Índice 
Textos aprobados
Jueves 6 de octubre de 2016 - EstrasburgoEdición definitiva
Ruanda, el caso de Victoire Ingabire
 Sudán
 Tailandia, en particular el caso de Andy Hall
 Normas Internacionales de Información Financiera: NIIF 9
 La situación en Siria
 Conferencia de 2016 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 22) en Marrakech (Marruecos)
 Aplicación del Reglamento sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
 Informe anual de 2014 sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión
 Comercialización de semillas del maíz modificado genéticamente Bt11
 Comercialización de semillas del maíz modificado genéticamente 1507
 Renovación de la autorización de las semillas del maíz modificado genéticamente MON 810
 Renovación de la autorización de los productos del maíz modificado genéticamente MON 810
 Comercialización del algodón modificado genéticamente 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913

Ruanda, el caso de Victoire Ingabire
PDF 175kWORD 47k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre Ruanda: el caso de Victoire Ingabire (2016/2910(RSP))
P8_TA(2016)0378RC-B8-1061/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2013, sobre Ruanda: el caso de Victoire Ingabire(1),

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR),

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Vistos los principios y las directrices relativos al derecho a un juicio justo y a la asistencia jurídica en África,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que Ruanda ratificó en 1975,

–  Vistos el resultado del examen periódico universal de Ruanda de 2015 y las observaciones finales de 2016 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vista la declaración realizada por la Alta Representante Federica Mogherini, en nombre de la Unión, sobre la reforma constitucional en Ruanda, de 3 de diciembre de 2015,

–  Vista la declaración conjunta local de la Unión, de 18 de diciembre de 2015, sobre el referéndum sobre un proyecto de Constitución en Ruanda,

–  Visto el comunicado de prensa emitido el 16 de marzo de 2016 por las Fuerzas Democráticas Unidas sobre la apelación de la presa política Victoire Ingabire Umuhoza,

–  Visto el informe de Freedom House sobre Ruanda de 2015,

–  Visto el informe por país de Amnistía Internacional «Ruanda 2015/2016»,

–  Visto el informe de Amnistía Internacional titulado «La justicia en peligro: juicio en primera instancia a Victoire Ingabire», de 2013,

–  Vista la respuesta de la Vicepresidenta/Alta Representante Catherine Ashton, de 4 de febrero de 2013, a la pregunta escrita E-010366/2012 sobre Victoire Ingabire,

–  Vista la declaración de Human Rights Watch titulada «Rwanda: Opposition Activist Missing» (Ruanda: opositores desaparecidos), de 29 de septiembre de 2016,

–  Visto el informe de 2014 sobre Ruanda del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Ruanda es uno de los pocos países africanos que desempeñan un papel destacado en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en especial en temas como la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, la educación primaria universal, la mortalidad infantil y materna, la prevalencia del VIH y la sostenibilidad ambiental;

B.  Considerando que el fuerte crecimiento económico ha ido acompañado de mejoras considerables en las condiciones de vida, como demuestra el hecho de que la mortalidad infantil se haya reducido en dos tercios y que casi todos los niños estén matriculados en la escuela primaria;

C.  Considerando los esfuerzos económicos y políticos realizados para mejorar la economía del país y orientarla más hacia la industria y los servicios;

D.  Considerando que el 30 de octubre de 2012 Victoire Ingabire, presidenta de las Fuerzas Democráticas Unidas, fue condenada a ocho años de cárcel acusada de conspirar contra el Estado mediante actos de terrorismo y de minimizar el genocidio de 1994, basándose para ello en sus relaciones con las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR);

E.  Considerando que en septiembre de 2016 se denegó a una delegación del Parlamento Europeo el acceso a Victoire Ingabire, dirigente de la oposición encarcelada; que, aunque el motivo principal de la visita era el papel de la mujer en la sociedad y su empoderamiento, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación consideró que no había una razón especial para que Victoire Ingabire, una presa sujeta a las directrices y normas nacionales en materia de detención, recibiera la visita de diputados al Parlamento Europeo en misión oficial;

F.  Considerando que la misión tomó nota de los importantes retos que todavía existen a este respecto, como por ejemplo el acceso a la educación en las zonas rurales, unos derechos de propiedad más equitativos y la mejora del acceso al empleo no agrícola, y que la situación de los derechos humanos, en particular en lo que se refiere a la participación política y la libertad de expresión en Ruanda, sigue siendo preocupante, al tiempo que la sociedad civil independiente es todavía muy débil;

G.  Considerando que numerosas organizaciones de derechos humanos han denunciado el juicio en primera instancia a Victoire Ingabire, ya que se observaron graves irregularidades y fue tratada de manera injusta; que, en su informe, Amnistía Internacional menciona la declaración pública perjudicial que realizó el Presidente de Ruanda antes del juicio y el hecho de que se consideraran fiables confesiones de detenidos en Camp Kami, donde supuestamente se utilizó la tortura; que, tras haber testificado contra Victoire Ingabire ante el Alto Tribunal de Ruanda en 2012, cuatro testigos de la fiscalía y coacusados declararon ante el Tribunal Supremo en 2013 que sus testimonios habían sido falsificados;

H.  Considerando que el 13 de septiembre de 2012 Victoire Ingabire Umuhoza fue nominada, junto con otras dos figuras políticas ruandesas, Bernard Ntaganda y Deogratias Mushyayidi, al Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia 2012;

I.  Considerando que en 2015 Victoire Ingabire recurrió ante el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, acusando al Gobierno ruandés de violar sus derechos; que en marzo de 2015 Ruanda dejó de reconocer la jurisdicción de este tribunal, alegando que los tribunales de Ruanda eran capaces de tratar todos los asuntos locales; que, el 29 de febrero de 2016, el Gobierno de Ruanda retiró su declaración, en la que aceptaba la competencia del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos para conocer de los asuntos presentados directamente por particulares, y ello solo unos pocos días antes de la apertura de la vista por la demanda interpuesta por Victoire Ingabire contra el Gobierno ruandés;

J.  Considerando que según el FDU-Inkingi, el partido de Victoire Ingabire, sus condiciones de detención se han deteriorado considerablemente desde abril de 2016; que se le deniegan las comidas procedentes del exterior y con un régimen especial y que su certificado médico ha sido invalidado;

K.  Considerando que, entre otras cosas, el FDU-Inking no se ha podido registrar legalmente como partido político y que varios de sus miembros han sido amenazados, arrestados y detenidos;

L.  Considerando que varios miembros de los partidos de la oposición están encarcelados; que Illuminée Iragena, una enfermera y activista política vinculada al FDU-Inking, se encuentra desaparecida desde hace cinco meses y que se teme por su seguridad; que Léonille Gasengayire, tesorera adjunta del FDU-Inking, fue detenida el 23 de agosto de 2016 y acusada de incitar a la insurrección pública;

M.  Considerando que Ruanda ocupa el puesto 161 de un total de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2016; que la libertad de la prensa se ha seguido deteriorando, ya que algunos periodistas independientes han sido a menudo víctimas de acoso, amenazas y detenciones; que periodistas exiliados y extranjeros son cada vez con más frecuencia víctimas de intimidación ilegítima, violencia y desapariciones forzadas por criticar a funcionarios en su trabajo de información;

N.  Considerando que, en octubre de 2014, el Gobierno suspendió indefinidamente el servicio radiofónico en lengua Kinyarwanda de la British Broadcasting Corporation (BBC) tras la difusión de un controvertido documental televisivo de la BBC sobre el genocidio de 1994 en Ruanda;

O.  Considerando que la consolidación de la democracia es fundamental, incluida la garantía de la independencia del poder judicial y la participación de los partidos de la oposición, en particular de cara a las elecciones presidenciales de 2017;

P.  Considerando que las carencias demostradas por el sistema judicial ruandés en el desarrollo del proceso penal de Victoire Ingabire han menoscabado su capacidad para gestionar asuntos políticos de perfil elevado;

Q.  Considerando que Ruanda es un actor clave en la región de los Grandes Lagos y puede desempeñar un papel crucial en el proceso de estabilización, en particular a través de la lucha contra el comercio ilegal de minerales y otros recursos naturales; que el informe del Grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre la República Democrática del Congo recomienda que el Gobierno de Ruanda investigue y procese a las personas implicadas en el comercio ilegal de estaño, tantalio y wolframio, así como en el blanqueo de minerales procedentes de la República Democrática del Congo en Ruanda;

1.  Condena taxativamente la motivación política de los juicios, el procesamiento de los opositores políticos y la determinación previa del resultado del juicio; insta al Gobierno de Ruanda a extender sus progresos a nivel económico y social al ámbito de los derechos humanos, con el objeto de completar la transición hacia una democracia moderna e inclusiva; exhorta a las autoridades de dicho país a garantizar que el proceso de apelación de Victoire Ingabire es justo y conforme a las normas establecidas por el Derecho ruandés e internacional; subraya que los juicios y las acusaciones esgrimidas contra los encausados no pueden basarse en leyes vagas e imprecisas, así como en el uso impropio de las mismas, tal como está ocurriendo en el proceso contra Victoire Ingabire;

2.  Expresa su profunda preocupación por la desestimación del recurso de apelación por el Tribunal Supremo de Ruanda, por la sentencia por la que se condena a Victoire Ingabire a 15 años de prisión, así como por el empeoramiento de las condiciones de su detención; opina que el proceso de apelación llevado a cabo en Ruanda no se adecuó a las normas internacionales, incluido el derecho de Victoire Ingabire a la presunción de inocencia;

3.  Destaca que el abandono por parte de Ruanda del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos solo unos pocos días antes de la apertura de la vista del juicio de apelación de Victoire Ingabire es circunstancial, y que su objetivo es limitar el acceso directo de los ciudadanos y de las ONG a dicho Tribunal;

4.  Recuerda a las autoridades ruandesas que la Unión ha manifestado su inquietud sobre el respeto de los derechos humanos y el derecho a un juicio justo, en el marco del diálogo político oficial con Ruanda con arreglo al artículo 8 del Acuerdo de Cotonú; pide que el proceso contra Victoire Ingabire sea objeto de una revisión rápida, imparcial, basada en hechos y de conformidad con la ley, sin restricción alguna, influencias indebidas, presiones o amenazas; solicita que se garanticen los derechos de Victoire Ingabire en la cárcel, en particular en lo relativo al acceso a un abogado, a una alimentación apropiada y a tratamiento médico;

5.  Condena todo tipo de intimidación, detención o procesamiento de los líderes o miembros de los partidos de la oposición, activistas, periodistas y otros presuntos opositores del Gobierno ruandés por el simple hecho de haber expresado sus opiniones; a tal respecto, insta a las autoridades ruandesas a revisar y ajustar el Derecho nacional con el objeto de garantizar la libertad de expresión, en particular los artículos 463 y 451 del Código Penal, que limitan dicha libertad;

6.  Invita al Gobierno ruandés a dar muestra de su disposición a investigar los presuntos abusos contra activistas de la oposición y periodistas, y a adecuar los centros de detención militares al Derecho ruandés y a las normas internacionales; exhorta a las autoridades ruandesas a liberar inmediatamente a todas las personas y activistas detenidos o condenados solo por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como a garantizar la separación de los poderes administrativo, legislativo y judicial, y en particular la independencia judicial;

7.  Insta a las autoridades ruandesas a redoblar los esfuerzos para investigar los casos de Illuminée Iragena, John Ndabarasa, Léonille Gasangayire y otras personas que se teme hayan sido víctimas de desapariciones forzadas, a revelar su paradero, liberarlas o procesarlas, si se hallan detenidas, así como a asegurar un juicio justo para los opositores o contestatarios del Gobierno, reales o presuntos, incluidos Frank Rusagara, Joel Mutabazi, Kizito Mihigo y el resto de acusados junto a ellos;

8.  Exhorta a las autoridades ruandesas a garantizar la celebración de elecciones pacíficas, creíbles y transparentes en 2017, e invita al Gobierno a colaborar con la oposición en el escrutinio; expresa su apoyo a favor de una misión de observación electoral de la Unión a largo plazo para las elecciones presidenciales de 2017, que se concentre en el espacio político y en las libertades fundamentales;

9.  Recuerda a las autoridades ruandesas que la democracia se basa en un gobierno pluralista, una oposición operativa, unos medios de comunicación y un poder judicial independientes, el respeto de los derechos humanos y de las libertades de expresión y de reunión; en este contexto, insta a Ruanda a abrir su espacio político, a estar a la altura de los citados estándares y a mejorar sus resultados en materia de derechos humanos; espera que Ruanda ejecute las recomendaciones del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación (2014);

10.  Exhorta a las autoridades ruandesas a proceder con urgencia a la revisión de su declaración en la que se permite que los ciudadanos y las ONG presenten denuncias ante el Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, y a que la restablezcan y la reintroduzcan;

11.  Insta a la Unión y a sus socios internacionales a continuar apoyando al pueblo de Ruanda en su labor de instaurar la paz y la estabilidad en el país y en la región en su totalidad;

12.  Pide a la Comisión que continúe evaluando regularmente el apoyo acordado por la Unión a las instituciones del Gobierno ruandés, para asegurarse de que su apoyo promueve plenamente los derechos humanos, la libertad de expresión y asociación, el pluralismo político y la existencia de una sociedad civil independiente;

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta/Alta Representante Federica Mogherini, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas, a las instituciones de la Unión Africana, a la Comunidad del África Oriental, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, a los Estados miembros de la Unión, a los defensores de Victoire Ingabire y al Presidente de Ruanda.

(1) DO C 55 de 12.2.2016, p. 127.


Sudán
PDF 179kWORD 49k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre Sudán (2016/2911(RSP))
P8_TA(2016)0379RC-B8-1062/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Sudán,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vista la Declaración Conjunta, de 8 de agosto de 2016, de la Unión, los representantes de la troika (Noruega, Reino Unido y los Estados Unidos) y Alemania, en la que acogen con satisfacción la firma por el «Llamamiento de Sudán» de la hoja de ruta del Grupo de Alto Nivel de la Unión Africana encargado de la aplicación de las recomendaciones para Sudán;

–  Vistos el informe del experto independiente sobre la situación de los derechos humanos en Sudán, y el informe de 28 de julio de 2016 del relator especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos sobre su misión a Sudán, de 4 de agosto de 2016,

–  Vista la declaración, de 27 de junio de 2016, del portavoz de la Vicepresidenta/Alta Representante sobre el anuncio por el Gobierno de Sudán de un cese unilateral de las hostilidades durante cuatro meses,

–  Vista la Resolución 2296 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Sudán, aprobada en su 7728ª sesión, de 29 de junio de 2016,

–  Visto el comunicado de 13 de junio de 2016 del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana sobre la situación en Darfur,

–  Vistos el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,

–  Vista la Declaración, de 9 de abril de 2015, de la Alta Representante, en nombre de la Unión Europea, sobre la falta de un entorno favorable para la celebración de las elecciones sudanesas en abril de 2015,

–  Vista la Declaración del «Llamamiento de Sudán» sobre el establecimiento de un Estado de ciudadanía y democracia,

–  Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el conflicto de Darfur se ha prolongado durante 13 años y se ha cobrado más de 300 000 vidas, y que las fuerzas gubernamentales sudanesas siguen atacando a civiles, en especial en Jebel Marra; que el persistente bombardeo indiscriminado de civiles, incluidos ataques ilegales por las fuerzas sudanesas a pueblos del Kordofán Meridional, el Nilo Azul y Darfur, ha dejado heridos y provocado la destrucción de infraestructuras civiles;

B.  Considerando que la Ley de Seguridad Nacional de 2010 concedió al Gobierno sudanés amplios poderes para mantener a detenidos, de forma rutinaria, en régimen de aislamiento, sin cargos y durante períodos prolongados, y que algunas organizaciones han sido cerradas por la fuerza y han sufrido ataques;

C.  Considerando que, tal como se indica en el examen periódico universal de las Naciones Unidas de 21 de septiembre de 2016, Sudán reafirmó su compromiso de adherirse a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como a la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas;

D.  Considerando que se están multiplicando en Darfur, en particular en el Kordofán Meridional y en el Nilo Azul, abusos y violaciones de los derechos humanos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, el uso excesivo de la fuerza, el secuestro de civiles, actos de violencia sexual y de género contra las mujeres, violaciones y abusos contra niños, y detenciones y arrestos arbitrarios;

E.  Considerando que el espacio cívico para los partidos políticos de la oposición, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos está limitado en Sudán; que se denuncia que el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISS) acosa, persigue y reprime continuamente a los defensores de los derechos humanos, los activistas estudiantiles y los opositores políticos por llevar a cabo sus actividades legítimas; que, en lo que va de año, numerosos activistas de la sociedad civil han sido detenidos arbitrariamente, incluidos cuatro representantes de la sociedad civil de Sudán que fueron interceptados en el aeropuerto internacional de Jartum por agentes de seguridad cuando se dirigían a una reunión de alto nivel sobre derechos humanos con diplomáticos que se celebró en Ginebra el 31 de marzo de 2016;

F.  Considerando que grupos de defensa de los derechos humanos han descubierto pruebas creíbles de ataques con armas químicas contra civiles por fuerzas gubernamentales sudanesas, y que habitantes de la región de Jebel Marra, en Darfur, muestran los terribles efectos de presuntos ataques con armas químicas, el más reciente de los cuales fue perpetrado en el pueblo de Gamarah el 9 de septiembre de 2016; que se han denunciado también ataques de las Fuerzas de apoyo rápido (RSF), unidad militar sudanesa compuesta por una antigua milicia progubernamental mandada por el NISS;

G.  Considerando que el 29 de febrero de 2016 el NISS atacó brutalmente el Centro de formación y desarrollo humano (TRACKS) de Jartum, una organización de la sociedad civil, y que tras dicho ataque, su director Khalfálah Alafif Muktar y los activistas Arwa Ahmed Elrabie, Al-Hassan Kheiry, Imani-Leyla Raye, Abu Hureira Abdelrahman, Al-Baqir Al-Afif Mukhtar Midhat Afifadeen y Mustafa Adam fueron detenidos y acusados de conspiración y de luchar contra el Estado, acusaciones que conllevan la pena de muerte; que se ha comunicado que el estado de salud del director es malo y que no se le permite recibir visitas de sus familiares;

H.  Considerando que las autoridades sudanesas imponen duras restricciones a la libertad de religión; que las amenazas contra dirigentes religiosos y la intimidación de las comunidades cristianas han continuado a un ritmo acelerado durante los últimos años; que el trabajador cristiano Petr Jašek, de nacionalidad checa, los pastores Hassan Abduraheem Kodi Taour y Kuwa Shamal, y el graduado de Darfur Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla, de nacionalidad sudanesa, ya llevan nueve meses detenidos por el NISS y se enfrentan a juicio bajo la acusación de informar del supuesto sufrimiento de los cristianos en las zonas de Sudán asoladas por la guerra; que en los últimos años se ha producido un incremento del número de juicios por apostasía y de las consiguientes condenas a muerte;

I.  Considerando el reciente despliegue de las RSF a lo largo de la frontera norte de Sudán para detener los flujos de inmigrantes irregulares; que el 31 de agosto de 2016 el comandante de las RSF declaró que estas patrullaban en esa frontera con Egipto y Libia, y que al hacerlo Sudán lucha contra la inmigración ilegal en nombre de la Unión; que el pasado 6 de septiembre de 2016 la delegación de la Unión en Sudán negó que así fuera;

J.  Considerando que, el 24 de agosto de 2016, 48 sudaneses que eran potenciales solicitantes de asilo fueron deportados de Italia a Sudán; que en mayo de 2016 las autoridades sudanesas deportaron a más de 400 eritreos que habían sido detenidos cuando viajaban hacia Libia;

K.  Considerando que las autoridades sudanesas dictan un número desproporcionado de condenas contra mujeres y niñas por delitos mal definidos; que las mujeres se enfrentan a una discriminación sistémica y a la imposición de castigos corporales y de flagelación por cometer infracciones del código vestimentario vagamente definidas;

L.  Considerando que los cofirmantes del «Llamamiento de Sudán» (representantes de partidos de la oposición política y armada, como el Partido Nacional Umma, las Fuerzas del Consenso Nacional y el Frente Revolucionario de Sudán) se han comprometido a trabajar para poner fin a los conflictos que azotan diferentes regiones de Sudán e introducir reformas jurídicas, institucionales y económicas;

M.  Considerando que en 2009 y 2010 la Corte Penal International (CPI) emitió dos órdenes de detención contra el Presidente al-Bashir, basadas en la acusación de que es responsable de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio; que, aunque Sudán no es un Estado parte del Estatuto de Roma, en la Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se le pide que coopere con la CPI, por lo que Sudán debe cumplir la orden de detención de la CPI;

N.  Considerando que, en junio de 2008, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión reunidos en el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores concluyeron que el Consejo está dispuesto a estudiar medidas contra las personas responsables de no cooperar con la CPI;

O.  Considerando que la Unión está realizando actualmente con Sudán un proyecto relativo a «Una mejor gestión de la migración»;

1.  Deplora el uso de armas químicas contra civiles en la zona de Jebel Marra en Darfur por parte del Gobierno de Sudán y señala que esto constituye una grave violación de las normas internacionales, además de un crimen de guerra; recuerda que Sudán es parte en la Convención sobre armas químicas, y pide una investigación internacional sobre estas denuncias coordinada por la Organización para la prohibición de las armas químicas; recuerda a las autoridades sudanesas que tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos;

2.  Sigue profundamente preocupado por las persistentes ejecuciones ilegales, los secuestros y la violencia sexual y de género en las zonas en conflicto, en particular en Darfur, el Kordofán Meridional y el Nilo Azul, así como por la grave situación humanitaria causada por los enormes desplazamientos internos; pide el cese inmediato de los bombardeos aéreos de civiles por las fuerzas sudanesas;

3.  Condena las detenciones y arrestos arbitrarios de activistas así como la continua detención de defensores de los derechos humanos y periodistas en Sudán; insta al Gobierno de Sudán a que garantice el ejercicio pacífico de las libertades de expresión, asociación y reunión; subraya que el diálogo nacional solamente dará resultados si se desarrolla en un clima en el que estén garantizadas las libertades de expresión, de los medios de comunicación, de asociación y de reunión;

