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Procedimiento : 2015/2110(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0284/2016

Textos presentados :

A8-0284/2016

Debates :

PV 24/10/2016 - 16
CRE 24/10/2016 - 16

Votaciones :

PV 25/10/2016 - 7.3
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0403

Textos aprobados
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Martes 25 de octubre de 2016 - Estrasburgo Edición definitiva
Lucha contra la corrupción y seguimiento de la Resolución de la Comisión CRIM
P8_TA(2016)0403A8-0284/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre la lucha contra la corrupción y el seguimiento de la Resolución de la Comisión CRIM (2015/2110(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, el artículo 67 y los artículos 82 a 89 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus artículos 5, 6, 8, 17, 32, 38 y 41, 47 a 50 y 52,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo JAI, de 16 de junio de 2015, sobre la renovación de la estrategia de seguridad interior de la Unión Europea 2015-2020,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 25 y 26 de junio de 2015 en materia de seguridad,

–  Vistas las Convenciones pertinentes de las Naciones Unidas, en especial la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC),

–  Vistos los Convenios en materia penal y civil del Consejo de Europa sobre la corrupción, abiertos a la firma en Estrasburgo el 27 de enero y el 4 de noviembre de 1999, y las Resoluciones (98)7 y (99)5, aprobadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 5 de mayo de 1998 y el 1 de mayo de 1999, respectivamente, por las que se establece el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO),

–  Vista la Recomendación CM/Rec (2014)7 sobre la protección de los denunciantes de irregularidades, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 30 de abril de 2014,

–  Vistos el Convenio de la OCDE de lucha contra la corrupción de agentes públicos extranjeros en las transacciones comerciales internacionales, abierto a la firma en París el 17 de diciembre de 1997, las recomendaciones formuladas en el mismo y los últimos informes de seguimiento por país,

–  Vista la Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo(1),

–  Vista la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea(2),

–  Vista la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal(3),

–  Vista la Directiva 2014/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, y por la que se sustituye la Decisión marco 2000/383/JAI del Consejo(4),

–  Vista la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión(5),

–  Vista la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal(6),

–  Visto el Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1781/2006(7),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 513/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis y por el que se deroga la Decisión 2007/125/JAI del Consejo(8),

–  Visto el Reglamento (UE) 2015/2219 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre la Agencia de la Unión Europea para la formación policial (CEPOL) y por el que se sustituye y deroga la Decisión 2005/681/JAI del Consejo,(9)

–  Vista la Decisión 2007/845/JAI del Consejo, de 6 de diciembre de 2007, sobre cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los Estados miembros en el ámbito del seguimiento y la identificación de productos del delito o de otros bienes relacionados con el delito(10),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.° 1142/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 en lo que respecta a la financiación de los partidos políticos europeos(11),

–  Vista la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos, y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (en lo sucesivo, «Directiva de datos personales»)(12),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)(13),

–  Vista la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia y el derecho a estar presente en el juicio(14),

–  Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (COM(2012)0363),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)0534),

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Taricco y otros (C-105/14)(15), en la que aquel dictaminó que el concepto de «fraude» definido en el artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas abarca los ingresos procedentes del IVA,

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust) (COM(2013)0535),

–  Vista su Resolución, de 29 de abril de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea(16),

–  Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo, y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo sobre la lucha contra el terrorismo (COM(2015)0625),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo(17),

–  Visto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 3 de febrero de 2014, sobre la lucha contra la corrupción en la UE (COM(2014)0038),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 28 de abril de 2015, titulada «Agenda Europea de Seguridad» (COM(2015)0185),

–  Vistas las evaluaciones de Europol de la amenaza de la delincuencia grave y organizada (SOCTA), de marzo de 2013, y de la amenaza de la delincuencia organizada facilitada por internet (iOCTA), de 30 de septiembre de 2015,

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre la Agenda Europea de Seguridad(18),

–  Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo (informe definitivo)(19),

–  Vistos los estudios elaborados por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo sobre el coste de la no Europa en el ámbito de la delincuencia organizada y la corrupción,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Control (A8-0284/2016),

A.  Considerando que la delincuencia organizada es una amenaza global que requiere una respuesta conjunta y coordinada por parte de la Unión y sus Estados miembros;

B.  Considerando que hoy en día aún no se es plenamente consciente de la complejidad del fenómeno asociativo ni del peligro que se deriva de la infiltración de la delincuencia organizada en el tejido social, económico-empresarial, político e institucional de los Estados miembros;

C.  Considerando que los grupos delictivos organizados han tendido a diversificar sus actividades y han demostrado una gran facilidad para ello, adaptándose a distintos ámbitos territoriales, económicos y sociales, explotando sus puntos débiles y frágiles, actuando al mismo tiempo en distintos mercados y aprovechando las distintas disposiciones normativas de los ordenamientos jurídicos de cada uno de los Estados miembros para hacer prosperar sus actividades y maximizar su beneficio;

D.  Considerando que las organizaciones delictivas han modificado su modus operandi y se sirven del apoyo de profesionales, entidades bancarias, funcionarios y políticos, que, sin ser miembros de la organización criminal, apoyan sus actividades a diferentes niveles;

E.  Considerando que las organizaciones delictivas han demostrado una gran capacidad de adaptación, incluso a la hora de utilizar en su beneficio las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías;

F.  Considerando que la peligrosidad de la fuerza intimidatoria derivada de la mera pertenencia a una asociación no constituye una prioridad respecto de la lucha contra los denominados delitos objetivo (los delitos para los que se ha creado la asociación delictiva en cuestión), y que ello ha creado un vacío normativo y operativo a escala europea que facilita las actividades transnacionales de los grupos delictivos organizados;

G.  Considerando que, además de los peligros evidentes para el orden público y la seguridad resultantes de las manifestaciones de violencia típicas de las organizaciones delictivas, la delincuencia organizada genera situaciones de emergencia igualmente graves que se materializan en la penetración en la economía legal y las consiguientes conductas de corrupción de funcionarios públicos e infiltración en las instituciones y la administración pública;

