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Textos aprobados
Miércoles 5 de octubre de 2016 - EstrasburgoEdición definitiva
Adhesión de Perú al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores *
 Adhesión de Kazajistán al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores *
 Adhesión de la República de Corea al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores *
 Objetivos a escala mundial y compromisos de la Unión en materia de nutrición y seguridad alimentaria en el mundo
 Fiscalía Europea y Eurojust
 La necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom

Adhesión de Perú al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores *
PDF 242kWORD 41 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a la República de Austria y a Rumanía a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Perú al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (COM(2016)0367 – C8-0234/2016 – 2016/0168(NLE))
P8_TA(2016)0372A8-0267/2016

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2016)0367),

–  Visto el artículo 38, párrafo cuarto, del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,

–  Vistos el artículo 81, apartado 3, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8-0234/2016),

–  Visto el dictamen del Tribunal de Justicia(1) sobre la competencia externa exclusiva de la Unión Europea para la aceptación de la adhesión de un tercer país al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,

–  Vistos el artículo 59 y el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0267/2016),

1.  Aprueba la autorización para que la República de Austria y Rumanía acepten, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Perú al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Perú, así como a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

(1) Dictamen 1/13 del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.


Adhesión de Kazajistán al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores *
PDF 243kWORD 41 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a determinados Estados miembros a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Kazajistán al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (COM(2016)0368 – C8-0232/2016 – 2016/0169(NLE))
P8_TA(2016)0373A8-0268/2016

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2016)0368),

–  Visto el artículo 38, párrafo cuarto, del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,

–  Vistos el artículo 81, apartado 3, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8-0232/2016),

–  Visto el dictamen del Tribunal de Justicia(1) sobre la competencia externa exclusiva de la Unión Europea para la aceptación de la adhesión de un tercer país al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,

–  Vistos el artículo 59 y el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0268/2016),

1.  Aprueba la autorización para que determinados Estados miembros acepten, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Kazajistán al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Kazajistán, así como a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

(1) Dictamen 1/13 del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.


Adhesión de la República de Corea al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores *
PDF 242kWORD 41 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2016, sobre la propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a determinados Estados miembros a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de la República de Corea al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (COM(2016)0372 – C8-0233/2016 – 2016/0173(NLE))
P8_TA(2016)0374A8-0266/2016

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2016)0372),

–  Visto el artículo 38, párrafo cuarto, del Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,

–  Vistos el artículo 81, apartado 3, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8-0233/2016),

–  Visto el dictamen del Tribunal de Justicia(1) sobre la competencia externa exclusiva de la Unión Europea para la aceptación de la adhesión de un tercer país al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores,

–  Vistos el artículo 59 y el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0266/2016),

1.  Aprueba la autorización para que determinados Estados miembros acepten, en interés de la Unión Europea, la adhesión de la República de Corea al Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Corea, así como a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

(1) Dictamen 1/13 del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2014, ECLI:EU:C:2014:2303.


Objetivos a escala mundial y compromisos de la Unión en materia de nutrición y seguridad alimentaria en el mundo
PDF 202kWORD 57 57k
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2016, sobre las próximas etapas para alcanzar los objetivos a escala mundial y los compromisos de la Unión en materia de nutrición y seguridad alimentaria en el mundo (2016/2705(RSP))
P8_TA(2016)0375B8-1042/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y, en particular, su artículo 25, que reconoce el derecho a la alimentación como una parte del derecho a un nivel de vida adecuado,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, en particular, su artículo 11, que reconoce el «derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluso alimentación», así como el «derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre»,

–  Visto el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado en 2008, que hace del derecho a la alimentación un derecho exigible a escala internacional,

–  Vista la Declaración sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, aprobada en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma en 1996,

–  Vistas las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación, aprobadas por la FAO en 2004, que orientan a los Estados sobre el modo de cumplir sus obligaciones en relación con el derecho a la alimentación,

–  Visto el estudio de la FAO titulado «Pérdidas y desperdicio de alimentos en el mundo», publicado en 2011, que proporciona información precisa sobre la cantidad de alimentos que se desperdician y pierden cada año,

–  Vista la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición, celebrada en Roma del 19 al 21 de noviembre de 2014, y sus documentos finales, a saber, la Declaración de Roma sobre la Nutrición y el Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas,

–  Vista la Iniciativa de L'Aquila sobre la Seguridad Alimentaria del G-8, lanzada en 2009,

–  Visto el Movimiento para el Fomento de la Nutrición (Movimiento SUN), que trata de aprovechar la capacidad y la voluntad de los interlocutores internacionales para apoyar iniciativas y prioridades de los gobiernos nacionales relacionadas con la lucha contra la desnutrición,

–  Vista la Resolución 65.6 de la Asamblea Mundial de la Salud, de 2012, sobre un «Plan integral de aplicación sobre nutrición materna, del lactante y del niño pequeño»,

–  Visto el Reto del Hambre Cero, presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas en Río+20, por el que se pide a los Gobiernos, a la sociedad civil, a las comunidades religiosas, al sector privado y a los centros de investigación que se unan para erradicar el hambre y eliminar las peores formas de desnutrición,

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/259, de 1 de abril de 2016, titulada «Decenio de las Naciones Unidas de Acción sobre la Nutrición (2016-2025)», que tiene por objeto intensificar las medidas para poner fin al hambre y erradicar la desnutrición en el mundo, así como garantizar el acceso universal a regímenes alimenticios más sanos y sostenibles para todas las personas, con independencia de dónde se encuentren o vivan,

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/1, de 25 de septiembre de 2015, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»,

–  Vistos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), su carácter interconectado e integrado, en particular el ODS 1 (poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo), el ODS 2 (poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible) y el ODS 12 (garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles),

–  Vista la Alianza de Busan por la Cooperación Eficaz al Desarrollo, de 1 de diciembre de 2011(1), en particular su apartado 32, que hace referencia a la necesidad de reconocer «la función esencial del sector privado en la promoción de la innovación; la creación de riqueza, ingresos y empleos; y en la movilización de recursos nacionales contribuyendo así a la reducción de la pobreza»,

–  Visto el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea, que establece que la acción exterior de la Unión debe contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible, a los derechos humanos y a la igualdad de género,

–  Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reafirma que la Unión debe tener en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo,

–  Visto el Convenio sobre Asistencia Alimentaria, ratificado por la Unión Europea el 13 de noviembre de 2013,

–  Visto el Pacto Mundial sobre Nutrición para el Crecimiento refrendado en la Cumbre de Nutrición para el Crecimiento, en Londres, el 8 de junio de 2013,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de octubre de 2012, titulada «El planteamiento de la UE sobre la resiliencia: aprender de las crisis alimentarias» (COM(2012)0586),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 12 de marzo de 2013, titulada «La mejora de la nutrición materno-infantil en la ayuda exterior: un marco estratégico de la UE» (COM(2013)0141), y las conclusiones del Consejo sobre la seguridad alimentaria y nutricional en la ayuda exterior, de 28 de mayo de 2013,

–  Visto el Plan de Acción sobre Nutrición – Reducir en siete millones el número de niños menores de cinco años con retrasos de crecimiento en el horizonte de 2025 (SWD(2014)0234),, adoptado por la Comisión en 2014,

–  Visto el primer informe de situación sobre el Plan de Acción sobre Nutrición de la Comisión,

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 2 de diciembre de 2014, titulado «Cumplimiento de los compromisos políticos de la UE en materia de seguridad alimentaria y nutricional: primer informe bienal» (COM(2014)0712),

–  Vista la evaluación conjunta de la Unión, la FAO y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), de marzo de 2016, titulada «Global analysis of food and nutrition security situation in food crisis hotspots» (Análisis mundial de la situación de la seguridad alimentaria y nutricional en los puntos críticos de crisis alimentaria),

–  Vistas las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, de 11 de mayo de 2012,

–  Visto el Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas(2),

–  Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición(3),

–  Vista su Resolución, de 27 de septiembre de 2011, sobre el marco estratégico de la Unión Europea para ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria(4),

–  Vista su Resolución, de 27 de noviembre de 2014, sobre desnutrición y malnutrición infantil en los países en desarrollo(5),

