Índice 
Textos aprobados
Jueves 15 de septiembre de 2016 - EstrasburgoEdición definitiva
Nombramiento de un nuevo Comisario
 Filipinas
 Somalia
 Zimbabue
 Documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular ***I
 Folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores ***I
 Asilo: medidas provisionales en favor de Italia y Grecia *
 Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros *
 Objetivos clave para la 17.ª reunión de la CP de la CITES en Johannesburgo
 Aplicación de la Directiva sobre servicios postales
 Acceso de las pymes a la financiación y aumento de la diversidad de la financiación de las pymes en una Unión de los Mercados de Capitales
 La mejor manera de aprovechar el potencial de creación de empleo de las pymes
 Aplicación de la Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo
 Actividades, impacto y valor añadido del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización entre 2007 y 2014
 Aprobación de enmiendas a una propuesta de la Comisión (interpretación del artículo 61, apartado 2, del Reglamento)

Nombramiento de un nuevo Comisario
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Decisión del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, por la que se aprueba el nombramiento de Julian King como miembro de la Comisión (C8-0339/2016 - 2016/0812(NLE))
P8_TA(2016)0348

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 246, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el punto 6 del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea(1),

–  Vista la dimisión de Jonathan Hill como miembro de la Comisión, presentada el 25 de junio de 2016,

–  Vista la carta del Consejo de 15 de julio de 2016, por la que el Consejo consultó al Parlamento acerca de la decisión que debía tomarse de común acuerdo con el Presidente de la Comisión sobre el nombramiento de Julian King como miembro de la Comisión (C8-0339/2016),

–  Vistas la audiencia de Julian King de 12 de septiembre de 2016 ante la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la declaración de evaluación realizada a raíz de dicha audiencia,

–  Vistos el artículo 118 y el anexo XVI de su Reglamento,

1.  Aprueba el nombramiento de Julian King como miembro de la Comisión;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO L 304 de 20.11.2010, p.47.


Filipinas
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre Filipinas (2016/2880(RSP))
P8_TA(2016)0349RC-B8-0990/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en Filipinas, en particular las de 8 de junio de 2016(1) sobre el Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y la República de Filipinas, de 14 de junio de 2012(2) y de 21 de enero de 2010(3),

–  Vista la declaración de 3 de septiembre de 2016 del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre el atentado cometido en Davao,

–  Vistas las relaciones diplomáticas entre Filipinas y la Unión Europea (entonces la Comunidad Económica Europea (CEE)), establecidas el 12 de mayo de 1964 con el nombramiento del embajador de Filipinas ante la CEE,

–  Visto el estatuto de Filipinas como miembro fundador de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) tras la firma de la Declaración de Bangkok el 8 de agosto de 1967,

–  Visto el Acuerdo marco de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Filipinas, por otra,

–  Vista la declaración de 8 de junio de 2016 del secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon sobre el aparente respaldo de las ejecuciones extrajudiciales,

–  Vista la declaración de 3 de agosto de 2016 del director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) sobre la situación en Filipinas,

–  Vista la declaración de 4 de septiembre de 2016 atribuida al portavoz del secretario general de las Naciones Unidas sobre Filipinas,

–  Vista la declaración a la prensa de 4 de septiembre de 2016 del Consejo de Seguridad sobre el atentado terrorista cometido en Filipinas,

–  Vistas las directrices de la Unión sobre derechos humanos,

–  Vista la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Filipinas y la Unión mantienen relaciones diplomáticas, económicas, culturales y políticas desde hace ya tiempo;

B.  Considerando que la democracia, el Estado de Derecho y el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil siempre han sido un componente importante de las conversaciones bilaterales entre la Unión y Filipinas;

C.  Considerando los inmensos desafíos que aguardan al recientemente elegido Gobierno de Filipinas en materia de lucha contra las desigualdades y la corrupción y de liderazgo del proceso de paz en el país;

D.  Considerando que el tráfico ilícito de drogas en Filipinas sigue siendo un motivo de grave preocupación nacional e internacional; que en 2015, según el informe anual del Departamento de Estado de los EE. UU. al Congreso, la Agencia de Lucha contra la Droga de Filipinas (PDEA), principal autoridad del país para la represión de la delincuencia relacionada con las drogas, informó de que 8 629 pueblos o barangayes (aproximadamente el 20 % de los pueblos del país) habían denunciado delitos relacionados con las drogas, y que se considera que Filipinas tiene la tasa de consumo de metanfetaminas más elevada de Asia oriental;

E.  Considerando que uno de los elementos centrales de la campaña de Rodrigo Duterte para las elecciones presidenciales fue su compromiso de poner fin en todo el país a la delincuencia relacionada con las drogas; que, durante la campaña electoral y en sus primeros días en el cargo, el presidente de Filipinas Sr. Duterte animó reiteradamente a los cuerpos policiales y a la población a matar a los sospechosos de tráfico de drogas que no se entregasen y también a quienes consuman drogas;

F.  Considerando que el Presidente Duterte ha declarado públicamente que no perseguirá a los policías y los ciudadanos que maten a traficantes de drogas que se resistan a ser detenidos;

G.  Considerando que, según datos facilitados por la Policía Nacional de Filipinas, entre el 1 de julio y el 4 de septiembre de 2016 la policía mató a más de mil presuntos traficantes y consumidores de drogas, y que otras estadísticas policiales atribuyen a pistoleros desconocidos la muerte de otros más de mil presuntos traficantes y consumidores durante los dos últimos meses; que, según noticias de Al Jazeera, han sido detenidos más de 15 000 sospechosos de tráfico de drogas, principalmente sobre la base de rumores y de acusaciones de otros ciudadanos, y que además casi 700 000 se han entregado «voluntariamente» a la policía para inscribirse para recibir tratamiento en el marco del programa Tokhang, a fin de evitar convertirse en objetivo de la policía o de grupos de autodefensa;

H.  Considerando que, el 8 de junio de 2016, el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon condenó la serie de ejecuciones extrajudiciales por ilegales y contrarias a los derechos y libertades fundamentales;

I.  Considerando que, el 18 de agosto de 2016, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard, y el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la salud, Dainius Pūras, instaron al Gobierno de Filipinas a poner fin a la actual oleada de ejecuciones extrajudiciales y homicidios en el contexto de una campaña intensificada contra la delincuencia y la droga dirigida contra traficantes y consumidores de drogas;

J.  Considerando que el Senado de Filipinas y la Comisión de Derechos Humanos han emprendido sendas investigaciones independientes sobre las muertes;

K.  Considerando que Filipinas fue uno de los primeros países asiáticos que abolió la pena de muerte, en 1987; que, tras su restablecimiento, la pena de muerte fue abolida de nuevo por la presidenta Arroyo en 2006; que, en su campaña electoral, el presidente Duterte pidió que se restableciera de nuevo la pena capital, en particular por tráfico ilícito de drogas, y que el Congreso está examinando un proyecto de ley en este sentido;

L.  Considerando que otro proyecto legislativo presentado al Congreso tiene por objetivo rebajar la edad de responsabilidad penal de los quince años de edad a los nueve;

M.  Considerando que, el 2 de septiembre de 2016, un atentado con bomba, reivindicado por Abu Sayyaf y sus afiliados, cometido en un mercado en Davao causó la muerte de al menos 14 personas y heridas a otras 70; que las fuerzas armadas filipinas prosiguen su ofensiva militar contra los militantes de Abu Sayyaf, grupo afiliado al EI, en la provincia meridional de Joló;

N.  Considerando que, a raíz del atentado, el Gobierno de Filipinas declaró el «estado de emergencia nacional debido a la violencia fuera de la ley en Mindanao»;

O.  Considerando que el 26 de agosto de 2016, se firmó un alto el fuego bajo los auspicios del Gobierno noruego entre el Gobierno filipino y el Frente Democrático Nacional de Filipinas (FDNF) que representa un avance importantísimo en el conflicto guerrillero que se prolonga desde hace 47 años y se estima ha costado la vida ya a 40 000 personas;

P.  Considerando que Filipinas ostentará la presidencia de la ASEAN en 2017 y que el presidente Duterte ha anunciado que durante su presidencia Filipinas dará relieve a la ASEAN como modelo de espíritu de regionalización y como agente mundial, teniendo en cuenta primordialmente el interés del pueblo;

1.  Condena enérgicamente el atentado cometido en un mercado nocturno en la ciudad de Davao el 2 de septiembre de 2016, y expresa su condolencia a los familiares de las víctimas; destaca que se pedirán cuentas a los responsables de las muertes, pero pide a la Delegación de la Unión que observe atentamente el recurso a la «suspensión del Estado de Derecho»; insta a todos los Estados a que, de conformidad con sus obligaciones en virtud del Derecho internacional y de las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cooperen activamente con el Gobierno de Filipinas y otras autoridades competentes a este respecto;

2.  Condena enérgicamente el tráfico y el consumo de drogas en Filipinas; destaca que las drogas ilícitas son una amenaza para los jóvenes filipinos y uno de los problemas más graves de la sociedad;

3.  Entiende que en Filipinas hay millones de personas afectadas adversamente por el alto nivel de drogadicción y por sus consecuencias; expresa su profunda preocupación, no obstante, ante el extraordinariamente elevado número de personas muertas en operaciones policiales e intervenciones de grupos de autodefensa en el contexto de una campaña intensificada contra la delincuencia y la droga dirigida contra traficantes y consumidores de drogas, e insta al Gobierno de Filipinas a que ponga fin a la oleada actual de ejecuciones extrajudiciales y homicidios;

4.  Acoge con satisfacción el propósito del Gobierno de reducir los altos niveles de delincuencia y corrupción en el país, pero le pide que adopte políticas y programas específicos de amplio alcance, que deben comprender también medidas de prevención y rehabilitación, y que no se centre exclusivamente en la represión violenta;

5.  Celebra profundamente la iniciativa del presidente Duterte de revitalizar el proceso de paz con el Frente Democrático Nacional de Filipinas (FDNF) y aguarda con impaciencia el final de este conflicto para un futuro muy próximo, pues, según el plan de negociación, en el plazo de un año podría alcanzarse un acuerdo definitivo para poner fin al conflicto armado;

6.  Destaca que las respuestas al tráfico ilícito de drogas deben llevarse a cabo cumpliendo plenamente las obligaciones nacionales e internacionales;

7.  Insta a las autoridades a que garanticen el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos y con los instrumentos internacionales ratificados por Filipinas;

8.  Exhorta a las autoridades a que inicien de inmediato una investigación sobre el número extraordinariamente elevado de personas muertas en operaciones policiales;

9.  Señala que la UNODC está lista para colaborar con Filipinas para poner a los traficantes de drogas a disposición de la justicia con las debidas salvaguardas legales y de acuerdo con los estándares y normas internacionales;

10.  Recomienda que se establezca sin demora un mecanismo nacional de prevención de la tortura, como establece la Convención contra la Tortura y su Protocolo Facultativo;

11.  Insta al Gobierno filipino a que condene las acciones de los grupos de autodefensa e investigue su responsabilidad en los homicidios; insta a las autoridades filipinas a que lleven a cabo de inmediato una investigación exhaustiva, eficaz e imparcial para identificar a todos los responsables, llevarlos ante un tribunal civil competente e imparcial y hacer que se les impongan las sanciones penales previstas por la ley;

12.  Pide al Gobierno de Filipinas que garantice la debida protección a defensores de los derechos humanos, sindicalistas y periodistas;

13.  Acoge con satisfacción el compromiso del presidente Duterte de establecer programas de rehabilitación de drogadictos, y pide a la Unión que apoye al Gobierno en sus esfuerzos por facilitar a los consumidores de drogas la ayuda adecuada para que se libren de su dependencia, y que continúe apoyando las reformas del ordenamiento penal en Filipinas;

14.  Recomienda a Filipinas que ratifique sin demora la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y que tipifique como delito las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales en su Derecho nacional;

15.  Insta al Congreso filipino a que se abstenga de restablecer la pena de muerte y de rebajar la edad mínima de responsabilidad penal;

16.  Señala que, según todas las pruebas empíricas, la pena de muerte no reduce la delincuencia relacionada con las drogas y podría destruir un gran logro del sistema de justicia filipino;

17.  Insta a la Unión a que utilice todos los instrumentos disponibles para ayudar al Gobierno de Filipinas a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en particular mediante el Acuerdo Marco;

18.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de Filipinas, a los Gobiernos de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y al Secretario General de las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0263.
(2) DO C 332 E de 15.11.2013, p. 99.
(3) DO C 305 E de 11.11.2010, p. 11.


Somalia
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre Somalia (2016/2881(RSP))
P8_TA(2016)0350RC-B8-0989/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Somalia,

–  Vistas las declaraciones del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre los ataques en Somalia de 27 de febrero, 2 de junio, 26 de junio, 26 de julio y 21 de agosto de 2016,

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre Somalia, de 18 de julio y 15 de febrero de 2016,

–  Vista la declaración de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, sobre la decisión relativa a un modelo electoral para Somalia en 2016,

–  Visto el Pacto para Somalia adoptado el 16 de septiembre de 2013 en Bruselas,

–  Vista la estrategia de la Unión para la seguridad y el desarrollo de la región del Sahel, de septiembre de 2011,

–  Visto el informe de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión en Somalia publicado el 4 de septiembre de 2016,

–  Vista la Resolución 2297 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada el 7 de julio de 2016,

–  Vistos los informes del secretario general de las Naciones Unidas al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Somalia, de 8 de enero y 9 de mayo de 2016,

–  Visto el informe del Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el Examen Periódico Universal, de 13 de abril de 2016,

–  Vista la condena efectuada por el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en Somalia, Michael Keating, del atentado con bombas registrado en un hotel de Mogadiscio el 30 de agosto de 2016,

–  Visto el último Examen Periódico Universal sobre Somalia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de enero de 2016,

–  Visto el llamamiento de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) de 2 de septiembre de 2016 pidiendo ayuda para hacer frente a la utilización de artefactos explosivos improvisados en Somalia,

–  Vista la declaración de la AMISOM de 26 de julio de 2016 en la que se condenan los ataques terroristas en Mogadiscio,

–  Vista la declaración del representante especial del presidente de la Comisión de la Unión Africana para Somalia, el embajador Francisco Caetano Madeira, de 30 de agosto de 2016, en la que elogiaba a las fuerzas de seguridad somalíes en el contexto del ataque a un hotel de Mogadiscio,

–  Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú celebrado entre los Estados ACP y la UE,

–  Vista la comunicación del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana, de 2 de septiembre de 2014, realizada en el marco de su 455.ª reunión dedicada a la prevención y la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento en África,

–  Visto el mandato de la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos en lo que se refiere al fomento y la protección de los derechos humanos y de los pueblos en el marco de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Visto el Convenio de la Organización para la Unidad Africana sobre la prevención y la lucha contra el terrorismo adoptado en 1999,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5 y el artículo 123, apartado 4 de su Reglamento,

A.  Considerando que Somalia se encuentra en un período crucial de transición tras dos décadas de guerra civil, ausencia de control por parte del Estado y terrorismo; y que, desde 2012, cuando entró en funciones un nuevo gobierno con respaldo internacional, Somalia ha ido avanzando poco a poco hacia la estabilidad, pero que las nuevas autoridades todavía se enfrentan al reto que suponen los insurgentes de Al-Shabab ligados a Al-Qaeda;

B.  Considerando que, si bien se han respetado compromisos y avances positivos a nivel político del Gobierno somalí, como la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente, la inseguridad y la lucha política interna continúan impidiendo avances concretos en materia de reformas en los ámbitos de la justicia y de la seguridad;

C.  Considerando que, en ausencia de un sistema judicial eficaz de carácter civil, el Gobierno somalí depende de los tribunales militares para el enjuiciamiento y la condena de civiles, lo que no garantiza los derechos de los acusados civiles; y que el Organismo Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, en sus siglas en inglés), que dispone de amplias competencias en materia de investigación, no dispone en la actualidad de un mandato en materia de aplicación de la ley, lo que resulta en violaciones importantes de los derechos procesales de las personas detenidas por el NISA;

D.  Considerando que el pueblo de Somalia está luchando y sufriendo las consecuencias de continuos ataques salvajes perpetrados por señores de la guerra y terroristas; que el 30 de agosto de 2016 diez personas, por lo menos, entre las que figuraban soldados y civiles, perdieron la vida en Mogadiscio en las inmediaciones del Palacio Presidencial; que el 26 de julio del mismo año Al- Shabab atacó la base de la Unión Africana en Mogadisciu, causando la muerte de al menos 13 personas, incluido personal de las Naciones Unidas, y que en los meses previos se habían difundido informaciones sobre más ataques con morteros, en los que habrían perdido la vida más de 100 personas; que Al-Shabab también permanece activo en la vecina Kenia, donde lleva a cabo ataques terroristas con regularidad;

E.  Considerando que la misión de paz de la Unión Africana, AMISOM, formada por 22 000 soldados, dispone de un mandato, en particular para reducir la amenaza que representan Al-Shabab y otros grupos armados opositores, proporcionar seguridad a fin de viabilizar el proceso político a todos los niveles, realizar esfuerzos en materia de estabilización, reconciliación y consolidación de la paz en Somalia y permitir el traspaso gradual de las responsabilidades en el ámbito de la seguridad de la AMISOM a las fuerzas de seguridad de Somalia en función de sus capacidades; que el mandato de la AMISOM se ha prorrogado hasta el 31 de mayo de 2017, lo que el Parlamento acoge con satisfacción;

F.  Considerando que Uganda, el país que contribuye con más efectivos militares, anunció que retirará de Somalia a más de 6 000 de sus efectivos a finales de 2017; que la Unión Africana ha dado a conocer sus planes de retirada de todas las fuerzas antes de que finalice 2020, declarando que la responsabilidad en materia de seguridad se transferirá progresivamente a las fuerzas militares de Somalia a partir de 2018;

G.  Considerando que las fuerzas de la AMISOM han sido acusadas en varias ocasiones de graves violaciones de los derechos humanos, como homicidios indiscriminados y algunos casos de explotación y abuso sexual;

H.  Considerando que el próximo proceso electoral en Somalia constituye un hito para el pueblo somalí y que tendrá consecuencias a largo plazo en materia de seguridad, estabilidad y desarrollo de Somalia y de toda la región;

I.  Considerando que la elección de los miembros de la Cámara Alta del Parlamento Federal de Somalia debería celebrarse el 25 de septiembre de 2016, y la de los de la Cámara del Pueblo del Parlamento Federal de Somalia entre el 24 de septiembre y el 10 de octubre de 2016; y que el presidente debería ser elegido por ambas cámaras el 30 de octubre de 2016;

J.  Considerando que el proceso electoral será la clave para una elección por sufragio universal democrático en 2020 organizado por la Comisión Nacional Electoral Independiente;

K.  Considerando que Omar Mohamed Abdulle, presidente del Equipo Federal de Supervisión Electoral Indirecta (FIEIT), volvió a confirmar que el proceso electoral 2016 se llevaría a cabo a tiempo y que sería transparente y creíble;

L.  Considerando que la libertad de expresión, que desempeña un papel central en la construcción de los Estados democráticos, continúa estando muy limitada; que en un reciente informe de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión en Somalia se hace referencia al difícil entorno al que se enfrentan los periodistas, defensores de los derechos humanos y dirigentes, que incluye hasta homicidios, en su mayoría cometidos por Al-Shabab, detenciones, intimidación y el cierre de medios de comunicación críticos; y que las autoridades rara vez investigan estos casos o procesan a los culpables;

M.  Considerando que el NISA, que goza de amplias competencias en materia de investigación, no dispone en la actualidad de un mandato en materia de aplicación de la ley, lo que resulta en importantes violaciones de los derechos procesales de las personas detenidas por el NISA;

N.  Considerando que, según el informe de las Naciones Unidas, se pueden contar 120 casos de arresto y detención arbitrarios de trabajadores de los medios de comunicación entre enero de 2014 y julio de 2016; y que, desde enero de 2015, solo diez de los 48 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que han sido detenidos han sido juzgados;

O.  Considerando que Somalia sigue siendo uno de los países que cuenta con los grupos de desplazados de larga duración más numerosos del mundo, con 1,1 millones de desplazados internos, cifra que incluye unas 400 000 personas que viven en Mogadiscio, y casi 1 millón de refugiados en la región del Cuerno de África; y que, solo en julio de 2016, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) informó de que los desalojos forzosos y la inseguridad consecuencia de la ofensiva militar en curso habían provocado casi 28 000 nuevos desplazados;

P.  Considerando que casi 420 000 refugiados somalíes se encuentran en campamentos en Kenia, de los cuales unos 350 000 en el campamento de Dadaab, y que los Gobiernos de Somalia y Kenia y el ACNUR han acordado facilitar el retorno voluntario de 10 000 refugiados a Somalia, a zonas que no están bajo el control de Al-Shabab; y que el Gobierno de Kenia declaró en mayo de 2016 que el campo de refugiados de Dadaab, situado en el noreste del país, cerrará a finales de año;

Q.  Considerando que los niños siguen siendo objeto de asesinatos y de detenciones arbitrarias y siguen siendo reclutados por las fuerzas armadas, a pesar de que Somalia ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en enero de 2015 y se adhirió a la Declaración sobre Escuelas Seguras en noviembre de 2015, comprometiéndose a adoptar medidas concretas para proteger a los estudiantes y las instituciones educativas;

R.  Considerando que la Unión ha proporcionado 286 millones de euros a través del Fondo Europeo de Desarrollo (2014-2020), centrándose en la aplicación del «Pacto» y, concretamente, en la consolidación del Estado y de la paz, la seguridad alimentaria, la resiliencia y la educación; y que la Unión también se ha comprometido a apoyar a la AMISOM a través del Fondo de Apoyo a la Paz para África;

1.  Expresa su más profunda solidaridad con las víctimas de los recientes ataques terroristas en Somalia y con sus familias, y lamenta profundamente la pérdida de vidas; condena enérgicamente, al mismo tiempo, a los autores de estos ataques, atribuidos al grupo de insurgentes de Al-Shabab;

2.  Pide el refuerzo de las estructuras de seguridad nacional y que se proteja a la población, así como un mayor apoyo por parte de la comunidad internacional a la AMISOM y al Gobierno de Somalia en sus labores en aras del establecimiento de la paz y la estabilidad;

3.  Recuerda que la estabilidad y la paz duraderas solo pueden lograrse a través de la inclusión social, el desarrollo sostenible y la buena gobernanza, sobre la base de los principios democráticos y del Estado de Derecho y el respeto pleno de la dignidad y de los derechos de los pueblos;

4.  Expresa la necesidad de un diálogo generalizado en el que participen los distintos sectores sociales del país, incluidos los clanes y las tribus que componen la nación somalí, en aras de una comprensión mutua y para alcanzar un consenso para una paz duradera y estable;

5.  Acoge con satisfacción que los Gobiernos y dirigentes regionales apoyen la nueva Política de Seguridad Nacional y que pidan al Gobierno que acelere su puesta en práctica a la vista de la amenaza que sigue representando Al-Shabab;

6.  Pide a la Unión y a sus socios internacionales que sigan firmemente comprometidos en cooperar con Somalia en la construcción de instituciones legítimas y un sector de la seguridad dirigido por los somalíes para combatir el terrorismo y proteger a toda la población; hace hincapié en que ello reviste una importancia fundamental para el desarrollo constructivo de Somalia y la seguridad en la región;

7.  Pide a la Unión Africana (UA) que vele por que todos los países que aportan contingentes compartan información con la Célula de Seguimiento, Análisis y Respuesta de las Bajas Civiles en el seno de la AMISON (CCTARC) en lo que se refiere a los informes o las investigaciones relacionadas con las víctimas civiles realizados por los países que aportan contingentes, y que esta información también se comparta con las Naciones Unidas, de conformidad con la resolución 2297 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y se incluya en los planes operativos de la AMISOM;

8.  Pide al Gobierno y a la Unión que, en el contexto de sus labores en relación con el Estado de Derecho en Somalia, vele por que el NISA se regule con mecanismos de supervisión eficaces y que se refuercen los conocimientos técnicos del Departamento de Investigación Criminal de Somalia (CID) para llevar a cabo investigaciones rigurosas, eficaces y respetuosas de los derechos;

9.  Acoge con satisfacción la investigación realizada por la UA sobre las denuncias de violencia sexual cometida por las tropas de la AMISOM y pide que se apliquen plenamente las recomendaciones del informe, y, de conformidad con la Resolución 2272 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, insta a la UA y a los países que aportan contingentes a que velen por que las acusaciones se investiguen adecuada y exhaustivamente y los responsables sean llevados ante la justicia;

10.  Pide el refuerzo de la supervisión realizada por la Unión y de la creación de capacidades para garantizar la rendición de cuentas por los abusos cometidos por la AMISOM teniendo en cuenta, en particular, que la Unión es responsable de la mayor parte de su financiación;

11.  Pone de relieve los alentadores progresos realizados desde 2012 hacia unas elecciones más inclusivas y un gobierno responsable; acoge con satisfacción la decisión del Foro Nacional de Dirigentes Nacionales de fomentar la creación y el registro de partidos políticos en los próximos dos años, de cara a las elecciones de 2020, sobre la base del principio de «una persona, un voto», así como los esfuerzos destinados a reconstruir las instituciones del Estado y la adopción de nuevas e importantes leyes sobre los partidos políticos y la creación de una Comisión Nacional de Derechos Humanos independiente; acoge con satisfacción las decisiones adoptadas para reforzar la representación de las mujeres; subraya la importancia capital de un proceso electoral verosímil, incluyente, transparente y responsable que garantice la legitimidad necesaria para los dirigentes que sean elegidos;

12.  Reconoce las contribuciones positivas realizadas por la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOS) en apoyo de los avances realizados por la AMISOM y la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM) mediante la puesta a disposición de tropas y recursos financieros y materiales, con el fin de garantizar la protección de la población civil en Somalia;

13.  Insta al Ejército Nacional de Somalia y a la AMISOM a que adopten todas las medidas que se imponen para detener cualquier intento por parte del grupo de rebeldes militantes de Al-Shabab de perturbar el próximo proceso electoral; subraya que la seguridad del proceso electoral debe ser una prioridad clave;

14.  Condena el reclutamiento y la utilización de niños por las fuerzas de seguridad como soldados e informantes, en particular el uso de niños soldados capturados o que han desertado; pide al Gobierno de Somalia que ponga fin a esta práctica;

15.  Pide que se adopten medidas más decididas para proteger a los niños víctimas de los conflictos armados y del reclutamiento y que han sido utilizados por las fuerzas y grupos armados; insta a las autoridades a que traten a los niños de los que se sospecha que tienen lazos con Al-Shabab en primer lugar como víctimas y a que tengan en cuenta el interés superior del niño y las normas internacionales de protección como principios rectores;

16.  Recuerda que no puede haber seguridad sin desarrollo, ni desarrollo sin seguridad; pide una mayor coherencia entre las medidas de seguridad y de desarrollo y que se refuercen tanto los programas de promoción del desarrollo económico y social como los programas de lucha contra el subdesarrollo y las causas y los motivos del terrorismo; recuerda la necesidad de prestar servicios básicos y apoyo a las personas liberadas, en particular para asegurar la reintegración sostenible de los refugiados que regresan al país; subraya la necesidad de acelerar la consolidación de la estructura administrativa del Estado somalí y de las instituciones que prestan tales servicios;

17.  Insta a los países que acogen refugiados procedentes de Somalia a que sigan manteniendo una visión realista acerca de la situación en materia de seguridad en muchas regiones de Somalia cuando devuelvan a refugiados a dicho país;

18.  Expresa su profunda preocupación por los ataques contra los agentes humanitarios en Somalia; reitera la importancia esencial de la asistencia humanitaria para prestar apoyo, sobre la base de los principios de independencia y neutralidad, a las personas necesitadas;

19.  Recuerda que la libertad de expresión desempeña un papel central en la construcción de un Estado democrático, en particular en momentos de transformación política; pide al Gobierno somalí que revise el código penal, la nueva ley de medios de comunicación y otras disposiciones legislativas con el fin de armonizarlas con las obligaciones internacionales contraídas por Somalia en relación con el derecho a la libertad de expresión y los medios de comunicación;

20.  Condena enérgicamente los numerosos homicidios y detenciones y la intimidación generalizada, el cierre de medios de comunicación críticos, la confiscación de equipos y el bloqueo de sitios web; pide una acción urgente por parte de las autoridades de Somalia para asegurar que todas las violaciones del derecho a la libertad de expresión se investiguen exhaustivamente y que los responsables sean llevados ante la justicia;

21.  Elogia a la UNSOM y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la publicación del informe, el 4 de septiembre de 2016, sobre el derecho a la libertad de expresión en Somalia, toda vez que se trata del primer informe en materia de derechos humanos realizado por las Naciones Unidas sobre Somalia que se hace público; pide a las Naciones Unidas que hagan públicos más informes;

22.  Pide a las autoridades que adopten y ejecuten unos marcos jurídicos apropiados y que introduzcan las reformas judiciales necesarias para satisfacer la necesidad popular de justicia y protección, ya que la impunidad no puede tolerarse;

23.  Manifiesta su preocupación por el creciente número de expulsiones forzosas de personas desplazadas de infraestructuras públicas y privadas en las principales ciudades de Somalia; recuerda que estas expulsiones deben respetar los marcos jurídicos nacionales e internacionales pertinentes; pide al Gobierno federal de Somalia y a todos los agentes implicados que busquen soluciones concretas sostenibles a los problemas de las personas desplazadas; pide al Gobierno de Somalia que cree, con la ayuda de sus socios, las condiciones necesarias para el retorno voluntario de los refugiados en condiciones dignas, una vez que la situación del país en materia de seguridad lo permita;

24.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, al Presidente, al Primer Ministro y al Parlamento de Somalia, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.


Zimbabue
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre Zimbabue (2016/2882(RSP))
P8_TA(2016)0351RC-B8-0995/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Zimbabue,

–  Vista la Declaración local de la Unión, de 12 de julio de 2016, sobre la violencia,

–  Vista la Declaración local de la Unión, de 9 de marzo de 2016, sobre el secuestro de Itai Dzamara,

–  Vista la Decisión (PESC) 2016/220 del Consejo, de 15 de febrero de 2016, por la que se modifica la Decisión 2011/101/PESC relativa a medidas restrictivas contra Zimbabue(1),

–  Visto el Acuerdo Político Global firmado en 2008 por los tres principales partidos políticos, a saber, ZANU-PF, MDC-T y MDC,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de junio de 1981, que ha sido ratificada por Zimbabue,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de diciembre de 1948,

–  Vista la Constitución de Zimbabue,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la población de Zimbabue ha soportado durante muchos años un régimen autoritario dirigido por el presidente Robert Mugabe, que conserva el poder mediante corrupción, violencia, elecciones fraudulentas y un aparato de seguridad brutal; que la población de Zimbabue no ha experimentado la verdadera libertad durante décadas, por lo que muchos zimbabuenses menores de treinta años solo han conocido una vida de pobreza y represión violenta;

B.  Considerando que los disturbios vuelven a ir en aumento en un país dominado por la crisis y que tiene como telón de fondo la falta de liquidez, el desempleo generalizado, la corrupción estatal y los esfuerzos de las autoridades para acallar la libertad de expresión y la oposición política; que varios grupos están tomando posiciones en previsión del fin de la era de Mugabe;

C.  Considerando que, desde la caída del gobierno de coalición en 2013, se ha destruido la labor realizada por Tendai Biti de estabilización de la economía e incremento de los ingresos estatales al recurrirse de nuevo al sistema de clientelismo y cleptocracia y a un clima de miedo; que Zimbabue está experimentando la peor crisis económica desde la hiperinflación registrada en 2008; que el país está efectivamente en situación de quiebra;

D.  Considerando que, desde mayo de 2016, miles de manifestantes —comerciantes informales, jóvenes desempleados y, ahora también, profesionales— han salido a la calle en varias ciudades de Zimbabue para protestar contra la destrucción de puestos de trabajo, el desempleo masivo y el fracaso del Gobierno a la hora de satisfacer las expectativas económicas básicas de la población, a saber, un mercado laboral que ofrezca puestos de trabajo, un sector público que reciba los salarios puntualmente, una moneda estable y fiable, así como un régimen de precios asequibles; que solo el ejército recibe los salarios con regularidad y en una moneda con valor;

E.  Considerando que el movimiento de protesta dirigido por el pastor Evan Mawarire con la etiqueta #ThisFlag ha obtenido el apoyo de diferentes iglesias y la clase media, que hasta ahora solían permanecer al margen de la política de la calle;

F.  Considerando que, el 6 de julio de 2016, el movimiento de oposición #ThisFlag hizo un llamamiento en favor de una jornada de huelga nacional, como protesta contra la inacción del Gobierno frente a la corrupción, la impunidad y la pobreza; y que ello se tradujo en el cierre masivo de la mayor parte de los comercios y empresas de la capital, y desembocó en una actuación muy enérgica de las autoridades;

G.  Considerando que Promise Mkwananzi, líder de #Tajamuka —movimiento social vinculado a la huelga nacional de julio, que fue detenido y acusado de incitar a la violencia pública, ha sido puesto en libertad bajo fianza; que otra activista miembro de #Tajamuka, Linda Masarira, fue detenida durante las protestas de julio de 2016 y sigue encarcelada desde entonces;

H.  Considerando que hoy en día muchas manifestaciones se organizan a través de los medios sociales, y que las autoridades zimbabuenses han bloqueado el acceso a internet y la mensajería de texto WhatsApp a fin de impedir las protestas;

I.  Considerando que durante las manifestaciones han sido detenidas centenares de personas; que el 26 de agosto de 2016 se registraron sangrientos enfrentamientos en la capital, Harare, cuando la policía hizo caso omiso de una resolución judicial y atacó violentamente a miles de manifestantes que se habían congregado bajo los auspicios de la Agenda Nacional para las Reformas Electorales (NERA) para manifestar su demanda de reformas electorales con miras a las elecciones generales de 2018, cuya celebración se espera con impaciencia; y que muchas de las personas detenidas siguen encarceladas, desconociéndose el paradero exacto de muchas de ellas;

J.  Considerando que el presidente Robert Mugabe ocupa el poder desde la independencia en 1980 y está intentando ser reelegido, y que varios miembros de su Gobierno han denunciado llamamientos en favor de una reforma electoral antes de las elecciones de 2018;

K.  Considerando que varios veteranos de la lucha por la independencia que antes eran estrechos aliados de R. Mugabe en el partido gobernante boicotearon su discurso del 8 de agosto de 2016 y denunciaron su deriva dictatorial y su fracaso a la hora de resolver la grave crisis económica que asuela el país desde 2000; y que el presidente consideró el boicot como una traición y, en represalia, detuvo a tres miembros de la Asociación Nacional de Veteranos de la Independencia;

L.  Considerando que, el 2 de septiembre de 2016, la policía invocó el Decreto 101A para prohibir todas las manifestaciones en el centro de Harare pocas horas antes de que dieciocho partidos políticos participasen en una gran manifestación prevista en la capital;

M.  Considerando que, el 7 de septiembre de 2016, el Tribunal Superior suspendió la mencionada prohibición por siete días, y que esta resolución judicial fue adoptada pocos días después de que el presidente R. Mugabe interfiriese en la independencia del poder judicial acusando a los jueces de Zimbabue de adoptar resoluciones «inconsideradas» que permitían la organización de manifestaciones contra su autoridad;

N.  Considerando que la Comisión de Derechos Humanos de Zimbabue ha afirmado que la ayuda alimentaria destinada a ayudar a la hambrienta población rural víctima de la sequía en todo el país se está distribuyendo de forma partidista y los miembros de ZANU-PF deniegan la ayuda alimentaria a los partidarios de la oposición; que, en febrero de 2016, el Gobierno de Zimbabue declaró el estado de catástrofe, estimándose que aproximadamente 4,5 millones de personas necesitarán ayuda alimentaria en enero de 2017 y que la mitad de la población rural sufrirá hambruna;

O.  Considerando que el 9 de marzo de 2016 se cumplió el primer aniversario del secuestro del defensor de los derechos humanos Itai Dzamara; que el Tribunal Superior ordenó al Gobierno que buscase a I. Dzamara e informase cada quince días a dicho tribunal de los avances realizados hasta que se determinase el paradero de I. Dzamara;

P.  Considerando que Zimbabue es un país signatario del Acuerdo de Cotonú, en cuyo artículo 96 se establece que el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales es un elemento esencial de la cooperación ACP-UE;

Q.  Considerando que, en febrero de 2016, se prorrogó hasta el 20 de febrero de 2017 un reducido número de medidas restrictivas de la Unión contra el régimen de Zimbabue; que la inmovilización de activos y la prohibición de viajar siguen siendo aplicables al presidente R. Mugabe, a Grace Mugabe y a la sociedad Zimbabwe Defence Industries; que seguirá aplicándose el embargo de armas; y que la Unión había anulado anteriormente las restricciones relativas a 78 personas y 8 entidades;

R.  Considerando que se ha asignado al Programa Indicativo Nacional (PIN) para Zimbabue el importe de 234 millones de euros para el periodo 2014-2020, con cargo al 11º Fondo Europeo de Desarrollo, que se centrará en tres sectores principales, a saber, la salud, el desarrollo económico basado en la agricultura y la gobernanza y el desarrollo institucional;

1.  Manifiesta su profunda preocupación a la vista del incremento de la violencia contra los manifestantes en Zimbabue en los últimos meses; toma nota con inquietud de la prohibición de las manifestaciones durante un mes que se ha anunciado recientemente; pide al Gobierno y a todos los partidos de Zimbabue que respeten el derecho de manifestación pacífica para abordar inquietudes legítimas, e insta a las autoridades zimbabuenses a investigar las acusaciones de uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos por miembros de las fuerzas policiales de Zimbabue, y a hacer que rindan cuentas;

2.  Expresa su preocupación ante el incremento del número de detenciones arbitrarias de defensores de los derechos humanos y de participantes en manifestaciones pacíficas y legales, e insta a que se respete el Estado de Derecho y se defienda la constitución;

3.  Pide a las autoridades zimbabuenses que pongan en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos;

4.  Condena las recientes declaraciones del presidente R. Mugabe en las que ataca al poder judicial de Zimbabue, e insta a las autoridades de Zimbabue a no injerirse en la independencia de la judicatura;

5.  Recuerda que, con arreglo al Acuerdo Político Global, Zimbabue se ha comprometido a velar por que tanto su legislación como sus procedimientos y prácticas se ajusten a los principios y normas internacionales en materia de derechos humanos, lo que incluye las libertades de reunión, asociación y expresión;

6.  Señala a la atención la situación particularmente grave de numerosas mujeres en Zimbabue y la necesidad de respetar los derechos de las mujeres;

7.  Opina que el Consejo y la Comisión deben analizar detenidamente si es apropiado volver a imponer ciertas medidas restrictivas, pero aclarando que se suprimirán y se pondrá a disposición un paquete de asistencia una vez que Zimbabue se haya adentrado claramente en la senda de la democracia, el Estado de Derecho y el respecto de los derechos humanos, así como especificando concretamente que se prestará asistencia para apoyar un proceso electoral libre y justo y la reforma de las fuerzas policiales;

8.  Pide que se ponga en marcha una transición pacífica del poder sobre la base de un proceso electoral libre y justo, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, a fin de desarrollar una democracia libre, próspera y plural;

9.  Condena enérgicamente el bloqueo de la ayuda alimentaria para ganar terreno político; destaca su inquietud ante la posibilidad de que se adopten nuevas medidas que vayan en perjuicio de la producción agrícola, y pide que se adopten medidas para reforzar la seguridad alimentaria;

10.  Manifiesta su persistente preocupación en relación con el secuestro de Itai Dzamara; pide que se respete el derecho de habeas corpus, y que los responsables de su secuestro comparezcan ante la justicia;

11.  Insiste en que la Unión ha de garantizar que la financiación concedida a Zimbabue para su primer Programa Indicativo Nacional se destina efectivamente a los sectores que corresponde, y pide al Gobierno de dicho país que permita a la Comisión acceder sin trabas a los proyectos financiados por la Unión y que incremente su nivel de apertura a la asistencia técnica para los proyectos y programas acordados conjuntamente;

12.  Subraya que es importante para la Unión iniciar un diálogo político con las autoridades zimbabuenses en virtud de los artículos 8 y 96 del Acuerdo de Cotonú, confirmando por ese medio el compromiso de la Unión de ayudar a la población local;

13.  Insta a la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) y a la Commonwealth a que vuelvan a comprometerse a ayudar a Zimbabue a retomar la senda de la democracia;

14.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Gobierno y al Parlamento de Zimbabue, a los Gobiernos de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional, a la Unión Africana, al Parlamento Panafricano, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Secretario General de la Commonwealth.

(1) DO L 40 de 17.2.2016, p. 11.


Documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular ***I
PDF 238kWORD 38k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))
P8_TA(2016)0352A8-0201/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0668),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 79, apartado 2, letra c) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0405/2015),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 30 de junio de 2016, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0201/2016),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de septiembre de 2016 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2016/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular y por el que se deroga la Recomendación del Consejo de 30 de noviembre de 1994

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2016/1953)


Folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores ***I
PDF 1034kWORD 140k
Texto
Texto consolidado
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, el 15 de septiembre de 2016, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores (COM(2015)0583 – C8-0375/2015 – 2015/0268(COD))(1)
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

[Enmienda 1, a menos que se indique lo contrario].

ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO(2)
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016
a la propuesta de la Comisión
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016
---------------------------------------------------------
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016
Propuesta de
P8_TA(2016)0353A8-0238/2016

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(3),

Visto el dictamen del Banco Central Europeo(4),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(5),

Considerando lo siguiente:

(1)  El presente Reglamento constituye un paso fundamental hacia la realización de la unión de los mercados de capitales, tal como se establece en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Plan de acción para la creación de un mercado de capitales», de 30 de septiembre de 2015. El objetivo de la unión de los mercados de capitales es ayudar a las empresas a aprovechar las fuentes de capital más diversas de cualquier lugar de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Unión»), hacer que los mercados funcionen de manera más eficaz y ofrecer a los inversores y los ahorradores oportunidades adicionales para rentabilizar su dinero con el fin de aumentar el crecimiento y crear empleo.

(2)  La Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(6) estableció principios y normas armonizados sobre el folleto que debe elaborarse, aprobarse y publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado. Los cambios legislativos y la evolución del mercado desde su entrada en vigor hacen necesario sustituir esa Directiva.

(3)  La divulgación de información en caso de ofertas públicas de valores o de admisión de valores a cotización en un mercado regulado es vital para proteger a los inversores, eliminando las asimetrías de información entre ellos y los emisores. La armonización de esta divulgación de información permite el establecimiento de un mecanismo de pasaporte transfronterizo que facilite el funcionamiento efectivo del mercado interior en una amplia variedad de valores.

(4)  La diferencia de enfoques daría lugar a una fragmentación del mercado interior, pues los emisores, oferentes o personas que soliciten la admisión estarían sujetos a diferentes normas en los distintos Estados miembros y los folletos aprobados en uno de ellos podrían no ser utilizables en otros. En ausencia de un marco armonizado que garantice la uniformidad de la información y el funcionamiento del pasaporte en la Unión, las diferencias en la legislación de los Estados miembros crearían probablemente obstáculos al buen funcionamiento del mercado interior de valores. Por consiguiente, para garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior y mejorar las condiciones de tal funcionamiento, en particular por lo que se refiere a los mercados de capitales, y para garantizar un alto nivel de protección de los consumidores y los inversores, procede establecer un marco regulador de los folletos en el ámbito de la Unión.

(5)  Resulta apropiado y necesario que las normas sobre divulgación de información en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado regulado adopten la forma jurídica de un reglamento, con el fin de garantizar que las disposiciones que imponen obligaciones directas a quienes intervengan en las ofertas y la admisión se apliquen de manera uniforme en el conjunto de la Unión. Dado que un marco jurídico de las disposiciones sobre los folletos comporta necesariamente la adopción de medidas que especifiquen con precisión los requisitos aplicables en relación con los diferentes aspectos inherentes a los folletos, incluso pequeñas divergencias en alguno de esos aspectos podrían generar importantes obstáculos a las ofertas transfronterizas de valores, a las cotizaciones múltiples en mercados regulados y a las normas de protección de los consumidores de la UE. Por consiguiente, el uso de un reglamento, que es directamente aplicable sin necesidad de legislación nacional, debe reducir la posibilidad de que se adopten medidas divergentes a escala nacional, garantizar un enfoque coherente y mayor seguridad jurídica e impedir que surjan importantes obstáculos a las ofertas transfronterizas y las cotizaciones múltiples. El uso de un reglamento reforzará también la confianza en la transparencia de los mercados del conjunto de la Unión, reducirá la complejidad reglamentaria y los costes de búsqueda y de cumplimiento normativo para las empresas.

(6)  La evaluación de la Directiva 2010/73/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(7) ha puesto de manifiesto que determinados cambios introducidos por la misma no han alcanzado sus objetivos originales y que son precisas nuevas modificaciones del régimen del folleto en la Unión para simplificar y mejorar su aplicación, incrementar la eficiencia y aumentar la competitividad internacional de la Unión, contribuyendo así a la reducción de las cargas administrativas.

(7)  El objetivo del presente Reglamento es garantizar la protección del inversor y la eficiencia del mercado, potenciando al mismo tiempo el mercado único de capitales. El suministro de la información que, según las características del emisor y de los valores, sea necesaria para que los inversores puedan tomar una decisión informada sobre la inversión garantiza, junto con las normas de conducta, la protección de los inversores. Además, esta información es un medio eficaz para aumentar la confianza en los valores mobiliarios y contribuye, por tanto, al funcionamiento y desarrollo apropiados de los mercados de valores. La forma adecuada de proporcionar esta información es la publicación de un folleto.

(8)  Los requisitos de divulgación de información previstos en el presente Reglamento no impiden que un Estado miembro, la autoridad competente o un mercado de valores a través de su reglamento establezcan otros requisitos particulares en el contexto de la admisión a cotización de valores en un mercado regulado (en particular, en materia de gobernanza corporativa). Dichos requisitos no podrán restringir directa o indirectamente la elaboración, el contenido y la divulgación de un folleto aprobado por una autoridad competente.

(9)  Los valores no participativos emitidos por un Estado miembro o por las autoridades regionales o locales de un Estado miembro, por organismos internacionales públicos de los que sean miembros uno o varios Estados miembros, por el Banco Central Europeo o por los bancos centrales de los Estados miembros no deben quedar incluidos en el ámbito del presente Reglamento y, por tanto, no deben verse afectados por él.

(10)  El alcance de la obligación de elaboración del folleto debe abarcar los valores tanto participativos como no participativos ofertados al público o admitidos a cotización en mercados regulados para garantizar la protección del inversor. Algunos de los valores incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento permiten al titular adquirir valores negociables o recibir sumas en metálico mediante una liquidación en metálico determinada por referencia a otros instrumentos, principalmente valores negociables, divisas, tipos de interés o rendimientos, materias primas u otros índices o medidas. El presente Reglamento cubre, en particular, los warrants y covered warrants, certificados, certificados de depósito y los efectos financieros sobre activos específicos y efectos convertibles, como los valores convertibles a opción del inversor.

(11)  Para garantizar la aprobación y el régimen de pasaporte en relación con el folleto, así como la supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Reglamento, en particular en materia de publicidad, debe determinarse para cada folleto la autoridad competente. Por tanto, el Reglamento debe establecer claramente el Estado miembro de origen en mejores condiciones para aprobar el folleto.

(12)  En el caso de ofertas públicas de valores de un importe total en la Unión inferior a 1 000 000 EUR, el coste de elaboración de un folleto de acuerdo con el presente Reglamento puede ser desproporcionado para los ingresos derivados de la oferta. Es razonable, por tanto, que la obligación de elaborar un folleto con arreglo al Reglamento no sea de aplicación a las ofertas de esa pequeña escala. Los Estados miembros no deben ampliar las exigencias de elaborar un folleto de conformidad con el presente Reglamento a ofertas de valores por un importe total inferior a dicho umbral. Asimismo, los Estados miembros deben abstenerse de imponer a nivel nacional otros requisitos en materia de divulgación de información que puedan suponer una carga innecesaria o desproporcionada en relación con tales ofertas y aumentar así la fragmentación del mercado interior. Si los Estados miembros imponen tales requisitos nacionales en materia de divulgación, deben notificar las normas aplicables a la Comisión y a la AEVM.

(12 bis)   La Comisión debe analizar estos requisitos nacionales en materia de divulgación y debe incorporar los resultados a su labor sobre la microfinanciación colectiva («crowdfunding»), teniendo en cuenta la necesidad de evitar la fragmentación del mercado interior. Es importante que el marco normativo a nivel de la Unión garantice a las empresas suficientes opciones para obtener capital. Por lo tanto, conforme al espíritu de la Unión de los Mercados de Capitales y a fin de desbloquear las inversiones, la Comisión debe proponer una iniciativa normativa para regular y armonizar las prácticas de microfinanciación colectiva en toda la Unión.

(13)  Asimismo, habida cuenta de las diferencias de tamaño entre los mercados financieros de la Unión, conviene dar a los Estados miembros la opción de eximir de la obligación de elaboración del folleto prevista en el presente Reglamento a las ofertas públicas de valores que no superen los 5 000 000 EUR. En particular, los Estados miembros deben tener la posibilidad de fijar en su legislación nacional el umbral entre 1 000 000 EUR y 5 000 000 EUR, expresado como el importe total de la oferta en la Unión durante un período de doce meses, a partir del cual debe aplicarse esta exención teniendo en cuenta el nivel de protección de los inversores nacionales que consideren adecuado. Los Estados miembros deben notificar a la Comisión y a la AEVM el umbral escogido. Las ofertas públicas de valores realizadas al amparo de esta excepción no deben acogerse al régimen de pasaporte previsto en el presente Reglamento. Además, tales ofertas deben incluir una indicación clara de que la oferta pública no tiene carácter transfronterizo y no deben buscar activamente inversores fuera del Estado miembro de que se trate.

(13 bis)   Si un Estado miembro decide eximir las ofertas públicas de valores con un importe total que no supere los 5 000 000 EUR, ningún elemento del presente Reglamento debe impedir que dicho Estado miembro introduzca normas nacionales que permitan a los sistemas multilaterales de negociación (SMN) determinar el contenido del documento de admisión que el emisor esté obligado a presentar para la admisión inicial a cotización de sus valores. En tal caso, puede ser oportuno que el operador del SMN defina la forma de evaluar el documento de admisión, que no implicaría necesariamente una aprobación formal por parte de la autoridad competente o del SMN.

(14)  En caso de que una oferta de valores esté dirigida exclusivamente a un círculo limitado de inversores que no sean inversores cualificados u otros inversores que reúnan las condiciones establecidas en las letras a) y b) del artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 345/2013, la elaboración de un folleto representa una carga desproporcionada dado el reducido número de personas a las que va dirigida la oferta, por lo que no debe exigirse. Esto es aplicable, por ejemplo, a una oferta dirigida a familiares o amistades personales de los directivos de una empresa.

(15)  Incentivar a los directores y empleados a poseer valores de su propia empresa puede tener un impacto positivo en la gobernanza de las empresas y contribuir a la creación de valor a largo plazo mediante el fomento de la dedicación y la implicación de los trabajadores, la concurrencia de los intereses respectivos de los accionistas y los empleados, y la oferta de oportunidades de inversión a estos últimos. La participación de los trabajadores en la propiedad de su empresa es especialmente importante para las pymes, en las que cada empleado puede desempeñar un papel importante en el éxito de la empresa. Por consiguiente, no debe imponerse la obligación de elaborar un folleto en el caso de ofertas realizadas en el contexto de un sistema de participación de los empleados en el accionariado dentro de la Unión, siempre que esté disponible un documento que contenga información sobre el número y la naturaleza de los valores y los motivos y pormenores de la oferta para salvaguardar la protección de los inversores. A fin de garantizar la igualdad de acceso a los sistemas de participación de los empleados en el accionariado a todos los directores y empleados, con independencia de si su empresa está establecida dentro o fuera de la Unión, no debe requerirse ya ninguna decisión de equivalencia de los mercados de terceros países, en la medida en que se facilite el citado documento. Así pues, todos los participantes en los regímenes de participación de los empleados en el accionariado se beneficiarán de la igualdad de trato y de información.

(16)  Las emisiones con efectos dilusivos de acciones o de valores que dan acceso a acciones son a menudo indicativas de operaciones con un impacto significativo en la estructura de capital, la situación financiera y las perspectivas del emisor, por lo que la información contenida en el folleto es necesaria. Por el contrario, en los casos en que un emisor posea acciones ya admitidas a cotización en un mercado regulado, no debe requerirse un folleto para la admisión posterior de los mismos títulos en el mismo mercado regulado, incluso cuando se trate de acciones resultantes de la conversión o el canje de otros valores o del ejercicio de los derechos conferidos por otros valores, siempre que las acciones de nueva admisión representen una proporción limitada de las acciones de la misma clase ya emitidas en el mismo mercado regulado, a menos que dicha admisión se combine con una oferta pública incluida en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. El mismo principio debe aplicarse en general a los valores fungibles con valores ya admitidos a cotización en un mercado regulado.

(17)  Al aplicar la definición de «oferta pública de valores», la capacidad de los inversores de tomar una decisión individual de adquisición o suscripción de valores debe ser un criterio determinante. Por lo tanto, cuando los valores se oferten sin un elemento de elección individual por parte del receptor, incluida la asignación de valores cuando no exista derecho a rechazarla, tal operación no debe quedar comprendida en la definición de «oferta pública de valores» establecida en el presente Reglamento.

(18)  Los emisores, oferentes o personas que soliciten la admisión a cotización en un mercado regulado de valores que no estén sujetos a la obligación de publicar un folleto deben tener derecho a elaborar voluntariamente un folleto completo o un folleto de crecimiento de la Unión, según proceda, de conformidad con el presente Reglamento. Por consiguiente, deben beneficiarse del régimen de pasaporte único cuando opten por cumplir el presente Reglamento con carácter voluntario.

(19)  La información proporcionada por el folleto no se requiere para las ofertas limitadas a inversores cualificados. Por el contrario, cualquier reventa al público o negociación pública a través de la admisión a cotización en un mercado regulado requiere la publicación de un folleto.

(20)  Un folleto válido elaborado por el emisor o por la persona encargada de elaborarlo y disponible al público en el momento de la colocación final de los valores a través de intermediarios financieros o en la posible reventa ulterior de los mismos contiene información suficiente para que los inversores adopten decisiones de inversión informadas. Por tanto, los intermediarios financieros que coloquen o revendan ulteriormente los valores deben estar autorizados a basarse en el folleto inicial publicado por el emisor o por la persona encargada de elaborar el folleto, siempre que sea válido y disponga del debido suplemento y que el emisor o la persona responsable de elaborar el folleto consienta su uso. El emisor o la persona encargada de elaborar el folleto debe tener la posibilidad de imponer condiciones para dar su consentimiento. El consentimiento para la utilización del folleto, incluidas las posibles condiciones impuestas a la misma, se debe otorgar mediante un acuerdo escrito que permita a las partes valorar si la reventa o la colocación definitiva de los valores se atiene a los términos del acuerdo. En caso de que se haya prestado el consentimiento para utilizar el folleto, el emisor o la persona encargada de elaborar el folleto inicial debe ser responsable de la información contenida en el mismo, y en el caso del folleto de base, de proporcionar y presentar las condiciones finales; no debe exigirse ningún otro folleto. En cambio, si el emisor o la persona responsable de elaborar el folleto inicial no autoriza su uso, el intermediario financiero debe quedar obligado a publicar un nuevo folleto. En tal caso, el intermediario financiero debe ser responsable de la información del folleto, incluidas todas las informaciones incorporadas por referencia, y en el caso del folleto de base, las condiciones finales.

(21)  La armonización de la información contenida en el folleto debe proporcionar una protección equivalente para los inversores en el ámbito de la Unión. Para que los inversores puedan tomar una decisión informada sobre la inversión, los folletos elaborados de conformidad con el presente Reglamento deben incluir la información pertinente y necesaria relativa a una inversión en valores que un inversor razonable precisaría para realizar una evaluación informada de los activos y los pasivos, la situación financiera, los beneficios y las pérdidas, las perspectivas del emisor y de los posibles garantes, y los derechos inherentes a los valores. Esa información debe redactarse y presentarse de modo fácilmente analizable, sucinto y comprensible y debe adaptarse a ▌los tipos de folletos elaborados de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento, incluidos los derivados del régimen simplificado de divulgación de información para las emisiones secundarias y el régimen del folleto de crecimiento de la Unión. El folleto no debe contener información que no sea importante o específica del emisor y de los valores de que se trate, ya que esto podría ocultar la información relevante para los inversores y, en consecuencia, perjudicar la protección de los inversores. Por consiguiente, la información que figure en un folleto debe adaptarse para reflejar la naturaleza y las circunstancias del emisor, del tipo de valores, el tipo de inversor destinatario de la oferta o de la admisión a cotización en un mercado de valores y los posibles conocimientos de los inversores, así como la información de que dispongan dichos inversores por haberse publicado en virtud de otros requisitos legales o reglamentarios.

(22)  La nota de síntesis del folleto debe ser una fuente útil de información para los inversores, en particular para los minoristas. Debe constituir una parte autónoma del folleto y ha de recoger los elementos esenciales que los inversores precisan para poder decidir qué ofertas y admisiones a cotización de valores desean seguir estudiando mediante un examen del folleto en su conjunto con la finalidad de tomar una decisión de inversión informada. Lo anterior implica que la información incluida en la nota de síntesis no se ha de reproducir en el cuerpo principal del folleto a menos que sea absolutamente necesario. Entre esta información básica deben figurar las características y los riesgos esenciales asociados con el emisor, los posibles garantes y los valores ofertados o admitidos a cotización en un mercado regulado, incluidos identificadores únicos, tales como el identificador de entidad jurídica (LEI) de los actores implicados en la oferta y el número internacional de identificación de valores mobiliarios (ISIN) de los valores. También debe contener las condiciones generales de la oferta. En particular, la presentación de los factores de riesgo en la introducción debe adoptar la forma de una selección limitada de los riesgos específicos que el emisor considere de mayor relevancia para el inversor a la hora de tomar una decisión de inversión. La descripción de los factores de riesgo en la nota de síntesis debe ser pertinente para la oferta específica y redactarse en beneficio exclusivo de los inversores, sin formular declaraciones generales sobre el riesgo de invertir ni limitar la responsabilidad del emisor, oferente o las personas que actúen en su nombre.

(22 bis)   La nota de síntesis debe incluir una advertencia clara que destaque los riesgos, en especial para los pequeños inversores, en el caso de valores emitidos por bancos que estén sometidos a recapitalización interna con arreglo a la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias)(8).

(23)  La nota de síntesis del folleto debe ser sucinta, sencilla, clara y de fácil comprensión para los inversores. Debe estar redactada en términos sencillos y en un lenguaje no técnico y presentar la información de manera fácilmente accesible. No debe ser una mera recopilación de extractos del folleto. Conviene fijar una extensión máxima para la nota de síntesis, con el fin de garantizar que no disuada de su lectura a los inversores y de alentar a los emisores a seleccionar aquella información que sea esencial para los inversores. No obstante, en casos excepcionales, la autoridad competente debe poder permitir al emisor que elabore una nota de síntesis más extensa de hasta diez caras de tamaño A4 como máximo en versión impresa, cuando la complejidad de las actividades del emisor o la naturaleza de la emisión o de los valores emitidos así lo requiera, y cuando se pueda inducir a error al inversor si no se incluye la información adicional en la nota de síntesis.

(24)  Para garantizar la uniformidad de la estructura de la nota de síntesis, debe dividirse en apartados y subapartados generales, con un contenido indicativo que el emisor cumplimente mediante descripciones narrativas breves y con cifras, cuando proceda. Mientras la presenten de una manera imparcial y equilibrada, los emisores deben tener la posibilidad de seleccionar la información que consideren importante y significativa.

(25)  La nota de síntesis del folleto debe seguir en la medida de lo posible el modelo del documento de datos fundamentales establecido en el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(9). Si los valores están comprendidos en el ámbito de aplicación tanto del presente Reglamento como del Reglamento (UE) n.º 1286/2014, debe permitirse la reutilización del contenido del documento de datos fundamentales en la nota de síntesis, con el fin de minimizar los costes de cumplimiento y la carga administrativa para los emisores. No debe excluirse, sin embargo, la obligación de presentar una nota de síntesis cuando se requiera un documento de datos fundamentales, ya que este último no contiene información clave sobre el emisor y la oferta pública o la admisión a cotización de los valores de que se trate.

(26)  No debe atribuirse responsabilidad civil a ninguna persona solamente sobre la base de la nota de síntesis, incluida su traducción, a menos que resulte engañosa, inexacta o incoherente respecto a las partes relevantes del folleto. La nota de síntesis debe incluir una advertencia clara a tal efecto.

(27)  Los emisores que capten fondos en los mercados de capitales de forma reiterada deben tener la posibilidad de utilizar formatos específicos de los documentos de registro y los folletos, así como procedimientos específicos para su presentación y aprobación, a fin de tener mayor flexibilidad y aprovechar las oportunidades de mercado. En cualquier caso, los formatos y procedimientos deben ser opcionales, a elección de los emisores.

(28)  En el caso de los valores no participativos, aunque se emitan de manera continua o reiterada o en el marco de un programa de oferta, los emisores deben tener la posibilidad de elaborar un folleto en forma de folleto de base. El folleto de base y sus condiciones finales deben contener la misma información que el folleto.

(29)  Conviene dejar claro que las condiciones finales del folleto de base deben contener únicamente información relativa a los valores específicos de la emisión en cuestión y que solo pueda determinarse en el momento de cada emisión. Dicha información puede incluir, por ejemplo, el número identificativo internacional de los valores, el precio de la emisión, la fecha de vencimiento, el cupón, la fecha de ejercicio, el precio de ejercicio, el precio de reembolso y otros elementos desconocidos en el momento de la elaboración del folleto de base. Si las condiciones finales no se incluyen en el folleto de base, no han de ser aprobadas por la autoridad competente, sino que basta con su presentación. Cualquier otra nueva información que pueda afectar a la evaluación del emisor y los valores debe incluirse en un suplemento del folleto de base. Ni las condiciones finales ni el suplemento deben utilizarse para incluir en el folleto de base un tipo de valores que no esté ya descrito.

(30)  A partir del folleto de base, el emisor solo debe elaborar una nota de síntesis para cada emisión concreta ofrecida, con el fin de reducir las cargas administrativas y aumentar la transparencia para los inversores. Esta nota de síntesis específica para la emisión debe adjuntarse a las condiciones finales y solo requiere la aprobación de la autoridad competente en caso de que las condiciones finales estén incluidas en el folleto de base o en un suplemento del mismo.

(31)  Con objeto de mejorar la flexibilidad y la eficiencia de coste del folleto de base, el emisor frecuente debe tener la posibilidad de elaborar tal folleto como documento separado y utilizar un documento de registro universal como parte integrante del mismo.

(32)  Debe alentarse a los emisores frecuentes a que elaboren sus folletos como documentos separados, ya que de este modo pueden reducir sus costes de cumplimiento del presente Reglamento y responder rápidamente a las oportunidades del mercado. Por lo tanto, los emisores cuyos valores se admitan a negociación en mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación deben tener la posibilidad, si lo desean, de elaborar y publicar cada ejercicio financiero un documento de registro universal con sus datos jurídicos, empresariales, financieros, contables y de accionariado que ofrezca una descripción de los mismos durante ese ejercicio. De este modo, el emisor podrá mantener la información actualizada y elaborar un folleto cuando las condiciones del mercado sean propicias para una oferta o una admisión añadiendo una nota sobre los valores y una nota de síntesis. El documento de registro universal debe ser polivalente, en la medida en que su contenido debe ser el mismo independientemente de que el emisor lo utilice posteriormente para una oferta o admisión a cotización de valores participativos, de obligaciones o de derivados. Debe servir como fuente de referencia sobre el emisor, proporcionando a los inversores y los analistas la información mínima necesaria para formarse un juicio informado sobre la actividad de la empresa, su situación financiera, sus beneficios y perspectivas, su gobernanza y la estructura del accionariado.

(33)  El emisor que haya presentado un documento de registro universal y obtenido su aprobación durante dos años consecutivos puede considerarse bien conocido por la autoridad competente. Por lo tanto, conviene autorizar que los ulteriores documentos de registro universal y sus modificaciones puedan ser presentados sin necesidad de aprobación previa y examinados a posteriori por la autoridad competente cuando esta lo considere necesario, a no ser que dichas modificaciones se refieran a una omisión, o bien a un error o inexactitud importantes, que puedan inducir a error al público respecto a hechos o circunstancias fundamentales para una evaluación informada del emisor. Cada autoridad competente debe decidir la frecuencia de esa revisión, teniendo en cuenta, por ejemplo, la evaluación que haya hecho de los riesgos del emisor, la calidad de la información anteriormente divulgada o el tiempo transcurrido desde la última revisión del documento de registro universal presentado.

(34)  El documento de registro universal debe ser susceptible de modificación, en tanto no forme parte de un folleto aprobado, ya sea voluntariamente por el emisor (por ejemplo, en caso de un cambio importante en su organización o su situación financiera) o a petición de la autoridad competente en el contexto de una revisión posterior a la presentación si no se cumplen los criterios de integridad, comprensibilidad y coherencia. Estas modificaciones deben publicarse con sujeción al régimen aplicable al documento de registro universal. En particular, cuando la autoridad competente constate una omisión, o bien un error o inexactitud importante, el emisor debe modificar su documento de registro universal y poner la modificación a disposición del público sin demora indebida. Puesto que no se está realizando una oferta pública ni una admisión a cotización de valores, el procedimiento de modificación de un documento de registro universal debe ser distinto del procedimiento para añadir un suplemento a un folleto, que solo debe aplicarse con posterioridad a la aprobación de este.

(35)  En caso de que un emisor elabore un folleto formado por documentos separados, deben estar sujetas a aprobación todas sus partes, incluidos, en su caso, el documento de registro universal y sus modificaciones, cuando hayan sido previamente presentados a la autoridad competente pero no hayan sido aprobados. En el caso de un emisor frecuente, no es necesario aprobar, antes de su publicación, las modificaciones del documento de registro universal, sino que debe permitirse que las autoridades competentes las examinen a posteriori.