H.  Considerando que los beneficios ilícitos procedentes de los delitos cometidos por las organizaciones delictivas se reciclan en gran medida en la economía legal europea; que esos capitales, una vez reinvertidos en el tejido sano de la economía, representan una grave amenaza para la libre empresa y la libre competencia, debido a sus graves efectos de distorsión;

I.  Considerando que los grupos delictivos se introducen en la vida política y administrativa para acceder a los recursos financieros de la administración pública e influir en su actividad, con la connivencia de políticos, funcionarios y empresarios; que la influencia en el aparato político y administrativo se manifiesta sobre todo en el sector de la contratación y las obras públicas; la financiación pública, la eliminación de desperdicios y desechos; y los contratos directos para la adquisición de bienes de todo tipo y para la gestión de servicios;

J.  Considerando que el principal objetivo de la delincuencia organizada es el beneficio; que, por tanto, los servicios con funciones coercitivas deben estar en condiciones de centrarse en la financiación de la delincuencia organizada que, a menudo, está relacionada de manera inherente con la corrupción, el fraude, la falsificación y el contrabando;

K.  Considerando que los denunciantes de irregularidades desempeñan un papel central en la lucha contra la corrupción, puesto que pueden revelar casos de fraude que de otro modo permanecerían secretos; y que se estima que la denuncia es una de las formas más eficaces para detener y prevenir irregularidades o destaparlas si ya han tenido lugar;

L.  Considerando que ninguna legislación europea debe interpretarse como una limitación de las actividades de denuncia;

M.  Considerando que la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero suponen amenazas graves para la economía de la Unión al reducir significativamente la recaudación fiscal de los Estados miembros y de la Unión en conjunto, así como para la rendición de cuentas respecto de los proyectos públicos financiados por la Unión, ya que las organizaciones criminales operan en diferentes sectores, muchos de los cuales están sujetos al control gubernamental;

N.  Considerando que en 2014 se señalaron como fraudes al presupuesto europeo 1 649 irregularidades, por un valor de 538,2 millones de euros y relativas tanto a los gastos como a los ingresos, pero que no existe ningún dato oficial sobre el porcentaje de fraude imputable a la delincuencia organizada;

Introducción

1.  Reitera el contenido y las recomendaciones de su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero; reitera en particular su llamamiento para que se adopte un plan de acción europeo para la erradicación de la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero que, para ser eficaz, debería disponer de recursos financieros adecuados y de personal cualificado;

2.  Se congratula por el programa de dieciocho meses elaborado por el Consejo de la Unión para las Presidencias neerlandesa, eslovaca y maltesa, en el que ocupa un lugar muy destacado el enfoque amplio e integrado sobre la delincuencia organizada; señala que la lucha contra el fraude, la corrupción y el blanqueo de capitales debe ser una prioridad política de las instituciones de la Unión y que, por ello, la cooperación policial y judicial entre los Estados miembros es fundamental;

3.  Desea concentrar su atención en ámbitos específicos que requieren una intervención prioritaria en el contexto actual;

Una garantía para la transposición correcta de las normas en vigor, la supervisión de su aplicación y la valuación de su eficacia

4.  Recuerda que los Estados miembros deben transponer y aplicar los instrumentos existentes a escala europea e internacional en materia de lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero;

5.  Pide a la Comisión que concluya lo antes posible su evaluación de las medidas de transposición de dichos instrumentos, informe exhaustivamente al Parlamento de los resultados y, si es necesario, incoe procedimientos de infracción; solicita, en particular, a la Comisión que presente un informe de evaluación de la transposición de la Decisión marco 2008/841/JAI del Consejo relativa a la lucha contra la delincuencia organizada y de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal;

6.  Pide a los Estados miembros que transpongan correctamente la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la orden europea de investigación en materia penal, que es un instrumento esencial para reforzar la cooperación policial y judicial en la Unión;

7.  Anima a los Estados miembros a trasponer rápidamente la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales;

8.  Recomienda la adhesión de la Unión al GRECO como miembro efectivo; pide que la Unión participe en la Alianza para el Gobierno Abierto, cumpla sus obligaciones de información en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, de la que es parte, y contribuya a la asistencia técnica que presta la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en virtud de la mencionada Convención; insta a la Comisión a que presente cuanto antes al Parlamento un informe de situación sobre los preparativos de la adhesión de la Unión al GRECO, incluyendo un estudio de las problemáticas jurídicas y las posibles soluciones a este respecto;

9.  Lamenta que la Comisión no haya publicado todavía su segundo informe sobre la lucha contra la corrupción, cuya publicación estaba prevista para comienzos de 2016; pide a la Comisión que lo presente lo antes posible; reitera que los informes sobre la lucha contra la corrupción no deben limitarse a la situación en los Estados miembros, sino que deben incluir también una sección sobre las instituciones de la Unión; pide, en consecuencia, a la Comisión que encuentre una forma adecuada de vigilar la corrupción dentro de las instituciones, organismos y agencias de la Unión;

10.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de combinar los diferentes mecanismos de vigilancia a escala de la Unión, incluido el mecanismo de cooperación y verificación, el informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión y el cuadro de indicadores de la justicia en la Unión, en un marco de supervisión del Estado de Derecho más amplio que se pueda aplicar a todos los Estados miembros y a las instituciones, organismos y agencias de la Unión; considera, a este respecto, que las instituciones de la Unión deberían dar ejemplo promoviendo los niveles más elevados de transparencia y garantizar la existencia de sanciones disuasorias y efectivas para los infractores; hace un llamamiento a la Comisión para que regule las actividades de los grupos de presión y sancione los conflictos de intereses;

11.  Recuerda la necesidad de un enfoque multidisciplinario para prevenir y combatir eficazmente la delincuencia organizada; insiste en este sentido en el papel de la Red Europea de Prevención de la Delincuencia y en la necesidad de apoyarla financieramente;