4.  Pide a la Unión Africana y al Gobierno de Sudán que investiguen de inmediato todas las denuncias de torturas, malos tratos, detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza y que hagan rendir cuentas a los responsables en juicios justos y sin recurrir a la pena de muerte; pide al Gobierno de Sudán que decrete una moratoria inmediata de todas las ejecuciones y abola la pena de muerte y toda forma de castigo corporal;

5.  Manifiesta su preocupación particular por las restricciones de acceso que se siguen imponiendo a las agencias y organizaciones humanitarias internacionales; pide que el Gobierno de Sudán realice todos los esfuerzos posibles para mejorar el acceso de las agencias humanitarias internacionales a todos los que buscan ayuda humanitaria, de conformidad con los compromisos asumidos durante el examen periódico universal; insta al Gobierno de Sudán a que colabore de manera constructiva con las organizaciones de la sociedad civil con el fin de promover sin demora la sensibilización en materia de derechos humanos en Sudán;

6.  Reafirma que la libertad de religión, de conciencia o de convicciones es un derecho humano universal que debe protegerse en todo lugar y respecto de cada persona; pide al Gobierno de Sudán que derogue toda disposición jurídica que penalice o discrimine a las personas por sus creencias religiosas, especialmente en el caso de la apostasía y especialmente en lo que concierne al trabajador cristiano Petr Jašek, de nacionalidad checa, los pastores Hassan Abduraheem Kodi Taour y Kuwa Shamal, y el graduado de Darfur Abdulmonem Abdumawla Issa Abdumawla, de nacionalidad sudanesa;

7.  Manifiesta su preocupación por el aumento de las medidas represivas por parte del NISS contra ciudadanos que son activistas de la sociedad civil, y pide a Sudán que libere a los detenidos de manera inmediata e incondicional, que ponga fin inmediatamente a las detenciones arbitrarias, retire todos los cargos derivados de sus actividades pacíficas y permita a las ONG, como al personal del TRACKS, a sus afiliados y a los estudiantes activistas realizar su trabajo sin miedo a represalias;

8.  Toma nota de la aceptación por parte de Sudán de las recomendaciones de ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de redoblar los esfuerzos para prevenir la tortura y los tratos inhumanos; pide, no obstante, al Gobierno sudanés que lleve a cabo una revisión urgente de su Ley de Seguridad Nacional, que permite la detención de sospechosos durante cuatro meses y medio sin ningún tipo de control judicial, y que reforme su sistema judicial de conformidad con las normas internacionales en materia de derechos humanos;

9.  Pide al Gobierno de Sudán que derogue las amplias inmunidades que prevé la legislación sudanesa, publique las conclusiones de las tres comisiones de investigación estatales y admita públicamente la magnitud de los asesinatos cometidos durante la represión de los manifestantes contra las medidas de austeridad en septiembre de 2013, y que haga justicia a sus víctimas;

10.  Recuerda las conclusiones de junio de 2008 del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, en las que se recoge la continua falta de cooperación del Gobierno de Sudán con la CPI, y señala que el Gobierno de Sudán tiene la obligación y la capacidad de cooperar, y que debe respetarse toda orden de detención emitida por la CPI; insta a Omar al-Bashir a respetar el Derecho internacional y a comparecer ante la CPI por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio;

11.  Pide a los Estados miembros de la Unión Africana, y en particular a aquellos países que han acogido al Presidente Bashir (la República Democrática del Congo, Chad, Sudáfrica, Uganda y Yibuti), que respeten el Estatuto de Roma y las decisiones de la CPI;

12.  Pide a la Unión que imponga sanciones punitivas selectivas a los responsables de los repetidos crímenes de guerra y de la negativa a cooperar con la CPI; pide al SEAE que elabore sin más dilación una lista de las personas objeto de esas sanciones;

13.  Observa que el Gobierno de Sudán firmó el 16 de marzo de 2016 el acuerdo sobre la hoja de ruta y que posteriormente ha aclarado sus compromisos relativos a la inclusión de otras partes interesadas en el diálogo nacional y de seguir respetando las decisiones acordadas entre los signatarios de la oposición y el Mecanismo 7+7, el comité director del diálogo nacional; insiste en la necesidad de que todas las partes respeten sus compromisos y pide un diálogo permanente orientado a alcanzar un alto el fuego definitivo; pide a la Unión y a sus Estados miembros que mantengan su compromiso de apoyar los esfuerzos de la Unión Africana para llevar la paz a Sudán y al pueblo sudanés en su transición hacia una democracia reformada internamente;

14.  Pide a la Misión conjunta de las Naciones Unidas y de la Unión Africana en Darfur (UNAMID) que establezca una presencia permanente dentro de Jebel Marra; pide a la UNAMID que investigue sin demora las denuncias de violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional por parte de miembros de las fuerzas gubernamentales sudanesas y de las fuerzas de la oposición en Jebel Marra, y que informe públicamente al respecto;

15.  Pide al SEAE y a la Comisión que supervisen de cerca la ayuda al desarrollo prestada por la Unión para prevenir todo apoyo directo o indirecto a las milicias locales, y que se aseguren de que las RSF que patrullan en las fronteras de Sudán con Egipto y Libia no pretendan combatir la migración ilegal en nombre de la Unión;

16.  Insta, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros interesados que garanticen una total transparencia en relación con el proyecto «Una mejor gestión de la migración» que se realiza con Sudán, incluidas todas las actividades programadas y los beneficiarios de los fondos nacionales y de la Unión, y que elabore un informe exhaustivo sobre la visita de una delegación técnica de la Unión a Sudán en mayo de 2016;

17.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que garanticen que el Parlamento Europeo esté plenamente informado del diálogo establecido en el marco del Proceso de Jartum y que las actividades financiadas a través del Fondo Fiduciario de la Unión para África, en particular las destinadas a reforzar las capacidades del Gobierno de Sudán, se realicen respetando rigurosamente los acuerdos existentes, y velando por que el cumplimiento de las obligaciones y las leyes internacionales sea totalmente transparente para los ciudadanos y las sociedades civiles de la Unión y de Sudán;

18.  Observa con preocupación las violaciones constantes y repetidas de los derechos de las mujeres en Sudán, en concreto del artículo 152 del Código Penal, e insta a las autoridades sudanesas a que firmen y ratifiquen cuanto antes la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

19.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al Gobierno de Sudán, a la Unión Africana, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y del Parlamento Panafricano, y a la Organización para la prohibición de las Armas Químicas.


Tailandia, en particular el caso de Andy Hall
PDF 169kWORD 46k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre Tailandia, en particular el caso de Andy Hall (2016/2912(RSP))
P8_TA(2016)0380RC-B8-1068/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Tailandia, y en particular las de 20 de mayo de 2010(1), 6 de febrero de 2014(2), 21 de mayo de 2015(3) y 8 de octubre de 2015(4),

–  Vista la respuesta, de 19 de noviembre de 2015, de la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, en nombre de la Comisión, sobre la situación de Andy Hall,

–  Vistas las declaraciones emitidas el 14 de noviembre de 2014 por la Delegación de la Unión Europea en Tailandia, de acuerdo con los jefes de misión de la Unión en Tailandia,

–  Vista la declaración a la prensa de 20 de septiembre de 2016 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

–  Vista la declaración, de 21 de septiembre de 2016, de Maurizio Bussi, director de la Oficina de País para Tailandia, Camboya y la República Democrática Popular de Laos de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la condena del activista de los derechos de los trabajadores Andy Hall en Tailandia,

–  Vistos el examen periódico universal de Tailandia ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y sus recomendaciones, de 11 de mayo de 2016,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

–  Visto el informe de 2014 sobre la migración en Tailandia del Grupo de Trabajo Temático sobre la Migración de las Naciones Unidas,

–  Vistas la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos, de 1998, y la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/70/161, de 17 de diciembre de 2015,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de 1966, del que Tailandia es Estado Parte,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984,

–  Vista la Declaración de los Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), de 18 de noviembre de 2012,

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el defensor de los derechos de los trabajadores Andy Hall, ciudadano de la Unión Europea, fue condenado el 20 de septiembre de 2016 a tres años de prisión condicional y a una multa de 150 000 THB tras haber colaborado en un informe de la ONG finlandesa Finnwatch exponiendo las violaciones de derechos laborales en la planta tailandesa de transformación de piñas Natural Fruit Company Ltd;

B.  Considerando que Andy Hall ya había sido acusado formalmente de un delito de difamación y un delito informático por la publicación en línea de dicho informe, y que se permitió que ambos procesos penales contra Andy Hall se tramitaran en el sistema judicial tailandés;

C.  Considerando que varias violaciones de los derechos de los trabajadores cometidas por Natural Fruit Company Ltd habían sido señaladas por el Ministerio de Trabajo tailandés y por empleados de la empresa en vistas anteriores;

D.  Considerando que el 18 de septiembre de 2015 el Tribunal de Prakanong, en Bangkok, falló a favor de Andy Hall y desestimó la otra acusación por delito de difamación formulada contra él, resolución que ha sido objeto de un recurso interpuesto por Natural Fruit Company Ltd y el fiscal general de Tailandia y que está pendiente actualmente ante el Tribunal Supremo; que se han suspendido los dos procesos civiles en espera de resolución en los dos procesos penales;

E.  Considerando que, según la información aparecida en medios de comunicación internacionales y tailandeses, la Red de Derechos de los Trabajadores Migrantes, organización de la que Andy Hall es asesor, así como el propio Hall y catorce trabajadores originarios de Myanmar que trabajan en una granja avícola, han sido amenazados con nuevos procesos penales por difamación o delitos informáticos por una empresa tailandesa que suministra pollos al mercado europeo;

F.  Considerando que el 28 de septiembre de 2016 las autoridades tailandesas obstaculizaron la presentación y lanzamiento públicos, a cargo de varios de expertos e investigadores extranjeros especializados en derechos humanos, del último informe de investigación de Amnistía Internacional, en el que se documenta el uso habitual de la tortura y los malos tratos en bases militares, comisarías de policía y centros de detención del que son víctimas, entre otros, opositores políticos, trabajadores migrantes y presuntos insurgentes;

G.  Considerando que el uso desproporcionado de las leyes penales sobre difamación, que prevén penas de prisión contra los defensores de derechos humanos que denuncian presuntas violaciones de derechos humanos, limita la libertad de expresión, lo que constituye un incumplimiento de las obligaciones que incumben a Tailandia en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Tailandia es Estado Parte;

H.  Considerando que en Tailandia residen casi cuatro millones de extranjeros, de los cuales 2,7 millones proceden de Camboya, Laos y Myanmar; que desde 2001 los migrantes de estos países pueden acceder a un permiso de trabajo, pero que más de un millón de migrantes siguen sin estar registrados en Tailandia;

I.  Considerando que, según asegura Human Rights Watch en su declaración de 18 de septiembre de 2016, «desde hace años los derechos humanos y los derechos laborales de los trabajadores migrantes procedentes de Myanmar, Camboya y Laos que trabajan en Tailandia vienen siendo vulnerados impunemente de forma regular» y «los trabajadores migrantes suelen recibir poca o ninguna protección de la legislación laboral tailandesa, a pesar de que el Gobierno afirme que todos los trabajadores migrantes registrados serán protegidos en virtud de dichas leyes»;

J.  Considerando que Tailandia ha comenzado a aplicar un memorando de entendimiento sobre cooperación en materia del empleo de trabajadores con Camboya y Laos en 2006 y con Myanmar en 2009; que, con arreglo al sistema del memorando de entendimiento, los trabajadores pueden recibir ofertas de trabajo y documentos de viaje antes de migrar a Tailandia, pero que solo el 5 % de los trabajadores de estos países se ha sometido al procedimiento del memorando de entendimiento;

1.  Celebra el compromiso firme de la Unión con el pueblo tailandés, al que le vinculan fuertes y arraigados lazos políticos, económicos y culturales;

2.  Lamenta la declaración de culpabilidad de Andy Hall, y manifiesta su preocupación por el procedimiento judicial y por sus posibles efectos en la libertad de los defensores de los derechos humanos a la hora de realizar su labor;

3.  Pide al Gobierno tailandés que tome todas las medidas necesarias para garantizar el respeto y la protección de los derechos —incluido el derecho a un juicio justo— de Andy Hall y los demás defensores de los derechos humanos, que genere un entorno propicio para el disfrute de los derechos humanos y, en concreto, que garantice que no se criminaliza la promoción y la protección de los derechos humanos;

4.  Pide a las autoridades tailandesas que se aseguren de que las leyes nacionales sobre difamación se ajustan al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Tailandia es Estado Parte, y que revise la Ley de Delitos Informáticos, que está redactada en términos demasiado vagos;

5.  Felicita al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) por su trabajo en el caso de Andy Hall y le insta a que no deje de seguir atentamente su situación; pide a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que plantee esta cuestión ante el Gobierno tailandés durante la próxima reunión ministerial ASEAN-UE que se celebrará en Bangkok;

6.  Pide al Gobierno tailandés y a las instituciones estatales que cumplan sus propias obligaciones constitucionales e internacionales en materia de respeto de la independencia del poder judicial, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo y los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica;

7.  Reconoce los progresos alcanzados por el Gobierno tailandés en la lucha contra la explotación laboral y la protección de los trabajadores nacionales y migrantes, como demuestran, en particular, el sistema reforzado de inspección laboral, la legislación sobre agencias de colocación, las medidas para impedir la servidumbre por deudas y la trata de seres humanos, una política más firme de sanciones por abusos laborales, la ratificación del Convenio n.º 187 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la firma en marzo de 2016 del Convenio sobre el trabajo marítimo;

8.  Invita a las autoridades tailandesas a adoptar y aplicar, en la legislación y en la práctica, una política de inmigración holística con una perspectiva a largo plazo para los trabajadores migrantes poco cualificados, de acuerdo con los principios en materia de derechos humanos y teniendo en cuenta las necesidades del mercado de trabajo; sugiere, en este contexto, que el primer paso consista en revisar la Ley de Relaciones Laborales, con el fin de garantizar a los trabajadores migrantes el mismo derecho a la libertad de asociación del que disfrutan los nacionales tailandeses;

9.  Pide la protección de los trabajadores migrantes mediante mayores incentivos para que los empresarios recurran al procedimiento de regularización, imponiendo al mismo tiempo multas elevadas u otras sanciones a los empresarios que no utilicen ese procedimiento o que incumplan la legislación laboral;

10.  Pide al SEAE y a la Delegación de la Unión en Bangkok, así como a las delegaciones de los Estados miembros, que sigan haciendo un seguimiento de la situación de los derechos humanos en Tailandia, que sigan colaborando con el Gobierno y la sociedad civil y que recurran a todas las herramientas a su alcance para garantizar el respeto de los derechos humanos, de los defensores de estos y del Estado de Derecho en Tailandia;

11.  Insta a la Unión y a sus Estados miembros a garantizar que las empresas establecidas en su territorio que operen en Tailandia respetan las normas internacionales de derechos humanos mediante un control y una información transparentes, en cooperación con la sociedad civil, y celebra el apoyo que el grupo minorista finlandés S Group ha prestado a Andy Hall;

12.  Cree firmemente que las empresas deben rendir cuentas de todos los perjuicios medioambientales y abusos de derechos humanos de los que sean responsables, y que la Unión y los Estados miembros deben defender este principio básico;

13.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión, al Gobierno y al Parlamento de Tailandia, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los Estados miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental.

(1) DO C 161 E de 31.5.2011, p. 152.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0107.
(3) DO C 353 de 27.9.2016, p. 52.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0343.


Normas Internacionales de Información Financiera: NIIF 9
PDF 176kWORD 48k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre las Normas Internacionales de Información Financiera: NIIF 9 (2016/2898(RSP))
P8_TA(2016)0381B8-1060/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad(1),

–  Visto el proyecto final de Reglamento (UE) .../... de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9,

–  Vistos la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9 sobre Instrumentos financieros publicada el 24 de julio de 2014 por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC), el dictamen con miras a la adopción de la NIIF 9 emitido por el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG)(2), la evaluación del NIIF 9 realizada por el EFRAG a la luz del principio de imagen fiel, y las cartas de observaciones del Banco Central Europeo (ECB) y la Autoridad Bancaria Europea (ABE) sobre la adopción de la NIIF 9,

–  Vistas las modificaciones de la NIIF 4 adoptadas el 12 de septiembre de 2016 por el CNIC con el título «Aplicación de la NIIF 9 “Instrumentos financieros” con la NIIF 4 “Contratos de seguros”»,

–  Visto el informe de Philippe Maystadt de octubre de 2013 titulado «Should IFRS standards be more European?» (¿Deben ser las normas NIIF más europeas?),

–  Vista la declaración de los líderes del G-20 de 2 de abril de 2009,

–  Visto el informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la supervisión financiera de la Unión Europea, presidido por Jacques de Larosière, de 25 de febrero de 2009,

–  Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre la Evaluación de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) y de las actividades de la Fundación de Normas Internacionales de Información Financiera (Fundación NIIF), el Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) y el Consejo Internacional de Supervisión Pública de Estándares de Auditoría, Ética Profesional y Materias Relacionadas (PIOB)(3),

–  Vistas la carta de 8 de enero de 2016 de su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios al presidente de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) sobre «Implicaciones para la estabilidad financiera de la introducción de la NIIF 9 – Solicitud de análisis» y la carta de respuesta de 29 de febrero de 2016,

–  Vistas la carta de 16 de junio de 2016 de su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios al comisario de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales relativa a la adopción de la NIIF 9 y la carta de respuesta de 15 de julio de 2016,

–  Vistos los estudios sobre la NIIF 9 encargados por su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios («IFRS Endorsement Criteria in Relation to IFRS 9» (Criterios de adopción de las NIIF en relación con la NIIF 9), «The Significance of IFRS 9 for Financial Stability and Supervisory Rules» (Importancia de la NIIF 9 para la estabilidad financiera y las normas de supervisión), «Impairments of Greek Government Bonds under IAS 39 and IFRS 9: A Case Study» (Deterioro de los bonos del Gobierno griego con arreglo a la NIC 39 y la NIIF 9: Estudio de caso), «Expected-Loss-Based Accounting for the Impairment of Financial Instruments: the FASB and IASB IFRS 9 Approaches» (Contabilidad basada en las pérdidas esperadas para el deterioro de instrumentos financieros: Enfoques de la Financial Accounting Standards Board (FASB) de EE. UU. y la NIIF 9 del CNIC)),

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre las Normas Internacionales de Información Financiera: NIIF 9 (O-000115/2016 – B8-0721/2016),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que la crisis financiera mundial puso sobre la mesa del G-20 y de la Unión Europea la importancia que para la estabilidad financiera y el crecimiento tienen las normas internacionales de información financiera (NIIF), en particular las relativas al reconocimiento de pérdidas en el sistema bancario; que el G-20 y el informe De Larosière ya destacaron antes de la crisis cuestiones fundamentales referidas a las normas contables, como la prociclicidad relacionada con el principio de valor de mercado y de reconocimiento de ganancias y pérdidas, la infravaloración de la acumulación de riesgo durante las fases de recuperación económica cíclica y la falta de una metodología común y transparente para la valoración de activos sin liquidez y deteriorados;

B.  Considerando que Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (CNIC) adoptó la NIIF 9 – Instrumentos Financieros como respuesta clave a algunos aspectos de la crisis financiera y a sus repercusiones en el sector bancario; que la NIIF 9 surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2018 y sustituirá a la NIC 39;

C.  Considerando que el dictamen del EFRAG con miras a la adopción de la NIIF 9 fue positivo, con varias observaciones relativas al uso del «valor razonable» (fair value) en el caso de tensiones en las condiciones de mercado, la falta de base conceptual en relación con el enfoque de provisión de pérdidas por periodos de 12 meses y las disposiciones insatisfactorias relativas a las inversiones a largo plazo; que, debido a la diferencia en las fechas en que surtirán efecto la NIIF 9 y la nueva norma que se adoptará en materia de seguros NIIF 17, el dictamen formulaba una reserva sobre la aplicabilidad de la norma al sector de los seguros;

D.  Considerando que la controversia y el debate sobre el impacto de la contabilidad por el valor razonable en las inversiones a largo plazo se ven acentuados por la inexistencia de una evaluación del impacto cuantitativo sobre esta cuestión;

E.  Considerando que el reconocimiento de la plusvalía no realizada con arreglo a la contabilidad por el valor razonable puede considerarse una infracción de la Directiva sobre mantenimiento del capital y de la Directiva sobre contabilidad; que la Comisión está realizando actualmente una comparación de las prácticas de los Estados miembros sobre el reparto de dividendos;

F.  Considerando que el principio de prudencia debe ser el principio rector fundamental de todas las normas de contabilidad;

G.  Considerando que la nueva norma parece ser igual de compleja, o incluso más, que su antecesora, la NIC 39; que uno de los objetivos iniciales era reducir la complejidad;

H.  Considerando que la nueva norma que se adoptará en materia de seguros NIIF 17, que sustituirá a la NIIF 4, no surtirá efecto probablemente hasta después de 2020; que se ha mostrado preocupación por el desfase entre las fechas en que surtirán efecto la NIIF 9 y la NIIF 17; que el CNIC adoptó modificaciones definitivas de la NIIF 4 en septiembre de 2016, ofreciendo dos soluciones facultativas: la solución basada en la superposición y la exención temporal a nivel de la entidad cuentadante;

I.  Considerando que la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios ha analizado la NIIF 9 – Instrumentos Financieros celebrando una audiencia pública, encargando cuatro estudios sobre la NIIF 9 y organizando actividades de control en el seno de la comisión y de su equipo permanente sobre las NIIF;

1.  Señala que la NIIF 9 – Instrumentos Financieros constituye una de las respuestas principales del CNIC a la crisis financiera; señala que ya se están realizando labores de aplicación;

2.  Reconoce que la NIIF 9 supone una mejora respecto de la NIC 39, ya que la transición de un modelo de deterioro basado en la «pérdida incurrida» a uno basado en la «pérdida esperada» da respuesta al problema «demasiado poco, demasiado tarde» en el procedimiento de reconocimiento de préstamos fallidos; señala, no obstante, que la NIIF 9 requiere un elevado grado de apreciación subjetiva en el proceso contable; subraya que existen enormes diferencias de opinión y pocas orientaciones concretas de los auditores a este respecto; pide, por consiguiente, que las Autoridades Europeas de Supervisión, en cooperación con la Comisión y el EFRAG, elaboren orientaciones para impedir abusos en el margen de discreción de que disponen los directivos;

