Índice 
Textos aprobados
Jueves 26 de mayo de 2016 - BruselasEdición definitiva
Monedas virtuales
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Francia EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Grecia – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Gianluca Buonanno
 Medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Suecia *
 Flujos transatlánticos de datos
 Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía
 Pobreza y perspectiva de género
 Barreras no arancelarias en el mercado único
 Estrategia para el mercado único

Monedas virtuales
PDF 209kWORD 98k
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre monedas virtuales (2016/2007(INI))
P8_TA(2016)0228A8-0168/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el documento del Banco Internacional de Pagos titulado «Digital Currencies» (Monedas digitales), de noviembre de 2015(1),

–  Vista la publicación del Banco de Inglaterra titulada «On the economics of digital currencies» (Sobre la economía de las monedas digitales) (Q3/2014)(2),

–  Visto el Dictamen de la Autoridad Bancaria Europea sobre las monedas virtuales, de julio de 2014(3),

–  Visto el análisis del Banco Central Europeo sobre sistemas de monedas virtuales, de febrero de 2015(4),

–  Visto el Plan de acción de la Comisión para reforzar la lucha contra la financiación del terrorismo, de 2 de febrero de 2016(5),

–  Visto el estudio de la Comisión sobre la magnitud de la brecha del IVA en la UE, de mayo de 2015(6),

–  Visto el estudio del Centro Común de Investigación titulado «The digital agenda of virtual currencies» (La agenda digital de las monedas virtuales)(7),

–  Vistas las orientaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para un enfoque de las monedas virtuales basado en el riesgo, de junio de 2015,

–  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo sobre la lucha contra la financiación del terrorismo, de 12 de febrero de 2016(8),

–  Vistas la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo sobre el tratamiento a efectos de IVA de las operaciones de cambio de divisas virtuales (C-264/14)(9) y las conclusiones de la abogada general Sra. Kokott, de 16 de julio de 2015(10),

–  Vista la consulta de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) sobre la inversión mediante monedas virtuales o tecnologías de registros distribuidos, de julio de 2015(11),

–  Vista la nota informativa del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulada «Bitcoin market, economics and regulation» (Mercado, economía y regulación del bitcoin)(12),

–  Visto el informe de Europol titulado «Changes in modus operandi of Islamic State terrorist attacks» (Cambios del modus operandi de los atentados terroristas del Estado Islámico), de 18 de enero de 2016(13),

–  Visto el Dictamen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre las monedas virtuales, de junio de 2014(14),

–  Visto el estudio de la OCDE titulado «The Bitcoin Question - currency versus trust-less transfer technology» (La cuestión del bitcoin - moneda frente a tecnología de transferencia sin necesidad de confianza)(15),

–  Vista la nota de debate de los servicios del Fondo Monetario Internacional titulada «Virtual Currencies and Beyond» (Monedas virtuales y más allá, de enero de 2016)(16),

–  Visto el informe del asesor científico principal de la Oficina Científica del Gobierno británico titulado «Distributed Ledger Technology: beyond block chain» (Tecnología de registros distribuidos: más allá de la cadena de bloques), de 2016(17),

–  Vista la audiencia de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios sobre monedas virtuales del 25 de enero de 2016,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0168/2016),

A.  Considerando que, si bien aún no se ha establecido una definición de aplicación universal, pero que a veces se hace referencia a las monedas virtuales como efectivo digital, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) entiende las monedas virtuales como una representación digital de valor no emitida por un banco central ni por una autoridad pública, ni necesariamente asociada a una moneda fiduciaria, pero aceptada por personas físicas o jurídicas como medio de pago y que puede transferirse, almacenarse o negociarse por medios electrónicos; que las monedas virtuales se basan fundamentalmente en la tecnología de registros distribuidos (TRD), la base tecnológica para más de 600 sistemas de moneda virtual(18) que facilitan los intercambios entre homólogos, y que la más destacada de ellas es por ahora el bitcoin; que, si bien fue emitida por primera vez en 2009 y actualmente su cuota de mercado entre las monedas virtuales basadas en la TDR asciende a casi el 90 %, y el valor de mercado de los bitcoins en circulación es de unos 5 000 millones de euros(19), aún no ha alcanzado dimensiones sistémicas;

B.  Considerando que el término «tecnología de registros distribuidos» comprende bases de datos con niveles variables de confianza y resiliencia, con capacidad para procesar rápidamente grandes cantidades de operaciones y con capacidad de transformación no solo en el ámbito de las monedas virtuales, sino también en la tecnología financiera (FinTech) en términos generales, donde las operaciones de compensación y liquidación podrían ser una aplicación obvia, así como otras más allá de las finanzas, especialmente en relación con la prueba de identidad y propiedad;

C.  Considerando que las inversiones en TRD son parte integrante del actual ciclo de innovación en el ámbito de la tecnología financiera (FinTech) y totalizan hasta la fecha más de mil millones de euros en fondos de capital riesgo e inversión de las empresas(20);

Oportunidades y riesgos de las monedas virtuales y la TRD en un entorno de pagos en rápida evolución

1.  Destaca que las monedas virtuales y la TRD pueden contribuir positivamente al bienestar de los ciudadanos y al desarrollo económico, también en el sector financiero:

   a) reduciendo los costes de las operaciones y los costes de funcionamiento de los pagos y, en particular, de las transferencias transfronterizas de fondos, quizás incluso por debajo del 1 %, frente al tradicional 2 % —4 % en el caso de los sistemas de pago en línea(21)—, y en más del 7 % por término medio para las remesas de transferencias transfronterizas(22), lo que, haciendo un cálculo optimista, podría reducir sus costes totales en un máximo de 20 000 millones de euros;
   b) en general, reduciendo el coste de acceso a la financiación incluso sin una cuenta bancaria tradicional, contribuyendo así potencialmente a la inclusión financiera y al «Objetivo 5x5» del G-20 y el G-8(23);
   c) aumentando la resiliencia y, en función de la estructura del sistema, la velocidad de los sistemas de pago y el comercio de bienes y servicios merced a la arquitectura intrínsecamente descentralizada de la TRD, que podría continuar operando de manera fiable aun en el caso de que partes de su red funcionen mal o sufran intrusión informática;
   d) haciendo posibles sistemas que aúnen facilidad de uso, bajos costes de funcionamiento y de las operaciones y un grado elevado de privacidad, pero sin una anonimia total, de manera que, hasta cierto punto, en caso de infracción, sea posible rastrear las operaciones y se pueda aumentar en general la transparencia para los participantes en el mercado;
   e) utilizando dichos sistemas para desarrollar sistemas seguros de micropagos en línea que respeten la privacidad individual y que podrían sustituir a algunos de los modelos de negocios en línea existentes que merman significativamente la privacidad;
   f) permitiendo la posibilidad de fusión de diferentes tipos de mecanismos de pago tradicionales e innovadores, desde tarjetas de crédito a soluciones móviles, en una aplicación segura y fácil de usar, lo que a su vez podría hacer avanzar determinados aspectos del comercio electrónico en Europa y profundizar en el mercado único;

2.  Observa que los sistemas de monedas virtuales y TRD entrañan riesgos que deben abordarse adecuadamente con objeto de aumentar la fiabilidad, incluso en las circunstancias actuales, es decir;

   a) la ausencia de estructuras de gobernanza flexibles, pero resilientes y fiables, o la definición de estas estructuras, especialmente en algunas aplicaciones de TRD como el bitcoin, lo que produce incertidumbre y plantea problemas de protección de los consumidores o, más en general, de los usuarios, sobre todo en caso de desafíos no previstos por los diseñadores del software original;
   b) la elevada volatilidad de las monedas virtuales y la posibilidad de que se produzcan burbujas especulativas, así como la falta de formas tradicionales de supervisión reguladora, salvaguardas y protección, cuestiones particularmente problemáticas para los consumidores;
   c) la capacidad a veces limitada de los reguladores en el ámbito de las nuevas tecnologías, lo que puede dificultar la definición de salvaguardias adecuadas en el momento oportuno con objeto de garantizar el funcionamiento correcto y fiable de las aplicaciones de TRD cuando aumenten tanto como para adquirir relevancia sistémica, o incluso antes;
   d) la inseguridad jurídica que rodea a las nuevas aplicaciones de TRD;
   e) el consumo energético de determinadas monedas virtuales que, según el informe del asesor científico principal del Gobierno del Reino Unido sobre la TRD, se ha calculado que en el caso del bitcoin es superior a un 1 GW, lo que requeriría inversiones en investigación sobre formas más eficientes de mecanismos de verificación de las operaciones, así como su promoción;
   f) la falta de documentación técnica transparente y de fácil acceso sobre el funcionamiento de monedas virtuales específicas y otros sistemas de TRD;
   g) las fuentes potenciales de inestabilidad financiera que podrían estar asociadas a productos derivados basados en una deficiente comprensión de las características de las monedas virtuales;
   h) las posibles limitaciones futuras a largo plazo de la efectividad de la política monetaria si los sistemas de monedas virtuales privados se utilizaran ampliamente como sustitutos de las monedas fiduciarias oficiales;
   i) las posibilidades de realizar operaciones en el mercado negro, blanqueo de dinero, financiación del terrorismo(24), fraude y evasión fiscal y otras actividades delictivas basadas en la «pseudonimia» y la «combinación de servicios» que ofrecen algunos de estos servicios y la naturaleza descentralizada de algunas monedas virtuales, habida cuenta de que la trazabilidad de las operaciones en efectivo tiende a ser muy inferior;

3.  Indica que para abordar estos riesgos será necesario aumentar la capacidad reguladora, incluidos los conocimientos técnicos, así como desarrollar un marco jurídico sólido que esté a la altura de la innovación, garantizando una respuesta oportuna y proporcionada si, y en el momento en que, el uso de algunas aplicaciones de TRD se convierta en sistémicamente pertinente;

4.  Señala, no obstante, que si se adopta una regulación de manera precoz, esta podría no estar adaptada a una realidad todavía en evolución y transmitir a la población un mensaje erróneo sobre las ventajas o la seguridad de las monedas virtuales;

Utilización de la TRD para fines distintos de los pagos

5.  Observa que el potencial de la TRD para acelerar, descentralizar, automatizar y normalizar procesos basados en datos con un menor coste podría modificar de manera fundamental las modalidades de transferencia de activos y tenencia de registros, con consecuencias para el sector privado y para el sector público, en tres aspectos por lo que se refiere a este último: como prestador de servicios, como supervisor y como legislador;

6.  Indica que los procesos de compensación y liquidación así como otros procesos de gestión posnegociación cuestan actualmente al sector financiero global mucho más de 50 000 millones de euros anuales(25), y que estos procesos y los procesos de conciliación bancaria son ámbitos en los que la TRD podría dar lugar a transformaciones en términos de eficiencia, rapidez y resiliencia, pero también plantearía nuevos desafíos de regulación;

7.  Pone de relieve el hecho de que, a este respecto, agentes del sector privado han emprendido varias iniciativas, y pide a las autoridades competentes a nivel europeo y nacional que las sometan a supervisión;

8.  Observa asimismo que la TRD podría utilizarse para incrementar la puesta en común de datos, la transparencia y la confianza no solo entre gobiernos y ciudadanos, sino también entre agentes del sector privado y clientes;

9.  Reconoce el potencial aún sin desarrollar de la TRD, mucho más allá del sector financiero, incluidos la microfinanciación colectiva mediante criptocapital, los servicios de mediación en conflictos, en particular en los sectores financiero y jurídico, y el potencial de los contratos inteligentes combinados con firmas digitales, aplicaciones que permiten una mayor protección de los datos y el desarrollo de la internet de los objetos;

10.  Destaca la dinámica que las tecnologías de cadena de bloques generan en el entorno empresarial así como su potencial de transformación en la economía real a largo plazo;

11.  Reconoce el potencial de la TRD para ayudar a los gobiernos a reducir el blanqueo de dinero, el fraude y la corrupción;

12.  Anima a los organismos públicos a que, tras efectuar análisis de impacto adecuados, prueben sistemas de TRD a fin de mejorar la prestación de servicios a los ciudadanos y las soluciones de administración electrónica, de conformidad con las normas de protección de datos de la Unión; alienta a los organismos públicos a que eviten los efectos de bloqueo que podrían estar asociados a la utilización de sistemas privados de TRD; reconoce específicamente el potencial de la TRD para mejorar los sistemas de registro catastral;

13.  Recomienda que los organismos públicos y las autoridades competentes encargadas de analizar grandes cantidades de datos exploren el uso en tiempo real de instrumentos de supervisión y presentación de informes basados en TRD como parte de la agenda de tecnologías de regulación (RegTech) en el sector financiero y fuera de él, entre otras cosas, para al menos reducir la notable brecha del IVA en la Unión(26);

Regulación inteligente con miras a fomentar la innovación y garantizar la integridad

14.  Pide un enfoque regulador proporcionado a escala de la Unión a fin de no asfixiar la innovación o añadir costes superfluos en esta fase temprana, pero tomando en serio los desafíos que puede suponer en términos de regulación la generalización del uso de monedas virtuales y TRD;

15.  Destaca las semejanzas entre la tecnología de registros distribuidos (TRD), que consisten en una serie de nodos que participan en un sistema y que comparten una base de datos común, y la World Wide Web, definida como un conjunto universal de recursos interrelacionados lógicamente mediante enlaces; observa que tanto la TRD como la World Wide Web se basan en internet, un sistema universal de redes de servidores, ordenadores personales y ordenadores inalámbricos interconectadas;

16.  Recuerda que internet, a pesar de los intentos de promover un enfoque multilateral, sigue estando regido por la Administración nacional de información y telecomunicaciones (National Telecommunications and Information Administration), que es una agencia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos;

17.  Acoge con satisfacción la creación de una coalición dinámica sobre tecnologías de cadena de bloques en el Foro para la Gobernanza de Internet, y pide a la Comisión que promueva una gobernanza compartida e integradora de la TRD para evitar los problemas anteriormente observados en el desarrollo de internet;

18.  Señala que actos legislativos clave de la Unión, como el Reglamento sobre la infraestructura del mercado (EMIR), el Reglamento sobre los depositarios centrales de valores (RDCV), la Directiva sobre la firmeza de la liquidación (SFD), la Directiva y el Reglamento sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID/MiFIR), la Directiva sobre organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y la Directiva sobre los gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA), podrían ofrecer un marco regulador conforme a las actividades desempeñadas, con independencia de la tecnología subyacente, aunque las monedas virtuales y las aplicaciones basadas en la TRD se expandan a nuevos mercados y amplíen sus actividades; observa, no obstante, que podría ser necesaria más legislación a medida;

19.  Acoge favorablemente las propuestas de la Comisión de que se incluyan las plataformas de intercambio de monedas virtuales en la Directiva contra el blanqueo de capitales, con objeto de suprimir el anonimato asociado a dichas plataformas; espera que toda propuesta a este respecto esté orientada y se justifique sobre la base de un análisis completo del riesgo que conllevan las monedas virtuales, y que se fundamente en una evaluación de impacto exhaustiva;

20.  Recomienda que la Comisión realice un balance exhaustivo de las monedas virtuales y, sobre esta base, si lo considera adecuado, que revise la legislación pertinente de la Unión sobre pagos, incluidas la Directiva sobre las cuentas de pago, la Directiva sobre servicios de pago y la Directiva sobre el dinero electrónico, a la luz de las nuevas posibilidades que ofrece la evolución de la tecnología, como las monedas virtuales y la TRD, con miras a seguir fortaleciendo la competencia y reduciendo los costes de las operaciones, entre otras vías, mediante el aumento de la interoperabilidad y quizás también la promoción de una billetera electrónica universal no sujeta a derechos de propiedad;

21.  Observa que en Europa se han creado varias monedas virtuales locales en respuesta a las crisis financieras y a los problemas de restricción del crédito conexos; insta a una particular cautela a la hora de definir las monedas virtuales, en el contexto de toda propuesta legislativa futura, con vistas a tener debidamente en cuenta la existencia de «monedas locales» de carácter no lucrativo, que con frecuencia tienen una fungibilidad limitada y aportan importantes beneficios sociales y medioambientales, así como a evitar una regulación desproporcionada en este ámbito, en tanto no se evite ni se eluda la tributación;

22.  Pide la creación de un grupo operativo horizontal TRD dirigido por la Comisión y compuesto por expertos reguladores y técnicos, con objeto de:

   i) aportar los conocimientos técnicos y de regulación necesarios en los diversos sectores de las aplicaciones TRD pertinentes, reunir a las partes interesadas y apoyar a los agentes públicos pertinentes a escala de la UE y de los Estados miembros en sus esfuerzos por controlar el uso de la TRD a escala europea y mundial;
   ii) fomentar la concienciación y analizar los beneficios y los riesgos —también para los usuarios finales— de las aplicaciones TRD con objeto de utilizar del mejor modo posible su potencial, determinando un conjunto de atributos fundamentales de los sistemas de TRD que favorezcan el interés general, como normas abiertas no privadas, así como normas relativas a las mejores prácticas cuando surgen estas normas;
   iii) apoyar una respuesta oportuna, bien fundada y proporcional a las nuevas oportunidades y desafíos que surgen con la introducción de importantes aplicaciones TRD, también mediante una hoja de ruta para las medidas que deban tomarse en el futuro a escala de la UE y de los Estados miembros y que incluirán una evaluación de la regulación europea existente, con vistas a actualizarla en respuesta al significativo y sistémico uso de la TRD, cuando proceda, encarando asimismo los retos sistémicos y en materia de protección del consumidor;
   iv) elaborar pruebas de tensión para todos los aspectos importantes de las monedas virtuales y otros sistemas de TRD cuyo nivel de uso alcance tal dimensión que los convierta en sistémicamente importantes para la estabilidad;

23.  Destaca la importancia de la formación del consumidor y de la transparencia y la confianza al utilizar las monedas virtuales; pide a la Comisión que desarrolle, en cooperación con los Estados miembros y las empresas del sector, directrices destinadas a garantizar que se brinde una información precisa, clara y completa a los usuarios, actuales y futuros, de monedas virtuales, a fin de permitirles tomar decisiones con pleno conocimiento de causa, lo que mejoraría la transparencia de los sistemas de monedas virtuales en lo que respecta a su organización y funcionamiento y a lo que los diferencia de los sistemas de pago regulados y supervisados en términos de protección del consumidor;

o
o   o

24.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf
(2) http://www.bankofengland.co.uk/publications/Documents/quarterlybulletin/2014/qb14q3digitalcurrenciesBitcoin2.pdf
(3) https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
(4) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen.pdf
(5) http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/news/160202_en.htm
(6) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm
(7) http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC97043/the%20digital%20agenda%20of%20virtual%20currencies_final.pdf
(8) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/02/12-conclusions-terrorism-financing/
(9) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1463564584935&uri=CELEX:62014CJ0264
(10) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A62014CC0264
(11) https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-532_call_for_evidence_on_virtual_currency_investment.pdf
(12) http://www.europarl.europa.eu/RegData/bibliotheque/briefing/2014/140793/LDM_BRI(2014)140793_REV1_EN.pdf
(13) https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/changes_in_modus_operandi_of_is_in_terrorist_attacks.pdf
(14) http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf
(15) http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/The-Bitcoin-Question-2014.pdf
(16) https://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2016/sdn1603.pdf
(17) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
(18) http://www.bis.org/cpmi/publ/d137.pdf
(19) http://coinmarketcap.com/
(20) Véase, entre otros: http://www.coindesk.com/state-of-Bitcoin-blockchain-2016/
(21) https://www.eba.europa.eu/documents/10180/657547/EBA-Op-2014-08+Opinion+on+Virtual+Currencies.pdf
(22) https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_december_2015.pdf
(23) http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTFINANCIALSECTOR/0,,contentMDK:22383199~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:282885,00.html
(24) Si bien existe un potencial de uso de las monedas virtuales para financiar el terrorismo, Europol ha señalado recientemente (18 de enero de 2016) que, a pesar de que informes de terceros insinúan que los terroristas utilizan monedas anónimas, como el bitcoin, para financiar sus actividades, esto no ha sido confirmado por las autoridades policiales.
(25) https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/492972/gs-16-1-distributed-ledger-technology.pdf
(26) http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5592_en.htm


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Francia EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)
PDF 264kWORD 74k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Francia – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 2016/2043(BUD))
P8_TA(2016)0229A8-0182/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0185 – C8-0136/2016),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006(1) (Reglamento del FEAG),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2), y en particular su artículo 12,

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3) (AI de 2 de diciembre de 2013), y en particular su apartado 13,

–  Vistos los resultados de la negociación tripartita prevista en el apartado 13 del AI de 2 de diciembre de 2013,

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0182/2016),

A.  Considerando que la Unión ha creado instrumentos legislativos y presupuestarios para prestar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial o de la crisis económica y financiera mundial, así como para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral;

B.  Considerando que la ayuda de la Unión a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a su disposición de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada en la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el AI de 2 de diciembre de 2013 por lo que respecta a la adopción de las decisiones de movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG);

C.  Considerando que la adopción del Reglamento del FEAG refleja el acuerdo alcanzado entre el Parlamento y el Consejo de reintroducir el criterio de movilización relativo a la crisis, fijar la contribución financiera de la Unión en un 60 % del coste total estimado de las medidas propuestas, aumentar la eficiencia en el tratamiento de las solicitudes de intervención del FEAG en la Comisión, agilizar los procedimientos de evaluación y aprobación por parte del Parlamento y el Consejo, ampliar el abanico de actuaciones y de posibles beneficiarios mediante la incorporación de los trabajadores autónomos y de los jóvenes y financiar los incentivos para la creación de empresas propias;

D.  Considerando que Francia presentó la solicitud EGF/2015/010/FR/MoryGlobal relativa a una contribución financiera del FEAG a raíz de los despidos de trabajadores en el sector económico clasificado en la división 49 («Transporte terrestre y por tubería») y la división 52 («Almacenamiento y actividades anexas al transporte») de la NACE Rev. 2 en la Francia continental ,y que se prevé que se beneficien de las medidas 2 132 trabajadores despedidos que pueden optar a una contribución del FEAG; que esta solicitud se produce a raíz de la liquidación judicial de MoryGlobal y es la continuación de la solicitud EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros;

E.  Considerando que la solicitud se presentó con arreglo al criterio de intervención del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento del FEAG, que requiere el despido o el cese de la actividad, respectivamente, durante un período de referencia de cuatro meses, de como mínimo 500 trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia de una empresa de un Estado miembro, incluidos los trabajadores despedidos por los proveedores o por las empresas situadas en la fase posterior del proceso de producción y los autónomos que hayan cesado su actividad;

1.  Conviene con la Comisión en que se cumplen los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento del FEAG y en que, por tanto, Francia tiene derecho a una contribución financiera de 5 146 800 EUR en virtud del citado Reglamento, lo que representa el 60 % del coste total de 8 528 000 EUR;

2.  Observa que la Comisión respetó el plazo de doce semanas a partir de la recepción de la solicitud de las autoridades francesas, el 19 de noviembre de 2015, finalizando su evaluación sobre el cumplimiento de los requisitos para recibir una contribución financiera en el plazo previsto, el 7 de abril de 2016, y notificó su evaluación al Parlamento ese mismo día;

3.  Considera que los despidos en MoryGlobal están relacionados con la disminución general de la producción física en Europa, que provocó una reducción de los volúmenes transportados y desencadenó una guerra de precios en el sector del transporte por carretera, lo que desde 2007 ha causado un deterioro constante de los márgenes operativos y una serie de pérdidas para el sector en Francia, lo que, por su parte, generó una serie de quiebras, incluidas las de Mory-Ducros y, posteriormente, la de MoryGlobal, que había contratado de nuevo a 2 107 de los antiguos trabajadores de Mory-Ducros;

4.  Pone de relieve que la ayuda del FEAG en favor de los 2 513 antiguos trabajadores de Mory-Ducros, aprobada en abril de 2015(4), ascendió a 6 052 200 EUR;

5.  Toma nota de que, hasta la fecha, el sector del transporte terrestre y por tubería ha sido objeto de otras dos solicitudes de ayuda del FEAG: EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros y EGF/2011/001 AT/ Nieder- und Oberösterreich, ambas basadas en la crisis financiera y económica mundial, en relación con 2 804 despidos en el sector; señala que varias de las medidas de las dos solicitudes se asemejan;

6.  Observa que las autoridades francesas empezaron a prestar servicios personalizados a los trabajadores afectados el 23 de abril de 2015, con anterioridad a la solicitud de concesión de la ayuda del FEAG para el paquete coordinado propuesto;

7.  Se congratula de que Francia haya establecido el plan social, en el que también participa financieramente MoryGlobal, antes de obtener el complemento del FEAG; celebra que la ayuda solicitada con cargo al FEAG no incluya medidas en el marco del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento del FEAG, es decir, prestaciones, sino que se oriente hacia medidas con un valor añadido real para la integración futura en el mercado laboral de los trabajadores despedidos;

8.  Toma nota de que los servicios personalizados cofinanciados por el FEAG que se prestarán consisten en asesoramiento y orientación por parte de un equipo de asesores expertos, que son complementarios al plan social y al Contrat de Sécurisation Professionnelle financiado por el Estado francés para ayudar a los trabajadores a volver a encontrar trabajo; observa que los tres contratistas que integran el equipo de asesores son los que prestan servicios a los trabajadores despedidos por Mory-Ducros; espera que la Comisión y las autoridades francesas respeten escrupulosamente el principio según el cual los pagos a las agencias se efectuarán sobre la base de los resultados obtenidos;

9.  Observa que los contratistas (BPI, Sodie y AFPA Transitions) deberán asistir y orientar a los trabajadores despedidos y ayudarles a encontrar soluciones que les permitan permanecer en el mercado laboral y conseguir un nuevo empleo mediante servicios personalizados, como sesiones informativas de carácter colectivo e individual, transición profesional y acompañamiento hacia un nuevo empleo;

10.  Considera que los trabajadores de la franja de edad comprendida entre los 55 y los 64 años corren un mayor riesgo de desempleo de larga duración y de exclusión del mercado laboral, lo que podría llevarles a la exclusión social; considera, por consiguiente, que esos trabajadores, que constituyen más del 19 % de los posibles beneficiarios de las medidas propuestas, tienen necesidades específicas por lo que respecta a los servicios personalizados que se prestan de conformidad con el artículo 7 del Reglamento del FEAG;

11.  Señala que Francia ha indicado que el paquete coordinado de servicios personalizados se ha elaborado en consulta con los representantes de los beneficiarios previstos y los interlocutores sociales;

12.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento del FEAG, la elaboración del paquete coordinado de servicios personalizados debe anticipar las perspectivas futuras en el mercado laboral y las competencias exigidas y ser compatible con la transición hacia una economía que utilice eficientemente los recursos y que sea sostenible; celebra que Francia haya proporcionado todas las garantías necesarias de que las acciones propuestas serán complementarias de las financiadas por los Fondos Estructurales y que juntas permitirán adaptarse a los retos globales y alcanzar un crecimiento económico sostenible, como se subraya en la evaluación de la aplicación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización 2007-2014(5);

13.  Observa que los contratistas que operan el equipo de asesores son los mismos que prestan servicios a los trabajadores despedidos por Mory-Ducros; pide a la Comisión que proporcione una evaluación de la relación coste-eficacia de la ayuda que se presta en la actualidad a los trabajadores despedidos de Mory-Ducros, teniendo en cuenta que la solicitud presente es consecuencia de la solicitud EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros y que los servicios personalizados los prestan los mismos contratistas;

14.  Tiene en cuenta la sensibilidad de este mercado laboral concreto, dado que Francia presenta el mayor porcentaje de valor añadido de la UE-28 en el sector de los servicios de transporte terrestre;

15.  Observa que las autoridades francesas han confirmado que las acciones propuestas no reciben apoyo financiero de otros fondos o instrumentos financieros de la Unión y que son complementarias de las acciones financiadas con cargo a los Fondos Estructurales;

16.  Reitera que la ayuda del FEAG es complementaria de las medidas nacionales y no debe sustituir a otras actuaciones que son responsabilidad de los Estados miembros o de las empresas;

17.  Celebra el procedimiento mejorado puesto en funcionamiento por la Comisión a raíz de la solicitud del Parlamento de agilizar la liberación de las subvenciones; observa las limitaciones de tiempo que conlleva el nuevo calendario y su posible impacto sobre la eficacia de la instrucción de los casos;

18.  Recuerda su solicitud a la Comisión para que garantice el acceso del público a todos los documentos relacionados con los casos del FEAG;

19.  Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;

20.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

21.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

(solicitud de Francia – EGF/2015/010 FR/MoryGlobal)

(No se reproduce el texto del presente anexo dado que coincide con el acto final, la Decisión (UE) 2016/989.)

