Learning Europe at School (Aprender sobre Europa en la escuela) realizado por la consultora privada ICF GHK para la DG de Educación y Cultura(15), son principalmente las instituciones y asociaciones en las que no se imparte educación superior las encargadas de la formación del profesorado sobre temas relacionados con la UE;

N.  Considerando que el estudio de impacto del programa Erasmus presentado por la Comisión en 2014 demuestra los efectos positivos de la movilidad académica y de la internacionalización de los estudios, no solo en los currículos y en la empleabilidad, sino también en los conocimientos sobre Europa, en el desarrollo del sentido de ciudadanía europea, en la actitud positiva hacia Europa y en la participación en las elecciones al Parlamento Europeo;

Una dimensión europea en la enseñanza

1.  Subraya la importancia cada vez mayor que está adquiriendo la integración de una dimensión europea en la enseñanza en las diferentes disciplinas, niveles y formas de educación, al tiempo que destaca la necesidad de un conocimiento amplio y profundo del concepto que tenga en cuenta su carácter complejo, dinámico y polifacético, teniendo presente que la adquisición de conocimientos sobre la UE en la escuela constituye un elemento crucial;

2.  Hace hincapié en que la incorporación de una dimensión europea en la enseñanza es fundamental para ayudar a los ciudadanos a comprender mejor la UE —y a reconectarlos a ella— y puede profundizar en el papel de los valores establecidos en el artículo 2 del TUE y reforzar la voz de la Unión en un mundo interdependiente;

3.  Hace hincapié en la necesidad de comprender los valores fundamentales de la Unión Europea y de promover la adhesión a estos; señala que conocer y comprender la historia y los valores comunes de la UE y sus Estados miembros es clave para el entendimiento mutuo, la convivencia pacífica, la tolerancia y la solidaridad, así como para comprender los principios fundamentales de la Unión Europea;

4.  Señala que, dada su repercusión en la vida diaria de sus ciudadanos, la UE debe tener una mayor visibilidad y estar mejor integrada en el material educativo y en las actividades extracurriculares; considera que el contenido relacionado explícitamente con la UE puede añadir un valor significativo a los planes de estudios, así como al desarrollo y crecimiento personales de los alumnos;

5.  Hace hincapié en la necesidad de utilizar métodos de enseñanza activos y participativos adaptados a la edad, los niveles, las necesidades y los intereses de los alumnos, y de aprovechar plenamente las oportunidades que brindan las tecnologías de la información y la comunicación y los medios de comunicación, incluidos los medios sociales;

6.  Subraya que la integración de una dimensión europea en la enseñanza no solo debe permitir a los alumnos adquirir conocimientos y desarrollar un sentimiento de pertenencia y las competencias asociadas a la ciudadanía europea, sino también iniciar una reflexión crítica sobre la UE, en particular a través del aprendizaje de los valores fundamentales de la UE basados en el Estado de Derecho y los derechos humanos, de la gobernanza de la UE y sus procesos de toma de decisiones y de la manera en que estos influyen en sus Estados miembros y en su participación democrática; anima a que se utilicen los juegos de rol del Parlamento Europeo de los Jóvenes para ayudar a que los niños y los estudiantes comprendan los procesos europeos y aumente su concienciación sobre las cuestiones europeas;

7.  Recuerda que la UE ha sido configurada por sus Estados miembros con su historia y sus culturas únicas, y que el desarrollo de la Unión sigue estando vinculado indisolublemente a sus Estados miembros; destaca al mismo tiempo la contribución de las diferentes culturas a las sociedades y el patrimonio europeos;

8.  Observa que la repercusión de la UE en los Estados miembros es considerable, y que la adquisición de conocimientos sobre la UE en la escuela debe reflejar tanto el papel de los Estados miembros en la evolución de la UE como la influencia de la UE en la evolución de cada país;

9.  Señala que los Estados miembros y la UE han de dar ejemplo a todos los que intervienen en la enseñanza y la adquisición de conocimientos sobre la UE en la escuela poniendo en práctica los valores europeos fundamentales de la inclusión social y la solidaridad europea e internacional;

10.  Recuerda la necesidad de garantizar, mejorar y ampliar las oportunidades de desarrollo profesional permanente, inicial y continuo, de los profesores y los formadores y facilitarles el apoyo y los recursos adecuados con el fin de que puedan integrar la dimensión europea en sus clases, en particular por lo que respecta a la historia y a la educación para la ciudadanía, así como de aplicar estrategias centradas en los alumnos y adaptar sus métodos de enseñanza a las necesidades de los alumnos;

11.  Hace hincapié en la necesidad de fomentar e impulsar las competencias idiomáticas e interculturales de los educadores, así como sus oportunidades de movilidad, el aprendizaje inter pares y los intercambios de las mejores prácticas entre el personal docente, por ejemplo mediante la organización de seminarios a nivel europeo;

12.  Destaca la función de las universidades a la hora de preparar y formar a profesores y educadores altamente cualificados y motivados; pide que se impulsen y apoyen las acciones de los Estados miembros relacionadas con sus esfuerzos por brindar cursos especializados de cualificación en las universidades, abiertos y accesibles a los estudiantes matriculados, así como a los profesores y educadores en activo;

13.  Hace hincapié en la importancia y el potencial de enseñar historia desde una perspectiva europea, teniendo en cuenta al mismo tiempo las competencias de los Estados miembros en la materia, ya que ciertos acontecimientos históricos fueron determinantes para el surgimiento de los ideales y los valores europeos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a las sociedades históricas y a los centros de investigación histórica, a fin de destacar el valor de su contribución científica sobre la historia europea y su papel en la puesta al día de los docentes escolares;

14.  Pide que la Casa de la Historia Europea dedique actividades, programas e instrumentos específicos a los estudiantes y los docentes de todos los ámbitos educativos que permitan desarrollar una narrativa eficaz de la integración europea y de sus valores fundamentales;

15.  Solicita la renovación y el refuerzo urgentes de la ciudadanía de la UE y de la educación cívica, tanto en los Estados miembros actuales como en los futuros, con el fin de dotar a los estudiantes, a través de medios adecuados a su edad, de los conocimientos, los valores, las destrezas y las competencias pertinentes, permitiéndoles desarrollar un pensamiento crítico y formarse una opinión bien fundada y equilibrada, ejercer sus derechos y responsabilidades democráticos, incluido el derecho al voto, valorar la diversidad, fomentar el diálogo intercultural e interreligioso y ser ciudadanos activos y responsables;

16.  Señala que una mayor participación de los estudiantes y los padres en la gestión escolar puede contribuir a luchar contra la discriminación y a reforzar la democracia y la ciudadanía participativas y sostenibles, fomentando la confianza y la cooperación entre los distintos agentes; pide a los centros de enseñanza que introduzcan la gestión democrática y amplíen su ámbito de aplicación, otorgando también una mayor importancia a la voz de las organizaciones de representación estudiantil, dado que la democracia debe aprenderse y vivirse;

17.  Destaca la necesidad de mejorar la motivación de los profesores y los alumnos y de proporcionarles más oportunidades para que aprendan más sobre la UE a través de experiencias de primera mano, como visitas escolares a otros países, visitas a las instituciones europeas, contactos con funcionarios de la UE y prácticas para estudiantes en las instituciones de la UE, y a través de la educación sobre los medios de comunicación, como el Portal Europeo de la Juventud, aprovechando al máximo las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y los recursos educativos abiertos;

18.  Pide que se aprovechen al máximo las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales para desarrollar en mayor medida la enseñanza transfronteriza, a través de cursos digitales y videoconferencias, de manera que los estudiantes puedan descubrir otros puntos de vista y enfoques en relación con sus disciplinas;

19.  Subraya que el aprendizaje de lenguas extranjeras puede desempeñar un papel esencial en el desarrollo de una conciencia intercultural y a la hora de dotar a los ciudadanos de las destrezas necesarias para vivir y trabajar en un mundo cada vez más complejo y globalizado;

20.  Destaca el papel que desempeña el aprendizaje no formal e informal, incluidos el trabajo juvenil, el voluntariado y el aprendizaje intergeneracional, familiar y de adultos, así como el deporte como instrumento pedagógico, en el desarrollo de destrezas, competencias y comportamientos sociales y cívicos y en la conformación de ciudadanos europeos activos y responsables; subraya la necesidad de reconocer esas competencias en el aprendizaje formal y de crear vínculos más estrechos entre el aprendizaje formal, no formal e informal;

21.  Aboga por la adopción de un enfoque intercultural en el ámbito de la política educativa que permita una auténtica integración escolar para los estudiantes inmigrantes basada en el conocimiento recíproco de las distintas culturas a fin de construir los valores comunes compartidos;

El papel de la Unión

22.  Anima a la Comisión a que siga apoyando los esfuerzos destinados a desarrollar y promover una dimensión de la UE en la enseñanza, así como la movilidad de los actores educativos, y a que divulgue activamente la información —incluida la información sobre las posibilidades de financiación concretas y los informes y estudios disponibles— entre las principales partes interesadas; insta, a este respecto, a que se haga uso de las nuevas tecnologías y medios de comunicación, incluidos los medios sociales;

23.  Pide a la Comisión que elabore un marco común, así como directrices con ejemplos concretos para la adquisición de conocimientos acerca de la UE, con el fin de fomentar una reflexión objetiva y crítica sobre los beneficios de la Unión Europea para sus ciudadanos, respetando al tiempo la competencia de los Estados miembros en el ámbito de la educación y la formación;

24.  Pide a la Comisión que impulse nuevos estudios que tengan por objeto determinar cómo es actualmente la enseñanza sobre la UE en las escuelas europeas, cómo figura en los planes de estudio y los exámenes y si a) los profesores y educadores tienen un acceso suficiente a las acciones y programas de la UE pertinentes en materia de desarrollo profesional, aprendizaje permanente y a las plataformas de intercambio de mejores prácticas y b) las acciones financiadas para incorporar eficientemente la adquisición de conocimientos acerca de la UE en la escuela tienen realmente un impacto en estas;

25.  Pide a la Comisión que anime, apoye y favorezca las redes que promueven y participan en la adquisición de conocimientos sobre la UE a escala nacional, regional y local, así como los intercambios de buenas prácticas entre dichas redes a escala de la Unión, y que determine en qué ámbitos se pueden introducir mejoras;

26.  Pide a la Comisión que facilite el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros, así como entre los países candidatos, en relación con la dimensión de la UE en la educación y la lucha contra la discriminación y los prejuicios en el entorno educativo, también a través de la evaluación de los materiales de enseñanza y de las políticas contra el acoso escolar y la discriminación;

27.  Subraya el papel fundamental que desempeñan los programas Erasmus+, Europa para los Ciudadanos y Europa Creativa en la promoción de la educación y la formación, las competencias lingüísticas, la ciudadanía activa, la conciencia cultural, la comprensión intercultural y muchas otras competencias clave y transversales valiosas; subraya la importancia de estos programas para reforzar la ciudadanía europea, así como la necesidad de prever un mayor y adecuado apoyo financiero para estos programas, una mayor atención a sus resultados cualitativos y un acceso más amplio a la movilidad, prestando especial atención a los profesores y otros educadores, los jóvenes de distintos entornos socioeconómicos, los grupos vulnerables y desfavorecidos y las personas con necesidades especiales;

28.  Recuerda el amplio abanico de acciones que ofrece el programa Erasmus+, así como la popularidad y el reconocimiento de que disfruta entre la población en general, en particular en lo que respecta a la movilidad de los estudiantes como parte de sus estudios; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sensibilicen a la opinión pública sobre los aspectos menos conocidos del programa Erasmus+, como el Servicio Voluntario Europeo;

29.  Acoge con satisfacción el programa de trabajo de 2016 de la Comisión para la aplicación del programa Erasmus+ y su compromiso con medidas concretas como seguimiento de la Declaración de París, en particular las medidas destinadas a potenciar el impacto de Erasmus+ en la promoción de una ciudadanía activa y democrática, el diálogo intercultural, la integración social y la solidaridad, como un mayor apoyo a las organizaciones de la sociedad civil en su labor fundamental de educación para la ciudadanía;

30.  Pide a la Comisión que mejore los aspectos pedagógicos y la capacidad de respuesta a las necesidades de las escuelas en lo que respecta a los proyectos financiados por la acción Jean Monnet, garantizando que las escuelas puedan presentar directamente las solicitudes y que se proporcionen fondos durante períodos más prolongados, como tres años, conforme al modo en que se financian los módulos Jean Monnet; pide a la Comisión que ponga la acción módulo Jean Monnet a disposición de las instituciones de formación del profesorado y que les anime a incorporarla en sus programas;

31.  Observa que la Unión atraviesa actualmente una crisis de legitimidad democrática, no solo porque los europeos no poseen conocimientos suficientes sobre los mecanismos de la UE, sino también porque en los procesos de toma de decisiones se ha silenciado la voz de los ciudadanos; subraya que para recuperar su legitimidad la Unión debe detener el desmoronamiento de sus estructuras democráticas y restaurar el vínculo con sus ciudadanos;

32.  Insta a la Comisión a que implemente de forma eficiente el programa «Europa para los Ciudadanos» con objeto de cumplir los objetivos de una sociedad democrática y más inclusiva, reforzando la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones;

33.  Pide a la Comisión que supervise de cerca el impacto de los programas de la UE en la evolución del sentimiento de ciudadanía y de la participación cívica de los participantes;

34.  Pide a la Comisión que siga desarrollando y fomentando en la mayor medida posible las plataformas virtuales eTwinning, EPALE y School Education Gateway, y que siga apoyando y desarrollando otras plataformas digitales como el «Rincón del Profesor», con el fin de facilitar el acceso a un material educativo de alta calidad, actualizado y de fácil uso, pertinente para el aprendizaje sobre la UE y disponible en todas las lenguas de la UE;

35.  Pide a la Comisión que favorezca una revisión crítica del material del que disponen actualmente en la plataforma digital «Rincón del Profesor» los educadores que realizan en la actualidad actividades docentes y los académicos especializados en estudios sobre la UE, a fin de asegurar la calidad y la adecuación de sus contenidos;

36.  Destaca el papel que desempeñan las oficinas de información de las instituciones europeas, y acoge con satisfacción su compromiso de fomentar las relaciones con los Estados miembros, las instituciones educativas nacionales, regionales y locales, las organizaciones juveniles y los medios de comunicación para acercarlos entre sí y velar por que los jóvenes comprendan el papel que las instituciones desempeñan en su vida diaria;

37.  Pide un debate abierto y compartido entre la Comisión, las ciudades y las autoridades regionales y locales sobre la conexión entre el sistema educativo y los modelos urbanos que permita entender los efectos de los distintos enfoques de las relaciones interculturales en Europa en la actualidad;

38.  Alienta a la Comisión a promover la adquisición de conocimientos acerca de la UE en la escuela como una recomendación en el proceso de negociación con los países candidatos a la adhesión a la UE tan pronto como sea posible;

El papel de los Estados miembros

39.  Anima a los Estados miembros a que apoyen, revisen y actualicen sus sistemas educativos y cualquier contenido de los planes de estudios que tenga relación con la UE en cada uno de los niveles de la educación, incluida la formación profesional, a fin de reforzar la dimensión europea en estrecha colaboración con la totalidad de los agentes pertinentes a escala tanto de la Unión como nacional, al tiempo que anima a las autoridades regionales y locales a hacer lo mismo, en particular cuando tienen competencias directas en materia de sistemas educativos;

40.  Alienta a los Estados miembros a apoyar todas las posibilidades de transmisión de más información sobre los alumnos de la UE, así como a los profesores y otros educadores, mediante el aprendizaje formal, no formal e informal, y a aprovechar plenamente y complementar los instrumentos financieros, programas e iniciativas en este contexto;

41.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas adicionales destinadas a promover una educación y unos valores cívicos interculturales, no discriminatorios e integradores en los planes de estudios escolares e universitarios;

42.  Pide a los Estados miembros que aumenten sus inversiones en una educación de calidad, también mediante una asociación más estrecha con el sector privado, así como que promuevan la igualdad de oportunidades para todos, y que ofrezcan a todos los centros educativas y formativos, así como a los profesores y otros educadores, el apoyo necesario para que las escuelas y los profesores puedan implementar y desarrollar de forma continua una dimensión de la UE en la enseñanza, desde una edad temprana, que vaya más allá de la escuela;

43.  Pide a los Estados miembros que garanticen un acceso equitativo e inclusivo a una educación formal y no formal de calidad para todos los alumnos, así como oportunidades de aprendizaje permanente; insta, a este respecto, a los Estados miembros a adoptar la propuesta de Directiva de 2008 por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, que proporcionará protección contra la discriminación por estos motivos en el ámbito de la educación;

44.  Pide a los Estados miembros que incluyan a los migrantes, los refugiados y las comunidades religiosas en procesos de construcción de ciudadanía respetuosos y emancipadores que garanticen su participación en la vida cultural y cívica;

45.  Pide a los Estados miembros que fomenten y favorezcan una formación de alta calidad sobre cuestiones relacionadas con la UE dirigida a profesores, otro personal educativo, jóvenes dirigentes y formadores, permitiéndoles asimismo realizar una parte de su formación en otro Estados miembro y asegurando el reconocimiento de sus competencias para impartir enseñanza sobre temas de la UE, por ejemplo mediante la creación y promoción de una etiqueta de «profesor europeo»;

46.  Opina que los Estados miembros, dialogando con los agentes educativos, deben explorar oportunidades de intercambio de ideas y ejemplos de buenas prácticas con vistas a la integración de la dimensión de la UE en sus programas educativos, a fin de fomentar el conocimiento y la comprensión del proceso de construcción de la ciudadanía y las instituciones de la UE entre los jóvenes, de modo que perciban la Unión como parte integrante de su entorno vital, que pueden y se espera que configuren;

47.  Insta a los Estados miembros a que reconozcan y apoyen a los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, en particular las organizaciones de jóvenes, en la tarea de eliminar la distancia entre la UE y los ciudadanos europeos, fomentando y reforzando los instrumentos de la democracia directa y participativa;

o
o   o

48.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 50.
(2) DO L 325 de 23.11.2012, p. 1.
(3) DO L 115 de 17.4.2014, p. 3.
(4) DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.
(5) DO C 119 de 28.5.2009, p. 2.
(6) DO C 372 de 20.12.2011, p. 31.
(7) DO C 311 de 19.12.2009, p. 1.
(8) DO C 398 de 22.12.2012, p. 1.
(9) DO C 150 de 15.6.1992, p. 366.
(10) DO C 306 E de 15.12.2006, p. 100.
(11) DO C 8 E de 14.1.2010, p. 12.
(12) Eurobarómetro estándar n.º 81, de primavera de 2014, sobre la opinión pública en la Unión Europea (http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb81/eb81_publ_en.pdf), pp. 117 y 131.
(13) http://www.eprs.sso.ep.parl.union.eu/lis/lisrep/13-EPRS-publications/2015/COMM_STUD_558351_UpdateReview-EN.pdf, p. 43-45.
(14) Eurobarómetro especial n.º 437, 2015, sobre la discriminación en la UE en 2015 (http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/68004), p. 100.
(15) http://www.eupika.mfdps.si/Files/Learning%20Europe%20at%20School%20final%20report.pdf.


