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Jueves 27 de octubre de 2016 - EstrasburgoEdición definitiva
Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Consejo Europeo y Consejo
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Aprobación de la gestión 2014: Presupuesto general de la UE - Consejo Europeo y Consejo
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Decisión
Resolución
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección II – Consejo Europeo y Consejo (2015/2156(DEC))
P8_TA(2016)0418A8-0271/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2014 (COM(2015)0377 – C8-0201/2015)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad(4) de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas su Decisión, de 28 de abril de 2016(5), por la que se aplaza la decisión de aprobación de la gestión para el ejercicio 2014, y la Resolución que la acompaña,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(6) del Consejo, y, en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0271/2016),

1.  Deniega al Secretario General del Consejo la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección II – Consejo Europeo y Consejo (2015/2156(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección II – Consejo Europeo y Consejo,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0271/2016),

A.  Considerando que todas las instituciones de la Unión deben ser transparentes y plenamente responsables ante los ciudadanos de la Unión por los fondos que se les confían en tanto que instituciones de la Unión;

B.  Considerando que el Consejo Europeo y el Consejo, como instituciones de la Unión, deberían estar sometidos a responsabilidad democrática frente a los ciudadanos de la Unión en la medida en que son beneficiarios del presupuesto general de la Unión Europea;

1.  Recuerda la función que le atribuyen al Parlamento el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») y el Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») en lo que se refiere a la aprobación de la gestión presupuestaria;

2.  Señala que, de conformidad con el artículo 335 del TFUE, «[...] la Unión estará representada por cada una de las instituciones, en virtud de la autonomía administrativa de éstas, para las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las mismas» y que, en consecuencia, teniendo en cuenta el artículo 55 del Reglamento Financiero, las instituciones serán responsables a título individual de la ejecución de sus presupuestos;

3.  Destaca el papel del Parlamento y de otras instituciones en el procedimiento de aprobación de la gestión de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, en particular sus artículos 164 a 166;

4.  Toma nota de que, de conformidad con el artículo 94 de su Reglamento, «las disposiciones relativas al procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto se aplicarán asimismo al procedimiento de aprobación de la gestión a [...] las personas responsables de la ejecución de los presupuestos de otras instituciones y órganos de la Unión Europea, tales como el Consejo (en lo que se refiere a su función ejecutiva) [...]»;

5.  Lamenta que el Consejo siga guardando silencio respecto de las observaciones realizadas en su Resolución sobre la aprobación de la gestión de 28 de abril de 2016(7) en lo que se refiere a la tendencia existente en los ejercicios anteriores a aumentar la infrautilización y la prórroga de créditos;

Cuestiones pendientes

6.  Lamenta que el Consejo Europeo y el Consejo no hayan facilitado al Parlamento su informe anual de actividades; considera que ello es inadmisible y daña la reputación de las instituciones;

7.  Lamenta que todavía no se hayan separado los presupuestos del Consejo Europeo y del Consejo, con arreglo a lo recomendado por el Parlamento en las recientes resoluciones sobre la aprobación de la gestión;

8.  Toma nota de la información sobre la política inmobiliaria que figura en el sitio web del Consejo; toma nota asimismo de que no hay información sobre los gastos en que se ha incurrido en relación con los edificios en cuestión; pide que se le facilite información detallada en el próximo informe financiero anual;

9.  Reitera su petición de que se presenten informes de evolución sobre los proyectos inmobiliarios y un desglose pormenorizado de los gastos en los que se ha incurrido hasta la fecha; pide información sobre los gastos derivados de los retrasos en la finalización del edificio Europa;

10.  Reitera su llamamiento al Consejo para que proporcione información sobre su proceso de modernización administrativa, en particular sobre el impacto previo previsto en el presupuesto del Consejo;

11.  Pide al Consejo que adopte lo antes posible un código de conducta, con miras a garantizar la integridad de la institución; reitera su llamamiento al Consejo para que aplique sin más demora normas sobre la denuncia de irregularidades;

12.  Pide al Consejo que participe en el registro de transparencia de la Unión con el fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la institución;

13.  Reitera su llamamiento al Consejo para que elabore directrices detalladas y políticas independientes en materia de lucha contra la corrupción en el seno de sus estructuras, y su llamamiento para reforzar sistemáticamente la transparencia de los procedimientos legislativos y las negociaciones;

14.  Lamenta las continuas dificultades que han surgido en los procedimientos de aprobación de la gestión hasta la fecha, que se han debido a una falta de cooperación por parte del Consejo; señala que el Parlamento se negó a aprobar la gestión del Secretario General del Consejo en la ejecución de los presupuestos para los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 por las razones mencionadas en sus Resoluciones de 10 de mayo de 2011(8), 25 de octubre de 2011(9), 10 de mayo de 2012(10), 23 de octubre de 2012(11), 17 de abril de 2013(12), 9 de octubre de 2013(13), 3 de abril de 2014(14), 23 de octubre de 2014(15) y 27 de octubre de 2015(16) y aplazó su decisión relativa a la aprobación de la gestión del Secretario General del Consejo en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2014 por las razones que se exponen en su Resolución de 28 de abril de 2016, mencionada anteriormente;

15.  Insiste en que un ejercicio de control presupuestario eficaz requiere la cooperación del Parlamento y del Consejo, tal y como se establece en su Resolución de 28 de abril de 2016 mencionada anteriormente; confirma que el Parlamento no puede decidir con conocimiento de causa sobre la aprobación de la gestión;

16.  Recuerda al Consejo la opinión expresada por la Comisión en enero de 2014 de que todas las instituciones forman parte integral del proceso de seguimiento de las observaciones realizadas por el Parlamento durante el procedimiento de aprobación de la gestión y han de cooperar para garantizar el correcto funcionamiento de dicho procedimiento;

17.  Observa que la Comisión ha declarado que no supervisará la ejecución presupuestaria de las otras instituciones y que dar respuesta a las preguntas dirigidas a otra institución supondría un menoscabo en la autonomía de esta en lo relativo a la ejecución de su sección del presupuesto;

18.  Lamenta que el Consejo siga sin responder a las preguntas del Parlamento; recuerda las conclusiones del seminario del Parlamento sobre el derecho del Parlamento a aprobar la gestión del Consejo, celebrado el 27 de septiembre de 2012; recuerda, asimismo, a este respecto el artículo 3, apartado 15, tercer párrafo, del TFUE, que estipula que cada institución, órgano u organismo garantizará la transparencia de sus procedimientos;

19.  Observa que solo tres de las veintisiete preguntas formuladas al Consejo por los miembros de la Comisión de Control Presupuestario en relación con el ejercicio 2014 recibieron una respuesta clara en los documentos facilitados por el Consejo en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión;

20.  Insiste en que el gasto del Consejo se ha de controlar de la misma manera que el de las demás instituciones y que los elementos fundamentales de dicho examen figuran en sus resoluciones sobre la aprobación de la gestión de ejercicios anteriores;

21.  Hace hincapié en la prerrogativa del Parlamento para conceder la aprobación de la gestión de conformidad con los artículos 316, 317 y 319 del TFUE, en consonancia con la interpretación y la práctica actuales, en particular la concesión de la aprobación de la gestión para cada partida del presupuesto individualmente a fin de mantener la transparencia y la rendición de cuentas democrática ante los contribuyentes de la Unión;

22.  Considera que la no presentación de los documentos solicitados al Parlamento afecta en primer lugar al derecho a la información y a la transparencia de los ciudadanos europeos y constituye un síntoma preocupante de una cierta falta de democracia en las instituciones de la Unión;

23.  Estima que esta situación constituye un grave incumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados y considera que las partes interesadas pertinentes deben adoptar las medidas necesarias para abordar este problema sin mayor dilación; subraya la necesidad de revisar los Tratados y el Reglamento Financiero para aclarar los objetivos y procesos del procedimiento de aprobación de la gestión y definir las sanciones aplicables en caso de que no se respeten las normas establecidas en los Tratados;

24.  Considera que la falta de cooperación del Consejo Europeo y el Consejo con la autoridad responsable de aprobar la gestión envía una señal negativa a los ciudadanos de la Unión.

(1) DO L 51 de 20.2.2014.
(2) DO C 377 de 13.11.2015, p. 1.
(3) DO C 373 de 10.11.2015, p. 1.
(4) DO C 377 de 13.11.2015, p. 146.
(5) DO L 246 de 14.9.2016, p. 20.
(6) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(7) DO L 246 de 14.9.2016, p. 21.
(8) DO L 250 de 27.9.2011, p. 25.
(9) DO L 313 de 26.11.2011, p. 13.
(10) DO L 286 de 17.10.2012, p. 23.
(11) DO L 350 de 20.12.2012, p. 71.
(12) DO L 308 de 16.11.2013, p. 22.
(13) DO L 328 de 7.12.2013, p. 97.
(14) DO L 266 de 5.9.2014, p. 26.
(15) DO L 334 de 21.11.2014, p. 95.
(16) DO L 314 de 1.12.2015, p. 49.


Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común ENIAC
PDF 173kWORD 47k
Decisión
Decisión
Resolución
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común ENIAC para el ejercicio 2014 (2015/2202(DEC))
P8_TA(2016)0419A8-0264/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Empresa Común ENIAC relativas al ejercicio 2014,

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Empresa Común ENIAC relativas al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de dicha Empresa(1),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad(2) de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de la Empresa Común relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  Vistas su Decisión, de 28 de abril de 2016(3), por la que se aplaza la decisión de aprobación de la gestión para el ejercicio 2014, y las respuestas del director ejecutivo de la Empresa Común ECSEL (anteriormente la Empresa Común ENIAC y la Empresa Común Artemis),

–  Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002(4) del Consejo, y en particular su artículo 209,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 72/2008 del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, por el que se crea la Empresa Común ENIAC(5),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 561/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, relativo a la Empresa Común ECSEL(6), y en particular su artículo 12,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(7),

–  Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 110/2014 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, sobre el Reglamento Financiero tipo para los organismos de las colaboraciones público-privadas a que se hace referencia en el artículo 209 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(8),

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0264/2016),

1.  Aprueba la gestión del director ejecutivo de la Empresa Común ECSEL (anteriormente la Empresa Común ENIAC y la Empresa Común Artemis) en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común ENIAC para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al director ejecutivo de la Empresa Común ECSEL (anteriormente la Empresa Común ENIAC y la Empresa Común Artemis), al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre el cierre de las cuentas de la Empresa Común ENIAC relativas al ejercicio 2014 (2015/2202(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Empresa Común ENIAC relativas al ejercicio 2014,

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Empresa Común ENIAC relativas al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de dicha Empresa(9),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad(10) de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de la Empresa Común relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05587/2016 – C8-0058/2016),

–  Vistas su Decisión, de 28 de abril de 2016(11), por la que se aplaza la decisión de aprobación de la gestión para el ejercicio 2014, y las respuestas del director ejecutivo de la Empresa Común ECSEL (anteriormente la Empresa Común ENIAC y la Empresa Común Artemis),

–  Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002(12) del Consejo, y en particular su artículo 209,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 72/2008 del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, por el que se crea la Empresa Común ENIAC(13),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 561/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, relativo a la Empresa Común ECSEL(14), y en particular su artículo 12,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(15),

–  Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 110/2014 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, sobre el Reglamento Financiero tipo para los organismos de las colaboraciones público-privadas a que se hace referencia en el artículo 209 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(16),

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0264/2016),

1.  Aprueba el cierre de las cuentas de la Empresa Común ENIAC relativas al ejercicio 2014;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al director ejecutivo de la Empresa Común ECSEL (anteriormente la Empresa Común ENIAC y la Empresa Común Artemis), al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

3. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común ENIAC para el ejercicio 2014 (2015/2202(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común ENIAC para el ejercicio 2014,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0264/2016),

A.  Considerando que la Empresa Común ENIAC (en adelante, «la Empresa Común») se creó el 20 de diciembre de 2007 por un período de diez años para definir y ejecutar un programa de investigación para el desarrollo de competencias clave en el ámbito de la nanoelectrónica en distintos ámbitos de aplicación;

B.  Considerando que la Empresa Común obtuvo su autonomía financiera en julio de 2010;

C.  Considerando que los miembros fundadores de la Empresa Común son la Unión Europea —representada por la Comisión—, Bélgica, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, los Países Bajos, Polonia, Portugal, Suecia, el Reino Unido y la Asociación de Actividades Europeas de Nanoelectrónica (Aeneas);

D.  Considerando que la contribución máxima de la Unión a la Empresa Común en dicho período de diez años asciende a 450 000 000 euros, que deben abonarse con cargo al presupuesto del Séptimo Programa Marco de Investigación;