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(4)Decisión (UE) 2015/738 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros, de Francia) (DO L 117 de 8.5.2015, p. 47).
(5) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Grecia – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)
PDF 270kWORD 75k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Grecia – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) (COM(2016)0210 – C8-0149/2016 – 2016/2050(BUD))
P8_TA(2016)0230A8-0181/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0210 – C8-0149/2016),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006(1) (Reglamento del FEAG),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2), y en particular su artículo 12,

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3), y en particular su apartado 13,

–  Vistas las cinco solicitudes anteriores de contribución del FEAG relativas al sector minorista,

–  Vista su Resolución, de 13 de abril de 2016, sobre la propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (EGF/2016/000 TA 2016. Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión)(4),

–  Vistos los resultados de la negociación tripartita prevista en el apartado 13 del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013,

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8‑0181/2016),

A.  Considerando que la Unión Europea ha establecido instrumentos legislativos y presupuestarios para prestar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial o de la crisis económica y financiera mundial, así como para prestarles ayuda en su reincorporación al mercado laboral; que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) beneficia a los trabajadores despedidos de pequeñas y medianas empresas y multinacionales, con independencia de las políticas o intereses que motivaron la decisión de cierre, en particular de estas últimas; que el Reglamento del FEAG y la política comercial de la Unión deben centrarse en cómo salvaguardar los puestos de trabajo, la producción y los conocimientos técnicos dentro de la Unión;

B.  Considerando que la ayuda financiera de la Unión a los trabajadores que la necesiten debe ser dinámica y ponerse a disposición de los mismos de la manera más rápida y eficaz posible, de conformidad con la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobada en la reunión de concertación celebrada el 17 de julio de 2008, y teniendo debidamente en cuenta el Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 por lo que respecta a la adopción de las decisiones de movilización del FEAG;

C.  Considerando que Grecia presentó una solicitud de contribución financiera del FEAG (EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa) a raíz de unos despidos en el sector económico clasificado en la división 47 de la NACE Rev. 2 (Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y motocicletas) en las regiones de nivel NUTS 2 de Macedonia Central (Κεντρική Μακεδονία) (EL12) y Tesalia (Θεσσαλία) (EL14), y que se prevé que participen en las medidas 557 trabajadores despedidos, así como 543 jóvenes que ni trabajan, ni siguen estudios ni formación (ninis) menores de 30 años de las mismas regiones; que los trabajadores fueron despedidos a raíz de la quiebra y el cierre de la empresa Supermarket Larissa ABEE;

D.  Considerando que la solicitud se presentó con arreglo al criterio de intervención del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento del FEAG, que requiere el despido o el cese de la actividad, respectivamente, durante un período de referencia de cuatro meses, de como mínimo 500 trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia de una empresa de un Estado miembro, incluido el despido de los asalariados o el cese de la actividad de los trabajadores por cuenta propia de sus proveedores o transformadores de los productos de dicha empresa;

1.  Conviene con la Comisión en que se cumplen los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento FEAG y en que, por tanto, Grecia tiene derecho a una contribución financiera de 6 468 000 EUR en virtud del citado Reglamento, lo que representa el 60 % del coste total de 10 780 000 EUR;

2.  Observa que la contribución financiera se destinará a 557 trabajadores despedidos, de los cuales 194 son varones y 363 mujeres;

3.  Recuerda que otros 543 jóvenes menores de 30 años de la misma región sin estudios, trabajo ni formación podrían beneficiarse de servicios personalizados como orientación profesional en el marco de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil;

4.  Observa que la Comisión respectó el plazo de doce semanas desde la recepción de la solicitud por parte de las autoridades griegas, el 26 de noviembre de 2015, hasta que finalizó su evaluación del cumplimiento de las condiciones para asignar una contribución financiara, el 14 de abril de 2016, y que informó al respecto al Parlamento el 15 de abril de 2016;

5.  Toma nota de que, además de los 557 trabajadores despedidos, se espera que participen en las medidas 543 jóvenes menores de 30 año que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación («ninis»), de las mismas regiones y que reciban servicios personalizados cofinanciados por el FEAG; observa que la solicitud de las autoridades griegas de incluir a «ninis» en estas medidas se debe a la falta de empleo en la región, en comparación con el elevado número de demandantes de empleo, y que el 73,5 % de los desempleados en Tesalia llevan en paro más de 12 meses (Eurostat);

6.  Toma nota de que, debido a la profunda recesión de la economía griega seguida de una caída del consumo y del poder adquisitivo de los hogares, los volúmenes del comercio minorista de alimentos, bebidas y tabaco se situaron en 2015 más de un 30 % por debajo de los volúmenes de principios de la crisis, en 2008; observa que las ventas de la empresa Supermarket Larissa siguieron la misma tendencia a la baja;

7.  Observa, por tanto, que la empresa Supermarket Larissa, una cooperativa de pequeñas tiendas de alimentación fundada en 1986, con 42 tiendas y 600 trabajadores, no pudo superar sus pérdidas y tuvo que cerrar las tiendas durante el segundo trimestre de 2014; señala que esto no pudo evitarse con las medidas de austeridad, en particular los recortes salariales (– 30 %), la renegociación de los arrendamientos y el aplazamiento de la fecha de vencimiento de las facturas; observa que esta situación se debe también a la reducción drástica de los préstamos a las empresas, en un contexto de expansión cuantitativa del Banco Central Europeo que no ha impulsado la concesión de préstamos; toma nota de que este caso es una consecuencia dramática de la continua presión de los acreedores sobre Grecia y de la política de austeridad europea;

8.  Celebra que las autoridades griegas empezaran a ofrecer servicios personalizados a los trabajadores afectados el 26 de febrero de 2016, con antelación a la decisión sobre la concesión de la ayuda del FEAG para el paquete coordinado propuesto;

9.  Señala que las medidas de apoyo a la renta se limitarán estrictamente a un importe máximo del 35 % del paquete global de medidas personalizadas, tal como figura en el Reglamento del FEAG, y que estas acciones se supeditan a la participación activa de los beneficiarios en cuestión en la búsqueda de empleo o actividades de formación;

10.  Observa que, a pesar de que la cooperativa aplicó algunas medidas de austeridad, como por ejemplo recortes salariales, renegociación de los arrendamientos, aplazamiento de la fecha de vencimiento de las facturas, propuesta de productos más baratos y reducción de los gastos de funcionamiento, tuvo que cerrar las tiendas una tras otra;

11.  Toma nota de que las medidas previstas por Grecia en relación con los trabajadores despedidos y los «ninis» se incluyen en las categorías siguientes: orientación profesional; formación, reciclaje y formación profesional; contribución a la creación de empresas; asignación por participación y asignación de formación; y asignación de movilidad;

12.  Observa el importe relativamente elevado (15 000 EUR) que percibirán, en el marco de los servicios personalizados, los trabajadores o los «ninis» que crearán sus propias empresas; observa, al mismo tiempo, que un importante número de los trabajadores despedidos tiene una experiencia empresarial que aumenta sus posibilidades de éxito en este sector;

13.  Contempla la posibilidad de que algunas de las nuevas empresas se constituyan en forma de cooperativas sociales y acoge con satisfacción, en este contexto, los esfuerzos desplegados por las autoridades griegas para reforzar el sector de la economía social en Grecia;

14.  Observa la importancia de poner en marcha una campaña de información para llegar a los ninis que podrían beneficiarse de estas medidas; recuerda su posición sobre la necesidad de ayudar a los ninis de una manera permanente y sostenible;

15.  Celebra que el paquete coordinado de servicios personalizados se elaborara tras consultar de nuevo a los representantes de los beneficiarios previstos y los interlocutores sociales;

16.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento del FEAG, el diseño del paquete coordinado de servicios personalizados debe anticipar las futuras perspectivas del mercado laboral y las cualificaciones requeridas y debe ser compatible con el cambio hacia una economía que utilice eficientemente los recursos y sea sostenible;

17.  Pone de relieve la necesidad de mejorar las perspectivas de empleo de todos los trabajadores mediante medidas de formación adaptadas y espera que la formación ofrecida en el paquete coordinado se adapte tanto a las necesidades de los trabajadores como al entorno empresarial;

18.  Pide a la Comisión que facilite más detalles, en futuras propuestas, sobre los sectores con potencial de crecimiento y que, por tanto, pueden contratar a trabajadores, y que recabe datos fundamentados sobre el impacto de la financiación del FEAG, en particular la calidad de los puestos de trabajo y la tasa de reincorporación laboral conseguidos mediante intervenciones del FEAG;

19.  Observa que las autoridades griegas han confirmado que las acciones subvencionables no recibirán contribuciones de otros instrumentos financieros de la Unión;

20.  Celebra el procedimiento mejorado puesto en funcionamiento por la Comisión a raíz de la solicitud del Parlamento de agilizar la liberación de las subvenciones; observa las limitaciones de tiempo que supone el nuevo calendario y su posible impacto sobre la eficacia de la instrucción de los casos;

21.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que garantice el acceso del público a todos los documentos relacionados con los casos del FEAG;

22.  Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;

23.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

24.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

(solicitud de Grecia – EGF/2015/011 GR/Supermarket Larissa)

(No se reproduce el texto del presente anexo dado que coincide con el acto final, la Decisión (UE) 2016/990.)

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0112.


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Gianluca Buonanno
PDF 117kWORD 66k
Decisión del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Gianluca Buonanno (2016/2003(IMM))
P8_TA(2016)0231A8-0180/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista la solicitud de autorización para obtener datos de compañías telefónicas relativos al tráfico telefónico de un número utilizado por Gianluca Buonanno, transmitida por el fiscal adjunto del Tribunal Ordinario de Vercelli (Italia), con fecha de 20 de noviembre de 2015, y comunicada al Pleno del 14 de diciembre de 2015, en relación con el procedimiento penal iniciado ante el Tribunal Ordinario de Vercelli en nombre de Gianluca Buonanno y relativo a las amenazas telefónicas que afirma haber recibido de un comunicante anónimo en su teléfono móvil el 14 de abril de 2015 (n.º de referencia: 2890/15 R.G.N.R. mod. 44),

–  Previa audiencia a Gianluca Buonanno, de conformidad con el artículo 9, apartado 5, de su Reglamento,

–  Visto el artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Visto el artículo 68 de la Constitución de la República Italiana,

–  Visto el artículo 4 de la Ley n.º 140 de 20 de junio de 2003, por la que se establecen disposiciones para la aplicación del artículo 68 de la Constitución así como en materia de procesos penales contra altos cargos del Estado(2),

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0180/2016),

A.  Considerando que el fiscal adjunto del Tribunal Ordinario de Vercelli ha transmitido una solicitud de autorización para obtener datos de compañías telefónicas relativos a los registros telefónicos de un número utilizado por un diputado al Parlamento Europeo elegido por Italia, Gianluca Buonanno, en relación con un procedimiento penal iniciado ante el Tribunal Ordinario de Vercelli en nombre de dicho diputado y relativo a las amenazas telefónicas que afirma haber recibido de un comunicante anónimo en su teléfono móvil el 14 de abril de 2015;

B.  Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su Estado miembro;

C.  Considerando que el artículo 68 de la Constitución de la República Italiana dispone que «a falta de autorización de la Cámara a la que pertenezca, ningún parlamentario podrá ser sometido a un registro personal o de su domicilio, ni podrá ser arrestado ni privado de su libertad personal de ningún otro modo, ni permanecer detenido, salvo en ejecución de una sentencia condenatoria irrevocable o cuando el parlamentario sea sorprendido en el acto de cometer un delito para el que esté previsto el arresto obligatorio en caso de flagrante delito. También se requerirá dicha autorización para interceptar las conversaciones o comunicaciones de un parlamentario o para secuestrar su correspondencia.»

D.  Considerando que el artículo 4 de la Ley n.º 140 de 20 de junio de 2003, por la que se establecen disposiciones para la aplicación del artículo 68 de la Constitución así como en materia de procesos penales contra altos cargos del Estado, dispone que cuando sea preciso obtener datos relativos al tráfico telefónico de un parlamentario, la autoridad competente debe solicitar autorización a la Cámara a la que pertenece el parlamentario;

E.  Considerando que el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Gianluca Buonanno se refiere al acceso, por parte de la autoridad de investigación, al registro de llamadas del teléfono móvil del diputado en la fecha en la que afirma haber recibido amenazas telefónicas;

F.  Considerando que el fiscal adjunto del Tribunal Ordinario de Vercelli reconoce en su suplicatorio que no se tiene certeza de que este privilegio parlamentario deba aplicarse también en el caso de que un parlamentario sea la presunta víctima de un delito; que dicho fiscal adjunto llega a la conclusión de que, a pesar de ello, la interpretación más adecuada de la legislación nacional es que este privilegio debe aplicarse a los parlamentarios con independencia de su posición procesal; que, no obstante, no presenta jurisprudencia nacional en apoyo de esta conclusión;

G.  Considerando que no corresponde al Parlamento Europeo interpretar las normas nacionales en materia de privilegios e inmunidades de los parlamentarios; que, no obstante, procede recordar que el objetivo del artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea consiste básicamente en garantizar la independencia de los diputados, impidiendo que puedan ejercerse sobre ellos, durante el período de sesiones del Parlamento, presiones consistentes en amenazas de detención o actuaciones judiciales; que, en el presente caso, no cabe duda de que no se ha ejercido presión alguna en el diputado de que se trata, ya que el proceso se refiere a supuestas amenazas denunciadas por el propio diputado en calidad de víctima de amenazas telefónicas;

H.  Considerando que en vista de lo anterior cabría inferir que no era necesario que el fiscal adjunto del Tribunal Ordinario de Vercelli solicitara autorización al Parlamento Europeo para ordenar la obtención de los datos relativos al tráfico telefónico de Gianluca Buonanno el 14 de abril de 2015;

I.  Considerando que, a pesar de lo anterior, procede, en interés de la seguridad jurídica, dar satisfacción ad cautelam al suplicatorio transmitido por el fiscal adjunto del Tribunal Ordinario de Vercelli;

1.  Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Gianluca Buonanno;

2.  Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de la comisión competente al fiscal adjunto del Tribunal Ordinario de Vercelli (Italia) y a Gianluca Buonanno.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Legge n. 140, disposizioni per l’attuazione dell’articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, de 20 de junio de 2003 (GURI n.º 142, de 21 de junio de 2003).


Medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Suecia *
PDF 252kWORD 67k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa al establecimiento de medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Suecia de conformidad con el artículo 9 de la Decisión (UE) 2015/1523 del Consejo y el artículo 9 de la Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, por las que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia (COM(2015)0677 – C8-0017/2016 – 2015/0314(NLE))
P8_TA(2016)0232A8-0170/2016

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2015)0677),

–  Visto el artículo 78, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0017/2016),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0170/2016),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Decisión
Considerando 5
(5)  Suecia afronta una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países en su territorio debido a un cambio brusco de los flujos migratorios. El 8 de diciembre, Suecia solicitó formalmente la suspensión de sus obligaciones derivadas de las Decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 del Consejo.
(5)  Suecia afronta una situación de emergencia caracterizada por la afluencia repentina de nacionales de terceros países en su territorio debido a un cambio brusco de los flujos migratorios. El 8 de diciembre de 2015, Suecia solicitó formalmente la suspensión de sus obligaciones derivadas de las Decisiones (UE) 2015/1523 y (UE) 2015/1601 del Consejo, al tener que hacer frente a dos desafíos por ser tanto un primer país de llegada como de destino final;
Enmienda 2
Propuesta de Decisión
Considerando 9
(9)  En 2015, Suecia registró con gran diferencia el mayor número de solicitantes de protección internacional respecto del número de habitantes en la UE (11 503 solicitantes por millón de habitantes).
(9)  En 2015, Suecia registró con gran diferencia el mayor número de solicitantes de protección internacional respecto del número de habitantes en la UE (11 503 solicitantes por millón de habitantes) y en marzo de 2016 recibió un total de 170 104 solicitudes, de las cuales 73 331 correspondían a niños, incluidos 36 181 menores no acompañados.
Enmienda 3
Propuesta de Decisión
Considerando 10
(10)  Suecia también está afrontando una difícil situación a causa del reciente aumento significativo del número de menores no acompañados (uno de cada cuatro solicitantes afirma ser un menor no acompañado).
(10)  Suecia también está afrontando una difícil situación a causa del reciente aumento significativo del número de menores no acompañados (uno de cada cuatro solicitantes afirman ser menores no acompañados), los cuales tienen necesidades particulares y requieren recursos adicionales para garantizar su acceso a la asistencia sanitaria, a un alojamiento digno y a la educación, de conformidad con la legislación de la Unión en materia de asilo.

Flujos transatlánticos de datos
PDF 176kWORD 75k
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre los flujos transatlánticos de datos (2016/2727(RSP))
P8_TA(2016)0233RC-B8-0623/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y los artículos 6, 7, 8, 11, 16, 47 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(1) (en lo sucesivo, «la Directiva sobre protección de datos»),

–  Vista la Decisión marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal(2),

–  Vistos el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)(3), y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo(4),

–  Vista la Decisión 2000/520/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000 (en lo sucesivo, «la Decisión sobre puerto seguro»),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 27 de noviembre de 2013, titulada «Restablecer la confianza en los flujos de datos entre la UE y EE. UU.» (COM(2013)0846),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 27 de noviembre de 2013, sobre el funcionamiento del puerto seguro desde la perspectiva de los ciudadanos de la UE y las empresas establecidas en la UE (COM(2013)0847) (en lo sucesivo, «la Comunicación sobre puerto seguro»),

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de octubre de 2015, en el asunto C-362/14 Maximilian Schrems / Data Protection Commissioner (EU:C:2015:650),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 6 de noviembre de 2015, sobre la transferencia de datos personales de la UE a los Estados Unidos de América con arreglo a la Directiva 95/46/CE de forma consiguiente a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  Vista la declaración del Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre las consecuencias de la sentencia Schrems, de 3 de febrero de 2016,

–  Vista la Ley de Recurso Judicial promulgada por el presidente Obama el 24 de febrero de 2016 (H.R.1428),

–  Vista la «USA Freedom Act» (Ley sobre libertades de los EE. UU.) de 2015(5),

–  Vistas las reformas en la inteligencia de señales de Estados Unidos, plasmadas en la Directiva de Política Presidencial 28 (PPD-28)(6),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 29 de febrero de 2016, titulada «Los flujos transatlánticos de datos: recuperar la confianza instaurando estrictas salvaguardias» (COM(2016)0117),

–  Visto el dictamen n.º 1/2016 del Grupo de Trabajo del Artículo 29, de 13 de abril de 2016, sobre el proyecto de decisión de adecuación sobre el Escudo de la Privacidad UE-EE. UU.,

–  Vistas su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE. UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior(7), y su Resolución, de 29 de octubre de 2015, sobre el seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE(8),

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea invalidó la Decisión sobre puerto seguro en su sentencia, de 6 de octubre de 2015, en el asunto C-362/14 Maximilian Schrems / Data Protection Commissioner, y dejó claro que un adecuado nivel de protección en un tercer país debe entenderse como esencialmente equivalente a la protección dispensada en la Unión, lo que generó la necesidad de concluir las negociaciones sobre el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. con el fin de garantizar la seguridad jurídica en lo tocante a la manera en que los datos personales se transfieren de la Unión a EE. UU.;

B.  Considerando que la protección de datos significa proteger a las personas a que se refiere la información procesada y que dicha protección es uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Unión (artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales y artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea);

C.  Considerando que la protección de los datos personales, el respeto de la vida privada y las comunicaciones, el derecho a la seguridad, el derecho a recibir y comunicar informaciones, y la libertad de empresa son todos ellos derechos fundamentales que han de protegerse y equilibrarse;

D.  Considerando que, al examinar el nivel de protección que ofrece un tercer país, la Comisión está obligada a evaluar el contenido de las normas aplicables en ese país derivadas de su legislación nacional o de sus compromisos internacionales y de las prácticas diseñadas para garantizar el cumplimiento de dichas normas, puesto que, con arreglo al artículo 25, apartado 2, de la Directiva sobre protección de datos, debe tener en cuenta todas las circunstancias relacionadas con una transferencia de datos personales a un tercer país; que esa evaluación no solo debe referirse a la legislación y las prácticas relacionadas con la protección de datos personales con fines comerciales y privados, sino que también debe contemplar todos los aspectos del marco aplicable a ese país o sector, y en particular, pero no únicamente, el cumplimiento de la ley, la seguridad nacional y el respeto de los derechos fundamentales;

E.  Considerando que las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen el sector de la economía de la Unión que está registrando el crecimiento más rápido y que cada vez dependen más de la libre circulación de datos; que las pymes representan el 60 % de las empresas que dependen del Acuerdo de puerto seguro, que les ha permitido beneficiarse de procedimientos de cumplimiento simplificados y rentables;

F.  Considerando que las economías de los EE. UU. y de la Unión representan más del 50 % del PIB mundial, el 25 % de las exportaciones mundiales y más del 30 % de las importaciones mundiales; que el valor de las relaciones económicas entre los EE. UU. y la Unión es el más elevado del mundo, dado que el importe total del comercio transatlántico en 2014 ascendió a 1,09 billones de dólares estadounidenses, en comparación con el importe total del comercio estadounidense con Canadá y China, que ascendió a 741 000 millones y a 646 000 millones de dólares respectivamente;

G.  Considerando que los flujos transfronterizos de datos entre EE. UU. y Europa son los más elevados del mundo —un 50 % más elevados que los flujos de datos entre EE. UU. y Asia y casi el doble de los flujos de datos entre EE. UU. y América Latina—, y que la transferencia y el intercambio de datos personales son un elemento fundamental que respalda los estrechos vínculos entre la Unión Europea y EE. UU. en las actividades comerciales así como en el sector policial y judicial;

H.  Considerando que, en su dictamen n.º 1/2016, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 acoge favorablemente las importantes mejoras introducidas por el Escudo de la privacidad en comparación con la decisión sobre puerto seguro y, en particular, la inclusión de definiciones clave, los mecanismos establecidos para garantizar el control de la lista del Escudo de la privacidad, y las revisiones externas e internas del cumplimiento, ahora obligatorias; y que el Grupo de Trabajo también ha manifestado su profunda preocupación por los aspectos comerciales y el acceso de las autoridades públicas a los datos transferidos en el marco del Escudo de la privacidad;

I.  Considerando que, hasta la fecha, Andorra, Argentina, Canadá, Guernesey, las Islas Feroe, la Isla de Man, Israel, Jersey y Nueva Zelanda han sido reconocidos como países o territorios que ofrecen un nivel adecuado de protección de datos, y que se les ha concedido un acceso privilegiado al mercado de la Unión;

1.  Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión y del Gobierno estadounidense por introducir mejoras sustanciales en el Escudo de la privacidad en comparación con la Decisión sobre puerto seguro y, en particular, la inclusión de definiciones clave como «datos personales», «tratamiento» y «responsable del tratamiento de datos», los mecanismos establecidos para garantizar el control de la lista del Escudo de la privacidad, y las revisiones externas e internas de la conformidad, ahora obligatorias;

2.  Destaca la importancia de las relaciones transatlánticas, que siguen siendo fundamentales para ambos socios; subraya que una solución integral entre los EE. UU. y la Unión debe respetar el derecho a la protección de los datos y el derechos a la intimidad; recuerda que uno de los objetivos fundamentales de la Unión a este respecto es la protección de los datos personales, también cuando estos se transfieren a su principal socio comercial internacional;