(36)  Para acelerar el proceso de preparación del folleto y facilitar el acceso a los mercados de capital de una manera eficiente en términos de coste, los emisores frecuentes que elaboren un documento de registro universal deben tener la posibilidad de beneficiarse de un proceso de aprobación más rápido, puesto que el principal elemento del folleto ya ha sido aprobado o está disponible para revisión por la autoridad competente. El tiempo necesario para la aprobación del folleto debe reducirse, por tanto, cuando el documento de registro adopte la forma de un documento de registro universal.

(37)  Siempre que el emisor observe los procedimientos para la presentación, difusión y almacenamiento de la información regulada y los plazos establecidos en los artículos 4 y 5 de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(10), debe permitirse que los informes financieros anuales y semestrales exigidos en esa Directiva se publiquen como parte integrante del documento de registro universal, salvo que los Estados miembros de origen del emisor sean distintos a los efectos del presente Reglamento y de dicha Directiva, o que la lengua del documento de registro universal no cumpla las condiciones del artículo 20 de la misma. Esto aliviará la carga administrativa vinculada a las presentaciones múltiples sin afectar a la información puesta a disposición del público ni a la supervisión de dichos informes con arreglo a la Directiva 2004/109/CE.

(38)  Debe fijarse un plazo inequívoco de validez del folleto para evitar las decisiones de inversión basadas en información no actualizada. Con objeto de mejorar la seguridad jurídica, el plazo de validez del folleto debe comenzar en la fecha de su aprobación, la cual puede ser verificada fácilmente por la autoridad competente. El plazo de validez de una oferta pública de valores descrita en un folleto de base únicamente debe ampliarse más allá de la fecha indicada en este último si, antes de expirar dicho plazo, se aprueba un nuevo folleto de base que contemple la continuación de la oferta.

(39)  Por su propia naturaleza, la información de un folleto relativa al impuesto sobre la renta generada por los valores solo puede tener carácter genérico, por lo que aportará escaso valor informativo para el inversor concreto. Puesto que esa información ha de referirse no solo al país en el que el emisor tenga su domicilio social, sino también a los países en los que se realice la oferta, se solicite la admisión a cotización o se difunda el folleto, es de elaboración costosa y podría dificultar las ofertas transfronterizas. Por consiguiente, el folleto tan solo debe incluir la advertencia de que la legislación fiscal del Estado miembro del inversor y del Estado miembro de constitución del emisor puede influir en la renta generada por los valores. Por otro lado, el folleto debe incluir información tributaria adecuada cuando la inversión propuesta se acoja a un régimen fiscal específico, por ejemplo en caso de inversiones en valores que concedan a los inversores un tratamiento fiscal favorable.

(40)  Una vez admitida a cotización una categoría de valores en un mercado regulado, se facilita a los inversores la información continua del emisor prevista en el Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(11) y en la Directiva 2004/109/CE. De este modo, la necesidad de un folleto completo es menos acuciante en caso de sucesivas ofertas públicas o admisiones a cotización del emisor. Por consiguiente, en caso de emisiones secundarias debe preverse un folleto simplificado separado, con un contenido más reducido que el del régimen normal, teniendo en cuenta la información ya divulgada. No obstante lo anterior, debe facilitarse a los inversores información consolidada y bien estructurada sobre aspectos tales como las condiciones de la oferta y su contexto ▌. Por consiguiente, el folleto simplificado de una emisión secundaria debe incluir la información reducida pertinente que un inversor razonable precisaría para comprender las perspectivas del emisor y de los posibles garantes, los derechos inherentes a los valores, y los motivos de la emisión y sus consecuencias para el emisor, en particular la declaración relativa al capital de explotación, la divulgación de la capitalización y el endeudamiento, las repercusiones para la estructura global del capital y un resumen conciso de la información relevante divulgada con arreglo al Reglamento (UE) n.º 596/2014 desde la fecha de la última emisión.

(41)  El régimen simplificado de divulgación de información para las emisiones secundarias debe ampliarse a los valores que cotizan en mercados de pymes en expansión, ya que sus operadores están obligados, en virtud de la Directiva 2014/65/UE, a establecer y aplicar normas que garanticen una divulgación continua adecuada por parte de los emisores cuyos valores se coticen en ellos. Este régimen también debe ser de aplicación a los SMN que no sean mercados de pymes en expansión cuando estos SMN tengan requisitos en materia de divulgación equivalentes a los exigidos a los mercados de pymes en expansión con arreglo a la Directiva 2014/65/UE.

(42)  Este régimen simplificado de divulgación de información para las emisiones secundarias solamente debe autorizarse después de transcurrido un plazo mínimo desde la admisión inicial a cotización de una clase de valores de un determinado emisor. Con un plazo de 18 meses, el emisor habrá tenido que cumplir, al menos una vez, su obligación de publicar un informe financiero anual en virtud de la Directiva 2004/109/CE o de las normas aplicables a los operadores de mercado de un mercado de pymes en expansión o un SMN con requisitos equivalentes en materia de divulgación.

(43)  Uno de los objetivos esenciales de la unión de los mercados de capitales («UMC») consiste en facilitar a las pymes de la UE el acceso a la financiación en los mercados de capitales de la Unión. Dado que estas empresas, por lo general, necesitan captar sumas menores que otros emisores, el coste de elaborar un folleto completo puede llegar a ser desproporcionadamente elevado y disuadirlas de ofrecer sus valores al público. Al propio tiempo, debido a su tamaño y a su historial más corto, las pymes pueden suponer un riesgo de inversión específico en comparación con los grandes emisores, por lo que deben divulgar información suficiente para que los inversores adopten sus decisiones de inversión. Además, con el fin de fomentar el uso entre las pymes de la financiación en los mercados de capitales, el presente Reglamento debe garantizar un trato especial para los mercados de pymes en expansión. Los mercados de pymes en expansión son un instrumento prometedor para permitir a empresas más pequeñas, que están creciendo, obtener capital. El éxito de estas plazas depende, no obstante, en su capacidad de atraer a empresas de un determinado tamaño. De manera similar, los emisores en caso de ofertas públicas de valores por un importe total en la Unión que no supere los 20 000 000 EUR deben tener un acceso más fácil a la financiación en los mercados de capitales para tener la posibilidad de crecer y alcanzar su pleno potencial, pudiendo obtener fondos a un coste que no resulte desproporcionadamente elevado. Por consiguiente, conviene que el presente Reglamento cree y ponga a disposición de las pymes un régimen, específico y adaptado, de folleto de crecimiento de la Unión destinado a los emisores de una oferta pública de valores que se vaya a admitir a cotización en un mercado de pymes en expansión y a los emisores de una oferta pública de valores por un importe total en la Unión que no supere los 20 000 000 EUR. Así pues, al definir el contenido del folleto de crecimiento de la Unión relativo a una pyme es preciso lograr un equilibrio adecuado entre el acceso económicamente eficiente a los mercados financieros y la protección del inversor, de forma que para alcanzar tal objetivo conviene desarrollar un régimen específico de divulgación de información para las pymes. Una vez aprobados, los folletos de crecimiento de la Unión deben acogerse al régimen de pasaporte previsto en el presente Reglamento y deben ser, por tanto, válidos para cualquier oferta pública de valores en toda la Unión.

(44)  La información reducida que se debe comunicar en los folletos de crecimiento de la Unión debe determinarse de tal modo que se limite a la información que sea importante y relevante para realizar una inversión en los valores emitidos y debe garantizar la proporcionalidad entre el tamaño de la empresa y sus necesidades de fondos, por un lado, y el coste de elaboración del folleto, por otro. Para lograr que dichas empresas puedan elaborar sus folletos sin incurrir en costes desproporcionados para su tamaño y para el volumen de la financiación que necesitan, el régimen de folleto de crecimiento de la Unión debe ser más flexible que el aplicado a las empresas en los mercados regulados, en la medida en que esto sea compatible con la garantía de que se divulgue la información fundamental que requiere el inversor.

(45)  Este régimen adaptado de divulgación para los folletos de crecimiento de la Unión no debe aplicarse cuando los valores se vayan a admitir a cotización en mercados regulados ▌, porque los inversores en esos mercados han de estar seguros de que los emisores en cuyos valores invierten están sujetos a un único conjunto de normas en materia de divulgación de información. Por consiguiente, en los mercados regulados no debe haber un sistema de divulgación de información de dos niveles para la admisión de valores que dependa del tamaño del emisor.

(46)  Un folleto de crecimiento de la Unión debe ser un documento normalizado, fácil de cumplimentar por parte de los emisores, que recoja información esencial sobre el emisor, los valores y la oferta. La Comisión debe elaborar actos delegados para especificar el contenido reducido y el formato del folleto de crecimiento de la Unión normalizado. Al definir los detalles del régimen adaptado de divulgación de información para los folletos de crecimiento de la Unión, la Comisión debe tener en cuenta la necesidad de asegurarse de que el folleto de crecimiento de la Unión sea genuina y considerablemente menos gravoso que el folleto completo desde el punto de vista de la carga administrativa y los costes de emisión, la necesidad de facilitar el acceso de las pymes a los mercados de capitales garantizando al mismo tiempo la confianza de los inversores al invertir en tales empresas, la necesidad de minimizar los costes y las cargas para las pymes, la necesidad de recoger tipos específicos de información de especial importancia para las pymes, el tamaño del emisor y el tiempo que lleva operando, los distintos tipos y características de las ofertas, y los distintos tipos de información que necesitan los inversores en relación con los distintos tipos de valores.

(48)  La finalidad principal de la inclusión de factores de riesgo en el folleto consiste en garantizar que los inversores hagan una evaluación informada de dichos riesgos y adopten sus decisiones de inversión con pleno conocimiento de causa. Por lo tanto, los factores de riesgo deben limitarse a los riesgos que sean importantes y específicos respecto al emisor y a sus valores, y que estén respaldados por el contenido del folleto. El folleto no debe incluir factores de riesgo de tipo genérico o que solo sirvan como descargos de responsabilidad, ya que podrían ocultar otros factores de riesgo más específicos que los inversores deban conocer, impidiendo así que el folleto presente información en forma fácilmente analizable, sucinta y comprensible. La AEVM debe elaborar directrices para evaluar la especificidad e importancia de los factores de riesgo con el fin de ayudar a las autoridades competentes en el examen de los factores de riesgo, de modo que se fomente una divulgación adecuada y selectiva de la información sobre los factores de riesgo por parte de los emisores.

(49)  En determinadas circunstancias debe permitirse que el folleto omita información sensible, reconociendo a tal efecto la posibilidad de que la autoridad competente conceda una exención para evitar situaciones que perjudiquen al emisor.

(50)  Los Estados miembros publican abundante información sobre su situación financiera, que es generalmente de dominio público. De este modo, cuando un Estado miembro avale una oferta de valores, no es necesario que esta información figure en el folleto.

(51)  Permitir a los emisores que incorporen al folleto o a un folleto de base por referencia documentos que contengan la información que deba divulgarse —a condición de que dichos documentos hayan sido publicados anteriormente en forma electrónica— debe facilitar el procedimiento de elaboración del folleto y reducir los costes que soportan los emisores, sin poner en peligro la protección de los inversores. Sin embargo, este objetivo de simplificación y reducción de los costes de elaboración del folleto no debe alcanzarse en detrimento de los demás intereses que el folleto está llamado a proteger, entre ellos la accesibilidad de la información. La lengua utilizada en la información incorporada por referencia debe ajustarse al régimen lingüístico aplicable al folleto. La información incorporada por referencia puede contener datos históricos, si bien, en caso de que ya no sea relevante como consecuencia de cambios importantes, debe indicarse claramente esta circunstancia en el folleto y facilitarse igualmente la información actualizada. Asimismo, los emisores frecuentes deben tener libertad para decidir incorporar cambios en el documento de registro universal mediante una referencia dinámica en el folleto. Dicha referencia dinámica garantizaría que se remita siempre al lector a la última versión del documento de registro universal, sin necesidad de un suplemento. El uso de una referencia dinámica en lugar de un suplemento no debe afectar al derecho de retirada del inversor.

(52)  Debe admitirse la posibilidad de que se incorpore al folleto por referencia información regulada ▌. A los emisores cuyos valores se negocien en un sistema multilateral de negociación y a los que estén exentos de publicar los informes financieros en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), de la Directiva 2004/109/CE se les debe permitir también que incorporen por referencia en el folleto la totalidad o una parte de sus informes financieros anuales e intermedios, informes de auditoría, estados financieros, informes de gestión o declaraciones sobre gobernanza empresarial, siempre que se hayan publicado en formato electrónico.

(53)  No todos los emisores tienen acceso a la información y asesoramiento adecuados en relación con el proceso de examen y aprobación y con los trámites necesarios para conseguir la aprobación del folleto, ya que las autoridades competentes de los Estados miembros aplican distintos criterios. El presente Reglamento pretende eliminar esas diferencias, armonizando las normas aplicables al proceso de examen y aprobación y racionalizando el proceso de aprobación de las autoridades nacionales competentes con el fin de garantizar que todas las autoridades competentes apliquen un planteamiento convergente al examinar la información incluida en un folleto en lo que respecta a su integridad, coherencia e inteligibilidad. Deben publicarse en los sitios web de las autoridades competentes recomendaciones sobre la forma de obtener la aprobación de un folleto. La AEVM debe desempeñar un papel fundamental en la promoción de la convergencia de la supervisión en este ámbito, haciendo uso de los poderes que le confiere el Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo(12). En particular, la AEVM debe organizar evaluaciones inter pares que abarquen las actividades de las autoridades competentes sujetas al presente Reglamento durante la fase anterior a la revisión del mismo y de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 1095/2010. La AEVM debe desarrollar un sistema central de flujo de trabajo que integre el proceso de aprobación del folleto desde su inicio hasta la aprobación y que permita a las autoridades competentes, a la AEVM y a los emisores gestionar y supervisar en línea las solicitudes de aprobación. Este sistema facilitaría información clave y funcionaría como una herramienta para que la AEVM y las autoridades competentes busquen la convergencia de los procesos y procedimientos de aprobación de los folletos en la Unión, y para garantizar que, en el futuro, los folletos se aprueben de la misma manera en toda la Unión.

(53 bis)   La AEVM debe evaluar el diseño, la financiación y el funcionamiento de un sistema central de flujo de trabajo en el contexto de la Unión de los Mercados de Capitales junto con las autoridades nacionales competentes.

(54)  Para facilitar el acceso a los mercados de los Estados miembros, es importante que se divulguen las tasas cobradas por las autoridades competentes por la aprobación y presentación de los folletos y de sus documentos correspondientes, y que estas tasas sean razonables. Las tasas que se impongan a los emisores establecidos en un tercer país deben reflejar la carga que representa la emisión.

(55)  Dado que Internet permite un fácil acceso a la información, y con objeto de garantizar una mejor accesibilidad a los inversores, el folleto aprobado debe publicarse siempre en formato electrónico. El folleto debe publicarse en una sección específica del sitio web del emisor, oferente o persona que solicite la admisión, o bien, cuando sea aplicable, en el sitio web de los intermediarios financieros que coloquen o vendan los valores, incluidos los agentes pagadores, o bien en el sitio web del mercado regulado para el que se solicite la admisión a cotización o del operador de sistema multilateral de negociación, y la autoridad competente lo debe remitir a la AEVM junto con los datos pertinentes que permitan su clasificación. La AEVM debe organizar un mecanismo de almacenamiento centralizado de acceso gratuito a los folletos, así como herramientas de búsqueda a disposición del público. Con el fin de garantizar que los inversores tengan acceso a datos fiables que puedan usarse y analizarse con prontitud y eficacia, la información clave recogida en los folletos, como el ISIN que identifica a los valores o el LEI que identifica a los emisores, oferentes y garantes, debe poderse leer por medios electrónicos, también cuando se empleen metadatos. Los folletos deben permanecer a disposición del público al menos diez años desde su publicación, con objeto de equiparar este período de disponibilidad pública al de los informes financieros anuales y semestrales establecido en la Directiva 2004/109/CE. En todo caso, el folleto ▌ debe estar siempre disponible para los inversores en un soporte duradero, de forma gratuita y bajo demanda.

(56)  Es necesario asimismo armonizar la publicidad, con el fin de no socavar la confianza del público y no perjudicar el correcto funcionamiento de los mercados financieros. La imparcialidad y exactitud de la publicidad, así como su congruencia con el contenido del folleto, son de la mayor importancia para la protección de los inversores, especialmente de los pequeños. Sin perjuicio del régimen de pasaporte previsto en el presente Reglamento, la supervisión de dicha publicidad forma parte de las funciones de las autoridades competentes. La autoridad competente del Estado miembro en que se divulgue la publicidad debe estar facultada para controlar que la actividad publicitaria relativa a una oferta pública de valores o a una admisión a cotización en un mercado regulado cumple los principios establecidos en el presente Reglamento. En caso necesario, el Estado miembro de origen debe asistir a la autoridad competente del Estado miembro en que se divulgue la publicidad en la evaluación de la coherencia de la publicidad con la información recogida en el folleto. Sin perjuicio de las facultades establecidas en el artículo 30, apartado 1, el examen de la publicidad no debe constituir una condición previa para que la oferta pública o la admisión a cotización tengan lugar en un Estado miembro de acogida.

(57)  Todo nuevo factor significativo, error o inexactitud importante que pueda influir en la evaluación de la inversión, y que aparezca después de la publicación del folleto y antes del cierre de la oferta o del inicio de la negociación en un mercado regulado, debe ser valorado adecuadamente por los inversores, por lo que requiere la aprobación y divulgación sin demora injustificada de un suplemento del folleto.

(58)  Con objeto de mejorar la seguridad jurídica, es preciso aclarar los plazos en los que un emisor debe publicar un suplemento del folleto y en los que los inversores tienen derecho a retirar su aceptación de la oferta a raíz de la publicación del suplemento. Por un lado, la obligación de elaborar un suplemento del folleto debe extenderse hasta la fecha del cierre definitivo de la oferta o bien hasta el inicio de la negociación de los correspondientes valores en un mercado regulado, si esta fecha fuera posterior. Por otro lado, el derecho a retirar la aceptación debe mantenerse únicamente cuando el folleto se refiera a una oferta pública de valores y el nuevo factor significativo, error o inexactitud haya aparecido antes del cierre definitivo de la oferta y de la entrega de los valores. De ahí que el derecho de retirada deba ponerse en relación con el momento en que haya aparecido el nuevo factor significativo, error o inexactitud que haya dado lugar al suplemento, y que deba presumirse que dicho evento desencadenante se ha producido mientras la oferta estaba abierta y antes de la entrega de los valores. Para mejorar la seguridad jurídica, el suplemento del folleto debe especificar cuándo expira el derecho de retirada. Los intermediarios financieros deben facilitar los trámites cuando los inversores ejerzan su derecho a retirar la aceptación.

(59)  La imposición al emisor de la obligación de traducir todo el folleto a todas las lenguas oficiales pertinentes puede desalentar las ofertas transfronterizas o la negociación múltiple. Con objeto de facilitar las ofertas transfronterizas, cuando el folleto se redacte en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales, bastará con traducir la nota de síntesis a la lengua o lenguas oficiales del Estado o Estados miembros de acogida o de origen o a una de las lenguas oficiales que se utilice en la zona del Estado miembro en que se distribuya el producto de inversión.

(60)  La AEVM y la autoridad competente del Estado miembro de acogida deben tener derecho a recibir un certificado de la autoridad competente del Estado miembro de origen en el que se declare que el folleto, o el documento de registro universal cuando únicamente se haya aprobado este documento, ha sido elaborado de conformidad con el presente Reglamento. La autoridad competente del Estado miembro de origen debe transmitir asimismo al emisor o al responsable de elaborar el folleto o el documento de registro universal, según proceda, el certificado acreditativo de la aprobación del mismo, dirigido a la autoridad del Estado miembro de acogida, de forma que dicho emisor o responsable puedan saber con certeza si se ha realizado la notificación y en qué fecha.

(61)  Para garantizar el pleno cumplimiento de los objetivos del presente Reglamento, es preciso incluir también en su ámbito de aplicación los valores emitidos por emisores sujetos a la legislación de terceros países. ▌Con objeto de garantizar los intercambios de información y la cooperación con las autoridades de terceros países en relación con la aplicación efectiva del presente Reglamento, las autoridades competentes deben formalizar acuerdos de cooperación con sus homólogas en dichos países. Cualquier transferencia de datos personales realizada a raíz de dichos acuerdos debe respetar la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(62)  La diversidad de autoridades competentes de los Estados miembros, y las diferentes competencias que tienen asignadas, pueden generar costes innecesarios y solapamiento de responsabilidades, sin que ello conlleve ningún beneficio añadido. En cada Estado miembro debe designarse una única autoridad competente que apruebe los folletos y asuma la responsabilidad de supervisar el cumplimiento del presente Reglamento. Dicha autoridad competente debe crearse como autoridad administrativa, de tal modo que se garantice su independencia respecto a los agentes económicos y se eviten los conflictos de intereses. La designación de una autoridad competente para la aprobación del folleto no excluye que dicha autoridad coopere con otros entes, como son las autoridades reguladoras del sector bancario o asegurador, o las autoridades de la admisión a cotización, con el fin de garantizar un examen y aprobación apropiados de los folletos en beneficio de los emisores, los inversores, los operadores del mercado y los propios mercados. Solo debe permitirse la delegación de tareas por parte de una autoridad competente en otra entidad cuando esté relacionada con la publicación de folletos aprobados.

(63)  La eficacia de la supervisión se garantiza con la atribución de un conjunto de competencias e instrumentos eficaces a la autoridad competente de cada Estado miembro. En consecuencia, el presente Reglamento debe contemplar, en particular, el conjunto mínimo de facultades en materia de supervisión e investigación que se deben conferir a las autoridades competentes de los Estados miembros con sujeción a la legislación nacional. Estas facultades deben ejercerse, cuando la legislación nacional así lo requiera, mediante la intervención de las autoridades judiciales competentes. Al ejercer las facultades que les otorga el presente Reglamento, las autoridades competentes y la AEVM deben actuar con objetividad e imparcialidad y mantener la autonomía de su proceso decisorio.

(64)  Para descubrir posibles infracciones del presente Reglamento, es preciso que las autoridades competentes tengan derecho de acceso a los correspondientes locales, siempre que no sean domicilios particulares de personas físicas, con el fin de incautarse de documentos. El acceso a estos locales resulta necesario cuando haya sospechas razonables de que se guardan en ellos documentos u otras informaciones relacionadas con el objeto de una inspección o investigación que pudieran ser relevantes para demostrar una infracción del presente Reglamento. Por otra parte, el acceso a dichos locales también resulta necesario cuando la persona a la que previamente se haya dirigido una petición de información se niegue a atenderla, o cuando haya razones fundadas para creer que, si se formulase una petición semejante, no sería atendida o que los documentos o datos a los que se refiere la petición de información podrían ser retirados, manipulados o destruidos.

(65)  De acuerdo con la Comunicación de la Comisión, de 8 de diciembre de 2010, titulada «Regímenes sancionadores más rigurosos en el sector de servicios financieros», y con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos impuestos por el presente Reglamento, es importante que los Estados miembros adopten las disposiciones necesarias para que las infracciones del mismo sean objeto de las adecuadas sanciones y medidas de carácter administrativo. Dichas sanciones y medidas administrativas deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias, capaces de garantizar un enfoque común en los Estados miembros y producir efectos preventivos. El presente Reglamento no debe limitar la capacidad de los Estados miembros para imponer sanciones administrativas más severas.

(66)  Con objeto de lograr que las decisiones adoptadas por las autoridades competentes tengan efectos disuasorios para el público en general, normalmente deben publicarse, salvo que la autoridad competente considere, con arreglo al presente Reglamento, que es preferible publicar las sanciones de forma anonimizada, retrasar su publicación o no publicarlas.

(67)  Aunque los Estados miembros pueden dictar normas relativas a las sanciones administrativas o penales aplicables a las mismas infracciones, no se les debe obligar a dictar normas relativas a las sanciones administrativas correspondientes a las infracciones del presente Reglamento que ya estuvieran contempladas en la legislación penal nacional el [insertar la fecha de aplicación del presente Reglamento]. De conformidad con la legislación nacional, los Estados miembros no están obligados a imponer sanciones tanto administrativas como penales por una misma infracción, aunque pueden hacerlo cuando su Derecho nacional lo permita. No obstante, el mantenimiento de sanciones penales, en lugar de sanciones administrativas, para las infracciones del presente Reglamento no debe reducir ni afectar de otro modo a la capacidad de las autoridades competentes para cooperar, acceder a la información e intercambiarla en tiempo oportuno con las autoridades competentes de otros Estados miembros a efectos del presente Reglamento, en particular cuando las infracciones pertinentes se hayan puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes para su enjuiciamiento penal.

(68)  Los denunciantes pueden hacer llegar a la atención de las autoridades competentes información nueva que ayude a estas a descubrir y sancionar las infracciones del presente Reglamento. Por tanto, el presente Reglamento debe garantizar la existencia de mecanismos adecuados para alentar a los denunciantes a poner sobre alerta a las autoridades competentes acerca de posibles infracciones del mismo y para protegerles frente a las represalias.

(69)  Con objeto de especificar los requisitos del presente Reglamento, debe conferirse a la Comisión la facultad de adoptar actos delegados según lo previsto en el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, respecto a los siguientes temas: ▌el contenido mínimo de información de los documentos indicados en el artículo 1, apartado 3, letras f) y g), y en el apartado 4, letras d) y e), la adaptación de las definiciones del artículo 2, ▌el formato del folleto, del folleto de base y de las condiciones finales, la información específica que se debe incluir en el folleto, la información mínima que se debe incluir en el documento de registro universal, la información reducida que se debe incluir en el folleto simplificado ▌en el caso de emisiones secundarias y de pymes, el contenido reducido y el formato específicos del folleto de crecimiento de la Unión previsto en el presente Reglamento, la publicidad relacionada con los valores incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento y los criterios generales de equivalencia para los folletos elaborados por emisores de terceros países. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(70)  Con objeto de garantizar unas condiciones uniformes en la aplicación del presente Reglamento en lo relativo a la equivalencia de la legislación de terceros países en materia de folletos, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para que pueda adoptar una decisión sobre dicha equivalencia. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(13).

(71)  Las normas técnicas en el ámbito de los servicios financieros deben garantizar la adecuada protección de los inversores y consumidores de toda la Unión. Como organismo que dispone de conocimientos técnicos altamente especializados, resulta eficaz y conveniente confiar a la AEVM la preparación de proyectos de normas técnicas de regulación, que no conlleven opciones políticas, para su presentación a la Comisión.

(72)  La Comisión debe aprobar los proyectos de normas técnicas de regulación preparados por la AEVM sobre los siguientes temas: el contenido y formato de la información financiera fundamental de carácter histórico que debe incluirse en la nota de síntesis, el examen, la aprobación, la presentación y la revisión del documento de registro universal, así como las condiciones para su modificación o actualización, las circunstancias en que se puede perder la condición de emisor frecuente, la información que se va a incorporar por referencia, los restantes tipos de documentación requeridos por la legislación de la Unión, los procedimientos para el examen y la aprobación del folleto, la publicación del folleto, los datos necesarios para la clasificación de los folletos en el mecanismo de almacenamiento administrado por la AEVM, las disposiciones sobre publicidad, las situaciones en que un nuevo factor significativo, error o inexactitud importante relacionado con la información facilitada en el folleto requiere la publicación de un suplemento del mismo, la información intercambiada entre las autoridades competentes y la AEVM en el marco de la obligación de cooperar, y el contenido mínimo de los acuerdos de cooperación con las autoridades de supervisión de terceros países. La Comisión debe adoptar dichos proyectos de normas técnicas de regulación mediante actos delegados de conformidad con el artículo 290 del TFUE y con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

(73)  Deben conferirse asimismo a la Comisión competencias para adoptar normas técnicas de ejecución mediante actos de ejecución en virtud del artículo 291 del TFUE y de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010. Debe confiarse a la AEVM la elaboración de proyectos de normas técnicas de ejecución, para su presentación a la Comisión, sobre los siguientes temas: los formularios, modelos y procedimientos normalizados relativos a la notificación del certificado de aprobación, el folleto, el suplemento del folleto y la traducción de este y/o de la nota de síntesis, los formularios, modelos y procedimientos normalizados para la cooperación e intercambio de información entre las autoridades competentes, y los procedimientos y formularios para el intercambio de información entre las autoridades competentes y la AEVM.

(74)  Al ejercer sus competencias delegadas y de ejecución de conformidad con el presente Reglamento, la Comisión debe respetar los siguientes principios:

   la necesidad de garantizar la confianza en los mercados financieros entre los pequeños inversores y las pymes, promoviendo normas rigurosas de transparencia en los mercados financieros;
   la necesidad de ajustar los requisitos de divulgación de información del folleto para tener en cuenta el tamaño del emisor y la información que todo emisor está ya obligado a comunicar con arreglo a la Directiva 2004/109/CE y al Reglamento (UE) n.º 596/2014;
   la necesidad de facilitar el acceso de las pymes a los mercados de capitales, garantizando al mismo tiempo la confianza del inversor al invertir en estas empresas;
   la necesidad de ofrecer a los inversores una amplia gama de oportunidades de inversión competitivas y un nivel de divulgación de información y protección adaptado a sus circunstancias;
   la necesidad de garantizar que las autoridades independientes con potestad reglamentaria aplican las normas con arreglo a principios de coherencia, especialmente en cuanto se refiere a la lucha contra la delincuencia financiera;
   la necesidad de un alto grado de transparencia y de consulta con todos los participantes del mercado y con el Parlamento Europeo y el Consejo;
   la necesidad de fomentar la innovación en los mercados financieros para que sean dinámicos y eficientes;
   la necesidad de garantizar la estabilidad sistémica del sistema financiero mediante una supervisión cercana y reactiva de la innovación financiera;
   la importancia de reducir el coste del capital y de fomentar el acceso al mismo;
   la necesidad de equilibrar a largo plazo los costes y beneficios de cualquier medida de ejecución para los participantes en el mercado;
   la necesidad de estimular la competitividad internacional de los mercados financieros de la Unión sin perjuicio de la muy necesaria ampliación de la cooperación internacional;
   la necesidad de lograr la igualdad de trato para todos los participantes en el mercado, estableciendo una legislación a nivel de la Unión cuando sea preciso;
   la necesidad de garantizar la coherencia con otras normas de la Unión en este ámbito, ya que los desequilibrios en la información y la falta de transparencia pueden comprometer el funcionamiento de los mercados y, lo que es más importante, afectar negativamente a los consumidores y a los pequeños inversores.

(75)  Cualquier tratamiento de datos personales realizado en el marco del presente Reglamento, como el intercambio o transmisión de datos personales por las autoridades competentes, debe atenerse a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(14), y el intercambio o transmisión de información por parte de la AEVM debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo(15).

(76)  En el plazo máximo de cinco años a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión debe revisar su aplicación y evaluar, en particular, si los regímenes de divulgación de información aplicados a las emisiones secundarias y a las pymes, el documento de registro universal y la nota de síntesis del folleto siguen siendo apropiados para alcanzar los objetivos establecidos en el presente Reglamento.

(77)  Conviene posponer la aplicación de los requisitos del presente Reglamente para permitir la adopción de actos delegados y de ejecución, y para que los participantes en el mercado puedan asimilar y planificar la aplicación de las nuevas medidas. Puesto que los objetivos del presente Reglamento, a saber:

(78)  el reforzamiento de la protección de los inversores y de la eficiencia del mercado mediante la creación de la unión de los mercados de capitales, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel de la Unión debido a la escala y efectos de la acción, la Unión puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(79)  El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa, en particular, los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por consiguiente, el presente Reglamento debe interpretarse y aplicarse de conformidad con dichos derechos y principios.

(80)  El Supervisor Europeo de Protección de Datos ha sido consultado de conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 45/2001 ▌.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objetivo y ámbito de aplicación

1.  El objetivo del presente Reglamento es definir los requisitos para la elaboración, aprobación y distribución del folleto que debe publicarse cuando se ofertan al público o se admiten a cotización valores en un mercado regulado establecido en un Estado miembro.

2.  El presente Reglamento, a excepción del artículo 4, no se aplicará a los tipos de valores siguientes:

a)  las participaciones emitidas por organismos de inversión colectiva ▌;

b)  los valores no participativos emitidos por un Estado miembro o por una de las autoridades regionales o locales de un Estado miembro, por organismos públicos internacionales de los que formen parte uno o más Estados miembros, por el Banco Central Europeo o por los bancos centrales de los Estados miembros;

c)  las acciones de bancos centrales de los Estados miembros;

d)  los valores completa, incondicional e irrevocablemente garantizados por un Estado miembro o por una de las autoridades regionales o locales de un Estado miembro;

e)  los valores emitidos por asociaciones con personalidad jurídica u organizaciones sin ánimo de lucro, reconocidas por el Estado miembro, con vistas a la obtención de los medios necesarios para lograr sus objetivos no lucrativos;

g)  las acciones no fungibles de capital cuya principal función sea facilitar al titular un derecho de ocupación de un apartamento, u otra forma de propiedad inmobiliaria o de una parte de ella, cuando las acciones no puedan venderse sin ceder dicho derecho;

i)  los valores no participativos emitidos de manera continua o reiterada por entidades de crédito, cuando el importe agregado total de la oferta en la Unión correspondiente a los valores ofertados sea inferior a 75 millones EUR por entidad de crédito sobre un período de doce meses, a condición de que estos valores:

i)  no sean subordinados, convertibles o canjeables;

ii)  no den derecho a suscribir o a adquirir otros tipos de valores y no estén ligados a un instrumento derivado.

3.  El presente Reglamento, a excepción del artículo 4, no se aplicará a los siguientes tipos de ofertas públicas de valores:

a)  las ▌dirigidas exclusivamente a inversores cualificados;

b)  las ▌dirigidas a menos de 350 personas físicas o jurídicas por Estado miembro y a un total no superior de 4 000 personas físicas o jurídicas en la Unión, sin contar los inversores cualificados u otros inversores que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 6, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (UE) n.º 345/2013;

c)  las ▌dirigidas a inversores que adquieran valores por un importe total mínimo de 100 000 EUR por inversor en cada oferta individual;

d)  las ofertas ▌cuyo importe total en la Unión sea inferior a 1 000 000 EUR, importe que se calculará sobre un período de doce meses;

e)  las acciones emitidas en sustitución de acciones de la misma clase ya emitidas, si la emisión de tales nuevas acciones no supone ningún aumento del capital emitido;

f)  los valores ofertados en relación con una adquisición mediante una oferta de canje, a condición de que se disponga de un documento que contenga información descriptiva de la transacción y de sus consecuencias para el emisor;

g)  los valores ofertados, asignados o que vayan a ser asignados en relación con una fusión o escisión, siempre que se facilite un documento que contenga información descriptiva de la transacción y de sus efectos para el emisor;

h)  los dividendos pagados a los accionistas actuales en forma de acciones de la misma clase que aquellas por las que se pagan los dividendos, siempre que esté disponible un documento que contenga información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y pormenores de la oferta;

i)  los valores ofertados, asignados o que vayan a ser asignados a directores o empleados actuales o anteriores por su empresa o por una empresa vinculada, tanto si está situada en la Unión como si no, siempre que esté disponible un documento que contenga información sobre el número y la naturaleza de los valores y los motivos y pormenores de la oferta o asignación.

Los Estados miembros no ampliarán el requisito de elaborar un folleto de conformidad con el presente Reglamento a las ofertas de valores a que se hace referencia en el párrafo primero, letra d). Asimismo, los Estados miembros se abstendrán de imponer a dichas ofertas de valores en el nivel nacional otros requisitos en materia de divulgación de información que puedan constituir una carga desproporcionada o innecesaria. Los Estados miembros notificarán a la Comisión y a la AEVM los requisitos nacionales en materia de divulgación, de haberlos, incluido el texto de las disposiciones correspondientes.

4.  El presente Reglamento no se aplicará a la admisión a cotización en un mercado regulado de los siguientes tipos de valores:

a)  los valores fungibles con valores ya admitidos a cotización en el mismo mercado regulado, siempre que representen, a lo largo de un período de doce meses, menos del 20 % del volumen de valores ya admitidos a cotización en el mismo mercado regulado;

b)  las acciones resultantes de la conversión o canje de otros valores o del ejercicio de los derechos conferidos por otros valores, siempre que sean de la misma clase que las acciones ya admitidas a cotización en el mismo mercado regulado y que las nuevas acciones representen, a lo largo de un período de doce meses, menos del 20 % del volumen de acciones de la misma clase ya admitidas a cotización en el mismo mercado regulado; cuando un folleto haya sido elaborado de conformidad con el presente Reglamento o con la Directiva 2003/71/CE en relación con la oferta pública o la admisión a cotización de valores convertibles en acciones, o cuando los valores convertibles en acciones hayan sido emitidos antes de la entrada en vigor del presente Reglamento, este no se aplicará a la admisión a cotización en un mercado regulado de las acciones resultantes, independientemente del porcentaje que representen sobre el volumen de acciones de la misma clase ya admitidas a cotización en el mismo mercado regulado;

c)  las acciones emitidas en sustitución de acciones de la misma clase ya admitidas a cotización en el mismo mercado regulado, si la emisión de tales acciones no supone ningún aumento del capital emitido;

d)  los valores ofertados en relación con una adquisición mediante una oferta de canje, a condición de que se disponga de un documento que contenga información descriptiva de la transacción y de sus consecuencias para el emisor;

e)  los valores ofertados, asignados o que vayan a ser asignados en relación con una fusión o escisión, siempre que se facilite un documento que contenga información descriptiva de la transacción y de sus efectos para el emisor;

f)  las acciones ofertadas, asignadas o que vayan a ser asignadas gratuitamente a los actuales accionistas, y los dividendos pagados en forma de acciones de la misma clase que aquellas por las que se pagan los dividendos, siempre que las citadas acciones sean de la misma clase que las que ya han sido admitidas a cotización en el mismo mercado regulado y que esté disponible un documento que contenga información sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y pormenores de la oferta;

g)  los valores ofertados, asignados o que vayan a ser asignados a directores o empleados actuales o anteriores por su empresa o por una empresa vinculada, tanto si está situada en la Unión como si no, siempre que los citados valores sean de la misma clase que los que ya han sido admitidos a cotización en el mismo mercado regulado y que esté disponible un documento que contenga información sobre la cantidad y la naturaleza de los valores y los motivos y pormenores de la oferta;

h)  los valores ya admitidos a cotización en otro mercado regulado, con las siguientes condiciones:

i)  que dichos valores, o valores de la misma clase, hayan sido admitidos a cotización en ese otro mercado regulado durante más de 18 meses;

ii)  que, para los valores admitidos por primera vez a cotización en un mercado regulado después del 1 de julio de 2005, la admisión a cotización en ese otro mercado regulado fuera asociada a un folleto aprobado y publicado de conformidad con la Directiva 2003/71/CE;

iii)  que, excepto en caso de aplicarse el inciso ii) anterior, para los valores admitidos por primera vez a cotización después del 30 de junio de 1983, el folleto fuera aprobado de conformidad con los requisitos de la Directiva 80/390/CEE del Consejo(16) o de la Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(17);

iv)  que se hayan cumplido las obligaciones vigentes para la cotización en ese otro mercado regulado; y

v)  que la persona que solicite la admisión de un valor a cotización en un mercado regulado en los términos de esta excepción ponga a disposición del público del Estado miembro del mercado regulado para el que se solicite la admisión, en la forma prevista en el artículo 20, apartado 2, un documento cuyo contenido cumpla lo dispuesto en el artículo 7, redactado en una lengua aceptada por la autoridad competente del Estado miembro del mercado regulado para el que se solicite la admisión. Dicho documento deberá indicar dónde se puede obtener el folleto más reciente y en qué sitio se encuentra disponible la información financiera publicada por el emisor de conformidad con sus obligaciones de divulgación de información continua.

6.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 42, en los que se establezca el contenido mínimo de información de los documentos mencionados en el apartado 3, letras f) y g), y en el apartado 4, letras d) y e), del presente artículo.

Artículo 2

Definiciones

1.  A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a)  «valores»: los valores negociables, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 44, de la Directiva 2014/65/UE, a excepción de los instrumentos del mercado monetario definidos en el artículo 4, apartado 1, punto 17, de la misma Directiva, cuyo vencimiento sea inferior a doce meses;

b)  «valores participativos»: acciones y otros valores negociables equivalentes a acciones de sociedades, así como cualquier otro tipo de valores negociables que den derecho a adquirir cualquiera de los valores mencionados mediante su conversión o el ejercicio de los derechos que confieren, a condición de que los valores de este último tipo sean emitidos por el mismo emisor de las acciones subyacentes o por una entidad perteneciente al mismo grupo de dicho emisor;

c)  «valores no participativos»: todos los valores que no implican participación en el capital;

d)  «oferta pública de valores»: una comunicación a personas, de cualquier forma y por cualquier medio, que presenta información suficiente sobre los términos de la oferta y de los valores que se ofertan de modo que permita a un inversor decidir la adquisición o suscripción de estos valores. Esta definición también será aplicable a la colocación de valores a través de intermediarios financieros;

e)  «inversores cualificados»: las personas físicas o jurídicas enumeradas en el anexo II, sección I, puntos 1 a 4, de la Directiva 2014/65/UE, así como las personas o entidades que, a petición propia, son tratadas como clientes profesionales de conformidad con el anexo II, sección II, de dicha Directiva, o que son reconocidas como contrapartes elegibles de conformidad con su artículo 30, a menos que hayan solicitado ser tratadas como clientes no profesionales. Las empresas de inversión y las entidades de crédito deberán comunicar al emisor su clasificación cuando este lo solicite, sin perjuicio de la legislación aplicable en materia de protección de datos;

f)  «pequeñas y medianas empresas (pymes)»:

–  las empresas que, según sus últimas cuentas anuales o consolidadas, cumplan por lo menos dos de los tres criterios siguientes: un número medio de empleados inferior a 250 a lo largo del ejercicio, un balance total que no supere los 43 millones EUR y un volumen de negocios neto anual no superior a 50 millones EUR; o bien,

–  pequeñas y medianas empresas tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 13, de la Directiva 2014/65/UE;

g)  «entidad de crédito»: la empresa tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(18);

h)  «emisor»: toda persona jurídica que emita o se proponga emitir valores;

i)  «oferente»: persona física o jurídica que oferta valores al público;

j)  «mercado regulado»: un mercado regulado tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 21, de la Directiva 2014/65/UE;

k)  «publicidad»: todos los anuncios que:

–  estén relacionados con un oferta pública específica de valores o con una admisión a cotización en un mercado regulado;

–  hayan sido publicados por el emisor, el oferente, la persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado o el garante; y

–  traten específicamente de promocionar la potencial suscripción o adquisición de valores;

l)  «información regulada»: toda información que el emisor o cualquier otra persona que haya solicitado la admisión a cotización de valores en un mercado regulado sin el consentimiento del emisor esté obligado a divulgar con arreglo a la Directiva 2004/109/CE o a las disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas nacionales adoptadas de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra k), de dicha Directiva y a los artículos 17 y 19 del Reglamento (UE) n.º 596/2014;

m)  «Estado miembro de origen»:

i)  para todos los emisores de valores establecidos en la Unión distintos de los mencionados en el inciso ii), el Estado miembro donde el emisor tenga su domicilio social;

ii)  para toda emisión de valores no participativos cuyo valor nominal unitario sea al menos de 1 000 EUR, y para toda emisión de valores no participativos que den derecho a adquirir cualquier valor negociable o a recibir un importe en efectivo como consecuencia de su conversión o del ejercicio de los derechos que confieren, siempre que el emisor de los valores no participativos no sea el emisor de los valores subyacentes o una entidad perteneciente al grupo de dicho emisor, el Estado miembro donde el emisor tenga su domicilio social, o en el que los valores hayan sido admitidos o vayan a admitirse a cotización en un mercado regulado, o donde los valores se oferten al público, a elección del emisor, el oferente o la persona que pide la admisión, según sea el caso. Se aplicará este mismo régimen a los valores no participativos en monedas distintas del euro, siempre que el valor nominal mínimo sea prácticamente equivalente a 1 000 EUR;

iii)  para todos los emisores de valores establecidos en un tercer país no mencionados en el inciso ii), el Estado miembro en el que los valores deban en principio ofertarse al público por primera vez o en el que se efectúe por primera vez una solicitud de admisión a cotización en un mercado regulado, a elección del emisor, oferente o persona que solicite la admisión, sin perjuicio de una elección subsiguiente por parte de los emisores establecidos en un tercer país, en cualquiera de las circunstancias siguientes:

–  cuando el Estado miembro de origen no hubiera sido elegido por ellos; o

–  de conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra i), inciso iii), de la Directiva 2004/109/CE;

n)  «Estado miembro de acogida»: el Estado donde se hace una oferta pública de valores o se pretende la admisión a cotización en un mercado regulado, cuando sea diferente del Estado miembro de origen;

n bis)   «autoridad competente»: la autoridad designada por cada Estado miembro de conformidad con el artículo 29, salvo que el presente Reglamento disponga otra cosa;

o)  «organismo de inversión colectiva ▌»: las empresas de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) autorizadas de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(19), y los fondos de inversión alternativos (FIA) con arreglo a la definición del artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(20);

p)  «participaciones en un organismo de inversión colectiva»: los valores emitidos por un organismo de inversión colectiva que representen los derechos de los participantes sobre los activos de tal empresa;

q)  «aprobación»: el acto positivo por el que, como resultado del examen realizado por la autoridad competente del Estado miembro de origen, se concluye que el folleto es completo, comprensible y contiene información coherente;

r)  «folleto de base»: un folleto que cumpla lo dispuesto en el artículo 8 del presente Reglamento y que contenga, si el emisor así lo desea, las condiciones finales de la oferta;

s)  «días hábiles»: a los efectos del presente Reglamento, los días laborables de la autoridad competente pertinente excluyendo sábados, domingos y días festivos, de acuerdo con lo establecido en la legislación nacional a la que deba someterse dicha autoridad competente;

t)  «sistema multilateral de negociación»: sistema multilateral que se ajusta a la definición del artículo 4, apartado 1, punto 22, de la Directiva 2014/65/UE;

u)  «mercado de pymes en expansión»: mercado de pymes tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 12, de la Directiva 2014/65/UE;

v)  «emisor de un tercer país»: un emisor establecido en un tercer país;

v bis)   «soporte duradero»: todo instrumento que:

i)   permita a un cliente almacenar la información dirigida a él personalmente, de modo que pueda acceder a ella posteriormente para consulta durante un período de tiempo adecuado para los fines a los que la información esté destinada; y

ii)   permita la reproducción sin cambios de la información almacenada.

2.  Con objeto de tener en cuenta los progresos técnicos en los mercados financieros, se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 42, para especificar determinados aspectos técnicos de las definiciones enunciadas en el apartado 1 del presente artículo, a excepción de la definición de «pequeñas y medianas empresas (pymes)» en el apartado 1, letra f), teniendo en cuenta la situación de los distintos mercados nacionales, ▌ la legislación ▌ de la Unión y la evolución económica.

Artículo 3

Obligación de publicar un folleto y excepciones

1.  Dentro de la Unión, solo podrán ofertarse valores al público ▌previa publicación de un folleto de conformidad con el presente Reglamento.

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, un Estado miembro podrá decidir eximir ofertas públicas de valores de la obligación de publicar un folleto establecida en el apartado 1 cuando ▌el importe total de los valores ofertados en la Unión no sea superior a 5 000 000 EUR, límite que se calculará sobre un período de doce meses;

Las ofertas públicas que se realicen al amparo de la exención establecida en el párrafo primero:

a)   no estarán cubiertas por el régimen de pasaporte previsto en el presente Reglamento y, por tanto, no serán de aplicación los artículos 23 y 24 del mismo;

b)   incluirán una indicación clara de que la oferta pública no tiene carácter transfronterizo; y

c)   no buscarán activamente inversores fuera del Estado miembro a que se refiere el párrafo primero.

Los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión y a la AEVM toda decisión adoptada con arreglo al párrafo primero y el umbral escogido como importe total que en ellas se contemple.

3.  Solo se admitirán valores a cotización en un mercado regulado establecido en la Unión si ▌se ha publicado previamente el correspondiente folleto.

3 bis.   A fin de tomar en consideración las variaciones del tipo de cambio, incluidos la inflación y los tipos de cambio de monedas distintas del euro, la Comisión podrá adoptar, mediante actos delegados de conformidad con el artículo 42, medidas para precisar el umbral establecido en el apartado 2 del presente artículo.

Artículo 4

Folleto voluntario

Cuando la oferta pública de valores o su admisión a cotización en un mercado regulado quede fuera del ámbito de aplicación del presente Reglamento con arreglo a lo especificado en su artículo 1, el emisor, oferente o persona que solicite la admisión tendrá derecho a elaborar con carácter voluntario un folleto o un folleto de crecimiento de la Unión de conformidad con el presente Reglamento.

Dicho folleto elaborado voluntariamente aprobado por la autoridad competente del Estado miembro de origen, determinado con arreglo al artículo 2, apartado 1, letra m), comportará todos los derechos y obligaciones inherentes al folleto ▌exigido por el presente Reglamento y estará sujeto a todas sus disposiciones, bajo la supervisión de la mencionada autoridad competente.

Artículo 5

Reventa ulterior de los valores

Toda reventa ulterior de valores que hayan sido previamente objeto de uno o más de los tipos de oferta excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento con arreglo al artículo, 1, apartado 3, letras a) a d), se considerará una oferta separada y se aplicará la definición del artículo 2, apartado 1, letra d), para decidir si dicha reventa es una oferta pública de valores. La colocación de valores a través de intermediarios financieros estará sujeta a la publicación de un folleto cuando la colocación definitiva no cumpla ninguna de las condiciones indicadas en el artículo 1, apartado 3, letras a) a d).

No se requerirá un folleto adicional para la eventual reventa ulterior de valores o para la colocación definitiva de los mismos a través de intermediarios financieros cuando se disponga de un folleto válido con arreglo al artículo 12 y el emisor o la persona responsable de su elaboración autorice su uso mediante un acuerdo escrito.

CAPÍTULO II

ELABORACIÓN DEL FOLLETO

Artículo 6

El folleto

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 14, apartado 2, y en el artículo 17, apartado 2, el folleto contendrá ▌la información pertinente y necesaria que un inversor razonable precisaría en relación con una inversión en valores para hacer una evaluación, con la suficiente información, de:

a)   los activos y pasivos, la situación financiera, los beneficios y las pérdidas, así como de las perspectivas del emisor y de todo garante; y

b)   los derechos inherentes a tales valores.

Esta información se redactará y presentará en forma fácilmente analizable, concisa y comprensible, y podrá variar en función:

a)   del carácter del emisor;

b)   del tipo de valores;

c)   de las circunstancias del emisor;

d)   si procede, del tipo de inversor al que va dirigida la oferta pública o la admisión a cotización, los conocimientos probables de este tipo de inversor y el mercado en el que los valores vayan a ser admitidos a cotización;

e)   de la información facilitada a los inversores con arreglo a los requisitos impuestos al emisor de los valores en virtud de la legislación nacional o de la Unión o de las normas de cualquier autoridad competente o centro de negociación mediante o en el cual los valores del emisor cotizan o se admiten a cotización y que sea accesible a través de uno de los mecanismos designados oficialmente a que se refiere el artículo 21 de la Directiva 2004/109/CE;

f)   de la aplicabilidad de cualquier régimen de divulgación de información simplificado o adaptado según lo establecido en los artículos 14 y 15;

2.  El emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado podrá redactar el folleto como un único documento o como una serie de documentos separados.

El folleto compuesto por varios documentos separados desglosará la información requerida en un documento de registro, una nota sobre los valores y una nota de síntesis, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 7, y en el artículo 7, apartado 1, párrafo segundo. El documento de registro deberá incluir la información relativa al emisor. La nota sobre los valores deberá incluir la información relativa a los valores ofertados al público o que vayan a ser admitidos a cotización en un mercado regulado.

Artículo 7

Nota de síntesis del folleto

1.  El folleto deberá incluir una nota de síntesis que contenga la información fundamental que necesitan los inversores para comprender las características y riesgos del emisor, del garante y de los valores ofertados o admitidos a cotización en un mercado regulado y que se leerá conjuntamente con las demás partes del folleto a fin de ayudarles a decidir si deben invertir o no en estos valores.

No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, no se exigirá la nota de síntesis cuando el folleto se refiera a la admisión a cotización en un mercado regulado de valores no participativos ofrecidos únicamente a inversores cualificados.

2.  El contenido de la nota de síntesis deberá ser exacto, imparcial, claro y no engañoso. La nota de síntesis se considerará una introducción al folleto y será coherente con las otras partes del folleto.

3.  La nota de síntesis se redactará en forma de documento breve, escrito de forma concisa y con una extensión máxima de seis páginas de tamaño A4 una vez impreso.

No obstante, solo en casos excepcionales, la autoridad competente podrá permitir al emisor elaborar una nota de síntesis más extensa de hasta diez páginas de tamaño A4 como máximo una vez impresa, cuando la complejidad de las actividades del emisor o la naturaleza de la emisión o de los valores emitidos así lo requieran, y cuando se pueda inducir a error al inversor si no se incluye la información adicional en la nota de síntesis.

La nota de síntesis deberá:

a)  presentarse y diseñarse de forma que resulte fácil de leer, utilizando caracteres de tamaño legible;

b)  estar redactado en un lenguaje y estilo que faciliten la comprensión de la información, concretamente en un lenguaje claro, no técnico, conciso y comprensible para el tipo de inversores en cuestión.

4.  La nota de síntesis estará compuesta por las cuatro secciones siguientes:

a)  una introducción que incluya ▌advertencias generales y específicas, incluido el alcance de las pérdidas que puede sufrir la inversión en el peor de los casos;

b)  la información fundamental sobre el emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado;

c)  la información fundamental sobre los valores;

d)  la información fundamental sobre la oferta en cuanto tal y/o sobre su admisión a cotización.

5.  La introducción de la nota de síntesis incluirá:

a)   la denominación y el número internacional de identificación de valores mobiliarios (ISIN) de los valores,

b)   la identidad y datos de contacto del emisor, incluido su identificador de entidad jurídica (LEI);

c)   la identidad y datos de contacto del oferente, incluido su LEI si el oferente tiene personalidad jurídica, o de la persona que solicite la admisión;

d)   la identidad y datos de contacto de la autoridad competente de origen y la fecha del documento.

A efectos de la letra d) del párrafo primero, cuando el folleto consista en documentos separados que hayan sido aprobados por autoridades competentes diferentes, la introducción de la nota de síntesis mencionará a todas estas autoridades competentes e incluirá sus datos de contacto.

Contendrá advertencias en las que se indique que:

a)  la nota de síntesis debe leerse como introducción al folleto;

b)  toda decisión de invertir en los valores deberá basarse en la consideración del conjunto del folleto por parte del inversor;

c)  en caso de presentación ante un tribunal de una demanda relacionada con la información contenida en un folleto, es posible que el inversor demandante, en virtud del Derecho nacional de los Estados miembros, tenga que soportar los gastos de la traducción del folleto antes de iniciar el procedimiento judicial; y

d)  solo habrá lugar a la responsabilidad civil de las personas que hayan presentado la nota de síntesis, incluida su traducción, si esta nota de síntesis es engañosa, inexacta o incoherente con las demás partes del folleto, o si, leída conjuntamente con el resto del folleto, omite información fundamental para ayudar a los inversores a decidir si deben invertir o no en estos valores.

6.  La sección prevista en el apartado 4, letra b), contendrá la siguiente información:

a)  En una subsección titulada «¿Quién es el emisor de los valores?», una breve descripción del emisor de los valores, incluyendo como mínimo lo siguiente:

–  su domicilio y forma jurídica, su LEI, la legislación al amparo de la cual opera y su país de constitución;

–  sus actividades principales;

–  sus principales accionistas y si es propiedad de terceros o está controlado directa o indirectamente por terceros, con indicación en tal caso de sus nombres;

–  la identidad de los directores ejecutivos más importantes y del consejo de administración;

–  la identidad de sus auditores legales.

b)  En una subsección titulada «¿Cuál es la información financiera fundamental relativa al emisor?», una selección de la información financiera histórica fundamental, incluida, en su caso, información pro forma, presentada para cada ejercicio económico del período histórico correspondiente y para cualquier otro período financiero provisional posterior acompañada de los datos comparativos correspondientes al mismo período del ejercicio económico precedente. La exigencia de facilitar datos comparativos del balance se cumplirá mediante la presentación de los datos del balance al cierre del ejercicio.

c)  En una subsección titulada «¿Cuáles son los principales riesgos específicos del emisor?», una breve descripción de, como máximo, diez de los factores de riesgo más importantes que afecten específicamente al emisor y que se mencionen en el folleto, en particular, los riesgos operativos y de inversión.

7.  La sección prevista en el apartado 4, letra c), incluirá la siguiente información:

a)  En una subsección titulada «¿Cuáles son las principales características de los valores?», una breve descripción de los valores ofertados y/o admitidos a cotización, incluyendo como mínimo:

–  su tipo y clase, número ISIN, moneda, denominación, valor nominal, número de valores emitidos y vencimiento de los mismos;

–  los derechos inherentes a los valores;

–  la prelación relativa de los valores dentro de la estructura de capital en caso de insolvencia, incluida, en su caso, información sobre el nivel de subordinación de los valores y el trato que recibirían en caso de resolución con arreglo a la Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias;

–  las eventuales restricciones a la libre negociabilidad de los valores;

–  cuando sea aplicable, la política de dividendos y de distribución de resultados.

b)  En una subsección titulada «¿Dónde se negociarán los valores?», indicación de si los valores ofertados han sido o serán objeto de una solicitud de admisión a cotización en un mercado regulado o de cotización en un sistema multilateral de negociación, así como el nombre de todos los mercados en los que se negocien o vayan a negociar.

c)  En una subsección titulada «¿Hay alguna garantía vinculada a los valores?», una breve descripción del carácter y alcance de la garantía, si existe, así como una breve descripción del garante, incluido su LEI.

d)  En una subsección titulada «¿Cuáles son los principales riesgos específicos de los valores?», una breve descripción de, como máximo, diez de los factores de riesgo más importantes que afecten específicamente a los valores y que se mencionen en el folleto.

En los casos en que el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(21) exige la elaboración de un documento de datos fundamentales, el emisor, el oferente o la persona que solicite la admisión podrá sustituir el contenido indicado en el presente apartado por la información definida en el artículo 8, apartado 3, letras b) a i), del mencionado Reglamento. En tales casos, y cuando una misma nota de síntesis abarque varios valores que difieran únicamente en unos pocos detalles de alcance limitado, como el precio de la emisión o la fecha de vencimiento, con arreglo a lo indicado en el artículo 8, apartado 8, último párrafo, el límite de extensión establecido en el apartado 3 del presente artículo se podrá ampliar en tres páginas de tamaño A4 por cada valor adicional.

8.  La sección prevista en el apartado 4, letra d), incluirá la siguiente información:

a)  En una subsección titulada «¿En qué condiciones y plazos puedo invertir en este valor?», cuando sea aplicable, las condiciones generales, las características del calendario previsto para la oferta, los datos de la admisión a cotización, el plan de distribución, el importe y porcentaje de dilución inmediata resultante de la oferta y una estimación de los gastos totales de la emisión y/o de la oferta, incluidos los gastos cobrados al inversor por el emisor u oferente.

b)  En una sección titulada «¿Por qué ha elaborado este folleto el emisor?», una breve descripción narrativa de los motivos de la oferta o admisión a cotización, así como una indicación del destino que se dará a los fondos captados y el importe neto estimado de los mismos.

9.  En cada una de las secciones indicadas en los apartados 6, 7 y 8, el emisor podrá añadir otras subsecciones cuando lo considere necesario.

10.  La nota de síntesis no deberá incluir referencias cruzadas a otras partes del folleto ni incorporar información por referencia.

11.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar el contenido y formato de presentación de la información financiera histórica fundamental a que se refiere el apartado 6, letra b), teniendo en cuenta los diferentes tipos de valores y de emisores y asegurándose de que la información producida sea breve, concisa y comprensible.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos a más tardar [doce meses desde la fecha de ▌entrada en vigor del presente Reglamento].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 8

El folleto de base

1.  En el caso de valores no participativos, el folleto podrá estar constituido, a elección del emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado, por un folleto de base que contenga ▌la información pertinente relativa al emisor y a los valores que vayan a ofertarse al público o ser admitidos a cotización en un mercado regulado.

2.  El folleto de base deberá incluir la siguiente información:

a)  una lista de la información que se incluirá en las condiciones finales de la oferta;

b)  una plantilla titulada «formulario de condiciones finales», que deberá rellenarse para cada emisión;

c)  la dirección del sitio web en el que se publicarán las condiciones finales.

3.  Las condiciones finales se presentarán en forma de documento separado o se incluirán en el folleto de base o en un suplemento del mismo. Se redactarán de modo fácilmente analizable y comprensible.

Las condiciones finales únicamente incluirán información relacionada con la nota sobre los valores y no deberán utilizarse como suplemento del folleto de base. En tales casos se aplicará lo dispuesto en el artículo 17, apartado 1, letra a).

4.  Cuando las condiciones finales no estén incluidas en el folleto de base ni en un suplemento, el emisor deberá comunicarlas al público de acuerdo con lo estipulado en el artículo 20 y presentarlas a la autoridad competente del Estado miembro de origen tan pronto como sea posible antes del inicio de la oferta pública o de la admisión a cotización.

En las condiciones finales se insertará de forma clara y destacada una declaración en la que se indique:

a)  que las condiciones finales se han elaborado a los efectos del presente Reglamento y que deberán leerse conjuntamente con el folleto de base y con su suplemento o suplementos para obtener toda la información relevante;

b)  dónde se han publicado el folleto de base y su suplemento o suplementos, de conformidad con el artículo 20;

c)  que las condiciones finales llevan como anexo una nota de síntesis sobre la emisión concreta.

5.  El folleto de base se podrá elaborar como un documento único o como varios documentos separados.

Cuando el emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado haya presentado previamente un documento de registro para un determinado tipo de valor no participativo, o bien un documento de registro universal según lo definido en el artículo 9 y, posteriormente, decida elaborar un folleto de base, este último tendrá el contenido siguiente:

a)  la información incluida en el documento de registro o en el documento de registro universal;

b)  la información que normalmente se incluiría en la correspondiente nota sobre los valores, a excepción de las condiciones finales, cuando estas no se incluyan en el folleto de base.

6.  Deberá diferenciarse claramente la información específica relativa a cada uno de los diferentes valores incluidos en el folleto de base.

7.  La nota de síntesis, que solamente se elaborará cuando se incluyan las condiciones finales en el folleto de base de conformidad con el apartado 3, será específica de cada emisión.

8.  La nota de síntesis de cada emisión estará sujeta a los mismos requisitos que las condiciones finales de acuerdo con lo previsto en el presente artículo, y se adjuntará a las mismas.

La nota de síntesis de cada emisión deberá cumplir lo dispuesto en el artículo 7 y facilitar la información fundamental del folleto de base y de las condiciones finales. Deberá incluir lo siguiente:

a)  la información del folleto de base que únicamente sea relevante para la emisión concreta, incluida información esencial relativa al emisor;

b)  las opciones incluidas en el folleto de base que únicamente sean relevantes para la emisión concreta, de acuerdo con lo indicado en las condiciones finales;

c)  la información relevante incluida en las condiciones finales que no se haya incluido en el folleto de base.

Cuando las condiciones finales se refieran a varios valores que difieran únicamente en unos pocos detalles de alcance limitado, como el precio de la emisión o la fecha de vencimiento, se podrá adjuntar una única nota de síntesis que los abarque a todos, siempre que se diferencie claramente la información relativa a cada uno de los mismos.

9.  De conformidad con el artículo 22, la información incluida en el folleto de base se podrá complementar en caso necesario con información actualizada sobre el emisor y sobre los valores ofrecidos al público o admitidos a cotización en un mercado regulado.

10.  Las ofertas públicas podrán mantenerse más allá del plazo de validez del folleto de base elaborado originalmente, siempre que se apruebe un folleto de base sucesivo, a más tardar, el último día del plazo de validez del folleto de base precedente. Las condiciones finales de una oferta de este tipo deberán incluir en su primera página, de forma destacada, una advertencia en la que se indique la última fecha del plazo de validez del folleto de base precedente y en qué sitio se publicará el folleto de base sucesivo. Dicho folleto de base sucesivo deberá reproducir o incorporar por referencia el formulario de condiciones finales del folleto de base original y mencionar las condiciones finales que sean relevantes para la continuidad de la oferta.

El derecho de retirada previsto en el artículo 22, apartado 2, se aplicará también a los inversores que hayan dado su consentimiento para adquirir o suscribir valores durante el plazo de validez del folleto de base anterior, salvo que ya se les hayan entregado los valores.

Artículo 9

El documento de registro universal

1.  Todo emisor que tenga su domicilio social en un Estado miembro y cuyos valores se admitan a cotización en un mercado regulado o en un sistema multilateral de negociación podrá elaborar en cada ejercicio económico un documento de registro en forma de documento de registro universal, en el que se describan la organización, tipo de negocio, situación financiera, resultados y perspectivas, gobernanza y estructura accionarial de la empresa.

2.  Todo emisor que opte por redactar un documento de registro universal en cada ejercicio económico deberá someterlo a la aprobación de la autoridad competente de su Estado miembro de origen, de acuerdo con el procedimiento definido en el artículo 19, apartados 2, 4 y 5.

Una vez que la autoridad competente haya aprobado durante dos años consecutivos el documento de registro universal elaborado en cada ejercicio económico, los sucesivos documentos de registro universal o sus modificaciones se podrán presentar a la autoridad competente sin necesidad de aprobación previa, a no ser que dichas modificaciones se refieran a una omisión, o bien a un error o inexactitud importantes, que puedan confundir al público respecto a hechos o circunstancias fundamentales para una evaluación informada del emisor.

Si en un ejercicio económico posterior el emisor omite la presentación del documento de registro universal, perderá el derecho a presentarlo en el futuro sin aprobación previa y deberá someter todos los documentos de registro universal sucesivos a la autoridad competente para su aprobación, en tanto no se cumpla nuevamente la condición exigida en el párrafo segundo.

3.  Los emisores que, antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento, hayan tenido un documento de registro, elaborado según lo indicado en los anexos I o XI del Reglamento (CE) n.º 809/2004(22) y aprobado por una autoridad competente durante al menos dos ejercicios consecutivos, y que posteriormente lo hayan presentado de acuerdo con el artículo 12, apartado 3, de la Directiva 2003/71/CE, o bien hayan obtenido anualmente su aprobación, quedan facultados desde la fecha de aplicación del presente Reglamento para presentar un documento de registro universal sin aprobación previa, conforme a lo estipulado en el apartado 2, párrafo segundo.