3.  Recuerda las peticiones referidas a la NIIF 9 que realizó en la mencionada Resolución de 7 de junio de 2016, aunque no se opone al Reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1126/2008 por el que se adoptan determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) 9;

4.  Recuerda que el enfoque de mejora de la normativa requiere una evaluación de impacto; pone de relieve la inexistencia de una evaluación de la NIIF 9, que se debe en parte a la falta de datos fiables; destaca la necesidad de comprender mejor las repercusiones de la NIIF 9 en el sector bancario, en el sector de los seguros y en los mercados financieros en general, pero también en el sector financiero en su conjunto; reitera, por consiguiente, su petición a la CNIC y al EFRAG de que refuercen su capacidad de análisis de impacto, en particular en el ámbito de la macroeconomía;

5.  Reitera la petición de su Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios a la JERS de un análisis de las repercusiones de la introducción de la NIIF 9 en la estabilidad financiera; recuerda el compromiso de la JERS de atender esta petición durante el año 2017; celebra que la JERS haya creado un nuevo grupo de trabajo para la NIIF 9; recuerda las recomendaciones del informe Maystadt relativas a la ampliación del criterio del «bien público», es decir, que las normas de contabilidad no deben poner en peligro la estabilidad financiera en la Unión ni obstaculizar el desarrollo económico;

6.  Señala la importancia de comprender plenamente la interacción entre la NIIF 9 y otros requisitos normativos; saluda la evaluación en curso de la ABE sobre el impacto de la NIIF 9 en los bancos de la Unión, que tiene por finalidad comprender mejor sus efectos en la exigencia de fondos propios, su interacción con otros requisitos prudenciales y la forma en que las entidades se están preparando para la aplicación de la NIIF 9; señala que los bancos que usan el método estándar serían probablemente los que resultarían más afectados por la reducción del capital de nivel 1 ordinario; pide a la Comisión, por lo tanto, que proponga medidas adecuadas en el marco prudencial antes de que acabe 2017, por ejemplo, incluir en el Reglamento sobre requisitos de capital un régimen progresivo de adopción que mitigue el impacto del nuevo modelo de deterioro durante un período de tres años, o hasta que se haya establecido una solución internacional apropiada, y evite repercusiones injustificadas en los coeficientes de capital y los préstamos de los bancos;

7.  Toma nota del desfase en las fechas en que surtirán efectos la NIIF 9 y la nueva norma NIIF 17 en materia de seguros; observa que el CNIC ha adoptado modificaciones de la NIIF 4 que dan respuesta a algunos de los problemas, en particular en relación con el enfoque del aplazamiento opcional; pide a la Comisión que, con el apoyo del EFRAG, aborde esta cuestión cuidadosamente y dé una respuesta satisfactoria y adecuada, garantizando la igualdad de condiciones dentro de la Unión;

8.  Subraya la importancia de las inversiones a largo plazo para el crecimiento económico; muestra su preocupación por que el trato contable que la NIIF dispensa a determinados instrumentos financieros empleados directa o indirectamente como inversiones a largo plazo, en particular las acciones, pueda ser contrario al objetivo global de promover dichas inversiones; pide a la Comisión que se asegure de que la NIIF 9 favorezca la estrategia de inversiones a largo plazo de la Unión y reduzca la prociclicidad y los incentivos que inducen a asumir riesgos excesivos; pide a la Comisión que presente una evaluación a más tardar en diciembre de 2017;

9.  Celebra que la Comisión esté realizando actualmente una comparación de las prácticas de los Estados miembros sobre el reparto de dividendos; pide a la Comisión que garantice la adecuación de la NIIF 9 a la Directiva sobre mantenimiento del capital y la Directiva sobre contabilidad y que coopere, siempre que sea necesario, con el CNIC y los organismos de normalización de terceros países a fin de recabar su apoyo para eventuales modificaciones o que, a falta de tal apoyo, realice los cambios oportunos en la legislación de la Unión;

10.  Pide a la Comisión que, junto a las Autoridades Europeas de Supervisión, el BCE, la JERS y el EFRAG, haga un estrecho seguimiento de la aplicación de la NIIF 9 en la Unión, prepare una evaluación de impacto ex post a más tardar en junio de 2019 y presente esta evaluación al Parlamento Europeo y actúe de forma consecuente con sus opiniones;

11.  Pide al CNIC que realice una revisión postaplicación del NIIF para detectar y evaluar los efectos no deseados de esta norma, en particular sobre las inversiones a largo plazo;

12.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.

(1) DO L 243 de 11.9.2002, p. 1.
(2) http://www.efrag.org/Assets/Download?assetUrl=%2Fsites%2Fwebpublishing%2FSiteAssets%2FEndorsement%2520Advice%2520on%2520IFRS%25209.pdf.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0248.


La situación en Siria
PDF 153kWORD 42k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre Siria (2016/2894(RSP))
P8_TA(2016)0382B8-1089/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando la escalada de las hostilidades en Siria, en particular en Alepo, que está siendo objeto de fuertes bombardeos aéreos, incluidos los ataques contra instalaciones médicas; que la situación ha experimentado un deterioro rápido y dramático pese a los esfuerzos de la comunidad internacional por establecer el cese de las hostilidades;

B.  Considerando que la Unión Europea presta una de las mayores aportaciones a la ayuda humanitaria para las personas que huyen de la histórica violencia y destrucción en Siria; que la falta de unidad a escala internacional hace que resulte mucho más difícil alcanzar una solución negociada a la guerra de Siria;

C.  Considerando que la Unión debe continuar sus esfuerzos y, a nivel colectivo, desarrollar, a través de su Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidenta de la Comisión, un mayor protagonismo en la mediación para un acuerdo de paz en Siria;

1.  Condena enérgicamente todos los ataques contra civiles e infraestructuras civiles, el mantenimiento de todos los asedios en Siria y la falta de acceso con fines humanitarios a las personas sirias necesitadas; manifiesta su grave preocupación por el sufrimiento humano en las zonas sitiadas de Alepo y en otras zonas de Siria, en las que se encuentran muchas mujeres y niños, que no tienen acceso a los bienes humanitarios esenciales y necesitan desesperadamente alimentos, agua potable y suministros médicos;

2.  Lamenta profundamente y condena incondicionalmente los recientes ataques contra un convoy de ayuda humanitaria y un almacén de la Media Luna Roja cercano a Alepo, calificándolos de violaciones graves y alarmantes del Derecho internacional humanitario y de posibles crímenes de guerra; rinde tributo a los cooperantes humanitarios que murieron en el esfuerzo por ayudar a la población de Alepo y de toda Siria, y transmite sus más sinceras condolencias a los familiares y amigos de las víctimas; pide que los responsables de los crímenes de guerra y de lesa humanidad carguen con las consecuencias y rindan cuentas de ello;

3.  Pide a todas las partes en el conflicto, y en particular a Rusia y al régimen de Assad, que pongan fin a todos los ataques contra civiles e infraestructuras civiles, incluidas las infraestructuras hidráulicas y eléctricas, que tomen medidas creíbles e inmediatas para el cese de las hostilidades, que levanten todos los asedios y que permitan el acceso sin trabas, seguro y rápido de las organizaciones humanitarias a las personas necesitadas;

4.  Celebra la iniciativa humanitaria de emergencia de la Unión para Alepo, que, además de movilizar fondos para cubrir las necesidades humanitarias urgentes, tiene por objeto garantizar la evacuación por razones médicas de las personas heridas y enfermas, en particular de las mujeres, los niños y las personas mayores, de la zona oriental de Alepo; insta a todas las partes a que dispensen con carácter de urgencia las autorizaciones necesarias para suministrar ayuda humanitaria y proceder a las evacuaciones por razones médicas;

5.  Insta a todos los participantes en el Grupo Internacional de Apoyo a Siria a que reanuden las negociaciones para facilitar el establecimiento de una tregua estable e intensifiquen los trabajos para lograr una solución política duradera para Siria; apoya plenamente los esfuerzos realizados al respecto por Staffan de Mistura, enviado especial de las Naciones Unidas para Siria;

6.  Pide a la AR/VP que redoble los esfuerzos por definir una estrategia común de la Unión para Siria, con el objetivo de facilitar una solución política de la situación en Siria y que incluya instrumentos de control y aplicación para reforzar el respeto de los acuerdos y las obligaciones acordados en el marco del Grupo Internacional de Apoyo a Siria;

7.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad/Vicepresidenta de la Comisión, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros de la UE, a las Naciones Unidas, a los miembros del Grupo Internacional de Apoyo a Siria y a todas las partes implicadas en el conflicto de Siria.


Conferencia de 2016 de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CP 22) en Marrakech (Marruecos)
PDF 217kWORD 60k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre la aplicación del Acuerdo de París y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2016 en Marrakech (Marruecos) (CP22) (2016/2814(RSP))
P8_TA(2016)0383B8-1043/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto,

–  Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP.21, la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (CP21) en la CMNUCC y la undécima Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CMP11), celebradas en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,

–  Vistas la decimoctava Conferencia de las Partes (CP18) en la CMNUCC y la octava Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CMP8), celebradas en Doha (Qatar) del 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2012, así como la aprobación de una modificación del Protocolo que establece el segundo periodo de compromiso con arreglo al Protocolo de Kyoto, que empezó el 1 de enero de 2013 y finaliza el 31 de diciembre de 2020,

–  Vistos la apertura a la firma del Acuerdo de París en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 22 de abril de 2016, que permanecerá abierta hasta el 21 de abril de 2017, los 180 Estados que han firmado el Acuerdo de París, y los 27 Estados que han depositado instrumentos de ratificación y que suman el 39,08 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (a 7 de septiembre de 2016),

–  Vista su Resolución, de 14 de octubre de 2015, titulada «Hacia un nuevo acuerdo internacional sobre el clima en París»(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de marzo de 2016, titulada «El camino desde París: evaluar las consecuencias del Acuerdo de París» (COM(2016)0110),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de abril de 2013, titulada «Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE» (COM(2013)0216) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompañan,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014,

–  Vistas las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) de la Unión y sus Estados miembros, presentadas por Letonia y la Comisión Europea a la CMNUCC el 6 de marzo de 2015,

–  Vistos el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y su informe de síntesis,

–  Vistos el informe de síntesis del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de noviembre de 2014, titulado «Informe sobre la disparidad en las emisiones 2014», y el informe del PNUMA sobre la brecha de adaptación de 2014,

–  Vista la declaración de los dirigentes de la Cumbre del G7, adoptada en Schloss Elmau (Alemania) el 8 de junio de 2015, titulada «Think ahead, act together» (Anticipar y actuar juntos), en la que reiteran su intención de cumplir con el compromiso de reducir entre un 40 % y un 70 % las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2050, tomando como base los niveles de 2010, y que esta reducción debería estar más próxima al 70 % que al 40 %;

–  Vista la declaración de los dirigentes de la Cumbre del G7, adoptada en Ise-Shima (Japón) los días 26 y 27 de mayo de 2016, que pide a todas las Partes que se esfuercen por conseguir la entrada en vigor del Acuerdo de París en 2016,

–  Visto el informe de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, de febrero de 2016, titulado «Too late, too sudden: Transition to a low-carbon economy and systemic risk» («Demasiado tarde, demasiado repentino: la transición a una economía hipocarbónica y el riesgo sistémico»),

–  Vista la encíclica «Laudato si'»,

–  Visto el documento titulado «10 key messages on Climate Change» («Diez mensajes clave sobre el cambio climático») del Panel Internacional de Recursos de diciembre de 2015,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el Acuerdo de París entrará en vigor al trigésimo día contado desde la fecha en que no menos de 55 Partes en la Convención, cuyas emisiones estimadas representen globalmente un 55% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en las Naciones Unidas;

B.  Considerando que la vía de la reducción recogida en las propuestas de la Comisión sobre el marco en materia de clima para 2030 no es conforme con los objetivos acordados en el Acuerdo de París; que, como primera medida, los objetivos deben reajustarse hacia el extremo superior del rango actual para 2050, esto es, el 95 % para 2050;

C.  Considerando que la lucha contra el calentamiento global no puede verse como un obstáculo para el crecimiento económico sino que, al contrario, debe considerarse un estímulo para generar un nuevo crecimiento económico y nuevos empleos que sean sostenibles;

D.  Considerando que el cambio climático puede aumentar la competencia por recursos como los alimentos, el agua y los pastos, puede exacerbar las dificultades económicas y la inestabilidad política y puede convertirse, en un futuro no muy lejano, en la principal causa de desplazamientos de la población, tanto dentro de las fronteras nacionales como fuera de ellas; que, por consiguiente, la cuestión de la migración climática debe ser una de las prioridades de la agenda internacional;

E.  Considerando que los efectos más graves del cambio climático se harán sentir en los países en desarrollo, en particular los menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, que no tienen recursos suficientes para prepararse y adaptarse a los cambios en curso; que, según el IPCC, África es especialmente vulnerable a este desafío y está expuesta, por tanto, a estrés hídrico, fenómenos meteorológicos muy violentos e inseguridad alimentaria debido a la sequía y la desertización;

F.  Considerando que el 6 de marzo de 2015 la Unión y sus Estados miembros presentaron ante la CMNUCC sus CPDN, en las que se comprometen a un objetivo vinculante de, como mínimo, una reducción nacional del 40 % en las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, en comparación con los niveles de 1990, tal y como se establece en las conclusiones del Consejo Europeo de 23 de octubre de 2014 sobre el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030;

Acción por el clima sobre un fundamento científico sólido

1.  Recuerda que, según las pruebas científicas presentadas en el Quinto Informe de Evaluación del IPCC de 2014, el calentamiento del sistema climático es innegable; que el cambio climático es ya una realidad, y que las actividades humanas han sido la causa principal del calentamiento observado desde mediados del siglo XX; expresa su preocupación ante las importantes y generalizadas consecuencias del cambio climático que ya se pueden constatar en los sistemas naturales y humanos en todos los continentes y océanos;

2.  Toma nota de las conclusiones de la Secretaría de la CMNUCC, que indican que, de mantenerse los niveles actuales de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, en cinco años se habrá agotado el presupuesto de carbono restante que permitiría limitar el incremento de la temperatura media mundial a no más de 1,5º C en los próximos cinco años; destaca que todos los países deben acelerar la transición a la emisión cero de gases de efecto invernadero y a la resiliencia al clima, tal y como se estableció en el Acuerdo de París, para evitar las peores consecuencias del calentamiento global;

3.  Insta a los países desarrollados, especialmente a la Unión, a que reduzcan drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero más allá de los compromisos actuales con el fin de evitar, en la medida de lo posible, emisiones negativas a gran escala, ya que aún no se ha demostrado que las tecnologías para ello sean satisfactorias, socialmente aceptables, rentables y seguras;

Urgencia de ratificar y aplicar el Acuerdo de París

4.  Acoge con satisfacción el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que constituye un hito en la lucha contra el cambio climático y en favor del multilateralismo, considera que es un acuerdo ambicioso, equilibrado, equitativo y jurídicamente vinculante, y que la adopción del Acuerdo y los anuncios sucesivos de las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional (CPDN) de 187 Partes al término de la CP21 marcaron un punto de inflexión decisivo hacia una acción mundial global y colectiva que, cuando se lleve a la práctica, acelerará definitiva e irreversiblemente la transición a una economía mundial resiliente al clima y climáticamente neutra;

5.  Acoge con gran satisfacción el compromiso de todos los países de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y de proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C, así como el objetivo de alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por los sumideros («emisión cero») en la segunda mitad del siglo, sobre la base de la equidad;

6.  Recuerda que limitar el aumento de la temperatura mundial a muy por debajo de 2 °C no garantiza que se eviten repercusiones climáticas adversas significativas; reconoce que es necesario llegar a una comprensión clara de las implicaciones políticas específicas de limitar la subida de la temperatura mundial a una media de 1,5 °C; acoge con satisfacción, por lo tanto, la elaboración a tal fin de un informe especial del IPCC en 2018; destaca que no se debe sobreestimar el potencial de los sumideros a la hora de contribuir a la neutralidad de las emisiones;

7.  Recuerda que, para poder limitar la subida de la temperatura media mundial por debajo de 2 ºC, procurando al mismo tiempo limitar dicha subida a 1,5 ºC, se requiere una descarbonización temprana, y que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero deben alcanzar su punto máximo lo antes posible; recuerda que las emisiones mundiales deben haberse suprimido en 2050 o poco tiempo después; pide a todas las Partes en condiciones de hacerlo que apliquen sus objetivos y estrategias nacionales de descarbonización concediendo prioridad a la eliminación gradual de las emisiones procedentes del carbón —que es la fuente de energía más contaminante—, y pide a la Unión que colabore con sus socios internacionales para dicho fin, aportando ejemplos de buenas prácticas;

8.  Recalca que el Acuerdo de París, de carácter jurídicamente vinculante, y la vía descrita hacia la descarbonización ofrecerán directrices fiables para la toma de decisiones, evitarán un costoso encajonamiento en inversiones que implican grandes emisiones de carbono, ofrecerán seguridad y previsibilidad a las empresas y a los inversores e impulsarán una transición de las inversiones en combustibles fósiles hacia las inversiones hipocarbónicas;

9.  Resalta que, incluso sin pruebas científicas de lo que supone para cada sector y región la limitación del calentamiento global a 1,5 °C, es evidente que los esfuerzos actuales acometidos por los países no son suficientes para alcanzar estos límites seguros para los países más vulnerables; insta a todos los países, especialmente a los desarrollados, a que redoblen sus esfuerzos conjuntos y actualicen sus contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) en el contexto del diálogo facilitador de 2018; pide a la Unión, en este contexto, que se comprometa a reducir aún más las emisiones en su CDN para 2030; recuerda que la acción a nivel solo de la Unión no será suficiente y, por lo tanto, pide a la Comisión y al Consejo que intensifiquen sus actividades con el objeto de animar a otros socios a hacer lo mismo;

10.  Acoge con satisfacción el compromiso del Acuerdo de París para reducir a cero las emisiones mundiales durante la segunda mitad del siglo; es consciente de que esto implica que la mayoría de los sectores de la Unión deben alcanzar la emisión cero mucho antes; subraya que la UE debe presionar a las Partes que no estén en vías de cumplir el Acuerdo de París;

11.  Insta a la temprana entrada en vigor del Acuerdo de París y pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una ratificación temprana y rápida para no retrasar la entrada en vigor del Acuerdo; pide, por tanto, a la Comisión que informe con regularidad al Parlamento y a las comisiones competentes sobre los progresos en el proceso de ratificación y, en particular, de las razones de los posibles obstáculos que subsistan; celebra que varios Estados miembros ya hayan iniciado sus procedimientos nacionales de ratificación y que algunos de ellos ya los hayan completado;

12.  Lamenta, no obstante, que la suma de todas las CPDN no permite siquiera acercarse al objetivo de los 2 °C; señala que se requiere mayor ambición y pide una actuación concertada de la Unión Europea y otros importantes emisores para que sus CPDN sean conformes con los compromisos del Acuerdo de París; destaca la urgencia y la crucial importancia de que todas las Partes, incluida la Unión, aumenten sus compromisos de reducción de emisiones cada cinco años en sus CDN, de conformidad con el «mecanismo de ambición» del Acuerdo de París; considera que las CDN son herramientas fundamentales en la planificación del desarrollo nacional en sinergia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible;

13.  Destaca la importancia de demostrar el compromiso de la Unión con el Acuerdo de París, también mediante la revisión de sus objetivos e instrumentos de política climática a medio y largo plazo, y de poner en marcha este proceso lo antes posible para permitir un debate exhaustivo en el que el Parlamento tenga un papel esencial asociando a representantes de las autoridades nacionales, regionales y locales, la sociedad civil y el sector empresarial; pide a la Comisión que prepare una estrategia de la Unión para la alcanzar la emisión cero en la mitad del siglo que trace un itinerario rentable hacia la consecución del objetivo de emisión neta cero adoptado en el Acuerdo de París;

CP22 de Marrakech

14.  Considera que deben avanzar las negociaciones sobre los elementos fundamentales del Acuerdo de París, entre ellos, un marco de transparencia reforzado, detalles del balance mundial, más orientaciones sobre las CPDN, la comprensión de la diferenciación, las pérdidas y los daños, la financiación de la lucha contra el cambio climático y el apoyo al fomento de la capacidad, una gobernanza multinivel inclusiva, así como un mecanismo para facilitar la aplicación y promover el cumplimiento; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que respeten los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, en especial los relativos a la contribución de la Unión a la mitigación y a la adaptación, así como su apoyo en forma de financiación, transferencia de tecnología y fomento de la capacidad, a pesar de la reducción del número de Estados miembros de la Unión;

15.  Destaca que el tiempo es fundamental en los esfuerzos conjuntos para luchar contra el cambio climático y respetar el Acuerdo de París; subraya que la Unión tiene la capacidad y la responsabilidad de dar ejemplo y comenzar inmediatamente a trabajar en la adaptación de sus objetivos en materia de clima y energía al objetivo acordado a escala internacional de limitar el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 °C, al tiempo que se esfuerza por limitar dicha subida a 1,5 ºC;

16.  Alienta a la Unión y a los Estados miembros a continuar su participación activa en la llamada «Coalición de Gran Ambición» y a comprometerse a acelerar los avances en las negociaciones y a apoyar a la Presidencia marroquí en su prioridad referida a la contribución de las energías renovables y las medidas de adaptación a la lucha mundial contra el cambio climático;

17.  Destaca la necesidad de iniciar los debates sobre la forma del «diálogo facilitador» de 2018, que será una oportunidad fundamental para cerrar la brecha persistente en materia de mitigación vistas las actuales CPDN; considera que la Unión debe tener una actitud proactiva en este primer diálogo facilitador para hacer balance del grado de ambición colectiva y de los progresos en el cumplimiento de los compromisos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que presenten nuevas reducciones de las emisiones de los gases de efecto invernadero mucho antes del «diálogo facilitador», superiores a los actuales compromisos adquiridos con arreglo al Acuerdo de París, y que contribuyan adecuadamente, teniendo en cuenta la capacidad de la Unión, a cerrar la brecha en materia de mitigación;