3.  Insiste en que el mecanismo del Escudo de la privacidad debe respetar el Derecho primario y el Derecho derivado de la Unión, y las sentencias pertinentes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

4.  Observa que el anexo VI (carta de Robert S. Litt, Oficina del Director de la Inteligencia Nacional, ODNI) deja claro que, en virtud de la Directiva de Política Presidencial 28 (PPD-28), la recopilación en bloque de comunicaciones y datos personales de ciudadanos no estadounidenses sigue permitida en seis supuestos; señala que esta recopilación en bloque únicamente debe ser «lo más adaptada posible» y «razonable», cosa que no responde a los criterios más estrictos de necesidad y proporcionalidad establecidos en la Carta;

5.  Recuerda que la seguridad jurídica, y en particular unas normas claras y uniformes, es un elemento crucial para el desarrollo y el crecimiento, especialmente para las pymes, a fin de garantizar que no se enfrenten a problemas de inseguridad jurídica ni sufran graves repercusiones para sus actividades y su capacidad de llevar a cabo actividades empresariales al otro lado del Atlántico;

6.  Acoge con satisfacción la introducción del mecanismo de recurso para los interesados dentro del Escudo de la privacidad; pide a la Comisión y al Gobierno estadounidense que aborden su complejidad actual a fin de lograr un procedimiento más eficaz y fácil de aplicar;

7.  Pide a la Comisión que solicite una aclaración sobre el estatuto jurídico de las «garantías por escrito» ofrecidas por EE. UU.;

8.  Celebra el nombramiento de un Defensor del Pueblo en el Departamento de Estado de EE. UU., que trabajará conjuntamente con autoridades independientes a fin de ofrecer una respuesta a las autoridades europeas de supervisión que tramiten solicitudes individuales en relación con la vigilancia estatal; considera, sin embargo, que esta nueva institución no es lo suficientemente independiente y que no se le han otorgado unas competencias adecuadas para ejercer efectivamente y hacer respetar su función;

9.  Acoge favorablemente el papel destacado que se otorga en el marco del Escudo de la privacidad a los organismos de protección de datos de los Estados miembros en el examen y la investigación de las reclamaciones relativas a la protección de los datos personales conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en la suspensión de las transferencias de datos, y la obligación que se impone al Departamento de Comercio de EE. UU. de resolver esas reclamaciones;

10.  Reconoce que el Escudo de la privacidad forma parte de un diálogo más amplio entre la Unión y terceros países, incluido Estados Unidos, sobre la privacidad de los datos, el comercio, la seguridad y derechos conexos y los objetivos de interés común; pide, por consiguiente, a todas las partes que colaboren con miras a la creación y la mejora constante de legislaciones nacionales y marcos internacionales viables y comunes que permitan alcanzar esos objetivos;

11.  Insiste en que la seguridad jurídica de la transferencia de datos personales entre la Unión y EE. UU. constituye un elemento esencial para la confianza de los consumidores, el desarrollo empresarial transatlántico y la cooperación en el ámbito judicial y policial, por lo que, de cara a su eficacia y aplicación a largo plazo, es imprescindible que los instrumentos que permiten esas transferencias respeten tanto el Derecho primario como el Derecho derivado de la Unión;

12.  Pide a la Comisión que aplique plenamente las recomendaciones recogidas en el dictamen 1/2016 del Grupo de Trabajo del Artículo 29 sobre el proyecto de decisión de adecuación del Escudo de la privacidad UE-EE. UU.;

13.  Pide a la Comisión que cumpla con su responsabilidad, en el marco del Escudo de la privacidad, de llevar a cabo unas revisiones sólidas y periódicas de comprobación de su adecuación y sus justificaciones jurídicas, sobre todo en la perspectiva de la aplicación del nuevo Reglamento general de protección de datos, dentro de dos años;

14.  Pide a la Comisión que prosiga el diálogo con el Gobierno estadounidense a fin de negociar nuevas mejoras en el mecanismo del Escudo de la privacidad, teniendo en cuenta sus actuales deficiencias;

15.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y el Congreso de Estados Unidos.

(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(2) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
(3) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(4) DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
(5) https://www.congress.gov/114/plaws/publ23/PLAW-114publ23.pdf
(6) https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/01/17/presidential-policy-directive-signals-intelligence-activities
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0230.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0388.


Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía
PDF 194kWORD 92k
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre «Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía» (2015/2323(INI))
P8_TA(2016)0234A8-0161/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de julio de 2015, titulada «Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía» (COM(2015)0339),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de julio de 2015, titulada «Lanzamiento de un proceso de consulta pública sobre la nueva configuración del mercado de la energía» (COM(2015)0340),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de febrero de 2016, titulada «Estrategia de la UE relativa a la calefacción y la refrigeración» (COM(2016)0051),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de febrero de 2015, titulada «Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva» (COM(2015)0080),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, titulada «Un Plan de Inversiones para Europa» (COM(2014)0903),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de noviembre de 2012, titulada «Velar por la buena marcha del mercado interior de la energía» (COM(2012)0663),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, titulada «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de diciembre de 2011, titulada «Hoja de Ruta de la Energía para 2050» (COM(2011)0885),

–  Visto el tercer paquete energético,

–  Vista la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE,

–  Vista la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE,

–  Vista la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios,

–  Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,

–  Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior,

–  Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores,

–  Vista la Recomendación 2012/148/UE de la Comisión Europea, de 9 de marzo de 2012, relativa a los preparativos para el despliegue de los sistemas de contador inteligente,

–  Vista su Resolución, de 19 de junio de 2008, sobre una Carta Europea de los Derechos de los Consumidores de Energía(1),

–  Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2013, sobre velar por la buena marcha del mercado interior de la energía(2),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2013, sobre la Hoja de Ruta de la Energía para 2050, un futuro con energía(3),

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre las consecuencias locales y regionales del desarrollo de redes inteligentes(4),

–  Vista su Resolución, de 15 de abril de 2014, sobre la protección del consumidor en los servicios de utilidad pública(5),

–  Vista su Resolución, de 15 de diciembre de 2015, sobre «Hacia una Unión Europea de la Energía»(6),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0161/2016),

1.  Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Establecer un nuevo acuerdo para los consumidores de energía»;

2.  Destaca que el presente informe se centra exclusivamente en los hogares consumidores de energía en el contexto de la transición energética; destaca que los consumidores industriales deben tratados en un marco distinto;

3.  Destaca que la transición energética en curso está llevando al abandono de un sistema energético basado en la generación tradicional centralizada en favor de otro más descentralizado, energéticamente eficiente y flexible y basado en buena medida en energías renovables;

4.  Llama la atención sobre los costes de la transición a un nuevo diseño del mercado en algunos Estados miembros; pide a la Comisión que tome adecuadamente en consideración estos costes en términos de asequibilidad y competitividad;

5.  Recuerda que el fin último debe ser alcanzar una economía basada en hacer uso total del principio «eficiencia energética: el primer combustible» y dando prioridad al ahorro de energía y a las medidas de la demanda sobre las de la oferta, a fin de alcanzar nuestros objetivos climáticos acordados en el Acuerdo de París de 1,5º, la seguridad energética, la competitividad y, sobre todo, facturas más bajas para los consumidores;

6.  Opina que, en este contexto, la Unión de la Energía debe centrarse en los intereses de las actuales y futuras generaciones de ciudadanos y debe:

   a) proporcionar a los ciudadanos una energía estable, asequible, eficiente y sostenible, así como unos productos, servicios y edificios de calidad y energéticamente eficientes;
   b) empoderar a los ciudadanos para producir, consumir, almacenar o comercializar su propia energía renovable —tanto individual como colectivamente—, adoptar medidas de ahorro de energía, ser participantes activos en el mercado de la energía mediante sus elecciones como consumidores y disponer de la posibilidad de participar con seguridad y confianza en la respuesta de la demanda; en este sentido, debería acordarse a nivel de la Unión un acuerdo práctico común para la definición de «prosumidores», a través de un proceso participativo guiado por la Comisión;
   c) contribuir a erradicar la pobreza energética;
   d) proteger a los consumidores de prácticas abusivas, anticompetitivas y desleales de los agentes del mercado y capacitarlos para que ejerzan plenamente sus derechos;
   e) crear condiciones favorables para asegurar un mercado interior energético eficaz y competitivo que ofrezca a los consumidores múltiples opciones y un acceso claro y transparente a la información;

7.  Considera que la eliminación gradual de los precios de la energía regulados para los consumidores debe tener en consideración el nivel real de competencia del mercado en el contexto de la Estrategia de la Unión de la Energía, lo cual debe garantizar que los consumidores tengan acceso a precios de energía seguros;

8.  Opina que, como principio general, la transición energética debe dar lugar a un sistema de energía más eficiente, transparente, sostenible, competitivo, estable, descentralizado e inclusivo que beneficie a la sociedad en su conjunto, aumente la participación de los actores y las comunidades locales y regionales, y los empodere para ser propietarios o participar en la propiedad de la producción, la distribución y el almacenamiento de energías renovables, a la vez que protege a los más vulnerables y les garantiza su acceso a los beneficios de las medidas de eficiencia energética y de las energías renovables;

Hacia un mercado de la energía que funcione bien y beneficie a los ciudadanos

9.  Considera que, si bien se han hecho algunos progresos, el objetivo del tercer paquete energético de establecer un mercado minorista de la energía verdaderamente competitivo, transparente y favorable para los consumidores aún no se ha realizado plenamente en todos los Estados miembros, como ponen de manifiesto la persistencia de unos altos niveles de concentración del mercado, la no repercusión de las disminuciones de los costes al por mayor en los precios minoristas y los bajos niveles de cambio de proveedor y de satisfacción entre los consumidores;

10.  Opina por ello que deben identificarse, o desarrollarlos la Comisión, más indicadores de mercados de energía que funcionan bien y que sean favorables para los consumidores; subraya que dichos indicadores deben tener en consideración, entre otros, el impacto económico en los consumidores de energía del cambio de proveedor de energía, las barreras técnicas para el cambio de proveedor y los niveles de concienciación de los consumidores;

11.  Destaca que unos mercados bien regulados, abiertos, transparentes y competitivos son importantes para mantener los precios bajos, impulsar la innovación, mejorar el servicio al cliente y eliminar las barreras a los nuevos modelos empresariales innovadores susceptibles de ofrecer condiciones ventajosas a los ciudadanos, empoderándolos y al mismo tiempo contribuyendo a evitar la pobreza energética;

12.  Recuerda que la elección de los clientes está limitada en las redes de distribución debido a su naturaleza de monopolios naturales, es decir, los clientes no pueden cambiar de operador de sistema de distribución; hace hincapié en la necesidad de un adecuado control del mercado de operadores de redes de distribución para proteger a los clientes de aumentos repentinos en las facturas de distribución;

13.  Considera que la Comisión y los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para garantizar que las ventajas del aumento del nivel de interconexión de las redes nacionales no se transfieran a los gestores de redes de distribución, sino que se transformen directamente en beneficios para los consumidores finales; considera, además, que la promoción del nivel de interconexión de las redes nacionales debe repercutir positivamente en el precio de la energía para los consumidores, por lo que debe evitarse que los beneficios se trasfieran solo a dichos gestores;

14.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen rigurosamente la plena aplicación del tercer paquete energético, y pide su revisión, en forma de una nueva configuración del mercado de la energía, para tener en cuenta las recomendaciones siguientes en relación con los consumidores nacionales:

   a) Recomienda que se mejore la frecuencia de las facturas energéticas, así como la transparencia y la claridad de las facturas y los contratos, a fin de facilitar su interpretabilidad y su comparabilidad; insiste en la necesidad de utilizar un lenguaje claro, evitando los tecnicismos; pide a la Comisión que establezca unos requisitos mínimos de información a este respecto, incluyendo las mejores prácticas; hace hincapié en que tanto las tarifas fijas como los impuestos y cánones deben identificarse claramente como tales en las facturas, lo que permite al cliente distinguirlos fácilmente del coste variable relacionado con el consumo; recuerda que actualmente debe indicarse en la factura —o en un documento anexo a la misma— la proporción de cada fuente de energía dentro de la combinación total utilizada por el proveedor en el año anterior, de manera comprensible y claramente comparable, incluyéndose también una referencia para la localización de la información relativa al impacto medioambiental en términos de emisiones de CO2 y de residuos radiactivos;
   b) Recomienda la creación de una ventanilla única que proporcione toda la información pertinente para que los consumidores puedan tomar una decisión fundamentada;
   c) Recomienda que los gestores de redes de distribución, que tienen acceso al historial de consumo de los hogares, así como los operadores de instrumentos de comparación independientes, trabajen junto con los reguladores de la energía para estudiar la mejor manera de ofrecer proactivamente a los consumidores comparativas de ofertas para permitir a estos —incluidos quienes carecen de acceso a internet o de competencias informáticas— averiguar si les sale a cuenta cambiar de proveedor;
   d) Recomienda que se elaboren directrices de la Unión relativas a instrumentos de comparación de precios para garantizar que los consumidores puedan acceder a instrumentos de comparación independientes, actualizados y comprensibles; considera que los Estados miembros deben estudiar la posibilidad de desarrollar sistemas de acreditación que cubran todos los instrumentos de comparación de precios, de acuerdo con las directrices del Consejo de Reguladores Europeos de la Energía (CEER);
   e) Recomienda la creación de nuevas plataformas para servir como instrumentos de comparación de precios (ICP) independientes, a fin de aportar mayor claridad en las facturas para los consumidores; recomienda que dichas plataformas independientes proporcionen a los consumidores información sobre la proporción de fuentes energética utilizadas y los diferentes impuestos, cánones y cobros adicionales contenidos en las tarifas de la energía y de un modo comparable, a fin de empoderar al consumidor para buscar fácilmente las ofertas más adecuadas en términos de precio, calidad y sostenibilidad; sugiere que esta función pueden asumirla organismos existentes como los departamentos de energía nacionales, los organismos reguladores o las organizaciones de consumidores; recomienda que se elabore al menos uno de dichos instrumentos de comparación de precios independiente por Estado miembro;
   f) Recomienda, a fin de potenciar la competencia en el sector minorista entre proveedores, que los Estados miembros desarrollen, en consulta con los operadores de instrumentos de comparación de precios y las organizaciones de consumidores, una serie de orientaciones para garantizar que la concepción de las diferentes tarifas por parte de los proveedores permita una comparación sencilla y evite la confusión al consumidor;
   g) Recomienda que se informe al consumidor, bien en la factura bien en anexo, acerca de la factura más adecuada o ventajosa, en base a su historial de consumo, y que el consumidor pueda cambiar a dicha tarifa, si así lo desea, de la manera más sencilla posible; observa, habida cuenta de que las tasas de cambio de proveedor son bajas en numerosos Estados miembros, que muchos hogares, especialmente los más vulnerables, no participan en el mercado de la energía y permanecen atados a tarifas inadecuadas, caras y anticuadas;
   h) Recomienda medidas de investigación que permitan que los precios minoristas reflejen mejor los precios al por mayor, invirtiendo así la tendencia de una proporción creciente de elementos fijos en las facturas de la energía, en particular los impuestos y los cánones, y en algunos casos las tarifas de acceso a la red; destaca la discrepancia entre los niveles de impuestos y cánones satisfechos por los hogares y los consumidores industriales;

15.  Cree firmemente que los sitios web y los procesos de facturación electrónica de todos los proveedores de energía deben ser plenamente accesibles para las personas con discapacidad y cumplir los requisitos pertinentes establecidos en la Norma Europea EN 301 549;

16.  Insiste en que los Estados miembros deben aplicar plenamente las disposiciones sobre el cambio de proveedor tal y como están establecidas en el tercer paquete energético, y en que la legislación nacional debe garantizar a los consumidores el derecho a cambiar de proveedor con rapidez y facilidad y sin costes, y que la posibilidad de cambio de proveedor no debe verse mermada por posibles tasas o penalizaciones por rescisión de contrato; insiste en que el cumplimiento de este derecho, mediante vigilancia del mercado y unas sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, es fundamental, y respalda las recomendaciones ACER «Puente hacia el año 2025» sobre cambio de proveedor;

17.  Considera que deben promoverse los sistemas y las campañas de cambio colectivo de proveedor para ayudar a los consumidores a encontrar mejores contratos, en términos tanto de precio como de calidad; hace hincapié en que estos sistemas deben ser independientes, fiables, transparentes, generales e incluyentes, y también llegar a quienes participan menos en el mercado; indica que las entidades locales, los reguladores y las organizaciones de consumidores y otras organizaciones sin fines de lucro están en condiciones de desempeñar este papel a fin de evitar las prácticas abusivas;

18.  Insiste en que los Estados miembros deben aplicar adecuadamente y hacer cumplir las disposiciones de la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales y la Directiva sobre los derechos de los consumidores relativas a la venta a domicilio, las prácticas comerciales desleales y las cláusulas abusivas y las técnicas mercantiles agresivas, a fin de proteger a los consumidores de energía, y especialmente a los más vulnerables; observa que las quejas por la venta a domicilio han aumentado en varios Estados miembros;

19.  acoge favorablemente la intención de la Comisión de prever la inclusión de leyes específicas sobre la energía en el anexo al Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores(7);

Garantizar un sistema energético inclusivo empoderando a los ciudadanos para que asuman la transición energética, produzcan su propia energía renovable y sean eficientes en su consumo de energía

20.  Considera que, en el marco de un sistema energético eficaz, las autoridades locales, las comunidades, las cooperativas, los hogares y los particulares tiene un papel fundamental que desempeñar, debiendo contribuir sustancialmente a la transición energética y recibir incentivos para convertirse en productores y proveedores de energía si así lo deciden; señala que por este motivo es importante que la Unión adopte una definición operativa común de «prosumidores»;

21.  Pide a los Estados miembros que introduzcan sistemas de medición neta con el fin de respaldar la autogeneración y la producción de energía en cooperativa;

22.  Considera que para lograr una transición energética óptima será importante un cambio considerable de comportamiento entre los ciudadanos; considera que los incentivos y el acceso a la información de calidad son fundamentales a tal efecto y pide a la Comisión que aborde este aspecto en las próximas propuestas; sugiere que las campañas de educación, formación e información serán factores importantes a la hora de generar un cambio de comportamiento;

23.  Considera que un acceso limitado al capital y a los conocimientos financieros, los considerables costes de inversión iniciales y los prolongados periodos de amortización constituyen obstáculos a la adopción de medidas de autogeneración y de eficiencia energética; anima a que se desarrollen nuevos modelos empresariales, regímenes de compra colectivos e instrumentos de financiación innovadores para incentivar la autogeneración, el autoconsumo y las medidas de eficiencia energética para todos los consumidores; sugiere que esto debería constituir un objetivo importante para el BEI, el FEIE, el programa Horizonte 2020 y los Fondos Estructurales, de los que los órganos públicos y los actores del mercado deberían hacer pleno uso; reitera que los proyectos deben financiarse sobre la base de la rentabilidad comparativa, al tiempo que se tienen en cuenta los objetivos y obligaciones nacionales y europeos en materia de clima y energía;

24.  Pide sistemas de remuneración estables, suficientes y rentables para garantizar la seguridad del inversor e incrementar la aceptación de proyectos de energía renovable de pequeña y mediana escala, minimizando al mismo tiempo las distorsiones del mercado; pide, en este contexto, a los Estados miembros que utilicen al máximo las exenciones de minimis previstas en las Directrices sobre ayudas estatales para 2014; cree que las tarifas por el uso de la red y otras tasas deben ser transparentes y no discriminatorias y deben reflejar el impacto del consumidor en la red, evitando la doble imposición y garantizando a la vez una financiación suficiente para el mantenimiento y el desarrollo de las redes de distribución; lamenta los cambios retroactivos en los sistemas de apoyo a las energías renovables, así como la introducción de impuestos o tasas injustos o punitivos, que obstaculizan la expansión continuada de la autogeneración; resalta la importancia de regímenes de apoyo bien concebidos y con garantías de futuro, con vistas a aumentar la seguridad para los inversores y la rentabilidad, y de evitar esos cambios en el futuro; subraya que debe recompensarse a los prosumidores que ofrecen a la red capacidades de almacenamiento;

25.  Recomienda que se reduzcan lo más posible las barreras a la capacidad de autogeneración, en particular mediante la supresión de las restricciones de acceso al mercado y a la red; sugiere que se acorten y se simplifiquen los procedimientos de autorización, por ejemplo, pasando a una simple obligación de notificación, respetando al mismo tiempo todos los requisitos jurídicos y asegurando que los gestores de red de distribución estén informados; sugiere que, aprovechando la revisión de la Directiva sobre las fuentes de energía renovables, podrían incluirse disposiciones específicas para eliminar barreras y promover sistemas de energía comunitarios o cooperativos a través de ventanillas únicas que se encarguen de los permisos de proyectos y de proporcionar asesoramiento financiero y técnico, o de campañas informativas específicas a nivel local y comunitario, así como garantizando que los prosumidores puedan acudir a mecanismos alternativos de resolución de litigios;

26.  Destaca la necesidad de desarrollar un marco favorable, estable y justo para inquilinos y residentes en edificios de viviendas, con el fin de permitirles que también se beneficien de la copropiedad, de la autogeneración y de las medidas de eficiencia energética;

27.  Pide a la Comisión que incremente su apoyo al Pacto de Alcaldes, la iniciativa «Ciudades y Comunidades Inteligentes» y las comunidades con energía 100 % renovable con el fin de extenderlos y continuar su desarrollo como instrumento para promover la autogeneración y las medidas de eficiencia energética y la lucha contra la pobreza energética, que facilite el intercambio de mejores prácticas entre todas las entidades locales, las regiones y los Estados miembros, y que vele por que todas las entidades locales estén al corriente de las posibilidades de apoyo financiero disponibles;

Promover el desarrollo de la gestión de la respuesta de la demanda

28.  Subraya que, para incentivar la respuesta de la demanda, los precios de la energía deben variar entre horas punta y horas valle, por lo que apoya el desarrollo de una fijación dinámica de precios de carácter opcional, sujeta a una evaluación exhaustiva de su impacto en los consumidores; hace hincapié en la necesidad de desarrollar tecnologías que den señales de precios que recompensen un consumo flexible, fomentando la capacidad de respuesta de los consumidores; opina que las tarifas deben ser transparentes y comparables y estar explicadas con claridad; recomienda analizar otras vías para establecer y aplicar sistemas de tarificación variables y progresivos, a fin de incentivar ahorros energéticos, autogeneración, respuesta-demanda y eficiencia energética; recuerda a la Comisión que, en la elaboración de las próximas propuestas legislativas, deberá garantizarse que la fijación dinámica de precios irá acompañada de una mayor información destinada a los consumidores;

29.  Opina que los consumidores deben tener un acceso sencillo y oportuno a sus datos de consumo y costes conexos, a fin de ayudarles a tomar decisiones bien fundadas; constata que solo 16 Estados miembros se han comprometido a desplegar contadores inteligentes a gran escala antes de 2020; opina que donde se desplieguen contadores inteligentes, los Estados miembros deberán velar por que exista un marco jurídico sólido que garantice el fin de la facturación retroactiva injustificada y un despliegue que sea eficiente y asequible para todos los consumidores, en particular para los consumidores que sufren pobreza energética; insiste en que las ventajas conseguidas mediante los contadores inteligentes deben compartirse con equidad entre los operadores de la red y los usuarios;

30.  Hace hincapié en que el desarrollo de tecnologías inteligentes desempeña un papel fundamental en la transición energética y puede ayudar a que los consumidores reduzcan los costes de la energía y aumenten la eficiencia energética; pide un despliegue rápido de las TIC, incluidas aplicaciones para móviles, plataformas en línea y facturación en línea; hace hincapié, no obstante, en que este desarrollo no debe dejar rezagados a los consumidores más vulnerables o menos activos ni provocar el aumento de sus facturas si no se han beneficiado directamente; señala que es necesario que esos grupos reciban una asistencia especial y que convendría evitar cualquier efecto de encajonamiento que pudiera obstaculizar la capacidad de los consumidores de elegir libremente entre tarifas y suministradores;

31.  Hace hincapié en la necesidad de facilitar el desarrollo de redes y aparatos inteligentes que automaticen la gestión de la respuesta de la demanda ante las señales de los precios; señala que los aparatos inteligentes han de garantizar un alto nivel de protección de datos y ser interoperables, estar diseñados en beneficio del consumidor final y equipados con funciones que aumenten el ahorro de energía y respalden el desarrollo de mercados para los servicios energéticos y la gestión de la demanda;

32.  Insiste en que los consumidores deben poder elegir libremente la central de compra y las empresas de servicios energéticos, independientemente de los proveedores;

33.  Subraya que la recopilación, el tratamiento y el almacenamiento de datos de los ciudadanos relativos a la energía deben estar gestionados por entidades que gestionen el acceso a los datos de modo no discriminatorio y deben respetar el marco existente en la Unión de protección de la privacidad y de los datos, que establece que los consumidores siempre deben tener el control de sus datos personales y que estos solamente serán facilitados a terceros con el consentimiento explícito de los consumidores; considera, además, que los ciudadanos deben poder ejercer su derecho a corregir y borrar datos personales;

Abordar las causas de la pobreza energética

34.  Pide una mejor coordinación a nivel de la Unión para combatir la pobreza energética a través de la puesta en común de las mejores prácticas entre los Estados miembros y el desarrollo de una definición amplia común, de la pobreza energética, con la idea central de que el acceso a energía asequible es un derecho social fundamental;

35.  Insiste en que es fundamental mejorar la disponibilidad y la recopilación de datos para evaluar la situación y orientar la asistencia a los ciudadanos, hogares y comunidades en situación de pobreza energética con la mayor eficacia posible;

36.  Destaca la importancia de estimular todas las sinergias posibles en este ámbito, en particular las que puedan establecerse entre las autoridades locales y los gestores de redes de distribución, que pueden facilitar mucha información sobre el nivel de pobreza energética y detectar situaciones de riesgo, dentro del pleno respeto de las normativas europeas y nacionales en materia de protección de datos;

37.  Considera que el marco de gobernanza de la Unión de la Energía debe incluir objetivos e información de los Estados miembros en relación con la pobreza energética, y que debe desarrollarse un conjunto de instrumentos de buenas prácticas;

38.  Considera que las medidas de eficiencia energética ocupan un lugar central en cualquier estrategia rentable para hacer frente a la pobreza energética y la vulnerabilidad del consumidor y son complementarias de las políticas de seguridad social; pide que se actúe para garantizar que, en el contexto de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios, la renovación de edificios existentes con miras a la eficiencia energética se centre más en los ciudadanos en situación de pobreza energética; propone que se tome en consideración un objetivo de reducción del número de hogares ineficientes en su consumo de energía para 2030, dedicando una atención particular a los inmuebles para alquiler y las viviendas sociales; opina que los edificios que poseen y ocupan los entes públicos deben dar ejemplo en este ámbito;

39.  Pide que la financiación de la UE destinada a la eficiencia energética y el apoyo a la autogeneración se centre más en los consumidores en situación de pobreza energética y de bajos ingresos, y aborde el problema de la división de incentivos entre inquilinos y propietarios;

40.  Considera que, al tiempo que se respetan las distintas prácticas en los Estados miembros, unas tarifas sociales bien orientadas a grupos específicos son vitales para los ciudadanos vulnerables de bajos ingresos, por lo que es necesario fomentarlas; cree que dichas tarifas sociales deben ser completamente transparentes;

o
o   o

41.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 286 E de 27.11.2009, p. 24.
(2) DO C 93 de 9.3.2016, p. 8.
(3) DO C 36 de 29.1.2016, p. 62.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0065.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0342.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0444.
(7) Reglamento (CE) n.° 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores (DO L 364 de 9.12.2004, p. 1).


