Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2016/2991(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

RC-B8-1260/2016

Debates :

Votaciones :

PV 24/11/2016 - 8.2

Textos aprobados :

P8_TA(2016)0445

Textos aprobados
PDF 169kWORD 46k
Jueves 24 de noviembre de 2016 - Estrasburgo Edición definitiva
Situación de la comunidad guaraní-kaiowá en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul
P8_TA(2016)0445RC-B8-1260/2016

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre la situación de la comunidad guaraní-kaiowá en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul (2016/2991(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la necesidad de proteger los derechos de los pueblos indígenas de Brasil, y en particular su Resolución sobre la violación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas de Brasil, de 15 de febrero de 1996(1),

–  Vista su Resolución, de 12 de octubre de 1995, sobre la situación de los pueblos indígenas de Brasil(2),

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de septiembre de 2007,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas adoptados en septiembre de 2015,

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas,

–  Visto el Convenio n.º 169 de la Organización Mundial del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado el 27 de junio de 1989, y firmado por Brasil,

–  Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, pronunciada con ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el 9 de agosto de 2016,

–  Vistas la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, de 1998, las Directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos, y el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH);

–  Visto el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz, en relación con su misión a Brasil del 7 al 17 de marzo de 2016 (A/HRC/33/42/Add.1),

–  Visto el informe de 2016 del Consejo Indigenista Misionero (CIMI),

–  Vistas las declaraciones del representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos efectuadas en el transcurso del diálogo UE-Brasil sobre derechos humanos,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la actual Constitución de Brasil de 1988, que fue negociada con los pueblos indígenas, reconoce el derecho de dichos pueblos a preservar sus tradiciones culturales, así como su derecho primigenio a sus territorios ancestrales; que es obligación del Estado regular y proteger estos derechos;

B.  Considerando que, según la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en los últimos ocho años se ha constatado una inquietante ausencia de progresos en la aplicación de las recomendaciones de las Naciones Unidas y en la resolución de cuestiones históricas de importancia fundamental para los pueblos indígenas de Brasil, como por ejemplo la homologación de sus territorios, así como un preocupante retroceso en la protección de los derechos de los pueblos indígenas;

C.  Considerando que en los últimos catorce años, según datos oficiales de la Secretaría Especial de la Salud Indígena (SESAI) y del Distrito Sanitario Especial Indígena de Mato Grosso do Sul (DSEI-MS) en relación con el asesinato de guaraníes-kaiowá en el Estado de Mato Grosso do Sul, más de cuatrocientos indígenas, entre ellos catorce de sus líderes, han sido asesinados, incluidos Simiao Vilharva y Clodiodi de Souza, por intentar reclamar sus tierras ancestrales en actos de protesta pacíficos;

D.  Considerando que, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas de Brasil, realizada en 2008-2009, la tasa de desnutrición crónica entre los niños indígenas era del 26 %, frente al 5,9 % de los niños no indígenas; que, según recientes investigaciones efectuadas por FIAN Brasil y el CIMI, el 42 % de los miembros de las comunidades guaraní y kaiowá sufren desnutrición crónica;

E.  Considerando que la insuficiente oferta de atención sanitaria, servicios sociales y educación adecuados, así como la no demarcación de las tierras indígenas, influyen en el suicidio juvenil y en la mortalidad infantil; que en los últimos quince años al menos 750 personas, en su mayoría jóvenes, se han suicidado y que más de 600 niños menores de cinco años han muerto, la mayoría de enfermedades evitables y fácilmente tratables;

F.  Considerando que el 98,33 % de las tierras indígenas de Brasil están en la región amazónica, donde las poblaciones indígenas contribuyen a preservar la biodiversidad y con ello desempeñan un importante papel en la prevención del cambio climático; que, según el estudio titulado «Hacia una referencia de base global del almacenamiento de carbono en las tierras colectivas: análisis actualizado de la contribución de los pueblos indígenas y de las comunidades locales a la mitigación del cambio climático» de la Iniciativa de Derechos y Recursos, el Centro de Investigación Woods Hole y el Instituto de Recursos Mundiales, publicado el 1 de noviembre de 2016, la expansión de los derechos territoriales de los indígenas puede desempeñar un importante papel en la protección de los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas;