18.  Recuerda que el incremento de las acciones de mitigación en el periodo anterior a 2020 constituye un requisito previo imprescindible para la consecución de los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y es un elemento fundamental para evaluar el éxito de la CP22 de Marrakech;

Aspiraciones para antes de 2020 y Protocolo de Kioto

19.  Señala que la Unión está bien encaminada ir más allá de sus objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 y cumplir su objetivo de energías renovables para 2020, y que se han logrado mejoras importantes en materia de intensidad energética gracias a edificios, productos, procesos industriales y vehículos más eficientes, al tiempo que la economía europea ha crecido en términos reales en un 45 % desde 1990; destaca, no obstante, la necesidad de más ambición y más acciones con el fin de mantener incentivos suficientes para las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero que se requieren para alcanzar los objetivos de la Unión en materia de clima y energía para 2050; subraya que no se han logrado avances suficientes en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores del transporte y la agricultura con respecto a los objetivos de 2020, y que es necesario redoblar los esfuerzos habida cuenta de la contribución de estos sectores a la reducción de las emisiones hasta 2030;

20.  Subraya que los objetivos 20/20/20 para las emisiones de gases de efecto invernadero, las energías renovables y el ahorro energético han sido fundamentales para impulsar este avance y servir de apoyo a más de 4,2 millones de empleos en distintas industrias ecológicas, registrando un crecimiento continuo durante la crisis económica;

21.  Precisa que, a pesar de que el segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kyoto tiene un alcance limitado, debe verse como un paso intermedio muy importante, y pide por ello a las Partes, incluidos los Estados miembros de la Unión, que completen el proceso de ratificación lo antes posible; señala que el Parlamento ha cumplido su parte dando su aprobación, y felicita a los Estados miembros que ya han completado sus procesos internos;

Esfuerzo global de todos los sectores

22.  Acoge con satisfacción el desarrollo de regímenes de comercio de derechos de emisión a nivel mundial, entre ellos los diecisiete regímenes que están en funcionamiento en cuatro continentes, que representan el 40% del PIB mundial y contribuyen a reducir las emisiones de forma rentable; alienta a la Comisión a que fomente los vínculos entre el RCDE UE y otros regímenes de comercio de derechos de emisión con miras a crear mecanismos internacionales del mercado del carbono de forma que aumente la ambición en materia climática y se ayude al mismo tiempo a reducir el riesgo de fuga de carbono al igualar las condiciones de competencia; pide que se redoblen los esfuerzos por mantener en el RCDE UE a todo Estado miembro que pierda su condición de tal; pide a la Comisión que establezca salvaguardas para garantizar que dicha vinculación del RCDE UE contribuya a la mitigación de forma permanente y no perjudique el objetivo de emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión;

23.  Subraya que, según las conclusiones del IPCC, las emisiones del suelo (agricultura, ganadería, silvicultura y otros usos) tienen un significativo potencial para la mitigación y la mejora de la resiliencia desde el punto de vista de la rentabilidad, y que, por lo tanto, se requiere fortalecer la actuación de la Unión y la cooperación internacional para estimar mejor y maximizar el potencial de captura de carbono de las emisiones del suelo y garantizar que el secuestro de CO2 sea seguro y duradero; señala, a este respecto, las especiales oportunidades vinculadas a la agrosilvicultura; pone de relieve el importante acuerdo alcanzado al comienzo de la legislatura en materia de cambios indirectos del uso de la tierra y confía en que la contribución a las negociaciones ofrecida por el Parlamento con tal ocasión pueda servir de base para una solución ambiciosa en el marco de la próxima revisión de la normativa;

24.  Señala que la deforestación y la degradación de los bosques son responsables del 20% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, y pone de relieve el papel de los bosques y de la gestión activa y sostenible de los mismos en la mitigación del cambio climático y la necesidad de potenciar la capacidad de adaptación y la resiliencia de los bosques frente dicho cambio; destaca la necesidad de realizar esfuerzos de mitigación centrados en el sector de los bosques tropicales (REDD+); subraya que, sin estos esfuerzos de mitigación, puede que resulte imposible lograr el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de 2 °C; pide asimismo a la Unión que aumente la financiación internacional para reducir la deforestación en los países en desarrollo;

25.  Subraya la importancia de mantener los derechos humanos en un lugar central de la acción climática e insiste en que la Comisión y los Estados miembros garanticen que las negociaciones sobre las medidas de adaptación reconozcan la necesidad de respetar, proteger y promover los derechos humanos, incluyendo, entre otros, la igualdad de género, la participación plena y equitativa de las mujeres y la promoción activa de una reconversión justa de la mano de obra que cree empleos dignos y puestos de trabajo de calidad para todos;

26.  Pide la inclusión del UTCUTS en el marco de actuación sobre clima y energía hasta el año 2030, dado que es necesario tomar en consideración dichas emisiones de manera separada para evitar que el sumidero del UTCUTS de la Unión se utilice para reducir los esfuerzos de mitigación en otros sectores;

27.  Recuerda que el transporte es el segundo sector con mayores emisiones de gases de efecto invernadero; lamenta que no se mencione a la aviación y al transporte marítimo internacionales en el Acuerdo de París; insiste en la necesidad de establecer una serie de políticas para reducir las emisiones de este sector; reitera la necesidad de que las Partes de la CMNUCC actúen para regular y limitar de forma efectiva las emisiones procedentes de la aviación y el transporte marítimo internacionales, de acuerdo con las necesidades y la urgencia que requiere la situación; pide a todas las Partes que trabajen en el seno de la OACI y la OMI para elaborar un marco estratégico global que permita dar una respuesta eficaz, y que tomen medidas con el fin de establecer objetivos adecuados antes de que finalice 2016 para conseguir las reducciones necesarias habida cuenta del objetivo mantener el calentamiento global muy por debajo de 2° C;

28.  Recuerda que los gases de efecto invernadero procedentes de la aviación fueron incorporados en el RCDE UE el 1 de enero de 2012, obligando a todos los operadores de aeronaves dentro del ámbito del RCDE a obtener derechos de emisión de carbono; señala la adopción de dos decisiones para «parar el reloj» en 2013 y 2014, que redujeron temporalmente el ámbito de aplicación del RCDE UE para excluir los vuelos internacionales con el fin de dar tiempo a la OACI a desarrollar una medida de mercado mundial de reducción de las emisiones de la aviación internacional, y señala que esta exención expirará a partir de 2017;

29.  Pide que durante el 39.º periodo de sesiones de la Asamblea de la OACI, actualmente en curso, una medida de mercado mundial, justa y sólida, que se aplique a escala internacional a partir de 2020; expresa su gran decepción por la propuesta actual examinada en la OACI y recuerda que solo se podrá estudiar una modificación de la legislación vigente relativa a la inclusión de la aviación en el RCDE UE si la medida de mercado mundial es ambiciosa y que, en cualquier caso, los vuelos intraeuropeos seguirán estando cubiertos por el RCDE UE;

30.  Hace hincapié en la advertencia de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) según la cual una sensibilización tardía sobre la importancia del control de las emisiones podría provocar una aplicación abrupta de restricciones cuantitativas en el uso de fuentes de energía intensivas en carbono y que los costes de la transición serían, en consecuencia, más elevados, con posibles repercusiones en la actividad económica y las entidades financieras; pide a la Comisión que profundice en la evaluación del posible riesgo sistémico asociado a una transición abrupta, y que proponga, en su caso, requisitos y políticas sobre transparencia de los mercados financieros para mitigar en la medida de lo posible el riesgo sistémico;

31.  Destaca el papel fundamental que desempeñará la economía circular en la consecución de una sociedad hipocarbónica; señala que las actuaciones centradas únicamente en la reducción de las emisiones, sin tener en cuenta la contribución del despliegue de las energías renovables y un uso eficiente de los recursos, no conseguirán su objetivo; considera que, habida cuenta del efecto que tienen la explotación de materias primas y la gestión de los recursos en las emisiones de gases de efecto invernadero, la CP22 debe abordar adecuadamente la transición hacia un modelo mundial de economía circular;

32.  Pone de relieve la importancia de una perspectiva holística y sistémica a la hora de concebir y aplicar las políticas de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y señala en particular que es necesario disociar el crecimiento económico y el bienestar humano del consumo de recursos, puesto que la eficiencia en materia de recursos reduce tanto las emisiones de gases de efecto invernadero como la presión sobre el medio ambiente y los recursos, promoviendo al mismo tiempo el crecimiento sostenible, mientras que una política centrada únicamente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero no garantiza la eficiencia simultánea en el uso de los recursos; subraya que el uso eficiente de los recursos puede generar beneficios económicos y ecológicos; pone de relieve que la economía circular y, por tanto, el tratamiento adecuado de los recursos naturales pueden constituir un impulso fundamental en materia del clima; señala, por ejemplo, que la extracción, el tratamiento, el transporte, la transformación, el uso y la eliminación de los recursos son responsables de una gran parte del uso de la energía; considera que el aumento de la productividad de los recursos mediante una mayor eficiencia y un menor desperdicio de recursos gracias a la reutilización, el reprocesamiento y el reciclaje contribuye a una importante reducción del consumo de recursos y, al mismo tiempo, de las emisiones de gases de efecto invernadero; señala, en este sentido, la labor del Panel Internacional de Recursos;

Reducción de las emisiones distintas del CO2

33.  Toma nota de la declaración de los dirigentes de la Cumbre del G7 celebrada en Ise-Shima (Japón) los días 26 y 27 de mayo de 2016, en la que se subraya la importancia de reducir las emisiones de contaminantes climáticos de corta vida, incluidos el carbono negro, los hidrofluorocarburos (HFC) y el metano, para ayudar a ralentizar el ritmo del calentamiento a corto plazo;

34.  Pide la adopción de una ambiciosa reducción gradual de los HFC a escala mundial en 2016 en virtud del Protocolo de Montreal; recuerda que la Unión ha adoptado una legislación ambiciosa para reducir gradualmente en un 79% los HFC hasta 2030, dado que existen numerosas alternativas respetuosas con el medio ambiente cuyo potencial debe aprovecharse plenamente; señala que reducir progresivamente el uso de los HFC representa un objetivo fácilmente alcanzable para las acciones de mitigación tanto dentro como fuera de la Unión;

Industria y competitividad

35.  Subraya que la prioridad es luchar contra el cambio climático y que esta prioridad debe perseguirse en todo el mundo, garantizándose al mismo tiempo la seguridad energética y el desarrollo del crecimiento económico y los puestos de trabajo sostenibles;

36.  Destaca que las inversiones relacionadas con el clima requieren un marco jurídico estable y previsible y señales claras sobre las políticas;

37.  Celebra que China y otros importantes competidores de los sectores de la Unión de gran intensidad de energía estén introduciendo el comercio de carbono u otros mecanismos que ponen precio a las emisiones; considera que hasta que se establezca la igualdad de condiciones de competencia, la Unión debe mantener medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar la competitividad de su industria y evitar, cuando sea necesario, las fugas de carbono, teniendo en cuenta que las políticas de energía, industria y clima van de la mano;

38.  Subraya la importancia de hacer un mejor uso de los programas e instrumentos existentes, como Horizonte 2020, abiertos a la participación de terceros países, especialmente en los ámbitos de la energía, el cambio climático y el desarrollo sostenible, y la importancia de incorporar la sostenibilidad a los programas pertinentes;

Política energética

39.  Pide a la Unión que impulse a la comunidad internacional a adoptar sin demora medidas concretas, incluido un calendario, para eliminar progresivamente las subvenciones perjudiciales en términos medioambientales o económicos, en particular las destinadas a los combustibles fósiles;

40.  Destaca que un objetivo más ambicioso de eficiencia energética en la Unión Europea puede ayudar a conseguir un objetivo climático ambicioso y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de fuga de carbono;

41.  Destaca la importancia de la eficiencia en el uso de la energía y la energía renovable para reducir las emisiones y también para lograr ahorros económicos y la seguridad energética y para prevenir y paliar la pobreza energética y proteger y ayudar a los hogares pobres y vulnerables; pide la promoción a escala mundial de las medidas de eficiencia energética y el desarrollo de las renovables (por ejemplo, mediante el estímulo de la autogeneración y el consumo de fuentes de energía renovable) y recuerda que la eficiencia energética y las renovables constituyen dos de los principales objetivos de la Unión de la Energía de la UE;

Investigación, innovación y tecnologías digitales

42.  Subraya que la investigación y la innovación en políticas de cambio climático y adaptación y en tecnologías eficientes en el uso de recursos y de bajas emisiones son fundamentales para combatir el cambio climático de forma rentable, reducen la dependencia de los combustibles fósiles y deben promover el uso de materias primas secundarias; pide, por consiguiente, compromisos globales para impulsar y concentrar la inversión en este ámbito;

43.  Recuerda que la investigación, la innovación y la competitividad forman uno de los cinco pilares de la estrategia de la Unión de la Energía de la UE; observa que la Unión Europea está resuelta a conservar el liderazgo mundial en estos ámbitos y a desarrollar al mismo tiempo una estrecha colaboración científica con sus socios internacionales; destaca la importancia de construir y mantener una sólida capacidad de innovación en los países desarrollados y en los países emergentes para el despliegue de tecnologías energéticas limpias y sostenibles;

44.  Recuerda el efecto catalizador que pueden tener las tecnologías en la transformación del sistema energético; subraya la importancia de desarrollar técnicas de almacenamiento de energía que contribuyan a la descarbonización de los sectores de producción de energía y de calefacción y refrigeración domésticas;

45.  Subraya la importancia de aumentar el número de trabajadores cualificados activos en la industria y de promover los conocimientos y las mejores prácticas para estimular la creación de empleos de calidad, apoyando al mismo tiempo la transición de la mano de obra cuando resulte necesario;

46.  Pide un mejor uso de tecnologías como los satélites espaciales para aumentar la precisión de la recogida de datos sobre emisiones, temperaturas y cambio climático; señala, en particular, la contribución del programa Copernicus; pide asimismo que los países cooperen y compartan información de manera transparente y que se permita a la comunidad científica acceder a los datos;

Contribución de los agentes no estatales

47.  Destaca las actuaciones emprendidas por un espectro cada vez más amplio de agentes no estatales para descarbonizar y ser más resilientes al cambio climático; pone de relieve, por consiguiente, la importancia de un diálogo estructurado y constructivo entre los Gobiernos, la comunidad empresarial, incluidas las pequeñas y medianas empresas, las ciudades, las regiones, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y las instituciones académicas, y de garantizar su participación en la planificación y ejecución de acciones por el clima con el fin de emprender una actuación firme a nivel mundial en favor de sociedades resilientes e hipocarbónicas; acoge con satisfacción la creación de la «Agenda de Acción Climática Global», que parte de la «Agenda de Acción Lima-París» con setenta iniciativas en distintos sectores con múltiples partes interesadas ;

48.  Subraya que la Zona de los Actores No Estatales para la Acción Climática (NAZCA) debe integrarse completamente en el marco de la CMNUCC; señala que las autoridades locales y regionales son quienes contribuyen en mayor medida a la «Agenda de Acción Lima-París» y a NAZCA y que ya han mostrado su compromiso de aplicar el Acuerdo de París con respecto a la mitigación y a la adaptación, garantizando la coordinación horizontal y la incorporación de la política sobre el cambio climático a las demás políticas, empoderando a las comunidades locales y a los ciudadanos, y promoviendo procesos de cambio social y de innovación, en particular mediante iniciativas como el Pacto Mundial de Alcaldes y el Memorando de Entendimiento «Under 2»;

49.  Pide a la UE y a sus Estados miembros que trabajen con todos los interlocutores de la sociedad civil (instituciones, sector privado, ONG y comunidades locales) para desarrollar iniciativas de reducción en los sectores clave (energía, tecnología, ciudades, transportes, etc.), así como iniciativas de adaptación y resiliencia para responder a los problemas de adaptación, sobre todo en relación con el acceso al agua, la seguridad alimentaria y la prevención de riesgos; insta a todos los Gobiernos y a todos los interlocutores de la sociedad civil a que apoyen y refuercen este programa de acción;

50.  Considera importante garantizar que las actividades legítimas de los grupos de presión durante las negociaciones de la futura CP22 se caractericen por su máxima transparencia y que todas las partes interesadas oficialmente reconocidas puedan disfrutar de un acceso en igualdad de condiciones a toda la información necesaria;

51.  Recuerda a las Partes y a las Naciones Unidas que la acción individual es tan importante como la acción de los Gobiernos y las instituciones; pide, por consiguiente, mayores esfuerzos para organizar campañas y acciones de concienciación e informar a la población sobre los pequeños y grandes gestos que pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático en los países desarrollados y en los países en desarrollo;

Resiliencia frente al cambio climático mediante la adaptación

52.  Destaca que las medidas de adaptación constituyen una necesidad ineludible para todos los países si han de minimizar los efectos negativos y aprovechar plenamente las oportunidades de un crecimiento resiliente al cambio climático y un desarrollo sostenible; pide que se establezcan los consiguientes objetivos de adaptación a largo plazo; recuerda que los países en desarrollo, en especial los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, han sido los que menos han contribuido al cambio climático, pero son los más vulnerables frente a sus efectos negativos y los que tienen menor capacidad de adaptación;

53.  Pide a la Comisión que revise la Estrategia de adaptación al cambio climático de la Unión, adoptada en 2013; invita a la Comisión a proponer un instrumento jurídicamente vinculante si considera insuficientes las medidas adoptadas en los Estados miembros;

54.  Pone de relieve las graves consecuencias negativas —a menudo irreversibles— que entraña la inacción, al tiempo que recuerda que el cambio climático afecta a todas las regiones de modos distintos pero siempre sumamente perjudiciales, lo que da lugar a flujos migratorios y a la pérdida de vidas, así como a pérdidas económicas, ecológicas y sociales; subraya que dar un impulso político y económico concertado a nivel mundial a la innovación en el ámbito de las energías limpias y renovables es fundamental para cumplir nuestros objetivos climáticos y facilitar el crecimiento;

55.  Pide que se tome en serio la cuestión de los refugiados climáticos y el alcance de este problema, que tiene su origen en catástrofes climáticas provocadas por el calentamiento global; observa con preocupación que, entre 2008 y 2013, 166 millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares a causa de inundaciones, huracanes, terremotos u otras catástrofes; pone de relieve, en especial, que en partes de África y Oriente Próximo los acontecimientos relacionados con el clima podrían contribuir a la inestabilidad política, a dificultades económicas y a una escalada en la crisis de los refugiados en el Mediterráneo;

56.  Celebra los esfuerzos del Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños, que es objeto de revisión en la CP22; pide al Mecanismo que siga reforzando la comprensión y los conocimientos sobre los efectos del cambio climático en los patrones de migración, desplazamiento y movilidad humana, y que promueva el aprovechamiento práctico de dicha comprensión y conocimientos;

57.  Pide a la Unión y a todos los demás países que aborden la dimensión de los derechos humanos y las repercusiones sociales del cambio climático, a fin de garantizar la protección y la promoción de los derechos humanos y de la solidaridad, y de ofrecer apoyo a los países más pobres, cuyas capacidades se ven superadas por las consecuencias del cambio climático;

Apoyo a los países en desarrollo

58.  Destaca la importancia de los países en desarrollo a la hora de alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y la necesidad de ayudar a estos países a aplicar sus planes en materia de clima, aprovechando al máximo las sinergias con los correspondientes objetivos de desarrollo sostenible de las medidas aplicadas, el Plan de Acción de Addis Abeba y la Agenda 2030;

59.  Pone de relieve la necesidad de promover el acceso universal a la energía sostenible en los países en desarrollo, en particular de África, fomentando el despliegue de las energías renovables; señala que África dispone de grandes recursos naturales que pueden garantizarle la seguridad energética; destaca que, en un futuro, si se logran establecer las interconexiones eléctricas, una parte de la energía europea podría proceder de África;

60.  Destaca que la Unión tiene la experiencia, la capacidad y el despliegue internacional requeridos para encabezar la construcción de la infraestructura más inteligente, más limpia y más resiliente que se necesita para la transición global impulsada por el Acuerdo de París; pide a la Unión que apoye los esfuerzos de los países en desarrollo en la transición hacia sociedades hipocarbónicas más integradoras, más sostenibles desde los puntos de vista social y medioambiental, más prósperas y más seguras;

Financiación de la lucha contra el cambio climático

61.  Señala que hay que seguir trabajando por garantizar la movilización de la financiación de la lucha contra el cambio climático para lograr el objetivo de 100 000 millones de dólares para 2020; acoge con satisfacción su continuación hasta 2025; insta a la Unión y a todas las Partes en condiciones de hacerlo a cumplir sus obligaciones de proporcionar financiación para la lucha contra el cambio climático para apoyar un mayor esfuerzo en la reducción de gases de efecto invernadero y la adaptación a los efectos del cambio climático, dada la magnitud y la urgencia del reto; reconoce, no obstante, que minimizar las repercusiones climáticas peligrosas requerirá inversiones considerablemente mayores que promuevan la reducción de las emisiones de carbono y la resiliencia al cambio climático, y esfuerzos para eliminar progresivamente las subvenciones a los combustibles fósiles; subraya la importancia de incentivar mayores flujos financieros a través de la tarificación del carbono y de asociaciones público-privadas;

62.  Pide compromisos concretos en la Unión y a nivel internacional para abrir nuevas fuentes de financiación de la lucha contra el cambio climático, como la adopción de un impuesto sobre las transacciones financieras, la reserva de algunos derechos de emisión del RCDE UE en el período 2021-2030 y la asignación de ingresos procedentes de las medidas de la Unión e internacionales sobre las emisiones de la aviación y el transporte marítimo a la financiación internacional de la lucha contra el cambio climático, y fomentando el Fondo Verde para el Clima, destinado, entre otros, a proyectos de innovación tecnológica;

63.  Acoge con satisfacción el compromiso del Acuerdo de París de situar todos los flujos financieros en un nivel compatible con las bajas emisiones de gases de efecto invernadero y con un desarrollo resiliente al clima; considera que esto exige a la Unión abordar con carácter urgente los flujos financieros de los combustibles fósiles y las infraestructuras con alta intensidad de carbono;