Pobreza y perspectiva de género
PDF 231kWORD 121k
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género (2015/2228(INI))
P8_TA(2016)0235A8-0153/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2 y 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 8, 9, 151, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus disposiciones relativas a los derechos sociales y a la igualdad entre hombres y mujeres,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul),

–  Vista la Estrategia de crecimiento de la Unión Europa 2020, en particular su objetivo de reducir el número de europeos que viven por debajo de los umbrales nacionales de pobreza en un 25 % antes de 2020, lo que supone sacar de la pobreza a 20 millones de personas, y la necesidad de desplegar plenamente el sistema de pensiones y de seguridad social de los Estados miembros para asegurar un apoyo a las rentas adecuado,

–  Visto el Conjunto de medidas sobre inversión social de la Comisión de 2013,

–  Vista la red dedicada a la integración de la perspectiva de género del Fondo Social Europeo (GenderCop), en particular el Grupo de trabajo de la GenderCop sobre pobreza e inclusión,

–  Visto el artículo 7 del Reglamento por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales para el período 2014-2020,

–  Vista la Convención Anual de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social de 2014,

–  Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación,

–  Vista la Directiva 2010/18/UE del Consejo, de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso parental, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y la CES, y se deroga la Directiva 96/34/CE,

–  Vista la Hoja de ruta de la Comisión de agosto 2015 titulada «Un nuevo comienzo para afrontar los retos de la conciliación de la vida laboral y la vida privada de las familias trabajadoras»,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» («Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019») (SWD(2015)0278),

–  Vistos los resultados del estudio sobre las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales en la UE realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y publicado el 17 de mayo de 2013,

–  Vistas su Resolución, de 13 de octubre de 2005, sobre mujeres y pobreza en la Unión Europea(1), y su Resolución, de 3 de febrero de 2009, sobre la no discriminación basada en el sexo y la solidaridad entre las generaciones(2),

–  Vista su posición adoptada en primera lectura el 20 de octubre de 2010(3) con vistas a la adopción de la Directiva 2011/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva sobre el permiso de maternidad,

–  Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la situación de la pobreza femenina en la Unión Europea(4),

–  Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales de un nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres(5),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2011, sobre la situación de las mujeres que se acercan a la edad de jubilación(6),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la situación de las madres solteras(7),

–  Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor(8),

–  Vista su Resolución, de 6 de febrero de 2013, sobre el 57.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia hacia las mujeres y las niñas(9),

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre los efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer(10),

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013(11),

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015(12),

–  Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(13),

–  Visto el estudio «Single parents and employment in Europe» («Las familias monoparentales y el empleo en Europa»), publicado en abril de 2014 y elaborado por encargo de la Comisión,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre el cumplimiento de los objetivos para combatir la pobreza, habida cuenda del aumento de los gastos de las familias, y la opinión conexa de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0040/2016),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0153/2016),

A.  Considerando que, según los datos más recientes de Eurostat, el número de mujeres en situación de pobreza es superior de forma estable al de hombres, contabilizándose en la actualidad unos 64,6 millones de mujeres frente a 57,6 millones de hombres(14); que ello muestra que la pobreza repercute de forma diferente en las mujeres y en los hombres; que el riesgo de pobreza en la EU-28 en el año 2014 afectó particularmente a las mujeres, estableciéndose en un 46,6 % antes de las transferencias sociales y en un 17,7 % tras las transferencias sociales; que las tasas de pobreza entre las mujeres varían considerablemente de un Estado miembro a otro; que, independientemente de las características específicas de los grupos de riesgo, como las mujeres de edad avanzada, las mujeres solas, las madres de familias monoparentales, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, las mujeres transgénero y las mujeres con discapacidad, las tasas de pobreza entre las mujeres migrantes y las mujeres pertenecientes a minorías étnicas son las mismas en toda la Unión; que el 38,9 % de la población y el 48,6 % de las mujeres solas de la EU-28 no están en condiciones de hacer frente a gastos imprevistos; que, según el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las mujeres constituyen la población más pobre del mundo y que el número de mujeres que viven en condiciones de pobreza rural ha aumentado en un 50 % desde 1975, que las mujeres realizan dos tercios de las horas laborales del mundo y producen la mitad de los alimentos mundiales, y, sin embargo, perciben únicamente el 10 % de la renta mundial y poseen menos del 1 % de la propiedad mundial;

B.  Considerando que la igualdad de género en el mercado laboral, que se consigue a través del aumento del bienestar social y económico, beneficia no solo a las mujeres sino también al conjunto de la sociedad y la economía; y que el objetivo de lograr la igualdad entre hombres y mujeres remonta al Tratado de Roma de 1957;

C.  Considerando que los Gobiernos se han comprometido, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a garantizar que todos los niños y niñas puedan finalizar la educación primaria en su totalidad; que, con motivo del Día Internacional de la Mujer en mayo de 2015, el Parlamento organizó un acto titulado «El empoderamiento de las mujeres y las niñas a través de la educación»; que la educación, tanto formal como informal, es fundamental para vencer la marginación y las múltiples formas de discriminación al generar diálogo, apertura y comprensión entre las comunidades, así como al capacitar a las comunidades marginadas;

D.  Considerando que en tiempos de recesión económica, las personas que ya corrían el riesgo de vivir en condiciones de pobreza, que suelen ser en su mayoría mujeres, se encuentran en una posición vulnerable en el mercado laboral y respecto de la seguridad social, especialmente las personas de grupos que tienen que hacer frente a discriminaciones múltiples; que, según el estudio sobre las personas lesbianas, gais, bisexuales y transexuales en la Unión Europea, las mujeres lesbianas, bisexuales y transexuales se enfrentan, debido a su orientación sexual o a su identidad de género, a un riesgo de discriminación desproporcionado en el empleo (19 %), la educación (19 %), la vivienda (13 %), la sanidad (10 %) y el acceso a servicios sociales (8 %); y que esto conlleva unos riesgos desproporcionados para su bienestar social y económico;

E.  Considerando que las políticas de austeridad solicitadas por la Comisión y aplicadas por los Estados miembros, sumadas a la crisis económica de los últimos años, han ampliado las desigualdades y han afectado especialmente a las mujeres, agravando la pobreza entre ellas y excluyéndolas cada vez más del mercado laboral; y que se ha reducido la red pública de servicios e infraestructuras de cuidados a menores, ancianos y enfermos, y también la oferta de servicios públicos de alta calidad y gratuitos en esos ámbitos;

F.  Considerando que las familias monoparentales corren un mayor riesgo de pasar a una situación de pobreza o exclusión social (49,8 %, frente al 25,2% de media para los hogares con niños dependientes, si bien existen grandes diferencias entre los Estados miembros)(15); que, según Eurostat, en 2014 las mujeres constituían el 56,6 % de los hogares monoparentales en la Unión; que la pobreza tiene un impacto significativo en el desarrollo personal y la formación de los menores, y que sus efectos pueden durar toda la vida; que ha aumentado la brecha educativa entre los menores procedentes de distintos estratos socioeconómicos (en once países, la cobertura de servicios educativos y de atención a la primera infancia para los niños de edades comprendidas entre 0 y 3 años no llega al 15 %); que hay una alta probabilidad de transmisión de la pobreza de generación en generación; que la falta de una educación de calidad es un factor que aumenta significativamente el riesgo de pobreza infantil y de exclusión social de los menores, y que el riesgo de abandono escolar aumenta considerablemente debido a toda una serie de factores relacionados con la vida familiar, tales como la falta de estabilidad, la violencia o las malas condiciones de la vivienda;

G.  Considerando que las mujeres que viven en las zonas rurales se ven particularmente afectadas por la pobreza; que numerosas mujeres que viven en las zonas rurales ni siquiera están registradas en el mercado laboral o como desempleadas; que la tasa de desempleo de las mujeres en las zonas rurales es muy alta, y las mujeres empleadas tienen salarios muy bajos; que las mujeres en las zonas rurales tienen un acceso limitado a la educación, la detección precoz del cáncer y la asistencia sanitaria en general;

H.  Considerando que vivir bajo la amenaza de la pobreza desemboca en exclusión social y falta de participación en la vida de la sociedad en términos de acceso a la educación, la justicia, la formación continua, los servicios de asistencia sanitaria primaria, una vivienda y una alimentación dignas, el agua y la energía, así como de acceso y participación en la cultura y la información, el deporte y el transporte público; que invertir en políticas de apoyo a las mujeres también mejora las condiciones de vida de sus familias y, en especial, de sus hijos;

I.  Considerando que la brecha salarial entre hombres y mujeres se sitúa en el 16,3 %, y que las formas atípicas y precarias de contratos laborales también afectan en mayor medida a las mujeres que a los hombres;

J.  Considerando que muy a menudo las mujeres que desean emprender una actividad empresarial tienen dificultades de acceso al crédito porque los intermediarios financieros tradicionales se muestran reacios a concederles préstamos por considerar que las mujeres emprendedoras están más expuestas al riesgo y tienen menos probabilidades de crecimiento empresarial y remuneración de las inversiones;

K.  Considerando que con frecuencia las mujeres trabajan como empleadas domésticas, contratadas en muchos casos al margen de la legislación laboral nacional; y que las mujeres indocumentadas en particular corren peligro de ser contratadas y explotadas en este sector;

L.  Considerando que las mujeres se encargan con más frecuencia que los hombres del cuidado de los familiares ancianos, enfermos o dependientes, así como de los niños, y que interrumpen más a menudo su carrera, por lo que su participación en el mercado laboral es menor y atraviesan largos periodos de inactividad; que la oferta de infraestructuras y servicios sociales de alta calidad y asequibles para la atención y educación infantiles, así como para la atención a otras personas dependientes, como los ancianos, reduce el riesgo de pobreza; y que pocos Estados miembros han alcanzado o superado los objetivos de Barcelona, que deben considerarse esenciales para alcanzar la distribución a partes iguales de las responsabilidades en materia de cuidados;

M.  Considerando que, dadas las dimensiones intergeneracionales de la pobreza, abordar la situación de las niñas y las jóvenes que se enfrentan a la exclusión social y a la pobreza es determinante para atajar la feminización de la pobreza;

N.  Considerando que, en el conjunto de la UE-27, el 34 % de las madres de familias monoparentales en edad activa se encuentran bajo la amenaza de la pobreza a diferencia del 17 % en el caso de las mujeres en edad activa en otros tipos de familia con niños;

O.  Considerando que la brecha en materia de derechos a pensión se sitúa en un 39 % por término medio y es el resultado de los desequilibrios generados por las desigualdades persistentes en lo que respecta a los salarios y al acceso al empleo, de la discriminación y de la brecha salarial entre hombres y mujeres en el mercado laboral; que esta brecha en materia de pensiones representa un obstáculo para la independencia económica de las mujeres y es una de las razones por las que estas van cayendo por debajo del umbral de pobreza a medida que envejecen; que es necesario adoptar medidas encaminadas a garantizar la igualdad de acceso a planes de pensiones dignos para las mujeres; y que la brecha en materia de pensiones se redujo entre 2006 y 2012 en aquellos países en los que se aplicó la Directiva 2006/54/CE(16);

P.  Considerando que el creciente riesgo de pobreza está estrechamente vinculado a los recortes presupuestarios en la educación, los sistemas de seguridad social y los servicios de cuidados; y que las mujeres y los niños han sido los más golpeados por la crisis y las medidas de austeridad adoptadas en varios Estados europeos;

Q.  Considerando que las mujeres son una fuerza clave para el desarrollo económico y social, y que una buena educación es una de las estrategias disponibles más efectivas para obtener resultados satisfactorios en el mercado laboral y romper el ciclo de la pobreza; que la considerable carga financiera que representa la educación no gratuita, debido a los costes directos e indirectos que implica, es un obstáculo importante para las personas en situación de pobreza a la hora de obtener más cualificaciones; y que las niñas obtienen mejores resultados que los niños en el colegio, pero a menudo afrontan mayores dificultades o las presiones familiares y de otro tipo les impiden traducir ese éxito educativo en un logro profesional;

R.  Considerando que los estereotipos transmitidos ampliamente por la sociedad están arraigados en el patriarcado y dejan a la mujer en un rol de subordinación en la sociedad, contribuyendo a la feminización de la pobreza; que esos estereotipos se desarrollan durante la infancia y se reflejan en la elección de los tipos de educación y formación y en el mercado laboral; que las mujeres permanecen frecuentemente confinadas en funciones «orientadas hacia las mujeres» por las que todavía no perciben una remuneración adecuada, y siguen estando insuficientemente representadas en ámbitos como las matemáticas, las ciencias, los negocios empresariales, la ingeniería y las TIC, así como en los puestos de responsabilidad; y que esos estereotipos, en combinación con el hecho de que los sectores predominantemente masculinos son normativos en la fijación de los salarios, generan discriminación en función del género;

S.  Considerando que la Estrategia Europa 2020, que tiene como objetivo transformar la Unión en una economía inteligente, sostenible e integradora, persigue objetivos ambiciosos, como una tasa de empleo del 75 % y una reducción en al menos 20 millones del número de personas afectadas o amenazadas por la pobreza y la exclusión social en 2020; y que los objetivos de dicha estrategia prevén una reducción de las tasas de abandono escolar precoz por debajo del 10 %;

T.  Considerando que uno de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 consiste en que al menos un 40 % de las personas de edad comprendida entre los 30 y los 34 años cursen educación universitaria, a diferencia de la media actual del 37,9 %; y que la media relativa a las mujeres supera el 42,3 % frente al 33,6 % de los hombres;

U.  Considerando que alcanzar los objetivos de lucha contra la pobreza de la Estrategia Europa 2020, que es uno de sus cinco objetivos mensurables, exige un nuevo impulso político significativo; que esos objetivos no se pueden alcanzar si la política de lucha contra la pobreza no incluye una sólida dimensión de género, con la adopción de políticas nacionales para la protección de las mujeres, en particular contra al riesgo de pobreza;

V.  Considerando que la pobreza, la exclusión social y la dependencia económica de las mujeres pueden ser un factor agravante de la violencia contra las mujeres y viceversa, habida cuenta de que la violencia tiene consecuencias para la salud de las mujeres y con frecuencia desemboca en la pérdida del empleo, la carencia de hogar, la exclusión social y la pobreza; que ello implica una vulnerabilidad desproporcionada frente a la trata de seres humanos y la explotación sexual; y que además muchas mujeres que padecen esta violencia continúan viviendo con su agresor porque dependen económicamente de él;

W.  Considerando que la igualdad de género es un instrumento para luchar contra la pobreza de las mujeres porque tiene un impacto positivo en la productividad y el crecimiento económico y redunda en el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral, lo que a su vez conlleva numerosos beneficios sociales y económicos;

Pobreza y equilibrio entre vida profesional y vida privada

1.  Subraya el papel crucial de unos servicios públicos de alta calidad para combatir la pobreza, especialmente la pobreza femenina, puesto que las mujeres dependen más de estos servicios;

2.  Subraya la necesidad de alentar a los hombres para que se comprometan en favor del fomento de la igualdad de género en todos los ámbitos y a todos los niveles del mercado laboral;

3.  Considera que los Estados miembros deberían dar prioridad a la conciliación de la vida laboral y la privada estableciendo unas condiciones laborales más favorables para la familia, tales como horarios de trabajo adaptables y la posibilidad de teletrabajo; señala que la falta de servicios de atención de alta calidad y asequibles dirigidos a los menores, las personas dependientes y las personas de edad avanzada, en particular guarderías, escuelas infantiles y unidades de cuidados continuados, contribuye a la exclusión social, la brecha laboral de género, la brecha salarial y la brecha conexa en materia de pensiones; destaca que la igualdad de acceso a una educación infantil gratuita y de alta calidad, así como a una atención asequible, a una enseñanza formal, informal y no formal, así como a unos servicios de apoyo a las familias, es fundamental para alentar a las mujeres a entrar en el mercado laboral y no abandonarlo, garantizar la igualdad de oportunidades y romper los ciclos de la pobreza, ya que con ello se ayuda a las mujeres a adquirir autonomía y las cualificaciones que les serán útiles para ejercer una profesión;

4.  Deplora las políticas de austeridad que, sumadas a la crisis económica, están contribuyendo al aumento de las tasas de pobreza, especialmente entre las mujeres;

5.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que desarrollen y utilicen los instrumentos financieros y políticos disponibles, como el conjunto de medidas sobre inversión social, para alcanzar los objetivos de Barcelona; pide, en este contexto, que se optimicen el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para que, cuando se recurra a las inversiones sociales y al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), se conceda prioridad a la creación de infraestructuras públicas y privadas de atención y asistencia a los menores y otras personas dependientes ; propone que la Comisión asigne recursos específicos, en el marco de un mecanismo de cofinanciación, a la promoción de medidas de incentivación en favor de zonas específicas en las que se registra una carencia de estructuras de educación y cuidados para la primera infancia y en las que la tasa de empleo de las mujeres es extremadamente baja;

6.  Pide a los Estados miembros que apliquen políticas que defiendan, valoren y promuevan unos servicios públicos, gratuitos y de calidad, en particular en las áreas de sanidad, educación, seguridad social y justicia; hace hincapié en que es fundamental que los servicios públicos dispongan de los recursos financieros y humanos necesarios para satisfacer sus objetivos;

7.  Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para promover la conciliación de la vida laboral y la vida privada, con objeto de que las mujeres, en particular las que están más expuestas al riesgo de pobreza, puedan proseguir sus carreras a tiempo completo o, si lo prefieren, puedan acceder a un empleo a tiempo parcial y a una organización flexible del trabajo;

8.  Pide a la Comisión que, en estrecha coordinación con los Estados miembros, emprenda una acción legislativa integral para satisfacer las necesidades de las madres y los padres en lo que respecta a los distintos tipos de permisos, a saber, el permiso de maternidad, el permiso de paternidad, la licencia parental y el permiso para cuidar a otras personas, a fin, en concreto, de que los hombres reciban asistencia en su papel de progenitores activos, facilitar una distribución más justa de las responsabilidades familiares y, por ese medio, dar a las mujeres la posibilidad de participar en el mercado laboral en igualdad de oportunidades, lo que a su vez reforzará su independencia económica; tiene presente que algunos Estados Miembros ya han legislado sobre la materia y han sobrepasado la legislación de la Unión; pide a los Estados miembros que estudien la posibilidad de elaborar actos legislativos que protejan o refuercen los derechos de maternidad, paternidad y parentales; subraya el hecho de que en 2010 solo el 2,7 % de las personas que ejercieron su derecho al permiso parental fueron hombres, lo cual pone de relieve la necesidad de medidas concretas para garantizar el derecho al permiso parental ;

9.  Lamenta una vez más la retirada de la Directiva relativa al permiso por maternidad tras un largo tiempo de esfuerzos para desbloquear la situación y garantizar, por ese medio, una mejor protección de los ciudadanos europeos; pide a la Comisión que presente una nueva propuesta y un derecho por ley al permiso de paternidad remunerado; opina que es necesario adoptar medidas concretas en todos los Estados miembros para mejorar la conciliación de la vida familiar y la vida laboral en el caso de las mujeres; insta a la Comisión a que incluya en el Semestre Europeo una dimensión social más sólida y diversos objetivos en materia de igualdad de género en el lugar de trabajo;

10.  Acoge positivamente la propuesta de introducir el permiso para cuidados según se prevé en el plan de trabajo de la Comisión sobre una nueva oportunidad para abordar los retos que afrontan las familias trabajadoras en lo que respecta al equilibrio entre la vida laboral y la personal;

Pobreza y trabajo

11.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen políticas que favorezcan el empleo de las mujeres y la integración en el mercado laboral de los grupos de mujeres marginadas socialmente, a la luz de los objetivos de la Estrategia Europa 2020, que consoliden y mejoren la educación, y que inviertan más en formación y campañas de información, garantizando que prevalezca la cualificación en la posterior integración de las mujeres en el mundo laboral y centrándose en la formación permanente, puesto que esta les permite adquirir las destrezas necesarias para acceder a empleos de alta calidad y les da la oportunidad de reciclarse en el siempre cambiante mercado laboral; pide que se intensifique la promoción de las ramas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de matemáticas destinada a las jóvenes para afrontar en una fase temprana los estereotipos educativos existentes y combatir las brechas en materia de empleo y remuneración a largo plazo; pide que se desarrollen servicios públicos de asistencia abordables y de alta calidad, regímenes de horario flexible pero no precario que beneficien tanto a las mujeres como a los hombres, y medidas de lucha contra la segregación profesional y sectorial de hombres y mujeres, en particular en el mundo empresarial y los puestos de responsabilidad;

12.  Destaca que el acceso al crédito, a los servicios financieros y al asesoramiento es fundamental para la autonomía de las mujeres que se enfrentan a la exclusión social a la hora de emprender y para aumentar su representación en el sector; pide a la Comisión y los Estados miembros que adopten medidas eficaces para incrementar el acceso a la financiación para las mujeres que quieren empezar su propio proyecto de negocio o de inversión, y que fomenten el emprendimiento femenino, puesto que contribuye al desarrollo social y económico general, que faciliten el acceso al crédito, por ejemplo mediante instrumentos de microcrédito, en especial con respecto a las mujeres vulnerables que se enfrentan a una discriminación múltiple, y que desarrollen y amplíen los programas de trabajo por cuenta propia de manera no precaria; subraya la importancia, en este contexto, de la promoción y puesta en común de mejores prácticas, las tutorías, los modelos de referencia femeninos y otras ayudas para mujeres desempleadas;

13.  Subraya que es crucial reformar las políticas macroeconómicas, sociales y del mercado del trabajo en concordancia con las políticas de igualdad entre hombres y mujeres, a fin de garantizar la justicia económica y social para las mujeres; reconsiderar los métodos utilizados para determinar el ratio de pobreza y desarrollar estrategias de promoción de la distribución equitativa de la riqueza;

14.  Observa que los trabajos de las mujeres suelen ser con más frecuencia precarios, mal remunerados y con contratos atípicos; señala que otra faceta de la precariedad laboral es el peso del trabajo a tiempo parcial forzado, que contribuye al riesgo de pobreza y ha pasado del 16,7 % al 19,6 % del empleo total; pide a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para luchar contra el trabajo no declarado, los puestos de trabajo precarios y el abuso de las formas contractuales atípicas, incluidos los llamados contratos de cero horas de algunos Estados miembros; destaca los elevados niveles de trabajo no declarado llevado a cabo por mujeres, los cuales inciden negativamente en la renta y la cobertura de la seguridad social de estas y resultan perjudiciales para el PIB de la Unión; insta a los Estados miembros a que estudien la posibilidad de aplicar las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para disminuir el empleo precario(17), como analizar y limitar las circunstancias en las que se puede recurrir a los contratos precarios y restringir el tiempo que un trabajador puede encadenar contratos de ese tipo, tras el cual debería ofrecérsele la posibilidad de un contrato permanente;

15.  Pide a los Estados miembros que vigilen los derechos de las mujeres trabajadoras, que cada vez más a menudo ocupan puestos mal remunerados y son víctimas de discriminaciones;

16.  Pone de manifiesto la existencia de nuevas categorías de mujeres pobres, integradas por jóvenes profesionales liberales y, por tanto, condenan a una gran proporción de jóvenes licenciadas a una vida laboral precaria y una renta que pocas veces supera el umbral de pobreza (nuevos pobres);

17.  Reitera su llamamiento a la Comisión en favor de una revisión de la legislación vigente para cerrar la brecha salarial de género y reducir la brecha en materia de pensiones entre hombres y mujeres; toma nota de que las medidas para incrementar la transparencia en materia de retribución son fundamentales para cerrar la brecha salarial de género, y pide a los Estados miembros que apliquen la Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el fortalecimiento del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia, incluyendo la inversión de la carga de la prueba cuando se trate de atajar la discriminación de género en el lugar de trabajo;

18.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio sobre cómo afectan los procedimientos relacionados con el reconocimiento oficial de la reasignación del sexo de una persona, o la ausencia de dichos procedimientos, a la situación de las personas transgénero en el mercado laboral, especialmente en lo relativo al acceso al empleo, al nivel de remuneración, al desarrollo profesional y a las pensiones;

19.  Observa con preocupación que las mujeres reciben a menudo pensiones que se sitúan apenas por encima del nivel mínimo de subsistencia, debido a causas diversas como la interrupción o el cese de la actividad profesional para dedicarse a la familia, la predominancia de los contratos a tiempo parcial durante toda su vida laboral o por haber trabajado en la empresa del cónyuge, principalmente en los sectores del comercio y la agricultura, sin salario y sin afiliación a la seguridad social;

20.  Celebra que la Comisión considere que la «igualdad de retribución por un trabajo de igual valor» es una de las áreas de acción clave en su nueva estrategia de igualdad de género; pide a la Comisión que adopte una comunicación sobre una «Nueva estrategia para la igualdad de género y los derechos de las mujeres después de 2015», de modo que se puedan poner en práctica eficazmente los objetivos y las políticas incluidos en ella.