4.  El documento de registro universal aprobado o presentado sin aprobación previa, así como las modificaciones del mismo mencionadas en los apartados 7 y 9, deberán ponerse a disposición del público sin demora injustificada y de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.

5.  El documento de registro universal deberá cumplir los requisitos lingüísticos previstos en el artículo 25.

6.  El documento de registro universal podrá incorporar por referencia otra información, con arreglo a las condiciones establecidas en el artículo 18.

7.  Una vez presentado el documento de registro universal, u obtenida su aprobación, el emisor podrá modificar en todo momento la información incluida en él sometiendo a la autoridad competente una solicitud de modificación del mismo.

8.  La autoridad competente podrá revisar en todo momento el contenido de cualquier documento de registro universal presentado sin aprobación previa, así como el contenido de las modificaciones introducidas en el mismo.

La revisión por parte de la autoridad competente consistirá en el examen de la integridad, coherencia e inteligibilidad de la información facilitada en el documento de registro universal y de las modificaciones introducidas en el mismo.

9.  Cuando al efectuar dicha revisión la autoridad competente advierta que el documento de registro universal no alcanza los niveles exigidos de integridad, coherencia e inteligibilidad, y/o que se requieren modificaciones o información suplementaria, lo comunicará al emisor.

Cualquier petición de modificaciones o de información suplementaria que la autoridad competente dirija al emisor deberá ser tenida en cuenta por este solamente a partir del documento de registro universal presentado en el ejercicio económico siguiente, salvo que el emisor desee hacer uso de dicho documento como parte integrante de un folleto presentado para su aprobación. En tal caso, el emisor presentará una modificación del documento de registro universal, a más tardar, al presentar la solicitud mencionada en el artículo 19, apartado 5.

No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, cuando la autoridad competente comunique al emisor que la petición de modificación se refiere a una omisión o bien a un error o inexactitud importantes que puedan confundir al público respecto a hechos o circunstancias fundamentales para una evaluación, con información suficiente, por parte del emisor, este deberá presentar sin demora injustificada una modificación del documento de registro universal.

10.  Lo dispuesto en los apartados 7 y 9 únicamente se aplicará cuando el documento de registro universal no se utilice como parte integrante de un folleto. Siempre que el documento de registro universal se utilice como parte integrante de un folleto, lo dispuesto en el artículo 22 en relación con los suplementos del folleto se aplicará exclusivamente durante el período comprendido entre la aprobación del folleto y el cierre definitivo de la oferta pública o, en su caso, el inicio de la cotización de los correspondientes valores en un mercado regulado, si esta fecha fuera posterior.

11.  El emisor que satisfaga todas las condiciones indicadas en el apartado 2, párrafos primero y segundo, o en el apartado 3, tendrá la condición de emisor frecuente y podrá beneficiarse del procedimiento de aprobación acelerado descrito en el artículo 19, apartado 5, a condición de que:

a)  en el momento de presentar o de solicitar la aprobación de cada documento de registro universal, confirme por escrito a la autoridad competente que ha presentado y publicado toda la información regulada que se debe divulgar en virtud de la Directiva 2004/109/CE y, cuando sea aplicable, del Reglamento (UE) nº 596/2014, respetando los requisitos definidos en dichos actos legislativos; y de que,

b)  cuando la autoridad competente lleve a cabo la revisión mencionada en el apartado 8, el emisor modifique su documento de registro universal de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 9.

Si el emisor incumple cualquiera de las condiciones indicadas, perderá la condición de emisor frecuente.

12.  Se considerará que el emisor ha cumplido la obligación de publicar el informe financiero anual exigido por el artículo 4 de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(23) cuando el documento de registro universal presentado a la autoridad competente o aprobado por esta se haga público dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio económico e incluya la información que debe divulgarse en el mencionado informe financiero según lo dispuesto en ese artículo.

Se considerará que el emisor ha cumplido la obligación de publicar el informe financiero semestral exigido en el artículo 5 de la Directiva 2004/109/CE cuando el documento de registro universal, o sus modificaciones, presentados a la autoridad competente o aprobados por esta se hagan públicos dentro de los tres meses siguientes al final del primer semestre del ejercicio económico e incluyan la información que debe divulgarse en el mencionado informe según lo dispuesto en ese artículo.

En los supuestos contemplados en los párrafos primero o segundo, el emisor:

a)  deberá incluir en el documento de registro universal una lista de referencias cruzadas en la que se indique en qué lugar del documento de registro universal se pueden localizar los distintos elementos requeridos de los informes financieros anuales y semestrales;

b)  deberá presentar el documento de registro universal conforme a lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, de la Directiva 2004/109/CE, y ponerlo a disposición del mecanismo designado oficialmente al que se refiere el artículo 21, apartado 2, de esa misma Directiva;

c)  deberá incluir en el documento de registro universal una declaración de responsabilidad en los términos establecidos en el artículo 4, apartado 2, letra c), y en el artículo 5, apartado 2, letra c), de la Directiva 2004/109/CE.

13.  Lo dispuesto en el apartado 12 solamente se aplicará cuando el Estado miembro de origen del emisor sea, a los efectos del presente Reglamento, el mismo Estado miembro de origen a los efectos de la Directiva 2004/109/CE y la lengua de dicho documento cumpla las condiciones del artículo 20 de esa misma Directiva.

14.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar los procedimientos correspondientes al examen, aprobación, presentación y revisión del documento de registro universal, así como las condiciones para su modificación y los supuestos en que se puede perder la condición de emisor frecuente.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos a más tardar [doce meses desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 10

Folleto consistente en documentos separados

1.  El emisor que tenga ya un documento de registro aprobado por la autoridad competente deberá elaborar únicamente la nota sobre los valores y la nota de síntesis cuando los valores se oferten al público o sean admitidos a cotización en un mercado regulado. En tal caso, la nota sobre los valores y la nota de síntesis se someterán por separado a un proceso de aprobación.

Cuando se haya producido, después de la aprobación del documento de registro, algún nuevo factor significativo, error o inexactitud importantes, relacionados con la información incluida en dicho documento que pueda afectar a la evaluación de los valores, se deberá presentar para su aprobación un suplemento del documento de registro, al mismo tiempo que la nota sobre los valores y la nota de síntesis. En este caso, no será aplicable el derecho a la retirada de la aceptación previsto en el artículo 22, apartado 2.

El documento de registro y su eventual suplemento, junto con la nota sobre los valores y la nota de síntesis, constituirán un folleto, una vez aprobados por la autoridad competente.

2.  El emisor que tenga ya un documento de registro universal aprobado por la autoridad competente o que haya presentado un documento de registro universal de conformidad con el artículo 9, apartado 2, párrafo segundo, deberá elaborar únicamente la nota sobre los valores y la nota de síntesis cuando los valores se oferten al público o sean admitidos a cotización en un mercado regulado. En tal caso, la nota sobre los valores, la nota de síntesis y todas las modificaciones del documento de registro universal presentadas después de la aprobación o la presentación de este último, excepto las modificaciones o los suplementos al documento de registro universal de un emisor frecuente con arreglo al artículo 19, apartado 5, se someterán a aprobación por separado.

Cuando el emisor haya presentado sin aprobación previa un documento de registro universal, toda la documentación, incluidas las modificaciones de dicho documento, deberán someterse a aprobación, sin perjuicio de que sigan siendo documentos separados.

El documento de registro universal, modificado de conformidad con el artículo 9, apartados 7 o 9, junto con la nota sobre los valores y la nota de síntesis constituirán un folleto, una vez aprobados por la autoridad competente.

Artículo 11

Responsabilidades inherentes al folleto

1.  Los Estados miembros velarán por que la responsabilidad de la información facilitada en el folleto recaiga sobre el emisor o sobre sus órganos de administración, dirección o supervisión, sobre el oferente, sobre la persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado o sobre el garante. Las personas responsables se identificarán claramente en el folleto por su nombre y cargo o, en el caso de personas jurídicas, por su denominación y domicilio social, y se adjuntarán sus declaraciones en las que confirmen que, hasta donde alcanza su conocimiento, la información incluida en el folleto responde a la realidad y el folleto no contiene omisiones que puedan alterar su alcance.

2.  Los Estados miembros velarán por que se apliquen sus disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de responsabilidad civil a las personas responsables de la información facilitada en un folleto.

No obstante, los Estados miembros velarán por que no recaiga responsabilidad civil sobre ninguna persona por causas relacionadas exclusivamente con la nota de síntesis o con su traducción, salvo que sea engañosa, inexacta o incoherente con las demás partes del folleto, o no contenga, leída conjuntamente con el resto del folleto, la información fundamental destinada a ayudar a los inversores a decidir si deben invertir o no en esos valores. La nota de síntesis deberá incluir una advertencia clara en este sentido.

3.  La responsabilidad de la información facilitada en un documento de registro universal recaerá sobre las personas indicadas en el apartado 1 únicamente en los casos en que dicho documento se utilice como parte integrante de un folleto aprobado. Se aplicará lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Directiva 2004/109/CE, siempre que se incluya en el documento de registro universal la información exigida en estos artículos.

Artículo 12

Plazo de validez del folleto, del folleto de base y del documento de registro

1.  El folleto o folleto de base, ya sea un único documento o esté formado por varios documentos separados, tendrá una validez de doce meses a partir de su aprobación para las ofertas públicas o las admisiones a cotización en un mercado regulado, siempre que se complete con los suplementos requeridos con arreglo al artículo 22.

Si el folleto o folleto de base está formado por varios documentos separados, el plazo de validez comenzará a partir de la fecha de aprobación de la nota sobre los valores.

2.  El documento de registro, incluido el documento de registro universal a que se refiere el artículo 9, que haya sido previamente presentado o aprobado será válido para su uso como parte integrante de un folleto durante el plazo de doce meses a partir de la fecha de su presentación o aprobación.

La expiración del plazo de validez de este documento de registro no afectará a la validez del folleto del que forme parte integrante.

CAPÍTULO III

CONTENIDO Y FORMATO DEL FOLLETO

Artículo 13

Información mínima y formato

1.  La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 42, actos delegados relativos al formato del folleto, del folleto de base y de las condiciones finales, así como los esquemas que definan la información específica que se deberá incluir en el folleto, evitando duplicar la información cuando el folleto conste de varios documentos separados.

En particular, al elaborar los diversos esquemas de folleto se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)  los diferentes tipos de información que necesitan los inversores en función de que se trate de valores participativos o de valores no participativos; se deberá adoptar un enfoque coherente respecto a la información requerida en un folleto para los valores que respondan a una lógica económica similar, especialmente en el caso de los derivados;

b)  los diferentes tipos y características de las ofertas y admisiones a cotización en un mercado regulado de los valores no participativos;

c)  el formato utilizado y la información requerida en los folletos de base en relación con los valores no participativos, en particular los «warrants» de cualquier tipo;

d)  el carácter público del emisor, en su caso;

e)  las características específicas de las actividades del emisor, en su caso.

En particular, la Comisión elaborará dos conjuntos de esquemas de folleto, independientes y sustancialmente diferentes, en los que se definan los requisitos de información aplicables a los valores no participativos adaptados a los distintos tipos de inversores —cualificados o no cualificados— a los que va dirigida la oferta, tomando en consideración las distintas necesidades de información de estos inversores.

2.  La Comisión adoptará, de conformidad con el artículo 42, actos delegados relativos al esquema que defina la información mínima que deberá incluir el documento de registro universal, así como el esquema específico aplicable al documento de registro universal de las entidades de crédito.

Dicho esquema se diseñará de forma que el documento de registro universal incluya toda la información necesaria sobre el emisor y que el mismo documento pueda utilizarse también en las siguientes ofertas públicas o admisiones a cotización de valores participativos, obligaciones o derivados. En lo concerniente a la información financiera, a la revisión operativa y financiera, a las perspectivas y a la gobernanza corporativa, toda esta información se ajustará en la mayor medida posible a la información que debe divulgarse en los informes financieros anuales y semestrales a que se refieren los artículos 4 y 5 de la Directiva 2004/109/CE, incluyendo el informe de gestión y la declaración sobre gobernanza empresarial.

3.  Los actos delegados mencionados en los apartados 1 y 2 se basarán en las normas aplicables en materia de información financiera y no financiera, definidas por las organizaciones internacionales de comisiones de valores, en particular la OICV, y en los anexos I, II y III del presente Reglamento. Esos actos delegados deberán adoptarse a más tardar el [seis meses antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento].

Artículo 14

Régimen simplificado de divulgación de información para las emisiones secundarias

1.  Podrán optar por elaborar un folleto simplificado acogiéndose al régimen simplificado de divulgación de información para las emisiones secundarias relacionadas con una oferta pública de valores o con la admisión a cotización en un mercado regulado las siguientes personas:

a)  los emisores cuyos valores hayan sido admitidos a cotización en un mercado regulado o en un mercado de pymes en expansión o un SMN que, sin ser un mercado de pymes en expansión, exija requisitos en materia de divulgación equivalentes por lo menos a los previstos para un mercado de pymes en expansión tal como se especifica en el artículo 33, apartado 3, letras d), e), f) y g) de la MiFID, durante un mínimo de 18 meses, cuando emitan más valores de la misma clase;

b)  los emisores cuyos valores hayan sido admitidos a cotización en un mercado regulado o en un mercado de pymes en expansión o un SMN que, sin ser un mercado de pymes en expansión, exija requisitos en materia de divulgación equivalentes por lo menos a los previstos para un mercado de pymes en expansión tal como se especifica en el artículo 33, apartado 3, letras d), e), f) y g) de la MiFID, durante un mínimo de 18 meses, cuando emitan valores no participativos;

c)  los oferentes de una clase de valores admitidos a cotización en un mercado regulado o en un mercado de pymes en expansión o un SMN que, sin ser un mercado de pymes en expansión, exija requisitos en materia de divulgación equivalentes por lo menos a los previstos para un mercado de pymes en expansión tal como se especifica en el artículo 33, apartado 3, letras d), e), f) y g) de la MiFID, durante un mínimo de 18 meses.

El folleto simplificado previsto en el párrafo primero comprenderá una nota de síntesis con arreglo al artículo 7, un documento de registro específico, que podrá ser utilizado por las personas mencionadas en las letras a), b) y c), y una nota sobre los valores específica, que podrá ser utilizada por las personas mencionadas en las letras a) y c).

A efectos de la letras a), b) y c) de párrafo primero, la AEMV publicará y actualizará con regularidad una lista de los SMN que, sin ser mercados de pymes en expansión, exijan requisitos en materia de divulgación equivalentes por lo menos a los previstos para un mercado de pymes en expansión tal como se especifica en el artículo 33, apartado 3, letras d), e), f) y g) de la MiFID.

2.  De conformidad con los principios establecidos en el artículo 6, y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17, apartado 2, el folleto simplificado a que se refiere el apartado 1 incluirá la información reducida relevante que precisaría un inversor razonable en relación con una emisión secundaria con el fin de realizar una evaluación informada de:

a)   el folleto del emisor y de los eventuales garantes sobre la base de la información financiera ▌ incluida en el folleto o incorporada por referencia, que abarque únicamente el último ejercicio económico,

b)   los derechos inherentes a los valores;

c)   los motivos de la emisión y sus consecuencias para el emisor, en particular la declaración relativa al capital de explotación, la divulgación de la capitalización y el endeudamiento, las repercusiones en la estructura global del capital y un resumen conciso de la información relevante divulgada con arreglo al Reglamento (UE) n.º 596/2014 desde la fecha de la última emisión.

La nota de síntesis específica solo cubrirá la información relevante estipulada en virtud del régimen simplificado de divulgación de información para emisiones secundarias.

La información incluida en el folleto simplificado a que se refiere el apartado 1 se redactará y presentará en forma fácilmente analizable, sucinta y comprensible y permitirá a los inversores adoptar una decisión de inversión informada.

3.  La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 42, para especificar la información simplificada a que se refiere el apartado 2 y que deberá incluirse en los esquemas aplicables en el régimen simplificado de divulgación de información a que se refiere el apartado 1.

Al especificar la información reducida que debe incluirse en los esquemas aplicables en el régimen simplificado de divulgación de información, la Comisión tendrá en cuenta la necesidad de facilitar acceso a los mercados de capitales, la importancia de reducir los costes del capital y de aumentar el acceso a este, y la información que un emisor ya está obligado a divulgar con arreglo a la Directiva 2004/109/CE, cuando sea aplicable, y al Reglamento (UE) n.º 596/2014. A fin de evitar imponer cargas innecesarias a los emisores, la Comisión ajustará los requisitos de manera que se centren en la información que resulte importante y pertinente para las emisiones secundarias y sean proporcionados.

Esos actos delegados deberán adoptarse a más tardar el [seis meses antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento].

Artículo 15

Folleto de crecimiento de la Unión

1.  Las siguientes entidades podrán ▌elaborar un folleto de crecimiento de la Unión acogiéndose al régimen adaptado de divulgación de información establecido en el presente artículo en el caso de ofertas públicas de valores, salvo cuando los valores vayan a ser admitidos a cotización en un mercado regulado:

a)   pymes;

b)   emisores que no sean pymes, cuando la oferta pública se refiera a valores que vayan a admitirse a cotización en un mercado de pymes en expansión;

c)   emisores, distintos de los contemplados en las letras a) y b), cuando la oferta pública de valores tenga un importe total en la Unión que no supere los 20 000 000, calculado en un período de doce meses.

El prospecto de crecimiento de la Unión aprobado en virtud del presente artículo será válido para cualquier oferta pública de valores en cualquier número de Estados miembros de acogida en las condiciones definidas en los artículo 23, 24 y 25.

El folleto de crecimiento de la Unión en virtud del régimen adaptado de divulgación de información a que se refiere el párrafo primero será un documento normalizado que resulte fácil de cumplimentar para los emisores.

1 bis.   El folleto de crecimiento de la Unión cubrirá los siguientes tres elementos fundamentales:

a)   información fundamental sobre el emisor, por ejemplo:

i)   el nombre del emisor y los responsables del folleto;

ii)   descripción de la empresa, actividad actual y perspectivas del emisor;

iii)   factores de riesgo relativos al emisor;

iv)   información financiera, que puede incorporarse por referencia.

b)   información fundamental sobre los valores, por ejemplo:

i)   la cantidad y el carácter de los valores que forman parte de la oferta;

ii)   los términos y condiciones de los valores y una descripción de cualquier derecho inherente a los valores;

iii)   factores de riesgo relativos a los valores;

c)   información fundamental sobre la oferta, por ejemplo:

i)   los términos y condiciones de la oferta, incluido el precio de emisión;

ii)   los motivos de la oferta y el uso previsto de los ingresos netos;

3.  La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 42, para especificar el contenido y el formato específicos del folleto normalizado de crecimiento de la Unión a que se refieren los apartados 1 y 1 bis. Dichos actos especificarán la información que debe figurar obligatoriamente en los esquemas de folleto en un lenguaje sencillo, incorporando información por referencia cuando proceda.

Cuando se especifique el contenido y el formato simplificados del folleto normalizado de crecimiento de la Unión, la Comisión ajustará los requisitos de información para centrarse en:

a)   la información que es importante y relevante para los inversores a la hora de invertir en los valores emitidos;

b)   la necesidad de garantizar la proporcionalidad entre el tamaño de la empresa y sus necesidades de fondos; y

c)   el coste de producir un folleto.

Al hacerlo, la Comisión tendrá en cuenta lo siguiente:

–  la necesidad de asegurarse de que el prospecto de crecimiento de la Unión sea genuina y considerablemente menos gravoso que el folleto completo desde el punto de vista de la carga administrativa y los costes para los emisores;

–  la necesidad de facilitar el acceso de las pymes a los mercados de capitales, garantizando al mismo tiempo la confianza del inversor al invertir en estas empresas;

–  la necesidad de minimizar los costes y las cargas para las pymes

–  la necesidad de recoger tipos específicos de información de especial importancia para las pymes;

–  el tamaño del emisor y el tiempo que lleva operando;

–  los distintos tipos y características de las ofertas;

–  los diferentes tipos de información que necesitan los inversores en función del tipo de valores.

Esos actos delegados deberán adoptarse a más tardar el [seis meses antes de la fecha de aplicación del presente Reglamento].

Artículo 16

Factores de riesgo

1.  Los factores de riesgo descritos en el folleto se limitarán a riesgos que sean específicos del emisor y/o de sus valores, que sean importantes para adoptar una decisión de inversión informada y que estén refrendados por el contenido del documento de registro y de la nota sobre los valores. ▌

1 bis.   Los factores de riesgo también comprenderán aquellos que se deban al nivel de subordinación de un valor y al impacto sobre el tamaño o el plazo previstos para los pagos a los titulares de los valores en caso de quiebra, o cualquier otro procedimiento similar, incluidas, si procede, la insolvencia de una entidad de crédito o su resolución o reestructuración de conformidad con la Directiva 2014/59/UE (Directiva sobre reestructuración y resolución bancarias).

2.  La AEVM elaborará directrices relativas a la evaluación ▌de las características específicas y del nivel de importancia de los factores de riesgo y a la asignación de estos factores ▌. Además, la AEVM elaborará directrices que ayuden a las autoridades competentes en su examen de los factores de riesgo, de tal manera que se fomente una divulgación de información adecuada y selectiva sobre los factores de riesgo por parte de los emisores.

Artículo 17

Omisión de información

1.  En el supuesto de que no pudieran incluirse en el folleto el precio definitivo de la oferta y/o el volumen de los valores ofertados al público:

a)  deberán describirse en el folleto los criterios y/o condiciones con arreglo los cuales se determinarán los datos anteriores o, respecto al precio, el precio máximo previsto; o bien,

b)  se podrá retirar la aceptación de la adquisición o suscripción de los valores durante un plazo no inferior a dos días hábiles a partir de la fecha en que se haya presentado el precio definitivo de la oferta y/o el volumen de los valores ofertados al público.

El precio definitivo de la oferta y el volumen de los valores se presentarán a la autoridad competente del Estado miembro de origen y se publicarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 20, apartado 2.

2.  La autoridad competente del Estado miembro de origen podrá autorizar la omisión en el folleto de alguna de las informaciones requeridas cuando considere que concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a)  que la divulgación de la información en cuestión sea contraria al interés público;

b)  que la divulgación de la información en cuestión sea gravemente perjudicial para el emisor, siempre que no sea probable que la omisión de dicha información induzca a error al público respecto a hechos y circunstancias fundamentales para poder formular un juicio informado sobre el emisor, oferente o garante, y sobre los derechos inherentes a los valores a que se refiere el folleto;

c)  que la información en cuestión tenga una importancia secundaria respecto a una oferta o admisión a cotización en un mercado regulado específica y que no afecte a la evaluación de la situación financiera y perspectivas del emisor, oferente o garante.

La autoridad competente deberá presentar anualmente a la AEVM un informe relativo a la información cuya omisión haya autorizado.

3.  Sin perjuicio de la adecuada información que se deba facilitar a los inversores, cuando, con carácter excepcional, determinada información requerida sea inapropiada en relación con el ámbito de actividad o la forma jurídica del emisor, o con los valores a que se refiere el folleto, este último podrá incluir, si existe, otra información equivalente a la requerida.

4.  Al redactar el folleto de conformidad con el artículo 4, si los valores están garantizados por un Estado miembro, el emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado tendrá derecho a omitir la información relativa a dicho Estado miembro.

5.  La AEVM podrá elaborar proyectos de directrices para especificar los supuestos en que sea posible omitir información con arreglo al apartado 2, teniendo en cuenta los informes a la AEVM de las autoridades competentes mencionados en el mismo apartado 2.

Artículo 18

Incorporación por referencia

1.  En el folleto o en el folleto de base se podrá incorporar información por referencia cuando dicha información haya sido publicada, previa o simultáneamente, en formato electrónico, en una lengua que satisfaga los requisitos del artículo 25 y presentada en el contexto de los requisitos en materia de divulgación de información de la legislación de la Unión o presentada con arreglo a las normas del centro de negociación o el mercado de pymes en expansión:

a)  documentos aprobados por una autoridad competente ▌, o bien presentados a la misma de conformidad con el presente Reglamento;

b)  documentos mencionados en el artículo 1, apartado 3, letras f) y g), y apartado 4, letras d) y e);

c)  información regulada según lo definido el artículo 2, apartado 1, letra l);

d)  informes financieros anuales e intermedios;

e)  informes de auditoría y estados financieros;

f)  informes de gestión según lo definido en el artículo 19 de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(24);

g)  declaraciones sobre gobernanza empresarial según lo definido en el artículo 20 de la Directiva 2013/34/UE;

h)  [informes sobre remuneraciones con arreglo a lo definido en el artículo [X] de la [Directiva revisada sobre los derechos de los accionistas(25)];

h bis)   informes anuales o cualquier divulgación de información obligatoria en virtud de los artículos 22 y 23 de la Directiva 2011/61/UE;

i)  escrituras de constitución y estatutos.

Esta información será la más reciente de que disponga el emisor.

Cuando únicamente se incorporen por referencia determinadas partes de un documento, se incluirá en el folleto una declaración de que las partes no incorporadas carecen de relevancia para el inversor, o bien están tratadas en otros lugares del folleto.

2.  Al incorporar información por referencia, los emisores, oferentes o personas que soliciten la admisión a cotización en un mercado regulado deberán velar por que se pueda acceder a la información. En particular, se incluirá en el folleto una lista de referencias cruzadas que permita a los inversores localizar con facilidad determinados elementos de información, así como hipervínculos a todos los documentos que contengan la información incorporada por referencia.

3.  Junto con el primer proyecto de folleto sometido a la autoridad competente, si es posible, y en cualquier caso durante el proceso de revisión del folleto, el emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado presentará la información incorporada por referencia en un formato electrónico que permita realizar búsquedas, salvo que dicha información ya hubiera sido aprobada por la autoridad competente o presentada a esta última.

4.  ▌La AEVM podrá elaborar normas técnicas de regulación para actualizar la lista de documentos establecida en el apartado 1, añadiendo otros tipos de documentos para los que la legislación de la Unión requiera su presentación a un organismo público o su aprobación por este.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL FOLLETO

Artículo 19

Examen y aprobación del folleto

1.  No se publicará ningún folleto hasta que dicho folleto, o todas las partes que lo conforman, hayan sido aprobados por la autoridad competente pertinente del Estado miembro de origen.

2.  Dicha autoridad competente notificará al emisor, al oferente o a la persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado, según el caso, su decisión sobre la aprobación del folleto dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del proyecto de folleto.

▌La autoridad competente comunicará a la AEVM la aprobación del folleto y de los eventuales suplementos del mismo simultáneamente con la comunicación de la aprobación al emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado.

3.  El plazo mencionado en el apartado 2 se ampliará a veinte días hábiles cuando la oferta pública consista en valores emitidos por un emisor que no tenga ningún otro valor admitido a cotización en un mercado regulado y todavía no haya ofertado valores al público.

El plazo de veinte días hábiles se aplicará únicamente a la presentación inicial del proyecto de folleto. En caso de que se necesiten nuevas presentaciones de acuerdo con el apartado 4, se aplicará el plazo indicado en el apartado 2.

4.  Cuando la autoridad competente decida que el proyecto de folleto no cumple los requisitos de integridad, inteligibilidad y coherencia aplicables a la aprobación, y/o que se necesitan modificaciones o información suplementaria:

a)  lo comunicará al emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado dentro de los diez días hábiles a partir de la presentación del proyecto de folleto y/o de la información suplementaria, indicando de manera detallada las razones de su decisión; y

b)  los plazos indicados en los apartados 2 y 3 se calcularán, en tal caso, solo a partir de la fecha en que se presenten a la autoridad competente el proyecto de folleto modificado y/o la información suplementaria solicitada.

5.  No obstante lo dispuesto en los apartados 2 y 4, el plazo indicado en los mismos se reducirá a cinco días hábiles para los emisores frecuentes mencionados en el artículo 9, apartado 11. El emisor frecuente deberá informar a la autoridad competente al menos cinco días hábiles antes de la fecha prevista para la presentación de una solicitud de aprobación.

El emisor frecuente deberá presentar a la autoridad competente una solicitud con las modificaciones que precisen, en su caso, el documento de registro universal, la nota sobre los valores y la nota de síntesis sujetos a aprobación.

Un emisor frecuente no estará obligado a recabar la aprobación de las modificaciones al documento de registro universal, a no ser que dichas modificaciones se refieran a una omisión, error o inexactitud importantes, que puedan confundir al público respecto a hechos o circunstancias fundamentales para una evaluación informada del emisor.

6.  Las autoridades competentes facilitarán en sus sitios web asesoramiento sobre el procedimiento de examen y aprobación, con el fin de lograr que los folletos se aprueben de forma eficiente y rápida. Dicho asesoramiento incluirá puntos de contacto para tratar lo relativo a las aprobaciones. El emisor o la persona responsable de elaborar el folleto tendrán la posibilidad de comunicarse e interactuar directamente con el personal de la autoridad competente mientras dure el proceso de aprobación del folleto.

9.  La cuantía de las tasas cobradas por la autoridad competente del Estado miembro de origen por la aprobación de los folletos, documentos de registro, incluidos los documentos de registro universal, suplementos y modificaciones, así como por la presentación de los documentos de registro universal, de sus modificaciones y de las condiciones finales, será razonable y proporcionada y se pondrá en conocimiento del público, como mínimo a través del sitio web de la autoridad competente.

10.  La AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para especificar los procedimientos correspondientes al examen de la integridad, inteligibilidad y coherencia del folleto, y a la aprobación del mismo.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

11.  La AEVM deberá utilizar las competencias que le confiere el Reglamento (UE) nº 1095/2010 para promover la convergencia de la supervisión en los procedimientos de examen y aprobación por las autoridades competentes aplicados a la evaluación de la información incluida en un folleto en lo que respecta a su integridad, coherencia e inteligibilidad. Para ello, la AEVM preparará directrices sobre la supervisión y el control de los folletos, destinadas a las autoridades competentes, que abarcarán tanto la verificación del cumplimiento del presente Reglamento y de cualquier acto delegado y de ejecución adoptado conforme a aquel como la imposición de las sanciones y medidas administrativas apropiadas en caso de infracción de conformidad con lo dispuesto en los artículos 36 y 37. En particular, la AEVM deberá impulsar la convergencia en lo relativo a la eficiencia, los métodos y los plazos del examen de la información incluida en el folleto llevado a cabo por las autoridades competentes, con evaluaciones inter pares, si procede.

11 bis.   La AEVM desarrollará un sistema central de flujo de trabajo que integre el proceso de aprobación del folleto desde su inicio hasta la aprobación, que permita a las autoridades competentes, a la AEVM y a los emisores gestionar y supervisar en línea las solicitudes de aprobación en toda la Unión.

12.  No obstante lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento (UE) nº 1095/2010, la AEVM deberá organizar y realizar como mínimo una revisión inter pares de los procedimientos de examen y aprobación por las autoridades competentes, incluyendo las notificaciones sobre aprobaciones entre las autoridades competentes. La revisión inter pares deberá evaluar también los efectos que los distintos enfoques aplicados por las autoridades competentes al examen y aprobación tengan sobre la capacidad de los emisores para captar capital en la Unión Europea. El informe resultante de esta revisión inter pares deberá publicarse en el plazo máximo de tres años desde la fecha de aplicación del presente Reglamento. En el contexto de dicha revisión inter pares, la AEVM deberá tener en cuenta el asesoramiento del Grupo de partes interesadas del sector de los valores y mercados a que hace referencia el artículo 37 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 20

Publicación del folleto

1.  Una vez aprobado, el folleto será puesto a disposición del público por el emisor, el oferente o la persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado con antelación razonable a la fecha de inicio de la oferta pública o la admisión a cotización de los correspondientes valores, o como máximo en la misma fecha de inicio.

En el caso de una oferta pública inicial de una clase de acciones que se admitan por primera vez a cotización en un mercado regulado, el folleto deberá estar disponible por lo menos seis días hábiles antes de que concluya la oferta.

2.  El folleto, ya sea un único documento o esté formado por varios documentos separados, se considerará puesto a disposición del público cuando se publique en formato electrónico en cualquiera de los sitios web siguientes:

a)  el sitio web del emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización;

b)  el sitio web de los intermediarios financieros que coloquen o vendan los valores, incluidos los agentes pagadores;

c)  el sitio web del mercado regulado para el que se solicite la admisión a cotización, o el del operador del sistema multilateral de negociación, cuando sea aplicable.

3.  El folleto se publicará en una sección específica del sitio web que sea fácilmente accesible al entrar en este. Se podrá descargar e imprimir, y estará disponible en un formato electrónico que admita búsquedas y que no se pueda modificar.

Los documentos que contengan información incorporada en el folleto por referencia, los suplementos y/o las condiciones finales del folleto estarán disponibles en la misma sección en que se publique este último, en caso necesario mediante hipervínculos.

Sin perjuicio del derecho de retirada contemplado en el artículo 22, apartado 2, los emisores frecuentes a que se refiere el artículo 9, apartado 11, podrán optar por incorporar los cambios al documento de registro universal mediante una referencia dinámica a la versión más reciente de dicho documento, en lugar de mediante un suplemento.

4.  El acceso al folleto no estará sujeto a la conclusión de un proceso de registro, a la aceptación de un aviso de limitación de la responsabilidad legal ni al pago de una tasa.

5.  La autoridad competente del Estado miembro de origen deberá publicar en su sitio web todos los folletos aprobados, o como mínimo una lista de los mismos, e incluir un hipervínculo con las secciones específicas del sitio mencionadas en el apartado 3, junto con la identificación del Estado o Estados miembros de acogida en los que se notifiquen los folletos de acuerdo con el artículo 24. Dicha lista, incluidos los hipervínculos, se mantendrá actualizada y todos los textos se conservarán en el sitio web durante el plazo indicado en el apartado 7.

Al mismo tiempo que notifica a la AEVM la aprobación del folleto o del eventual suplemento del mismo, la autoridad competente facilitará a la AEVM una copia en formato electrónico de dicho folleto o suplemento, así como los datos precisos para que la Autoridad pueda clasificarlos en el mecanismo de almacenamiento mencionado en el apartado 6 y a efectos del informe al que se refiere el artículo 45.

La autoridad competente del Estado miembro de acogida deberá publicar en su sitio web información sobre todas las notificaciones recibidas de conformidad con el artículo 24.

6.  A más tardar en la fecha de inicio de la oferta pública o de la admisión a cotización de los valores en cuestión, la AEVM publicará en su sitio web todos los folletos recibidos de las autoridades competentes, incluidos los eventuales suplementos, condiciones finales y correspondientes traducciones, si procede, así como información relativa al Estado o Estados miembros de acogida en los que se hayan notificado los folletos de conformidad con el artículo 24. Se garantizará la publicación mediante un mecanismo de almacenamiento accesible al público de forma gratuita y provisto de funciones de búsqueda. La información fundamental incluida en los folletos, como el ISIN que identifica los valores y el LEI que identifica a los emisores, oferentes y garantes, debe poderse leer por medios electrónicos, también cuando se empleen metadatos.

7.  Todos los folletos aprobados permanecerán disponibles al público en formato digital diez años como mínimo a partir de su publicación en el sitio web indicado en los apartados 2 y 6.

8.  En caso de folletos que consistan en varios documentos y/o que incorporen información por referencia, los documentos o informaciones que constituyan el folleto podrán publicarse y distribuirse por separado, a condición de que se pongan a disposición del público según lo previsto en el apartado 2. Cada documento que forme parte del folleto deberá indicar dónde se pueden conseguir los restantes documentos que ya hayan sido aprobados por la autoridad competente y/o presentados a la misma.

9.  El texto y formato de los folletos y/o de los suplementos puestos a disposición del público serán siempre idénticos a la versión original aprobada por la autoridad competente del Estado miembro de origen.

10.  El emisor, oferente, persona que solicite la admisión a cotización o los intermediarios financieros que coloquen o vendan los valores entregarán de forma gratuita una copia ▌del folleto en un soporte duradero a cualquier persona física o jurídica que lo solicite. Dicha entrega se podrá limitar a los territorios en los que tenga lugar la oferta pública o admisión a cotización de conformidad con el presente Reglamento.

11.  Con el fin de conseguir una correcta armonización de los procedimientos definidos en el presente artículo, la AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para especificar los requisitos relativos a la publicación del folleto.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

12.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar los datos necesarios para la clasificación de los folletos mencionada en el apartado 5.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos a más tardar [doce meses desde la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 21

Publicidad

1.  Cualquier tipo de publicidad relativa a una oferta pública de valores o a la admisión a cotización en un mercado regulado deberá ajustarse a los principios recogidos en el presente artículo.

2.  La publicidad deberá señalar que se ha publicado o se publicará un folleto e indicará dónde pueden, o podrán, obtenerlo los inversores.

3.  La publicidad deberá ser claramente reconocible como tal. La información contenida en la publicidad no deberá ser inexacta ni engañosa. Dicha información será coherente con la restante información contenida en el folleto, si este ya se ha publicado, o con la información que debe figurar en el mismo, si se publica posteriormente.

4.  Toda la información relativa a la oferta pública de valores o la admisión a cotización en un mercado regulado divulgada de forma oral o escrita, aun cuando no sea con fines publicitarios, deberá ser coherente con la contenida en el folleto.

Cuando un emisor u oferente divulgue información importante y la transmita verbalmente o por escrito a uno o más inversores escogidos, la divulgará a todos los demás inversores a quienes dirija la oferta, con independencia de que se requiera un folleto de conformidad con el presente Reglamento. Cuando haya que publicar un folleto, dicha información se incluirá en el mismo o en un suplemento al mismo de acuerdo con el artículo 22, apartado 1.

5.  La autoridad competente del Estado miembro en que se divulgue la publicidad estará facultada para controlar que la actividad publicitaria relativa a una oferta pública de valores o a una admisión a cotización en un mercado regulado respeta los principios mencionados en los apartados 2 a 4.

En caso necesario, la autoridad competente del Estado miembro de origen asistirá a la autoridad competente del Estado miembro en que se divulgue la publicidad en la evaluación de la coherencia de la publicidad con la información recogida en el folleto.

Sin perjuicio de las facultades establecidas en el artículo 30, apartado 1, el examen de la publicidad no constituirá una condición previa para que la oferta pública de valores o la admisión a cotización en un mercado regulado tengan lugar en un Estado miembro de acogida.

5 ter.   Ninguna autoridad competente aplicará tasas por el examen de la publicidad en virtud del presente artículo.

5 quater.   La autoridad competente del Estado miembro en que se divulgue la publicidad podrá acordar con la autoridad competente del Estado miembro de origen, cuando esta sea una autoridad competente diferente, que la autoridad competente del Estado miembro de origen esté facultada para controlar la regularidad de la actividad publicitaria de conformidad con el apartado 5. En caso de existir tal acuerdo, la autoridad competente del Estado miembro de origen lo notificará al emisor y a la AEMV sin demora.

6.  La AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de regulación para especificar más detalladamente las disposiciones relativas a la publicidad definidas en los apartados 2 a 4 y 5 bis del presente artículo, también para especificar las disposiciones sobre la divulgación de publicidad y para establecer procedimientos sobre la cooperación entre las autoridades competentes del Estado miembro de origen y el Estado miembro en que se divulgue la publicidad.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos a más tardar [doce meses desde la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo primero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

Artículo 22

Suplementos del folleto

1.  El suplemento del folleto deberá comunicar, sin demoras injustificadas, cualquier nuevo factor significativo, error o inexactitud importante relativos a la información incluida en el folleto que pueda afectar a la evaluación de los valores y que surja o se observe entre la fecha de aprobación del folleto y la fecha del cierre definitivo de la oferta pública o del inicio de la cotización en un mercado regulado, si esta última fuera posterior.

La aprobación del suplemento estará sujeta a los mismos requisitos que el folleto, se realizará en un plazo máximo de cinco días hábiles y para su publicación se exigirán como mínimo los mismos requisitos que se aplicaron a la publicación del folleto original de acuerdo con el artículo 20. La nota de síntesis y cualquier eventual traducción de la misma se completarán también, en caso necesario, para tener en cuenta la nueva información incluida en el suplemento.

2.  Cuando el folleto se refiera a una oferta pública de valores, los inversores que ya hayan aceptado la adquisición o suscripción de dichos valores antes de que se publique el suplemento tendrán derecho a retirar su aceptación y podrán ejercerlo dentro de los dos cinco hábiles siguientes a la publicación del suplemento, a condición de que el nuevo factor significativo, error o inexactitud mencionado en el apartado 1 haya aparecido antes del cierre definitivo de la oferta o de la entrega de los valores, lo que ocurra primero. El emisor o el oferente podrán ampliar este período. El suplemento deberá indicar la fecha final de ejercicio del derecho de retirada.

Si un emisor opta por incorporar algún cambio al documento de registro universal mediante una referencia dinámica a la versión más reciente del documento de registro universal, y no mediante un suplemento en virtud del artículo 20, apartado 3, esto no afectará al derecho de retirada del inversor previsto en el párrafo primero.

3.  En caso de que el emisor elabore un suplemento a la información del folleto de base que se refiera únicamente a una o varias emisiones individuales, el derecho de retirada que asiste a los inversores de conformidad con el apartado 2 se aplicará exclusivamente a dicha emisión o emisiones, y no a las restantes emisiones de valores incluidas en el folleto de base.

4.  Se elaborará y aprobará un único suplemento cuando el nuevo factor significativo, error o inexactitud importante mencionados en el apartado 1 se refiera exclusivamente a la información incluida en un documento de registro o un documento de registro universal, y cuando estos últimos se utilicen al mismo tiempo como parte integrante de varios folletos. En tal caso, el suplemento deberá indicar todos los folletos a los que se refiera.

5.  Durante el examen del suplemento previamente a su aprobación, sin perjuicio lo dispuesto en el artículo 20, apartado 3, párrafo segundo bis, la autoridad competente podrá exigir que el suplemento incluya como anexo una versión consolidada del folleto al que se refiera, cuando sea necesario para garantizar la inteligibilidad de la información facilitada en el mismo. Dicha exigencia se considerará una petición de información suplementaria con arreglo al artículo 19, apartado 4.

6.  Para garantizar la aplicación uniforme del presente artículo y tener en cuenta los progresos técnicos de los mercados financieros, la AEVM deberá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación con el fin de definir las situaciones en que un nuevo factor significativo, error o inexactitud importante, relacionado con la información incluida en el folleto requiere la publicación de un suplemento.

La AEVM presentará a la Comisión dichos proyectos a más tardar [doce meses desde la fecha de ▌entrada en vigor del presente Reglamento].

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo primero del presente apartado, de conformidad con el procedimiento estipulado en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

CAPÍTULO V

OFERTAS Y ADMISIONES A COTIZACIÓN TRANSFRONTERIZAS Y RÉGIMEN LINGÜÍSTICO

Artículo 23

Validez a escala de la Unión de la aprobación de los folletos y los documentos de registro universales

1.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35, cuando una oferta pública o admisión a cotización en un mercado regulado se efectúe en uno o más Estados miembros, o en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, el folleto aprobado por el Estado miembro de origen, así como sus suplementos, será válido para la oferta pública o la admisión a cotización en cualquier número de Estados miembros de acogida, siempre que se notifique a la autoridad competente de cada Estado miembro de acogida de conformidad con el artículo 24. Las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida se abstendrán de someter los folletos a aprobación u otros procedimientos administrativos.

Lo dispuesto en el apartado 1, párrafo primero, se aplicará mutatis mutandis a los documentos de registro universales que ya hayan sido aprobados.

Si se presenta para su aprobación un folleto en uno o varios Estados miembros y contiene un documento de registro universal que ya se ha aprobado en otro Estado miembro, la autoridad competente que evalúe la solicitud de aprobación del folleto no volverá a examinar el documento de registro universal y aceptará su aprobación anterior.

2.  Si tras la aprobación del folleto sobrevinieran nuevos factores significativos, errores o inexactitudes importantes, según lo mencionado en el artículo 22, la autoridad competente del Estado miembro de origen requerirá que se apruebe la publicación de un suplemento según lo previsto en el artículo 19, apartado 1. La AEVM y la autoridad competente del Estado miembro de acogida podrán informar a la autoridad competente del Estado miembro de origen sobre la necesidad de nueva información.

Artículo 24

Notificación

1.  A petición del emisor o de la persona responsable de elaborar el folleto, la autoridad competente del Estado miembro de origen facilitará a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, en el plazo de tres días hábiles a partir de dicha petición, o, si la petición se presenta conjuntamente con el proyecto de folleto, en el plazo de un día hábil a partir de la aprobación de este último, un certificado de aprobación que acredite que el folleto se ha elaborado de conformidad con el presente Reglamento y una copia de dicho folleto en formato electrónico. La AEVM creará un portal en el que cada autoridad nacional competente pueda introducir dicha información.

Si procede, el certificado mencionado en el párrafo anterior irá acompañado de la traducción del folleto y/o de la nota de síntesis, preparada bajo la responsabilidad del emisor o de la persona responsable de elaborar el folleto.

Si se ha aprobado un documento de registro universal con arreglo al artículo 9, los párrafos primero y segundo del presente apartado se aplicarán mutatis mutandis.

La expedición del certificado de aprobación se comunicará al emisor o persona responsable de elaborar el folleto o el documento de registro universal, según proceda, al mismo tiempo que a la autoridad competente del Estado miembro de acogida.

2.  En el certificado se confirmará que se han aplicado las disposiciones del artículo 17, apartados 2 y 3, justificándolo debidamente.

3.  La autoridad competente del Estado miembro de origen deberá notificar a la AEVM la expedición del certificado de aprobación del folleto al mismo tiempo que a la autoridad competente del Estado miembro de acogida.

4.  Cuando las condiciones finales de un folleto de base previamente notificado no estén incluidas en el folleto de base ni en un suplemento, la autoridad competente del Estado miembro de origen deberá transmitirlas en formato electrónico a la autoridad competente del Estado o Estados miembros de acogida y a la AEVM, tan pronto como sea posible a partir de su presentación.

5.  Las autoridades competentes no cobrarán tasa alguna por la notificación, o recepción de la notificación, de los folletos ni de sus suplementos, ni del documento de registro universal, según proceda, ni por ninguna otra actividad de supervisión relacionada, ya sea en el Estado miembro de origen o en el Estado o Estados miembros de acogida.

6.  Con objeto de garantizar la aplicación uniforme del presente Reglamento y tener en cuenta los progresos técnicos de los mercados financieros, la AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución para definir los formularios, modelos y procedimientos normalizados para la notificación del certificado de aprobación, de los folletos, de sus suplementos, o del documento de registro universal, y de la traducción del folleto y/o de la nota de síntesis.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución mencionadas en el párrafo anterior, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n° 1095/2010.

Artículo 25

Régimen lingüístico

1.  En los casos en que se haga una oferta pública o se solicite la admisión a cotización solamente en el Estado miembro de origen, el folleto se redactará en una lengua aceptada por la autoridad competente del Estado miembro de origen

2.  En los casos en que se haga la oferta pública o se solicite la admisión a cotización en uno o más Estados miembros distintos del Estado miembro de origen, el folleto se elaborará en una lengua aceptada por las autoridades competentes de esos Estados miembros, o en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales, a elección del emisor, oferente o persona que solicite la admisión.

La autoridad competente de cada Estado miembro de acogida requerirá que se traduzca a su lengua o lenguas oficiales la nota de síntesis mencionada en el artículo 7, pero no podrá exigir la traducción de ninguna otra parte del folleto. [Enm. 3]

A efectos del examen y aprobación por parte de la autoridad competente del Estado miembro de origen, el folleto se elaborará en una lengua aceptada por dicha autoridad o en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales, a elección del emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización.

3.  En los casos en que se haga la oferta pública o se solicite la admisión a cotización en un mercado regulado en más de un Estado miembro, incluido el Estado miembro de origen, el folleto se redactará en una lengua aceptada por la autoridad competente del Estado miembro de origen y se facilitará también en una lengua aceptada por las autoridades competentes de cada Estado miembro de acogida, o en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales, a elección del emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización.

La autoridad competente de cada Estado miembro de acogida solo podrá requerir que se traduzca a su lengua o lenguas oficiales la nota de síntesis mencionada en el artículo 7, pero no podrá exigir la traducción de ninguna otra parte del folleto.

4.  Las condiciones finales y la nota de síntesis de la emisión individual se redactarán en la misma lengua que el folleto de base aprobado.

Cuando las condiciones finales se comuniquen a la autoridad competente del Estado miembro de acogida, o bien a las diversas autoridades competentes en caso de que haya más de un Estado de acogida, las condiciones finales y la nota de síntesis de la emisión individual estarán sujetas a los requisitos lingüísticos estipulados en el presente artículo.

CAPÍTULO VI

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS EMISORES ESTABLECIDOS EN TERCEROS PAÍSES

Artículo 26

Oferta de valores o admisión a cotización realizadas con arreglo a un folleto redactado de acuerdo con el presente Reglamento

1.  Si un emisor de un tercer país pretende ofertar valores al público de la Unión o solicitar su admisión a cotización en un mercado regulado establecido en la Unión con arreglo a un folleto redactado de acuerdo con el presente Reglamento, deberá obtener la aprobación de dicho folleto, según lo estipulado en el artículo 19, por la autoridad competente de su Estado miembro de origen ▌.

Una vez aprobado el folleto conforme al párrafo primero, este comportará todos los derechos y las obligaciones previstos para un folleto en virtud del presente Reglamento, y tanto el folleto como el emisor del tercer país quedarán sujetos a las disposiciones del presente Reglamento bajo la supervisión de la autoridad competente del Estado miembro de origen.

Artículo 27

Oferta de valores o admisión a cotización realizadas con arreglo a un folleto redactado de acuerdo con la legislación de un tercer país

1.  La autoridad competente del Estado miembro de origen del emisor de un tercer país podrá aprobar el folleto correspondiente a una oferta pública de valores o a la admisión a cotización en un mercado regulado, redactado de acuerdo con la legislación nacional del emisor de un tercer país y sujeto a la misma, a condición de que:

a)   los requisitos de información impuestos por dicho tercer país sean equivalentes a los del presente Reglamento; y

b)   la autoridad competente del Estado miembro de origen haya celebrado acuerdos de cooperación con las autoridades de supervisión pertinentes del emisor de un tercer país con arreglo al artículo 28.

2.  En el caso de una oferta pública o de la admisión a cotización en un mercado regulado de valores emitidos por el emisor de un tercer país en un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen, se aplicarán los requisitos mencionados en los artículos 23, 24 y 25.

En el caso de dichos emisores, la autoridad competente nacional del Estado miembro de origen podrá aplicar una tasa extraordinaria que refleje la carga que representa dicha emisión.

3.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 42, para definir los criterios generales de equivalencia, que deberán basarse en los requisitos estipulados en los artículos 6, 7, 8 y 13.

Sobre la base de dichos criterios, la Comisión podrá adoptar una decisión de ejecución ▌ en la que declare que los requisitos de información impuestos en la legislación del tercer país son equivalentes a los requisitos del presente Reglamento. Dicha decisión de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 43, apartado 2.

Artículo 28

Cooperación con terceros países

1.  A los efectos del artículo 27, y, cuando se considere necesario, a los efectos del artículo 26, las autoridades competentes de los Estados miembros formalizarán acuerdos de cooperación con las autoridades competentes de terceros países en relación con los intercambios recíprocos de información y con la ejecución en esos países de las obligaciones impuestas por el presente Reglamento, a menos que el tercer país se encuentre en la lista de países no cooperadores de la Comisión. Esos acuerdos de cooperación garantizarán como mínimo un intercambio eficiente de información que permita a las autoridades competentes desempeñar las funciones contempladas en el presente Reglamento.

Las autoridades competentes informarán a la AEVM y a las demás autoridades competentes de los Estados miembros cuando se propongan celebrar acuerdos de este carácter.

2.  A los efectos del artículo 27, y, cuando se considere necesario, a los efectos del artículo 26, la AEVM facilitará y coordinará la formalización de acuerdos de cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros y las de terceros países.

La AEVM deberá también, cuando sea necesario, facilitar y coordinar el intercambio entre las autoridades competentes de la información recibida de las autoridades de supervisión de terceros países que pudiera ser relevante para la adopción de las medidas previstas en los artículos 36 y 37.

3.  Las autoridades competentes deberán formalizar acuerdos de cooperación relativos al intercambio de información con las autoridades de supervisión de terceros países, pero únicamente cuando la información divulgada goce de garantías de secreto profesional equivalentes como mínimo a las definidas en el artículo 33. Este intercambio de información deberá estar dirigido al desempeño de los cometidos que incumben a las autoridades competentes.

3 bis.   La AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para determinar el contenido mínimo de los acuerdos de cooperación mencionados en el apartado 1.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

3 ter.   A fin de conseguir condiciones de aplicación uniformes del presente artículo, la AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación que contengan un modelo para los acuerdos de cooperación que deberán utilizar las autoridades competentes de los Estados miembros.

CAPÍTULO VII

LA AEVM Y LAS AUTORIDADES COMPETENTES

Artículo 29

Autoridades competentes

1.  Cada Estado miembro designará una única autoridad administrativa competente, responsable de cumplir las obligaciones previstas en el presente Reglamento y de velar por la aplicación de las disposiciones adoptadas de conformidad con el mismo. Los Estados miembros informarán de esta designación a la Comisión, a la AEVM y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros.

Estas autoridades competentes serán ▌independientes de ▌los participantes en el mercado.

2.  Los Estados miembros podrán autorizar a sus autoridades competentes a delegar las tareas relacionadas con la publicación en Internet de los folletos aprobados.

Cualquier delegación de atribuciones en otras entidades será objeto de una decisión específica en la que se indicarán las tareas que deben realizarse y las condiciones en que deberán llevarse a cabo, añadiendo una cláusula que obligue a la entidad en cuestión a actuar y a organizarse de modo tal que se eviten los conflictos de intereses y que la información obtenida al realizar las tareas delegadas no se utilice de manera injusta o impida la competencia. Dicha decisión deberá especificar todas las condiciones acordadas entre la autoridad competente y la entidad en la que se delegan las tareas.

La responsabilidad última de la supervisión de la conformidad con el presente Reglamento y de la aprobación del folleto recaerá en la autoridad competente designada de acuerdo con el apartado 1.

Los Estados miembros deberán comunicar a la Comisión, a la AEVM y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros la decisión a que se refiere el párrafo segundo, incluidas las condiciones exactas que regulen dicha delegación.

3.  Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que un Estado miembro establezca otras disposiciones legales y administrativas distintas para los territorios europeos de ultramar de cuyas relaciones exteriores sea responsable.

Artículo 30

Facultades de las autoridades competentes

1.  Para el ejercicio de las funciones previstas en el presente Reglamento, deberá dotarse a las autoridades competentes, de conformidad con la legislación nacional, al menos de las siguientes facultades en materia de supervisión e investigación:

a)  exigir a los emisores, oferentes o personas que soliciten la admisión a cotización en un mercado regulado que, en su caso, incluyan en el folleto información suplementaria para la protección del inversor;

b)  exigir a los emisores, oferentes o personas que soliciten la admisión a cotización en un mercado regulado, y a las personas que los controlan o que son controladas por ellos, que faciliten información y documentos;

c)  exigir a los auditores y directivos del emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado, así como a los intermediarios financieros encargados de realizar la oferta pública o de solicitar la admisión a cotización, que faciliten información;

d)  suspender una oferta pública o admisión a cotización por un período máximo de 25 días hábiles consecutivos, cada vez, en caso de sospecha fundada de que se han infringido las disposiciones del presente Reglamento;

e)  prohibir o suspender la publicidad, o exigir a los emisores, oferentes o personas que soliciten la admisión a cotización en un mercado regulado que interrumpan o suspendan la publicidad, por un período máximo de diez días hábiles consecutivos, cada vez, en caso de sospecha fundada de que se han infringido las disposiciones del presente Reglamento;

f)  prohibir una oferta pública si descubren una infracción de las disposiciones del presente Reglamento o si tienen sospechas fundadas de que se van a infringir;

g)  suspender las operaciones en un mercado regulado por un período máximo de diez días hábiles consecutivos, cada vez, o pedir que lo hagan los oportunos mercados regulados, en caso de sospecha fundada de que se han infringido las disposiciones del presente Reglamento;

h)  prohibir las operaciones en un mercado regulado si descubren una infracción de las disposiciones del presente Reglamento;

i)  hacer público el hecho de que un emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización no cumple sus obligaciones;

j)  suspender el examen de un folleto presentado para aprobación, oferta pública o admisión a cotización en los casos en que la autoridad competente esté haciendo uso de los poderes para imponer una prohibición o restricción que le otorga el artículo 42 de la Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(26), hasta que haya cesado dicha prohibición o restricción:

k)  denegar la aprobación de cualquier folleto elaborado por un determinado emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización, por un período máximo de cinco años, cuando dicho emisor, oferente o persona que solicite la admisión a cotización hubiera infringido de forma reiterada y grave las disposiciones del presente Reglamento;

l)  divulgar, o requerir al emisor que divulgue, toda la información importante que pueda afectar a la evaluación de los valores admitidos a cotización en los mercados regulados, con el fin de garantizar la protección del inversor o el buen funcionamiento del mercado;

m)  suspender la negociación de los valores, o pedir que lo haga el correspondiente mercado regulado, cuando consideren que la situación del emisor es tal que la negociación sería perjudicial para los intereses de los inversores;

n)  llevar a cabo inspecciones o investigaciones in situ en locales que no sean el domicilio particular de personas físicas, y acceder a dichos locales para incautarse de documentos o datos de cualquier tipo, cuando existan sospechas razonables de que se guardan en ellos documentos u otras informaciones relacionadas con el objeto de una inspección o investigación que pudieran ser relevantes para demostrar una infracción del presente Reglamento.

Cuando así lo requiera la legislación nacional, la autoridad competente podrá solicitar a la autoridad judicial pertinente que resuelva sobre el ejercicio de las facultades mencionadas en el párrafo primero. Con arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010, la AEVM estará autorizada a participar en las inspecciones in situ mencionadas en la letra n), cuando las mismas se lleven a cabo de forma conjunta por dos o más autoridades competentes.

2.  Las autoridades competentes podrán ejercer las facultades y funciones a que se refiere el apartado 1 en la mayor medida necesaria para ejercer su responsabilidad de supervisar el cumplimiento del presente Reglamento y de aprobar el folleto de cualquiera de los modos siguientes:

a)  directamente;

b)  en colaboración con otras autoridades;

c)  mediante delegación en otras autoridades, pero bajo su responsabilidad;

d)  mediante solicitud a las autoridades judiciales competentes.

3.  Los Estados miembros velarán por que se adopten las medidas apropiadas para que las autoridades competentes dispongan de todas las facultades de supervisión e investigación necesarias para el desempeño de sus funciones.

4.  La persona que comunique a la autoridad competente información relacionada con el presente Reglamento se considerará que no infringe ninguna restricción en materia de divulgación de información impuesta por un contrato o disposición legislativa, reglamentaria o administrativa, y no estará sujeta a responsabilidad de ningún tipo como consecuencia de dicha comunicación.

5.  Lo dispuesto en los apartados 1 a 3 se entenderá sin perjuicio de la posibilidad de que un Estado miembro establezca otras disposiciones legales y administrativas distintas para los territorios europeos de ultramar de cuyas relaciones exteriores sea responsable.

Artículo 31

Cooperación entre las autoridades competentes

1.  Las autoridades competentes colaborarán entre sí y con la AEVM a los efectos del presente Reglamento. Deberán intercambiar información sin demoras injustificadas y cooperar en las actividades de investigación, supervisión y control del cumplimiento.

Cuando los Estados miembros hayan decidido, de conformidad con el artículo 36, imponer sanciones penales por infracciones de las disposiciones del presente Reglamento, deberán velar por que se adopten las medidas necesarias con objeto de que las autoridades competentes dispongan de todas las facultades requeridas para colaborar con las autoridades judiciales de su jurisdicción, con el fin de obtener información específica relacionada con las investigaciones o procesos penales emprendidos por las presuntas infracciones del presente Reglamento, y facilitar información del mismo tenor a otras autoridades competentes y a la AEVM, en cumplimiento de su obligación de cooperar entre sí y con la Autoridad a los efectos del presente Reglamento.

2.  Una autoridad competente podrá denegar una petición de información o de cooperación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias excepcionales:

a)  en caso de que atender la petición tenga probablemente efectos negativos para sus propias actividades de investigación o de control del cumplimiento, o para una investigación de carácter penal;

b)  en caso de que ya se hubieran iniciado procedimientos judiciales relacionados con las mismas actuaciones y con las mismas personas ante las autoridades del Estado miembro que recibe la petición;

c)  en caso de que ya se hubiera dictado sentencia firme en relación con las mismas actuaciones y personas en el Estado miembro que recibe la petición.

3.  Previa solicitud, las autoridades competentes proporcionarán inmediatamente cualquier información requerida para los fines del presente Reglamento.

4.  La autoridad competente de un Estado miembro podrá solicitar la asistencia de la autoridad competente de otro Estado miembro en relación con las investigaciones o inspecciones in situ.

La autoridad competente informará a la AEVM de cualquier petición efectuada con arreglo al párrafo anterior. En el caso de una investigación o inspección con efectos transfronterizos, la AEVM coordinará la misma cuando así lo solicite alguna de las autoridades competentes implicadas.

Cuando una autoridad competente reciba de su homóloga de otro Estado miembro una solicitud para realizar una investigación o inspección in situ, podrá:

a)  realizar ella misma la investigación o inspección in situ;

b)  permitir a la autoridad competente que haya presentado la solicitud participar en la investigación o inspección;

c)  permitir a la autoridad competente que haya presentado la solicitud realizar ella misma la investigación o inspección;

d)  designar a auditores o expertos para que realicen la investigación o inspección;

e)  compartir tareas específicas relacionadas con las actividades de supervisión con las demás autoridades competentes.

5.  Las autoridades competentes podrán trasladar a la AEVM aquellos casos en que una petición de cooperación, en particular de intercambio de información, hubiera sido rechazada o no hubiera recibido la debida respuesta en un plazo razonable. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 258 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en los casos mencionados en la frase anterior, la AEVM podrá actuar de acuerdo con las competencias que le confiere el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

6.  La AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para especificar la información que deberán intercambiar las autoridades competentes con arreglo al apartado 1.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de regulación a las que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) n.º 1095/2010.

7.  La AEVM podrá elaborar proyectos de normas técnicas de ejecución para definir los formularios, modelos y procedimientos normalizados para la cooperación e intercambio de información entre autoridades competentes.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución a que se refiere el párrafo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento (UE) n° 1095/2010.

Artículo 32

Cooperación con la AEVM

1.  Las autoridades competentes cooperarán con la AEVM a los efectos del presente Reglamento, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 1095/2010.

2.  Las autoridades competentes proporcionarán sin demora a la AEVM toda la información que necesite para el desempeño de sus funciones, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

3.  Con objeto de garantizar la aplicación uniforme del presente artículo, la AEVM elaborará proyectos de normas técnicas de ejecución para determinar los procedimientos y formularios utilizados en el intercambio de información a que se refiere el apartado 2.

Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar las normas técnicas de ejecución mencionadas en el párrafo anterior, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento (UE) n° 1095/2010.

Artículo 33

Secreto profesional

1.  Toda la información intercambiada por las autoridades competentes en virtud del presente Reglamento y referida a las condiciones comerciales u operativas, así como a otros asuntos de tipo económico o personal, se considerará confidencial y estará amparada por el secreto profesional, salvo cuando la autoridad competente declare, en el momento de su comunicación, que la información puede ser revelada o esta revelación resulte necesaria en el marco de un procedimiento judicial.

2.  La obligación de secreto profesional se aplicará a todas las personas que trabajen o hayan trabajado para la autoridad competente, y para las entidades en las cuales las autoridades competentes hayan delegado sus competencias. La información amparada por el secreto profesional no podrá revelarse a ninguna otra persona o autoridad, salvo en aplicación de un precepto legal de la Unión o de la legislación nacional.

Artículo 34

Protección de datos

En relación con el tratamiento de datos de carácter personal realizado por los Estados miembros en el marco del presente Reglamento, las autoridades competentes ejercerán las funciones con las que den cumplimiento al mismo de conformidad con las disposiciones legislativas, reglamentarias o administrativas nacionales de transposición de la Directiva 95/46/CE.

En lo que atañe al tratamiento de datos de carácter personal por la AEVM en el marco del presente Reglamento, la Autoridad deberá ajustarse a las disposiciones del Reglamento (CE) nº 45/2001.

Artículo 35

Medidas preventivas

1.  Cuando la autoridad competente del Estado miembro de acogida advierta que el emisor, el oferente, la persona que solicite la admisión a cotización o las entidades financieras encargadas de la oferta pública han cometido irregularidades o incumplido las obligaciones derivadas del presente Reglamento, deberá dar traslado de los hechos advertidos a la autoridad competente del Estado miembro de origen y a la AEVM.

2.  En caso de que, pese a las medidas adoptadas por la autoridad competente del Estado miembro de origen, el emisor, el oferente, la persona que solicite la admisión a cotización o las entidades financieras encargadas de la oferta pública persistan en infringir las disposiciones pertinentes del presente Reglamento, la autoridad competente del Estado miembro de acogida, tras informar a la autoridad competente del Estado miembro de origen y a la AEVM, adoptará todas las medidas apropiadas para proteger a los inversores, e informará sin demoras injustificadas a la Comisión y a la AEVM acerca de las mismas.

3.  En las situaciones indicadas en el apartado 2, la AEVM podrá actuar de conformidad con las competencias que le confiere el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1095/2010.

CAPÍTULO VIII

SANCIONES Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS

Artículo 36

Sanciones y medidas administrativas

1.  Sin perjuicio de las facultades en materia de supervisión e investigación conferidas a las autoridades competentes de los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en el artículo 30 y del derecho de los Estados a establecer e imponer sanciones penales, los Estados miembros, de conformidad con su Derecho nacional, velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para adoptar las medidas administrativas apropiadas e imponer sanciones administrativas, que serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Dichas medidas y sanciones administrativas se aplicarán como mínimo a:

a)  infracciones de los artículos 3, 5 y 6, del artículo 7, apartados 1 a 10, del artículo 8, del artículo 9, apartados 1 a 13, del artículo 10, del artículo 11, apartados 1 y 3, del artículo 12, del artículo 14, apartado 2, del artículo 15, apartados 1 y 2, del artículo 16, apartado 1, del artículo 17, apartados 1 y 3, del artículo 18, apartados 1 a 3, del artículo 19, apartado 1, del artículo 20, apartados 1 a 4 y 7 a 10, del artículo 21, apartados 2 a 4, del artículo 22, apartados 1, 2 y 4, y del artículo 25 del presente Reglamento;

b)  la falta de cooperación o el desacato en relación con una investigación o una inspección o una solicitud con arreglo al artículo 30.