12.  Recomienda que la Comisión elabore un estudio sobre las legislaciones nacionales más avanzadas en materia de lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, con el fin de desarrollar una legislación europea eficaz y de vanguardia; pide a la Comisión que elabore un estudio sobre las prácticas de investigación desarrolladas en los Estados miembros para la lucha contra la delincuencia organizada, en particular en lo referente a la utilización de instrumentos como, por ejemplo, las escuchas telefónicas, las escuchas de locales, las modalidades de registro, las detenciones prolongadas, los decomisos prolongados, las operaciones encubiertas y las entregas controladas y vigiladas;

13.  Pide a los Estados miembros que inviertan más en el fomento de una cultura de la legalidad, sobre todo teniendo en cuenta que la forma de prevención principal y más eficaz consiste en educar a las nuevas generaciones de ciudadanos de la Unión, concretamente promoviendo acciones específicas en los centros escolares;

Las prioridades y la estructura operativa para la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción

14.  Considera que en el actual ciclo político de la Unión para luchar contra la delincuencia organizada se debe hacer hincapié en la lucha contra los delitos de asociación (participación en grupo delictivo), y no solo los delitos cometidos para alcanzar los objetivos del grupo delictivo; considera necesario, en particular, prever la tipificación penal de la asociación para delinquir, independientemente de la comisión de los delitos objetivo de dicha asociación; reitera que, entre las prioridades de dicho ciclo político, debe figurar también la lucha contra el blanqueo de dinero, la corrupción y la trata de seres humanos, dentro de una auténtica estrategia europea contra la corrupción;

15.  Pide que las prioridades se definan en consonancia con las políticas de la Unión en materia de prevención de la delincuencia y con las políticas económicas, sociales, de empleo y de educación, garantizándose la plena participación del Parlamento Europeo en este proceso;

16.  Pide que se cree una unidad especializada de Europol para combatir a los grupos de delincuencia organizada activos en distintos sectores al mismo tiempo; considera que los Estados miembros deben establecer mecanismos seguros y efectivos en el marco institucional actual a fin de velar por el desarrollo coordinado de las actividades de investigación en materia de delincuencia organizada y por el fomento de la confianza mutua entre los servicios policiales de los Estados miembros;

Un marco legislativo más sólido

17.  Pide a la Comisión, tomando como base la evaluación de la transposición y aplicación de las normas existentes, que proponga normativas para colmar las lagunas que puedan existir en la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, y mejorar la cooperación judicial transfronteriza; pide a la Comisión en concreto que:

   a) revise la legislación existente para establecer sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias, y clarificar las definiciones comunes de los delitos, incluida la de la pertenencia a una organización o asociación delictiva, que podría interpretarse como un grupo estructurado que existe por un tiempo y está compuesto por dos o más personas que actúan de forma concertada para obtener ilegalmente, y por una vía directa o indirecta, cualquier tipo de beneficios financieros o materiales, y que socava gravemente la cohesión económica y social de la Unión y de sus Estados miembros;
   b) presente una propuesta legislativa revisada para combatir los delitos contra el medio ambiente, a fin de reforzar las respuestas del Derecho penal a la incineración ilegal de residuos y considerar la eliminación ilegal de los denominados contaminantes emergentes como un delito penal punible con sanciones penales, tal como se prevé en la Directiva 2008/99/CE;

18.  Pide a la Comisión que elabore normas mínimas sobre la definición de los delitos y las sanciones; pide en particular:

   a) definiciones de carácter general de las expresiones funcionario público, delito de fraude y delito de corrupción que se apliquen horizontalmente; recuerda que, en el contexto de las negociaciones sobre la Directiva PIF, se incluyen definiciones de esas expresiones pero solo a efectos de dicha Directiva; toma nota de que esas negociaciones se encuentran bloqueadas en el Consejo y pide que se reanuden sin demora;
   b) una nueva propuesta legislativa sobre un tipo particular de organización delictiva cuyos miembros se sirven de la fuerza intimidatoria de la asociación y de la consiguiente situación de sometimiento y silencio para cometer delitos, gestionar o controlar de forma directa o indirecta actividades económicas, concesiones, autorizaciones, contratos y servicios públicos, u obtener beneficios o ventajas ilegítimas para sí o para otros;
   c) una propuesta legislativa por la que se cree un programa europeo específico para la protección de los testigos y las personas que cooperen en los procesos judiciales denunciando a organizaciones delictivas y del tipo descrito en la letra b);
   d) una propuesta legislativa por la que se definan y establezcan normas comunes para la protección de los denunciantes de irregularidades; pide que esta propuesta se haga pública antes de finales de 2017;
   e) iniciativas legislativas adicionales para reforzar los derechos de las personas sospechosas o acusadas en procedimientos penales, con respecto, entre otras cosas, a la prisión preventiva, a fin de garantizar el derecho a un juicio justo, tal como se reconoce en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales;
   f) una legislación específica para luchar contra la exportación de materiales radioactivos y residuos peligrosos, así como el comercio ilegal de fauna y flora, habida cuenta de que, según las asociaciones y ONG de protección del medio ambiente, los delitos forestales y contra las especies silvestres, así como el tráfico y la exportación de materiales radioactivos y residuos peligrosos a terceros países desempeñan un papel importante en la financiación de la delincuencia organizada;

Una cooperación judicial y policial más eficaz a escala de la Unión

19.  Observa que el fenómeno de la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero tiene por lo general una dimensión transfronteriza que requiere la estrecha cooperación entre las autoridades nacionales competentes y entre las autoridades nacionales y las agencias pertinentes de la Unión;

20.  Considera que la cooperación policial y judicial mediante el intercambio de información entre autoridades nacionales es fundamental para adoptar medidas eficaces para luchar contra la corrupción y la delincuencia organizada;

21.  Pide a la Comisión que emprenda acciones concretas para mejorar la coordinación europea en materia de lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero, así como para lograr una mayor sensibilización respecto de los daños humanos, sociales y económicos provocados por esas actividades;