21.  Pide a los Estados miembros que velen por que toda persona que haya interrumpido temporalmente su actividad profesional para dedicarse a la educación de los hijos o al cuidado de personas de edad avanzada pueda reintegrarse en el mercado laboral o en su antiguo puesto y conservar su derecho a la promoción profesional;

22.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto sobre los regímenes de renta mínima en la Unión y examine otras medidas que tengan en cuenta las circunstancias económicas y sociales de cada Estado miembro, así como que evalúe si esos regímenes permiten a los hogares satisfacer sus necesidades personales básicas; reitera su llamamiento a los Estados miembros para que establezcan una pensión nacional mínima que no podrá situarse por debajo del umbral de riesgo de pobreza;

23.  Observa que las jubiladas son el grupo más vulnerable y a menudo viven en condiciones de pobreza o en riesgo de caer en ella; pide a los Estados miembros que aborden como un objetivo económico la reducción de la brecha en las pensiones por razón de género; solicita a los Estados miembros que reformen los sistemas de pensiones al objeto de garantizar que todo el mundo reciba siempre pensiones adecuadas y con vistas a eliminar la brecha en las pensiones; considera que entre los instrumentos para atajar la brecha en las pensiones están el ajuste de los sistemas de pensiones al objeto de garantizar la igualdad entre mujeres y hombres, y la adaptación de la educación, la planificación profesional, los sistemas de permisos parentales y otros servicios de apoyo a la paternidad o maternidad; pide a los Estados miembros que se planteen la posibilidad de conceder derechos de pensión compartidos en caso de divorcio o separación legal, en consonancia con el principio de subsidiariedad; señala que los regímenes de pensiones profesionales cada vez se gestionan más conforme a los principios de los seguros y esto puede dar lugar a muchas desigualdades en términos de protección social(18); hace hincapié en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que los regímenes de pensiones profesionales deben considerarse retribución y, por tanto, también se les aplica el principio de igualdad de trato;

Pobreza: recomendaciones generales

24.  Señala que las personas que viven en la precariedad suelen pagar con frecuencia un coste por unidad más elevado que las personas en situación más acomodada por los mismos productos y servicios que son esenciales para su supervivencia social y económica, en particular en materia de telecomunicaciones, energía y agua; pide a los Estados miembros que trabajen en estrecha colaboración con los proveedores y operadores en favor del desarrollo de mecanismos de ayuda y el establecimiento de tarifas sociales para las personas más desfavorecidas, en particular en lo que respecta al suministro de agua y energía, para erradicar la pobreza energética de los hogares;

25.  Reitera el papel de la educación para combatir los estereotipos de género, capacitar a las mujeres y las menores en los ámbitos social, económico, cultural y político, así como en las carreras científicas, y poner término al círculo de la pobreza gracias a la inclusión de las mujeres en sectores donde han estado menos representadas, como las ciencias, la tecnología, la ingeniería y el emprendimiento, y pide a la Comisión que incluya objetivos relacionados con la formación profesional para las mujeres en las recomendaciones específicas por países; hace hincapié en la función de la educación no formal; pide a los Estados miembros que incluyan inversiones en educación para las menores y las mujeres con el objetivo de reforzar su potencial como parte integral de sus economías y planes de recuperación; anima a los Estados miembros a que trabajen para ayudar a las jóvenes en la transición de la educación formal al mercado laboral; hace hincapié en la necesidad de que todas las instituciones educativas impartan valores democráticos con vistas a fomentar la tolerancia, la ciudadanía activa, la responsabilidad social y el respeto de las diferencias de género, las minorías y los grupos étnicos y religiosos; destaca la importancia de la educación física y deportiva para superar los prejuicios y estereotipos, y su potencial para ayudar a los jóvenes socialmente vulnerables a reconducir su vida;

26.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que las mujeres que tienen hijos sufran discriminación en el lugar de trabajo por ser madres y no porque su rendimiento laboral sea inferior al de sus compañeros; insta a los Estados miembros a que promuevan activamente una imagen positiva de las madres como empleadas y combatan el fenómeno de la «sanción por maternidad» que se ha constatado a través de una serie de estudios;

27.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en particular el FSE y el FEIE, sean utilizados para mejorar la educación y la formación con el fin de mejorar también el acceso al mercado laboral y luchar contra el desempleo, la pobreza y la exclusión social de las mujeres; destaca que el 20 % del FSE destinado a medidas de inclusión social y proyectos de innovación social podría utilizarse de manera más activa para apoyar iniciativas como los pequeños proyectos locales concebidos para capacitar a las mujeres víctimas de la pobreza y la exclusión social; insta a los Estados miembros a que emprendan más campañas de información sobre las posibilidades de participar en los proyectos financiados por la Unión;

28.  Pide la introducción de mecanismos de financiación que alienten la igualdad de representación en aquellos ámbitos en los que existe un desequilibrio de género, y destaca la necesidad de disponer de datos desglosados por género con objeto de entender mejor la situación de las niñas, los niños, los hombres y las mujeres, y de ese modo, poder afrontar con mayor eficacia los desequilibrios; pide a la Comisión que presente datos desglosados por sexos y edades de los participantes en los programas de movilidad europea con fines educativos, como Erasmus+, Europa Creativa y Europa con los ciudadanos;

29.  Recuerda, en particular, el derecho de los hijos de los migrantes y refugiados, tanto niños como niñas, a acceder a la educación, lo que constituye una de las prioridades de nuestras sociedades europeas; destaca, por tanto, la necesidad de adoptar medidas urgentes en el ámbito de la educación de los migrantes, tanto a escala nacional como de la Unión, en vista de la persistente crisis migratoria; subraya que la educación es fundamental para la integración y la capacidad de inserción profesional y que, si los sistemas educativos nacionales no logran superar ese reto, se podrían acentuar la segregación cultural y las divisiones sociales; señala que el acceso a la educación, tanto en los campos de refugiados como en los municipios de acogida, con normas de calidad, mediación lingüística y asistencia psicológica, no debe resultar obstaculizado por cuestiones burocráticas y administrativas vinculadas al reconocimiento del estatuto de refugiado;

30.  Destaca la contribución de las organizaciones de voluntarios y del sector terciario en ese ámbito, e insta a los Estados miembros a que apoyen su labor; recuerda la elevada participación de las mujeres en los programas voluntarios de educación y en otras actividades, así como a la hora de apoyar y mejorar las oportunidades educativas para los niños refugiados y desfavorecidos, entre otros;

31.  Destaca que los efectos de la pobreza y la exclusión social sobre los niños pueden durar toda una vida y provocar la transmisión intergeneracional de la pobreza; subraya que en todos los Estados miembros el riesgo de pobreza y exclusión social entre los niños está íntimamente ligado al nivel de educación de los padres, particularmente al de sus madres, a la situación de los padres en el mercado laboral y a su situación social, así como a los servicios de apoyo a las familias prestados por los Estados miembros; recomienda que los Estados miembros garanticen a todos los jóvenes el acceso a una educación pública gratuita y de alta calidad a cualquier edad, incluida la primera infancia; destaca la función de la orientación educativa para los menores destinada a permitirles desarrollar todo su potencial; hace hincapié en la necesidad de apoyar con programas específicos la continuación de los estudios en el caso de las madres adolescentes, para las que el abandono escolar es el primer paso hacia la pobreza; hace hincapié en la necesidad de establecer un paquete global de medidas para atajar la pobreza infantil y fomentar el bienestar infantil basándose en tres pilares, a saber, el acceso a los recursos adecuados y la conciliación de la vida laboral y familiar, el acceso a unos servicios de calidad, y la participación de los niños en las decisiones que les afecten y en actividades deportivas, culturales y de ocio; reitera la necesidad de que se facilite el acceso a la información en igualdad de condiciones, especialmente en el ámbito de la seguridad social, la educación de adultos, la atención sanitaria y el apoyo económico disponible;

32.  Destaca que la falta de reconocimiento de las familias formadas por personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales por parte de muchos Estados miembros tiene como resultado unas rentas más bajas y un coste de la vida más elevado para esas personas, lo que aumenta el riesgo de pobreza y exclusión social; considera que la legislación sobre igualdad de trato es un instrumento esencial para luchar contra la pobreza resultante de la marginación y la discriminación que afectan a las minorías sexuales y de género; pide, en este sentido, al Consejo que adopte la propuesta de Directiva de 2008 relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual; pide, además, la inclusión explícita, en una refundición futura de las Directivas relativas a la igualdad entre hombres y mujeres, de una prohibición de la discriminación por motivos de identidad de género; expresa su preocupación a la vista de que el nivel de concienciación sobre los derechos y la existencia de órganos y organizaciones que ofrecen apoyo a las víctimas de la discriminación es bajo; pide, en este sentido, a la Comisión que supervise de cerca la eficacia de los procedimientos y órganos nacionales de gestión de reclamaciones;

33.  Pide que se aplique en su integridad la Directiva 2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, y que se revise para incluir un requisito por el que las empresas hayan de elaborar medidas o planes sobre la igualdad de género, incluidas actuaciones contra la segregación, la implantación de sistemas de retribución y medidas de apoyo a la carrera profesional de las mujeres;

34.  Reafirma la importancia de la educación financiera y económica a una edad temprana, ya que se ha demostrado que mejora la toma de decisiones económicas más adelante, incluida la gestión de gastos e ingresos; recomienda el intercambio de buenas prácticas y el fomento de programas formativos destinados a las mujeres y las niñas de grupos vulnerables y comunidades marginadas expuestos a la pobreza y la exclusión social;

35.  Constata que el hecho de que uno de los miembros de la pareja no tenga ingresos es un factor importante que puede contribuir a la pobreza y a la exclusión social de las mujeres; toma nota de la situación a menudo precaria de las mujeres viudas, divorciadas y a cargo de familias monoparentales a las que el juez ha asignado la custodia de los hijos, para las que debería fijarse una pensión alimenticia adecuada; señala que la pensión alimentaria no percibida puede ser la causa de que las mujeres que sean progenitor único caigan en la pobreza; subraya el hecho de que las mujeres divorciadas son propensas a sufrir discriminación y pobreza, y que ello demuestra que las mujeres todavía no tienen una independencia económica completa, lo que pone de relieve la necesidad de emprender más acciones en el ámbito del mercado laboral y de la superación de la brecha salarial entre hombres y mujeres;

36.  Hace hincapié en que la recopilación de datos sobre gastos e ingresos de los hogares debe complementarse con datos individualizados con vistas a acabar con las desigualdades por motivo de género en los hogares;

37.  Insiste en que la política macroeconómica debe ser compatible con la política en materia de igualdad social; reitera que las instituciones financieras como el BCE y los bancos centrales nacionales deben tener en cuenta los impactos sociales cuando tomen como modelo o decidan políticas monetarias macroeconómicas o en materia de servicios financieros;

38.  Reitera su apoyo a la iniciativa para elaborar un presupuesto de referencia orientativo, y pide a la Comisión que, cuando lo diseñe, incorpore consideraciones específicas de género que incluyan las desigualdades de género a las que se enfrentan los hogares;

39.  Reafirma la necesidad de investigar el problema de las mujeres sin techo y sus causas y factores, ya que este fenómeno no está reflejado adecuadamente en los datos actuales; señala que los elementos específicos de género que deben tomarse en consideración incluyen la dependencia económica por razón de género, el alojamiento temporal y la renuncia a los servicios sociales;

40.  Hace hincapié en que la violencia contra las mujeres sigue siendo un problema destacado en la Unión que afecta a sus víctimas y en que urge que los que la perpetran se impliquen en las medidas de lucha contra la violencia contra las mujeres independientemente de su edad, educación, nivel de ingresos o posición social, y que el impacto de ese fenómeno en el riesgo de marginación, pobreza y exclusión social aumenta sin cesar; señala que la independencia económica de las mujeres desempeña un papel fundamental respecto de sus posibilidades de evitar situaciones de violencia de género adoptando medidas proactivas; pide a los Estados miembros y a las administraciones regionales y locales que garanticen sistemas de protección social que aseguren los derechos sociales de las mujeres que son víctimas de la violencia en la forma que sea, ya se trate de violencia doméstica, trata o prostitución, y que emprendan acciones para lograr su reinserción en el mercado laboral, sirviéndose también de instrumentos como el FSE; subraya la necesidad de aumentar la información disponible sobre los servicios jurídicos para las víctimas de violencia;

41.  Hace hincapié en la necesidad de combatir de manera decidida la violencia doméstica, en particular aquella dirigida contra las mujeres; observa que la independencia económica desempeña en el caso de las mujeres un papel fundamental en sus vidas y a la hora de dejar atrás situaciones de violencia doméstica, y que las mujeres que han agotado sus permisos retribuidos corren el riesgo de perder tanto sus empleos como esa independencia económica; señala que la reciente introducción de un permiso por violencia doméstica en Australia y los Estados Unidos ha brindado a muchos trabajadores protección laboral mientras hacen frente a los efectos de la violencia doméstica, por ejemplo dándoles el tiempo necesario para gestionar las citas médicas, las comparecencias ante el tribunal y los restantes procesos a que se debe atender en estos casos; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que estudien la viabilidad y las posibles consecuencias de la implantación de un permiso especial remunerado para las víctimas y supervivientes de la violencia doméstica cuando el hecho de no disponer de permisos retribuidos represente para las víctimas un obstáculo a la hora de conservar su puesto de trabajo, al tiempo que se garantiza la intimidad de las víctimas; pide también a la Comisión y a los Estados miembros que adopten más medidas para concienciar sobre el problema de la violencia doméstica y ayudar a sus víctimas, impulsar un mejor conocimiento y la defensa de sus derechos y proteger su independencia económica;

42.  Reitera su llamamiento a la Unión y a los Estados miembros para que firmen y ratifiquen el Convenio de Estambul, y pide una iniciativa urgente con vistas a elaborar una Directiva de la Unión para combatir la violencia contra las mujeres; pide una vez más a la Comisión que presente una Estrategia Europea contra la violencia de género e instaure un Año Europeo de lucha contra la violencia de género;

43.  Considera que es necesario trabajar de manera proactiva para vencer la violencia contra las mujeres centrándose principalmente en las normas que incitan a la violencia; subraya que se han de combatir los estereotipos y las estructuras que sirven de base a la violencia de los hombres contra las mujeres con medidas proactivas a través de campañas y educación continua sobre la cuestión de las culturas machistas a nivel nacional;

44.  Señala que las nuevas tecnologías deben considerarse un instrumento esencial para la creación de nuevos puestos de trabajo y un medio para que las mujeres salgan de situaciones de pobreza;

45.  Anima a los Estados miembros a que, colaborando con las administraciones regionales y locales, contribuyan a la mejora de la calidad de vida de las mujeres en las zonas rurales, con el fin de reducir el riesgo de pobreza mediante programas educativos de calidad para capacitar a las mujeres de las zonas rurales, y a unas condiciones de empleo de calidad y a unos ingresos decentes para ese grupo; anima asimismo a los Estados miembros a garantizar la existencia en las zonas rurales de infraestructuras municipales, sociales y públicas de calidad para mejorar las condiciones generales de la vida rural;

46.  Considera que siguen pasando desapercibidos numerosos aspectos relacionados con la pobreza, y concretamente la pobreza femenina, como, en particular, la exclusión de las mujeres de la cultura y de la participación social, por lo que pide a los Estados miembros que prevean los apoyos necesarios para garantizar el disfrute de la cultura, el deporte y el ocio por parte de todas las mujeres, prestando especial atención a las mujeres en situación de pobreza, con discapacidad o migrantes; considera que los indicadores existentes en materia de privación material grave excluyen los factores del acceso a la cultura y la participación social, por lo que solo dan una interpretación incompleta de la pobreza; solicita que se elaboren más indicadores para evaluar la exclusión en términos de participación política, cultural y social, y particularmente su influencia en el ciclo vicioso de la pobreza y sus impactos intergeneracionales;

47.  Observa que a menudo las mujeres con discapacidad sufren discriminación en el ámbito familiar y en el educativo, sus posibilidades de acceso al empleo se restringen y la protección social que reciben no es suficiente para evitar el riesgo de pobreza; subraya, al respecto, que los Estados miembros y las administraciones regionales y locales deben otorgar a las mujeres con discapacidad la atención especializada que necesitan para ejercer sus derechos y deben proponer acciones destinadas a facilitar su integración en el mercado laboral a través de acciones complementarias y de apoyo, en particular en materia de educación y formación;

48.  Pide acciones más ambiciosas para atajar la pobreza energética, que afecta con mucha más fuerza a las mujeres solas, las familias monoparentales y los hogares con mujeres como cabeza de familia; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que formulen una definición de la pobreza energética que tenga en cuenta los aspectos de género de dicho fenómeno, y que la incluyan en la futura refundición de la Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios; destaca el importante papel de las acciones comunitarias en materia de energía como las cooperativas para capacitar a los consumidores de energía vulnerables, especialmente las mujeres que se enfrentan a la pobreza, la exclusión social y la marginación;

49.  Reafirma su petición a la Comisión para que se esfuerce por establecer una Garantía Europea del Menor, que garantice que todo menor europeo en riesgo de pobreza tenga acceso a una atención sanitaria gratuita, una educación gratuita, unos cuidados infantiles gratuitos, una vivienda digna y una nutrición adecuada; destaca que esa política debe abordar la situación de las mujeres y las niñas, especialmente en las comunidades marginadas y vulnerables; señala que la iniciativa Garantía Juvenil debe incluir una perspectiva de género;

50.  Alienta a los Estados miembros y a la Comisión a recopilar estadísticas desglosadas por género e introducir nuevos indicadores individualizados en cuanto a la pobreza femenina, como un instrumento de control de la repercusión que tienen en la pobreza femenina las políticas sociales, económicas y de empleo más amplias, a fin de intercambiar buenas prácticas en materia de instrumentos legislativos y presupuestarios destinados a la lucha contra la pobreza, en particular en relación con los grupos en especial riesgo de pobreza, independientemente de la orientación sexual y la identidad de género;

51.  Destaca el papel de las empresas sociales en la emancipación e inclusión de las mujeres que se enfrentan a la pobreza, la exclusión social y la discriminación múltiple;

52.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que definan procesos de participación de las partes interesadas a fin de impulsar y facilitar la colaboración directa de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social, especialmente las mujeres y las niñas, en la formulación de las políticas de inclusión social a todos los niveles.

53.  Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen la presupuestación con perspectiva de género como herramienta para garantizar que en las decisiones presupuestarias se tenga en cuenta la dimensión de género y se aborden las diferencias en cuanto a la repercusión;

54.  Solicita a los Estados miembros que colaboren en la lucha contra la pobreza con las ONG que trabajan con éxito en zonas afectadas por la pobreza extrema y que disponen de una valiosísima experiencia con las comunidades locales; pide a los Estados miembros que apoyen la cooperación efectiva a nivel local;

55.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que alienten la participación de los interlocutores sociales (sindicatos y empresarios) y de la sociedad civil, incluidos los organismos para la igualdad de género, en la consecución de la igualdad de género, con miras a fomentar la igualdad de trato; destaca que el diálogo social debe incluir el seguimiento y el fomento de prácticas de igualdad de género en el lugar de trabajo, como los acuerdos de trabajo flexibles, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida laboral y la privada; subraya la importancia de los convenios colectivos para luchar contra la discriminación y promover la igualdad entre mujeres y hombres en el trabajo, así como de otros instrumentos, como los códigos de conducta, la investigación o el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de igualdad de género;

o
o   o

56.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 233 E de 28.9.2006, p. 130.
(2) DO C 67 E de 18.3.2010, p. 31.
(3) DO C 70 E de 8.3.2012, p.162.
(4) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 77.
(5) DO C 296 E de 2.10.2012, p. 26.
(6) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 9.
(7) DO C 131 E de 8.5.2013, p. 60.
(8) DO C 264 E de 13.9.2013, p. 75.
(9) DO C 24 de 22.1.2016, p. 8.
(10) DO C 36 de 29.1.2016, p. 6.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0050.
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0218.
(13) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0351.
(14) http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_50&language=en
(15) Save the Children, «Pobreza infantil y exclusión social en Europa», Bruselas, 2014, p. 21.
(16) http:\\www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/547546/EPRS_STU(2015)547546_EN.pdf, p.11
(17) Organización Internacional del Trabajo: Políticas y regulaciones para luchar contra el empleo precario, 2011.
(18) http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/conference_sept_2011/dgjustice_oldagepensionspublication3march2011_en.pdf.


Barreras no arancelarias en el mercado único
PDF 194kWORD 88k
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre barreras no arancelarias en el mercado único (2015/2346(INI))
P8_TA(2016)0236A8-0160/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, titulada «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas» (COM(2015)0550),

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, titulado «A Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence» (Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa: análisis y pruebas) (SWD(2015)0202),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, titulado «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Informe sobre la integración del mercado único y la competitividad de la UE y sus Estados miembros) (SWD(2015)0203),

–  Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo de septiembre de 2014 titulado «The Cost of Non-Europe in the Single Market»,

–  Vista su Resolución, de 11 de septiembre de 2013, sobre el mercado interior de servicios: situación actual y próximas etapas(1),

–  Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre el sobre el Plan de Acción Europeo para el Comercio Minorista en beneficio de todos los agentes(2),

–  Vista la edición en línea de abril de 2015 del Cuadro de indicadores del mercado único,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0160/2016),

A.  Considerando que el mercado único europeo supone una importante contribución a las economías europeas;

B.  Considerando que se estima que completar el mercado único con libre circulación de bienes y servicios, contratación pública, economía digital y Derecho de protección de los consumidores entrañaría unas ganancias económicas de entre 651 000 millones y 1,1 billones EUR al año, equivalente a entre el 5 % y el 8,63 % del PIB de la Unión;

C.  Considerando que, más de 20 años después de la puesta en marcha del mercado único, hay barreras no arancelarias injustificadas que siguen causando dificultades a la circulación de bienes y servicios entre los Estados miembros; que estas barreras no arancelarias pueden deberse a medidas proteccionistas y pueden ir acompañadas de trabas burocráticas muy a menudo desproporcionadas con respecto a su finalidad;

D.  Considerando que se estima que el mercado único de servicios constituye alrededor del 70 % de la economía europea, pero representa únicamente cerca del 20 % del comercio en el interior de la Unión;

E.  Considerando que el 25 % de las profesiones reguladas lo están en un solo Estado miembro;

F.  Considerando que se estima que los posibles beneficios de un mercado único digital en funcionamiento se cifran en cerca de 415 000 millones EUR al año y el aumento del PIB, en alrededor del 0,4 % para 2020, y que existen muchas lagunas en la legislación de la Unión que impiden su correcto funcionamiento;

G.  Considerando que solo el 2 % de las nuevas pymes, microempresas y empresas emergentes han iniciado una expansión transfronteriza a través de inversión extranjera directa;

H.  Considerando que, para los consumidores, las lagunas del mercado único, como la aplicación del Derecho de la Unión de manera insuficiente o incompatible con los objetivos del mercado único, se traducen en una oferta de productos deficiente y en bienes y servicios más onerosos;

I.  Considerando que, para las empresas, los costes se traducen en cadenas de suministro más caras, lo que lleva al encarecimiento de sus propios productos o a un acceso reducido a servicios a empresas, lo que a su vez perjudica a su competitividad; que un mercado competitivo incita a la innovación;

J.  Considerando que la complejidad del actual régimen del IVA también puede considerarse una barrera no arancelaria;

K.  Considerando que los pactos fiscales contrarios a la competencia entre Estados miembros y grandes empresas multinacionales pueden considerarse una barrera no arancelaria injustificada;

L.  Considerando que las empresas y las personas se enfrentan a importantes obstáculos en las actividades transfronterizas dentro del mercado único debido a falta de disponibilidad y de calidad de la información, los servicios de asistencia y los procedimientos en línea, lo que da lugar a cargas administrativas elevadas y a costes de cumplimiento considerables;

M.  Considerando que la supervisión de las barreras y los costes es irregular y desorganizada y que están pendientes de cuantificación e identificación clara, lo que hace difícil determinar la prioridad de las acciones políticas;

I. Contexto y objetivos políticos

1.  Es consciente de que, a pesar de la supresión de las barreras arancelarias el 1 de julio de 1968, la libre circulación de bienes y servicios sigue obstaculizada por barreras no arancelarias, en particular normas técnicas y requisitos regulatorios y no regulatorios nacionales injustificados que se aplican a bienes, proveedores de servicios y condiciones de la prestación de servicios, o por la burocracia; destaca que el fortalecimiento del mercado único exige medidas urgentes a nivel de la Unión y de los Estados miembros para eliminar estas barreras no arancelarias;

2.  Considera que una barrera no arancelaria es desproporcionada o discriminatoria cuando da lugar a una carga o un coste que debe correr a cargo de una empresa que pretende acceder a un mercado, y no de las empresas ya presentes en dicho mercado, o a un coste para las empresas no nacionales pero no soportado por las empresas nacionales, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a regular y perseguir objetivos políticos públicos legítimos, como la protección del medio ambiente y del consumidor y los derechos laborales;

3.  Reconoce que pueden surgir diferencias a nivel nacional debido a la gobernanza multinivel; considera que la necesidad de que las medidas sean proporcionadas y persigan objetivos políticos públicos legítimos debe entenderse bien en todos los niveles de la adopción de decisiones de regulación; considera que la coherencia y la homogeneidad de la práctica política y reguladora puede contribuir significativamente a reducir las barreras no arancelarias;