E.  Considerando que Aeneas debe aportar una contribución máxima de 30 000 000 euros a los costes de explotación de la Empresa Común y que los Estados miembros deben aportar contribuciones en especie a los costes de funcionamiento y contribuciones financieras de, como mínimo, el equivalente a 1,8 veces la contribución de la Unión;

F.  Considerando que la Empresa Común y la Empresa Común Artemis (en lo sucesivo, “ARTEMIS”) se fusionaron para crear la Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre componentes y sistemas electrónicos para un liderazgo europeo (en lo sucesivo, “ECSEL JTI”), que comenzó su actividad en junio de 2014 y estará operativa durante diez años;

Gestión presupuestaria y financiera

1.  Reconoce que las cuentas de la Empresa Común correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 26 de junio de 2014 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 26 de junio de 2014, así como los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería del periodo finalizado en dicha fecha, con arreglo a las disposiciones de su Reglamento financiero y las normas de contabilidad aprobadas por el contable de la Comisión;

2.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «el Tribunal»), en su informe sobre las cuentas anuales de la Empresa Común correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 26 de junio de 2014 (en lo sucesivo, «el informe del Tribunal»), emitiera una opinión con reservas, por cuarto año consecutivo, sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas anuales en razón de que los convenios administrativos firmados con las autoridades financieras nacionales en relación con la auditoría de las declaraciones de gastos de los proyectos no comprenden modalidades prácticas para la realización de auditorías ex post;

3.  Toma nota de que, según el informe del Tribunal, la Empresa Común no evaluó la calidad de los informes de auditoría recibidos de las autoridades financieras nacionales sobre los costes relativos a los proyectos concluidos; toma nota también de que la evaluación de las estrategias de auditoría de tres de las autoridades financieras nacionales no permitió determinar si las auditorías ex post funcionaban de manera eficaz debido a las diferentes metodologías utilizadas por las autoridades financieras nacionales, que no permitieron a la Empresa Común calcular una tasa de error ponderada ni una tasa de error residual; toma nota asimismo de que ECSEL JTI confirmó que su amplia evaluación de los sistemas nacionales de garantía había permitido llegar a la conclusión de que estaban en condiciones de ofrecer una protección razonable de los intereses financieros de los miembros de la Empresa Común;

4.  Toma nota de que ECSEL JTI ha pedido a las autoridades financieras nacionales que presenten pruebas de que la aplicación de los procedimientos nacionales ofrece garantías razonables en cuanto a la legalidad y la regularidad de las operaciones, y toma nota de que, antes de la fecha límite de 30 de junio de 2016, el 76 % de las autoridades financieras nacionales a las que se formuló la petición, que representan el 96,79 % del gasto conjunto de ARTEMIS y de la Empresa Común, había presentado la documentación requerida y confirmado que la aplicación de los procedimientos nacionales ofrece garantías razonables en cuanto a la legalidad y regularidad de las operaciones;

5.  Toma nota de que, según el informe del Tribunal, el presupuesto definitivo de la Empresa Común para el ejercicio 2014 incluía créditos de compromiso por un importe de 2 356 000 EUR y créditos de pago por un importe de 76 500 250 EUR;

6.  Reconoce que, según la Empresa Común, se han supervisado hasta abril de 2015 los procedimientos nacionales de garantía de países que han recibido el 54,2 % de las subvenciones de la Empresa Común; celebra la intención de la Empresa Común de proseguir con este ejercicio cubriendo hasta el 92,7 % del total de las subvenciones de la Empresa Común; acoge con satisfacción la confirmación de la Empresa Común de que los procedimientos nacionales ofrecen garantías razonables de legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.

(1) DO C 422 de 17.12.2015, p. 25.
(2) DO C 422 de 17.12.2015, p. 26.
(3) DO L 246 de 14.9.2016, p. 432.
(4) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(5) DO L 30 de 4.2.2008, p. 21.
(6) DO L 169 de 7.6.2014, p. 152.
(7) DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
(8) DO L 38 de 7.2.2014, p. 2.
(9) DO C 422 de 17.12.2015, p. 25.
(10) DO C 422 de 17.12.2015, p. 26.
(11) DO L 246 de 14.9.2016, p. 432.
(12) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(13) DO L 30 de 4.2.2008, p. 21.
(14) DO L 169 de 7.6.2014, p. 152.
(15) DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
(16) DO L 38 de 7.2.2014, p. 2.


Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común Artemis
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Decisión
Decisión
Resolución
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2014 (2015/2199(DEC))
P8_TA(2016)0420A8-0276/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Empresa Común Artemis relativas al ejercicio 2014,

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Empresa Común Artemis relativas al período comprendido entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2014, acompañado de la respuesta de dicha empresa(1),

–  Vista la declaración(2) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de la Empresa Común relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  Vistas su Decisión de 28 de abril de 2016(3) por la que se aplaza la decisión de aprobación de la gestión para el ejercicio 2014, y las respuestas del director ejecutivo de la Empresa Común ECSEL (anteriormente, Empresa Común Artemis y Empresa Común ENIAC),

–  Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(4) del Consejo, y en particular su artículo 209,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 74/2008 del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la creación de la Empresa Común Artemis para ejecutar una iniciativa tecnológica conjunta sobre sistemas de computación empotrados(5),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 561/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, relativo a la Empresa Común ECSEL(6), y en particular su artículo 1, apartado 2, y su artículo 12,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(7),

–  Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 110/2014 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, sobre el Reglamento Financiero tipo para los organismos de las colaboraciones público-privadas a que se hace referencia en el artículo 209 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(8),

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0276/2016),

1.  Aprueba la gestión del director ejecutivo de la Empresa Común ECSEL (anteriormente la Empresa Común Artemis y la Empresa Común ENIAC) en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al director ejecutivo de la Empresa Común ECSEL (anteriormente, Empresa Común Artemis y Empresa Común ENIAC), al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre el cierre de las cuentas de la Empresa Común Artemis relativas al ejercicio 2014 (2015/2199(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Empresa Común Artemis relativas al ejercicio 2014,

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Empresa Común Artemis relativas al período comprendido entre el 1 de enero y el 26 de junio de 2014, acompañado de la respuesta de dicha empresa(9),

–  Vista la declaración(10) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de la Empresa Común relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05587/2016 – C8-0055/2016),

–  Vistas su Decisión de 28 de abril de 2016(11) por la que se aplaza la decisión de aprobación de la gestión para el ejercicio 2014, y las respuestas del director ejecutivo de la Empresa Común ECSEL (anteriormente, Empresa Común Artemis y Empresa Común ENIAC),

–  Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(12) del Consejo, y en particular su artículo 209,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 74/2008 del Consejo, de 20 de diciembre de 2007, relativo a la creación de la Empresa Común Artemis para ejecutar una iniciativa tecnológica conjunta sobre sistemas de computación empotrados(13),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 561/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, relativo a la Empresa Común ECSEL(14), y en particular su artículo 1, apartado 2, y su artículo 12,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(15),

–  Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 110/2014 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, sobre el Reglamento Financiero tipo para los organismos de las colaboraciones público-privadas a que se hace referencia en el artículo 209 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(16),

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0276/2016),

1.  Aprueba el cierre de las cuentas de la Empresa Común Artemis relativas al ejercicio 2014;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al director ejecutivo de la Empresa Común ECSEL (anteriormente, Empresa Común Artemis y Empresa Común ENIAC), al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

3. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2014 (2015/2199(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Artemis para el ejercicio 2014,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0276/2016),

A.  Considerando que la Empresa Común Artemis (en lo sucesivo, «Empresa Común») fue creada en diciembre de 2007 por un período de diez años para definir y ejecutar un programa de investigación para el desarrollo de tecnologías clave destinadas a sistemas de computación empotrados en diferentes ámbitos de aplicación, con el fin de reforzar la competitividad y la sostenibilidad de la Unión y propiciar la aparición de nuevos mercados y aplicaciones societales;

B.  Considerando que la Empresa Común comenzó a funcionar de manera autónoma en octubre de 2009;

C.  Considerando que la contribución máxima de la Unión a la Empresa Común para el período de diez años asciende a 420 000 000 EUR, que deben abonarse con cargo al presupuesto del Séptimo Programa Marco de Investigación;

D.  Considerando que las contribuciones financieras de los Estados miembros de Artemis deben ascender a un total equivalente a 1,8 veces la contribución financiera de la Unión, como mínimo, y que la contribución en especie de las organizaciones de investigación y desarrollo que participen en proyectos durante el funcionamiento de la Empresa Común debe ser igual o mayor que la contribución de las autoridades públicas;

E.  Considerando que la Empresa Común y la Empresa Común ENIAC (en lo sucesivo, «ENIAC») se fusionaron para crear la Iniciativa Tecnológica Conjunta sobre componentes y sistemas electrónicos para un liderazgo europeo (en lo sucesivo, «ITC ECSEL»), que comenzó su actividad en junio de 2014 y estará operativa durante diez años;

Gestión presupuestaria y financiera

1.  Toma nota de que las cuentas de la Empresa Común correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 26 de junio de 2014 presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 26 de junio de 2014, así como los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería del período finalizado en dicha fecha, con arreglo a las disposiciones de su reglamento financiero y las normas de contabilidad aprobadas por el contable de la Comisión;

2.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»), en su informe sobre las cuentas anuales de la Empresa Común correspondientes al ejercicio 2014 (en lo sucesivo, «informe del Tribunal»), emitiera una opinión con reservas sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas anuales en razón de que los convenios administrativos firmados con las autoridades financieras nacionales en relación con la auditoría de las declaraciones de gastos de los proyectos no comprenden modalidades prácticas para la realización de auditorías ex post;

3.  Toma nota de que, según el informe del Tribunal, la Empresa Común no evaluó la calidad de los informes de auditoría recibidos de las autoridades financieras nacionales sobre los costes relativos a los proyectos concluidos; toma nota también de que la evaluación de las estrategias de auditoría de tres de las autoridades financieras nacionales no permitió determinar si las auditorías ex post funcionaron de manera eficaz debido a las diferentes metodologías utilizadas por las autoridades financieras nacionales, que no permitieron a la Empresa Común calcular una tasa de error ponderada ni una tasa de error residual;

4.  Toma nota de que ITC ECSEL ha realizado una amplia evaluación de la eficacia de los sistemas de garantía de una muestra de diez Estados miembros Artemis y ENIAC que representan la participación más importante del presupuesto operativo de ITC ECSEL y cubre el 89,5 % de las subvenciones totales de la Empresa Común concedidas, y constata que la evaluación, sobre la base de los certificados de fin de proyecto hasta el 13 de junio de 2016, demuestra que la cobertura es tres veces más elevada que el umbral del 20 % por encima del cual se considera que los sistemas nacionales son suficientes por lo que respecta a la estrategia de auditoría ex post;

5.  Toma nota de que ITC ECSEL ha pedido a las autoridades financieras nacionales que presenten pruebas de que la aplicación de los procedimientos nacionales ofrece garantías razonables en cuanto a la legalidad y la regularidad de las operaciones, y toma nota de que, antes de la fecha límite de 30 de junio de 2016, el 76 % de las autoridades financieras nacionales a las que se formuló la petición, que representan el 96,79 % del gasto conjunto de las Empresas Comunes Artemis y ENIAC, había presentado la documentación requerida y confirmado que la aplicación de los procedimientos nacionales ofrece garantías razonables en cuanto a la legalidad y regularidad de las operaciones;

6.  Toma nota de que, según el informe del Tribunal, el presupuesto definitivo de la Empresa Común para el ejercicio 2014 incluía créditos de compromiso por un importe de 2 554 510 EUR y créditos de pago por un importe de 30 330 178 EUR (operativos);

Control interno

7.  Observa con preocupación que la Empresa Común no tomó medidas sobre determinadas normas de control interno relativas a la información y la información financiera; que, en particular, se trata de la evaluación de actividades, la evaluación de los sistemas de control interno y la estructura de auditoría interna; observa que ello se debió a la inminencia de la fusión; toma nota de que, entretanto, ITC ECSEL ha realizado progresos significativos con respecto a la aplicación de los sistemas de control interno y al establecimiento de la estructura de auditoría interna.

(1) DO C 422 de 17.12.2015, p. 9.
(2) DO C 422 de 17.12.2015, p. 10.
(3) DO L 246 de 14.9.2016, p. 425.
(4) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(5) DO L 30 de 4.2.2008, p. 52.
(6) DO L 169 de 7.6.2014, p. 152.
(7) DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
(8) DO L 38 de 7.2.2014, p. 2.
(9) DO C 422 de 17.12.2015, p. 9.
(10) DO C 422 de 17.12.2015, p. 10.
(11) DO L 246 de 14.9.2016, p. 425.
(12) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(13) DO L 30 de 4.2.2008, p. 52.
(14) DO L 169 de 7.6.2014, p. 152.
(15) DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
(16) DO L 38 de 7.2.2014, p. 2.