–  Vista su Resolución, de 30 de abril de 2015, sobre la Expo de Milán 2015: alimentar el planeta, energía para la vida(6),

–  Visto el «Milan Urban Food Policy Pact» (Pacto de política alimentaria urbana de Milán)(7), de 15 de octubre de 2015, promovido por el Ayuntamiento de Milán, firmado por 113 ciudades del mundo y entregado al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que pone de manifiesto el papel fundamental que desempeñan las ciudades en la elaboración de políticas sobre los alimentos,

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre las próximas etapas para alcanzar los objetivos a escala mundial y los compromisos de la Unión en materia de nutrición y seguridad alimentaria en el mundo (O-000099/2016 – B8-0717/2016),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Desarrollo,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el ODS 2 y sus metas anejas tienen como finalidad poner fin al hambre y a la desnutrición en el horizonte 2030, en particular creando oportunidades para los pequeños agricultores e incrementando su productividad, y logrando una agricultura y unos sistemas de alimentación sostenibles y resilientes al clima que puedan alimentar a una población mundial que se prevé que alcance los 8 500 millones de personas en 2030, al tiempo que se protege la biodiversidad y el medio ambiente, así como los intereses y el bienestar de los pequeños agricultores;

B.  Considerando que los pequeños agricultores, a través de sus inversiones y su producción, constituyen el mayor actor del sector privado en el ámbito de la agricultura, la seguridad alimentaria y la nutrición;

C.  Considerando que el derecho humano a la alimentación solo podrá hacerse realidad completamente cuando la pobreza y la desigualdad se reduzcan drásticamente, se garantice la igualdad y se refuerce la resiliencia a las perturbaciones, en particular mediante la creación de redes de protección social basadas en los derechos y garantizando la plena participación de los grupos vulnerables y el acceso seguro a la tierra y al control de esta, así como a la gestión de los recursos y otros activos productivos, para los pequeños productores y las comunidades dedicadas al pastoreo;

D.  Considerando que la producción agrícola industrial ha conducido a un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, a la ampliación de los monocultivos y, por tanto, a una pérdida significativa de la agrobiodiversidad y a la aceleración de la erosión del suelo, mientras que los pequeños agricultores y minifundistas han demostrado que tienen la capacidad de proporcionar productos diversificados e incrementar la producción alimentaria de manera sostenible a través de prácticas agroecológicas;

E.  Considerando que se han logrado avances en la reducción de la desnutrición pero que han sido lentos y desiguales, y que en la actualidad 795 millones de personas de todo el mundo carecen de alimentos suficientes para llevar una vida digna y activa; que una de cada tres personas tiene una alimentación deficiente de una u otra forma;

F.  Considerando que en 2012 la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un conjunto de seis metas mundiales en materia de nutrición en el horizonte 2025, a saber, reducir en un 40 % el número de niños menores de cinco años que sufre retraso en el crecimiento; reducir en un 50 % las tasas de anemia en mujeres en edad fecunda; reducir en un 30 % la insuficiencia ponderal al nacer; lograr que no aumenten los niveles de sobrepeso en la niñez; aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva en los primeros seis meses de vida hasta un 50 % como mínimo, y reducir la emaciación en la niñez por debajo del 5 %;

G.  Considerando que la lactancia es la nutrición mejor y más natural para los recién nacidos y para los niños pequeños, sobre todo en países en vías de desarrollo, pero que el número de niños que son amamantados sigue siendo insuficiente debido a la ignorancia práctica y a los condicionamientos culturales;

H.  Considerando que en la Cumbre de Nutrición para el Crecimiento de 2013 la Unión se comprometió a reducir el número de casos de niños que sufren retraso en el crecimiento en al menos siete millones de aquí a 2025 y prometió destinar 3 500 millones EUR durante el período 2014-2020 para alcanzar este objetivo;

I.  Considerando que una ingesta insuficiente de nutrientes durante los 1000 primeros días de la vida de un niño tiene consecuencias sociales, económicas y sanitarias cruciales, que en el mundo uno de cada seis niños tiene un peso inferior al normal, que 41 millones de niños menores de cinco años tienen sobrepeso o son obesos, que la desnutrición es la causa de aproximadamente el 45 % de los fallecimientos entre los menores de cinco años, lo que se traduce en la pérdida innecesaria de aproximadamente tres millones de vidas jóvenes al año; que la desnutrición crónica afecta a unos 161 millones de niños en todo el mundo;

J.  Considerando que, con frecuencia, las mujeres son más vulnerables a las carencias nutricionales, lo que tiene varias consecuencias graves, entre ellas, el deterioro de su productividad y su capacidad para mantener a sus familias, perpetuándose de este modo el ciclo intergeneracional de desnutrición;

K.  Considerando que, según las previsiones, la población mundial alcanzará los 8 500 millones de personas en 2030;

L.  Considerando que para alcanzar los objetivos a escala mundial y los compromisos de la Unión en materia de nutrición y seguridad alimentaria en el mundo resulta esencial disponer de medidas eficaces para combatir el acaparamiento de tierras en los países en desarrollo, también a través de opciones concretas para garantizar la seguridad de la tenencia de la tierra;

M.  Considerando que la desnutrición y la mala alimentación son, con diferencia, los principales factores de riesgo responsables de la carga mundial que representan las enfermedades;

N.  Considerando que para combatir la desnutrición hay que desarrollar una política agrícola sostenible que favorezca la diversificación de cultivos con miras a ofrecer alimentos nutritivos y diversificar los regímenes alimenticios; que, a este fin, el control, la propiedad y la asequibilidad de las semillas son esenciales para la resiliencia de los pequeños agricultores y minifundistas en lo que atañe a la seguridad alimentaria;

O.  Considerando que la consecución del derecho a los alimentos depende, entre otras factores, del acceso a la tierra y a otros recursos productivos;

P.  Considerando que los acuerdos comerciales y de inversión pueden tener un efecto perjudicial en la seguridad alimentaria y la desnutrición si el arrendamiento o la venta de terrenos cultivables a inversores privados implica que las poblaciones locales se vean privadas del acceso a los recursos productivos indispensables para su subsistencia o que grandes cantidades de alimentos se exporten y vendan en los mercados internacionales, incrementando la dependencia y la vulnerabilidad del Estado de acogida exportador ante la fluctuación de los precios de los productos básicos en dichos mercados;

Q.  Considerando que la producción de biocarburantes constituye un nuevo factor de presión sobre el sistema alimentario mundial, generando competencia por la tierra y el agua;

R.  Considerando que la producción insostenible de carne afecta negativamente a la seguridad alimentaria; que un tercio de los cereales del mundo se utiliza como pienso, mientras que la expansión de los pastos y los cultivos alimentarios es una fuente importante de deforestación, sobre todo en América del Sur(8);

S.  Considerando que 240 millones de personas de 45 países de renta baja y/o afectados por conflictos sufren de escasez de alimentos y de agua y que 80 millones están afectadas por una crisis alimentaria, incluidos 41,7 millones por causa del fenómeno «El Niño» de 2016, el más importante observado en varias décadas;

T.  Considerando que, según UNICEF, dos mil niños menores de cinco años ya mueren de enfermedades causadas por el agua contaminada, y que la mitad de las camas de los hospitales del mundo están ocupadas por pacientes con enfermedades debidas a la escasa calidad del agua que consumen;

U.  Considerando que en 2050 el 70 % de la población del planeta vivirá en ciudades y que la cuestión de la alimentación requerirá más que nunca una respuesta que combine la escala global y la local;

V.  Considerando que la seguridad nutricional es una condición previa esencial para un crecimiento sostenible e integrador, ya que las consecuencias económicas de la desnutrición pueden representar pérdidas de en torno al 10 % del PIB cada año, y que, según el Informe de la nutrición mundial de 2015 de la FAO, cada dólar gastado para reforzar las intervenciones en materia de nutrición genera 16 dólares de beneficios;

W.  Considerando que la privatización de las semillas a través de las cláusulas sobre derechos de propiedad intelectual (DPI) y de los organismos modificados genéticamente (OMG) pone en peligro la soberanía alimentaria de los países;