22.  Lamenta que la cooperación policial y judicial transfronteriza entrañe unos procedimientos excesivamente largos y burocráticos que obstaculizan su eficiencia y comprometen la eficacia de la lucha contra la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero a escala de la Unión; pide a los Estados miembros que refuercen, mejoren su eficacia e intensifiquen la cooperación policial y judicial transfronteriza y el intercambio de información entre ellos mismos y a través de Europol y Eurojust, que se aseguren de que haya una formación y asistencia técnica adecuadas, también a través de la CEPOL y la Red Europea de Formación Judicial, para promover la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros, y que velen por que se recurra más a los equipos conjuntos de investigación;

23.  Pide a los Estados miembros que alimenten, utilicen e intercambien sistemáticamente todos los datos que se consideren necesarios y pertinentes sobre las personas condenadas por delitos vinculados a la delincuencia organizada que contengan las bases de datos europeas existentes, y que pidan a las agencias de la Unión Europol y Eurojust que faciliten este intercambio de información; pide, a este respecto, mejoras en la infraestructura para garantizar una comunicación segura y el uso eficaz de todos los instrumentos de Europol existentes, dentro del pleno respeto de la legislación europea en materia de protección de datos;

24.  Subraya la imperiosa necesidad de crear un sistema más eficiente de comunicación e intercambio de información entre las autoridades judiciales dentro de la Unión, que sustituya, caso de ser necesario, a los instrumentos tradicionales de asistencia judicial mutua en materia penal; pide a la Comisión que evalúe la necesidad de adoptar medidas legislativas en este ámbito y cree un sistema europeo adecuado de intercambio de información entre las autoridades judiciales de la Unión;

25.  Pide a los Estados miembros que intercambien sistemáticamente todos los datos PNR que juzguen necesarios y relevantes sobre las personas vinculadas a la delincuencia organizada;

La incautación de los bienes de las organizaciones delictivas y el fomento de su reutilización social

26.  Considera que la utilización de un método común para la incautación de los bienes de las organizaciones delictivas en la Unión constituiría una medida disuasoria para los delincuentes; pide a los Estados miembros que traspongan rápidamente la Directiva 2014/42/UE sobre el decomiso de los productos del delito; pide a la Comisión que presente cuanto antes una propuesta legislativa para garantizar el reconocimiento recíproco de las órdenes de confiscación y decomiso vinculadas a las medidas nacionales de protección en materia de patrimonio;

27.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen las medidas de la Unión en materia de:

   a) seguimiento, embargo y decomiso del producto del delito mediante, por ejemplo, la penalización de la transferencia de la propiedad de capitales o bienes a fin de sustraerlos a una medida de embargo o de decomiso, y de la aceptación de la transferencia de la propiedad o la disponibilidad de estos, o bien previendo el decomiso a falta de una sentencia condenatoria;
   b) fomento de la gestión de los bienes embargados y confiscados, y su reutilización para fines sociales y como forma de indemnización para las familias de las víctimas y las empresas afectadas negativamente por fenómenos de usura y extorsión;
   c) desarrollo de la cooperación administrativa, policial y judicial para el seguimiento, el embargo y el decomiso en todo el territorio de la Unión de los bienes de origen delictivo, y mejora de los organismos de recuperación de activos, que deben disponer de recursos adecuados;

28.  Insta a los Estados miembros a que incrementen la cooperación y el intercambio de buenas prácticas en este ámbito dentro de las plataformas de reunión existentes, como el Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude (COCOLAF) y otras;

La prevención de la infiltración de la delincuencia organizada y la corrupción en la economía legal

29.  Recuerda que la corrupción representa para la delincuencia organizada la puerta de entrada en la economía legal, en especial a través de la adjudicación de contratos públicos y las asociaciones público-privadas;

30.  Pide que se instaure un sistema completo de contratación pública electrónica para toda la Unión a fin de reducir el riesgo de corrupción en la contratación pública;

31.  Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que utilicen instrumentos de supervisión de la contratación pública y elaboren listas negras de las empresas que tengan vínculos probados con la delincuencia organizada o estén implicadas en prácticas corruptas, y les impidan establecer una relación económica con una administración pública y beneficiarse de fondos de la Unión; pide a los Estados miembros que creen estructuras especializadas a escala nacional para detectar las organizaciones delictivas y excluir de las licitaciones públicas a las entidades implicadas en prácticas corruptas o de blanqueo de dinero; subraya que la inclusión en la «lista negra» puede ser un medio eficaz de disuasión para que las empresas no se vean envueltas en actividades de corrupción y es un buen incentivo para que mejoren y refuercen sus procedimientos internos en materia de integridad; insta a los Estados miembros a que introduzcan una certificación contra la delincuencia organizada para las empresas y a que intercambien automáticamente la información pertinente a escala de la Unión;

32.  Recuerda que veintiún Estados miembros no han transpuesto todavía el paquete de directivas sobre la contratación pública; reitera que las normas de contratación pública son fundamentales para la transparencia y la rendición de cuentas en uno de los ámbitos más vulnerables a la corrupción;

33.  Recuerda que las normas de contabilidad transparente deben garantizarse y ser oponibles no solo en el plano de la administración central, sino también en el de la administración regional y local en todos los Estados miembros;

34.  Manifiesta su preocupación ante la práctica reiterada por la que empresas delictivas implicadas en el blanqueo de dinero presentan ofertas por debajo del coste para licitaciones de obras de gran envergadura; pide a la Comisión que incluya una evaluación económica de las propuestas de las empresas adjudicatarias de contratos y subcontratos;

35.  Señala que el blanqueo de dinero a través de estructuras empresariales complejas y su integración en la actividad económica legal puede ser una amenaza para el orden público del Estado; pide a los Estados miembros que establezcan medidas, sin generar una carga excesiva para las pequeñas y medianas empresas, con objeto de incrementar la transparencia de las transacciones monetarias y mejorar la trazabilidad de las operaciones de las personas físicas a fin de poder llevar un seguimiento de la financiación delictiva y del terrorismo (principio consistente en «seguir la pista al dinero»); pide a los Estados miembros que tomen medidas que dificulten la creación de estructuras complejas y densas de empresas interconectadas que, por el hecho de que tienden a ser poco transparentes, pueden ser utilizadas indebidamente para financiar actividades delictivas o terroristas y otros delitos graves.