4.  Considera que, en los casos en que estas barreras no arancelarias puedan justificarse como proporcionadas, la información sobre los diferentes requisitos normativos nacionales debe ser fácilmente accesible y el suministro de información de notificación y el cumplimiento de procedimientos que entrañan deben hacerse lo más fáciles posible; considera que la implantación del actual sistema basado en una amplia oferta de puntos de contacto, incluidos los puntos de contacto de productos y las ventanillas únicas, ha sido incoherente entre los Estados miembros y es excesivamente compleja; recuerda la importancia de fortalecer y racionalizar los instrumentos del mercado único existentes para las pymes con el fin de simplificar su expansión transfronteriza; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que dediquen más interés a racionalizar y mejorar estos sistemas, en particular con miras a una rápida mejora de las ventanillas únicas, y pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo sobre los avances y los próximos pasos antes de finales de 2016; destaca que, si se muestran más abiertos y accesibles en lo que respecta a los requisitos regulatorios, los Estados miembros resultarán más atractivos para la inversión extranjera;

5.  Acoge como un paso positivo la iniciativa del portal digital único anunciada en la Comunicación de la Comisión Europea sobre el mercado único digital; insta a la Comisión a que cree un único punto de acceso para las empresas y los consumidores a todas la información, la asistencia y la resolución de problemas relacionadas con el mercado único y a los procedimientos a escala nacional y de la Unión necesarios para hacer operaciones transfronterizas en la UE;

6.  Considera que, a fin de eliminar las barreras no arancelarias, es importante que la Comisión y los Estados miembros trabajen juntos para mejorar el funcionamiento de SOLVIT, especialmente en las zonas geográficas o industriales donde las empresas no utilizan a menudo SOLVIT y no todos los casos presentados son examinados por la autoridad competente;

7.  Subraya que, para muchas empresas, en particular las pymes, que tratan de comerciar en otro Estado miembro, esta expansión seguirá siendo «comercio internacional» desde su punto de vista; destaca que debería posibilitarse plenamente que las pymes, las empresas emergentes y las empresas innovadoras, en particular las empresas de economía compartida, crezcan a través del comercio transfronterizo;

8.  Considera que uno de los cometidos de la Unión y sus Estados miembros debe ser la eliminación de las barreras no arancelarias que no puedan justificarse o no apoyen los objetivos relacionados en el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, que establece que Europa se basa en una «economía social de mercado altamente competitiva»;

9.  Reitera que la Estrategia para el Mercado Único Digital y la Estrategia para el Mercado Único de Europa conforman iniciativas que deberían aplicarse con rapidez y ambición para reducir las barreras no arancelarias del mercado único; destaca que es crucial que estas iniciativas se basen en principios normativos mejores y en los instrumentos más eficientes, como la armonización y el reconocimiento mutuo;

II. Barreras no arancelarias transversales

10.  Considera que las diferencias en el ritmo de transposición y en la aplicación concreta a nivel nacional de directivas existentes crean incertidumbre jurídica para las empresas y condiciones distintas de competencia en el mercado interior;

11.  Considera que en los casos en que la Comisión ha derogado legislación de la UE innecesaria, los Estados miembros deben actuar con rapidez para derogar las disposiciones nacionales correspondientes;

12.  Considera que un incumplimiento prolongado de la legislación de la Unión por los Estados miembros es perjudicial para el mercado único y los consumidores; considera asimismo que el lento proceso de transposición da lugar a que algunos de los Estados miembros se beneficien de una prolongación indebida de la fecha límite de cumplimiento; pide que, en colaboración entre la Comisión y los Estados miembros, sea promovida en mayor medida una cultura de cumplimiento, como prevé la Estrategia del Mercado Único; pide a la Comisión que aborde con rapidez el asunto del incumplimiento por los Estados miembros;

13.  Atrae la atención de la Comisión y los Estados miembros sobre el problema de que algunos Gobiernos nacionales añadan normas suplementarias a las directivas transpuestas, conocido como «sobrerregulación»;

14.  Llama la atención sobre el aumento de la intensidad y el número de controles que se han impuesto recientemente sobre los proveedores de servicios extranjeros; pide a los Estados miembros que se aseguren de que estos controles sean proporcionados, justificados y no discriminatorios;

15.  Considera que la aplicación incongruente de normas vigentes transpuestas correctamente por los Estados miembros causa tanto daño al mercado único como una transposición tardía; considera que el cumplimiento y su garantía se hacen más difíciles cuando se atribuyen a conceptos utilizados comúnmente significados diferentes en diferentes actos legislativos, por ejemplo «trazabilidad» o «comercialización»;

16.  Opina que la aplicación desigual de las mismas normas en los distintos Estados miembros puede crear nuevas barreras no arancelarias injustificadas; pide a la Comisión que haga todo lo posible por reducir las divergencias al mínimo lo antes posible;

17.  Considera que la Comisión debería aumentar su uso de directrices para la aplicación de directivas, puesto que pueden ser un instrumento útil para garantizar un mayor grado de uniformidad en su aplicación;

18.  Observa la persistencia de diferencias a nivel nacional en la reglamentación del mercado de productos con las que todavía han de enfrentarse las empresas que operan a nivel transfronterizo, tanto en términos de nivel de restricción como de diferencias entre Estados miembros; considera que esta situación obliga innecesariamente a las empresas a adaptar sus productos y servicios para cumplir múltiples normas y repetir ensayos, limitando así el comercio en el interior de la Unión, reduciendo el crecimiento y obstaculizando la creación de empleo;

19.  Opina que, al verse reducidas las economías de escala por la necesidad de gestionar diferentes líneas de productos, la carga recae desproporcionadamente en las pymes y las microempresas de muchos modos, ya sean jurídicos, financieros o de otro tipo;

20.  Atrae la atención sobre el bajo nivel de contratación pública transfronteriza hasta la fecha, con menos de un 20 % de la totalidad de los contratos públicos en la Unión publicados en plataformas paneuropeas y solo un 3,5 % adjudicados a empresas de otros Estados miembros; destaca las dificultades experimentadas particularmente por las pymes para participar en la contratación pública transfronteriza; destaca, en este contexto, la importancia de las nuevas Directivas de la Unión sobre contratación pública y adjudicación de contratos de concesión, que los Estados miembros debían transponer no más tarde de abril de 2016; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente estos actos legislativos, incluidos los procedimientos totalmente electrónicos de contratación pública;

21.  Destaca que los costes de cumplimiento de los requisitos del IVA son una de las mayores barreras no arancelarias; pide que se presenten propuestas prácticas de simplificación del IVA;

22.  Reconoce que los distintos regímenes del IVA en la Unión Europea podrían percibirse como una barrera no arancelaria; subraya que la miniventanilla única del IVA es una vía adecuada para ayudar a superar esta barrera y especialmente para apoyar a las pymes en sus actividades transfronterizas; reconoce que todavía persisten algunas cuestiones problemáticas menores en relación con la miniventanilla única del IVA, pide a la Comisión que aumente las facilidades para el pago de las obligaciones del IVA a las empresas de toda la Unión;

23.  Considera que muchas prácticas administrativas nacionales también dan lugar a barreras no arancelarias injustificadas, incluidos los requisitos para la formalización de documentos por los organismos u oficinas nacionales; insta a los Estados miembros a que utilicen soluciones de administración electrónica, lo que incluye priorizar la interoperabilidad y las firmas digitales, a fin de modernizar sus administraciones públicas, basándose en ejemplos como los de Estonia y Dinamarca, prestando más servicios digitales y más accesibles a ciudadanos y empresas, y a que faciliten la cooperación transfronteriza y la interoperabilidad de las administraciones públicas, sin menoscabar la protección de los datos personales; considera que el uso de la administración electrónica es un instrumento importante para las empresas, pero no debe excluir vías alternativas de acceso a la información ni suponer desventajas para los ciudadanos que no poseen las competencias necesarias para utilizar servicios digitales;

24.  Pide a la Comisión que adopte un enfoque más firme en relación con la garantía del cumplimiento, velando por que los Estados miembros apliquen y ejecuten debidamente las normas relativas al mercado único; considera, a este respecto, que el proceso de aplicación de las directivas transpuestas debe coordinarse mejor, por ejemplo, mediante seminarios especializados de transposición organizados por la Comisión y el intercambio de mejores prácticas para reducir al mínimo desde una fase temprana las divergencias entre Estados miembros;

III. Barreras no arancelarias sectoriales

Mercado único de bienes

25.  Subraya la importancia del principio de reconocimiento mutuo para garantizar el acceso al mercado único de bienes que no están armonizados a escala de la Unión y, en los casos en que los Estados miembros aplican a los productos normas nacionales, frecuentemente diferentes, pero con el mismo objetivo subyacente;

26.  Destaca que muchas empresas no tienen conocimiento del reconocimiento mutuo y piensan que deben cumplir los requisitos nacionales en el Estado miembro de destino cuando realizan operaciones comerciales en el mercado único;

27.  Pide a la Comisión que actúe para mejorar la aplicación del reconocimiento mutuo; espera, en este contexto, los planes de la Comisión de aumentar la sensibilización y revisar el Reglamento de reconocimiento mutuo; considera que la armonización constituye también una herramienta eficaz para garantizar la igualdad de acceso de bienes y servicios al mercado único;

Mercado único de servicios

28.  Atrae la atención sobre los problemas a los que se enfrentan los proveedores de servicios, especialmente en los servicios empresariales, el sector del transporte y la construcción, que se derivan de los múltiples y diversos requisitos injustificados o desproporcionados relativos a la autorización, al registro, a la notificación previa o al establecimiento de facto; subraya que esto podría dar lugar a una discriminación de los proveedores de servicios extranjeros que contravendría el principio de libre circulación de servicios; pide, en este contexto, una administración electrónica y un registro electrónico más desarrollados para simplificar el proceso a los proveedores de servicios;

29.  Hace hincapié en que en particular la falta y la divergencia de aplicación de la Directiva de servicios está obstaculizando el mercado único;

30.  Destaca que es necesario un entorno reglamentario claro y unitario que permita el desarrollo de unos servicios que se desarrollen en un mercado que proteja a trabajadores, consumidores y que garantice que los agentes existentes o nuevos del mercado único de la UE no se encuentren con obstáculos legislativos innecesarios, independientemente del modelo de negocios que desarrollen;

31.  Atrae asimismo la atención sobre las restricciones injustificadas o desproporcionadas en determinados Estados miembros en lo que respecta a la forma jurídica de los proveedores de servicios y a su estructura de participación o de gestión, así como por lo que se refiere a las restricciones al ejercicio conjunto de la profesión; subraya que algunas de estas restricciones pueden constituir obstáculos desproporcionados o injustificados a la prestación de servicios transfronterizos; hace hincapié en la necesidad de garantizar una evaluación coherente de la proporcionalidad de los requisitos reglamentarios y de las restricciones aplicables a los servicios;

32.  Hace hincapié en que la obligación de notificación prevista en la Directiva relativa a los servicios podría haber sido eficaz en la reducción o eliminación de las barreras no arancelarias injustificadas, pero ha sido ignorada por los Estados miembros y la Comisión; celebra, por consiguiente, la atención renovada que se presta al procedimiento de notificación en la estrategia del mercado único, dado que a través de la colaboración temprana, se pueden revisar las medidas nacionales con el fin de resolver los problemas antes de que surjan; considera además que deberían pedirse justificaciones más detalladas a los Estados miembros cuando introduzcan nuevas medidas reguladoras; hace hincapié en la experiencia positiva del procedimiento de notificación con los productos y propone que se utilice esto como ejemplo para mejorar el procedimiento aplicable a los servicios;

33.  Recuerda que los servicios públicos gozan de una protección especial frente a las normas del mercado interior debido a las misiones de interés general que desempeñan, de forma que las normas fijadas por las autoridades públicas para su buen funcionamiento no constituyen barreras no arancelarias; recuerda a este respecto que los servicios sociales y sanitarios no están sujetos a la Directiva sobre servicios;

34.  Destaca que los prestadores de servicios de la construcción a menudo se enfrentan a determinados requisitos relativos a su organización en su Estado de origen, en especial por lo que se refiere a los regímenes de certificación que hacen que la prestación de servicios transfronterizos se vuelva excesivamente compleja, desalentando la libre circulación de los servicios y especialistas de la construcción;

35.  Pide a la Comisión que aborde estos obstáculos, sobre todo, cuando sea pertinente, a través de la mejora del reconocimiento mutuo y, en su caso, de medidas legislativas; destaca que las acciones futuras como la propuesta de un pasaporte de servicios no deberían generar cargas administrativas adicionales, sino abordar las barreras no arancelarias;

36.  Pide a la Comisión que aborde las cargas relacionadas con la fracturación del sector bancario en Europa, que dificulta que los no residentes, especialmente las pymes, abran una cuenta bancaria en otro Estado miembro;

37.  Señala que algunas de las normativas de los Estados miembros relativas al acceso y al ejercicio de las profesiones reguladas pueden ser desproporcionadas y podrían por lo tanto crear obstáculos reglamentarios innecesarios que dificulten el acceso al ejercicio de algunas profesiones, así como la movilidad de los prestadores de servicios en profesiones reguladas; reconoce, no obstante, la importancia de garantizar una competencia leal, la calidad de la formación y de apoyar sistemas de cualificación eficientes;

38.  Reitera la opinión de la Comisión de recomendar sistemas educativos duales como ejemplos basados en las mejores prácticas dentro de la Unión Europea;

39.  Acoge con satisfacción el ejercicio de evaluación mutua realizado en los dos últimos años; opina que los procedimientos de revisión inter pares bien diseñados y que fomentan el debate abierto entre los Estados miembros pueden ser un medio eficaz para incitar a los cambios; anima a los Estados miembros y a la Comisión a que amplíen esta práctica, en particular, a otros ámbitos del Reglamento sobre el mercado único;

40.  Pide a la Comisión que aborde las prioridades de reforma de los Estados miembros en el ámbito de los servicios profesionales en el marco del Semestre Europeo y las recomendaciones específicas por país sobre la desregulación de determinadas profesiones en los Estados miembros;

Mercado único minorista

41.  Destaca la revisión inter pares de establecimientos comerciales realizada por la Comisión en 2014-2015, que puso de manifiesto que los minoristas se enfrentan a menudo a condiciones y procedimientos de establecimiento y funcionamiento desproporcionados e inadecuados en el mercado único;

42.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren el proceso de liberación del potencial de un mercado único digital completo y la aplicación de la Agenda Digital de la UE;

43.  Destaca que algunos Estados miembros están introduciendo normas que discriminan la actividad económica en los sectores minorista o mayorista sobre la base del tamaño de la superficie en la que desarrollan dicha actividad, el tamaño de la empresa o la procedencia del capital, lo que entra en contradicción con la idea del mercado único y los principios de la libre competencia y, además, obstaculiza el desarrollo del mercado de trabajo;

44.  Señala que las reglamentaciones que imponen restricciones al ejercicio de las actividades al por menor y al por mayor y que son contrarias a la legislación de la Unión y desproporcionadas pueden crear barreras significativas a la entrada, lo que conduce a un número menor de nuevas aperturas de puntos de venta, obstaculiza la competencia y da lugar a precios de consumo más elevados; subraya, a este respecto, que algunas medidas, incluidos impuestos y tasas de inspección, pueden funcionar como barreras no arancelarias si no están justificados por objetivos de orden público; opina que ninguna de las restricciones operativas impuestas a las actividades al por menor o al por mayor debe restringir de forma indebida o desproporcionada estas actividades, y no debe dar lugar a una discriminación de facto entre los operadores del mercado;

45.  Pide a la Comisión que establezca las mejores prácticas en materia de establecimiento comercial minorista para garantizar la libre circulación de productos y servicios, respetando al mismo tiempo los principios de proporcionalidad y subsidiariedad;

46.  Pide a la Comisión que analice las restricciones operativas al comercio mayorista y minorista en el mercado único, presentando propuestas de reforma cuando sea necesario, y que informe de este análisis en la primavera de 2017;

47.  Subraya que unos servicios de paquetería de alta calidad, accesibles, asequibles y eficientes son un requisito previo esencial para que prospere el comercio electrónico transfronterizo en beneficio de las pymes y de los consumidores en particular;

IV. Conclusiones

48.  Pide a la Comisión que presente en 2016 un panorama completo de las barreras no arancelarias en el mercado único y un análisis de los medios para hacerles frente estableciendo una clara distinción entre una barrera no arancelaria y las normativas destinadas a alcanzar un objetivo legítimo de orden público de un Estado miembro de una manera proporcionada, incluida una propuesta ambiciosa para eliminar estas barreras no arancelarias lo antes posible con el fin de liberar el potencial aún por aprovechar del mercado único;

49.  Pide a la Comisión que inicie un examen oportuno de la acción política y legislativa de la Unión en ámbitos emergentes, con una amplia consulta a las partes interesadas, en particular las pymes y las organizaciones de la sociedad civil;

50.  Pide a la Comisión que, en primer lugar, vele por que los Estados miembros respeten las normas existentes relativas al mercado interior en vez de crear nuevos actos legislativos adicionales sobre cuestiones que regulan las normas vigentes;

51.  Insta a la Comisión a profundizar en sus trabajos sobre la aplicación de la legislación y los principios en que se fundamenta el mercado único; considera que la intervención temprana con respecto a las medidas nacionales o procedimientos de aplicación que constituyen barreras no arancelarias injustificadas pueden ser eficaces y lograr resultados más fácilmente que a través de procedimientos de infracción; subraya, no obstante, que en caso de faltas graves o persistentes o de una aplicación incorrecta del Derecho de la Unión, la Comisión debe utilizar todas las medidas disponibles, incluso dando prioridad a los procedimientos de infracción, para garantizar la plena aplicación de la legislación de la Unión sobre el mercado único;

52.  Lamenta que el acceso del Parlamento a la información pertinente relativa a los procedimientos previos a la infracción y a los procedimientos de infracción siga siendo limitado, y pide una mayor transparencia a este respecto, con el debido respeto de la normas de confidencialidad;

53.  Insta a los Estados miembros a considerar el mercado único como una iniciativa conjunta que exige mantenimiento coordinado y colectivo y es una condición para hacer competitiva la economía de la Unión; opina que quienes sufren en último término las consecuencias de las barreras no arancelarias injustificadas son los consumidores, puesto que se les niega el acceso a nuevos operadores en los mercados nacionales, y se enfrentan a costes más elevados, a una calidad inferior y a una menor oferta; considera que los Estados miembros deben dedicar más tiempo a preocupaciones horizontales relativas al mercado único y a la identificación de ámbitos prioritarios por uno o varios Estados miembros, con el fin de mantener y seguir desarrollando el mercado único;

o
o   o

54.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Consejo Europeo y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO C 93 de 9.3.2016, p. 84.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0580.


Estrategia para el mercado único
PDF 257kWORD 135k
Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre la estrategia para el mercado único (2015/2354(INI))
P8_TA(2016)0237A8-0171/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, titulada «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas» (COM(2015)0550),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, titulado «A Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence» (Una estrategia para el mercado único digital de Europa: análisis y pruebas) (SWD(2015)0202),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, titulado «Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States» (Informe sobre la integración del mercado único y la competitividad de la Unión y sus Estados miembros) (SWD(2015)0203),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de abril de 2011, titulada «Acta del Mercado Único  Doce prioridades para estimular el crecimiento y reforzar la confianza  "Juntos por un nuevo crecimiento"» (COM(2011)0206),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2012, titulada «Acta del Mercado Único II  Juntos por un nuevo crecimiento» (COM(2012)0573),

–  Visto el Informe al Presidente de la Comisión, de 9 de mayo de 2010, elaborado por Mario Monti y titulado «Una nueva estrategia para el mercado único  Al servicio de la economía y la sociedad de Europa»,

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre la gobernanza del mercado único en el marco del Semestre Europeo 2015(2),

–  Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre el Plan de Acción Europeo para el Comercio Minorista en beneficio de todos los agentes(3),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del Mercado Único Digital»(4),

–  Vista su Resolución, de 14 de enero de 2014, sobre el tema «Inspecciones de trabajo eficaces como estrategia para mejorar las condiciones laborales en Europa»(5),

–  Visto el estudio de septiembre de 2014 titulado «The Cost of Non-Europe in the Single Market» (El coste de la no Europa en el mercado único) encargado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,

–  Visto el estudio de septiembre de 2015 titulado «A strategy for completing the Single Market: "the trillion euro bonus"» (Una estrategia para completar el mercado único: el bono de un billón de euros) encargado por la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,

–  Visto el estudio de 20 de noviembre de 2015 titulado «Ex-post evaluation of Late Payment Directive» (Evaluación ex post de la Directiva sobre morosidad) encargado por la Comisión,

–  Visto el estudio de noviembre de 2014 titulado «The EU furniture market situation and a possible furniture products initiative» (La situación del mercado del mueble de la Unión y una posible iniciativa sobre los productos del mueble) encargado por la Comisión,

–  Vista la edición en línea de octubre de 2015 del Cuadro de indicadores del mercado único,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0171/2016),

A.  Considerando que el mercado único ha sido y sigue siendo el eje de la integración de la Unión y un motor de crecimiento sostenible y empleos al facilitar el comercio en la Unión garantizando, al mismo tiempo, una economía social de mercado altamente competitiva sobre la base del artículo 3, apartado 3, del TUE;

B.  Considerando que la profundización del mercado interior europeo sigue siendo una apuesta económica capital, en especial en el contexto del desarrollo de las nuevas tecnologías, que requiere un mercado de tamaño crítico para favorecer la aparición de agentes innovadores y competitivos en la escena mundial;

C.  Considerando que el mercado único ha experimentado numerosos cambios positivos en los últimos años pero que podría lograr mejores resultados en casi todos los ámbitos —estímulo a un mercado digital, impulso a las empresas emergentes, integración de las cadenas de suministro mundiales, mejora de la movilidad y los derechos sociales de los trabajadores, tratamiento de los nuevos modelos de negocio y garantía de la facilitación de mercados, el reconocimiento mutuo, la normalización y la concesión de licencias a los profesionales— si se eliminaran diversos obstáculos físicos, jurídicos y técnicos;

D.  Considerando que, de acuerdo con las investigaciones propias del Parlamento, los beneficios anticipados de la culminación del mercado único se estiman en un billón de euros (que corresponden a un incremento potencial de la eficacia de 615 000 millones EUR al año); que la fragmentación del mercado único es uno de los mayores impedimentos para alcanzar un mayor crecimiento económico estructural;

E.  Considerando que se requiere un enfoque realmente estratégico para una mayor integración del mercado único y que la respuesta a los desafíos presentes debe ser de naturaleza tanto política como técnica, particularmente en el caso de barreras no arancelarias injustificadas dentro del mercado único;

F.  Considerando que la Unión debe esforzarse por construir un auténtico mercado único y gestionarlo como un bien común de todos los ciudadanos, trabajadores, operadores económicos y Estados miembros, y que el mercado único tan solo alcanzará su pleno potencial si recibe el pleno apoyo de todos los Estados miembros colaborando entre ellos;

G.  Considerando que las normas y acciones a escala de la Unión deberían inscribirse en una visión estratégica unitaria y ser, por tanto, coherentes entre sí y carecer de contradicciones; que los Estados miembros deben abstenerse de tomar medidas discriminatorias, tales como la legislación comercial y fiscal que tan solo afecta a ciertos sectores o modelos de negocio y falsea la competencia, lo cual pone trabas a las empresas para establecerse en un determinado Estado miembro, lo que constituye una clara vulneración de los principios del mercado interior;

H.  Considerando que el mercado único no debe observarse de manera aislada de otros ámbitos de políticas horizontales, en particular, el mercado único digital, la salud, la protección social y del consumidor, la legislación laboral y la movilidad de los ciudadanos, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la energía, el transporte y las políticas externas;

I.  Considerando que la culminación del mercado único en el sector de productos y servicios y la eliminación de los obstáculos es una prioridad fundamental que requiere un enfoque acelerado por parte de los Estados miembros y las instituciones de la Unión;

J.  Considerando que los obstáculos en el mercado único conllevan una menor oferta y unos productos y servicios más caros para los consumidores;

K.  Considerando que las empresas de la economía social y solidaria gozan de un escaso nivel de reconocimiento en el ámbito europeo, y que la mayoría de estas empresas no están reconocidas por un marco jurídico a escala europea, sino solo a escala nacional en algunos Estados miembros y con distintas formas jurídicas; que esta ausencia de marco jurídico en la Unión obstaculiza la capacidad de estas empresas para efectuar operaciones transfronterizas dentro del mercado interior;

L.  Considerando que la falsificación representa una amenaza grave en términos de salud y seguridad públicas, y que el valor global del tráfico de mercancías falsificadas ha aumentado de forma notable en los últimos años, lo que agrava el efecto devastador de la falsificación sobre la innovación, el empleo y la imagen de marca de las empresas europeas;

M.  Considerando que la creación de un mercado único de capitales contribuiría a compartir mejor los riesgos entre fronteras y a una mayor liquidez de los mercados;

N.  Considerando que el informe de síntesis de la consulta de la Comisión sobre el bloqueo geográfico revela un gran apoyo de los consumidores a las medidas legislativas contra el bloqueo geográfico;

O.  Considerando que persisten todavía las consecuencias económicas de la crisis financiera y que en varios de los Estados miembros el PIB continúa por debajo del nivel alcanzado en 2008;

P.  Considerando que el mercado único se caracteriza por unas tasas de desempleo persistentemente elevadas; que, desde la crisis financiera, el número de desempleados ha aumentado en más de seis millones, y que, a finales de 2015, más de 22 millones de personas no tenían trabajo en la Unión;

Objetivos políticos

1.  Respalda los objetivos globales de la estrategia para el mercado único de la Comisión para bienes y servicios: «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas», y aprecia sus acciones en ámbitos clave para explotar todo el potencial del mercado único en beneficio de los consumidores, los trabajadores y las empresas, en especial, las emergentes, a fin de aumentar el número de empleos sostenibles de calidad y fomentar el crecimiento y el desarrollo de las pymes; anima a la Comisión a desarrollar políticas transversales concebidas para lograr un mercado único más justo y competitivo en consonancia con el título II del TFUE sobre disposiciones de aplicación general;