1.  Reafirma la importancia de que los agentes a escala mundial, nacional y local, de carácter gubernamental, no gubernamental y privado, también en el ámbito de la investigación científica e industrial, coordinen y aceleren sus acciones para luchar contra la malnutrición con el fin de cumplir la Agenda 2030 y alcanzar el ODS 2 relativo a poner fin al hambre; insta a la comunidad internacional, a la Unión y a los países en desarrollo a que se abstengan de concebir estrategias de nutrición basadas únicamente en la ingesta calórica y la prescripción de remedios medicinales (como las pastillas nutritivas) y a que aborden las causas profundas del hambre y la desnutrición; pone de relieve, en este contexto, los vínculos entre la agricultura, los regímenes alimenticios y la salud;

2.  Constata que, en países en vías de desarrollo, los niños que son amamantados por sus madres tienen un riesgo quince veces menor de morir por neumonía y once veces menor de morir por diarrea, en comparación con los niños que no son amamantados;

3.  Pide a la Comisión, el Consejo, los Estados miembros y la comunidad internacional, así como los Gobiernos de los países en desarrollo, que movilicen de manera inmediata inversiones financieras a largo plazo en materia de seguridad alimentaria y nutricional y agricultura sostenible y que refuercen la seguridad alimentaria y nutricional a través de la mejora de la gobernanza y la rendición de cuentas y de políticas en materia de alimentación y nutrición de carácter sistemático y basadas en los derechos, que sean sensibles, de una parte, a las cuestiones de género, la agricultura sostenible, el uso y el acceso a la tierra, el agua, el saneamiento y la higiene, y de otra, a la creación y expansión de redes de protección social integradoras, basadas en derechos, dirigidas, en particular, a los grupos más vulnerables;

4.  Subraya la necesidad de abordar los problemas sistémicos que generan una nutrición deficiente en todas sus formas; observa con preocupación que, en el pasado, la promoción de la agricultura enfocada a la exportación se realizó a costa de los pequeños agricultores que producían cultivos alimentarios para el consumo local; considera que la reinversión en la producción local de alimentos, centrada sobre todo en los productores de alimentos a pequeña escala y en las prácticas agroecológicas, es una condición fundamental para el éxito de las estrategias en materia de nutrición; considera que es igualmente esencial establecer sistemas de protección social para permitir que todas las personas tengan acceso a alimentos nutritivos en todo momento;

5.  Manifiesta su preocupación por el hecho que se desperdicie un tercio de los alimentos producidos mundialmente, aproximadamente 1 300 millones de toneladas; observa como el mayor derroche se da en América del Norte y en Oceanía, donde se desperdician cerca de 300 kilogramos de alimentos por persona; señala que la Unión anualmente produce un total de 88 millones de toneladas de residuos alimenticios, mientras en el mundo pasan hambre 842 millones de personas, es decir, el 12 por ciento de la población mundial; subraya la necesidad de adaptar todos los sistemas alimentarios para eliminar la pérdida o desperdicio de alimentos;

6.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que presten atención a la coherencia de las políticas en favor del desarrollo en sus actividades y, en este sentido, que tomen en consideración las consecuencias de sus políticas en materia de comercio, agricultura, energía, etc. para la seguridad alimentaria mundial;

7.  Lamenta profundamente el acaparamiento de tierras por parte de inversores extranjeros, que perjudica a los pequeños agricultores locales y contribuye a la inseguridad alimentaria y a la pobreza a nivel local, regional y nacional;

8.  Pide a la comunidad internacional y a la Unión que trabajen con los países para apoyar la definición y la adopción de objetivos nacionales sólidos y viables acordes con cada contexto específico, en consonancia con los ODS para reducir los retrasos en el crecimiento y la desnutrición; pide a la Comisión y a las delegaciones de la Unión que promuevan estrategias y enfoques de nutrición y seguridad alimentaria coordinadas dirigidas por los países, y fomenten un mejor control y rendición de cuentas al respecto por parte de los países socios;

9.  Insta a la Unión y a la comunidad internacional a fomentar a escala mundial el «derecho a la lactancia» y a destacar la importancia de la lactancia en campañas para la salud materna e infantil;

10.  Insta a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión a hacer lo posible por sensibilizar a la opinión pública europea acerca del problema persistente de la desnutrición, que afecta a los niños y a las mujeres en particular;

11.  Subraya que se debe dar prioridad a la producción local de alimentos en las acciones contra la desnutrición, y hace hincapié en la importancia de apoyar a los pequeños agricultores y a las mujeres agricultoras como productores de alimentos; pide a la Unión que ayude a los países en desarrollo y a los pequeños agricultores en la creación y acceso a mercados locales, a cadenas de valor locales y estructuras locales de transformación de alimentos, junto con políticas comerciales que contribuyan a esos esfuerzos, como parte de su estrategia mundial en materia de nutrición;

12.  Señala que, en un contexto en el que la agricultura convencional se caracteriza por el monocultivo, la conversión de sistemas de cultivo diversificados en sistemas simplificados basados en el cultivo de cereales ha contribuido a la desnutrición por carencia de micronutrientes en muchos países en desarrollo; pide a la Unión que se comprometa, en consonancia con las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, con un giro radical hacia la agroecología, como vía para que los países se autoabastezcan de alimentos y enriquezcan la nutrición, abordando, simultáneamente, los desafíos del clima y la pobreza; en particular, pide a la Unión y a los Gobiernos de los países en desarrollo que apoyen la diversidad genética de los cultivos, por ejemplo, a través de la creación de sistemas de intercambio de semillas locales y normativas sobre semillas coherentes con el Tratado Internacional sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura, y que inviertan en una amplia variedad de cultivos alimentarios nutritivos, locales y de temporada, coherentes con los valores culturales;

13.  Subraya que el acaparamiento de tierras, consecuencia de las adquisiciones de tierras a gran escala en los países en desarrollo, representa una nueva amenaza para la seguridad alimentaria y la nutrición; pide a la Comisión que adopte medidas concretas para luchar contra al acaparamiento de tierras y elaborar un plan de acción para combatir el acaparamiento de tierras, y que vele por la aplicación efectiva de las Directrices sobre la tenencia de la tierra de la FAO;

14.  Insta a la Unión a que, en consonancia con el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, elimine los incentivos públicos para la producción de biocarburantes a partir de cultivos;

15.  Señala que el nivel de inversión en nutrición sigue siendo esencialmente inadecuado, ya que las acciones concretas en materia de nutrición solo recibieron el 0,57 % del total de la ayuda oficial al desarrollo en 2014, lo que solamente cubrió el 1,4 % del total de las necesidades;

16.  Espera que se cumpla el compromiso de la Comisión de invertir 3 500 millones de euros con el fin de reducir los casos de retrasos en el crecimiento en al menos siete millones en el horizonte 2025; señala que, de los 3 500 millones de euros comprometidos, solo se destinan 400 millones a apoyar acciones concretas en materia de nutrición, mientras que los 3 100 millones restantes están previstos para acciones relacionadas con la nutrición que abordan cuestiones afines, como la agricultura, la seguridad alimentaria, la igualdad de género, el agua, el saneamiento, la higiene y la educación, pero que no abordan necesariamente de forma directa las causas inmediatas de la desnutrición infantil;

17.  Subraya que los retrasos en el crecimiento —que se constatan cuando un menor es demasiado bajo para su edad y la desnutrición crónica y las infecciones repetidas durante los 1 000 primeros días de vida han impedido un crecimiento y un desarrollo normales— son una de las barreras más significativas para el desarrollo humano;

18.  Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen el liderazgo político de la Unión y den un nuevo impulso a escala mundial para cumplir objetivos internacionales en materia de nutrición que sean claros y ambiciosos; insta a las delegaciones de la Unión y a la Comisión a que promuevan estrategias sobre nutrición y seguridad alimentaria coordinadas y dirigidas por los países e integren, al mismo tiempo, en cooperación con los países socios, los objetivos a escala mundial en materia de nutrición en todos los programas de desarrollo y estrategias nacionales pertinentes;

19.  Pide a la Unión que garantice el establecimiento de sistemas de producción de alimentos que sean sostenibles y aplique prácticas agrícolas resilientes que incrementen la productividad y la producción; que garantice la prevención de distorsiones comerciales en los mercados agrícolas mundiales, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha, y que integre a los países más afectados en el mercado de comercio mundial, a fin de abordar la inseguridad alimentaria;