Erasmus+ y otros instrumentos para fomentar la movilidad en la educación y formación profesional
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre Erasmus+ y otros instrumentos para fomentar la movilidad en la EFP – un enfoque basado en el aprendizaje permanente (2015/2257(INI))
P8_TA(2016)0107A8-0049/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y en particular sus artículos 165 y 166,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular su artículo 14,

–  Vista la Declaración de Copenhague, de 30 de noviembre de 2002, sobre una cooperación europea reforzada en materia de educación y formación profesional,

–  Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre el establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales(1),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»)(2),

–  Vista la Resolución del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, relativa a un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)(3),

–  Visto el Reglamento (EU) n.° 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», educación, formación, juventud y deporte de la Unión(4),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal(5),

–  Vista la Decisión n.° 2241/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a un marco comunitario único para la transparencia de las cualificaciones y competencias (Europass)(6),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 28 de junio de 2011, titulada «Juventud en Movimiento — Promover la movilidad en la formación de los jóvenes»(7),

–  Vista la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente(8),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre fomento del acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y del aprendiz(9),

–  Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente(10),

–  Vistos los distintos instrumentos de reconocimiento de competencias, como el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS), el Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET) y el proyecto de clasificación europea de capacidades/competencias, cualificaciones y ocupaciones (ESCO),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de noviembre de 2012, titulada «Un nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos» (COM(2012)0669),

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 28 de enero de 2014, acerca de la puesta en práctica de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, sobre el establecimiento de un Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales (COM(2014)0030),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre una garantía de calidad como forma de ayuda a la educación y la formación,

–  Vista la declaración de los ministros encargados de la educación y formación profesionales, de 22 de junio de 2015, sobre una nueva serie de resultados esperados a medio plazo en el ámbito de la EFP para el período 2015-2020,

–  Vista la Declaración de París sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación mediante la educación, adoptada con motivo de la reunión informal de los ministros de Educación de la Unión Europea el 17 de marzo de 2015 en París (8496/15),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0049/2016),

A.  Considerando que la movilidad en el aprendizaje y la movilidad en la formación son importantes para el desarrollo personal, la inclusión social de los jóvenes, el diálogo multicultural, la tolerancia, la capacidad para trabajar en un entorno intercultural y la ciudadanía activa, y han demostrado claramente su potencial para contribuir a una alta calidad de la educación y la empleabilidad;

B.  Considerando que la movilidad en el aprendizaje y la movilidad en la formación deben reforzarse en el contexto tanto del actual como de los sucesivos programas de la Unión Europea en el ámbito de la educación y la formación, el empleo y la política de cohesión;

C.  Considerando que en 2002 los ministros europeos encargados de la educación y formación profesionales pusieron en marcha el «proceso de Copenhague» para mejorar la cooperación europea en este ámbito a fin de mejorar los resultados, la calidad y el atractivo de la educación y formación profesionales (EFP) en Europa;

D.  Considerando que el proceso de Copenhague se basa en unas prioridades aprobadas de común acuerdo que se revisan periódicamente para, entre otros objetivos, facilitar la movilidad y promover el aprovechamiento de diferentes oportunidades de formación profesional en el contexto del aprendizaje permanente;

E.  Considerando que, según Eurostat, el desempleo en 2014 en la Unión se mantuvo en un elevado 10,2 % a pesar de una lenta recuperación; que en toda la Unión el desempleo juvenil asciende actualmente al 22,1 %, y solo el 51 % de las personas entre 55 y 64 años de edad tiene trabajo, y que la brecha de género en la tasa de empleo de los trabajadores de mayor edad llega a los 13,6 puntos porcentuales;

F.  Considerando que el aprendizaje no formal e informal y la formación profesional contribuyen de modo importante a la superación de los retos actuales en el ámbito del aprendizaje permanente, tales como el abandono escolar, el inaceptable número de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación (ninis), el déficit de cualificaciones o el desajuste entre estas y la oferta de empleo;

G.  Considerando la persistencia de disparidades de competencias en el mercado laboral, tal como pone de manifiesto el alto porcentaje de vacantes de empleo registradas en las previsiones económicas de otoño de 2015 de la Comisión;

H.  Considerando que las competencias lingüísticas son inferiores en la EFP y necesitan estímulos específicos;

I.  Considerando que es necesario reafirmar el compromiso político para apoyar las acciones de la Unión en los ámbitos del aprendizaje permanente y la EFP, en particular por medio de actividades de movilidad centradas en el desarrollo de competencias transversales como la capacidad de adaptación, la curiosidad, aprender a aprender y las competencias interpersonales y cívicas;

J.  Considerando que la reciente evolución de la situación socioeconómica ha acentuado la necesidad de hacer que los sistemas de aprendizaje permanente y de EFP no solo sean más eficientes, sino también más accesibles e inclusivos para los grupos desfavorecidos y las personas con necesidades especiales; que un acceso más amplio a la educación no debe llevarse a cabo a expensas de la calidad de la educación;

K.  Considerando que una ayuda financiera continua a las medidas y actividades de movilidad relacionadas con el aprendizaje permanente y la EFP es fundamental, especialmente en el período de crisis económica actual;

L.  Considerando que los niveles regional y local son fundamentales a la hora de explorar nuevas vías para la movilidad a fin de garantizar la eficacia, la transparencia y la calidad de los fondos y programas dedicados a la EFP; que la promoción a escala regional y local de la movilidad en la EFP de los jóvenes y los aprendices debe coordinarse en un amplio proceso de gobernanza democrática y participativa destinada a abordar las cuestiones socioeconómicas y medioambientales más importantes, incluidas las microempresas, las pequeñas y medianas empresas, las empresas emergentes, las comunidades locales y los interlocutores sociales;

M.  Considerando que los empresarios, las cámaras de comercio e industria y los organismos profesionales equivalentes del sector artesanal y del sector agrícola, así como los sindicatos y otros agentes sociales pertinentes deben participar activamente en el diseño, la organización, la prestación y la financiación de la EFP, incluida la movilidad; que, a la hora de diseñar la educación y formación profesionales, debe abordarse la dimensión social a fin de incluir ámbitos como el comercio justo, el emprendimiento social y modelos alternativos de empresas como las cooperativas, y debe organizarse con los socios pertinentes en esos ámbitos;

N.  Considerando que, si bien la movilidad de los jóvenes debe fomentarse para aumentar las posibilidades de empleo, no debe convertirse en la única solución del desempleo juvenil que se contemple;

Balance de los resultados y definición de los retos clave

1.  Considera que la educación es un derecho humano fundamental y un bien público al que deben poder acceder todas las personas en igualdad de condiciones; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que aborden las limitaciones socioeconómicas que impiden el acceso equitativo de todos a las oportunidades de EFP, incluida la movilidad; reconoce que el papel y los resultados de los programas y las iniciativas existentes en el ámbito de la movilidad en la EFP deben mejorar en términos de accesibilidad, transparencia e inclusión, a fin de fomentar un enfoque personalizado frente a la enseñanza, reducir los índices de abandono escolar y garantizar la igualdad de acceso de los grupos desfavorecidos y las personas con necesidades especiales a las acciones de movilidad de Erasmus+; destaca, por tanto, la necesidad de una gama flexible, diversificada y personalizada de opciones de movilidad en la formación, también manteniendo una perspectiva de género, para las personas procedentes de la inmigración y las familias desfavorecidas económicamente o los alumnos de regiones remotas, las personas con discapacidad y las personas con otras necesidades específicas;

2.  Afirma que es preciso que, cuando se trate el asunto de la movilidad y la educación, se mantenga una perspectiva de género y se tengan en cuenta las necesidades de quienes sufren cualquier forma de discriminación, como las personas con discapacidad, las personas LGBTI y las procedentes de comunidades marginadas; alienta, desde esta perspectiva, la adopción de medidas para facilitar el acceso de las personas procedentes de grupos desfavorecidos o con necesidades especiales a las acciones de movilidad de Erasmus+;

3.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las partes interesadas principales que aumenten la visibilidad de los programas de EFP a fin de eliminar las barreras culturales y combatir el fenómeno de la falta de motivación, de una predisposición activa y de competencias lingüísticas, especialmente en aquellos ámbitos más afectados por el desempleo juvenil; considera que debe garantizarse que estos programas son accesibles a todos los ciudadanos sin discriminación; pide que se preste atención especial a los grupos en riesgo de desempleo, por ejemplo las personas con discapacidad; aboga por que se facilite el acceso a la EFP y a las cualificaciones favoreciendo la capacidad de adaptación de los itinerarios de aprendizaje y la posibilidad de ajuste de los sistemas, así como las oportunidades de formación para grupos con insuficientes competencias fundamentales y los trabajadores con un nivel de cualificación intermedio o bajo; recuerda que debe tenerse en cuenta el equilibrio de género en el acceso a estas posibilidades, en el contexto de un fomento eficiente de los programas de movilidad de EFP entre las mujeres; considera, en este sentido, que deben establecerse objetivos ambiciosos y que se debe realizar un seguimiento de los progresos realizados;

4.  Destaca la brecha de género en formación, competencias y empleos relativos a ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas (STEM) en toda la UE, y pide a la Comisión y a los Estados Miembros que se comprometan plenamente con el programa Erasmus+ y utilicen este mecanismo como una oportunidad clave para desarrollar la educación en materia de STEM a fin de que las mujeres aumenten su capacidad de emprender una carrera en estos ámbitos y descienda la brecha de competencias existente;

5.  Destaca la importancia de un espacio de educación europeo común basado en un componente de movilidad sólido —que incluya no solo la educación superior sino también la EFP— que contribuya a la creación y el desarrollo de una identidad europea más sólida y una ciudadanía reforzada;

6.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan todo lo posible por lograr los objetivos del marco estratégico europeo «Educación y Formación 2020»; considera que dicha movilidad debe tener en cuenta el aspecto de la educación y formación profesionales continuas, ya que constituye un elemento clave en la mejora y la actualización de las habilidades y competencias; destaca que el aprendizaje permanente y la EFP son claves para que los desempleados de larga duración consigan mejores perspectivas de empleo;

7.  Considera que la cooperación ante mencionada debe tener como resultado una revisión de los requisitos con vistas a garantizar su pertinencia en términos de duración, contenido, competencias y resultados de aprendizaje, a la vez que se combina la movilidad tanto para los centros de formación como para los lugares de trabajo y se da prioridad a los periodos de experiencia de mayor duración (por ejemplo, seis meses) respecto a sus equivalentes a corto plazo;

8.  Señala que los recursos europeos destinados a Erasmus+ y a los programas de EFP no son proporcionales al número o a las necesidades de los posibles beneficiarios de la movilidad que ofrecen estos programas, y, en consecuencia, pide a los Estados miembros que promuevan acuerdos bilaterales que completen las acciones de Erasmus+ y de los programas europeos de EFP a fin de incrementar la movilidad de los jóvenes europeos;

9.  Reconoce la importancia y los resultados de los programas y las iniciativas existentes en el ámbito de la movilidad, como la acción clave 1 en Erasmus+, el Europass, el sistema de crédito europeo para la educación y formación profesionales (ECVET) y el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC); pide a la Comisión la creación de una tarjeta electrónica europea destinada a los estudiantes que otorgue el estatuto de estudiante de la Unión en un contexto de movilidad y ofrezca acceso a servicios;

10.  Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros, así como a las agencias de la Unión tales como el Cedefop, que adopten medidas para mejorar los programas de movilidad de EFP para que aporten valor añadido a todos los participantes en términos de cualificaciones, reconocimiento y contenido, y garanticen la introducción de normas de calidad en los programas de aprendizaje;

11.  Señala que las iniciativas de movilidad no solo contribuyen a mejorar los valores cívicos de los alumnos y el sentido de pertenencia a Europa, sino también sus competencias académicas y sus perspectivas de empleo, y más concretamente las competencias relacionadas con la capacidad de resolver de problemas, la planificación y la estructuración, la capacidad de actuar y adaptarse a nuevas situaciones, el emprendimiento, el liderazgo, la toma de decisiones, las competencias de responsabilidad social, el conocimiento de lenguas extranjeras y las competencias de comunicación, así como las relativas a las competencias personales que afectan a la empleabilidad, como la confianza, la motivación, la curiosidad, el pensamiento crítico y creativo, la iniciativa y la asertividad;

12.  Insiste en la necesidad de facilitar la puesta en práctica de las acciones de movilidad de Erasmus + mediante la adopción de medidas destinadas a aumentar el número de solicitudes, simplificar la concepción y la utilización de herramientas informáticas para la gestión de la movilidad, aumentar la sensibilización sobre el valor de los programas de movilidad en todos los centros de enseñanza general y de formación profesional de la Unión, y facilitar una información y formación más selectivas dirigidas a los beneficiarios e intermediarios de los programas y acciones, incluido el personal de los centros educativos; subraya la importancia, en este sentido, de la contribución de la European Schoolnet; pide a la Comisión que reduzca la excesiva y extremadamente compleja carga administrativa a la que deben hacer frente tanto los solicitantes como las empresas e instituciones de origen y de acogida que participan en los proyectos del programa Erasmus+, facilitando y simplificando los procesos de solicitud, inscripción y presentación de informes, y los proyectos propiamente dichos; señala, asimismo, que unos trámites burocráticos excesivos en dichos centros educativos suponen un obstáculo para una aplicación sencilla del programa;

13.  Pide a la Comisión que implante planes destinados a reducir las barreras lingüísticas y culturales para la organización de los programas de movilidad; considera que dichos planes deben permitir evaluar los progresos alcanzados en la aplicación; destaca que los planes de acción deben apoyar especialmente el aprendizaje de elementos básicos de la lengua del país de acogida; alienta a los Estados miembros y a las autoridades locales y regionales a examinar las necesidades de los profesores y formadores de EFP, fomentando y apoyando el intercambio de buenas prácticas, y ofreciéndoles más oportunidades de desarrollo profesional; subraya la importancia de concebir un modelo de formación básico que pueda facilitar información sobre las características clave de la empresa y de la cultura de trabajo en el país de destino, y promover y prever programas específicos para la formación del personal docente en el contexto de la gestión de la movilidad por parte de los centros de formación;

14.  Señala que los empleos relacionados con la EFP presentan la flexibilidad necesaria para poder llevarlos a cabo desde cualquier lugar y que, por tanto, la movilidad en el contexto de la EFP es un instrumento clave para combatir el desempleo, pues mejora la empleabilidad, ayuda a reducir la brecha de competencias y facilita la adecuación entre ofertas y demandas de empleo, en especial para los jóvenes, brinda cualificaciones y una experiencia única del tipo necesario para la competitividad en el mercado de trabajo actual de la Unión; considera que Erasmus+ contribuye al desarrollo de destrezas profesionales específicas y de competencias transversales y transferibles, como el espíritu emprendedor, así como la ampliación de posibilidades de participación del sector productivo, con lo que constituye una herramienta efectiva para el mercado de trabajo;

15.  Subraya el significado y la importancia del reconocimiento relativo a las marcas y los logotipos en el contexto del programa Erasmus+ y sus subprogramas; considera que esas marcas deben utilizarse en particular en las publicaciones y folletos de Erasmus+;

16.  Expresa su preocupación por el hecho de que Erasmus+ es percibido por los jóvenes principalmente como un programa para estudiantes universitarios; aconseja, por tanto, prestar más atención a escala europea, nacional y regional a los distintos ámbitos y sus subprogramas, tales como la educación escolar (Comenius), la educación superior (Erasmus), la educación superior internacional (Erasmus Mundus), la formación profesional y continua (Leonardo da Vinci), la educación para adultos (Grundtvig) y jóvenes (Juventud en Acción) y los deportes, con el fin de que resulten mucho más visibles;

17.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los servicios públicos de empleo que divulguen y den a conocer, especialmente entre las pymes, el programa Erasmus+ y otros instrumentos dirigidos a fomentar la movilidad en el ámbito de la EFP; considera que potenciar al máximo la eficacia de estos instrumentos permitirá a más personas sacar partido de estas oportunidades, con lo que podrá lograrse el objetivo de movilidad;

18.  Destaca la necesidad urgente de consultar y/o implicar a la industria y los servicios, tanto del sector público como del privado, incluido el sector de la producción (en especial pymes y microempresas), en la concepción, elaboración, aplicación y acompañamiento de programas de movilidad de EFP de calidad; considera que la selección de programas debe tener en cuenta las oportunidades de empleo en las empresas y las organizaciones de acogida; estima que una asociación flexible y constructiva basada en el diálogo, la cooperación y el intercambio de mejores prácticas en la que participen todas las partes interesadas garantizará el éxito y el valor añadido de la EFP; opina que también es necesario el intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre centros de formación y empresas; pide a la Comisión que realice un seguimiento de la demanda y la oferta en el mercado de trabajo dentro de la Unión Europea, así como de la movilidad geográfica y profesional, a fin de atender a las necesidades del mercado laboral; considera que ello reduciría la brecha entre, por un lado, la formación en oferta y lo que espera realmente a los jóvenes en el medio empresarial, y, por otro, las necesidades del mercado en sectores con valor añadido (por ejemplo, la economía digital y la ecológica, la energía, la defensa, la asistencia y la rehabilitación de edificios);

19.  Subraya los aspectos clave que deben tenerse en cuenta al planificar acciones de movilidad y evaluar su ejecución, en particular: capacidad económica de los alumnos para participar en la movilidad; reconocimiento de estudios, competencias, cualificaciones y contenidos de formación entre países, ya sea a través de créditos o de certificados; nivel de los conocimientos lingüísticos; organización de los planes de estudios y los cursos; valor práctico de los créditos obtenidos y los exámenes aprobados en el extranjero una vez que el estudiante regrese a su centro de origen; aspectos jurídicos; información o motivación para completar los estudios; actividades de orientación y asesoramiento a lo largo de todo el período de movilidad; y situación personal de los estudiantes; pide, por lo tanto, a la Comisión que refuerce los indicadores y los criterios de evaluación a fin de poder hacer un seguimiento de forma más regular de la eficacia de los programas de la Unión y llevar a cabo todas las mejoras necesarias;

