Índice 
Textos aprobados
Jueves 12 de mayo de 2016 - EstrasburgoEdición definitiva
Los tártaros de Crimea
 Gambia
 Yibuti
 Intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad *
 Trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura en el sector de la restauración y el comercio minorista
 Estatuto de economía de mercado de China
 Seguimiento y situación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
 Indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de determinados alimentos
 Acuerdo marco sobre el permiso parental
 Prevención y lucha contra la trata de seres humanos

Los tártaros de Crimea
PDF 176kWORD 76k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre los tártaros de Crimea (2016/2692(RSP))
P8_TA(2016)0218RC-B8-0582/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la Asociación Oriental, Ucrania y la Federación de Rusia,

–  Vistos los informes de la Misión de Evaluación de los Derechos Humanos en Crimea, a cargo de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y del Alto Comisionado de la OSCE para las Minorías Nacionales (ACNM),

–  Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,

–  Vistas las decisiones del Consejo Europeo, de 21 de marzo, 27 de junio y 16 de julio de 2014, por las que se imponen sanciones a la Federación de Rusia como consecuencia de la anexión ilegal de Crimea,

–  Vista la Resolución 68/262 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 27 de marzo de 2014, titulada «La integridad territorial de Ucrania»,

–  Visto el informe de Freedom House titulado «La libertad en el mundo en 2016», que califica la situación de Crimea en cuanto a libertades políticas y civiles como «sin libertades»,

–  Vista la sentencia del denominado Tribunal Supremo de Crimea, de 26 de abril de 2016, que consideró al Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea como una organización extremista y prohibió sus actividades en la península de Crimea,

–  Vistas las declaraciones de la portavoz de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), de 14 de abril de 2016, sobre la suspensión de las actividades del Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea, y de 26 de abril de 2016, sobre la decisión del «Tribunal Supremo» de Crimea de prohibir las actividades del Mejlís,

–  Vistas la declaración del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 26 de abril de 2016, en la que insta a que se ponga fin a la prohibición del Mejlís, y la declaración del secretario general del Consejo de Europa, de 26 de abril de 2016, según la cual la prohibición del Mejlís conlleva el riesgo de que se ponga en el punto de mira a la comunidad tártara de Crimea en su conjunto,

–  Vistos el Protocolo de Minsk, de 5 de septiembre de 2014, y el Memorando de Minsk, de 19 de septiembre de 2014, sobre la puesta en marcha del plan de paz de doce puntos,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Federación de Rusia se ha anexionado ilegalmente Crimea y Sebastopol y, por consiguiente, es un Estado ocupante que viola el Derecho internacional, incluidas la Carta de las Naciones Unidas, el Acta Final de Helsinki, el Memorando de Budapest de 1994 y el Tratado de Amistad, Cooperación y Asociación de 1997 entre Ucrania y la Federación de Rusia;

B.  Considerando que la Unión y la comunidad internacional han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados y por la persecución sistemática de aquellas personas que no reconocen a las nuevas autoridades; que supuestas autoridades han puesto en el punto de mira a la comunidad indígena de tártaros de Crimea, que en su mayoría se opone a la toma de control de la península por parte de Rusia y boicoteó el llamado referéndum del 16 de marzo de 2014; que las instituciones y organizaciones tártaras de Crimea son tachadas cada vez con mayor frecuencia de extremistas y miembros destacados de esta comunidad son arrestados o corren el riesgo de serlo por ser considerados terroristas; que entre los abusos cometidos se cuentan secuestros, desapariciones forzosas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y otros actos de violencia que las autoridades de hecho no han investigado ni perseguido, por no mencionar los problemas jurídicos sistémicos en relación con los derechos y el registro de la propiedad;

C.  Considerando que, en el pasado, diversos dirigentes tártaros de Crimea, en particular Mustafa Dzhemiliev y Refat Chubárov, tuvieron prohibida la entrada a Crimea y que actualmente estas personas sí tienen autorizada la entrada, pero bajo amenaza de detención, por lo que pueden correr la misma suerte que muchos otros miembros del Mejlís y activistas y personas desplazadas de la comunidad tártara de Crimea; que más de 20 000 tártaros de Crimea han tenido que abandonar la Crimea ocupada para trasladarse a la Ucrania continental, según datos proporcionados por el Gobierno de Ucrania;

D.  Considerando que Mustafa Dzhemiliev, dirigente del pueblo tártaro de Crimea, que anteriormente pasó quince años en cárceles soviéticas, ha publicado una lista de catorce tártaros de Crimea que son presos políticos de las denominadas autoridades rusas de Crimea, entre ellos Ahtem Chiigoz, vicepresidente primero del Mejlís, que se encuentra detenido en Simferópol a la espera de juicio; que se debe prestar especial atención al estado de salud de este último y resulta especialmente importante que su juicio sea público y supervisado por el Consejo de Europa y otras organizaciones internacionales;

E.  Considerando que la Federación de Rusia ha estado restringiendo el acceso a Crimea por parte de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), las Naciones Unidas y el Consejo de Europa, así como de ONG de defensa de los derechos humanos y de periodistas independientes; que la imposibilidad de acceder a Crimea dificulta sobremanera la supervisión y la información sobre la situación de los derechos humanos en este territorio;

F.  Considerando que la totalidad de la población tártara de Crimea, pueblo autóctono de este territorio, fue deportada en 1944 a otras regiones de la antigua URSS, y privada del derecho de regresar hasta 1989; que, el 12 de noviembre de 2015, la Verjovna Rada de Ucrania aprobó una resolución en la que se reconoció como genocidio la deportación de los tártaros de Crimea en 1944 y se estableció el 18 de mayo como Día de Memoria;

G.  Considerando que, el 26 de abril de 2016, el denominado Tribunal Supremo de Crimea se pronunció a favor de un requerimiento de la supuesta fiscal general de Crimea, Natalia Poklonskaya, por el que acusa al Mejlís, el que había sido el órgano representativo de la comunidad tártara de Crimea desde su creación en 1991 y había gozado de plena naturaleza jurídica desde mayo de 1999, de extremismo, terrorismo, violaciones de los derechos humanos, acciones ilegales y actos de sabotaje contra las autoridades;

H.  Considerando que el Mejlís ha sido declarado ahora organización extremista e incluido en la lista del Ministerio de Justicia ruso en la que figuran las ONG cuyas actividades han de suspenderse; que, por consiguiente, las actividades del Mejlís han sido prohibidas en Crimea y en Rusia; que esta prohibición podría afectar a más de 2 500 miembros de 250 órganos parlamentarios de pueblos y ciudades de Crimea;

I.  Considerando que las decisiones de la supuesta fiscal general y del denominado Tribunal Supremo de Crimea son parte integrante de la política de represión e intimidación de la Federación de Rusia, que está castigando a esta minoría por su lealtad al Estado ucraniano durante la anexión ilegal de la península de hace dos años;

J.  Considerando que, se ha producido una clara violación del Derecho internacional humanitario (incluidos el cuarto Convenio de La Haya de 1907, la cuarta Convención de Ginebra de 1949 y su Protocolo I adicional de 1977), en virtud del cual una potencia ocupante no puede enjuiciar a civiles por delitos cometidos antes de la ocupación y la legislación penal del territorio ocupado debe permanecer en vigor;

1.  Condena firmemente la decisión del denominado Tribunal Supremo de Crimea de prohibir el Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea y pide que sea revocada inmediatamente; considera que esta decisión constituye una persecución sistemática y específica de los tártaros de Crimea y que es una acción con motivaciones políticas que tiene por objeto seguir intimidando a los representantes legítimos de la comunidad tártara; hace hincapié en la importancia de este órgano decisorio elegido democráticamente, que representa al pueblo tártaro de Crimea;

2.  Señala que la prohibición del Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea —el órgano representativo legítimo y reconocido de la población indígena de Crimea— servirá para estigmatizar a los tártaros de Crimea, profundizando su discriminación y violando sus derechos humanos y libertades civiles fundamentales, y constituye un intento de expulsarlos de Crimea, que es su patria histórica; expresa su preocupación por que el hecho de catalogar al Mejlís como organización extremista pueda conllevar otras acusaciones, de conformidad con el Código Penal de la Federación de Rusia;

3.  Recuerda que la prohibición del Mejlís implica que no podrá reunirse, publicar sus opiniones en los medios de comunicación, celebrar actos públicos o utilizar cuentas bancarias; pide que la Unión apoye económicamente las actividades del Mejlís en el exilio; pide que se aumente la financiación destinada a las organizaciones de defensa de los derechos humanos que trabajan en favor de Crimea;

4.  Recuerda con pesar el segundo aniversario de la anexión ilegal de la península de Crimea por parte de la Federación de Rusia, que se produjo el 20 de febrero de 2014; reitera su firme condena de dicho acto, que viola el Derecho internacional; manifiesta su firme compromiso con la política de no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea y con las sanciones impuestas tras dicha anexión, y pide que se estudie la posibilidad de ampliar la lista de personas objeto de sanciones de la Unión en relación con la prohibición del Mejlís; pide a los Estados miembros que respeten estrictamente esta lista; lamenta las visitas a Crimea —organizadas sin el consentimiento de las autoridades ucranianas— de algunos políticos de los Estados miembros de la Unión, incluidos diputados de Parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo, y pide a los diputados que se abstengan de realizar estas visitas en el futuro;

5.  Reitera su firme compromiso con la soberanía, la independencia política, la unidad y la integridad territorial de Ucrania, con arreglo a sus fronteras reconocidas internacionalmente, así como con la opción libre y soberana de este país de avanzar por una senda europea; pide a todas las partes que procedan inmediatamente a la reintegración pacífica de la ocupada península de Crimea en el ordenamiento jurídico ucraniano mediante el diálogo político y dentro del pleno respeto del Derecho internacional; opina que el restablecimiento de la autoridad ucraniana sobre la península resulta fundamental para la reanudación de las relaciones de cooperación con la Federación de Rusia, incluida la suspensión de las sanciones relativas a Crimea;

6.  Condena las graves restricciones de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica, que afectan incluso a actos conmemorativos tradicionales como el aniversario de la deportación de los tártaros de Crimea por el régimen totalitario soviético de Stalin y a los encuentros culturales de los tártaros de Crimea;

7.  Condena las restricciones a la libertad de los medios de comunicación impuestas en Crimea, en especial la retirada de la licencia de ATR, el principal canal de televisión tártaro de Crimea; pide la reapertura de dicho canal, así como del canal de televisión infantil Lale y de la emisora de radio Meydan; considera que estos actos privan al pueblo tártaro de Crimea de un instrumento vital para conservar su identidad cultural y lingüística; toma nota de la fundación del nuevo canal de televisión TV Millet y pide que se garantice su plena independencia editorial;

8.  Lamenta profundamente las restricciones sistemáticas de la libertad de expresión con el pretexto de combatir el extremismo, así como la supervisión de los medios sociales de comunicación con el objetivo de identificar a activistas que no reconocen el nuevo orden y que critican la validez del referéndum celebrado el 16 de marzo de 2014; recuerda que cien Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas se sumaron a esta postura al adoptar la Resolución 68/262;

9.  Recuerda que, a lo largo de la historia, los tártaros indígenas de Crimea han sido víctimas de injusticias que llevaron a su deportación masiva por las autoridades soviéticas y a la expropiación de sus tierras y recursos; lamenta que las políticas discriminatorias aplicadas por supuestas autoridades estén impidiendo la restitución de dichas propiedades y recursos, o que sean utilizadas como moneda para comprar apoyo;

10.  Insta a la Federación de Rusia, que, con arreglo al Derecho internacional humanitario, es la responsable en última instancia como Estado ocupante en Crimea, a que mantenga el orden jurídico en la península y proteja a los ciudadanos contra medidas y resoluciones judiciales o administrativas arbitrarias, en cumplimiento de sus propios compromisos como miembro del Consejo de Europa, y a que lleve a cabo investigaciones internacionales independientes de cualquier violación del Derecho internacional o de los derechos humanos cometida por las fuerzas ocupantes y las supuestas autoridades locales; pide la reactivación del grupo de contacto para las familias de las personas desaparecidas;

11.  Pide que se permita el acceso permanente y sin restricciones a Crimea de organismos internacionales pertinentes de defensa de los derechos humanos para que supervisen la situación de los derechos humanos en el territorio;

12.  Celebra la iniciativa ucraniana de establecer un mecanismo internacional de negociación con el formato «Ginebra plus» para el restablecimiento de la soberanía ucraniana sobre Crimea, que debería incluir la participación directa de la Unión; pide a la Federación de Rusia que inicie negociaciones con Ucrania y otras partes para la retirada rusa de Crimea, que levante los embargos al comercio y a la energía y que revoque el estado de emergencia en Crimea;

13.  Pide que se preserve el entorno multicultural histórico y tradicional de Crimea y que se respeten plenamente el ucraniano, el tártaro y otras lenguas minoritarias y culturas diferenciadas; condena la presión jurídica ejercida sobre las organizaciones culturales y educativas de la comunidad tártara de Crimea, incluidas aquellas dedicadas a los niños tártaros de Crimea;

14.  Pide a la Federación de Rusia que investigue todos los casos de torturas a presos detenidos ilegalmente en Crimea, incluidos Ahtem Chiigoz —vicepresidente primero del Mejlís—, Mustafa Dzhemiliev y Ali Asanov, que fueron detenidos en Crimea por supuestas autoridades locales por protestar pacíficamente contra la ocupación, y que garantice el retorno de estas personas a Ucrania en condiciones de seguridad; reitera su llamamiento en favor de la liberación de Oleg Sentsov y Oleksandr Kolchenko; insta a la Federación de Rusia a que ponga fin a la persecución política de disidentes y de activistas de la sociedad civil; condena el traslado de estas personas a la Federación de Rusia y la imposición a las mismas de la ciudadanía rusa; pide a la Federación de Rusia que coopere estrechamente con el Consejo de Europa y la OSCE en relación con los asuntos mencionados anteriormente;

15.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y al Consejo que aumenten la presión sobre la Federación de Rusia para que permita el acceso a Crimea de organizaciones internacionales con el objetivo de que supervisen la situación de los derechos humanos, habida cuenta de las graves violaciones de las libertades fundamentales y de los derechos humanos registradas en la península, y de que establezcan mecanismos internacionales de supervisión permanentes y basados en convenciones; subraya que toda presencia internacional sobre el terreno debe estar bien coordinada, ser objeto de un acuerdo con Ucrania y recibir el respaldo de las principales organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos;

16.  Reitera su profunda preocupación por la situación de las personas LGBTI en Crimea, que ha empeorado considerablemente tras la anexión rusa;

17.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de Ucrania, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia y al Mejlís del Pueblo Tártaro de Crimea.


Gambia
PDF 178kWORD 75k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre Gambia (2016/2693(RSP))
P8_TA(2016)0219RC-B8-0591/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Gambia,

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre las prioridades de la UE para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2015(1),

–  Vistas las distintas preguntas parlamentarias sobre la situación en Gambia,

–  Vista la declaración del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 17 de abril de 2016, sobre la situación de los derechos humanos en Gambia,

–  Vistas las distintas declaraciones de la Delegación de la Unión Europea en Gambia,

–  Vista la Resolución de la Comisión de la Unión Africana, de 28 de febrero de 2015, sobre la situación de los derechos humanos en la República de Gambia,

–  Vista la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, de 17 de abril de 2016,

–  Visto el anexo sobre la misión en Gambia, de 2 de marzo de 2015, al informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas elaborado por el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

–  Visto el informe sobre Gambia, de 11 de mayo de 2015, del relator especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias,

–  Visto el informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre el Examen Periódico Universal relativo a Gambia, de 24 de diciembre de 2014,

–  Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú, firmado en junio de 2000,

–  Vista la Constitución de Gambia,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas, de 1981, sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Yahya Jammeh se hizo con el poder en Gambia en 1994 a raíz de un golpe de Estado militar; que, tras su elección como presidente en 1996, ha sido reelegido en tres ocasiones de manera polémica;

B.  Considerando que está previsto que las elecciones presidenciales se celebren el 1 de diciembre de 2016 y las elecciones legislativas, el 6 de abril de 2017; que las pasadas elecciones presidenciales, celebradas en 2011, fueron objeto de condena por parte de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (Cedeao), al considerar esta que carecían de legitimidad y tenían lugar en un clima de represión e intimidación de los partidos de la oposición y sus votantes;

C.  Considerando que una manifestación pacífica celebrada el 14 de abril de 2016 en Serekunda, un suburbio de la capital, Banjul, para pedir una reforma electoral fue respondida con violencia por parte de las fuerzas de seguridad de Gambia y con la detención arbitraria de manifestantes, entre ellos varios miembros del Partido Democrático Unido (UDP, por sus siglas en inglés); que Solo Sandeng, líder opositor y miembro del UDP, murió bajo custodia poco después de su detención en circunstancias poco claras;

D.  Considerando que los miembros del UDP volvieron a concentrarse el 16 de abril de 2016 para exigir tanto que se hiciera justicia por la muerte del Sr. Sandeng como la puesta en libertad de otros miembros de su partido; que la policía lanzó gases lacrimógenos contra los manifestantes y detuvo a varias personas;

E.  Considerando que otro dirigente de la oposición, Ousainou Darboe, y altos cargos del partido fueron detenidos y siguen retenidos por el Estado, al parecer con graves heridas;

F.  Considerando que Alagie Abdoulie Ceesay, director general de la radio independiente Teranga FM, a quien la Agencia Nacional de Inteligencia (NIA, por sus siglas en inglés) detuvo el 2 de julio de 2015, ha visto su solicitud de libertad bajo fianza denegada en tres ocasiones a pesar de su precario estado de salud;

G.  Considerando que, en marzo de 2016, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria emitió una opinión, aprobada durante su última sesión de diciembre de 2015, en la que hacía hincapié en que el Sr. Ceesay había sido privado arbitrariamente de libertad e instaba a Gambia a que lo pusiera en libertad y retirase todos los cargos en su contra;

H.  Considerando que, en Gambia, los defensores de los derechos humanos y los periodistas se ven sometidos a prácticas abusivas y a una legislación represiva y corren el riesgo constante de padecer acoso e intimidación, y detenciones y arrestos, y de ser víctimas de las desapariciones forzadas o de no tener otra opción que el exilio;

I.  Considerando que el recurso a la tortura y otras formas de maltrato es frecuente en Gambia; que al parecer se ha sometido sistemáticamente a personas a torturas brutales o a otro tipo de maltrato al objeto de arrancarles «confesiones» para su utilización ante los tribunales, como se muestra en el informe elaborado a raíz de la visita a Gambia en 2014 del relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

J.  Considerando que son frecuentes las detenciones arbitrarias por parte de la NIA y la policía, como las de Ousman Jammeh, exsubsecretario de Agricultura, o el jeque Omar Colley, el imán Ousman Sawaneh y el imán Cherno Gassama, islamólogos, y que a menudo las personas están detenidas sin cargos más allá del plazo máximo de setenta y dos horas para la puesta del sospechoso a disposición judicial, lo que supone una vulneración de la Constitución;

K.  Considerando que la legislación contra la homosexualidad vigente en Gambia establece largas penas de prisión y fuertes multas para la «homosexualidad agravada»; que las fuerzas de seguridad a menudo atacan, amenazan y detienen arbitrariamente a personas LGBTI, por lo que algunas de estas se han visto obligadas a abandonar el país por su propia seguridad;

L.  Considerando que Gambia es uno de los quince países más pobres del mundo y que cerca de una cuarta parte de la población se encuentra en inseguridad alimentaria crónica; que el país depende en gran medida de la ayuda internacional; que 14 475 gambianos han solicitado asilo en la Unión desde 2015;

M.  Considerando que la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Gambia suscita verdadera preocupación; que desde finales de 2009 la Unión ha abordado estas cuestiones en un diálogo en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú, pero con escasos progresos concretos;

N.  Considerando que, a raíz de esta preocupación suscitada por la situación de los derechos humanos, la Unión redujo drásticamente su ayuda a Gambia, aunque sigue siendo el mayor donante de ayuda a este país, con una asignación total de 33 millones EUR para el período 2015-2016 del Programa Indicativo Nacional (PIN); que, a raíz de esta reducción de la ayuda, el presidente Jammeh expulsó bruscamente, en junio de 2015, a Agnès Guillard, encargada de negocios de la Unión en Gambia;

O.  Considerando que el PIN de Gambia para 2015-2016 prevé inversiones en agricultura y seguridad alimentaria, así como en el sector del transporte, pero que no se destinan fondos al desarrollo de la sociedad civil, la gobernanza democrática o la promoción de los derechos humanos y del Estado de Derecho;

P.  Considerando que Gambia es miembro de la Cedeao; que, en julio de 2014 la Unión y la Cedeao celebraron un Acuerdo de Asociación Económica (AAE) que será ratificado en 2016; que los AAE deben reforzar no solo el comercio justo, sino también los derechos humanos y la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible;

Q.  Considerando que Gambia es un Estado miembro de la Unión Africana (UA), parte de la Carta Africana y signatario de la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza;

R.  Considerando que la Ley de reforma electoral de 2015 resulta excluyente para los partidos de la oposición al imponerles gastos inasumibles y hacer de Gambia uno de los países más caros a la hora de presentarse a un cargo público, con lo que quedan mermados los derechos de los ciudadanos en este proceso;

1.  Expresa su más profunda preocupación por el rápido deterioro de la seguridad y la situación de los derechos humanos en Gambia y lamenta los ataques de los días 14 y 16 de abril de 2016 contra manifestantes pacíficos;

2.  Pide la inmediata liberación de todos los manifestantes detenidos en relación con las manifestaciones de los días 14 y 16 de abril de 2016; pide al Gobierno de la República de Gambia que garantice un juicio con las debidas garantías a todos los detenidos acusados de participar en un intento inconstitucional de cambio de Gobierno; pide a las autoridades de Gambia que garanticen la integridad física y psicológica de estos sospechosos en todas las circunstancias y que los heridos reciban tratamiento médico sin demora; expresa su preocupación por las denuncias de tortura y de malos tratos de otros presos;

3.  Insta a las autoridades gambianas a que lleven a cabo a cabo una investigación rápida e independiente de estos hechos, y manifiesta, en particular, su profunda preocupación por la noticia de la muerte en detención del activista de la oposición Solo Sandeng;

4.  Condena firmemente las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones de los derechos humanos perpetradas contra los disidentes, incluidos periodistas, defensores de los derechos humanos, opositores políticos y figuras críticas, así como contra lesbianas, homosexuales, bisexuales y transexuales, bajo el Gobierno del presidente Yahya Jammeh; pide que todos los presos incomunicados comparezcan ante un juez o sean liberados;

5.  Pide a la Unión y a la Unión Africana que trabajen junto con Gambia para poner en marcha salvaguardias contra la tortura, garantizar un acceso independiente a los reclusos y reformar toda la legislación que interfiera con los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, incluidos los delitos de sedición, difamación y difusión de información falsa contemplados en el Código Penal y la modificación de la Ley de información y comunicación de 2013, que incluye la censura de la expresión en línea;

6.  Pide a Gambia que ratifique la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes;

7.  Pide al Gobierno de Gambia que investigue las pruebas de violaciones de los derechos humanos por parte de la NIA, que desarrolle una legislación que aborde la igualdad de derechos de los ciudadanos, incluidos los casos de desigualdad, y que continúe con los planes para la creación de una comisión nacional de derechos humanos, en consonancia con los principios de París sobre las instituciones de derechos humanos, para investigar y supervisar las supuestas violaciones de los derechos humanos;

8.  Insta al Gobierno de Gambia y a las autoridades regionales a que tomen todas las medidas necesarias para poner fin a la discriminación, los ataques y la criminalización de las personas LGBTI y para garantizar su derecho a la libertad de expresión, incluida la supresión del Código Penal de Gambia de las disposiciones que criminalizan a estas personas;

9.  Pide a las autoridades de Gambia que impidan todo tipo de discriminación por motivos religiosos y que promuevan y adopten medidas en favor de un diálogo pacífico y constructivo entre todas las comunidades;

10.  Pide a la Cedeao y a la Unión Africana que mantengan su compromiso contra las violaciones de los derechos humanos cometidas actualmente por el régimen gambiano; recuerda que la seguridad y la estabilización siguen constituyendo grandes retos en la región del África Occidental, e insiste en la necesidad de que la Unión Africana y la Cedeao supervisen atentamente la situación en Gambia y mantengan un diálogo político permanente con las autoridades gambianas sobre el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho;

11.  Pide al Gobierno de la República de Gambia que ratifique la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza antes de que se celebren las elecciones presidenciales previstas para diciembre de 2016;

12.  Pide al Gobierno de Gambia que entable un auténtico diálogo con todos los partidos políticos de la oposición sobre las reformas legislativas y políticas para garantizar unas elecciones libres y justas y que asegure que se respeta la libertad de asociación y de reunión, en consonancia con las obligaciones internacionales de Gambia; recuerda que la plena participación de la oposición y de la sociedad civil independiente en unas elecciones nacionales independientes y libres es un factor importante para el éxito de estas elecciones;

13.  Anima a la comunidad internacional, incluidas las organizaciones locales de derechos humanos y las ONG, así como a la Delegación de la Unión en Gambia y a otras instituciones internacionales pertinentes, a que supervisen activamente el procedimiento electoral, prestando especial atención a que se garantice el respeto público de la libertad de asociación y de reunión;

14.  Pide al Gobierno de Gambia que adopte todas las medidas necesarias para garantizar, en todas las circunstancias, el pleno respeto de la libertad de expresión y la libertad de prensa; pide, a este respecto, que se reformen las disposiciones de la Ley de información y comunicación con el fin de adaptar la legislación nacional a las normas internacionales;

15.  Expresa su preocupación por que el PIN 2015-2016 para Gambia no prevea ningún tipo de apoyo o financiación de la sociedad civil o de la gobernanza democrática, de promoción del Estado de Derecho y de protección de los derechos humanos; pide a la Comisión que garantice que la gobernanza democrática, el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos serán los sectores prioritarios de todo futuro acuerdo de cooperación al desarrollo que se plantee entre la Unión y Gambia;

16.  Pide a la Delegación de la Unión en Gambia que emplee todos los instrumentos a su disposición, incluido el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos, para supervisar activamente las condiciones de detención en Gambia, que acompañe y supervise las investigaciones sobre la represión gubernamental de las protestas de los días 14 y 16 de abril de 2016 y el trato dado a los manifestantes detenidos, y que intensifique los esfuerzos para colaborar con los miembros de la oposición política, líderes estudiantiles, periodistas, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y representantes de las personas LGBTI;

17.  Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que celebren una consulta pública de conformidad con el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, y a que estudien la posibilidad de congelar toda la ayuda no humanitaria al Gobierno de Gambia y de imponer prohibiciones de viaje u otras sanciones específicas a los funcionarios responsables de graves violaciones de los derechos humanos;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, a los Gobiernos de los países miembros de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, al Gobierno y al Parlamento de Gambia, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0079.