36.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que exijan a los contratistas que revelen su estructura empresarial completa y beneficiarios efectivos antes de adjudicarles contratos, a fin de evitar apoyar a empresas que participen en prácticas de planificación fiscal agresiva, fraude y evasión fiscales y corrupción;

37.  Señala que la compra de propiedades en los Estados miembros de la Unión es una forma de blanquear los ingresos procedentes de actividades delictivas por la que los delincuentes protegen su propiedad efectiva final a través de empresas fantasma en el extranjero; insta a los Estados miembros a que velen por que las empresas extranjeras que tengan la intención de poseer un título de propiedad en su territorio estén sujetas a las mismas condiciones de transparencia que las requeridas a las empresas constituidas en su jurisdicción;

38.  Recuerda que la crisis financiera impuso una presión adicional a los gobiernos europeos; exige, ante los actuales retos económicos, una mayor garantía de integridad y transparencia del gasto público;

39.  Insta a los Estados miembros a que adopten medidas adecuadas para garantizar la transparencia de las decisiones de expedición de licencias y autorizaciones urbanísticas a escala regional y local;

40.  Señala que, de conformidad con el artículo 325 del TFUE, los Estados miembros y la Comisión tienen el deber jurídico de combatir el fraude, y se congratula por la inclusión de cláusulas contra el fraude en las propuestas legislativas que tienen impacto financiero;

41.  Manifiesta su preocupación ante el aumento de los fraudes relativos al IVA, en particular los denominados fraudes carrusel; pide a todos los Estados miembros que participen en todos los ámbitos de actividad de Eurofisc a fin de facilitar el intercambio de información útil para combatir esos tipos de fraude;

42.  Pide a los Estados miembros que adopten una legislación específica y tomen medidas adecuadas para impedir y frenar las actividades de profesionales, entidades bancarias, funcionarios y políticos de todos los niveles que, sin ser miembros de una organización delictiva, apoyan sus actividades a diferentes niveles; a este respecto:

   a) recomienda a los Estados miembros y a las instituciones europeas que impulsen la rotación de los funcionarios públicos para prevenir la corrupción y la infiltración de la delincuencia organizada;
   b) pide normas obligatorias que establezcan que las personas que hayan sido condenadas o que hayan participado en actividades relacionadas con la delincuencia organizada, el blanqueo de capitales, la corrupción u otros delitos graves, delitos contra la administración pública, delitos de asociación o corrupción, no puedan ejercer el sufragio pasivo o trabajar en la administración pública o para ella, incluidas las instituciones, organismos y agencias de la Unión;
   c) pide que se sancione penalmente a los directivos y bancos en los casos demostrados de blanqueo de grandes cantidades de dinero; pide a la Comisión que elabore una propuesta por la que se garantice la transparencia absoluta de los flujos bancarios, no solo para las personas físicas sino también para las personas jurídicas y las fiduciarias;

43.  Considera necesaria la existencia, a escala europea, de normas que garanticen la comprobación y supervisión de todas las fuentes de financiación de los partidos políticos, a fin de garantizar su legalidad;

44.  Estima que es esencial reforzar las disposiciones legislativas destinadas a garantizar un mayor grado de transparencia y seguimiento de los flujos financieros, en particular la gestión de los fondos de la Unión, mediante, entre otras vías, investigaciones previas y una auditoría final para comprobar el uso correcto de dichos fondos; pide a los Estados miembros que presenten declaraciones nacionales sobre sus sistemas de control; pide a la Comisión que:

   a) rectifique los pagos en el caso de irregularidades por parte de los Estados miembros en relación con la utilización de fondos de la Unión;
   b) prohíba temporalmente el acceso a la financiación de la Unión a las instituciones y empresas que hayan sido declaradas culpables de un uso indebido y fraudulento de fondos de la Unión;
   c) supervise de cerca el uso de los fondos de la Unión e informe periódicamente al Parlamento Europeo;

45.  Opina que la Comisión debe imponer el máximo nivel de integridad en los procesos de contratación para la ejecución de proyectos financiados con fondos de la Unión; recuerda que supervisar los resultados de los proyectos en cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y responsabilizar a las entidades locales es esencial para determinar si los fondos de la Unión se utilizan de manera adecuada y hacer frente a la corrupción;

46.  Recuerda que la transparencia es el instrumento más eficaz para luchar contra los abusos y los fraudes; pide a la Comisión que mejore la normativa en este ámbito, haciendo obligatoria la publicación de los datos relativos a todos los beneficiarios de fondos de la Unión, incluidos los datos sobre las subcontrataciones;

47.  Pide a la Comisión que emprenda una acción legislativa para simplificar los procedimientos burocráticos a nivel administrativo con vistas a mejorar la transparencia y luchar contra la corrupción;

48.  Pide a la Comisión Europea que supervise el porcentaje de uso de la adjudicación directa de contratos públicos en los Estados miembros e informe al Parlamento de ello, así como de las circunstancias jurídicas en las que las administraciones nacionales utilizan más ese mecanismo;

49.  Recomienda que los Estados miembros se esfuercen por garantizar la existencia de mecanismos de transparencia, supervisión y rendición de cuentas eficaces en relación con su uso de los fondos de la Unión; opina que, dado que la repercusión positiva de los fondos de la Unión depende de los procesos a escala nacional y de la propia Unión para garantizar la transparencia, una supervisión efectiva y la rendición de cuentas, debe estudiarse la manera de convertir la supervisión y la evaluación en procesos continuos y no solo a posteriori; considera que se debería reforzar la función del Tribunal de Cuentas a este respecto;

50.  Estima que se deben establecer indicadores cualitativos y cuantitativos que sean comparables a fin de medir los efectos de los fondos de la Unión y ayudar a evaluar si esos fondos lograron sus objetivos, y que se deben recopilar y publicar sistemáticamente datos cuantificados;