20.  Considera que la revisión del marco financiero de la Unión debe tener en cuenta que la seguridad de los alimentos y del aprovisionamiento alimentario supondrá un reto en los próximos años, dada la mayor presión sobre los recursos; señala que ello podría servir para luchar contra la tendencia a la desnutrición tanto en terceros países como en los Estados miembros;

21.  Reconoce que las políticas agrícolas sostenibles y los sistemas sanitarios deben abordar no solo los retrasos en el crecimiento sino, también, otros tipos de manifestaciones de la malnutrición como la emaciación (peso bajo en relación con la altura) y las deficiencias en materia de micronutrientes; observa que la prevalencia de la emaciación en el sur de Asia es tan grave —casi el 15 %— que está acercándose al nivel de un problema grave de salud pública;

22.  Hace hincapié en que la ayuda humanitaria destinada a abordar el problema de los desperdicios debe completarse con estrategias de la Comisión que asocien las intervenciones humanitarias y las que se realizan en el ámbito del desarrollo; insta a la Comisión a que defina una contribución de los programas de desarrollo a un nuevo compromiso específico, con su correspondiente objetivo, para luchar contra la emaciación en los menores de cinco años, de modo inmediato y eficaz;

23.  Destaca la importancia de promover programas de educación sobre nutrición en los colegios y en las comunidades locales;

24.  Pide a la Comisión que establezca un marco político claro para aumentar el apoyo a las redes nacionales de protección social, en consonancia con los compromisos nacionales, regionales e internacionales, que en una serie de países han demostrado ser un medio crucial para aumentar la resiliencia y reducir la desnutrición;

25.  Recalca que la lactancia, al ser la fuente mejor y más natural de nutrición para los recién nacidos y los niños de más corta edad, debe garantizarse mediante un verdadero apoyo a las mujeres, asegurando buenos niveles de nutrición y buenas condiciones de trabajo y estableciendo redes de apoyo social y familiar, así como el derecho al permiso de maternidad remunerado;

26.  Destaca que es necesaria una inversión adicional estimada de 7 000 millones de dólares estadounidenses anuales para alcanzar los objetivos mundiales en materia de retraso en el crecimiento, anemia en las mujeres y lactancia, y que esta inversión supondría salvar la vida a 3,7 millones de niños y la reducción en al menos 65 millones del número de niños que sufren retrasos en el crecimiento, así como un descenso cifrado en 265 millones del número de mujeres afectadas de anemia con respecto a 2015;

27.  Pide a la Comisión que asuma un liderazgo más decidido en el ámbito de la seguridad alimentaria y la nutrición, aumentando sus compromisos mediante una dotación adicional de 1 000 millones EUR destinada a acciones concretas en materia de nutrición para cumplir los objetivos nutricionales de la Asamblea Mundial de la Salud y los ODS, elaborando una estrategia clara sobre cómo planea ejecutar e integrar estos objetivos en sus planes y políticas y estableciendo una hoja de ruta clara para la asignación de los fondos comprometidos para el período 2016-2020;

28.  Pide a la Comisión y a los donantes del Movimiento SUN para el Fomento de la Nutrición que sigan informando periódicamente sobre los progresos realizados con arreglo a los compromisos de nutrición para el crecimiento, utilizando un enfoque metodológico común de seguimiento de los recursos, como se acordó en la reunión del Movimiento SUN en Lusaka, en 2013;

29.  Subraya la necesidad de poner todas las políticas de la Unión en consonancia con el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; pide, por tanto, que la política comercial y de desarrollo de la Unión respete el espacio político y de política económica de los países en desarrollo a fin de que establezcan las políticas necesarias para promover el desarrollo sostenible y la dignidad de sus ciudadanos, así como la soberanía alimentaria, respetando el derecho de los productores locales de alimentos a tener el control sobre sus tierras, semillas y agua y a rechazar la privatización de los recursos naturales;

30.  Pide que se desarrollen indicadores específicos para la aplicación del plan de acción de la Unión con los que se pueda hacer un seguimiento del gasto relacionado con la nutrición y el gasto específico en este ámbito, ajustando el código básico en materia de nutrición del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE y desarrollando un marcador del CAD para las acciones que tengan en cuenta las cuestiones relacionadas con la nutrición; a este respecto, insiste en la necesidad de establecer medidas de seguimiento y rendición de cuentas rigurosas a fin de garantizar la transparencia y un seguimiento eficaz del progreso;

31.  Pide a la Comisión que ayude a los pequeños agricultores a experimentar y adoptar prácticas agrícolas más resilientes y productivas (aquellas que cumplan los criterios de seguir un «enfoque climático inteligente» y ser agroecológicas) que contribuyan a revertir la degradación ambiental y mejorar la fiabilidad y adecuación de los medios de vida agrícolas, lo que es condición necesaria para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición;

32.  Destaca que el derecho al agua es complementario del derecho a los alimentos y que la Resolución de la ONU de 2010 todavía no ha conducido a una acción decisiva para garantizar el derecho humano al agua;

33.  Destaca la importancia de cooperar con los agricultores para buscar variedades de cultivo asequibles, adaptadas a las condiciones locales y mejoradas, y de establecer una capacidad de producción de semillas que sea resiliente, responda a las necesidades, sea de propiedad local y sea autosuficiente de modo que no tenga que depender de la financiación de los donantes para sobrevivir;

34.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que no apoyen los cultivos OMG al cumplir sus compromisos sobre nutrición y seguridad alimentaria en el mundo;

35.  Pide a la Comisión y a las demás partes interesadas que mejoren la recogida de datos globales y desglosados en materia de nutrición con el fin de planificar mejor las acciones que se emprendan en el futuro;

36.  Insiste en la necesidad de adoptar un enfoque holístico con respecto al problema de la desnutrición, que requiere actuar en una amplia variedad de sectores económicos y sociales; destaca, por tanto, la importancia de crear alianzas entre múltiples agentes y del papel fundamental del sector privado para mejorar la seguridad alimentaria y aumentar las acciones concretas en materia de nutrición, en particular, mediante la innovación e inversión en agricultura sostenible y la mejora de las prácticas sociales, económicas y medioambientales en la agricultura y los sistemas alimentarios;

37.  Pide a la Comisión que siga actuando como paladín de la erradicación de la desnutrición entre los donantes, intensificando sus esfuerzos para cumplir sus compromisos y prestando su voz y apoyo para crear la ocasión de comprobar el progreso realizado con respecto a los compromisos de nutrición para el crecimiento de 2013 y para contraer nuevos compromisos que solucionen el déficit de financiación en materia de nutrición;

38.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a la Unión Africana, a la FAO y a la OMC.

(1) http://www.oecd.org/development/effectiveness/49650173.pdf
(2) Marco de acción de la FAO para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (2015).
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0247.
(4) DO C 56 E de 26.2.2013, p. 75.
(5) DO C 289 de 9.8.2016, p. 71.
(6) DO C 346 de 21.9.2016, p. 88.
(7) http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-EN.pdf
(8) Fuentes: Informe presentado por el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Olivier De Schutter, 24 de enero de 2014, http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20140310_finalreport_es.pdf.