20.  Recuerda que, en la actualidad, tan solo el 1 % de los jóvenes que participan en sistemas de formación relacionados con el trabajo, incluidos los aprendices, se acogen a proyectos de movilidad durante su formación; destaca que resulta indispensable crear las condiciones que favorezcan una mayor movilidad de los aprendices dentro de la Unión Europea, a fin de ofrecerles las mismas oportunidades que a los estudiantes universitarios; alienta, por lo tanto, la definición, por la Unión Europea, de un estatuto del «aprendiz europeo»; pide a la Unión Europea y a los Estados miembros que velen por que tanto los programas de aprendizaje como los períodos de práctica sigan siendo oportunidades de formación y no se utilicen como fuente de mano de obra precaria y barata, no sustituyan a los puestos profesionales a tiempo completo y garanticen condiciones de trabajo dignas y los derechos de los estudiantes, incluidos los derechos económicos y retributivos; anima a la Comisión a que, además, analice las repercusiones del estatuto antes mencionado, haga un seguimiento de la aplicación de las medidas conexas, y aliente a todas las partes interesadas, incluidas las de la Alianza Europea para la Formación de Aprendices, a seguir sus recomendaciones con vistas a mejorar las condiciones, la calidad y la disponibilidad de los programas de aprendizaje en la Unión y considerar esta cuestión como una prioridad estratégica,

21.  Pide a la Comisión que presente y a los Estados miembros que respalden una propuesta de régimen de aprendizaje de la UE a fin de garantizar un conjunto de derechos para aprendices y estudiantes de EFP; destaca la función positiva que pueden desempeñar las personas mayores en la educación y la formación de los jóvenes con vistas a potenciar al máximo el intercambio intergeneracional a través de prácticas y tutorías, y facilitar el aprendizaje basado en la experiencia en equipos intergeneracionales; alienta a la Comisión y a los Estados miembros a adoptar medidas concretas para garantizar que se utilizan correctamente los periodos de aprendizaje y las prácticas en el marco de Erasmus+ y no se emplean como instrumento para reducir el coste de la mano de obra;

22.  Valora positivamente el lanzamiento de proyectos piloto, así como el recién aprobado «Marco europeo para la movilidad de aprendices», como punto de partida para mejorar el programa Erasmus+, destinado a crear más y mejores programas de movilidad EFP de larga duración; insta a la creación de un marco para iniciativas a largo plazo, en contraposición a acciones exclusivamente orientadas a proyectos, con el fin de establecer un sistema permanente y sostenible que sea totalmente operativo y predecible y que fomente la libre circulación de competencias en Europa;

23.  Pone de relieve que el abandono escolar es uno de los problemas más claros a los que se enfrentan los diferentes grupos a los que se dirigen los programas de movilidad, y que la existencia de mejores opciones profesionales reduce el número de abandonos en la educación y la formación; hace hincapié, por consiguiente, en la importancia que pueden tener los resultados de los sistemas educativos en la reducción del abandono escolar, así como para dotar mejor a los estudiantes con las competencias transversales que podrían ayudarles a adecuar sus cualificaciones a las exigencias del mercado laboral;

24.  Subraya la necesidad de ayudar a los jóvenes que cursan estudios de formación profesional a superar sus dificultades mediante algunas medidas complementarias y de acompañamiento, como el refuerzo del carácter de grupo de los programas de movilidad, mejores servicios de tutoría y acompañamiento por parte de las instituciones de origen y de acogida antes y durante su movilidad, la mejora del acceso a información de calidad sobre las posibilidades de EFP, la oferta de actividades e instrumentos especializados de orientación y asesoramiento, y la financiación del apoyo lingüístico a todos los participantes sin restricciones de lenguas;

25.  Señala que cabe identificar una serie de factores que influyen en las expectativas de los jóvenes que reciben formación en los sistemas de EFP, como son los factores socioeconómicos, la tipología de las familias y la falta de orientación (y de tutoría) cuando se completa la enseñanza secundaria obligatoria o durante los cursos de formación profesional;

26.  Destaca el papel clave de la movilidad en el marco del aprendizaje y la formación para abordar los desafíos sociales y culturales con vistas a maximizar las oportunidades de los jóvenes para desarrollar su propio plan de acción en la sociedad; recuerda que la Unión Europea ha centrado sus esfuerzos, en particular a través de la Estrategia Europa 2020, en el aumento de la competitividad de su economía, la generación de empleo y, en definitiva, el fortalecimiento de su capacidad para competir a escala mundial en la tercera década del siglo; destaca, en este contexto, el importante papel de la investigación, la innovación, la sociedad digital y la sostenibilidad energética como instrumentos para proporcionar una mayor valor añadido;

27.  Subraya la contribución de la Unión Europea y de los Estados miembros en el desarrollo e incentivación de un sistema de EFP de gran calidad y bien organizado mediante la aplicación de un enfoque holístico que establezca un equilibrio entre la educación teórica centrada en la profesión de que se trate, la formación práctica y la educación general, formal, informal y no formal; pide a los Estados miembros que introduzcan un enfoque de «educación dual» dentro de los sistemas de educación secundaria superior, o que refuercen los sistemas existentes mediante programas de prácticas y de inserción laboral, para, de esta forma, facilitar a los estudiantes de EFP una integración sostenible en el mercado de trabajo y aumentar su participación en programas transnacionales de movilidad; recuerda que, en general, la mejora de la calidad de la EFP en cooperación con los interlocutores sociales y los servicios públicos de empleo es una forma de abordar la inclusión social, incrementar la participación en la educación superior, promover los buenos resultados de los estudiantes y facilitar la integración en el mercado de trabajo, lo que debe facilitar la movilidad en el proceso de aprendizaje permanente;

28.  Pide que se aborden de forma específica los problemas que presenta el Servicio Voluntario Europeo (SVE) en lo relativo al seguro de los participantes, la autorización, la gestión de bases de datos y la asistencia a los voluntarios, con el fin de evitar que disminuya el número de participantes;

29.  Lamenta que el aprendizaje no formal haya perdido visibilidad y la parte del presupuesto dedicado que tenía asignada en el programa Erasmus+ actual; subraya la importancia del aprendizaje no formal a escala europea, en especial a través del trabajo juvenil y el voluntariado de personas mayores; pide que el aprendizaje no formal e informal tenga un lugar claro y visible en el programa Erasmus+; considera, además, que debe existir la posibilidad de presentar solicitudes relativas a proyectos educativos para adultos, a gran escala, regidos por los mismos principios que las alianzas de competencias por sectores o las alianzas de conocimiento;

30.  Respalda el desarrollo de tecnologías e infraestructuras modernas con miras al refuerzo y la modernización de los sistemas nacionales de educación profesional con objeto de mejorar el acceso a la movilidad y su calidad; considera que, para corregir los desajustes entre las competencias adquiridas, debe prestarse más atención a la innovación y el desarrollo de nuevas competencias académicas y profesionales, a las plataformas digitales de aprendizaje y enseñanza, a las tecnologías de la vida, a las tecnologías innovadoras para mejorar el patrimonio cultural y a las tecnologías de la información y la comunicación; está firmemente convencido de que la Unión Europea y los Estados miembros deben elaborar una estrategia eficaz destinada a adecuar las oportunidades laborales actuales y futuras de la economía circular a los sistemas de EFP;

31.  Señala que, en la transición hacia una economía más digital, se está llevando a cabo una redefinición de los puestos de trabajo y las competencias; pide en consecuencia a los Estados miembros y a la Comisión que trabajen junto con el sector privado con objeto de desarrollar estrategias de capacitación y programas EFP para el reciclaje de los trabajadores;

Acceso: mejorar las opciones de movilidad de los jóvenes que estudian formación profesional

32.  Alienta la creación, basándose en el anterior programa Leonardo da Vinci, al que se hará referencia en las convocatorias de propuestas específicas de Erasmus+, de un marco que presente con la mayor claridad y precisión las posibilidades de movilidad para los jóvenes en el marco de la educación y formación profesionales, en particular a través de campañas multiplataforma de las autoridades públicas, con la participación coordinada de todas las partes interesadas que desempeñen un papel activo o influyan en la EFP;

33.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a prever los recursos financieros suficientes para apoyar los programas de movilidad, teniendo en cuenta las posibles barreras financieras; aboga por que se examine la cuestión de una mayor visibilidad sobre la manera en que las empresas completan los subsidios asignados o bien la posibilidad de facilitar otros tipos de ayuda; estima que debe garantizarse la complementariedad entre el Fondo Social Europeo (FSE) y Erasmus+, y ser objeto de seguimiento a fin de obtener resultados positivos;

34.  Pide una mejora de las sinergias entre las políticas y los instrumentos de la Unión que afectan a la movilidad y la educación, y en particular medidas complementarias entre el FSE y Erasmus +, así como una mayor coordinación de todas las acciones a todos los niveles (planificación nacional, regional y local);

35.  Reitera la necesidad de que se apliquen medidas orientadas a garantizar la coordinación, complementariedad y coherencia entre los Fondos Estructurales, incluido el FSE, y otros programas como Erasmus+, a escala nacional, regional y local;

36.  Destaca la necesidad de compensar los obstáculos derivados del menor nivel socioeconómico de los estudiantes de educación y formación profesionales a través de medidas como un posible aumento de los importes de las ayudas individuales de la Comisión, o de un aumento de las contribuciones de los Estados miembros y de las administraciones regionales y locales o de organismos intermedios y ONG, con independencia de que se financien a partir de su propio presupuesto o a través de regímenes de asociación con la participación de empresas, fundaciones y organizaciones que colaboran en el sistema de cualificación y formación profesional en su región o territorio;

De la movilidad a la empleabilidad: validación y reconocimiento de los resultados del aprendizaje, las aptitudes y las competencias

37.  Subraya que la adquisición de nuevas ideas diversas y creativas en el extranjero puede motivar e impulsar el espíritu empresarial y la creatividad; hace hincapié en que las oportunidades que ofrece la movilidad en el aprendizaje y la formación, como la creación de redes internacionales, también pueden tener efectos positivos en la empleabilidad, la cooperación transnacional y la competitividad de Europa;

38.  Considera que las medidas actuales y futuras para corregir los desajustes entre las competencias adquiridas y la oferta de empleo deben facilitar la participación de los empleadores, las empresas y las comunidades locales, y tener una vinculación más estrecha con las previsiones sobre la evolución del mercado de trabajo y las necesidades futuras de competencias;

39.  Hace hincapié en que existe una relación positiva entre la movilidad en el aprendizaje y la movilidad y los ingresos futuros, dado que los programas de movilidad de la Unión e internacionales potencian la empleabilidad de los participantes en el extranjero, como señaló en 2013 el Centro Común de Investigación de la Comisión; destaca que los programas de aprendizaje y los periodos de prácticas en el extranjero mejoran las competencias lingüísticas de los participantes (ocurre en el 79 % de los casos, según el Eurobarómetro de 2013)(11);

40.  Subraya la importancia de los programas de reciclaje en movilidad para desempleados de todas las edades o personas amenazadas por medidas de reestructuración;

41.  Llama la atención sobre la diversidad y el desarrollo desigual de los sistemas de validación y reconocimiento entre los Estados miembros, pese a una convergencia cada vez mayor en la última década; destaca la necesidad de mejorar la compatibilidad entre los distintos sistemas de educación y formación profesional y de facilitar la validación y el reconocimiento de las aptitudes y competencias adquiridas en empresas o centros de formación en otros Estados miembros, así como de incrementar el atractivo del programa Erasmus+; pide a los Estados miembros que mejoren la aplicación del Marco Europeo de Cualificaciones(12) y eliminen los obstáculos que persisten; anima a que se defina una norma europea, que sea aceptable y aplicable a todos los niveles (nacional, regional y local);

42.  Alienta la adopción de nuevas medidas para promover el reconocimiento y la validación de los resultados del aprendizaje, incluidos los obtenidos a través de la educación no formal e informal, en particular mediante una mejor utilización de los instrumentos existentes, como Europass y ECVET;

43.  Recuerda que, gracias al Marco Europeo de Cualificaciones (MEC), se han logrado avances importantes en lo que se refiere al reconocimiento de titulaciones, créditos, certificados de profesionalidad, acreditación de competencias y experiencia acumulada en el contexto de la EFP; aboga por la definición de objetivos específicos, entre ellos la aplicación de un sistema plenamente operativo de transferencia y reconocimiento de créditos, que se base en el ECVET; alienta al desarrollo de cualificaciones de EFP conjuntas que puedan garantizar el reconocimiento internacional de las cualificaciones;

44.  Defiende la elaboración de un Libro Verde sobre educación y formación profesionales y movilidad, así como el reconocimiento de las habilidades y competencias en Europa, que se redactaría en estrecha colaboración con todas las partes interesadas principales; recuerda que aún deben aplicarse plenamente las actuales recomendaciones en lo relativo a la educación y formación profesionales; señala que la falta de reconocimiento de las competencias incide negativamente en el objetivo de la Estrategia Europa 2020 relativo a los índices de empleo, y dificulta la libre circulación consagrada en los Tratados;

45.  Aboga por una mayor movilidad en el empleo, la educación, los programas de aprendizaje y los periodos de prácticas en el contexto de los programas nacionales de la Garantía Juvenil Europea con objeto de mejorar las competencias de los jóvenes y de reducir los desajustes geográficos entre las competencias adquiridas y la oferta de empleo en la Unión;

46.  Destaca la importancia de la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil en el apoyo de programas de aprendizaje, prácticas, EFP, empleo y educación complementaria que conducen a la cualificación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aseguren la asignación de una financiación adecuada a estos programas durante todo el periodo de programación 2014-2020;

47.  Insta a que se traduzca a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea el sitio web de la Unión «Skills Panorama» con el fin de convertirlo en una fuente de información accesible a todos sobre las competencias que se necesitan en toda Europa;

48.  Observa los progresos alcanzados para garantizar una mejor calidad de la EFP en numerosos Estados miembros, apoyados por el marco de la Garantía Europea de Calidad en la Educación y Formación Profesionales (EQAVET); anima a los Estados miembros que están desarrollando actualmente un enfoque nacional de garantía de la calidad de conformidad con la EQAVET; insiste en que los Estados miembros deben hacer más esfuerzos para garantizar que los acuerdos de garantía de la calidad tengan más en cuenta los resultados del aprendizaje y valoren y apoyen el aprendizaje no formal y el aprendizaje basado en el trabajo, en sus vertientes tanto formal como no formal, según convenga en el contexto nacional;

49.  Subraya que los programas de aprendizaje deben llevarse a cabo bajo la dirección de un supervisor competente;

Hacia unos programas de movilidad más eficientes, accesibles e integradores

50.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros, también en colaboración con el Cedefop, que definan y refuercen el papel de las instituciones intermediarias —territoriales y sectoriales— que intervienen en la preparación, la gestión y el seguimiento de la movilidad, exigiendo al mismo tiempo que apliquen las normas más elevadas en materia de transparencia, y que contribuyan a la creación de estas instituciones a nivel nacional, regional y local;

51.  Subraya la necesidad de que estas instituciones intermediarias cuenten con recursos presupuestarios y humanos adecuados de modo que las estructuras de gestión y organización de la movilidad puedan garantizar la participación de la red de escuelas de formación profesional y estén facultadas y capacitadas para establecer alianzas y acuerdos operativos con socios potenciales, tanto en su territorio nacional como en los Estados que participan en los programas de movilidad;

52.  Subraya la necesidad de que exista protección jurídica de los menores en el extranjero;

53.  Hace hincapié en que, dentro de Erasmus+, deben fomentarse y destacarse las acciones de movilidad y/o los servicios adaptados a las necesidades de formadores, tutores y empresarios;

54.  Señala que son necesarios regímenes coherentes, complementarios y bien coordinados de cofinanciación a escala europea, nacional, regional y local a fin de permitir que los centros de formación cubran todos los costes y planifiquen y ejecuten acciones permanentes;

55.  Celebra que Erasmus+ haya ampliado significativamente el número de beneficiarios de los programas de EFP entre aquellos jóvenes sin estudios universitarios o superiores;

56.  Apoya todas las medidas necesarias de acompañamiento que, en un primer momento, ayuden y alienten a los aprendices que desean participar en programas de movilidad y, posteriormente, les ayuden a comunicar mejor las competencias adquiridas gracias a la movilidad y a desarrollar su asertividad para hacer valer y rentabilizar sus conocimientos y su experiencia;

57.  Considera que los resultados formativos de los programas de aprendizaje deben concebirse y debatirse con el aprendiz en consonancia con los principios del ECVET antes del inicio de la formación del aprendiz, y que esos resultados deben figurar en el suplemento al certificado una vez completada la formación;

58.  Recalca la importancia de la calidad de la formación de los profesores y del seguimiento, la evaluación y el control de calidad en este ámbito, así como la necesidad de fomentar la inclusión y la tolerancia en los programas de movilidad;

59.  Destaca la necesidad de prácticas que puedan permitir a los estudiantes adquirir las competencias profesionales deseadas, además de resaltar la necesidad, a todos los niveles, de una comunicación fluida con los empresarios para que participen en el mayor reconocimiento de la experiencia adquirida por los jóvenes que se acogen a los programas de movilidad;

60.  Apoya todas las medidas que, en consonancia con los objetivos de Erasmus+, tomen los empresarios, las ONG o la sociedad civil para desarrollar los sistemas de movilidad destinados a jóvenes trabajadores o aprendices, ya sea por rama de actividad o mediante la interacción con organismos de representación de los diferentes sectores, como las cámaras de comercio e industria, además de las redes europeas como las Eurocámaras, y los sindicatos correspondientes; pide que se reconozca el papel de las cámaras de profesiones cualificadas y de sus centros de formación en el apoyo a la movilidad y a las empresas muy pequeñas; considera que todas las medidas adoptadas para mejorar los programas de EFP deben centrarse también en ámbitos que fomenten una energía sin emisiones de carbono y la movilidad sostenible;

61.  Recomienda que todas las partes interesadas principales trabajen en estrategias conjuntas destinadas a mejorar el retorno al lugar de origen de los aprendices o trabajadores en prácticas de formación profesional, o su movilidad hacia otras partes de Europa, respetando al mismo tiempo sus preferencias, con el objetivo de encaminar los conocimientos y la experiencia adquiridos «en el extranjero» hacia la corrección de los desequilibrios y la mejora de la cohesión en sus propias zonas de origen donde faltan capacidades o en otros lugares de Europa;

62.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen y apliquen eficazmente, por ser fundamental, una red europea que reúna a los laboratorios e incubadoras de empresas que promuevan alianzas de conocimiento entre escuelas, universidades y empresas, y fomenten el acceso a la formación, la adquisición de experiencia, la formación para docentes, el aprendizaje y las empresas emergentes;