Los Estados miembros podrán decidir no establecer normas relativas a las sanciones administrativas contempladas en el párrafo primero cuando las infracciones señaladas en las letras a) o b) del mismo ya estuvieran sujetas a sanciones penales en su legislación nacional antes del [doce meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento]. Si adoptan esta decisión, los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a la AEVM, en detalle, las disposiciones pertinentes de su legislación penal.

A más tardar el [doce meses desde la entrada en vigor del presente Reglamento], los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a la AEVM, en detalle, las normas a que hacen referencia los párrafos primero y segundo. Notificarán sin demora a la Comisión y a la AEVM cualquier modificación ulterior de las mismas.

2.  Los Estados miembros, de conformidad con su Derecho nacional, velarán por que las autoridades competentes estén facultadas para adoptar, como mínimo, las siguientes sanciones o medidas administrativas en el caso de las infracciones enumeradas en el apartado 1, letra a):

a)  una declaración pública en la que se indique la persona física o jurídica responsable y la naturaleza de la infracción de conformidad con el artículo 40;

b)  un requerimiento dirigido a la persona física o jurídica responsable para que ponga fin a su conducta constitutiva de incumplimiento;

c)  sanciones pecuniarias administrativas de hasta el doble de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas como resultado de la infracción, en caso de que puedan determinarse;

d)  en el caso de una persona jurídica, sanciones pecuniarias administrativas máximas de, al menos, 5 000 000 EUR, o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor correspondiente en moneda nacional el [▌fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], o bien el 3 % de su volumen de negocios total durante el ejercicio precedente, de acuerdo con los últimos estados financieros disponibles aprobados por el órgano de dirección.

Cuando la persona jurídica sea una empresa matriz o una filial de una empresa matriz que deba elaborar cuentas consolidadas de conformidad con la Directiva 2013/34/UE, el volumen de negocios total anual pertinente será el volumen de negocios total anual, o el tipo de ingresos correspondientes, conforme a la legislación pertinente de la Unión en materia de contabilidad, de acuerdo con las cuentas consolidadas disponibles más recientes aprobadas por el órgano de dirección de la empresa matriz última;

e)  si se trata de una persona física, sanciones pecuniarias administrativas máximas de 5 700 000 EUR como mínimo o, en los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, el valor correspondiente en la moneda nacional a [▌fecha de entrada en vigor del presente Reglamento];

3.  Los Estados miembros podrán establecer sanciones o medidas adicionales y multas administrativas por cuantías superiores a las previstas en el presente Reglamento.

Artículo 37

Ejercicio de las facultades supervisoras y sancionadoras

1.  Al establecer el tipo y la cuantía de las sanciones y medidas administrativas, las autoridades competentes deberán tener en cuenta todas las circunstancias pertinentes, entre ellas, según proceda:

a)  la gravedad y duración de la infracción;

b)  el grado de responsabilidad de la persona responsable de la infracción;

c)  la solvencia financiera de la persona responsable de la infracción, reflejada en el volumen de negocios total, si se trata de una persona jurídica, o en los ingresos anuales y el patrimonio neto, si se trata de una persona física;

d)  las consecuencias de la infracción para los intereses de los pequeños inversores;

e)  la importancia de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas por la persona responsable de la infracción, o las pérdidas incurridas por terceros a raíz de la misma, en la medida en que puedan determinarse;

f)  el grado de cooperación con la autoridad competente de la persona responsable de la infracción, sin perjuicio de la necesidad de garantizar la restitución de los beneficios obtenidos o de las pérdidas evitadas por dicha persona;

g)  las demás infracciones cometidas anteriormente por la persona responsable de la infracción;

h)  las medidas adoptadas después de la infracción por la persona responsable para evitar su repetición.

2.  Al ejercer sus facultades para imponer sanciones y medidas administrativas en virtud del artículo 36, las autoridades competentes cooperarán estrechamente con el fin de garantizar que el ejercicio de sus competencias de supervisión e investigación y las sanciones y medidas administrativas impuestas sean eficaces y adecuadas en el marco del presente Reglamento. Coordinarán sus actuaciones con el fin de evitar posibles duplicaciones y solapamientos cuando ejerzan sus competencias de supervisión e investigación y cuando impongan sanciones y medidas administrativas en los casos que tengan carácter transfronterizo.

Artículo 38

Derecho de recurso

Los Estados miembros velarán por que las decisiones adoptadas de conformidad con las disposiciones del presente Reglamento se motiven adecuadamente y puedan ser objeto de recurso judicial.

Artículo 39

Comunicación de infracciones

1.  Las autoridades competentes establecerán mecanismos eficaces para alentar y facilitar las denuncias de las infracciones, reales o potenciales, del presente Reglamento.

2.  Los mecanismos contemplados en el apartado 1 incluirán, como mínimo:

a)  procedimientos específicos para la recepción de denuncias de infracciones y para su seguimiento, incluido el establecimiento de canales de comunicación seguros para tales notificaciones;

b)  la adecuada protección de los empleados sujetos a un contrato de trabajo que denuncien infracciones, como mínimo contra las represalias, la discriminación y otros tipos de trato injusto por parte de su empleador o de terceros;

c)  la protección de la identidad y datos personales tanto de la persona que denuncia las infracciones como de la persona física supuestamente responsable de la infracción, durante todas las etapas del procedimiento, salvo que la legislación nacional exija la revelación de dicha identidad y datos en el contexto de las ulteriores investigaciones o del proceso judicial subsiguiente.

3.  Los Estados miembros podrán disponer que se concedan incentivos financieros a las personas que ofrezcan información pertinente sobre infracciones reales o potenciales del presente Reglamento, de conformidad con su legislación nacional, siempre que tales personas no estén ya obligadas, en virtud de otras disposiciones legales o contractuales preexistentes, a facilitar dicha información, que esta sea nueva y que dé lugar a la imposición de una sanción administrativa o penal, o a la adopción de una medida administrativa de otro tipo, por infracción del presente Reglamento.

4.  Los Estados miembros exigirán que los empleadores que realicen actividades reguladas con fines de prestación de servicios financieros se doten de los procedimientos adecuados para que sus empleados puedan denunciar internamente infracciones, reales o potenciales, por un cauce específico, independiente y autónomo.

Artículo 40

Publicación de las decisiones

1.  Las autoridades competentes publicarán en su sitio web las decisiones sobre la imposición de sanciones o medidas administrativas, inmediatamente después de informar de tales decisiones a las personas sancionadas. Dicha publicación deberá incluir al menos información sobre el tipo y características de la infracción, así como la identidad de las personas responsables. Esta obligación no se aplicará a las decisiones sobre la adopción de medidas relacionadas con las investigaciones.

2.  Cuando la autoridad competente considere que la publicación de la identidad de las personas jurídicas o de la identidad y datos personales de las personas físicas sea desproporcionada, después de llevar a cabo una evaluación caso por caso sobre la proporcionalidad de la publicación de tales datos, o cuando dicha publicación pueda poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigación en curso, los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes adopten una de las medidas siguientes:

a)  retrasar la publicación de la decisión relativa a la imposición de una sanción o medida hasta el momento en que desaparezcan los motivos para no publicarla;

b)  publicar la decisión relativa a la imposición de una sanción o medida de forma anonimizada, de un modo que sea conforme con la legislación nacional, siempre que dicha publicación anonimizada garantice la protección eficaz de los correspondientes datos personales; en el caso de que decidan publicar una sanción o medida de forma anonimizada, se podrá retrasar la publicación de los datos pertinentes por un período de tiempo razonable, cuando se prevea que durante el mismo desaparecerán los motivos que justificaron dicha publicación anonimizada;

c)  no publicar la decisión relativa a la imposición de una sanción o medida cuando las opciones descritas en las letras a) y b) se juzguen insuficientes para garantizar:

i)  que no se pone en peligro la estabilidad de los mercados financieros;

ii)  que la publicación de la decisión es proporcionada, en el caso de medidas consideradas de menor importancia.

3.  Cuando la decisión relativa a la imposición de una sanción o medida sea objeto de un recurso ante las instancias judiciales o administrativas pertinentes, las autoridades competentes publicarán inmediatamente esta información en su sitio web, al igual que cualquier otra información posterior sobre los resultados de dicho recurso. Del mismo modo, también se publicará cualquier decisión de anular otra decisión anterior relativa a la imposición de una sanción o medida.

4.  Las autoridades competentes velarán por que toda publicación realizada con arreglo al presente artículo se mantenga en su sitio web durante cinco años como mínimo desde su publicación. Los datos personales incluidos en la publicación solamente se mantendrán en el sitio web oficial de la autoridad competente durante el período de tiempo necesario de conformidad con las normas en materia de protección de datos que sean aplicables.

Artículo 41

Notificación de las sanciones a la AEVM

1.  La autoridad competente deberá facilitar anualmente a la AEVM información agregada sobre todas las sanciones y medidas administrativas impuestas en virtud del artículo 36. La AEVM publicará esa información en un informe anual.

Cuando los Estados miembros hayan decidido, de conformidad con el artículo 36, apartado 1, establecer sanciones penales por las infracciones de lo dispuesto en el referido artículo, sus autoridades competentes deberán facilitar anualmente a la AEVM los datos anonimizados y agregados relativos a las investigaciones de tipo penal realizadas y a las sanciones penales impuestas. La AEVM publicará en un informe anual los datos correspondientes a las sanciones penales.

2.  Cuando la autoridad competente divulgue públicamente las sanciones administrativas o penales, o medidas administrativas de otro tipo, las notificará simultáneamente a la AEVM.

3.  Las autoridades competentes informarán a la AEVM sobre todas las sanciones o medidas administrativas impuestas pero no publicadas de conformidad con el artículo 40, apartado 2, letra c), incluyendo los eventuales recursos y sus resultados. Los Estados miembros velarán por que las autoridades competentes reciban información y las sentencias definitivas dictadas en relación con cualquier sanción penal impuesta y la comuniquen a la AEVM. La AEVM mantendrá una base de datos centralizada de las sanciones que le hayan sido comunicadas, exclusivamente a los efectos de intercambiar información entre las autoridades competentes. A esta base de datos solamente podrán acceder las autoridades competentes, y se actualizará con la información facilitada por las mismas.

CAPÍTULO IX

ACTOS DELEGADOS Y DE EJECUCIÓN

Artículo 42

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 1, apartado 6, el artículo 2, apartado 2, ▌el artículo 13, apartados 1 y 2, el artículo 14, apartado 3, el artículo 15, apartado 3, ▌y el artículo 27, apartado 3, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [▌fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 1, apartado 6, el artículo 2, apartado 2, ▌el artículo 13, apartados 1 y 2, el artículo 14, apartado 3, el artículo 15, apartado 3, ▌y el artículo 27, apartado 3, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 1, apartado 6, del artículo 2, apartado 2, ▌del artículo 13, apartados 1 y 2, del artículo 14, apartado 3, del artículo 15, apartado 3, ▌y del artículo 27, apartado 3, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de tres meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará tres meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 43

Procedimiento de comité

1.  La Comisión estará asistida por el Comité Europeo de Valores establecido en la Decisión 2001/528/CE de la Comisión(27). Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) nº 182/2011.

2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) nº 182/2011.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 44

Derogaciones

1.  Queda derogada la Directiva 2003/71/CE con efectos a partir del [▌fecha de aplicación del presente Reglamento].

2.  Las referencias a la Directiva 2003/71/CE se entenderán hechas al presente Reglamento y deberán leerse de acuerdo con el cuadro de correspondencias incluido en el anexo IV del presente Reglamento.

4.  Los folletos aprobados de conformidad con las leyes nacionales por las que se transpone la Directiva 2003/71/CE antes del [▌fecha de aplicación del presente Reglamento] se seguirán rigiendo por dichas leyes nacionales hasta el término de su plazo de validez, o bien hasta que hayan transcurrido doce meses desde el [insertar la fecha de aplicación del presente Reglamento], si esta fecha es anterior.

Artículo 45

Informe de la AEVM sobre los folletos

1.  Basándose en los documentos publicados mediante el mecanismo mencionado en el artículo 20, apartado 6, la AEVM publicará anualmente un informe con estadísticas sobre los folletos aprobados y notificados en la Unión, junto con un análisis de las tendencias, en el que se indicarán los tipos de emisores, especialmente las pymes, y los tipos de emisiones, detallando los importes de las ofertas, los tipos de valores negociables, centros de negociación y denominación.

2.  Dicho informe incluirá, en particular:

a)  un análisis del alcance del uso en la Unión de los regímenes de divulgación de información definidos en los artículos 14 y 15, y del documento de registro universal descrito en el artículo 9;

b)  estadísticas relativas a los folletos de base y a las condiciones finales, y a los folletos elaborados en forma de documentos separados o de documento único;

c)  estadísticas relativas a los importes promedios y totales captados mediante ofertas públicas de valores sujetas al presente Reglamento, por empresas no cotizadas y empresas cuyos valores se negocian en sistemas multilaterales de negociación, incluyendo los mercados de pymes en expansión, y por empresas cuyos valores están admitidos a cotización en mercados regulados. Cuando sea aplicable, dichas estadísticas contendrán un desglose entre ofertas públicas iniciales y consecutivas, y entre valores participativos y no participativos;

c bis)   estadísticas sobre los costes de producción de un folleto desglosados como mínimo por los distintos tipos de emisores, tamaños de emisión y ubicación, así como los tipos de tasas y gastos en los que incurren los emisores y los tipos de proveedores de servicios que los cobran; las estadísticas se acompañarán de un análisis de la efectividad de la competencia entre proveedores de servicios implicados en la elaboración de folletos, así como recomendaciones para reducir costes;

Artículo 46

Revisión

Antes del [cinco años desde la entrada en vigor del presente Reglamento] la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación del presente Reglamento, acompañado, en caso necesario, de una propuesta legislativa.

Dicho informe deberá evaluar, entre otras cosas, si la nota de síntesis del folleto, los regímenes de divulgación de información definidos en los artículos 14 y 15 y el documento de registro universal a que se refiere el artículo 9 siguen siendo adecuados a la luz de los objetivos perseguidos. El informe deberá tener en cuenta los resultados de la revisión inter pares mencionada en el artículo 19, apartado 12.

Artículo 47

Entrada en vigor y aplicación

1.  El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.  Se aplicará a partir del [veinticuatro meses desde la fecha de la entrada en vigor del presente Reglamento].

2 bis.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán optar por aplicar los umbrales definidos a fines de exención prevista en el artículo 1, apartado 3, letra d), y/o de la opción del artículo 3, apartado 2, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

3.  Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento al artículo 11, al artículo 19, apartado 8, al artículo 29, al artículo 30 y a los artículos 36 a 41 a más tardar el [veinticuatro meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en,

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

ANEXO I

FOLLETO

I.   Resumen

II.   Identidad de los directores, altos directivos, consejeros y auditores

El propósito es identificar a los representantes de la empresa y otros responsables de la oferta o la admisión a cotización de la empresa; estas son las personas responsables de elaborar el folleto y de auditar los estados financieros.

III.   Estadísticas de la oferta y calendario previsto

El propósito es facilitar información esencial relativa a la realización de las posibles ofertas y determinar las fechas importantes relativas a la misma.

A.  Estadísticas de la oferta

B.  Método y calendario previsto.

IV.   Información esencial

El propósito es resumir la información esencial sobre la situación financiera de la empresa, la capitalización y los factores de riesgo. Si los estados financieros incluidos en el documento se reevalúan para reflejar cambios importantes de la estructura del grupo de empresas o de la estrategia contable, también deberán reevaluarse los datos financieros seleccionados.

A.  Datos financieros seleccionados

B.  Capitalización y endeudamiento

C.  Motivos de la oferta y destino de los ingresos

D.  Factores de riesgo

V.   Información sobre la empresa

El propósito es facilitar información sobre la actividad de la empresa, los productos que fabrica o los servicios que presta, y los factores que afectan a dicha actividad. El propósito es también facilitar información sobre la adecuación y conveniencia del inmovilizado material y maquinaria de la empresa, así como sus planes para futuros incrementos o reducciones de capacidad.

A.  Historial y evolución de la empresa

B.  Descripción de la actividad de la empresa

C.  Estructura organizativa

D.  Inmovilizado material y maquinaria

VI.   Estudio operativo y financiero y perspectivas

El propósito es que la dirección explique los factores que hayan afectado a la situación financiera de la empresa y los resultados de las operaciones durante los períodos cubiertos por los estados financieros, así como la evaluación por parte de la dirección de los factores y de las tendencias que se supone puedan tener una incidencia importante en la situación financiera de la empresa y los resultados de las operaciones en períodos venideros.

A.  Resultados de explotación

B.  Liquidez y recursos de capital

C.  Investigación y desarrollo, patentes y licencias, etc.

D.  Tendencias.

VII.   Directores, altos directivos y empleados

El propósito es facilitar información referente a los directores y directivos de la empresa que permitirá a los inversores evaluar su experiencia, las cualificaciones y el nivel de remuneración de dichas personas, así como su relación con la empresa.

A.  Directores y altos directivos

B.  Remuneración

C.  Prácticas de gestión

D.  Empleados

E.  Accionariado.

VIII. Accionistas importantes y operaciones de partes vinculadas

El propósito es facilitar información relativa a los accionistas principales y a otros que controlen la empresa o influyan en ella. El propósito es facilitar información sobre operaciones en las que la empresa haya participado con personas vinculadas a ella y sobre si los términos de tales operaciones son justos para la empresa.

A.  Accionistas importantes

B.  Operaciones de partes vinculadas

C.  Intereses de los expertos y asesores.

IX.   Información financiera

El propósito es especificar qué estados financieros deben incluirse en el documento, así como los períodos que debe cubrir, la antigüedad de los estados financieros y otra información de carácter financiero. Los principios de contabilidad y de auditoría aceptados para la preparación y la auditoría de los estados financieros se determinarán de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y auditoría.

A.  Estados consolidados y demás información financiera

B.  Cambios significativos

X.   Información sobre la oferta y la admisión a cotización

El propósito es facilitar información relativa a la oferta y a la admisión a cotización de valores, el plan de distribución de los valores y otros asuntos relacionados.

A.  Oferta y admisión a cotización

B.  Plan de distribución

C.  Mercados

D.  Titulares que venden sus valores

E.  Dilución (solo para los valores participativos)

F.  Gastos de emisión.

XI.   Información adicional

El propósito es facilitar información que no se encuentra en otra parte del folleto, mayoritariamente de naturaleza estatutaria.

A.  Capital social

B.  Escritura de constitución y estatutos

C.  Contratos importantes

D.  Controles de cambio

E.  Aviso sobre efectos fiscales

F.  Dividendos y organismos pagadores

G.  Declaraciones de expertos

H.  Documentos para consulta

I.  Información subsidiaria.

ANEXO II

DOCUMENTO DE REGISTRO

I.   Identidad de los directores, altos directivos, consejeros y auditores

El propósito es identificar a los representantes de la empresa y otros responsables de la oferta o la admisión a cotización de la empresa; estas son las personas responsables de elaborar el folleto y de auditar los estados financieros.

II.   Información esencial sobre el emisor

El propósito es resumir la información esencial sobre la situación financiera de la empresa, la capitalización y los factores de riesgo. Si los estados financieros incluidos en el documento se reevalúan para reflejar cambios importantes de la estructura del grupo de empresas o de la estrategia contable, también deberán reevaluarse los datos financieros seleccionados.

A.  Datos financieros seleccionados

B.  Capitalización y endeudamiento

C.  Factores de riesgo

III.   Información sobre la empresa

El propósito es facilitar información sobre la actividad de la empresa, los productos que fabrica o los servicios que presta, y los factores que afectan a dicha actividad. El propósito es también facilitar información relativa a la adecuación y conveniencia del inmovilizado material y maquinaria de la empresa, así como sus planes para futuros incrementos o reducciones de capacidad.

A.  Historial y evolución de la empresa

B.  Descripción de la actividad de la empresa

C.  Estructura organizativa

D.  Inmovilizado material y maquinaria.

IV.   Estudio operativo y financiero y perspectivas

El propósito es que la dirección explique los factores que hayan afectado a la situación financiera de la empresa y los resultados de las operaciones durante los períodos cubiertos por los estados financieros, así como la evaluación por parte de la dirección de los factores y de las tendencias que se supone puedan tener una incidencia importante en la situación financiera de la empresa y los resultados de las operaciones en períodos venideros.

A.  Resultados de explotación

B.  Liquidez y recursos de capital

C.  Investigación y desarrollo, patentes y licencias, etc.

D.  Tendencias.

V.   Directores, altos directivos y empleados

El propósito es facilitar información referente a los directores y directivos de la empresa que permitirá a los inversores evaluar su experiencia, las cualificaciones y el nivel de remuneración de dichas personas, así como su relación con la empresa.

A.  Directores y altos directivos

B.  Remuneración

C.  Prácticas de gestión

D.  Empleados

E.  Accionariado.

VI.   Accionistas importantes y operaciones de partes vinculadas

El propósito es facilitar información relativa a los accionistas principales y a otros que controlen la empresa o influyan en ella. El propósito es facilitar información sobre operaciones en las que la empresa haya participado con personas vinculadas a ella y sobre si los términos de tales operaciones son justos para la empresa.

A.  Accionistas importantes

B.  Operaciones de partes vinculadas

C.  Intereses de los expertos y asesores.

VII.   Información financiera

El propósito es especificar qué estados financieros deben incluirse en el documento, así como los períodos que debe cubrir, la antigüedad de los estados financieros y otra información de carácter financiero. Los principios de contabilidad y de auditoría aceptados para la preparación y la auditoría de los estados financieros se determinarán de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad y auditoría.

A.  Estados consolidados y demás información financiera

B.  Cambios significativos

VIII. Información adicional

El propósito es facilitar información que no se encuentra en otra parte del folleto, mayoritariamente de naturaleza estatutaria.

A.  Capital social

B.  Escritura de constitución y estatutos

C.  Contratos importantes

D.  Declaraciones de expertos

E.  Documentos para consulta

F.  Información subsidiaria.

ANEXO III

NOTA SOBRE LOS VALORES

I.   Identidad de los directores, altos directivos, consejeros y auditores

El propósito es identificar a los representantes de la empresa y otros responsables de la oferta o la admisión a cotización de la empresa; estas son las personas responsables de elaborar el folleto y de auditar los estados financieros.

II.   Estadísticas de la oferta y calendario previsto

El propósito es facilitar información esencial relativa a la realización de las posibles ofertas y determinar las fechas importantes relativas a la misma.

A.  Estadísticas de la oferta

B.  Método y calendario previsto.

III.   Información esencial sobre el emisor

El propósito es resumir la información esencial sobre la situación financiera de la empresa, la capitalización y los factores de riesgo. Si los estados financieros incluidos en el documento se reevalúan para reflejar cambios importantes de la estructura del grupo de empresas o de la estrategia contable, también deberán reevaluarse los datos financieros seleccionados.

A.  Capitalización y endeudamiento

B.  Motivos de la oferta y destino de los ingresos

C.  Factores de riesgo

IV.   Intereses de los expertos

El propósito es facilitar información relativa a operaciones realizadas por la empresa con expertos o asesores empleados sobre una base contingente.

V.   Información de la oferta y la admisión a cotización

El propósito es facilitar información relativa a la oferta y a la admisión a cotización de valores, el plan de distribución de los valores y otros asuntos relacionados.

A.  Oferta y admisión a cotización

B.  Plan de distribución

C.  Mercados

D.  Titulares que venden sus valores

E.  Dilución (solo para los valores participativos)

F.  Gastos de emisión.

VI.   Información adicional

El propósito es facilitar información que no se encuentra en otra parte del folleto, mayoritariamente de naturaleza estatutaria.

A.  Controles de cambio

B.  Aviso sobre efectos fiscales

C.  Dividendos y organismos pagadores

D.  Declaraciones de expertos

E.  Documentos para consulta

ANEXO IV

Cuadro de correspondencias

(a que se refiere el artículo 44)

Directiva 2003/71/CE

Presente Reglamento

Artículo 1, apartado 1

Artículo 1, apartado 1

Artículo 1, apartado 2, salvo artículo 1, apartado 2, letra h)

Artículo 1, apartado 2

Artículo 1, apartado 2, letra h)

Artículo 1, apartado 3, letra d)

Artículo 1, apartado 3

Artículo 4

Artículo 1, apartado 4

Artículo 1, apartado 5, letras a) y b)

Artículo 2, apartado 1

Artículo 2, apartado 1

Artículo 2, apartado 4

Artículo 2, apartado 2

Artículo 3, apartado 1

Artículo 3, apartado 1

Artículo 3, apartado 2, letra a)

Artículo 1, apartado 3, letra a)

Artículo 3, apartado 2, letra b)

Artículo 1, apartado 3, letra b)

Artículo 3, apartado 2, letra c)

Artículo 1, apartado 3, letra c)

Artículo 3, apartado 2, letra d)

-

Artículo 3, apartado 2, letra e)

-

Artículo 3, apartado 2, párrafos segundo y tercero

Artículo 5

Artículo 3, apartado 3

Artículo 3, apartado 3

Artículo 3, apartado 4

Artículo 1, apartado 5, letra b)

Artículo 4, apartado 1, letra a)

Artículo 1, apartado 3, letra e)

Artículo 4, apartado 1, letra b)

Artículo 1, apartado 3, letra f)

Artículo 4, apartado 1, letra c)

Artículo 1, apartado 3, letra g)

Artículo 4, apartado 1, letra d)

Artículo 1, apartado 3, letra h)

Artículo 4, apartado 1, letra e)

Artículo 1, apartado 3, letra i)

Artículo 4, apartado 1, párrafos segundo a quinto

-

Artículo 4, apartado 2, letra a)

Artículo 1, apartado 4, letra a)

Artículo 4, apartado 2, letra b)

Artículo 1, apartado 4, letra c)

Artículo 4, apartado 2, letra c)

Artículo 1, apartado 4, letra d)

Artículo 4, apartado 2, letra d)

Artículo 1, apartado 4, letra e)

Artículo 4, apartado 2, letra e)

Artículo 1, apartado 4, letra f)

Artículo 4, apartado 2, letra f)

Artículo 1, apartado 4, letra g)

Artículo 4, apartado 2, letra g)

Artículo 1, apartado 4, letra b)

Artículo 4, apartado 2, letra h)

Artículo 1, apartado 4, letra h)

Artículo 4, apartado 3

Artículo 1, apartado 6

Artículo 5, apartado 1

Artículo 6, apartado 1

Artículo 5, apartado 2

Artículo 7

Artículo 5, apartado 3

Artículo 6, apartado 2

Artículo 5, apartado 4, párrafo primero

Artículo 8, apartado 1

Artículo 5, apartado 4, párrafo segundo

Artículo 8, apartado 9

Artículo 5, apartado 4, párrafo tercero

Artículo 8, apartado 4, y artículo 24, apartado 4

Artículo 5, apartado 5

Artículo 13, apartado 1

Artículo 6, apartado 1

Artículo 11, apartado 1

Artículo 6, apartado 2

Artículo 11, apartado 2

Artículo 7, apartado 1

Artículo 13, apartado 1, párrafo primero

Artículo 7, apartado 2, letra a)

Artículo 13, apartado 1, párrafo segundo, letra a)

Artículo 7, apartado 2, letra b)

Artículo 13, apartado 2, párrafo segundo, letra b)

Artículo 7, apartado 2, letra c)

Artículo 13, apartado 2, párrafo segundo, letra c)

Artículo 7, apartado 2, letra d)

Artículo 13, apartado 2, párrafo segundo, letra c)

Artículo 7, apartado 2, letra e)

Artículo 15

Artículo 7, apartado 2, letra f)

Artículo 13, apartado 2, párrafo segundo, letra d)

Artículo 7, apartado 2, letra g)

Artículo 14

Artículo 7, apartado 3

Artículo 13, apartado 3

Artículo 7, apartado 4

-

Artículo 8, apartado 1

Artículo 17, apartado 1

Artículo 8, apartado 2

Artículo 17, apartado 2

Artículo 8, apartado 3

Artículo 17, apartado 3

Artículo 8, apartado 3 bis

Artículo 17, apartado 4

Artículo 8, apartado 4

Artículo 17, apartado 5

Artículo 8, apartado 5

-

Artículo 9, apartado 1

Artículo 12, apartado 1

Artículo 9, apartado 2

Artículo 12, apartado 1

Artículo 9, apartado 3

Artículo 12, apartado 1

Artículo 9, apartado 4

Artículo 12, apartado 2

Artículo 11, apartado 1

Artículo 18, apartado 1

Artículo 11, apartado 2

Artículo 18, apartado 2

Artículo 11, apartado 3

Artículo 18, apartado 4

Artículo 12, apartado 1

Artículo 10, apartado 1, párrafo primero

Artículo 12, apartado 2

Artículo 10, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 12, apartado 3

-

Artículo 13, apartado 1

Artículo 19, apartado 1

Artículo 13, apartado 2

Artículo 19, apartado 2

Artículo 13, apartado 3

Artículo 19, apartado 3

Artículo 13, apartado 4

Artículo 19, apartado 4

Artículo 13, apartado 5

Artículo 19, apartado 7

Artículo 13, apartado 6

Artículo 19, apartado 8

Artículo 13, apartado 7

Artículo 19, apartado 10

Artículo 14, apartado 1

Artículo 20, apartado 1

Artículo 14, apartado 2

Artículo 20, apartado 2

Artículo 14, apartado 3

-

Artículo 14, apartado 4

Artículo 20, apartado 5

Artículo 14, apartado 4 bis

Artículo 20, apartado 6

Artículo 14, apartado 5

Artículo 20, apartado 8

Artículo 14, apartado 6

Artículo 20, apartado 9

Artículo 14, apartado 7

Artículo 20, apartado 10

Artículo 14, apartado 8

Artículo 20, apartado 11

Artículo 15, apartado 1

Artículo 21, apartado 1

Artículo 15, apartado 2

Artículo 21, apartado 2

Artículo 15, apartado 3

Artículo 21, apartado 3

Artículo 15, apartado 4

Artículo 21, apartado 4

Artículo 15, apartado 5

-

Artículo 15, apartado 6

Artículo 21, apartado 5

Artículo 15, apartado 7

Artículo 21, apartado 6

Artículo 16, apartado 1

Artículo 22, apartado 1

Artículo 16, apartado 2

Artículo 22, apartado 2

Artículo 16, apartado 3

Artículo 22, apartado 6

Artículo 17, apartado 1

Artículo 23, apartado 1

Artículo 17, apartado 2

Artículo 23, apartado 2

Artículo 18, apartado 1

Artículo 24, apartado 1

Artículo 18, apartado 2

Artículo 24, apartado 2

Artículo 18, apartado 3, párrafo primero

Artículo 24, apartado 3

Artículo 18, apartado 3, párrafo segundo

Artículo 20, apartado 5, párrafo tercero, y artículo 20, apartado 6

Artículo 18, apartado 4

Artículo 24, apartado 6

Artículo 19, apartado 1

Artículo 25, apartado 1

Artículo 19, apartado 2

Artículo 25, apartado 2

Artículo 19, apartado 3

Artículo 25, apartado 3

Artículo 19, apartado 4

-

Artículo 20, apartado 1

Artículo 27, apartado 1

Artículo 20, apartado 2

Artículo 27, apartado 2

Artículo 20, apartado 3

Artículo 27, apartado 3

Artículo 21, apartado 1

Artículo 29, apartado 1

Artículo 21, apartado 1 bis

Artículo 32, apartado 1

Artículo 21, apartado 1 ter

Artículo 32, apartado 2

Artículo 21, apartado 2

Artículo 29, apartado 2

Artículo 21, apartado 3, letra a)

Artículo 30, apartado 1, letra a)

Artículo 21, apartado 3, letra b)

Artículo 30, apartado 1, letra b)

Artículo 21, apartado 3, letra c)

Artículo 30, apartado 1, letra c)

Artículo 21, apartado 3, letra d)

Artículo 30, apartado 1, letra d)

Artículo 21, apartado 3, letra e)

Artículo 30, apartado 1, letra e)

Artículo 21, apartado 3, letra f)

Artículo 30, apartado 1, letra f)

Artículo 21, apartado 3, letra g)

Artículo 30, apartado 1, letra g)

Artículo 21, apartado 3, letra h)

Artículo 30, apartado 1, letra h)

Artículo 21, apartado 3, letra i)

Artículo 30, apartado 1, letra i)

Artículo 21, apartado 3, párrafo segundo

Artículo 30, apartado 1, párrafo segundo

Artículo 21, apartado 4, letra a)

Artículo 30, apartado 1, letra l)

Artículo 21, apartado 4, letra b)

Artículo 30, apartado 1, letra m)

Artículo 21, apartado 4, letra c)

-

Artículo 21, apartado 4, letra d)

Artículo 30, apartado 1, letra n)

Artículo 21, apartado 4, párrafo segundo

Artículo 30, apartado 1, párrafo tercero

Artículo 21, apartado 5

Artículo 29, apartado 3, y artículo 30, apartado 5

Artículo 22, apartado 1

Artículo 33, apartado 2

Artículo 22, apartado 2, párrafo primero

Artículo 31, apartado 1

Artículo 22, apartado 2, párrafo segundo

-

Artículo 22, apartado 2, párrafo tercero

Artículo 31, apartado 5

Artículo 22, apartado 3

-

Artículo 22, apartado 4

Artículo 31, apartados 6 y 7

Artículo 23, apartado 1

Artículo 35, apartado 1

Artículo 23, apartado 2

Artículo 35, apartado 2

Artículo 24

Artículo 43

Artículo 24 bis, apartado 1

Artículo 42, apartado 2

Artículo 24 bis, apartado 2

Artículo 42, apartado 4

Artículo 24 bis, apartado 3

Artículo 42, apartado 1

Artículo 24 ter

Artículo 42, apartado 3

Artículo 24 quater

Artículo 42, apartado 5

Artículo 25, apartado 1

Artículo 36, apartado 1

Artículo 25, apartado 2

Artículo 40

Artículo 26

Artículo 38

Artículo 27

-

Artículo 28

-

Artículo 29

-

Artículo 30

-

Artículo 31

Artículo 46

Artículo 32

Artículo 47

Artículo 33

Artículo 47

(1) De conformidad con el artículo 61, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento, el asunto se devuelve a la comisión competente para nuevo examen (A8-0238/2016).
(2)* Enmiendas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▌.
(3)DO C 177 de 18.5.2016, p. 9.
(4) DO C 195 de 2.6.2016, p. 1.
(5) Posición del Parlamento Europeo de ... [(DO ...) (pendiente de publicación en el Diario Oficial)] y Decisión del Consejo de ...
(6) Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 345 de 31.12.2003, p. 64).
(7) Directiva 2010/73/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la que se modifican la Directiva 2003/71/CE sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y la Directiva 2004/109/CE sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado (DO L 327 de 11.12.2010, p. 1).
(8) Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010 y (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014, p. 190).
(9)Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (DO L 352 de 9.12.2014, p. 1).
(10)Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 31.12.2004, p. 38).
(11)Reglamento (UE) n.º 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre el abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado) y por el que se derogan la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y las Directivas 2003/124/CE, 2003/125/CE y 2004/72/CE de la Comisión (DO L 173 de 12.6.2014, p. 1).
(12)Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
(13)Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(14)Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
(15)Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
(16)Directiva 80/390/CEE del Consejo, de 17 de marzo de 1980, sobre la coordinación de las condiciones de elaboración, control y difusión del prospecto que se publicará para la admisión de valores mobiliarios a la cotización oficial en una bolsa de valores (DO L 100 de 17.4.1980, p. 1).
(17)Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre dichos valores (DO L 184 de 6.7.2001, p. 1).
(18)Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
(19) Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
(20) Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) no 1060/2009 y (UE) no 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
(21)Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (DO L 352 de 9.12.2014, p. 1).
(22)Reglamento (CE) n.º 809/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativo a la aplicación de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a la información contenida en los folletos así como el formato, incorporación por referencia, publicación de dichos folletos y difusión de publicidad (DO L 149 de 30.4.2004, p. 1).
(23)Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE (DO L 390 de 31.12.2004, p. 38).
(24)Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo (DO L 182 de 29.6.2013, p. 19).
(25)DO C de [...], p. [...].
(26)Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).
(27)Decisión 2001/528/CE de la Comisión, de 6 de junio de 2001, por la que se establece el Comité Europeo de Valores (DO L 191 de 13.7.2001, p. 45).


Asilo: medidas provisionales en favor de Italia y Grecia *
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, de 22 de septiembre de 2015, por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia (COM(2016)0171 – C8-0133/2016 – 2016/0089(NLE))
P8_TA(2016)0354A8-0236/2016

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2016)0171),

–  Visto el artículo 78, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0133/2016),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

—  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0236/2016),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Decisión
Considerando 2
(2)  De conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Decisión (UE) 2015/1601, a más tardar el 26 de septiembre de 2016, 54 000 solicitantes deben ser reubicados desde Italia y Grecia en el territorio de otros Estados miembros, a menos que para esa fecha, con arreglo al artículo 4, apartado 3, la Comisión presente una propuesta para asignarlos a otros Estados miembros beneficiarios que afronten una situación de emergencia caracterizada por una afluencia repentina de personas.
(2)  De conformidad con el artículo 4, apartado 2, de la Decisión (UE) 2015/1601, a más tardar el 26 de septiembre de 2016, 54 000 solicitantes deben ser reubicados desde Italia y Grecia, en la proporción establecida en dicha Decisión (es decir, 12 764 solicitantes de Italia y 41 236 de Grecia), en el territorio de otros Estados miembros, a menos que para esa fecha, con arreglo al artículo 4, apartado 3, la Comisión presente una propuesta para asignarlos a otros Estados miembros beneficiarios que afronten una situación de emergencia caracterizada por una afluencia repentina de personas.
Enmienda 2
Propuesta de Decisión
Considerando 3
(3)   El artículo 1, apartado 2, de la Decisión (UE) 2015/1601 establece que la Comisión deberá examinar de forma permanente la situación relativa a los flujos masivos de nacionales de terceros países a territorios de los Estados miembros. La Comisión deberá presentar, según proceda, propuestas de modificación de dicha Decisión con el fin de tener en cuenta la evolución de la situación sobre el terreno y su impacto sobre el mecanismo de reubicación, así como la evolución de la presión sobre los Estados miembros, en particular sobre los Estados miembros de primera línea.
suprimido
Enmienda 3
Propuesta de Decisión
Considerando 3 bis (nuevo)
(3 bis)   El artículo 4, apartado 1, letra c), de la Decisión (UE) 2015/1601 prevé la reubicación de 54 000 solicitantes. La reubicación queda definida en el artículo 2, letra e), de dicha Decisión como el traslado de un solicitante hasta el territorio del Estado miembro de reubicación desde el territorio del Estado miembro responsable de examinar su solicitud de protección internacional. La reubicación no incluye el reasentamiento o la admisión en el territorio de un Estado miembro de personas procedentes de un tercer país necesitadas de protección internacional.
Enmienda 4
Propuesta de Decisión
Considerando 3 ter (nuevo)
(3 ter)   La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas debe encargarse de revisar de forma permanente la situación relativa a los flujos masivos de nacionales de terceros países a los Estados miembros.
Enmienda 5
Propuesta de Decisión
Considerando 4
(4)  Los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron, el 7 de marzo, trabajar sobre la base de una serie de principios para alcanzar un acuerdo con Turquía, incluido el reasentamiento, por cada sirio readmitido por Turquía desde las islas griegas, de otro sirio desde Turquía en los Estados miembros de la UE, en el marco de los compromisos vigentes. Dichos principios se desarrollaron en la Comunicación de la Comisión sobre las nuevas medidas operativas de la cooperación UE-Turquía en el ámbito de la migración en la que se solicita la adopción de las medidas necesarias para transferir algunos de los compromisos en virtud de las decisiones de reubicación existentes, en particular la totalidad o una parte de las 54 000 plazas actualmente sin asignar, al llamado régimen 1:1.
(4)  Los Jefes de Estado o de Gobierno acordaron, mediante una declaración el 7 de marzo, trabajar sobre la base de una serie de principios para alcanzar un acuerdo con Turquía, incluido el reasentamiento, por cada sirio readmitido por Turquía desde las islas griegas, de otro sirio desde Turquía en los Estados miembros de la UE, en el marco de los compromisos vigentes. Este régimen 1:1 debe aplicarse con el objetivo de proteger a los sirios que huyen de la guerra y la persecución, y respetando plenamente el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución, consagrados en el Derecho de la Unión, en la Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951, y en su Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 31 de enero de 1967.
Enmienda 6
Propuesta de Decisión
Considerando 5
(5)  Cabe esperar que el reasentamiento, la admisión humanitaria u otras formas de admisión legal desde Turquía al amparo de los programas nacionales y multilaterales pueda aliviar la presión migratoria sobre los Estados miembros que sean beneficiarios de la reubicación en virtud de la Decisión (UE) 2015/1601, proporcionando una vía legal y segura para entrar en la Unión y actuando como factor de disuasión de las entradas irregulares. Por lo tanto, deben tenerse en cuenta los esfuerzos de solidaridad mostrados por Estados miembros al admitir en su territorio a nacionales sirios presentes en Turquía con una manifiesta necesidad de protección internacional en relación con los 54 000 solicitantes de protección internacional mencionados anteriormente. El número de personas procedentes de Turquía así admitidas por un Estado miembro debe deducirse del número de personas que deben ser reubicadas en dicho Estado miembro en virtud de la Decisión 2015/1601 en relación con dichos 54 000 solicitantes.
(5)  Es necesario recurrir al reasentamiento a gran escala, la admisión humanitaria u otras formas de admisión legal desde Turquía al amparo de los programas nacionales y multilaterales para aliviar la presión migratoria sobre los Estados miembros, proporcionando una vía legal y segura para entrar en la Unión y haciendo que las entradas irregulares sean innecesarias. Por lo tanto, deben ampliarse. Hasta la fecha se ha reasentado en la Unión a un número mínimo de refugiados sirios. En su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y la necesidad de un enfoque integral de la Unión frente a la migración, el Parlamento Europeo abogó por crear un mayor número de rutas más seguras y legales para que los solicitantes de asilo y los refugiados puedan acceder a la Unión, incluyendo un enfoque legislativo, vinculante y obligatorio de la Unión respecto del reasentamiento, el establecimiento de programas de admisión humanitaria por todos los Estados miembros y un mayor recurso a los visados humanitarios. Esas medidas deberían ser complementarias de los regímenes de reubicación adoptados en virtud de la Decisión (UE) 2015/1523 y la Decisión (UE) 2015/1601.
Enmienda 7
Propuesta de Decisión
Considerando 6
(6)  Las modalidades de admisión podrán incluir el reasentamiento, la admisión humanitaria u otras vías legales de admisión de personas claramente necesitadas de protección internacional, tales como programas de visado humanitario, la transferencia humanitaria, programas de reagrupación familiar, proyectos de patrocinio privado, programas de becas, programas de movilidad laboral y otros.
(6)  Las modalidades de admisión podrán incluir el reasentamiento, la admisión humanitaria u otras vías legales de admisión de personas claramente necesitadas de protección internacional, tales como programas de visado humanitario, la transferencia humanitaria, programas de reagrupación familiar, proyectos de patrocinio privado, programas de becas, acceso a la educación, programas de movilidad laboral y otros.
Enmienda 8
Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)
(6 bis)   En la Directiva 2003/86/CE del Consejo1bis se dispone que las medidas sobre reagrupación familiar deben adoptarse de conformidad con la obligación de proteger a la familia y respetar la vida familiar que se consagra en numerosos instrumentos del Derecho internacional. Por tanto, la reagrupación familiar no se supedita a otras políticas de la Unión ni a medidas de solidaridad o emergencia. Debe ser respetada y promovida en todos los casos por los Estados miembros.
___________________
1bis Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (DO L 251 de 3.10.2003, p. 12).
Enmienda 25
Propuesta de Decisión
Considerando 6 ter (nuevo)
(6 ter)   Numerosos solicitantes necesitados de protección internacional que actualmente se encuentran en Italia y Grecia no pueden beneficiarse del plan de reubicación al estar sujetos al Reglamento (UE) n.º 604/2013. Los Estados miembros deben aplicar sin demora el derecho a la reunificación familiar previsto en el Reglamento (UE) n.º 604/2013 y agilizar al máximo los casos vulnerables para permitir la reunificación lo antes posible.
Enmienda 9
Propuesta de Decisión
Considerando 7
(7)  Los compromisos asumidos por Estados miembros en el marco del programa de reasentamiento acordado en las Conclusiones de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 20 de julio de 2015, no deben verse afectados por la presente Decisión y no deberían tenerse en cuenta para cumplir las obligaciones en virtud de la Decisión 2015/1601. Por lo tanto, un Estado miembro que opte por cumplir sus obligaciones en virtud de la Decisión (UE) 2015/1601 admitiendo a ciudadanos sirios presentes en Turquía mediante el reasentamiento no puede contabilizar dicho esfuerzo como parte de sus compromisos en virtud del programa de reasentamiento de 20 de julio de 2015.
(7)  Los compromisos asumidos por Estados miembros en el marco del programa de reasentamiento acordado en las Conclusiones de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 20 de julio de 2015, no deben verse afectados por la presente Decisión y no deberían tenerse en cuenta para cumplir las obligaciones en virtud de la Decisión 2015/1601.
Enmienda 10
Propuesta de Decisión
Considerando 8
(8)  Para garantizar una adecuada supervisión de la situación, los Estados miembros deben informar mensualmente a la Comisión sobre los sirios presentes en Turquía admitidos en su territorio de conformidad con la opción prevista en la presente modificación, especificando el programa nacional o multilateral en virtud del cual se ha admitido a la persona y la forma de admisión legal.
(8)  Para garantizar una adecuada supervisión de la situación, los Estados miembros deben informar mensualmente a la Comisión sobre los sirios presentes en Turquía admitidos en su territorio, la modalidad de admisión aplicada y el tipo de programa en virtud del cual ha tenido lugar la admisión.
Enmienda 11
Propuesta de Decisión
Considerando 8 bis (nuevo)
(8 bis)   El reasentamiento no debe realizarse a expensas de la reubicación. Ambos procesos constituyen instrumentos de solidaridad importantes. La reubicación es una forma de solidaridad interna entre los Estados miembros, mientras que el reasentamiento y la admisión humanitaria u otros tipos de admisión son una forma de solidaridad externa con los terceros países que acogen a la mayoría de los refugiados.
Enmienda 12
Propuesta de Decisión
Considerando 8 ter (nuevo)
(8 ter)   Por lo que respecta al actual número de solicitantes de asilo en Grecia y al creciente número de solicitantes de asilo que llegan a Italia, cabe suponer que seguirá siendo sumamente necesario encontrar plazas de reubicación de emergencia.
Enmienda 13
Propuesta de Decisión
Considerando 8 quater (nuevo)
(8 quater)   Según datos recientes del ACNUR, se encuentran actualmente en Grecia 53 859 personas que buscan protección internacional y la gran mayoría de ellas son de nacionalidad siria (45 %), iraquí (22 %) y afgana (21 %). A pesar de una disminución del número de llegadas y dado el carácter político de la declaración de 18 de marzo de 2016 de los jefes de Estado o de Gobierno de la Unión sobre la cooperación con Turquía, existe una gran incertidumbre respecto de si se mantendrá o no el actual descenso del número de llegadas de solicitantes de asilo a Grecia. Por otra parte, los refugiados podrían optar por nuevas rutas, como la del Mediterráneo central hacia Italia, respecto de la que los informes del ACNUR registran un incremento del 42,5 % del número de migrantes que llegan a través de Libia en comparación con el mismo periodo de 2015. Por lo tanto, cabe suponer que la necesidad de plazas disponibles para reubicación seguirá siendo considerable.
Enmienda 14
Propuesta de Decisión
Considerando 8 quinquies (nuevo)
(8 quinquies)   En su Comunicación titulada «Primer informe sobre reubicación y reasentamiento», de 16 de marzo de 2016, la Comisión indica que la ejecución de la Decisión (UE) 2015/1601 presenta muchas deficiencias. La respuesta de los Estados miembros al llamamiento general de la EASO solicitando 374 expertos es manifiestamente insuficiente habida cuenta de la crítica situación a la que se enfrentan Italia y Grecia. Pese al creciente número de menores no acompañados entre los solicitantes de asilo y refugiados que pueden optar a la reubicación, solo se ha reubicado a un número muy limitado de ellos, aunque en las Decisiones del Consejo sobre reubicación se disponía que se había de dar prioridad a los solicitantes vulnerables. Algunos Estados miembros no han facilitado plazas para la reubicación hasta la fecha. Solo dieciocho Estados miembros se han comprometido a reubicar a solicitantes desde Grecia, y diecinueve Estados miembros a reubicar a solicitantes desde Italia. Los compromisos contraídos por algunos de esos Estados miembros son muy limitados habida cuenta de su asignación total.
Enmienda 15
Propuesta de Decisión
Considerando 8 sexies (nuevo)
(8 sexies)   La Comisión ha iniciado procedimientos de infracción contra Italia y Grecia en relación con la ejecución del Reglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo1bis, y contra Grecia en relación con la Directiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo1ter. No obstante, no se han emprendido medidas legales contra los Estados miembros que no cumplen las obligaciones establecidas en la Decisión (UE) 2015/1601.
_________________
1bisReglamento (UE) n.º 603/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativo a la creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) n.º 604/2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, y a las solicitudes de comparación con los datos de Eurodac presentadas por las fuerzas de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (refundición) (DO L 180 de 29.6.2013, p. 1).
1terDirectiva 2013/33/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por la que se aprueban normas para la acogida de los solicitantes de protección internacional (DO L 180 de 29.6.2013, p. 96).
Enmienda 16
Propuesta de Decisión
Considerando 8 septies (nuevo)
(8 septies)   Los Estados miembros de reubicación han de cumplir plenamente las obligaciones contraídas en virtud de la Decisión (UE) 2015/1523 y la Decisión (UE) 2015/1601, a fin de aliviar la presión sobre los Estados miembros de primera línea. Los Estados miembros de reubicación deben multiplicar con prontitud y en gran medida sus esfuerzos para responder a la situación de emergencia humanitaria en Grecia y evitar el deterioro de la situación en Italia. Hasta la fecha, los Estados miembros han puesto a disposición solo el 7 % de las plazas disponibles para reubicación. Hasta el 5 de junio de 2016, solo fueron efectivamente reubicadas 793 personas procedentes de Italia y 2 033 procedentes de Grecia. En su primer informe sobre reubicación y reasentamiento, de 16 de marzo de 2016, la Comisión señala que los Estados miembros han de alcanzar como mínimo una tasa de reubicación mensual de 5 680 personas para cumplir sus obligaciones de reubicación en el plazo de dos años.
Enmienda 17
Propuesta de Decisión
Considerando 8 octies (nuevo)
(8 octies)   En virtud de la Decisión (UE) 2015/1601, los afganos también deben poder optar a la reubicación. En 2015, se registraron aproximadamente 180 000 solicitudes de asilo en la Unión presentadas por afganos, siendo esta una cifra sin precedentes que convierte a este colectivo en el segundo mayor grupo de solicitantes de asilo en la Unión en ese año. La inmensa mayoría de ellos llegan a Grecia y muchos son menores no acompañados. Tienen necesidades de protección especiales que Grecia no puede cubrir debido a la fuerte presión en materia de asilo a la que se ve sometida actualmente. El deterioro de la situación de la seguridad en Afganistán, con una cifra récord de atentados terroristas y víctimas civiles en 2015, se ha traducido en un aumento significativo del porcentaje de reconocimiento de solicitantes de asilo afganos en la Unión, que ha pasado del 43 % en 2014 al 66 % en 2015, según los datos de Eurostat.
Enmienda 18
Propuesta de Decisión
Considerando 14
(14)  Habida cuenta de la urgencia de la situación, la presente Decisión debe entrar en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
(14)  La presente Decisión debe entrar en vigor inmediatamente al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Enmienda 19
Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Decisión (UE) 2015/1601
Artículo 3 – apartado 2
-1.   En el artículo 3, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
2.  La reubicación de conformidad con la presente Decisión solo se aplicará a los solicitantes de nacionalidades para las que se haya adoptado una proporción de al menos el 75 % de resoluciones de concesión de protección internacional en primera instancia de las solicitudes de protección internacional a las que se hace referencia en el capítulo III de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), según los últimos datos trimestrales actualizados de Eurostat disponibles a escala de la Unión. En el caso de los apátridas, se utilizará como referencia el país en el que hubiesen residido anteriormente. Solo se tomarán en consideración las actualizaciones trimestrales en lo que respecta a los solicitantes que no estén ya identificados como solicitantes pendientes de reubicación de conformidad con el artículo 5, apartado 3, de la presente Decisión.
«2. La reubicación de conformidad con la presente Decisión solo se aplicará a los solicitantes de nacionalidad siria, iraquí, eritrea o afgana o de nacionalidades para las que se haya adoptado una proporción de al menos el 75 % de resoluciones de concesión de protección internacional en primera instancia de las solicitudes de protección internacional a las que se hace referencia en el capítulo III de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (1), según los últimos datos trimestrales actualizados de Eurostat disponibles a escala de la Unión. En el caso de los apátridas, se utilizará como referencia el país en el que hubiesen residido anteriormente. Solo se tomarán en consideración las actualizaciones trimestrales en lo que respecta a los solicitantes que no estén ya identificados como solicitantes pendientes de reubicación de conformidad con el artículo 5, apartado 3, de la presente Decisión.».
Enmienda 20
Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1
Decisión (UE) 2015/1601
Artículo 4 – apartado 3 bis
En el artículo 4 de la Decisión (UE) 2015/1601, se añade el apartado 3 bis siguiente:
suprimido
«3 bis. En relación con la reubicación de solicitantes a la que se refiere la letra c) del apartado 1, la admisión por parte de Estados miembros en su territorio de nacionales sirios presentes en Turquía, con arreglo a programas nacionales o multilaterales de admisión legal de personas con una manifiesta necesidad de protección internacional distintos del programa de reasentamiento que fue objeto de las Conclusiones de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo de 20 de julio de 2015, dará lugar a la correspondiente reducción de la obligación del Estado miembro de que se trate.
El artículo 10 se aplicará mutatis mutandis a cada caso de dicha admisión legal, dando lugar a una reducción de la obligación de reubicación.
Cada mes, los Estados miembros comunicarán a la Comisión el número de personas que hayan sido admitidas legalmente a los efectos del presente apartado, indicando el tipo de programa en virtud del cual haya tenido lugar la admisión y la forma de admisión legal utilizada.».
Enmienda 21
Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 bis (nuevo)
Decisión (UE) 2015/1601
Artículo 5 – apartado 2
1 bis.   En el artículo 5, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
2.  Los Estados miembros deberán comunicar, a intervalos regulares y, como mínimo, cada tres meses, el número de solicitantes que pueden reubicar rápidamente en su territorio y cualquier otra información pertinente.
«2. Los Estados miembros deberán comunicar, a intervalos regulares y, como mínimo, cada tres meses, el número de solicitantes que pueden reubicar rápidamente en su territorio y cualquier otra información pertinente. Los Estados miembros pondrán a disposición al menos un tercio de sus plazas destinadas a la reubicación a más tardar el 31 de diciembre de 2016.».
Enmienda 22
Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 ter (nuevo)
Decisión (UE) 2015/1601
Artículo 5 – apartado 4
1 ter.   En el artículo 5, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
4.  Tras la aprobación del Estado miembro de reubicación, Italia y Grecia adoptarán, tan pronto como sea posible, la decisión de reubicar a cada uno de los solicitantes identificados en un Estado miembro de reubicación específico, en consulta con la EASO, y lo notificarán al solicitante de conformidad con el artículo 6, apartado 4. El Estado miembro de reubicación solo podrá decidir no autorizar el traslado de un solicitante cuando exista alguno de los motivos razonables contemplados en el apartado 7 del presente artículo.
«4. Tras la aprobación del Estado miembro de reubicación, Italia y Grecia adoptarán, tan pronto como sea posible, la decisión de reubicar a cada uno de los solicitantes identificados en un Estado miembro de reubicación específico, en consulta con la EASO, y lo notificarán al solicitante de conformidad con el artículo 6, apartado 4. El Estado miembro de reubicación solo podrá decidir no autorizar el traslado de un solicitante cuando exista alguno de los motivos razonables contemplados en el apartado 7 del presente artículo. En caso de que el Estado miembro de reubicación no aprobase la reubicación en el plazo de dos semanas, se considerará que dicho Estado miembro ha concedido su aprobación.».
Enmienda 23
Propuesta de Decisión
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 quater (nuevo)
Decisión (UE) 2015/1601
Artículo 5 – apartado 10
1 quater.   En el artículo 5, el apartado 10 se sustituye por el texto siguiente:
10.  El procedimiento de reubicación regulado en el presente artículo se realizará lo más rápidamente posible y, en cualquier caso, en un plazo no superior a dos meses tras la fecha de la comunicación del Estado miembro de reubicación a la que se refiere el apartado 2, a menos que el Estado miembro de reubicación haya manifestado su conformidad, según lo dispuesto en el apartado 4, en un plazo inferior a dos semanas antes de la expiración de los citados dos meses. En tal caso, el plazo para completar el procedimiento de reubicación podrá prorrogarse por un período máximo de dos semanas. Además, este plazo podrá ampliarse otras cuatro semanas, según proceda, cuando Italia y Grecia demuestren la existencia de obstáculos prácticos objetivos que impidan el traslado.
«10. El procedimiento de reubicación regulado en el presente artículo se realizará lo más rápidamente posible y, en cualquier caso, en un plazo no superior a dos meses tras la fecha de la comunicación del Estado miembro de reubicación a la que se refiere el apartado 2. Este plazo podrá ampliarse cuatro semanas, según proceda, cuando Italia y Grecia demuestren la existencia de obstáculos prácticos objetivos que impidan el traslado.».

Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros *
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (COM(2016)0071 – C8-0098/2016 – 2016/0043(NLE))
P8_TA(2016)0355A8-0247/2016

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2016)0071),

–  Visto el artículo 148, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0098/2016),

–  Vista su Posición, de 8 de julio de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros(1),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0247/2016),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Decisión
Considerando -1 (nuevo)
(-1)  Con su Decisión (UE) 2015/18481 bis, el Consejo ha optado una vez más por ignorar la resolución legislativa del Parlamento Europeo de 8 de julio de 2015. El planteamiento del Consejo es contrario al espíritu de los Tratados, lo que debilita la cooperación entre las instituciones de la Unión y agrava el «déficit democrático» frente a los ciudadanos de la Unión. El Parlamento Europeo lamenta profundamente el planteamiento del Consejo y subraya la necesidad de que se tenga en cuenta su resolución legislativa.
____________
1a Decisión (UE) 2015/1848 del Consejo, de 5 de octubre de 2015, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros para 2015 (DO L 268 de 15.10.2015, p. 28).
Enmienda 2
Propuesta de Decisión
Considerando 1
(1)  El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone en su artículo 145 que los Estados miembros y la Unión se esforzarán por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, con vistas a lograr los objetivos definidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE).
(1)  El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) dispone en su artículo 145 que los Estados miembros y la Unión se esforzarán por desarrollar una estrategia coordinada para el empleo, en particular para potenciar una mano de obra cualificada, formada y adaptable y mercados laborales con capacidad de respuesta al cambio económico, con vistas a lograr los objetivos definidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con los artículos 9 y 10 del TFUE, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión garantizará un mercado de trabajo inclusivo e integrado capaz de hacer frente a las graves repercusiones del desempleo y de asegurar un nivel de empleo elevado, unas condiciones de trabajo dignas en toda la Unión, incluidos unos salarios adecuados, con la garantía de una protección social adecuada de conformidad con la legislación laboral, los convenios colectivos y de acuerdo con el principio de subsidiariedad, así como con un nivel elevado de educación, formación, y tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
Enmienda 3
Propuesta de Decisión
Considerando 2
(2)  La «Estrategia Europa 2020» propuesta por la Comisión permite a la Unión dirigir su economía hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, acompañado de altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. Cinco metas principales, expuestas bajo las orientaciones correspondientes, constituyen los objetivos compartidos que orientan la actuación de los Estados miembros y tienen en cuenta sus relativas situaciones de partida y circunstancias nacionales, así como las posiciones y las circunstancias de la Unión. La Estrategia Europea de Empleo tiene un papel primordial en la aplicación de los objetivos de empleo y mercado laboral de la nueva estrategia.
(2)  La «Estrategia Europa 2020» propuesta por la Comisión (Europa 2020) debe permitir a la Unión dirigir su economía hacia un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, acompañado de altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. La Unión necesita políticas holísticas e inversiones públicas que combatan el desempleo y la pobreza. A este respecto, suscita una enorme preocupación la evolución registrada hasta la fecha de los indicadores de empleo y sociales de Europa 2020, dado que el número de personas en riesgo de pobreza y de exclusión ha aumentado en cinco millones en lugar de disminuir, la tasa de empleo en algunos países aún no ha recuperado el nivel anterior a la crisis, mientras que en algunos Estados miembros el porcentaje de jóvenes sin empleo, educación ni formación (ninis) es superior al 20 % y la tasa de abandono escolar prematuro asciende a un 23  %. La Estrategia Europea de Empleo tiene un papel primordial en la aplicación de los objetivos de empleo, inclusión social y mercado laboral de la nueva estrategia. No obstante, esos objetivos no se han cumplido y los Estados miembros deberán esforzarse aún más para alcanzar los resultados esperados. El logro de Europa 2020 en el ámbito social y laboral debe seguir siendo uno de los principales objetivos de las políticas de los Estados miembros en materia de empleo.
Enmienda 4
Propuesta de Decisión
Considerando 3
(3)  Las orientaciones integradas van en la línea de las conclusiones del Consejo Europeo. Ofrecen una orientación concreta para que los Estados miembros definan y apliquen sus programas nacionales de reforma, teniendo en cuenta su interdependencia y de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las orientaciones para el empleo deben constituir la base de cualquier recomendación específica por país que pueda presentar el Consejo a los Estados miembros en virtud del artículo 148, apartado 4, del TFUE, al mismo tiempo que las recomendaciones específicas por país que se dirijan a los Estados miembros en virtud del artículo 121, apartado 2, de dicho Tratado. Las orientaciones para el empleo deben constituir también la base para elaborar el Informe Conjunto sobre el Empleo que envían anualmente el Consejo y la Comisión Europea al Consejo Europeo.
(3)  Las orientaciones integradas deberían ir en la línea de las conclusiones del Consejo Europeo. Ofrecen una orientación concreta para que los Estados miembros definan y apliquen sus programas nacionales de reforma, teniendo en cuenta su interdependencia y de acuerdo con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Las orientaciones para el empleo deben tenerse en cuenta en cualquier recomendación específica que pueda presentar el Consejo a un Estado miembro en virtud del artículo 148, apartado 4, del TFUE, de forma equilibrada con respecto a las recomendaciones específicas por país que se dirijan a Estados miembros concretos en virtud del artículo 121, apartado 2, del TFUE. Las recomendaciones específicas por país no solo deben tener en cuenta los indicadores económicos, sino también, si procede, de empleo y sociales, evaluando ex ante las reformas que han de llevarse a cabo y su impacto en los ciudadanos. Las orientaciones para el empleo deberían establecerse en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo y deberían constituir la base para elaborar el Informe Conjunto sobre el Empleo que envían anualmente el Consejo y la Comisión Europea al Consejo Europeo. Recientemente se han incluido tres indicadores de empleo —tasa de actividad, desempleo juvenil y desempleo de larga duración— en el procedimiento de desequilibrio macroeconómico y, en su Resolución de 25 de febrero de 20161 bis, el Parlamento Europeo pedía que esos indicadores se utilizaran para activar un análisis en profundidad en los Estados miembros pertinentes que pueda dar lugar a otras propuestas sobre reformas económicas y sociales y del mercado laboral y su aplicación.
________________
1 bis Textos Aprobados, P8_TA(2016)0058.
Enmienda 5
Propuesta de Decisión
Considerando 4
(4)  El examen de los programas nacionales de reforma de los Estados miembros contenidos en el Informe Conjunto sobre el Empleo pone de manifiesto que los Estados miembros deben seguir haciendo todo lo posible para atender a los ámbitos prioritarios: aumentar la participación en el mercado laboral y reducir el desempleo estructural, conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral y promover la calidad del trabajo y el aprendizaje permanente, mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior, promover la inclusión social y luchar contra la pobreza.
(4)  El examen de los programas nacionales de reforma de los Estados miembros contenidos en el Informe Conjunto sobre el Empleo pone de manifiesto que los Estados miembros deben tener en cuenta las recomendaciones del Parlamento Europeo sobre el Estudio Prospectivo Anual, las recomendaciones específicas por país y las orientaciones para el empleo y deben seguir haciendo todo lo posible para atender a los ámbitos prioritarios: aumentar la participación en el mercado laboral y reducir el desempleo estructural crear puestos de trabajo, apoyar los mercados laborales que funcionan bien y son dinámicos e integradores, conseguir una población activa cualificada capaz de responder a las necesidades del mercado laboral y promover puestos de trabajo dignos y el aprendizaje permanente, mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior, promover la inclusión social y la conciliación entre las necesidades familiares y la vida profesional, luchar contra todo tipo de discriminación y contra la pobreza, en particular la pobreza infantil, así como mejorar la capacidad de la población que envejece.
Enmienda 6
Propuesta de Decisión
Considerando 6 bis (nuevo)
(6 bis)   120 millones de ciudadanos de la Unión —aproximadamente un 25%— se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Esta situación de emergencia, que se refleja asimismo en el creciente número de ciudadanos de la Unión que no tienen empleo exige que la Comisión adopte medidas para animar a los Estados miembros a desarrollar regímenes nacionales de rentas mínimas para garantizar a esos ciudadanos unas condiciones de vida dignas.
Enmienda 7
Propuesta de Decisión
Artículo 1 – apartado 1
Las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros expuestas en el anexo de la Decisión del Consejo de 5 de octubre de 2015 relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros4 se mantienen para 2016 y los Estados miembros las tendrán en cuenta en sus políticas de empleo.
Se adoptan las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros expuestas en el anexo. Los Estados miembros tendrán en cuenta dichas orientaciones en sus políticas de empleo y programas de reforma, sobre los que se informará de conformidad con el artículo 148, apartado 3, del TFUE.
__________________
4 Decisión (UE) 2015/1848 del Consejo, de 5 de octubre de 2015, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 268 de 15.10.2015, p. 28).
Enmienda 8
Propuesta de Decisión
Anexo (nuevo)
Orientación n.º 5: Impulsar la demanda de mano de obra
Los Estados miembros, en colaboración con las autoridades regionales y locales, deben hacer frente, de manera rápida y eficaz, al grave problema del desempleo, y favorecer e invertir en la creación de empleo sostenible y de calidad, abordar la accesibilidad de los grupos de riesgo y reducir los obstáculos a la contratación en todos los niveles de competencias y sectores del mercado laboral mediante, entre otras medidas, la reducción de la burocracia sin menoscabo de las normas laborales y sociales, fomentar el emprendimiento juvenil y, en particular, apoyar la creación y el desarrollo de medianas y pequeñas empresas y microempresas a fin de aumentar la tasa de empleo de mujeres y hombres. Por otra parte, los Estados miembros deben fomentar activamente, entre otras cosas, el empleo en los sectores ecológico y sanitario, así como la economía social, y apoyar la innovación social.
Es preciso desplazar la carga impositiva del trabajo a otras fuentes de impuestos menos perjudiciales para el crecimiento y el empleo y proteger, al mismo tiempo, los ingresos en aras de una protección social adecuada y unos gastos destinados a la inversión pública, la innovación y la creación de empleo. Las reducciones de la fiscalidad sobre el trabajo deberían aplicarse a los componentes pertinentes de la presión fiscal, a la lucha contra la discriminación y a la eliminación de los obstáculos y de la falta de incentivos para la participación en el mercado de trabajo, en particular para las personas con discapacidad y para las personas más alejadas de aquel, sin que ello redunde en perjuicio de las normas laborales y sociales.
Para crear empleo y reducir la pobreza en la Unión, sigue siendo importante elaborar unas políticas que garanticen unos salarios que permitan vivir adecuadamente. Los Estados miembros, junto con los interlocutores sociales, deben, por consiguiente, respetar y fomentar los mecanismos de fijación de salarios que prevén la adaptación de los salarios reales en función de la evolución de la productividad y que ayuden a corregir las divergencias del pasado sin exacerbar por ello las presiones deflacionistas. Estos mecanismos deben garantizar recursos suficientes para satisfacer las necesidades básicas, teniendo en cuenta los indicadores de pobreza relativa de cada Estado miembro. A este respecto, han de valorarse adecuadamente las diferencias en las capacidades y en las condiciones de los mercados laborales locales con objeto de garantizar en toda la Unión una renta que permita vivir dignamente. A la hora de fijar los salarios mínimos de conformidad con la legislación y las prácticas nacionales, los Estados miembros y los interlocutores sociales deben velar por su idoneidad así como tener en cuenta su impacto en la pobreza de la población ocupada, los ingresos de los hogares, la demanda agregada, la creación de empleo y la competitividad.
Los Estados miembros deben reducir la burocracia a fin de aliviar la carga que soportan las pequeñas y medianas empresas, dado que estas contribuyen de manera significativa a la creación de empleo.
Orientación n.º 6: Mejorar la oferta de trabajo y las cualificaciones
Los Estados miembros deben promover una productividad sostenible y una empleabilidad de calidad a través de una oferta adecuada de conocimientos y cualificaciones pertinentes, puestas a disposición de todos los ciudadanos y accesibles para todos ellos. Debe prestarse especial atención a la asistencia sanitaria, los servicios sociales y los servicios de transporte, sectores que se enfrentan o se enfrentarán a medio plazo a una escasez de personal. Los Estados miembros deben realizar inversiones eficaces en sistemas educativos de calidad e inclusivos desde una edad temprana y en formación profesional, mejorando al mismo tiempo su eficacia y eficiencia para mejorar el nivel de cualificación y especialización de la mano de obra y ampliar el abanico de sus competencias, de modo que pueda anticipar y responder mejor a la rápida evolución de las necesidades de unos mercados de trabajo dinámicos en una economía cada vez más digital. Para ello, deberá tenerse en cuenta que las aptitudes interpersonales —como la capacidad de comunicación— tienen cada vez mayor importancia en un buen número de ocupaciones.
Los Estados miembros deben promover el emprendimiento entre los jóvenes introduciendo, por ejemplo, cursos de emprendimiento optativos y alentando la creación de empresas de estudiantes en los mismos centros de enseñanza secundaria y en las facultades. Los Estados miembros, en cooperación con las autoridades regionales y locales, deben redoblar los esfuerzos para evitar el abandono escolar prematuro de los jóvenes, facilitar más la transición de la educación y la formación profesional a la vida laboral y mejorar el acceso y eliminar las barreras a una enseñanza de adultos de calidad para todos, con especial atención a los grupos de alto riesgo y sus necesidades, previendo la reconversión de las competencias cuando la pérdida del empleo y los cambios del mercado laboral hagan necesaria su reinserción activa. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben aplicar estrategias de envejecimiento activo a fin de que se pueda trabajar en buenas condiciones de salud hasta la edad de jubilación real.
Al tiempo que garantizan el nivel de competencias necesario para adaptarse a un mercado laboral en constante evolución y apoyan los programas de educación y formación para adultos, los Estados miembros deben tener en cuenta que también son necesarios los empleos que requieren poca cualificación y que las personas con mejores cualificaciones tienen más posibilidades de encontrar trabajo que las que tienen cualificaciones de nivel medio o las que están poco cualificadas.
El acceso a unas estructuras de enseñanza y de guardería asequibles, de alta calidad y desde edades tempranas debe ser una prioridad para las políticas globales y las inversiones asociadas al apoyo familiar y parental, así como las medidas de conciliación que ayuden a los padres a lograr un equilibrio entre su trabajo y la vida familiar, lo que contribuye a prevenir el abandono escolar prematuro y a aumentar las posibilidades de los jóvenes en el mercado laboral.
Es necesario resolver con prontitud y eficacia la cuestión del desempleo, en particular el de larga duración y el desempleo regional elevado, además de prevenirlo mediante una combinación de medidas que actúen sobre la oferta y la demanda. Conviene abordar la cuestión del alto nivel de desempleo de larga duración y el problema del desajuste y la obsolescencia de las cualificaciones mediante estrategias globales y mutuamente reforzadas que incluyan la prestación de apoyo activo personalizado y basado en las necesidades y en sistemas adecuados de protección social a los desempleados de larga duración para su reincorporación al mercado laboral de forma informada y responsable. Ha de darse una respuesta global al desempleo juvenil mediante una estrategia global de empleo juvenil. Dicha estrategia requiere invertir en sectores que puedan crear empleo de calidad para los jóvenes, así como dotar a los agentes pertinentes, como los servicios de apoyo a la juventud, los prestadores de servicios de educación y formación, las organizaciones juveniles y los servicios públicos de empleo con los medios necesarios para que puedan aplicar de forma plena y coherente sus planes de aplicación de la Garantía Juvenil, pero también que los Estados miembros procedan a una rápida absorción de los fondos asignados. Debe facilitarse el acceso a la financiación a quienes deciden iniciar una actividad empresarial, mejorando la disponibilidad de la información, reduciendo la burocracia excesiva y posibilitando la conversión de las prestaciones de desempleo de varios meses en subvenciones de puesta en marcha inicial previa presentación de un plan de negocios y de conformidad con las respectivas legislaciones nacionales.
Los Estados miembros deben tener en cuenta las disparidades locales y regionales a la hora de concebir y poner en práctica medidas contra el desempleo, así como colaborar con los servicios de empleo locales.
Las debilidades estructurales de los sistemas de educación y de formación deberían subsanarse a fin de garantizar la calidad de los resultados del aprendizaje y prevenir y luchar contra el abandono escolar, promoviendo una educación global y de alta calidad a partir de los niveles más básicos. Esto requiere sistemas educativos flexibles con un enfoque centrado en la práctica. Los Estados miembros, en cooperación con las autoridades locales y regionales, deben aumentar la calidad de las prestaciones educativas facilitando su accesibilidad general, establecer y mejorar los sistemas de formación dual, adaptándolos a sus respectivas necesidades, potenciando la formación profesional y los marcos de formación existentes como el «Europass», garantizando al mismo tiempo, cuando sea necesario, una reconversión de las competencias adecuada y el reconocimiento de las competencias adquiridas fuera del sistema de educación formal. Conviene reforzar los vínculos entre el sistema educativo y el mercado laboral, al tiempo que se garantiza que la educación tiene un carácter suficientemente amplio para ofrecer a los ciudadanos una base sólida para la empleabilidad a lo largo de toda la vida.
Los Estados miembros deberían ajustar en mayor medida sus sistemas formativos al mercado laboral, con miras a mejorar la transición de la formación al empleo. Este aspecto es esencial especialmente en el contexto de la digitalización, así como en lo referente a las nuevas tecnologías, los empleos «verdes» y la asistencia sanitaria.
Es preciso seguir reduciendo la discriminación en el mercado laboral, así como en el acceso a este, especialmente para los grupos que sufren discriminación o exclusión, como las mujeres, los trabajadores de mayor edad, los jóvenes, las personas con discapacidad y los inmigrantes en situación regular. Debe garantizarse la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, incluida la igualdad de retribución, así como el acceso a estructuras educativas y de cuidados de la primera infancia asequibles y de alta calidad, procurando la flexibilidad necesaria para evitar la exclusión de quienes interrumpen su carrera profesional para asumir responsabilidades familiares, como el cuidado de familiares. En este sentido, los Estados miembros deberían desbloquear la Directiva sobre mujeres en los consejos de administración.
A este respecto, los Estados miembros deben tener en cuenta que los porcentajes de jóvenes que no trabajan, ni siguen estudios ni formación («ninis») son más elevados entre las mujeres que entre los hombres, y que este fenómeno se debe ante todo al aumento del desempleo juvenil, pero también a la inactividad asociada a carencias educativas.
Los Estados miembros deben hacer un uso pleno, eficaz y eficiente del Fondo Social Europeo y otros fondos de la Unión, a fin de luchar contra la pobreza, mejorar el empleo de calidad, la inclusión social, la educación, la administración pública y los servicios públicos. Debe movilizarse, asimismo, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y sus plataformas de inversión para crear empleos de calidad y dotar a los trabajadores de las cualificaciones que necesitan para poder acompañar a la Unión en su transición hacia un modelo de crecimiento sostenible.
Orientación n.º 7: Mejorar el funcionamiento de los mercados de trabajo
Los Estados miembros deben reducir la segmentación del mercado laboral abordando los problemas del empleo precario, el subempleo, el trabajo no declarado y los contratos de cero horas. Las normas relativas a la protección del empleo y las instituciones deben proporcionar un entorno adecuado para la contratación, ofreciendo, al mismo tiempo, un nivel adecuado de protección a los trabajadores, los demandantes de empleo, los trabajadores con contratos temporales, a tiempo parcial y atípicos y los trabajadores autónomos, implicando activamente a los interlocutores sociales y promoviendo la negociación colectiva. Es preciso garantizar un empleo de calidad para todos en términos de seguridad socioeconómica, durabilidad, salarios suficientes, derechos laborales, condiciones laborales dignas (en particular en materia de salud y seguridad), protección de la seguridad social, igualdad entre hombres y mujeres y oportunidades de educación y formación. Por tanto, es necesario promover la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, la reintegración de los desempleados de larga duración y el equilibrio entre la vida privada y profesional, brindando servicios accesibles de atención y cuidados y modernizando la organización del trabajo. Ha de promoverse la convergencia al alza de las condiciones laborales en el conjunto de la Unión.
El acceso al mercado laboral debería favorecer el espíritu emprendedor y la creación de empleo sostenible en todos los sectores, incluidos el empleo ecológico y la innovación y la asistencia social, con el fin de hacer el mejor uso posible de las competencias de las personas, fomentar su desarrollo permanente y alentar la innovación impulsada por los empleados.
Los Estados miembros deben trabajar estrechamente con los parlamentos nacionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades regionales y locales en la concepción y la aplicación de las reformas y políticas pertinentes, de acuerdo con el principio de asociación y las prácticas nacionales, reforzando al mismo tiempo el funcionamiento y la eficacia del diálogo social a nivel nacional, especialmente en los países que tienen importantes problemas de devaluación salarial causada por la reciente desregulación de los mercados laborales y la debilidad de la negociación colectiva.
Los Estados miembros deben garantizar las normas mínimas de calidad de las políticas activas del mercado de trabajo mejorando su orientación, ámbito de aplicación, cobertura e interacción con medidas de apoyo como la seguridad social. El objetivo de estas políticas es mejorar el acceso al mercado de trabajo, reforzar la negociación colectiva y el diálogo social y apoyar las transiciones viables en dicho mercado, mientras que el cometido de los servicios públicos de empleo altamente cualificados es prestar ayuda individualizada y aplicar sistemas de medición de los resultados. Los Estados miembros también deben velar por que sus sistemas de protección social activen y capaciten eficazmente a quienes pueden acceder al mercado de trabajo, protejan a quienes han quedado excluidos o no pueden participar en ese mercado y preparen a las personas para hacer frente a los riesgos potenciales y las cambiantes condiciones económicas y sociales, mediante la inversión en capital humano. Los Estados miembros deberían introducir, como una de las posibles medidas para reducir la pobreza y de conformidad con las respectivas prácticas nacionales, una renta mínima adaptada a la situación socioeconómica específica del país de que se trate. Deben promover asimismo mercados de trabajo inclusivos y abiertos a todos, e introducir medidas eficaces para combatir la discriminación.
Es preciso garantizar la movilidad de los trabajadores como un derecho fundamental y una cuestión de libre elección, con el fin de explotar plenamente el potencial del mercado de trabajo europeo, que incluya la mejora de la transferibilidad de los derechos de pensión, el reconocimiento efectivo de las cualificaciones, la validación de las competencias y la eliminación de la burocracia y otros obstáculos que existen actualmente. Al mismo tiempo, los Estados miembros deben hacer frente a las barreras lingüísticas mejorando los sistema de formación en esta materia. Asimismo, los Estados miembros deberían servirse de forma adecuada de la red EURES con miras a fomentar la movilidad de los trabajadores. A fin de mitigar la fuga de cerebros y alentar el regreso de los trabajadores desplazados, debería promoverse la inversión en las regiones en las que se produce la salida de trabajadores.
Orientación no 8: Mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles
El acceso a estructuras educativas y de cuidados de la primera infancia asequibles y de calidad debe ser una prioridad de los Estados miembros, dado que se trata de medidas de apoyo importantes para los agentes del mercado laboral que contribuyen a aumentar la tasa de empleo global al tiempo que apoyan a los ciudadanos en el desempeño de sus responsabilidades. Los Estados miembros deberían elaborar políticas globales y realizar las inversiones necesarias para incrementar el apoyo a las familias y los progenitores, así como a la aplicación de medidas de conciliación que ayuden a los padres a encontrar un equilibrio entre la vida laboral y familiar como contribución para impedir el abandono escolar y aumentar las posibilidades de los jóvenes en el mercado laboral.
Orientación n.º 9: Garantizar la justicia social, combatir la pobreza y promover la igualdad de oportunidades
Los Estados miembros, en cooperación con las autoridades locales y regionales, deben mejorar sus sistemas de protección social garantizando las normas mínimas para ofrecer una protección eficaz, eficiente y sostenible a lo largo de todas las etapas de la vida de una persona, asegurando una vida digna, la solidaridad, el acceso a la protección social, el pleno respeto de los derechos sociales y la equidad, luchando contra las desigualdades y fomentando la inclusión con el fin de eliminar la pobreza, en particular en beneficio de las personas excluidas del mercado laboral y de los grupos más vulnerables. Se precisan políticas sociales simplificadas, mejor orientadas y más ambiciosas, que incluyan unas estructuras educativas y de cuidados infantiles asequibles y de alta calidad, unos servicios eficaces de asistencia a la formación y al empleo, ayudas a la vivienda, una asistencia sanitaria de alta calidad asequible para todos y el acceso a servicios básicos como cuentas bancarias e internet, así como la adopción de medidas dirigidas a evitar el abandono escolar y combatir la pobreza extrema, la exclusión social y todas las formas de pobreza en general. Debe abordarse de forma decidida, en particular, el problema de la pobreza infantil.
A tal fin, es necesario utilizar diversos instrumentos de manera complementaria, incluidos los servicios de capacitación y activación laboral y el apoyo a los ingresos en función de las necesidades individuales. A este fin, incumbe a cada Estado miembro fijar los niveles de renta mínima de conformidad con las respectivas prácticas nacionales y en correspondencia con la situación socioeconómica específica del Estado miembro de que se trate. Los sistemas de protección social deben diseñarse de forma que faciliten el acceso y la aceptación de todas las personas de forma no discriminatoria, apoyen la inversión en capital humano y contribuyan a prevenir, reducir y ofrecer protección contra la pobreza y la exclusión social, así como frente a otros riesgos como la enfermedad o el desempleo. Debe prestarse una atención especial a los niños que se encuentran en situación de pobreza como consecuencia del desempleo de larga duración de sus progenitores.
Los sistemas de pensiones deben organizarse de tal forma que se garantice su sostenibilidad, seguridad y suficiencia para las mujeres y los hombres, reforzando los planes de jubilación con miras a asegurar pensiones dignas, situadas como mínimo por encima del umbral de pobreza. Los sistemas de pensiones deben garantizar la consolidación, el desarrollo y la mejora de los tres pilares de los sistemas de acumulación de derechos de pensión. La vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida no es el único instrumento para abordar el reto del envejecimiento de la población. Las reformas de los sistemas de pensiones deben reflejar también, entre otros aspectos, las tendencias del mercado laboral, las tasas de natalidad, la situación demográfica, el estado de la salud y la riqueza, las condiciones laborales y la tasa de dependencia económica. La mejor forma de abordar el reto del envejecimiento de la población es aumentar la tasa global de empleo, sobre la base, entre otros elementos, de la inversión social en el envejecimiento activo.
Los Estados miembros deben mejorar la calidad, la asequibilidad, la accesibilidad, la eficiencia y la eficacia de los sistemas de salud y de asistencia de larga duración, así como unas condiciones de trabajo dignas en los sectores conexos, salvaguardando al mismo tiempo la sostenibilidad financiera de estos sistemas mediante la mejora de la financiación basada en la solidaridad.
Los Estados miembros deben utilizar plenamente las ayudas del Fondo Social Europeo y otros fondos de la Unión con objeto de luchar contra la pobreza, la exclusión social y la discriminación, mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad, promover la igualdad entre hombres y mujeres y mejorar la administración pública.
Los objetivos principales de Europa 2020, a partir de los cuales los Estados miembros fijan sus objetivos nacionales teniendo en cuenta sus posiciones de partida y circunstancias nacionales relativas, se proponen alcanzar para 2020 una tasa de ocupación del 75 % de mujeres y hombres con edades comprendidas entre los 20 y los 64 años; reducir el índice de abandono escolar a menos del 10 %; aumentar hasta al menos el 40 % el porcentaje de personas de entre 30 y 34 años en posesión de un certificado de enseñanza superior o equivalente; y promover la integración social, en particular mediante la reducción de la pobreza, tratando de sacar del riesgo de pobreza y de exclusión a al menos 20 millones de personas1 bis.
______________
1 bis Se define la población como el número de personas en situación de riesgo de pobreza y exclusión según tres indicadores (en situación de riesgo de pobreza, privación material, hogar de desempleados); es cosa de los Estados miembros fijar sus objetivos nacionales sobre la base de los indicadores más apropiados teniendo en cuenta sus circunstancias y prioridades nacionales.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0261.


Objetivos clave para la 17.ª reunión de la CP de la CITES en Johannesburgo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre los Objetivos estratégicos de la UE para la Decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que se celebrará en Johannesburgo (Sudáfrica) del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2016 (2016/2664(RSP))
P8_TA(2016)0356B8-0987/2016

El Parlamento Europeo,

–  Considerando la gravedad del declive de la biodiversidad mundial, que constituye la sexta extinción masiva de especies,

–  Considerando la función de los bosques y los macizos forestales tropicales, que constituyen la primera reserva mundial de diversidad biológica terrestre y un marco vital esencial para las especies de la fauna y la flora silvestres y para las poblaciones autóctonas;

–  Vista la próxima Decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes (CP 17) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que se celebrará en Johannesburgo (Sudáfrica) del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2016,

–  Vista la Resolución 69/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre la lucha contra el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, de 30 de julio de 2015,

–  Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre los objetivos clave de la Conferencia de las Partes de la CITES de Johannesburgo (Sudáfrica) del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2016 (O-000088/2016– B8-0711/2016, O-000089/2016 – B8-0712/2016),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la CITES es el acuerdo mundial vigente más amplio en materia de conservación de la vida silvestre, y que cuenta con 181 Partes, incluidos la Unión Europea y sus 28 Estados miembros;

B.  Considerando que el objetivo de la CITES es garantizar que el comercio internacional de animales y plantas salvajes no represente una amenaza para la supervivencia de las especies en estado salvaje;

C.  Considerando que, según la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), más de 23 000 especies, que representan aproximadamente el 30 % de las 79 837 especies evaluadas por la UICN, están en peligro de extinción;

D.  Considerando que el bosque tropical húmedo acoge entre el 50 % y el 80 % de las especies animales y vegetales terrestres; que esos medios se encuentran hoy especialmente amenazados, en particular por la comercialización de las especies y la explotación de las maderas tropicales y el subsuelo; que la deforestación y la venta ilegal de madera representan un auténtico desastre para la preservación de la flora y la fauna en los macizos forestales;

E.  Considerando que la pesca intensiva, la caza comercial y también la explotación no regulada de microorganismos y recursos del subsuelo marino perjudican la biodiversidad marina;

F.  Considerando que numerosas especies objeto de la caza de trofeos registran un grave declive de población; que los Estados miembros de la Unión han declarado, en un período de diez años, la importación como trofeos de caza de unos 117 000 ejemplares de especies silvestres inscritas en los anexos CITES;

G.  Considerando que el tráfico de especies silvestres se ha convertido en una forma de delincuencia organizada transnacional con importantes efectos negativos en la biodiversidad y en las condiciones de vida de las poblaciones locales, ya que les impide disfrutar de una renta legal, lo que genera inseguridad e inestabilidad;

H.  Considerando que el comercio ilegal de especies silvestres se ha convertido en el cuarto mercado negro, después del de las drogas, los seres humanos y las armas; que internet ha adquirido una importancia crucial para facilitar el tráfico de especies silvestres; que también los grupos terroristas recurren a este tráfico para financiarse; que el nivel de las sanciones y condenas para los delitos de tráfico de especies silvestres es insuficiente;

I.  Considerando que la corrupción desempeña un papel de primer orden en el tráfico de especies silvestres;

J.  Considerando que las pruebas indican que especímenes capturados en el medio silvestre se blanquean mediante el uso fraudulento de permisos de la CITES y autorizaciones para la cría en cautividad;

K.  Considerando que la Unión es un importante mercado de destino y de tránsito para el comercio ilícito de especies silvestres, especialmente aves, tortugas, reptiles y especies de flora(1) que figuran en los apéndices de la CITES;

L.  Considerando que cada vez hay más especies exóticas comercializadas de forma ilícita que se utilizan como animales domésticos, tanto en Europa como a nivel internacional; que la fuga de estos animales puede dar lugar a una proliferación incontrolada, con consecuencias para el medio ambiente, la salud pública y la economía;

M.  Considerando que la Unión Europea y sus Estados miembros proporcionan un apoyo financiero y logístico a la CITES, y para abordar el comercio ilícito de especies silvestres en muchos terceros países;

N.  Considerando que las especies que aparecen en la CITES se mencionan en los apéndices en función de su estado de conservación y sus niveles de comercio internacional, y que el Apéndice I incluye las especies en peligro de extinción para las cuales está prohibido el comercio, mientras que el Apéndice II incluye las especies cuyo comercio debe controlar para evitar un uso incompatible con su supervivencia;

O.  Considerando que las especies que aparecen en el Apéndice I de la CITES están muy protegidas y que está prohibido todo comercio de las especies que aparecen en la lista; considerando que cualquier permiso para vender especies o productos confiscados (por ejemplo, marfil, huesos de tigre o cuernos de rinoceronte) afectaría al objetivo de la Convención CITES;

P.  Considerando que son imprescindibles los esfuerzos por aumentar la transparencia en el proceso de toma de decisiones;

1.  Acoge con satisfacción la adhesión de la Unión a la CITES; considera la adhesión un paso fundamental para garantizar que la Unión pueda alcanzar los objetivos más amplios de sus políticas medioambientales y la regulación del comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestres, promoviendo las políticas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU;

2.  Se felicita, en particular, por que la Unión participe por primera vez como parte y respalda las propuestas presentadas por la Unión y sus Estados miembros, especialmente las resoluciones sobre la corrupción y los trofeos de caza, la extensión de la protección de la CITES a una serie de especies importadas en la Unión, notablemente como animales de compañía, y las enmiendas presentadas a la Resolución 13.7 (Rev. CoP 14) relativa al control del comercio de artículos personales y bienes del hogar;

3.  Destaca que la adhesión de la Unión Europea a la CITES ha hecho que su estatus dentro de esta sea más transparente con respecto a otras Partes de esta; considera que se trata de una medida lógica y necesaria garantizar que la Unión Europea sea totalmente capaz de alcanzar sus objetivos de sus políticas medioambientales; recuerda que la adhesión permite que la Comisión, en nombre de la Unión, manifieste una posición coherente de la Unión en las cuestiones relativas a la CITES y ejerza un papel importante en las negociaciones en el marco de las Conferencias de las Partes;

4.  Destaca que la Unión Europea empezó a formar parte de la CITES en 2015 y que en la Conferencia de las Partes (CP) de la CITES participará en la votación con veintiocho votos sobre cuestiones que son competencia de la Unión; a este respecto, apoya las modificaciones del Reglamento de la CP que reflejan el texto de la Convención CITES con respecto a la votación por organizaciones regionales de integración económica y que son coherentes con lo que ha estado en vigor en otros acuerdos internacionales durante muchos años, se opone a que los votos de la Unión se calculen sobre la base del número de Estados miembros debidamente acreditados para la reunión en el momento en el que tiene lugar la votación;

5.  Acoge con satisfacción el Plan de acción de la Unión contra el tráfico de especies silvestres recientemente adoptado, cuyo objetivo consiste en evitar este tráfico haciendo frente a sus principales causas, mejorando la aplicación y el cumplimiento de las normas en vigor, y luchando contra la delincuencia organizada contra la fauna silvestre de una forma más eficaz; acoge con satisfacción que en el Plan de acción se incluya un capítulo específico sobre el refuerzo de la asociación mundial de los países de origen, de tránsito y consumidores contra el tráfico de especies silvestres; insta a la Unión y a los Estados miembros a que adopten y apliquen el Plan de acción reforzado, que demostrará un firme compromiso europeo en la lucha contra el tráfico de especies silvestres;

6.  Apoya la iniciativa por parte de la Comisión y los Estados miembros de establecer directrices generales sobre la caza de trofeos en el marco de la CITES para controlar mejor a nivel internacional el origen sostenible de los trofeos de caza de las especies que figuran en la lista del apéndice I o II;

7.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que se adhieran al principio de precaución con respecto a la protección de especies en todas sus decisiones sobre los documentos de trabajo y las propuestas de listas [según lo establecido en la Resolución Conf. 9.24 (Rev. CoP16) de la CITES], en particular en lo relativo a la importación de trofeos de caza de especies de la CITES, teniendo en cuenta particularmente el principio de imposición de costes a los usuarios, el principio de acción preventiva y el enfoque sobre los ecosistemas; pide, asimismo, a la Unión y a los Estados miembros que fomenten la eliminación de las excepciones para los permisos para todos los trofeos de caza de especies que figuran en la lista de la CITES;

8.  Pide que todas las decisiones de la CITES/CP17 se basen en la ciencia, análisis detallados y consultas equitativas con todas las áreas de distribución afectadas y se adopten con la cooperación con las comunidades locales; subraya que toda norma relativa a la fauna silvestre debe incentivar el compromiso de la población rural con la protección de la naturaleza al vincular sus beneficios con el estado de la biodiversidad;

9.  Anima a las Partes de la CITES a reforzar la cooperación, la coordinación y las sinergias entre las convenciones relacionadas con la biodiversidad a todos los niveles oportunos;

10.  Pide a los Estados miembros que aseguren la cooperación, coordinación y el oportuno intercambio de datos entre todas los servicios relevantes que trabajan en la celebración de la CITES, especialmente las autoridades aduaneras, la policía, la inspección fronteriza veterinaria y fitosanitaria y demás servicios;

11.  Alienta a la Unión y a los Estados miembros a que fomenten y apoyen las iniciativas dirigidas a mejorar la protección contra el impacto del comercio internacional en las especies para las que la Unión constituya un mercado de tránsito o destino importante;

12.  Manifiesta su preocupación ante el hecho de que, en materia de comercialización de las especies y los productos derivados de estas, la frontera entre comercio legal e ilegal es muy delgada, y por el hecho de que los efectos acumulados de la actividad humana y el cambio climático conducen a que la gran mayoría de las especies de la fauna y la flora silvestres estén hoy amenazadas de extinción;

13.  Insta a la Unión a que adopte una legislación tendente a reducir el comercio ilegal mediante la ilegalización de la importación, la exportación, la venta, la adquisición o la compra de animales o plantas silvestres que sean cogidos, poseídos, transportados o vendidos infringiendo la legislación del país de origen o de los países de tránsito;

14.  Se compromete en especial a alentar encarecidamente a todos los Estados miembros a prohibir la exportación de marfil bruto, como ya están haciendo Alemania, Suecia, el Reino Unido y algunos Estados de los Estados Unidos; a aumentar el control en relación con los certificados de comercialización en su territorio; a hacer efectiva la lucha contra el fraude, en particular en las fronteras; a iniciar operaciones de destrucción de marfil bruto; y a reforzar las penas por el tráfico de especies protegidas (en particular, elefantes, rinocerontes, tigres, primates y variedades de maderas tropicales);

15.  Anima a la Unión y a los Estados miembros, así como a las demás Partes de la CITES, a que, en relación con los artículos III, IV y V de la Convención, fomenten y apoyen las iniciativas que mejoran el bienestar de los animales vivos que figuran en la lista de la CITES durante su comercialización; estas iniciativas incluyen mecanismos para asegurar que todo espécimen vivo será «acondicionado y transportado de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de heridas, deterioro en su salud o maltrato», que los destinos serán un lugar en el que se pueda «albergar y cuidar adecuadamente», y que la confiscación de especímenes vivos se realizarán con la debida consideración para su seguridad;

16.  Expresa su preocupación por el impacto que la «apuesta por la extinción», o la compra de productos con la esperanza de que las especies afectadas se extinguirán próximamente, puede tener sobre la protección de las especies silvestres amenazadas; invita a las Partes de la CITES y a la Secretaría a llevar a cabo investigaciones adicionales para saber si los nuevos productos financieros y tecnologías tales como el bitcoin juegan un papel facilitador;

17.  Reconoce que los observadores en la CITES desempeñan un papel importante a la hora de proporcionar conocimientos sobre las especies y el comercio, y prestar su apoyo al desarrollo de capacidades por las Partes;

La transparencia del proceso de adopción de decisiones

18.  Considera que la transparencia en el proceso de toma de decisiones en las instituciones internacionales del ámbito del medio ambiente es esencial para su eficacia operativa; celebra todos los esfuerzos voluntarios y procedimentales en favor de un aumento de la transparencia en la gobernanza de la CITES; se opone firmemente al uso del voto secreto como práctica habitual en la CITES;

19.  Acoge con satisfacción la decisión adoptada en la CP 16 de incluir la obligación de que los miembros de los Comités de Fauna y Flora presenten declaraciones de conflictos de intereses; reconoce, no obstante, que este requisito se basa únicamente en una autoevaluación de los miembros; lamenta que no haya habido hasta ahora declaraciones de los posibles conflictos de intereses financieros de los miembros de dichos comités;

20.  Insta a la Secretaría de la CITES a que investigue el posible establecimiento de un consejo de revisión independiente, o la ampliación del mandato del Comité Permanente para que incluya un grupo de revisión independiente, con el fin de crear una salvaguardia en materia de supervisión para las disposiciones sobre conflictos de intereses;

21.  Considera que la transparencia es indispensable en cualquier proceso de financiación y un requisito para la buena gobernanza, por lo que apoya la resolución propuesta por la Unión relativa al «proyecto de delegados patrocinados»(2);

Presentación de informes

22.  Considera la trazabilidad como un elemento esencial del comercio legal y sostenible, ya sea comercial o no comercial, y crucial para el compromiso de la Unión de luchar contra la corrupción, el comercio ilegal de la naturaleza y la caza furtiva, que está considerada el cuarto mercado delictivo del planeta; destaca a este respecto la necesidad de que todas las Partes pongan en marcha el sistema de permisos electrónicos, transparentes y compartidos por todas ellas; reconoce, sin embargo, los desafíos técnicos a los que se enfrentan algunas Partes con esto y anima a la prestación de apoyo para el desarrollo de capacidades a fin de permitir la aplicación del sistema de permisos electrónico a todas las Partes;

23.  Acoge con satisfacción la decisión que se ha tomado en la CP16 sobre la notificación periódica por parte de las Partes de la CITES sobre el comercio ilícito; considera que el nuevo formato del informe anual sobre comercio ilícito, como prevé la Notificación n.º 2016/007 de la CITES, constituye un importante paso hacia el desarrollo de una mejor comprensión del tráfico de especies silvestres, y anima a todas las Partes de la CITES a que informe de manera adecuada y periódica el comercio ilícito a través del formato prescrito;

24.  Se felicita por las iniciativas del sector privado como las adoptadas por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional sobre el flete electrónico en la cadena de suministro de la carga aérea; considera que la ampliación de estas iniciativas de trazabilidad, especialmente para el sector del transporte, es una herramienta importante de recopilación de información;

25.  Destaca la importancia del proceso de expedición de los permisos en la eficacia de la recopilación de los datos y, por consiguiente, el papel fundamental que desempeñan las Autoridades Administrativas; reitera que las autoridades que expidan los permisos han de ser independientes, de conformidad con el artículo VI de la CITES;

Tráfico de especies silvestres y corrupción

26.  Llama la atención a los casos de corrupción en los agentes de las autoridades que expiden los permisos que han realizado una emisión fraudulenta de permisos de forma deliberada; pide a la Secretaría de la CITES y al Comité Permanente que aborde estos casos como cuestiones prioritarias y urgentes;

27.  Subraya que la corrupción puede detectarse a lo largo de toda la cadena del comercio de especies silvestres, y que afecta a los países de origen, tránsito y destino, y socava la eficacia, la correcta aplicación y el éxito final de la CITES; considera, por tanto, que las medidas contra la corrupción sólidas y eficaces son esenciales en la lucha contra el tráfico de especies silvestres;

28.  Manifiesta su gran preocupación por el mal uso deliberado de códigos de origen para el comercio ilegal de especímenes capturados en el medio silvestre mediante la utilización fraudulenta de códigos de especímenes criados en cautividad para especies CITES; pide a la CP 17 que adopte un sólido sistema de registro, control y certificación del comercio de especímenes de granjas o criados en cautividad, tanto en los países de origen como en la Unión, a fin de impedir estas prácticas abusivas;

29.  Insta a las Partes de la CITES a que elaboren más directrices y apoyen el desarrollo de nuevas técnicas y metodologías para diferenciar entre las especies procedentes de instalaciones de producción en cautividad y las especies silvestres;

30.  Condena el gran número de actividades ilegales perpetradas por bandas y redes de delincuencia organizada que contravienen la Convención, las cuales recurren con frecuencia a la corrupción con el objeto de facilitar el tráfico de especies silvestres y frustrar los esfuerzos para aplicar la ley;

31.  Insta a las Partes que no son todavía signatarias o que aún no han ratificado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción a que lo hagan sin mayor demora;

32.  Acoge con satisfacción el compromiso internacional en virtud de la Resolución 69/314 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (julio de 2015), entre otros aspectos, en materia de lucha contra la corrupción (artículo10)(3);

33.  Apoya las iniciativas de la Unión y los Estados miembros que reclaman más medidas para la lucha mundial contra la corrupción en el marco de la CITES; insta a las partes de la CITES a que apoyen la propuesta de resolución de la Unión contra las actividades que facilitan la corrupción y contravienen la Convención;

Cumplimiento

34.  Pide la oportuna y plena utilización de las sanciones por la CITES contra las Partes que no respeten aspectos clave de la Convención y, en particular, a la Unión y a sus Estados miembros que hagan uso de los mecanismos disponibles para animar a las Partes a cumplir la CITES y los demás acuerdos internacionales destinados a proteger las especies silvestres y la biodiversidad;

35.  Subraya la importancia de la cooperación internacional entre todos los agentes de la cadena de cumplimiento de la ley con el fin de reforzar la capacidad de cumplimiento de la ley a nivel local, regional, nacional e internacional; se felicita por su contribución y pide que aumente aún más su participación; resalta la importancia de constituir fiscalías especiales y unidades de policía especializadas para mejorar la eficacia de la lucha contra el tráfico ilegal de especies silvestres; destaca la importancia de las operaciones internacionales conjuntas de cumplimiento de la ley en el marco del ICCWC(4), a este respecto, felicita la exitosa Operación Cobra III(5); celebra el apoyo de la Unión al ICCWC;

36.  Reconoce el aumento del comercio ilícito de animales silvestres y de productos de animales silvestres en internet, y pide a las Partes de la CITES que colaboren con las unidades policiales y las especializadas en delincuencia informática, así como con el Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre, a fin de identificar las mejores prácticas y medidas internas ejemplares para abordar el comercio ilícito en línea;

37.  Pide a las Partes que adopten y apliquen políticas claras y eficaces para desalentar el consumo de productos derivados de especies silvestres vulnerables, que sensibilicen a los consumidores sobre las repercusiones de su consumo en las especies silvestres y que informen de los peligros de las redes de tráfico ilegal;

38.  Pide a las Partes que apoyen el desarrollo de medios de subsistencia para las comunidades locales establecidas junto a territorios de especies silvestres afectadas y que promuevan la participación de dichas comunidades en la lucha contra la caza furtiva y en la divulgación de la información sobre los efectos del comercio de las especies amenazadas de la fauna y la flora;

39.  Pide un compromiso internacional permanente con el fin de facilitar la creación de capacidades a largo plazo, mejorar el intercambio de información e inteligencia y coordinar los esfuerzos de las autoridades gubernamentales en favor del cumplimiento de la ley;

40.  Pide a las Partes que abran diligencias efectivas contra las personas que cometan infracciones en relación con las especies silvestres y garanticen que se les impongan sanciones proporcionadas a la gravedad de sus actos;

Financiación

41.  Señala que es necesario aumentar la financiación puesta a disposición de los programas de conservación de las especies silvestres y de creación de capacidades;

42.  Destaca la necesidad de asignar recursos adecuados a la Secretaría de la CITES, especialmente teniendo en cuenta el aumento de sus responsabilidades y la carga de trabajo adicional; subraya asimismo la necesidad de depositar puntualmente las contribuciones financieras prometidas por las Partes de la CITES;

43.  Anima a las Partes a que tomen en cuenta el aumento del presupuesto central de la CITES para reflejar la inflación y para garantizar el buen funcionamiento de la Convención de la CITES;

44.  Alienta la ampliación de la financiación de programas de creación de capacidades a otras áreas del marco de la CITES mediante asociaciones público-privadas, así como la financiación directa, con el fin de respaldar la aplicación de la Convención;

45.  Acoge con satisfacción la financiación de la Unión a la CITES a través del Fondo Europeo de Desarrollo y alienta a la Unión a que siga prestando apoyo financiero bien dirigido y que continúe garantizándolo a largo plazo con ayudas financieras específicas y focalizadas;

Enmiendas a los apéndices de la CITES

46.  Expresa su firme apoyo a las propuestas de listas presentadas por la Unión y sus Estados miembros;

47.  Insta a las Partes de la CITES y a todos los participantes de la CP 17 a que respeten los criterios establecidos en la Convención para la inclusión de especies en los apéndices, así como a que adopten un criterio de precaución para garantizar un elevado y eficiente nivel de protección de las especies amenazadas; observa que la credibilidad de la CITES depende de su capacidad para modificar las listas en respuesta a las tendencias negativas y también a las positivas, por lo que acoge con satisfacción la posibilidad de cambiar de calificación a una especie solo cuando sea conveniente, de conformidad con los criterios científicos establecidos, aportando pruebas de que las listas de la CITES funcionan correctamente;

Elefantes africanos y comercio de marfil

48.  Observa que la duplicación de la caza furtiva y la triplicación de la cantidad de marfil confiscado durante la última década, la crisis a la que se enfrentan los elefantes africanos (Loxondonta africana) como consecuencia de la caza furtiva para el comercio de marfil, sigue siendo devastadora, y está dando lugar a una disminución de las poblaciones en toda África y es una amenaza para los medios de subsistencia de millones de personas, dado que el comercio ilegal de marfil perjudica el desarrollo económico, promueve la delincuencia organizada, fomenta la corrupción, estimula los conflictos y amenaza la seguridad regional y nacional al proporcionar a las milicias una fuente de financiación; insta, por consiguiente, a la Unión y a sus Estados miembros a que presten apoyo a propuestas que servirán para reforzar la protección de los elefantes africanos y a que reduzcan el comercio ilegal de marfil;

49.  Celebra la propuesta presentada por Benín, Burkina Faso, la República Centroafricana, Chad, Kenia, Liberia, Níger, Nigeria, Senegal, Sri Lanka y Uganda y apoyada por la Coalición para el Elefante Africano de enumerar todas las poblaciones de elefante africano en el anexo I, lo que simplificaría la aplicación de la prohibición del comercio internacional de marfil y transmitiría un mensaje claro al mundo sobre la decisión mundial de frenar la extinción de los elefantes en África;

50.  Pide a la Unión y a todas las Partes que mantengan la moratoria actual y que se opongan por tanto a las propuestas hechas por Namibia y Zimbabue sobre el comercio de marfil, que pretenden suprimir las restricciones al comercio relacionadas con las anotaciones a las listas del apéndice II de las poblaciones de elefantes de esas partes;

51.  Observa que los intentos de la CITES de reducir la caza furtiva y el comercio ilegal mediante la autorización de la venta legal de marfil han fracasado y el tráfico de marfil ha aumentado significativamente; pide a las partes interesadas que realicen mayores esfuerzos en el marco del proceso del Plan de Acción Nacional para el Marfil; apoya medidas para la gestión y la destrucción de las reservas de marfil;

52.  Recuerda el llamamiento hecho a los veintiocho Estados miembros en la resolución del Parlamento de 15 de enero de 2014, sobre los delitos contra la flora y la fauna(6), para que introduzcan una moratoria sobre las importaciones, exportaciones y compras y ventas domésticas de colmillos y de marfil bruto y trabajado hasta que las poblaciones de elefantes ya no se encuentren amenazadas por la caza furtiva; observa que en Alemania, Francia, Holanda, Reino Unido, Austria, Suecia, República Checa, Eslovaquia y Dinamarca ya han decidido no conceder ningún permiso de exportación para marfil en «bruto» previo a la Convención; anima, por tanto, a la Unión y a sus Estados miembros a que prohíban por tanto la exportación e importación de marfil y a que prohíban todas las compras y ventas comerciales dentro de la Unión;

Rinocerontes blancos

53.  Lamenta la propuesta hecha por Swazilandia de legalizar el comercio de cuernos de rinoceronte de su población de rinocerontes blancos (Ceratotherium simum simum) que favorecerá el blanqueo dentro del comercio legal de los cuernos de rinoceronte cazados de forma furtiva, socavando los esfuerzos actuales de reducir la demanda y de limitar el comercio doméstico en los mercados de consumo, y puede estimular la caza furtiva de la población de elefantes en África y en Asia; insta a la Unión y a todas las Partes a que se opongan a esta propuesta, y, por consiguiente, pide a Swazilandia que retire su propuesta;

Leones africanos

54.  Observa que mientras las poblaciones de león africano (Panthera leo) han experimentado una disminución inferida drástica del 43 % en veintiún años, despareciendo recientemente en doce Estados africanos, el comercio internacional de productos obtenidos de los leones ha aumentado significativamente; insta a la Unión y a todas las Partes a que apoyen la propuesta hecha por Nigeria, Chad, Costa de Marfil, Gabón, Guinea, Mali, Mauritania, Nigeria, Ruanda y Togo de transferir todas las poblaciones de leones africanos al apéndice I de la CITES;

Pangolines

55.  Observa que los pangolines son los mamíferos con mayor comercio ilegal del mundo, tanto por su carne como por sus escamas, que se utilizan en la medicina tradicional, poniendo a las ocho especies de pangolines (Manis crassicaudata, M. tetradactyla, M. tricuspis, M. gigantea, M. temminckii, M. javanica, M. pentadactyla, M. culionensis) en riesgo de extinción, por lo que acoge favorablemente las diferentes propuestas para transferir todas las especies de pangolines africanos al apéndice I de la CITES;

Tigres y otros grandes felinos asiáticos

56.  Insta a la Unión y a todas las Partes a que apoyen la adopción de las decisiones propuestas por la Comité Permanente de la CITES que establece unas condiciones estrictas para la cría de tigres y el comercio de ejemplares de tigres criados en cautividad y sus productos, así como la propuesta hecha por India de animar a las Partes a que compartan imágenes y productos de tigres incautados, lo que ayudará a las autoridades policiales y judiciales en la identificación de los tigres de forma individual por medio de sus patrones de rayas únicos; pide a la Unión que considere la posibilidad de proporcionar financiación para la aplicación de estas decisiones, y pide que se cierren las granjas de tigres y que se ponga fin al comercio de partes y productos de tigres en cautividad en la CP 17 de la CITES;

Comercio de mascotas exóticas

57.  Observa que el mercado de mascotas exóticas está creciendo internacionalmente y dentro de la Unión y que se han presentado un gran número de propuestas para listar reptiles, anfibios, pájaros, peces y mamíferos que están amenazados por el comercio internacional para el mercado de mascotas; pide a todas las Partes que apoyen estas propuestas para garantizar una mayor protección de estas especies amenazadas frente a su explotación para el comercio de mascotas;

58.  Pide a los Estados miembros de la Unión que elaboren una lista positiva de animales exóticos susceptibles de tenencia como animales domésticos;

Madera de agar y palo rosa

59.  Reconoce que la tala ilegal es uno de los delitos contra la vida silvestre más destructivos, puesto que no amenaza simplemente a especies aisladas sino a todo el hábitat, y que la demanda de palo rosa (Dalbergia spp.) del mercado asiático ha seguido aumentando; pide a la Unión y a todas las Partes que apoyen la propuesta de Argentina, Brasil, Guatemala y Kenia de incluir el género Dalbergia en el apéndice II de la CITES, excepto las especies incluidas en el apéndice I, ya que su contribución será crítica para los esfuerzos de acabar con el comercio insostenible de palo rosa;

60.  Constata que las actuales excepciones a los requisitos de la CITES podrían permitir la exportación de polvo resinoso de madera de agar (Aquilaria spp. y Gyrinops spp.) como polvo agotado, y otros productos que deben envasarse para la venta al por menor antes de su exportación, evadiendo así las normas de importación; pide, por tanto, a la Unión y a todas las Partes que apoyen la propuesta de los Estados Unidos de modificar la anotación a fin de evitar posibles lagunas en el comercio de esta valiosa madera aromática;

Otras especies

61.  Pide a la Unión y a todas las Partes:

   que apoyen la propuesta de Perú de modificar la anotación al apéndice II para la vicuña (Vicugna vicugna), puesto que consolidará los requisitos de comercialización para el comercio internacional de esta especie;
   que apoyen la inclusión del nautilus (Nautilidae spp.) en el apéndice II como proponen Fiyi, la India, Paláu y los Estados Unidos, puesto que el comercio internacional de las conchas de nautilus como joyas y decoración supone una amenaza principal para estas especies biológicamente vulnerables;
   que se opongan a la propuesta de Canadá de trasladar el halcón peregrino (Falco peregrinus) del apéndice I al II, ya que esto puede disparar el considerable comercio ilícito de esta especie;

62.  Recuerda que el pez cardenal de Bangai (Pterapogon kauderni) está incluido en la lista de especies amenazadas y que una enorme proporción de la especie, incluidas varias poblaciones completas, se ha perdido a causa de la gran demanda del sector de los acuarios, siendo los principales destinos la Unión Europea y los Estados Unidos; pide, por consiguiente, a la Unión y a sus Estados miembros que respalden la inclusión del pez cardenal de Bangai en el apéndice I en lugar de en el II;

63.  Señala que el comercio internacional de coral en bruto y trabajado se ha ampliado y que ha aumentado la demanda de corales preciosos en el mercado, lo que amenaza la sostenibilidad de estos últimos; insta a la Unión y a todas las Partes a que apoyen la adopción del informe sobre los corales preciosos en el comercio internacional presentado por los Estados Unidos;

o
o   o

64.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a las Partes de la CITES y a la Secretaría de la CITES.

(1) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/570008/IPOL_STU(2016)570008_EN.pdf
(2) http://ec.europa.eu/environment/cites/pdf/cop17/Res%20sponsored%20delegate%20project.pdf
(3) http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/314
(4) El Consorcio Internacional para Combatir los Delitos contra la Vida Silvestre agrupa a Interpol, la Secretaría de la CITES, la Organización Mundial de Aduanas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el Banco Mundial.
(5) Operación Internacional Conjunta de Policía y Aduanas realizada en mayo de 2015
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0031.


Aplicación de la Directiva sobre servicios postales
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva sobre servicios postales (2016/2010(INI))
P8_TA(2016)0357A8-0254/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 49 y 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) sobre la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios dentro de la Unión,

–  Vistos los artículos 101 y 102 del TFUE sobre las normas sobre competencia aplicables a las empresas,

–  Visto el artículo 14 del TFUE,

–  Visto el Protocolo n.º 26 del TFUE sobre los servicios de interés general,

–  Vista la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio(1), modificada por las Directivas 2002/39/CE y 2008/6/CE (en lo sucesivo, «Directiva sobre servicios postales»),

–  Vista la Decisión de la Comisión, de 10 de agosto de 2010, por la que se crea el Grupo de Entidades Reguladoras Europeas de los Servicios Postales(2),

–  Vista la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE(3),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE(4),

–  Vista la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(5),

–  Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(6),

–  Visto el informe de la Comisión de 17 de noviembre de 2015 relativo a la aplicación de la Directiva sobre los servicios postales (COM(2015)0568), así como el documento de trabajo que lo acompaña (SWD(2015)0207),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2013, titulada «Hoja de ruta para la realización del mercado único de la entrega de paquetes - Fomentar la confianza en los servicios de entrega y alentar las ventas en línea» (COM(2013)0886),

–  Visto el Libro Verde de la Comisión, de 29 de noviembre de 2012, titulado «Un mercado integrado de los servicios de entrega para impulsar el comercio electrónico en la UE» (COM(2012)0698),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de enero de 2012, titulada «Un marco coherente para aumentar la confianza en el mercado único digital del comercio electrónico y los servicios en línea» (COM(2011)0942),

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 28 de marzo de 2011, titulado «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» (COM(2011)0144),

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2014, sobre un mercado integrado de los servicios de entrega para impulsar el comercio electrónico en la UE(7),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del Mercado Único Digital»(8),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0254/2016),

A.  Considerando que el mercado de los servicios postales continúa siendo un sector de la economía con sólidas perspectivas de crecimiento y con una creciente competencia, aunque entre 2012 y 2013 los servicios de correo postal disminuyeran en un 4,85 % por término medio en la UE, según la base de datos sobre estadísticas postales de la Comisión Europea, lo que se corresponde con la reducción del volumen de correspondencia a lo largo de los últimos diez años, debida en gran medida al proceso de sustitución electrónica;

B.  Considerando que la aplicación de la Directiva sobre servicios postales contribuyó a la apertura de los mercados nacionales a la competencia en los mercados de servicios postales, aunque el desarrollo ha sido lento y no ha conducido a la realización del mercado interior de servicios postales, estando aún este segmento dominado por los proveedores de servicio universal en la mayoría de los Estados miembros;

C.  Considerando que el uso de las TIC ha impulsado de manera continuada el sector de los servicios postales, ofreciendo oportunidades para la innovación y permitiendo la expansión del mercado;

D.  Considerando que los nuevos competidores se han centrado principalmente en grandes clientes profesionales y en zonas con gran población;

E.  Considerando que el mercado de servicios de paquetería es un sector altamente competitivo, innovador y en rápido crecimiento, que se expandió en un 33 % entre 2008 y 2011 en términos de volumen, y que el comercio electrónico es un factor determinante para el crecimiento del mercado;

F.  Considerando que el uso generalizado de sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (drones) permite formas de paquetería nuevas, rápidas, respetuosas con el medio ambiente y eficientes, especialmente en zonas con baja densidad de población, aisladas y distantes;

G.  Considerando que los consumidores y las pequeñas empresas informan de que los problemas con el envío de paquetes, en particular unos precios elevados, les disuaden de vender o comprar más en otros Estados miembros;

I. Servicio universal: mejorar la independencia de las autoridades nacionales de reglamentación

1.  Destaca que, si bien las normas mínimas relacionadas con la obligación de servicio universal (envíos postales de hasta 2 kg, paquetes postales de hasta 10-20 kg, los envíos certificados y asegurados y otros servicios de interés económico general como periódicos y revistas) reguladas en la Unión, en particular, mediante la garantía de unos servicios mínimos esenciales en todo el territorio de la Unión, sin que ello impida a los Estados miembros la aplicación de normas más estrictas, satisfacen generalmente las exigencias de los clientes, determinados requisitos concretos no sujetos a regulación a nivel de la Unión son establecidos adecuadamente por las autoridades nacionales de reglamentación (ANR) encargadas de esta tarea;

2.  Observa que la principal tarea de las ANR es cumplir el objetivo general recogido en la Directiva sobre servicios postales de garantizar la prestación sostenible del servicio universal; pide a los Estados miembros que apoyen las funciones y la independencia de las ANR a través de unos criterios de alta cualificación profesional para el personal, con un acceso equitativo, no discriminatorio y garantizado a la formación relevante para la profesión, unos mandatos de duración fija y una protección jurídica frente al despido injustificado y, en caso de despido, con la lista exhaustiva de motivos de dicho despido (por ejemplo, una violación grave de la ley), a fin de que las ANR puedan cumplir las obligaciones que se derivan de la Directiva sobre servicios postales de modo neutral, transparente y oportuno;

3.  Considera que toda ampliación de la función de las ANR con arreglo a la nueva reglamentación en el mercado de servicios de paquetería debe atajar la elección selectiva en el sector de las entregas y establecer normas mínimas para todos los operadores que garanticen la competencia leal y equitativa;

4.  Considera que las obligaciones de independencia solo podrán satisfacerse si las funciones reguladoras de las ANR están separadas estructural y funcionalmente de las actividades asociadas a la propiedad o al control de un operador postal; opina que los altos funcionarios de la ANR no deben estar autorizados a trabajar para el operador postal público u otras partes interesadas en un plazo de seis meses como mínimo después de abandonar la ANR, al objeto de evitar conflictos de intereses; considera que, a dicho fin, los Estados miembros deben introducir disposiciones legislativas que permitan imponer sanciones por la violación de la referida obligación;

5.  Pide a la Comisión que facilite y refuerce la cooperación y coordinación entre las ANR con vistas a una mayor eficacia e interoperabilidad de las entregas transfronterizas y que supervise las actividades reguladoras de las ANR, incluida la prestación de servicios universales, a fin de garantizar el enfoque uniforme en la aplicación del Derecho de la Unión y la armonización del mercado de los servicios postales en la Unión;

6.  Recuerda que la Directiva sobre servicios postales ofrece a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para abordar las especificidades locales y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la prestación del servicio universal, satisfaciendo al mismo tiempo las necesidades de los usuarios y adaptándose a los cambios en el contexto técnico, económico y social;

7.  Toma nota de que la Comisión ha confirmado que la Directiva sobre servicios postales no requiere que los proveedores de servicio universal tengan una estructura de propiedad determinada; considera que no debe impedirse que los proveedores de servicio universal inviertan e innoven con el fin de prestar servicios postales eficientes y de calidad;

II. Mantener el servicio universal y permitir una competencia justa: acceso, calidad de los servicios y necesidades de los usuarios

8.  Considera que existe una tendencia a restringir el ámbito de aplicación de la obligación de servicio universal (OSU); insta a que se fomente las posibilidades de elección de los consumidores con el fin de definir la entrega de correspondencia dentro del ámbito de la OSU; hace hincapié, por tanto, en la importancia de la prestación de un servicio universal de elevada calidad en condiciones razonables, que incluya como mínimo cinco días de distribución y cinco días de recogida a la semana para cada ciudadano de la Unión; señala que, con el fin de asegurar la sostenibilidad del servicio universal a largo plazo, y atendiendo a sus particularidades nacionales y a situaciones geográficas específicas, algunos Estados miembros permiten cierta flexibilidad; recuerda que, si bien la Directiva permite cierta flexibilidad, esta no debe verse superada por normas nacionales;

9.  Recuerda que el servicio universal debe evolucionar en función del contexto técnico, económico y social y de las necesidades de los usuarios, y que la Directiva sobre servicios postales ofrece a los Estados miembros la flexibilidad necesaria para abordar las especificidades locales y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la prestación del servicio universal;

10.  Considera que es posible y necesario mejorar la cobertura geográfica y la accesibilidad de los servicios universales en lo que respecta a la entrega de paquetes postales, sobre todo para atender a los ciudadanos con discapacidad y movilidad reducida y a los que residen en zonas remotas; subraya la importancia de garantizar la accesibilidad sin barreras a los servicios postales, así como la coherencia entre la Directiva sobre servicios postales y el Acta de Accesibilidad;

11.  Constata que en muchos Estados miembros la caída del volumen de correspondencia hace que la prestación de los servicios postales universales sea cada vez más difícil; reconoce que muchos proveedores de servicio universal designados utilizan para la financiación del mismo ingresos procedentes de actividades comerciales ajenas a la OSU, como los servicios financieros o de entrega de paquetes;

12.  Observa que existen una serie de casos de competencia desleal en el sector postal y pide a las autoridades competentes que sancionen toda conducta inapropiada;

13.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que supervisen la prestación de los servicios postales como un servicio público, de cara a garantizar que la compensación por servicio público se aplica de una manera proporcionada, transparente y justa;

14.  Insiste en la importancia de que los precios dentro del ámbito de la OSU sean asequibles y ofrezcan a todos los usuarios acceso a los servicios prestados; recuerda que las ANR deben definir claramente la asequibilidad para un artículo de correspondencia y que los Estados miembros pueden mantener o introducir servicios postales gratuitos para personas invidentes o con discapacidad visual;

15.  Pide a los Estados miembros que mantengan la cohesión territorial y social y las obligaciones de calidad conexas, y señala que los Estados miembros ya pueden adaptar algunas características específicas para ajustarse a la demanda local aplicando la flexibilidad prevista en la Directiva 97/67/CE; reconoce que los servicios y redes postales son de gran importancia para los ciudadanos de la Unión; pide a los Estados miembros que solo utilicen los instrumentos de ayudas estatales en casos excepcionales, de conformidad con la política de competencia de la Unión, y de forma transparente, no discriminatoria y adecuada, y que velen por que los consumidores sigan teniendo acceso a los servicios postales, garantizando, en su caso, un número mínimo de servicios en un mismo punto de acceso; pide a la Comisión que garantice que los fondos de compensación sean proporcionados y los procedimientos de contratación pública, transparentes y justos;

16.  Pide a los Estados miembros que velen por que la apertura del mercado siga beneficiando a todos los usuarios, en particular a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas, mediante una estrecha supervisión de la evolución del mercado; anima a lograr mejoras adicionales en la velocidad, la oferta y la fiabilidad de los servicios;

17.  Pide a la Comisión que mejore la actual definición de servicio universal para fijar un nivel mínimo garantizado del servicio para los consumidores, adaptar la obligación de servicio universal a los cambiantes mercados, tener en cuenta los cambios del mercado en distintos Estados miembros y promover el crecimiento económico y la cohesión social; destaca, sin embargo, que, habida cuenta de las limitaciones específicas de cada mercado, es conveniente dejar una cierta flexibilidad a los operadores en la organización del servicio universal; pide a los Estados miembros que apliquen los procedimientos de concesión de licencias de conformidad con la Directiva vigente y armonicen aún más los procedimientos de concesión de licencias o de notificación a fin de reducir las trabas injustificadas de entrada al mercado interior, sin crear cargas administrativas innecesarias;

18.  Hace hincapié en que la introducción de procedimientos de conciliación de fácil acceso y asequibles tiene un potencial interesante para que operadores y consumidores lleguen a una solución sencilla y a corto plazo en casos de litigio; anima a la Comisión a que presente legislación sobre los derechos de los consumidores de servicios postales;

19.  Insta a la Comisión a que, en la elaboración de propuestas legislativas, tenga en cuenta la digitalización y las oportunidades que esta ofrece, las características específicas de los Estados miembros y las tendencias generales en los mercados de servicios postales y de paquetería;

20.  Recuerda que la exención del IVA para los servicios postales ha de aplicarse de forma que minimice las distorsiones de la competencia entre los antiguos monopolios y los nuevos competidores en el mercado, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad a largo plazo de la OSU, para que todos los operadores puedan seguir prestando servicios postales en toda Europa; observa que garantizar la exención del IVA solo para al proveedor histórico de servicios para servicios distintos del servicio universal, cuando otros proveedores de servicios están sujetos al IVA, supone un importante obstáculo al desarrollo de la competencia en el mercado;

21.  Pide a la Comisión que garantice la igualdad de condiciones entre los proveedores, tanto para el correo tradicional como para el ámbito de los servicios de paquetería, en rápida expansión, y entre los operadores postales históricos y los nuevos; sugiere que la Comisión tenga derecho a evaluar si los procedimientos de licitación imponen una carga injusta;

22.  Pide a los Estados miembros que tomen en consideración que los operadores históricos no deben verse beneficiados por las ayudas estatales ni perjudicados por su obligación de servicio público o por costes heredados frente a los nuevos operadores;

23.  Considera que la competencia y el mercado son motores para la innovación y el desarrollo de servicios de valor añadido y pide a la Comisión que apoye la innovación en el sector, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y la justificación económica, con el fin de promover servicios de valor añadido como el seguimiento y localización, los puntos de entrega y recogida, la flexibilidad en la hora de entrega, los procedimientos de devolución adecuados y el acceso a procedimientos sencillos de recurso; reconoce el trabajo y las inversiones ya realizados por los operadores postales en éste ámbito;

24.  Pide a la Comisión que realice un estrecho seguimiento del respaldo a la obligación de servicio universal por los Estados miembros y de otros costes heredados de los proveedores de servicios postales, de conformidad con el principal conjunto de normas para el control de las ayudas estatales de los servicios de interés económico general (Marco SIEG, 2012);

25.  Considera que la calidad de los servicios postales debe valorarse en función de las normas establecidas en la Directiva y ser reflejo de las necesidades de los consumidores para mejorar la interoperabilidad y la calidad del servicio;

26.  Observa que los operadores postales europeos han invertido para modernizar la interconexión de sus redes y han introducido servicios innovadores y de fácil uso para consumidores y pymes minoristas por vía electrónica que hacen uso del comercio electrónico transfronterizo; considera que estas inversiones deben protegerse con condiciones de acceso equitativo;

27.  Reitera su apoyo al Foro de usuarios de servicios postales, creado en 2011 por la Comisión y que tiene por objeto facilitar el diálogo entre los usuarios, los operadores, los sindicatos y otras partes interesadas sobre cuestiones como la satisfacción del usuario final, las necesidades de los clientes profesionales y la forma de mejorar la entrega en el marco del comercio electrónico; opina que el Foro es de gran utilidad y que debería reunirse periódicamente para determinar las posibles soluciones para mejorar los servicios postales y de entrega de paquetes;

III. Dimensión transfronteriza y comercio electrónico

28.  Pide a los Estados miembros que garanticen la interoperabilidad y la modernización de las redes postales y que, en caso de que existan varios proveedores de servicio universal, eliminen los impedimentos al transporte de los envíos postales y permitan el acceso de las pymes a servicios atractivos desde un punto de vista financiero en las entregas transfronterizas, aumentando la transparencia de las tarifas que aplican los operadores de servicios postales;

29.  Estima que los servicios de paquetería constituyen un sector altamente competitivo, innovador y en rápido crecimiento; señala la importancia de que los servicios de paquetería sean asequibles y fiables en la consecución del mercado único digital; recuerda que la apertura de este sector a la competencia ha estimulado el desarrollo de servicios de valor añadido como el seguimiento y localización, los puntos de entrega y recogida, la flexibilidad en la hora de entrega y los procedimientos de devolución; considera, por lo tanto, que toda nueva normativa en este mercado debe ser proporcionada y estar respaldada por pruebas económicas sólidas;

30.  Observa a este respecto que deben tomarse en consideración todas las ventajas ofrecidas por las nuevas tecnologías, incluidos los drones, dado que podrían facilitar la prestación de los servicios de entrega, especialmente en zonas con baja densidad de población, aisladas y distantes, teniendo también en cuenta los aspectos relativos a la seguridad y la sostenibilidad medioambiental;

31.  Considera que la dinámica del mercado de paquetería, altamente competitivo, innovador y en rápido crecimiento, no debe verse obstaculizada por normativas injustificadas y burocracia innecesaria;

32.  Pide a la Comisión que desarrolle la supervisión del mercado de los servicios de paquetería, en su caso, con un enfoque basado en los resultados, y que aliente, sin socavar las facultades de las ANR, la asequibilidad de las tarifas transfronterizas y detecte las prácticas injustas, monopolísticas y contrarias a la competencia; anima a aumentar la transparencia de las tarifas y la disponibilidad del servicio, en particular para clientes minoristas y pymes;

33.  Celebra la propuesta de la Comisión sobre un acceso transfronterizo transparente y no discriminatorio para terceros a todos los elementos de la red, las instalaciones asociadas, los servicios pertinentes y los sistemas de información de las redes postales; opina que el uso eficiente de las infraestructuras podría conllevar beneficios económicos para los proveedores de servicio universal y aumentar la competencia en las entregas transfronterizas;

34.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen más información sobre el mercado de paquetería a fin de evaluar mejor la evolución de este sector económico y su desarrollo estructural;

35.  Subraya la importancia del aumento de la calidad del servicio y la protección de los derechos de los consumidores a fin de restablecer un nivel adecuado de confianza de los consumidores; considera que una mayor transparencia en lo que se refiere a los precios, las opciones de entrega, las modalidades y la calidad/rendimiento (velocidad, cobertura geográfica, retrasos y manipulación de objetos perdidos o dañados), así como los sellos de confianza, podrían resolver el problema de la falta de confianza;

36.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que incrementen la transparencia en lo que respecta a las condiciones de los precios públicos y el rendimiento del servicio (opciones de entrega, la entrega final, fiabilidad), especialmente en lo que se refiere al comercio electrónico; pide que se realicen controles de la transparencia cuando los precios no estén controlados por la competencia o sean injustificadamente elevados; destaca la importancia de reducir las diferencias entre los precios nacionales y los transfronterizos, y apoya las medidas que aumentan la concienciación de los consumidores y su capacidad para comparar las estructuras de precios nacionales y transfronterizas; pide a las ANR que evalúen la asequibilidad de los precios en algunos itinerarios transfronterizos, prestando especial atención a las disparidades excesivas;

37.  Pide a la Comisión que promueva la estrategia sobre el comercio electrónico y los servicios de paquetería transfronterizos; sugiere que se facilite la interoperabilidad a lo largo de la cadena de suministro y que se desarrollen mejores prácticas públicamente disponibles para los minoristas del comercio electrónico;

38.  Destaca la importancia de disponer de un mecanismo de gestión de reclamaciones y de resolución de litigios que sea simple, eficaz y transfronterizo; subraya que la Directiva sobre la resolución alternativa de litigios (RAL) y la plataforma en línea establecida por el Reglamento (UE) n.º 524/2013 sobre resolución de litigios en línea en materia de consumo pueden beneficiar a los consumidores y las empresas en sus operaciones transfronterizas; manifiesta su preocupación por que, pese a que el plazo de transposición vencía en julio de 2015, únicamente veinticuatro Estados miembros hayan transpuesto hasta la fecha la Directiva RAL, por lo que millones de ciudadanos europeos se están viendo privados de este importante mecanismo de recurso; cree que el proceso europeo de escasa cuantía puede ser un recurso de utilidad para los consumidores y las empresas en las operaciones transfronterizas; pide que se evalúen, si se considera necesario, nuevos mecanismos adecuados de recurso para los consumidores en el ámbito de los servicios postales;

39.  Anima a los Estados miembros a que favorezcan las reducciones de costes mediante el incremento de la interoperabilidad de los procesos de envío y recogida de paquetes, y a que desarrollen unas normas europeas para los sistemas de seguimiento integrados; aprecia los avances realizados por el sector para servir a consumidores y pymes de manera transfronteriza mediante la mejora de la interoperabilidad y los sistemas de seguimiento y localización; anima al establecimiento de herramientas abiertas e indicadores de la calidad del servicio de manera que los consumidores puedan comparar las ofertas de diferentes proveedores de servicios; acoge con satisfacción los avances realizados, que son una confirmación del enfoque de mercado respaldado y solicitado por el Parlamento; alienta la creación de plataformas para la cooperación y el intercambio de información entre los operadores de servicios de entrega, a fin de ofrecer más opciones de entrega y soluciones de devolución para los consumidores;

40.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que investiguen el funcionamiento de los servicios de paquetería transfronterizos de acuerdo con las distintas disposiciones resultantes de cualquiera de los acuerdos comerciales internacionales (por ejemplo, las normas de la Unión Postal Universal (UPU) y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)) o la legislación de la UE (por ejemplo, el código aduanero de la Unión), especialmente la OSU, que puede ser utilizada de forma abusiva y crear distorsiones en el mercado; anima a la Unión Europea a que solicite su ingreso en la Unión Postal Universal para lograr un sector postal europeo plenamente integrado;

41.  Respalda el principio de una recopilación de información estadística sobre el mercado de los servicios de paquetería a fin de alcanzar una mejor comprensión de sus principales actores, su estructura de competencia y su evolución;

IV. Dimensión social: mejora del empleo

42.  Pide a los Estados miembros que garanticen unas condiciones laborales dignas para todos los trabajadores del sector de los servicios postales, incluido el nivel exigido de protección de la salud y la seguridad en el trabajo, independientemente del tamaño y del tipo de la empresa para la que trabajen, del lugar de trabajo o del contrato subyacente; subraya la importancia de la salud y la seguridad en los puestos de trabajo, sobre todo habida cuenta del cambio demográfico y la alta movilidad de los trabajadores en el sector de los servicios postales; acoge con satisfacción la colaboración entre la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) y los interlocutores sociales del sector en el marco de la campaña «Trabajos saludables: Gestionemos el estrés»;

43.  Constata que, en los últimos años, el sector de los servicios postales ha sufrido una profunda transformación a raíz de los avances tecnológicos y la digitalización, y que la modernización y la diversificación de los servicios postales tienen un efecto considerable en las condiciones de trabajo y el empleo;

44.  Toma nota de que la liberalización del sector postal ha provocado en algunos Estados miembros enormes diferencias en lo que respecta a las condiciones laborales y los salarios entre los proveedores de servicio universal y los proveedores de servicios postales específicos de la competencia; considera que una mayor competencia no debe acarrear prácticas sociales ilegales o desembocar en la degradación de las condiciones de trabajo;

45.  Señala que, si las empresas de servicios postales tienen la oportunidad de desarrollar y ampliar su producción de forma innovadora, en particular en zonas periféricas, esto debería también tener como efecto la promoción del empleo;

46.  Señala que ha aumentado el número de trabajadores a tiempo parcial, trabajadores temporales subcontratados y trabajadores por cuenta propia en el sector, y que la tendencia general consiste en una mayor flexibilización de los contratos de trabajo, lo que, en algunas circunstancias, puede traducirse en empleo precario sin la adecuada protección de los empleados; acoge con satisfacción el desarrollo de nuevos modelos para el tiempo de trabajo que, por ejemplo, permiten a los trabajadores compaginar mejor la vida familiar y profesional, seguir una formación relevante para la profesión o tener la posibilidad de trabajar a tiempo parcial; señala que los contratos laborales nuevos y flexibles deben excluir posibles riesgos, como la sobrecarga de trabajo para los trabajadores o una remuneración no acorde al rendimiento; subraya por ello la necesidad de que, por una parte, el mercado laboral sea flexible y, por otra, los trabajadores gocen de seguridad económica y social; subraya asimismo que no se puede considerar flexibilidad la disminución de los costes laborales mediante una reducción de las condiciones de trabajo y de las normas laborales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que lleven un seguimiento de las acciones para atajar la práctica de los falsos autónomos en el sector postal; insta, más en general, a los Estados miembros a que impidan que la flexibilidad de los contratos de trabajo repercuta de forma negativa en los trabajadores;

47.  Acoge con satisfacción la importante labor de los sindicatos que, en numerosos Estados miembros, colaboran con los proveedores de servicio universal a fin de que la transformación del sector de los servicios postales sea sostenible desde un punto de vista social; destaca la importancia de contar con unos interlocutores sociales sólidos e independientes en el sector postal, un diálogo social institucionalizado y la participación de los empleados en los asuntos de las empresas;

48.  Destaca la importancia del control del cumplimento de los tiempos de conducción y descanso obligatorios, así como las horas de trabajo, en el sector postal; considera que los controles deben efectuarse mediante dispositivos digitales de control instalados en los vehículos; recuerda que el Reglamento (UE) n.º 165/2014 relativo a los tacógrafos en el transporte por carretera no se aplica a los vehículos de menos de 3,5 toneladas; pide por ello que se intensifiquen los controles de los períodos de trabajo y de descanso; recuerda que todas las tareas relacionadas con la actividad de un empleado deben considerarse tiempo de trabajo; destaca asimismo la importancia de controlar el cumplimiento de la legislación europea y nacional en materia de protección de la salud y la seguridad en el trabajo, incluidas las condiciones en los vehículos, para todas las personas que participan en los envíos postales, con independencia de si tienen condición de trabajador autónomo, subcontratista, personal temporal o personal contratado;

49.  Considera necesario garantizar el equilibrio entre la libre competencia, las exigencias de los consumidores, la sostenibilidad del servicio universal y de su financiación, y el mantenimiento de los puestos de trabajo;

50.  Expresa su preocupación por los intentos de eludir la normativa vigente sobre el salario mínimo mediante el incremento de la carga de trabajo en tal medida que no se puede gestionar durante el tiempo de trabajo remunerado;

51.  Acoge con satisfacción la labor esencial del Comité de diálogo social sectorial en el sector de los servicios postales, y destaca el proyecto puesto en marcha por los interlocutores sociales europeos bajo la denominación «Managing demographic challenges and finding sustainable Solutions by the social partners in the postal sector»;

52.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recaben más datos sobre las cifras de empleo y las condiciones laborales en el sector de los servicios postales para poder evaluar mejor la situación real tras la apertura completa de los mercados y poder responder rápidamente a los cambios y atajar los posibles problemas; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que lleven un estrecho seguimiento de los nuevos medios automatizados de reparto postal y su efecto en la condiciones de trabajo y el empleo, y que evalúen la necesidad de una actualización de la legislación en materia social y de empleo, si procede, para mantenerse al día de los cambios en el sector postal; anima igualmente a los interlocutores sociales a actualizar los convenios colectivos cuando sea necesario, de manera que se puedan asegurar unos altos niveles en las condiciones de trabajo y el empleo;

o
o   o

53.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 15 de 21.1.1998, p. 14.
(2) DO C 217 de 11.8.2010, p. 7.
(3) DO L 165 de 18.6.2013, p. 63.
(4) DO L 165 de 18.6.2013, p. 1.
(5) DO L 304 de 22.11.2011, p. 64.
(6) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0067.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0009.