64.  Espera con interés el diálogo facilitador para identificar las posibilidades de mejorar los recursos financieros y apoyar el refuerzo de la mitigación de todas las Partes; reconoce la responsabilidad de todas las Partes, donantes y receptores, de cooperar para incrementar el apoyo y hacerlo más accesible y eficaz;

65.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una completa evaluación de las posibles consecuencias del Acuerdo de París para el presupuesto de la Unión y que desarrolle un mecanismo de financiación europeo específico y automático, que proporcione apoyo adicional y adecuado para una contribución justa de la Unión a la consecución del objetivo internacional de financiación para el clima de 100 000 millones de dólares estadounidenses;

66.  Aboga por la tarificación generalizada de las emisiones de carbono como instrumento mundialmente aplicable para la gestión de las emisiones y la asignación de los ingresos procedentes del comercio de los derechos de emisión a las inversiones relacionadas con la lucha contra el cambio climático, así como los ingresos procedentes de la tarificación de las emisiones de carbono de los combustibles del transporte internacional; solicita, además, el uso parcial de las subvenciones agrícolas para garantizar las inversiones en la producción y el uso de energías renovables en las explotaciones; destaca la importancia de movilizar el capital del sector privado y de desbloquear la inversión necesaria en tecnologías hipocarbónicas; pide un compromiso ambicioso de los Gobiernos y las instituciones financieras públicas y privadas, incluidos los bancos, los fondos de pensiones y las aseguradoras, en aras de un alineamiento de las prácticas de préstamo e inversión con el objetivo de los 2 °C y de la desinversión en los combustibles fósiles, incluida la eliminación progresiva de los créditos a una exportación para las inversiones en combustibles fósiles; pide garantías públicas específicas en favor de las inversiones ecológicas, y certificados y ventajas fiscales para los fondos de inversión ecológicos y para la emisión de bonos verdes;

67.  Destaca la importancia de compartir prácticas sobre integración de las cuestiones de sostenibilidad en los sectores financieros, a nivel internacional y europeo, y pide que se estudie el etiquetado de los productos financieros mediante la evaluación y la elaboración de informes sobre su exposición a los riesgos relacionados con el clima y su contribución a la transición hipocarbónica, de modo que los inversores puedan obtener información fiable y concisa sobre cuestiones no financieras;

Diplomacia climática

68.  Acoge con satisfacción que la Unión mantenga su énfasis en la diplomacia climática, lo cual es esencial para aumentar la visibilidad de la acción por el clima en los países socios y en la opinión pública mundial; subraya que la Unión, sus Estados miembros y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) tienen una enorme capacidad en el ámbito de la política exterior y deben dar muestras de liderazgo en los foros sobre el clima; insiste en que una actuación urgente y ambiciosa por el clima y el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la CP21 deben seguir siendo una de las prioridades de la Unión en los diálogos bilaterales y birregionales de alto nivel con los países socios, el G7 y el G20, y en las Naciones Unidas y en otros foros internacionales;

69.  Pide a la Unión que centre sus esfuerzos diplomáticos en favor del clima en garantizar que se establezca una arquitectura sólida para el Acuerdo de París;

El Parlamento Europeo

70.  Se compromete a ratificar al Acuerdo de París lo antes posible y a utilizar su papel internacional y su pertenencia a redes parlamentarias internacionales para procurar avanzar constantemente hacia la rápida ratificación y aplicación del Acuerdo de París;

71.  Considera que es necesario que esté debidamente integrado en la delegación de la Unión, ya que también tendrá que dar su aprobación a cualquier acuerdo internacional que se alcance; confía, por consiguiente, en que se le permita asistir a las reuniones de coordinación de la Unión en Marrakech y en que se le garantice el acceso a todos los documentos preparatorios desde el inicio de las negociaciones;

o
o   o

72.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la Secretaría de la CMNUCC, con la solicitud de que la distribuya a todas las Partes que no sean miembros de la Unión.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0359.


Aplicación del Reglamento sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos
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Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos (2015/2259(INI))
P8_TA(2016)0384A8-0237/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (CE) n.° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE(1),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 2023/2006 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2006, sobre buenas prácticas de fabricación de materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos(2),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos(3),

–  Vista la evaluación europea de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre materiales que entran en contacto con alimentos, de mayo de 2016, elaborada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo(4),

–  Vistas las actas del taller sobre «Los materiales en contacto con los alimentos - Cómo garantizar la seguridad alimentaria y la innovación tecnológica en el futuro?», celebrado el 26 de enero de 2016 en el Parlamento Europeo(5),

–  Visto el Informe sobre el estado de la cuestión en cuanto a la toxicidad de las mezclas («State of the Art Report on Mixture Toxicity»), de la Comisión(6),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, titulada «Efectos de la combinación de productos químicos - Mezclas de productos químicos» (COM(2012)0252),

–  Vistas las conclusiones adoptadas por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente, de 22 de diciembre de 2009, sobre los efectos derivados de la combinación de productos químicos(7),

–  Vista la Decisión n.º 1386/2013/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»(8), que, entre otros aspectos, reconoce la necesidad de afrontar los efectos combinados de los productos químicos y los problemas de seguridad que plantean los alteradores endocrinos en toda la legislación pertinente de la Unión,

–  Vista la evaluación del estado de los conocimientos científicos sobre las sustancias químicas que perturban la función endocrina de 2012 («State of the science of endocrine disrupting chemicals – 2012»), preparada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial de la Salud (OMS)(9),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, se modifica la Directiva 1999/45/CE y se derogan el Reglamento (CEE) n.º 793/93 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 1488/94 de la Comisión así como la Directiva 76/769/CEE del Consejo y las Directivas 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE y 2000/21/CE de la Comisión(10) («el Reglamento REACH»),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0237/2016),

A.  Considerando que en el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 (el «Reglamento marco») se establecen requisitos generales de seguridad para todos los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos para poder evitar que se transfieran sustancias a los alimentos en cantidades lo suficientemente grandes para poner en peligro la salud humana, o para ocasionar una modificación inaceptable de la composición de los alimentos o un deterioro de las características organolépticas de estos;

B.  Considerando que en el anexo I del Reglamento marco se enumeran 17 materiales y objetos en contacto con alimentos que pueden ser objeto de medidas específicas;

C.  Considerando que, de los 17, solo 4 materiales están sujetos a medidas específicas de la Unión: plásticos (incluidos los plásticos reciclados), cerámica, celulosa regenerada y materiales activos e inteligentes;

D.  Considerando que urge revisar determinadas medidas específicas de la UE, en particular la Directiva 84/500/CEE sobre los objetos de cerámica;

E.  Considerando que para los otros 13 materiales incluidos en el anexo I se mantiene la posibilidad de que los Estados miembros adopten disposiciones nacionales;

F.  que muchos Estados miembros ya han introducido distintas medidas para el resto de materiales y objetos individuales en contacto con alimentos, o que están trabajando en ello; considerando que, con respecto a estas medidas nacionales, el principio de reconocimiento mutuo no funciona, por lo que no puede garantizarse el funcionamiento eficaz del mercado interior ni un elevado nivel de protección de la salud, como prevén el Reglamento Marco y los Tratados;

G.  Considerando que los materiales no regulados por medidas específicas de la Unión pueden suponer un riesgo para la salud pública y dar lugar a la pérdida de confianza de los consumidores, la inseguridad jurídica y el aumento de los costes de cumplimiento para los operadores, que a menudo repercuten en los consumidores a niveles más bajos de la cadena de suministro, en detrimento de la competitividad y la innovación; que, de conformidad con la evaluación europea de la aplicación, de mayo de 2016, efectuada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo (EPRS), existe un amplio consenso entre todas las partes interesadas pertinentes en que la falta de medidas uniformes perjudica a la salud pública, a la protección del medio ambiente y al buen funcionamiento del mercado interior;

H.  Considerando que los principios de «Legislar mejor» no deben retrasar las medidas encaminadas a evitar o reducir consecuencias potencialmente graves o irreversibles para la salud de las personas o el medio ambiente, tal y como obliga el principio de precaución consagrado en los Tratados de la Unión;

I.  Considerando que, en particular, los alteradores endocrinos y las sustancias genotóxicas presentes en los materiales en contacto con alimentos son particularmente problemáticos para la salud pública y el medio ambiente; que estas propiedades alteradoras y genotóxicas no se pueden predecir en la actualidad de forma fiable a partir de la composición química, por lo que es preciso fomentar los bioensayos como medida opcional premonitoria para garantizar la seguridad de materiales complejos desde el punto de vista químico en contacto con alimentos; considerando que es preciso impulsar la investigación del desarrollo de ensayos analíticos y toxicológicos para garantizar evaluaciones de seguridad sólidas y rentables de los materiales en contacto con alimentos, que beneficien a los consumidores, al medio ambiente y a los fabricantes;

J.  Considerando que los microorganismos nocivos (patógenos o procedentes de descomposición) que pueden estar presentes como contaminantes en los materiales en contacto con alimentos, y los biocidas que se pueden usar posteriormente para reducir su número, también suponen un riesgo para la salud pública;

K.  Considerando que determinados alimentos están en contacto con materiales de embalaje muy diversos durante períodos prolongados;

L.  Considerando que una mayor armonización de todas las normas relevantes para el uso de materiales en contacto con alimentos contribuiría a una mayor seguridad de la salud de los consumidores y reduciría la repercusión ambiental de los materiales en contacto con alimentos y, en particular, de los materiales de embalaje;

M.  Considerando que una mayor armonización de todas las normas que afectan a los materiales en contacto con alimentos, incluido el Reglamento REACH contribuiría a una economía circular más eficaz;

N.  Considerando que las medidas específicas deben basarse en pruebas científicas; que siguen vigentes algunas incógnitas científicas y, por lo tanto, es necesario continuar la investigación;

O.  Considerando que, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), la nanotecnología y los nanomateriales constituyen un nuevo avance tecnológico y que los materiales en contacto con alimentos son un sector en el que está presente el uso de nanomateriales; considerando que las propiedades específicas de los nanomateriales pueden afectar a sus perfiles toxicocinéticos y toxicológicos, pero que existe poca información sobre estos aspectos; que aún existe incertidumbre por la dificultad para caracterizar, detectar y medir nanomateriales en los alimentos y en las matrices biológicas, y por la disponibilidad limitada de datos sobre toxicidad y métodos de ensayo;

P.  Considerando que, en la actualidad, las evaluaciones de riesgos para la salud y el medio ambiente a escala de la Unión se limitan a evaluar cada una de las sustancias e ignoran las condiciones reales de la exposición combinada y acumulada a partir de distintas vías y distintos tipos de productos, lo que también se conoce como efecto «cóctel» o efecto «mezcla»;

Q.  Considerando que, según una recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de la OMS (2009)(11), las evaluaciones de la exposición deben abarcar la población general, así como grupos críticos vulnerables o de los que se espera un nivel de exposición más elevado que la de la población general (por ejemplo, bebés o niños);

R.  Considerando que la trazabilidad de los materiales en contacto con alimentos debe garantizarse en todas las fases de la cadena de suministro para facilitar los controles, la devolución de productos defectuosos, la información a los consumidores y la atribución de responsabilidad;

S.  Considerando que el etiquetado es una herramienta muy directa y eficaz para informar al consumidor sobre las características de un producto;

T.  Considerando que un enfoque horizontal ante las sustancias en todos los sectores económicos proporciona una legislación coherente y previsibilidad para las empresas;

U.  Considerando que el desarrollo de métodos de ensayo uniformes a escala de la Unión para todos los materiales en contacto con alimentos contribuiría a un nivel más elevado de protección de la salud y del medio ambiente en toda la Unión;

V.  Considerando que la introducción de un control de seguridad para los objetos ya elaborados en contacto con alimentos podría ser una opción para complementar determinadas medidas específicas;

Aplicación de la legislación de la Unión sobre los materiales en contacto con alimentos: éxitos y lagunas

1.  Reconoce que el Reglamento marco constituye un fundamento jurídico sólido, cuyos objetivos siguen siendo pertinentes;

2.  Subraya que, mientras que el enfoque principal debe ser la adopción de medidas específicas para los 13 materiales aún no regulados en el ámbito de la Unión, todas las partes interesadas pertinentes señalan que existen deficiencias en la aplicación y el cumplimiento de la legislación en vigor;

3.  Cuenta con el próximo examen, por parte del Centro Común de Investigación de la Comisión, de las disposiciones nacionales adoptadas por los Estados miembros sobre materiales no armonizados; pide a la Comisión que utilice este examen como punto de partida para elaborar las medidas necesarias;

4.  Insta a la Comisión a que, en el proceso de elaboración de las medidas necesarias, tenga en cuenta la evaluación europea de la aplicación realizada por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, así como las medidas nacionales en vigor y en fase de elaboración;

5.  Señala que, dado el predominio de los materiales mencionados en el mercado de la Unión y el riesgo que suponen para la salud humana, y al objeto de preservar el mercado único de alimentos y de materiales en contacto con alimentos, la Comisión debe dar prioridad de inmediato a la elaboración de medidas específicas de la Unión para el papel y el cartón, barnices y revestimientos, metales y aleaciones, tintas de impresión y adhesivos;

6.  Subraya que es preciso prestar especial atención a aquellos materiales en contacto —directo o indirecto— con alimentos que presentan un mayor nivel de migración, como los materiales que rodean a líquidos y a alimentos con alto contenido en grasa, así como materiales en contacto con alimentos durante periodos prolongados;

7.  Opina que la adopción de otras medidas específicas a escala de la Unión animaría a los empresarios a desarrollar materiales en contacto con alimentos que sean seguros, reutilizables y reciclados, contribuyendo de este modo a los esfuerzos de la Unión por establecer una economía circular más eficaz; señala que esto requiere una mejor trazabilidad y la eliminación gradual de las sustancias que contienen los materiales y objetos en contacto con alimentos que podrían representar un riesgo para la salud humana;

8.  Subraya, en este contexto, que el uso de materiales y objetos en contacto con alimentos fabricados con productos reciclados y la reutilización de materiales y objetos en contacto con alimentos no debería suponer un aumento de contaminantes y/o de residuos en el producto final;

9.  Está convencido de que, a la luz de la atención prestada por la Unión al progreso hacia una economía circular, se deben desarrollar mejores sinergias entre el Reglamento marco sobre materiales en contacto con alimentos y la economía circular, que deberían incluir medidas específicas en el ámbito de la Unión para el papel y el cartón reciclados; observa que existe un límite en el número de veces en que se pueden reutilizar los productos de papel y cartón reciclado, lo que exige un suministro continuo de fibras de madera verde;

10.  A la vista del riesgo de migración de aceites minerales a productos alimenticios procedentes de materiales y objetos de papel y cartón en contacto con alimentos, y a la espera de la adopción de medidas específicas y de una posible prohibición de aceites minerales en tintas de impresión, respalda ulteriores investigaciones encaminadas a prevenir esa migración;

11.  Respalda el aumento de los objetivos de reciclaje y reutilización para todos los materiales que se recogen en la propuesta de Directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y residuos de envases (COM(2015)0596); recuerda a la Comisión, no obstante, que los objetivos en materia de reciclaje y reutilización deben ir acompañados de medidas adecuadas de control para garantizar la seguridad de los materiales que entran en contacto con alimentos;

12.  Destaca la situación complicada en la que se encuentran las pequeñas y medianas empresas en la cadena de producción, puesto que en ausencia de disposiciones legales no están en condiciones de recibir o transmitir información que garantice la seguridad de sus productos;

13.  Considera imperativo que, al proponer requisitos de seguridad específicos para materiales en contacto con alimentos, los Estados miembros impliquen a todas las partes pertinentes en el proceso;

14.  Reconoce que el modelo actual para la evaluación de la seguridad de los materiales en contacto con alimentos es insuficiente, dado que se subestima con carácter general el papel de estos materiales en la contaminación alimentaria y falta información sobre la exposición humana;

Evaluación del riesgo

15.  Es consciente del importante papel que desempeña la EFSA para la evaluación de los riesgos de las sustancias que se utilizan en los materiales que entran en contacto con alimentos regulados por medidas específicas; reconoce los costes que comporta la evaluación de riesgos para una sustancia concreta y los recursos limitados de la EFSA; pide, por tanto, a la Comisión, que incremente la financiación destinada a la EFSA, a la vista del trabajo adicional por la creciente necesidad de evaluaciones de riesgo, tal y como se detalla a continuación;

16.  Pide a la EFSA y a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) una mayor cooperación y coordinación para aprovechar de forma eficiente los medios disponibles para una evaluación exhaustiva;

17.  Reconoce que, con el fin de evaluar adecuadamente los riesgos de los materiales en contacto con alimentos, es preciso tener en cuenta tanto las sustancias utilizadas en su fabricación y transformación como las sustancias añadidas involuntariamente, incluidas las impurezas de las sustancias añadidas intencionalmente y otras sustancias resultantes de las reacciones químicas; reconoce que, para ello, deben indicarse claramente a la EFSA y a las autoridades competentes de los Estados miembros las sustancias de partida; subraya, en consecuencia, la importancia de la cooperación entre los organismos/laboratorios científicos, y acoge con satisfacción la intención de la EFSA de centrarse más en los materiales y objetos acabados y en el proceso de fabricación, en vez de en las sustancias utilizadas;

18.  Hace hincapié en la importancia de nuevas investigaciones científicas relativas a sustancias añadidas inintencionadamente (NIAS), dado que, a diferencia de las sustancias peligrosas conocidas, con frecuencia se desconocen su identidad y estructura, en particular por lo que respecta a los plásticos;

19.  Pide a la Comisión que estudie las pruebas para: i) supuestos actuales realizados sobre la migración de sustancias a través de barreras funcionales; ii) el umbral de concentración de 10 ppmm para las sustancias que migran en los alimentos, utilizado por algunas empresas y autoridades competentes para decidir sobre qué sustancias químicas se realizan evaluaciones de riesgos; iii) la medida en que las barreras funcionales dejan de ser eficaces en periodos de almacenamiento prolongados, ya que es posible que solo ralenticen la migración; iv) supuestos actuales sobre el tamaño molecular que incide en la absorción de sustancias químicas a través del intestino;

20.  Pide a la EFSA y a la Comisión que amplíen el concepto de grupos vulnerables para incluir a mujeres embarazadas y lactantes, y que incluyan los efectos potenciales de bajas dosis de exposición y dosis-respuesta no monotónicas en los criterios de la evaluación de riesgos;

21.  Lamenta que la EFSA, en su actual procedimiento de evaluación de riesgos, no tenga en cuenta el denominado «efecto cóctel» ni el de las exposiciones múltiples concurrentes y acumuladas de materiales y objetos en contacto con alimentos y de otras fuentes que pueden provocar efectos nocivos incluso con niveles bajos de cada una de las sustancias de la mezcla, e insta a la EFSA a hacerlo en el futuro; insta asimismo a la Comisión a tener en cuenta este efecto, también en periodos prolongados, a la hora de determinar los límites de migración que se consideran seguros para la salud humana;

22.  Pide que se realicen más investigaciones científicas sobre la interacción de diferentes sustancias químicas;

23.  Lamenta asimismo que la EFSA aún no tenga en cuenta la posibilidad de microorganismos nocivos en los materiales en contacto con alimentos; insta, por consiguiente, a la Comisión Técnica de Factores de Peligro Biológicos (BIOHAZ) de la EFSA a estudiar la cuestión de los microorganismos en los materiales en contacto con alimentos, mediante la elaboración de un dictamen de la EFSA sobre la materia;

24.  Señala que los materiales en contacto con alimentos están incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 528/2012(12) (Reglamento sobre biocidas), dado que los biocidas pueden estar presentes en los materiales en contacto con alimentos para mantener su superficie libre de contaminación microbiana (desinfectantes) y provocar un efecto conservante en los alimentos (conservantes); señala, no obstante, que los distintos tipos de biocidas de los materiales en contacto con alimentos están regulados con arreglo a distintos marcos jurídicos y que, en función del tipo de biocida, compete a la ECHA o a la EFSA, o a ambas, realizar la evaluación de riesgos;

25.  Pide a la Comisión que garantice la coherencia entre los Reglamentos sobre materiales en contacto con alimentos y sobre biocidas, y que aclare la función de la ECHA y de la EFSA a este respecto; pide asimismo a la Comisión que trabaje con arreglo a un enfoque armonizado y consolidado para la evaluación y autorización globales de las sustancias utilizadas como biocidas en los materiales en contacto con alimentos, con vistas a evitar el solapamiento, la incertidumbre jurídica y la duplicación de tareas;

26.  Pide a la EFSA que tenga en cuenta que los lugares de producción alimenticia fueron identificados por el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) en 2009 como lugares críticos de promoción del desarrollo de bacterias resistentes a antibióticos y biocidas; señala, por consiguiente, que los materiales en contacto con alimentos que contengan biocidas también pueden contribuir a la aparición en humanos de bacterias resistentes a los antibióticos;

27.  Subraya que los materiales en contacto con alimentos constituyen una importante fuente de exposición humana a sustancias químicas preocupantes, incluidos compuestos perfluorados y alteradores endocrinos, como ftalatos y bisfenoles, que han sido vinculados a enfermedades crónicas así como a problemas reproductivos, trastornos metabólicos, alergias y problemas del desarrollo neurológico; observa que la migración de esas sustancias químicas preocupa especialmente en los materiales en contacto con alimentos, habida cuenta de su potencial para provocar daños, incluso en dosis extremadamente bajas;

28.  Observa con preocupación las mayores consecuencias para la salud que pueden tener las sustancias utilizadas en materiales en contacto con alimentos para bebés y niños pequeños;

29.  Pide a la Comisión que subsane la brecha de la evaluación de seguridad entre la legislación de REACH y la de materiales en contacto con alimentos, asegurando que las empresas efectúan evaluaciones de seguridad de los aspectos de la salud humana de la exposición a sustancias químicas utilizadas en los materiales en contacto con alimentos durante la fabricación, la utilización y la distribución; considera que este aspecto debe aclararse en el Reglamento (CE) n.º 1935/2004;