63.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y refuercen la red europea de centros científicos (Ecsite), que agrupa a los centros de ciencia como lugares de acceso a la cultura científica;

64.  Pide la creación de un mecanismo de ventanilla única para la puesta en común de datos y herramientas de comunicación con el fin de proporcionar un servicio práctico y eficiente a las personas que buscan información y apoyo respecto de los diversos programas de movilidad existentes a escala de la Unión, nacional, regional y local;

65.  Pide a la Comisión que facilite estadísticas actualizadas y que lleve a cabo evaluaciones y/o estudios relativos a Erasmus+ y otros programas de movilidad de EFP, con el fin de medir sus efectos a la hora de adecuar la experiencia laboral con el empleo en relación con el índice de contratación, y que examine además por qué algunos Estados miembros están generando más solicitudes de empleos y experiencias de aprendizaje en el marco de la EFP en el extranjero y elabore un plan para que participen más activamente; considera que las estadísticas y evaluaciones resultantes deben incluirse y ser tomadas en consideración en la revisión intermedia de Erasmus+;

66.  Celebra las conclusiones alcanzadas por los ministros encargados de la educación y formación profesionales en Riga, el 22 de junio de 2015, proponiendo una nueva serie de objetivos a medio plazo en el ámbito de la EFP para el periodo 2015-2020, y pide que se apliquen de manera oportuna y exhaustiva;

67.  Subraya la importancia de promocionar los beneficios derivados de la movilidad en términos de empleabilidad y competencias adquiridas, a fin de mostrar su utilidad real y reducir la percepción de que esta supone una pérdida de tiempo para las formaciones que se basan a priori en competencias puramente nacionales;

68.  Aboga por una mejora de la promoción y la visibilidad para los jóvenes y las empresas de plataformas como Drop'pin@EURES, cuyo objetivo es facilitar la movilidad de los jóvenes en términos de programas de aprendizaje, prácticas, formación y en cursos de idiomas por medios electrónicos;

69.  Alienta a los Estados miembros a que promuevan todas las oportunidades que brinda el nuevo programa Erasmus+, que ofrece a los jóvenes posibilidades de estudios en el extranjero, pero también de aprendizaje y prácticas;

70.  Anima a introducir un nivel mínimo de subsidios, ajustado de conformidad con las variaciones en las condiciones de vida, los precios y los costes de los distintos Estados miembros; defiende la noción de que los Estados miembros deben introducir medidas para permitir un acompañamiento necesario y beneficioso cuando proceda, entre otros, para alojamiento y transporte, prestando especial atención a las necesidades de los menores, así como preparar a los estudiantes antes de su experiencia internacional, por ejemplo mediante orientación profesional, enseñanza de idiomas y comunicación intercultural;

71.  Pide una revisión del marco financiero plurianual (MFP) basada, entre otros criterios, en una evaluación previa de la eficacia de las medidas para combatir el desempleo, recortando partidas cuyo impacto sea limitado; considera que tal enfoque es especialmente importante en periodos de crisis, como el actual, marcado por desequilibrios inaceptables;

o
o   o

72.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

(1) DO C 155 de 8.7.2009, p. 1.
(2) DO C 119 de 28.5.2009, p. 2.
(3) DO C 311 de 19.12.2009, p. 1.
(4) DO L 347 de 20.12.2013, p. 50.
(5) DO C 398 de 22.12.2012, p. 1.
(6) DO L 390 de 31.12.2004, p. 6.
(7) DO C 199 de 7.7.2011, p. 1.
(8) DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.
(9) DO C 351 E de 2.12.2011, p. 29.
(10) DO C 111 de 6.5.2008, p. 1.
(11) http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_378_en.pdf.
(12) Véase la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente.


El papel de la UE en el marco de las instituciones y los órganos financieros, monetarios y reguladores internacionales
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre el papel de la UE en el marco de las instituciones y los organismos financieros, monetarios y reguladores internacionales (2015/2060(INI))
P8_TA(2016)0108A8-0027/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el principio de cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros, recogido en el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 121 y 138 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Protocolo n.º 14 del TFUE sobre el Eurogrupo,

–  Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la mejora del marco para la gobernanza económica y la estabilidad de la Unión, en especial en la zona del euro(1),

–  Vista su Resolución, de 11 de mayo de 2011, sobre la UE como actor mundial: su papel en las organizaciones multilaterales(2),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la gobernanza económica mundial(3),

–  Vista su Resolución, de 24 de junio de 2015, sobre la revisión del marco de gobernanza económica: evaluación y retos(4),

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre la construcción de una Unión de los Mercados de Capitales(5),

–  Visto el Informe del Grupo de alto nivel sobre supervisión financiera en la UE (Informe de Larosière), de 25 de febrero de 2009,

–  Visto el Informe de los cinco Presidentes, de junio de 2015, en el que abogan por la consolidación de la representación exterior del euro,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Asuntos Constitucionales (A8-0027/2016),

A.  Considerando que la estabilidad del sistema financiero, que condiciona la buena asignación de los recursos al crecimiento y al empleo, es un bien colectivo mundial;

B.  Considerando que la interdependencia creciente de las economías mundiales hace necesario avanzar hacia formas de gobernanza cada vez más globales;

C.  Considerando que si la Unión no es capaz de hablar con una sola voz en las instituciones y los organismos internacionales, las diferentes expresiones europeas deberían coordinarse para contribuir a la gobernanza mundial en la línea de los objetivos y los valores establecidos en los Tratados de la Unión;

D.  Considerando que la Unión debería contribuir a la creación de un marco democrático con el fin de hacer frente a los desafíos mundiales;

E.  Considerando que la cooperación a escala mundial puede redundar en la disolución de las responsabilidades y la falta de rendición de cuentas a expensas de la democracia, y que los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo no deberían ver reducida su función a dar el visto bueno, sino que deben incorporarse de forma activa y exhaustiva a todo el proceso de toma de decisiones;

F.  Considerando que las actuales instituciones internacionales, con sus diferentes estructuras de gobernanza y ámbitos de actuación propios, se crearon al hilo de la historia en respuesta a situaciones concretas, y que ello ha favorecido la complejidad y, en determinados casos, la duplicación de tareas y la consolidación de un sistema que puede resultar opaco y carente de una coordinación general;

G.  Considerando que el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el Reglamento (CE) n.º 1049/2001(6), en virtud del cual los ciudadanos de la Unión tienen derecho de acceso a los documentos, debería aplicarse a las instituciones y los organismos de la Unión que participan en organizaciones y organismos internacionales;

H.  Considerando que los Tratados establecen que todo ciudadano de la Unión y toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a acceder a los documentos de las instituciones, los organismos y las agencias de la Unión, cualquiera que sea su soporte (artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales), y que debe aplicarse el mismo grado de transparencia a las instituciones y los organismos de la Unión que participan en organizaciones y foros internacionales, en particular cuando establecen normas que afectan a los ciudadanos de la Unión;

I.  Considerando que la diversidad de las estructuras jurídicas y de las modalidades de financiación y funcionamiento de las organizaciones y los organismos económicos internacionales(7) dificulta la supervisión global, y que la coherencia de los procedimientos financieros y operativos es fundamental para garantizar la equidad de las condiciones en el plano internacional; que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) son organizaciones internacionales genuinas, creadas mediante convenios, con cometidos y composición amplios; que el G-20, el Consejo de Estabilidad Financiera (CEF) y el Comité de Basilea, por ejemplo, son foros públicos informales en los que participa un número limitado de Estados; que algunos de estos foros han recibido un nuevo impulso a causa de la crisis, y que la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV), la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (AIIS), la Organización Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (IOPS) y el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) son asociaciones privadas de carácter técnico y sectorial que implican en mayor o menor medida la participación de los sectores interesados;

J.  Considerando que entre el Parlamento Europeo y algunos de los mencionados organismos/organizaciones ya hay intercambios informales aunque no de manera sistemática;

K.  Considerando que la transparencia es importante para la democracia, al tiempo que debe tenerse debidamente en cuenta la protección de la información sensible para el mercado;

L.  Considerando que la urgencia de la situación ha llevado al G-20 a establecer una agenda global centrada en una serie de reformas efectivas y concretas, mientras que, a largo plazo, es esencial definir un verdadero marco multilateral y democrático que fundamente su legitimidad;

M.  Considerando que el papel respectivo de los bancos y los mercados en la financiación de la economía varía entre los Estados;

N.  Considerando que la crisis económica y financiera iniciada en 2 008 ha puesto de manifiesto una sorprendente falta de gobernanza económica y financiera en el mundo; que numerosas cuestiones macroeconómicas reclaman una mayor coordinación, especialmente en el ámbito de la fiscalidad, y que, por consiguiente, el objetivo común de todas las partes interesadas debe ser la elaboración de un marco general que consolide la estabilidad financiera y vele por la coherencia entre los niveles mundial y local;

O.  Considerando que la creación de nuevos organismos de supervisión de la Unión Europea no debería implicar automáticamente un aumento del número de representantes de la Unión, dado que este proceso puede socavar el principio democrático, aumentar la probabilidad de que se constituyan minorías de bloqueo y generar malestar entre los socios de la Unión;

P.  Considerando que el FMI ha decidido incluir el renminbi en la cesta de monedas que constituyen los derechos especiales de giro del FMI; que esta inclusión se ha traducido en una reducción del peso del euro y de la libra, pero no ha alterado el peso del dólar estadounidense, y que ello pone de relieve la necesidad de una voz europea más fuerte;

1.  Afirma la necesidad de reforzar la cooperación en los procesos de regulación a escala mundial, contando con la plena participación del Parlamento Europeo;

2.  Expresa su preocupación por la falta de coherencia como consecuencia de la fragmentación y la diversidad de los organismos y organizaciones, así como por los retrasos en la aplicación de normas y orientaciones acordadas a nivel internacional;

3.  Pide que se clarifiquen los ámbitos competenciales de cada organización u organismo, así como la forma en que operan y se financian, en particular en lo que se refiere a las contribuciones voluntarias, los regalos y las donaciones, con el fin de garantizar la inexistencia de intereses creados y la legalidad de las decisiones;

4.  Pide una mayor coherencia y coordinación de las políticas entre las instituciones que operan a nivel mundial mediante la introducción de normas generales de legitimidad democrática, transparencia, rendición de cuentas e integridad; considera que este planteamiento debería centrarse, entre otros aspectos, en:

   las relaciones con el público (por ejemplo en lo que se refiere al acceso público a los documentos, al diálogo abierto con las diferentes partes interesadas, a la elaboración obligatoria de registros de transparencia y a las normas que regulan la transparencia de las reuniones de los grupos de interés);
   las normas internas (por ejemplo en lo que se refiere a los recursos humanos basados en las competencias, a la buena gestión financiera y a la prevención de los conflictos de intereses);

5.  Considera que la representación insuficiente de los países menos desarrollados en la mayoría de las instituciones y los organismos financieros, monetarios y reguladores internacionales provoca desequilibrios que pueden ser la causa, a su vez, de que no se aborden adecuadamente las cuestiones relativas a las desigualdades o la financiación de los países más pobres;

6.  Considera que, además de la disparidad geográfica en la representación, hay también algunos sectores —en particular, la sociedad civil, las pymes y la representación de los consumidores y los trabajadores— cuya participación en las consultas desarrolladas en el marco en los debates internacionales sobre los organismos financieros, monetarios y reguladores sería susceptible de mejoras; considera, asimismo, que estos organismos y sectores tienen la obligación de esforzarse por mejorar esta situación;

7.  Considera que la Unión debe racionalizar y codificar su representación en las organizaciones y los organismos multilaterales con miras a reforzar la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de su participación en dichos organismos, así como su influencia y la promoción de la legislación adoptada como resultado de un proceso democrático; considera, por otra parte, que la Unión debería convertirse en un agente global más activo a la hora de garantizar los futuros compromisos del G-20, como la transformación del sistema bancario informal, la aplicación de las reformas relativas a los derivados OTC, la prevención de los riesgos sistémicos y la necesidad de integrar los riesgos emergentes para la economía mundial en los programas de las instituciones mundiales pertinentes;

8.  Pide a los actores europeos que presten mayor atención a la competitividad mundial de los sectores financieros de la Unión cuando elaboren las políticas tanto a nivel europeo como internacional;

9.  Recuerda que la Unión debería procurar integrarse como miembro de pleno derecho de las instituciones económicas y financieras internacionales en las que todavía no participa como tal cuando sea pertinente obtener dicho estatuto (por ejemplo, en la OCDE y el FMI); pide que las instituciones económicas y financieras internacionales introduzcan todas las modificaciones estatutarias necesarias para permitir la plena participación de la Unión Europea;

10.  Considera perjudiciales para la Unión las situaciones en las que un representante de un Estado miembro o de una autoridad nacional asume, en el contexto de una organización u organismo mundial, posiciones contrarias a las decisiones legislativas o reguladoras europeas adoptadas democráticamente por mayoría; pide, por consiguiente, que se refuerce y se haga más efectiva la coordinación entre estos representantes, por ejemplo, mediante mecanismos más vinculantes;

11.  Destaca la necesidad de que la Comisión, cuando represente a la Unión en un organismo o una organización internacional o supervise a un organismo especializado privado, deba rendir cuentas de forma más directa a los ciudadanos; destaca la importancia del papel del Parlamento en este proceso;

12.  Considera que se debería clarificar y formalizar la definición de las prioridades de las organizaciones y los grupos de trabajo conexos; estima que, con el recurso sistemático al consenso, no solo se corre el riesgo de ralentizar los trabajos, sino también de diluir el contenido de las recomendaciones, y que la composición de las organizaciones debe reflejar su diversidad en términos financieros, económicos y de supervisión;

13.  Destaca la necesidad de llevar a cabo evaluaciones ex ante a la hora de desarrollar políticas de regulación y supervisión, así como otras políticas del sector financiero a escala mundial; considera que dichas evaluaciones se entienden sin perjuicio de las prerrogativas políticas de los colegisladores;

14.  Considera que la aplicación de las recomendaciones por parte de los diferentes Estados participantes sigue siendo insuficiente para contribuir a la creación de un marco de condiciones equitativas a escala mundial;

15.  Señala que el CEF ha empezado a desarrollar normas en el sector de los seguros; reconoce que la AIIS desempeña un importante papel en la política mundial en materia de seguros, si bien destaca que la participación de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) tendría la ventaja de fortalecer la contribución de los conocimientos específicos europeos en materia de seguros y garantizaría que las normas elaboradas a nivel mundial no entraran en conflicto con la lógica que la Unión ha sido la primera en desarrollar;

16.  Acoge con satisfacción el trabajo realizado por la OCDE en materia fiscal, en particular el Proyecto OCDE/G20 de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS); considera que el seguimiento de su aplicación es el nuevo reto para el futuro; destaca que debe mejorarse la coordinación entre la Comisión y los Estados miembros que participan en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a fin de que la Unión haga oír su voz;

17.  Acoge favorablemente la voluntad del presidente del BCE de seguir cooperando con el Parlamento en lo que se refiere al papel del BCE en los asuntos bancarios, en particular en el marco de los organismos de normalización mundiales como el CEF;

18.  Celebra las modalidades de organización acordadas por los países de la zona del euro que son miembros del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras, que tienen una sola representación conjunta en el consejo de gobernadores;