Acceso de las pymes a la financiación y aumento de la diversidad de la financiación de las pymes en una Unión de los Mercados de Capitales
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre el acceso de las pymes a la financiación y el aumento de la diversidad de la financiación de las pymes en una Unión de los Mercados de Capitales (2016/2032(INI))
P8_TA(2016)0358A8-0222/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2013, sobre la mejora del acceso de las pymes a la financiación(1),

–  Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre la revisión de las directrices de evaluación del impacto de la Comisión y el papel de la prueba de las pymes(2),

–  Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre el Banco Europeo de Inversiones – Informe anual 2014(3),

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre el Informe Anual 2014 del Banco Central Europeo(4),

–  Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre la construcción de una Unión de los Mercados de Capitales(5),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2015, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares(6),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre el Informe anual sobre la política de competencia de la UE(7),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la evaluación y los retos de la normativa sobre servicios financieros de la UE: impacto y camino hacia un marco de la UE más eficiente y efectivo para la regulación financiera y una unión de los mercados de capitales(8),

–  Vista su Resolución de 8 de septiembre de 2015, sobre las empresas familiares en Europa(9),

–  Visto el debate de 13 de abril de 2016, a raíz de las preguntas orales formuladas en nombre de los grupos PPE, S&D, ECR, ALDE y GUE/NGL sobre la revisión del factor de apoyo a las pymes(10),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2011, titulada «Un plan de acción para mejorar el acceso a financiación de las PYME» (COM(2011)0870),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2015, titulada «Plan de acción para la creación de un mercado de capitales» (COM(2015)0468),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2015, titulada «Mejorar el mercado único: más oportunidades para los ciudadanos y las empresas» (COM(2015)0550),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Directrices sobre las ayudas estatales para promover las inversiones de financiación de riesgo»(11),

–  Vista la Directiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales(12),

–  Vista la «Encuesta sobre el acceso a la financiación de las empresas de la zona del euro – abril a septiembre de 2015» del Banco Central Europeo, de diciembre de 2015,

–  Visto el segundo documento consultivo del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre las revisiones del método estándar para el riesgo de crédito, de diciembre de 2015,

–  Visto el informe de la Comisión, de 18 de junio de 2015, sobre la evaluación del Reglamento (CE) n.º 1606/2002, de 19 de julio de 2002, sobre la aplicación de las normas internacionales de contabilidad (COM(2015)0301),

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión titulado «Crowdfunding in the EU Capital Markets Union» (La microfinanciación colectiva en la Unión de los Mercados de Capitales de la UE) (SWD(2016)0154),

–  Vista la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas(13),

–  Visto el Informe Anual del Banco Central Europeo de julio de 2014(14),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de enero de 2016, titulada «Paquete de lucha contra la elusión fiscal: próximos pasos para lograr una imposición efectiva y una mayor transparencia fiscal en la UE» (COM(2016)0023),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 30 de noviembre de 2015, sobre un Reglamento relativo al folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores (COM(2015)0583),

–  Visto el informe de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) sobre el factor de apoyo a las pymes(15),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de julio de 2015, titulada «Trabajar juntos por el crecimiento y el empleo: el papel de los bancos nacionales de fomento (BNF) en el apoyo del Plan de Inversiones para Europa» (COM(2015)0361),

–  Visto el Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2016 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2015 (COM(2015)0691),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de Cultura y Educación (A8-0222/2016),

A.  Considerando que las microempresas, las pequeñas y medianas empresas y las empresas de mediana capitalización desempeñan un importante papel en la economía europea en términos de empleo y crecimiento, y que las pymes representaban en 2014 el 67 % del empleo total, el 71,4 % del aumento de empleo y el 58 % del valor añadido en el sector empresarial no financiero de la Unión(16);

B.  Considerando que la actual legislación de la Unión no contiene una definición única y expresa de las pymes, aparte de las categorías «pequeña empresa» y «empresa mediana» de la Directiva sobre contabilidad;

C.  Considerando que las pymes europeas son muy diversas e incluyen un importante número de microempresas, que operan a menudo en sectores tradicionales, así como un número cada vez mayor de empresas de nueva creación y empresas innovadoras de rápido crecimiento; que estos tipos de empresas se enfrentan a problemas diferentes y tienen, por tanto, necesidades diferentes;

D.  Considerando que la mayoría de las pymes europeas trabajan sobre todo a escala nacional; que son pocas las pymes que desarrollan actividades transfronterizas dentro de la Unión, y que las que exportan fuera de ella constituyen una exigua minoría;

E.  Considerando que el 77 % de la financiación concedida a las pymes en Europa procede de los bancos(17);

F.  Considerando que la financiación de las pymes debería ser lo más amplia posible, a fin de garantizarles un acceso óptimo a la financiación en cada una de las fases de desarrollo empresarial, y que ello incluye un entorno regulador apropiado para todas las vías de financiación, como las procedentes de bancos, mercados de capitales, títulos de deuda, arrendamiento financiero, microfinanciación colectiva, capital-riesgo, préstamos entre particulares, etc.;

G.  Considerando que los instrumentos de inversión institucionales como las compañías aseguradoras realizan una importante contribución a la financiación de las pymes mediante la transmisión y la transformación de los riesgos;

H.  Considerando que, en su informe sobre las pymes y el factor de apoyo a las pymes de marzo de 2016, la ABE ha llegado a la conclusión de que no se ha demostrado que el factor de apoyo a las pymes haya ofrecido un estímulo adicional al préstamo a este tipo de empresas en comparación con las grandes sociedades; que el mismo informe reconoce, no obstante, que tal vez sea demasiado pronto para extraer ninguna conclusión importante, habida cuenta de las limitaciones de su evaluación especialmente en lo que se refiere a los datos disponibles, la introducción relativamente reciente del factor de apoyo a las pymes, el hecho de que factores coexistentes han podido obstaculizar la observación de los efectos del factor de apoyo a las pymes y la utilización de las grandes sociedades en el grupo de control; que la ABE ha llegado a la conclusión de que, en términos generales, los bancos mejor capitalizados conceden más préstamos a las pymes y que las empresas de menor tamaño y de reciente creación tienen más probabilidades de sufrir una restricción crediticia que las empresas más grandes y más antiguas, y que el informe señala asimismo que el factor de apoyo a las pymes fue introducido por el legislador como una medida de precaución a fin de no poner en peligro la concesión de créditos a la pequeña y mediana empresa;

I.  Considerando que, a pesar de que recientemente se han registrado algunas mejoras, la financiación de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas ha sufrido en mayor medida la crisis que la financiación de las empresas de mayor tamaño, y que las pymes de la zona del euro han tenido que afrontar —y, hasta un cierto punto, siguen afrontando— un endurecimiento de las obligaciones de garantía impuestas por las entidades bancarias(18);

J.  Considerando que, desde la primera ronda de las encuestas sobre el acceso a la financiación para las pymes (SAFE), la dificultad para encontrar clientes se ha mantenido como la principal preocupación para este tipo de empresas en la zona del euro, y que el acceso a la financiación ocupa un puesto más bajo en la lista de preocupaciones; que el último estudio, publicado en diciembre de 2015, puso de manifiesto que el acceso a la financiación externa por parte de las pymes varía considerablemente entre los diferentes países de la zona del euro, y que el acceso a la financiación sigue siendo una preocupación mayor para las pymes que para las grandes empresas.

K.  Considerando que los bancos nacionales y regionales de fomento desempeñan un papel importante en la catalización de la financiación a largo plazo; que han incrementado sus actividades con el objetivo de contrarrestar el proceso necesario de desapalancamiento del sector bancario comercial, y que desempeñan también un importante cometido en la aplicación de los instrumentos financieros de la Unión más allá del alcance del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas;

L.  Considerando que la mejora del acceso a la financiación para las pymes no debería implicar una rebaja de la normativa y la regulación financiera;

M.  Considerando que en Suiza el banco WIR constituye un sistema monetario complementario utilizado principalmente por las pymes que prestan servicios de hostelería, construcción, fabricación, minoristas y profesionales; que el WIR ofrece un mecanismo de liquidación en el que las empresas pueden efectuar compras entre ellas sin usar francos suizos; que, sin embargo, el WIR se suele usar junto con el franco suizo en operaciones monetarias duales; que el comercio en WIR supone entre el 1 % y el 2 % del PIB de Suiza; que el WIR ha demostrado ser anticíclico con respecto al PIB, y aún más con respecto al número de desempleados;

N.  Considerando que, para abril de 2015, la Directiva de 2011 sobre morosidad solo había sido correctamente incorporada en veintiuno de los veintiocho Estados miembros, a pesar de que para esa fecha habían pasado ya dos años del plazo límite;

O.  Considerando que, en el Informe sobre el Mecanismo de Alerta 2016, la Comisión advierte, por una parte, que «el crecimiento ha pasado a depender más de las fuentes de demanda interna, en particular de una recuperación más pronunciada de las inversiones», y por otra, que «aunque el consumo se ha reforzado recientemente, la demanda interna sigue siendo discreta, en parte a causa de las importantes presiones relacionadas con el desapalancamiento en varios Estados miembros»;

P.  Considerando que la Directiva 2004/113/CE del Consejo prohíbe la discriminación sexual en el acceso a los bienes y servicios, incluidos los servicios financieros; que se ha comprobado que el acceso a la financiación es uno de los principales obstáculos para las mujeres emprendedoras, y que estas tienden a iniciar sus negocios con menos capital, pedir préstamos inferiores y recurrir a la familia antes que a la financiación mediante endeudamiento o fondos propios;

Diversas necesidades de financiación de un sector de las pymes heterogéneo

1.  Reconoce la diversidad de las pymes, incluidas las microempresas, y las empresas de mediana capitalización en los Estados miembros, lo que se refleja en los modelos de negocio, el tamaño, la posición geográfica, el entorno socioeconómico, las fases de desarrollo, la estructura financiera, la forma jurídica y los diferentes niveles de formación en emprendimiento;

2.  Reconoce los desafíos que deben afrontar las pymes como consecuencia de las diferencias en las necesidades y las condiciones de financiación entre los Estados miembros y las regiones, especialmente en lo que se refiere al volumen y los costes de los fondos disponibles, que se ven influidos por factores específicos para las pymes y los países y regiones en que están establecidas, incluidos la volatilidad económica, el crecimiento lento y una mayor fragilidad financiera; señala asimismo otros desafíos para las pymes, como el acceso a los consumidores; destaca que los mercados de capitales están fragmentados y regulados de distinta forma en la Unión, y que una parte de la integración conseguida se ha perdido como consecuencia de la crisis;

3.  Destaca que la necesidad de diversificar y mejorar las opciones de financiación pública y privada para las pymes no termina después de la fase de puesta en marcha, sino que continúa a lo largo de todo su ciclo de vida, al tiempo que señala que es necesario contar con un planteamiento estratégico a largo plazo que garantice la financiación empresarial; señala que el acceso a la financiación es también importante para la transmisión de las empresas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen a las pymes en este proceso, en particular en el primer año de funcionamiento; señala la necesidad de respaldar un planteamiento diversificado y adaptado a las diferentes exigencias en lo que se refiere a la regulación y a las iniciativas que deben apoyarse; destaca que no existe un modelo único de financiación, y pide a la Comisión que apoye el desarrollo de una amplia gama de programas, instrumentos e iniciativas adaptados a las diferentes necesidades, con el fin de ayudar a las empresas en sus fases de puesta en marcha, crecimiento y transmisión, teniendo debidamente en cuenta su tamaño, su volumen de negocio y sus necesidades de financiación; señala que la iniciativa empresarial femenina opera más a menudo en el sector de los servicios y se basa en mayor medida en recursos inmateriales; señala que el bajo porcentaje de mujeres que dirigen pymes se debe en parte a una mayor dificultad para acceder a la financiación; lamenta que en 2013 el instrumento europeo de microfinanciación Progress, cuyo objetivo es fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, presentara una relación de 60:40 entre hombres y mujeres en los micropréstamos; pide, por tanto, a la Comisión que se asegure de que sus programas dirigidos a facilitar el acceso a la financiación para las pymes no discriminen a las mujeres emprendedoras;

4.  Pide a la Comisión que evalúe la discriminación que deben afrontar las pymes dirigidas por otros grupos vulnerables de la sociedad;

5.  Considera que un sector de los servicios financieros diversificado, bien regulado y estable que ofreciera toda una gama de opciones de financiación eficientes en cuanto a los costes y adaptadas a las diferentes exigencias sería la mejor forma de responder a las necesidades reales de financiación de las pymes y de la economía real y facilitaría el desarrollo sostenible a largo plazo; destaca, en este sentido, la importancia que revisten los modelos bancarios tradicionales, en particular los pequeños bancos regionales, las cooperativas de ahorro y las instituciones públicas; señala, a este respecto, la necesidad de prestar la misma atención a la mejora del acceso a la financiación para las microempresas y los emprendedores independientes;

6.  Alienta a las pymes a que consideren el conjunto de la Unión como su mercado interno y aprovechen el potencial del mercado único para sus necesidades de financiación; acoge con satisfacción las iniciativas de la Comisión en apoyo de las pymes y las empresas de nueva creación en un mercado único mejorado, al tiempo que insta a la Comisión a seguir elaborando propuestas adaptadas a las necesidades de las pymes; considera que la iniciativa Start-up Europe debería ayudar a las pequeñas empresas innovadoras brindándoles apoyo hasta que sean operativas; destaca la importancia que reviste, en este contexto, la convergencia de las normas y los procedimientos en la Unión, así como la aplicación de la iniciativa en favor de las pequeñas empresas («Small Business Act»); pide a la Comisión que lleve a cabo un seguimiento de la «Small Business Act», que ayudará a las empresas a superar los obstáculos materiales y normativos; reconoce, en este mismo contexto, que la innovación es un motor clave para el crecimiento y el empleo sostenibles en la Unión, y que debe prestarse más atención a las pymes innovadoras; hace hincapié en el potencial cometido de la política de cohesión de la Unión y sus fondos regionales como una fuente de financiación de las pymes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la coordinación, la coherencia y las sinergias entre los diferentes instrumentos y programas europeos en favor de las pymes, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan un enfoque integral en los procedimientos de difusión de información sobre todas las oportunidades de financiación de la Unión Europea; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que realicen progresos significativos en el proceso de simplificación, con el fin de conferir un mayor atractivo a la financiación de las pymes;

7.  Recuerda que un entorno jurídico y empresarial más armonizado y que apoye los pagos puntuales en las operaciones comerciales es clave para el acceso a la financiación; destaca, en este contexto, los problemas financieros que sufren las pymes y la situación de incertidumbre que experimentan los proveedores como resultado de la morosidad por parte de las grandes empresas y las instituciones y organismos públicos; pide a la Comisión que, cuando proceda a la revisión de la Directiva sobre morosidad, evalúe la introducción de medidas específicas orientadas a facilitar los pagos para las pymes; pide a la Comisión que publique su informe relativo a la aplicación de la Directiva sobre morosidad, previsto para el 16 de marzo de 2016, y formule, en su caso, nuevas propuestas dirigidas a minimizar los riesgos en los pagos transfronterizos y evitar las perturbaciones en los flujos de efectivo en general;

8.  Celebra la iniciativa de la Comisión de relanzar los trabajos sobre la creación de un auténtico mercado europeo de los servicios financieros al por menor con la publicación del Libro Verde sobre los servicios financieros al por menor (2015); pide a la Comisión que conceda especial atención a las características específicas de las pymes y garantice que las actividades transfronterizas en el sector de los servicios financieros al por menor conducen a un mejor acceso de estas a la financiación;

9.  Señala que, en particular, las empresas de nueva creación y las microempresas tienen dificultades para obtener una financiación adecuada, así como para determinar y cumplir los requisitos financieros regulatorios, especialmente en la fase de desarrollo; señala la falta de armonización de las legislaciones nacionales relativas a la creación de pymes; alienta, por tanto, a los Estados miembros a que prosigan sus esfuerzos encaminados a reducir las barreras administrativas y crear ventanillas únicas que actúen como centros de gestión de todos los requisitos regulatorios para los emprendedores; alienta, en este mismo contexto, a los Estados miembros, al BEI y a los bancos nacionales de fomento a que faciliten información sobre las opciones de financiación y los programas de garantía de préstamos;

10.  Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de determinar los obstáculos y barreras indebidos al sector financiero con el objeto de facilitar la financiación de la economía real, en particular de las pymes; destaca que el establecimiento de un mercado europeo de capitales que funcione correctamente es una de las iniciativas más importantes para el sector financiero; subraya la importancia que reviste la simplificación o la modificación de las normas que han tenido consecuencias no deseadas para las pymes o han inhibido su desarrollo; destaca que debería ser posible simplificar la legislación sin que ello implique una relajación innecesaria de las normas de regulación del sector financiero; insiste, asimismo, en que las nuevas propuestas de la Comisión no redunden en una mayor complejidad de la regulación que pueda afectar negativamente a las inversiones; considera que el enfoque europeo de la regulación financiera y la Unión de los Mercados de Capitales deberían tener debidamente en cuenta la evolución internacional, con el fin de evitar las divergencias y las duplicaciones innecesarias en la legislación y mantener a Europa como un emplazamiento atractivo para los inversores internacionales; destaca que la economía europea debe atraer un alto volumen de inversión directa extranjera (IED), en particular IED productivas, y estimular no solo los mercados de capitales, sino también el sector del capital de inversión, el capital-riesgo y las inversiones en la industria europea; considera, por otra parte, que la Comisión y los Estados miembros deberían adoptar un plan estratégico de apoyo a la financiación de las pymes que facilite su internacionalización;

11.  Reitera que la revisión de las normas que regulan la contratación pública y las concesiones no deberían perjudicar el acceso de las pymes y las microempresas a los mercados de contratación pública;

12.  Pide a la Comisión y al Consejo que presten más atención a las preocupaciones de las pymes por el lado de la demanda y que ello se refleje de forma más apropiada en la recomendación sobre la política económica de la zona del euro, en las recomendaciones específicas por países y en la evaluación ex post del cumplimiento de estas recomendaciones por los Estados miembros;

Créditos bancarios a las pymes

13.  Reconoce que los préstamos bancarios son tradicionalmente la fuente más importante de financiación externa para las pymes de la Unión, dado que la financiación de origen bancario representa más de tres cuartas partes de la financiación de este tipo de empresas, en comparación con menos de la mitad en los Estados Unidos, lo que la hace especialmente vulnerables a la restricción del crédito bancario; constata que la crisis financiera ha contribuido a la fragmentación de la financiación bancaria y de las condiciones de los préstamos bancarios; lamenta la brecha actual —aunque muestra una tendencia decreciente— en las condiciones crediticias que se ofrecen a las pymes establecidas en diferentes países de la zona del euro, que reflejan a su vez las diferencias en la percepción del riesgo y en las condiciones económicas; señala las contribuciones de la Unión Bancaria para abordar esta fragmentación; pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva 2004/113/CE y colaboren con el sector financiero teniendo en cuenta su obligación de garantizar el pleno acceso en condiciones de igualdad a los préstamos bancarios para las pymes; destaca el cometido importante y bien desarrollado que desempeñan las entidades bancarias con conocimientos locales y regionales específicos en la financiación de las pymes, gracias a las relaciones que establecen a largo plazo con este tipo de empresas; señala que, cuando existen bancos locales bien desarrollados, estos han dado prueba de su eficacia a la hora de conceder préstamos a las pymes y evitar pérdidas; destaca, por tanto, la importancia de desarrollar los servicios bancarios locales;

14.  Destaca que, a pesar de los progresos de la digitalización y de que, como consecuencia de ello, están apareciendo nuevas fuentes de financiación, la presencia local de entidades de crédito tradicionales, especialmente en las islas, los archipiélagos y las zonas rurales, apartadas y periféricas, sigue siendo fundamental para el acceso de las pymes a la financiación;

15.  Alienta a los bancos a que consideren el conjunto de la Unión como su mercado interno y aprovechen el potencial del mercado único para ofrecer financiación a las pymes, en particular a aquellas que no tienen su sede social en el Estado miembro donde está domiciliada la entidad financiera de que se trate;

16.  Alienta a la Comisión que considere la posibilidad de introducir programas de «financiación para préstamos» que facilite la puesta a disposición de las entidades bancarias de fondos del BCE con la única finalidad de canalizarlos hacia los préstamos a las pymes; insta a la Comisión a que evalúe las posibilidades de desarrollar nuevas iniciativas para atraer las inversiones;

17.  Destaca el importante cometido que desempeñan los bancos de fomento y las instituciones nacionales y regionales en la financiación del sector de las pymes; recuerda su posición central en el sector dedicado a las pymes del FEIE y la función que desempeñan en el proceso de participación de los Estados miembros en los proyectos del FEIE; considera que el FEIE constituye una importante fuente de financiación para las pymes; considera que el BEI y el FEI deben redoblar sus esfuerzos dirigidos a ofrecer a las pymes los conocimientos técnicos necesarios para acceder a la financiación y las herramientas que les permitan establecer contactos con inversores como European Angels Fund, entre otros; pide a la Comisión que evalúe el cometido de los bancos de fomento nacionales y regionales como catalizadores de la financiación a largo plazo para las pymes, que, en particular, identifique y difunda las mejores prácticas, y que, partiendo de esta base, aliente a la creación de bancos de fomento nacionales y regionales en aquellos Estados miembros que no cuenten todavía con este tipo de entidades; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan el crecimiento integrador y garanticen una mayor coordinación y coherencia entre todas las políticas de inversiones de la Unión dirigidas a las pymes, incluidos el FEIE, los fondos regionales y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI);

18.  Reitera que también es importante mejorar e incrementar las capacidades de préstamo a las pymes por parte de los bancos; señala que, por sí solo, el recurso a los mercados de capitales no ofrecerá una financiación suficiente ni las soluciones adecuadas en este ámbito, en particular en lo que se refiere al acceso al capital por parte de las pymes; señala que la diversificación de las fuentes de crédito aportaría una mayor estabilidad al sector financiero;

19.  Destaca que contar con un sector bancario y una Unión de los Mercados de Capitales saludables, estables y resilientes es un requisito imprescindible para reforzar el acceso de las pymes a la financiación; señala que el Reglamento sobre Requisitos de Capital (RRC) y la Directiva sobre Requisitos de Capital (DRC IV), en lo que se refiere en particular a un mayor nivel y calidad del capital, constituyen una respuesta directa a la crisis y forman el núcleo de la nueva estabilidad del sector financiero; acoge con satisfacción que, en el proceso de revisión del RRC, la Comisión considere la concesión de préstamos a las pymes como uno de sus ámbitos prioritarios; señala que la Comisión explora las posibilidades de que todos los Estados miembros se beneficien de los servicios de las cooperativas de crédito locales que operan al margen de las normas de la Unión sobre requisitos de capital aplicables a las entidades bancarias; destaca la necesidad de una normativa prudente para las cooperativas de crédito que garantice tanto la estabilidad financiera como la posibilidad de que estas cooperativas ofrezcan crédito a tipos competitivos;

20.  Constata los múltiples requisitos regulatorios para las entidades bancarias y sus posibles efectos negativos para la concesión de préstamos a las pymes, al tiempo que recuerda que dichos requisitos se establecieron como respuesta a la crisis financiera; destaca la necesidad de evitar la duplicación de los requisitos de información y la multiplicidad de los canales de información y, en términos más generales, la imposición de cargas administrativas innecesarias a las entidades de crédito, en especial a los bancos de menor tamaño; pide a la Comisión que evalúe los efectos de los requisitos regulatorios para los bancos con respecto a la concesión de préstamos a las pymes, con el respaldo de la ABE y el Mecanismo Único de Supervisión (MUS);

21.  Señala que la concesión de préstamos a las pymes no fue la causa de la crisis financiera; recuerda la decisión de los colegisladores de introducir el factor de apoyo a las pymes en el marco del paquete RRC/DRC IV, y que la finalidad de este instrumento era conseguir que los requisitos de capital para los préstamos a las pymes se ajustara a los niveles del acuerdo de Basilea II en lugar de Basilea III; destaca la importancia del factor de apoyo a las pymes para mantener e incrementar los préstamos bancarios a las pymes; toma nota del informe de la ABE de marzo de 2016 sobre el factor de apoyo a las pymes; expresa su preocupación por el posible impacto negativo de su supresión; celebra la intención de la Comisión de mantener el factor de apoyo, de proseguir su proceso de evaluación y de examinar si debería aumentarse el umbral con el fin de facilitar en mayor medida el acceso de las pymes a los préstamos bancarios; pide a la Comisión que examine la posibilidad de recalibrar el factor de apoyo, incluidos el tamaño y el umbral, y las posibles interacciones con otros requisitos regulatorios, así como elementos externos como la situación geográfica y el entorno socioeconómico, con miras a reforzar sus efectos; pide a la Comisión que considere la posibilidad de conferir un carácter permanente al factor de apoyo; pide al Comité de Supervisión Bancaria de Basilea que respalde el factor de apoyo y que considere la posibilidad de reducir las exigencias de capital para las exposiciones en el caso de las pymes;

22.  Destaca que la evaluación prudente de los riesgos y la evaluación de los datos cualitativos cuentan entre los principales puntos fuertes de los bancos, en particular por lo que se refiere a los préstamos complejos a las pymes; considera que el sector bancario debería seguir ampliando sus conocimientos y su concienciación con respecto a las particularidades de las pymes; destaca la naturaleza confidencial de la información crediticia que reciben las entidades bancarias en el proceso de evaluación de la solvencia crediticia de las pymes;

23.  Acoge con satisfacción las diferentes iniciativas desplegadas actualmente para mejorar la disponibilidad de información crediticia estandarizada y transparente para las pymes, que tienen el potencial de reforzar la confianza de los inversores; hace hincapié, no obstante, en la necesidad de aplicar el principio de proporcionalidad al solicitar dicha información crediticia;

24.  Destaca que la proporcionalidad es un principio orientador al que deben atenerse las instituciones europeas, las autoridades europeas de supervisión y el MUS cuando desarrollan y aplican regulaciones, normas, directrices y prácticas de supervisión; pide a la Comisión que, de forma concertada con los colegisladores, formule nuevas orientaciones dirigidas a las autoridades europeas de supervisión y al BCE/MUS sobre las modalidades de aplicación del principio de proporcionalidad, y que insista en su mantenimiento sin relajar por ello los actuales estándares reguladores y facilitando la simplificación de la legislación;

25.  Destaca los beneficios de las garantías de terceros en los acuerdos de préstamo para emprendedores; exige que estas garantías de terceros se tengan más en cuenta a la hora de evaluar las calificaciones crediticias, así como las normas y las prácticas de supervisión prudencial;

26.  Recuerda que, previa solicitud, las entidades de crédito deben justificar a las pymes sus decisiones de calificación; pide a la Comisión que evalúe la aplicación de esta disposición y refuerce las disposiciones enunciadas en el artículo 431, apartado 4, del RRC, alentando al mismo tiempo a las entidades a informar a las pymes sobre las decisiones adoptadas; toma nota de que la Comisión está tratando con las partes interesadas pertinentes la mejora de la calidad y la coherencia de dicha información; señala que este proceso podría ser el punto de partida para encontrar fuentes de información y asesoramiento sobre la financiación no bancaria;

27.  Señala que las calificaciones crediticias son un elemento importante, y a veces determinante, de las decisiones de inversión; recuerda la existencia en algunos Estados miembros de sistemas internos de evaluación del crédito (ICAS) gestionados por los bancos centrales nacionales, cuya finalidad es evaluar la admisibilidad de los activos de garantía y que permiten a las pymes obtener una evaluación de su solvencia; pide a la Comisión, al BCE y a los bancos centrales nacionales que sigan estudiando si estos sistemas podrían utilizarse —y en su caso, de qué forma— para ayudar a las pymes a acceder a los mercados de capitales;

28.  Insta a la Comisión y a la ABE a que refuercen sus orientaciones sobre la aplicación de la actual normativa sobre reestructuración y refinanciación; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto del régimen actual de reestructuración y refinanciación con respecto a los préstamos no productivos, al tiempo que recuerda que los préstamos no productivos en los balances de las entidades bancarias obstaculizan la concesión de nuevos préstamos, en particular a las pymes; destaca que la introducción de un límite de minimis para las pequeñas infracciones contribuiría a evitar una disminución innecesaria e injustificada de la solvencia crediticia de las pymes; toma nota de las actuales consultas con el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea sobre la definición de las exposiciones no productivas y las prácticas de reestructuración y refinanciación;

29.  Señala que las restricciones a la adquisición de títulos de deuda pública por las entidades bancarias o el aumento de la ponderación de esa deuda podría redundar en un aumento de los costes crediticios y acentuar la brecha competitiva en el seno de la Unión, a menos que dichas restricciones se impusieran en determinadas condiciones;

30.  Toma nota de las medidas adoptadas por el BCE el 10 de marzo de 2016 y, en particular, de la nueva serie de cuatro operaciones de financiación a un plazo más largo con objetivo específico (TLTRO II), que incentivarán los préstamos bancarios a la economía real; destaca que, por sí solas, las políticas monetarias no son suficientes para impulsar el crecimiento y las inversiones y que deben ir acompañadas de políticas fiscales y reformas estructurales adecuadas;

31.  Destaca la importancia de las instituciones públicas en cuanto alternativa a la banca privada como fuente de financiación para las pymes;

32.  Pide a la Comisión que examine la cuestión de la proporcionalidad en los procedimientos de reembolso anticipado de los préstamos en la Unión Europea, por ejemplo estableciendo un límite a los costes para las pymes e imponiendo una mayor transparencia en los contratos que afectan a este tipo de empresas;

Fuentes de financiación de las pymes no fundamentada en las entidades bancarias

33.  Pide a los Estados miembros que promuevan una cultura de asunción de riesgos orientada a los mercados de capitales; reitera que la educación financiera destinada a las pymes no solo es crucial para impulsar la concesión de préstamos bancarios, sino también para conseguir que las soluciones basadas en los mercados de capitales sean más utilizadas y aceptadas y para alentar a las mujeres y los jóvenes a crear negocios y a expandirlos, facilitando al mismo tiempo la evaluación de los costes, los beneficios y los riesgos asociados; destaca la importancia que reviste la obligación de suministrar información financiera clara; alienta a los Estados miembros a que incluyan los principios básicos de la formación financiera y la ética empresarial en los planes de estudios preuniversitarios y universitarios, con el fin de promover la implicación de los jóvenes en las actividades de las pymes; pide a los Estados miembros y a la Comisión que mejoren la cultura financiera, así como el acceso a las competencias financieras y a los conocimientos relativos a las pymes, favoreciendo al mismo tiempo el intercambio de las mejores prácticas; señala, no obstante, que esta responsabilidad recae también en las propias pymes;

34.  Destaca las ventajas que reviste el arrendamiento financiero para las pymes mediante la liberación del capital de una empresa con el fin de realizar nuevas inversiones en crecimiento sostenible;

35.  Señala que la Unión de los Mercados de Capitales constituye una oportunidad tanto para colmar las lagunas de la regulación en el marco actual como para armonizar la regulación transfronteriza; constata que, cuando el préstamo bancario no satisface las necesidades financieras y empresariales de las pymes, se crea un vacío de capital; destaca que el actual desarrollo de la Unión de los Mercados de Capitales debe acompañarse de un esfuerzo constante para conseguir la convergencia de los procesos y los procedimientos de la Unión; considera que debe procederse a la evaluación del actual marco de regulación financiera, en particular en lo que se refiere a sus efectos para las pymes; subraya que esta evaluación debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las recomendaciones pertinentes en cuanto a la viabilidad de las medidas introducidas; pide a la Comisión que ofrezca un marco regulador ajustado a las características de los emisores de financiación para las pymes que no sea gravoso para ellas y sea capaz de granjearse la confianza de los inversores; considera que, en una Unión de los Mercados de Capitales integradora y correctamente diseñada, todos los participantes del mercado que tengan las mismas características pertinentes deben estar sujetos a un mismo marco normativo, tener igual acceso a una serie de instrumentos y servicios financieros y recibir el mismo trato cuando operan en el mercado; acoge con satisfacción el plan de acción de la Comisión para la Unión de los Mercados de Capitales, cuya finalidad es garantizar el acceso de las pymes a un amplio abanico de opciones de financiación; destaca que los modelos de financiación bancaria y de financiación mediante capital deberían ser complementarios;

36.  Recuerda los costes considerables que el acceso a los mercados de capitales, y en particular a los mercados de acciones y de deuda, ocasiona a las pymes; hace hincapié en la necesidad de una regulación adecuada que prevea unos requisitos de información y cotización en Bolsa menos complejos y gravosos para las pymes, de forma que se eviten las duplicaciones y se reduzcan los costes de acceso a los mercados de capitales sin poner en peligro la protección de los inversores o la estabilidad financiera de carácter sistémico; toma nota de la introducción de un régimen de información mínima para las pymes en la propuesta de la Comisión de un nuevo Reglamento sobre el folleto de emisión​ que actualmente se está debatiendo; señala que la regulación no debería crear obstáculos demasiado elevados, por ejemplo, entre las diferentes categorías de tamaño o entre sociedades cotizadas y no cotizadas; considera, por tanto, que convendría optar por un enfoque por etapas con requisitos de reguladores cuya exigencia aumente de forma gradual; remite, en este sentido, a las previsiones de expansión de los mercados de las pymes en la MiFID II, al tiempo que insta a una rápida aplicación de este instrumento;

37.  Destaca la importancia que reviste una información sobre la financiación de las pymes destinada a las entidades bancarias, los inversores, los supervisores y otras partes interesadas que sea transparente, normalizada y disponible públicamente para entender el perfil del riesgo, tomar decisiones informadas y reducir los costes de la financiación; considera que la creación de una base de datos europea que recopilara información sobre las estrategias comerciales y las necesidades de financiación de las pymes, en las que estas introducirían y actualizarían voluntariamente sus datos, podría servir para este fin; pide a la Comisión que considere la posibilidad de introducir un número único de identificación de las pymes; insiste en el potencial que ofrecen las estructuras de asociación de los agentes bancarios y no bancarios para prestar apoyo a las pymes; celebra la estrategia de información de la Comisión para las pymes, especialmente en lo que se refiere a la determinación de las principales capacidades de asesoramiento y apoyo a las pymes que buscan una financiación alternativa en los diferentes Estados miembros y promueven los ejemplos de mejores prácticas a escala de la Unión y en lo que concierne al examen de las posibilidades de prestar apoyo a los sistemas de información paneuropeos que actúen como interfaz entre las pymes y los proveedores de financiación alternativa;

38.  Recuerda que las normas contables son fundamentales en la medida en que determinan la forma de suministraron la información a los supervisores y en cuanto que la carga administrativa impuesta a las empresas difiere según las normas contables que se apliquen; toma nota del actual debate sobre la conveniencia de diseñar normas contables comunes de carácter específico para las pymes y espera nuevas reflexiones sobre este asunto;

39.  Destaca el potencial de la nueva tecnología financiera innovadora (FinTech) para mejorar la interfaz entre las pymes y los futuros inversores; pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten el desarrollo de iniciativas FinTech y estudien los riesgos potenciales y la necesidad de un marco regulador europeo armonizado apropiado que no obstaculice la innovación;

40.  Destaca la necesidad de promover la innovación a través de plataformas de préstamo; alienta a los bancos a considerar el uso de estas tecnologías innovadoras como una oportunidad; destaca que las fuentes alternativas de financiación brindan soluciones, en particular, para las empresas de nueva creación, las mujeres emprendedoras y las pymes innovadoras; pide a la Comisión que considere la necesidad y analice el potencial de un marco armonizado a escala de la Unión Europea en favor de las fuentes alternativas de financiación, con el fin de aumentar la disponibilidad de este tipo de financiación para las pymes en el conjunto de la Unión; recuerda que, para que el sistema sea eficiente, tanto las pymes como los prestamistas deben ser plenamente conscientes de los posibles riesgos y oportunidades del mecanismo de financiación; señala que las legislaciones y las normas en vigor sobre la microfinanciación colectiva varían mucho entre los Estados miembros y no parecen haber contribuido a fomentar la actividad transfronteriza; acoge con satisfacción la evaluación de la Comisión del actual marco regulador de la microfinanciación colectiva; apoya la iniciativa adoptada con miras a supervisar de forma continua el mercado y la evolución del marco regulador, promover una armonización más estrecha de los enfoques reguladores y el intercambio de mejores prácticas y facilitar las inversiones transfronterizas; solicita, asimismo, que la microfinanciación colectiva y los préstamos inter pares no se regulen de tal forma que impida su desarrollo; pide a la Comisión que fomente nuevas plataformas para la financiación mediante capital de inversión, tales como la financiación «de entresuelo» y la financiación informal; pide a la Comisión que fomente la concesión segura de préstamos a empresas por parte de particulares mediante préstamos inter pares o bonos minoristas; hace hincapié en la necesidad de garantizar que estas nuevas formas de financiación cumplan plenamente la normativa fiscal y financiera pertinente, a fin de que no se conviertan en un instrumento de la elusión fiscal o la opacidad financiera; destaca la necesidad de revisar la legislación actual a este respecto;

41.  Toma nota de las propuestas de la Comisión relativas a un marco de titulizaciones simples, transparentes y normalizadas y de calibrado de los requisitos prudenciales aplicables a las entidades bancarias; señala tanto los posibles riesgos como los potenciales beneficios asociados a la titulización de las pymes; señala los posibles efectos de estas propuestas en el crédito bancario y la inversión en las pymes; destaca la necesidad de transparencia en lo que se refiere a los riesgos subyacentes y a la necesidad de contribuir a la estabilidad del sistema financiero;

42.  Señala que la heterogeneidad de las legislaciones nacionales en el ámbito de la insolvencia y la consiguiente inseguridad jurídica representan uno de los obstáculos a la inversión transfronteriza en las pymes y las empresas de nueva creación; considera que un sistema normativo simplificado y armonizado en este ámbito apoyaría las empresas de nueva creación, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas y contribuiría a mejorar el entorno empresarial de la Unión; celebra, por tanto, la decisión de la Comisión de abordar este problema mediante una propuesta legislativa, en el sentido señalado en su plan de acción para la Unión de los Mercados de Capitales, y espera con interés la presentación de dicha propuesta; estima que la Comisión debería considerar distintas opciones para aplicar un marco de la Unión Europea en materia de insolvencia y formular recomendaciones a los Estados miembros con el fin de que estos puedan adoptar o aplicar medidas legislativas que contemplen unos regímenes de insolvencia eficaces y transparentes y un proceso de reestructuración oportuno, así como la supresión de las cargas reguladoras y administrativas impuestas a las pymes, tal como señalan las recomendaciones específicas por países;

43.  Destaca el potencial de la financiación con capital de inversión y capital-riesgo, en particular en el caso de las empresas de nueva creación no cotizadas y las pymes innovadoras; señala que estos mercados están infradesarrollados en la Unión; acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de revisar la legislación relativa al fondo de capital-riesgo europeo (EuVECA) y el fondo de emprendimiento social europeo (EuSEF); destaca, por otra parte, la necesidad urgente de que la Comisión aborde el problema de la fragmentación en las fronteras nacionales en todo el sector europeo de los fondos de inversión;

44.  Destaca la influencia que ejercen sobre la capacidad de financiación interna de las pymes el diseño de las estructuras de los impuestos de sociedades y sobre la renta y las eventuales facilidades fiscales; señala que la fiscalidad de las pymes y de algunas empresas multinacionales presenta grandes diferencias en muchos Estados miembros, lo que tiene efectos adversos en la competitividad de las pymes y reduce considerablemente la eficacia de su financiación a partir de fuentes distintas; señala que, debido a las prácticas fiscales desleales de algunas empresas multinacionales, las pymes deben hacer frente a una imposición un 30 % más elevada que la que deberían soportar si no se dieran tales prácticas, con los consiguientes efectos para su capacidad de financiación interna; celebra, en este contexto, el paquete de medidas contra la elusión fiscal presentado por la Comisión con el fin de establecer un sistema fiscal más sencillo, justo y eficaz en la Unión Europea; señala que los Estados miembros deberían comprometerse con el establecimiento de una fiscalidad justa, eficaz y transparente que atraiga las inversiones y la financiación, con el fin de facilitar la creación y el crecimiento de las pymes; destaca la necesidad de introducir exenciones financieras para las pymes, especialmente en su fase inicial, con el fin de consolidar su base financiera para que puedan abordar las etapas siguientes de su ciclo de vida; destaca la necesidad de una política fiscal que reduzca la carga tributaria general y la que pesa en particular sobre los trabajadores y las empresas; hace hincapié en la importancia de corregir el sesgo fiscal existente entre la deuda y los fondos propios;

45.  Señala que las ayudas públicas directas que no distorsionen las ventajas de la competitividad son a veces necesarias para garantizar la financiación de las empresas de nueva creación, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, en especial cuando las condiciones socioeconómicas no permiten otra fuente de acceso a la financiación; destaca la importancia que reviste la transparencia con respecto a los planes públicos y las ayudas públicas de apoyo a la inversión en las pymes, así como la aparición de nuevas entidades de inversión y financiación;

46.  Insta a los Estados miembros a que estudien y se apoyen en la experiencia del sistema WIR suizo, que fue creado en 1934 y se basa en una asociación de compensación de crédito entre pymes, teniendo en cuenta que el WIR desempeña con éxito una función de estabilización macroeconómica en los momentos de restricción crediticia o crisis de liquidez;

47.  Pide a la Comisión que presente un informe anual al Parlamento Europeo en el que exponga la situación de las iniciativas de aplicación y sus efectos en la mejora del acceso a la financiación para las pymes en Europa; pide a la Comisión que incluya su propia evaluación de la dirección estratégica y, cuando proceda, los cambios que recomienda llevar a cabo;

48.  Pide a la Comisión que examine la adecuación del apoyo financiero que ofrecen a las pymes los actuales instrumentos como los fondos estructurales y otros programas pertinentes, teniendo en cuenta los objetivos perseguidos y, cuando proceda, su función amortiguadora de los efectos de la crisis en las pymes;

49.  Reconoce la importancia creciente de las microempresas y las pymes de los sectores cultural y creativo para la inversión, el crecimiento, la innovación y el empleo, así como en su función clave en el mantenimiento y la promoción de la diversidad cultural y lingüística;

50.  destaca que, en octubre de 2013, la publicación de los resultados de la encuesta de la Comisión titulada «Survey on access to finance for cultural and creative sectors» puso de manifiesto las enormes dificultades que deben afrontar las empresas culturales y creativas para acceder al crédito, así como el déficit financiero de dichas empresas por un importe total estimado entre 8 000 y 13 300 millones de euros;

51.  Destaca que, de acuerdo con las cifras de Eurostat, el 2,9 % de la población activa de la Unión —esto es, 6,3 millones de personas— trabajaba en los sectores cultural y creativo en 2014, una cifra comparable al porcentaje de la población activa empleada en el sector bancario y de los seguros; que los sectores cultural y creativo representan cerca del 4,5 % de la economía europea, dado que casi 1,4 millones de pequeñas y medianas empresas producen y distribuyen contenidos creativos en toda Europa; que el empleo en los sectores cultural y creativo no ha dejado de crecer desde 2008, y que estos dos sectores cuentan entre los que registran un mayor ritmo de crecimiento en la economía europea, aportando alrededor del 4,2 % del PIB total de la Unión;

52.  Reconoce que la cultura y la innovación resultan cruciales a la hora de ayudar a las regiones a atraer inversiones; señala que no es probable que los empleos del sector cultural sean deslocalizados, dada su vinculación a competencias culturales e históricas específicas que contribuyen al mismo tiempo a preservar una amplia gama de artes y oficios tradicionales; destaca la importancia que reviste apoyar a las pymes que utilizan lenguas minoritarias o menos utilizadas, que protegen y promueven la verdadera diversidad cultural y lingüística de Europa, respaldando los proyectos empresariales de nueva creación desarrollados por jóvenes comprometidos con la preservación de la cultura y el patrimonio;

53.  Destaca que una mayor promoción y financiación de los sectores cultural y creativo contribuirá a la creación de nuevos empleos y a la lucha contra el paro juvenil, dado el gran número de jóvenes que cursan estudios en este ámbito; destaca que, según los datos de un estudio reciente, los sectores cultural y creativo emplean a más personas de entre 15 y 29 años que cualquier otro sector económico (un 19,1 % del empleo total en los sectores cultural y creativo frente a un 18,6 % en el resto de la economía)(19); alienta a los Estados miembros a potenciar el desarrollo de competencias culturales y creativas y a crear redes de desarrollo de capacidades empresariales entre los sistemas educativos y de formación, las empresas del sector creativo y las instituciones culturales y artísticas, con miras a favorecer la adopción de un enfoque interdisciplinar; insta, asimismo, a la Unión y a los Estados miembros a que difundan soluciones encaminadas a incentivar el desarrollo de talentos y competencias en los sectores cultural y creativo, mediante, por ejemplo, la concesión de becas innovadoras y flexibles en apoyo de la creatividad, la innovación y el desarrollo del talento;

54.  Señala que, según el estudio realizado en 2013 por la Comisión, los obstáculos al acceso a la financiación en los sectores cultural y creativo tienen características muy específicas, por ejemplo más dificultades para atraer capital e inversiones debido a las limitaciones de las bases de datos, la falta de información fácilmente disponible, la dependencia de sistemas de inversión públicos y la falta de información suficiente derivada de problemas a la hora de evaluar los riesgos y la propiedad intangible, como los derechos de propiedad intelectual;

55.  Destaca por tanto que, a fin de mejorar el acceso a la financiación en los sectores cultural y creativo, es necesario elaborar soluciones sectoriales específicas que faciliten el acceso a la financiación y desarrollar, en particular, competencias que permitan evaluar los riesgos específicos que plantean la falta de garantías tangibles, la dependencia de activos intangibles y la incertidumbre de la demanda del mercado en una época de transformaciones digitales; constata que estas competencias son necesarias tanto para las microempresas y las pymes como para las entidades financieras; destaca que los derechos de propiedad intelectual pueden ser aceptados como garantía; destaca la importancia que reviste disponer de un marco legislativo armonizado que regule la fiscalidad y la propiedad intelectual en la Unión, lo cual podría contribuir a atraer inversiones y financiación en favor de las pymes culturales y creativas;

56.  Acoge con satisfacción el lanzamiento del Instrumento de Garantía del Programa Europa Creativa, a pesar de los importantes retrasos que ha sufrido, dado que es uno de los medios esenciales para satisfacer la apremiante necesidad de acceder a financiación mediante préstamos para el desarrollo de proyectos innovadores y sostenibles en los sectores cultural y creativo, incluidas las microempresas, las pymes, las pequeñas asociaciones sin ánimo de lucro y las ONG, así como para garantizar la remuneración justa de los creadores; acoge con satisfacción la iniciativa del sistema de formación integrada que ofrece el mecanismo de garantía al sector bancario y a los intermediarios financieros; recomienda vivamente que se adopten las medidas necesarias a lo largo de 2016, tal como indicaba la propuesta inicial de la Comisión; recuerda que, según la evaluación ex ante realizada por la Comisión, se espera que el déficit de financiación supere los 1 000 millones de euros al año y que este déficit equivale al importe de las inversiones perdidas, bien sea porque se niegan los préstamos a empresas con sólidas estrategias comerciales y un buen perfil de riesgo o bien porque las propias empresas deciden no solicitarlos por carecer de suficientes activos de garantía;

57.  Acoge con satisfacción el nuevo informe publicado por el grupo de expertos de los Estados miembros de la Unión sobre el acceso a la financiación de los sectores cultural y creativo, elaborado mediante el método abierto de coordinación, al tiempo que destaca que la Comisión debe aplicar las recomendaciones que contiene para poder desarrollar instrumentos más eficaces e innovadores y facilitar el acceso a la financiación;

o
o   o

58.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 24 de 22.1.2016, p. 2.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2014)0069.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0200.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0063.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0268.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0408.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0004.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0006.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0290.
(10) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20160413+ITEM-024+DOC+XML+V0//ES.
(11) DO C 19 de 22.1.2014, p. 4.
(12) DO L 48 de 23.2.2011, p. 1.
(13) DO L 124 de 20.5.2003, p. 36.
(14) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/art2_mb201407_pp79-97en.pdf.
(15) EBA/OP/2016/04 de 23.3.2016.
(16) Informe anual de la Comisión sobre las pymes europeas en el período 2014-2015.
(17) Encuesta del BCE sobre el acceso a la financiación de las empresas de la zona del euro – abril a septiembre de 2015.
(18) Encuesta del BCE sobre el acceso a la financiación de las empresas de la zona del euro – abril a septiembre de 2015.
(19) Cultural Times – The first global map of cultural and creative industries (Primer mapa global de la industria cultural y creativa), diciembre de 2015.