Aprobación de la gestión 2014: Empresa Común para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión 1.
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Decisión
Decisión
Resolución
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión para el ejercicio 2014 (2015/2196(DEC))
P8_TA(2016)0421A8-0275/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión relativas al ejercicio 2014,

–  Visto el informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión relativas al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de dicha empresa(1),

–  Vista la declaración(2) sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de la Empresa Común relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05587/2016 – C8‑0052/2016),

–  Vistas su Decisión, 28 de abril de 2016(3), por la que se aplaza la decisión de aprobación de la gestión para el ejercicio 2014, y las respuestas del director de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión,

–  Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(4) del Consejo, y en particular su artículo 208,

–  Vista la Decisión 2007/198/Euratom del Consejo, de 27 de marzo de 2007, por la que se establece la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión y por la que se le confieren ventajas(5), y en particular su artículo 5, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(6),

–  Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Reglamento Financiero Marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(7),

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0275/2016),

1.  Aprueba la gestión del director de la Empresa Común Europea para el ITER y el Desarrollo de la Energía de Fusión en la ejecución del presupuesto de dicha Empresa para el ejercicio 2014;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma, al director de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Decisión Del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre el cierre de las cuentas de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión relativas al ejercicio 2014 (2015/2196(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión relativas al ejercicio 2014,

–  Visto el informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión relativas al ejercicio 2014, acompañado de las respuestas de dicha empresa(8),

–  Vista la declaración(9) sobre la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2014 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 12 de febrero de 2016, sobre la aprobación de la gestión de la Empresa Común relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2014 (05587/2016 – C‑0052/2016),

–  Vistas su Decisión, 28 de abril de 2016(10), por la que se aplaza la decisión de aprobación de la gestión para el ejercicio 2014, y las respuestas del director de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión,

–  Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(11) del Consejo, y en particular su artículo 208,

–  Vista la Decisión 2007/198/Euratom del Consejo, de 27 de marzo de 2007, por la que se establece la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión y por la que se le confieren ventajas(12), y en particular su artículo 5, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE, Euratom) n.º 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(13),

–  Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Reglamento Financiero Marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(14),

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0275/2016),

1.  Aprueba el cierre de las cuentas de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión relativas al ejercicio 2014;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al director de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

3. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión para el ejercicio 2014 (2015/2196(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión para el ejercicio 2014,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0275/2016),

A.  Considerando que la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión (la «Empresa Común») se estableció en marzo de 2007 por un periodo de 35 años;

B.  Considerando que los miembros de la Empresa Común son Euratom, representada por la Comisión, los Estados miembros de Euratom y los terceros países que han celebrado acuerdos de cooperación con Euratom en el ámbito de la fusión nuclear controlada;

C.  Considerando que la Empresa Común comenzó a operar de manera autónoma en marzo de 2008;

1.  Toma nota de que el Tribunal de Cuentas («el Tribunal»), en su informe sobre las cuentas anuales de la Empresa Común correspondiente al ejercicio 2014 (el «informe del Tribunal»), indicó que las cuentas anuales de la Empresa Común presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, su situación financiera a 31 de diciembre de 2014 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado, conforme a lo dispuesto en su Reglamento Financiero;

2.  Toma nota de que el presupuesto definitivo para el ejercicio 2014 incluía 1 168 800 000 euros en créditos de compromiso y 567 600 000 euros en créditos de pago; los porcentajes de ejecución de los créditos de compromiso y de pago se situaron en un 100 % y en un 88,5 % respectivamente; señala, no obstante, que el porcentaje de ejecución para los créditos de pago referentes al presupuesto inicial de 2014 solo fue del 73 %;

3.  Toma nota de que, a consecuencia de los desafíos a los que se enfrenta actualmente el proyecto ITER, el nuevo director general de la Organización ITER presentó al Consejo ITER un plan de acción que incluía medidas específicas para resolver las principales limitaciones que están afectando al desarrollo del proyecto ITER; señala, además, que, por lo que respecta a la Empresa Común, el nuevo director en funciones elaboró un plan de acción para la Empresa Común que respalda en gran medida el plan de acción de la Organización ITER; reconoce que el director en funciones de la Empresa Común presentó un plan de acción al Consejo de Administración de la Empresa Común en marzo de 2015, que lo aprobó plenamente, y que el plan de acción de la Empresa Común completa el plan de acción de la Organización ITER en una serie de puntos y señala otras mejoras de las operaciones propias de la Empresa Común; observa que, en el momento en que tuvo lugar la auditoría, las medidas prácticas para la ejecución de ambos planes de acción todavía se estaban estableciendo; indica asimismo que, desde marzo de 2015, la Organización ITER y la Empresa Común han estado ejecutando y supervisando de cerca estos planes de acción, y que se espera que aporten mejoras; pide que se presente, a su debido tiempo, un informe sobre la ejecución de estos planes de acción;

4.  Acoge con satisfacción las conclusiones de la reunión del Consejo ITER de los días 15 y 16 de junio de 2016, en las que confirma que el proyecto ITER va en la dirección correcta de forma que permitirá una propuesta firme, realista y detallada de calendario y costes asociados hasta el primer plasma; respalda el calendario integrado actualizado para el proyecto ITER, que fija la fecha del primer plasma en diciembre de 2025; indica que la conclusión con éxito de todos los hitos del proyecto hasta la fecha, dentro o fuera del plazo previsto, es un indicador positivo de la capacidad colectiva de la Organización ITER y de los organismos nacionales para seguir cumpliendo el calendario integrado actualizado; y subraya que las pruebas de un aumento de la eficacia del proceso de toma de decisiones, de la mejora de la comprensión de los riesgos, y del rigor en el cumplimiento de los compromisos ofrecen una nueva base para confiar en que el proyecto ITER mantendrá su actual tendencia positiva;

5.  Acoge con satisfacción la posición del Consejo ITER según la cual un marcado acento en los elementos centrales a través del primer plasma debería reducir eficazmente los riesgos del proyecto ITER, y el calendario integrado actualizado representa el mejor camino técnicamente viable a seguir hacia el primer plasma, que marcará la realización de las principales etapas de montaje y puesta en marcha del Tokamak (cámara toroidal con bobinas magnéticas) y de las instalaciones de apoyo;

6.  Observa que los hitos fijados por el Consejo ITER en su sesión de los días 18 y 19 de noviembre de 2015 están muy avanzados y que cuatro de los seis objetivos atribuidos a Fusion for Energy (F4E) para 2016 ya se han cumplido;

7.  Señala que la cuestión del arrendamiento de los locales de la Empresa Común ya está resuelta, dado que el Gobierno español ofreció un contrato de arrendamiento a largo plazo por los locales actuales y una ampliación del actual espacio de oficinas con un piso adicional; observa, en este sentido, que el Consejo de Administración de la Empresa Común, en su reunión de los días 29 y 30 de junio de 2016, tomó nota de la celebración del contrato de arrendamiento a largo plazo para las oficinas de F4E entre el Reino de España y el propietario del edificio y aprobó los planes para acondicionar el espacio de oficinas asignado a la Empresa Común;

8.  Toma nota de la aplicación parcial del Estatuto de los funcionarios y anima a la Empresa Común a que continúe con la ejecución de las disposiciones restantes; acoge con satisfacción el hecho de que el nuevo Reglamento Financiero y las nuevas normas de desarrollo de la Empresa Común entraron en vigor el 1 de enero de 2016. Reconoce que la Empresa Común ha fijado una definición de trabajo de la aplicación de la fusión/no fusión que facilita establecer el alcance del uso exclusivo de los derechos de propiedad intelectual generados en los contratos.

(1) DO C 422 de 17.12.2015, p. 33.
(2) DO C 422 de 17.12.2015, p. 34.
(3) DO L 246 de 14.9.2016, p. 438.
(4)DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(5)DO L 90 de 30.3.2007, p. 58.
(6)DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
(7)DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.
(8) DO C 422 de 17.12.2015, p. 33.
(9) DO C 422 de 17.12.2015, p. 34.
(10) DO L 246 de 14.9.2016, p. 438.
(11) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(12) DO L 90 de 30.3.2007, p. 58.
(13)1 DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
(14) DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.


Situación en el norte de Irak, en particular en Mosul
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Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre la situación en el norte de Irak, en particular en Mosul (2016/2956(RSP))
P8_TA(2016)0422RC-B8-1159/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores, de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Irak(1); de 18 de septiembre de 2014, sobre la situación en Irak y Siria y la ofensiva del EIIL, incluida la persecución de minorías(2); de 12 de febrero de 2015, sobre la crisis humanitaria en Irak y Siria; en particular en el contexto del EIIL(3) de 12 de marzo de 2015, sobre los recientes ataques y secuestros perpetrados por el EI/Dáesh en Oriente Próximo, especialmente de asirios(4); y de 4 de febrero de 2016, sobre la masacre sistemática de minorías religiosas por el denominado «EIIL/Dáesh»(5),

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 23 de mayo de 2016, sobre la estrategia regional de la Unión para Siria e Irak, así como en relación con la amenaza que representa Dáesh; de 14 de diciembre de 2015, sobre Irak; de 16 de marzo de 2015, sobre la estrategia regional de la Unión para Siria e Irak, así como en relación con la amenaza que representa el EIIL/Dáesh; de 20 de octubre de 2014, sobre la crisis del EIIL/Dáesh en Siria e Irak; de 30 de agosto de 2014, sobre Irak y Siria; de 14 de abril de 2014 y 12 de octubre de 2015, sobre Siria, y, de 15 de agosto de 2014, sobre Irak,

–  Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre Irak y Siria,

–  Vista la Resolución 2091 (2016) sobre los combatientes extranjeros en Siria e Irak, aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 27 de enero de 2016,

–  Vista la reunión ministerial para la estabilización de Mosul, en la que participaron 22 Estados, las Naciones Unidas, la Unión y la Liga Árabe, copresidida por Francia e Irak, celebrada en París el 20 de octubre de 2016 con el objetivo de elaborar un plan para proteger a la población civil, distribuir ayuda y abordar las cuestiones sobre la gobernabilidad de las zonas recientemente liberadas del EIIL/Dáesh,

–  Vistos el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998, y sus disposiciones en relación con el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión,

–  Vista la Carta de las Naciones Unidas,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el ejército iraquí, con el apoyo de la coalición internacional contra el EIIL/Dáesh, las fuerzas peshmerga del Gobierno regional kurdo y las Unidades de Movilización Popular, ha puesto en marcha una operación para liberar Mosul, la segunda ciudad más importante de Irak, y numerosas poblaciones del «corredor de Mosul» en manos del EIIL/Dáesh;

B.  Considerando que el EIIL/Dáesh ha impuesto en Mosul un régimen draconiano; y que los habitantes que han conseguido escapar recientemente informan de que la población está muriendo de hambre y espera impaciente la liberación;

C.  Considerando que las llanuras de Nínive, Tal Afar y Sinyar y el conjunto de la región han sido el hogar ancestral de cristianos (caldeos, siríacos, asirios), yazidíes, árabes suníes y chiíes, kurdos, chabaquíes, turcomanos, kakaíes, sabeos-mandeos y otros que vivieron allí durante siglos en un espíritu de pluralismo, estabilidad y cooperación comunitaria, a pesar de períodos de violencia y persecución exteriores, hasta el comienzo del presente siglo y la ocupación de una gran parte de la región por el EIIL/Dáesh en 2014;

D.  Considerando que Mosul ha sido una ciudad multiétnica en la que una mayoría árabe suní ha convivido con caldeos/asirios/siríacos y con kurdos, yazidíes, chabaquíes, kakaíes y turcomanos (chiíes y suníes); que la región circundante atesora también una historia de diversidad étnica y religiosa, con una concentración de cristianos en las llanuras de Nínive, yazidíes en torno a las montañas de Sinyar y turcomanos musulmanes en Tal Afar; que en 2003 Irak contaba con más de 1,5 millones de cristianos, pero que en la actualidad se cifran entre 200 000 y 350 000, muchos de las cuales viven en situación de pobreza; que la presencia de cristianos y otras minorías en Irak ha tenido tradicionalmente una gran importancia social y contribuido notablemente a la estabilidad política; y que la extinción de estas minorías en la región será un factor de desestabilización adicional;