30.  Pide a la Comisión que garantice una mejor coordinación así como un enfoque más coherente entre la legislación REACH y la relativa a los materiales en contacto con alimentos, en particular en lo que respecta a las sustancias clasificadas como CMR (categorías 1A, 1B y 2) o extremadamente preocupantes en el marco del Reglamento REACH, y que garantice que las sustancias nocivas que se eliminan progresivamente en el marco del Reglamento REACH, también se eliminen de los materiales en contacto con alimentos; subraya que, con el fin de excluir cualquier amenaza para la salud pública, la Comisión debe informar periódicamente y poner al día al Parlamento y al Consejo sobre si algunas sustancias que suscitan preocupación (como las sustancias clasificadas como extremadamente preocupantes, las que presentan propiedades CMR, las sustancias químicas bioacumulables o determinadas sustancias químicas que perturban la función endocrina) prohibidas o eliminadas con arreglo a la legislación REACH o a cualquier otra legislación siguen utilizándose en los materiales en contacto con alimentos; pide a la Comisión que considere la posibilidad de identificar el bisfenol A (BPA) como una de las sustancias clasificadas como extremadamente preocupantes;

31.  Toma nota de la publicación por parte de la Comisión, el 15 de junio de 2016, de los criterios científicos aplicables para determinar la existencia de propiedades de alteración endocrina de sustancias activas utilizadas en biocidas y en productos fitosanitarios; subraya, no obstante, la necesidad de criterios horizontales para todos los productos, incluidos los materiales en contacto con alimentos, y pide a la Comisión que presente dichos criterios sin demora; pide que, una vez en vigor, estos criterios se tengan en cuenta en el procedimiento de evaluación de riesgos de los materiales en contacto con alimentos;

32.  Observa que, tras el reciente dictamen de la EFSA, la Comisión ha anunciado finalmente su intención de introducir un límite de migración de 0,05 mg/kg en el caso del BPA para envases y contenedores de plástico, así como para barnices y revestimientos utilizados en recipientes metálicos; señala, no obstante, que las numerosas reevaluaciones de la EFSA en la última década no han abordado de manera eficaz todos los problemas de salud y que la EFSA reevaluará(13) de nuevo los riesgos del BPA en 2017, tras la publicación de un informe en el que se pone de manifiesto que la ingesta diaria tolerable vigente no protege a los fetos ni a los bebés de los efectos del BPA en el sistema inmunitario y se recomienda que se aconseje a los consumidores que reduzcan su exposición al BPA de los alimentos y de otras fuentes, e insta a que se prohíba el BPA en todos los materiales en contacto con alimentos;

33.  Reconoce, sobre la base del Informe científico y político de 2015 («2015 Science and Policy Report») del Centro Común de Investigación de la Comisión, la cuestión de la migración de metales pesados a los alimentos; entiende que la Comisión está examinando los límites de plomo y cadmio en la Directiva 84/500/CEE del Consejo sobre los objetos de cerámica; insta encarecidamente a la Comisión a que presente una propuesta legislativa que introduzca límites más bajos de liberación de cadmio y plomo y lamenta que la revisión de la Directiva 84/500/CEE no haya sido debatida aún en el Parlamento y el Consejo;

34.  Apoya iniciativas de investigación e innovación dirigidas a desarrollar nuevas sustancias, para su uso en materiales en contacto con alimentos, que han demostrado ser seguras para la salud humana; no obstante, subraya que, por el momento, cualquier otra alternativa más segura no debe incluir el bisfenol S (BPS) como sustituto del bisfenol A (BPA), puesto que el BPS puede tener un perfil toxicológico similar al del BPA(14);

35.  Respalda, en particular, que se sigan investigando los nanomateriales, dado que aún existe incertidumbre científica sobre los efectos y la capacidad de migración de estos materiales y sus repercusiones en la salud humana; cree, por tanto, que los nanomateriales deben estar sujetos a autorización no solo para su uso en materiales plásticos, sino en todos los materiales en contacto con alimentos, y que no deben ser evaluados solo en su forma a granel;

36.  Señala que los obstáculos al mercado y, en particular, la solicitud de autorizaciones con arreglo a distintas normas nacionales, tienen como consecuencia la pérdida de oportunidades para mejorar la seguridad alimentaria a través de la innovación;

Trazabilidad

37.  Considera que una declaración de conformidad puede ser una herramienta eficaz para garantizar que los materiales destinados a entrar en contacto con alimentos son conformes con las normas pertinentes, y recomienda que todos estos materiales, tanto si están armonizados como si no, vayan acompañados de una declaración de conformidad y de la documentación adecuada, como sucede actualmente con los materiales destinados a entrar en contacto con alimentos para los que se han adoptado medidas específicas; considera que las condiciones de uso deben quedar mejor reflejadas en las declaraciones de conformidad pertinentes;

38.  Lamenta, no obstante, que, incluso si son obligatorias, las declaraciones de conformidad no siempre están disponibles para fines de cumplimiento de la ley, y que, cuando están disponibles, su calidad no siempre es lo suficientemente alta para garantizar que sean una fuente fiable de la documentación de cumplimiento;

39.  Pide que se refuercen la trazabilidad y la conformidad de los materiales destinados a entrar en contacto con alimentos importados de terceros países exigiendo documentos de identificación y declaraciones de conformidad adecuados y completos; insiste en que los materiales en contacto con alimentos importados deben ajustarse a las normas de la Unión y, con ello, salvaguardar la salud pública y asegurar la competencia leal;

40.  Pide a la Comisión que establezca etiquetados obligatorios de la presencia intencionada de nanomateriales en materiales en contacto con alimentos y que establezca el etiquetado obligatorio de la composición de los materiales en contacto con alimentos utilizados para productos orgánicos y productos destinados a grupos críticos;

Cumplimiento, ejecución y controles

41.  Expresa su preocupación por el hecho de que el nivel de aplicación de la legislación sobre materiales en contacto con alimentos varía considerablemente en toda la Unión; destaca la importancia de desarrollar directrices de la Unión sobre los materiales en contacto con alimentos, pues ello facilitaría una aplicación armonizada, mejor y uniforme en los Estados miembros; a tal fin, subraya la importancia de la información compartida entre los Estados miembros; cree que otras opciones políticas no legislativas, como la experiencia de la autoevaluación del sector, deben complementar a las medidas destinadas a mejorar el cumplimiento del Reglamento marco sobre materiales en contacto con alimentos;

42.  Considera que mediante una mayor armonización de los materiales y objetos en contacto con alimentos puede lograrse un alto nivel de protección uniforme para la salud humana;

43.  Recomienda que se introduzca una norma única de la Unión para exámenes analíticos, en función de los materiales y objetos en contacto con alimentos, con miras a garantizar que las empresas y las autoridades competentes de toda la Unión realicen evaluaciones utilizando el mismo método; señala que con la introducción de métodos de ensayo armonizados se garantizarían la igualdad de trato de los materiales en contacto con alimentos en el mercado interior garantizando de este modo mejores normas de control y niveles de protección más elevados;

44.  Subraya que es responsabilidad de cada Estado miembro llevar a cabo controles de las empresas que producen o importan materiales destinados a entrar en contacto con alimentos; lamenta, sin embargo, que algunos Estados miembros no impongan a estas empresas el requisito de registrar su actividad comercial, lo que les permite eludir los controles de conformidad; pide a la Comisión que se asegure de que los Estados miembros que aún no lo hayan hecho impongan una obligación a todas las empresas que fabriquen o importen materiales destinados a entrar en contacto con alimentos a registrar oficialmente su actividad comercial de conformidad con la revisión del Reglamento (CE) n.º 882/2004; reconoce la existencia de mecanismos adecuados de registro en algunos Estados miembros que pueden servir como ejemplo de mejores prácticas;

45.  Pide a los Estados miembros que incrementen la frecuencia y eficiencia de los controles oficiales, sobre la base del riesgo de incumplimiento, y de los riesgos para la salud asociados, teniendo en cuenta la cantidad del producto alimentario, el consumidor al que va destinado y el tiempo que han estado en contacto con el material en cuestión, así como el tipo de materiales en contacto con alimentos, la temperatura y otros factores pertinentes;

46.  Insiste en la necesidad de que los Estados miembros garanticen que ponen a disposición el personal y el equipo necesario capacitado para realizar controles uniformes, estrictos y sistemáticos, así como un sistema de sanciones disuasorias en caso de incumplimiento, de conformidad con la revisión del Reglamento (CE) n.º 882/2004;

47.  Pide una mejor cooperación y coordinación entre los Estados miembros y la Comisión Europea a través del Sistema de Alerta Rápida para los Productos Alimenticios y los Alimentos para Animales, con el fin de que se eliminen los riesgos para la salud de forma rápida y eficaz;

48.  Insta a la Comisión a que siga examinando la introducción de un control de seguridad para los objetos ya elaborados en contacto con alimentos u otros procedimientos de autorización para los objetos en contacto con alimentos;

49.  Acoge con satisfacción la plataforma de la Comisión Europea «Better Training for Safer Food» («Mejora de la formación para aumentar la seguridad alimentaria»); insta a que se sigan ampliando sus actividades;

o
o   o

50.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 338 de 13.11.2004, p. 4.
(2) DO L 384 de 29.12.2006, p. 75.
(3) DO L 12 de 15.1.2011, p. 1.
(4) PE 581.411
(5) PE 578.967
(6) Kortenkamp 2009. http://ec.europa.eu/environment/chemicals/effects/pdf/report_mixture_toxicity.pdf
(7) http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=ES&f=ST%2017820%202009%20INIT
(8) Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente: DO L 354 de 28.12.2013, p. 171, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32013D1386
(9) http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
(10) DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.
(11) «Recent developments in the risk assessment of chemicals in food and their potential impact on the safety assessment of substances used in food contact materials» [Cambios recientes en la evaluación de riesgos de las sustancias químicas de los alimentos y sobre sus efectos potenciales en la evaluación de la seguridad de las sustancias utilizadas en materiales en contacto con alimentos]. EFSA Journal 2016;14(1):4357 (28 p.), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4357
(12) DO L 167 de 27.6.2012, p. 1.
(13) https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160426a?utm_content=hl&utm_source =EFSA+Newsletters&utm_campaign=3bd764133f-HL_20160428&utm_medium=email&utm_term=0_7ea646dd1d-3bd764133f-63626997
(14) Comité de Análisis Socioeconómico (CASE), dictamen sobre un expediente del anexo XV que propone restricciones al bisfenol A, p. 13, http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13641/bisphenol_a_seac_draft_opinion_en.pdf.


Informe anual de 2014 sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión
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Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión – Informe anual de 2014 (2015/2326(INI))
P8_TA(2016)0385A8-0262/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el trigésimo segundo informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión (2014) (COM(2015)0329),

–  Visto el informe de la Comisión titulado «Informe de evaluación de Pilot UE» (COM(2010)0070),

–  Visto el informe de la Comisión titulado «Segundo informe de evaluación del proyecto Pilot UE» (COM(2011)0930),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2002, sobre las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario (COM(2002)0141),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de abril de 2012, sobre la actualización de la gestión de las relaciones con el denunciante en relación con la aplicación del Derecho de la Unión (COM(2012)0154),

–  Visto el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea,

–  Visto el Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre la mejora de la legislación,

–  Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre los informes anuales trigésimo y trigésimo primero sobre el control de la aplicación del Derecho de la UE (2012-2013)(1),

–  Vistos el artículo 52 y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Peticiones (A8-0262/2016),

A.  Considerando que el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE) establece que la función principal de la Comisión es ser «guardiana de los Tratados»;

B.  Considerando, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del TUE, que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tiene el mismo valor jurídico que los Tratados, y está dirigida a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados miembros cuando estos apliquen el Derecho de la Unión (artículo 51, apartado 1, de la Carta);

C.  Considerando que, de conformidad con el artículo 258, párrafos primero y segundo, del TFUE, la Comisión emitirá un dictamen motivado si considera que un Estado miembro ha incumplido una de las obligaciones que le incumben en virtud de los Tratados, y podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el Estado miembro en cuestión no se atuviera a este dictamen en el plazo determinado por la Comisión;

D.  Considerando que el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea establece la puesta en común de información relativa a todos los procedimientos de infracción basados en escritos de requerimiento, pero no cubre el proceso informal de Pilot UE, que precede a la incoación de procedimientos formales de infracción;

E.  Considerando que la Comisión invoca el artículo 4, apartado 3, del TUE, y el principio de cooperación leal entre la Unión y los Estados miembros para cumplir su deber de discreción para con los Estados miembros durante los procedimientos de Pilot UE;

F.  Considerando que con los procedimientos de Pilot UE se busca una cooperación más estrecha y coherente entre la Comisión y los Estados miembros a fin de corregir las infracciones del Derecho de la Unión, en la medida de lo posible, en una fase temprana, sin necesidad de iniciar un procedimiento formal de infracción;

G.  Considerando que en 2014 la Comisión recibió 3 715 denuncias relativas a posibles infracciones del Derecho de la Unión, y que los Estados miembros contra los que más denuncias se presentaron fueron España (553), Italia (475) y Alemania (276);

H.  Considerando que en 2014 la Comisión incoó 893 nuevos procedimientos de infracción, siendo Grecia (89), Italia (89) y España (86) los Estados miembros con más casos de infracción abiertos;

I.  Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea define el derecho a una buena administración como el derecho de toda persona a que las instituciones traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable, y el artículo 298 del TFUE dispone que, en el cumplimiento de sus funciones, las instituciones, órganos y organismos de la Unión se apoyarán en una administración europea abierta, eficaz e independiente;

1.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 17 del TFUE, la Comisión es responsable de garantizar la aplicación del Derecho de la Unión, incluida la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 6, apartado 1, del TEU), cuyas disposiciones están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la Unión, así como a los Estados miembros cuando estos apliquen el Derecho de la Unión;

2.  Es consciente de que la responsabilidad de aplicar y ejecutar correctamente el Derecho de la Unión recae principalmente en los Estados miembros, pero señala que esta circunstancia no exime a las instituciones europeas de su deber de respetar el Derecho primario de la Unión cuando elaboran normas de Derecho derivado;

3.  Subraya el papel esencial de la Comisión a la hora de supervisar la aplicación del Derecho de la Unión y presentar al Parlamento Europeo y al Consejo su informe anual; pide a la Comisión que continúe desempeñando un papel activo en el desarrollo de distintas herramientas destinadas a mejorar la aplicación, la observancia y el control del cumplimiento del Derecho de la Unión en los Estados miembros, y que proporcione, en su próximo informe anual, datos sobre la aplicación de los reglamentos europeos, además de los datos sobre la aplicación de las directivas;

4.  Es consciente de que la responsabilidad de aplicar y ejecutar correctamente el Derecho de la Unión recae principalmente en los Estados miembros, y destaca que estos también respetar plenamente los valores y derechos fundamentales consagrados en los Tratados y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea cuando aplican el Derecho de la Unión; recuerda que la supervisión y la evaluación de la aplicación del Derecho de la Unión corresponde a la Comisión; reitera su petición a los Estados miembros de que, con tal fin, hagan uso sistemáticamente de las tablas de correspondencia, pero señala que esto no exime a las instituciones europeas de su deber de respetar el Derecho primario de la Unión cuando establecen normas de Derecho derivado; recuerda la necesidad de hacer uso de sus informes de aplicación relativos a las legislaciones sectoriales;

5.  Reconoce que el Parlamento también desempeña un papel crucial a este respecto, al ejercer un control político de la actuación de la Comisión en materia de vigilancia del cumplimiento del Derecho de la Unión, supervisando los informes anuales sobre la aplicación de este y aprobando las resoluciones parlamentarias pertinentes; propone que el Parlamento contribuya en mayor medida a la rápida y correcta transposición de la legislación europea compartiendo la experiencia obtenida en el proceso decisorio legislativo a través de vínculos preestablecidos con los Parlamentos nacionales;

6.  Señala que la transposición correcta y dentro de plazo de la legislación de la Unión a la legislación nacional y un marco legislativo nacional claramente definido deberían ser una prioridad para los Estados miembros, con el fin de evitar infracciones del Derecho de la Unión y hacer llegar a los ciudadanos y a las empresas los beneficios esperados gracias a su aplicación eficiente y efectiva;

7.  Destaca la importancia de los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas en la elaboración de la legislación y en el seguimiento y la notificación de las deficiencias en la transposición y la aplicación del Derecho de la Unión por parte de los Estados miembros; señala que la Comisión ha reconocido esta importancia de las partes interesadas al poner en marcha en 2014 nuevos instrumentos que facilitan este proceso; alienta a las partes interesadas a mantener su vigilancia en el futuro a este respecto;

8.  Reconoce que la aplicación efectiva del Derecho de la Unión contribuye a reforzar la credibilidad de sus instituciones; aprecia la importancia atribuida en el informe de la Comisión a las peticiones presentadas por ciudadanos, empresas y organizaciones de la sociedad civil, que constituyen un derecho fundamental consagrado en el Tratado de Lisboa, un elemento importante de la ciudadanía europea y un valioso instrumento secundario de control de la aplicación del Derecho de la Unión y de detección de sus posibles lagunas a través de la manifestación directa por parte de los ciudadanos de sus opiniones y experiencias, junto a las elecciones y los referendos, que siguen siendo su vía principal de expresión democrática;

9.  Considera que los plazos poco realistas para aplicar la legislación pueden derivar en la imposibilidad de cumplirlos por parte de los Estados miembros, lo que equivale a consentir tácitamente su aplicación tardía; pide a las instituciones europeas que acuerden calendarios más apropiados para la aplicación de los reglamentos y las directivas, teniendo debidamente en cuenta los periodos necesarios para la consulta y el control; considera que la Comisión debe presentar los informes, estudios y revisiones legislativas en los plazos acordados por los colegisladores y con arreglo a lo dispuesto en las normas correspondientes;

10.  Celebra que el nuevo Acuerdo institucional sobre la mejora de la legislación contenga disposiciones destinadas a mejorar la ejecución y la aplicación del Derecho de la Unión y a fomentar una cooperación más estructurada a este respecto; apoya el llamamiento hecho en el Acuerdo a una mejor detección de las medidas nacionales que no están relacionadas estrictamente con la legislación de la Unión (práctica conocida como sobrerregulación); destaca la importancia de mejorar la transposición y la necesidad de que los Estados miembros comuniquen e indiquen con claridad las medidas nacionales que complementan las directivas europeas; recalca que, al aplicar el Derecho de la Unión, los Estados miembros deben abstenerse de añadir obstáculos innecesarios a la legislación de la Unión, lo que conduce a una idea equivocada de la actividad legislativa de la Unión y aumenta el escepticismo injustificado de los ciudadanos frente a la Unión; señala, no obstante, que lo anterior no afecta en modo alguno a la prerrogativa de los Estados miembros de adoptar a escala nacional normas sociales y ambientales más rigurosas que las acordadas a escala de la Unión;

11.  Destaca que el Parlamento debe desempeñar un papel más destacado en el análisis del cumplimiento del Derecho de la Unión por parte los países en vías de adhesión y los países con los que se han celebrado acuerdos de asociación; propone, a este respecto, prestar a estos países una asistencia adecuada mediante una colaboración continua con sus Parlamentos nacionales en lo relativo al respeto y a la aplicación del Derecho de la Unión;

12.  Propone que el Parlamento elabore genuinos informes, y no meras resoluciones, sobre todos los países candidatos a raíz de los informes de situación anuales que publica la Comisión, con objeto de brindar a todas las comisiones implicadas la posibilidad de emitir opiniones; considera que la Comisión debe seguir publicando informes de situación de todos los países de la vecindad europea que hayan firmado acuerdos de asociación, para que el Parlamento realice una evaluación rigurosa y sistemática del progreso realizado por dichos países en la aplicación del acervo de la Unión en la medida que sea relevante para la agenda de asociación;

13.  Acoge con satisfacción el trigésimo segundo informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho de la Unión, y señala que el medio ambiente, el transporte y el mercado interior y los servicios fueron los ámbitos de intervención en los que más procedimientos de infracción seguían abiertos en 2014; observa asimismo que el medio ambiente, la salud, la protección de los consumidores, la movilidad y el transporte volvieron a ser los ámbitos de intervención en los que más casos de infracción se iniciaron en 2014; alienta a la Comisión, a fin de garantizar la transparencia interinstitucional, a que ofrezca un mejor acceso del Parlamento Europeo a los asuntos de infracción del Derecho comunitario;

14.  Toma nota de que en el informe anual se constata la «disminución general del número de procedimientos formales de infracción en los últimos cinco años», y de que, según la Comisión, esta circunstancia refleja la eficacia del diálogo estructurado que se mantiene con los Estados miembros a través de Pilot UE; considera, no obstante, que la disminución registrada en los últimos años y la que probablemente se registre en los próximos años se debe principalmente a que la Comisión presenta cada vez menos propuestas legislativas; señala que la Comisión no realiza procedimientos de Pilot UE en los casos de transposición tardía de las directivas;

15.  Recuerda que esta evaluación ex post no exime a la Comisión de su obligación de controlar de manera efectiva y en un plazo razonable la ejecución y aplicación del Derecho de la Unión, y señala que el Parlamento podría ayudar en la revisión de la aplicación de la legislación mediante el control de la Comisión;

16.  Toma nota de que, según el informe anual, el aumento del número de nuevos expedientes de Pilot UE durante el período examinado y la disminución del número de asuntos de infracción abiertos demuestran la utilidad del sistema de Pilot UE, el cual ha tenido un efecto positivo al promover un control más eficiente del cumplimiento del Derecho de la Unión; reitera, no obstante, que el control del cumplimiento de la legislación de la Unión no es lo suficientemente transparente ni está sujeto a un verdadero escrutinio por parte de los denunciantes y de las partes interesadas, y lamenta que, a pesar de sus reiteradas solicitudes, el Parlamento siga sin tener un acceso adecuado a la información sobre el procedimiento de Pilot UE ni a los asuntos pendientes; pide a la Comisión, en este sentido, que ofrezca una mayor transparencia en lo que respecta a la información sobre el procedimiento Pilot UE, así como sobre los asuntos pendientes;

17.  Considera que las sanciones pecuniarias por incumplimiento del Derecho de la Unión deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias y deben tener en cuenta los casos recurrentes de incumplimiento en el mismo ámbito, y que se han de respetar los derechos que la legislación atribuye a los Estados miembros;

18.  Señala que en una Unión Europea basada en el Estado de Derecho y en la certeza y previsibilidad de las leyes, los ciudadanos de la Unión tienen derecho a ser los primeros en conocer de manera clara, accesible, transparente y rápida (mediante internet y otros medios) si se han adoptado normas nacionales mediante transposición de la legislación de la Unión, cuáles son estas normas y cuáles son las autoridades nacionales responsables de su correcta aplicación;