Yibuti
PDF 266kWORD 82k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre Yibuti (2016/2694(RSP))
P8_TA(2016)0220RC-B8-0594/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Yibuti, incluidas las de 4 de julio de 2013, sobre la situación en Yibuti(1), y de 15 de enero de 2009 sobre la situación en el Cuerno de África(2),

–  Visto el Programa indicativo nacional para Yibuti en el marco del 11º Fondo Europeo de Desarrollo, de 19 de junio de 2014,

–  Vistas las declaraciones de 12 de abril de 2016 y 23 de diciembre de 2015 del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior,

–  Vista la declaración de la alta representante, Federica Mogherini, en nombre de la Unión Europea con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa el 3 de mayo de 2016,

–  Vista la asociación política regional de la UE para la paz, la seguridad y el desarrollo en el Cuerno de África,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vista la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

–  Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

–  Vista la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, que Yibuti ha ratificado,

–  Vistas las actuaciones y las comunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) relativas a Yibuti,

–  Vistas las conclusiones preliminares, de 10 de abril de 2016, de la misión de observación electoral de la Unión Africana que supervisó las elecciones presidenciales,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en el que Yibuti es un Estado parte desde 2003,

–  Visto el Acuerdo marco firmado el 30 de diciembre de 2014 entre la Unión por la Mayoría Presidencial (UMP), la coalición en el poder, y la Unión por la Salvación Nacional (USN), la coalición de partidos de la oposición, encaminado a promover «políticas nacionales pacíficas y democráticas»,

–  Visto el Decreto n.º 2015-3016 PR/PM, de 24 de noviembre de 2015, adoptado por el Consejo de Ministros de Yibuti, por el que se establecen medidas de seguridad excepcionales a raíz de los atentados de París de 13 de noviembre de 2015,

–  Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, relativo a los derechos de la mujer en África,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú, firmado el 23 de junio de 2000 y revisado el 22 de junio de 2010,

–  Vista la Constitución de 1992 de la República de Yibuti, que reconoce las libertades fundamentales y los principios básicos de la buena gobernanza,

–  Vistas las directrices para las misiones de observación y supervisión electoral de la Unión Africana,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Ismail Omar Guelleh ha permanecido como presidente de Yibuti desde 1999 y ha logrado una victoria abrumadora en las elecciones de abril de 2016 con el 87,1 % de los votos, lo que fue objeto de críticas por parte de los partidos de la oposición y de los grupos defensores de derechos por haber sido obtenidos mediante la represión política; que algunos candidatos de la oposición boicotearon las elecciones de 2005, 2011 y 2016; que el presidente Guelleh convenció a la Asamblea Nacional para que modificase la Constitución en 2010 después de haber anunciado que no se presentaría a las elecciones de 2016, lo que le permitió optar a un tercer mandato en 2011; que las protestas subsiguientes de la sociedad civil fueron sofocadas;

B.  Considerando que la posición privilegiada de Yibuti en el Golfo de Adén le ha otorgado una importancia estratégica por lo que se refiere a las bases militares extranjeras, y que se le considera como un eje en la lucha contra la piratería y el terrorismo;

C.  Considerando que diez mujeres yibutianas se declararon en huelga de hambre en París para pedir una investigación internacional sobre la violación de mujeres de Yibuti, cuatro de ellas alegando haber sido violadas ellas mismas, mientras que otra, Fatou Ambassa, de treinta años, lo hacía en memoria de su prima Halima, fallecida presuntamente en el transcurso de una violación colectiva en 2003 a la edad de dieciséis años; que ocho de estas mujeres continuaron sus protestas durante diecinueve días, del 25 de marzo al 12 de abril de 2016, y diez mujeres más siguieron su ejemplo en Bruselas; que las autoridades de Yibuti rebaten dichas alegaciones; que mujeres han sido tomadas como rehenes en el conflicto entre el Ejército de Yibuti y el FRUD-armé; que el Comité de Mujeres de Yibuti (Comité des Femmes Djiboutiennes Contre le Viol et l’Impunité (COFEDVI)), creado en 1993, ha registrado 246 casos de violaciones por parte de soldados, recopilados a partir de unas veinte quejas presentadas;

D.  Considerando que ninguna misión de observación electoral de la UE fue invitada a supervisar las elecciones, y que la misión de expertos electorales que ofreció la UE fue rechazada por las autoridades de Yibuti; que la misión de observación electoral de la Unión Africana recomendó la creación de una comisión electoral independiente que se encargara del proceso electoral, incluido el anuncio de los resultados provisionales;

E.  Considerando que tres candidatos de la oposición, Omar Elmi Khaireh, Mohamed Moussa Ali y Djama Abdourahman Djama, impugnaron los resultados de las elecciones de abril de 2016 por su falta de transparencia y por no mostrar la voluntad del pueblo de Yibuti; que las organizaciones locales de derechos humanos no han reconocido los resultados; que el espacio político concedido a la oposición sigue siendo muy limitado, debido a las restricciones a la libertad de expresión; que las fuerzas policiales y los servicios de seguridad ejercen un férreo control del país y el poder judicial es débil y cercano al Gobierno; que los líderes de la oposición fueron objeto de detenciones y acoso constantemente y se han registrado denuncias de tortura; que el Ejército recibió presuntamente la orden de sacar a los representantes de la oposición de algunos colegios electorales, de modo que las urnas podrían haber sido rellenadas con votos falsos, mientras que otros barrios como Ali-Sabieh fueron puestos bajo control militar; que el presidente Guelleh organizó una fiesta para premiar al Ejército, al parecer, por su contribución a las elecciones, incluso antes de que se publicasen los resultados oficiales; que la Unión Africana ha lamentado una serie de irregularidades (la ausencia de registros, la falta de publicación de los resultados y el hecho de que los votos no se contabilizaran en público);

F.  Considerando que el 31 de diciembre de 2015, a raíz de la exclusión del Parlamento de diputados de la oposición, se aplicó una ley que impone el estado de emergencia, introducida en noviembre de 2015 para restringir las libertades individuales y reprimir a militantes de la oposición, defensores de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas;

G.  Considerando que, el 30 de diciembre de 2014, la coalición gobernante, la UMP, firmó un acuerdo marco con la coalición de oposición, la USN, en el que se preveía una reforma de la Comisión Electoral Nacional Independiente (Commission Électorale Nationale Indépendante), la creación de una comisión parlamentaria conjunta, así como reformas a corto y medio plazo; que la Comisión Parlamentaria Conjunta se creó en febrero de 2015, pero no se han presentado ninguno de los principales proyectos de ley (como la Ley sobre la creación de una comisión electoral conjunta independiente y la Ley sobre los derechos y obligaciones de los partidos políticos); que el 26 de agosto de 2015 las autoridades de Yibuti anunciaron que la Comisión Electoral no sería reformada;

H.  Considerando que no existen emisoras de radio o de televisión privadas en Yibuti, que las autoridades vigilan estrechamente las páginas web de la oposición y bloquean periódicamente las páginas web de las organizaciones de derechos humanos y de las redes sociales; que el Gobierno es propietario del principal periódico, La Nation, y del organismo de radiodifusión nacional, Radiodiffusion-Télévision de Djibouti, que practican la autocensura; que, en 2015, Freedom House declaró que la prensa en Yibuti no era libre; que Yibuti ocupa el puesto 170 (entre 180 países) en el índice mundial de libertad de prensa elaborado en 2015 por Reporteros sin Fronteras; que, a lo largo del mandato de la coalición de la UMP, los partidos y activistas de la oposición han sido reprimidos incesantemente, y que muchos activistas y periodistas, incluido un enviado de la BBC a la campaña de las elecciones presidenciales de 2016, han sido objeto de procedimientos judiciales; que, el 19 de enero de 2016, el principal periódico de la oposición, l’Aurore, fue cerrado por orden judicial; que la Comisión de Comunicación Nacional, que debía haberse constituido en 1993, aún no se ha creado;

I.  Considerando que, en 2012, la región de Mablas fue testigo de una oleada de detenciones arbitrarias de personas sospechosas de pertenencia al FRUD-armé.

J.  Considerando que se ha alegado que al menos 27 personas perdieron la vida y más de 150 resultaron heridas por las autoridades en un evento cultural en Buldugo el 21 de diciembre de 2015, aunque el Gobierno yibutiano insiste en que el número de víctimas mortales fue tan solo de siete; que, más tarde, la policía irrumpió asimismo en los locales donde se encontraban reunidos líderes de la oposición, hirió a varios de ellos y detuvo a dos destacados líderes (Abdourahman Mohammed Guelleh, secretario general de la USN, y Hamoud Abdi Souldan) sin que se les imputara cargo alguno; que ambos fueron liberados solo unos días antes de las elecciones presidenciales y el primero de ellos se enfrenta a cargos penales; que un dirigente sindical y defensor de los derechos humanos, Omar Ali Ewado, fue detenido en régimen de aislamiento desde el 29 de diciembre de 2015 al 14 de febrero de 2016 por la publicación de una lista de víctimas y desaparecidos de la masacre; que su abogado también fue detenido en el aeropuerto; que Said Houssein Robleh, miembro de la oposición y secretario general de la LDDH, fue herido de bala por la policía de Yibuti y se encuentra actualmente en el exilio en Europa;

K.  Considerando que las condiciones de detención en las cárceles de Yibuti son extremadamente preocupantes;

L.  Considerando que, a raíz de los atentados terroristas en París el 13 de noviembre de 2015, el Consejo de Ministros de Yibuti adoptó el Decreto n.º 2015-3016 PR/PM, el 24 de noviembre de 2015, por el que se prohíben las reuniones y concentraciones en espacios públicos, como medida contra el terrorismo;

M.  Considerando que en Yibuti no existe legislación contra la violencia doméstica y las violaciones conyugales; que las autoridades han informado al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de que son conscientes de que existen deficiencias en sus intentos por combatir la violencia de género; que, a pesar de ser ilegal desde 2005, se han practicado diversas formas de mutilación genital femenina al 98 % de las mujeres de Yibuti;

N.  Considerando que, según el Banco Mundial, más del 23 % de la población de Yibuti vive en situación de pobreza extrema, del cual el 74 % vive con menos de 3 dólares estadounidenses al día; que la inseguridad alimentaria en Yibuti se ha visto agravada por los altos precios de los alimentos, la escasez de agua, el cambio climático y la reducción de los pastos; que Yibuti se beneficia del paquete de ayudas de la Unión por valor de 79 millones de euros a los países del Gran Cuerno de África afectados por El Niño;

O.  Considerando que el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho constituyen elementos esenciales de la Asociación ACP-UE y del Acuerdo de Cotonú; que la Unión debería intensificar sin demora el diálogo político periódico con Yibuti en virtud del artículo 8 del Acuerdo de Cotonú;

P.  Considerando que Yibuti actualmente recibe 105 millones de euros de fondos bilaterales de la UE, principalmente para el agua y el saneamiento y para la seguridad alimentaria y nutricional, como parte del Programa Indicativo Nacional de la Unión, en el marco del 11º Fondo Europeo de Desarrollo; que, entre 2013 y 2017, Yibuti habrá recibido 14 millones de euros como parte de la iniciativa de la Unión de apoyo a la resiliencia en el Cuerno de África, cuyo objetivo es capacitar a las comunidades para que puedan hacer frente a las sequías recurrentes;

Q.  Considerando que Yibuti acoge actualmente a más de 15 000 refugiados procedentes de Somalia y Eritrea, y a unos 8 000 más procedentes de Yemen; que las mujeres y las niñas en los campos de refugiados corren el riesgo de ser víctimas de violencia de género; que la Comisión proporciona asistencia, como servicios de salvamento, y ayuda financiera a las comunidades que acogen campos de refugiados;

1.  Expresa su preocupación por el estancamiento del proceso de democratización en Yibuti, que empeoró cuando su Parlamento introdujo modificaciones en las disposiciones de la Constitución de Yibuti relativas a la limitación de los mandatos presidenciales, así como por las declaraciones que afirman que los miembros de la oposición fueron acosados y excluidos de numerosos colegios electorales; hace hincapié en la importancia de unas elecciones justas y libres de intimidación;

2.  Pide que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre la transparencia del proceso electoral y las elecciones de 2016 en Yibuti; reitera el llamamiento de la Unión para que se publiquen los resultados de cada colegio electoral correspondientes a las elecciones tanto de 2013 como de 2016;

3.  Denuncia enérgicamente las violaciones presuntamente cometidas por los soldados de Yibuti contra civiles, denunciadas por varias ONG y sobre las que llamaron la atención varios casos de huelga de hambre, y pide a las autoridades de Yibuti que lleven a cabo una investigación exhaustiva sobre las acciones de las fuerzas armadas en particular y que pongan fin a la impunidad; pide a las Naciones Unidas que investigue la situación de los derechos humanos en Yibuti, en particular la situación de las mujeres en el país; expresa su firme solidaridad con las mujeres de Yibuti que se encuentran actualmente en huelga de hambre en Francia y Bélgica;

4.  Denuncia que las fuerzas policiales y militares interfieran en los procesos democráticos y reitera que es esencial llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente del proceso electoral; manifiesta su preocupación por la aparente voluntad del presidente de celebrar de forma prematura su victoria en las elecciones de abril de 2016; recuerda a Yibuti que es Estado parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y que el artículo 16 de la Constitución de Yibuti dispone que «nadie podrá ser sometido a tortura, malos tratos ni penas crueles, inhumanas degradantes o humillantes»; pide a Yibuti que investigue exhaustivamente las acusaciones de tortura y malos tratos y que se asegure de que los autores sean procesados y, si fueran condenados, sean castigados con sanciones adecuadas y se indemnice convenientemente a las víctimas, y que establezca un mecanismo independiente para investigar las denuncias por falta grave;

5.  Lamenta la decisión de las autoridades de Yibuti de no reformar la Comisión Electoral Nacional, como estaba previsto en el acuerdo marco firmado el 30 de diciembre de 2014 e insta a dichas autoridades a que colaboren estrechamente con la oposición para diseñar un proceso electoral más justo y más transparente;

6.  Recuerda a las autoridades de Yibuti su compromiso, con arreglo a las directrices para las misiones de observación y supervisión electoral de la Unión Africana, de proteger a los periodistas, condena el modo en que se ha tratado a los periodistas y recuerda a las autoridades de Yibuti la importancia de la libertad de prensa y el derecho a un juicio justo; exige una explicación razonada por parte de las autoridades de Yibuti sobre el trato que se ha dado a los periodistas; condena firmemente el acoso y el encarcelamiento sin cargos de dirigentes de la oposición, periodistas y activistas independientes defensores de los derechos humanos en el período previo a las elecciones presidenciales; pide a las autoridades de Yibuti que pongan fin a la represión de los adversarios políticos y los periodistas, y que pongan en libertad a todas aquellas personas detenidas por motivos políticos o por ejercer la libertad de los medios de comunicación; pide a las autoridades de Yibuti que revisen la legislación nacional relativa al estado de emergencia de forma que se ajuste plenamente al Derecho internacional;

7.  Condena la falta de una prensa independiente en Yibuti, así como la vigilancia y la censura de sitios Internet con contenidos críticos con el Gobierno; lamenta las prácticas de autocensura que ejercen los medios de comunicación estatales; pide al Gobierno de Yibuti que conceda licencias de radiodifusión FM a cualquier medio de comunicación independiente que lo solicite; pide, asimismo, al Gobierno que permita a los periodistas extranjeros acceder libremente al país para que puedan ejercer su trabajo de forma segura y objetiva; pide al Gobierno de Yibuti que ponga en marcha la Comisión de Comunicación Nacional y autorice la radiodifusión privada e independiente;

8.  Lamenta las ejecuciones llevadas a cabo en el evento cultural del 21 de diciembre de 2015 y las consiguientes detenciones y actos de acoso contra los defensores de los derechos humanos y los miembros de la oposición; expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y pide que se lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente con vistas a identificar y llevar ante la justicia a los responsables; reitera su condena de las detenciones arbitrarias y pide que se respeten los derechos de la defensa;

9.  Pide a las autoridades de Yibuti que garanticen el respeto de los derechos humanos reconocidos en los acuerdos nacionales e internacionales de los que Yibuti es firmante y que defiendan los derechos y libertades civiles y políticos, incluidos el derecho de manifestación pacífica y la libertad de los medios;

10.  Insta al Gobierno a que siga facilitando formación a la policía y otros funcionarios para la aplicación de la Ley contra la trata de personas, que redoble sus esfuerzos por llevar ante la justicia a los tratantes de seres humanos y que aumente la concienciación acerca del problema de la trata entre las autoridades judiciales, legislativas y administrativas, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que operan en el país, así como entre el público en general;

11.  Exige que las mujeres y los hombres reciban el mismo trato ante la ley en Yibuti y recuerda a sus autoridades que es Estado parte en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;

12.  Acoge con satisfacción las intervenciones del Gobierno de Yibuti en lo que se refiere a la práctica generalizada de la mutilación genital femenina, si bien querría ver que se realizan mayores progresos;

13.  Pide a las autoridades que concedan permiso a las ONG para acceder a los barrios de Obock, Tadjoural y Dikhil;

14.  Pide a las autoridades civiles y militares que den muestras de la máxima moderación durante las operaciones policiales y militares en el norte del país y, en particular, se abstengan de utilizar cualquier tipo de violencia contra la población civil ni la utilicen como escudos humanos en torno a los campamentos militares;

15.  Declara su voluntad de observar atentamente la situación en Yibuti y de proponer medidas restrictivas en caso de que se infrinja el Acuerdo de Cotonú (2000), en particular sus artículos 8 y 9; pide a la Comisión que también observe la situación atentamente;

16.  Insta al SEAE, a la Comisión y a sus socios a que trabajen con los yibutianos en una reforma política a largo plazo, a lo que debe ayudar en particular la firme relación que ya existe, habida cuenta de que Yibuti ha sido un componente clave de la lucha contra el terrorismo y la piratería en la región, que acoge bases militares y que contribuye a la estabilidad en la región;

17.  Pide a la Comisión que proporcione más apoyo a las organizaciones independientes y a la sociedad civil, en particular mediante la apertura de una licitación lo antes posible en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno de Yibuti, a las instituciones de la Unión Africana, a la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, a la Liga Árabe, a la Organización de Cooperación Islámica, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Estados miembros de la UE y a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

(1) DO C 75 de 26.2.2016, p. 160.
(2) DO C 46 E de 24.2.2010, p. 102.


Intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad *
PDF 338kWORD 144k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre la propuesta de Directiva del Consejo que modifica la Directiva 2011/16/UE en lo que respecta al intercambio automático obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))
P8_TA(2016)0221A8-0157/2016

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2016)0025),

–  Vistos los artículos 113 y 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8-0030/2016),

–  Visto el dictamen motivado presentado por el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0157/2016),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 1
(1)  En los últimos años, el problema que plantean el fraude fiscal y la evasión fiscal se ha agravado considerablemente, pasando a convertirse en uno de los principales motivos de preocupación tanto en la Unión como a nivel mundial. El intercambio automático de información constituye una herramienta importante a este respecto y, en su Comunicación, de 6 de diciembre de 2012, relativa a un plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, la Comisión destacó la necesidad de promover enérgicamente el intercambio automático de información como el futuro estándar europeo e internacional de transparencia e intercambio de información en el ámbito fiscal. El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 22 de mayo de 2013, solicitó una ampliación del intercambio automático de información a escala de la Unión y a nivel mundial con vistas a la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva.
(1)  En los últimos años, el problema que plantean el fraude fiscal, la elusión y la evasión fiscales se ha agravado considerablemente, pasando a convertirse en uno de los principales motivos de preocupación tanto en la Unión como a nivel mundial. El intercambio automático de información constituye una herramienta importante a este respecto y, en su Comunicación, de 6 de diciembre de 2012, relativa a un plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal, la Comisión destacó la necesidad de promover enérgicamente el intercambio automático de información como el futuro estándar europeo e internacional de transparencia e intercambio de información en el ámbito fiscal. El Consejo Europeo, en sus conclusiones de 22 de mayo de 2013, solicitó una ampliación del intercambio automático de información a escala de la Unión y a nivel mundial con vistas a la lucha contra el fraude fiscal, la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva.
Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 2
(2)  Los grupos de empresas multinacionales, que operan en distintos países, tienen la posibilidad de participar en prácticas de planificación fiscal agresiva a las que no pueden recurrir las empresas nacionales. Cuando las empresas multinacionales mantienen prácticas de este tipo, las empresas estrictamente nacionales, normalmente pequeñas y medianas empresas (pymes), pueden verse especialmente afectadas, ya que su carga fiscal es más elevada que la de los grupos de empresas multinacionales. Por otra parte, todos los Estados miembros pueden sufrir pérdidas de ingresos y existe el riesgo de competencia para atraer a grupos de empresas multinacionales, ofreciéndoles nuevas ventajas fiscales. Se plantea, por tanto, un problema para el buen funcionamiento del mercado interior.
(2)  Los grupos de empresas multinacionales, que operan en distintos países, tienen la posibilidad de participar en prácticas de planificación fiscal agresiva a las que no pueden recurrir las empresas nacionales. Cuando las empresas multinacionales mantienen prácticas de este tipo, las empresas estrictamente nacionales, normalmente pequeñas y medianas empresas (pymes), pueden verse especialmente afectadas, ya que son las que pagan habitualmente un tipo efectivo de impuesto mucho más próximo a los tipos legales que las empresas multinacionales, lo que da lugar a distorsiones del Mercado Interior y al mal funcionamiento del mismo, así como a distorsiones de la competencia en perjuicio de las pymes. Para evitar distorsiones de la competencia, las empresas nacionales no deben sufrir desventajas en razón de su tamaño o ausencia de comercio transfronterizo. Además, todos los Estados miembros pueden sufrir pérdidas de ingresos y existe el riesgo de competencia desleal entre ellos para atraer a grupos de empresas multinacionales, ofreciéndoles nuevas ventajas fiscales. Se plantea, por tanto, un problema para el buen funcionamiento del mercado interior. A este respecto, debe hacerse hincapié en que es la Comisión quien está encargada del funcionamiento adecuado del mercado interior.
Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 2 bis (nuevo)
(2 bis)  Es de vital importancia para la Unión que las normas fiscales se elaboren de forma que no se perjudique el crecimiento ni las inversiones, ni se sitúe a las empresas de la Unión en una posición de desventaja competitiva, ni aumente el riesgo de doble imposición, y que reduzca al mínimo los costes y las cargas administrativas de las empresas.
Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 3
(3)  Las administraciones tributarias de la Unión precisan información exhaustiva y pertinente sobre los grupos de empresas multinacionales en relación con su estructura, su política en materia de precios de transferencia y sus operaciones internas dentro y fuera de la UE. Esa información les permitirá reaccionar frente a las prácticas fiscales perniciosas mediante cambios en la legislación o evaluaciones de riesgo y auditorías fiscales adecuadas, y detectar si las empresas han participado en prácticas que tengan por efecto trasladar artificialmente cantidades importantes de ingresos a entornos fiscalmente favorables.
(3)  Las administraciones tributarias de los Estados miembros precisan información exhaustiva y pertinente sobre los grupos de empresas multinacionales en relación con su estructura, su política en materia de precios de transferencia, sus liquidaciones impositivas, sus créditos fiscales y sus operaciones internas dentro y fuera de la Unión. Esa información les permitirá reaccionar frente a las prácticas fiscales perniciosas mediante cambios en la legislación o evaluaciones de riesgo y auditorías fiscales adecuadas, y detectar si las empresas han participado en prácticas que tengan por efecto trasladar artificialmente cantidades importantes de ingresos a entornos fiscalmente favorables. La Comisión debe tener acceso asimismo al intercambio de información entre las administraciones tributarias de los Estados miembros con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de la competencia aplicables. La Comisión debe tratar la información con carácter confidencial y adoptar todas las medidas adecuadas para proteger dicha información.
Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 4
(4)   El aumento de la transparencia respecto de las administraciones tributarias podría servir de acicate para que los grupos de empresas multinacionales abandonen ciertas prácticas y paguen la cuota impositiva que les corresponde en el país en que se obtienen los beneficios. Potenciar la transparencia de los grupos de empresas multinacionales es por tanto una parte esencial de la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios.
(4)   Un nivel adecuado de información facilitada e intercambiada entre las administraciones tributarias de los Estados miembros así como la Comisión podría servir de acicate para que los grupos de empresas multinacionales paguen sus impuestos en el país en que se crea el valor. Ello también aumentaría la «presión inter pares» entre Estados miembros y centraría la atención de los mercados financieros en la responsabilidad fiscal de las empresas multinacionales. Potenciar la transparencia de los grupos de empresas multinacionales sin menoscabar la competitividad de la Unión es por tanto una parte esencial de la lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios, y en definitiva, contra la elusión fiscal.
Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 6
(6)  En el informe país por país, los grupos de empresas multinacionales deben facilitar cada año y para cada jurisdicción fiscal en la que operen el importe de sus ingresos, los beneficios antes del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta pagado y devengado. Los grupos de empresas multinacionales han de notificar igualmente el número de empleados, el capital declarado, las ganancias acumuladas y los activos materiales en cada jurisdicción fiscal. Por último, los grupos de empresas multinacionales deben identificar a cada entidad del grupo que opere en una determinada jurisdicción e indicar las actividades económicas que ejerce cada entidad.
(6)  En el informe país por país, los grupos de empresas multinacionales deben facilitar cada año y para cada jurisdicción fiscal en la que operen el importe de sus ingresos, los beneficios antes del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre la renta pagado y devengado, así como créditos fiscales. Los grupos de empresas multinacionales han de notificar igualmente el número de empleados, el capital declarado, las ganancias acumuladas y los activos materiales en cada jurisdicción fiscal. Por último, los grupos de empresas multinacionales deben identificar a cada entidad del grupo que opere en una determinada jurisdicción e indicar las actividades económicas que ejerce cada entidad.
Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 8
(8)  Con objeto de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, la UE ha de velar por una competencia leal entre grupos de empresas multinacionales de la UE y de fuera de la UE cuando una o varias de sus entidades estén radicadas en la UE. Ambas deben estar sujetas, pues, a la obligación de comunicar información.
(8)  Con objeto de garantizar el buen funcionamiento del mercado interior, la Unión ha de velar por una competencia leal entre grupos de empresas multinacionales de la Unión y de fuera de la Unión cuando una o varias de sus entidades estén radicadas en la Unión. Ambas deben estar sujetas, pues, a la obligación de comunicar información. Los Estados miembros, a este respecto, deben ser responsables de exigir a las empresas multinacionales la obligación de comunicar información mediante, por ejemplo, la introducción de medidas que las sancionen en caso de que no la faciliten.
Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)
(9 bis)  Los Estados miembros deben velar por mantener o aumentar el nivel de recursos humanos, técnicos y financieros dedicados al intercambio automático de información entre las administraciones tributarias y el tratamiento de datos en dichas administraciones.
Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 11
(11)  Por lo que se refiere al intercambio de información entre los Estados miembros, la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, ya contempla la obligatoriedad del intercambio automático de información en una serie de ámbitos. Su ámbito de aplicación debe ampliarse para establecer el intercambio automático obligatorio de los informes país por país entre Estados miembros.
(11)  Por lo que se refiere al intercambio de información entre los Estados miembros, la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, ya contempla la obligatoriedad del intercambio automático de información en una serie de ámbitos. Su ámbito de aplicación debe ampliarse para establecer el intercambio automático obligatorio de los informes país por país entre Estados miembros y la comunicación de dichos informes a la Comisión. Además, la Comisión debe utilizar los informes país por país para evaluar el cumplimiento de las normas de la Unión en materia de ayudas de Estado por parte de los Estados miembros, ya que existe también un aspecto relacionado con las ayudas de Estado en las prácticas fiscales abusivas en el ámbito de la fiscalidad de las empresas.
Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 12
(12)  El intercambio automático obligatorio de los informes país por país entre los Estados miembros debe incluir en cada caso la comunicación de un conjunto definido de información básica que sea accesible para aquellos Estados miembros en los que, atendiendo a los datos del informe país por país, una o más entidades del grupo de empresas multinacionales tengan su residencia a efectos fiscales o estén sujetas al pago de impuestos en relación con la actividad desarrollada a través de un establecimiento permanente de un grupo de empresas multinacionales.
(12)  El intercambio automático obligatorio de los informes país por país entre los Estados miembros y con la Comisión debe incluir en cada caso la comunicación de un conjunto definido de información básica que se base en definiciones uniformes y que sea accesible para aquellos Estados miembros en los que, atendiendo a los datos del informe país por país, una o más entidades del grupo de empresas multinacionales tengan su residencia a efectos fiscales o estén sujetas al pago de impuestos en relación con la actividad desarrollada a través de un establecimiento permanente de un grupo de empresas multinacionales.
Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 16
(16)  Es necesario especificar requisitos lingüísticos para el intercambio de información entre los Estados miembros en los informes país por país. También es necesario adoptar las modalidades prácticas necesarias para la mejora de la red CCN. A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del artículo 20, apartado 6, y del artículo 21, apartado 7, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
(16)  Es necesario especificar requisitos lingüísticos para el intercambio de información entre los Estados miembros y para la comunicación de dicha información a la Comisión en los informes país por país. También es necesario adoptar las modalidades prácticas necesarias para la mejora de la red CCN y para garantizar que se evite la duplicación de normas que den lugar a un aumento de los costes administrativos para los operadores empresariales. A fin de garantizar condiciones uniformes para la aplicación del artículo 20, apartado 6, y del artículo 21, apartado 7, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)
(18 bis)  En los informes anuales de los Estados miembros a la Comisión elaborados en virtud de la presente Directiva, debe detallarse el alcance de la presentación conforme al artículo 8 bis bis y al anexo III, sección 2, punto 1, de dicha Directiva e incluirse una lista de todas las jurisdicciones en que sean residentes las entidades matrices últimas de entidades constitutivas con base en la Unión, pero donde no se hayan presentado o intercambiado informes completos.
Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Considerando 18 ter (nuevo)
(18 ter)  Debe ser posible con arreglo a la presente Directiva que la información no sea intercambiada, cuando dicho intercambio conduzca a la divulgación de secretos comerciales, industriales o profesionales, o de procesos comerciales o de información cuya divulgación sea contraria al orden público.
Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Considerando 18 quater (nuevo)
(18 quater)  Se debe tener en cuenta la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares, el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas y la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a determinados elementos de la declaración sobre gobernanza empresarial, así como su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión.
Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Considerando 20
(20)  Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de una cooperación administrativa eficaz entre Estados miembros en condiciones compatibles con el buen funcionamiento del mercado interior, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, y, puede por tanto lograrse mejor, debido a la uniformidad y eficacia requeridas, a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(20)  Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de una cooperación administrativa eficaz entre Estados miembros y con la Comisión en condiciones compatibles con el buen funcionamiento del mercado interior, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, y, puede por tanto lograrse mejor, debido a la uniformidad y eficacia requeridas, a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2011/16/UE
Artículo 1 – apartado 1
-1)  El artículo 1, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:
1.  La presente Directiva establece las normas y los procedimientos con arreglo a los cuales los Estados miembros cooperarán entre sí con vistas a intercambiar información que, previsiblemente, guarde relación con la administración y ejecución de las leyes nacionales de los Estados miembros en relación con los impuestos mencionados en el artículo 2.
«1. La presente Directiva establece las normas y los procedimientos con arreglo a los cuales los Estados miembros cooperarán entre sí y con la Comisión con vistas a intercambiar información que, previsiblemente guarde relación con la administración y ejecución de las leyes nacionales de los Estados miembros en relación con los impuestos mencionados en el artículo 2.»;
Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra -a (nueva)
Directiva 2011/16/UE
Artículo 3 – punto 2
-a)  El artículo 3, punto 2) se sustituye por el texto siguiente:
2)  «oficina central de enlace» la oficina designada como tal, cuya principal responsabilidad son los contactos con otros Estados miembros en materia de cooperación administrativa;
«2) "oficina central de enlace": la oficina designada como tal, cuya principal responsabilidad son los contactos con otros Estados miembros y con la Comisión en materia de cooperación administrativa;»
Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Directiva 2011/16/UE
Artículo 3 – punto 9 – letra a
a)  a los efectos del artículo 8, apartado 1, y de los artículos 8 bis y 8 bis bis, la comunicación sistemática de información preestablecida a otro Estado miembro, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con anterioridad; a los efectos del artículo 8, apartado 1, por información disponible se entenderá la información recogida en los expedientes fiscales del Estado miembro que comunique la información, y que se pueda obtener de conformidad con los procedimientos para recabar y tratar la información de dicho Estado miembro;
a)  a los efectos del artículo 8, apartado 1, y de los artículos 8 bis y 8 bis bis, la comunicación sistemática de información preestablecida a otro Estado miembro y a la Comisión, sin solicitud previa, a intervalos regulares fijados con anterioridad; a los efectos del artículo 8, apartado 1, por información disponible se entenderá la información recogida en los expedientes fiscales del Estado miembro que comunique la información, y que se pueda obtener de conformidad con los procedimientos para recabar y tratar la información de dicho Estado miembro;
Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis – (nuevo)
Directiva 2011/16/UE
Artículo 4 – apartado 6
1 bis)  El artículo 4, apartado 6, se sustituye por el texto siguiente:
6.  Cuando un servicio de enlace o un funcionario competente envíe una solicitud de cooperación o reciba una respuesta a una solicitud de cooperación, informará al respecto a la oficina central de enlace de su Estado miembro conforme a los procedimientos por este establecidos.
«6. Cuando un servicio de enlace o un funcionario competente envíe una solicitud de cooperación o reciba una respuesta a una solicitud de cooperación, informará al respecto a la oficina central de enlace de su Estado miembro y a la Comisión conforme a los procedimientos por este establecidos.»;
Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Directiva 2011/16/UE
Artículo 6 – apartado 2
1 ter)  El artículo 6, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:
2.  La solicitud a que se refiere el artículo 5 podrá incluir una solicitud motivada de que se realice una investigación administrativa concreta. Si la autoridad requerida decidiera que no es necesario proceder a una investigación administrativa, informará inmediatamente a la autoridad requirente de los motivos que la han llevado a adoptar tal decisión.
«2. La solicitud a que se refiere el artículo 5 podrá incluir una solicitud motivada de que se realice una investigación administrativa concreta. Si la autoridad requerida decidiera que no es necesario proceder a una investigación administrativa, informará inmediatamente a la autoridad requirente y a la Comisión de los motivos que la han llevado a adoptar tal decisión.»;
Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 quater (nuevo)
Directiva 2011/16/UE
Artículo 8 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
1 quater)  En el artículo 8, apartado 1, se añade la letra siguiente:
«e bis) informes país por país.»;
Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 1 –párrafo 1 - punto 2
Directiva 2011/16/UE
Artículo 8 bis bis - apartado 2
2.  La autoridad competente de un Estado miembro en el que se haya recibido el informe país por país con arreglo al apartado 1 comunicará el informe, mediante intercambio automático, a cualquier otro Estado miembro en el que, según los datos del informe país por país, una o varias entidades constitutivas del grupo de empresas multinacionales de la entidad que comunica información tengan su residencia a efectos fiscales o estén sujetas al pago de impuestos en relación con la actividad desarrollada a través de un establecimiento permanente, en el plazo establecido en el apartado 4.
2.  La autoridad competente de un Estado miembro en el que se haya recibido el informe país por país con arreglo al apartado 1 comunicará el informe a la mayor brevedad, mediante intercambio automático, a cualquier otro Estado miembro en el que, según los datos del informe país por país, una o varias entidades constitutivas del grupo de empresas multinacionales de la entidad que comunica información tengan su residencia a efectos fiscales o estén sujetas al pago de impuestos en relación con la actividad desarrollada a través de un establecimiento permanente, en el plazo establecido en el apartado 4. La autoridad competente del Estado miembro en cuestión comunicará asimismo el informe país por país a la Comisión, que es responsable del registro centralizado de informes por países, a disposición de sus servicios competentes.
Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2011/16/UE
Artículo 8 bis bis – apartado 3 – letra a
a)  información agregada relativa a la cuantía de los ingresos, los beneficios (pérdidas) antes del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta pagado, el impuesto sobre la renta devengado, el capital declarado, las ganancias acumuladas, el número de empleados y los activos materiales distintos del efectivo y equivalentes al efectivo con respecto a cada jurisdicción en la que opere el grupo de empresas multinacionales;
a)  información agregada relativa a la cuantía de los ingresos, los beneficios (pérdidas) antes del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta pagado, el impuesto sobre la renta devengado, el capital declarado, las ganancias acumuladas, el número de empleados y los activos materiales distintos del efectivo y equivalentes al efectivo con respecto a cada jurisdicción en la que opere el grupo de empresas multinacionales, así como las subvenciones públicas recibidas, el valor de los activos y el coste anual de su mantenimiento, así como las compras y las ventas realizadas por el grupo;
Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2011/16/UE
Artículo 8 bis bis – apartado 3 – letra b bis (nueva)
b bis)  el futuro número europeo de identificación fiscal (NIF) del grupo de empresas multinacionales al que se hace referencia en el Plan de acción de la Comisión para luchar contra el fraude y la evasión fiscales de 2012.
Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2011/16/UE
Artículo 8 bis bis – apartado 4 bis (nuevo)
4 bis.   A fin de aumentar la transparencia frente a los ciudadanos, la Comisión publicará un resumen agregado de los informes país por país, sobre la base de la información incluida en el registro centralizado de informes país por país. Al hacerlo, la Comisión deberá respetar las disposiciones del artículo 23 en materia de confidencialidad.
Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2011/16/UE
Artículo 9 – apartado 1 – parte introductoria
2 bis)  La parte introductoria del artículo 9, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:
1.  La autoridad competente de cada Estado miembro deberá comunicar a la autoridad competente de cualquier otro Estado miembro afectado la información contemplada en el artículo 1, apartado 1, en caso de que:
«1. La autoridad competente de cada Estado miembro deberá comunicar a la autoridad competente de cualquier otro Estado miembro afectado y a la Comisión la información contemplada en el artículo 1, apartado 1, en caso de que:»
Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 ter (nuevo)
Directiva 2011/16/UE
Artículo 9 – apartado 2
2 ter)  El artículo 9, apartado 2, se sustituye por el texto siguiente:
2.  Las autoridades competentes de cada Estado miembro podrán comunicar espontáneamente a las autoridades competentes de los demás Estados miembros la información de la que tengan conocimiento y que pueda ser útil a las autoridades competentes de los demás Estados miembros.
«2. Las autoridades competentes de cada Estado miembro podrán comunicar espontáneamente a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión la información de la que tengan conocimiento y que pueda ser útil a las autoridades competentes de los demás Estados miembros.»;
Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Directiva 2011/16/UE
Artículo 23 – apartado 2
4 bis)  El artículo 23, apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
2.  Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda información pertinente que consideren necesaria con vistas a la evaluación de la eficacia de la cooperación administrativa prevista en la presente Directiva en relación con la lucha contra la evasión y el fraude fiscal.
«2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión toda información pertinente que consideren necesaria con vistas a la evaluación de la eficacia de la cooperación administrativa prevista en la presente Directiva en relación con la lucha contra la elusión, la evasión y el fraude fiscal.»;
Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Directiva 2011/16/UE
Artículo 23 – apartado 3
3.  Los Estados miembros presentarán a la Comisión una evaluación anual sobre la eficacia del intercambio automático de información mencionado en los artículos 8, 8 bis y 8 bis bis, así como sobre los resultados prácticos que se hayan obtenido. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, la forma y las condiciones de presentación de la evaluación anual. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 26, apartado 2.
3.  Los Estados miembros presentarán a la Comisión una evaluación anual sobre la eficacia del intercambio automático de información mencionado en los artículos 8, 8 bis y 8 bis bis, así como sobre los resultados prácticos que se hayan obtenido. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre dichos resultados adecuadamente, por ejemplo mediante un informe consolidado anual donde se analicen el resultado y los datos obtenidos del procedimiento de información. La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, la forma y las condiciones de presentación de la evaluación anual. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 26, apartado 2.
Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Directiva 2011/16/UE
Artículo 23 - apartado 3 bis (nuevo)
5 bis)  En el artículo 23, se añade el apartado siguiente:
«3 bis. La Comisión presentará un informe consolidado anual al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las evaluaciones anuales por los Estados miembros de la eficacia del intercambio automático de información, así como los resultados prácticos que se hayan obtenido.»;
Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 ter (nuevo)
Directiva 2011/16/UE
Artículo 23 - apartado 3 ter (nuevo)
5 ter)  En el artículo 23, se añade el apartado siguiente:
«3 ter. En caso de que la evaluación de impacto de la Comisión sobre las consecuencias de la divulgación pública de la información país por país determine que no existen consecuencias negativas para los grupos de empresas multinacionales, la Comisión presentará rápidamente una propuesta legislativa para poner la información a disposición del público».
Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 quater (nuevo)
Directiva 2011/16/UE
Artículo 24 - apartado 1
5 quater)  El artículo 24, apartado 1, se sustituye por el texto siguiente:
1.  Cuando la autoridad competente de un Estado miembro reciba de un tercer país información que, previsiblemente, guarde relación con la administración y aplicación del Derecho interno de dicho Estado miembro relativo a los impuestos a que se refiere el artículo 2, podrá, en la medida en que esté autorizado en virtud de un acuerdo suscrito con ese tercer país, facilitarla a las autoridades competentes de los Estados miembros a los que pueda resultar de utilidad y a cualquier autoridad requirente.
«1. Cuando la autoridad competente de un Estado miembro reciba de un tercer país información que, previsiblemente, guarde relación con la administración y aplicación del Derecho interno de dicho Estado miembro relativo a los impuestos a que se refiere el artículo 2, podrá, en la medida en que esté autorizado en virtud de un acuerdo suscrito con ese tercer país, facilitarla a las autoridades competentes de los Estados miembros a los que pueda resultar de utilidad y a cualquier autoridad requirente y a la Comisión».
Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 7 bis (nuevo)
Directiva 2011/16/UE
Artículo 27 bis (nuevo)
7 bis)  Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 27 bis
Revisión
La Comisión reexaminará la eficacia de la presente Directiva en el plazo de ... [tres años después de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.»;
Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Anexo – Anexo III – Sección II – apartado 1 – párrafo 2
Cuando haya más de una entidad constitutiva del mismo grupo de empresas multinacionales que sean residentes a efectos fiscales en la Unión y se apliquen una o varias de las condiciones establecidas en la letra b), el grupo de empresas multinacionales podrá designar a una de dichas entidades constitutivas para que elabore el informe país por país conforme a los requisitos del artículo 8 bis bis, apartado 1, con respecto a cualquier ejercicio fiscal a efectos de comunicación de información, en el plazo especificado en el artículo 8 bis bis, apartado 1, y para que notifique al Estado miembro que la elaboración se hace para satisfacer el requisito de elaboración que han de cumplir todas las entidades constitutivas de dicho grupo de empresas multinacionales que sean residentes a efectos fiscales en la Unión. Dicho Estado miembro deberá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 bis bis, apartado 2, comunicar el informe país por país recibido a cualquier otro Estado miembro en el que, según los datos recogidos en el informe país por país, una o varias entidades constitutivas del grupo de empresas multinacionales de la entidad que comunica información sean residentes a efectos fiscales, o estén sujetas al pago de impuestos en relación con las actividades económicas desarrolladas a través de un establecimiento permanente.
Cuando haya más de una entidad constitutiva del mismo grupo de empresas multinacionales que sean residentes a efectos fiscales en la Unión y se apliquen una o varias de las condiciones establecidas en la letra b), el grupo de empresas multinacionales podrá designar a una de dichas entidades constitutivas, preferentemente a la empresa con el mayor volumen de negocios, para que elabore el informe país por país conforme a los requisitos del artículo 8 bis bis, apartado 1, con respecto a cualquier ejercicio fiscal a efectos de comunicación de información, en el plazo especificado en el artículo 8 bis bis, apartado 1, y para que notifique al Estado miembro que la elaboración se hace para satisfacer el requisito de elaboración que han de cumplir todas las entidades constitutivas de dicho grupo de empresas multinacionales que sean residentes a efectos fiscales en la Unión. Dicho Estado miembro deberá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 bis bis, apartado 2, comunicar el informe país por país recibido a cualquier otro Estado miembro en el que, según los datos recogidos en el informe país por país, una o varias entidades constitutivas del grupo de empresas multinacionales de la entidad que comunica información sean residentes a efectos fiscales, o estén sujetas al pago de impuestos en relación con las actividades económicas desarrolladas a través de un establecimiento permanente.

Trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura en el sector de la restauración y el comercio minorista
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura en el sector de la restauración y el comercio minorista (2016/2532(RSP))
P8_TA(2016)0222B8-0581/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1184/2006 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo y se deroga el Reglamento (CE) n.º 104/2000 del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria(2),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE, y 2008/5/CE de la Comisión, y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión(3),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales(4),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1224/2009, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008 y (CE) n.º 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 y (CE) n.º 1966/2006(5),

–  Vista su Resolución, de 14 de enero de 2014, sobre la crisis alimentaria, los fraudes en la cadena alimentaria y el control al respecto(6),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Pesca,

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura en el sector de la restauración y el comercio minorista (O-000052/2016 – B8-0365/2016),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión constituye el mayor mercado mundial de productos de la pesca, que se abastece tanto por el sector de la pesca de la UE como por las importaciones procedentes de terceros países;

B.  Considerando que los consumidores tienen derecho a la información, expresada en términos comprensibles, en particular a información litoral y geográfica sobre las zonas de captura, y deberían poder confiar plenamente en toda la cadena que ofrece los productos de la pesca en el mercado de la Unión; que la UE y los Estados miembros tienen el deber de proteger a los ciudadanos de la Unión frente a acciones fraudulentas; que todos los productos importados deben cumplir las reglas y normas de la Unión;

C.  Considerando que la Comisión está preparando una lista detallada y exhaustiva de declaraciones voluntarias relativas a los productos de la pesca y la acuicultura que se comercializan en la Unión; que las conclusiones de la Comisión podrían dar lugar al establecimiento de una estructura externa de certificación de las declaraciones voluntarias relativas a los productos de la pesca y la acuicultura en el mercado de la Unión;

D.  Considerando que el plan de control de 2015 de la Comisión Europea(7), que evalúa la frecuencia en el mercado de pescado blanco mal etiquetado con respecto a la especie declarada, determinó que el 94 % de las muestras obtenidas correspondían a la especie declarada; que, no obstante, para determinadas especies los niveles de incumplimiento fueron muy elevados, y la tasa del 6 % se considera relativamente baja en comparación con otros estudios más limitados en los Estados miembros;

E.  Considerando que el artículo 36 del Reglamento (UE) n.º 1379/2013 instaba a la Comisión a presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, antes del 1 de enero de 2015, un informe de viabilidad sobre las opciones para la implantación de un sistema de etiquetado ecológico para los productos de la pesca y de la acuicultura;

F.  Considerando que la organización común de mercados (OCM) debe garantizar una competencia e ingresos equitativos para los productores de productos de la pesca vendidos o comprados en la Unión;

1.  Expresa su gran preocupación y descontento frente a los resultados de diversos estudios que muestran niveles significativos de etiquetado incorrecto en productos de la pesca vendidos en el mercado de la Unión, incluso en los restaurantes de las instituciones de la Unión; reafirma que el etiquetado incorrecto, intencionado y fraudulento, de las especies de pescado constituye una infracción de la legislación de la Unión, en particular de la política pesquera común, y puede constituir una infracción penal de conformidad con el Derecho nacional;

2.  Pide a los Estados miembros que refuercen los controles nacionales, también sobre el pescado no transformado destinado a los restaurantes y los servicios de restauración, en un esfuerzo por luchar contra el fraude y determinar en qué fase de la cadena de suministro se etiqueta incorrectamente el pescado; expresa su preocupación por la sustitución de especies de alta calidad por homólogas de calidad inferior; pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien las medidas que podrían adoptarse para mejorar la trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura; respalda la creación de un grupo de trabajo para armonizar la aplicación de la trazabilidad en todos los Estados miembros y el establecimiento de una estructura externa que permita la certificación de las declaraciones voluntarias relativas a los productos de la pesca y la acuicultura en el mercado de la Unión;

3.  Apoya un sistema de trazabilidad sólido, desde el desembarque hasta el consumo, que inspire confianza a los consumidores y reduzca, a su vez, la dependencia comercial en las importaciones de productos de la pesca y la acuicultura, reforzando así el mercado de la Unión; insta a la Comisión a que aproveche el potencial del código de barras genético, que podría facilitar la identificación de especies mediante secuenciaciones de ADN, con el fin de mejorar la trazabilidad;

4.  Acoge con satisfacción el nuevo marco de la OCM y pide a la Comisión que, de conformidad con el artículo 36 del Reglamento (UE) n.º 1379/2013, presente un informe de viabilidad sobre las opciones para la implantación de un sistema de etiquetado ecológico para los productos de la pesca y la acuicultura; destaca la necesidad de establecer unas normas mínimas para el etiquetado ecológico; considera que los elementos clave del sistema de etiquetado deben garantizar la transparencia, la independencia y la credibilidad del proceso de certificación; solicita un análisis en profundidad de las ventajas de establecer un sistema de etiquetado a escala de la UE;

5.  Pide a la Comisión que controle periódicamente en qué medida la información exigida figura en las etiquetas; destaca que el etiquetado debe proporcionar información comprensible, verificable y precisa; anima a los Estados miembros a que, en el contexto del etiquetado voluntario, indiquen toda la información disponible que permita al consumidor elegir con conocimiento de causa; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que refuercen las campañas de concienciación sobre los requisitos de etiquetado de los productos de la pesca y la acuicultura;

6.  Subraya que una buena política europea de etiquetado en el sector pesquero sería un factor clave para impulsar el desarrollo económico de las comunidades costeras, reconocer las mejores prácticas de los pescadores y resaltar la calidad de los productos que estos suministran a los consumidores;

7.  Pide a la Comisión que, con vistas a garantizar el derecho de los consumidores a una información precisa, fiable y comprensible, tome medidas destinadas a corregir la confusión provocada por los actuales requisitos de etiquetado basados en las zonas y subzonas definidas por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), particularmente notable en el caso de las capturas realizadas en algunas subzonas de la zona 27 en la que constan, entre otras, Galicia y el Golfo de Cádiz, como «Aguas portuguesas», Gales como «Mar de Irlanda» y Bretaña como «Golfo de Vizcaya»;

8.  Destaca la necesidad de incluir la información sobre el origen de los productos de la pesca de forma clara y transparente;

9.  Hace hincapié en la necesidad de garantizar que cualquier futura etiqueta ecológica a escala de la Unión, así como los sistemas de certificación y de etiquetado ecológico de los productos de la pesca de terceras partes, sean coherentes con las directrices de la FAO para el ecoetiquetado de pescado y productos pesqueros de la pesca de captura marina;

10.  Considera que una etiqueta ecológica para toda la UE en los productos de la pesca y la acuicultura, cuyos criterios deberían seguir debatiéndose a escala de la Unión, podría contribuir a reforzar la trazabilidad y garantizar la transparencia de la información facilitada a los consumidores; opina que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) podría financiar este tipo de etiqueta;

11.  Toma nota de que las denominaciones comerciales de algunas especies de peces en vigor en los Estados miembros varían de un Estado a otro debido a las prácticas nacionales, lo que podría dar lugar a cierta confusión; acoge con satisfacción el trabajo realizado por la Comisión para lanzar un proyecto piloto, aprobado por el Parlamento, con el fin de introducir una base de datos pública que facilitará información sobre las denominaciones comerciales en todas las lenguas oficiales de la UE;

12.  Anima a la Comisión a dar a conocer su trabajo de forma más efectiva en lo referente a la protección de los recursos marinos y la lucha contra la pesca ilegal;

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.

(1) DO L 354 de 28.12.2013, p. 1.
(2) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
(3) DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
(4) DO L 165 de 30.4.2004, p. 1.
(5) DO L 343 de 22.12.2009, p. 1.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0011.
(7) .http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/fish_substitution/index_en.htm?subweb=343&lang=en


Estatuto de economía de mercado de China
PDF 162kWORD 64k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre la condición de economía de mercado de China (2016/2667(RSP))
P8_TA(2016)0223RC-B8-0607/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista la legislación antidumping de la Unión (Reglamento (CE) n.º 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea(1)),

–  Visto el Protocolo de Adhesión de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC),

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre las relaciones comerciales entre la Unión y China,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión y China son dos de los mayores bloques comerciales del mundo, y que China es el segundo socio comercial de la Unión y esta, el principal socio comercial de China, con un intercambio comercial que supera ampliamente los 1 000 millones EUR al día;

B.  Considerando que, en 2015, las inversiones chinas en la Unión superaron por primera vez las inversiones de la Unión en China; que el mercado chino ha sido la principal fuente de beneficios para una serie de industrias y marcas de la Unión;

C.  Considerando que, cuando China se adhirió a la OMC, una disposición permitió una metodología específica para el cálculo del dumping, que se incluyó en la sección 15 del Protocolo de Adhesión y sirve como base para un trato diferencial de las importaciones chinas;

D.  Considerando que cualquier decisión sobre la manera de tratar las importaciones de China a partir de diciembre de 2016 debe garantizar que la legislación de la Unión respete las normas de la OMC;

E.  Considerando que las disposiciones de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC que seguirán en vigor después de 2016 proporcionan una base para la aplicación de una metodología no estándar a las importaciones procedentes de China después de 2016;

F.  Considerando que, dado el nivel actual de influencia estatal en la economía china, las decisiones de las empresas en lo relativo a precios, costes, producción e insumos no responden a señales del mercado que reflejen la oferta y la demanda;

G.  Considerando que, en su Protocolo de Adhesión, China se comprometió, entre otras cosas, a permitir que todos sus precios sean determinados por las fuerzas del mercado, y que la Unión debe velar por que China cumpla plenamente sus obligaciones con la OMC;

H.  Considerando que el exceso de capacidad chino ya está generando repercusiones sociales, económicas y medioambientales importantes en la Unión, como ha mostrado el reciente impacto negativo en el sector europeo del acero, en particular en el Reino Unido, y que las consecuencias sociales en el empleo en la Unión de la concesión de la condición de economía de mercado a China pueden ser importantes;

I.  Considerando que 56 de las 73 medidas antidumping actualmente en vigor en la Unión rigen para importaciones procedentes de China;

J.  Considerando que la consulta pública celebrada recientemente sobre la eventual concesión de la condición de economía de mercado a China podría facilitar información adicional que tal vez resulte útil para resolver la cuestión;

K.  Considerando que la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, titulada «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica» (COM(2012)0582), establece el objetivo de aumentar la cuota de la industria en el PIB de la Unión hasta el 20 % a más tardar en 2020;

1.  Reitera la importancia de la asociación de la Unión con China, en la que el comercio libre y justo y la inversión desempeñan un papel central;

2.  Resalta que China no es una economía de mercado y no ha cumplido aún los cinco criterios establecidos por la Unión para definir dichas economías;

3.  Insta a la Comisión a mejorar la coordinación con los principales socios comerciales de la Unión, también en el contexto de las próximas cumbres del G-7 y el G-20, acerca de la manera óptima de garantizar que se otorga pleno significado jurídico en virtud de sus procedimientos nacionales a todas las disposiciones de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC en vigor después de 2016, y a oponerse a toda concesión unilateral de la condición de economía de mercado a China;

4.  Hace hincapié en que, en la próxima cumbre entre la Unión y China, deben debatirse las cuestiones relativas a la condición de economía de mercado;

5.  Pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta las preocupaciones manifestadas por la industria, los sindicatos y otras partes interesadas de la Unión acerca de las consecuencias en esta para el empleo, el medio ambiente, las normativas y el crecimiento económico sostenible en todos los sectores afectados de la industria manufacturera y para el conjunto de la industria, y que vele, en este contexto, por la protección de los puestos de trabajo en la Unión;

6.  Manifiesta su convencimiento de que mientras China no cumpla los cinco criterios de la Unión exigidos para calificarla como economía de mercado, la Unión debe aplicar una metodología no estándar en sus investigaciones antidumping y antisubvención sobre las importaciones chinas en cuanto a la fijación de una comparabilidad de precios, de acuerdo y dando plena validez a aquellas partes de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China que dejan margen para aplicar un método no estándar; solicita a la Comisión que presente una propuesta con arreglo a este principio;

7.  Hace hincapié, al mismo tiempo, en la necesidad inminente de una reforma general de los instrumentos de defensa comercial de la Unión a fin de garantizar la igualdad de condiciones para la industria de la Unión respecto a China y otros socios comerciales dentro del pleno respeto de las normas de la OMC; pide al Consejo que alcance rápidamente un acuerdo con el Parlamento respecto a la modernización de los instrumentos de defensa comercial de la Unión;

8.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 343 de 22.12.2009, p. 51.


Seguimiento y situación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
PDF 261kWORD 74k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre el seguimiento y examen de la Agenda 2030 (2016/2696(RSP))
P8_TA(2016)0224B8-0583/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el documento titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» adoptado por la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015 en Nueva York,

–  Vista la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada del 13 al 16 de julio de 2015 en Adís Abeba,

–  Visto el informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, publicado el 17 de diciembre de 2015, y aprobado en el cuadragésimo séptimo período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en marzo de 2016,

–  Vista la serie de sesiones de alto nivel del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) que se celebrará los días 18 a 22 de julio de 2016 sobre el tema «Implementing the post-2015 development agenda: moving from commitments to results» (Aplicación de la Agenda para el Desarrollo después de 2015: de los compromisos a los resultados),

–  Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2015, sobre la financiación para el desarrollo(1),

–   Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2014, sobre la UE y el marco mundial para el desarrollo posterior a 2015(2),

–  Visto el Acuerdo de París, adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes (CP 21) en París el 12 de diciembre de 2015,

–  Visto el artículo 7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que reafirma que la Unión «velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos»,

–  Vista la evolución actual de la estrategia global de la Unión sobre política exterior y de seguridad, que orienta la acción global de la Unión Europea,

–  Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2015, sobre el papel de la UE en el seno de las Naciones Unidas – cómo conseguir mejor los objetivos de la política exterior de la UE(3),

–  Vistas las conclusiones del Consejo de 26 de octubre de 2015 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo,

–  Vista la revisión de la Estrategia Europa 2020 – «The New Approach beyond 2020» (El nuevo enfoque más allá de 2020),

–  Vistos la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda, el Programa de Acción de Accra, y la declaración y el plan de acción adoptados en el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado en Busan en diciembre de 2011,

–  Visto el consenso europeo sobre desarrollo y su próximo examen,

–  Visto el artículo 208 del TFUE, que estipula la obligación de tener en cuenta el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo en todas las políticas exteriores de la Unión Europea,

–  Vistos los resultados de la Cumbre Humanitaria Mundial, que se celebrará en Estambul (Turquía) los días 23 y 24 de mayo de 2016,

–  Vista la carta de 29 de marzo de 2016 enviada por la Comisión de Desarrollo al comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo acerca de la cuestión del seguimiento y examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas pide que se realicen un seguimiento y un examen de los objetivos y las metas mediante un conjunto de indicadores mundiales; que el Secretario General de las Naciones Unidas ha recibido el mandato de elaborar un informe de situación anual sobre los avances en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con miras a apoyar la labor de seguimiento y examen del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible; que el informe de situación de los ODS se basará en datos recabados por los sistemas estadísticos nacionales y en información recogida a distintos niveles;

B.  Considerando que, en su cuadragésimo sexto período de sesiones (del 3 al 6 de marzo de 2015), la Comisión de Estadística respaldó la hoja de ruta para el desarrollo y la aplicación de un marco de indicadores mundiales;

C.  Considerando que el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, encargado de elaborar íntegramente una propuesta sobre el marco de indicadores para la vigilancia de los objetivos y las metas de la Agenda para el Desarrollo después de 2015, propuso indicadores para el examen de la Agenda 2030, que fueron aprobados en el cuadragésimo séptimo período de sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en marzo de 2016;

D.  Considerando que el conjunto propuesto de 230 indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible representa un buen punto de partida y un marco sólido para el seguimiento y examen de los avances hacia la consecución de los 17 ODS;

E.  Considerando que varios de los indicadores no se han completado todavía y que, al mismo tiempo, los Estados miembros signatarios habrán de desarrollar sus indicadores nacionales en consonancia con los indicadores mundiales, ajustados a sus circunstancias particulares;

F.  Considerando que el marco de indicadores mundiales debe ser acordado por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) en julio de 2016 y por la Asamblea General en septiembre del mismo año;

G.  Considerando que el Consejo de Asuntos Exteriores en su componente de desarrollo se reunirá el 12 de mayo de 2016 y habrá de preparar la posición de la Unión con vistas a la reunión de julio de 2016 del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y determinar en qué contexto tendrá lugar un debate temático sobre comercio y desarrollo, centrado en la contribución de la Unión al sector privado al aplicar la Agenda 2030;

H.  Considerando que son necesarias una planificación, una aplicación y una elaboración de informes estratégicas de todo el sistema a fin de garantizar un apoyo coherente e integrado a la aplicación de la nueva Agenda por el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo;

I.  Considerando que el nuevo marco mundial para el desarrollo sostenible exige una mayor coherencia entre los diferentes ámbitos políticos y agentes de la Unión, lo que requiere una coordinación, un diálogo y un trabajo conjunto intensificados a todos los niveles en el seno de las instituciones de la Unión y entre ellas mismas para velar por la integración de los tres pilares del desarrollo sostenible (medioambiental, económico y social) en las políticas interiores y exteriores de la Unión;

J.  Considerando que la reunión del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de julio de 2016 incluirá exámenes voluntarios de veintidós países (entre ellos, cuatro europeos: Estonia, Finlandia, Francia y Alemania) y exámenes temáticos de los progresos en cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también de cuestiones transversales, apoyados por exámenes de las comisiones orgánicas del ECOSOC y otros órganos y foros intergubernamentales;

1.  Pide al Consejo de Asuntos Exteriores en su componente de desarrollo que adopte, antes de la reunión de julio de 2016 del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, una posición de la Unión coherente y común, teniendo en cuenta la posición del Parlamento expresada en la presente Resolución; estima que es crucial para la credibilidad y el liderazgo de la Unión presentar una posición común; expresa su preocupación por que la Comisión no haya publicado una comunicación sobre el seguimiento y examen de la Agenda 2030 que sirviera de base para la posición común de la Unión antes de que se celebre la reunión del Foro Político de Alto Nivel, como solicitaron los miembros de la Comisión de Desarrollo;

2.  Acoge con satisfacción el informe del Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible; cree que representa un logro destacable y una buena base para las negociaciones, ya que los indicadores propuestos llaman la atención sobre un conjunto mucho más diverso de cuestiones estructurales;

3.  Se felicita por el capítulo dedicado al desglose de los datos y la importancia otorgada al fortalecimiento de las capacidades estadísticas nacionales;

4.  Reconoce el papel fundamental del Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en el examen de la aplicación de los ODS; hace hincapié en que este órgano debe garantizar una evaluación coordinada y eficiente de las necesidades y la adopción de las hojas de ruta precisas para la aplicación eficaz de la Agenda 2030;

5.  Resalta que la Agenda 2030 y los ODS representan un compromiso internacional renovado con la erradicación de la pobreza, la redefinición y modernización de nuestras estrategias de desarrollo para los próximos quince años y la garantía de que las ejecutamos;

6.  Pide a la Comisión que presente una propuesta sobre una estrategia global de desarrollo sostenible que englobe todas las áreas relevantes de las políticas interiores y exteriores, con un calendario detallado hasta 2030, una revisión intermedia y un procedimiento específico que asegure la participación plena del Parlamento, y que incluya un plan de aplicación concreto que coordine la consecución de los 17 objetivos, las 169 metas y los 230 indicadores globales y garantice tanto la coherencia con los objetivos del Acuerdo de París como el cumplimiento de estos; destaca la importancia de la universalidad de los objetivos y de que la Unión y sus Estados miembros se hayan comprometido a aplicar íntegramente todos los objetivos y las metas, tanto en su letra como en su espíritu;

7.  Insiste en que la nueva estrategia de desarrollo sostenible de la Unión y sus políticas de aplicación asociadas deben estar sujetas a unas consultas amplias con todas las partes interesadas, entre ellas, los Parlamentos nacionales, las autoridades locales y la sociedad civil, mediante un proceso integrador;

8.  Solicita una comunicación de la Comisión sobre el seguimiento y examen de la Agenda 2030 que contenga información clara acerca de la estructura de la aplicación de la Agenda a escala de la Unión y de los Estados miembros; subraya que todas las Direcciones Generales de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) deben participar plenamente en la integración de la Agenda 2030 en la futura revisión de la Estrategia Europa 2020 y la próxima estrategia global de la Unión sobre política exterior y de seguridad, garantizando una sólida coherencia de las políticas en favor del desarrollo sostenible;

9.  Hace hincapié en que el examen del consenso europeo sobre desarrollo debe reflejar en su integridad la nueva Agenda 2030, que incluye un cambio de paradigma y una transformación de hecho y de derecho de la política de desarrollo de la Unión; recuerda que una programación adecuada y específica de la ayuda en el seno de la cooperación al desarrollo, que respete debidamente el principio de la eficacia de la ayuda, es esencial para la consecución de los objetivos y las metas asociadas;

10.  Resalta que la Unión debe aprovechar por entero la próxima revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP) a fin de garantizar que los mecanismos de financiación y las líneas presupuestarias reflejan todos los compromisos de la Agenda 2030 acordados por la Unión; pide a la Unión y sus Estados miembros que se vuelvan a comprometer a la mayor brevedad con el objetivo de dedicar el 0,7 % del PIB a la ayuda oficial al desarrollo, y que presenten un calendario que muestre el incremento gradual de dicha ayuda en aras de alcanzar el 0,7 %;

11.  Solicita el establecimiento de un diálogo periódico entre el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y la Comisión sobre los progresos realizados, informando periódicamente al Parlamento, en consonancia con los principios de transparencia y rendición mutua de cuentas; insiste en la necesidad de una mejora del diálogo entre la Comisión y el Parlamento sobre la aplicación de la Agenda 2030, en particular en lo que se refiere a la política de desarrollo y la coherencia de las políticas en favor del desarrollo;

12.  Invita a la Comisión y al SEAE, en estrecha consulta con otros socios, a que presenten propuestas concretas sobre la forma de integrar mejor la coherencia de las políticas en favor del desarrollo en la aplicación de la Agenda 2030, y pide que este nuevo planteamiento se incorpore en todas las instituciones de la Unión al objeto de garantizar una cooperación eficiente y superar el enfoque compartimentado;

13.  Destaca la relevancia de la incorporación del concepto de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; invita a la Comisión y al SEAE a que presenten, en estrecha consulta con otros socios, propuestas concretas sobre la forma de integrar mejor la CPD en el planteamiento de la Unión para aplicar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y pide que este nuevo planteamiento se incorpore en las instituciones de la Unión;

14.  Insta a la Comisión a que desarrolle una vigilancia, un examen y unos mecanismos de rendición de cuentas eficaces para la aplicación de la Agenda 2030, y a que informe periódicamente de los resultados al Parlamento; recuerda, a este respecto, la necesidad de incrementar el control democrático por parte del Parlamento, posiblemente sobre la base de un acuerdo interinstitucional vinculante, de conformidad con el artículo 295 del TFUE;

15.  Invita a la Comisión y a las agencias, fondos y programas especializados de las Naciones Unidas a entablar un diálogo de alto nivel sobre la aplicación de los ODS, con el fin de coordinar las políticas, los programas y las operaciones de la Unión, las Naciones Unidas y otros donantes; destaca la relevancia de la disponibilidad de datos desglosados y accesibles a la hora de vigilar los avances y evaluar los resultados;

16.  Pide a las agencias y los órganos de las Naciones Unidas que refuercen la coherencia de las políticas en favor del desarrollo en el seno de las estructuras de trabajo de las Naciones Unidas con el objeto de integrar efectivamente todas las dimensiones del desarrollo sostenible;

17.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión Europea / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como al Secretario General de las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0196.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0059.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0403.


Indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de determinados alimentos
PDF 184kWORD 81k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de determinados alimentos (2016/2583(RSP))
P8_TA(2016)0225B8-0545/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la información alimentaria facilitada al consumidor y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1924/2006 y (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se derogan la Directiva 87/250/CEE de la Comisión, la Directiva 90/496/CEE del Consejo, la Directiva 1999/10/CE de la Comisión, la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 2002/67/CE y 2008/5/CE de la Comisión y el Reglamento (CE) n.º 608/2004 de la Comisión(1) (Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor), y, en particular, su artículo 26, apartados 5 y 7,

–  Vistos los informes de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de la leche, la leche utilizada como ingrediente de productos lácteos y los tipos de carne distintos de la carne de vacuno, porcino, ovino, caprino y aves de corral (COM(2015)0205) y sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de los alimentos no transformados, los productos que constan de un solo ingrediente y los ingredientes que representan más del 50 % de un alimento (COM(2015)0204),

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de la carne utilizada como ingrediente (COM(2013)0755), y el documento de trabajo conexo de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, sobre el etiquetado del origen de la carne utilizada como ingrediente: actitudes de los consumidores, viabilidad de los posibles escenarios y repercusiones (SWD(2013)0437),

–  Vista su Resolución, de 11 de febrero de 2015, sobre el etiquetado del país de origen de la carne en los alimentos procesados(2), y la respuesta formal de la Comisión, adoptada el 6 de mayo de 2015,

–  Visto el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1337/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la indicación del país de origen o del lugar de procedencia para la carne fresca, refrigerada o congelada de porcino, ovino, caprino y aves de corral(3),

–  Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2014(4), sobre el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 1337/2013 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, antes mencionado,

–  Vista su Resolución, de 14 de enero de 2014, sobre la crisis alimentaria, los fraudes en la cadena alimentaria y el control al respecto(5),

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de determinados alimentos (O–000031/2016 – B8–0363/2016),

–  Vista la propuesta de Resolución presentada por la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que, de conformidad con el artículo 26, apartado 5, del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, la Comisión debe presentar informes al Parlamento Europeo y al Consejo a más tardar el 13 de diciembre de 2014 sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de los tipos de carne distintos de las carnes de vacuno, porcino, ovino, caprino y aves de corral, la leche, la leche utilizada como ingrediente de productos lácteos, los alimentos no transformados, los productos que consten de un solo ingrediente y los ingredientes que representen más del 50 % de un alimento;

B.  Considerando que el artículo 26, apartado 8, del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor establece que, a más tardar el 13 de diciembre de 2013, la Comisión adoptará actos de ejecución para la aplicación del apartado 3 de dicho artículo;

C.  Considerando que las normas sobre el etiquetado de origen ya están en vigor y funcionan eficazmente para muchos otros alimentos, como por ejemplo la carne no transformada, los huevos, las frutas y hortalizas, el pescado, la miel, el aceite de oliva virgen extra, el aceite de oliva virgen, el vino y las bebidas espirituosas;

D.  Considerando que el artículo 26, apartado 7, del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, dispone que los informes deben tener en cuenta, entre otros elementos, la necesidad de que el consumidor esté informado, la viabilidad de incluir la indicación obligatoria del país de origen o el lugar de procedencia y un análisis de los costes y los beneficios de la introducción de estas medidas; que en dicho artículo se establece, asimismo, que los informes pueden ir acompañados de propuestas de modificación de las disposiciones pertinentes de la legislación de la UE;

E.  Considerando que el artículo 26, apartado 2, del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor subraya que la indicación del país de origen o el lugar de procedencia será obligatoria en los casos en que su omisión pudiera inducir a error al consumidor sobre el país de origen o el lugar de procedencia real del alimento, en particular si la información que acompaña al alimento o la etiqueta en su conjunto pudieran insinuar que el alimento tiene otro país de origen o lugar de procedencia;

F.  Considerando que el 20 de mayo de 2015 la Comisión publicó su informe sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de la leche, la leche utilizada como ingrediente de productos lácteos y los tipos de carne distintos de la carne de vacuno, porcino, ovino, caprino y aves de corral («informe sobre la leche y otros tipos de carne») y su informe sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de los alimentos no transformados, los productos que constan de un solo ingrediente y los ingredientes que representan más del 50 % de un alimento;

G.  Considerando que, de acuerdo con el informe de la Comisión COM(2013)0755, cuanto más complejas sean las fases de despiece y de transformación dentro del sector cárnico y más avanzado sea el nivel de transformación, más compleja es la trazabilidad a efectos del etiquetado del origen;

H.  Considerando que la cadena de suministros alimentaria es, a menudo, larga y compleja, con multitud de explotadores de empresas alimentarias y otras partes interesadas; que los consumidores son cada vez menos conscientes de cómo se producen sus alimentos y que los explotadores de empresas alimentarias no siempre tienen una visión general de la cadena de producción;

I.  Considerando que la disposición de los consumidores a pagar por la información sobre el origen no parece muy favorable, aunque las encuestas a los consumidores(6) sobre su disposición a pagar indican que están muy dispuestos a pagar más por la información sobre el origen;

J.  Considerando que, en su Resolución de 11 de febrero de 2015, el Parlamento exhortó a la Comisión a que plasmara su informe de 17 de diciembre de 2013 en propuestas legislativas dirigidas a conferir un carácter obligatorio a la indicación del origen de la carne en los alimentos transformados, a fin de garantizar una mayor transparencia en toda la cadena alimentaria e informar mejor a los consumidores europeos, teniendo en cuenta sus evaluaciones de impacto y evitando que los costes y las cargas administrativas alcancen niveles excesivos; que la Comisión no ha formulado todavía ninguna propuesta legislativa de seguimiento;

K.  Considerando que solo existen especificaciones rigurosas para los sistemas de calidad voluntarios, como los relativos a la denominación de origen protegida (DOP), la indicación geográfica protegida (IGP) o las especialidades tradicionales garantizadas (ETG), mientras que los criterios utilizados en los sistemas de etiquetado voluntario de los productos alimenticios cubiertos por el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 pueden variar en gran medida entre sí;

Leche de consumo y leche utilizada como ingrediente de productos lácteos

1.  Señala que el considerando 32 del Reglamento sobre la información alimentaria facilitada al consumidor establece que la leche es uno de los productos para los que la indicación de origen es considerada de especial interés;

2.  Subraya que, según la encuesta del Eurobarómetro de 2013, el 84 % de los ciudadanos de la UE considera necesario indicar el origen de la leche, se venda como tal o se utilice como ingrediente en productos lácteos; observa que es uno de los diversos factores que pueden influir en el comportamiento de los consumidores; ;

3.  Destaca que la indicación obligatoria del origen de la leche, vendida como tal o utilizada como ingrediente en productos lácteos, es una medida útil para proteger la calidad de los productos lácteos y salvaguardar el empleo en un sector que sufre una crisis grave;

4.  Observa que, según la encuesta que acompaña al informe de la Comisión sobre la leche y otros tipos de carne, los costes del etiquetado de origen obligatorio de la leche y la leche utilizada como ingrediente aumentan conforme se incrementa la complejidad del proceso de producción; señala que en la misma encuesta se sugiere que las empresas en determinados Estados miembros habrían sobrestimado el impacto del etiquetado de origen obligatorio en su posición competitiva, puesto que no se pudo hallar una explicación clara a las elevadas estimaciones de los costes realizadas por estas empresas, si bien se afirma que puede indicar una firme oposición per se al etiquetado de origen;

5.  Pide que se forme un grupo de trabajo de la Comisión para seguir evaluando el informe de esta, publicado el 20 de mayo de 2015, a fin de determinar qué costes pueden reducirse hasta un nivel aceptable si otras nuevas propuestas de etiquetado obligatorio del país de origen se aplican únicamente a los productos lácteos y a los productos lácteos ligeramente transformados;

6.  Valora positivamente el análisis incluido en la encuesta de los costes y beneficios de la introducción del etiquetado de origen obligatorio de la leche y la leche utilizada como ingrediente, pero considera que la Comisión no tiene suficientemente en cuenta en sus conclusiones los aspectos positivos del etiquetado del país de origen de tales productos, por ejemplo, la mejora de la información ofrecida a los consumidores; indica que los consumidores pueden sentirse inducidos a error si la información sobre el etiquetado obligatorio de origen no está disponible y se utilizan otras etiquetas alimentarias, como las banderas nacionales;

7.  Destaca la importancia de las pequeñas y medianas empresas en la cadena de transformación;

8.  Opina que la Comisión debe tener en cuenta y analizar el impacto económico del etiquetado de origen obligatorio sobre las pymes de los sectores agrícolas y alimentarios afectados;

9.  Estima que la conclusión de la Comisión en relación con la leche y la leche utilizada como ingrediente posiblemente sobrevalora los costes del etiquetado del país de origen para las empresas, ya que examina todos los productos lácteos de manera conjunta;

10.  Toma nota de que la Comisión concluye que los costes del etiquetado del país de origen para la leche serían razonables;

Otros tipos de carne

11.  Subraya que, según la encuesta de Eurobarómetro de 2013, el 88 % de los ciudadanos de la UE considera necesario indicar el origen de los tipos de carne distintos de las carnes de vacuno, porcino, ovino, caprino y aves de corral;

12.  Indica que el escándalo de la carne de caballo puso de relieve la necesidad de una mayor transparencia en la cadena de suministro de la carne de caballo;

13.  Indica que el informe de la Comisión concluyó que los costes de funcionamiento del etiquetado del país de origen obligatorio para las carnes incluidas en su ámbito de análisis serían relativamente poco importantes;

Carne transformada

14.  Destaca que el informe de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, sobre la indicación obligatoria del país de origen o del lugar de procedencia de la carne utilizada como ingrediente reconoce que más del 90 % de los consumidores encuestados considera importante que se etiquete el origen de la carne en los alimentos transformados;

15.  Opina que tanto los consumidores como numerosos profesionales están a favor del etiquetado obligatorio de la carne en los productos transformados y que esta medida permitiría conservar la confianza de los consumidores en los productos alimentarios al dotar de mayor transparencia a la cadena alimentaria;

16.  Subraya el interés de los consumidores europeos por un etiquetado obligatorio de origen para todos los productos alimentarios;

17.  Señala que el etiquetado por sí mismo no constituye una garantía frente al fraude, y destaca la necesidad de un sistema de control rentable para garantizar la confianza del consumidor;

18.  Recuerda que los sistemas de etiquetado voluntarios, implantados de manera adecuada en diversos Estados miembros, han resultado satisfactorios tanto para la información al consumidor como para los productores;

19.  Considera que la falta de adopción de los actos de ejecución contemplados en el artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 no permite una correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo;

20.  Observa que ya existen denominaciones de origen protegidas para muchos productos cárnicos y lácteos transformados (por ejemplo, el jamón y el queso), según las cuales el origen de la carne utilizada se establece en los criterios de producción y se aplica una mayor trazabilidad; pide a la Comisión, por tanto, que promueva el desarrollo de los productos con «denominación de origen protegida» (DOP), «indicación geográfica protegida» (IGP) o «especialidad tradicional garantizada» (ETG) con arreglo al Reglamento (UE) n.º 1151/2012(7), garantizando así a los consumidores el acceso a productos de alta calidad de una procedencia segura;

21.  Pide a la Comisión que garantice que ningún reglamento actual de etiquetado del país de origen en la Unión resulte debilitado en ninguna de las negociaciones comerciales en curso, como la ATCI, y que no se obstaculice el derecho a proponer en el futuro otras normativas de etiquetado del país de origen para otros alimentos;

Conclusiones

22.  Pide a la Comisión que dé aplicación a la indicación obligatoria del país de origen o el lugar de procedencia de todos los tipos de leche de consumo, productos lácteos y productos a base de carne, y que estudie la posibilidad de ampliar dicha indicación obligatoria a otros productos alimenticios que consten de un solo ingrediente o tengan un ingrediente predominante, elaborando propuestas legislativas en estos ámbitos;

23.  Insta a la Comisión a que presente propuestas legislativas dirigidas a conferir un carácter obligatorio a la indicación del origen de la carne en los alimentos transformados, a fin de garantizar una mayor transparencia en toda la cadena alimentaria e informar mejor a los consumidores europeos, tras el escándalo de la carne de caballo y otros casos de fraude alimentario; señala, asimismo, que los requisitos obligatorios de etiquetado deben tener en cuenta el principio de proporcionalidad, así como la carga administrativa para los operadores de las empresas alimentarias y las autoridades responsables de su aplicación;

24.  Considera que la indicación de origen obligatoria de los alimentos tiene el objetivo de restablecer la confianza de los consumidores en los productos alimentarios; pide a la Comisión que elabore una propuesta en este sentido, teniendo en cuenta la transparencia de la información y su legibilidad para los consumidores, la viabilidad económica de las empresas europeas y el poder de adquisición de los consumidores;

25.  Destaca la importancia de que el mercado interior ofrezca igualdad de condiciones y suplica a la Comisión que lo tenga en cuenta al debatir las normas relativas al etiquetado de origen obligatorio;

26.  Pide a la Comisión que respalde los sistemas de etiquetado relativos al bienestar animal durante la crianza, el transporte y el sacrificio;

27.  Lamenta que la Comisión aún no haya tomado medidas para incluir también los huevos y los ovoproductos en la lista de alimentos para los que la indicación del país de origen o del lugar de procedencia es obligatoria, aunque los ovoproductos baratos a partir de huevo líquido o deshidratado que se utilizan principalmente en alimentos transformados llegan al mercado de la Unión importados de terceros países y eluden de forma manifiesta la prohibición de cría en batería de la UE; considera, por este motivo, que en este contexto un etiquetado obligatorio de ovoproductos y alimentos con huevo con indicación del origen y la forma de cría podría mejorar la transparencia y protección, y pide a la Comisión que presente un análisis del mercado y, cuando proceda, elabore propuestas legislativas adecuadas;

28.  Opina que el etiquetado del país de origen de la leche de consumo, los productos lácteos ligeramente transformados (como el queso y la nata) y los productos cárnicos ligeramente transformados (como la panceta y las salchichas) habría reducido significativamente los costes asociados, y que este etiquetado debe examinarse con carácter prioritario;

29.  Considera que el etiquetado de origen como tal no previene el fraude; defiende, en este sentido, un avance en el compromiso firme por una mayor supervisión, una mejor aplicación de la legislación vigente y sanciones más duras;

30.  Pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para combatir el fraude en relación con las normas de etiquetado voluntario de origen para productos alimenticios;

31.  Invita a la Comisión a que respalde los sistemas de calidad existentes de los productos agrícolas y alimenticios contemplados en el Reglamento (UE) n.º 1151/2012, y solicita que se intensifiquen las campañas europeas de promoción de dichos productos;

32.  Pide una vez más a la Comisión que cumpla con su obligación legal de adoptar, para el 13 de diciembre de 2013, los actos de ejecución necesarios para la correcta aplicación del artículo 26, apartado 3, del Reglamento (UE) n.º 1169/2011, de modo que las autoridades nacionales puedan imponer las correspondientes sanciones;

o
o   o

33.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0034.
(3) DO L 335 de 14.12.2013, p. 19.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0096.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0011.
(6) http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legislation_final_report_ew_02_15_284_en.pdf, p. 50.
(7) DO L 343 de 14.12.2012, p. 1-29.


Acuerdo marco sobre el permiso parental
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE (2015/2097(INI))
P8_TA(2016)0226A8-0076/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 3, apartado 3, y 5 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 8, 10, 153, apartado 1, guion i), y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 7, 9, 23, 24 y 33, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE,

–  Vista la Directiva 2013/62/UE del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 del Consejo, que modifica la Directiva 2010/18/UE por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, como consecuencia de la modificación del estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 23 y 24 de marzo de 2006 (777751/1/06 REV 1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, titulada «Un mejor equilibrio en la vida laboral: más apoyo a la conciliación de la vida profesional, privada y familiar» (COM(2008)0635),

–  Vista la Recomendación de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas» (C(2013)0778),

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015(1),

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015(2),

–  Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2015, sobre el permiso de maternidad(3),

–  Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(4),

–  Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo de mayo de 2015 titulado «Gender equality in employment and occupation - Directive 2006/54/EC: European Implementation Assessment» (La igualdad de género en el empleo y la ocupación - Directiva 2006/54/CE: evaluación europea de la aplicación),

–  Visto el estudio de la Dirección General de Políticas Interiores del Parlamento Europeo titulado «Maternity, Paternity and Parental Leave: Data Related to Duration and Compensation Rates in the European Union» (Maternidad, paternidad y permiso parental: datos relativos a la duración y los niveles de compensación en la Unión Europea),

–  Visto el estudio de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) titulado «Promoting parental and paternity leave among fathers» (Promoción del permiso parental y de paternidad entre los padres),

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Maternity leave provisions in the EU Member States: Duration and allowances» (Disposiciones sobre el permiso de maternidad en los Estados miembros de la UE: duración e indemnizaciones) (Eurofound, 2015),

–  Visto el informe de Eurofound de 2015 titulado «Promoting uptake of parental and parenty leave among fathers in the European Union» (Promoción del uso del permiso parental y de paternidad entre los padres en la Unión),

–  Visto el estudio de la Comisión Europea de febrero de 2015 titulado «The Implementation of Parental Leave Directive 2010/18 in 33 European Countries» (La aplicación de la Directiva 2010/18 sobre el permiso parental en 33 países europeos),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0076/2016),

A.  Considerando que hay pocas posibilidades de alcanzar el objetivo de una tasa de empleo del 75 % establecido en la Estrategia Europa 2020 en el caso de las mujeres (que es actualmente del 63,5 %) de aquí a 2020; que, además, hacen falta unas políticas proactivas que ayuden a las mujeres a entrar y permanecer en el mercado laboral y a proteger y apoyar su reincorporación al mismo como madres, con el objetivo de obtener un empleo digno y estable, al mismo nivel que el masculino, en particular unas políticas que favorezcan una mejor conciliación entre vida familiar y vida laboral para todos los progenitores;

B.  Considerando que el trabajo realizado por los padres en la familia y en la educación de los niños representa una contribución cuantificable a la economía que reviste, por lo demás, una gran importancia habida cuenta de la evolución demográfica en Europa;

C.  Considerando que la Directiva 96/34/CE reconoce la conciliación de la vida laboral y familiar como una cuestión independiente, y que la Directiva 2010/18/UE establece que todos los trabajadores tienen derecho a cuatro meses de permiso parental no retribuido, y que uno de estos meses debe concederse con carácter no transferible; que el principio de igualdad de género en el empleo forma actualmente parte de la legislación de la Unión; que la igualdad de carreras entre hombres y mujeres, gracias también al instrumento del permiso parental, contribuiría a alcanzar el objetivo de una tasa de empleo del 75 % establecido en la Estrategia Europa 2020 y a resolver el problema de la mayor vulnerabilidad de las mujeres frente al empobrecimiento, pero representa también una contribución cuantificable a la economía que reviste, por lo demás, una gran importancia habida cuenta de la evolución demográfica en Europa;

D.  Considerando que los datos disponibles confirman que los permisos familiares no remunerados o poco remunerados se traducen en unas bajas tasas de actividad, y que los padres utilizan muy poco sus derechos a permiso parental; que un permiso parental no transferible en su totalidad o en parte y correctamente remunerado es utilizado de forma más equilibrada por ambos progenitores, y contribuye a reducir la discriminación contra la mujer en el mercado laboral;

E.  Considerando que un modelo mixto compuesto por un permiso de maternidad y de paternidad y por un permiso parental común a ambos progenitores permite que estos puedan decidir conjuntamente y de la forma más adecuada cómo gestionar sus permisos en el mejor interés de los hijos y teniendo en cuenta las particularidades de sus respectivos empleos;

F.  Considerando, asimismo, que el permiso parental tiene beneficios a largo plazo para el desarrollo de los niños; que, en el marco de las políticas públicas en vigor en la materia, la tasa de participación de los padres en los permisos parentales en los Estados miembros de la UE está aumentando pero sigue siendo baja, ya que tan solo el 10 % de los padres toman al menos un día de permiso parental; que son las mujeres, en un 97 %, las que utilizan los permisos parentales, que, sin embargo, están a disposición de ambos progenitores;

G.  Considerando que los estudios de Eurofound destacan aquellos factores que influyen en el porcentaje de utilización del permiso parental por los padres, entre otros, el nivel de compensación, la flexibilidad del sistema de concesión de permisos, la disponibilidad de la información, la disponibilidad y la flexibilidad de los servicios de guardería y el grado en que los trabajadores temen quedar aislados del mercado laboral como consecuencia de la utilización de dicho permiso; que numerosos investigadores(5) sugieren, sin embargo, que los padres que hacen uso del permiso parental construyen una relación más positiva con sus hijos y son más propensos a participar activamente en las futuras tareas de cuidado de los niños; que, por consiguiente, deberían abordarse estas cuestiones;

H.  Considerando que la Unión en su conjunto debe afrontar un grave reto demográfico, dado que las tasas de natalidad están disminuyendo en la mayoría de los Estados miembros, y que unas políticas familiares equitativas para los hombres y las mujeres deberían mejorar las perspectivas de las mujeres en el mercado laboral, mejorar la conciliación entre vida familiar y laboral, reducir la brecha por razones de género en las remuneraciones, las pensiones y los ingresos a lo largo de la vida e influir positivamente en los procesos demográficos;

I.  Considerando que, de acuerdo con los datos de Eurostat, el número de personas que se acogió a un permiso parental en 2010 fue de 3 518 600, de las que solo 94 800 (el 2,7 %) eran hombres; que, de acuerdo con los estudios de Eurofound(6), la brecha de género en la participación en el mundo laboral redunda en pérdidas importantes en las economías europeas, que en 2013 ascendieron a unos 370 000 millones EUR;

J.  Considerando que la Comisión debería lanzar, junto con los Estados miembros, iniciativas concretas para favorecer una nueva organización del trabajo mediante modelos más flexibles que permitan, mediante instrumentos destinados a conciliar la vida familiar y la vida laboral, el ejercicio efectivo del derecho a la parentalidad; que estas medidas podrían contribuir a reducir la discriminación contra las mujeres y a su incorporación, permanencia y reincorporación al mercado laboral sin ninguna presión económica ni social;

K.  Considerando que, además de garantizar la igualdad de género y el acceso de la mujer al empleo, el permiso parental debe permitir que los padres asuman sus responsabilidades para con sus hijos;

L.  Considerando que es fundamental garantizar el derecho de las mujeres a un empleo compatible con el ejercicio de otros derechos, así como el derecho a ser madres, sin que se les penalice por ello, toda vez que las mujeres siguen siendo las más perjudicadas y discriminadas; que ejemplos de esa discriminación los constituyen la presión ejercida por los empresarios sobre las mujeres en las entrevistas de trabajo, cuando les preguntan si tienen hijos y de qué edad, con objeto de condicionar la decisión de la mujer y de decantarse por trabajadores sin hijos y con «mayor disponibilidad», o la creciente presión económica y laboral para que las trabajadoras renuncien a su permiso por maternidad;

M.  Considerando que uno de los factores que limitan la entrada y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral es su responsabilidad de ocuparse de los hijos con discapacidad, que no pueden bastarse por sí mismos y son, por lo tanto, dependientes, o que pertenecen a categorías y grupos desfavorecidos;

N.  Considerando que, cuando no existen disposiciones reguladoras de los permisos o cuando las disposiciones vigentes en este ámbito se consideran insuficientes, los interlocutores sociales pueden desempeñar, mediante convenios colectivos, una función importante en el establecimiento de nuevas disposiciones o en la actualización de las disposiciones existentes en materia de permisos de maternidad, paternidad y parentales;

O.  Considerando que la conciliación entre vida familiar y vida laboral es un derecho fundamental que debe garantizarse plenamente en cada texto de la Unión que pueda tener impacto en este ámbito; que hay que destacar, de manera más general, la importancia de los entornos de trabajo favorables a la familia;

P.  Considerando que la mayoría de los Estados miembros de la Unión cumple ya los requisitos mínimos de la Directiva 2010/18/UE relativa al permiso parental y que en muchos Estados miembros las disposiciones vigentes superan dichos requisitos;

Q.  Considerando que los Estados miembros deben fomentar, tanto en el sector público como en el privado, modelos de bienestar empresarial que exijan el derecho a la conciliación entre vida familiar y vida laboral;

R.  Considerando que la distinta incidencia en las mujeres y los hombres de los permisos de maternidad, de paternidad y parentales supone una clara discriminación entre mujeres y hombres respecto al cuidado de los hijos y en cuanto a la participación de las mujeres en el mercado laboral; que, en muchos Estados miembros, las medidas tomadas para animar a los hombres a asumir a partes iguales las responsabilidades familiares no han producido resultados satisfactorios;

S.  Considerando que unos permisos parentales adecuados, individuales y remunerados son indispensables para que las parejas del mismo sexo con hijos a cargo puedan lograr conciliar su vida laboral y familiar;

T.  Considerando que las mujeres que ejercen su derecho a la conciliación entre la vida laboral y la vida familiar acogiéndose a un permiso parental se enfrentan a la estigmatización cuando se reincorporan al mercado laboral, lo que se traduce en condiciones laborales menos favorables y contratos precarios;

La transposición de la Directiva

1.  Destaca que las disposiciones necesarias para la transposición de la Directiva 2010/18/UE adoptan diferentes formas según los Estados miembros; considera, por lo tanto, que esta transposición debe respetar plenamente las legislaciones vigentes en materia de negociación colectiva entre interlocutores sociales;