E.  Considerando que al Parlamento, que reconoció, el 4 de febrero de 2016, que el EIIL/Dáesh está perpetrando un genocidio contra los cristianos y yazidíes, y otras minorías religiosas y étnicas, se han unido el Consejo de Europa, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, el Parlamento del Reino Unido, el Parlamento australiano y otras naciones e instituciones en el reconocimiento de que las atrocidades cometidas por el EIIL/Dáesh contra las minorías religiosas y étnicas de Irak incluyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio;

F.  Considerando que según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), unos 3,3 millones de iraquíes han sido expulsados de sus hogares como consecuencia de la guerra desde 2014, y que más de 1,5 millones de personas en Mosul se encuentran en peligro inminente de convertirse en desplazados como resultado directo de la operación para recuperar la zona;

G.  Considerando que ACNUR dispone de cinco campos abiertos y está preparado para acoger a 45 000 personas huidas de Mosul y los alrededores, y que prevé disponer de un total de once campos abiertos en las próximas semanas, con capacidad para 120 000 personas, siempre que pueda disponerse de tierras en zonas seguras alejadas del frente; que el presupuesto de ACNUR para abordar la situación en Mosul está cubierto actualmente en poco más del 38 %; y que se necesita financiación no solo para los preparativos iniciales sino también para hacer frente a un desplazamiento de grandes dimensiones, que podría durar todo el invierno;

H.  Considerando que deben garantizarse las condiciones de seguridad necesarias a todas aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su hogar o que han sido desplazadas a la fuerza para que se haga efectivo en el plazo más breve posible su derecho a regresar a sus hogares;

I.  Considerando que el Consejo de Cooperación en el marco del Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Irak se reunió por segunda vez en Bruselas el 18 de octubre de 2016 para debatir sobre los retos humanitarios inmediatos y la estabilización de Irak; y que, hasta la fecha, la Unión ha facilitado ayuda humanitaria por valor de 134 millones de euros a Irak, 50 millones de los cuales se han destinado a Mosul;

J.  Considerando la importancia de garantizar un refugio seguro a todas las comunidades, incluidos los caldeos, siríacos, asirios y otros grupos en peligro en las llanuras de Nínive;

K.  Considerando que el artículo 2 de la Constitución iraquí garantiza el pleno derecho de todos los ciudadanos a la libertad de creencias y prácticas religiosas;

L.  Considerando que el artículo 125 de la Constitución iraquí garantiza los derechos administrativos, políticos, culturales y educativos de las distintas nacionalidades, como turcomanos, caldeos, asirios y todas sus demás componentes; y que el primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, declaró, el 15 de abril de 2015, que, si no se procede a descentralizar el país, este se desintegrará, y que, a su juicio, no hay límites a la descentralización;

M.  Considerando que el mayor grado de autonomía y de protección de la seguridad de las comunidades de las llanuras de Nínive, Tal Afar y Sinyar en el marco de la República Federal de Irak restablecería y preservaría los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos de propiedad, de las poblaciones indígenas de esa región;

1.  Apoya firmemente la operación puesta en marcha por Irak para liberar a Mosul del EIIL/Dáesh; considera esta operación un elemento decisivo del esfuerzo en curso de carácter mundial que pretende infligir una derrota decisiva al EIIL/Dáesh; confía en que Irak ganará la batalla frente a este enemigo común y liberará Mosul y otras partes del país del yugo del EIIL/Dáesh;

2.  Reafirma su apoyo incondicional a la independencia de Irak, a su integridad y soberanía territorial y a su derecho a tomar las medidas necesarias para preservarlas;

3.  Expresa su preocupación por las tensiones recientemente surgidas entre agentes regionales; pide que se respete plenamente la integridad territorial y la soberanía de Irak y que no se lleven a cabo acciones militares en Irak sin el consentimiento previo del Gobierno iraquí; subraya la importancia de impulsar el diálogo entre Irak y los demás países de la región con miras al establecimiento de un Oriente Próximo más seguro;

4.  Recuerda que las autoridades iraquíes deben adoptar medidas concretas para proteger a los civiles durante la campaña, incluido el mando y control efectivo de las milicias y tomando todas las precauciones posibles para evitar víctimas civiles y violaciones de los derechos humanos durante el asalto; subraya que las fuerzas sobre el terreno han de respetar la legislación internacional en materia humanitaria y de derechos humanos durante sus operaciones;

5.  Expresa su apoyo a la República de Irak y a su pueblo al reconocer una provincia política, social y económicamente viable y sostenible en las regiones de las llanuras de Nínive y de Tal Afar y Sinyar, en consonancia con las manifestaciones legítimas en favor de una autonomía regional de sus poblaciones indígenas;

6.  Destaca que el derecho de las poblaciones indígenas desplazadas de las llanuras de Nínive, Tal Afar y Sinyar, muchas de ellas desplazadas dentro de Irak, a regresar a su hogar ancestral debe ser una de las prioridades políticas del Gobierno iraquí, apoyada por la Unión, sus Estados miembros y la comunidad internacional; hace hincapié en que, con el apoyo del Gobierno de la República de Irak y del Gobierno regional kurdo, estas poblaciones deben ver plenamente restablecidos sus derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos de propiedad, que deben prevalecer sobre cualquier reclamación de derechos de propiedad de otros;

7.  Destaca que las comunidades indígenas de las llanuras de Nínive, Tal Afar y Sinyar – cristianos (caldeos, siríacos, asirios), yazidíes, turcomanos y otros – tienen derecho a protección, a la seguridad y a la autonomía regional dentro de la estructura federal de la República de Irak;

8.  Condena firmemente la violencia y las ejecuciones masivas que perpetra el EIIL/Dáesh en Irak; expresa su honda preocupación ante las continuas informaciones relativas al uso por parte del EIIL/Dáesh de niños, personas mayores, mujeres y personas vulnerables como escudos contra las operaciones militares de liberación que tienen lugar en el norte de Irak;

9.  Toma nota de la llamada de atención del coordinador humanitario de las Naciones Unidas con respecto a la falta de financiación adecuada en relación con una posible situación de emergencia humanitaria en una escala sin precedente como consecuencia de la ofensiva de Mosul; acoge con satisfacción el compromiso de la Unión en Iraq, en particular sus esfuerzos desplegados en el pasado en materia de ayuda humanitaria y en relación con la eliminación de artefactos explosivos improvisados (IED), lo que revestirá una importancia fundamental de cara al rápido retorno de los refugiados y de los desplazados internos; pide encarecidamente, no obstante, a la Unión y a sus Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos con vistas a la estabilización de las zonas liberadas;

10.  Insta al Gobierno de Irak y a sus socios internacionales a que den prioridad a la resolución pacífica de las cuestiones relativas a las disputadas fronteras interiores de la República de Irak;

11.  Pide a todas las partes en conflicto que respeten la legislación humanitaria internacional durante las hostilidades y una vez acabadas estas y que se rijan, mientras dure el conflicto, por los principios de proporcionalidad, distinción y precaución; insta a todas las partes en conflicto a que abran corredores humanitarios para permitir a los civiles, ayudándoles, escapar del conflicto, para evitar que los civiles queden atrapados en Mosul y sean utilizados por el EIIL/Dáesh como escudos humanos, para permitir el acceso a la asistencia de seguridad y humanitaria y garantizar asistencia y protección a los civiles durante el proceso de control de seguridad de conformidad con las normas nacionales e internacionales, en particular para garantizar que no se separa a las familias y que no se pone a los niños en peligro, y para establecer un mecanismo de las Naciones Unidas de vigilancia de terceros; pide, en particular, que se tomen todas las precauciones necesarias para garantizar que se protege a los niños y a sus familias de los bombardeos, se reduce al mínimo el número de víctimas y se protegen las infraestructuras civiles, especialmente escuelas y hospitales;

12.  Insta a todas las partes que combaten contra el EIIL/Dáesh en la República de Irak a que desarrollen una cooperación política y un diálogo sostenibles, inclusivos y a largo plazo con objeto de servir como base de un Irak libre de movimientos radicales y extremistas; pide a la Unión y a sus Estados miembros, a la coalición internacional contra el EIIL, a la comunidad internacional y a los actores internacionales que trabajen conjuntamente con los Gobiernos nacional y regionales de la República de Irak por lograr un acuerdo sostenible en materia de seguridad en las llanuras de Nínive, Tal Afar y Sinyar;

13.  Pide a la Unión, a las Naciones Unidas y a toda la comunidad internacional que colaboren con los Gobiernos nacional y regionales de la República de Irak a fin de supervisar la reintegración de todos los iraquíes y de las minorías étnicas y religiosas que han sido desplazadas;

14.  Pide al SEAE, a los Estados miembros y a la comunidad internacional que den su apoyo práctico y diplomático a una estructura sostenible e integradora de la región una vez que finalice el conflicto, con especial referencia a la posibilidad de una provincia autónoma que incluya la llanuras de Nínive, Sinyar y Tal Afar y que se presente desde una perspectiva política a las comunidades indígenas de la región; reitera la importancia de implicar a las organizaciones benéficas religiosas en una acción humanitaria coordinada, en particular en favor de las minorías étnicas y religiosas desplazadas;

15.  Anima a la Unión y sus Estados miembros y a la comunidad internacional a que ofrezcan asistencia técnica al Gobierno de Irak en la ejecución de la decisión de crear una Provincia de las llanuras de Nínive de conformidad con la Decisión de su Consejo de Ministros de 21 de enero de 2014, y a que intensifiquen la descentralización estableciendo también provincias en Tal Afar y Sinyar y apoyando a las nuevas administraciones provinciales para que alcancen su pleno potencial;

16.  Pide al SEAE que ofrezca sus buenos oficios en las negociaciones posteriores a la liberación con el Gobierno regional kurdo y el Gobierno iraquí con el fin de garantizar que los grupos étnicos minoritarios en la región, en particular los cristianos (caldeos, siríacos, asirios), yazidíes, turcomanos, chabaquíes y kakaíes, disfruten de sus derechos legítimos y estén incluidos en una nueva organización administrativa para evitar el estallido de nuevos conflictos;

17.  Alienta a los Estados miembros de la Unión a que, en cooperación con el Gobierno iraquí, añadan las fuerzas de seguridad locales a la lista de fuerzas autorizadas a recibir asistencia; considera que las fuerzas de seguridad locales deberían incluir a las fuerzas locales que estén comprometidas en la protección de las comunidades étnicas y religiosas minoritarias muy vulnerables de las llanuras de Nínive, Tal Afar, Sinyar y otros lugares, frente a la amenaza yihadista-salafista;

18.  Recuerda que salvar vidas de civiles y respetar la legislación humanitaria internacional es una piedra angular política fundamental para la reconciliación y el desarrollo, la única forma de acabar con el odio y las divisiones, y que es esencial no atizar las tensiones entre comunidades y sentar las bases de un Irak estable y próspero;

19.  Insta a la coalición militar liderada por Irak a que tome todas las medidas necesarias para preservar las pruebas de los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por el EIIL/Dáesh para que este acabe respondiendo de sus actos;

20.  Subraya la vital importancia de proporcionar una protección oportuna y efectiva mediante rutas auténticamente seguras en las que puedan garantizarse protección constante —por ejemplo mediante el desminado y el restablecimiento del Estado de Derecho— y servicios básicos, como la asistencia sanitaria, la electricidad y la educación, en las zonas liberadas; advierte de que la falta de servicios básicos, de seguridad, de una estrategia a largo plazo para abordar las causas profundas y de una labor en pro de la cohesión social podría propiciar el resurgimiento de las fuerzas extremistas; pide, por tanto, que se establezca un fuerte nexo entre ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo para garantizar la continuidad de la ayuda humanitaria para la estabilización, la resiliencia y el desarrollo de Irak;

21.  Subraya la importancia de Mosul para el conjunto de Irak y pide que se garantice la representación de las minorías en una nueva administración de la ciudad; destaca el legítimo derecho de las minorías étnicas y religiosas a la participación política y a que se les restituyan sus derechos de propiedad; llama a la coexistencia pacífica y al pleno respeto de los derechos de las distintas minorías religiosas y étnicas que viven en zonas en las que han tenido históricamente una fuerte presencia y han convivido pacíficamente —en particular, los yazidíes en las montañas de Sinyar, los pueblos caldeos-siríacos-asirios en las llanuras de Nínive, y los turcomanos en Tel Afar y en zonas de la Gobernación de Kirkuk—; pide que se adopten medidas para garantizar el retorno seguro de las personas desplazadas;

22.  Insta al Gobierno iraquí a que, con el apoyo de la Unión y de sus Estados miembros, facilite los medios necesarios para la retirada de minas de las zonas ocupadas anteriormente por el EIIL/Dáesh y trabaje en colaboración con los consejos locales en representación de las minorías para garantizar una coordinación eficaz y evitar retrasos que pudieran impedir el regreso de los refugiados y los desplazados internos;

23.  Destaca la necesidad de continuar luchando incluso tras la liberación de Mosul, contra la propagación en la región y fuera de ella de las ideologías islamistas-yihadistas, también del yihadismo salafista que sirve de justificación teológica y política a los crímenes del EIIL/Dáesh; pide a los Estados miembros de la Unión que presionen para que la Corte Penal Internacional pueda juzgar los crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad cometidos en Irak, Siria, Libia y otros lugares por el EIIL/Dáesh;

24.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Representante Especial de la Unión para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Consejo de Representantes de Irak, al Gobierno regional de Kurdistán y al Secretario General de las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0171.
(2) DO C 234 de 28.6.2016, p. 25.
(3) DO C 310 de 25.8.2016, p. 35.
(4) DO C 316 de 30.8.2016, p. 113.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0051.