19.  Formula, en consecuencia, las siguientes propuestas:

   pide a la Comisión que se inspire en las mejores prácticas a nivel europeo y nacional para elaborar un código de conducta europeo de la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas, con el fin de orientar las actuaciones de los representantes de la Unión en las organizaciones y los organismos internacionales; pide que se asocie estrechamente al Parlamento en el proceso de elaboración;
   destaca, en particular, su preocupación por lo que se refiere al estatuto, a la financiación y al funcionamiento de las organizaciones y los organismos mencionados, a su interacción con las autoridades, las partes interesadas y la opinión pública, a su política de comunicación y al acceso a sus documentos; destaca la necesidad de garantizar el equilibrio justo de los diferentes intereses, incluidas las ONG dotadas de las competencias técnicas y los recursos financieros suficientes, con el fin de reforzar la voz de la sociedad civil;
   pide a las instituciones y agencias europeas, así como a los Estados miembros, que promuevan la rendición de cuentas de todos los representantes europeos ante órganos elegidos democráticamente;
   pide que se adopte un acuerdo interinstitucional dirigido a formalizar un «diálogo financiero» organizado a solicitud del Parlamento Europeo con el fin de elaborar directrices sobre la adopción y la coherencia de las posiciones europeas en la fase previa a las grandes negociaciones mundiales, de tal forma que se garantice que dichas posiciones se debatan y se den a conocer ex ante, que se asegure su seguimiento y que la Comisión informe periódicamente acerca de la aplicación de dichas directrices y del proceso de control correspondiente; propone que se recabe la participación de las instituciones europeas, de los Estados miembros y, cuando proceda, de los dirigentes de las organizaciones internacionales interesadas; considera que la periodicidad y el formato del diálogo (público o a puerta cerrada) dependen de las exigencias prácticas; estima que es también necesaria la participación activa de los Parlamentos nacionales a sus niveles respectivos, mediante el control de las posiciones adoptadas por los representantes de los Estados miembros interesados;
   Considera que estas directrices más detalladas podrían complementarse mediante resoluciones proactivas de orientación que adoptaría el Parlamento con una periodicidad adecuada y en las que expondría su opinión sobre la orientación general de las políticas;
   Constata que, para las cuestiones respecto de las cuales el Parlamento Europeo es colegislador con el Consejo, este diálogo serviría para definir el mandato de negociación, de forma que se unificaran las posiciones europeas en torno a las opciones legislativas adoptadas por mayoría y se evitaran las incoherencias con la legislación pendiente de adopción;
   Pide a los representantes europeos que, en las negociaciones internacionales, presten especial atención a la coherencia y la consistencia entre las normas y exigencias internacionales y la legislación adoptada por la Unión con carácter vinculantes, así como al nivel de cumplimiento de las mismas, a fin de crear unas condiciones de competencia equitativas a escala internacional;
   Pide que se mejore la rendición de cuentas de la Comisión ante el Parlamento Europeo mediante la racionalización del proceso de definición de las posiciones de la Unión en las reuniones del G-20 en ámbitos políticos relativos al empleo, la energía, el comercio, el desarrollo y la lucha contra la corrupción;
   Pide a los Estados miembros que cumplan sin demora las disposiciones relativas a la cooperación leal;
   Pide a los Estados miembros que acepten la representación de la unión bancaria en el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea por medio del Mecanismo Único de Supervisión;
   Pide a la Comisión que incluya en su programa de trabajo la dimensión exterior de la normativa económica y financiera —esto es, el trabajo previsto en las instituciones financieras internacionales—, y que, con el fin de reforzar la coherencia de las políticas internas, cree un grupo de trabajo sobre la gobernanza económica mundial y las instituciones financieras;
   Toma nota de la iniciativa de la Comisión de avanzar hacia una representación única de la zona del euro en el FMI; considera que este proceso debe llevarse a cabo sin perjuicio de una circunscripción única de la Unión Europea a largo plazo;
   Recuerda que, en virtud del Protocolo n.º 14 del Tratado, el Eurogrupo asume la responsabilidad de una coordinación más estrecha entre los Estados miembros de la zona del euro, y que su naturaleza es temporal e informal, a la espera de que el euro se convierta en la moneda de todos los Estados miembros de la Unión; considera que la transparencia y la rendición de cuentas del Eurogrupo es susceptible de mejora; aboga por que, en la línea de la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012(8), que formula recomendaciones adicionales para la unión bancaria, económica, fiscal y política, debería encontrarse una solución más formal y duradera; recuerda que debe reforzarse la independencia del mandato del Comisario de Asuntos Económicos y Monetarios y acompañarse de mecanismos sólidos de rendición de cuentas ante el Parlamento y el Consejo;
   Considera que, más allá del caso único del FMI, debería llevarse a cabo en los próximos años una racionalización progresiva de la representación de la Unión, en primer lugar reforzando la coordinación, y seguidamente —tras un proceso de evaluación— unificando los puestos; estima que la pertenencia a estos organismos y organizaciones debería asignarse con arreglo a las competencias respectivas de las instituciones de la Unión y las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), el Consejo/Eurogrupo y las autoridades nacionales; opina que, simultáneamente, la Unión debería esforzarse por mejorar el funcionamiento de dichos organismos y organizaciones con el fin de evolucionar desde el sistema de consenso hacia un sistema de votación por mayoría ponderada;
   Destaca que incumbe a la Comisión, al Consejo o, en su caso, el Eurogrupo reforzar la coordinación mediante reuniones preparatorias; considera que deberían crearse nuevos grupos de trabajo ad hoc del Consejo a semejanza del Comité Económico y Financiero (CEF), el Grupo de trabajo sobre asuntos relativos al FMI (SCIMF), el Grupo de trabajo del Eurogrupo (EWG) y el Comité de Política Económica (CPE);
   Aboga por una evaluación exhaustiva de los dos puestos asignados actualmente por separado a las presidencias del Consejo Europeo y de la Comisión en las reuniones del G-20, con miras a determinar en qué medida esa doble representación afecta a la credibilidad exterior de la Unión, especialmente teniendo en cuenta la existencia del mercado único de servicios financieros; considera que, con miras a alentar la convergencia de los Estados miembros representados individualmente, es posible plantear varias mejoras que deberían contribuir a la consecución de una coordinación efectiva previa a las reuniones y promover la expresión de una voz europea sólida en las mismas;
   Pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que promuevan la elaboración de una hoja de ruta hacia la creación de una organización financiera mundial basada en tratados internacionales, siguiendo las orientaciones propuestas en el informe de Larosière, dotada de amplias competencias de recomendación y negociación de normas mínimas vinculantes, de mecanismos multilaterales de solución de diferencias y, en su caso, de los dispositivos sancionadores correspondientes; considera que la experiencia adquirida —en particular, en el sector comercial por medio de la OMC— podría utilizarse para establecer los mecanismos multilaterales de solución de diferencias mencionados; destaca que la organización propuesta debería estar sujeta a las normas más estrictas de transparencia y rendición de cuentas;
   Opina que debe dotarse a la Comisión de un mandato expreso para que imprima un nuevo impulso al fomento del multilateralismo en materia de cooperación financiera, monetaria y reguladora a nivel internacional;
   Pide a la Comisión que garantice que todas las propuestas legislativas de la Unión en el ámbito financiero sean complementaria a las acciones emprendidas a nivel mundial;

20.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 70 E de 8.3.2012, p. 41.
(2) DO C 377 E de 7.12.2012, p. 66.
(3) DO C 131 E de 8.5.2013, p. 51.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0238.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0268.
(6) Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).
(7) El Banco de Pagos Internacionales, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) tienen también competencias reguladoras; que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) desempeña un papel importante en la gobernanza económica mundial; el Banco Africano de Desarrollo (BAD), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Banco de Desarrollo del Caribe (BDC), el Banco de Desarrollo del África Occidental (BOAD), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB), el Grupo del Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD), la Asociación Internacional de Desarrollo (AID), la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI) apoyan la financiación de la cooperación para el desarrollo.
(8) Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de noviembre de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el informe de los Presidentes del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Eurogrupo titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria» (DO C 419 de 16.12.2015, p. 48).


Pesca costera artesanal en las regiones dependientes de la pesca
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre la innovación y diversificación de la pesca costera artesanal en las regiones dependientes de la pesca (2015/2090(INI))
P8_TA(2016)0109A8-0044/2016

El Parlamento Europeo,

—  Visto el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 y la Decisión 2004/585/CE del Consejo,

—  Visto el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,

—  Visto el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre las medidas en cuya adopción es necesario tener en cuenta las características y exigencias especiales de las regiones ultraperiféricas,

—  Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2012, sobre la pesca artesanal y de pequeña escala y la reforma de la política pesquera común(1),

—  Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre conocimiento del medio marino 2020: cartografía de los fondos marinos para el fomento de una pesca sostenible(2),

—  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2014, titulada «Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos» (COM(2014)0254),

—  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2010, titulada «Iniciativa emblemática de Europa 2020: Unión por la innovación» (COM(2010)0546),

—  Visto el Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y por el que se deroga la Decisión n.º 1982/2006/CE,

—  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de octubre de 2014, sobre la Comunicación titulada «Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos» (2015/C 012/15),

—  Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 21 de enero de 2015, sobre la Comunicación titulada «Innovación en la economía azul: aprovechar el potencial de crecimiento y de creación de empleo que encierran nuestros mares y océanos» (2015/C 019/05),

—  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de septiembre de 2012, titulada «Crecimiento azul — Oportunidades para un crecimiento marino y marítimo sostenible» (COM(2012)0494),

—  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—  Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre «Explotar el potencial de la investigación y la innovación en la economía azul para crear puestos de trabajo y crecimiento»(3),

—  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de mayo de 2013, titulada «Plan de acción para una estrategia marítima en la región atlántica — Promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2013)0279),

—  Visto el Libro Verde de la Comisión, de 29 de agosto de 2012, titulado «Conocimiento del medio marino 2020 - De la cartografía de los fondos marinos a las previsiones oceánicas» (COM(2012)0473),

—  Vista su Resolución, de 2 de julio de 2013, sobre el crecimiento azul: fomento del crecimiento sostenible en los sectores marino, del transporte marítimo y del turismo de la UE(4),

—  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de febrero de 2014, titulada «Una estrategia europea para un mayor crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo» (COM(2014)0086),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Pesca (A8-0044/2016),

A.  Considerando que la pesca costera representa el 80 % de la flota europea y, junto con el marisqueo, garantiza un alto nivel de empleo en las zonas costeras, islas y regiones ultraperiféricas, y generalmente constituye una forma de pesca social y ambientalmente sostenible de gran potencial; que su influencia sobre el patrimonio social y las características culturales de las zonas costeras e insulares es excepcional y diversa;

B.  Considerando que la mayor parte de la pesca costera e insular constituye una forma tradicional de pesca comercial, es decir, un modo de vida y la principal fuente de ingresos de la pesca y de creación de empleos directos e indirectos, sobre todo en las zonas que dependen de la pesca costera y que requieren medidas especiales y apoyo para facilitar el crecimiento y el desarrollo;

C.  Considerando que la pesca costera varía en gran medida entre los distintos Estados miembros y entre las distintas fachadas marítimas de un mismo Estado miembro en lo que se refiere a su definición y características básicas —una situación que será necesario rectificar y armonizar en el futuro en la política pesquera común (PPC)— y que existen importantes diferencias en cuanto a las características geográficas, climáticas, ecosistémicas y socioeconómicas entre los Estados miembros;

D.  Considerando las diferencias en las características de la pesca costera en los distintos mares de la Unión Europea, como el mar Adriático y el mar Mediterráneo en su conjunto, que difieren de las de la pesca en alta mar en el océano Atlántico, incluidas las costas de Guyana, y en la cuenca marítima del océano Índico;

E.  Considerando que el Reglamento (UE) n.° 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) define la pesca costera artesanal como la pesca practicada por buques pesqueros de eslora total inferior a 12 metros que no utilicen las artes de pesca de arrastre, y que se trata de la única definición de pesca costera existente en la legislación de la Unión;

F.  Considerando que la regionalización constituye una de las piedras angulares de la PPC reformada, en reconocimiento del hecho de que, habida cuenta de la enorme diversidad de las pesquerías europeas, no resulta adecuada la gestión centralizada; que, dada la propia naturaleza de la pesca costera e insular, la regionalización y un planteamiento no centralizado revisten especial importancia en este sector y en las comunidades a las que da servicio;

G.  Considerando que las operaciones financiadas por el FEMP pueden beneficiarse de un aumento de la intensidad de la ayuda de treinta puntos cuando se enmarcan en el contexto de la pesca costera artesanal;

H.  Considerando que el Reglamento (UE) n.° 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al FEMP impone a los Estados miembros en los que más de 1 000 buques pueden considerarse buques de pesca costera artesanal la elaboración de un plan de acción para el desarrollo, la competitividad y la sostenibilidad de la pesca costera artesanal;

I.  Considerando que la pesca costera debe administrarse con arreglo al Reglamento (UE) n.° 1380/2013, teniendo en cuenta la diversidad de las artes de pesca de las flotas, los condicionamientos geográficos y climáticos, las técnicas y las poblaciones de peces en cada Estado miembro y en cada zona de pesca, contribuyendo así a conservar las tradiciones y actividades locales relacionadas con la pesca;

J.  Considerando que, si cada zona de pesca presenta unas características propias, el intercambio de información y buenas prácticas entre las distintas zonas puede mejorar de forma considerable la repercusión de la actividad pesquera en el medio ambiente y los ecosistemas marinos, y hacer posible una interacción mejor entre todas las actividades humanas y económicas en las zonas costeras y sus inmediaciones;

K.  Considerando que los ingresos de la pesca artesanal se han reducido de forma considerable debido al importante incremento de los gastos operativos, en particular por el coste de los combustibles y la reducción del valor del pescado en la primera venta, lo que en muchas ocasiones exige un aumento del esfuerzo de pesca;

L.  Considerando que la gestión de distintas poblaciones de varias especies objetivo ha impuesto en muchas regiones serias restricciones a la pesca y a las pequeñas comunidades pesqueras;

M.  Considerando que, principalmente, en la pesca costera se utilizan artes y técnicas tradicionales como la almadraba, que, en razón de sus características específicas, definen la identidad y la forma de vida de las regiones costeras, y que existe la necesidad vital de preservar su uso y protegerlas como un elemento del patrimonio cultural, histórico y tradicional;

N.  Considerando que la pesca artesanal contribuye a la viabilidad de las comunidades costeras e insulares para frenar la creciente despoblación y luchar contra el envejecimiento en el sector de la pesca y el desempleo; que el desarrollo y la innovación pueden desempeñar un papel fundamental en la creación de empleo en estas comunidades; que, además, la pesca artesanal utiliza, en ciertas zonas, artes y técnicas de pesca seculares, que son más respetuosas con el medio ambiente y ejercen un menor impacto en la situación de las poblaciones amenazadas;

O.  Considerando que la pesca artesanal, costera y tradicional es respetuosa con el medio ambiente y es la base económica fundamental para el mantenimiento, el desarrollo y el empleo de las comunidades costeras e insulares;

P.  Considerando que, de conformidad con el Reglamento del Mediterráneo, la clasificación de artes de arrastre también incluye las redes de arrastre y las jábegas, aun cuando otras clasificaciones —como la de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura— consideren estas últimas como un grupo aparte de las artes de pesca; que las disposiciones relativas a las redes de arrastre no deben aplicarse a las jábegas costeras tradicionales, que se utilizan para la captura de especies que no están en peligro;

Q.  Considerando que, pese a que se hable de innovar y diversificar el sector de la pesca, es necesario tener presente que una vasta comunidad pesquera depende en grado sumo de formas de pesca tradicionales y seculares;

R.  Considerando que la nueva PPC reconoce la importancia de las regiones costeras e insulares dependientes de la pesca, y que los Estados miembros, al desempeñar su función para garantizar un nivel de vida adecuado a aquellos que dependen de las actividades pesqueras, contribuir a la consecución de dicho nivel en el contexto de la pesca costera y promover la sostenibilidad de la pesca costera y la diversificación de las actividades de la pesca y la renta de los habitantes de estas zonas costeras, teniendo en cuenta su realidad socioeconómica y los factores ambientales, también deberían hacer hincapié en la importancia de la formación de los pescadores y de su salud y seguridad en el mar; que lo anterior está en consonancia con la protección especial prevista por el artículo 174 del TFUE;

S.  Considerando que el nuevo Reglamento sobre la política pesquera común otorga un acceso preferente a los pescadores de pesca artesanal, costera y tradicional en una zona de 12 millas náuticas, es decir, en las zonas más sensibles de las aguas de la Unión, y que la evaluación del antiguo Reglamento sobre la política pesquera común reveló que las zonas de 12 millas habían sido uno de los pocos logros del anterior régimen de gestión, que fue objeto de numerosos conflictos respecto al uso del espacio y los recursos con otras actividades humanas que se superponen en la franja costera;

T.  Considerando que el artículo 349 del TFUE establece que, al adoptar medidas, especialmente las medidas relativas al sector de la pesca, deben tenerse en cuenta las características y condicionamientos especiales de las regiones ultraperiféricas, haciendo hincapié en su aislamiento geográfico, localización remota y características oceánicas, en un contexto regional a menudo muy específico y necesitado de autonomía alimentaria;

U.  Considerando, en particular, que la pesca costera en las regiones ultraperiféricas es consubstancial al desarrollo económico de las mismas, debido a sus características geográficas y a su gran alejamiento del continente;

V.  Considerando que la pesca costera en las regiones ultraperiféricas también se enfrenta a la competencia de los buques con pabellón de terceros países que faenan en las mismas zonas de pesca y capturan las mismas especies, para comercializarlas en los mismos mercados, así como a la competencia de las importaciones procedentes de terceros países, en los que los costes de explotación y las exigencias normativas, sanitarias y medioambientales no son comparables; que, por esta razón, todo esfuerzo en pos del desarrollo endógeno y la autosuficiencia alimentaria será en vano sin el apoyo de la política específica de la Unión en estas regiones;

W.  Considerando que, en las regiones ultraperiféricas, la acuicultura marina participa, al igual que la pesca costera, en el desarrollo económico y el abastecimiento local de productos frescos;

X.  Considerando que la mayoría de las regiones costeras, especialmente las de los países del sur de Europa y las regiones insulares, afrontan una importante crisis económica, lo que tiene como consecuencia la pérdida de población y el éxodo de sus habitantes, que buscan nuevas oportunidades en regiones que ofrecen mejores perspectivas para el empleo y la educación;

Y.  Considerando que la crisis europea ha demostrado la necesidad de que Europa diversifique sus actividades económicas y la importancia de analizar nuevos modelos de innovación y conocimiento que puedan crear puestos de trabajo a escala local;

Z.  Considerando que algunas regiones pesqueras costeras están situadas cerca de regiones desarrolladas desde el punto de vista económico y de destinos turísticos, pero son incapaces de alcanzar un crecimiento económico adecuado; que dichas regiones se ven sometidas a una presión cada vez mayor para que utilicen los recursos del mar, y que se está marginando al sector pesquero en favor del turismo, cuando ambos sectores son compatibles y complementarios;

AA.  Considerando que el cuaderno diario de pesca suele representar una carga administrativa para las pequeñas empresas de la pesca costera y que sería deseable más flexibilidad;

AB.  Considerando que esta presión del sector turístico sobre las zonas costeras está provocada por ciertas actividades específicas, como la pesca recreativa incontrolada, que, en algunas zonas, afectan a los recursos del mar y las oportunidades de emprendimiento de las poblaciones de las zonas pesqueras tradicionales;

AC.  Considerando que es de vital importancia la creación de grupos de acción local del sector pesquero en las zonas que dependen de la pesca, ya que tales agrupaciones se reconocen como un instrumento útil que brinda oportunidades y posibilidades para la diversificación de las actividades de pesca, lo que en última instancia conduce al desarrollo general de las regiones costeras e insulares y a su vertebración social, siendo necesario un mayor incremento de los recursos económicos para la creación y acción de dichos grupos en el territorio;

AD.  Considerando la invisibilidad de las mujeres mariscadoras y la subrepresentación en la actividad pesquera en general de las mujeres;

AE.  Considerando la invisibilidad del colectivo de mujeres del mar que representan las rederas, neskatillas y empacadoras;

AF.  Considerando que la crisis económica también se está haciendo sentir en el sector de la pesca —especialmente en los grupos de población más perjudicados por la situación de desempleo como son los jóvenes y las mujeres— y, por tanto, son necesarias la diversificación y la innovación para aumentar el empleo, aprovechar las nuevas posibilidades como el desarrollo azul y verde, y evitar y combatir la marginación de la pesca en las regiones en desarrollo y periféricas; que debe prestarse especial atención a la formación profesional;

AG.  Considerando que puede llevarse a cabo la diversificación en las regiones costeras e insulares a través de actividades relativas a la promoción y comercialización de los productos de la pesca, la gastronomía, el turismo, el patrimonio cultural, histórico y tradicional, el medio ambiente y el crecimiento ecológico;

AH.  Considerando que está desarrollándose el concepto de economía azul y que puede suponer un fuerte impulso al crecimiento y al desarrollo económico, así como a la creación de empleo, en especial en los países y regiones costeros e insulares y en la regiones ultraperiféricas;

AI.  Considerando que las comunidades costeras e insulares son una parte interesada fundamental en la materialización del concepto de la economía azul;

AJ.  Considerando que la iniciativa «Unión por la innovación» de la Unión ha reconocido e identificado deficiencias que limitan e impiden el desarrollo de la investigación y la innovación, por ejemplo, la inadecuación de la inversión en la ciencia, la falta de datos adecuados sobre los mares y océanos, una financiación insuficiente y una falta de cooperación entre los sectores público y privado;

AK.  Considerando que el desarrollo de la economía azul contribuiría al crecimiento económico en general —y, en particular, en las regiones costeras, insulares y ultraperiféricas— y que son precisamente las regiones que dependen de la pesca las que pueden desempeñar un papel clave en el desarrollo de innovaciones y deben participar en todas las fases del desarrollo de la economía azul;

AL.  Considerando que, en el sector de la pesca, al igual que en otros sectores, el medio ambiente y la economía deben ir de la mano; que el desarrollo de la economía azul debe centrarse, por tanto, en la economía social y en proyectos y actividades sostenibles y respetuosos con el medio ambiente con miras a la introducción de actividades costeras de desarrollo y a la conservación del medio ambiente marino y la biodiversidad en general, apoyando en particular las actividades de la pesca artesanal respetuosas con el medio ambiente que fomentan la biodiversidad; que estos proyectos y actividades tienen que ser también sostenibles desde el punto de vista social y económico para asegurar que la actividad pesquera artesanal siga siendo viable;

AM.  Considerando que la economía azul puede contribuir también a la mejora de la seguridad a bordo de los buques de pesca y a las condiciones de trabajo y el bienestar cotidiano de los pescadores;

AN.  Considerando que los objetivos medioambientales y de mayor selectividad se aplican al mismo nivel, pero que el cumplimiento de la obligación de desembarque de los descartes resultará difícil para los buques de pequeño tamaño;

AO.  Considerando que, en el contexto de las cuestiones relativas a la protección del medio ambiente, se han subestimado las influencias antropogénicas, es decir, las actividades humanas, en las regiones costeras; que no se han reconocido o evaluado adecuadamente los efectos acumulativos de las diferentes actividades en las regiones costeras; que las actividades que tienen lugar en algunas zonas, como el transporte marítimo, el turismo, la pesca recreativa incontrolada y exhaustiva en ciertas áreas, la comercialización de especies procedente de esta actividad, la pesca furtiva, las aguas residuales urbanas e industriales del interior, etc., afectan en particular al sector de la pesca;

AP.  Considerando que el conocimiento del medio marino, concretamente del estado del ecosistema marino, es fundamental para evaluar el impacto medioambiental de diversas actividades, como el establecimiento de medidas de conservación adecuadas y programas de seguimiento con el objetivo de promover la recuperación de las poblaciones de peces, el uso sostenible de los recursos y el desarrollo de innovaciones; que los datos sobre el medio marino son insuficientes y no están suficientemente sistematizados;

AQ.  Considerando que, en determinadas regiones, la pesca ilegal representa una auténtica amenaza para la permanencia de la pesca costera artesanal y para la conservación de los recursos pesqueros y la biodiversidad;

AR.  Considerando que la política marítima integrada pretende responder a los nuevos retos a los que se enfrentan los mares, la industria y los pescadores en toda Europa, desde la protección del medio ambiente al desarrollo costero, empleando la acuicultura, el turismo náutico u otras actividades económicas relacionadas con el crecimiento azul.