Fiscalía Europea y Eurojust
PDF 164kWORD 45 45k
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2016, sobre la Fiscalía Europea y Eurojust (2016/2750(RSP))
P8_TA(2016)0376B8-1054/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)0534),

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea(1),

–  Visto el documento de trabajo de su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, de 14 de marzo de 2014, sobre la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust) (PE530.084),

–  Vista su Resolución, de 29 de abril de 2015, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea(2),

–  Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (COM(2012)0363),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la Agencia Europea de Cooperación en materia de Justicia Penal (Eurojust) (COM(2013)0535),

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular sus artículos 85, 86, 218, 263, 265, 267, 268 y 340,

–  Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre la Fiscalía Europea y Eurojust (O‑000092/2016 – B8-0715/2016 y O-000093/2016 – B8-0716/2016),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el artículo 86 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea señala que para combatir las infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión, el Consejo podrá crear, mediante reglamentos adoptados con arreglo a un procedimiento legislativo especial, una Fiscalía Europea, previa aprobación del Parlamento Europeo;

B.  Considerando que, de conformidad con el reciente «Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 Final Report» (Estudio e informes sobre la brecha del IVA en los 28 Estados miembros de la UE: informe final 2016) (TAXUD/2015/CC/131), en 2014 se perdió la abrumadora cantidad de 159 500 millones de euros en ingresos procedentes del impuesto sobre el valor añadido (IVA);

C.  Considerando que es importante que la Unión y todos sus Estados miembros detecten y persigan de forma eficaz y disuasoria el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión, protegiendo así a los contribuyentes de todos los Estados miembros que aportan su contribución al presupuesto de la Unión;

D.  Considerando que Eurojust ha facilitado la coordinación y cooperación entre las autoridades encargadas de investigar y enjuiciar los asuntos que afectan a más de un Estado miembro, y que Eurojust ha contribuido a crear una confianza mutua y a vincular la gran variedad de tradiciones y sistemas jurídicos a nivel de la Unión; que Eurojust ha facilitado la ejecución de las demandas de cooperación y la aplicación de los instrumentos de reconocimiento mutuo, mejorando con ellos la acción penal transfronteriza;

E.  Considerando que la delincuencia organizada transfronteriza ha aumentado durante la última década y que es obra de grupos flexibles y con gran movilidad, que operan en varios Estados miembros y en diferentes ámbitos delictivos;

F.  Considerando que, en el asunto Taricco y otros (C-105/14), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el concepto de «fraude» definido en el artículo 1 del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas abarca los ingresos procedentes del IVA;

1.  Reitera el tradicional apoyo del Parlamento al establecimiento de una Fiscalía Europea eficaz e independiente, con el objeto de reducir la actual fragmentación de los recursos para la ejecución de la legislación nacional destinados a proteger el presupuesto de la Unión, reforzando así la lucha contra el fraude en la Unión;

2.  Pide al Consejo que establezca un sistema claro e inequívoco de competencias y procedimientos para la Fiscalía Europea, basado en la propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (Directiva PIF); pide al Consejo que intensifique sus esfuerzos para lograr un acuerdo sobre la Directiva PIF, que incluye el IVA dentro de su ámbito de aplicación, y que retome las negociaciones con el Parlamento para permitir el establecimiento de la Fiscalía Europea; destaca que la Fiscalía Europea debería tener prioridad para conocer de los delitos que se definen en la Directiva PIF; lamenta profundamente que el Consejo no permita que la Fiscalía Europea conozca de aquellos supuestos, definidos en la Directiva PIF, en los que la financiación de la Unión supere los 10 000 EUR pero no suponga el 50 % o más de la financiación; pide, por consiguiente, al Consejo que abandone la norma por la que priva a la Fiscalía Europea de la competencia para conocer de los delitos definidos en la Directiva PIF, cuando el perjuicio causado al presupuesto de la Unión sea menor o igual al perjuicio causado a otra víctima; insta al Consejo a garantizar que las autoridades nacionales informan inmediatamente a la Fiscalía Europea de todos los asuntos relacionados, de cualquier modo, con la Directiva PIF, previamente o durante una investigación;

3.  Pide al Consejo que reabra el debate relativo a los artículos 17 a 20 del texto consolidado (11350/1/16) de la propuesta de Fiscalía Europea para asegurarse de que esta última dispone de una mayor claridad y eficacia; pide al Consejo que aclare las competencias a nivel de enjuiciamiento de la Fiscalía Europea y de las fiscalías nacionales en los supuestos de a) delitos múltiples (un grupo organizado que comete varios delitos, por ejemplo: blanqueo de dinero y tráfico de seres humanos), y b) delitos mixtos (más de un delito cometido en un acto delictivo, por ejemplo: fraude en materia de IVA y blanqueo de dinero); lamenta profundamente que en caso de desacuerdo entre la Fiscalía Europa y las fiscalías nacionales en materia de competencias, la decisión final no corresponda a un tribunal independiente como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea; hace hincapié en que la eficacia de la Fiscalía Europea dependerá de que se aclaren sus competencias y, si no se consigue, los legisladores de la Unión no podrán garantizar la eficacia de dicha Fiscalía, cruzando así una de las líneas rojas del Parlamento Europeo;

4.  Considera que la Fiscalía Europea debería disponer de medidas de investigación suficientes para llevar a cabo sus investigaciones; recuerda, a tal efecto, que los colegisladores acordaron los criterios de presentación por parte de los Estados miembros de las solicitudes de medidas de investigación basadas en el principio de reconocimiento mutuo de la Directiva 2014/41/UE relativa a la orden europea de investigación en materia penal;

5.  Estima que, para garantizar la efectividad de la revisión judicial con arreglo al artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y a los Tratados, toda decisión operativa de la Fiscalía Europea que afecte a terceros debería ser objeto de revisión judicial ante un tribunal nacional competente; opina que debería ser posible la revisión judicial directa por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

6.  Señala que es sumamente importante evitar cualquier efecto negativo del llamado «vínculo nacional»; pide, en ese contexto, al Consejo que garantice la existencia de medidas de seguridad adecuadas para garantizar la independencia de la Fiscalía Europea, por ejemplo en forma de una disposición que permita la derogación del vínculo nacional por motivos relacionados con el funcionamiento adecuado de la Fiscalía;

7.  Considera que debe garantizarse la protección de los derechos procesales de los sospechosos y acusados; opina, en particular, que el Reglamento debería reconocer derechos de defensa adicionales para los sospechosos de la Fiscalía Europea, en especial el derecho a la asistencia jurídica gratuita, el derecho a la información, el derecho a acceder a la documentación del expediente y el derecho a aportar pruebas y a solicitar a la Fiscalía Europea que recabe pruebas en nombre del sospechoso;

8.  Pide a la Comisión que presente estimaciones ajustadas de las implicaciones presupuestarias de la estructura colegiada, dentro de su análisis coste-beneficio, y que proporcione al Parlamento los resultados del «ejercicio de comprobación con la realidad», y recuerda que el Parlamento tendrá en cuanta dicha información antes de tomar la decisión final;

9.  Recuerda la importancia del papel de Eurojust en la mejora de la cooperación judicial y coordinación de las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros, y en el desarrollo de investigaciones que impliquen a terceros países; e insta al Consejo a aclarar las relaciones entre Eurojust y la Fiscalía Europea, y en particular las consecuencias de la estructura colegiada, así como la relación de la Fiscalía Europea con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, con el objeto de diferenciar sus funciones respectivas en la protección de los intereses financieros de la Unión;

10.  Opina que lo más adecuado es que la Fiscalía Europea y Eurojust trabajen en el mismo lugar, para poder cooperar e intercambiar información de forma eficaz;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0234.
(2) DO C 346 de 21.9.2016, p. 27.


La necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom
PDF 273kWORD 56 56k
Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2016, sobre la necesidad de una política europea de reindustrialización en vista de los recientes casos de Caterpillar y Alstom (2016/2891(RSP))
P8_TA(2016)0377RC-B8-1051/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 9, 151, 152, 153, apartados 1 y 2, y 173,

–  Vistos los artículos 14, 27 y 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos(1),

–  Vistos el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el Tratado de la Unión Europea (TUE), y en particular el artículo 5, apartado 3, del TUE y el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2005, titulada «Reestructuraciones y empleo – Anticipar y acompañar las reestructuraciones para desarrollar el empleo: el papel de la Unión Europea» (COM(2005)0120) y la opinión del Comité Económico y Social Europeo de 14 de diciembre de 2005,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2010, titulada «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: una contribución europea hacia el pleno empleo» (COM(2010)0682),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006(2),

–  Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2013, con recomendaciones para la Comisión en materia de información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones(3),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, sobre un Marco de Calidad de la UE para la Anticipación del Cambio y la Reestructuración (COM(2013)0882),

–  Vista su Resolución, de 15 de enero de 2014, sobre la reindustrialización de Europa para promover la competitividad y la sostenibilidad(4),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 18 de abril de 2012, relativo al aprovechamiento del potencial de empleo del crecimiento ecológico (SWD(2012)0092),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de enero de 2014, titulada «Por un renacimiento industrial europeo» (COM(2014)0014),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 10 de octubre de 2012, titulada «Una industria europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación económica» (COM(2012)0582) y el objetivo de un 20 % de reindustrialización,