2.  Considera difícil clasificar los diferentes tipos de permisos a escala de la Unión, dado que no todos los Estados miembros han seguido el enfoque independiente o secuencial de la Unión en materia de permisos de maternidad y parentales;

3.  Recuerda que la sobrerregulación por los Estados miembros puede añadir complejidad a la regulación y reducir en la práctica el nivel de cumplimiento; insta a los Estados miembros a que eviten añadir cargas administrativas suplementarias en el proceso de transposición de la legislación de la Unión;

4.  Anima a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho a que pongan a disposición de la Comisión Europea en un plazo razonable los cuadros de correspondencias entre las disposiciones de la Directiva y las medidas de transposición; considera esencial que los Estados miembros garanticen que estén disponibles los recursos en materia de inspección necesarios para verificar el cumplimiento de la legislación por la que se protegen los derechos de los padres; pide a la Comisión que supervise cuidadosamente el estado de aplicación de la Directiva en los Estados miembros para garantizar que no se exagera la posibilidad de adaptación que ofrece; considera que el principio del intercambio de buenas prácticas es uno de los instrumentos válidos disponibles para alcanzar dichos objetivos;

5.  Lamenta que existan disparidades en las medidas de transposición de la Directiva en cuanto a su ámbito de aplicación, y que se establezcan así regímenes más o menos favorables para los trabajadores en función, por ejemplo, de que trabajen en el sector público o en el privado (en toda la Unión el sector público ofrece más protección que el sector privado, por lo que desempeña un papel pionero en este ámbito) o de la duración del contrato; recomienda para ello que se tomen todas las medidas posibles para que la Directiva se aplique correctamente, de manera uniforme, tanto en el sector público como en el privado; subraya que todos, sin distinción de género, deben tener garantizado el derecho al permiso parental, sin discriminación alguna e independientemente del sector en el que estén empleados o del tipo de contrato laboral que tengan los padres y madres que trabajan;

6.  Se congratula de que algunos Estados miembros hayan transpuesto las disposiciones de la Directiva más allá de su ámbito de aplicación mínimo, permitiendo así que se beneficien de estas disposiciones los trabajadores autónomos, los aprendices, las parejas del mismo sexo y los progenitores de hijos adoptados;

7.  Está firmemente convencido de que las prestaciones de la seguridad social son competencia exclusiva de los Estados miembros;

8.  Pide que los Estados miembros adopten políticas sociales orientadas a la familia que prevean la aplicación de todas las ventajas previstas en la Directiva en caso de permanencia prolongada de los progenitores en el extranjero para concluir un procedimiento de adopción internacional;

9.  Constata que, más de una década después de la transposición de la Directiva 96/34/CE por los Estados miembros, continúa el desequilibrio de género en el uso de los permisos parentales; señala también las grandes diferencias existentes entre Estados miembros por lo que respecta a la duración máxima y la forma estatutaria del permiso parental y de los sistemas de remuneración aplicables durante los permisos; considera que la remuneración durante el permiso parental es un factor decisivo para garantizar que los padres con bajos ingresos y las familias monoparentales puedan disfrutar de las mismas ventajas en igualdad de condiciones con todos los demás progenitores; acoge con satisfacción las distintas disposiciones adoptadas para alentar a los padres a utilizar su permiso parental; reconoce el valor de la Unión como medio para concentrar la atención de los Estados miembros sobre la necesidad de adoptar medidas y facilitar la creación de mecanismos de intercambio de medidas de asesoramiento y asistencia para aquellos Estados miembros que lo requieran, en particular en el ámbito de los derechos sociales; considera que la Comisión debe proponer medidas que animen a los padres a hacer un mayor uso del permiso parental, y pide que los Estados miembros fomenten un intercambio más eficaz de las mejores prácticas en este ámbito;

10.  Toma nota de la decisión de algunos Estados miembros de conceder el acceso a los derechos a la seguridad social solo por un período inferior a la duración máxima del permiso parental, reduciendo así el uso efectivo de dicha duración máxima por los progenitores;

11.  Pide a los Estados miembros que, garanticen, junto con la Comisión, que los derechos relativos a las familias concedidos por las políticas públicas, incluido el permiso parental, sean equitativos en términos de derechos individuales e igualmente accesibles para ambos progenitores, con objeto de animarles a una mejor conciliación entre vida familiar y vida laboral en el mejor interés de sus hijos; destaca que estos derechos deben individualizarse en la medida de lo posible para contribuir a alcanzar el objetivo de una tasa de empleo del 75 % para mujeres y hombres establecido en la Estrategia Europa 2020 y fomentar la igualdad de género; considera que debe darse cierta flexibilidad a los progenitores en el uso del permiso parental, y que en ningún caso debe constituir esto un obstáculo para alcanzar el objetivo de una tasa de empleo del 75 % para mujeres y hombres establecido en la Estrategia Europa 2020; considera que el sistema adoptado por los interlocutores sociales debe promover la solución por la cual una gran parte de los permisos sigue siendo no transferible; subraya que ambos progenitores deben recibir el mismo trato en cuanto a derechos de remuneración y a duración del permiso parental;

12.  Destaca que las familias con hijos cuyos progenitores interrumpen su actividad laboral para criarlos no solo sufren una pérdida de ingresos, sino que deben hacer frente a gastos más elevados y experimentan un reconocimiento muy insuficiente de su función parental;

13.  Toma nota de la flexibilidad que concede la Directiva a los Estados miembros para definir las modalidades del permiso parental, entre el permiso a tiempo completo y el permiso a tiempo parcial, y de los períodos de trabajo o de notificación previa como condiciones para la concesión del permiso parental; señala que en algunos Estados miembros los trabajadores con contratos de trabajo no convencionales como los contratos de duración determinada(7) y los contratos de «cero horas»(8) no se incluyen siempre en estas medidas, y manifiesta su preocupación por el abuso de estos tipos de contratos de trabajo; toma nota de las iniciativas de los Estados miembros para ofrecer la máxima flexibilidad a los trabajadores en este marco para que el permiso parental se corresponda con sus contextos profesionales y privados, si bien considera que cualquier disposición debe tener el objetivo de reforzar el disfrute del permiso parental;

14.  Constata que la vuelta al trabajo tras un permiso parental puede ser una situación difícil y estresante para el padre y para el niño; pide a los Estados miembros que adopten políticas familiares que faciliten una vuelta al trabajo gradual y suave y una óptima conciliación general entre vida familiar y vida laboral, teniendo en cuenta también el fomento del teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo inteligente, de manera que estas políticas no impongan una carga adicional a los empleados;

15.  Pide a los Estados miembros que, cuando adopten decisiones en este ámbito, se aseguren de que las empresas puedan planificar con certidumbre, y que presten una atención particular, en este sentido, a las necesidades específicas de las microempresas y las pymes;

16.  Pide a la Comisión que se tomen medidas para mejorar y reforzar las disposiciones de la Directiva 2010/18/UE en relación con las condiciones de acceso y las modalidades de aplicación del permiso parental a los progenitores de hijos con discapacidad o enfermedades incapacitantes graves o de larga duración, teniendo en cuenta también los mejores ejemplos procedentes de los Estados miembros (extensión del límite de edad del hijo a efectos de acceso al permiso parental o para su cuidado, acceso facilitado al tiempo parcial al reincorporarse a su puesto de trabajo, ampliación de la duración del permiso, etc.);

17.  Subraya la necesidad de garantizar condiciones favorables para la reincorporación al mundo laboral de quienes han disfrutado de un permiso parental, en particular en lo que se refiere al regreso al mismo puesto de trabajo o a un puesto equivalente o similar correspondiente al contrato o a la relación laboral, a las modificaciones del horario de trabajo o de la organización de la vida laboral en el momento de reanudar la actividad profesional (incluida la obligación, para el empleador, de justificar una eventual negativa), al disfrute de períodos de formación, a la protección frente a despidos o tratos menos favorables a consecuencia de la solicitud o del disfrute del permiso parental, y a un periodo de protección contra el despido para que los interesados se readapten a su puesto de trabajo;

Por una Directiva eficaz que aborde los desafíos de la conciliación entre vida laboral y vida familiar

18.  Constata la retirada por la Comisión de la propuesta de Directiva relativa al permiso de maternidad y que, en el marco de la hoja de ruta sobre «un nuevo comienzo para afrontar los retos de la conciliación entre vida laboral y vida familiar a los que se enfrentan las familias trabajadoras», la Comisión no prevé publicar en esta fase un informe final sobre la aplicación de la Directiva relativa al permiso parental; pide a la Comisión que, respetando el principio de subsidiariedad, vuelva con una propuesta ambiciosa que permita realmente un mejor conciliación de la vida laboral y familiar;

19.  Considera que el debate político debe focalizarse también, actuando de forma conjunta con los Estados miembros y la sociedad civil, en una serie de iniciativas no legislativas dirigidas a destacar el papel que asumen los progenitores y a promover la conciliación entre vida laboral y vida familiar;

20.  Estima oportuno considerar la posibilidad de emprender una amplia iniciativa no legislativa que promueva la conciliación de la vida laboral y familiar en los Estados miembros;

21.  Considera, dada la imbricación de los distintos permisos relacionados con la familia, que debe garantizarse, con la participación de los interlocutores sociales, la coherencia entre los distintos textos europeos para ofrecer a las familias una perspectiva de permisos para todo el ciclo vital con el fin de fomentar una distribución más equitativa de las responsabilidades asistenciales entre hombres y mujeres; pide a la Comisión que considere, a estos efectos, la posibilidad de activar la cláusula de revisión de la legislación europea relativa al permiso parental; considera necesaria una legislación formulada con mayor claridad que reduzca la complejidad, facilite el cumplimiento y proteja a los trabajadores;

22.  Pide a los interlocutores sociales, basándose en el informe de la Comisión publicado en febrero de 2015, que examinen las deficiencias de la Directiva relativa al permiso parental que le impiden alcanzar todos sus objetivos en cuanto a conciliación entre la vida laboral y familiar, participación de las mujeres en el mercado laboral, retos demográficos y participación de los hombres en las tareas domésticas, incluido el cuidado de los niños y otras personas dependientes; considera que deben tomarse medidas más eficaces para promover un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres;

23.  Destaca que unos acuerdos satisfactorios sobre el permiso parental están estrechamente ligados a una adecuada compensación del mismo; constata que, cuando no existen disposiciones reguladoras de los permisos, o cuando las disposiciones existentes se consideran insuficientes, los interlocutores sociales pueden desempeñar, mediante convenios colectivos, una función importante en el establecimiento de nuevas disposiciones o en la actualización de las disposiciones vigentes en materia de permisos de maternidad, paternidad y parentales; pide a los Estados miembros que vuelvan a considerar, de acuerdo con los interlocutores sociales, su sistema de compensación financiera del permiso parental para alcanzar un nivel que sirva de incentivo para obtener un nivel digno y adecuado de sustitución de la renta, que anime también a los hombres a utilizar el permiso parental más allá del período mínimo garantizado por la Directiva;

24.  Considera que el fomento de la individualización del derecho al permiso parental así como de acciones positivas destinadas a promover el papel de los padres es esencial para contribuir a la consecución de una conciliación equilibrada de la vida laboral y la vida familiar desde el punto de vista del género;

25.  Pide a la Comisión y a los interlocutores sociales que consideren la posibilidad de ampliar de manera adecuada la duración mínima del permiso parental por lo menos de cuatro a seis meses para garantizar una mejor conciliación entre vida familiar y vida laboral;

26.  Destaca que una mejor coordinación, coherencia y accesibilidad de los sistemas de permisos (permiso de maternidad, paternidad o parental) en los Estados miembros aumenta la tasa de participación y la eficiencia general; subraya que, en este sentido, es indispensable y urgente una Directiva europea sobre un permiso de paternidad de un mínimo de dos semanas;

27.  Subraya la necesidad de extender el periodo durante el cual los dos progenitores podrán hacer valer su derecho al ejercicio del permiso parental; pide a la Comisión y a los interlocutores sociales que aumenten la edad del niño para el que puede tomarse el permiso parental, y que tengan en cuenta también la posibilidad de que el permiso parental de los padres de niños con discapacidad o enfermedades de larga duración se amplíe más allá de la edad legal del niño prevista por la Directiva;

28.  Insta a los Estados miembros y a los interlocutores sociales a que despejen los numerosos obstáculos existentes para la reincorporación al trabajo tras un largo periodo de permiso parental, a fin de evitar que estos permisos se conviertan en una trampa que conlleve la exclusión del mercado laboral; recuerda, en este contexto, que la igualdad entre hombres y mujeres solo puede lograrse mediante una redistribución justa del trabajo remunerado y no remunerado así como de las responsabilidades laborales, familiares y asistenciales;

29.  Pide a los Estados miembros que prosigan sus esfuerzos encaminados a una mayor convergencia en lo que respecta al intercambio de las mejores prácticas en el ámbito de la conciliación entre vida laboral y vida familiar, prestando una atención particular a las políticas que respalden la incorporación, la permanencia y el regreso de las madres al mercado laboral, la participación de los padres en la vida familiar y el aumento de la participación de los padres en los permisos parentales; anima a la Comisión a que, junto con los Estados miembros, supervise y fomente estas medidas;

30.  Pide que, con el fin de alcanzar los objetivos de Barcelona, de forma complementaria a las medidas legislativas destinadas a fomentar la conciliación entre vida laboral y vida familiar, los Estados miembros, con el respaldo financiero de los diferentes instrumentos europeos, se centren en la creación de servicios de cuidado de niños públicos o privados de calidad, integradores, asequibles y accesibles, disponibles desde el momento en que los padres se reincorporen al mercado de trabajo, prestando especial atención a las familias pobres y en riesgo de exclusión social;

31.  Pide a los Estados miembros que conciencien a los padres sobre los beneficios, para sus hijos y para ellos mismos, de la participación en programas de educación y atención en las primeras etapas de la infancia; insta a los Estados miembros a que adapten los criterios de diseño y admisibilidad de unos servicios de educación y cuidado en las primeras etapas de la infancia, integradores y de gran calidad, a unos patrones laborales cada vez más diversificados, ayudando a los padres a mantener sus compromisos profesionales o a encontrar un empleo, al tiempo que se presta una gran atención al interés superior del niño;

32.  Considera que un enfoque integrado con respecto a la igualdad de género –que incluya políticas para superar los papeles estereotipados en función del género– y a la conciliación de la vida laboral y familiar en toda futura iniciativa de la Unión aportaría coherencia y transparencia al proceso y contribuiría al fomento de una conciliación de la vida laboral y familiar equilibrada desde el punto de vista del género; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que conciencien a la sociedad acerca de los derechos y las medidas legales en relación con el equilibrio entre vida laboral y vida familiar;

33.  Pide a la Comisión que evalúe la influencia positiva de las iniciativas relacionadas con la mejora de la conciliación entre vida laboral y vida familiar para reequilibrar la asunción de las obligaciones familiares, de atención y domésticas, y ampliar las responsabilidades particulares de los padres que tienen que atender a hijos con discapacidad, dependientes o que pertenecen a categorías y grupos desfavorecidos;

o
o   o

34.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0068.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0218.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0207.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0351.
(5) http://www.oecd.org/gender/parental-leave-where-are-the-fathers.pdf
(6) https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/social-policies/international-womens-day-2016-the-campaign-for-equality-continues
(7) Peter Moss, en the 10th International Review of Leave Policies and Related Research 2014, junio de 2014, p. 39.
(8) https://www.cipd.co.uk/binaries/zero-hours-contracts_2013-myth-reality.pdf


Prevención y lucha contra la trata de seres humanos
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Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas desde la perspectiva de género (2015/2118(INI))
P8_TA(2016)0227A8-0144/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE), y los artículos 8, 79 y 83 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos los artículos 3, 5 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 1979, en particular su artículo 6 cuyo objetivo es luchar contra todas las formas de trata de mujeres y la explotación de la prostitución de la mujer,

–  Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Convenio de las Naciones Unidas para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, de 1949,

–  Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los subsiguientes documentos de resultados aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas sobre Beijing+5 (2000), Beijing+10 (2005) y Beijing+15 (2010), y en la conferencia de revisión sobre Beijing+20,

–  Visto el Protocolo de las Naciones Unidas de 2000 para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, en particular la definición acordada internacionalmente de la trata de seres humanos, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989, y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, así como la Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de noviembre de 2014, sobre el vigesimoquinto aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño(1),

–  Visto el Convenio de Oviedo relativo a los derechos humanos y la biomedicina,

–  Visto el Convenio de La Haya sobre Adopción,

–  Visto el Comentario conjunto de las Naciones Unidas a la Directiva de la Unión relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas, que exige que se proporcione protección internacional a las víctimas de la trata de seres humanos desde la perspectiva de género,

–  Visto el Convenio (n.º 29) relativo al trabajo forzoso u obligatorio de la Organización Internacional del Trabajo, en cuyo artículo 2 se define el trabajo forzoso,

–  Vistos el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos y las recomendaciones del Consejo de Europa en ese ámbito,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

–  Visto el Reglamento (UE) 2015/2219 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre la Agencia de la Unión Europea para la formación policial (CEPOL) y por el que se sustituye y deroga la Decisión 2005/681/JAI del Consejo(2),

–  Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo(3),

–  Vista la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011 relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo(4),

–  Vista la Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular(5),

–  Vista la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular(6),

–  Vista la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes(7),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos 2012-2016» (COM(2012) 0286),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Mid-term report on the implementation of the EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings» («Informe intermedio sobre la aplicación de la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos») (SWD(2014)0318),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Agenda Europea de Seguridad» (COM(2015)0185),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» («Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019») (SWD(2015)0278),

–  Visto el informe de situación de Europol sobre la trata de personas en la UE (febrero de 2016),

–  Visto el informe de Eurostat titulado «Trafficking in human beings» («La trata de seres humanos») (edición de 2015),

–  Vista la evaluación de la aplicación a nivel europeo de la Directiva 2011/36/UE efectuada por la Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios,

–  Visto el estudio sobre la dimensión de género de la trata de seres humanos encargado por la Comisión (2016),

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres(8),

–  Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género(9),

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015(10),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0144/2016),

A.  Considerando que la trata de seres humanos es una terrible violación de los derechos humanos fundamentales, como se indica en el artículo 5, apartado 3, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como una violación de la dignidad humana y de la integridad física y psicológica de las víctimas, a las que causa graves daños que a menudo les afectan durante el resto de sus vidas, y también una forma grave de delincuencia, frecuentemente delincuencia organizada, que se nutre de una demanda y unas ganancias elevadas, estimadas en 150 000 millones de dólares estadounidenses(11), y que socava el Estado de Derecho; que las diferencias entre las legislaciones de los distintos Estados miembros facilitan grandemente las actividades de la delincuencia organizada, el riesgo de ser enjuiciado sigue siendo demasiado reducido y las sanciones aplicadas para impedir este tipo de delincuencia son inadecuadas en comparación con los altos beneficios que se pueden obtener;

B.  Considerando que la trata de seres humanos se define en el artículo 2 de la Directiva 2011/36/UE como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, incluido el intercambio o la transferencia de control sobre estas personas, mediante la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que posea el control sobre otra persona, con el fin de explotarla; y que la explotación abarca, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otros tipos de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, incluida la mendicidad, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, o la explotación para realizar actividades delictivas o la extracción de órganos;

C.  Considerando que la trata de seres humanos adopta muchas formas diferentes y que existen víctimas de la trata en diversas actividades legales e ilegales, incluyendo entre otros ámbitos la agricultura, la transformación de los alimentos, la industria del sexo, el trabajo doméstico, el sector manufacturero, los servicios de cuidados, el sector de la limpieza, otros sectores (en particular en el sector de los servicios), la mendicidad, la delincuencia, los matrimonios forzados, la explotación sexual de menores en línea, las adopciones ilegales y el comercio de órganos humanos;

D.  Considerando que, tal como se afirma en el Comentario conjunto de las Naciones Unidas a la Directiva de la Unión Europea «Un enfoque basado en los derechos humanos», (2011), varias agencias de las Naciones Unidas recuerdan que «se debe reconocer que la trata es un fenómeno que afecta a mujeres y hombres y, por tanto, se deben tratar las similitudes y las diferencias en las experiencias de mujeres y hombres en relación a la vulnerabilidad y las violaciones de sus derechos humanos»;

E.  Considerando que la actual crisis de refugiados ha puesto de manifiesto la falta de herramientas adecuadas a escala europea para luchar conjuntamente contra la trata de seres humanos, especialmente cuando la finalidad es la explotación sexual de mujeres y menores;

F.  Considerando que una estrategia de «talla única» no resulta eficiente y que se deben diseñar medidas específicas y adaptadas a los diferentes tipos de trata de seres humanos, como la trata con fines de explotación sexual, la trata con fines de explotación laboral y la trata de menores;

G.  Considerando que debe elogiarse la Directiva 2011/36/UE (la Directiva) por su enfoque centrado en los derechos humanos y en las víctimas con arreglo al cual se concede a las víctimas de la trata de seres humanos una serie de derechos y servicios en virtud del Derecho internacional, independientemente de su voluntad o su capacidad para participar en un proceso penal (artículo 11, apartado 3, de la Directiva);

H.  Considerando que todos los servicios de asistencia y apoyo que se brinden a las víctimas de la trata de personas han de estar realmente exentos de condiciones y que se debe garantizar que no habrá una mayor victimización;

I.  Considerando que, por una parte, la trata de personas es el resultado de las desigualdades económicas y sociales a escala mundial y que, por otra parte, se exacerba con las desigualdades económicas, sociales, educativas y de formación entre mujeres y hombres;

J.  Considerando que diversas estadísticas recientes muestran que la mayor parte de las víctimas de la trata de seres humanos son mujeres, que el género de por sí no causa vulnerabilidad, y que muchos factores contribuyen a crear una situación de vulnerabilidad para las mujeres y las menores, como la pobreza, la exclusión social, el sexismo y la discriminación;

K.  Considerando que las mujeres y las menores representan el 80 % de las víctimas registradas de la trata de seres humanos(12), y que esto puede atribuirse en parte a la violencia y a la discriminación estructurales contra las mujeres y las menores;

L.  Considerando que la demanda de mujeres, niñas, hombres y niños en las industrias de la prostitución es un factor de atracción para la trata de seres humanos con fines de explotación sexual; y que la demanda de mano de obra barata y la incapacidad de defender los derechos laborales son factores de atracción para la trata de seres humanos con fines de explotación laboral;

M.  Considerando que la tolerancia de la sociedad ante la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres y las menores, así como la falta de concienciación pública acerca de los problemas asociados con la trata de seres humanos perpetúan la existencia de un entorno de permisividad ante este fenómeno;

N.  Considerando que los tipos de prostitución en los que las víctimas de la trata de seres humanos tienen más posibilidades de caer, como la prostitución en la calle, han disminuido en los países que han tipificado como delito la compra de sexo y las actividades que generan beneficios a partir de la prostitución ajena;

O.  Considerando que la trata de mujeres, niñas, hombres y niños con fines de explotación sexual ha disminuido en los países que han tipificado la demanda, incluidos tanto el proxenetismo como la adquisición de servicios sexuales;

P.  Considerando que en los grupos minoritarios y de inmigrantes, como la población romaní, se registra un número desproporcionado de víctimas de la trata de personas como consecuencia de su marginación social y económica;

Q.  Considerando que las expectativas y la discriminación de género son perjudiciales para todos, y que los varones son más reacios a admitir que han sido víctimas de explotación;

R.  Considerando que la capacitación económica y social de las mujeres y los grupos minoritarios reduciría su vulnerabilidad frente al riesgo de convertirse en víctimas de la trata de seres humanos;

S.  Considerando que la identificación de las víctimas sigue constituyendo un desafío y que, para ayudar a las víctimas de la trata de seres humanos y enjuiciar y condenar a los tratantes, debe reforzarse el apoyo y la protección que se brinda a las víctimas, incluido el derecho de la víctima a residir y trabajar legalmente en el Estado miembro en el que fue objeto de trata, además de mejorarse el acceso de las víctimas a la justicia y a indemnizaciones;