La mejor manera de aprovechar el potencial de creación de empleo de las pymes
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre la mejor manera de aprovechar el potencial de creación de empleo de las pequeñas y medianas empresas (pymes) (2015/2320(INI))
P8_TA(2016)0359A8-0248/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 173 y 49,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vista la Comunicación de la Comisión «Pensar primero a pequeña escala» «Small Business Act» para Europa: iniciativa a favor de las pequeñas empresas (COM(2008)0394),

–  Vista la Comunicación de la Comisión sobre la adecuación de la normativa de la UE (COM(2013)0685),

–  Visto el Plan de acción de la Comisión sobre emprendimiento 2020,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un plan de acción para mejorar el acceso a financiación de las PYME» (COM(2011)0870),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» (COM(2012)0173),

–  Visto el plan europeo de inversiones,

–  Vista su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre la Comunicación titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo»(1),

–  Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2013, sobre la mejora del acceso de las PYME a la financiación(2),

–  Vista su Resolución, de 15 de abril de 2014, sobre cómo puede contribuir la Unión Europea a generar un entorno favorable para que las empresas, incluidas las emergentes, creen empleo(3),

–  Vista la Directiva relativa a la morosidad (Directiva 2011/7/UE),

–  Visto el Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI),

–  Visto el programa de investigación e innovación de la Unión, Horizonte 2020,

–  Visto el Programa para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME),

–  Vista su Resolución, de 17 de abril de 2014, sobre el proceso de consulta sobre las diez medidas más gravosas para las pymes y la reducción de la carga de la normativa de la Unión Europea para estas empresas(4),

–  Visto el informe de la Comisión titulado «Reducción al mínimo de la carga normativa para las PYME – Adaptación de la normativa de la UE a las necesidades de las microempresas» (COM(2011)0803),

–  Visto el informe anual de la Comisión sobre las pymes europeas 2013/2014 «A Partial and Fragile Recovery» (Una recuperación parcial y frágil),

–  Visto el informe de Eurofound, de enero de 2013, titulado «Nacidas con vocación global: el potencial para la creación de empleo de las nuevas empresas internacionales»,

–  Visto el informe de Eurofound de 2013 sobre políticas y apoyo públicos a la restructuración de las pymes,

–  Visto el informe de Eurofound, de 2016, titulado «La creación de empleo en las pymes: Informe anual del ERM para 2015»,

–  Visto el informe de Eurofound de 2012 titulado «Medidas públicas para apoyar el autoempleo y la creación de empleo por las empresas individuales y las microempresas»,

–  Visto el informe de Eurofound de 2011 titulado «Las pymes ante la crisis: empleo, relaciones laborales y asociaciones locales»,

–  Visto el informe de Eurofound de 2011 titulado «Representación de los trabajadores en Europa»,

–  Visto el informe de Eurofound de 2014 titulado «El diálogo social en las microempresas y pequeñas empresas»,

–  Vista la encuesta de la Comisión de 2015 sobre el acceso a la financiación de las empresas (SAFE),

–  Visto el informe anual de la Comisión sobre las pymes europeas 2014/2015 «SMEs start hiring again» (Las pymes empiezan a contratar de nuevo),

–  Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre la creación de un mercado de trabajo competitivo en la Unión Europea del siglo XXI: adecuación de las competencias y las cualificaciones a la demanda y las perspectivas de empleo como medio para recuperarse de la crisis(5),

–  Vista su Resolución, de 8 de julio de 2015, sobre la Iniciativa de Empleo Verde: aprovechar el potencial de creación de empleo de la economía verde(6),

–  Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2012, sobre las pequeñas y medianas empresas: competitividad y oportunidades comerciales(7),

–  Vista la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión sobre la definición de microempresas y pequeñas y medianas empresas,

–  Vista la encuesta del Eurobarómetro de 2015 sobre la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas,

–  Visto el informe de la OCDE de 2015 titulado «Financing SMEs and Entrepreneurs 2015: an OECD scoreboard» (La financiación de las pymes y los emprendedores en 2015: un cuadro de indicadores de la OCDE),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de Presupuestos (A8-0248/2016),

A.  Considerando que las pymes (22,3 millones(8) de ellas eran activas en la UE-28 en 2014) crean más empleo que otras empresas del sector privado, al procurar alrededor de dos tercios del empleo del sector privado de la Unión; que los emprendedores y las pymes prestan una importante contribución al crecimiento y desarrollo socioeconómico de la Unión; que el apoyo a las pymes significa combatir las tasas de desempleo y de desempleo juvenil en Europa, que se sitúan en el 8,9 % y el 19,4 %, respectivamente(9), y que el número de desempleados —unos 23 millones de personas en 2015— se mantiene en niveles históricamente elevados;

B.  Considerando que en 2014 las pymes contribuyeron en gran medida al crecimiento del empleo, hasta un 71 % en la economía empresarial no financiera;

C.  Considerando que la creación de empleo en las pymes está influida por una serie de factores internos y externos, y que entre estos últimos las condiciones esenciales son una competencia —también con respecto a las empresas multinacionales y a la economía sumergida—, unas cargas administrativas y unos costes generales de producción razonables, así como el acceso a la financiación y a trabajadores cualificados;

D.  Considerando que recientes investigaciones de Eurofound revelan que las pymes que tienden a crear empleo suelen ser empresas jóvenes, innovadoras y activas a escala internacional que están situadas en zonas urbanas, son dirigidas por gestores cualificados y aplican estrategias de crecimiento e inversión globales;

E.  Considerando que las pymes desempeñan un importante papel en el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial, contribuyendo también a un crecimiento más inteligente, sostenible e integrador, y que su tejido reviste una especial importancia a nivel regional, en particular en las zonas rurales;

F.  Considerando que, pese a que el 90 % del crecimiento mundial se genera fuera de la Unión Europea, solo el 13 % de las pymes mantiene una actividad internacional fuera de la Unión;

G.  Considerando que existen diferencias en cuanto a las características de las pymes en la Unión, por ejemplo por lo que se refiere a su escala y su impacto en las economías nacionales, y que razones históricas explican esas diferencias;

H.  Considerando la escasez de cualificaciones y las desigualdades en la Unión, así como los flujos de trabajadores cualificados, principalmente de los Estados miembros de las ampliaciones posteriores a 2004 y los países de la zona del euro afectados por la crisis a otros Estados miembros, un fenómeno que genera situaciones de escasez de trabajadores cualificados en las regiones periféricas como consecuencia de la fuga de cerebros;

I.  Considerando que, a pesar de las normas del mercado interior, persisten divergencias significativas en la Unión en cuanto a los marcos normativos de las pymes, especialmente en lo que se refiere a los niveles de seguridad relativos a la evolución futura de la regulación y a la calidad jurídica de esta en general;

J.  Considerando que los representantes de las pymes señalan que los elevados costes laborales constituyen una de las principales restricciones para la creación de empleo y esperan que estos se reduzcan, y que los costes laborales más elevados se producen en sistemas excesivamente regulados y burocráticos;

K.  Considerando que las pymes tienen más dificultades de absorción de las exigencias reguladoras que las grandes empresas debido a su estructura más reducida;

L.  Considerando que la representación de los trabajadores y el diálogo social no están tan extendidos entre las pymes como entre las grandes empresas, y que en algunos países los sindicatos consideran que es una prioridad intentar aumentar la representación de los trabajadores en las pymes, por ejemplo intentando fomentar la creación de comités de empresas en el seno de las pymes(10);

M.  Considerando que la economía social y solidaria ofrece empleo a más de 14 millones de personas, que representan un 6,5 % aproximadamente de los trabajadores de la Unión; que hay dos millones de empresas de la economía social y solidaria en la Unión Europea, una cifra que representa el 10 % de las empresas de la Unión, y que las empresas sociales han dado prueba de su resiliencia durante la crisis económica;

N.  Considerando que las pymes resisten mejor las crisis económicas en cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, y que, en particular, las cooperativas del sector industrial y de los servicios han demostrado una mayor resiliencia desde la crisis de 2008 en relación con otras empresas de esos mismos sectores;

O.  Considerando que la transmisión de empresas a los trabajadores bajo la forma de cooperativa constituye un tipo eficaz de transmisión ratificada por el éxito, como demuestra sus elevados índices de supervivencia(11);

P.  Considerando que muchos empleos permanecen vacantes debido a la escasa movilidad de la mano de obra y a la inadecuación de algunos sistemas de educación y formación en el actual mercado laboral;

Q.  Considerando que el sector ecológico ha sido uno de los principales creadores de empleo en Europa durante la recesión, y que las pymes dotadas de un plan a largo plazo para operar en la economía verde generan empleo más resiliente a las externalidades actuales de la economía globalizada(12);

R.  Considerando que, en términos generales, es difícil encontrar datos sobre los acuerdos contractuales y la organización del trabajo en las pymes;

S.  Considerando que, según los datos de Eurofound, las condiciones laborales en muchos países —incluidos los horarios de trabajo— suelen ser más flexibles y se distribuyen de modo más informal entre las pymes que entre las grandes empresas, y que el impacto inicial de la crisis parece que ha tenido el efecto de movilizar la flexibilidad «interna», en la medida en que las organizaciones intentan adaptarse a los cambios de las circunstancias y las demandas externas;

T.  Considerando que el BCE sostiene que la crisis de la deuda soberana ha aumentado los costes financieros del banco en los países de la zona del euro afectados por la crisis, y que estos se han trasladado a las pymes en forma de mayores tipos de intereses deudores o una reducción de los préstamos;

U.  Considerando que el presupuesto de la Unión debe utilizarse para fomentar la creación de empleo duradero, cualificado y de calidad, así como el potencial de las pymes para crear empleo digno y sostenible;

V.  Considerando que el acceso a la financiación sigue siendo uno de los principales obstáculos para la creación y el crecimiento de las pymes, particularmente en el caso de las empresas de la economía social, habida cuenta, entre otras cosas, de la falta de una gama suficientemente diversificada de instrumentos de capital y capital de riesgo en toda la Unión, que son imprescindibles para el crecimiento empresarial;

W.  Considerando que, por razones históricas, algunas sociedades tienen una percepción más bien negativa de los emprendedores, que en algunos casos se refleja también en el tratamiento discriminatorio de los gobiernos hacia el sector de las pymes, en comparación, por ejemplo, con el entorno ventajoso que se crea en estos países para la inversión extranjera, especialmente las empresas multinacionales;

X.  Considerando que las condiciones de competencia no equitativas entre las empresas multinacionales y las pymes también resultan de la práctica de trasladar los beneficios a los considerados paraísos fiscales;

Y.  Considerando que los estudios de la Comisión no ofrecen una evaluación detallada de la posible repercusión de la futura Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) en las pymes de los diferentes Estados miembros;

El potencial de creación de empleo y la mano de obra cualificada

1.  Recuerda que casi el 99 % de las empresas europeas son pymes, por lo que constituyen la columna vertebral de la economía de la Unión;

2.  Considera que, con el fin de garantizar unas condiciones más favorables para la creación de empleo en el sector de las pymes, los Estados miembros y la Comisión deben abordar los siguientes problemas, que se encuentran presentes con una incidencia desigual en los diferentes Estados miembros y en las diferentes regiones: la escasez de mano de obra cualificada, una estimación insuficiente de las futuras necesidades de cualificaciones profesionales, la inadecuación de las cualificaciones, la fuga de cerebros, las cargas reguladoras innecesarias y la incertidumbre jurídica en todos los ámbitos, un diálogo insuficiente entre las partes interesadas en el mercado laboral, un acceso limitado a la financiación y a la contratación pública, la escasa capacidad de innovación y de acceso a las nuevas tecnologías, el apoyo insuficiente a las pymes en las políticas de inversión pública, el fraude y la economía sumergida, así como la posición privilegiada de las empresas multinacionales;

3.  Considera que abordar los problemas estructurales mencionados redundaría, entre otras cosas, en una competencia más justa y en la ampliación de las cotizaciones sociales y la base imponible a un mayor número de operadores económicos, lo que brindaría a su vez a los Estados miembros la posibilidad de financiar políticas favorables a la creación de empleo, especialmente entre las pymes, y favorecería la competencia leal entre los Estados miembros y unas condiciones de mercado más equitativas;

4.  Destaca la necesidad de un marco regulador que fomente la inversión y promueva al mismo tiempo el crecimiento económico sostenible y el empleo de calidad;

5.  Reconoce que los costes laborales, entre otros aspectos y como uno de los factores de la actividad empresarial, tienen una repercusión en el potencial de creación de empleo y pueden influir en la competitividad de las pymes; destaca, en este sentido, que la carga fiscal debería trasladarse del trabajo a otras fuentes de imposición menos perjudiciales para el empleo y el crecimiento, al tiempo que se garantiza una protección social adecuada;

6.  Destaca la necesidad de aplicar una normativa que garantice un elevado nivel de protección de los trabajadores, al tiempo que señala que el desempleo no debería combatirse reduciendo los costes laborales a costa de la protección de los trabajadores; advierte, por otra parte, de que la reducción de los salarios y los derechos de los trabajadores podría inducir el desplazamiento de los más cualificados y poner en peligro la seguridad en el empleo, lo que expondría a las pymes a la escasez de mano de obra cualificada y generaría una mayor precariedad en Europa; considera que el aumento de la flexibilidad del mercado laboral no debería socavar la protección de los trabajadores, en la medida que no refuerza el potencial de creación de empleo;

7.  Considera que la academización innecesaria de determinadas profesiones no contribuye a solucionar el problema de la escasez de mano de obra cualificada en las pymes; destaca la necesidad de prestar una mayor apoyo público a la educación y formación profesional, y en particular a los sistemas duales gestionados en cooperación con las pymes; subraya que los sistemas duales de educación y formación profesional son un importante instrumento para reducir el desempleo juvenil, al tiempo que pide que se apoye a las pymes que formen a jóvenes para convertirlos en profesionales cualificados, prestando así una importante contribución a la inclusión de los jóvenes en el mercado laboral y en la sociedad; señala que un sistema de educación dual utilizado en un determinado Estado miembro no puede imitarse simplemente en otro Estado miembro;

8.  Pide a los Estados miembros que desarrollen una cultura empresarial sólida mediante la incorporación de las capacidades afines en los sistemas de educación y formación;

9.  Considera que los Estados miembros deben fomentar los programas de aprendizaje en las pymes, en particular mediante incentivos financieros y fiscales, así como a través de marcos de calidad que incluyan la adecuada protección de la salud y la seguridad; recuerda que las necesidades de mano de obra cualificada de las pymes son muy específicas; destaca, en este sentido, la necesidad de fomentar los programas de educación dual y la combinación de la educación y las oportunidades de participar en períodos de prácticas, dado que desempeñan un importante papel económico y social como instrumentos de promoción de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos;

10.  Insta a los Estados miembros a que desarrollen formas de cooperación en las que participen todos los niveles de gobernanza, las empresas —incluidas las empresas de la economía social—, los establecimientos educativos y otras partes interesadas, con miras a adaptar sus sistemas de educación y formación para combatir la disparidad entre las competencias/cualificaciones y las necesidades del mercado laboral, especialmente en lo que se refiere a las pymes; pide que se recomiende ofrecer más formación informal, como la formación en el puesto de trabajo y el conocimiento compartido entre el personal;

11.  Hace hincapié en el papel clave que desempeñan las empresas, incluidas las pymes y las microempresas, en colaboración con los responsables políticos y los interlocutores sociales, a la hora de transformar los sistemas educativos y los programas de formación profesional en Europa, tanto en lo que respecta a los métodos de enseñanza como al diseño de los programas de estudio, prestando especial atención al desarrollo de las cualificaciones profesionales del siglo XXI, especialmente las cibercompetencias, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo; destaca, en este contexto, la importancia que revisten las prácticas y las experiencias de la vida real;

12.  Destaca la importancia que reviste que se ponga fin a la escasez de capacidades que están afrontando las pymes innovadoras; considera que la Comisión debe hacer hincapié en la tarea de facilitar las actuaciones pertinentes en el ámbito de la formación y la educación, de forma que contribuyan a solucionar la escasez de capacidades en lo que se refiere a las competencias en TIC, que son esenciales para las pymes innovadoras;

13.  Considera que, con el fin de equilibrar la demanda y la oferta de trabajo, los Estados miembros deberían reformar sus sistemas educativos para tener en cuenta los cambios en el contexto social, sin perder de vista la importancia que revisten la enseñanza y el aprendizaje de una o más lenguas y las innovaciones tecnológicas;

14.  Pide a los Estados miembros que ofrezcan una formación adecuada y garanticen una formación profesional continua de los profesores, con el fin de fomentar la actualización de los métodos de enseñanza y el desarrollo de las cualificaciones y las competencias del siglo XXI;

15.  Pide, asimismo, que se adopten medidas adicionales que faciliten la integración de la generación de las personas mayores de cincuenta años en el mercado laboral, en la actividad económica y en los sistemas educativos y de formación, con el fin de evitar el paro de larga duración y el riesgo de exclusión social para esa categoría de trabajadores y sus familias;

16.  Considera que las pymes desempeñan un importante papel en la creación de empleos ecológicos; alienta a seguir invirtiendo en el potencial de las pymes, con el fin de convertir los desafíos ambientales en oportunidades empresariales;

17.  Reconoce la creciente importancia de la actividad por cuenta propia y de las microempresas, que revisten una importancia fundamental para impulsar la innovación y el emprendimiento; expresa, no obstante, su preocupación por el fenómeno creciente de los falsos autónomos en la Unión, un factor que no puede considerarse que contribuya positivamente al «número creciente de microempresas», sino que, en realidad, introduce la precariedad en el empleo, da lugar a unas condiciones laborales desfavorables, reduce o anula la protección social y debilita la imagen del emprendimiento, sometiendo a muchas personas a situaciones de vulnerabilidad y provocando con ello nuevos problemas sociales que deben abordarse;

18.  Destaca que la carga administrativa de la regulación es desproporcionadamente más alta para los trabajadores autónomos y las microempresas que para las empresas de mayor tamaño; considera, a este respecto, que todas las eventuales medidas relativas a los «falsos trabajadores autónomos» deben abordarse de forma específica y no deben imponer cargas administrativas innecesarias a las personas físicas;

19.  Expresa su preocupación por las precarias condiciones laborales de un elevado número de trabajadores autónomos, así como por los crecientes niveles de pobreza entre este colectivo; pide a la Comisión y los Estados miembros que fomenten las redes de colaboración entre las microempresas y las pequeñas empresas bajo la forma de cooperativa (como las cooperativas de productores individuales, las cooperativas de trabajadores autónomos, las cooperativas de pymes y las cooperativas de actividad y de empleo), puesto que estas redes refuerzan significativamente la sostenibilidad y el potencial de empleo de las unidades constitutivas;

20.  Toma nota del Plan de Inversiones para Europa, cuya finalidad es crear nuevos empleos e impulsar la innovación y la competitividad, y espera que el Portal Europeo de Proyectos de Inversión, como una reserva transparente de proyectos en los que pueda invertirse en la Unión, contribuirá a orientar a los inversores hacia las oportunidades existentes, en favor de la financiación de las pymes y la creación de empresas emergentes como un medio importante y sostenible de reducir el desempleo y fomentar el empleo de calidad a largo plazo; pide, por consiguiente, que se incluyan diferentes categorías con los umbrales adecuados en el Portal Europeo de Proyectos de Inversión, a fin de facilitar que las pymes y las empresas emergentes puedan beneficiarse plenamente de su funcionamiento;

21.  Recuerda que la Unión se comprometió a consolidar su base industrial mediante la fijación del objetivo de que la producción industrial represente al menos el 20 % del PIB para 2020 y alcance el 30 % en el año 2030; considera que este requisito es esencial para mejorar realmente la situación del empleo en Europa;

22.  Destaca el papel que desempeñan la legislación predictiva y la facilitación de los procesos en el contexto de la rápida evolución en el sector de las pymes, que se basa en el uso intensivo de conocimientos y es altamente innovador, incluidas las empresas de la economía social y las cooperativas, al tiempo que subraya su papel en la especialización inteligente y tiene presente la agenda urbana de la Unión, en la perspectiva del Pacto de Ámsterdam y en el marco del papel que desempeñan las estructuras de red y las nuevas estructuras centrales, como la Asociación Europea para la Innovación;

23.  Señala que las pymes de los Estados miembros que carecen de bancos públicos de inversión podrían estar en desventaja en comparación con las de países que cuentan con bancos públicos de inversión operativos, dado que la evaluación del interés público no es una prioridad para las entidades bancarias privadas;

24.  Pide a los Estados miembros que cumplan la legislación relativa a la igualdad de acceso de las pymes a la contratación pública;

25.  Pide a los Estados miembros que promuevan la creación y el desarrollo de empresas cooperativas, dado que han demostrado que son más resilientes durante las crisis y menos vulnerables a la pérdida de empleo que las empresas medias, al tiempo que crean empleo de calidad que no es objeto de deslocalización; pide al BEI y a la Comisión que mantengan informado al Parlamento sobre las medidas concretas adoptadas hasta ahora para mejorar el acceso a la financiación de las cooperativas y las empresas sociales;

26.  Considera que las políticas nacionales y de la Unión Europea no solo deben centrarse en las pymes emergentes y en la creación de nuevos empleos en las pymes, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan apoyando las transmisiones de empresas como una herramienta para mantener el empleo en las pymes que corren el riesgo de cerrar; pide que se promueva la transmisión de empresas a los trabajadores bajo la forma de cooperativa como un modelo exitoso de transmisión empresarial;

27.  Pide a la Comisión que abogue por una mayor participación de las autoridades de los Estados miembros y de las autoridades regionales y locales, los centros de formación y de enseñanza superior, la sociedad civil, las empresas, las asociaciones sindicales y las entidades financieras con miras a promover y aprovechar plenamente las fuentes de financiación de la Unión Europea (por ejemplo, FEIE, FSE, FEDER, COSME, Horizonte 2020 y Erasmus+) y con el fin de contribuir a superar las dificultades de acceso a la información, el asesoramiento y la financiación, que representan algunos de los principales obstáculos para el crecimiento de las pymes y para el despliegue de su potencial de creación de empleo; destaca, por otra parte, la importancia que revisten los programas transfronterizos de apoyo a las pymes en el marco de la iniciativa europea para la investigación EUREKA como un medio para facilitar la cooperación entre las pymes y los centros de investigación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen mejor los diferentes instrumentos de financiación dirigidos a las pymes;

28.  Destaca, a este respecto, que la formación y la información sobre estas oportunidades es prácticamente inexistente en la actualidad, teniendo en cuenta las necesidades reales y las numerosas oportunidades que podrían brindar los fondos mencionados;

29.  Insta a la Comisión a que lleve a cabo, junto con los puntos de contacto nacionales, campañas de promoción asertivas y eficaces dirigidas de forma exclusiva a las pymes sobre el instrumento denominado «Vía Rápida para la Innovación» del programa Horizonte 2020;

30.  Pide a las pymes (incluidas las microempresas), así como a las autoridades locales y regionales, que aprovechen plenamente las oportunidades existentes para combinar los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) con el FEIE, teniendo en cuenta que se trata de dos instrumentos complementarios; recomienda la combinación de los Fondos EIE y del FEIE en plataformas de inversión temáticas y multinacionales, y pide a la Comisión y al Grupo BEI que redoblen sus esfuerzos dirigidos a crear dichas plataformas con miras a fomentar los productos del Grupo BEI y mejorar el acceso de las pymes a la financiación;

31.  Subraya la necesidad de aumentar la inversión en investigación, innovación, formación cualificada y desarrollo para incentivar el crecimiento cualitativo y el potencial de creación de empleo de las pymes europeas; destaca que se han asignado 75 000 millones de euros para apoyar a las pymes en el marco del componente relativo a las pymes del FEIE; celebra la satisfactoria aplicación de la financiación de las pymes en el marco del FEIE entre los proyectos aprobados hasta ahora;

32.  Pide a la Comisión que, durante la revisión del marco financiero plurianual 2014-2020, encuentre la forma de compensar totalmente la deducciones efectuadas en favor del FEIE en la dotación del programa Horizonte 2020, dada su importancia para el desarrollo económico y la creación de empleo, especialmente para las pymes;

33.  Celebra la tendencia hacia el uso de instrumentos financieros para prestar apoyo a las pymes, si bien opina que debería mantenerse la financiación mediante subvenciones en aquellos casos en que desempeña un papel esencial y necesario en el fomento de la innovación, el desarrollo y la investigación, que son fundamentales para la creación de empleo y el futuro éxito económico de Europa;

34.  Insta tanto a los Estados miembros como a la Comisión a que, en el marco de un enfoque global de apoyo a las pymes, hagan avances significativos en relación con una mayor simplificación de la financiación de la Unión para 2017 en lo que respecta a la solicitud, la gestión y el seguimiento/control de proyectos, introduciendo, en particular, un procedimiento unificado de contratación pública electrónica a escala de la Unión, la cohesión electrónica completa, una auditoría única basada en el principio del riesgo, la reducción de los requisitos en materia de datos e información y la supresión de la sobrerregulación mediante una amplia optimización reguladora; destaca, no obstante, la necesidad de garantizar un equilibrio adecuado entre la simplificación, por una parte, y la detección y prevención de irregularidades, incluido el fraude, por otra; pide a la Comisión que presente propuestas dirigidas a introducir cambios legislativos en los reglamentos sobre política de cohesión durante la revisión intermedia, con el fin de facilitar el acceso a la financiación de las pymes y, en particular, de las empresas emergentes que deseen crecer; recuerda que, sobre la base de los cálculos de la Comisión, se podría conseguir un ahorro anual de hasta 50 000 millones de euros por medio de la contratación pública electrónica europea, la transparencia y la reducción de los costes administrativos;

35.  Pide a la Comisión que, antes de entablar un debate exhaustivo con el Parlamento sobre el futuro marco financiero y sobre la política de cohesión para el período posterior a 2020, realice los estudios cuantitativos pertinentes sobre el impacto de las políticas e instrumentos de apoyo a las pymes, lo que permitiría realizar una labor preparatoria mediante un seguimiento de los resultados y una evaluación de su eficacia con respecto a la de otras formas de ayuda no orientadas a empresas por debajo de un tamaño determinado;

36.  Subraya la importancia de la accesibilidad a las medidas de apoyo de la Unión en materia de financiación y a los servicios públicos electrónico para las pymes ubicadas en zonas urbanas más pequeñas, aumentando su potencial de empleo y contribuyendo al desarrollo económico de las zonas con riesgo de despoblamiento;

37.  Pide a las pymes que colmen la brecha de género en el mercado laboral con respecto al empleo y la remuneración, entre otros aspectos, ofreciendo o apoyando los servicios de guardería, los permisos para los cuidadores o la flexibilidad del horario laboral para los cuidadores, así como garantizando la igualdad de remuneración;

38.  Pide a los Estados miembros que garanticen la oferta de guarderías locales, con el fin de facilitar la integración de los padres en la población activa;

39.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen la educación y formación en CTIM y las TIC, con el fin de dotar a la mano de obra actual y futura de las competencias digitales pertinentes; alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que presten apoyo a programas como los cursos abiertos en línea, que ofrecen competencias digitales a los jóvenes desempleados, y preconiza programas similares para la generación de más de 50 años y para las personas de más edad activas;.

40.  Destaca la necesidad de ofrecer incentivos específicos para las empresas emergentes, las pymes y las microempresas, a fin de facilitar su establecimiento y funcionamiento, así como la necesidad de facilitar la contratación de personal cualificado y la formación de los empleados;

41.  Considera que debe reforzarse todavía más la movilidad europea en los programas de aprendizaje y formación profesional;

42.  Alienta a los Estados miembros, a los gobiernos regionales, a los centros educativos y a los interlocutores sociales a que creen oportunidades que faciliten la adquisición de competencias empresariales por parte de los jóvenes, así como a reconocer y validar en mejores condiciones la educación y las cualificaciones no formales; destaca, asimismo, la importancia que reviste la tutoría empresarial para los jóvenes emprendedores y en las fases iniciales de constitución de las pymes, en el sentido de mejorar los índices de éxito y la sostenibilidad de las empresas y el empleo;

43.  Está firmemente convencido de la necesidad de mantener el diploma de maestro artesano;

44.  Acoge con satisfacción el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores, que contribuye a dotar a los jóvenes emprendedores de los conocimientos y las competencias necesarios para poner en marcha o gestionar con éxito una empresa; considera que los Estados miembros y la Comisión deben seguir fomentando este tipo de programas con el fin de difundir el conocimiento de Erasmus para Jóvenes Emprendedores entre los grupos destinatarios y ayudar a un mayor número de jóvenes a desarrollar sus negocios con éxito;

45.  Pide a los Estados miembros que adopten marcos legislativos favorables que promuevan y apoyen el empleo de jóvenes en las pymes o les alienten a crear sus propias empresas, en particular mejorando el acceso a la información, brindando asesoramiento específico y personalizado, facilitando el acceso al crédito y la financiación y creando ventanillas únicas; opina que estos marcos también deberían incluir la promoción de programas de prácticas para estudiantes con el fin de facilitar el acceso a una primera experiencia práctica en una pyme, de forma que se garantice una protección social adecuada;

46.  Señala la necesidad de adoptar medidas dirigidas a facilitar el reconocimiento de las cualificaciones y los títulos en toda Europa, incluidos los títulos y los certificados en línea como los que se emiten en los cursos en línea masivos y abiertos, así como la validación del aprendizaje no formal, con el fin de permitir que los profesionales puedan aportar sus conocimientos y sus competencias en toda Europa;

47.  Acoge con satisfacción la propuesta legislativa de la Comisión relativa a la insolvencia de las empresas, incluidas la reestructuración temprana y la posibilidad de una segunda oportunidad, con el fin de afrontar el miedo al fracaso y garantizar que los emprendedores cuenten con una segunda oportunidad;

48.  Destaca que la responsabilidad social de las empresas cuenta con una larga tradición europea y que las empresas socialmente responsables siguen siendo una referencia en la actualidad; subraya que las pymes pueden desempeñar un importante papel a la hora de garantizar el crecimiento sostenible desde el punto de vista ambiental, social y económico;

Un marco regulador favorable y estable

49.  Insta a los Estados miembros a que eviten la sobrerregulación, que socava la flexibilidad de las empresas y su potencial de crear empleo; opina que la supresión de las cargas reguladoras y administrativas innecesarias, junto con el desarrollo de una regulación razonable y sostenible, en particular mediante el uso sistemático de «la prueba de las pymes» y la aplicación efectiva en los Estados miembros, constituyen el camino correcto para reducir los costes de las pymes e incrementar su potencial de creación de empleo; insiste en que este planteamiento no debe perjudicar la protección de los trabajadores;

50.  Considera que un marco regulador favorable y estable, incluida la claridad intrínseca de las normas, es un requisito esencial para la creación de empleo de calidad sostenible en las pymes; considera que esta seguridad reguladora debe incluir, entre otros elementos, la legislación contractual, la normativa fiscal y social y la protección de los trabajadores, además de las regulaciones fiscales, la seguridad jurídica y la eficacia procesal; estima que la mejor forma de conseguir la estabilidad del marco regulador es a través de la participación constante de los interlocutores sociales en el proceso de toma de decisiones;

51.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, si se comprueba que los requisitos administrativos pesan de forma desproporcionada sobre las pymes, consideren sistemáticamente la posibilidad de adoptar medidas dirigidas a minimizar las cargas y los obstáculos, garantizando al mismo tiempo que los trabajadores reciban una protección adecuada en materia de salud y seguridad; destaca, a este respecto, que los obstáculos concretos requieren soluciones específicas que tengan en cuenta la amplia variedad de pymes;

52.  Destaca la importancia de una administración pública eficaz, flexible, receptiva y favorable a las pymes en los Estados miembros, con el fin de fomentar los valores del emprendimiento, facilitar el crecimiento de este tipo de empresas y permitirles alcanzar todo su potencial de generación de empleo de alta calidad;

53.  Insta a la Comisión a que facilite el intercambio eficaz de mejores prácticas entre los Estados miembros en lo que se refiere a sus diferentes entornos reguladores para las pymes; acoge con satisfacción, a este respecto, la red de representantes de las pymes, cuyo papel es mejorar el proceso de consulta con las pymes nacionales y la cooperación entre los países de la Unión; aboga, asimismo, por la cooperación entre las pymes y las autoridades locales y el sector de la educación, que puede ser beneficiosa para la creación de agrupaciones e incubadoras de empresas y, de esta manera, aumentar su potencial de creación de empleo; alienta a las pymes a integrarse en organizaciones representativas para que su voz sea oída a escala nacional y europea, como suele ser el caso de las empresas multinacionales; alienta, asimismo, a las asociaciones de pymes a brindarles un mayor apoyo y a que desempeñen un papel más importante como interlocutores sociales fiables;

54.  Pide a los Estados miembros que revisen las normas que afectan a las pymes y apliquen plenamente el principio «pensar primero a pequeña escala», a fin de suprimir los obstáculos burocráticos que debe afrontar este tipo de empresas y garantizar una situación de certidumbre reguladora y fiscal como una condición previa para la estabilidad y la calidad en el empleo;

55.  Destaca la importancia que reviste el cumplimiento de la condicionalidad ex ante relacionada con la Ley de la pequeña empresa para ayudar a mejorar el entorno y los procedimientos administrativos para el desarrollo y la iniciativa empresariales, así como el aprovechamiento de las oportunidades de financiación de las pymes;

56.  Considera que las desigualdades inherentes entre las pymes y las empresas multinacionales deben remediarse para que las pymes puedan utilizar recursos adicionales y, junto con la inversión pública, promover la creación de empleo de calidad;

57.  Pide a los Estados miembros que incentiven en el plano fiscal el crecimiento y la aparición de sectores de inversores informales, fondos de capital de lanzamiento y operadores del mercado en fase inicial;

58.  Llama la atención sobre las disparidades y los desequilibrios regionales en lo que se refiere al acceso de las pymes a la financiación procedente de bancos nacionales de fomento, los programas financiados por la Unión y otros organismos de financiación públicos y privados; pide que se establezcan condiciones equitativas para todas las pymes —prestando especial atención a las regiones menos desarrolladas, más pobres y más remotas o aisladas que se enfrentan a graves problemas de despoblación o dispersión, y a los países sujetos a limitaciones financieras y económicas— en el acceso a la financiación procedente de instrumentos financieros apoyados por la Unión, recurriendo al mismo tiempo a intermediarios;

59.  Opina que, en el caso de las pymes, solo puede crearse una situación financiera estable que permita el crecimiento y la defensa de los puestos de trabajo si se facilita el acceso a la financiación mediante el factor de corrección de las pymes;

60.  Insiste en que el microcrédito, que se dirige principalmente a los microemprendedores y a las personas desfavorecidas que desean acceder al trabajo por cuenta propia, es un medio para superar los obstáculos de acceso a los servicios bancarios tradicionales; acogería favorablemente las iniciativas de simplificación inteligentes dirigidas a mejorar la eficacia de la evaluación de aquellos proyectos que requieren microcréditos; celebraría, asimismo, las medidas de rendición de cuentas orientadas a los intermediarios financieros que no sobrecarguen a las pymes ni aumenten los costes de forma injustificada;

61.  Llama la atención sobre los riesgos de insolvencia y de quiebra para las pymes que sufren retrasos en los pagos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren el cumplimiento de la Directiva sobre la morosidad; pide, asimismo, a los Estados miembros que tengan en cuenta los mecanismos financieros adecuados, como las garantías bancarias;

62.  Pide a la Comisión que elabore el Reglamento marco europeo para facilitar la creación de mercados paneuropeos basados en la microfinanciación y la microinversión colectivas;

63.  Pide a la Comisión que facilite la titulización de préstamos a las microempresas y las pymes con el fin de aumentar su crédito disponible;

64.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren el marco regulador para las empresas de la economía social;

65.  Reconoce la importancia de tener en cuenta la situación, las necesidades específicas y las dificultades con el cumplimiento por parte de las microempresas y las pequeñas empresas de la aplicación de las medidas en materia de salud y seguridad en el trabajo a nivel de las empresas; destaca que la sensibilización, el intercambio de buenas prácticas, la consulta y la existencia de guías y plataformas en línea fáciles de usar revisten una importancia capital para ayudar a las pymes y las microempresas a cumplir de forma más eficaz los requisitos reguladores de la salud y la seguridad en el trabajo; pide a la Comisión, a la EU-OSHA y a los Estados miembros que sigan desarrollando herramientas y directrices prácticas que apoyen, faciliten y mejoren el cumplimiento por las pymes y las microempresas de los requisitos en materia de salud y seguridad en el trabajo;

66.  Celebra la introducción en los Estados miembros de la evaluación de riesgos interactiva en línea (OiRA) de la EU-OSHA, así como de otros instrumentos informáticos que facilitan la evaluación de los riesgos y tienen por objeto promover el cumplimiento y una cultura de prevención, en particular en las microempresas y las pequeñas empresas; insta a los Estados miembros a que utilicen los fondos europeos para las medidas de salud y seguridad en el trabajo, en general, y para el desarrollo de instrumentos informáticos, en particular, con el objetivo de apoyar a las pymes;

67.  Pide a la Comisión que siga teniendo en cuenta, cuando revise el marco estratégico, la naturaleza y la situación específicas de las pymes y las microempresas para ayudarlas a cumplir los objetivos establecidos en materia de salud y seguridad en el trabajo;

68.  Pide a la Comisión que adopte, cuando proceda y en el marco de las recomendaciones específicas por países del Semestre Europeo, un enfoque diferenciado para mejorar el entorno para las pymes, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada país y las diferencias estructurales específicas de las regiones de la Unión, con el fin de reforzar la cohesión económica, social y territorial; pide, por otra parte, a la Comisión que se centre en las pymes, en particular las microempresas;

69.  Observa que el objetivo temático 3 («Mejorar la competitividad de las pymes») ha llevado a los Estados miembros a centrarse en el refuerzo del crecimiento y del potencial de creación de empleo de las pymes en los programas operativos; señala que ni futuras e imprevistas crisis de la Unión ni grandes iniciativas deben redundar en una disminución de los compromisos o los pagos relativos al objetivo temático 3 y los instrumentos correspondientes en el marco de la rúbrica 1b del presupuesto general de la Unión; reconoce que las pymes se encuentran en una posición débil en lo que se refiere a los recursos propios; destaca, por tanto, la necesidad de reducir los retrasos de los pagos de las facturas procedentes de la política de cohesión, con el fin de limitar los riesgos de insolvencia; insta, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros a seguir mejorando el ritmo de pagos para las pymes;

70.  Señala que tanto el informe anual de la Comisión sobre las pymes europeas 2014/2015 como el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2016 revelan divergencias regionales en el entorno de las pymes y otras disparidades a las que los Estados miembros deben dar una respuesta eficaz antes de que finalice el período de programación, junto con esfuerzos encaminados a mejorar la internacionalización de las pymes mediante la supresión de los obstáculos no arancelarios;

71.  Pide a los Estados miembros con un grado escaso de descentralización de la gestión de los fondos de la Unión que inclinen la balanza de la capacidad administrativa en relación con los sistemas de asistencia técnica y de apoyo local y regional a las pymes (así como a las microempresas), incluido un mayor acceso a soluciones de financiación e información, en favor de las autoridades locales, dado que ello redundará en resultados y tasas de absorción más equilibrados desde la perspectiva regional, en particular en las regiones menos desarrolladas;

72.  Destaca la necesidad de acompañar las incubadoras de negocios de desarrolladores empresariales, a fin de hacer de las empresas emergentes un instrumento importante para la creación de empleo duradero y mantener el potencial empresarial, desalentando al mismo tiempo la «venta de una idea importante» por puro beneficio;

73.  Destaca la necesidad de facilitar el acceso al mercado único mediante la supresión de las barreras administrativas injustificadas que todavía persisten y la lucha contra la competencia desleal, las distorsiones del mercado, el falso empleo autónomo y las sociedades «buzón»; pide a los Estados miembros que garanticen unas condiciones de acceso equitativas para su mercado nacional de las pymes, especialmente en lo que se refiere a la prestación de servicios transfronterizos; celebra que se preste especial atención a las pymes en la estrategia para el mercado único de 2015, al tiempo que insta a la Comisión y a los Estados miembros a que sigan de cerca las iniciativas positivas con medidas específicas que sean tangibles para las pymes;

74.  Pide a los Estados miembros que adopten marcos legislativos favorables para la creación de empresas como una de las formas de luchar contra la economía sumergida, que perjudica especialmente a las pymes, y que hagan pleno uso de la nueva plataforma para abordar el trabajo no declarado; reconoce que la recesión económica y las medidas aplicadas en muchos Estados miembros han contribuido al crecimiento de la economía sumergida;

75.  Está firmemente convencido de que la integración de los refugiados en el mercado laboral nunca dará resultados sin un apoyo activo y sólido de las microempresas y las pymes de la Unión;

76.  Destaca que la amplia formación lingüística de los refugiados es sumamente importante; señala, asimismo, que debe comenzarse con esta formación lo antes posible y que los conocimientos lingüísticos orientados a la práctica profesional son imprescindibles para la integración en las empresas;

77.  Destaca la necesidad de desplegar mayores esfuerzos y ofrecer más incentivos para promover y facilitar la creación de pymes, incluidas las empresas sociales y las microempresas, por parte de personas pertenecientes a grupos vulnerables, así como para luchar contra la discriminación en este ámbito; subraya que el desarrollo de las capacidades y el asesoramiento a lo largo de toda la vida son instrumentos importantes para garantizar la igualdad de oportunidades; opina que las autoridades competentes de los Estados miembros deben ofrecer a las pymes servicios de apoyo y asesoramiento sobre la integración de los grupos vulnerables en el mercado laboral;

78.  Pide que no se obligue de ninguna forma a las microempresas y a las pymes a publicar información no financiera sobre su compromiso social de carácter voluntario; destaca que ello provocaría un incremento desproporcionado de los costes administrativos y perjudicaría el compromiso social de la empresa en lugar de favorecerlo;

79.  Destaca que, en su Resolución de 6 de febrero de 2013(13) sobre la responsabilidad social de las empresas, hizo patente que, en una sociedad libre, dicha responsabilidad social no puede conferir un carácter obligatorio a las acciones benéficas; está firmemente convencido de que el carácter obligatorio de la responsabilidad social de las empresas debilitaría la disposición de las personas hacia la beneficencia;

80.  Destaca que el sector del trabajo temporal es de especial importancia para las pymes y que debe contemplarse de forma diferenciada, en particular aquellas que sirven de puente para el acceso al empleo sostenible;

Igualdad de condiciones

81.  Observa que, en determinados casos, la política de competencia de la Unión podría acabar beneficiando sobre todo a los grandes operadores del mercado, que se caracterizan por tener mayores economías de escala que las pymes; destaca, a este respecto, que las normas de competencia de la Unión deben garantizar unas condiciones de competencia equitativas para las pequeñas, medianas y grandes empresas que suplan la falta de economías de escala de las pymes, lo que permitiría su internacionalización e impulsaría su potencial de creación de empleo, en particular en el contexto de nuevos acuerdos comerciales internacionales;

82.  Hace un llamamiento a los Estados miembros para que, en la prestación de servicios, los entes públicos limiten oficialmente su actividad a la zona de soberanía que les incumbe, con el fin de evitar que su situación fiscal privilegiada cause una distorsión de la competencia para las pymes;

83.  Señala que las pymes de toda Europa se caracterizan por tener diversos modelos de negocio y formas jurídicas, y que deben garantizarse condiciones de competencia equitativas para todas ellas, incluidos los agentes de la economía social;

84.  Considera que el acceso desigual de las pymes a los mercados, la información, el asesoramiento, los servicios públicos, las cualificaciones y la financiación en toda la Unión perjudica sus perspectivas de creación de empleo y es el resultado de una serie de diferencias estructurales en términos de escala y rendimiento de las empresas; estima, por tanto, que deben tenerse en cuenta esas diferencias a la hora de evaluar la política de competencia de la Unión y el funcionamiento del mercado interno;

85.  Considera que la imagen de las pymes como empleadores atractivos, basada en buenas condiciones de trabajo y empleo, constituye una importante ventaja competitiva de cara a la contratación de personal cualificado;

86.  Considera que la regulación redunda en el interés general y tiene por finalidad alcanzar diversos objetivos, como la consolidación de un mercado justo y competitivo, la protección de los trabajadores, la protección en materia de salud y seguridad, la promoción de la innovación o incluso la preservación del entorno natural; destaca, por tanto, la necesidad de disponer de un marco normativo claro y eficaz que no genere cargas burocráticas inútiles para las pymes cuando procedan a aplicarla;

87.  Señala que, en determinados casos, en las regiones cuyo desarrollo económico se centra en atraer inversión extranjera directa, las empresas multinacionales podrían recibir un trato preferente en el plano legislativo; considera que el trato preferente a las empresas multinacionales debería examinarse con miras a reducir el eventual impacto negativo para las pymes, de forma que se garantice la igualdad de condiciones de competencia para estas últimas y se impulse su capacidad de creación de empleo; reconoce, asimismo, que muchas pymes se crean para apoyar a las empresas multinacionales y a sus empleados mediante el suministro de bienes y servicios a sus cadenas de suministro; destaca la necesidad de vigilar de cerca el respeto de los derechos de los trabajadores en esos casos, al tiempo que celebra la iniciativa de la OCDE de favorecer la transparencia del régimen fiscal internacional y pide la rápida aplicación de las medidas relativas a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios;

88.  Pide a los Estados miembros que adopten el principio de fiscalidad de las rentas en el lugar donde se generan, así como otras medidas contra las prácticas del traslado de beneficios por parte de las empresas multinacionales, con el fin de garantizar la igualdad de condiciones de competencia de las pymes e impulsar así su potencial de creación de empleo;

89.  Señala que un marco regulador mejorado y una aplicación de la ley más eficaz pueden ayudar a abordar la economía sumergida y la evasión fiscal;

90.  Considera que los acuerdos comerciales con terceros países deberían tener en cuenta las diferencias estructurales específicas entre las regiones de la Unión en el sector de las pymes y evaluar su impacto en las futuras perspectivas de empleo, así como en los derechos laborales y los salarios de los trabajadores de las pymes;

91.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto de las implicaciones de la propuesta de ATCI, y que conceda la condición de economía de mercado a China para el número y la calidad del empleo en el sector de las pymes en todos los Estados miembros; señala que esta evaluación de impacto debería incluir un análisis detallado de los tipos de pymes y de los sectores que pudieran verse afectados;

92.  Señala las posibilidades que ofrece el mercado único digital; subraya, no obstante, la necesidad de evaluar el potencial, los beneficios y los desafíos para las pymes en relación con su crecimiento y su potencial de creación de empleo en los diferentes Estados miembros, así como en lo que se refiere al impacto para los trabajadores y los sistemas de seguridad social; recomienda a la Comisión que cree las condiciones necesarias para la transposición gradual y la adaptación de las pymes al mercado único digital;

93.  Considera que la promoción de la digitalización en el sector público (administración electrónica) y una mayor disponibilidad de la banda ancha en las zonas alejadas reducirían los costes de establecimiento y explotación para las pymes, lo que les permitiría reforzar su potencial de creación de empleo;

94.  Alienta a las pymes a que promuevan el trabajo a distancia y el trabajo inteligente, como instrumentos eficaces para combatir los costes materiales de las empresas y al mismo tiempo permitir a los trabajadores conciliar mejor la vida profesional y la familiar;

95.  Acoge con satisfacción la presencia de portales de información destinados específicamente a las pymes, como el portal de acceso a la financiación en «Tu Europa», al tiempo que pide a la Comisión que siga mejorando su funcionalidad y accesibilidad, transformándolos en instrumentos con mayores funcionalidades interactivas; destaca en particular la importancia que reviste la puesta en funcionamiento efectiva del nuevo portal digital único, que en la estrategia para el mercado único se anuncia como un punto de acceso en línea a toda la información y los servicios relacionados con el mercado único;

o
o   o

96.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 332 E de 15.11.2013, p. 81.
(2) DO C 24 de 22.1.2016, p.2.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0394.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0459.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0321.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0264.
(7) DO C 68 E de 7.3.2014, p.40.
(8) Annual Report on European SMEs 2014/2015 (http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_es).
(9) Datos de febrero de 2016 (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7225076/3-04042016-BP-EN.pdf/e04dadf1-8c8b-4d9b-af51-bfc2d5ab8c4a).
(10) Informe de Eurofound de 2011 titulado «Representación de los trabajadores en Europa».
(11) Publicación de la CECOP de 2013 titulada «Business Transfers to Employees under the Form of a Cooperative in Europe» (La transmisión de empresas a los trabajadores bajo la forma de cooperativa en Europa).
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0264.
(13) DO C 24 de 22.1.2016, p.33.


Aplicación de la Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación («Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo») (2015/2116(INI))
P8_TA(2016)0360A8-0225/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular sus artículos 2 y 5, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 6, 8, 10, 19 y 153,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 20, 21, 23 y 26,

–  Vistos la Carta Social Europea del Consejo de Europa y los derechos sociales y en materia de empleo sancionados en la misma,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

–  Vistas las observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas en relación con el informe inicial de la Unión Europea (octubre de 2015),

–  Visto el informe provisional del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de religión o de creencias, Hans Bielefeldt, presentado de conformidad con la Resolución de la Asamblea General 68/170 sobre la libertad de religión o de creencias,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo («Reglamento sobre disposiciones comunes»)(1),

–  Vista la Directiva de igualdad entre hombres y mujeres (Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(2),

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(3),

–  Vistas las Directrices del Consejo de la Unión Europea, de 24 de junio de 2013, sobre la promoción y protección de la libertad de religión o creencias,

–  Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros por lo que se refiere a los requisitos de accesibilidad de los productos y los servicios (COM(2015)0615),

–  Visto el Informe conjunto de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico («Directiva de igualdad racial») y la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación («Directiva de igualdad en el empleo»)» (COM(2014)0002),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras» (COM(2010)0636),

–  Vista la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (COM(2008)0426),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia marco contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos» (COM(2005)0224),

–  Visto el proyecto de Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 2016 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea,

–  Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre la creación de un mercado de trabajo competitivo en la UE del siglo XXI: adecuación de las competencias y las cualificaciones a la demanda y las perspectivas de empleo como medio para recuperarse de la crisis(4),

–  Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre emprendimiento social e innovación social en la lucha contra el desempleo(5),

–  Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2013-2014)(6),

–  Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre un enfoque integrado del patrimonio cultural europeo(7),

–  Vista su posición, de 8 de julio de 2015, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros(8),

–  Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2015, sobre el Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2015(9),

–  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre el impacto de la crisis en el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia(10),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020(11),

–  Vista su Resolución, de 11 de noviembre de 2010, sobre los retos demográficos y la solidaridad entre las generaciones(12),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y del aprendiz(13),

–  Vista su Resolución, de 6 de mayo de 2009, sobre la inclusión activa de las personas excluidas del mercado laboral(14),

–  Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2008, sobre los progresos realizados respecto a la igualdad de oportunidades y la no discriminación en la Unión Europea (transposición de las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE)(15),

–  Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE en relación con el principio de no discriminación por razón de religión o convicciones,

–  Visto el análisis en profundidad del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo sobre la evaluación de la aplicación de la Directiva de igualdad en el empleo,

–  Visto el estudio del Parlamento Europeo titulado «Reasonable Accommodation and Sheltered Workshops for People with Disabilities: Costs and Returns of Investments» (Ajuste razonable y talleres protegidos para personas con discapacidad: coste y rendimiento de las inversiones),

–  Visto el estudio del Parlamento Europeo titulado «Differential Treatment of Workers under 25 with a View to their Access to the Labour Market» (Trato diferenciado de los trabajadores menores de 25 años con miras a su acceso al mercado de trabajo),

–  Visto el informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Garantía Juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos»,

–  Visto el dictamen de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la situación en materia de igualdad en la Unión Europea 10 años después de la aplicación inicial de las Directivas relativas a la igualdad,

–  Visto el análisis jurídico comparativo de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre la protección frente a la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y características sexuales en la UE,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0225/2016),

A.  Considerando que, de conformidad con el TUE, la Unión Europea se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, y combatirá la exclusión social y la discriminación;

B.  Considerando que el TFUE establece que en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual;

C.  Considerando que los 28 Estados miembros han transpuesto la Directiva relativa a la igualdad en el empleo y que, a pesar de las diferencias en su transposición y aplicación, han adquirido una valiosa experiencia;

D.  Considerando que las directivas en materia de igualdad de trato prohíben tanto la discriminación directa como la indirecta, así como el acoso y la orden de discriminar;

E.  Considerando que la Comisión indica en su segundo informe de aplicación (COM(2014)0002) que la legislación no es suficiente para lograr la plena igualdad, y que debe aumentar la sensibilización sobre la protección ya existente, junto con la utilización de los fondos de la UE y el fortalecimiento de los organismos nacionales para la igualdad;

F.  Considerando que la no discriminación en el ámbito de la ocupación y el empleo solo es eficaz si se combate la discriminación de manera global en todos los ámbitos de la vida, junto con otros obstáculos que, mediante restricciones a la libertad y la igualdad, impiden el pleno desarrollo de la persona y la participación real de los trabajadores en la vida política, social y económica de sus Estados miembros;

G.  Considerando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) destacó, en el asunto Römer(16), que la Directiva de igualdad en el empleo no establece por sí misma el principio de la igualdad de trato en el ámbito del empleo y la ocupación, sino que proporciona un marco general para combatir la discriminación por diversos motivos;

H.  Considerando que, aunque la percepción de la discriminación ha aumentado, muchas víctimas de discriminación todavía no son conscientes de sus derechos o no se atreven a emprender acciones legales contra las prácticas discriminatorias por varios factores, como la falta de confianza en las autoridades de los Estados miembros o la complejidad y la larga duración de los procedimientos jurídicos;

I.  Considerando que las pruebas recogidas por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) demuestran la generalización del racismo, la xenofobia, la homofobia y la transfobia y de formas conexas de intolerancia, pese a las medidas adoptadas por los Gobiernos y la sociedad civil en toda la Unión, y que el clima social y político es cada vez más tolerante con los programas extremistas, racistas y xenófobos, que explotan los temores sobre el desempleo, la crisis de los refugiados, la alienación derivada en parte de los flujos migratorios, y la seguridad frente al terrorismo u otros desafíos geopolíticos, lo que socava los valores fundamentales de la Unión;

J.  Considerando que la encuesta de la FRA sobre el colectivo LGBT(17) y el informe de la FRA «Being Trans in Europe» (Ser transexual en Europa)(18) ponen de manifiesto la persistencia de la discriminación del colectivo LGBT a la hora de acceder al mercado laboral y dentro del mismo;

K.  Considerando que en la Directiva de igualdad en el empleo se establecen únicamente requisitos mínimos, pero que los Estados miembros pueden prestar un nivel de protección más elevado y adoptar acciones positivas en este ámbito en sus legislaciones nacionales; que la legislación por sí sola no basta para garantizar la igualdad plena y debe combinarse con una acción política apropiada;

L.  Considerando que las mujeres son las más afectadas por el desempleo y sufren discriminación negativa en el acceso al empleo, en particular las mujeres embarazadas y las madres, entre otras, aquellas en período de lactancia;

M.  Considerando que la Directiva de igualdad en el empleo abarca solo la libertad de religión y convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual, pero que los Estados miembros están obligados también en virtud de la Directiva de igualdad racial a combatir la discriminación en el empleo basada en la raza y el origen étnico; que la religión se utiliza a veces como un sustituto de la raza cuando se trata de discriminación en el empleo, basada en la pertenencia real o supuesta de una persona a una cierta religión;

N.  Considerando que la tasa de empleo de las personas con discapacidad en los Estados miembros está muy por debajo del 50 %, frente al más del 70 % de la población general, y que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad (18,3 %) casi duplica la del resto de la población en general (9,9 %); que tras los promedios de la UE subyacen grandes diferencias a escala nacional;

O.  Considerando que recae mayoritariamente sobre las mujeres la responsabilidad de cuidar de los hijos, las personas mayores, otras personas dependientes, la familia y el hogar, y que esta responsabilidad es mayor cuando tienen hijos con discapacidad; que lo anterior repercute directamente en el acceso de las mujeres al empleo y su desarrollo profesional, y puede perjudicar sus condiciones de empleo, por ejemplo, en los muchos casos en que las mujeres trabajan a tiempo parcial de forma no voluntaria o cuando se ven obligadas a aceptar formas de empleo precarias, y que todos estos factores generan una brecha en los salarios y en las pensiones;

P.  Considerando que es mucho más frecuente encontrar familias monoparentales, principalmente madres solteras, entre los trabajadores pobres y que todas las medidas adoptadas deben prestar atención a las familias monoparentales;

Q.  Considerando que la amplia gama de cualificaciones y competencias adquirida por las mujeres al cumplir sus responsabilidades familiares enriquece su desarrollo personal y profesional; que, por lo tanto, estas competencias deben ser reconocidas por la sociedad y los empleadores;

R.  Considerando que la Unión Europea se enfrenta a una importante crisis económica, financiera y social que perjudica especialmente a las mujeres en el mercado laboral y en su vida privada, pues tienen más posibilidades de desempeñar trabajos precarios y corren más riesgo de quedarse sin trabajo y no contar con seguridad social;

S.  Considerando que la falta de legislación verdaderamente eficaz en favor de la conciliación entre la vida laboral y privada se traduce en una discriminación contra las madres y padres trabajadores;

T.  Considerando que el Parlamento ya ha adoptado medidas políticas como la Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines, y que estas medidas pueden contribuir a lograr una mayor igualdad para las mujeres en el ámbito del empleo y a mejorar su acceso a puestos directivos; que la legislación ha de ser considerada como un instrumento crucial para alcanzar la igualdad de género, pero que debe combinarse con procedimientos normativos y campañas con objeto de aplicar la igualdad de género no solo en la legislación sino también en la opinión pública;

U.  Considerando que, a pesar de la teórica aplicación de la igualdad de trato en los Estados miembros, las mujeres siguen siendo víctimas de discriminación múltiple, directa e indirecta en el mercado de trabajo; que la gran diversidad de tipos de discriminación indirecta justifica su cobertura por la fórmula clásica según la cual discriminación se define como la aplicación de diferentes normas a situaciones comparables o la aplicación de una misma norma a situaciones distintas; que las mujeres no siempre reciben información sobre los derechos que les confieren las legislaciones europea y nacional vigentes en materia de igualdad y discriminación, o dudan de la eficacia de denunciar casos de discriminación; que, por lo tanto, es importante contar con documentos de información y orientación, campañas de concienciación y portales de información;

V.  Considerando que las desigualdades sociales, principalmente en materia de igualdad en el empleo, solo pueden combatirse con políticas que garanticen una mejor distribución de la riqueza basándose en una verdadera revalorización de los salarios y en el fomento de la regulación del trabajo y los horarios laborales, así como de la protección laboral, en particular mediante los convenios colectivos y la garantía de un acceso universal y gratuito a servicios públicos de asistencia sanitaria y educación de calidad;

W.  Considerando que casi un joven de cada cinco en la Unión Europea está buscando empleo, y que el coste financiero total del desempleo juvenil se ha cifrado en 153 000 millones de euros al año(19), y que los costes sociales adicionales alcanzan un nivel muy alarmante;

X.  Considerando que los datos de la Sexta Encuesta europea sobre condiciones de trabajo de Eurofund(20) confirman que se han hecho pocos progresos en los últimos diez años en materia de reducción de la discriminación de los trabajadores;

Y.  Considerando que los datos de la Sexta Encuesta europea sobre condiciones de trabajo de Eurofund indican que el 7 % de los trabajadores declara haber experimentado al menos un tipo de discriminación, y confirman que los trabajadores ofrecen pruebas de discriminación en múltiples ámbitos;

Z.  Considerando que la tasa de empleo de las mujeres con discapacidad en la UE (44 %) es considerablemente inferior a la tasa de empleo de hombres con discapacidad (52 %), y que la tasa de empleo de las mujeres entre 55 y 65 años en algunos Estados miembros se sitúa en torno o por debajo del 30 %, y la brecha de empleo entre mujeres y hombres en ese grupo de edad es la más alta (14,5 puntos porcentuales) en comparación con la correspondiente al grupo de mediana edad (de 30 a 54 años - 12,4 puntos porcentuales) y a los jóvenes (de 20 a 29 años - 8,3 puntos porcentuales); observando que el desempleo de larga duración es especialmente frecuente entre los empleados más jóvenes y los de más edad, en particular entre las mujeres, y considerando que se han evaluado la aplicación y la transposición de la Directiva 2006/54/CE y que el Parlamento, en su resolución de 8 de octubre de 2015(21), expone sus serias dudas en relación con la aplicación de las disposiciones de la Directiva sobre la puesta en práctica del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación;

AA.  Considerando que los trabajadores de más edad siguen estando expuestos a menudo a discriminaciones, estereotipos y barreras por motivos de edad; que la discriminación por dicho motivo afecta a todos los grupos de edad y que, dadas sus consecuencias, una sociedad humana que aspire a lograr sus objetivos económicos y sociales precisa de la experiencia, la aportación y la riqueza de ideas de todas las generaciones, al tiempo que se fundamenta en el principio de la solidaridad intergeneracional;

1.  Acoge con satisfacción el hecho de que casi todos los Estados miembros hayan incluido en sus constituciones el principio general de la igualdad de trato por motivos específicos de discriminación; deplora, sin embargo, que solo unos pocos Estados miembros hayan garantizado sistemáticamente que todos los textos jurídicos existentes estén en consonancia con el principio de igualdad de trato, y que sean aún menos los que los aplican sistemáticamente(22), y que la discriminación siga siendo parte de la vida diaria de muchos europeos;

2.  Espera que todos los Estados miembros eliminen los obstáculos de carácter natural, social y económico que impiden la aplicación sustancial del principio de igualdad y limitan la libertad de los ciudadanos europeos;

3.  Lamenta que la idea de que los derechos humanos son universales e indivisibles y están interrelacionados siga siendo un principio de Derecho más teórico que práctico, dado que los diferentes aspectos de la identidad humana se tratan por separado en los instrumentos jurídicos de la Unión existentes;

4.  Deplora el incremento del número de casos de discriminación y acoso, también en el lugar de trabajo, en particular por motivos de género, nacionalidad, extracción social, discapacidad, orientación sexual e identidad de género, origen étnico y religión, especialmente en relación con las mujeres musulmanas y las personas LGBTI; lamenta, al mismo tiempo, la ausencia habitual de denuncias de todas las formas de discriminación y especialmente de la discriminación por motivos de discapacidad y contra las personas LGBTI; pide, por lo tanto, a la Comisión que, cuando efectúe el seguimiento de la aplicación de la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, incluya una atención específica a todos los tipos de discriminación, y destaca la necesidad de concienciar a las personas LGBTI respecto a sus derechos, por ejemplo a través de los organismos de promoción de la igualdad, los sindicatos y las organizaciones patronales;

5.  Subraya la importancia de alcanzar un acuerdo lo antes posible y pide al Consejo que desbloquee la situación, con el fin de avanzar hacia una solución pragmática y acelerar sin demora la adopción de la Directiva horizontal contra la discriminación propuesta por la Comisión en 2008 y aprobada por votación en el Parlamento; lo considera una condición previa para asegurar un marco jurídico coherente y consolidado en la UE que proteja contra la discriminación por motivos de religión y convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual fuera del ámbito laboral; señala que no se debería aceptar ninguna restricción indebida del ámbito de aplicación de la Directiva; considera que la consolidación del marco legislativo de la UE en lo que se refiere a la lucha contra los delitos motivados por el odio es asimismo un elemento esencial, teniendo en cuenta que en el entorno laboral también predominan delitos similares;

6.  Destaca que, de acuerdo con la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, todas las formas de discriminación, incluida la discriminación múltiple e intersectorial, obstaculizan en gran medida el desarrollo del capital humano y constituyen una barrera a la carrera profesional; subraya que las personas con discapacidad son víctimas, a menudo, de estos tipos de discriminación;

7.  Observa con preocupación la falta de jurisprudencia que proporcione una interpretación de la «discriminación indirecta» en algunos Estados miembros, así como la dificultad que su definición ha planteado para la transposición de la Directiva en algunos Estados miembros; propone que la Comisión asesore a los Estados miembros sobre estos problemas de interpretación;

8.  Señala que la no discriminación en el ámbito de la ocupación y el empleo solo es eficaz si se combate la discriminación de manera global en todos los aspectos de la vida, por ejemplo, mediante el apoyo de la comunidad, la legislación y los instrumentos de coordinación, como estrategias y marcos de actuación tanto a nivel nacional como europeo, incluida la posibilidad de introducir medidas de acción positiva;

Religión y convicciones

9.  Observa que la prohibición de discriminación por motivos de religión o convicciones se ha transpuesto en todos los Estados miembros, aunque la Directiva no define los términos reales(23);

10.  Toma nota de la naturaleza intersectorial de la discriminación por motivos religiosos y de convicciones y de raza y etnia, y estima que algunos grupos pertenecientes a una minoría religiosa están particularmente afectados por la discriminación en el empleo basada en la religión, como muestran investigaciones nacionales y europeas, en particular la realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales;

11.  Sostiene que la protección frente a la discriminación por motivos religiosos y de convicciones en la Unión Europea se asegura actualmente tanto en la legislación en materia de derechos humanos como en la legislación contra la discriminación, y que ambas se influyen mutuamente;

12.  Destaca que, de acuerdo con ciertos estudios, los judíos, los sijes y los musulmanes (en especial las mujeres) se encuentran entre los grupos religiosos más discriminados en el ámbito laboral; recomienda la adopción de marcos europeos para las estrategias nacionales de lucha contra el antisemitismo y la islamofobia;

13.  Reconoce la numerosa jurisprudencia en el ámbito de la lucha contra la discriminación por motivos de religión o convicciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), se felicita por el papel que ha desempeñado a través de sus decisiones en la interpretación de la Directiva en su totalidad, y espera con interés las primeras decisiones sobre este asunto que adopte en el futuro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; lamenta el reducido número de asuntos remitidos a los tribunales, que contrasta con el elevado número de casos de discriminación que se plasman en las encuestas de victimización pero no son perseguidos por la justicia;

14.  Opina que la aplicación coherente de la legislación contra la discriminación debe verse como un elemento importante de las estrategias de prevención de la radicalización, teniendo en cuenta que, en un contexto cada vez más xenófobo e islamófobo, la discriminación de las comunidades religiosas, incluidos los refugiados y migrantes, puede contribuir a la radicalización religiosa de las personas, influir en el éxito de su incorporación al mercado laboral y repercutir en su acceso a la justicia en relación con su estatuto de residente;

15.  Considera que los tribunales de justicia deberían centrarse más en velar por que se haga una reivindicación de la creencia religiosa de buena fe en lugar de evaluar la validez o la corrección de una religión o convicción;

16.  Estima que se necesita una mayor armonización, de acuerdo con las decisiones de tanto los tribunales nacionales como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al evaluar el principio de la secularidad del Estado a la luz de las disposiciones del artículo 4, apartado 2, de la Directiva relativa a la igualdad en el empleo en lo que respecta al ethos;

17.  Considera, a la vista de la jurisprudencia existente a escala nacional y de la Unión, que ha de establecerse un deber de ajuste razonable para todos los tipos de discriminación —incluida, por lo tanto, la motivada por la religión y las convicciones— en la legislación nacional y de la Unión a condición de que esto no suponga una carga desproporcionada para los empleadores o los prestadores de servicios;

18.  Pide a los Estados miembros que reconozcan el derecho fundamental a la libertad de conciencia;

19.  Es de la opinión de que debería considerarse que la Directiva proporcionase, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, protección frente a la discriminación motivada por la religión o las convicciones del empleador;

20.  Opina que la excepción general del artículo 2, apartado 5, está redactada en términos generales y es necesario realizar avances por lo que se refiere a su aplicación, que reviste especial importancia en el contexto de la crisis migratoria y de los refugiados, y espera que los tribunales examinen muy cuidadosamente sus límites en consonancia con el principio de proporcionalidad;

21.  Insiste en que la libertad religiosa es un principio importante que deben respetar los empleadores; subraya, no obstante, que la aplicación de este principio es una cuestión de subsidiariedad;

Discapacidad

22.  Destaca que por «discriminación por motivos de discapacidad» se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo; observa que engloba todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables(24);

23.  Anima a los Estados miembros a que interpreten la legislación de la Unión de manera que proporcione una base para un concepto de discapacidad que se ajuste a la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, y que combine los elementos que faciliten la igualdad de las personas con discapacidad y catalogue la denegación de ajustes razonables como una forma de discriminación, según establece la mencionada Convención; lamenta que en algunos Estados miembros todavía esté vigente legislación que exija un grado de invalidez del 50 % y solo acepte certificaciones médicas oficiales;

24.  Señala que la Directiva 2000/78/CE no recoge ninguna definición del concepto de discapacidad; destaca que en el asunto Chacón Navas se solicitó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que definiese el concepto de discapacidad de una forma autónoma; recuerda que se ha solicitado la aclaración del concepto de discapacidad en otros asuntos, así como del significado que debe atribuirse a los ajustes razonables para las personas discapacitadas que deben proveer los empleadores en virtud del artículo 5 de la Directiva (HK Danmark C-335/11 y C 337/11);

25.  Lamenta que la tasa de empleo de las mujeres con discapacidad sea inferior al 50 %, una cifra que pone de manifiesto la doble discriminación, lo que dificulta su plena participación en la sociedad;

26.  Considera que una enfermedad terminal, es decir, una enfermedad o condición física de la que pueda esperarse razonablemente que cause la muerte en un plazo no superior a 24 meses tras su certificación por un médico, puede considerarse como una discapacidad si obstaculiza la participación de la persona afectada en su vida profesional;

27.  Destaca la obligación de los empleadores de proporcionar unos ajustes razonables para todos los trabajadores con discapacidad, lo cual puede incluir a los trabajadores con una enfermedad terminal;

28.  Hace hincapié en que la naturaleza de algunas enfermedades terminales puede tener como resultado fluctuaciones en el deterioro físico, mental y psicológico y que, por tanto, los empleadores están obligados a revisar los ajustes razonables de manera periódica para garantizar que apoyan plenamente a los empleados en su función;

29.  Subraya la importancia de la protección de los trabajadores discapacitados, también aquellos con enfermedades terminales, frente a cualquier forma de discriminación en el lugar de trabajo; destaca, en particular, la necesidad de proteger a estos trabajadores del despido improcedente;

30.  Observa que está demostrado que las inversiones en ajustes razonables adecuados para las personas con discapacidad son rentables y que generan un beneficio no solo en términos de inserción social sino también de aumento de la productividad y reducción del absentismo(25); lamenta que muchos Estados miembros no hayan sido capaces de facilitar ajustes razonables adecuados;

31.  Destaca la importancia del trabajo para las personas con discapacidad y quienes padecen enfermedades graves, crónicas o incurables, y defiende enfoques integradores de mercado del trabajo que garanticen la seguridad y sus derechos a ambos grupos de personas;

32.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por que los derechos y servicios relacionados con el empleo, incluidos los ajustes razonables en el contexto de la Directiva relativa a la igualdad en el empleo, sean transferibles y se ajusten a la libre circulación de las personas con discapacidad;

33.  Acoge con satisfacción que todos los Estados miembros ofrezcan subvenciones, subsidios o desgravaciones fiscales, por ejemplo, a los empleadores que proporcionen dichos ajustes, incentivándoles así a que adapten el lugar de trabajo con miras a acomodar y abrir el mercado laboral a las personas con discapacidad y a que velen por que todas las personas disfruten y ejerzan todos los derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad; recomienda que los Estados miembros faciliten, y la Comisión apoye, la impartición de formación a las autoridades nacionales, regionales y locales sobre los ajustes razonables, de modo que les permita proponer orientaciones sobre los ajustes razonables y la prevención de la exclusión de los grupos vulnerables específicos; pide un diálogo con las partes interesadas relevantes, como los sindicatos y los empleadores, con el objetivo de definir las orientaciones sobre los ajustes razonables que hayan de ponerse en práctica;

34.  Destaca la necesidad de reconocer cláusulas sociales en los procedimientos de contratación pública como un posible instrumento para la consecución de los objetivos de política social; considera que podría utilizarse una contratación pública socialmente responsable como instrumento para integrar a las personas con discapacidad y otros grupos vulnerables en el mercado laboral;

35.  Insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a adoptar marcos de calidad para las prácticas con vistas a garantizar unos ajustes razonables y la accesibilidad para las personas con discapacidad;

36.  Destaca la importancia de una norma de diseño universal para los espacios públicos y los entornos de trabajo que tenga en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad, en consonancia con la observación general sobre accesibilidad(26) adoptada por el Comité de las Naciones Unidas el 11 de abril de 2014, y hace hincapié en los compromisos de la Unión en materia de accesibilidad en aras de conseguir mejoras duraderas de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores europeos;

37.  Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que incentiven modelos de trabajo inteligente que permitan a las personas con discapacidad desempeñar su actividad laboral en su hogar, con todas las ventajas que de ello se derivarían en términos de calidad de vida y productividad;

38.  Observa que las personas con discapacidad realizan una contribución valiosa a la sociedad en su conjunto, y pide a los Estados miembros que utilicen los fondos estructurales, en particular el Fondo Social Europeo, para adaptar los lugares de trabajo y proporcionar la asistencia necesaria en el trabajo a las personas con discapacidad, a fin de mejorar la educación y la formación con vistas a incrementar su tasa de empleo en el mercado laboral y combatir el desempleo, la pobreza y la exclusión social de dichas personas; hace hincapié en el artículo 7 y el artículo 96, apartado 7, del Reglamento sobre disposiciones comunes(27), que promueven la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad en la aplicación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) en general, y en los programas operativos en particular, y destaca que una evaluación ex-ante debería analizar la idoneidad de las medidas previstas en favor del fomento de la igualdad de oportunidades y la prevención de todo tipo de discriminación; considera que la financiación europea y nacional podría también canalizarse, por ejemplo, hacia las pymes que animen a los trabajadores a recibir cursos que les permitan mantener su empleo;

39.  Pide a los Estados miembros que revisen los regímenes de seguro de desempleo con vistas a impedir la discriminación de las personas con discapacidad;

40.  Anima a los Estados miembros a que consideren los beneficios de la introducción de medidas de acción positivas como, por ejemplo, las combinación de políticas pasivas del mercado de trabajo, tales como las desgravaciones fiscales y los incentivos en metálico, con políticas activas del mercado de trabajo —es decir, la orientación y el asesoramiento, la formación y educación, y las colocaciones— para apoyar el empleo de las personas con discapacidad;

41.  Alienta a los Estados miembros a que desarrollen y pongan en marcha un marco global que permita medidas que garanticen el acceso a un empleo de calidad a las personas con discapacidad, que incluyan la posibilidad de imponer, por ejemplo, multas por incumplimientos de la legislación contra la discriminación a fin de financiar la inclusión en el mercado laboral abierto y otras acciones en ese ámbito;

42.  Anima a los Estados miembros a proporcionar un apoyo continuo a los empleadores que contraten a personas con discapacidad con el fin de crear unas condiciones favorables y garantizar un apoyo adecuado en todas las fases de la vida laboral: la contratación, la retención y la progresión profesional;