La Fiscalía Europea

51.  Considera que la Fiscalía Europea debe ser un elemento central en la lucha contra la corrupción de la Unión; reitera su petición de que se establezca, cuanto antes y con la participación del mayor número posible de Estados miembros, una Fiscalía Europea eficiente, independiente de los gobiernos nacionales y las instituciones de la Unión, y protegida frente a las presiones e influencias políticas;

52.  Reitera que es importante que se definan claramente las responsabilidades y competencias de los fiscales nacionales y de la futura Fiscalía Europea, así como respecto de Eurojust y la OLAF, para evitar cualquier conflicto de competencias; pide que se destinen los recursos financieros y humanos adecuados a la futura Fiscalía Europea, en consonancia con sus labores; considera que la Fiscalía Europea debe ser competente para enjuiciar todos los delitos relacionados con la protección de los intereses financieros, incluido el fraude del IVA; insta, en ese contexto, a los Estados miembros a que atengan plenamente al fallo del Tribunal de Justicia en el asunto Taricco (C-105/14) y desbloqueen las negociaciones dentro del Consejo sobre la Directiva PIF lo antes posible;

53.  Lamenta que las negociaciones en curso dentro del Consejo estén socavando la premisa básica de una Fiscalía Europea independiente y eficaz;

54.  Pide a la Comisión que valore la necesidad de revisar el mandato de la futura Fiscalía Europea, a fin de facultarla, una vez establecida, para la lucha contra la delincuencia organizada;

Los ámbitos de actuación específicos

La falsificación

55.  Condena el aumento de la falsificación de mercancías, medicamentos y productos agroalimentarios en el seno de la Unión, con la participación de redes de distribución gestionadas por la delincuencia organizada transnacional; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que tomen todas las medidas necesarias para prevenir y luchar contra la falsificación de mercancías, medicamentos y productos agroalimentarios; hace un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que recaben datos de manera sistemática sobre los casos de fraude y falsificación, a fin de disponer de información sobre su magnitud e incidencia y de intercambiar las mejores prácticas para detectar y combatir ese fenómeno;

56.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren otros métodos orientados a prevenir y desincentivar el fraude alimentario, como la denuncia pública mediante un registro europeo de explotadores de empresas alimentarias y farmacológicas condenados por fraude;

57.  Pide que se amplíen los actuales sistemas de trazabilidad y que se aplique sistemáticamente la trazabilidad continua prevista en el Reglamento (CE) n.º 178/2002, que abarca los alimentos y los piensos, los animales destinados a la producción de alimentos y todas las sustancias destinadas a ser incorporadas en un alimento o un pienso o con probabilidad de serlo;

El tráfico de estupefacientes

58.  Señala que el tráfico de estupefacientes constituye un gran negocio para los grupos delictivos que es necesario combatir con medidas coercitivas y preventivas; pide a los Estados miembros y a las instituciones competentes que combatan el vínculo entre el mercado de la droga y otras actividades delictivas, así como su repercusión en la economía y el comercio legales, tal como han puesto de manifiesto Europol y el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías en su Informe Europeo sobre drogas 2016;

59.  Recuerda a la Comisión que debe informar sobre los progresos realizados en la aplicación del plan de acción de la UE en materia de lucha contra la droga 2013-2016; pide a la Comisión que proponga sobre esta base un nuevo plan de acción para el periodo 2017-2020;

60.  Señala que la evaluación de las nuevas políticas sobre drogas blandas constituye una prioridad, y considera que las estrategias de despenalización o de legalización han de tenerse en cuenta como un medio para combatir eficazmente a las organizaciones delictivas; pide que la Unión integre esta cuestión en sus políticas tanto interiores como exteriores, haciendo participar en el debate político a todos los organismos internacionales y de la Unión pertinentes así como a las instituciones de todos los países interesados;

Los juegos de azar y el amaño de partidos

61.  Recuerda que las organizaciones delictivas utilizan a menudo el circuito legal e ilegal de los juegos de azar y los partidos amañados para el blanqueo de dinero; denuncia los intereses delictivos implicados en esas prácticas, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a mantener o adoptar medidas legislativas para combatir y prevenirlas, convirtiendo en delito la manipulación de acontecimientos deportivos; pide a los Estados miembros que colaboren de forma transparente y eficaz con las organizaciones deportivas e intensifiquen la comunicación y la cooperación con Eurojust y Europol a fin de combatir estos fenómenos;

Los paraísos fiscales

62.  Señala que en la Unión se pierde cada año un billón de euros debido a la evasión y elusión fiscales; destaca que debe prestarse especial atención a los paraísos fiscales y a los países que aplican prácticas fiscales opacas o perjudiciales, que representan un problema enorme que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos europeos;

63.  Acoge con satisfacción el acuerdo internacional alcanzado en el G-20 sobre la aplicación de una nueva norma mundial en favor de una mayor transparencia fiscal, en consonancia con la norma estricta que ya se aplica en la Unión; pide su rápida aplicación, así como un control efectivo a escala internacional del fraude y la evasión fiscales; acoge con satisfacción que la Comisión firmara en febrero de 2016 acuerdos que conllevan el intercambio de información fiscal con países como Andorra y Mónaco, y que, en 2015, ya hubiera firmado acuerdos con Suiza, Liechtenstein y San Marino;

64.  Recuerda la responsabilidad de la Unión de luchar contra las normas fiscales que facilitan la elusión fiscal por parte de las corporaciones transnacionales y los particulares, así como de ayudar a terceros países a repatriar fondos ilícitos y a enjuiciar a los infractores; destaca que la Unión debe promover, con carácter prioritario en todos los foros internacionales pertinentes, la lucha contra los paraísos fiscales, el secreto bancario y el blanqueo de capitales, el levantamiento del secreto profesional excesivo, la elaboración de informes públicos país por país por parte de las empresas multinacionales y los registros públicos de beneficiarios efectivos de empresas; señala que los paraísos fiscales son lugares ideales para recaudar y blanquear los ingresos procedentes de las actividades delictivas e insiste, en ese contexto, en que se necesita un enfoque coordinado a escala de la Unión;