T.  Considerando que los menores representan aproximadamente el 16 %(13) de las víctimas registradas de la trata de seres humanos y las menores hasta el 13 %(14), y que los menores son especialmente vulnerables y afrontan daños físicos, psicológicos y emocionales graves y duraderos;

U.  Considerando que el 70 % de las víctimas de la trata de seres humanos identificadas y el 70 % de los presuntos tratantes en la Unión son nacionales de la Unión, y que la mayoría de las supuestas víctimas de explotación sexual son mujeres nacionales de la Unión y procedentes de Europa Central y Oriental(15); y que se ha de tener en cuente la información estadística al desarrollar los sistemas de identificación a fin de identificar mejor a todas las víctimas de la trata de seres humanos;

V.  Considerando que la mayoría de las víctimas registradas son mujeres y niñas que son objeto de trata con fines de explotación sexual y constituyen en conjunto hasta el 95 % de las víctimas de trata con fines de explotación sexual(16); y que la trata es una forma de violencia contra las mujeres y las menores;

W.  Considerando que la trata de seres humanos es un fenómeno complejo y transnacional que solo se puede atajar eficazmente si las instituciones de la Unión y los Estados miembros trabajan juntos de forma coordinada a fin de impedir la búsqueda de foros de conveniencia por parte de individuos y grupos delictivos, y si además centran su atención en la identificación y protección de las víctimas potenciales y reales desde una perspectiva interseccional integrada; que existe una clara distinción entre la trata de seres humanos y el tráfico ilícito de personas, pero debe prestarse particular atención a los solicitantes de asilo, los refugiados, los migrantes y otros grupos vulnerables, especialmente los niños, los menores no acompañados y las mujeres, habida cuenta de que corren riesgos múltiples y son particularmente vulnerables frente a la explotación y una mayor victimización;

X.  Considerando que la trata de seres humanos se suele percibir como una actividad llevada a cabo únicamente por grupos de delincuencia organizada, pero en realidad también puede ser llevada a cabo por miembros de la familia de la víctima, amigos, parientes, su pareja sentimental y empleadores ordinarios;

Y.  Considerando que la mayoría (70 %) de los tratantes de personas sospechosos, enjuiciados y condenados son varones, aunque las mujeres constituyen una minoría considerable (29 %) y pueden desempeñar un papel importante en el proceso de la trata de personas(17), en particular en el caso de la trata de menores;

Z.  Considerando que para que las normativas destinadas a la lucha contra la trata de personas sean efectivas deben ir acompañadas de un claro cambio cultural, pasando de una cultura de la impunidad a una cultura de tolerancia cero de la trata;

AA.  Considerando que las víctimas suelen carecer de información sobre sus derechos y cómo ejercerlos de manera efectiva;

AB.  Considerando que la trata de seres humanos como concepto es diferente de la esclavitud y de otros debates más amplios sobre la explotación; y que no todos los tipos de explotación se pueden considerar como trata de seres humanos;

Evaluación general de las medidas adoptadas para abordar la dimensión de género de la trata de seres humanos en la aplicación de la Directiva

1.  Observa que estaba previsto que la Directiva 2011/36/UE se transpusiese en las legislaciones nacionales de los Estados miembros a más tardar el 6 de abril de 2013, y que todos los Estados miembros excepto uno han notificado a la Comisión la transposición de dicha Directiva al Derecho nacional;

2.  Pide a los Estados miembros que aceleren la total y correcta ejecución de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas;

3.  Subraya que en el marco legal y político de la Unión se reconoce que la trata es un fenómeno específico de género, y pide a los Estados miembros que adopten medidas específicas de género(18); recuerda que en el artículo 1 de la Directiva se hace hincapié en la necesidad de adoptar un enfoque de género respecto de la trata de seres humanos; señala que las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, son vulnerables de maneras diferentes y a menudo son objeto de trata con diferentes fines, y que, por ello, las medidas de prevención, asistencia y apoyo deben adaptarse a las especificidades de género; señala, además, que en la Estrategia de la Unión se clasifica la violencia contra las mujeres y las desigualdades de género como una de las causas primordiales de la trata, y se establece una serie de medidas para abordar la dimensión de género de la trata;

4.  Toma nota de que la Comisión tiene la obligación de publicar una serie de informes en relación con los diversos aspectos de la aplicación de la Directiva; expresa su profunda preocupación a la vista de que esos informes se presentarán con retraso, enviándose con ello una señal inquietante sobre sus prioridades en materia de ejecución; pide a la Comisión que cumpla sus obligaciones en materia de presentación de informes y respete el calendario tal como se establece en la Directiva;

5.  Recuerda la obligación de la Comisión, en virtud del artículo 23, apartado 1, de la Directiva 2011/36/UE, de presentar un informe en abril de 2015 ante el Parlamento Europeo y el Consejo donde se evalúe en qué medida los Estados miembros han adoptado las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la mencionada Directiva; subraya que el informe no se ha terminado en la fecha establecida;

6.  Hace hincapié en que se debe llevar un seguimiento sistemático de la dimensión de género en la aplicación de la legislación de la Unión contra la trata de seres humanos, y pide a la Comisión que continúe llevando un seguimiento de ello en su informe sobre el cumplimiento y la aplicación de la Directiva por parte de los Estados miembros;

7.  Elogia la buena labor realizada por el Coordinador de la UE para la lucha contra la trata de seres humanos al desarrollar conocimientos y pruebas sobre los distintos aspectos de la trata de seres humanos, incluida la investigación sobre la dimensión de género y la especial vulnerabilidad de los menores; considera, sin embargo, que, con miras a acelerar la respuesta de la Unión a la trata de seres humanos, podría ampliarse el mandato de dicho Coordinador;

8.  Lamenta que las autoridades policiales y aduaneras de los Estados miembros no aprovechen al máximo las capacidades de Europol para aumentar el intercambio de información con este órgano y poder establecer conexiones entre las investigaciones que se estén llevando a cabo en los diferentes Estados miembros, así como obtener una visión general más amplia sobre las redes de delincuencia organizada activas en la Unión que supongan una mayor amenaza;

9.  Celebra la creación por parte de la Comisión de una página web contra la trata que contiene una base de datos de los proyectos financiados por la Unión en la Unión y en otros lugares, información actualizada sobre instrumentos legales y políticos de la Unión, medidas contra la trata de personas en los Estados miembros, oportunidades de financiación e iniciativas de la Unión;

10.  Hace hincapié en la importancia de contar con una información clara y consistente para las víctimas y los funcionarios de primera línea que puedan entrar en contacto con ellas, las fuerzas de seguridad, las autoridades judiciales, la policía y los servicios sociales, incluyendo información sobre los derechos relativos a la asistencia de emergencia y la asistencia sanitaria y cuidado de la salud, los permisos de residencia, los derechos laborales, el acceso a la justicia y a un abogado, las posibilidades de reclamar una indemnización, los derechos específicos de los niños, etc.;

11.  Destaca que también es importante prestar una mayor atención a los intermediarios del mercado de trabajo, contratistas, subcontratistas y agencias de colocación de empleo, especialmente en los sectores de alto riesgo, como forma de prevenir la trata de personas, en particular con el fin de la explotación laboral, pero también de la explotación sexual que se esconde tras supuestos contratos de servicios de hostelería y atención personal;

12.  Destaca que el marco jurídico y político de la Unión sobre la trata de seres humanos aúna las dimensiones interna y externa, reconociendo que la lucha contra la trata, que es una grave violación de los derechos humanos, constituye un claro objetivo de la acción exterior de la Unión; destaca así mismo que los países no pertenecientes a la Unión son a menudo los países de origen y tránsito para la trata dentro de la Unión, y que la trata, como una actividad ilegal transfronteriza, es un área importante para la cooperación con los países no comunitarios; celebra al respecto que, a petición del Consejo, la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior hayan elaborado un paquete de información sobre las actividades realizadas en los países y regiones prioritarios contra la trata de personas, y una lista de las herramientas e instrumentos de los que dispone la Unión y los Estados miembros, incluidas las políticas externas que abordan la trata y los proyectos financiados por la Unión y los Estados miembros en este ámbito; pide a los Estados miembros que cooperen con la Comisión y el SEAE en la lucha contra la trata de personas;

13.  Considera que los solicitantes de asilo, los refugiados y los migrantes son particularmente vulnerables frente a la trata, y que se ha de prestar especial atención a la trata de mujeres, menores y otros grupos vulnerables; pide a la Unión y a los Estados miembros que investiguen la relación existente entre el aumento del número de refugiados que están llegando y la trata de seres humanos; pide a los Estados miembros que aumenten la cooperación, inclusive en los puntos críticos, a fin de identificar a las víctimas potenciales y de utilizar todos los medios para luchar contra los tratantes de personas y los pasadores de fronteras, por ejemplo mejorando la recogida de datos y garantizando el cumplimiento de las normas de protección existentes; recuerda el papel de las agencias y redes de la Unión en la identificación temprana de las víctimas en las fronteras de la Unión y la lucha contra la trata de seres humanos, y subraya, en este contexto, la necesidad de establecer una mayor cooperación entre Europol, Eurojust, las autoridades nacionales y los terceros países, y también a través de la utilización del Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS); pide que se incrementen los recursos de las agencias JAI a fin de permitir el nombramiento de funcionarios formados en cuestiones de género, en particular en aquellos Estados miembros que se enfrentan a un aumento de los flujos migratorios mixtos; destaca que el nuevo enfoque de «puntos críticos» esbozado en la Agenda Europea de Migración no se debería limitar a la aceleración de los procesos y la eliminación del desfase, sino que también debería incluir un elemento proporcional de lucha contra la trata orientado a la remisión eficaz de las víctimas potenciales;

14.  Pide a los Estados miembros que evalúen críticamente su registro de refugiados y los servicios y estructuras de cuidados pertinentes, puesto que este grupo, particularmente los menores no acompañados, es muy vulnerable a la explotación por parte de bandas criminales y a la trata de seres humanos posterior;

15.  Considera que debería prestarse más atención a la situación de las víctimas transgénero, que a menudo son víctimas de la discriminación, la estigmatización y de amenazas de violencia debido a su identidad de género; opina que las personas transgénero deben considerarse un grupo vulnerable, ya que corren un riesgo particularmente elevado de caer en las manos de los tratantes; opina que este factor de vulnerabilidad debe tenerse en cuenta cuando los Estados miembros efectúen evaluaciones de riesgo individuales a fin de asegurarse de que las víctimas de la trata de seres humanos reciban la protección y el cuidado adecuados; pide a los Estados miembros que faciliten a los funcionarios que tengan probabilidades de entrar en contacto con víctimas o posibles víctimas de la trata de seres humanos, una formación adecuada sobre las especificidades de las víctimas transgénero, para que sean capaces de identificarlas de una forma más proactiva y adaptar los servicios de asistencia a sus necesidades;

La perspectiva de género en la prevención de la trata de seres humanos

16.  Subraya que, con arreglo al artículo 11 de la Directiva, los Estados miembros tienen la obligación de establecer mecanismos para garantizar la identificación, la asistencia y el apoyo tempranos a las víctimas, en cooperación con las organizaciones de apoyo pertinentes; destaca la necesidad de una estrategia estructurada en cuatro dimensiones fundamentales: prevención, enjuiciamiento, protección de las víctimas y asociación entre múltiples niveles;

17.  Pide a los Estados miembros que combatan la impunidad, penalicen la trata de seres humanos y se aseguren de que los criminales son llevados ante los tribunales y de que las sanciones se refuerzan; insta, por tanto, a los Estados miembros a que ratifiquen todos los instrumentos, acuerdos y obligaciones jurídicas internacionales pertinentes que permitan que la lucha contra la trata de seres humanos sea más eficaz, coordinada y coherente, entre ellos el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos;

18.  Pide un enfoque coherente para el enjuiciamiento de las infracciones relacionadas con la trata de seres humanos, y que los Estados miembros avancen en sus investigaciones y enjuiciamientos; pide, en este sentido, a los Estados miembros que aumenten la cooperación y colaboración transfronterizas con las agencias pertinentes de la Unión;

19.  Recuerda que las mujeres y los menores pueden verse obligados a intercambiar sexo por protección para sobrevivir, avanzar a lo largo de su ruta migratoria y conseguir el sustento básico; subraya que las mujeres y los menores que ejercen la prostitución para sobrevivir no están considerados como víctimas de la trata y, por tanto, no pueden recibir la asistencia necesaria;

20.  Hace hincapié en que para prevenir la trata de seres humanos y el contrabando de personas, es importante crear canales para la migración legal y segura para las mujeres y los niños (por ejemplo visas humanitarias); señala que también es importante que los países de destino se aseguren de que las mujeres migrantes a las que se ha concedido la residencia legal en los países de destino, tengan acceso a la enseñanza de idiomas y otros medios de integración social, educación y formación en particular, con el fin de ejercer sus derechos como ciudadanos;

21.  Pide a los Estados miembros que preparen entrevistas bien estructuradas con las víctimas que ayuden a reconstruir los hechos con precisión, pero que, al mismo tiempo, no incrementen la presión psicológica sobre estas, pues se encuentran ya en un estado de temor y confusión;

22.  Subraya que en todos los esfuerzos dirigidos a la lucha contra la trata debe haber un equilibrio entre el enjuiciamiento y la responsabilidad de proteger a las víctimas; señala que el apoyo a las víctimas desempeña un papel importante en la prevención de la trata de seres humanos, ya que las víctimas a las que se presta el apoyo adecuado están en mejores condiciones para recuperarse del trauma derivado de su experiencia y contribuir al enjuiciamiento de los delincuentes y a la elaboración de programas de prevención y de políticas fundamentadas, así como para evitar volver a ser objeto de trata;

23.  Hace hincapié en que internet juega un papel clave al facilitar la trata de seres humanos y aumentar, por tanto, los desafíos de la lucha contra esta grave forma de delincuencia organizada; denuncia el hecho de que internet se utiliza cada vez más para la captación de víctimas, tanto dentro como fuera de la Unión, a través de ofertas de empleo falsas, con servicios de publicidad facilitados por víctimas de la explotación, y para el intercambio de información entre las redes delictivas; pide a los Estados miembros que garanticen que se tiene en cuenta ese aspecto en sus respectivas políticas de lucha contra la trata, y que para las acciones policiales en el ámbito de las tecnologías cibernéticas se cuenta con los conocimientos especializados sobre la dimensión de género necesarios para impedir y luchar de manera eficiente contra todas las variantes de ese delito, particularmente en relación con la trata de seres humanos para fines de explotación sexual; hace hincapié en que las nuevas tecnologías, los medios sociales de comunicación e internet se deberían utilizar también para divulgar buenas prácticas respecto de la lucha contra la trata de seres humanos y para sensibilizar y alertar a las víctimas potenciales sobre los riesgos de la trata; pide, en este contexto, a la Comisión que siga investigando el papel de internet y mantenga al Parlamento Europeo debidamente informado;

24.  Lamenta que la identificación de las víctimas siga siendo uno de los aspectos más difíciles y con más lagunas de la aplicación, pero subraya que esto no reduce la responsabilidad de los Estados miembros por lo que respecta a la protección de las personas vulnerables; destaca que, debido al carácter engañoso y coercitivo del delito, las víctimas pueden no ser capaces de reconocer su propia vulnerabilidad; destaca el hecho de que las actividades que las víctimas de la trata se ven obligadas a realizar constituyen un delito en algunos Estados miembros, lo que por un lado reduce la confianza entre las víctimas y las autoridades; señala que la Directiva 2011/36/UE proscribe la penalización de las víctimas de la trata de seres humanos; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente los artículos 11 a 17 de dicha Directiva en lo que respecta a la protección y el apoyo de las víctimas de la trata de seres humanos aplicando un enfoque de género (en particular aumentando el número de refugios para las víctimas y reforzando los programas para la reintegración de las víctimas en la sociedad), y apliquen plenamente la Directiva 2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos a fin de garantizar un apoyo y una asistencia adecuados para las víctimas de la trata, también en lo que respecta al derecho a residir y tener acceso al mercado laboral del Estado miembro donde la víctima ha sido objeto de trata; subraya que estas disposiciones no deben supeditarse a la denuncia o a la colaboración de las víctimas en la investigación penal; pide a la Comisión que refuerce el intercambio de las mejores prácticas en materia de protección de las víctimas;

25.  Subraya que las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las personas que trabajan para proteger y ayudar a las víctimas de la trata de seres humanos no deben ser consideradas responsables de ningún delito;

26.  Critica firmemente el hecho de que utilizar los servicios de personas objeto de trata de seres humanos todavía no sea un delito en todos los Estados miembros, pero reconoce la dificultad de demostrar en el marco judicial que se tenía conocimiento de la trata, y considera que esto sería un paso importante para llegar a reconocer la gravedad de ese delito y garantizar un verdadero marco para prevenir la trata de seres humanos y poner fin a la cultura de impunidad;

27.  Pide a los Estados miembros que apliquen condenas penales estrictas para los delitos de trata de seres humanos, esclavitud moderna y explotación, y que tipifiquen penalmente el hecho de recurrir con conocimiento de causa a los servicios de víctimas de la trata de seres humanos, incluidas las víctimas de la prostitución, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, el trabajo o los servicios forzados, incluida la mendicidad, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre, la explotación para realizar actividades delictivas o la extracción de órganos; señala el bajo número de enjuiciamientos y condenas por el delito de trata de seres humanos a escala nacional;

28.  Toma nota de que la principal fuente de información para el registro de las víctimas es la policía, lo que apunta a la necesidad de contar con recursos humanos y financieros suficientes, incluida una formación específica y especializada para las fuerzas policiales, y con una mayor paridad de género en la dotación de personal; destaca que el hecho de que en algunos Estados miembros se proceda al registro de las víctimas de la trata en las cárceles y los centros de detención pone de manifiesto la existencia de deficiencias en el sistema y de lagunas en los conocimientos que poseen los profesionales; insiste en que los Estados miembros de la Unión han de aplicar eficazmente la legislación contra la trata de seres humanos, y subraya además que, para mejorar la identificación de las víctimas y entender mejor los sutiles medios de la trata de seres humanos, el sistema de justicia penal debe concentrarse más en la dinámica de la explotación y la aplicación de la ley; señala, en este contexto, que, de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2219, la CEPOL debe promover el respeto común y el entendimiento de los derechos fundamentales en el ámbito policial, incluidos los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas;

29.  Pide que Europol y las fuerzas de policía nacionales otorguen una mayor prioridad y un mayor número de recursos a la persecución de aquellos que facilitan la trata de seres humanos, en especial sensibilizando tanto a las fuerzas policiales como al conjunto de la sociedad sobre las nuevas formas de trata;

30.  Pide a Europol y a los Estados miembros que intensifiquen su acción de lucha contra los captadores, ya sea siguiendo un enfoque proactivo o a raíz del testimonio de una víctima, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2011/36/UE; destaca que los captadores utilizan diferentes canales, en particular las redes sociales y las páginas de internet (agencias de captación en línea); pide a la Comisión que amplíe el mandato de la Unidad de Notificación de Contenidos de Internet de Europol a la lucha contra la trata de seres humanos;

31.  Pide a la Comisión que evalúe la eficacia de la cooperación entre los Estados miembros y Europol en el marco de la lucha contra la trata de seres humanos; destaca la importancia del intercambio sistemático de datos, así como de la alimentación, por todos los Estados miembros, de las bases de datos europeas utilizadas a tal fin, en particular las bases de datos de Europol «Focal Point Phoenix» y «Focal Point Twins»; resalta la necesidad de que los guardias de fronteras y los guardacostas tengan acceso a las bases de datos de Europol;

32.  Observa que las víctimas viven la explotación de maneras diferentes y que un método de identificación basado en una «lista de comprobación» de indicadores puede obstaculizar la identificación formal y, por tanto, influir en el acceso de las víctimas a los servicios, la asistencia y la protección;

33.  Subraya que para motivar a las víctimas de la trata a recurrir a las autoridades y denunciar su situación, mejorando de este modo la identificación temprana de las víctimas, las leyes deben ser modificadas para que reconozcan a las víctimas de la trata de seres humanos como titulares de derechos a los ojos de la ley; subraya que las víctimas de la trata deben tener derecho a las medidas de asistencia y protección; destaca que es necesario dar más poder, para determinar lo que es la trata de seres humanos y quiénes están asistidos y protegidos por la ley, a los trabajadores sociales y sanitarios y a los servicios de inmigración;

34.  Pide que se mejoren la aplicación y el control del artículo 8 de la Directiva 2011/36/UE, a fin de garantizar que no se enjuicie a las víctimas de la trata de seres humanos ni se les impongan sanciones o penas, y hace hincapié en que esto incluye la no imposición de sanciones o penas a las personas que ejercen la prostitución y que no se castiguen la entrada o la residencia irregulares en los países de tránsito o de destino;

35.  Señala con preocupación que hay indicios de que algunas de las víctimas de la trata de seres humanos son objeto de detención y expulsión en lugar de ser autorizadas y ayudadas a ejercer sus derechos como víctimas y acceder a la asistencia necesaria, tal como como se establece en la Directiva 2004/81/CE;

36.  Pide a la Comisión que elabore orientaciones basadas en las mejores prácticas para desarrollar conocimientos especializados en materia de género e integrarlos en las actividades de las autoridades policiales de toda la Unión;

37.  Pide a los Estados miembros que cooperen para desarrollar unas mejores directrices para la identificación de las víctimas de la trata de seres humanos, las cuales ayudarían a los servicios consulares y los guardias de fronteras en esta tarea;

38.  Subraya la importancia de «seguir el dinero» como estrategia principal para investigar y enjuiciar a las redes de delincuencia organizada que se benefician de la trata de seres humanos, y pide a Europol y Eurojust que refuercen sus capacidades en el campo de la lucha contra la trata de seres humanos; pide a los Estados miembros que colaboren estrechamente con Europol y entre sí a la hora de investigar los aspectos financieros y el blanqueo de dinero en los casos de trata de seres humanos; subraya que los Estados miembros deben reforzar la cooperación en la inmovilización y decomiso de los activos de las personas involucradas en la trata, ya que podría ser una forma eficaz de conseguir que la trata de seres humanos pase de ser una actividad de «bajo riesgo y beneficios elevados» a ser una «de alto riesgo y beneficios reducidos»; pide a los Estados miembros, en este contexto, que utilicen todas las herramientas existentes de forma más eficaz, como el reconocimiento mutuo de las sentencias judiciales, los equipos conjuntos de investigación y la orden europea de investigación; opina que los activos decomisados a las personas condenadas por infracciones relacionadas con la trata de seres humanos deben utilizarse para prestar apoyo y compensar a las víctimas de la trata; señala asimismo que los elevados fondos recaudados por medio de la explotación y la trata de seres humanos financian otros tipos de delitos graves;

39.  Pide a las agencias del ámbito de la justicia y los asuntos de interior (JAI), como Eurojust, Europol, FRA, Frontex, CEPOL y EASO, que desarrollen un programa sostenible para la mejora de la paridad de género en la toma de decisiones con relación a la trata; pide que se publiquen las cifras relativas a la composición por sexo de los consejos de administración y el personal de estas agencias y que se mantengan conversaciones con los Estados miembros sobre los beneficios de una contratación y promoción laboral equitativas en los servicios policiales y de control de las fronteras; pide asimismo que se apliquen programas como el denominado «Female Factor» de Europol de forma periódica y no solo puntual en las agencias JAI en las que haya un mayor predominio de empleados varones;

40.  Recuerda que la formación de los profesionales y los funcionarios es esencial para la identificación temprana de posibles víctimas y la prevención de delitos; pide a los Estados miembros, por tanto, que apliquen plenamente el artículo 18, apartado 3, de la Directiva 2011/36/UE y que compartan las mejores prácticas, especialmente a la hora de crear programas de formación con dimensión de género para las personas que estén en contacto con víctimas de la trata de seres humanos en el ejercicio de sus funciones oficiales, incluidos los agentes de policía y otros agentes de seguridad, los agentes de fronteras, los jueces, los magistrados, los abogados y otras autoridades judiciales, el personal médico de primera línea, los trabajadores sociales y los psicólogos; señala que la formación ha de abarcar el desarrollo del entendimiento de la violencia y la explotación por razón de sexo, la detección de las víctimas, el proceso de identificación formal y una asistencia a las víctimas adecuada y adaptada en función del género;