Situación de los periodistas en Turquía
PDF 166kWORD 44k
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre la situación de los periodistas en Turquía (2016/2935(RSP))
P8_TA(2016)0423RC-B8-1162/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Turquía, y en particular su Resolución, de 15 de enero de 2015, sobre la libertad de expresión en Turquía: detenciones recientes de periodistas y directivos de medios de comunicación y presión sistemática contra los medios de comunicación(1),

–  Vista su Resolución, de 14 de abril de 2016, sobre el Informe de 2015 sobre Turquía(2),

–  Visto el Informe de 2015 de la Comisión sobre Turquía, de 10 de noviembre de 2015 (SWD(2015)0216),

–  Vista la declaración conjunta, de 16 de julio de 2016, de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión, Federica Mogherini, y del comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn, sobre la situación en Turquía,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de julio de 2016, sobre Turquía,

–  Vista la declaración, de 21 de julio de 2016, de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión, Federica Mogherini, y del comisario Johannes Hahn sobre la declaración del estado de excepción en Turquía,

–  Visto el Diálogo Político de Alto Nivel, de 9 de septiembre de 2016, entre la Unión Europea y Turquía,

–  Visto que el respeto del Estado de Derecho, incluida la libertad de expresión, es un elemento fundamental de los valores de la Unión,

–  Visto el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de los que Turquía es Estado parte,

–  Vistas las recomendaciones formuladas en el dictamen sobre los artículos 216, 299, 301 y 314 del Código Penal de Turquía, aprobado por la Comisión de Venecia en su 106.ª sesión plenaria (Venecia, 11 y 12 de marzo de 2016),

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el 15 de julio de 2016 tuvo lugar en Turquía un intento de golpe de Estado en el que murieron más de 250 personas y más de 2 100 resultaron heridas;

B.  Considerando la importancia que reviste la defensa de la democracia, con el pleno compromiso de promover los derechos humanos y el Estado de Derecho, así como la cooperación entre la Unión, el Consejo de Europa y Turquía a este respecto; que Turquía es un socio clave de la Unión;

C.  Considerando que, según la Federación Europea de Periodistas y la Asociación Turca de Periodistas, tras el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 la policía turca detuvo al menos a 99 periodistas y escritores, sin que se hayan presentado cargos contra la mayoría de ellos hasta la fecha, lo que eleva al menos a 130, a fecha de 20 de octubre de 2016, la cifra de profesionales de los medios de comunicación detenidos por cargos que se creen relacionados con el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión; que 64 de esos periodistas detenidos tras el 15 de julio de 2016 han sido puestos en libertad; que a los periodistas encarcelados se les ha denegado el derecho a la asistencia letrada y se les mantiene en condiciones inhumanas, con amenazas y malos tratos; que hay fuentes que afirman que Bilir Kaya e Inan Kizilkaya, codirectores del diario Özgür Gündem, actualmente cerrado, han sido torturados en prisión;

D.  Considerando que las restricciones impuestas a los medios de comunicación y la presión sobre los periodistas ya eran notables con anterioridad al fallido golpe de Estado; que, según el Comité para la Protección de los Periodistas, las autoridades turcas han clausurado, tras el intento de golpe de Estado, las oficinas de más de cien organismos de radiodifusión, periódicos, revistas y empresas de edición y distribución, lo que ha dejado sin empleo a más de 2 300 periodistas y profesionales de los medios de comunicación; que se han revocado las credenciales de prensa de al menos 330 periodistas;

E.  Considerando que entre los periodistas detenidos se encuentran, por ejemplo, la conocida novelista Asli Erdogan, que era también miembro del consejo asesor y columnista del diario kurdo Özgür Gündem, actualmente cerrado, el intelectual y columnista Mehmet Altan y su hermano, Ahmet Altan, escritor y antiguo director del semanario Taraf;

F.  Considerando que, según Human Rights Watch, muchas de esas acciones judiciales se emprendieron sin contar con prueba alguna de la participación de los acusados en el fallido intento de golpe de Estado; que debe garantizarse el derecho a un juicio justo, y que el sistema judicial ha tramitado los asuntos relacionados con los medios de comunicación con insuficiente imparcialidad e independencia;

1.  Condena firmemente el intento de golpe de Estado que tuvo lugar en Turquía el 15 de julio de 2016; apoya las instituciones legítimas de Turquía; lamenta el elevado número de víctimas; expresa su solidaridad con las víctimas y sus familias;

2.  Reconoce que el Gobierno turco tiene el derecho y la responsabilidad de reaccionar ante el intento de golpe de Estado; hace hincapié, no obstante, en que el fallido golpe de Estado militar no puede servir de excusa para que el Gobierno turco reprima aún más a la oposición legítima y pacífica ni para que impida a los periodistas y los medios de comunicación ejercer de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión a través de acciones y medidas desproporcionadas e ilegales;

3.  Pide a las autoridades turcas que pongan en libertad a todos los periodistas y profesionales de los medios de comunicación detenidos sin pruebas contundentes de actividad delictiva, incluidos periodistas de reconocido prestigio como Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdogan, Murat Aksoy, Ahmet Altan y Mehmet Altan; subraya que no debe detenerse a periodistas sobre la base del contenido de su periodismo o de sus supuestas simpatías, incluso en los casos en que se haya presentado una acusación en su contra, e insiste en la necesidad de garantizar que la prisión preventiva sigue siendo una excepción;

4.  Recuerda que una prensa libre y plural es un elemento esencial de toda democracia, al igual que las garantías procesales, la presunción de inocencia y la independencia del poder judicial; recuerda a las autoridades turcas que deben ser extremadamente cuidadosas en su trato con los medios de comunicación y los periodistas, ya que las libertades de expresión y de prensa siguen siendo esenciales para el funcionamiento de una sociedad democrática y abierta;

5.  Lamenta que también se hayan utilizado las disposiciones del estado de excepción para acosar a los familiares de periodistas que han huido al extranjero o están escondidos, anulando sus pasaportes o deteniéndolos provisionalmente en lugar de a las personas acusadas;

6.  Manifiesta su profunda preocupación por el cierre de más de 150 medios de comunicación; solicita su reapertura, el restablecimiento de su independencia y la reincorporación de los empleados despedidos de conformidad con las garantías procesales; pide a las autoridades turcas que pongan fin a la práctica de utilizar indebidamente las disposiciones de su Código Penal para nombrar administradores en los medios de comunicación privados y que acaben con las injerencias del ejecutivo en los medios de comunicación independientes, también sobre las decisiones editoriales, los despidos de periodistas y redactores, y las presiones e intimidaciones contra los medios de comunicación y los periodistas críticos; condena los intentos de las autoridades turcas de intimidar y expulsar a los corresponsales extranjeros;

7.  Pide al Gobierno de Turquía que reduzca el ámbito de aplicación de las medidas de excepción para que no se puedan seguir utilizando para recortar la libertad de expresión; insiste en que las investigaciones sobre la presunta participación en el intento de golpe de Estado deben llevarse a cabo de conformidad con las garantías procesales, de manera imparcial y sobre la base de pruebas sólidas y no de la culpabilidad por asociación, que puede dar lugar a castigos colectivos;

8.  Subraya que Turquía se enfrenta a una amenaza terrorista real; reitera, no obstante, que no debe utilizarse la formulación muy general de la legislación antiterrorista turca para castigar a los periodistas por ejercer su derecho a la libertad de expresión; urge a que se apliquen las recomendaciones de la Comisión de Venecia de marzo de 2016 y se reforme la legislación antiterrorista;

9.  Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros que sigan haciendo un estrecho seguimiento de las consecuencias que tiene en la práctica el estado de excepción y garanticen el seguimiento de todos los juicios de periodistas;

10.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como al Presidente, al Gobierno y a la Gran Asamblea Nacional de Turquía.

(1) DO C 300 de 18.8.2016, p. 45.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0133.


Seguridad nuclear y no proliferación
PDF 188kWORD 50k
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre seguridad nuclear y no proliferación (2016/2936(RSP))
P8_TA(2016)0424RC-B8-1122/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 17 de enero de 2013, sobre las recomendaciones de la Conferencia encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación en relación con la instauración de una zona sin armas de destrucción masiva en Oriente Próximo(1),

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2010, relativa al Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares(2),

–  Vistos los seminarios de la Unión sobre no proliferación y desarme y las reuniones periódicas del Consorcio de No Proliferación de la Unión,

–  Vista la Estrategia de la Unión contra la proliferación de armas de destrucción masiva, adoptada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003,

–  Vista la falta de acuerdo de la Conferencia de 2015 Encargada del Examen del TNP sobre un documento definitivo,

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre la Novena Conferencia de las Partes Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (8079/15),

–  Vistos los documentos adoptados en la primavera de 2016 durante la Cumbre de Seguridad Nuclear celebrada en Washington,

–  Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2310 (2016) sobre el vigésimo aniversario del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE),

–  Vista la Declaración de Tiflis, de 2016, adoptada por consenso por la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa,

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 66/61, de 13 de diciembre de 2011, sobre la instauración de una zona sin armas nucleares en la región de Oriente Próximo,

–  Vista la Decisión 2012/422/PESC del Consejo, de 23 de julio de 2012, que respalda un proceso que lleve a la instauración de una zona sin armas nucleares y demás armas de destrucción masiva en Oriente Próximo(3),

–  Vistos la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 70/33, de 7 de diciembre de 2015, sobre los «Avances de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear», y el informe del Grupo de Trabajo de composición abierta presentado a la Asamblea General y adoptado el 19 de agosto de 2016 (A/71/371),

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el entorno de seguridad mundial y, en particular, el de la Unión, se ha deteriorado considerablemente y se ha vuelto más fluido, más precario y menos predecible; y que existen amenazas convencionales, no convencionales e híbridas, generadas por agentes regionales y mundiales tanto estatales como no estatales;

B.  Considerando que la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales se ven gravemente amenazadas por la evolución de determinados parámetros, incluido el deterioro de las relaciones entre Estados que poseen armamento nuclear como, por ejemplo, los Estados Unidos y la Federación de Rusia, e India y Pakistán, y el desarrollo de la capacidad nuclear de la República Popular Democrática de Corea;

C.  Considerando que la proliferación de armas biológicas y químicas de destrucción masiva se reduce y se detiene progresivamente gracias a la aplicación real a escala internacional de la prohibición y de las obligaciones recogidas en la Convención sobre Armas Tóxicas y Biológicas de 1972 y en la Convención sobre Armas Químicas; y que, pese a ello, la proliferación de armas nucleares de destrucción masiva y sus vectores sigue siendo una de las principales preocupaciones de la comunidad mundial;

D.  Considerando que en enero de 2016 nueve Estados (Estados Unidos, Federación de Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y República Popular Democrática de Corea) poseían en total aproximadamente 15 395 armas nucleares, en comparación con unas 15 850 en 2015;

E.  Considerando que es prioritario impedir que ni las organizaciones terroristas ni ningún nuevo Estado obtengan o utilicen armas nucleares, así como reducir y eliminar todos los arsenales nucleares para lograr un mundo libre de este tipo de armas;

F.  Considerando que ya existen varios tratados sobre zonas sin armas nucleares para otras regiones del mundo, como América Latina y el Caribe, el Pacífico Sur, Asia Sudoriental, África y Asia Central;

G.  Considerando que la Conferencia de las Partes de 2010 Encargada del Examen del TNP prestó una atención renovada al impacto humanitario de las armas nucleares, que presentaron los Gobiernos de Noruega, México y Austria mediante sucesivas conferencias sobre el impacto humanitario de las armas nucleares, y sus informes respectivos, así como el Compromiso Humanitario internacional iniciado por Austria y presentado en la Conferencia de las Partes de 2015 Encargada del Examen del TNP, al que se han adherido 127 Estados miembros de Naciones Unidas;