2.  Señala que el establecimiento de un mercado interior en el que esté garantizada la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales constituye un objetivo esencial de la Unión;

3.  Se felicita por que la estrategia se proponga complementar los esfuerzos desplegados en otros ámbitos; estima que, al mejorar las iniciativas ya iniciadas, la estrategia tiene un notable potencial para contribuir a garantizar la prosperidad económica, incrementar la creación de empleo sostenible, mejorar el bienestar de los europeos a través de medidas concretas, hacer que la Unión atraiga más inversiones y desarrollar la competitividad a escala mundial de las empresas europeas; destaca, no obstante, la necesidad de evitar incoherencias y solapamientos entre las diferentes iniciativas en la aplicación de esta estrategia; subraya que las propuestas deben estar documentadas y seguir los principios sobre la mejora de la normativa;

4.  Hace hincapié en la necesidad urgente de eliminar los obstáculos injustificados al mercado único con objeto de lograr resultados tangibles y rápidos en términos de competitividad, crecimiento, investigación, innovación, creación de empleo, posibilidades de elección de los consumidores y nuevos modelos de negocio; estima que para alcanzar estos objetivos, debemos esforzarnos por conseguir una mayor armonización de la legislación, cuando sea necesario y conveniente, manteniendo al mismo tiempo el nivel más elevado posible de protección del consumidor, y adoptar las medidas adecuadas para abordar los obstáculos injustificados que imponen los Estados miembros;

5.  Opina que la revisión a medio plazo de la Estrategia Europa 2020 debe fijar metas ambiciosas para conseguir una economía social de mercado altamente competitiva, así como un crecimiento sostenible para el año 2020; destaca que el mercado único debe ocupar una posición central en la consecución de este objetivo;

6.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sean innovadores en la aplicación de la legislación del mercado único; destaca el enorme potencial de sectores intensivos en empleo como el comercio al por menor y la hostelería para la creación de empleo, la integración y la lucha contra el desempleo juvenil;

7.  Considera que el informe Monti de 2010, titulado «A new strategy for the single market» (Una nueva estrategia para el mercado único), debe aplicarse en su totalidad y ser tenido en cuenta al trabajar en la estrategia para el mercado único;

8.  Destaca que la estrategia para el mercado único no puede descuidar el potencial del sector industrial en términos de crecimiento sostenible y creación de empleo de calidad en Europa;

9.  Considera que la demanda interna (y en especial la mejora del poder adquisitivo, la adopción de medidas innovadoras y la inversión en la economía ecológica) es esencial para aprovechar plenamente el potencial del mercado único y promover un crecimiento sostenible;

Un mercado único moderno y más innovador

10.  Acoge con satisfacción que la estrategia se centre en los aspectos orientados a ayudar a las empresas, en particular las pymes, las microempresas y las empresas emergentes, a expandir sus actividades, su crecimiento y su permanencia en el mercado único, facilitando de este modo su capacidad de innovación y creación de empleo; subraya que todas las iniciativas sobre las pymes y las empresas emergentes necesitan acciones inmediatas y deben tratarse con prioridad, pero recuerda que estas iniciativas no deben proporcionar oportunidades a las empresas desleales para eludir las normas, reducir los niveles de protección de trabajadores y consumidores, ni aumentar el riesgo de fraude empresarial, las actividades delictivas y las sociedades pantalla;

11.  Estima que la estrategia para el mercado único puede brindar nuevas oportunidades a las pymes —que constituyen la piedra angular de las economías de la Unión—, a las microempresas y a las empresas emergentes innovadoras; considera que el desarrollo de un entorno empresarial idóneo mejorando los marcos reguladores de las inversiones privadas de capital riesgo para las pymes, facilitando el acceso a la financiación, elaborando una legislación apropiada y aplicando plenamente el principio de «pensar primero a pequeña escala» en todo el mercado único es crucial para impulsar el crecimiento y la creación de empleo;

12.  Opina que la disminución de las cargas administrativas y de los costes de cumplimiento para las empresas, especialmente para las pymes, y la derogación de la legislación innecesaria, al tiempo que se mantienen unos niveles elevados de protección de los consumidores, los trabajadores, la salud y el medio ambiente, son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos de la estrategia;

13.  Opina que es necesario tomar en consideración un conjunto de posibles criterios e indicadores objetivos para una definición común de empresa emergente «innovadora», pyme y empresa de economía social que pueda utilizarse como referencia para la adopción de las medidas al respecto; pide a la Comisión que proponga dichos criterios e indicadores;

14.  Destaca que existe una necesidad de promover las empresas de la economía social en las políticas del mercado interior, teniendo en mente que hay unos 2 millones de empresas de economía social en la Unión, que representan aproximadamente el 10-12 % de las empresas europeas; hace hincapié asimismo en que la economía social está creciendo a un ritmo acelerado, que proporciona productos y servicios de calidad y que crea empleo de gran calidad;

15.  Pide a la Comisión que solicite a la plataforma REFIT que aborde los obstáculos a la innovación y que presente propuestas, además de la propuesta para el establecimiento de un Consejo Europeo de Innovación, sobre la forma de reducirlos o eliminarlos; destaca que este proceso no debe llevar a disminuir el empleo, la protección del consumidor y las normas medioambientales; estima que para asegurar una regulación mejor debe revisarse la legislación existente y, en caso necesario, simplificarse con miras a optimizarla para su propósito, mientras que toda nueva legislación debe estar preparada para el futuro y ser digital por defecto, así como seguir el principio de «pensar primero a pequeña escala»;

16.  Señala que una buena regulación puede beneficiar tanto a las empresas como a los trabajadores y contribuir a la promoción del crecimiento económico y el empleo de calidad en el mercado único; toma nota del programa de la Comisión titulado «Legislar mejor», que prevé en particular una mayor participación de las partes interesadas —por ejemplo, mediante la plataforma REFIT— y evaluaciones de impacto reforzadas; destaca la necesidad de evaluar no solo los efectos a corto plazo, sino también el valor a largo plazo de la legislación y las consecuencias de la falta de legislación; considera que una legislación mejor, más eficaz y simplificada permitirá reducir las cargas administrativas y estimular el crecimiento y la creación de empleo, garantizando al mismo tiempo que se sigan aplicando normas rigurosas de protección de los consumidores, los trabajadores, la salud y el medio ambiente;

17.  Considera que un desarrollo ulterior del mercado único requiere la eliminación de obstáculos al comercio entre los Estados miembros; manifiesta su apoyo a la Declaración Europea de Competitividad de febrero de 2016, en particular, al compromiso de la simplificación normativa y la reducción de carga, para hacer más por reducir la carga general de la normativa de la Unión, especialmente sobre las pymes y las microempresas, y para fijar allá donde sea posible objetivos de reducción de las cargas en sectores específicos; recomienda que el trabajo con miras a establecer estos objetivos de reducción de las cargas empiece inmediatamente;

18.  Considera que, para asegurar los objetivos del mercado único y generar crecimiento y empleo, la Unión debe aumentar la competitividad, de acuerdo con las orientaciones definidas en la declaración del Consejo Europeo sobre competitividad;

19.  Acoge con satisfacción la determinación de la Comisión para encarar la falta de coordinación fiscal en la Unión y, en particular, las dificultades a que se enfrentan las pymes como resultado de la complejidad de las diferentes normativas nacionales en materia de IVA; extiende su pleno apoyo a la Comisión en lo que respecta a la reforma del IVA; pide a la Comisión que considere cómo se pueden modificar las nuevas normas relativas al lugar de suministro para el IVA de servicios digitales a fin de ajustarse a las necesidades específicas de las pequeñas empresas y las microempresas; pide a la Comisión que evalúe la viabilidad de una mayor coordinación y, en particular, la posibilidad de que exista un enfoque simplificado del IVA (para la misma categoría de productos) en el sector del comercio electrónico;

20.  Apoya los esfuerzos que hace la Comisión por garantizar justicia fiscal en la Unión y por combatir la planificación fiscal agresiva y las prácticas de elusión fiscal; pide a la Comisión que centre su atención en trabajar en la obligación de elaborar informes nacionales para los grupos transfronterizos;

21.  Llama la atención sobre las dificultades que afrontan las empresas, en especial las pymes y las empresas emergentes, a la hora de obtener financiación; resalta que diferencias en factores externos, como la facilidad de acceso al crédito, los regímenes de imposición fiscal y las normas que rigen el trabajo, conducen a que algunas pymes se encuentren en desventaja con respecto a otras; pide a la Comisión que, al tiempo que mantiene el valioso apoyo proporcionado a dichas empresas a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) y programas como Horizonte 2020, COSME y los Fondos EIE, explore otras formas de facilitarles aún más el acceso a estos y a otros programas e instrumentos, en particular a las microempresas, por ejemplo mediante la reducción a seis meses de los plazos de las convocatorias de presentación de solicitudes, una mayor simplificación de los procedimientos pertinentes y una mayor visibilidad de la financiación europea; celebra la intención de la Comisión de utilizar los fondos del programa COSME para financiar campañas de información dirigidas a jóvenes pymes innovadoras; pide que en dichas campañas participen todas las autoridades regionales y locales responsables del acompañamiento de las empresas, en particular de las integradas en la Red Europea de Empresas; considera que la simplificación es el instrumento clave en el acceso a la financiación de las pymes y las empresas emergentes; pide a la Comisión que garantice que se pueda llevar a cabo sin problemas la microfinanciación colectiva a través de las fronteras;

22.  Pide a la Comisión que considere el reforzamiento de la red de representantes de las pymes a través de una serie de acciones –evitando un aumento de la burocracia– para mejorar el conocimiento de esta herramienta y su visibilidad entre las pymes, que fortalezca los intercambios entre cada representante de las pymes nacional y los representantes de las pymes correspondientes, y que informe al Parlamento de las actividades de la red una vez al año;

23.  Destaca que, a pesar de que el Parlamento Europeo aprobó la Directiva por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales en febrero de 2011, cada año miles de pymes y empresas emergentes en Europa se declaran en bancarrota mientras esperan que se les abonen sus facturas, también por parte de las administraciones públicas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para facilitar la aplicación y el cumplimiento de la Directiva sobre morosidad; solicita, además, a los Estados miembros que evalúen, en el caso de una aplicación poco satisfactoria de la Directiva sobre morosidad, maneras de compensar adecuadamente a las empresas que no perciban los importes que les adeuden las administraciones públicas, para que no se vean abocadas a la quiebra por esa causa;

24.  Estima que la iniciativa legislativa sobre la insolvencia empresarial, que incluirá la reestructuración temprana y las segundas oportunidades, garantizará que los Estados miembros proporcionen un entorno normativo que acepte que a veces se fracasa y que pueda fomentar la innovación, pero recuerda que los costes y las consecuencias de la quiebra de las empresas no solo afectan al propietario y a los accionistas de la empresa, sino también a sus acreedores y empleados, así como a los contribuyentes; pide a la Comisión que garantice que esta iniciativa alineará los procedimientos de insolvencia en toda la Unión y que reducirá la duración y los costes de los procedimientos;

25.  Lamenta que la Comisión no destacara de manera suficiente el papel específico de la producción tradicional por oficios artesanales y pymes como una importante contribución tanto a la competitividad como a la estabilidad económica de Europa; anima a la Comisión a que explote el pleno potencial de la digitalización y la innovación de la industria manufacturera, en particular, para los microproductores y los pequeños productores y empresas emergentes, así como para las regiones menos industrializadas con miras a ayudar a reducir las disparidades regionales y revitalizar las economías locales; considera que debe proponerse una política de pymes y oficios artesanales como una de las prioridades máximas de todas las instituciones europeas y de los Estados miembros durante los próximos años;

26.  Acoge con satisfacción el portal digital único de la Comisión, que debe basarse en los puntos de contacto único creados en virtud de la Directiva de servicios y conectarlos con otras redes similares del mercado único; pide a la Comisión que analice todas las formas de optimizar el uso del portal digital único con el fin de ayudar a las empresas emergentes europeas en su expansión por Europa y su internacionalización proporcionando información precisa y clara en diferentes idiomas sobre todos los procedimientos y formalidades necesarios para hacer operaciones a escala nacional o en otro país de la Unión; insta a la Comisión a que cree un único punto de acceso para las empresas y los consumidores a todas la información, la asistencia y la resolución de problemas relacionadas con el mercado único y a los procedimientos a escala nacional y de la Unión necesarios para hacer operaciones transfronterizas en la Unión; insta a la Comisión a que vele por que se apliquen rápidamente;

27.  Destaca que las empresas, especialmente las pymes, o bien no son conscientes de las normas aplicables en otros Estados miembros o tienen dificultades a la hora de encontrar y entender la información sobre las reglas y los procedimientos aplicables a sus negocios; pide a la Comisión que conecte los diferentes portales, puntos de acceso y páginas web informativas en un único portal que proporcione a las pymes y empresas emergentes información fácil de consultar, de modo que puedan tomar decisiones bien informadas y ahorrar tiempo y costes;

28.  Pide a la Comisión que desarrolle los puntos de contacto único a partir de un portal sobre regulación en un sistema de portales de negocios en línea propiamente dicho que promueva el intercambio regular de información entre los representantes de las empresas y que ayude a las empresas nacionales y a los ciudadanos a competir en otros Estados miembros;

29.  Recuerda la importancia de fortalecer y agilizar las herramientas del mercado único para pymes a fin de simplificar su expansión transfronteriza; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que concedan mayor importancia a la simplificación y agilización de los puntos de contacto de productos y los puntos de contacto únicos;

30.  Recuerda que es imperativo garantizar a los consumidores un nivel equivalente de protección en línea y fuera de línea; insiste en la necesidad de que todos los operadores económicos en línea y fuera de línea del mercado único adopten todas las medidas razonables y adecuadas para luchar contra la falsificación, a fin de garantizar la protección de los consumidores y la seguridad de los productos;

31.  Destaca que la economía colaborativa está creciendo con rapidez al tiempo que está cambiando el modo en que se prestan y consumen muchos servicios y bienes, puede llevar a la innovación y tiene el potencial de aportar beneficios y oportunidades adicionales para las empresas y los consumidores del mercado único; destaca los beneficios y retos económicos, sociales y medioambientales que se derivan de la economía colaborativa; pide a la Comisión que coordine los esfuerzos de los Estados miembros a la hora de encontrar soluciones legislativas a corto o largo plazo con vistas a la economía colaborativa; pide a la Comisión y a los Estados miembros que presenten propuestas para prevenir los abusos en los ámbitos del empleo y la fiscalidad en la economía colaborativa;

32.  Acoge con satisfacción la iniciativa anunciada por la Comisión sobre economía colaborativa, y su intención de analizar las empresas establecidas en este ámbito y clarificar, mediante orientaciones, la interacción entre las disposiciones de la legislación vigente de la Unión para la aplicación y el funcionamiento de los modelos empresariales de la economía colaborativa; considera que una intervención normativa en este ámbito debe caracterizarse por una flexibilidad tal que permita su adaptación y aplicación inmediata en un sector en rápida evolución, que requiere adaptaciones rápidas y eficaces; destaca que las normas vigentes en materia de protección de los consumidores también deben aplicarse en la economía digital; pide a la Comisión que garantice las mejores condiciones posibles para que la economía colaborativa se desarrolle y prospere;

33.  Destaca que las nuevas características de seguridad que proporciona la economía colaborativa, tales como la seguridad de los pagos, la geolocalización y seguros, capacitan a los consumidores y, por tanto, exigen una evaluación de dónde podrían ser más eficaces las soluciones a posteriori que las regulaciones a priori; pide a la Comisión que continúe promoviendo la cooperación entre el sector público y el privado con el fin de abordar los obstáculos que existen en la economía colaborativa, en particular en cuanto al mayor uso de la identidad digital para fomentar la confianza de los consumidores en las transacciones en línea, en el desarrollo de soluciones digitales para el pago de impuestos, para proporcionar regímenes de seguros transfronterizos y para la modernización de la legislación laboral;

34.  Estima que, en la economía colaborativa, debe fomentarse el desarrollo de nuevos modelos de negocio, servicios innovadores y el uso temporal de recursos pero debe basarse, cuando sea posible, en normas similares para servicios similares, con vistas a salvaguardar la alta calidad de los servicios, independientemente de cómo se organice el acceso a los mismos y su suministro, así como a garantizar unas condiciones equitativas y la seguridad de los consumidores, a la vez que se evita una fragmentación que dificultaría el desarrollo de nuevos modelos de negocio; considera que, ante la economía colaborativa, tan solo puede adoptarse un enfoque de un mercado único, dado que la fragmentación del mercado único por medio de normas locales o nacionales impide que las empresas europeas de la economía colaborativa asciendan a escala europea;

35.  Llama la atención sobre la destacada función de las normas técnicas de la Unión en la innovación, la competitividad y el progreso del mercado único; señala que es necesario desarrollar más, y dentro de plazo, unas normas de la Unión exigentes en materia de calidad, interoperabilidad y seguridad al servicio de la política industrial de la Unión, y promoverlas asimismo a escala internacional; pide a la Comisión que apoye y refuerce las normas de la Unión, tal como se prevé en el Reglamento (UE) n.º 1025/2012, y que logre un marco de normalización más eficiente y adecuado a los objetivos, también mediante el aprovechamiento de las oportunidades que brindan las negociaciones comerciales internacionales; destaca que las normas no deben estar orientadas al mercado y ser abiertas, inclusivas y competitivas a fin de que sean de fácil aplicación por parte de las pymes y se conjure el riesgo de cadenas de valor cerradas, a la vez que se evitan atrasos en su publicación;

36.  Destaca el importante papel que desempeña el sistema de normalización en la libre circulación de productos y, cada vez más, de servicios; observa que la utilización voluntaria de normas ha contribuido con entre el 0,3 % y el 1 % del PIB de Europa, y beneficia positivamente a la productividad laboral;

37.  Recuerda que la amplia mayoría de normas se desarrollan en respuesta a una necesidad detectada por la industria, siguiendo un enfoque ascendente a fin de garantizar la relevancia comercial de las normas; apoya el compromiso de la estrategia para el mercado único destinada a garantizar que Europa siga al frente del desarrollo de normas a escala mundial; fomenta la normalización compatible con un enfoque internacional bien mediante el desarrollo de normas internacionales globales o bien mediante el reconocimiento de las normas internacionales equivalentes cuando sea apropiado; observa la intención de establecer un marco y prioridades para las actividades de normalización bajo una iniciativa conjunta de normalización; pide a la Comisión que garantice que la iniciativa conjunta se rige por una necesidad de enfoque ascendente, determinada por la industria, y que de este modo establezca prioridades y produzca solo las normas que respondan a necesidades detectadas y demuestren relevancia comercial, y que no conlleve la introducción de normas innecesarias ni de requisitos incoherentes con otras normas relacionadas;

38.  Observa que la propuesta de iniciativa conjunta de normalización europea se construirá sobre la revisión independiente del sistema europeo de normalización, y respalda su objetivo de que la comunidad de normalización europea desarrolle actividades que mejoren el sistema en su conjunto, incluidas las recomendaciones sobre la inclusión y el apoyo a la competitividad de las empresas europeas;

39.  Pide a la Comisión que colabore con las organizaciones europeas de normalización y las apoye, así como a sus homólogas nacionales, en sus esfuerzos para mejorar la participación de las pymes, tanto en el proceso de establecimiento de normas como en la incorporación de las mismas; anima asimismo a la Comisión a que colabore estrechamente con las organizaciones europeas y nacionales de normalización y otros organismos para mejorar la transparencia del proceso de normalización en la aplicación de los compromisos incluidos en el programa de trabajo para la normalización europea para 2016 y el reglamento subyacente;

40.  Considera que las iniciativas conjuntas deben centrarse en conseguir mejores prácticas de trabajo, en particular mediante la implantación de procesos que revisen la composición de los comités técnicos y medidas que promuevan la apertura e inclusión que permitirán que una amplia gama de partes interesadas participen en los debates de los comités técnicos;

41.  Considera que un mecanismo de recurso más transparente y accesible contribuiría a la confianza y mejoraría los procesos de establecimiento de normas; considera que cuando la Comisión solicite una norma a raíz de la adopción de legislación de la Unión, la comisión pertinente del Parlamento Europeo debe ser capaz de desempeñar un papel en el examen público y en el debate como parte de ese proceso, antes de una decisión para la objeción formal cuando proceda; hace hincapié en que, cuando se determinan los mandatos de normalización a los organismos responsables, se deben incluir los principios de proporcionalidad y un enfoque basado en el riesgo;

42.  Considera que el cada vez mayor conocimiento público de las normas propuestas en forma de proyecto antes de su aprobación final puede aumentar la rendición de cuentas y la transparencia, y brindar un proceso más sólido, en consonancia con las mejores prácticas de la comunidad europea de normalización;

43.  Invita a la Comisión a que informe al Parlamento, a más tardar a finales de 2016, sobre la aplicación de la iniciativa conjunta para la normalización europea, y sobre los progresos conseguidos en cooperación con la comunidad europea de normalización en cuanto a las recomendaciones incluidas en el programa de trabajo anual para 2016 de la Unión;

44.  Pide a la Comisión, como responsable de la competencia en el mercado interior de la Unión, que, en cooperación con las autoridades nacionales de supervisión, vele por la igualdad de condiciones entre los competidores que ofrecen sus productos en el mercado;

45.  Se felicita de las recientes iniciativas para permitir una contratación más eficaz y transparente mediante un mejor uso de los datos de contratación y una mayor evaluación voluntaria de la contratación en ciertos proyectos de infraestructuras de gran escala; pide a los Estados miembros que cooperen con la Comisión para aplicar estas iniciativas;

46.  Espera que la Comisión continúe el proceso de reforma del sistema de contratación pública, emprendido con las directivas de 2014, orientándose a una demanda cada vez más cualificada en el sector de la contratación, con el fin de premiar la innovación tecnológica y la eficiencia energética;

47.  Observa que el nuevo régimen de contratación pública de 2014 es menos complicado, incluye normas más flexibles para servir mejor a otras políticas públicas además de a Estados miembros y empresas especialistas locales; señala que siguen existiendo carencias importantes en la contratación pública de los diferentes Estados miembros que limitan la expansión transfronteriza y el crecimiento en los mercados nacionales;

48.  Acoge con satisfacción, como principio, las iniciativas anunciadas por la Comisión en favor de aumentar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en el ámbito de la contratación pública; destaca, no obstante, que la ejecución y la aplicación de las nuevas directivas de la Unión deberán tener prioridad sobre la introducción de nuevos instrumentos como el registro de contratos; subraya en este sentido que posibles herramientas para el análisis de datos no deben originar obligaciones nuevas o adicionales de presentación de informes; señala que un mecanismo de evaluación ex ante para grandes proyectos de infraestructura deberá ser de carácter puramente voluntario;

49.  Subraya la necesidad de un sistema de contratación pública totalmente electrónico; pone de relieve la necesidad de una aplicación rápida y exhaustiva de la Directiva sobre contratación pública en su totalidad; subraya la necesidad de extender el uso de la contratación electrónica con miras a abrir los mercados a las pymes;

50.  Subraya la importancia de la patente unitaria; respalda la intención de la Comisión de eliminar las incertidumbres sobre cómo la patente unitaria coexistirá con los certificados complementarios y nacionales de protección, así como la posible creación de un certificado complementario de protección unitario sin olvidar la salud pública ni los intereses de los pacientes;

51.  Insta a la Comisión a que introduzca y aplique antes de 2019 una exención de fabricación al certificado complementario de protección para impulsar la competitividad de la industria europea de genéricos y biosimilares en un contexto mundial, además de mantener y crear empleos adicionales y crecimiento en la Unión, sin perjudicar la exclusividad de mercado concedida bajo el régimen del certificado complementario de protección en mercados protegidos; considera que esas disposiciones podrían tener una repercusión positiva en el acceso a medicamentos de gran calidad en países en desarrollo y en los menos desarrollados, que puede evitar la subcontratación de la producción;

52.  Solicita medidas con el fin de facilitar el acceso al sistema de patentes en Europa a todas las microempresas, pymes y empresas emergentes que deseen utilizar la patente europea con efecto unitario a la hora de innovar sus productos y procesos, también mediante una reducción específica de los cánones de solicitud o renovación y ofreciendo facilidades en materia de traducción; destaca la importancia tanto de las patentes esenciales como de las soluciones innovadoras de concesión de licencias abiertas que, en ocasiones, son más adecuadas para el apoyo a la innovación; resalta la importancia de los acuerdos de concesión de patentes, dentro de los límites de la legislación de la Unión en materia de competencia, basados en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias a fin de preservar los incentivos para la I+D y la normalización, fomentar la innovación y garantizar condiciones equitativas de concesión de licencias;

53.  Pide a la Comisión que presente sin dilación una propuesta legislativa sobre el establecimiento de un sistema único europeo para proteger las indicaciones geográficas de los productos no agrícolas en la Unión, conforme a lo ya solicitado por el Parlamento, con objeto de que este sistema único ponga fin a una situación inadecuada y altamente fragmentada en Europa, y traiga consigo numerosos y variados efectos positivos para los ciudadanos, los consumidores y los productores y para todo el tejido empresarial y social europeo; destaca que con ese instrumento se pondría explícitamente de manifiesto el valor añadido de muchas producciones locales, lo que generaría beneficios evidentes para los productores y las regiones interesadas, y supondría también una ganancia en términos de concienciación del consumidor;

54.  Observa que en la mayoría de los Estados miembros de la Unión no se aprovecha todo el potencial que brindan las asociaciones público-privadas (APP); pide que se armonicen las normas marco relativas a las APP de los Estados miembros, que se difundan las mejores prácticas y que se promueva esta fórmula;

55.  Pide a los Estados miembros que creen estructuras apropiadas para aconsejar y asistir a los trabajadores transfronterizos en lo que se refiere a las consecuencias económicas y sociales de trabajar en otro Estado miembro;

56.  Señala que la profundización del mercado único y del mercado único digital puede brindar nuevas oportunidades y plantear nuevos retos, y que suscitará asimismo una serie de cuestiones en materia de competencias profesionales, nuevas formas de empleo, estructuras financieras y protección social, así como en materia de salud y seguridad en el trabajo, cuestiones todas ellas que deberán abordarse con el fin de que reporten beneficios a los trabajadores, las empresas y los consumidores;