65.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una campaña de sensibilización sobre las graves consecuencias que conlleva permitir la corrupción, que examine la posibilidad de adoptar un plan global para impedir las transferencias de activos a los terceros países que protegen a personas corruptas garantizando su anonimato, y que reconsidere sus vínculos económicos y diplomáticos con esos países;

Los delitos contra el medio ambiente

66.  Expresa su preocupación por el aumento de las actividades ilegales relacionadas con el medio ambiente, que están conectadas o son el resultado de actividades delictivas mafiosas organizadas, tales como el tráfico y la eliminación ilegales de residuos, incluidos los residuos tóxicos, y la destrucción del patrimonio natural; recuerda su recomendación de elaborar un plan de acción común para prevenir y combatir los delitos de ese tipo; advierte de la necesidad de aplicar las normativas vigentes sobre la conservación de la naturaleza y la protección del medio ambiente, incluida la realización de controles de prevención de la delincuencia a las empresas contratistas y subcontratistas adjudicatarias de contratos de grandes proyectos de infraestructuras financiados por el presupuesto de la Unión;

67.  Pide a la Comisión que supervise y evalúe la ejecución de la Directiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal, con el fin de garantizar que los Estados miembros castiguen con sanciones penales eficaces, proporcionadas y disuasorias cualquier tipo de comportamiento ilícito que tenga efectos negativos para la salud humana o el medio ambiente; pide a la Red europea para la aplicación y el cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente (IMPEL) que informe periódicamente al Parlamento sobre las actuaciones de los Estados miembros en relación con la ejecución de la Directiva 2008/99/CE;

68.  Señala que la delincuencia organizada utiliza empresas de construcción especializadas en movimiento de tierras para el blanqueo de dinero y la eliminación ilegal de sustancias tóxicas que provocan contaminación ambiental; pide a la Comisión que, para impedir esas prácticas, realice controles de prevención de la delincuencia a las empresas contratistas y subcontratistas adjudicatarias de contratos de grandes obras de infraestructuras financiadas por el presupuesto de la Unión;

La ciberdelincuencia

69.  Recuerda que la ciberdelincuencia es un medio utilizado en el blanqueo de dinero y la falsificación; señala que constituye una fuente importante de ingresos para numerosas organizaciones delictivas y que, en ese contexto, se ha de reforzar la legislación de la Unión y la cooperación entre los Estados miembros y las agencias de la Unión; observa con preocupación que, mediante el uso fraudulento de internet con fines ilegales, como la promoción del tráfico de estupefacientes y la trata de personas, las organizaciones delictivas han conseguido incrementar el volumen de sus tráficos ilícitos;

La delincuencia organizada y el terrorismo

70.  Recuerda que la convergencia y nexo, cada vez mayores, entre la delincuencia organizada y el terrorismo, así como las conexiones entre las organizaciones delictivas y las terroristas son una gran amenaza para la Unión; pide a los Estados miembros que garanticen que sea punible financiar y apoyar el terrorismo por medio de la delincuencia organizada, y que las autoridades de los Estados miembros competentes en los procedimientos penales consideren de manera más explícita los vínculos entre la delincuencia organizada y las actividades terroristas y la financiación del terrorismo;

71.  Destaca que el comercio ilícito de armas de fuego, petróleo, estupefacientes y especies silvestres, así como el tráfico de migrantes y el contrabando de cigarrillos y de mercancías, obras de arte y otros objetos culturales falsificados por parte de las redes de delincuencia organizada se ha convertido para los grupos terroristas en un medio muy lucrativo de obtener financiación; toma nota de la presentación por parte de la Comisión de un plan de acción contra el tráfico y uso ilícitos de armas de fuego y explosivos; insiste en la necesidad de aplicarlo sin demora; pide a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias evitando a la vez una carga administrativa excesiva para los agentes económicos, a fin de garantizar que las organizaciones terroristas y las redes delictivas no se beneficien del comercio de mercancías;

72.  Señala que la participación en actividades delictivas puede estar ligada a delitos de terrorismo; recuerda que, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el tráfico de estupefacientes, el movimiento de armas de fuego ilegales, la delincuencia organizada transnacional y el blanqueo de capitales se han convertido en parte integrante del terrorismo; considera que, para combatir eficazmente el terrorismo, es necesario reforzar la normativa de la Unión en materia de lucha contra la delincuencia organizada y el blanqueo de capitales, teniendo también presentes los vínculos existentes entre los grupos terroristas y los de la delincuencia organizada, basados en el interés mutuo;

La delincuencia organizada y la trata y el tráfico de seres humanos

73.  Muestra su preocupación por la creciente profesionalización del tráfico de seres humanos y los crecientes beneficios económicos de las redes de tratantes y traficantes a causa de los flujos constantes de refugiados hacia Europa; pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen la cooperación internacional en la lucha contra la trata ilícita de migrantes, con el fin de erradicar el tráfico de seres humanos y minimizar la influencia de las redes de tratantes;

74.  Recuerda que, por lo que respecta a la trata de seres humanos, la Unión dispone de un marco jurídico y político específico para optimizar la cooperación y hacer que la trata sea una prioridad para los organismos y las agencias como Europol y Eurojust; acoge con satisfacción las conclusiones del primer informe sobre los progresos realizados en la lucha contra la trata de seres humanos; pide a la Comisión que, sobre esta base, elabore lo más rápidamente posible una estrategia para después de 2016;

75.  Condena la infiltración de la delincuencia organizada en la gestión de los fondos destinados a la acogida de migrantes, y pide la adopción de medidas específicas para combatir la trata y el tráfico de seres humanos, que dirigen redes complejas de grupos delictivos ubicados en los países de origen, tránsito y destino de las víctimas;

76.  Hace hincapié en que urge abordar la grave explotación laboral de los trabajadores migrantes en la Unión; reconoce que la falta de canales de migración regular y las barreras de acceso a la justicia son algunas de las causas fundamentales de la trata de seres humanos; señala que la Directiva sobre sanciones a los empleadores incluye disposiciones importantes para hacer frente a la explotación laboral de nacionales de terceros países residentes de forma irregular, pero que tales disposiciones dependen de la existencia de mecanismos de denuncia justos, eficaces y accesibles a escala nacional, y que la aplicación sigue siendo mínima;