G.  Considerando que el Ministerio Público Federal y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) firmaron en 2007 el Compromiso de Ajuste de Conducta con el fin de identificar y delimitar treinta y seis territorios de la comunidad guaraní-kaiowá en Mato Grosso do Sul a más tardar en 2009;

H.  Considerando que está en marcha una serie de iniciativas para la reforma, interpretación y aplicación de la Constitución Federal de Brasil, y que estos posibles cambios podrían comprometer los derechos de los indígenas reconocidos por la misma;

1.  Reconoce la histórica colaboración entre la Unión Europea y Brasil, construida sobre la confianza mutua y el respeto de los principios y valores democráticos; felicita al Gobierno de Brasil por los avances en aspectos como el papel constructivo de la FUNAI, las diversas resoluciones del Tribunal Supremo Federal para impedir expulsiones, los esfuerzos por aplicar servicios diferenciados en los ámbitos de la salud y la educación, los importantes avances en la demarcación de tierras en la región amazónica, la organización de la primera Conferencia Nacional de Política Indigenista y la creación del Consejo Nacional de Política Indigenista;

2.  Condena enérgicamente los actos de violencia perpetrados contra las comunidades indígenas de Brasil; lamenta la pobreza y la situación en materia de derechos humanos de la población guaraní-kaiowá de Mato Grosso do Sul;

3.  Pide a las autoridades brasileñas que adopten medidas inmediatas para proteger la seguridad de los pueblos indígenas y garantizar que se efectúen investigaciones independientes sobre los asesinatos y ataques contra indígenas motivados por sus intentos de defender sus derechos humanos y territoriales, con objeto de llevar a los responsables ante la justicia;

4.  Recuerda a las autoridades brasileñas su responsabilidad en la preservación y la plena aplicación, por lo que se refiere a la población guaraní-kaiowá, de las disposiciones de la Constitución de Brasil sobre la protección de derechos individuales y derechos de minorías y grupos étnicos indefensos;

5.  Recuerda a las autoridades brasileñas su obligación de respetar las normas internacionales sobre derechos humanos en relación con los pueblos indígenas, tal como exigen, en particular, la Constitución Federal de Brasil y la Ley n.o 6.001/73 sobre el «Estatuto del Indio»;

6.  Reconoce el papel del Tribunal Supremo Federal de Brasil en la continuidad de la protección de los derechos primigenios y constitucionales de los pueblos indígenas, y pide al Consejo Nacional que desarrolle mecanismos y acciones para una mejor protección de las necesidades de las poblaciones vulnerables;

7.  Pide a las autoridades brasileñas que apliquen plenamente las recomendaciones de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas formuladas tras su misión a Brasil de marzo de 2016;

8.  Pide a las autoridades brasileñas que elaboren un plan de trabajo para dar prioridad a la finalización de la delimitación de todos los territorios reivindicados por la comunidad guaraní-kaiowá y crear las condiciones operativas técnicas a tal efecto, dado que muchos asesinatos obedecen a represalias en el contexto de la reocupación de territorios ancestrales;

9.  Recomienda a las autoridades brasileñas que prevean un presupuesto suficiente para la labor de la FUNAI y lo refuercen con las dotaciones necesarias para ofrecer los servicios básicos de los que dependen los pueblos indígenas;

10.  Expresa su preocupación por la enmienda constitucional propuesta n.o 215/2000 (PEC 215), a la que se oponen ferozmente los pueblos indígenas de Brasil, dado que, en caso de aprobarse, amenazaría sus derechos territoriales al posibilitar que los intereses antiindígenas relacionados con los sectores agroempresarial, maderero, minero y energético bloqueen el reconocimiento de los nuevos territorios indígenas; cree firmemente que las empresas deben rendir cuentas por cualesquiera daños medioambientales y violaciones de derechos humanos de las que sean responsables y que la Unión y sus Estados miembros deben hacer valer esta regla como principio básico, convirtiéndola en una disposición vinculante en todas sus políticas comerciales;

11.  Encarga a su Presidente que trasmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Presidente y al Gobierno de Brasil, al Presidente del Congreso Nacional de Brasil, a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas.

(1) DO C 65 de 4.3.1996, p. 164.
(2) DO C 287 de 30.10.1995, p. 202.

Aviso jurídico