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre el desarrollo de una industria europea sostenible de los metales básicos(5),

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2016, sobre la competitividad del sector europeo del equipamiento ferroviario(6),

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que hoy en día la coherencia entre las distintas políticas adoptadas por la Unión para definir una política industrial moderna resulta absolutamente esencial, en particular teniendo en cuenta los casos de Caterpillar y Alstom;

B.  Considerando que el 2 de septiembre de 2016 Caterpillar anunció un gran plan de reestructuración a escala mundial; que, como parte de este plan, la planta de Gosselies se vio obligada a cerrar sus puertas, dando lugar al despido de 2 500 trabajadores directos y poniendo en peligro el empleo de unos 4 000 trabajadores subcontratados;

C.  Considerando que la reducción de los costes de producción entre 2013 y 2015 hizo que los productos de la planta resultaran más atractivos que los procedentes de fuera de la Unión; que, sin embargo, Caterpillar decidió cerrar la planta para trasladar la producción a otros centros con normas de protección social y medioambiental inferiores a las aplicables a la industria europea;

D.  Considerando que, dada la importancia y la dimensión europea de este caso, la Comisión ha decidido crear un grupo de trabajo que reúna a los servicios competentes para actuar como interlocutor en el proceso de cierre de Caterpillar;

E.  Considerando que estos dos centros de producción no son los únicos afectados por la reestructuración, ya que se prevén otros despidos en las plantas de Alstom en España e Italia y también en la de Caterpillar de Irlanda del Norte;

F.  Considerando que la industria ferroviaria es la espina dorsal de la industrialización europea, con una historia que se remonta a hace más de 175 años; que se espera que la tasa de crecimiento anual de los mercados accesibles del sector del equipamiento ferroviario sea del 2,8 % hasta 2019; que el sector europeo del equipamiento ferroviario da empleo directo a 400 000 personas en toda la Unión, muchas de las cuales trabajan en pymes; que un sector europeo del equipamiento ferroviario fuerte e innovador es esencial para la transición al ferrocarril, y que esta transición es necesaria para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos de la Unión;

G.  Considerando que la industria manufacturera representa el 65 % del gasto en I+D de las empresas y que, por consiguiente, es esencial reforzar nuestra base industrial para conservar en la Unión su experiencia y sus conocimientos específicos; que el desarrollo digital, una de las prioridades del Plan Juncker, necesita una base industrial sólida para materializarse;

H.  Considerando que la industria europea como la que representan Alstom y Caterpillar tiene un alto valor añadido y una experiencia reconocida; que, en la actualidad, esta industria central y estratégica para la Unión se enfrenta a la fuerte competencia mundial de países que exportan productos de menor coste al mercado europeo con una política agresiva y de rápida expansión en todos los continentes, a menudo con el apoyo político y financiero de sus Gobiernos;

I.  Considerando que, a la vista del reciente caso de Alstom, la Comisión llevará a cabo un estudio prospectivo de 15 años de duración (2030) sobre el desarrollo de la industria ferroviaria en Europa que integre diferentes hipótesis sobre los objetivos medioambientales de los Estados miembros de la Unión junto con un estudio sobre las repercusiones de las diferentes hipótesis sobre los puestos de trabajo, las profesiones y las competencias; que la Comisión debe hacer rápidamente un seguimiento de las recomendaciones recogidas en la Resolución del Parlamento sobre el sector europeo del equipamiento ferroviario para garantizar un empleo sostenible y seguro y un crecimiento integrador; que todo seguimiento debe facilitarse mediante un diálogo permanente con las partes interesadas y ha de abarcar todos los capítulos de la Resolución;

J.  Considerando que la Comisión se comprometió a presentar en 2013 un informe completo sobre la aplicación del marco de calidad; recordando, en este contexto, su petición a la Comisión para que presente, previa consulta a los interlocutores sociales pertinentes, una propuesta de acto jurídico sobre información y consulta de los trabajadores, anticipación y gestión de las reestructuraciones;

K.  Considerando que la industria europea debe mantener su competitividad y su capacidad para invertir en Europa, y que también se enfrenta a desafíos sociales y medioambientales que ha de superar, sin dejar de ser una referencia mundial en el ámbito de la responsabilidad social y medioambiental;

L.  Considerando que algunas empresas han seguido estrategias centradas exclusivamente en el rendimiento financiero a corto plazo, que suele ir en detrimento de la innovación, la inversión en I+D, el empleo y la renovación de competencias;

M.  Considerando que una política de innovación ambiciosa que favorezca la producción de productos de calidad, innovadores y eficientes desde el punto de vista energético, y que promueva procesos sostenibles permitirá a la Unión valerse por sí misma en un contexto mundial cada vez más competitivo;

N.  Considerando que el comercio de maquinaria de construcción en la Unión ha estado sometido a graves perturbaciones durante los últimos años, relacionadas con la disminución de la inversión pública y privada, pero también debido al aumento de los costes de producción a raíz del aumento de los precios de las materias primas;

O.  Considerando que el comercio justo de productos industriales debe respetar los derechos de los trabajadores y las normas medioambientales; que la inversión en energías renovables y eficiencia energética es un importante motor de la inversión en productos industriales con la capacidad de crear círculos virtuosos; que la innovación, la inversión en I+D, el empleo y la renovación de competencias son fundamentales para el crecimiento sostenible;

P.  Considerando que la innovación en la producción ha demostrado tener un efecto positivo sobre el crecimiento del empleo en todas las fases del ciclo económico industrial; que la participación de los trabajadores en medidas de innovación y en la definición de estrategias puede mejorar considerablemente el éxito económico;

Q.  Considerando que la parte más avanzada y sostenible del sector del acero, que fabrica productos tecnológicos de alto valor, respeta la salud de los trabajadores y de las poblaciones vecinas y garantiza el cumplimiento de normas medioambientales estrictas, desempeña un papel importante para la estrategia industrial europea;

R.  Subrayando, dada la pérdida de conocimientos especializados y de competencias de los trabajadores, que Europa debe mantener la capacidad industrial necesaria para satisfacer sus necesidades, sin depender de los productores de terceros países;

1.  Expresa su firme solidaridad y apoyo a todos los trabajadores Caterpillar y Alstom y a sus familias, así como a los subcontratistas afectados, y lamenta los efectos perjudiciales de estos cierres en las economías y las comunidades locales; pide que se tomen medidas para apoyar a estos trabajadores y a las economías locales, y para ayudar a las regiones a que superen esta difícil situación económica y social;

2.  Expresa su convencimiento de que la industria europea debe considerarse un activo estratégico para la competitividad y la sostenibilidad de la Unión; subraya que solo una industria fuerte y resistente y una política industrial orientada al futuro permitirán que la Unión haga frente a los diversos desafíos ante los que se encuentra, incluida su reindustrialización, su transición a la sostenibilidad y la creación de empleo de calidad; destaca que la Comisión y los Estados miembros deben anticipar mejor esas situaciones socioeconómicas y garantizar la competitividad de nuestra red industrial;

3.  Recuerda que Europa es una economía social de mercado que aspira a alcanzar un crecimiento económico sostenible e integrador; lamenta la ausencia de una verdadera política industrial de la Unión que proteja también a los trabajadores de la Unión; pide por tanto a la Comisión que establezca una genuina estrategia industrial europea a largo plazo con vistas a alcanzar el objetivo de que el 20 % del producto interior bruto proceda de la industria, con arreglo a lo establecido en la Estrategia Europa 2020;

4.  Insta a los Estados miembros a que garanticen una protección social adecuada y unas condiciones de trabajo y unos salarios que permitan vivir con dignidad, ya sea por medio de medidas legislativas o de convenios colectivos, y a que garanticen, en caso de despido de trabajadores, una protección eficaz contra el despido improcedente;

5.  Recuerda que, en Europa, la crisis económica ha demostrado que las industrias que más invierten, en particular en innovación, I+D, eficiencia energética, economía circular, etc., son las más resistentes; subraya, en este contexto, el impacto negativo de la reducción de las inversiones públicas y privadas y de la disminución del consumo interno, que deben fomentarse para que estimulen el crecimiento;