43.  Pide a todos los actores involucrados que presten una atención particular a la integración de personas con discapacidad intelectual y psicosocial y que desarrollen una campaña exhaustiva para concienciar acerca de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y combatir los prejuicios, especialmente contra las personas con discapacidad psicosocial, discapacidad intelectual, personas con trastornos del espectro autista y personas de edad avanzada con discapacidad en el entorno de trabajo; solicita que pueda disponerse en formatos accesibles de todos los materiales relacionados con el desarrollo de las capacidades, la formación, la concienciación y las declaraciones públicas, entre otros;

44.  Expresa su preocupación por el retraso en la evaluación intermedia de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020; insta a la Comisión a que revise la estrategia partiendo de las observaciones finales sobre el informe inicial de la Unión Europea adoptadas por el Comité de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad el 7 de septiembre de 2015, y a que incluya organizaciones representativas de personas con discapacidad en este proceso;

45.  Lamenta que la Comisión no haya abordado todavía las desigualdades en la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y la Estrategia de discapacidad; pide, por tanto, a la Comisión que aumente la concienciación sobre los derechos de las personas con discapacidad y la discriminación que sufren y aborde dichas cuestiones;

Edad

46.  Subraya la importante contribución de los trabajadores de edad avanzada a la sociedad y a la competitividad de las empresas; resalta la importancia de contar con trabajadores de edad avanzada que puedan transmitir sus conocimientos y su experiencia a los más jóvenes en el marco de un envejecimiento activo, y lamenta que la edad sea un motivo destacado de discriminación laboral; considera lamentable que las personas mayores sigan estando a menudo expuestas a estereotipos y barreras en el mercado laboral y pide que una justicia intergeneracional basada en la solidaridad, el respeto mutuo, la responsabilidad y la buena disposición a la ayuda mutua;

47.  Pide a los Estados miembros que promocionen el acceso al empleo y la integración en el mercado laboral de todos los trabajadores con independencia de su edad y que apliquen medidas para proteger a todos los trabajadores en el lugar de trabajo en términos de remuneración, formación, carrera profesional, salud y seguridad, etc.;

48.  Toma nota de que el rejuvenecimiento unilateral de las plantillas no favorece la innovación, sino que representa un derroche de experiencia, conocimientos y competencias;

49.  Pide a los Estados miembros que animen a los empleadores a contratar a gente joven, pero que garanticen y respeten al mismo tiempo la igualdad de trato en cuanto a remuneración y protección social, incluida la formación necesaria relacionada con el trabajo;

50.  Toma nota de que el TJUE señala la solidaridad entre generaciones como el objetivo legítimo más importante que justifica la desigualdad de trato por razón de edad(28), ya que los Estados miembros que presentan las tasas de empleo más elevadas de trabajadores de edad avanzada también son los que incorporan mucho mejor a los jóvenes en el mercado laboral;

51.  Recuerda que la legislación de la UE relativa a las políticas de envejecimiento debe aplicarse de manera eficaz con el fin de combatir y prevenir la discriminación por motivos de edad;

52.  Observa que, gracias a las políticas aplicadas, las personas de 55 a 64 años representan una proporción mayor de los trabajadores en todos los Estados miembros; lamenta, no obstante, que la tasa de empleo de este grupo de personas haya crecido demasiado lentamente y siga siendo inferior al 50 % en la UE-28; subraya, por tanto, que la digitalización tiene un impacto sustancial en el mercado laboral, al crear nuevas oportunidades de trabajo y unas condiciones laborales más flexibles, como el trabajo a distancia o teletrabajo, que podrían servir como un instrumento eficaz contra la exclusión de las personas de más de 50 años de edad y las personas no cualificadas de mediana edad; destaca, en este contexto, que la mejora continua de competencias digitales mediante el ofrecimiento a los trabajadores de oportunidades de formación, perfeccionamiento y reciclaje durante toda su carrera profesional es una condición previa para beneficiarse de la digitalización; considera asimismo que las oportunidades para la futura creación de empleo en el mercado digital requerirán esfuerzos adicionales por parte de los Estados miembros a fin de abordar la inadecuación de las cualificaciones, en particular para personas por encima de los 50 años de edad;

53.  Destaca que las medidas contra la discriminación por razón de edad no deben distinguir, por una cuestión de principios, entre niños y personas mayores y que debe perseguirse adecuadamente toda forma de discriminación injustificada por razón de edad;

54.  Observa que los trabajadores de más edad, en particular, se encuentran en condiciones más precarias y pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, estudien el problema cada vez mayor del desempleo entre las personas de más de 50 años y que desarrollen instrumentos eficaces, como la formación profesional e incentivos o subvenciones a los empresarios, a fin de reintegrar a los trabajadores de más edad en el mercado laboral y protegerlos contra el despido improcedente;

55.  Destaca la necesidad de impulsar las competencias digitales entre la población activa, y hace hincapié en que la digitalización contribuirá a la inclusión social y ayudará a las personas de edad avanzada y los trabajadores con discapacidad a permanecer por más tiempo en el mercado laboral, al permitirles beneficiarse de las oportunidades de la inteligencia artificial; considera importante modelar la influencia del mercado digital sobre el empleo de una manera socialmente justa y sostenible; destaca que muchos empleadores no contratan a trabajadores de edad avanzada por los estereotipos de que carecen de competencias o de que poseen competencias desfasadas; pide, por tanto, la inclusión del aprendizaje continuo y la educación de adultos para los trabajadores de todos los grupos de edad en las reflexiones sobre la próxima Estrategia europea de competencias anunciada por la Comisión;

56.  Recuerda que los recursos humanos son el recurso más importante de la Unión y los Estados miembros; opina que las competencias digitales son esenciales para proteger a los trabajadores mayores de 55 años de la exclusión del mercado de trabajo y ayudarles a encontrar un nuevo empleo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en colaboración con los interlocutores sociales, desarrollen estrategias de cualificaciones que vinculen la educación y el trabajo y, por lo tanto, que inviertan y fomenten el aprendizaje permanente, y que faciliten sistemas de formación asequibles y globales, así como el reciclaje para el desarrollo de competencias digitales y aptitudes interpersonales, entre ellas, la adaptación al entorno virtual (realidad aumentada), que permitan que la población de más edad se adapte mejor a la creciente demanda de competencias digitales en muchos sectores diferentes; subraya, por consiguiente, que los trabajadores mayores de 55 años, en particular las mujeres, deben tener un acceso continuo a la formación en las TIC; alienta asimismo a los Estados miembros y a la Comisión a que adopten estrategias destinadas a reducir la brecha digital y favorecer la igualdad de acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación;

57.  Acoge con satisfacción el programa de trabajo de los interlocutores sociales europeos para el período 2015-2017, que se centra en el envejecimiento activo; pide a los interlocutores sociales que se ocupen exhaustivamente de las cuestiones relacionadas con la discriminación por razón de edad, el aprendizaje en la edad adulta, la salud y seguridad ocupacionales, así como de la conciliación entre la vida familiar y laboral, en aras de construir un marco europeo que apoye la empleabilidad y la salud de todos los trabajadores;

58.  Recalca que se necesitan estadísticas fiables sobre la situación de las personas mayores y los cambios demográficos para elaborar estrategias de envejecimiento activo mejor orientadas y eficaces; pide a la Comisión que garantice la recopilación de datos completos de gran calidad sobre el estatus social de las personas mayores, su salud, derechos y nivel de vida;

59.  Señala que el fomento de entornos propicios para las personas mayores es un instrumento fundamental para apoyar a los trabajadores y a los demandantes de empleo de mayor edad y para fomentar sociedades inclusivas que ofrezcan las mismas oportunidades para todos; acoge con satisfacción, en este sentido, el proyecto de gestión conjunta de la Comisión con la OMS destinado a adaptar la Guía Mundial de Ciudades Adaptadas a las Personas Mayores al contexto europeo;

60.  Acoge con satisfacción la campaña «Lugares de trabajo sanos para todas las edades», auspiciada por la EU-OSHA; subraya la importancia de una legislación eficaz en materia de salud y seguridad ocupacionales e incentiva a las empresas a adoptar métodos preventivos; pide que la campaña se divulgue intensivamente en las empresas de todos los tamaños;

61.  Pide a los Estados miembros que refuercen los sistemas públicos de pensiones en aras de garantizar una renta dignatras la jubilación;

62.  Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión sobre el equilibrio entre la vida laboral y privada; subraya que el equilibrio entre la vida laboral y privada supone también un desafío para los trabajadores de edad más avanzada, ya que el 18 % de los hombres y el 22 % de las mujeres de edades comprendidas entre los 55 y los 64 años se encargan de miembros de la familia que necesitan cuidados, mientras que más de la mitad de los abuelos se ocupa regularmente de sus nietos; recomienda que la próxima iniciativa sobre el equilibrio entre la vida laboral y privada incluya medidas exhaustivas para apoyar a los cuidadores informales y a los abuelos en edad laboral, así como a los padres jóvenes;

63.  Insta a los Estados miembros a que promuevan unos servicios públicos gratuitos y de calidad que garanticen la debida y necesaria prestación de cuidados y asistencia a niños, enfermos y ancianos;

Orientación sexual

64.  Observa que los tribunales nacionales y el TJUE han visto tan solo un número limitado de casos de discriminación por motivos de orientación sexual;

65.  Recuerda que, a pesar de que el número de Estados miembros que han extendido la prohibición de la discriminación por razón de orientación sexual a todos los ámbitos cubiertos por la Directiva de igualdad racial pasó de 10 en 2010 a 13 en 2014, la protección frente a la discriminación por motivos de orientación sexual y de identidad de género sigue siendo limitada(29);

66.  Recuerda que el alcance de la protección contra la discriminación de las personas transexuales, especialmente en los ámbitos del empleo, la educación y la sanidad, sigue siendo incierto en muchos Estados miembros; pide medidas para aplicar de manera efectiva la legislación nacional por la que se transpone la Directiva sobre igualdad de género; señala que tales medidas podrían mejorar las definiciones jurídicas para garantizar que la protección incluye a todas las personas transgénero y no solo a las transexuales que se someten o se han sometido a un cambio de sexo(30);

67.  Expresa su preocupación por que la concienciación sobre los derechos en el ámbito de la discriminación y el conocimiento de la existencia de organismos y organizaciones que ofrecen ayuda a las víctimas de la discriminación sean bajos, con porcentajes de conocimiento más elevados entre las personas LGBTI; considera que las autoridades nacionales, regionales y locales, junto con las organizaciones de las partes interesadas relevantes, deberían intensificar sustancialmente las actividades de sensibilización, tanto para las víctimas como para los empleadores, así como para otros grupos; destaca que las organizaciones LGBTI nacionales son socios clave en estos esfuerzos;

68.  Pide a la Comisión y los Estados miembros que garanticen el reconocimiento mutuo del estatus de pareja, los regímenes matrimoniales y los derechos parentales; pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que tengan en cuenta la discriminación específica que sufren las personas intersexuales en cuanto al empleo y que revisen sus leyes y prácticas con vistas a impedir la discriminación de las personas intersexuales;

Aspectos horizontales y recomendaciones

69.  Manifiesta su preocupación por la falta de claridad y certidumbre jurídicas sobre la discriminación múltiple, debido a menudo a la existencia de reglamentaciones y normas divergentes y fragmentadas en los Estados miembros; constata el importante trabajo realizado por Equinet a la hora de contribuir al desarrollo de normas comunes, y considera que esta labor debe recibir el apoyo adecuado;

70.  Lamenta que la Directiva 2000/78/CE no recoja ninguna disposición específica sobre la discriminación múltiple, aun cuando en la propia Directiva se señala que, a menudo, las mujeres la padecen, y que la combinación de dos o más formas de discriminación puede plantear problemas derivados de las divergencias en el nivel de protección garantizada para las distintas formas; pide a los Estados miembros y a la Comisión que combatan todas las formas de discriminación múltiple y que velen por la aplicación del principio de no discriminación y de igualdad de trato en el mercado laboral y en el acceso al empleo; recomienda que las autoridades nacionales, regionales y locales, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los inspectores laborales, los organismos nacionales para la igualdad y las organizaciones de la sociedad civil aumenten su control de la confluencia entre género y otros motivos en los casos y las prácticas de discriminación;

71.  Destaca que la falta de datos desglosados, comparables y objetivos en materia de igualdad hace todavía más difícil probar la existencia de discriminación, especialmente de discriminación indirecta; recuerda que el artículo 10 de la Directiva 2000/78/CE permite modificar la carga de la prueba e invertirla cuando determinados hechos permitan presumir la existencia de una discriminación directa o indirecta; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que recopilen datos sobre la igualdad dentro del ámbito de la Directiva de forma sistemática y precisa y contando con la participación de los interlocutores sociales, los organismos nacionales para la igualdad y los tribunales nacionales;

72.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren —para incluir también en los informes anuales y en el informe conjunto anual sobre protección social e inclusión social— estadísticas armonizadas y homogéneas dirigidas a completar todas las lagunas en la recopilación de datos sobre igualdad de género; pide a la Comisión que tome iniciativas para promover esta recopilación de datos por medio de una Recomendación a los Estados miembros, y encomendando a Eurostat la realización de consultas con el objetivo de integrar los datos desglosados según todos los tipos de discriminación en los indicadores de la Encuesta Social Europea, a fin de actuar y tomar medidas prácticas contra toda forma de discriminación relacionada con la contratación y el mercado laboral;

73.  Recomienda a los Estados miembros que, al recopilar los datos estadísticos sobre los asuntos de empleo, incluyan preguntas opcionales en una encuesta laboral para descubrir una posible discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual;

74.  Subraya que se tengan en cuenta las cargas burocráticas para las microempresas y las pymes en todas las fases del proceso legislativo y que las medidas propuestas se sometan a una evaluación de proporcionalidad;

75.  Señala el importante papel que desempeñan los organismos nacionales para la igualdad en la aplicación de la Directiva relativa a la igualdad en el empleo, en la medida en que contribuyen a la sensibilización y a la recopilación de datos, colaboran con los interlocutores sociales y otras partes interesadas, abordan la cuestión del bajo nivel de denuncias y asumen un papel de liderazgo a la hora de simplificar y facilitar la presentación de denuncias por parte de las víctimas de discriminación; pide que se refuerce el cometido de los organismos nacionales para la igualdad, se asegure su imparcialidad, se extiendan sus actividades y se aumenten sus capacidades, en particular mediante la prestación de una financiación adecuada;

76.  Pide a los Estados miembros que demuestren un mayor compromiso en la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las políticas de empleo; pide que se aplique activamente la presupuestación con perspectiva de género, también mediante la promoción del intercambio de buenas prácticas por parte de la Comisión, así como medidas que fomenten el empleo de las mujeres en condiciones equitativas y sin precariedad, con un equilibrio saludable entre la vida laboral y privada y la formación continua, además de medidas que reduzcan la brecha en los salarios y en las pensiones y, en general, mejoren la situación de las mujeres en el mercado laboral;

77.  Pide a los Estados miembros que desarrollen clasificaciones laborales y sistemas de evaluación no sexistas, ya que son medidas indispensables para fomentar la igualdad de trato;

78.  Destaca que las políticas relativas a la igualdad de trato deberían tener como objetivo abordar la cuestión de los estereotipos en las ocupaciones y las funciones tanto de hombres como de mujeres;

79.  Recuerda que los interlocutores sociales han de desempeñar un papel esencial en materia de información y sensibilización, tanto de los trabajadores como de los empleadores, sobre la lucha contra la discriminación;

80.  Considera que se han de focalizar más los esfuerzos en equilibrar los derechos contrapuestos, como la libertad de religión y de convicciones y la libertad de expresión en los casos de acoso por este motivo;

81.  Insta a los Estados miembros a que desarrollen y consoliden los organismos nacionales de inspección laboral dotándolos de condiciones y de recursos financieros y humanos que permitan su actuación eficaz sobre el terreno para luchar contra la precariedad laboral, el empleo no regulado y la discriminación laboral y salarial, en particular desde una perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres;

82.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la conciliación de la vida laboral y privada a través de medidas concretas, por ejemplo, nuevas propuestas sobre el permiso de maternidad, con el fin de garantizar el derecho de las mujeres a reincorporarse al mundo laboral tras el embarazo y el permiso de maternidad y los permisos parentales, garantizar su derecho a la protección eficaz de la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, garantizar las prestaciones por maternidad, y que adopten medidas para evitar el despido injusto de empleadas durante el embarazo, así como sobre el permiso para cuidadores y el refuerzo de la legislación sobre el permiso de paternidad;

83.  Señala que el acceso a la justicia es limitado en muchos casos de discriminación; destaca la importancia del acceso a la información para las víctimas de la discriminación; considera necesario que los Estados miembros adopten las medidas necesarias con miras a garantizar que las víctimas dispongan de un asesoramiento jurídico razonable y accesible y de asistencia letrada en todas las fases del procedimiento, incluidos el asesoramiento presencial confidencial y el apoyo emocional, personal y moral por parte de los organismos de igualdad o los intermediarios adecuados; pide, además, a los Estados miembros que combatan el acoso y la violencia en el puesto de trabajo, que vulneran la dignidad de la persona o crean un entorno laboral intimidatorio;

84.  Opina que deben mejorarse los mecanismos de denuncia a nivel nacional mediante el fortalecimiento de los organismos nacionales para la igualdad a fin de mejorar el acceso a la justicia y los mecanismos extrajudiciales y mediante un incremento de la confianza en las autoridades, proporcionando asistencia letrada, ofreciendo asesoramiento y apoyo jurídico y simplificando los a menudo largos y complejos procedimientos jurídicos; pide a los Estados miembros que creen plataformas que puedan recibir denuncias y facilitar apoyo gratuito sobre las acciones legales en caso de discriminación y acoso en el lugar de trabajo;

85.  Pide que se adopten normas en defensa de los denunciantes y su privacidad en los casos de discriminación, acoso laboral u hostigamiento en el lugar de trabajo;

86.  Recuerda que, en determinadas circunstancias, es todavía problemático llevar los casos ante los tribunales y garantizar una representación adecuada, e insta a los Estados miembros a que estudien la forma de ayudar a las víctimas en este cometido, también mediante la concesión de exenciones y deducciones fiscales por los costes del proceso, la prestación de apoyo y asistencia jurídica por parte de ONG especializadas y el aseguramiento de una reparación jurídica y una representación adecuada; subraya la importancia de la capacidad legal de las ONG con un interés legítimo en procedimientos judiciales o administrativos relevantes;

87.  Celebra que las sanciones previstas en las leyes contra la discriminación aprobadas por los Estados miembros sean, por lo general, conformes con la Directiva relativa a la igualdad en el empleo; destaca asimismo el importante papel desempeñado por los organismos públicos especializados en la lucha contra la discriminación a la hora de resolver los problemas relacionados con las sanciones y los recursos; no obstante, expresa su preocupación por el hecho de que, en lo que respecta al nivel y al importe de las reparaciones, los tribunales nacionales tienden a aplicar la escala inferior de las sanciones previstas por la ley(31); hace hincapié en la necesidad de que la Comisión supervise de cerca las normas aplicadas en los Estados miembros en materia de sanciones y recursos, para evitar que, tal y como ha dictaminado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la legislación nacional no prevea más que sanciones puramente simbólicas o contemple únicamente la amonestación en caso de discriminación;

88.  Manifiesta su preocupación por la escasa participación de la comunidad gitana en el mercado laboral; hace hincapié en la necesidad de reforzar el papel de las ONG especializadas en esta minoría étnica para fomentar su participación en el mercado laboral; pone de relieve asimismo la importancia del papel que las ONG han de desempeñar a la hora de facilitar a la comunidad romaní información sobre sus derechos o de ayudarle en la presentación de denuncias en los casos de discriminación, lo que servirá en último término para mejorar la recopilación de datos;

89.  Pide a los Estados miembros que utilicen la posibilidad abierta en la Directiva de introducir la acción positiva en los casos de grupos que sufran una discriminación grave y estructural, como los gitanos;

90.  Celebra que la gran mayoría de los Estados miembros haya considerado algún tipo de acción positiva en el ámbito de aplicación de la Directiva.

91.  Destaca la necesidad de difundir las decisiones relevantes del TJUE y de cambiar las decisiones de los tribunales nacionales en línea con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por lo que se refiere a las disposiciones de la Directiva relativa a la igualdad en el empleo;

92.  Hace hincapié en la importancia de garantizar el apoyo a los cuidadores informales que combinan las responsabilidades laborales y asistenciales (por ejemplo, mediante horarios de trabajo flexibles, sustitución temporal) de forma que estos cuidadores (la mayoría, mujeres) puedan proporcionar sus cuidados y realizar una enorme contribución a sus familias y a la sociedad, y que no estén penalizados por esta contribución ahora o en el futuro;

93.  Considera necesario facilitar una formación adecuada a los funcionarios de las autoridades nacionales, regionales y locales, así como de los organismos responsables de aplicar la ley y las inspecciones de trabajo; opina que la formación de todas las partes interesadas, como los jueces, los fiscales, los funcionarios judiciales, los abogados e investigadores, las fuerzas de policía y los funcionarios de prisiones, sobre la jurisprudencia y la legislación relativas a la no discriminación en el empleo reviste una importancia crucial, al igual que la formación sobre la comprensión de las culturas y los prejuicios inconscientes;

94.  Considera necesario que la Comisión Europea proporcione a las empresas privadas, incluidas las pymes y las microempresas, modelos de marcos de igualdad y diversidad que puedan reproducir y adaptar posteriormente de acuerdo con sus necesidades; pide a las partes interesadas de las empresas que no se limiten a hacer promesas de respetar la igualdad y la diversidad, sino que vayan más allá, por ejemplo, informando anualmente de sus iniciativas a este respecto con la ayuda de los organismos de igualdad si así lo desean;

95.  Pide a los empleadores que creen entornos de trabajo contrarios a la discriminación para sus empleados respetando y aplicando las directivas existentes contra la discriminación basadas en el principio del trato igualitario con independencia del sexo, la raza o el origen étnico, la religión o las convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual; pide a la Comisión que supervise la aplicación de las medidas asociadas;

96.  Recuerda la importante función que desempeñan los interlocutores sociales, las ONG y la sociedad civil en la tarea de prestar ayuda a las víctimas, al tiempo que destaca que para las personas que sufren discriminación es con frecuencia más fácil dirigirse a ellos que a otras instancias pertinentes; propone, por tanto, que se preste un firme apoyo a las organizaciones de la sociedad civil activas en este ámbito;

97.  Pide que se promuevan los derechos humanos y una educación cívica que fomente la sensibilización y la aceptación de la diversidad y que genere un entorno integrador mediante un impulso a la redefinición de las normas y a la supresión de las etiquetas denigrantes;

98.  Pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que apoyen el estudio de la educación cívica y los derechos humanos en la enseñanza primaria y secundaria;

99.  Considera necesario que la Comisión adopte un marco europeo para las estrategias nacionales de lucha contra el antisemitismo, la islamofobia y otras formas de racismo;

100.  Alienta a los Estados miembros a que prevean planes adecuados de reinserción en el mercado laboral de los presos que hayan cumplido su condena;

101.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a faciliten a las partes interesadas relevantes, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y los organismos para la igualdad, el acceso a financiación destinada a campañas educativas y de sensibilización acerca de la discriminación en el empleo; pide al sector privado que realice su contribución al establecimiento de un entorno de trabajo sin discriminaciones;

102.  Pide a los Estados miembros que se esfuercen por que se lleve a cabo un intercambio de buenas prácticas en materia de lucha contra la discriminación en el empleo;

103.  Pide a las organizaciones de los interlocutores sociales que desarrollen una concienciación interna acerca de la desigualdad en el empleo y que presenten propuestas para abordar cuestiones a escala de organización o empresa o convenio colectivo sectorial, proyectos de formación y campañas destinadas a sus miembros y a los trabajadores;

104.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que involucren a los interlocutores sociales (sindicatos y empleadores) y a la sociedad civil, incluidos los organismos para la igualdad, en la aplicación efectiva de la igualdad en el empleo y la ocupación, con vistas a fomentar un trato igualitario; pide asimismo a los Estados miembros que mejoren el diálogo social y el intercambio de experiencias y mejores prácticas;

o
o   o

105.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
(2) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
(3) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0321.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0320.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0286.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0293.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0261.
(9) DO C 316 de 30.8.2016, p.83.
(10) DO C 75 de 26.2.2016, p.130.
(11) DO C 131 E de 8.5.2013, p. 9.
(12) DO C 74 E de 13.3.2012, p.19.
(13) DO C 351 E de 2.12.2011, p.29.
(14) DO C 212 E de 5.8.2010, p.23.
(15) DO C 279 E de 19.11.2009, p.23.
(16) Sentencia de 10 de mayo de 2011, Römer, C-147/08, ECLI:EU:C:2011:286.
(17) http://fra.europa.eu/en/publication/2014/eu-lgbt-survey-european-union-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-survey-main.
(18) http://fra.europa.eu/en/publication/2014/being-trans-eu-comparative-analysis-eu-lgbt-survey-data.
(19) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR15_03/SR15_03_ES.pdf.
(20) http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1568es.pdf.
(21) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0351
(22) EPRS, «The Employment Equality Directive - Evaluation of its implementation» (Directiva relativa a la igualdad en el empleo – Evaluación de su aplicación).
(23) Ibid.
(24) Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, artículo 2.
(25) Parlamento Europeo, Departamento Temático A: Políticas Económicas y Científicas, «Reasonable Accommodation and Sheltered Workshops for People with Disabilities: Costs and Returns of Investments» («Ajuste razonable y talleres protegidos para personas con discapacidad: coste y rendimiento de las inversiones).
(26) Observación general n.º 2 (2014) sobre el artículo 9: Accesibilidad https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/16/PDF/G1403316.pdf?OpenElement.
(27) Reglamento (UE) n.º 1303/2013.
(28) Documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Annexes to the Joint Report on the application of the Racial Equality Directive (2000/43/EC) and the Employment Equality Directive (2000/78/EC)» (SWD(2014)0005).
(29) Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2015), «Protección frente a la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género y características sexuales en la UE: análisis jurídico comparativo».
(30) Ibid.
(31) EPRS, op. cit.


Actividades, impacto y valor añadido del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización entre 2007 y 2014
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre las actividades, impacto y valor añadido del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización entre 2007 y 2014 (2015/2284(INI))
P8_TA(2016)0361A8-0227/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006(1),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n.º 1927/2006 por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(2),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(3),

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las actividades del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en 2013 y 2014 (COM(2015)0355),

–  Vista la evaluación ex post del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) – Informe final de agosto de 2015,

–  Visto el Informe Especial n.º 7/2013 del Tribunal de Cuentas titulado «¿Ha aportado el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización valor añadido europeo a la reinserción de los trabajadores despedidos?»,

–  Visto el Informe Eurofound del ERM de 2012 titulado «Después de la reestructuración: mercados laborales, condiciones de trabajo y satisfacción con la vida»,

–  Visto el estudio de caso de Eurofound titulado «Added value of the European Globalisation Adjustment Fund: A comparison of experiences in Germany and Finland» (2009),

–  Visto el Informe Eurofound del ERM de 2009 titulado «Reestructuración en tiempos de recesión»,

–  Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2011, sobre el futuro del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(4),

–  Vista su Resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre la financiación y el funcionamiento del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización(5),

–  Vistas las Resoluciones que ha aprobado desde enero de 2007 sobre la movilización del FEAG, incluidas las observaciones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales sobre las solicitudes correspondientes,

–  Vistas las deliberaciones del Grupo especial sobre el FEAG de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Comercio Internacional, la Comisión de Control Presupuestario, la Comisión de Desarrollo Regional y la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0227/2016),

A.  Considerando que el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó con objeto de ayudar y expresar solidaridad a los trabajadores despedidos como resultado de los grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial; que el objetivo del FEAG es contribuir a un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y a la promoción de un empleo sostenible, prestando ayuda a los trabajadores despedidos y preparándolos para un nuevo puesto de trabajo; que el FEAG se concibió para hacer frente a situaciones de emergencia a través de una intervención rápida y una ayuda a corto plazo en respuesta a dificultades graves e imprevistas del mercado laboral que impliquen despidos a gran escala, a diferencia del Fondo Social Europeo (FSE), que también apoya a los trabajadores despedidos, pero cuyo objetivo es abordar los desequilibrios estructurales a largo plazo principalmente a través del aprendizaje permanente; que el FEAG debe seguir funcionando fuera del MFP durante el próximo periodo de programación;

B.  Considerando que en los últimos años se han generalizado en mayor medida las reestructuraciones, intensificándose en algunos sectores y extendiéndose a otros nuevos; que las empresas son responsables de los efectos a menudo imprevistos de estas decisiones en las comunidades y en el tejido económico y social de los Estados miembros; que el FEAG ayuda a amortiguar los efectos negativos de estas decisiones de reestructuración; que cada vez son más los casos del FEAG que tienen que ver con estrategias de reestructuración de grandes empresas y multinacionales que con frecuencia se adoptan sin la participación de los trabajadores ni de sus representantes; que la reubicación, la deslocalización, los cierres, las fusiones, las adquisiciones, las absorciones, la reorganización de la producción y la externalización de actividades son las formas más comunes de reestructuración;

C.  Considerando que la adaptabilidad y la proactividad al cambiar de empleo u ocupación pueden verse, no obstante, lastradas por la inseguridad, ya que una transición supone un riesgo potencial de desempleo, salario inferior e inseguridad social; que la reinserción laboral de los beneficiarios de casos del FEAG será más satisfactoria si conduce a un empleo de calidad;

D.  Considerando que las cooperativas gestionan las reestructuraciones de forma socialmente responsable y que su modelo de gobierno específico, basado en la propiedad colectiva, la participación democrática y el control de los miembros, así como en la capacidad de las cooperativas para funcionar con sus propios recursos financieros y redes de apoyo, explica por qué las cooperativas son más flexibles e innovadoras para gestionar la reestructuración de forma duradera, así como para crear nuevas oportunidades de negocio;

E.  Considerando que el artículo 19 del Reglamento (UE) n.º 1309/2013 establece que la Comisión debe presentar al Parlamento y al Consejo un informe cuantitativo y cualitativo bienal acerca de las actividades realizadas por el FEAG durante los dos años anteriores;

F.  Considerando que no existe un marco jurídico europeo sobre información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones al objeto de poder prever los cambios y evitar la pérdida de puestos de trabajo; que el Parlamento pidió, en su Resolución de 15 de enero de 2013(6), que la Comisión, de conformidad con el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, presente cuanto antes y previa consulta a los interlocutores sociales una propuesta de acto jurídico en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones, (siguiendo las pormenorizadas recomendaciones recogidas en su anexo); que existen diferencias considerables a nivel nacional en lo relativo a las responsabilidades de los empleadores para con sus empleados en este proceso; que los interlocutores sociales europeos han sido consultados en dos ocasiones sobre este asunto, sin que la Comisión emprendiera acción alguna; que la Comisión ha ofrecido respuestas decepcionantes a Resoluciones parlamentarias en materia de información, consulta y reestructuración, lo que resalta la necesidad de adoptar medidas concretas en este ámbito; que resulta esencial contar con sistemas de relaciones laborales bien desarrollados que concedan a los trabajadores y a sus representantes derechos en el ámbito de la consulta y la información; que una Directiva reforzada sobre información y consulta podría contribuir a garantizar que las negociaciones para lograr un plan adecuado puedan desarrollarse en condiciones justas y de forma oportuna;

G.  Considerando que el número mínimo de despidos se redujo de 1 000 a 500, con la posibilidad de considerar, en circunstancias excepcionales, o en mercados laborales pequeños, una solicitud del FEAG si los despidos tienen un grave impacto en el empleo y en la economía local, regional o nacional;

H.  Considerando que, desde el 1 de enero de 2014, las personas que hayan trabajado como autónomos también pueden ser beneficiarios y recibir ayudas; que la Comisión debe garantizar que el FEAG atienda a las necesidades específicas de los trabajadores autónomos, ya que cada vez son más numerosos; que hasta el 31 de diciembre de 2017 los jóvenes sin trabajo, estudios ni formación («ninis») en regiones elegibles en virtud de la Iniciativa de Empleo Juvenil pueden obtener ayudas del FEAG, en un número igual al número de beneficiarios previstos;

I.  Considerando que el actual FEAG tiene por objetivo no solo apoyar a los trabajadores despedidos, sino también mostrar solidaridad con ellos;

J.  Considerando que el presupuesto inicial del FEAG era de 500 millones de euros al año; que el presupuesto actual es de 150 millones de euros anuales, lo que equivale a una media anual de gasto de unos 70 millones de euros desde su creación;

K.  Considerando que, si bien el porcentaje de cofinanciación inicial era del 50 %, se elevó al 65 % para el período 2009-2011, volvió al 50 % en el período 2012-2013 y se sitúa actualmente en el 60 %;

L.  Considerando que entre 2007 y 2014 se han presentado 134 solicitudes procedentes de 20 Estados miembros, relativas a 122 121 trabajadores despedidos, y que se ha solicitado un total de 561,1 millones de euros; observando que en el período 2007-2013 el porcentaje de ejecución presupuestaria fue tan solo del 55 %; que entre 2007 y 2014 el sector manufacturero dio lugar al mayor número de solicitudes, en particular, el sector del automóvil, que afectó a 29 000 de los 122 121 trabajadores (un 23 % del total cubierto en las solicitudes presentadas); que en la actualidad los efectos de la crisis económica tienen más importancia y repercusión en las empresas de pequeñas dimensiones con menos de 500 empleados;

M.  Considerando que el Tribunal de Cuentas Europeo recomienda al Parlamento, a la Comisión y al Consejo que se planteen limitar la financiación de la Unión a las medidas que puedan aportar valor añadido de la UE, en lugar de financiar los regímenes nacionales actuales de apoyo a la renta de los trabajadores, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra b); que se considera que las medidas del FEAG tienen más valor añadido cuando se utilizan para cofinanciar servicios para trabajadores despedidos que no están habitualmente incluidos en los sistemas de prestaciones por desempleo de los Estados miembros, estando estos servicios más centrados en la formación que en las prestaciones, y en los casos en que estas medidas se han personalizado y complementan las disposiciones generales, en particular para los grupos más vulnerables de trabajadores despedidos; observando a este respecto la necesidad de invertir en el potencial de los antiguos empleados y la importancia de realizar una evaluación completa de las necesidades del mercado de trabajo local y de las competencias requeridas, ya que esto debe conformar la base para la formación y la creación de competencias a fin de contribuir a facilitar una rápida reinserción de los trabajadores en el mercado laboral; recordando que los Estados miembros tienen la obligación de ejecutar el presupuesto del FEAG de forma efectiva;

N.  Considerando que el FEAG no resuelve el problema del desempleo en la Unión; que la solución a la crisis de desempleo en la Unión pasa por conceder prioridad a la creación, la protección y la sostenibilidad de los puestos de trabajo en la política de la Unión; que las tasas de desempleo en la Unión, en especial las de los jóvenes y los desempleados de larga duración, hacen que se requieran con urgencia iniciativas que ofrezcan nuevas perspectivas profesionales;

O.  Considerando que el período de referencia para la evaluación del FEAG a efectos del presente informe es el comprendido entre 2007 y 2014; que la evaluación ex post de la Comisión abarca el período 2007-2013 y las auditorías del informe del Tribunal de Cuentas, el período 2007-2012;

P.  Considerando que los principios de igualdad de género y de no discriminación, que se encuentran entre los valores fundamentales de la Unión y están consagrados en la Estrategia Europa 2020, deben garantizarse y promoverse en la ejecución del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG);

1.  Toma nota de la evaluación ex post del FEAG y del primer informe bienal; toma nota de que la Comisión cumple su obligación de notificación; considera que estos y otros informes no son suficientes para garantizar plenamente la transparencia y la eficacia del FEAG; pide a los Estados miembros que se han beneficiado del FEAG que pongan a disposición del público todos los datos y evaluaciones de los casos y que incluyan una evaluación de impacto en función del género en la notificación de los casos; anima encarecidamente a los Estados miembros a que publiquen de forma oportuna sus solicitudes e informes finales en virtud del Reglamento en vigor; considera que, aunque la Comisión cumple su obligación de notificación, esta podría publicar todos los documentos pertinentes relativos a casos del FEAG, incluidos sus informes de viaje internos tras las visitas de seguimiento a las solicitudes en curso en los Estados miembros;

2.  Celebra la ampliación del período de financiación de uno a dos años; recuerda que, según los estudios de Eurofound, doce meses no constituyen un período suficiente para ayudar a todos los trabajadores despedidos, especialmente a los grupos más vulnerables, como los trabajadores poco cualificados, los de más edad, las mujeres y, en particular, las familias monoparentales;

3.  Toma nota de que, según las evaluaciones del FEAG, los resultados de las intervenciones de este Fondo se ven influidos por factores tales como el nivel de educación y las cualificaciones de los trabajadores destinatarios de la ayuda, así como por la capacidad de absorción de los mercados de trabajo en cuestión y el PIB de los países receptores; hace hincapié en que estos factores se ven fundamentalmente influidos por las medidas a largo plazo que pueden contar con el apoyo efectivo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE); resalta la necesidad de tener en cuenta esos factores y la situación local del mercado laboral para cada intervención del FEAG; señala que una mayor sinergia entre el FEAG y los Fondos EIE es importante para alcanzar unos resultados más rápidos y más efectivos; destaca que los Fondos EIE pueden funcionar como medidas de seguimiento en los ámbitos de apoyo del FEAG, estimulando la inversión, el crecimiento general y la creación de empleo; hace hincapié en que las intervenciones del FEAG deben orientarse a inversiones que contribuyan al crecimiento y el empleo, la educación, el desarrollo de las capacidades y la movilidad geográfica de los trabajadores y deben coordinarse con los programas de la Unión existentes, a fin de ayudar a que las personas encuentren empleo y fomentar el espíritu empresarial, sobre todo en los sectores y regiones que ya sufren los efectos adversos de la globalización o de la reestructuración de la economía; hace hincapié en que debe darse prioridad a los enfoques integrados basados en programas financiados con diversos fondos para hacer frente a los despidos y al desempleo de manera sostenible, a través de una asignación eficiente de los recursos y reforzando la coordinación y las sinergias, en particular entre el FSE y el FEDER; insiste en que una estrategia integrada de los programas de fondos múltiples reduciría el riesgo de las deslocalizaciones y crearía condiciones favorables para el retorno de la producción industrial a la Unión;

4.  Considera que el funcionamiento del FEAG ha mejorado con las reformas del Reglamento; toma nota de que dicha mejora ha simplificado los procedimientos de acceso al FEAG por los Estados miembros y que ello debería conducir a un mayor uso de este instrumento por parte de los Estados miembros; pide a la Comisión que proponga medidas para eliminar todo obstáculo relativo a la capacidad administrativa que haya obstruido la participación del FEAG; considera que no debe adjudicarse al FEAG una función de estabilización macroeconómica;

5.  Toma nota de que los reducidos créditos asignados al FEAG en el presupuesto anual han sido suficientes para proporcionar la ayuda necesaria y el acompañamiento primordial y necesario de las personas que habían perdido su puesto de trabajo; destaca, no obstante, que desde 2014 el alcance del FEAG se ha ampliado para incluir a los «ninis» y el criterio de la crisis y que, en caso de un aumento significativo de las solicitudes o de adición de nuevas prerrogativas, puede que los créditos no sean suficientes y deban incrementarse para garantizar el funcionamiento eficaz del FEAG;

6.  Destaca la relevancia de un diálogo social fuerte, basado en la confianza mutua y la responsabilidad compartida, como mejor instrumento para la búsqueda de soluciones consensuadas y enfoques comunes a la hora de anticipar, prevenir y gestionar los procesos de reestructuración; insiste en que ello contribuiría a evitar pérdidas de puestos de trabajo y, por tanto, casos del FEAG;

7.  Observa el aumento significativo del número de solicitudes durante el período excepcional 2009-2011, que permitió la presentación de solicitudes sobre la base de criterios relacionados con la crisis, y que este ámbito de aplicación se volvió a ampliar para incluir con carácter permanente el criterio de la crisis y a los trabajadores por cuenta propia de 2014 a 2020; acoge con satisfacción la prolongación de esta excepción después de 2013; constata que más de la mitad del número total de proyectos del período 2007-2014 tuvo relación con la crisis; resalta además que aún perduran en algunos Estados miembros los efectos negativos de la crisis económica;

8.  Toma nota de que, entre 2007 y 2014, veinte Estados miembros pidieron en total 542,4 millones de euros para 131 intervenciones destinadas a 121 380 trabajadores;

9.  Observa que la Comisión realizó mejoras en la base de datos del FEAG en la que se registran datos cuantitativos relativos a casos del FEAG con fines estadísticos, facilitando a los Estados miembros la presentación de solicitudes y, a la Comisión, la labor de analizar y comparar los datos sobre los casos del FEAG; observa, además, que la Comisión incluyó el FEAG en el sistema común de gestión compartida del Fondo, que debería dar lugar a unas solicitudes presentadas de forma más correcta y completa y a una nueva reducción del plazo de adopción de las solicitudes presentadas por los Estados miembros; observa que este sistema permite la simplificación de las solicitudes de los Estados miembros, e insta a la Comisión a que acelere el tratamiento de las solicitudes, de manera que la contribución financiera pueda aportarse con rapidez para maximizar su impacto;

10.  Pide a la Comisión que anticipe plenamente los efectos de las decisiones de política comercial en el mercado laboral de la Unión, teniendo también en cuenta la información empíricamente contrastada de estos efectos que las solicitudes del FEAG han puesto de relieve; pide a la Comisión que realice evaluaciones de impacto ex ante y ex post exhaustivas, incluidas las evaluaciones del impacto social, que aborden los posibles efectos sobre el empleo, la competitividad y la economía, así como el impacto en las pequeñas y medianas empresas, garantizando al mismo tiempo una coordinación efectiva ex ante entre la DG Comercio y la DG Empleo; pide al Parlamento que organice audiencias conjuntas regulares de la Comisión de Comercio Internacional y la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, a fin de contribuir a mejorar la coordinación entre la política comercial y el FEAG y su seguimiento; considera necesario intensificar el uso del FEAG para hacer frente a los procesos de deslocalización, así como las crisis sectoriales provocadas por las oscilaciones de la demanda mundial; se opone firmemente a toda iniciativa que considere el FEAG en su forma actual y con su actual presupuesto como una herramienta de intervención en favor de los puestos de trabajo perdidos en la Unión Europea como consecuencia de estrategias comerciales adoptadas a escala de la Unión, incluidos los futuros acuerdos comerciales o los ya vigentes; subraya la necesidad de extremar la coherencia entre las políticas comerciales e industriales y la necesidad de modernizar los instrumentos de defensa comercial de la Unión;

11.  Pide a la Comisión que solo conceda el estatuto de economía de mercado a aquellos socios comerciales que cumplan los cinco criterios por ella establecidos; pide a la Comisión, en este sentido, que establezca una estrategia clara y eficaz en relación con las cuestiones relativas a la concesión del estatuto de economía de mercado a terceros países, a fin de preservar la competitividad de las empresas de la Unión y continuar la lucha contra cualquier forma de competencia desleal;

12.  Destaca que uno de los principales objetivos del FEAG es ayudar a los trabajadores que pierden sus puestos de trabajo a raíz de un cambio importante en el comercio de bienes o servicios de la Unión, tal y como se establece en el artículo 2, letra a), del Reglamento; considera una tarea importante del FEAG garantizar el apoyo a los trabajadores despedidos debido a las consecuencias negativas de los litigios comerciales; pide a la Comisión, por tanto, que clarifique que la pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de litigios comerciales conducentes a un cambio importante en el comercio de bienes o servicios de la Unión incide plenamente en el ámbito de aplicación del FEAG;

13.  Insiste en que el FEAG no puede en ningún caso sustituir a una política seria de prevención y de anticipación de las reestructuraciones; subraya la importancia de una verdadera política industrial a nivel de la Unión que genere un crecimiento sostenible e integrador;

14.  Pide a la Comisión que efectúe estudios específicos del impacto de la globalización por sectores que le permitan elaborar propuestas que animen a las empresas a anticipar las mutaciones sectoriales y a preparar a sus trabajadores con antelación a los despidos;

15.  Subraya que algunos Estados miembros prefirieron recurrir al FSE en lugar del FEAG dadas las tasas de cofinanciación del FSE más elevadas, una ejecución más rápida de las medidas del FSE, la falta de prefinanciación del FEAG y la lentitud del procedimiento de aprobación del FEAG; considera, no obstante, que el aumento de la tasa de cofinanciación y el proceso de solicitud y aprobación más rápido previsto en el nuevo Reglamento ponen solución a algunos de estos problemas; lamenta que la ayuda del FEAG no haya llegado aún a los trabajadores despedidos de todos los Estados miembros y pide a los Estados miembros que hagan uso de esta ayuda en caso de despidos masivos;

16.  Llama la atención sobre el hecho de que, según el informe del Tribunal de Cuentas, el período medio de aprobación de una solicitud del FEAG es de 41 semanas; pide que se pongan todos los medios para acelerar los procedimientos; celebra los esfuerzos de la Comisión por reducir al mínimo los retrasos y racionalizar el proceso de solicitud; destaca que es indispensable, en este sentido, reforzar las capacidades de los Estados miembros, y recomienda encarecidamente que todos los Estados miembros empiecen a aplicar las medidas lo antes posible; observa que muchos Estados miembros ya lo hacen;

17.  Toma nota de que existe un gran desconocimiento del FEAG por parte de algunos Estados miembros, agentes sociales y empresas; pide a la Comisión que intensifique su comunicación con los Estados miembros, las redes sindicales nacionales y locales y el público en general; pide a los Estados miembros que conciencien a los trabajadores y sus representantes sobre el FEAG y que lo hagan de manera oportuna, al objeto de garantizar que se alcance el número máximo de beneficiarios potenciales y que estos aprovechen las medidas del FEAG, así como una promoción más efectiva de estas ayudas sobre la base de los resultados conseguidos con el FEAG;

18.  Recuerda la importancia de las salvaguardias contra la deslocalización de empresas que se benefician de la financiación de la Unión dentro de un período definido, lo que puede dar lugar a la creación de regímenes de ayuda adicionales a raíz de los despidos;

Beneficiarios del FEAG

19.  Acoge con satisfacción la conclusión del informe del Tribunal de Cuentas de que casi todos los trabajadores admisibles a efectos del FEAG pudieron acogerse a medidas personalizadas y bien coordinadas a la medida de sus necesidades individuales, y que casi el 50 % de los trabajadores que recibieron ayuda financiera ha vuelto a tener un empleo; observa que la falta de aplicación oportuna y eficaz de los programas del FEAG en algunos Estados miembros ha tenido como resultado gastos inferiores a los previstos; considera que la participación de los beneficiarios previstos o de sus representantes, los agentes sociales, las agencias de empleo locales y demás partes interesadas pertinentes en la evaluación inicial y la solicitud es esencial para garantizar unos resultados positivos para los beneficiarios; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en el desarrollo de medidas y programas innovadores y evalúe en sus revisiones hasta qué punto el diseño del paquete coordinado de servicios personalizados anticipó las futuras perspectivas del mercado laboral y las cualificaciones requeridas y fue compatible con la transformación hacia una economía sostenible y eficiente en el uso de los recursos; pide a los Estados miembros que, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento en vigor, redoblen sus esfuerzos por diseñar un paquete coordinado de servicios personalizados orientado hacia una economía sostenible y eficiente en el uso de los recursos; señala que la innovación, la especialización inteligente y el uso eficiente de los recursos son fundamentales para la renovación industrial y la diversificación económica;

20.  Observa que, de los 73 proyectos analizados en el informe de evaluación ex post de la Comisión, el porcentaje medio de los beneficiarios mayores de 55 años era del 15 % y el de los beneficiarios con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, del 5 %; acoge con satisfacción, por lo tanto, el énfasis puesto en el nuevo Reglamento en los trabajadores mayores y más jóvenes y la inclusión de los «ninis» en determinadas solicitudes; observa que el porcentaje medio de mujeres beneficiarias era del 33 % y el de los hombres, del 67 %; observa que estos datos son reflejo de la composición de género del conjunto de los empleados, que puede variar en función del sector de que se trate; pide a la Comisión, por tanto, que garantice la igualdad de trato entre hombres y mujeres en todas las solicitudes del FEAG, y pide a los Estados miembros que recaben información desde una perspectiva de género para analizar su repercusión en la tasas de reinserción laboral de las mujeres beneficiarias; señala, además, que en algunas solicitudes del FEAG el número de beneficiarios previstos es bajo en comparación con el total de beneficiarios admisibles, lo que puede provocar que la repercusión sea inferior a la óptima;

21.  Considera que la inclusión de los «ninis» en las solicitudes del FEAG a menudo requiere distintos tipos de intervenciones, y cree que todos los actores pertinentes, incluidos los interlocutores sociales, los grupos comunitarios a escala local y las organizaciones juveniles deben estar representados en la fase de aplicación de cada uno de los programas y promover las medidas necesarias para garantizar la máxima participación de los «ninis»; anima a los Estados miembros, en este contexto, a que cuenten con una sólida agencia responsable que coordine la aplicación del programa, que vele por un apoyo específico y continuado para ayudar a los «ninis» a completar el programa y que garantice asimismo el desembolso máximo de los fondos del programa; considera que con una revisión independiente centrada específicamente en la participación de los «ninis» podrían detectarse mejores prácticas; cree firmemente que la excepción para la inclusión de los «ninis» debe continuar hasta el final del período de programación, en diciembre de 2020;

22.  Pide a la Comisión que, en su evaluación intermedia del FEAG, incluya una evaluación cualitativa y cuantitativa específica del apoyo del FEAG a los jóvenes que no trabajan ni siguen estudios ni formación («ninis»), en particular con vistas a la aplicación de la Garantía Juvenil y las necesarias sinergias entre los presupuestos nacionales, el FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil;

23.  Toma nota de que, según la evaluación ex post, la tasa media de beneficiarios alcanzados en los 73 casos examinados fue del 78 %; que esto incluye 20 casos con porcentajes de beneficiarios alcanzados del 100 % o más; insiste, no obstante, en que la tasa máxima de alcance para todos los casos es del 100 % y en que, por consiguiente, la utilización de cifras superiores al 100 % tergiversa los datos para apuntar a una tasa de alcance significativamente superior a la real; observa que este es también el caso del porcentaje de ejecución presupuestaria; pide a la Comisión que adapte sus cifras para proporcionar una evaluación más exacta de las tasas de alcance de los beneficiarios y de los porcentajes de ejecución presupuestaria;

24.  Acoge con satisfacción el hecho de que muchos de los beneficiarios consiguieron, ante todo, un nuevo empleo gracias a una ayuda individualizada del FEAG en su búsqueda de empleo, y que actualizaron sus cualificaciones a través de programas de formación y de asignaciones de movilidad; acoge asimismo favorablemente que el FEAG haya podido permitir a algunos empleados orientarse hacia el mundo de la empresa gracias a ayudas a la creación y recuperación de empresas; destaca, por tanto, los significativos efectos positivos que, según la información disponible, ha tenido el FEAG sobre la autoestima, la sensación de capacitación y la motivación; subraya que la ayuda del FEAG ha aumentado la cohesión social al permitir que las personas vuelvan a encontrar empleo y eviten las perniciosas trampas del desempleo;

25.  Toma nota de que, según los datos recogidos en el informe ex post, los beneficiarios del FEAG suelen tener un grado de instrucción relativamente inferior a la media y, de este modo, menos competencias transferibles, lo que, en circunstancias normales, reduce sus oportunidades de empleo y las convierte en personas más vulnerables en el mercado de trabajo; considera que el FEAG puede aportar el mejor valor añadido de la Unión en su apoyo a regímenes de formación y rehabilitación profesional que apoyen especialmente a grupos vulnerables con baja cualificación, que concedan prioridad a las competencias que necesita el mercado de trabajo y que fomenten el espíritu empresarial;

26.  Observa que un estudio realizado como parte de la evaluación ex post produjo resultados desiguales, pues el 35 % señalaba que la calidad del nuevo empleo era mayor o mucho mayor, el 24 %, que era la misma y el 41 %, que era peor o mucho peor; recomienda a la Comisión, no obstante, que, dado que no hay datos sistemáticos en los que basar ninguna evaluación, recabe información más detallada sobre los efectos de las intervenciones del FEAG y su calidad, de modo que, si procede, pueda adoptar en una fase posterior medidas correctoras;

Rentabilidad y valor añadido del FEAG

27.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que en la ejecución del presupuesto del FEAG introduzcan opciones de flexibilidad y de eficacia, centrándose en los resultados, el impacto y el valor añadido, y sin poner en riesgo el uso adecuado y transparente de los fondos y el cumplimiento de las normas; opina que el procedimiento de solicitud debe ser más rápido a fin de aumentar su eficacia para los trabajadores despedidos; expresa su preocupación por la discrepancia entre los recursos solicitados al FEAG y los importes reembolsados por los Estados miembros, con un porcentaje medio de ejecución presupuestaria que solo alcanza el 45 %; pide por tanto a la Comisión que evalúe atentamente los motivos de los bajos porcentajes de ejecución y que proponga medidas para solucionar los obstáculos actuales y garantizar un uso óptimo del Fondo; observa que la tasa de reinserción laboral al final de la ayuda del FEAG oscila considerablemente entre el 4 % y el 86 %, y destaca, por tanto, la importancia de unas medidas activas e integradoras del mercado laboral; observa que el gasto del FEAG suele funcionar mejor en algunos Estados miembros que en otros; sugiere que la Comisión siga facilitando directrices y permita que los Estados miembros compartan sus mejores prácticas en la solicitud de los fondos del FEAG y en su uso, con el fin de garantizar la tasa máxima de reinserción laboral por euro gastado;

28.  Opina que no se debe aumentar el índice de cofinanciación del 60 %;

29.  Observa que, según la evaluación ex post llevada a cabo por la Comisión, de media, tan solo el 6 % de los fondos del FEAG se destinó a gastos administrativos y de gestión;

30.  Señala que el aspecto más importante de la rentabilidad, tal como se señaló en la consulta a las partes interesadas, es el número de trabajadores contratados de nuevo que pagan ahora impuestos y cotizaciones a la seguridad social en lugar de recurrir al desempleo o a otras prestaciones sociales;

31.  Observa que, en varios casos del FEAG, los elevados costes de las acciones con arreglo al artículo 7, apartado 4, del Reglamento del FEAG debilitan el efecto global de la inversión del FEAG; pide a la Comisión que aborde la cuestión de dichos costes mediante la introducción de límites;

32.  Toma nota de la propuesta relativa a la evaluación ex post de que una evaluación del impacto contrafáctico es un elemento importante para comprender el valor añadido del FEAG; lamenta que dicha evaluación todavía no se realice;

33.  Acoge con satisfacción la conclusión del Tribunal de Cuentas en el sentido de que el FEAG aportó un verdadero valor añadido a la Unión al utilizarse para cofinanciar servicios destinados a los trabajadores despedidos o prestaciones que no están habitualmente cubiertas por los sistemas de prestaciones por desempleo de los Estados miembros, lo que contribuyó a favorecer una mayor cohesión social en Europa; resalta que algunos Estados miembros carecen de disposiciones de protección social suficientes para afrontar las necesidades de los trabajadores que han perdido su empleo;

34.  Lamenta el hecho de que, según el Tribunal de Cuentas, un tercio de la financiación del FEAG compensara los regímenes nacionales de apoyo a la renta de los trabajadores, sin aportar valor añadido de la Unión; señala que el nuevo Reglamento del FEAG limita los costes de las medidas especiales, por ejemplo las prestaciones para la búsqueda de empleo y los incentivos a la contratación destinados a los empleadores, al 35 % de los costes totales del paquete coordinado, y que las acciones apoyadas por el FEAG no pretenden sustituir a las medidas pasivas de protección social previstas por los Estados miembros en sus sistemas nacionales; insiste en que el FEAG no puede utilizarse como sustituto de las obligaciones de las empresas con respecto a sus trabajadores; anima asimismo a la Comisión a que especifique en la próxima revisión del Reglamento que el FEAG no puede utilizarse como sustituto de las obligaciones de los Estados miembros con respecto a sus trabajadores;

35.  Lamenta que los porcentajes de ejecución presupuestaria se sitúen entre el 3 % y el 110 %, con un porcentaje medio de ejecución del 55 %; considera que esta situación refleja a veces deficiencias en la fase de planificación o de ejecución y que se debe mejorar mediante proyectos mejor elaborados y ejecutados;

36.  Lamenta la reducción de los fondos para el FEAG; pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten apoyo adicional al FEAG para garantizar que se cubren las necesidades; pide a la Comisión que garantice una dotación suficiente de personal en relación con la carga de trabajo y que evite los retrasos innecesarios;

37.  Opina que las medidas del FEAG y del FSE se deben utilizar para complementarse entre sí y ofrecer tanto soluciones específicas a corto plazo como soluciones a más largo plazo de carácter más general; constata la conclusión de que, en general, los Estados miembros coordinaron de forma eficaz el FEAG con el FSE y las medidas nacionales del mercado de trabajo y que en el marco de la auditoría del Tribunal de Cuentas no se detectaron casos de solapamiento o de doble financiación de particulares;

38.  Expresa su satisfacción por la conclusión del informe de la Comisión sobre las actividades del FEAG en 2013 y 2014, que determina que no se comunicaron irregularidades a la Comisión con arreglo al Reglamento del FEAG en 2013 y 2014, ni se cerraron irregularidades relacionadas con el FEAG en esos años;

Repercusiones en las pymes

39.  Señala que las pymes constituyen el 99 % de todas las empresas de la Unión y emplean a la gran mayoría de los trabajadores de la Unión; manifiesta, en este contexto, su preocupación por el hecho de que el FEAG ha tenido un impacto muy limitado sobre ellas, a pesar de que les ofrece claras posibilidades de beneficiarse del mismo, con sujeción a determinados criterios; toma nota de la explicación de la Comisión de que los trabajadores afectados de proveedores en sentido descendente nunca han sido excluidos deliberadamente, pero pide a la Comisión una mayor reorientación del FEAG hacia las pymes, que son agentes clave de la economía europea, haciendo, por ejemplo, mayor hincapié en lo dispuesto en el artículo 8, letra d), sobre la necesidad de identificar a los proveedores, transformadores de productos o subcontratistas de las empresas que hayan hecho efectivos los despidos, o realizando un seguimiento de casos anteriores en los que el FEAG haya beneficiado a pymes, empresas de la economía social y cooperativas para promover las mejores prácticas; destaca que debe respetarse más la proporcionalidad entre los trabajadores de las pymes y los de las grandes empresas;

40.  Está convencido de que debe hacerse un mayor uso de la excepción a los umbrales de admisibilidad en favor de las pymes; destaca la importancia de lo dispuesto en el artículo 4, apartado 2, del Reglamento en vigor relativo a las pymes, dado que permite la reestructuración caso por caso a nivel regional de los sectores económicos afectados por la crisis o la globalización; reconoce los desafíos a los que se enfrentan las solicitudes presentadas en virtud de estas disposiciones y pide a la Comisión que facilite a los Estados miembros la superación de estos desafíos para lograr que el FEAG sea una solución válida para los trabajadores despedidos; pide asimismo a la Comisión y los Estados miembros que tengan en cuenta el principio «pensar primero a pequeña escala» en las fases de planificación y de solicitud;

41.  Observa la concentración de solicitudes en los sectores manufactureros y de la construcción y, en particular, en los sectores del automóvil y de la aviación, donde la ayuda se presta principalmente a grandes empresas; pide a los Estados miembros, así como a las autoridades regionales con competencias exclusivas, que presten un apoyo proactivo a los trabajadores despedidos en las pymes, cooperativas y empresas de la economía social haciendo uso de la flexibilidad que ofrece el artículo 4, apartado 2, del Reglamento en vigor, en especial con respecto a las solicitudes colectivas de pymes y para otros servicios que promueven un apoyo más notable y un mayor acceso a las pymes; y que informen a las pymes de las posibilidades que les ofrece el FEAG; destaca que estos casos de ayuda a pymes deben ser considerados un valor añadido del FEAG;

42.  Expresa su satisfacción por la conclusión del informe de aplicación ex post de la Comisión, que identifica una tendencia positiva entre los recursos utilizados en la promoción del espíritu empresarial y la tasa de empleo por cuenta propia al final de las medidas; toma nota, no obstante, de la baja la tasa media de actividad por cuenta propia en el conjunto de intervenciones del FEAG, del 5 %, y de que deben emplearse medidas para animar a los emprendedores, como las ayudas a la puesta en marcha y otros incentivos; destaca la importancia del aprendizaje permanente, las tutorías y las redes de intercambio entre pares en este contexto; considera que existe margen de mejora en el uso del FEAG, de forma individual o en conjunción con otros fondos, como los Fondos EIE, para respaldar el espíritu empresarial y la actividad de las empresas emergentes, si bien subraya que el apoyo al espíritu empresarial debe basarse en planes de negocio sostenibles; pide a los Estados miembros que hagan hincapié en la inclusión de las mujeres y las chicas en los programas de emprendimiento;

43.  Celebra los esfuerzos de varios Estados miembros por aumentar el uso de medidas en favor del espíritu emprendedor y la economía social, en forma de subvenciones a empresas emergentes y medidas encaminadas a la promoción del espíritu emprendedor y de cooperativas y servicios sociales para nuevos emprendedores;

Requisitos en materia de datos

44.  Considera que, en el contexto de una serie de factores que complican la situación, tales como posibles omisiones de datos, especificidades regionales y nacionales, diferentes circunstancias macro y microeconómicas, el pequeño tamaño de las muestras y determinadas hipótesis necesarias, el enfoque metodológico de la Comisión debe ser riguroso y transparente, aplicando medidas tendentes a colmar las lagunas que complican dicho enfoque;

45.  Resalta que el informe del Tribunal de Cuentas concluye que algunos Estados miembros no han fijado objetivos de reinserción cuantitativos y que los datos existentes no son adecuados para evaluar la eficacia de las medidas en la reinserción laboral de los trabajadores; toma nota de la afirmación de la Comisión de que el Reglamento del FEAG no prevé unos objetivos cuantitativos de reinserción, y que las diversas medidas del FEAG pueden evaluarse por otros medios; recomienda, por tanto, que los Estados miembros establezcan objetivos de reinserción cuantitativos y distingan sistemáticamente entre el FEAG, el FSE y otras medidas nacionales diseñadas específicamente para los trabajadores afectados por despidos masivos; pide además a la Comisión que proporcione información sobre el tipo y la calidad del empleo encontrado por las personas reinsertadas en el mercado laboral y sobre la evolución a medio plazo de la tasa de reinserción lograda a través de las intervenciones del FEAG; considera que los Estados miembros deben distinguir además entre los dos tipos principales de medidas del FEAG, es decir, medidas activas del mercado laboral y apoyo a la renta abonada a los trabajadores, así como proporcionar información más detallada sobre las medidas en las que han tomado parte los participantes individuales con vistas a permitir un análisis de rentabilidad de las diferentes medidas más preciso; pide asimismo a la Comisión que proporcione datos acerca de las solicitudes del FEAG no aprobadas en la Comisión y las razones para ello;

46.  Recuerda a los Estados miembros su obligación de facilitar datos sobre los índices de reinserción doce meses después de la aplicación de las medidas con el fin de garantizar el seguimiento necesario del efecto y la eficacia del FEAG;

47.  Hace hincapié en la necesidad de racionalizar los procedimientos de auditoría a escala nacional con el fin de garantizar la coherencia y la eficiencia y evitar repeticiones innecesarias entre órganos que efectúan controles a distintos niveles;

48.  Recomienda el fortalecimiento de los flujos de información y de los mecanismos de apoyo entre las personas de contacto a escala nacional y los socios regionales o locales para la gestión de los asuntos;

49.  Recomienda que se lleven a cabo revisiones entre pares, intercambios transnacionales o asociaciones de nuevos casos del FEAG con casos del FEAG anteriores con mayor regularidad, para intercambiar buenas prácticas y experiencias de aplicación; recomienda, por tanto, que se cree una plataforma de mejores prácticas, de fácil acceso y que respalde un mejor intercambio de soluciones integradas;

50.  Toma nota de las preocupaciones del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo en relación con la metodología para calcular las ventajas del FEAG; subraya la necesidad de contar con requisitos adicionales sobre los indicadores de rendimiento.

51.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan las disposiciones del Reglamento del FEAG vigente relativas a las ayudas para servicios de asistencia; pide a los Estados miembros, en este contexto, que desarrollen medidas de trabajo y formación flexibles y, cuando sea posible, ubiquen dichas medidas en las comunidades locales, dado que la flexibilidad geográfica de muchas de las trabajadoras despedidas puede estar limitada por las obligaciones de cuidado de la familia;

52.  Pide a las autoridades competentes regionales y locales, a los interlocutores sociales y a las organizaciones de la sociedad civil que coordinen los esfuerzos de los agentes del mercado de trabajo para permitir un mejor acceso a la ayuda financiera del FEAG en los futuros casos de despidos; solicita, además, una mayor participación de los interlocutores sociales en las actividades de control y evaluación del Fondo, en especial para que animen a los representantes de las partes interesadas que sean mujeres a velar por una mayor atención a los aspectos de género;

53.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de delegar en Eurofound la evaluación del FEAG requerida en virtud del artículo 20 del Reglamento; considera que en el marco de tal propuesta la Comisión podría facilitar a Eurofound los recursos financieros necesarios, correspondientes a los actuales gastos de contratación para evaluaciones y costes de recursos humanos del FEAG; que, además, dado que el principal impedimento para lograr una mejor evaluación es la falta de datos adecuados, la Comisión podría requerir que los Estados miembros facilitaran los datos pertinentes a Eurofound;

o
o   o

54.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
(2) DO L 167 de 29.6.2009, p. 26.
(3) DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.
(4) DO C 56 E de 26.2.2013, p.119.
(5) DO C 308 E de 20.10.2011, p.30.
(6) DO C 440 de 30.12.2015, p.23.


Aprobación de enmiendas a una propuesta de la Comisión (interpretación del artículo 61, apartado 2, del Reglamento)
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Decisión del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, relativa a las aprobación de enmiendas a una propuesta de la Comisión (interpretación del artículo 61, apartado 2, del Reglamento) (2016/2218(REG))
P8_TA(2016)0362

El Parlamento Europeo,

–  Vista la carta del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de 13 de septiembre de 2016,

–  Visto el artículo 226 de su Reglamento,

1.  Decide incluir en el artículo 61, apartado 2, de su Reglamento la siguiente interpretación:"«Nada impide que el Parlamento decida celebrar, en su caso, un debate final a continuación del informe de la comisión competente a la que se haya devuelto el asunto.»"

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, para información, al Consejo y a la Comisión.

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