1.  Pide a la Comisión que adapte la definición de pesca costera, pesca costera artesanal y pesca tradicional en función de las características socioeconómicas y las especificidades de los distintos territorios y no solo en función de las dimensiones y la potencia de los buques pesqueros, puesto que la actual normativa de la Unión no es satisfactoria; propone que se recurra a la regionalización para adaptar la definición de pesca costera caso por caso en función de las características específicas de las pesquerías; propone, asimismo, que se tengan en cuenta varios criterios indicativos, como las dimensiones de los buques, las artes de pesca utilizadas, la selectividad de las técnicas de pesca, la duración de las mareas o el hecho de que esté embarcado el patrón de pesca, las fórmulas tradicionales de emprendimiento y estructuras de la propiedad y empresariales que funcionan tradicionalmente en estas zonas, la implicación del sector extractivo en las actividades de transformación y comercialización, la verdadera naturaleza y dimensión de la actividad extractiva y otros factores vinculados a las actividades tradicionales, el arraigo de los emprendedores o la influencia en la vida local;

2.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de permitir la pesca costera artesanal en las comunidades insulares cuyo sustento haya dependido tradicionalmente de la pesca y que desarrollen actividades pesqueras durante todo el año;

3.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen de forma progresiva las cuotas asignadas a la pesca artesanal, a fin de favorecer este tipo de pesca, que es sostenible desde el punto de vista social y ecológico;

4.  Pide a la Comisión que apoye los proyectos innovadores y las disposiciones jurídicas que faciliten el desarrollo de las regiones costeras, insulares y ultraperiféricas, teniendo en cuenta la diversidad de las actividades socioeconómicas, como medida para impulsar las externalidades positivas de la pesca artesanal, tanto desde el punto de vista de la cohesión social y económica como de la protección medioambiental, recurriendo a nuevos tipos de ayuda encuadrados en las financiaciones europeas que ya existen; hace hincapié en que se debe conceder prioridad a los proyectos que se centren en una creación y conservación sostenibles de puestos de trabajo, la participación progresiva del sector extractivo en la transformación y comercialización, la promoción de fórmulas de emprendimiento vinculadas a la economía social, la promoción de las cadenas cortas de comercialización, la introducción de nuevas tecnologías en la promoción y venta de productos y servicios pesqueros, innovación en el desarrollo de nuevos productos y servicios y el mantenimiento y protección de oficios tradicionales;

5.  Considera que, al revisar el marco de medidas técnicas, se deberían tener en cuenta las características específicas de la pesca costera y permitir determinadas excepciones debidamente justificadas en el marco de la regionalización;

6.  Pide a la Comisión que coordine una investigación a escala europea sobre el impacto que tiene la pesca recreativa en el litoral sobre las actividades de la pesca tradicional y que defina igualmente los parámetros que deben limitarla en ciertas zonas; solicita que se extreme el control sobre esta actividad para evitar interferencias entre el sector extractivo y estas prácticas, que son ya preocupantes en zonas ultraperiféricas con sectores turísticos potentes;

7.  Insta a los Estados miembros a que den prioridad a la pesca costera artesanal al conceder las financiaciones del FEMP y que simplifiquen los procedimientos para los operadores de esta pesca;

8.  Anima a las autoridades que se encargan de la promoción de estas actividades a implicar en los procesos de innovación a todos los agentes locales, organizaciones de emprendedores, institutos de investigación pesquera y oceanográfica, universidades, centros tecnológicos e instituciones locales y regionales para propiciar que los proyectos planteen actuaciones integrales, mejoren sus posibilidades de financiación y dispongan de la asistencia suficiente para cumplir los requisitos establecidos en el Fondo Europeo para la Pesca;

9.  Pide a la Comisión que informe al Parlamento de los planes de acción para el desarrollo, la competitividad y la viabilidad de la pesca costera artesanal elaborados por los Estados miembros en el marco del FEMP;

10.  Pide a la Comisión que ponga en marcha las medidas necesarias para apoyar a los diferentes colectivos de mujeres del sector marítimo fomentando su participación y representación en todos los ámbitos, tanto de decisión como en las actividades pesqueras;

11.  Pide a la Comisión que introduzca medidas específicas para el reconocimiento y la mejora de las condiciones de trabajo del colectivo de rederas, neskatillas, descargadoras y empacadoras;

12.  Pide a la Comisión que, en estrecha coordinación con los Estados miembros, refuerce el papel de la Red Europea de Zonas de Pesca (FARNET), que presta una importante asistencia a los grupos de acción local del sector pesquero;

13.  Pide a la Comisión que, a través del incremento de recursos económicos, fomente e impulse la creación y la actividad de grupos de acción local del sector pesquero, ya que, mediante un trabajo de apoyo y asesoramiento constante y directo al sector pesquero, están promoviendo un modelo de desarrollo sostenible y socialmente inclusivo de las zonas pesqueras, dinamizando la participación de jóvenes y de mujeres en nuevos proyectos empresariales y contribuyendo a la innovación, la renovación de infraestructuras, la inversión económica y la diversificación, así como a los planes de gestión locales por las propias pesquerías; pide a la Comisión que refuerce el papel y las funciones de las autoridades competentes en materia de desarrollo de nuevas actividades innovadoras y que trabaje en estrecha coordinación con los distintos operadores del sector;

14.  Pide a la Comisión que ayude a consolidar el papel de las comunidades pesqueras en el desarrollo local y la gobernanza de los recursos pesqueros y las actividades marítimas locales;

15.  Pide a la Comisión que considere el especial papel que desempeñan las mujeres en la economía de las zonas litorales y que actúe en consonancia, como ya se ha hecho en el ámbito de la agricultura; pide que se reconozca la aportación que en términos de PIB realizan las mujeres en empleos auxiliares, así como la especial importancia de su aportación en hogares en los que tradicionalmente la división por géneros de las tareas deja en manos exclusivamente masculinas el trabajo extractivo; exige el reconocimiento profesional a todos los niveles de los oficios tradicionales femeninos en el sector y pide que se planteen programas específicos destinados a apoyar el emprendimiento femenino en estas zonas;

16.  Pide a la Comisión que fomente y apoye las inversiones destinadas a la diversificación del sector pesquero a través del desarrollo de actividades complementarias y la polivalencia de los oficios de la pesca, incluidas las inversiones en embarcaciones, equipos de seguridad, formación profesional, servicios medioambientales relacionados con la pesca y actividades culturales y educativas, prestando especial atención a la protección del medio ambiente y el fomento de un crecimiento sostenible; destaca que el objetivo central debe ser consolidar unas actividades con viabilidad social, medioambiental y económica, y capaces de generar empleo particularmente entre los colectivos de jóvenes y mujeres; subraya que la acuicultura marina es compatible con la pesca costera en las regiones ultraperiféricas, y complementaria de la misma, y pide a la Comisión que apoye el desarrollo de las técnicas de cría y selección de variedades en las aguas cálidas de las zonas tropicales o subtropicales; pide a la Comisión que ponga en valor el papel desempeñado por las mujeres en el ámbito de la pesca costera artesanal y todas sus actividades asociadas;

17.  Pide a la Comisión que favorezca la creación y el desarrollo del turismo pesquero, con la finalidad de aplicar una estrategia comercial diferenciada acorde con las posibilidades de este segmento y que satisfaga de forma más efectiva sus necesidades, apuntando hacia una nueva forma de turismo donde imperen la calidad, la flexibilidad, la innovación y la preocupación por la protección del patrimonio histórico y cultural de las zonas pesqueras, del medio ambiente y de la salud, entre otros aspectos; pide a la Comisión, asimismo, que fomente y apoye las inversiones en el sector pesquero relacionadas con el turismo, con objeto de crear una oferta turística diferenciada promoviendo la gastronomía ligada a los productos de la pesca artesanal, la práctica de la pesca deportiva, las actividades subacuáticas, el submarinismo, etc., contribuyendo así a una explotación sostenible del patrimonio pesquero y a la notoriedad de regiones pesqueras específicas;

18.  Destaca la importancia creciente de las actividades náuticas deportivas para la dinamización de las comunidades locales, sobre todo en temporada baja, a través de nuevos proyectos de actividades subacuáticas, de submarinismo o de otros deportes náuticos, como el surf o el bodyboard;

19.  Pide a la Comisión que, para favorecer la creación y desarrollo del turismo pesquero, fomente y apoye activamente las inversiones destinadas a la diversificación de la pesca en el ámbito de la cultura y el arte como parte del patrimonio tradicional (artesanía, música y danza) y que favorezca las inversiones en la promoción de las tradiciones, la historia y el patrimonio pesquero en general (artes de pesca, técnicas, documentos históricos, etc.) mediante la apertura de museos y la organización de exposiciones que estén en estrecha relación con la pesca costera;

20.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de permitir la explotación mixta de los buques que se dedican a las actividades extractivas para que, sin perder este propósito, puedan albergar otro tipo de actividades vinculadas al sector recreativo y turístico, como la organización de singladuras divulgativas o de actividades de transformación, didácticas, gastronómicas, etc., siguiendo el esquema que en el sector rural funciona en las granjas-escuela o el agroturismo;

21.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se ocupen, a través de sus organismos de gestión, de que la pesca costera artesanal se beneficie de la parte del FEMP que le corresponde, en particular a la vista de las cargas administrativas a que se enfrenta;

22.  Insta a la Comisión a que adopte medidas que faciliten y fomenten la movilidad entre las profesiones relacionadas con el mar;

23.  Pide que, en determinadas condiciones, se pongan a disposición pública los resultados de las investigaciones y proyectos financiados con fondos públicos, que se garantice una divulgación más eficaz de los datos existentes sobre mares y océanos y un mayor acceso a los mismos, y que se eliminen las barreras administrativas actuales al crecimiento y el desarrollo de la innovación;

24.  Insta a la Comisión a que mejore la normativa introduciendo mecanismos de vigilancia de la asignación equitativa de las cuotas a la pesca artesanal, por lo que respecta a las especies compartidas;

25.  Destaca que el principal producto de la pesca es el propio pescado y que es fundamental potenciar las distintas formas de uso del mismo, en especial por lo que respecta a las conservas y a la utilización de los subproductos de la pesca; pide a la Comisión que fomente y apoye activamente las inversiones destinadas a la diversificación del sector pesquero por lo que respecta a la comercialización y la transformación de los productos locales de la pesca, y que favorezca el desarrollo de canales de distribución locales y la promoción de estos productos mediante la creación de distintivos y/o marcas locales para productos frescos, apoyando la creación de proyectos empresariales locales para la realización de estas actividades; destaca que esta modalidad de fomento de la innovación debe abarcar, en particular, el desarrollo de etiquetas y sellos que garanticen la calidad de los productos de la pesca local;

26.  Pide más flexibilidad en lo concerniente al cuaderno diario de pesca para los buques de eslora inferior a 12 metros, en especial por lo que respecta a la obligación de enviar los documentos en un plazo de 48 horas, ya que ello supone una carga administrativa considerable; propone, a este respecto, que se conceda una excepción a esta obligación para los buques que comercialicen toda su pesca en las lonjas, lo que permitiría recabar la información requerida sin imponer una carga administrativa innecesaria;

27.  Alienta la creación de zonas marinas protegidas, lo que fomentará unos recursos pesqueros sostenibles y hará más fácil controlar y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; hace hincapié en la necesidad de que la Unión proporcione el asesoramiento, la coordinación y el apoyo adecuados a los Estados miembros a este respecto;

28.  Pide que se apoye firmemente la labor de las mujeres, ya que desempeñan un papel esencial en la pesca artesanal; destaca, particularmente, las tareas fundamentales que realizan las mujeres en la cadena de transformación y su función esencial en el marisqueo;

29.  Observa que, por estar sometida a importantes costes adicionales, la pesca costera de las regiones ultraperiféricas se beneficia de un régimen de compensación reconocido en el marco del FEMP; pide a la Comisión que amplíe dicho régimen introduciendo un mecanismo específico para las regiones ultraperiféricas, similar al programa POSEI del sector agrícola;

30.  Pide a la Comisión que apoye la introducción de productos frescos procedentes de la pesca artesanal, el marisqueo y la acuicultura extensiva sostenible a pequeña escala en los comedores públicos (centros de enseñanza, hospitales, restaurantes, etc.);

31.  Insiste en las características específicas de las regiones ultraperiféricas, asociadas a su alejamiento e insularidad; recuerda que esas especificidades generan costes adicionales para la pesca costera en dichas regiones, que conviene compensar plenamente en el marco del FEMP;

32.  Observa que las flotas de pesca costera de las regiones ultraperiféricas están con frecuencia anticuadas, lo que plantea problemas en materia de seguridad a bordo; pide a la Comisión que proponga una revisión del Reglamento (UE) n.° 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al FEMP, a fin de autorizar las ayudas a la renovación de los buques de la pesca costera artesanal en las regiones ultraperiféricas, a condición de que con ello no se aumente la capacidad;

33.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que proporcionen acceso a la información marina y ecológica en aras de la transparencia, la innovación y el desarrollo, y que garanticen el acceso de todas las partes interesadas a la información científica elaborada con ayuda de cofinanciación pública;

34.  Insiste en el potencial, en gran medida aún sin explotar, de los océanos y las zonas litorales y costeras en términos de desarrollo, empleo, autonomía energética, innovación y desarrollo sostenible; considera que el reconocimiento por la Unión del potencial y la función de estas zonas reforzaría el atractivo y el desarrollo de las regiones costeras, insulares y ultraperiféricas;

35.  Manifiesta su preocupación por la aplicación del programa Horizonte 2020 en el ámbito de la economía azul, ya que constituye el principal programa de investigación y desarrollo de la innovación a escala europea; defiende la creación de una comunidad de conocimiento e innovación (CCI) de la economía azul integrada en Horizonte 2020, que contribuya a reforzar las actividades en las regiones costeras a través de asociaciones público-privadas de carácter transnacional;

36.  Aboga por la utilización de los fondos dedicados a la innovación y al crecimiento azul para financiar la investigación fundamental, la I+D, la formación, la creación de empresas, la protección ambiental y la comercialización de productos y procesos innovadores;

37.  Pide a la Comisión que ofrezca ayuda como parte de las iniciativas para la gestión directa de financiación de proyectos centrados en la pesca costera y el desarrollo de las regiones costeras;

38.  Destaca la importancia de los instrumentos de protección del medio ambiente, como las evaluaciones de impacto ambiental de cada proyecto y las evaluaciones ambientales estratégicas aplicadas a estrategias, planes y programas, que contribuyen a una pesca sostenible;

39.  Destaca la importancia de la política marítima integrada para el futuro de las regiones que dependen de la pesca y entiende que se debe apostar cada vez más por la estrategia de crecimiento azul; indica que, a largo plazo, se pretende apoyar el crecimiento sostenible en el conjunto de los sectores marinos y marítimos, reconociendo la importancia de los mares y océanos como motores de generación y creación de empleo en las regiones costeras;

40.  Subraya que las regiones costeras e insulares, así como las regiones periféricas, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la innovación y que deben participar en todas las fases del desarrollo de la economía azul;

41.  Destaca la importancia del FEMP, que presta especial atención a la diversificación y la innovación en el sector pesquero, en apoyo de una pesca sostenible por lo que respecta a su dimensión socioeconómica y al medio ambiente, innovadora, competitiva, eficaz y basada en el conocimiento; defiende la necesidad de incrementar la financiación del eje 4 del FEMP a fin de ayudar a los habitantes de las comunidades pesqueras a mejorar sus condiciones de vida mediante el desarrollo de nuevas actividades; pide a la Comisión que valide las versiones regionales del FEMP en el plazo más breve posible;

42.  Destaca la importancia de reforzar la relación entre las comunidades locales y las universidades y centros tecnológicos, pues ello contribuirá de forma decisiva a la creación de viveros de empresas para generar nuevas ideas de negocio en el ámbito marítimo;

43.  Pide a la Comisión que promueva activamente los proyectos que favorecen la innovación y el desarrollo tecnológico, y tienen como objetivo la concepción o introducción de nuevos productos, equipos y técnicas, así como de nuevos o mejores sistemas de gestión y organización; pide a la Comisión que fomente y aliente el intercambio de información y buenas prácticas entre las distintas zonas pesqueras para estimular el desarrollo de métodos de pesca innovadores y sostenibles; considera imprescindible, a este respecto, incorporar módulos destinados a la formación de emprendedores y la diversificación en las escuelas profesionales náutico-pesqueras;