57.  Lamenta que la estrategia no dedique una atención especial a la inadecuación de las competencias, que continúan siendo una barrera al crecimiento en el mercado único; constata con preocupación que entre el 40 % y el 47 % de la población de la Unión está insuficientemente capacitada en el ámbito digital y que la demanda de trabajadores con capacidades digitales está creciendo a un ritmo de un 4 % anual, mientras que el gasto público en educación ha sufrido una caída del 3,2 % desde 2010, lo cual representa una amenaza para la posición competitiva de la Unión a medio plazo y para la empleabilidad de su mano de obra; alienta a los Estados miembros a invertir en educación y competencias digitales;

58.  Señala que el paquete de movilidad laboral aspira a contribuir a un mercado único más profundo y justo; subraya, sin embargo, la importancia de asegurar que las medidas contenidas en dicho paquete sean proporcionadas y tengan en cuenta las consecuencias de un elevado volumen de movilidad a regiones específicas;

59.  Destaca el apoyo de la Comisión a los sistemas de educación dual, que, además de facilitar el desarrollo personal, pueden contribuir a adaptar en mayor medida las competencias y cualificaciones de los trabajadores europeos a las necesidades reales del mercado laboral; subraya la importancia de velar por que la estrategia no acarree perjuicio alguno a los sistemas de educación dual, garantizando al mismo tiempo la calidad del aprendizaje y, en particular, la protección del empleo; destaca el papel clave de los interlocutores sociales en el desarrollo de sistemas de educación dual; considera que, si bien un sistema de educación dual utilizado en un determinado Estado miembro no puede trasladarse sin más a otro Estado miembro, debería existir una perspectiva europea sobre la fuerte correlación existente entre la formación dual y el empleo juvenil;

60.  Apoya las medidas destinadas a colmar las lagunas existentes en la legislación de la Unión contra la discriminación en el trabajo, especialmente en lo que se refiere a las personas con discapacidad; apoya, asimismo, la aplicación sin demora de la Directiva 2000/78/CE del Consejo sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

61.  Acoge con satisfacción la implantación de una plataforma de lucha contra el trabajo no declarado e insta a los Estados miembros y a los interlocutores sociales, en particular, a que se comprometan plenamente con ella con el fin de luchar eficazmente contra el trabajo no declarado y el falso trabajo autónomo;

62.  Reitera que, con el fin de aprovechar las oportunidades derivadas de la digitalización de los puestos de trabajo, es necesario introducir modelos seguros para una jornada laboral flexible, con unas condiciones de trabajo estables y protección social, facilitando los modelos de «trabajo inteligente» que mejoren la productividad laboral y el equilibrio entre la vida privada y la vida laboral; subraya, en este mismo contexto, la importancia que reviste la transición hacia la infraestructura digital en las zonas rurales, con el fin de aprovechar las numerosas oportunidades que ofrece la agenda digital como, por ejemplo, el teletrabajo;

63.  Destaca la importancia de unos interlocutores sociales fuertes e independientes y de un diálogo social efectivo; subraya la necesidad de implicar a los interlocutores sociales, cuando proceda, en los debates sobre posibles reformas nacionales de las profesiones reguladas;

64.  Subraya la importancia de mantener un diálogo social sobre las oportunidades y los cambios que aportaría el mercado único en el ámbito del empleo;

Un mercado único más profundo

65.  Pide a la Comisión que profundice su trabajo de ejecución; señala que son muchas las medidas ya adoptadas y pendientes de ser ejecutadas de forma adecuada, lo que socava la igualdad de condiciones en el mercado único; indica además que, según los datos proporcionados por la Comisión a mediados de 2015, en el ámbito del mercado único seguían pendientes en torno a 1 090 procedimientos de infracción; pide a la Comisión que, con vistas a mejorar la transposición, aplicación y ejecución de la legislación del mercado único, vele por que se dé prioridad a la coordinación, la cooperación y la ejecución administrativa de las medidas a todos los niveles (de la Unión y entre Estados miembros y autoridades nacionales, locales y regionales), y que lleve a cabo para ello acciones de ejecución más selectivas, basadas en criterios objetivos y transparentes, garantizando que se aborden los casos de trabas injustificadas o desproporcionadas más significativos en términos económicos; considera que, en relación con las medidas nacionales o su aplicación, una intervención temprana puede ser más eficaz y permitir alcanzar mejores resultados que el recurso a un procedimiento de infracción; destaca, no obstante, que si los procedimientos de intervención temprana no dan resultado, la Comisión debe recurrir a todas las medidas disponibles, incluidos los procedimientos de infracción, para garantizar la plena aplicación de la legislación del mercado único;

66.  Acoge con satisfacción la intención de la estrategia de crear una cultura de cumplimiento y una tolerancia cero permanente frente a las infracciones de la normativa del mercado único; pide a la Comisión y a los Estados miembros que estudien si los poderes de la Comisión en el marco del procedimiento de infracción no deben armonizarse con los que tiene en el marco de la política de competencia;

67.  Pide a la Comisión que incremente su apoyo a los Estados miembros en lo que se refiere a la creación de una sólida cultura de cumplimiento y ejecución, también mediante la promoción y ampliación del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), la elaboración de planes de puesta en marcha de la nueva legislación relevante, la organización de diálogos con los Estados miembros en materia de cumplimiento, la formación de los funcionarios públicos encargados de la ejecución y el fomento de una coordinación más eficaz entre los reguladores nacionales; pide a los Estados miembros que se comprometan plenamente a implementar y ejecutar la legislación de la Unión y a aplicar el principio de reconocimiento mutuo; destaca que resulta esencial legislar mejor y ejecutar las normas de forma adecuada, dada la fragmentación del mercado único, que restringe la actividad económica y la oferta para los consumidores, y considera que esos dos principios deben aplicarse a todos los sectores empresariales y a la legislación presente y futura;

68.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen las restricciones innecesarias dentro del mercado único que no se justifiquen por razones imperiosas de interés general, que, en caso necesario, propongan ideas sobre cómo superar estos desafíos y que presenten informes al respecto en 2017;

69.  Pide a los Estados miembros que transpongan las normas del mercado interior de forma lógica y coherente y que apliquen plena y correctamente las normas y la legislación del mercado interior; hace hincapié en que los requisitos para pruebas y registros adicionales, el no reconocimiento de certificados y normas, las limitaciones territoriales de suministro y otras medidas similares generan costes adicionales para los consumidores y los minoristas, lo que priva a los ciudadanos europeos de poder aprovechar plenamente las ventajas del mercado único; pide asimismo a la Comisión que, en aras de una mejor gobernanza, adopte una política adecuada para con los Estados miembros que no apliquen debidamente las normas del mercado interior, recurriendo, cuando sea necesario, a procedimientos de infracción y agilizando estos procedimientos por la vía de urgencia;

70.  Observa que se necesita urgentemente una aplicación coherente y uniforme y una ejecución adecuada de las normas de la Unión, combinadas con un seguimiento y una evaluación regulares según indicadores cualitativos y cuantitativos, estudios comparativos e intercambios de buenas prácticas, para conseguir una aplicación más homogénea de la legislación del mercado único vigente; recuerda, por lo tanto, la necesidad de transponer y aplicar cabal y exhaustivamente las normas europeas relativas al funcionamiento del mercado único en todos los Estados miembros;

71.  Pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos para detectar, en una fase muy temprana, posibles infracciones de la legislación de la Unión por parte de los Estados miembros, y que adopte una postura firme contra cualquier medida legislativa, ya adoptada o pendiente de serlo en los Parlamentos nacionales, que pueda agravar la fragmentación del mercado único;

72.  Subraya que el compromiso y la voluntad de los Estados miembros para implementar y aplicar debidamente la legislación de la Unión es esencial para lograr que el mercado único tenga éxito; hace un llamamiento a los Estados miembros para que supriman las barreras injustificadas y desproporcionadas al mercado único, y para que se abstengan de adoptar medidas discriminatorias y proteccionistas con el objetivo de impulsar el empleo, el crecimiento y la competitividad;

73.  Observa que los Estados miembros desempeñan un papel crucial en la buena gobernanza y el correcto funcionamiento del mercado único, y que es necesario, por lo tanto, que ejerciten conjuntamente una propiedad y gestión proactivas del mercado único y generen un nuevo impulso político mediante informes consolidados sobre el estado de salud del mercado único, debates regulares y temáticos en el Consejo de Competitividad, reuniones específicas anuales del Consejo Europeo y la inclusión del mercado único como un pilar de la gobernanza en el Semestre Europeo;

74.  Reitera que la Unión podría crear su propio conjunto de indicadores independientes con base científica acerca del grado de integración del mercado único, que se publicaría como parte del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, y preconiza la adopción de un documento estratégico de los presidentes de determinados organismos de la Unión —el «Informe de los cinco presidentes»— para trazar el camino hacia un verdadero mercado único;

75.  Destaca que la comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento debe fortalecer sus lazos con los Parlamentos nacionales con el fin de coordinar y abordar cuestiones relacionadas con la transposición y aplicación de las normas del mercado único;

76.  Hace hincapié en la necesidad de reforzar la red Solvit, en particular ampliando la interacción entre Solvit, CHAP, EU Pilot y la Red Europea para las Empresas a fin de racionalizar el marco general de los procedimientos de reclamación de la Unión y de concienciar a los ciudadanos y a las pymes sobre la existencia de dicha red y su función a la hora de resolver problemas de interpretación acerca del mercado único; considera que, cuando la Comisión examine cómo se pueden determinar las medidas de ejecución prioritarias, deben tenerse en cuenta los datos sobre las cuestiones suscitadas a través de la red Solvit; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos por ayudar a los Estados miembros a resolver los casos más problemáticos; pide a los Estados miembros que doten a sus centros nacionales Solvit de recursos apropiados y los posicionen debidamente de manera que puedan cumplir su labor;

77.  Hace hincapié en que la transparencia de las normas nacionales es un instrumento vital para propiciar el comercio transfronterizo dentro del mercado único, y en que ayuda a identificar los obstáculos no arancelarios; anima a los Estados miembros a que, en aras de la potenciación de los intercambios comerciales, tornen más fácilmente accesibles sus normas, publicándolas en línea y en más de un idioma, lo que redundará en beneficio de todos;

78.  Señala la importancia de promover la movilidad a través de la formación, la capacitación de aprendices, las cualificaciones y la empleabilidad por medio de programas como Erasmus+ y EURES, que ofrecen a millones de trabajadores de la Unión la oportunidad de adquirir una experiencia útil;

79.  Lamenta que muchos Estados miembros no apliquen debidamente el principio de reconocimiento mutuo; espera, en este sentido, que la propuesta de la Comisión sirva para consolidar el mercado único de los bienes, al reforzar el reconocimiento mutuo mediante acciones llamadas a sensibilizar en mayor medida sobre este principio, y para garantizar una mejor aplicación y ejecución del mismo mediante la revisión del Reglamento relativo al reconocimiento mutuo, con vistas a mejorar los instrumentos de resolución de disputas relativas a la inadecuada puesta en marcha o aplicación del principio de reconocimiento mutuo, entre otros aspectos; hace hincapié en que, si las autoridades competentes aplicaran debidamente el principio de reconocimiento mutuo en toda la Unión, las empresas podrían centrarse exclusivamente en hacer negocios e impulsar el crecimiento de la Unión en vez de en esforzarse por superar las diversas barreras impuestas por los Estados miembros al no respetar el reconocimiento mutuo;

80.  Considera asimismo que la Comisión debería ser más proactiva a la hora de identificar los sectores que presentan un elevado potencial de comercio transfronterizo y digitalización y en los que podría aplicarse el principio de reconocimiento mutuo;

81.  Pide a la Comisión que aclare cómo funcionarían las herramientas de información de mercado propuestas y cuál sería su fundamento jurídico;

82.  Reitera su llamamiento en favor de una adopción rápida por parte del Consejo del paquete de medidas sobre la seguridad de los productos y la vigilancia del mercado, y pide a la Comisión que asuma plenamente su papel de facilitadora para encontrar una solución a este respecto; destaca la importancia de ofrecer una información adecuada sobre los productos destinados a la venta minorista, en particular la indicación del país de origen, que es crucial para proteger a los consumidores y extremar la lucha contra la falsificación;

83.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que endurezcan las sanciones aplicables en materia de falsificación y garanticen la plena aplicación de la legislación de la Unión en este ámbito;

84.  Subraya que las diferencias normativas entre los Estados miembros en lo que se refiere a los requisitos en materia de etiquetado o de calidad crean obstáculos innecesarios a las actividades de los proveedores de bienes y a la protección del consumidor; destaca el valor añadido del etiquetado ecológico; pide a la Comisión que evalúe qué etiquetas son esenciales y cuáles no para garantizar la información del consumidor y que considere la posible introducción de un régimen obligatorio para el suministro de información clave sobre los productos artesanales e industriales, tal y como se ha planteado, por ejemplo, en el sector del mueble a escala de la Unión, con objeto de proporcionar a los consumidores información clave y garantizar una igualdad en la calidad de los productos en los diferentes Estados miembros; estima que dicha iniciativa redundaría en beneficio de los consumidores, la industria y los operadores comerciales, y garantizaría la transparencia, un reconocimiento adecuado de los productos europeos y unas normas armonizadas para los operadores en el mercado único;

85.  Destaca que, respecto al mercado único de servicios, existe una necesidad clara de optimizar la prestación transfronteriza de servicios, llevando cuidado no obstante en no fomentar fenómenos de dumping social; insta a los Estados miembros a garantizar una aplicación adecuada y más eficaz de la Directiva de servicios, evitando al mismo tiempo caer en una sobrerregulación; se felicita por la propuesta de la Comisión destinada a mejorar la notificación en el marco de la Directiva de servicios, ya que el procedimiento actual adolece de ineficacia y falta de transparencia; considera que la notificación debería producirse en una fase más temprana del proceso legislativo para que las partes interesadas y los Estados miembros puedan trasladar sus opiniones con la debida antelación, y para reducir las demoras en la adopción de la nueva legislación; se muestra de acuerdo con la ampliación del procedimiento de notificación contemplado en la Directiva (UE) 2015/1535 a todos los sectores no abarcados por esta; rechaza cualquier propuesta consistente en ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva de servicios; pide a la Comisión que examine las cargas derivadas de la fragmentación del sector bancario europeo, que ocasiona dificultades a los no residentes, especialmente a las pymes, a la hora de abrir una cuenta bancaria en otro Estado miembro;

86.  Pide a la Comisión que vele por simplificar y unificar el procedimiento relativo a la prestación transfronteriza de servicios, con el fin de integrar mejor a las pymes en el mercado único;

87.  Señala que el artículo 16, apartado 1, de la Directiva de servicios y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia establecen claramente cuáles son los requisitos inherentes a una regulación proporcionada; recuerda que el hecho de que las normas de un Estado miembro sean menos estrictas que las de otro no significa que la normativa de este último sea desproporcionada y, por consiguiente, incompatible con el Derecho de la Unión Europea; reitera que las disposiciones que dificultan o impiden los servicios transfronterizos o los hacen poco ventajosos solo son compatibles con los requisitos del mercado único cuando obedecen a razones imperiosas de interés general, son realmente idóneas para este fin y no menoscaban la libre prestación de servicios más de lo necesario para proteger el interés común perseguido;

88.  Subraya la necesidad de garantizar una evaluación coherente de la proporcionalidad de los requisitos normativos y de las restricciones aplicables a los servicios; toma nota de la propuesta de la Comisión de introducir un pasaporte de servicios para facilitar, en sectores económicos clave como los servicios empresariales, el desarrollo y la movilidad de empresas en el mercado único; considera que esta iniciativa debería aspirar a simplificar los procedimientos administrativos para los proveedores de servicios que quieran operar en zonas transfronterizas y para las autoridades, y a abordar las trabas de índole normativa que son las que desincentivan a las empresas a entrar en el mercado de otro Estado miembro; pide que el posible pasaporte de servicios se enmarque en la serie de herramientas horizontales destinadas a apoyar la legislación relativa al mercado único, como el IMI o los puntos de contacto únicos que la Directiva de servicios había previsto como interfaz burocrática única para realizar todos los procedimientos administrativos vinculados a las operaciones transfronterizas de servicios; destaca que la introducción de un pasaporte de servicios no debe mitigar ni derogar la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia sobre las razones imperiosas de interés general en las que puede sustentarse una normativa restrictiva de la circulación transfronteriza de servicios; subraya, no obstante, que el pasaporte de servicios podría ser superfluo si la Directiva de servicios se aplicase y ejecutase adecuadamente; hace hincapié en que ello no debe ir acompañado de la introducción del principio del país de origen;

89.  Acoge con satisfacción el enfoque principal dado al papel de los servicios en el mercado único y el hecho de velar por que los profesionales y las empresas de servicios, especialmente los del comercio al por menor, no se queden encerrados en sus mercados nacionales; destaca que la próxima ampliación del sistema de pasaportes profesionales y de servicios será clave para evitar la burocracia innecesaria entre Estados miembros que frena a nuestros ciudadanos a la hora de trabajar y comerciar allende las fronteras;

90.  Reitera la importancia de eliminar las barreras (como las lingüísticas o las administrativas y las relacionadas con la falta de información) que limitan el potencial del comercio transfronterizo en línea y minan la confianza de los consumidores en el mercado único; hace hincapié en la importancia de eliminar las restricciones operativas al ejercicio de la actividad al por menor, como la regulación de los horarios de apertura de los comercios, los impuestos específicos y selectivos de los comercios al por menor y la solicitud desproporcionada de información a las empresas;

91.  Reconoce la competencia de las autoridades locales respecto de la ordenación urbana; destaca, no obstante, que la ordenación urbana no debe utilizarse como excusa para eludir el derecho a la libertad de establecimiento; recuerda, en este contexto, la importancia de aplicar adecuadamente la Directiva de servicios; insta a los Estados miembros a eliminar los obstáculos a la libre circulación y a abrir sus mercados con el fin de estimular la competitividad y promover la diversidad de las tiendas, elemento esencial para que las zonas comerciales sigan resultando atractivas, especialmente en los centros urbanos;

92.  Destaca que el sector minorista y mayorista es el mayor sector empresarial en Europa; considera una prioridad reducir las trabas normativas, administrativas y prácticas impuestas innecesariamente al sector minorista;

93.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den la máxima importancia política al sector del comercio minorista como pilar del mercado único, incluido el mercado único digital, y que eliminen los obstáculos normativos, administrativos y prácticos que obstaculizan la creación de empresas, así como su desarrollo y continuidad, y que dificultan que los minoristas se beneficien plenamente del mercado interior; considera que la legislación del mercado minorista debería basarse en datos, teniendo en cuenta las necesidades del sector;

94.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen la restricciones innecesarias impuestas a los establecimientos minoristas en el mercado único que no estén justificadas por razones imperiosas de interés general, y que presenten propuestas para superar estos problemas cuando sea necesario e informen al respecto en la primavera de 2017;

95.  Considera, en lo que respecta al sector de los servicios profesionales, que la adopción de distintos enfoques reguladores no representa per se un impedimento para profundizar el mercado interior; destaca que la normativa sobre el acceso a las profesiones y el ejercicio de estas puede ser necesaria para proteger el bien común y al consumidor, y que su evaluación solo cobra sentido en el respectivo marco nacional;

96.  Coincide con la Comisión en que muchas normativas de los Estados miembros en materia de acceso a profesiones reguladas y su ejercicio son desproporcionadas en relación con los requisitos necesarios y crean barreras que limitan el acceso a esas profesiones;

97.  Considera que la prestación transfronteriza de servicios con carácter temporal, incluidos los servicios profesionales, debe considerarse un elemento clave del mercado interior, puesto que crea empleo y proporciona productos y servicios de alta calidad a los ciudadanos de la Unión; opina, por consiguiente, que las orientaciones periódicas son un instrumento útil para los Estados miembros, teniendo en cuenta los distintos bagajes económicos, geográficos y sociales de todos ellos;

98.  Acoge favorablemente la atención renovada que se presta, en el marco de la nueva estrategia para el mercado único, a las profesiones reguladas y las profesiones liberales en Europa, que representan un importante factor de crecimiento y empleo en el mercado único; pide a la Comisión que proponga medidas concretas para aplicar las recomendaciones del Grupo de trabajo de la Comisión sobre las líneas de actuación para fomentar la actividad de las profesiones liberales;

99.  Acoge con satisfacción la propuesta legislativa de la Comisión para abordar las barreras normativas que restringen el acceso a ciertas profesiones como un paso importante hacia la apertura del mercado único y el fomento de la creación de empleo;

100.  Apoya la iniciativa de la Comisión de revisar las profesiones reguladas, pero recuerda que cualquier ejercicio de revisión debe preservar unos requisitos de alta calidad en materia de empleo y servicios, unas sólidas cualificaciones y la seguridad de los consumidores;

101.  Considera que, sin unos servicios profesionales y empresariales competitivos en la Unión, a las empresas les puede resultar difícil mantener su competitividad y crear nuevos puestos de trabajo;

102.  Hace hincapié en que unos servicios de entrega ineficaces, especialmente en lo que se refiere al último tramo de la entrega, constituyen un obstáculo importante a la venta transfronteriza dentro de la Unión; subraya que unos servicios de entrega accesibles, asequibles, eficaces y de alta calidad son un requisito previo esencial para que el comercio único prospere; pide a la Comisión que elabore un plan de acción exhaustivo para los servicios de entrega y que defina los objetivos por alcanzar en este mercado a finales de 2020; pide a la Comisión que ponga mayor empeño en desmantelar las barreras con que se topan los operadores en las entregas transfronterizas;

103.  Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros para simplificar y agilizar los procedimientos de reconocimiento de las cualificaciones profesionales, en particular facilitando y alentando la implantación de marcos comunes de formación, dentro del pleno respeto del principio de subsidiariedad; pide a la Comisión y a los Estados miembros que potencien la formación y la educación en las TIC y las CTIM para dotar tanto a la actual como a la futura mano de obra de las cibercompetencias pertinentes;

104.  Celebra el hecho de que la estrategia refiera el elevado nivel de desempleo que existe en toda la Unión, pero lamenta que no proponga pasos y medidas específicas que puedan ayudar a las personas a encontrar empleo, tales como mejorar las normas en materia de educación y formación, alcanzar los objetivos fijados en el ámbito del aprendizaje permanente y subsanar la inadecuación de las competencias y cualificaciones de trabajadores y profesionales; considera evidente que el mercado único está cambiando a un ritmo veloz debido a la digitalización de las diferentes industrias y que los nuevos trabajos requieren un conjunto distinto de competencias y cualificaciones;

105.  Desaprueba que la Comisión no haya adoptado ninguna medida específica en la estrategia para el mercado único destinada a abordar las necesidades de las personas y los consumidores con discapacidad, las personas mayores y las personas que viven en zonas rurales y aisladas;

106.  Considera que el principio de «igual retribución por un mismo trabajo en un mismo lugar» defendido por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, constituye una herramienta importante para luchar contra las distorsiones del mercado;

Un mercado único más justo

107.  Hace hincapié en que el verdadero mercado único debe proporcionar beneficios y protección a los ciudadanos, los consumidores y las empresas por lo que respecta a una mejor calidad, una mayor variedad, unos precios razonables y la seguridad de los bienes y servicios; subraya que cualquier discriminación injustificada, no basada en ningún criterio objetivo o verificable, que se produzca en un entorno en línea o fuera de línea contra los destinatarios de los servicios (consumidores y empresarios) por razón de su nacionalidad o lugar de residencia, es del todo inaceptable en el seno del mercado único; considera, no obstante, que no es factible obligar a las empresas a que vendan a toda la Unión;

108.  Pide a la Comisión que siga adelante con su propuesta legislativa para acabar con el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación injustificadas por parte de los operadores del mercado; pide a la Comisión que establezca criterios eficaces para evaluar el carácter injustificado del bloqueo geográfico; subraya que una propuesta de este tipo debe respetar el principio básico de libertad de comercio; subraya asimismo que la propuesta de la Comisión debería tener en cuenta el principio de proporcionalidad, en particular para las pequeñas empresas y las microempresas; observa que, en ocasiones, los operadores de mercado tienen que seleccionar mercados para poder funcionar según las condiciones en ellos establecidas;

109.  Conviene en que, cuando se compran bienes y servicios en el mercado único, los consumidores precisan de información transparente y de un conjunto de derechos modernos y sólidos que protejan sus intereses; es de la opinión de que cualquier revisión, fusión o consolidación de las Directivas en materia de derecho de consumo deben proporcionar un nivel elevado de protección del consumidor y de los derechos exigibles, y reconocer las mejores prácticas existentes en la legislación nacional;

110.  Pide a la Comisión que analice las inseguridades jurídicas actuales que afectan a los consumidores y, si fuera necesario, que las resuelva aclarando y complementando el marco jurídico de los derechos del consumidor; reitera su compromiso con el principio de armonización flexible para cualquier propuesta de legislación de la Unión que afecte a los consumidores y recuerda que la armonización completa solo se aplica cuando establece un nivel muy elevado de protección del consumidor y proporciona claros beneficios a los consumidores;

111.  Hace hincapié en que las empresas de economía social representan una diversidad de modelos de negocio, lo que resulta clave para un mercado único altamente competitivo y más justo; pide a la Comisión que integre la economía social en sus políticas de mercado único y que desarrolle un plan de acción europeo para las empresas de economía social con objeto de liberar todo el potencial para alcanzar un crecimiento sostenible e inclusivo;

Conclusiones

112.  Pide a la Comisión que, una vez realizadas las consultas con las partes interesadas y las evaluaciones de impacto pertinentes, presente lo antes posible a los legisladores las propuestas e iniciativas legislativas previstas, teniendo en cuenta los puntos mencionados anteriormente, de modo que se garantice su oportuna adopción;

o
o   o

113.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, al Consejo Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 304 de 22.11.2011, p.64.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0069.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0580.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0009.
(5) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0012.

Aviso jurídico