H.  Considerando que es necesario seguir reforzando los objetivos básicos de no proliferación y desarme de los tres pilares del TNP, a saber, la no proliferación, el desarme y la cooperación en el uso pacífico de la energía nuclear; y que los Estados poseedores de armas nucleares que han firmado el TNP están modernizando y mejorando sus arsenales de armas nucleares y retrasando las medidas para disminuir o eliminar sus arsenales nucleares y reducir su adhesión a la doctrina militar de la disuasión nuclear;

I.  Considerando que oficialmente se han alcanzado progresos en cuanto a la puesta en seguridad de material fisionable para usos civiles mediante las Cumbres de Seguridad Nuclear, que se han llevado a cabo a través de un proceso complementario externo al TNP y que han contribuido a fortalecer dicho Tratado al aumentar la credibilidad de su vertiente sobre no proliferación; y que, no obstante, la negativa a colaborar adoptada recientemente por la Federación de Rusia y el deterioro de sus relaciones con los Estados Unidos están poniendo en peligro nuevos esfuerzos para asegurar y reducir los materiales fisionables;

J.  Considerando que la Convención sobre la Protección Física de los Materiales Nucleares constituye un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el ámbito de la protección física del material nuclear, que establece medidas en relación con la prevención, la detección y la persecución de delitos relacionados con los materiales nucleares;

K.  Considerando que la Federación de Rusia y los Estados Unidos seguirán aplicando el nuevo Tratado START, que vencerá en 2021, a menos que ambas partes lo prorroguen; que el presidente de los EE. UU, Barack Obama, en su discurso pronunciado en 2013 en Berlín, formuló una propuesta importante para reducir las cabezas nucleares, que reiteró en Washington en 2016; y que no ha habido respuesta de la Federación de Rusia a la oferta de iniciar negociaciones sobre un acuerdo de continuación tras el nuevo START, y que todavía no se ha negociado ningún seguimiento del nuevo START para abordar la reducción de las armas nucleares estratégicas y no estratégicas con miras a su eliminación;

L.  Considerando que las explosiones nucleares de prueba y cualesquiera otras detonaciones nucleares representan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y socavan el régimen mundial de no proliferación y desarme nucleares; que el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE) es la manera más eficaz de prohibir los ensayos de armas nucleares; y que el 24 de septiembre de 1996 se cumplió el vigésimo aniversario de la apertura a la firma del TPCE;

M.  Considerando que, a pesar de todos los esfuerzos por convocarla, todavía no se ha celebrado la Conferencia sobre la instauración de una zona sin armas nucleares ni otras armas de destrucción masiva en Oriente Próximo, prevista para diciembre de 2012, de conformidad con los acuerdos alcanzados por consenso por los Estados parte del TNP en la Conferencia de las Partes de 2010 Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares;

N.  Considerando que su Concepto Estratégico de 2010 y su Revisión de la Postura de Disuasión y Defensa de 2012 comprometen a la OTAN a crear las condiciones para un mundo sin armas nucleares; y que en el marco de los acuerdos bilaterales y de participación nuclear de la OTAN, en cinco Estados miembros de esta organización que no poseen armas nucleares (Alemania, Bélgica, Italia, Países Bajos y Turquía) siguen desplegadas, según estimaciones, entre 150 y 200 bombas nucleares de caída libre y de corto alcance propiedad de los Estados Unidos, consideradas armas nucleares tácticas o subestratégicas, y que las armas se despliegan en estos Estados con arreglo a las políticas actuales de la OTAN;

O.  Considerando que la seguridad tecnológica y física de las armas nucleares estadounidenses desplegadas en Turquía atrae cada vez mayor atención como resultado del conflicto armado en Siria que se desarrolla cerca de la base aérea de Incirlik, y también como consecuencia de los sucesos ocurridos en dicha base y en sus alrededores durante el golpe fallido del 15 de julio de 2016 y después de este;

P.  Considerando que el 5 de diciembre de 2015 supuso el vigésimo aniversario de la firma del Memorando de Budapest; que Ucrania ha respetado todas sus disposiciones y ha adoptado una posición proactiva en las cuestiones del desarme nuclear y la no proliferación, a diferencia de la Federación de Rusia, que ha violado sus compromisos al ocupar una parte del territorio ucraniano (Crimea) e iniciar una agresión armada en el este de Ucrania; que ello ha sentado un peligroso precedente, puesto que un Estado que había garantizado la seguridad de Ucrania en respuesta a la decisión de este Estado de adherirse al TNP como Estado sin armas nucleares ha violado la soberanía y la integridad territorial del Estado y minado gravemente no solo la credibilidad del instrumento en su conjunto sino también las garantías de seguridad negativas ofrecidas por el Estado que posee armas nucleares, además de perjudicar al propio TNP y la idea de avanzar hacia la no proliferación y el desarme nucleares a escala mundial sobre la base del Derecho internacional y de los tratados multilaterales; que son extremamente preocupantes las declaraciones realizadas en tono amenazante por altos cargos rusos, en las que afirmaban que la Federación de Rusia tiene derecho a desplegar y mantener armas nucleares en Crimea, lo que tendría consecuencias internacionales; y preocupado por la nueva doctrina militar rusa de diciembre de 2014 que permite el uso de armas nucleares contra Estados que no las poseen;

Q.  Considerando que la Federación de Rusia ha desplegado misiles Iskander de corto alcance con capacidad nuclear en Kaliningrado y realiza ejercicios y vuelos a baja altura con sistemas con capacidad nuclear; y que las declaraciones de las autoridades rusas sobre la importancia de la disuasión nuclear y su decisión de suspender el Acuerdo de Gestión y Eliminación de Plutonio celebrado con los Estados Unidos en 2000 han acentuado la preocupación por la cada vez mayor apuesta de la Federación de Rusia por las armas nucleares;

R.  Considerando que la Unión desempeña una importante función como parte del Plan de Acción Integral Conjunto acordado con Irán, lo que incluye su papel como miembro de pleno derecho de la comisión conjunta supervisora de la aplicación del acuerdo;

S.  Considerando que el 9 de septiembre de 2016 la República Popular Democrática de Corea realizó su quinto ensayo nuclear apenas unos meses después de la anterior, efectuada el 6 de enero del mismo año; que este ensayo, que según la República Popular Democrática de Corea, se trató de un ensayo de una bomba de hidrógeno saldada con éxito», viola manifiestamente las obligaciones internacionales de dicho Estado en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Declaración Conjunta de la República Popular Democrática de Corea y de la República de Corea sobre la Desnuclearización de la Península de Corea, de 1992, en la que se establece que ninguno de los dos Estados podrá desarrollar ni mantener armamento nuclear alguno; que la proliferación de cualquier arma de destrucción masiva y, en particular, de las armas nucleares, junto con sus vectores, supone una amenaza para la paz y la seguridad internacionales; que la República Popular Democrática de Corea anunció su retirada del Tratado de No Proliferación en 2003; que dicho Estado ha realizado ensayos nucleares desde 2006; y que declaró oficialmente en 2009 que había desarrollado armas nucleares con fines disuasivos, lo que significa que la amenaza que supone la República Popular Democrática de Corea para sus vecinos en el noreste de Asia y para la paz y la seguridad en la región y en el mundo es ahora mayor;

T.  Considerando que en la Estrategia Europea de Seguridad de 2003 se afirma que la proliferación de armas de destrucción masiva es, en potencia, la mayor amenaza a nuestra seguridad, incluida la posibilidad de una escalada de armas de destrucción masiva, y que la Unión está comprometida con el logro de la adhesión universal a los regímenes de tratados multilaterales y el fortalecimiento de los tratados y de sus disposiciones en materia de verificación; y que la Estrategia Global de la Unión de 2016 no incluye ninguna referencia a las armas de destrucción masiva, la no proliferación y el control de armamento;

U.  Considerando que lamentablemente, en vísperas de la Conferencia de las Partes de 2015 Encargada del Examen del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, la Unión no fue capaz de adoptar una posición común respecto al desarme nuclear, debiendo reconocer por vez primera la existencia de «diferentes puntos de vista» en cuanto a las consecuencias de las armas nucleares; y que la Conferencia no pudo consensuar un documento definitivo debido a las desavenencias respecto a la continuidad de los esfuerzos regionales por establecer una zona libre de armas de destrucción masiva en Oriente Próximo;

V.  Considerando que la Unión se ha comprometido a hacer uso de todos los instrumentos a su alcance para prevenir, disuadir, detener y, si es posible, eliminar los programas de proliferación que suscitan preocupación a escala mundial, como quedó claramente expuesto en la Estrategia de la Unión contra la proliferación de armas de destrucción masiva, adoptada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003; y que garantizó una mayor colaboración de los grupos de reflexión europeos sobre este asunto como parte del Consorcio de No Proliferación de la Unión;

W.  Considerando que es importante apoyar y fortalecer la participación de la sociedad civil en este proceso internacional de una manera transparente;

1.  Expresa su profunda preocupación ante el deterioro del entorno de seguridad alrededor de la Unión y más allá de sus Estados vecinos, lo que podría dar lugar a la reaparición del armamento nuclear a modo de factor disuasorio activo y a su posible proliferación entre agentes estatales y no estatales, así como ante la falta de aplicación de medidas eficaces de desarme y no proliferación;

2.  Pide a todos los Estados que poseen armas nucleares que adopten medidas provisionales concretas para reducir el riesgo de detonaciones de estas armas, incluida la disminución del estatus operativo de las armas nucleares y su traslado a almacenes, la disminución del papel de las armas nucleares en las doctrinas militares y una rápida reducción de todos los tipos de armas nucleares;

3.  Expresa su profunda preocupación por las posibles violaciones del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (Tratado INF);

4.  Expresa su profunda inquietud ante el aumento de las amenazas nucleares surgido de la actitud rusa, que tiene repercusiones para la seguridad, la estabilidad y la previsibilidad a escala mundial, y ante el deterioro de las relaciones con la OTAN, incluidas posibles violaciones del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (Tratado INF), declaraciones que apuntan a una mayor disposición a utilizar armas nucleares, y afirmaciones que señalan la consideración de un posible despliegue de armas nucleares en otros territorios europeos; llama la atención sobre la realización de maniobras militares por parte de la Federación de Rusia en las que simula la utilización de armamento nuclear contra Polonia, y expresa su profunda preocupación por el despliegue de sistemas de misiles Iskander con capacidad nuclear en la provincia de Kaliningrado, que linda con dos Estados miembros de la Unión, Polonia y Lituania; recuerda que la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva de 1996, sentenció que, en el marco del Derecho internacional actual, no podía «llegar a una conclusión definitiva en cuanto a la legalidad o la ilegalidad del uso de armas nucleares por un Estado en una circunstancia extrema de legítima defensa»;

5.  Respalda la Cumbre de Seguridad Nuclear de 2016 y reconoce que el comercio no autorizado y el uso de materiales nucleares es una amenaza inmediata y grave para la seguridad mundial, y espera lograr un seguimiento completo y la puesta en seguridad física de todos los materiales apropiados para la construcción de armas;

6.  Acoge con satisfacción la finalización de los trabajos del Grupo de Trabajo de composición abierta de las Naciones Unidas sobre avances de las negociaciones multilaterales de desarme nuclear, a raíz de la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 70/33; celebra la recomendación a la Asamblea General de las Naciones Unidas, incluida en el informe final del Grupo de Trabajo de composición abierta (A/71/371) y aprobada con un amplio apoyo el 19 de agosto de 2016, de celebrar una conferencia en 2017, abierta a todos los Estados, a fin de negociar un instrumento jurídicamente vinculante para prohibir las armas nucleares que conduzca a su total eliminación; reconoce que esta voluntad reforzará los objetivos y las obligaciones en materia de no proliferación y desarme recogidos en el TNP y contribuirá a crear las condiciones para la seguridad mundial y para un mundo libre de armas nucleares;

7.  Pide a los Estados miembros de la Unión que apoyen la celebración de dicha conferencia en 2017 y que participen con una actitud constructiva en sus trabajos; invita a Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión y alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y al Servicio Europeo de Acción Exterior a que contribuyan de manera constructiva en los preparativos de la conferencia de negociación de 2017;

8.  Recuerda la celebración del vigésimo aniversario de la apertura a la firma del TPCE, el 24 de septiembre de 1996, y destaca que un tratado de prohibición de ensayos universal, verificable efectivamente a escala internacional es la manera más eficaz para prohibir las explosiones nucleares de prueba y cualesquiera otras detonaciones nucleares;