19.  Pide a la Comisión que conecte entre sí todos los diferentes portales, puntos de acceso y sitios web de información en un único portal que ofrezca a los ciudadanos un acceso fácil a los formularios de denuncia en línea y una información de fácil comprensión sobre los procedimientos de infracción; pide asimismo a la Comisión que incluya en su próximo informe de control información más detallada sobre el uso de dichos portales;

20.  Pone de relieve que el deber de cooperación leal entre la Comisión y el Parlamento es una obligación que recae sobre ambas instituciones; pide, por consiguiente, que se revise el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea para permitir que la información sobre los procedimientos de Pilot UE se transmita mediante un documento (confidencial) a la comisión del Parlamento Europeo que sea competente de la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión;

21.  Recuerda que, en su Resolución de 15 de enero de 2013(2), el Parlamento pidió la adopción de un reglamento de la Unión sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea con arreglo al artículo 298 del TFUE, pero que, a pesar de que la Resolución se aprobó por abrumadora mayoría (572 votos a favor, 16 en contra y 12 abstenciones), la Comisión no presentó ninguna propuesta en respuesta a la solicitud del Parlamento; pide a la Comisión que vuelva a examinar la Resolución del Parlamento con el fin de formular una propuesta de acto legislativo relativo a la Ley de Procedimiento Administrativo;

22.  Lamenta, más en concreto, que no se haya dado seguimiento a su petición de normas vinculantes en forma de reglamento que definan los distintos aspectos del procedimiento de infracción y del procedimiento previo a este —incluidos notificaciones, plazos vinculantes, el derecho a ser escuchado, la obligación de motivación y el derecho de toda persona a acceder a su expediente— con el fin de reforzar los derechos de los ciudadanos y garantizar la transparencia;

23.  Recuerda, en este contexto, que la Comisión de Asuntos Jurídicos ha creado un nuevo grupo de trabajo sobre Derecho administrativo que ha decidido elaborar un verdadero proyecto de reglamento sobre el procedimiento administrativo de la administración de la Unión para que sirva de «fuente de inspiración» a la Comisión, no con el fin de poner en entredicho el derecho de iniciativa de la Comisión, sino con el de demostrar que la adopción de dicho reglamento sería a la vez útil y viable;

24.  Considera que la intención de ese proyecto de reglamento no es sustituir la legislación existente de la Unión, sino complementarla cuando se detecten lagunas o surjan problemas de interpretación, y aportar mayor accesibilidad, claridad y coherencia a la interpretación de normas existentes en beneficio tanto de los ciudadanos y las empresas como de la administración y su personal;

25.  Pide una vez más a la Comisión, por lo tanto, que presente una propuesta legislativa sobre una Ley de Procedimiento Administrativo de la Unión Europea, teniendo en cuenta los pasos dados por el Parlamento Europeo hasta la fecha en este ámbito;

26.  Recuerda que las instituciones de la Unión están sujetas a los Tratados y a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, también cuando actúan como miembros de grupos de prestamistas internacionales («troikas»);

27.  Pide a la Comisión que haga del cumplimiento del Derecho de la Unión una verdadera prioridad política que deberá perseguirse en estrecha colaboración con el Parlamento, que a su vez tiene el deber de a) exigir responsabilidad política a la Comisión y b), en su calidad de órgano colegislador, asegurarse de que se le informe plenamente con miras a la mejora constante de su labor legislativa;

28.  Apoya la creación de un procedimiento dentro del Parlamento para hacer un seguimiento de la aplicación del Derecho de la Unión en los Estados miembros que pueda analizar la cuestión del incumplimiento respecto de un país concreto y que tenga en cuenta el hecho de que las comisiones permanentes competentes del Parlamento hacen un seguimiento de la aplicación del Derecho de la Unión dentro de sus ámbitos de competencia respectivos.

29.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0322.
(2) DO C 440 de 30.12.2015, p. 17.


Comercialización de semillas del maíz modificado genéticamente Bt11
PDF 262kWORD 44k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01 – 2016/2919(RSP))
P8_TA(2016)0386B8-1083/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se aplica la decisión relativa a la comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente Bt11 (SYN-BTØ11-1) (D046173/01),

–  Vista la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo(1), y en particular su artículo 18, apartado 1,

–  Visto el dictamen emitido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) el 19 de mayo de 2005(2),

–  Visto el Dictamen de la EFSA, de 6 de diciembre de 2012, en el que se actualizan las conclusiones sobre evaluación del riesgo y las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo del maíz modificado genéticamente y resistente a los insectos MON 810(3),

–  Visto el Dictamen científico aprobado por la EFSA el 6 de diciembre de 2012 que complementa las conclusiones de la evaluación de los riesgos medioambientales y las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo del maíz Bt11 y MON 810 modificado genéticamente y resistente a los insectos con fines de cultivo(4),

–  Visto el Dictamen científico emitido por la EFSA el 28 de mayo de 2015 en el que se actualizan las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo para limitar la exposición no deseada al polen de maíz Bt de los lepidópteros objeto de conservación en hábitats protegidos(5),

–  Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión(6),

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la comercialización para su cultivo, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un producto de maíz (Zea mays L., línea 1507) modificado genéticamente para hacerlo resistente a algunas plagas de lepidópteros(7),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento,

A.  Considerando que la notificación (Referencia C/F/96/05.10) relativa a la comercialización de maíz genéticamente modificado «Bt11» fue presentada en 1996 por Syngenta Seeds SAS (antes Novartis Seeds) a las autoridades competentes de Francia con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo(8); que en 2003 se presentó una notificación actualizada de conformidad con la Directiva 2001/18/CE;

B.  Considerando que en el maíz modificado genéticamente Bt11 se expresa la proteína Cry1Ab, que es una proteína Bt (derivada del Bacillus thuringiensis subespecie Kurstaki) que le confiere resistencia frente al piral del maíz (Ostrinia nubilalis) y al taladro del maíz del suroeste (Sesamia nonagrioide), así como la proteína PAT, que confiere tolerancia frente al herbicida glufosinato de amonio;

C.  Considerando que el glufosinato está clasificado como tóxico para la reproducción y, por lo tanto, cabe aplicarle los criterios de exclusión establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1107/2009; que, en el caso de sustancias que ya han sido aprobadas, los criterios de exclusión se aplican a la hora de renovar la aprobación; que la aprobación del glufosinato vence en 2017; que, en principio, el uso del glufosinato debería terminar, por lo tanto, en 2017;

D.  Considerando que, de conformidad con el artículo 26 quater, apartado 2, de la Directiva 2001/18/CE, el cultivo de maíz modificado genéticamente Bt11 está prohibido en los siguientes territorios: Valonia (Bélgica), Bulgaria, Dinamarca, Alemania (salvo con fines de investigación), Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Eslovenia, Irlanda del Norte (Reino Unido), Escocia (Reino Unido), Gales (Reino Unido);

E.  Considerando que, según la EFSA, las pruebas indican que aproximadamente entre el 95 y el 99 % del polen liberado se deposita en una superficie de unos 50 metros desde la fuente del polen, aunque movimientos o ráfagas de viento verticales durante la liberación del polen pueden elevarlo a la atmósfera y dispersarlo a importantes distancias de hasta varios kilómetros;

F.  Considerando que en su dictamen de 2005 la EFSA consideró que el maíz no tiene en Europa especies silvestres emparentadas con que pueda cruzarse, por lo que consideró en ese momento que no se podían prever efectos medioambientales involuntarios debidos a su presencia y su difusión;

G.  Considerando que el teosinte, ancestro del maíz cultivado, está presente en España desde 2009; que las poblaciones de teosinte pueden convertirse en receptoras de ADN transgénico procedente del maíz modificado genéticamente MON810, que se cultiva en algunas de las regiones españolas en las que el teosinte está muy difundido; que la información genética podría pasar al teosinte mediante cruzamiento, haciendo que éste comience a producir la toxina Bt, y conferir una mayor capacidad de supervivencia a los híbridos de maíz y teosinte en comparación con las plantas de teosinte originales; que se trata de una posibilidad con riesgos muy importantes para los agricultores y el medio ambiente;

H.  Considerando que las autoridades competentes españolas han informado a la Comisión de la presencia de teosinte en los campos de maíz españoles, incluida una presencia muy limitada en campos de maíz genéticamente modificado; que la información disponible indica que también se ha comprobado la presencia de teosinte en Francia;

I.  Considerando que el 13 de julio de 2016 la Comisión pidió a la EFSA que evaluara antes de finales de septiembre de 2016 si, sobre la base de la documentación científica existente o de otra información pertinente, existían nuevos elementos que permitieran modificar las conclusiones y recomendaciones incluidas en los dictámenes científicos de la EFSA sobre el cultivo de maíz modificado genéticamente MON 810, Bt11, 1507 y GA21;

J.  Considerando que en el punto 24 de su proyecto de Decisión de Ejecución la Comisión pide a la EFSA que considere dos niveles de mortalidad local «aceptable» (0,5 % y 1 %); que, no obstante, en su Dictamen científico de 28 de mayo de 2015 en el que se actualizan las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo para limitar la exposición al polen de maíz Bt de los lepidópteros que son no objeto de conservación en hábitats protegidos, la EFSA afirma con claridad que todo nivel específico de protección utilizado para fines de ilustración por su Comisión Técnica sobre Organismos Modificados Genéticamente solo tiene como fin servir de ejemplo y que cualquier límite aplicado es necesariamente arbitrario y debe estar sujeto a modificaciones en función de los objetivos de protección en vigor en el seno de la Unión;

K.  Considerando que en el proyecto de Decisión de Ejecución la Comisión se inclina por la tasa de mortalidad local inferior al 0,5 %, y que en el anexo a la misma prevé unas distancias de aislamiento arbitrarias de al menos 5 metros entre un campo de maíz Bt11 y un hábitat protegido, tal y como se define en el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2004/35/CE, a pesar de que la EFSA confirma claramente que la imposición de una distancia de aislamiento de 20 metros alrededor de un hábitat protegido desde el cultivo de maíz Bt11/MON 810 más cercano reduciría la mortalidad local, incluso la de las larvas de lepidópteros no objetivo sumamente sensibles, a un nivel inferior al 0,5 % , es decir una distancia cuatro veces superior a la propuesta por la Comisión;

L.  Considerando que en su Dictamen científico aprobado el 28 de mayo de 2015 en el que se actualizan las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo para limitar la exposición no deseada de los lepidópteros objeto de conservación en hábitats protegidos, la EFSA declara que no se dispone actualmente de datos suficientes para poder situar la mortalidad de las larvas relacionada con la toxina Bt en el contexto de la mortalidad global;

1.  Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión excede las competencias de ejecución que le atribuye la Directiva 2001/18/CE;

2.  Considera que la evaluación de riesgo relativa al cultivo efectuada por la EFSA sobre el cultivo es incompleta y que las recomendaciones para la gestión del riesgo propuestas por la Comisión son inadecuadas;

3.  Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión no es coherente con la legislación de la Unión, al ser incompatible con el propósito de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que es, de conformidad con el principio de precaución, aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros y proteger la salud humana y el medio ambiente cuando se produzcan liberaciones intencionales en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente para cualquier otro propósito distinto del de su comercialización en la Comunidad o de la comercialización de organismos modificados genéticamente como productos o componentes de productos en la Comunidad;

4.  Pide a la Comisión que retire su proyecto de Decisión de Ejecución;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 106 de 17.4.2001, p. 1.
(2) Dictamen de la Comisión científica sobre organismos modificados genéticamente sobre una solicitud de la Comisión en relación con la notificación (referencia C/F/96/05.10 ) sobre la comercialización de maíz resistente a los insectos modificado genéticamente Bt11 con fines de cultivo, alimentación y transformación industrial , con arreglo a la parte C de la Directiva 2001/18/CE de Semillas Syngenta, The EFSA Journal (2005) 213, 1-33.
(3) Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Dictamen científico en el que se actualizan las conclusiones sobre evaluación del riesgo y las recomendaciones para la gestión del riesgo relativas al maíz modificado genéticamente y resistente a los insectos MON 810. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Dictamen científico que complementa las conclusiones de la evaluación de los riesgos medioambientales y las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo del maíz Bt11 y MON 810 modificado genéticamente y resistente a los insectos con fines de cultivo. EFSA Journal 2012;10(12):3016. [32 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente (OMG), 2015. Dictamen científico en el que se actualizan las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo para limitar la exposición no deseada al polen de maíz Bt de los lepidópteros objeto de conservación en hábitats protegidos. EFSA Journal 2015:13(7):4127 [31 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4127
(6) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0036.
(8) Directiva 90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (DO L 117 de 8.5.1990, p. 15).


Comercialización de semillas del maíz modificado genéticamente 1507
PDF 263kWORD 44k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00 – 2016/2920(RSP))
P8_TA(2016)0387B8-1085/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se aplica la decisión relativa a la comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) (D046172/00),

–  Vista la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo(1), y en particular su artículo 18, apartado 1,

–  Visto el Dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), actualizado por última vez el 24 de febrero de 2012, en el que se actualizan la evaluación del riesgo ambiental y las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo del maíz modificado genéticamente 1507 resistente a los insectos con fines de cultivo(2),

–  Visto el Dictamen científico de la EFSA, de 18 de octubre de 2012, que complementa las conclusiones sobre la evaluación del riesgo medioambiental y las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo del maíz modificado genéticamente 1507 resistente a los insectos con fines de cultivo(3),

–  Visto el Dictamen científico de la EFSA, de 6 de diciembre de 2012, en el que se actualizan las conclusiones sobre evaluación del riesgo y las recomendaciones para la gestión del riesgo relativas al maíz modificado genéticamente MON 810 resistente a los insectos(4),

–  Visto el Dictamen científico de la EFSA, de 6 de diciembre de 2012, que complementa las conclusiones de la evaluación del riesgo medioambiental y las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo del maíz modificado genéticamente Bt11 y MON 810 resistente a los insectos con fines de cultivo(5),

–  Visto el Dictamen científico de la EFSA, de 28 de mayo de 2015, en el que se actualizan las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo para limitar los riesgos de exposición no deseada al polen de maíz Bt de los lepidópteros objeto de conservación en hábitats protegidos(6),

–  Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión(7),

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la comercialización para su cultivo, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un producto de maíz (Zea mays L., línea 1507) modificado genéticamente para hacerlo resistente a algunas plagas de lepidópteros(8),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento,

A.  Considerando que la notificación (Referencia C/ES/01/01) relativa a la comercialización de maíz modificado genéticamente 1507 fue presentada en 2001 por Pioneer Overseas Corporation y Dow AgroSciences Europe Ltd a la autoridad competente española de conformidad con la Directiva 90/220/CEE del Consejo(9); que en 2003 se presentó una notificación actualizada de conformidad con la Directiva 2001/18/CE;

B.  Considerando que en el maíz modificado genéticamente 1507 se expresa la proteína Cry1F, que es una proteína Bt (derivada del Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki) que le confiere resistencia frente al piral del maíz (Ostrinia nubilalis) y otras plagas de lepidópteros como el barrenador del maíz (Sesamia spp.), el cogollero del maíz (Spodoptera frugiperda), el gusano cortador grasiento (Agrotis ipsilon) y el barrenador del maíz del suroeste (Diatraea grandiosella), así como la proteína PAT, que confiere tolerancia a herbicidas compuestos de glufosinato de amonio;

C.  Considerando que el glufosinato está clasificado como tóxico para la reproducción y, por lo tanto, cabe aplicarle los criterios de exclusión establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1107/2009; que, en el caso de sustancias que ya han sido aprobadas, los criterios de exclusión se aplican a la hora de renovar la aprobación; que la aprobación del glufosinato vence en 2017; que, en principio, el uso del glufosinato debería terminar, por lo tanto, en 2017;

D.  Considerando que, de conformidad con el artículo 2 quater, apartado 2, de la Directiva 2001/18/CE, el cultivo de maíz modificado genéticamente 1507 está prohibido en los siguientes territorios: Valonia (Bélgica), Bulgaria, Dinamarca, Alemania (salvo con fines de investigación), Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Eslovenia, Irlanda del Norte (Reino Unido), Escocia (Reino Unido), y Gales (Reino Unido);

E.  Considerando que, según la EFSA, existen pruebas de que aproximadamente entre el 95 y el 99 % del polen liberado se deposita en una superficie de aproximadamente 50 metros desde la fuente del polen, aunque movimientos o ráfagas de viento verticales durante la emisión del polen pueden elevarlo a la atmósfera y dispersarlo sobre importantes distancias de varios kilómetros;

F.  Considerando que la Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente considera preocupante la posible evolución de la resistencia a la proteína Cry1F en plagas de lepidópteros objetivo en relación con el cultivo de maíz 1507, ya que la evolución de la resistencia puede dar lugar a prácticas de control de las plagas alteradas que pueden tener efectos perjudiciales en el medio ambiente;

G.  Considerando que el teosinte, ancestro del maíz cultivado, está presente en España desde 2009; que las poblaciones de teosinte pueden convertirse en receptoras de ADN transgénico procedente del maíz modificado genéticamente MON810, que se cultiva en algunas de las regiones españolas en las que el teosinte está muy extendido; que la información genética podría pasar al teosinte mediante cruzamiento, haciendo que este comience a producir la toxina Bt, y confiriendo una mayor capacidad de supervivencia a los híbridos de maíz y teosinte en comparación con las plantas de teosinte originales; que se trata de un escenario con riesgos muy importantes para los agricultores y el medio ambiente;

H.  Considerando que las autoridades competentes españolas han informado a la Comisión sobre la presencia de teosinte en los campos de maíz españoles, incluida la presencia muy limitada en campos de maíz modificado genéticamente; que la información disponible también indica que se ha constatado la presencia de teosinte en Francia;

I.  Considerando que el 13 de julio de 2016 la Comisión pidió a la EFSA que evaluara antes de finales de septiembre de 2016 si, sobre la base de la documentación científica existente o de otra información pertinente, existían nuevos elementos que permitieran modificar las conclusiones y recomendaciones incluidas en los dictámenes científicos de la EFSA sobre el cultivo de maíz modificado genéticamente MON 810, Bt11, 1507 y GA21;

J.  Considerando que en el punto 24 de su proyecto de Decisión de Ejecución la Comisión alega que la EFSA consideró dos niveles de mortalidad local «aceptable» (0,5 % y 1 %); que, no obstante, en su Dictamen científico, de 28 de mayo de 2015, en el que se actualizan las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo para limitar los riesgos de exposición no deseada al polen de maíz Bt de los lepidópteros objeto de conservación en hábitats protegidos, la EFSA destaca con total claridad que todo nivel específico de protección utilizado para fines de ilustración por su Comisión Técnica sobre Organismos Modificados Genéticamente solo tiene como fin servir de ejemplo, y que cualquier límite aplicado es necesariamente arbitrario y debe estar sujeto a modificaciones en función de los objetivos de protección en vigor en el seno de la Unión;

K.  Considerando que en su proyecto de Decisión de Ejecución la Comisión se inclina por la tasa de mortalidad local inferior al 0,5 %, y en el anexo a la misma prevé unas distancias de aislamiento arbitrarias de al menos 20 metros entre un campo de maíz 1507 y un hábitat protegido, tal y como se define en el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2004/35/CE, a pesar de que la EFSA confirma claramente que la imposición de una distancia de aislamiento de 30 metros alrededor de un hábitat protegido desde el cultivo de maíz 1507 más cercano reduciría la mortalidad local, incluso la de las larvas de lepidópteros no objetivo sumamente sensibles, a un nivel igual o inferior al 0,5 %, es decir una distancia superior a la propuesta por la Comisión;

L.  Considerando que en su Dictamen científico, de 28 de mayo de 2015, en el que se actualizan las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo para limitar los riesgos de exposición no deseada de los lepidópteros objeto de conservación en hábitats protegidos, la EFSA declara que no se dispone actualmente de datos suficientes para poder situar la mortalidad de las larvas relacionada con la toxina Bt en el contexto de la mortalidad global;

1.  Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión excede las competencias de ejecución que le atribuye la Directiva 2001/18/CE;

2.  Considera que la evaluación del riesgo relativa al cultivo realizada por la EFSA es incompleta y que las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo propuestas por la Comisión son inadecuadas;

3.  Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión no es coherente con la legislación de la Unión, al ser incompatible con el propósito de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que es, de conformidad con el principio de precaución, aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros y proteger la salud humana y el medio ambiente cuando se produzcan liberaciones intencionales en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente para cualquier otro propósito distinto del de su comercialización en la Comunidad, o se comercialicen organismos modificados genéticamente como productos o componentes de productos en la Comunidad;

4.  Pide a la Comisión que retire su proyecto de Decisión de Ejecución;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 106 de 17.4.2001, p. 1.
(2) Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Dictamen científico en el que se actualizan la evaluación del riesgo medioambiental y las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo del maíz modificado genéticamente 1507 resistente a los insectos con fines de cultivo. EFSA Journal 2011;9(11):2429 [73 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2429.
(3) Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Dictamen científico que complementa las conclusiones sobre la evaluación del riesgo medioambiental y las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo del maíz modificado genéticamente 1507 resistente a los insectos con fines de cultivo. EFSA Journal 2012; 10(11):2934 [36 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.2934.
(4) Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Dictamen científico en el que se actualizan las conclusiones sobre evaluación del riesgo y las recomendaciones para la gestión del riesgo relativas al maíz modificado genéticamente MON 810 resistente a los insectos. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(5) Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Dictamen científico que complementa las conclusiones de la evaluación de los riesgos medioambientales y las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo del maíz modificado genéticamente Bt11 y MON 810 resistente a los insectos con fines de cultivo. EFSA Journal 2012; 10(12):3016: [32 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(6) Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente (OMG), 2015. Dictamen científico en el que se actualizan las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo para limitar los riesgos de exposición no deseada al polen de maíz Bt de los lepidópteros objeto de conservación en hábitats protegidos. EFSA Journal 2015; 13(7):4127 [31 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(7) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
(8) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0036.
(9) Directiva 90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (DO L 117 de 8.5.1990, p. 15).