44.  Pide a la Comisión que incentive la creación de nuevos negocios innovadores en las regiones que dependen de la pesca mediante el fomento del espíritu empresarial y la creación de empresas emergentes con buenas posibilidades de prosperar en el sector marítimo, de forma que contribuyan a diversificar la actividad de la pesca costera tradicional, crear empleo y atraer o mantener a la población;

45.  Pide a la Comisión que, cuando elabore propuestas legislativas sobre el uso de técnicas y artes de pesca, aplique un enfoque selectivo para tener en cuenta el impacto real de dichas técnicas y artes en los recursos de la pesca artesanal en cada una de las zonas pertinentes; pide a la Comisión que toda iniciativa legislativa sea sometida previamente a un estudio de impacto riguroso en el que se tengan en cuenta los factores específicos de cada área pesquera; considera que la adopción de un enfoque no selectivo respecto del uso de técnicas y artes de pesca está afectando gravemente la viabilidad de las comunidades insulares y costeras, ya de por sí marginadas, causando una mayor despoblación y obstaculizando el desarrollo y la innovación; cree que se debe efectuar una discriminación positiva por lo que respecta a la pesca costera artesanal; opina que este enfoque, al igual que la propuesta de prohibición de las redes de enmalle de deriva, sugiere que la Comisión aún se está adaptando al planteamiento descentralizado que los colegisladores han decidido adoptar en el contexto de la reforma de la PPC; recuerda a la Comisión que debe actuar dentro del marco de regionalización que establece el nuevo Reglamento de la PPC;

46.  Señala que los ecosistemas marinos costeros son sensibles e insta a los Estados miembros y a la Comisión a que evalúen el impacto ambiental de todas las actividades que puedan afectar la sostenibilidad de las poblaciones de peces, como el transporte marítimo y de otra índole, los residuos, la contaminación de los acuíferos, las actividades extractivas o la construcción de nuevas instalaciones turísticas en el litoral, con arreglo al principio de precaución;

47.  Recomienda a la Comisión que tenga en la más alta consideración la importancia socioeconómica de la pesca costera artesanal y la pesca a pequeña escala en la Unión, la adopción de métodos alternativos para la definición de los segmentos de la flota y la importancia de la diversificación de la actividad en las regiones costeras muy dependientes de la pesca; señala que es necesario recabar un conjunto de información científica que permita mejorar la gestión de las pesquerías artesanales, a fin de que sean sostenibles desde los puntos de vista biológico, social, económico y medioambiental;

48.  Pide a la Comisión que agilice el proceso de transposición del acuerdo de los interlocutores sociales acerca de la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007, de la Organización Internacional del Trabajo, en un instrumento legislativo de la Unión adecuado;

49.  Pide a la Comisión que, de acuerdo con la clasificación técnica de las artes de pesca establecida en el Reglamento del Mediterráneo, tenga en cuenta las diferencias entre redes de arrastre y jábegas, con el fin de proponer las mejores disposiciones para un uso más sostenible de cada una de ellas, de acuerdo con los dictámenes científicos más recientes;

50.  Pide a la Comisión que vele por que se revise la evaluación de la situación de las poblaciones de peces por lo que respecta a la pesca costera, e insiste en que es necesario analizar el impacto de la pesca artesanal sobre las poblaciones de peces, sin olvidar las técnicas más sostenibles como la pesca del atún, ya que las especies objeto de la pesca costera tienen un gran valor socioeconómico, aunque tan solo representen una pequeña parte de las capturas totales, pero son muy importantes para la supervivencia de los pescadores que obtienen de ellas su renta diaria;

51.  Manifiesta su preocupación por la pérdida de técnicas y habilidades tradicionales de pesca a causa de normativas desfavorables que afectan a las comunidades costeras;

52.  Pide a la Comisión que modifique la disposición relativa a las especificaciones técnicas aplicables a las redes de pesca, como el tamaño mínimo de malla, la altura de la red, la distancia desde la costa y la profundidad a la que pueden calarse, con el fin de garantizar una pesca más equilibrada de las poblaciones de peces y de conservar la biodiversidad;

53.  Pide a la Comisión que modifique las disposiciones del Reglamento vigente relativas a la distancia mínima de la costa y a la profundidad a la que pueden emplearse artes de pesca, de forma que se tengan en cuenta las especificidades geográficas de las zonas fronterizas de los Estados miembros;

54.  Subraya la necesidad de modificar el Reglamento relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo, también conocido como «Reglamento del Mediterráneo», adoptado en 2006, que fija las normas relativas a las características técnicas de las artes de pesca y sus usos; considera que este Reglamento ha de adecuarse a la nueva PPC, y en particular al objetivo del rendimiento máximo sostenible, teniendo siempre en cuenta que la gestión de la cuenca está compartida con terceros países;

55.  Destaca la necesidad de establecer una coordinación eficaz entre los Estados miembros con miras a garantizar que los pescadores reciban información completa y oportuna sobre la aplicación de la normativa vigente y de cualesquiera modificaciones que se introduzcan en ella;

56.  Pide a la Comisión que fomente la realización de proyectos, en el marco de la política de cohesión, que contribuyan a la protección de las zonas costeras e insulares, como partes integrantes del patrimonio histórico, cultural y tradicional pesquero y marítimo;

57.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen fondos europeos para subvencionar la certificación de la sostenibilidad de la almadraba, con objeto de fomentar el reconocimiento y la contribución de este sistema de pesca;

58.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 419 de 16.12.2015, p. 167.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0438.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0291.
(4) DO C 75 de 26.2.2016, p. 24.


Dimensión exterior de la PPC, incluidos los acuerdos de pesca
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre un régimen común con vistas a aplicar la dimensión exterior de la PPC, incluidos los acuerdos de pesca (2015/2091(INI))
P8_TA(2016)0110A8-0052/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 y la Decisión 2004/585/CE del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(2),

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982,

–  Visto el Acuerdo de 1995 sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios,

–  Vistos el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), adoptado en octubre de 1995, y los instrumentos y directrices conexos,

–  Visto el concepto de ecosistema marino vulnerable (EMV), que surgió en los debates celebrados en la Asamblea General de las Naciones Unidas y cobró impulso a raíz de la Resolución 61/105 de 2006 de dicha Asamblea General, y visto que los EMV constituyen zonas que pueden ser vulnerables a las repercusiones de las actividades pesqueras,

–  Vistos la Orientación y Criterios Científicos de las Azores de 2009 para identificar áreas marinas de importancia ecológica o biológica y para designar redes representativas de áreas marinas protegidas en aguas oceánicas abiertas y en hábitats de aguas profundas con arreglo al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB),

–  Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2012, sobre la dimensión exterior de la política pesquera común(3),

–  Vistas las conclusiones de la Conferencia del Consejo Consultivo de Flota de Larga Distancia, de los días 16 y 17 de septiembre de 2015,

–  Visto el Informe Especial n.º 11/2015 del Tribunal de Cuentas, de 20 de octubre de 2015, titulado «¿Gestiona la Comisión correctamente los acuerdos de colaboración en el sector pesquero?»,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Pesca y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0052/2016),

A.  Considerando que, según el informe de 2014 de la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) titulado «El estado mundial de la pesca y la acuicultura», el número de poblaciones sobreexplotadas aumentó de forma continua hasta 2008, pero disminuyó ligeramente en 2011;

B.  Considerando que la Unión es una de las principales potencias pesqueras del mundo, contando con una fuerte presencia histórica y con una importante actividad en todos los océanos del mundo gracias a la combinación de las actividades de su flota, las inversiones privadas de nacionales de la UE, su red de acuerdos bilaterales en materia de pesca, sus regiones ultraperiféricas y su participación en las principales organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), y que la Unión fomenta la aplicación de buenas prácticas y el respeto de los derechos humanos;

C.  Considerando que una gestión sostenible de los recursos pesqueros mundiales debe pasar imperativamente por el multilateralismo y la cooperación internacional, también a escala bilateral; que la Unión desempeña un papel fundamental en la gobernanza mundial de los mares y los océanos, y que la PPC debe basarse en una visión ambiciosa y coherente con su dimensión interior, articulada en el Reglamento de base de la PPC;

D.  Considerando que la FAO ha publicado recientemente unas Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, en las que se establecen objetivos para este tipo de pesca, en particular en los países en desarrollo;

E.  Considerando que la Unión es uno de los principales mercados para los productos de la pesca (tanto pescado capturado por las flotas de la UE como importado) y el mayor importador de estos productos, ya que consume el 11 % de la producción pesquera mundial en términos de volumen e importa el 24 % de los productos de la pesca en términos de valor, aunque solo representa el 8 % de las capturas mundiales; que la UE dispone de una importante industria transformadora con una importante dimensión social que debe preservarse;

F.  Considerando que la dimensión exterior de la nueva PPC abarca los acuerdos internacionales y la pesca en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, que el Convenio sobre la Diversidad Biológica y la FAO defienden la identificación de áreas marinas de importancia ecológica o biológica (EBSA) y de ecosistemas marinos vulnerables (EMV) respectivamente, y que las zonas marinas protegidas son herramientas esenciales para una gestión basada en los ecosistemas, como han reconocido las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP),

G.  Considerando que las cuotas de las OROP vienen basándose principalmente en las capturas históricas, lo que implica un acceso preferencial de los países desarrollados a las poblaciones mundiales de peces; que los criterios de atribución establecidos por algunas OROP deben emplearse ahora para tener en cuenta la pesca de los países en desarrollo ribereños que dependen desde hace generaciones de los recursos pesqueros de las aguas adyacentes, circunstancia que la Unión ha de seguir respetando;

H.  Considerando que es fundamental distinguir entre los acuerdos septentrionales con Noruega, Islandia y las Islas Feroe y los acuerdos de colaboración de pesca sostenible con otros países;

I.  Considerando que la Unión ha de buscar en sus políticas la coherencia con la política de desarrollo, de conformidad con el artículo 201, apartado 1, del TFUE, que establece que «la Unión tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo»;

J.  Considerando que en algunos casos no se dispone de datos suficientes sobre el estado de los recursos y el volumen total extraído por las flotas locales y de terceros países en relación con las poblaciones de peces que son objeto de pesca por parte de la Unión en aguas de terceros países, o que se destinan al mercado de la Unión, lo que dificulta la evaluación de los recursos excedentarios con arreglo a los acuerdos mixtos, como requiere la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM); que es deseable incrementar la cantidad y la transparencia de dichos datos;

K.  Considerando que la Unión debe hacer todo lo posible para garantizar que los acuerdos de pesca sostenible celebrados con terceros países redunden en beneficio mutuo de la Unión y de los terceros países en cuestión, incluidos su población local y su sector pesquero;

L.  Considerando que el problema de la piratería también tiene efectos negativos en regiones donde se realizan operaciones pesqueras reguladas en el marco de acuerdos de pesca bilaterales y multilaterales;

1.  Acoge con satisfacción que el Reglamento de base de la PPC incluya por primera vez un capítulo dedicado a la dimensión exterior, que contempla, entre otros aspectos, las condiciones mínimas para los acuerdos bilaterales, el deber de fomentar la cooperación entre las OROP y la coherencia entre las medidas que adopten, la referencia explícita a normas comunes tanto dentro como fuera de las aguas de la Unión, y la declaración de que las medidas deben basarse en los mejores dictámenes científicos disponibles;

2.  Destaca la importancia de garantizar la coherencia entre la política pesquera, la política en materia de medio ambiente, la política comercial y la cooperación al desarrollo;

3.  Reconoce la importancia de mantener y aumentar la coherencia y la compatibilidad del marco jurídico vigente;

4.  Pide que se refuerce la cooperación entre los órganos de la Comisión competentes en materia de pesca, a saber, la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca, la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo y la Dirección General de Comercio;

5.  Insiste en que la promoción, por parte de la UE y los socios con los que ha celebrado acuerdos bilaterales o de otro tipo, de la pesca sostenible desde un punto de vista medioambiental, económico y social, basada en la transparencia y en la participación de las partes interesadas no gubernamentales y, en particular, de los profesionales que viven de la pesca, es esencial para preservar el futuro de las comunidades costeras, el medio ambiente marino, el desarrollo de la industria local, el empleo generado por la pesca, la transformación y el comercio y la contribución de la pesca a la seguridad alimentaria;

6.  Insiste en la importancia de promover la protección de los ecosistemas y el mantenimiento de las poblaciones de peces por encima de los niveles capaces de producir el rendimiento máximo sostenible, ya que la existencia de unas poblaciones más abundantes es un requisito importante para permitir el desarrollo de las comunidades pesqueras ribereñas en los terceros países, de conformidad con las Directrices voluntarias de la FAO para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala;

7.  Destaca la necesidad de apoyar el desarrollo de las comunidades locales cuyo sustento depende en su mayor parte de la pesca y de las actividades relacionadas con la industria pesquera; subraya la necesidad de apoyar medidas destinadas a fomentar la transferencia de tecnología y conocimientos especializados, la gestión de capacidades, las asociaciones entre diferentes partes interesadas y otras inversiones que redundan en beneficio de la industria pesquera;

8.  Recuerda que las normas medioambientales que también deben aplicarse a las actividades pesqueras exteriores de la Unión incluyen la adopción de un enfoque ecosistémico de la ordenación pesquera y la observancia del principio de cautela, de modo que las poblaciones explotadas se hayan recuperado y se mantengan por encima de los niveles que permiten obtener el rendimiento máximo en 2015, cuando sea posible, o a más tardar en 2020, en el caso de las demás poblaciones;

9.  Destaca que todos los aspectos de la dimensión exterior de la PPC han de basarse en unas relaciones equitativas y mutuamente beneficiosas entre la Unión, sus Estados miembros y sus socios internacionales, ya sean bilaterales (acuerdos de colaboración de pesca sostenible) o multilaterales (OROP), con el fin de promover el desarrollo sostenible del sector pesquero local; subraya que esta equidad también debe reflejarse en los acuerdos comerciales de la Unión con terceros países, de acuerdo con el requisito de coherencia de las políticas en favor del desarrollo;

10.  Pide a la Comisión que tome en consideración a las regiones ultraperiféricas en la dimensión exterior de la PPC, incluidos los acuerdos bilaterales celebrados con terceros países, para garantizar que el sector pesquero de estas regiones salga beneficiado;

11.  Reconoce la labor realizada por el Consejo Consultivo Regional de Flota de Larga Distancia al elaborar, junto a las partes interesadas de terceros países, su posición sobre la dimensión exterior de la PPC revisada y la aplicación de esta;

12.  Insiste en que, en sus actividades exteriores relacionadas con la pesca (captura, transformación y comercialización), la Unión debe promover sus normas medioambientales y sociales más elevadas y aplicar medidas de control e inspección rigurosas y eficaces, garantizando al mismo tiempo la transparencia en todas sus actividades, para asegurar condiciones equitativas de competencia en el mercado de la Unión;

13.  Reconoce la contribución de la dimensión exterior de la PPC a la creación de empleo (tanto en la Unión como en otros países) y al abastecimiento de pescado en los mercados de la Unión (y, en algunos casos, en los mercados locales), y su función de vehículo para la asistencia técnica, económica y científica de la Unión a terceros países, en especial mediante el apoyo a la mejora de la investigación científica, los regímenes de control y vigilancia y el desarrollo de infraestructuras portuarias;

14.  Celebra las mejoras significativas logradas en los últimos años por la Unión en la gestión de la dimensión exterior de la PPC, tanto en los acuerdos de colaboración de pesca sostenible como en su aplicación, lo que ha dado lugar a que las flotas de la Unión se encuentren entre las flotas de larga distancia que más han progresado en el cumplimiento de normas sociales y medioambientales exigentes; considera que la Unión debe promover dichas normas medioambientales y sociales en el contexto internacional a través de las OROP y su red de acuerdos de colaboración de pesca sostenible;

15.  Es consciente de que cuando la flota de la Unión deja de operar en un caladero, sus derechos de pesca pueden ir a parar a otras flotas con criterios de conservación, gestión y sostenibilidad mucho menos exigentes que los defendidos por la Unión;

16.  Considera que el apoyo sectorial al sector de la pesca en los países con los que se celebran acuerdos de colaboración de pesca sostenible es fundamental para satisfacer las necesidades de estos países en materia de gestión de la pesca, capacidad de investigación científica, construcción y mantenimiento de infraestructuras y formación de inspectores y tripulaciones, así como para mejorar el abastecimiento y la disponibilidad de pescado para garantizar la seguridad alimentaria de la población de dichos países, apoyando el trabajo de las mujeres en el sector pesquero;

17.  Insiste, por consiguiente, en una mejor conexión entre el apoyo sectorial prestado al amparo de los acuerdos de pesca y los instrumentos disponibles en el ámbito de la cooperación al desarrollo, en particular el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), y en la total transparencia de la financiación de los proyectos pesqueros y del uso del apoyo sectorial, de modo que quede garantizado el correcto uso de los fondos de la Unión;

18.  Reitera la necesidad de disponer de mejor información científica sobre el estado de los recursos y de mejores datos sobre la relación entre capturas y esfuerzo en la pesca fuera de las aguas de la UE, especialmente en las aguas de determinados Estados costeros en desarrollo, utilizando para ello los fondos disponibles en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y del FED;

19.  Señala que, según el reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre los acuerdos de colaboración en el sector pesquero, es muy difícil aplicar en la práctica uno de los principales objetivos dichos acuerdos, a saber, el de pescar únicamente los recursos excedentarios, «debido a la falta de información fiable sobre las poblaciones de peces y el esfuerzo pesquero de la flota nacional o de otras flotas extranjeras a las que los países socios también han concedido acceso»; destaca, en este sentido, la importancia de disponer de datos científicos fiables y de evaluaciones ex post independientes sobre la eficacia de los citados acuerdos de colaboración;

20.  Insiste en que la Unión debe promover, a través de sus acuerdos de colaboración de pesca sostenible y su labor en las OROP, la armonización de las condiciones de acceso de todas las flotas extranjeras a aguas africanas para la captura del atún y de pequeñas especies pelágicas y demersales, con miras a establecer unas condiciones favorables para los pescadores que faenen de manera sostenible y responsable;

21.  Pide que se amplíen los programas de observadores independientes que contribuyen al control de la pesca y a la recopilación de datos científicos;

22.  Está convencido de que solo a través de una gestión pesquera a escala regional, que incluya programas de observadores y sistemas de control e inspección (tanto en puertos como en el mar) a escala regional, se puede desarrollar la explotación sostenible y equitativa de las poblaciones de peces altamente migratorios y transzonales y de las poblaciones compartidas, como requieren la CNUDM y el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces;