9.  Insta a los restantes Estados que figuran en la lista del anexo II al TPCE, cuya ratificación se requiere para su entrada en vigor, que firmen o ratifiquen dicho Tratado urgentemente a fin de que este instrumento internacional decisivo pueda surtir pleno efecto jurídico sin más demora; celebra en este sentido la aprobación de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2310 (2016);

10.  Reconoce los avances significativos alcanzados por la Comisión Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (OTPCE) a la hora de completar y aplicar su eficaz Sistema Internacional de Vigilancia, que, incluso sin la entrada en vigor del Tratado, contribuye a la estabilidad regional como medida importante de refuerzo de la confianza, fortalece el régimen de no proliferación y desarme nucleares y aporta beneficios adicionales, científicos y civiles para los Estados; expresa su convicción de que la Comisión Preparatoria de la OTPCE seguirá confiando en las aportaciones económicas de los Estados para continuar aplicando el sistema de vigilancia;

11.  Lamenta que, a pesar de las esperanzas en sentido contrario, las armas nucleares regresen a la planificación estratégica de los Estados que las poseen; pide que se avance en el diálogo con todos los Estados que poseen armas nucleares con vistas a seguir un programa común destinado a reducir progresivamente las existencias de cabezas nucleares; respalda, en particular, las medidas adoptadas por los Estados Unidos y la Federación de Rusia a fin de reducir sus armas nucleares desplegadas, tal como acordaron en el nuevo Tratado START;

12.  Lamenta la ausencia de nuevas negociaciones, desde la entrada en vigor del nuevo START en 2011, sobre una reducción, urgentemente necesaria, de las cabezas nucleares desplegadas y no desplegadas, entre ellas, tal como habían acordado previamente los Estados Unidos y la Federación de Rusia, las medidas para reducir y eliminar las armas nucleares de corto alcance y tácticas consideradas subestratégicas y no estratégicas;

13.  Reconoce que la eliminación, mutua y simultánea, del territorio europeo de las armas nucleares de corto alcance, las armas tácticas y aquellas consideradas subestratégicas podría contribuir positivamente a crear las condiciones para la instauración de más zonas libres de armas nucleares, con lo que se contribuiría a cumplir las obligaciones en materia de no proliferación y desarme incluidas en el TNP y, mientras tanto, se sentaría un precedente para un desarme nuclear ulterior;

14.  Propugna que se establezcan zonas desnuclearizadas a modo de paso positivo en la vía hacia un mundo desnuclearizado; opina, a este respecto, que la instauración de una zona desnuclearizada en Oriente Próximo, basada en acuerdos que se hayan alcanzado libremente, sería un factor fundamental para el logro de una paz duradera y global en la región; expresa, en este contexto, su amarga decepción ante la incapacidad de celebrar la conferencia de 2012, prevista en el TNP, para la instauración de una zona sin armas de destrucción masiva en Oriente Próximo;

15.  Apoya los nuevos esfuerzos para reforzar el mandato del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), incluidas la generalización de los protocolos adicionales a los acuerdos de salvaguardias del OIEA y otras acciones destinadas a desarrollar medidas de fomento de la confianza; aspira a que se asegure que se ponen suficientes recursos a disposición de dicho Organismo, de forma que pueda cumplir su mandato de vital importancia y conseguir que las actividades nucleares sean seguras; pide que se logren avances en las futuras comisión preparatoria del TNP de 2017 y la Conferencia de Alto Nivel sobre Desarme Nuclear de 2018;

16.  Se congratula del acuerdo concluido entre las potencias P5+1 e Irán en relación con las ambiciones nucleares de este último Estado y aboga por una cooperación continuada entre ambas partes con objeto de garantizar la plena aplicación del Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC); considera que el PAIC, conocido también como el acuerdo nuclear con Irán, fue un logro importante para la diplomacia multilateral en general, y para la europea en particular, que permitirá no solo mejorar notablemente las relaciones entre Irán y la Unión, sino que también contribuirá a fomentar la estabilidad en toda la región; considera que todas las partes son ahora responsables de garantizar su plena y estricta aplicación; celebra la creación de la comisión conjunta, formada por representantes de Irán y del E3/EU+3 (China, Francia, Alemania, Federación de Rusia, Reino Unido y Estados Unidos), con la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad; apoya plenamente a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en su papel de coordinadora de la comisión conjunta creada en el seno del PAIC, y considera que una aplicación estricta y completa de este Plan sigue revistiendo la máxima importancia;

17.  Lamenta los últimos ensayos nucleares realizados por la República Popular Democrática de Corea y su rechazo de las diversas resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluida la más reciente, de 2 de marzo de 2016 (2070); insta a la República Popular Democrática de Corea a que se abstenga de llevar a cabo nuevos actos de provocación, abandonando sus programas nuclear y de misiles balísticos por completo y de forma verificable e irreversible, a que ponga fin a toda actividad conexa y a que cumpla de inmediato con todas sus obligaciones internacionales, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Junta de Gobernadores del OIEA, así como otras normas internacionales en materia de desarme y no proliferación, y que regrese a la mesa de negociación; pide a la República Popular Democrática de Corea que firme y ratifique sin demora el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares; expresa su deseo de que se logre una solución diplomática y política a la cuestión nuclear de la República Popular Democrática de Corea y apoya la reanudación de las Conversaciones entre Seis Partes; insta a China a que ejerza mayor presión sobre la República Popular Democrática de Corea;

18.  Celebra la inclusión de cláusulas de no proliferación de armas de destrucción masiva en los acuerdos de la Unión con terceros países y en los correspondientes planes de acción; señala que dichas medidas deben ser aplicadas por todos los Estados socios de la Unión sin excepción;

19.  Acoge con satisfacción la presentación de la Estrategia Global de la Unión e insta al SEAE a que, como medida de seguimiento, actualice y amplíe la Estrategia de la Unión contra la proliferación de armas de destrucción masiva de 2003 y las Nuevas líneas de actuación de 2009, tomando en consideración las cuestiones y los problemas descritos anteriormente, con miras a convertir la Unión en una fuerza motriz para fortalecer y hacer avanzar los acuerdos multilaterales en materia de desarme y no proliferación nucleares;

20.  Celebra los intercambios periódicos sobre estas cuestiones a través del Consorcio de No Proliferación de la Unión y otras organizaciones de la sociedad civil y grupos de reflexión, y pide al Consorcio de No Proliferación de la Unión, presidido por el consejero principal y enviado especial para asuntos de no proliferación y desarme, que amplíe su programa e incluya el desarme;

21.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a los Estados miembros, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Alto Representante de las Naciones Unidas para Asuntos de Desarme, a la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, al Director General del OIEA, y a los Parlamentos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

(1) DO C 440 de 30.12.2015, p. 97.
(2) DO C 349 E de 22.12.2010, p. 77.
(3) DO L 196 de 24.7.2012, p. 67.


Servicio Voluntario Europeo
PDF 172kWORD 48k
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre el Servicio Voluntario Europeo y el fomento del voluntariado en Europa (2016/2872(RSP))
P8_TA(2016)0425RC-B8-1126/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, sobre el Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que Fomenten una Ciudadanía Activa (2011)(1),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Políticas de la UE y voluntariado: reconocimiento y fomento de actividades voluntarias transfronterizas en la UE» (COM(2011)0568),

–  Vista la Agenda de Políticas para el Voluntariado en Europa de la Alianza del Año Europeo de las Actividades de Voluntariado 2011,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal(2),

–  Vista su Resolución, de 10 de diciembre de 2013, sobre el voluntariado y las actividades de voluntariado en Europa(3),

–  Vista la definición del trabajo voluntario propuesta por la Organización Internacional del Trabajo en su Manual de medición del trabajo voluntario (2011),

–  Vista su Resolución, de 12 de junio de 2012, sobre el reconocimiento y el fomento de las actividades voluntarias transfronterizas en la UE(4),

–  Vista su Resolución, de 22 de abril de 2008, sobre la función del voluntariado como contribución a la cohesión económica y social(5),

–  Vista la Carta Europea de Derechos y Responsabilidades de los Voluntarios(6),

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre el Servicio Voluntario Europeo (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Recordando que en 2016 el Servicio Voluntario Europeo (SVE) celebra su 20.º aniversario, y que en estos veinte años se ha apoyado a 100 000 voluntarios;

B.  Destacando que el Año Europeo de las Actividades de Voluntariado 2011, apoyado firmemente por el Parlamento Europeo, supuso una gran oportunidad política para subrayar el valor añadido del voluntariado en Europa, y que ahora, cinco años después, el Parlamento Europeo debe reflexionar acerca de cómo ha repercutido dicho Año Europeo del Voluntariado 2011 en términos de valor añadido en la evolución política y en el modo en que el voluntariado está integrado en programas europeos fundamentales, como Erasmus+ o el Servicio Voluntario Europeo;

C.  Recordando que el Año Europeo de las Actividades de Voluntariado 2011 imprimió un impulso y dotó de contexto al establecimiento y la revisión de numerosos marcos nacionales jurídicos para el voluntariado en toda Europa; subrayando, no obstante, que Europa sigue careciendo de una política de voluntariado coordinada, con un punto de contacto único en las instituciones de la Unión;

D.  Recalcando que el voluntariado es una actividad emprendida por la libre voluntad, decisión y motivación de una persona sin ánimo de lucro alguno; destacando que puede definirse como un camino de solidaridad y es una manera de abordar las necesidades y preocupaciones humanas, sociales y medioambientales;

E.  Considerando que el voluntariado constituye un aspecto fundamental de la ciudadanía activa y de la democracia, así como del desarrollo personal, en el que se reflejan valores europeos como la solidaridad y la no discriminación, y que también contribuye a impulsar la democracia participativa y a promover los derechos humanos dentro y fuera de la Unión;

F.  Subrayando el valor y la importancia del voluntariado como una de las expresiones más visibles de la solidaridad, que promueve y facilita la inclusión social, construye un capital social y produce un efecto transformador en la sociedad, y, además, contribuye no solo al desarrollo de una sociedad civil dinámica que puede ofrecer soluciones creativas e innovadoras a retos comunes, sino también al crecimiento económico, y que, como tal, merece ser valorado de forma específica en términos de capital tanto económico como social;

G.  Recordando que, para garantizar la participación de un mayor número de ciudadanos europeos en el voluntariado, es fundamental un entorno propicio que garantice una financiación adecuada de las infraestructuras de voluntariado, incluidas las organizaciones en las que participan voluntarios, en beneficio de los voluntarios mismos y de sus actividades;

H.  Destacando que el voluntariado requiere una combinación de mecanismos de apoyo y de estructuras organizativas adecuadas que determine los derechos y las responsabilidades de los voluntarios y del voluntariado;

I.  Subrayando que toda persona tiene derecho a un acceso equitativo a las oportunidades de voluntariado y a la protección contra toda clase de discriminación, por lo que se le debe otorgar el derecho a conciliar la actividad de voluntariado con su vida privada y laboral, de modo que pueda gozar de cierta flexibilidad durante la actividad de voluntariado;

J.  Subrayando que el reconocimiento del valor social y económico del voluntariado también es fundamental para fomentar incentivos adecuados para todas las partes interesadas y aumentar así la cantidad, la calidad y el impacto del voluntariado;

K.  Recordando el concurso Capital Europea del Voluntariado, que reconoce los logros de los municipios de toda Europa en el reconocimiento y el apoyo a los esfuerzos de los voluntarios en sus diferentes sectores;

L.  Destacando que el nuevo programa Erasmus+ sigue ofreciendo oportunidades de financiación y apoyo a proyectos de voluntariado, en particular a través del programa SVE, y que la DG Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas ha puesto en marcha la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE para brindar apoyo práctico a los proyectos de ayuda humanitaria; reconociendo que el nuevo MFP de la Unión 2014-2020 ha reservado algunos fondos de la Unión para el voluntariado, en particular a través del programa «Europa con los ciudadanos», gestionado actualmente por la DG Migración y Asuntos de Interior, con lo que el voluntariado sigue siendo una prioridad; señalando, no obstante, que el acceso de las organizaciones de voluntarios a otros fondos importantes de la Unión, como los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, sigue siendo muy limitado;

M.  Recordando que la respuesta de la Unión a la actual crisis de los refugiados constituye un ejemplo pertinente y un símbolo visible de la importancia que tienen los voluntarios y del modo en que estos hacen suyos los valores europeos, contribuyen a la resiliencia y están disponibles para ofrecer soluciones flexibles y pragmáticas a retos compartidos;