La dimensión exterior

77.  Pide a la Unión que siga apoyando la consolidación de la administración pública y la adopción de marcos legislativos anticorrupción adecuados en todos los países, especialmente en los países en fase de transición o de postconflicto, en los que las instituciones son débiles; insiste en la necesidad de reforzar las redes policiales y judiciales regionales y especializadas en los países en desarrollo, siempre de acuerdo con parámetros que garanticen unos niveles adecuados de protección de los datos y la privacidad, y que comparta las buenas prácticas y los conocimientos técnicos de Europol, Eurojust y la Red Judicial Europea; destaca la necesidad de mejorar la legislación y la aplicación de la misma, así como de fomentar la protección de los denunciantes de irregularidades para que los infractores rindan cuentas de sus delitos y se establezca un sistema adecuado de protección de los denunciantes tanto dentro como fuera de la Unión; destaca en particular la necesidad de disponer de un mecanismo de notificación directa para los ciudadanos de los países beneficiarios de ayuda de la Unión que informen de irregularidades en relación con programas de ayuda financiados por la Unión;

78.  Señala con preocupación que los convenios y las iniciativas internacionales más relevantes destinados a combatir la corrupción y los flujos financieros ilícitos no logran resultados concretos en su fase de aplicación; recuerda que es fundamental desarrollar una estrategia anticorrupción en la política exterior a fin de combatir eficazmente la corrupción y los delitos financieros; pide a la Unión que promueva, como una prioridad de sus políticas exteriores, la transposición y aplicación correctas de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como de todos los demás instrumentos internacionales pertinentes para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales;

79.  Pide a la Comisión que, mediante un control permanente, garantice que la ayuda de la Unión no contribuya, ni directa ni indirectamente, a la corrupción; estima que la asistencia en forma de ayudas debería ser más acorde con la capacidad de absorción del país receptor y sus necesidades generales en materia de desarrollo, con objeto de evitar el derroche masivo y la corrupción de los recursos que aporta la ayuda; insta a la Unión a que haga frente a la corrupción de manera directa mediante programas y documentos de estrategia por país, y que vincule el apoyo presupuestario a unos objetivos anticorrupción claros; destaca, con este fin, la necesidad de establecer mecanismos sólidos para controlar la aplicación; pide a la Comisión que desarrolle una estrategia sólida, holística e integral para la gestión del riesgo de corrupción en los países en desarrollo a fin de impedir que la ayuda al desarrollo contribuya a la corrupción, y que aplique en su totalidad la estrategia antifraude publicada en 2013, en particular al recurrir a ayudas de la Unión en cualquiera de sus modalidades, incluidos el FED y los fondos fiduciarios, y cuando se deleguen proyectos de desarrollo en terceros; señala con preocupación que el enfoque de la Unión con respecto a la corrupción en los países ACP proporciona poca orientación estratégica sobre el refuerzo de los sistemas estatales para prevenir y controlar la corrupción; considera que es necesario un mayor grado de coordinación entre el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo en su planteamiento para frenar eficazmente la corrupción en los países en desarrollo;

80.  Recuerda la importancia de que exista coherencia entre las políticas interna y externa de la Unión, y señala la necesidad de integrar la lucha contra la delincuencia organizada en las estrategias de desarrollo y seguridad, como un medio para restablecer la estabilidad en los países en desarrollo;

81.  Destaca que respetar el derecho de las personas y de los gobiernos a decidir sobre sus propios sistemas económicos, alimentarios y agrícolas es la solución para combatir las actividades delictivas que provocan hambre y pobreza; insta a la comunidad internacional a que afronte activamente la especulación financiera con los alimentos, como las adquisiciones a precios bajos en amplias zonas agrícolas y el acaparamiento de tierras por parte de grandes multinacionales agrícolas, teniendo en cuenta su impacto negativo en los pequeños productores;

82.  Pide a los países en desarrollo que aumenten la transparencia y la rendición de cuentas en los contratos de recursos, en los informes financieros y las auditorías de empresas, así como en la recaudación y la adjudicación de ingresos, como parte de su programa anticorrupción;

83.  Pide a la Unión que ayude en mayor medida a los países ricos en recursos a aplicar los principios de la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE) relativos a una mayor transparencia y rendición de cuentas en los sectores del petróleo, el gas y la minería; apoya decididamente la creación de un marco jurídico efectivo para apoyar la correcta aplicación de dicha Iniciativa por parte de las empresas que participan en las cadenas de suministro de los sectores del petróleo, el gas y la minería;

84.  Encarga a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que lleve un seguimiento de la recomendaciones formuladas en sus Resoluciones sobre la lucha contra la corrupción; pide a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que, en el plazo de dos años, evalúe las iniciativas legislativas emprendidas por la Comisión en este ámbito, en vista de la recomendaciones formuladas más arriba;

o
o   o

85.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 218 de 14.8.2013, p. 8.
(2) DO L 127 de 29.4.2014, p. 39.
(3) DO L 130 de 1.5.2014, p. 1.
(4) DO L 151 de 21.5.2014, p. 1.
(5) DO L 141 de 5.6.2015, p. 73.
(6) DO L 328 de 6.12.2008, p. 28.
(7) DO L 141 de 5.6.2015, p. 1.
(8) DO L 150 de 20.5.2014, p. 93.
(9) DO L 319 de 4.12.2015, p. 1.
(10) DO L 332 de 18.12.2007, p. 103
(11) DO L 317 de 4.11.2014, p. 28.
(12) DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
(13) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(14) DO L 65 de 11.3.2016, p. 1.
(15) ECLI:EU:C:2015:555.
(16) DO C 346 de 21.9.2016, p. 27..
(17) DO L 135 de 24.5.2016, p. 53.
(18) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0269.
(19) DO C 208 de 10.6.2016, p. 89.

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