23.  Toma nota de la existencia de un marco jurídico para la gestión regional de las especies altamente migratorias, junto con otras muchas poblaciones, mediante, entre otras, la OROP para el atún, si bien algunas pesquerías quedan fuera de la red de OROP, e insta a la Comisión a velar por que todas las pesquerías se gestionen mediante una OROP tan pronto como sea posible;

24.  Pide a la Comisión que destine más financiación a las OROP, ya que desempeñan un papel esencial en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR);

25.  Expresa su preocupación a la vista de que otras pesquerías, especialmente las de poblaciones compartidas que no se encuentran en alta mar, todavía no disponen de un foro eficaz para la gestión y la cooperación regionales; considera que se trata de un problema grave, especialmente para las poblaciones de pequeñas especies pelágicas en el África Occidental, habida cuenta de su importancia estratégica para la seguridad alimentaria, como se señala en una reciente opinión consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar(4);

26.  Insta a la Unión a utilizar su influencia para garantizar que todas las pesquerías con dimensión regional sean gestionadas por una OROP; insta a la Unión, en especial, a trabajar para que el Comité de Pesca para el Atlántico Centro-Oriental (CPACO) se convierta en una OROP de pleno derecho con autoridad decisoria, en lugar de limitarse a ser un órgano consultivo de la FAO para la pesca regional;

27.  Está convencido de que, en la medida en que las flotas de la Unión tienen acceso a otras pesquerías (por ejemplo, la demersal), es necesario que la Unión promueva medidas de aplicación general para garantizar la armonía entre las flotas pesqueras industriales y las artesanales, lo que podría exigir un sistema de zonas que permita la protección del sector de la pesca artesanal local;

28.  Pide que se realicen más estudios y se refuerce la protección de las especies y hábitats de aguas profundas, en particular de aquellos especialmente sensibles o fundamentales para la sostenibilidad del ecosistema a largo plazo;

29.  Alienta a la Comisión a promover una distribución equilibrada de la concesión de acceso en las OROP, teniendo en cuenta el impacto social y ambiental, las necesidades de seguridad alimentaria y la aspiración de los países en desarrollo a desarrollar su propio sector pesquero; señala que cualquier redistribución habrá de incluir a todas las flotas, tanto las nacionales como las de gran altura, y basarse en los criterios de asignación elaborados por la OROP correspondiente;

30.  Acoge con satisfacción el requisito establecido en el Reglamento de base de que todas las flotas extranjeras que faenen en un país con el que la Unión tenga un acuerdo de colaboración de pesca sostenible deben quedar sujetas a condiciones similares de acceso que fomenten la pesca sostenible, lo que constituye una medida importante para garantizar que otras flotas de gran altura faenen con arreglo a las mismas normas que la Unión, en vez de quebrantarlas; alienta a la Comisión a controlar con firmeza este requisito;

31.  Pide a la Unión que utilice los acuerdos de colaboración de pesca sostenible y las negociaciones en las OROP para garantizar que los países socios limiten el acceso de las flotas de gran altura a los recursos excedentarios, tal como exigen la CNUDM y la PPC, y otorguen un acceso preferencial a las flotas que apliquen las prácticas más sostenibles desde el punto de vista ambiental y social para la región y las poblaciones afectadas;

32.  Manifiesta su preocupación por la posible interrupción de las actividades pesqueras entre dos protocolos si se prolongan las negociaciones del nuevo protocolo; pide a la Comisión que garantice la seguridad jurídica y económica de los operadores velando por la continuidad de las operaciones pesqueras entre dos protocolos;

33.  Es consciente de la importancia de crear un marco más amplio con los países en desarrollo que abarque tanto la pesca como las fases anteriores y posteriores de la cadena de suministro;

34.  Alienta a la Unión a no negociar acuerdos de colaboración de pesca sostenible con países donde se acepta la corrupción;

35.  Es consciente de la importancia de establecer con los países en desarrollo un marco más amplio en el que la pesca se trate junto a los demás temas relacionados con el desarrollo;

36.  Considera importante el reconocimiento de las licencias de pesca a través de los canales diplomáticos;

37.  Es consciente de la importancia de la pesca, y en especial de la pesca artesanal, para los países en desarrollo, habida cuenta de su contribución a la seguridad alimentaria, la economía local y el empleo para hombres y mujeres, sin olvidar el papel que las actividades pesqueras industriales que se inscriben en un marco de responsabilidad y transparencia desempeñan en el desarrollo socioeconómico de las zonas costeras y el abastecimiento de productos pesqueros;

38.  Subraya la necesidad de que la UE respete su obligación de promover la pesca sostenible desde el punto de vista ambiental y social en los países en desarrollo a través de todas las políticas de la UE que tienen repercusiones en la pesca en los países en desarrollo (ayuda, comercio, pesca);

39.  Subraya la importancia de incorporar a las mujeres en toda la cadena de valor, desde la financiación hasta la transformación y/o la comercialización de los productos pesqueros; considera que promover el acceso de las mujeres a estas actividades reforzaría su empoderamiento económico y social y, por ende, contribuiría de modo importante a eliminar las disparidades entre los géneros; insiste en que se preste más atención a las prioridades en materia de igualdad en las relaciones de la Unión con los países en desarrollo;

40.  Destaca la necesidad de promover, a través del apoyo sectorial, el desarrollo local reforzando el empoderamiento del sector pesquero de los países socios, en particular mediante el fortalecimiento de la acuicultura sostenible, el desarrollo y la preservación de la pesca artesanal, la mejora de los conocimientos científicos sobre el estado de las poblaciones y el fomento de las iniciativas privadas de los actores locales; pide a la Unión que a través de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible promueva el buen gobierno, en particular la buena gestión de los ingresos públicos generados por el sector de la pesca y de las contrapartidas financieras;

41.  Considera que la Unión debe animar a los terceros países, empezando por aquellos con los que negocie un acuerdo de colaboración de pesca sostenible, a que establezcan un marco reglamentario para las empresas conjuntas de la Unión y otras partes interesadas en los ámbitos de la captura, la transformación y la comercialización; estima que un marco de este tipo es la mejor forma de garantizar que la creación y el funcionamiento de las empresas conjuntas se ajuste a normas de sostenibilidad y transparencia exigentes, tal como postula la PPC reformada, y de ofrecer una mayor estabilidad jurídica para los intereses de la Unión a la hora de apoyar el desarrollo de la pesca sostenible en terceros países;

42.  Insiste en que la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de las partes interesadas deben ser consideradas elementos fundamentales de las relaciones de Unión con terceros países en materia de pesca;

43.  Subraya que las inversiones europeas en el sector pesquero de terceros países bajo la forma de empresas conjuntas deben estar cubiertas por la PPC; subraya que, a través de sus acuerdos de colaboración de pesca sostenible, la Unión debe fomentar un diálogo con los países socios a fin de establecer un marco reglamentario para garantizar que las empresas conjuntas en los sectores de la captura, la transformación y la comercialización, formadas con socios de la Unión o de otros países, actúen de modo transparente, no compitan con el sector artesanal local y contribuyan a los objetivos de desarrollo del país en cuestión;

44.  Toma en consideración el informe del Tribunal de Cuentas, en el que se destaca que la infrautilización de las cuotas de tonelaje en algunos protocolos recientes ha conllevado costes elevados; solicita a la Comisión, por consiguiente, que evite en lo posible los costes innecesarios para el presupuesto de la Unión en este ámbito;

45.  Considera que el Parlamento debe desempeñar un papel más activo que el que le otorga el actual procedimiento de aprobación, e insiste en que se le debe informar cumplida e inmediatamente en todas las fases de los procedimientos relativos a la celebración o renovación de acuerdos de colaboración en el sector pesquero con el fin de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas democrática de los protocolos;

46.  Es consciente de la importancia de la dimensión exterior de la PPC en la creación de empleo tanto en la Unión como en los países socios, también mediante la contratación de tripulantes locales en el contexto de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible; alienta a que los buque de la Unión, en la medida de lo posible, descarguen las capturas en los países socios para su transformación inicial; pide la inclusión de instrumentos sobre protección de los trabajadores y condiciones de trabajo dignas tanto en la normativa europea en materia de pesca (en particular, el Convenio 188 de la OIT sobre el trabajo en el sector pesquero) como en los acuerdos de colaboración de pesca sostenible con el fin de garantizar a los nacionales de terceros países las mismas condiciones de trabajo, la misma remuneración, la misma protección de los derechos laborales y los mismos niveles de formación que a los nacionales de la Unión;

47.  Acoge con satisfacción las disposiciones sobre transparencia del último Protocolo celebrado con Mauritania, mediante el cual este país se compromete a publicar todos los acuerdos con Estados o entidades privadas por los que se conceda a buques extranjeros el acceso a la zona económica exclusiva (ZEE) de Mauritania, e insta a que estas disposiciones sobre transparencias se incluyan en todos los acuerdos de colaboración de pesca sostenible;

48.  Acoge igualmente con satisfacción que el Protocolo con Mauritania conceda una prioridad de acceso de la flota de la UE al excedente pesquero de ese país y anima a la Comisión a que siga este ejemplo en la negociación de protocolos con otros países terceros, teniendo en cuenta los elevados requisitos de sostenibilidad que ha de cumplir la flota de la UE;

49.  Anima encarecidamente a la Comisión a que vele por la inclusión de disposiciones sobre transparencia similares en otros protocolos futuros, con lo que se mejoraría considerablemente la transparencia en relación con el esfuerzo de pesca total y las condiciones de acceso; pide que se haga pública información sobre las capturas agregadas y los buques de todas las flotas autorizados a pescar en aguas de Mauritania, así como las condiciones de acceso correspondientes;

50.  Pide a la Comisión que, en los organismos internacionales en los que participe, anime a otros terceros países a publicar las condiciones de los acuerdos que firmen con otros Estados o entidades privadas, incluida la identidad de los buques autorizados a faenar y sus actividades y capturas; anima, en este sentido, a los países terceros a cumplir con las resoluciones de las OROP que promueven la transparencia de los acuerdos pesqueros;

51.  Alienta a los demás terceros países a que tengan en cuenta las recomendaciones, resoluciones y decisiones de las OROP que promueven la transparencia de los acuerdos pesqueros en su ZEE;

52.  Considera que la Comisión debería mejorar la transparencia lo antes posible mediante la creación de una base de datos que englobe todos los acuerdos privados entre armadores de la UE, o en su nombre, y los organismos o autoridades locales o regionales de terceros países que permitan el acceso a los caladeros de terceros países, incluidas las condiciones de acceso, la capacidad de la flota admisible, la identidad de los buques y las actividades de pesca correspondientes, y que esta base de datos debe ser de dominio público, a excepción de las partes que contengan información comercial sensible;

53.  Observa que hay armadores que celebran acuerdos privados con los Gobiernos de terceros países, los cuales quedan fuera del ámbito de la PPC; expresa su preocupación por el hecho de que no se notifiquen sistemáticamente tales acuerdos a la Comisión; expresa su inquietud por que esta situación podría dar lugar, en determinadas circunstancias, a una competencia desleal con las comunidades pesqueras locales de los países en desarrollo, así como con los armadores de la UE que operan al amparo de acuerdos bilaterales;

54.  Considera que los buques que faenen al amparo de lo dispuesto en un acuerdo de colaboración de pesca sostenible, pero que no cumplan sus obligaciones, como la de facilitar a su Estado miembro los datos requeridos con arreglo a las condiciones de su autorización de pesca, deben ser objeto de las sanciones previstas en el Reglamento de control y el Reglamento INDNR, incluida, en su caso, la denegación de la autorización de pesca;

55.  Considera lamentable que en anteriores estimaciones del tamaño de la «flota exterior» se hayan utilizado diferentes definiciones de los tipos de buque que se han de incluir, por lo que las estimaciones existentes no son comparables y resulta imposible efectuar un análisis del tamaño de la flota y de su evolución a lo largo del tiempo, quedando gravemente limitada la transparencia; alienta a la Comisión a elaborar una definición de la flota exterior que incluya todos los buques que operen fuera de las aguas de la Unión, prestando especial atención a las particularidades pertinentes de los acuerdos septentrionales, de modo que sea posible una comparación histórica;

56.  Señala que, a pesar de la contribución de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, las diferencias en la normas aplicadas a las flotas de la UE y a las de terceros países que faenan en los mismos caladeros han causado graves problemas a los pescadores de la Unión; considera necesario que la Unión aumente sus esfuerzos en la cuenca mediterránea mediante una cooperación más estrecha con los organismos locales, las organizaciones regionales, las instituciones científicas, los observadores y los agrupaciones empresariales nacionales en el sector de la pesca; estima que la Unión debe contribuir a la solución de los conflictos entre buques en el Mediterráneo, y pide a la Comisión que estudie la posibilidad de apoyar y asistir a los pescadores que son objeto de frecuentes enfrentamientos con buques de terceros países, y que establezca una cooperación más estrecha con los países de la ribera meridional del Mediterráneo;

57.  Acoge con satisfacción la reciente publicación de los nombres de los buques con pabellón de la Unión autorizados a faenar fuera de las aguas de la Unión, e insiste en que la Comisión publique dicha información de forma rutinaria, incluidos los datos sobre sus actividades y capturas;

58.  Señala que la transparencia constituye un requisito indispensable para la consulta y la participación informada de las partes interesadas en el ámbito de la pesca, en especial de los profesionales cuyo sustento depende de dicha actividad; considera que es preciso promover estos procesos de consulta y participación en el marco de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible, en particular en la negociación de acuerdos y protocolos y su aplicación, en la asignación y utilización del apoyo sectorial, en la labor llevada a cabo en las OROP y en la ejecución de proyectos de cooperación para el desarrollo;

59.  Toma nota de que el Reglamento de base incluye una disposición por la que se obliga a los buques que hayan dejado de figurar en el registro de la Unión y se hayan vuelto a incorporar posteriormente a facilitar información sobre las actividades previas a su reincorporación; considera que debe reforzarse este requisito de forma que el historial de pabellones completo del buque se haya de presentar a la Comisión y se incluya en la base de datos del registro comunitario de la flota pesquera antes de la aceptación del buque en el registro;

60.  Reconoce la labor realizada por la Unión en la lucha contra la pesca INDNR, que constituye una amenaza para las poblaciones de peces y un competencia desleal para los pescadores legítimos; reconoce asimismo la contribución del Reglamento INDNR a la promoción de la pesca sostenible en el mundo; considera que gracias al papel decisivo de la Unión como principal mercado mundial de pescado, tiene capacidad para lograr el apoyo de otros Estados, incluidos aquellos con los que ha celebrado acuerdos de colaboración de pesca sostenible, de modo que se garantice un enfoque común y un régimen mundial eficaz para luchar contra la pesca INDNR;

61.  Promueve el desarrollo de un único sistema internacional para la matriculación de todos los buques que naveguen en aguas internacionales;

62.  Insiste en que el Reglamento INDNR se aplique con rigor, objetividad y transparencia, de modo no discriminatorio y armonizado, con el fin de promover la igualdad de condiciones para todas las flotas y países, y alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que actúen de ese modo; considera asimismo que para que el Reglamento surta efecto no debe supeditarse a las necesidades a corto plazo de la política comercial de la Unión ni ser utilizado por los intereses pesqueros de la Unión como herramienta para mejorar injustamente la competitividad;

63.  Pide a la Comisión que estudie la inclusión en el Reglamento INDNR de consideraciones relativas a las condiciones laborales;

64.  Pone de relieve que los acuerdos de colaboración de pesca sostenible deben garantizar la plena trazabilidad de los productos de la pesca marítima;

65.  Considera que los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales negociados por la UE deben promover condiciones socialmente justas y sostenibles desde el punto de vista medioambiental para la producción de productos de la pesca en los terceros países en cuestión, mediante el uso de restricciones cuantitativas y cualitativas adecuadas para el acceso al mercado de la Unión, con el fin de no frenar los avances logrados en la lucha contra la pesca INDNR a través de este Reglamento; considera además que esas condiciones deben ser exigidas a cualquier producto pesquero o derivado de la pesca que se comercialice en el mercado de la Unión y que debe impedirse la entrada en el mismo de todo producto pesquero o derivado de la pesca que no garantice el cumplimiento de esas condiciones o de las exigencias de la protección de los consumidores;

66.  Considera que es preciso aclarar a los consumidores las condiciones económicas, sociales y medioambientales de la captura y la transformación del pescado;

67.  Propone que las disposiciones de los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales incluyan una referencia expresa al Reglamento INDNR y a las normas que contiene; aconseja a la Comisión que proponga la suspensión de las relaciones comerciales con los terceros países contemplados en el artículo 31 del Reglamento INDNR;

68.  Insta a la Comisión a introducir en el Reglamento INDNR un sistema similar al sistema informático veterinario integrado TRACES (Trade Control and Expert System) para verificar y cruzar datos respecto a los certificados de capturas y a los buques, o a establecer un porcentaje mínimo de verificación de las importaciones de productos transformados;

69.  Considera importante proporcionar directrices pormenorizadas a los países que hayan recibido tarjetas amarillas o rojas, así como supervisar los esfuerzos que realicen;

70.  Acoge con satisfacción la inclusión de los buques pesqueros como buques vulnerables en el ámbito de las actividades de la Operación Atalanta y solicita que se siga apoyando y protegiendo la actividad de la flota de la UE;

71.  Estima que las negociaciones de las Naciones Unidas para un nuevo sistema de gobernanza internacional de los océanos en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional deben tener por objetivo la creación de un régimen que permita el estudio y la utilización de los recursos de las aguas oceánicas internacionales que sea equitativa y sostenible y respete el principio de cautela, prosiguiendo con la labor de identificar las EBSA con el fin de crear una red coherente de zonas marítimas protegidas;

72.  Recuerda que la Comisión, en su calidad de guardiana de los Tratados, tiene el deber de velar por que los Estados miembros cumplan sus obligaciones en materia de diligencia debida en lo que respecta a las actividades exteriores de sus buques y sus ciudadanos, y pide a la UE que tenga en cuenta la reciente opinión consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la que se identifica a la Unión como Estado de abanderamiento en el contexto de los acuerdos bilaterales de pesca;

73.  Encarga a su Presidente que remita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
(2) DO L 149 de 20.5.2014, p. 1.
(3) DO C 419 de 16.12.2015, p. 175.
(4) Opinión consultiva del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, de 2 de abril de 2015, en respuesta a la solicitud de información presentada por la Comisión Subregional de Pesquerías: https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no.21/advisory_opinion/C21_AdvOp_02.04.pdf

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