Renovación de la autorización de las semillas del maíz modificado genéticamente MON 810
PDF 264kWORD 47k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 – 2016/2921(RSP))
P8_TA(2016)0388B8-1086/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00),

–  Visto el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente(1), y en particular su artículo 23, apartado 3,

–  Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión(2),

–  Visto el Dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, de 6 de diciembre de 2012, en el que se actualizan las conclusiones sobre evaluación del riesgo y las recomendaciones para la gestión del riesgo relativas al maíz modificado genéticamente MON 810 resistente a los insectos(3),

–  Visto el Dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, adoptado el 6 de diciembre de 2012, que complementa las conclusiones de la evaluación de los riesgos medioambientales y las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo del maíz modificado genéticamente Bt11 y MON 810 resistente a los insectos con fines de cultivo(4),

–  Visto el Dictamen de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, de 28 de mayo de 2015, en el que se actualizan las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo para limitar la exposición no deseada al polen de maíz Bt de los lepidópteros objeto de conservación en hábitats protegidos(5),

–  Visto el Dictamen científico de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, de 9 de marzo de 2016, sobre el informe anual sobre vigilancia medioambiental posterior a la comercialización sobre el cultivo de maíz modificado genéticamente MON 810 en 2014 por Monsanto Europe S.A.(6),

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la comercialización para su cultivo, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un producto de maíz (Zea mays L., línea 1507) modificado genéticamente para hacerlo resistente a algunas plagas de lepidópteros(7),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento,

A.  Considerando que, los días 11 y 18 de abril de 2007, Monsanto Europe S.A. presentó a la Comisión tres solicitudes, de conformidad con los artículos 11 y 23 del Reglamento (CE) n.° 1829/2003, de renovación de la autorización de alimentos, ingredientes alimentarios y piensos existentes producidos a partir de maíz MON 810, de la autorización de piensos que contienen y se componen de maíz MON 810 y de la autorización del maíz MON 810 en productos que se componen de él o lo contienen para cualquier uso que no sea como alimento o pienso, al igual que otros tipos de maíz, incluido el cultivo; que después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n.° 1829/2003, estos productos se notificaron a la Comisión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letras a) y b), y al artículo 20, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, y se incorporaron al Registro de Alimentos y Piensos Modificados Genéticamente de la UE;

B.  Considerando que el 9 de marzo de 2016 Monsanto Europe S.A. envió una carta a la Comisión solicitando que la parte de la solicitud relativa al cultivo se considerase de manera independiente al resto de la solicitud;

C.  Considerando que, según se describe en la solicitud, en el maíz modificado genéticamente MON 810 se expresa la proteína Cry1Ab, derivada del Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki, que le confiere protección frente a determinadas plagas de insectos lepidópteros, incluidos el piral del maíz (Ostrinia nubilalis) y el barrenador del maíz (Sesamia spp.);

D.  Considerando que la comercialización de semillas de maíz modificado genéticamente MON 810 con fines de cultivo fue autorizada inicialmente, de conformidad con la Directiva 90/220/CEE(8) del Consejo, por medio de la Decisión 98/294/CE(9) de la Comisión; que, el 3 de agosto de 1998, Francia autorizó a Monsanto Europe S. A. (en lo sucesivo, «Monsanto») a comercializar los productos del maíz MON 810;

E.  Considerando que, de conformidad con el artículo 26 quater, apartado 2, de la Directiva 2001/18/CE, el cultivo de maíz modificado genéticamente MON 810 debe prohibirse en los siguientes territorios: Valonia (Bélgica), Bulgaria, Dinamarca, Alemania (salvo con fines de investigación), Grecia, Francia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, los Países Bajos, Austria, Polonia, Eslovenia, Irlanda del Norte (Reino Unido), Escocia (Reino Unido) y Gales (Reino Unido);

F.  Considerando que, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), las pruebas indican que aproximadamente entre el 95 y el 99 % del polen liberado se deposita en una superficie de unos 50 metros desde la fuente del polen, aunque movimientos o ráfagas de viento verticales durante la liberación del polen pueden elevarlo a la atmósfera y dispersarlo a importantes distancias de varios kilómetros;

G.  Considerando que la EFSA excluyó de manera arbitraria la polinización cruzada del ámbito de los dictámenes sobre el maíz MON 810, pasando así por alto los riesgos potenciales para la diversidad biológica;

H.  Considerando que el teosinte, ancestro del maíz cultivado, está presente en España desde 2009; que las poblaciones de teosinte pueden convertirse en receptoras de ADN transgénico procedente del maíz modificado genéticamente MON 810, que se cultiva en algunas de las regiones españolas en las que el teosinte está muy extendido; que la información genética podría pasar al teosinte, haciendo que este comience a producir la toxina Bt, y confiriendo una mayor capacidad de supervivencia a los híbridos de maíz y teosinte en comparación con las plantas de teosinte originales; que se trata de una posibilidad con riesgos muy importantes para los agricultores y el medio ambiente;

I.  Considerando que las autoridades competentes españolas informaron a la Comisión sobre la presencia de teosinte en los campos de maíz españoles, incluida la presencia muy limitada en campos de maíz modificado genéticamente; que la información disponible indica, además, que también se ha comprobado la presencia de teosinte en Francia;

J.  Considerando que, el 13 de julio de 2016, la Comisión pidió a la EFSA que evaluara antes de finales de septiembre de 2016 si, sobre la base de la documentación científica existente o de otra información pertinente, se habían encontrado nuevas pruebas que permitieran modificar las conclusiones y recomendaciones incluidas en los dictámenes científicos de la EFSA sobre el cultivo de maíz modificado genéticamente MON 810, Bt11, 1507 y GA21;

K.  Considerando que, en el punto 22 de su proyecto de Decisión de Ejecución, la Comisión alega que la EFSA consideró dos niveles de mortalidad local «aceptable» (0,5 % y 1 %); que, no obstante, en su dictamen científico, de 28 de mayo de 2015, en el que se actualizan las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo para limitar la exposición no deseada al polen de maíz Bt de los lepidópteros objeto de conservación en hábitats protegidos, la EFSA destaca con total claridad que todo nivel específico de protección utilizado para fines de ilustración por su Comisión Técnica sobre Organismos Modificados Genéticamente solo tiene como fin servir de ejemplo, y que cualquier límite aplicado es necesariamente arbitrario y debe estar sujeto a modificaciones en función de los objetivos de protección en vigor en el seno de la Unión;

L.  Considerando que, en su proyecto de Decisión de Ejecución, la Comisión se inclina por la tasa de mortalidad local inferior al 0,5 %, y que en el anexo a la misma prevé unas distancias de aislamiento arbitrarias de al menos 5 metros entre un campo de maíz MON 810 y un hábitat protegido, tal y como se define en el artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2004/35/CE, a pesar de que la EFSA confirma claramente que la imposición de una distancia de aislamiento de 20 metros alrededor de un hábitat protegido desde el cultivo de maíz Bt11/MON 810 más cercano, es decir una distancia cuatro veces superior a la propuesta por la Comisión, reduciría la mortalidad local, incluso la de las larvas de lepidópteros no objetivo sumamente sensibles, a un nivel inferior al 0,5 %;

M.  Considerando que en su dictamen científico adoptado el 28 de mayo de 2015, en el que se actualizan las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo para limitar la exposición no deseada al polen de maíz Bt de los lepidópteros objeto de conservación en hábitats protegidos, la EFSA declara que no se dispone actualmente de datos suficientes para poder situar la mortalidad de las larvas relacionada con la toxina Bt en el contexto de la mortalidad global;

N.  Considerando que existe un historial de continua falta de vigilancia medioambiental posterior a la comercialización, dado que la EFSA señala que el informe de 2014 sobre vigilancia medioambiental posterior a la comercialización muestra la inobservancia parcial respecto del establecimiento de refugios exentos de Bt en España, ya señalada en años anteriores, y que se han detectado deficiencias metodológicas similares a las detectadas en anteriores informes anuales sobre vigilancia medioambiental posterior a la comercialización sobre el maíz MON 810 en el análisis de cuestionarios para los agricultores y el estudio de la bibliografía;

O.  Considerando que cada año la Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente reitera con insistencia, en vano, sus recomendaciones sobre la vigilancia medioambiental posterior a la comercialización del maíz MON 810, a saber, que se facilite información más detallada sobre la metodología de muestreo, que se reduzca la posibilidad de parcialidad en la selección en los cuestionarios para los agricultores y que se vele por la identificación de toda publicación científica pertinente; que, por lo que respecta a la mejora del marco de muestreo de los cuestionarios para agricultores, la Comisión Técnica sobre Organismos Modificados Genéticamente reitera todos los años, sin éxito, la importancia de los registros nacionales de cultivo de organismos modificados genéticamente y sus recomendaciones a los titulares de autorización de que estudien la manera de hacer el mejor uso posible de la información contenida en los registros nacionales, promoviendo el diálogo con los responsables de la administración de tales registros por cuanto se refiere al cultivo del maíz MON 810;

1.  Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión excede las competencias de ejecución previstas en el Reglamento (CE) n.° 1829/2003;

2.  Considera que la evaluación del riesgo relativa al cultivo realizada por la EFSA es incompleta y que las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo propuestas por la Comisión son inadecuadas;

3.  Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión no es coherente con la legislación de la Unión, al ser incompatible con el propósito del Reglamento (CE) n.° 1829/2003, que es, con arreglo a los principios generales establecidos en el Reglamento (CE) n.° 178/2002, proporcionar la base para poder asegurar un elevado nivel de protección de la vida y la salud humanas, de la salud y el bienestar de los animales, del medio ambiente y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos y piensos modificados genéticamente, garantizando al mismo tiempo el eficaz funcionamiento del mercado interior;

4.  Pide a la Comisión que retire su proyecto de Decisión de Ejecución;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
(2) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
(3) Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente (OGM). Dictamen científico en el que se actualizan las conclusiones sobre evaluación del riesgo y las recomendaciones para la gestión del riesgo relativas al maíz modificado genéticamente MON 810 resistente a los insectos. EFSA Journal 2012; 10(12):3017 [98 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente (OGM). Dictamen científico que complementa las conclusiones de la evaluación de los riesgos medioambientales y las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo del maíz modificado genéticamente Bt11 y MON 810 resistente a los insectos con fines de cultivo. EFSA Journal 2012; 10(12):3016 [32 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.
(5) Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente (OGM); Dictamen científico en el que se actualizan las recomendaciones relativas a la gestión del riesgo para limitar la exposición no deseada al polen de maíz Bt de los lepidópteros objeto de conservación en hábitats protegidos. EFSA Journal 2015;13(7):4127 [31 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.
(6) Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente (OGM). Dictamen científico sobre el informe anual sobre vigilancia medioambiental posterior a la comercialización sobre el cultivo de maíz modificado genéticamente MON 810 en 2014 por Monsanto Europe S.A. EFSA Journal 2016;14(4)4446 [26 pp.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0036.
(8) Directiva 90/220/CEE del Consejo, de 23 de abril de 1990, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente (DO L 117 de 8.5.1990, p. 15).
(9) Decisión 98/294/CE de la Comisión, de 22 de abril de 1998, relativa a la comercialización de maíz (Zea mays L. línea MON 810) modificado genéticamente con arreglo a la Directiva 90/220/CEE del Consejo (DO L 131 de 5.5.1998, p. 32).


Renovación de la autorización de los productos del maíz modificado genéticamente MON 810
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Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos a base de maíz modificado genéticamente MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D046169/00 – 2016/2922(RSP))
P8_TA(2016)0389B8-1084/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos a base de maíz modificado genéticamente MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente(1), y en particular su artículo 11, apartado 3, y su artículo 23, apartado 3,

–  Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión(2),

–  Vista la votación efectuada el 8 de julio de 2016 en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se hace referencia en el artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, sin haberse emitido ningún dictamen,

–  Visto el dictamen científico emitido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) el 6 de diciembre de 2012(3),

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2279 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2015, por la que se autoriza la comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo(4),

–  Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo(5),

–  Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo(6),

–  Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente FG72 (MST-FGØ72-2) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo(7),

–  Vista su Resolución, de 8 de junio de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, y de maíces modificados genéticamente que combinan dos o tres de los eventos Bt11, MIR162, MIR604 y GA21, y por la que se derogan las Decisiones 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE y 2011/894/UE(8),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento,

A.  Considerando que los días 11 y 18 de abril de 2007, Monsanto Europe S.A. presentó tres solicitudes a la Comisión, de conformidad con los artículos 11 y 23 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, de renovación de la autorización de alimentos, ingredientes alimentarios y piensos existentes producidos a partir de maíz MON 810, de la autorización de piensos que contienen y se componen de maíz MON 810 y de la autorización del maíz MON 810 en productos que se componen de él o lo contienen para cualquier uso que no sea como alimento o pienso, al igual que otros tipos de maíz, incluido el cultivo; que después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, estos productos se notificaron a la Comisión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letras a) y b), y al artículo 20, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, y se incorporaron al Registro de Alimentos y Piensos Modificados Genéticamente de la UE;

B.  Considerando que el 9 de marzo de 2016 Monsanto Europe S.A. envió una carta a la Comisión solicitando que la parte de la solicitud relativa al cultivo se considerase de manera independiente al resto de la solicitud;

C.  Considerando que, según se describe en la solicitud, en el maíz modificado genéticamente MON-ØØ81Ø-6 se expresa la proteína Cry1Ab, derivada del Bacillus thuringiensis subespecie kurstaki, que le confiere protección frente a la depredación de determinadas plagas de insectos lepidópteros, incluidos el piral del maíz (Ostrinia nubilalis) y el barrenador del maíz (Sesamia spp.);

D.  Considerando que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión fue sometido a votación en el Comité permanente el 8 de julio de 2016 sin haberse emitido ningún dictamen;

E.  Considerando que las dos razones principales por las que los Estados miembros emitieron un voto negativo o se abstuvieron fueron la ausencia de estudios a largo plazo sobre alimentación y toxicidad y una evaluación del riesgo insuficiente;

F.  Considerando que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión se sometió a votación en el comité de apelación el 15 de septiembre de 2016, una vez más sin que se hubiera emitido ningún dictamen, y en dicha votación doce Estados miembros que representan el 38,74 % de la población de la Unión votaron a favor, once Estados miembros que representan el 18,01 % de la población de la Unión votaron en contra, cuatro Estados miembros que representan el 43,08 % de la población de la Unión se abstuvieron y un Estado miembro que representa el 0,17 % estuvo ausente durante la votación;

G.  Considerando que, el 22 de abril de 2015, en la exposición de motivos de su propuesta legislativa por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1829/2003, la Comisión lamentó que desde la entrada en vigor de dicho Reglamento las decisiones de autorización hayan sido adoptadas por la Comisión, de conformidad con la legislación aplicable, sin el apoyo de los dictámenes de los comités de los Estados miembros, y que la devolución del expediente a la Comisión para la adopción de la decisión final, que verdaderamente constituyó una excepción en el marco del procedimiento en su conjunto, se haya convertido en la norma a la hora de adoptar decisiones sobre autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente;

H.  Considerando que la propuesta legislativa de 22 de abril de 2015 por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 fue rechazada por el Parlamento el 28 de octubre de 2015 sobre la base de que, aunque el cultivo necesariamente tiene lugar en el territorio de un Estado miembro, el comercio de OMG cruza fronteras, lo que significa que una prohibición nacional «de venta y utilización» propuesta por la Comisión podría resultar imposible de aplicar sin la reintroducción de los controles fronterizos a las importaciones; que el Parlamento rechazó la propuesta legislativa por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 y pidió a la Comisión que retirase su propuesta y presentase otra nueva;

1.  Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión excede las competencias de ejecución previstas en el Reglamento (CE) n.º 1829/2003;

2.  Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión no es coherente con la legislación de la Unión, al ser incompatible con el objetivo del Reglamento (CE) n.° 1829/2003, que es, con arreglo a los principios generales establecidos en el Reglamento (CE) n.° 178/2002, proporcionar la base para poder asegurar un elevado nivel de protección de la vida y la salud humanas, de la salud y el bienestar de los animales, del medio ambiente y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos y piensos modificados genéticamente, garantizando al mismo tiempo el eficaz funcionamiento del mercado interior;

3.  Pide a la Comisión que retire su proyecto de Decisión de Ejecución;

4.  Pide a la Comisión que presente una nueva propuesta legislativa basada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por la que se modifique el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 para tener en cuenta las preocupaciones que a menudo se expresan a nivel nacional y que no solo se refieren a cuestiones asociadas a la seguridad de los OMG para la salud o el medio ambiente;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
(2) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
(3) Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Dictamen científico en el que se actualizan las conclusiones sobre evaluación del riesgo y las recomendaciones para la gestión del riesgo relativas al maíz modificado genéticamente y resistente a los insectos MON 810. EFSA Journal (2012); 10(12):3017. [98 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0456.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0040.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0039.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0038.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0271.


Comercialización del algodón modificado genéticamente 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913
PDF 358kWORD 47k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D046168/00 – 2016/2923(RSP))
P8_TA(2016)0390B8-1088/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D046168/00),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente(1), y en particular su artículo 7, apartado 3, y su artículo 19, apartado 3,

–  Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión(2),

–  Vista la votación celebrada el 8 de julio de 2016 en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal al que se hace referencia en el artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, sin haberse emitido ningún dictamen,

–  Visto el dictamen emitido por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el 9 de marzo de 2016(3),

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2279 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2015, por la que se autoriza la comercialización de productos que estén compuestos de maíz modificado genéticamente NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), lo contengan o se hayan producido a partir de él, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo(4),

–  Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo(5),

–  Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo(6),

–  Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente FG72 (MST-FGØ72-2) con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo(7),

–  Vista su Resolución, de 8 de junio de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, y de maíces modificados genéticamente que combinan dos o tres de los eventos Bt11, MIR162, MIR604 y GA21, y por la que se derogan las Decisiones 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE y 2011/894/UE(8),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento,

A.  Considerando que el 12 de marzo de 2009, Dow AgroSciences Europe presentó a la autoridad competente de los Países Bajos una solicitud, de conformidad con los artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, para la comercialización de alimentos, ingredientes alimentarios y piensos que se compongan de algodón 281-24-236 x 3006-210-23 × MON 88913, lo contengan o se hayan producido a partir de él;

B.  Considerando que en el algodón modificado genéticamente DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8, tal como se describe en la solicitud, se expresan la proteína fosfinotricina acetil transferasa (PAT), que confiere tolerancia a los herbicidas a base de glufosinato de amonio, y la proteína modificada CP4 5-enolpiruvil-shikimato-3-fosfato sintasa (CP4EPSPS), que confiere tolerancia a los herbicidas a base de glifosato, las proteínas Cry1F y Cry1Ac, que confieren protección contra algunas plagas de insectos lepidópteros, y que el Centro Internacional de Investigaciones contra el Cáncer (la agencia de la Organización Mundial de la Salud especializada en el cáncer) clasificó, el 20 de marzo de 2015, el glifosato como probablemente carcinógeno para las personas(9);

C.  Considerando que el proyecto de Decisión de Ejecución fue sometido a votación en el Comité permanente el 8 de julio de 2016 sin haberse emitido ningún dictamen;

D.  Considerando que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión se sometió a votación en el comité de apelación el 15 de septiembre de 2016, una vez más sin que se hubiera emitido ningún dictamen, y en dicha votación once Estados miembros que representan el 38,66 % de la población de la Unión votaron a favor, catorce Estados miembros que representan el 33,17 % de la población de la Unión votaron en contra, dos Estados miembros que representan el 28 % de la población de la Unión se abstuvieron y un Estado miembro que representa el 0,17 % estuvo ausente durante la votación;

E.  Considerando que, el 22 de abril de 2015, en la exposición de motivos de su propuesta legislativa por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1829/2003, la Comisión lamentó que desde la entrada en vigor de dicho Reglamento las decisiones de autorización hayan sido adoptadas por la Comisión, de conformidad con la legislación aplicable, sin el apoyo de los dictámenes de los comités de los Estados miembros, y que la devolución del expediente a la Comisión para la adopción de la decisión final, que verdaderamente constituyó una excepción en el marco del procedimiento en su conjunto, se haya convertido en la norma a la hora de adoptar decisiones sobre autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente;

F.  Considerando que la propuesta legislativa de 22 de abril de 2015 por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 fue rechazada por el Parlamento el 28 de octubre de 2015(10) sobre la base de que, aunque el cultivo necesariamente tiene lugar en el territorio de un Estado miembro, el comercio de OMG cruza fronteras, lo que significa que una prohibición nacional «de venta y utilización» propuesta por la Comisión podría resultar imposible de aplicar sin la reintroducción de los controles fronterizos a las importaciones; que el Parlamento rechazó la propuesta legislativa por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 y pidió a la Comisión que retirase su propuesta y presentase otra nueva;

1.  Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión excede las competencias de ejecución previstas en el Reglamento (CE) n.º 1829/2003;

2.  Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión no es coherente con la legislación de la Unión, al ser incompatible con el propósito del Reglamento (CE) n.° 1829/2003, que es, con arreglo a los principios generales establecidos en el Reglamento (CE) n.° 178/2002, proporcionar la base para poder asegurar un elevado nivel de protección de la vida y la salud humanas, de la salud y el bienestar de los animales, del medio ambiente y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos y piensos modificados genéticamente, garantizando al mismo tiempo el eficaz funcionamiento del mercado interior;

3.  Pide a la Comisión que retire su proyecto de Decisión de Ejecución;

4.  Pide a la Comisión que presente una nueva propuesta legislativa basada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por la que se modifique el Reglamento (CE) n.° 1829/2003 para tener en cuenta las preocupaciones que a menudo se expresan a nivel nacional y que no solo se refieren a cuestiones asociadas a la seguridad de los OMG para la salud o el medio ambiente;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
(2) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
(3) Comisión Técnica de la EFSA sobre Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Dictamen científico sobre la solicitud presentada por Dow Agrosciences LLC (EFSA-GMO-NL-2009-68) para la comercialización de algodón 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 destinado a la alimentación humana y animal, la importación y la transformación con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003. EFSA Journal (2016); 14(4):4430. [21 pp.] doi:10.2903/j.efsa.2016.4430.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0456.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0040.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0039.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0038.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0271.
(9) Monografías del CIIC, volumen 112: evaluación de cinco insecticidas y herbicidas organofosforados, 20 de marzo de 2015http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0379.

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