41.  Pide un desarrollo y una difusión mayores de las publicaciones con fines de sensibilización que permitan ampliar los conocimientos dentro de las distintas profesiones, tales como el «Handbook for consular and diplomatic staff on how to assist and protect victims of human trafficking» (Manual para el personal consular y diplomático sobre cómo asistir y proteger a las víctimas de la trata de seres humanos)(19);

42.  Reconoce la importancia que reviste el desarrollo de unas relaciones duraderas entre las fuerzas policiales, los proveedores de servicios, las distintas partes interesadas y las víctimas, con el fin de generar confianza y responder con tacto a las necesidades de estas últimas; hace hincapié en que las organizaciones de apoyo necesitan una financiación suficiente para los proyectos, y expresa su preocupación a la vista de que muchas de ellas, especialmente las organizaciones de mujeres, se enfrentan a graves problemas a causa de los recortes en la financiación;

43.  Destaca que la financiación procedente de la Comisión y de los Estados miembros debe destinarse a los proveedores de servicios más adecuados, tomando como base las necesidades de las víctimas, incluidos los requisitos específicos de cada género y de los menores, así como la experiencia del proveedor y su capacidad para prestar servicios de asistencia y cuidados de largo alcance y duración;

44.  Pide a los Estados miembros que integren activamente a los interlocutores sociales, el sector privado, los sindicatos y la sociedad civil, en particular las ONG que operen en el ámbito de la trata y la asistencia a las víctimas, en sus iniciativas para prevenir la trata de seres humanos, particularmente en el ámbito de la explotación laboral, también en lo que respecta a la identificación de las víctimas y las actividades de sensibilización;

45.  Observa que, si bien la explotación sexual es ilegal en todos los Estados miembros, ello no impide la trata para fines de explotación sexual; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva 2011/92/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, y que refuercen su cooperación policial y judicial para prevenir y combatir la explotación sexual de menores; pide a la Comisión que, en colaboración con los Estados miembros, estudie cómo la demanda de servicios sexuales impulsa la trata de seres humanos, incluida la trata de menores, y cuál es la mejor manera de reducir dicha demanda; recuerda, en este sentido, la obligación de los Estados miembros de prestar especial atención a los menores que son víctimas de la trata de seres humanos, incluidos los menores no acompañados que proceden de terceros países, y de ofrecer una protección especial a los menores en los procedimientos penales, considerándose prioritario en todo momento el interés superior del menor;

46.  Señala que la recogida de datos sobre la trata de menores debe basarse en una definición común de este fenómeno delictivo; constata asimismo que algunos Estados miembros consideran que la trata de menores es una forma de explotación diferenciada, mientras que otros incluyen en el mismo grupo a las víctimas que son menores y a los adultos, lo que obstaculiza la posibilidad de obtener una visión global de la situación y de definir cuáles son las mejores acciones de investigación a escala europea;

47.  Hace hincapié en la obligación de la Comisión, en virtud del artículo 23, apartado 2, de la Directiva, de presentar, para 2016, un informe de evaluación de la incidencia de las legislaciones nacionales vigentes sobre la tipificación penal del uso de los servicios de una víctima de la trata de seres humanos con conocimiento de causa, y de la necesidad de tomar medidas adicionales; señala que la Comisión no debe apoyarse únicamente en los informes de los Estados miembros, sino que también debe evaluar el grado de cumplimiento apoyándose en la sociedad civil y en otros organismos competentes, como el GRETA, y en los informes por país elaborados por la representante especial de la OSCE para la lucha contra la trata de seres humanos y la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la trata de seres humanos y otras formas contemporáneas de esclavitud;

48.  Toma nota de la falta de consenso entre los Estados miembros sobre lo que constituye una demanda de explotación, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que propongan directrices relativas a las sanciones aplicables a los clientes tomando como base el modelo nórdico, al tiempo que se sensibiliza sobre todas las formas de trata de seres humanos, particularmente la explotación sexual, y se da visibilidad a otras formas de explotación, como el servicio doméstico;

49.  Señala que la mayor vulnerabilidad de ciertos grupos de personas pone a estas en mayor riesgo de convertirse en víctimas de la trata; denuncia, no obstante, que la trata tiene lugar porque existe una alta demanda de productos realizados y servicios prestados a través de la explotación de seres humanos, que es una forma muy rentable de delincuencia organizada;

50.  Hace hincapié en los datos que confirman el efecto disuasorio que ha producido la tipificación penal de la compra de servicios sexuales en Suecia; destaca la repercusión normativa de este modelo de regulación y su potencial para cambiar determinadas actitudes sociales con el fin de reducir la demanda general de servicios prestados por víctimas de la trata de seres humanos;

51.  Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente el artículo 18, apartado 4, de la Directiva y desarrollen estrategias específicas para reducir la demanda de trata con fines de explotación sexual, como programas y planes para abandonar la prostitución que capaciten a las personas que ejercen la prostitución, protejan sus derechos y reduzcan su vulnerabilidad a la explotación, y campañas para desalentar la demanda de servicios sexuales de personas objeto de la trata, si bien señala que la regulación de la prostitución es competencia de los Estados miembros; pide a la Comisión que examine con más detalle los vínculos existentes entre la demanda de servicios sexuales y la trata de seres humanos; cree que la reducción de la demanda puede lograrse a través de normas que hagan recaer la carga penal sobre aquellos que adquieren servicios sexuales de personas objeto de la trata, en lugar de sobre los que los venden;

52.  Pide a la Unión que preste atención y dé visibilidad a las nuevas formas de trata y explotación de seres humanos, incluidas la explotación reproductiva y la trata de recién nacidos;

53.  Toma nota con preocupación de que muy pocos Estados miembros han definido claramente sus programas de reducción de la demanda y de que, en términos generales, estos se han centrado en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual; pide a los Estados miembros que desarrollen programas de reducción de la demanda para todos los tipos de trata de seres humanos;

54.  Observa que, en determinadas circunstancias, los matrimonios ficticios pueden considerarse trata de seres humanos si son forzados o hay un componente de explotación, y que es más probable que las mujeres y las menores sean las víctimas;

55.  Subraya que los esfuerzos para mejorar la igualdad de género contribuyen a la prevención de la trata de seres humanos y deberían incluir estrategias con programas de educación y capacitación para las mujeres y las menores, a fin de reforzar su posición en la sociedad y hacerlas menos vulnerables a la trata; pide a los Estados miembros que emprendan acciones preventivas más proactivas, como campañas de información y sensibilización, formaciones diseñadas específicamente para los hombres, talleres especializados destinados a los grupos vulnerables y actividades educativas en escuelas, que incluyan la promoción de la igualdad y la lucha contra los estereotipos sexistas y la violencia de género, ya que la igualdad de trato debe constituir un objetivo del conjunto de la sociedad;

56.  Destaca la eficacia de los planes de sensibilización a la hora de educar a los consumidores para que elijan productos de empresas que garanticen una cadena de suministro en la que no se practique la esclavitud, pero indica que ello no basta por sí solo para reducir la demanda de trata de seres humanos;

57.  Observa que, en virtud de la Directiva 2009/52/CE, ya es un delito que los empleadores hagan uso del trabajo o los servicios de nacionales de terceros países que estén en situación irregular en la Unión sabiendo que esas personas son víctimas de la trata de seres humanos; constata que los nacionales de la Unión que son víctimas de la trata de seres humanos no están cubiertos por esta legislación; pide a los Estados miembros que garanticen que su legislación nacional protege de la explotación laboral a las víctimas de la trata que sean nacionales de la Unión y prevé las sanciones pertinentes;

58.  Recuerda que, de acuerdo con Europol, aproximadamente 10 000 menores no acompañados han desaparecido después de su llegada a la Unión en 2015 y que estos menores podrían ser víctimas de la trata de seres humanos y verse expuestos a todo tipo de explotaciones y abusos; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente el paquete de asilo y registren a los menores a su llegada con el fin de garantizar su inclusión en los sistemas de protección del menor; pide a los Estados miembros que efectúen un mayor intercambio de información para poder proteger mejor a los menores migrantes en Europa;

59.  Expresa su preocupación por la escasez de datos relativos a las mujeres y los menores de origen romaní que podrían ser objeto de la trata para la realización de trabajos o servicios forzados, incluida la mendicidad; pide a la Comisión que proporcione información sobre las mujeres y los menores de origen romaní reconocidos como víctimas de la trata, indicando cuántos han recibido asistencia para víctimas y en qué países;

60.  Destaca que el matrimonio forzado puede considerarse una forma de trata de seres humanos si contiene algún elemento de explotación de la víctima, y pide a todos los Estados miembros que incluyan esta dimensión; subraya que la explotación puede ser sexual (violación conyugal, pornografía o prostitución forzada) o económica (trabajo doméstico o mendicidad forzada) y que el matrimonio forzado puede ser el objetivo final de la trata (vender a una víctima como esposa o contraer matrimonio bajo coacción); resalta que es difícil para las autoridades detectar este tipo de trata, ya que discurre en el ámbito privado; pide a los Estados miembros que prevean servicios adecuados de acogida para estas víctimas; pide a la Comisión que refuerce el intercambio de buenas prácticas en este ámbito;

61.  Manifiesta su preocupación ante el fenómeno creciente de los «loverboys»; recuerda que a menudo sus víctimas se encuentran en una situación de dependencia emocional, lo que hace más complejo el trabajo de investigación, porque es más difícil identificarlas como víctimas de la trata de seres humanos y a menudo se niegan a testificar en contra de su «loverboy»; pide a la Comisión que refuerce el intercambio de buenas prácticas en este ámbito; pide a los Estados miembros que prevean una acogida específica para estas víctimas y garanticen que los servicios policiales y judiciales reconozcan su condición de víctimas, en particular cuando son menores de edad, a fin de evitar que se las estigmatice por «comportamientos anómalos»;

La dimensión de género de la asistencia, el apoyo y la protección a las víctimas

62.  Expresa su preocupación por el hecho de que no todas las víctimas puedan acceder fácilmente a los servicios que les están destinados o sepan de su existencia; destaca que no debe haber ningún tipo de discriminación en el acceso a los servicios;

63.  Señala que las víctimas de la trata de seres humanos requieren servicios especializados, como acceso a una vivienda segura a corto y largo plazo, programas de protección de testigos, asistencia sanitaria y asesoramiento, servicios de traducción e interpretación, acceso a la justicia, indemnizaciones, acceso a la educación y la formación, incluida la enseñanza del idioma del país de residencia, inserción laboral, (re)integración, mediación familiar y asistencia para el reasentamiento, y que estos servicios deben adaptarse en mayor medida a cada caso, prestando especial atención a la dimensión de género;

64.  Destaca que, habida cuenta de la dimensión de género de la trata de seres humanos, los Estados miembros deben abordarla como una forma de violencia contra las mujeres y las menores; destaca que se debe prestar más atención a la dinámica de la explotación y a los daños emocionales y psicológicos a largo plazo asociados a ella; pide a la Comisión que presente una estrategia europea contra la violencia de género que contenga una propuesta legislativa sobre la violencia contra las mujeres que incluya la trata de seres humanos;

65.  Subraya el buen trabajo realizado por varios servicios públicos y por la sociedad civil a la hora de identificar a las víctimas de la trata de seres humanos y proporcionarles ayuda y apoyo, si bien se observan diferencias en la realización de esta tarea entre los distintos Estados miembros o en función del tipo de trata de seres humanos de que se trate;

66.  Subraya que es necesario que se garantice una financiación adecuada para las ONG independientes y los centros de acogida específicos en función del género con el objetivo de satisfacer debidamente las necesidades de la víctima en todas las etapas de su itinerario en el país de destino, así como de trabajar de forma preventiva en los países de origen, tránsito y destino pertinentes;

67.  Pide a los Estados miembros que establezcan líneas telefónicas de atención a las que puedan recurrir las víctimas de la trata de seres humanos y la explotación para solicitar ayuda y asesoramiento; señala que estas líneas telefónicas de atención han tenido éxito en otros ámbitos, como la radicalización y la sustracción de menores;

68.  Insta a los Estados miembros a que garanticen una prestación de servicios a las víctimas de la trata diferenciada en función del género, adaptándola a sus necesidades y teniendo en cuenta las posibles necesidades específicas derivadas de la forma de trata a la que hayan estado sometidas; destaca que, si bien las mujeres y las menores representan la mayoría de las víctimas, deben existir servicios especializados para las víctimas de todos los géneros;

69.  Destaca que se droga a muchas víctimas de explotación sexual con el fin de mantenerlas en estado de dependencia física y psíquica; pide, por tanto, a los Estados miembros que prevean programas de acompañamiento especiales para estas víctimas y que reconozcan esta circunstancia como agravante en la respuesta penal a la trata de seres humanos;

70.  Destaca que el efecto acumulativo de las discriminaciones basadas en la orientación sexual o la identidad de género hace a las personas LGBTI especialmente vulnerables a la trata de seres humanos; pide a los Estados miembros que respondan a las necesidades específicas de las personas LGBTI; pide a la Comisión que favorezca el intercambio de buenas prácticas en este ámbito;

71.  Subraya la importancia de que todos los Estados miembros reconozcan de forma sistemática a las mujeres víctimas de la trata el derecho de acceso a servicios de aborto sin riesgo cuando el embarazo sea el resultado de la situación de explotación a la que hayan estado sometidas;

72.  Considera que el apartado 5 del artículo 11 de la Directiva 2011/36/UE debe ampliarse para introducir ayudas destinadas a una futura integración (aprendizaje del idioma, familiarización con la cultura y la comunidad, etc.) cuando la víctima, por sus características, pueda optar a un permiso de residencia;

73.  Pide a los Estados miembros que velen por que los nacionales de la UE y de terceros países que sean víctimas de trata tengan derecho a un permiso de residencia;

74.  Señala que la situación irregular de residencia legal no es óbice para que una persona sea objeto de la trata de seres humanos, por lo que estas víctimas deben tener los mismos derechos que el resto; pide a los Estados miembros que no mezclen las cuestiones de migración con la trata de seres humanos, y recuerda el principio de incondicionalidad de la ayuda establecido en la Directiva;

75.  Pide a todos los Estados miembros que garanticen de forma efectiva los derechos de las víctimas y que la aplicación de la Directiva 2011/36/UE se analice a la luz de lo dispuesto en la Directiva 2012/29/UE; pide asimismo a los Estados miembros que proporcionen asesoría jurídica gratuita, que incluya la asistencia letrada y la representación legal, asistencia médica y psicológica e información sobre los derechos a asistencia y atención sanitaria, incluido el derecho al aborto de las víctimas de explotación sexual, a todas aquellas personas que se autoidentifiquen como víctimas de la trata de seres humanos o que cumplan un número suficiente de criterios para ser consideradas como tales, para ayudarlas a acceder a los derechos, indemnizaciones o recursos judiciales que tienen a su disposición; destaca que la autoidentificación nunca debe ser el único requisito para acceder a los derechos y servicios destinados a las víctimas;

76.  Pide a los Estados miembros que faciliten asistencia jurídica a las víctimas de la trata de seres humanos no solo en los procedimientos penales, sino también en los procedimientos civiles, laborales o de inmigración/asilo de los que formen parte;

77.  Pide a los Estados miembros que, cuando decidan los límites aplicables al apoyo a las víctimas, tengan en cuenta que es necesario más tiempo para recuperarse de los daños sufridos como consecuencia de la trata con fines de explotación sexual que para recuperarse de otras formas de trata; pide que se amplíen las medidas de protección que se ofrecen a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual, con objeto de minimizar los daños e impedir que vuelvan a ser objeto de la trata, así como para evitar la victimización secundaria y garantizar las necesidades individuales en todos los casos;

Evaluación de otras medidas que integren la dimensión de género adoptadas en aplicación de la Directiva

78.  Hace hincapié en que la obligación de que las víctimas participen en el enjuiciamiento de los tratantes puede resultar nociva; destaca que, en un enfoque basado en los derechos humanos, tal obligación no debe ser una condición para poder acceder a los servicios;

79.  Subraya que debe informarse sistemáticamente a todas las víctimas de la trata de la posibilidad de beneficiarse de un periodo de reflexión y recuperación, y que dicho periodo debe concederse realmente; lamenta que en algunos Estados miembros estos derechos solo se hayan incorporado a las leyes sobre migración y que, por tanto, no se apliquen a todas las víctimas de la trata de seres humanos, sino únicamente a las que se encuentran en situación irregular; recuerda que estos derechos se deben otorgar a todas las víctimas de la trata de seres humanos;

80.  Recuerda que, en virtud de la Directiva 2004/81/CE, los Estados miembros están obligados a conceder un periodo de reflexión y recuperación a las víctimas de la trata de seres humanos; pide a los Estados miembros que, a la hora de determinar la duración de este periodo, tengan en consideración el artículo 13 del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos y amplíen el periodo mínimo de reflexión y recuperación de 30 días incluido en dicho Convenio para las víctimas de la trata con fines de explotación sexual, en vista de los daños graves y a largo plazo que provoca esta forma de violencia;

81.  Observa que la actual Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos finaliza en 2016, y pide a la Comisión que evalúe dicha Estrategia y ponga en marcha una nueva que desarrolle un enfoque basado en los derechos humanos, centrado en las víctimas, incluya claramente la perspectiva de género y prevea medidas concretas al respecto, aborde la prevención de manera adecuada y eficaz y persiga desalentar la demanda que propicia cualquier forma de trata; pide que, para garantizar una aplicación eficaz de las medidas de lucha contra la trata, esta nueva estrategia se integre en otros ámbitos políticos y guarde coherencia con estos, incluidos, entre otros, la seguridad, la igualdad de género, la migración, la ciberseguridad y la aplicación de la ley;

82.  Felicita a aquellos Estados miembros que han establecido mecanismos nacionales de información eficaces y ponentes nacionales, y les pide que velen por que estos instrumentos cuenten con recursos suficientes y sean independientes, para que puedan cumplir su función de la mejor manera posible;

83.  Pide a los Estados miembros que, para evaluar las estrategias y las actividades emprendidas y mejorar los esfuerzos en la lucha contra la trata, designen un ponente nacional independiente que pueda, por ley, comparecer directamente ante el Parlamento nacional y hacer recomendaciones para mejorar la lucha contra la trata de seres humanos;

84.  Insta a los Estados miembros a que recojan datos más detallados y actualizados recabando información estadística fiable de los principales agentes, garantizando que los datos son homogéneos y se desglosan por género, edad, tipo de explotación (dentro de los subgrupos de tipos de trata), país de origen y país de destino, e incluyendo a las personas objeto de la trata a nivel interno, con vistas a identificar mejor a las víctimas potenciales y prevenir la delincuencia; pide a los Estados miembros que aumenten el intercambio de información a fin de evaluar mejor la dimensión de género y las tendencias más recientes en la trata de seres humanos y luchar así contra la trata de una forma más eficiente; pide a los Estados miembros que velen por que los ponentes nacionales desempeñen un papel más importante en la coordinación de las iniciativas de recogida de datos, en estrecha colaboración con las correspondientes organizaciones de la sociedad civil activas en este ámbito;

85.  Señala que, pese a la clara definición de la trata de seres humanos que figura en la Directiva, en la legislación nacional de los Estados miembros se han adoptado varias definiciones diferentes; pide a la Comisión que examine esta cuestión e indique cómo pueden influir en la práctica estas diferencias en la aplicación de la Directiva; hace hincapié en la importancia de la claridad de conceptos a fin de evitar la confusión con otras cuestiones relacionadas pero diferentes;

86.  Señala que, en general, las partes interesadas confirman que la inmensa mayoría de las víctimas de la trata de seres humanos no son identificadas; reconoce que en cierta manera se ha pasado por alto la trata de determinados grupos vulnerables, como los jóvenes (sin hogar), los niños, las personas con discapacidad y las personas LGBTI; hace hincapié en la importancia de mejorar la recogida de datos a fin de optimizar los esfuerzos de identificación de las víctimas de estos grupos, así como de desarrollar buenas prácticas a la hora de atender las necesidades específicas de estas víctimas;

87.  Subraya que, para mejorar la lucha contra la trata de seres humanos en la Unión Europea, las instituciones de la Unión deben evaluar cuidadosamente la aplicación de la legislación de la Unión en los Estados miembros y adoptar medidas legislativas adicionales y de otro tipo si fuera necesario;

88.  Pide a la Comisión que elabore directrices normalizadas sobre la recogida de datos, que incluyan la protección de estos, destinadas a los organismos competentes, tales como los servicios policiales, de fronteras y de inmigración, los servicios sociales, las autoridades locales, las prisiones, las ONG y otros contribuidores;

89.  Pide a la Comisión que vele por que se conceda más prioridad a la lucha contra la trata en la Agenda Europea de Migración (COM(2015)0240) con el objetivo de facilitar su implicación en el enjuiciamiento de los tratantes;

90.  Pide a la Comisión que aborde la cuestión del abuso del empleo por cuenta propia en la contratación de mano de obra migrante que se da en algunos Estados miembros con el objetivo de eludir la normativa local y las obligaciones laborales, y que reconozca así que el falso empleo autónomo se suele usar en los sectores de mano de obra migrante, más propensos a la trata;

91.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que refuercen la cooperación regional en relación con la trata de seres humanos en las rutas conocidas, por ejemplo, desde el este hasta la Unión, recurriendo al Instrumento de Estabilidad y a las responsabilidades permanentes de los países candidatos;

92.  Pide a la Unión que, por medio de Eurostat, facilite estimaciones sobre el número de víctimas de la trata de seres humanos, registradas o no, siguiendo el patrón general de organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT);

93.  Pide a los Estados miembros que incluyan el principio de no devolución en sus directivas contra la trata de seres humanos, siguiendo el ejemplo del Protocolo sobre la trata de personas de las Naciones Unidas y el Convenio contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa, y de conformidad con las obligaciones de los Estados con arreglo a la legislación internacional sobre refugiados y a la legislación internacional en materia de derechos humanos;

94.  Anima a la Unión y a los Estados miembros a que lleven a cabo una investigación acerca de las tendencias y formas más nuevas de trata de seres humanos, incluida la influencia que la crisis migratoria actual podría tener en la trata, para abordar la evolución reciente con una respuesta adecuada y específica;

95.  Pide a la Comisión que, en el próximo informe sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE, realice un análisis sobre los vínculos existentes entre los diferentes tipos de trata y las rutas que los conectan, dado que las víctimas suelen ser explotadas de distintas maneras al mismo tiempo o pasar de un tipo de trata a otro; le pide asimismo que promueva un estudio permanente de las principales causas de la trata de seres humanos y de su impacto en la igualdad de género;

96.  Pide a la Comisión que valore la posible conveniencia de revisar el mandato de la futura Fiscalía Europea, a fin de integrar en sus competencias, una vez establecida, la lucha contra la trata de seres humanos;

97.  Insta a la Comisión a que fomente la ratificación por los Estados miembros del Convenio de Estambul, dado que este constituye una herramienta eficaz para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, incluida la trata, y proteger y asistir a las víctimas;

o
o   o

98.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0070.
(2) DO L 319 de 4.12.2015, p. 1.
(3) DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.
(4) DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.
(5) DO L 168 de 30.6.2009, p. 24.
(6) DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.
(7) DO L 261 de 6.8.2004, p. 19.
(8) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0126.
(9) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0162.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0218.
(11) Estimaciones de la OIT, «Ganancias y pobreza: Aspectos económicos del trabajo forzoso» (2014).
(12) Informe de Eurostat titulado «Trafficking in human beings» («La trata de seres humanos») (edición de 2015).
(13) Idem.
(14) Idem.
(15)3Informe de situación de Europol sobre la trata de seres humanos en la UE (febrero de 2016).
(16) Informe de Eurostat de 2015..
(17) Idem..
(18) «Mid-term report on the implementation of the EU strategy towards the eradication of trafficking in human beings» («Informe intermedio sobre la aplicación de la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos»), (SWD(2014)0318), p. 9.
(19) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/handbook-consular-and-diplomatic-staff-how-assist-and-protect-victims-human-trafficking_en.

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