6.  Opina que la reducción de las cargas administrativas y de los costes de cumplimiento para las empresas, así como la derogación de la legislación innecesaria, al tiempo que se mantienen unos niveles elevados de protección de los consumidores, los trabajadores, la salud y el medio ambiente, deben ser componentes esenciales de toda política de reindustrialización de la Unión;

7.  Pide que esta política industrial de la Unión se base en objetivos e indicadores claros —incluidos objetivos ambiciosos en materia de eficiencia energética, recursos y clima— y en un enfoque basado en el ciclo de vida y en la economía circular; destaca que debe incluir una combinación inteligente de medidas del lado de la oferta y de la demanda encaminadas a relocalizar la economía en la Unión y a hacerla más resiliente y menos dependiente de los recursos; señala que debe orientar las inversiones hacia la creatividad, las capacidades, la innovación y las tecnologías sostenibles, y que debe fomentar la modernización de la base industrial europea a través de una política atenta a la cadena de valor que abarque a las industrias básicas y a sus actores regionales y locales; considera que este enfoque podría lograr beneficios en materia de rentabilidad para la industria europea y la economía europea en su conjunto;

8.  Señala que los muchos años de intervención en apoyo de los bancos y los mercados de activos de la Unión no han tenido ninguna repercusión en el empleo ni han mejorado las perspectivas económicas; considera que la intervención pública debe pasar de un excesivo estímulo de la oferta a unas políticas concertadas destinadas a estimular la demanda, también mediante medidas presupuestarias y garantizando aumentos salariales;

Política comercial, elemento fundamental para la igualdad de condiciones

9.  Destaca que, mientras que, en varios sectores de la economía, la Unión está abierta en gran medida a la competencia de terceros países, estos últimos oponen diferentes obstáculos que discriminan a las empresas europeas; subraya que los competidores de terceros países, especialmente de China, se están expandiendo rápidamente y de forma agresiva en Europa y otras partes del mundo, a menudo con un fuerte apoyo político y financiero de su país de origen; destaca que estas prácticas pueden constituir competencia desleal y poner en peligro puestos de trabajo en Europa; subraya que China no cumple los cinco criterios establecidos por la Unión para definir la condición de economía de mercado;

10.  Insta a la Comisión a que establezca una política comercial de la Unión en consonancia con sus objetivos de política industrial, y toma nota de la necesidad de garantizar los puestos de trabajo en la industria europea y de evitar nuevas deslocalizaciones y una mayor desindustrialización; pide a la Comisión que vele por la igualdad de condiciones para los operadores de dentro y fuera de Europa, garantizando así una competencia equitativa para todos;

11.  Recuerda la necesidad de alcanzar rápidamente un acuerdo sobre la revisión de los reglamentos sobre los instrumentos de defensa comercial a fin de reforzarlos de manera significativa mejorando su capacidad de reacción y su eficacia; solicita a la Comisión que tenga en cuenta el impacto social y económico que puede tener en la competitividad de las industrias de la Unión el reconocimiento del estatuto de economía de mercado a economías de Estado u otras economías que no se basan en el mercado;

12.  Destaca la necesidad de evitar que la política comercial de la Unión fomente prácticas contrarias a la competencia, como el dumping medioambiental, en particular el dumping de productos baratos y de escasa calidad que ponen en peligro las normas europeas y afectan a las industrias instaladas en la Unión; Pide a la Comisión que examine los mecanismos de ajuste en las fronteras para garantizar la igualdad de condiciones al diseñar políticas para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, y como medio para evitar el dumping medioambiental, la explotación de los trabajadores y la competencia desleal; ;

13.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que lleven a cabo estudios sobre las negociaciones comerciales, utilizando un enfoque regional y sectorial, que debe permitir también una mejor comprensión del impacto sobre el empleo y las industrias europeas;

14.  Destaca la tendencia reciente de las empresas a relocalizar la producción y los servicios en Europa, así como las oportunidades que ello conlleva para el crecimiento y la creación de empleo; insta a la Comisión a que reflexione sobre el modo en que la Unión puede crear un entorno acogedor que ayude a las empresas a aprovechar las oportunidades que brinda la relocalización;

La política de competencia - elemento crucial para las industrias de la Unión

15.  Pide a la Comisión que desarrolle un marco europeo abierto al mundo y competitivo para atraer y mantener la inversión privada, mantener sólidas cadenas de valor de la Unión y crear empleo de calidad, a fin de obtener beneficios tangibles para los ciudadanos de la Unión;

16.  Toma nota asimismo de que las normas sobre ayudas estatales deben estar mejor adaptadas para generar innovación y sostenibilidad y cumplir los objetivos de promoción de un alto nivel de empleo y de fomento de políticas sociales de conformidad con el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

17.  Destaca que la industria europea se enfrenta a una competencia mundial y, por lo tanto, anima encarecidamente a la Comisión a que tome como referencia, con carácter de urgencia, el mercado mundial al definir los mercados geográficos en sus análisis, y a que no limite estos al mercado interior o los mercados nacionales, permitiendo de este modo que las industrias europeas creen alianzas estratégicas o asociaciones en materia de I+D; pide, en este contexto, que se permita la reestructuración de los grandes fabricantes europeos para que puedan emerger actores con suficiente masa crítica para hacer frente a la competencia internacional;

Contratación pública – un instrumento susceptible de mejora

18.  Pide a la Comisión que aplique mejor la normativa de la Unión en materia de contratación pública; recuerda que las disposiciones de la Unión permiten rechazar las ofertas anormalmente bajas o en las que más del 50 % del valor se haga efectivo fuera de la Unión;

19.  Considera que la contratación pública y el etiquetado ecológico tienen un papel que desempeñar en la asimilación de las innovaciones, servicios y productos sostenibles y en favor de una sólida base industrial en Europa; solicita un esfuerzo concertado de los Estados miembros y la Comisión para velar por que los poderes adjudicadores basen sus decisiones de adjudicación en el principio de la «oferta económicamente más ventajosa»;

Mejora de la utilización de los fondos de la Unión, I+D e innovación – la manera de fomentar una nueva política industrial

20.  Pide a la Comisión que desarrolle, junto con los Estados miembros, una estrategia de la Unión para una política industrial coherente y global con vistas a la reindustrialización de Europa, y basada entre otras cosas en la digitalización (en particular en la integración de tecnologías inteligentes y de la robótica en las cadenas de valor industriales), la sostenibilidad, la eficiencia energética y los recursos adecuados; pide, a tal fin, una mayor cooperación y convergencia entre los Estados miembros en asuntos fiscales, sociales y presupuestarios de manera que se facilite la emergencia de proyectos industriales conjuntos; opina que el marco regulador europeo debería permitir a las industrias adaptarse a los cambios en cuestión y adoptar medidas previsoras con el fin de contribuir a la creación de empleo, al crecimiento y a la convergencia regional;

21.  Exhorta a la Comisión a que colabore con los diferentes sectores industriales para garantizar el mejor uso posible de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, y más concretamente del Fondo de Desarrollo Regional, para apoyar proyectos de I+D a escala regional;

22.  Considera que los fondos de la Unión brindan una gran oportunidad para financiar la inversión sostenible en infraestructuras energéticas y de transporte público y el despliegue inteligente de tecnologías de la información y la comunicación; pide mejoras en la aplicación de los diferentes criterios, en particular por lo que se refiere a los criterios de empleo, medioambientales y sociales, para la utilización de los fondos de la Unión y de todos los instrumentos financieros gestionados por el BEI;

23.  Pide que la Unión apruebe una agenda de especialización inteligente y que se dé prioridad a la I+D en aquellos sectores en los que la Unión puede ejercer el liderazgo; pide unos instrumentos concretos para que la Unión y los Estados miembros puedan poner en común los esfuerzos en I+D y que permitan la incorporación de los resultados en la economía local; considera que el vínculo existente entre investigación e industria es fundamental para impulsar la competitividad industrial de la Unión; Pide, en este sentido, a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan e incentiven activamente la intensificación de la colaboración entre centros de investigación, universidades y empresas; pide la mejora del entorno de investigación mediante un aumento del presupuesto destinado a I+D+i y una mejor interconexión de los diferentes programas de financiación nacionales y de la Unión;

24.  Pide a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones que se orienten particularmente hacia las regiones que se han visto más afectadas por la desindustrialización y que aceleren urgentemente el apoyo a proyectos en estas regiones, garantizando al mismo tiempo el respaldo a proyectos de calidad viables; considera necesario seguir estudiando las posibilidades de aumentar los préstamos estratégicos específicos del Banco Europeo de Inversiones para proyectos de innovación y de transformación industrial, sobre todo en lo que se refiere a la industria manufacturera y a los servicios conexos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen un mejor acceso a la financiación para las empresas de la Unión, en particular las microempresas y las pymes, mejorando así sus capacidades para la realización de proyectos, y que les presten unos servicios de asesoramiento y un apoyo técnico mejores;

25.  Solicita a la Comisión que estudie, en coordinación con los Estados miembros, formas para permitir la reconversión económica, garantizando al mismo tiempo que las empresas asuman plenamente su responsabilidad medioambiental, respeten la legislación medioambiental y apliquen normas medioambientales rigurosas; exige que las empresas que descontaminen las plantas cerradas, en un plazo razonable, facilitando vías de recuperación de las mismas por las autoridades locales;

26.  Pide a la Comisión que valore la posibilidad de facilitar el intercambio de mejores prácticas entre Estados miembros sobre la mejor manera de abordar el cierre de empresas, animándoles a estudiar ejemplos incluidos en disposiciones legales con el fin de intentar organizar, en la medida de lo posible, la búsqueda de un comprador o la venta de la planta para mantener las fábricas en funcionamiento pese al cese de actividad decidido por los propietarios originales;

27.  Considera que debe impedirse la evasión de impuestos, también a través de la transferencia de activos materiales e inmateriales o servicios entre empresas a precios inadecuados (precio de transferencia), evasión que también es el resultado de la falta de coordinación europea en materia fiscal y comercial; pide una mayor cooperación y convergencia entre Estados miembros en asuntos fiscales, sociales y presupuestarios;

Reestructuración socialmente responsable y creación de empleo de calidad en sectores de futuro

28.  Acoge con satisfacción la iniciativa de algunas autoridades locales, en colaboración con los interlocutores sociales, como en el caso de Alstom, para promover proyectos experimentales para trabajadores y empresas en el marco de procesos de reestructuración, con el fin de asegurar las carreras profesionales mediante formación y otras medidas para mantener el empleo de calidad;

29.  Destaca la necesidad crucial de desarrollar las competencias técnicas, en particular en el sector manufacturero; destaca la necesidad de fomentar la importancia de unos trabajadores técnicos cualificados; considera esencial, para maximizar el potencial neto de empleo de la economía verde, ofrecer a la mano de obra actual oportunidades adecuadas para adquirir las nuevas competencias necesarias para la economía circular; recuerda la importancia de una mano de obra cualificada para la viabilidad de la producción; subraya la importancia de fomentar mejores sinergias entre los sistemas de educación, las universidades y el mercado laboral, incluyendo la orientación hacia el medio de trabajo y la cooperación con las empresas para la creación de «agrupaciones» de innovación;

30.  Pide a todas las autoridades pertinentes que velen por que todas las partes implicadas respeten plenamente las normas nacionales y europeas sobre información y consulta de los trabajadores, en particular durante el proceso de reestructuración, y que garanticen asimismo la protección del medio ambiente y la seguridad en el lugar de trabajo;

31.  Destaca que las empresas deben respetar sus obligaciones con arreglo a la legislación europea y nacional, dando prioridad a la información y consulta de los trabajadores y a la conveniencia de examinar las alternativas presentadas por los interlocutores sociales;

32.  Considera que toda operación de reestructuración debe explicarse y justificarse a las partes interesadas, cuando proceda, incluida la elección de las medidas previstas en relación con los objetivos y las posibles alternativas; pide un diálogo local que incluya a todas las partes interesadas para debatir acerca de las mejores modalidades posibles en los casos de reestructuración;

33.  Subraya la importancia de un diálogo social constante a todos los niveles, basado en la confianza mutua y la responsabilidad compartida, como uno de los mejores instrumentos para encontrar soluciones consensuadas y perspectivas comunes a la hora de anticipar, prevenir y gestionar el proceso de reestructuración;

34.  Destaca, en el caso de las reestructuraciones, la necesidad de proteger a los trabajadores afectados en lo que respecta a su salud y condiciones laborales, seguridad social, reciclaje profesional y reinserción en el mercado de trabajo;

35.  Observa que la reestructuración tiene un impacto mucho más amplio que el que se produce en la propia empresa, con efectos imprevistos en las comunidades y en el tejido económico y social de los Estados miembros;

36.  Pide a la Comisión que consulte a los interlocutores sociales sobre la eficacia de la legislación sobre despidos colectivos a la luz de los casos de Caterpillar y Alstom;

37.  Lamenta la progresiva financiarización de la economía real, centrada en las perspectivas financieras a corto plazo, en vez de mantener un aparato industrial innovador capaz de ofrecer puestos de trabajo sostenibles y de calidad y beneficios a largo plazo para la sociedad; lamenta que este planteamiento haya dado lugar a la pérdida de numerosos puestos de trabajo en el sector industrial; pide a la Comisión que consulte a los interlocutores sociales sobre la conveniencia de revisar la legislación vigente sobre despidos colectivos, teniendo en cuenta los aspectos vinculados a los casos de Caterpillar y Alstom, y, en particular, la participación de todos los trabajadores y los subcontratistas en el procedimiento, y sobre medidas eficaces para impedir los despidos colectivos ilegales que no estén basados en motivos económicos reales, incluida la posibilidad de sanciones, por ejemplo, la suspensión del acceso a programas financiados por la Unión o la exigencia de devolver las ayudas públicas recibidas;

38.  Pide al grupo de trabajo de la Comisión que investigue cómo se ha llevado a cabo el procedimiento de consulta al comité de empresa europeo; pide a la Comisión que, a la luz de la investigación, estudie la necesidad de revisar la Directiva sobre el comité de empresa europeo;

39.  Observa que el FEAG es una herramienta esencial de la Unión en la era de la globalización para apoyar a los Estados miembros en sus políticas de reciclaje profesional de los trabajadores y restablecer el tejido económico de una región en lo que se refiere a los trabajadores que sufren los efectos negativos de la globalización o la crisis económica; recuerda la importancia de las recomendaciones formuladas por el Parlamento en su Resolución, de 15 de septiembre de 2016, sobre las actividades, impacto y valor añadido del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización entre 2007 y 2014;(7)

40.  Destaca, no obstante, que el FEAG es un instrumento que solo se activa cuando ya se han producido los despidos, y que los Estados miembros y la Unión deben redoblar sus esfuerzos por crear el entorno económico y legislativo adecuado para impulsar la competitividad y crear puestos de trabajo sostenibles a largo plazo;

41.  Pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre su estrategia para los principales sectores industriales de Europa, a saber, el sector del equipamiento ferroviario y el sector de la maquinaria, con el fin de crear un entorno comercial más favorable, y sobre cómo va a mantener el empleo de calidad, los conocimientos técnicos y las inversiones en Europa;

42.  Señala que, en los casos de reestructuración, los trabajadores más jóvenes y de mayor edad suelen ser despedidos con más frecuencia que los trabajadores de otros grupos de edad; destaca que, en caso de despidos, los empleadores deben respetar la legislación que prohíbe la discriminación, en especial la discriminación por motivo de la edad;

43.  Toma nota de que la transición hacia una economía ecológica tiene un gran potencial de creación de puestos de trabajo locales que no pueden reubicarse, y en sectores que no pueden deslocalizarse; señala que existen pruebas sólidas de que la transición ecológica tendrá, en su conjunto, un impacto positivo en el empleo, consecuencia de que las actividades económicas sostenibles, como el ahorro energético, requieren más mano de obra que aquellas a las que sustituyen, y de que podría contribuir a una mayor autosuficiencia de las regiones;

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44.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo.

(1) DO L 225 de 12.8.1998, p. 16.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
(3) DO C 440 de 30.12.2015, p. 23.
(4) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0032.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0460.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0280.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0361.

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