1.  Reconoce que el voluntariado es una expresión de solidaridad, libertad y responsabilidad que contribuye al fortalecimiento de la ciudadanía activa y al crecimiento personal, además de un instrumento fundamental para la inclusión social y la cohesión, así como para la formación, la educación y el diálogo intercultural, al tiempo que realiza una aportación importante a la difusión de los valores europeos; subraya que sus beneficios se reconocen también en el trabajo voluntario realizado con países terceros en cuanto instrumento estratégico para fomentar la comprensión mutua y las relaciones interculturales;

2.  Destaca la importancia de proporcionar un marco europeo para las acciones de voluntariado que determine derechos y responsabilidades y facilite la movilidad y el reconocimiento de competencias; alienta a los Estados miembros que aún deban definir un entorno jurídico para los voluntarios a que se basen en las recomendaciones de la Agenda de Políticas para el Voluntariado en Europa y la Carta Europea de Derechos y Responsabilidades de los Voluntarios;

3.  Anima a los Estados miembros a que pongan en marcha procesos concretos de validación en el marco de la Recomendación del Consejo de 2012 con objeto de garantizar una mejor comprensión y comparabilidad de las competencias y la experiencia; pide que en las futuras iniciativas Pasaporte europeo de competencias y Europass se conceda una mayor relevancia al voluntariado como aprendizaje informal y no formal; recuerda que el voluntariado ayuda a los ciudadanos a adquirir destrezas y competencias que les pueden facilitar el acceso al mercado laboral; destaca que los voluntarios nunca deben ser considerados o utilizados como mano de obra alternativa;

4.  Observa que en Europa casi 100 millones de ciudadanos de todas las edades son voluntarios, y que su labor supone una aportación equivalente aproximadamente al 5 % del PIB; insta a la Comisión a que, mediante políticas más centradas en los voluntarios, tenga presente el valor económico de los bienes y servicios que estos aportan;

5.  Propone apoyar y aplicar la idea de permitir que el tiempo empleado en voluntariado pueda beneficiarse de subvenciones de la Unión en el marco de la cofinanciación, como ha sugerido recientemente la Comisión en la nueva propuesta de Reglamento Financiero;

6.  Pide a Eurostat que apoye a este respecto a los Estados miembros para garantizar la recopilación de datos comparables en Europa y que elabore indicadores y métodos comunes a escala de la Unión para medir el impacto social del voluntariado; insta a los Estados miembros a que adopten el sistema desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo para medir el valor económico del voluntariado;

7.  Anima a los Estados miembros que aún no lo han hecho a que establezcan regímenes nacionales de servicios de voluntariado financiados adecuadamente y mejoren el acceso a información de calidad sobre las oportunidades de voluntariado a escala nacional y local, en particular a través de las actuales redes de información de los jóvenes y de la difusión de información inter pares, así como que creen centros nacionales de servicios cívicos, que promoverán asimismo oportunidades de voluntariado a escala internacional para personas de toda edad;

8.  Pide a la Comisión que facilite la elaboración de una política europea de voluntariado más coordinada, con vistas a establecer un único punto de contacto en la Comisión, que interrelacione las iniciativas y programas individuales y mejore el acceso a los programas de voluntariado;

9.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio acerca de los regímenes nacionales de servicios de voluntariado, los cuerpos de servicio cívico y de solidaridad y el marco actual para los posibles voluntarios entre distintos Estados miembros, a fin de facilitar la comprensión mutua y la difusión de buenas prácticas, así como la posibilidad de crear un servicio cívico europeo que complemente las posibilidades de voluntariado existentes, todo ello con la idea de fomentar la ciudadanía europea;

10.  Toma nota de la idea de la Comisión de establecer una nueva iniciativa sobre el voluntariado juvenil europeo, conocida como Cuerpo de Solidaridad de la Unión; pide a la Comisión que evalúe el valor añadido de esta iniciativa para contribuir al trabajo ya realizado por la sociedad civil y que garantice que participen en su diseño las organizaciones de voluntarios; subraya además la necesidad de que su puesta en práctica no comprometa las dotaciones presupuestarias ya asignadas a otros programas;

11.  Apoya a la Comisión y a los Estados miembros en la celebración del 20.° aniversario del SVE; reitera que el programa SVE beneficia a las personas y organizaciones implicadas, así como a la sociedad en su conjunto, y que debe reforzar la dimensión de la participación cívica del programa Erasmus+; destaca la importancia de promover el SVE entre todos los jóvenes, especialmente aquellos que aún no están interesados en el voluntariado y la movilidad, fomentando de este modo la motivación y provocando cambios de actitud, sin excluir a las generaciones de más edad, que tienen mucho que aportar, por ejemplo como mentores;

12.  Anima a los Estados miembros a que impulsen el SVE en sus sistemas educativos y académicos como mecanismo de difusión entre las generaciones jóvenes de la educación en la solidaridad y el compromiso cívico;

13.  Recuerda que el SVE se basa en ofertas de voluntariado de calidad, siguiendo la Carta Europea de Derechos y Responsabilidades de los Voluntarios y los principios de la Carta Europea de Calidad para la Movilidad, y que debería basarse en una estructura que anime a las organizaciones de voluntariado a ser organizaciones de acogida, proporcionándoles financiación y formación adecuadas y reforzando al mismo tiempo el papel de las organizaciones de coordinación que dan apoyo a un gran número de organizaciones de acogida, por ejemplo, en los ámbitos de la administración y la formación;

14.  Recuerda que el SVE debe permitir un acceso rápido y fácil al programa, por lo que pide que se simplifique su actual sistema de aplicación;

15.  Destaca la necesidad de reforzar el seguimiento y la dimensión local tras una experiencia de voluntariado en el extranjero, prestando apoyo no solo antes de la salida, sino también a la vuelta, mediante formaciones de orientación e integración al regreso;

16.  Insta a las autoridades nacionales, regionales y locales a que garanticen una financiación adecuada, simplifiquen los procedimientos administrativos y ofrezcan incentivos fiscales a las organizaciones y las redes de voluntarios, en particular a las de pequeñas dimensiones y escasos recursos;

17.  Insiste en la necesidad de ofrecer una tutoría de calidad a lo largo de todo el proceso mediante una gestión responsable del voluntariado y velando por que los voluntarios adquieran consciencia de su propia responsabilidad con la organización y la comunidad;

18.  Pide a la Comisión que mejore y reconfigure la estrategia de comunicación sobre el SVE, de modo que se haga hincapié en la importancia social, humana y cívica que reviste el voluntariado;

19.  Pone de relieve la función del envejecimiento activo en el voluntariado y subraya el papel de los ciudadanos, tanto jóvenes como mayores, en el compromiso cívico en Europa dando continuidad al impulso que han supuesto el Año Europeo de las Actividades de Voluntariado que Fomenten una Ciudadanía Activa (2011) y el Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012);

20.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 17 de 22.1.2010, p. 43.
(2) DO C 398 de 22.12.2012, p. 1.
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0549.
(4) DO C 332 E de 15.11.2013, p. 14.
(5) DO C 259 E de 29.10.2009, p. 9.
(6) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf


Estrategia de la UE para la Juventud 2013-2015
PDF 311kWORD 64k
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre la evaluación de la Estrategia de la UE para la Juventud 2013-2015 (2015/2351(INI))
P8_TA(2016)0426A8-0250/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y en particular sus artículos 14, 15, 21, 24 y 32,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones n.° 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE(1),

–  Vistas la Resolución del Consejo relativa a un plan de trabajo de la Unión Europea para la Juventud para 2016-2018(2) y la Resolución del Consejo, de 20 de mayo de 2014, relativa a un Plan de Trabajo de la Unión Europea para la Juventud para 2014-2015(3),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, relativa al establecimiento de una garantía juvenil(4),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de los días 7 y 8 de febrero de 2013, sobre la creación de una «Iniciativa de Empleo Juvenil»(5),

–  Vista la Resolución del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, relativa a un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)(6),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020)(7),

–   Vista su Resolución de 12 de abril de 2016 sobre Erasmus+ y otros instrumentos para fomentar la movilidad en la EFP – un enfoque basado en el aprendizaje permanente(8),

–  Vista la Declaración de París sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación mediante la educación, adoptada con motivo de la reunión informal de los ministros de Educación de la Unión Europea el 17 de marzo de 2015 en París,

–  Visto el informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018), aprobado por el Consejo el 23 de noviembre de 2015,

–  Vistos la Comunicación de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, titulada «Proyecto de informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)» (COM(2015)0429) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a la Comunicación de la Comisión «Resultados del método abierto de coordinación en el ámbito de la juventud, con especial hincapié en el segundo ciclo (2013-2015)» (SWD(2015)0168) y «Situación de los jóvenes en la Unión» (SWD(2015)0169),

–   Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2015, titulada «Proyecto de informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»), Nuevas prioridades para la cooperación europea en educación y formación» (COM(2015)0408),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «UE 2020: una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vistas su Resolución, de 11 de septiembre de 2013, sobre la aplicación de la estrategia de la UE para la Juventud 2010-2012(9), y su Resolución, de 18 de mayo de 2010, sobre una estrategia de la UE para la juventud: inversión y capacitación(10),

–   Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

–   Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la adquisición de conocimientos acerca de la Unión Europea en la escuela(11),

–  Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre el fomento del emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación(12),

–  Vista su Resolución, de 28 de abril de 2015, sobre el seguimiento de la aplicación del Proceso de Bolonia(13),

–   Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre el papel del diálogo intercultural, la diversidad cultural y la educación en la promoción de los valores fundamentales de la UE(14),

–   Visto el informe alternativo sobre la política de juventud publicado por el Foro Europeo de la Juventud,

–   Vista la Recomendación del Consejo, de 10 de marzo de 2014, sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0250/2016),

A.  Considerando que los jóvenes deben participar activamente en la planificación, el desarrollo, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de todas las políticas para la juventud;

B.  Considerando que debe ayudarse y empoderarse a los jóvenes para que resuelvan los gravísimos problemas a los que se enfrentan actualmente y a hacer frente a los retos que se les planteen en el futuro a través de unas políticas de juventud más pertinentes, efectivas y mejor coordinadas y un uso específico de los recursos de políticas económicas, de empleo y sociales a escala local, regional nacional y de la Unión;

C.  Considerando que es necesario reforzar la inclusión de la política relativa a la juventud, la cooperación transectorial y la acción social dentro de la Unión y las sinergias entre la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud y otras estrategias europeas como las relativas a la educación, la formación, la salud y el empleo, para garantizar así tanto las políticas actuales como las futuras puedan constituir una respuesta eficaz a las situaciones y necesidades de los jóvenes afectados por graves problemas económicos, de empleo y sociales; considerando que es fundamental la participación de las organizaciones juveniles en la elaboración de políticas;

D.  Considerando que el método abierto de coordinación se aplica en el ámbito de la juventud, inspirándose en la cooperación europea en el ámbito del empleo;

E.  Considerando que uno de los objetivos fijados para el programa Erasmus + en su conjunto es contribuir a la realización del marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018); que, a este respecto, debe garantizarse el acceso a las subvenciones a proyectos en el marco del programa Erasmus+ a las organizaciones juveniles, así como la eliminación de obstáculos a la admisibilidad de los proyectos pequeños;

F.  Considerando que la estrategia de la UE para la juventud (2010-2018) tiene ocho ámbitos de acción en los que deben adoptarse iniciativas: educación y formación, empleo y espíritu empresarial, salud y bienestar, participación, actividades de voluntariado, inclusión social, la juventud y el mundo, y creatividad y cultura;

G.  Considerando que el tercer y último ciclo trienal de la estrategia de la UE para la juventud (2010-2018) dará prioridad a la inclusión social de todos los jóvenes, especialmente a los procedentes de entornos desfavorecidos, una mayor participación en la vida cívica y democrática y una transición más fácil hacia el mercado laboral;

H.  Considerando que la estrategia de la UE para la juventud (2010-2018) hace hincapié en la necesidad de un diálogo estructurado continuo entre los responsables de la toma de decisiones y los jóvenes y las organizaciones juveniles; que el 57 % de las organizaciones juveniles de la UE considera que la experiencia de los jóvenes no se tiene en cuenta en la elaboración de las políticas para la juventud;

I.  Considerando que la política para la juventud debería basarse en derechos y respaldar a todos los jóvenes, garantizando el cumplimiento de los derechos de los jóvenes y el desarrollo de su potencial, y evitar al mismo tiempo la estigmatización de determinados grupos;

J.  Considerando la relevancia de subrayar que los jóvenes están involucrados en la política de muchas formas, pero que su participación en los procesos electorales está decreciendo;

K.  Considerando que es esencial garantizar que todos los jóvenes tengan acceso a una educación —tanto formal como informal— y a una formación de calidad, dado que la juventud europea de hoy en día se enfrenta a unas elevadas tasas de desempleo en numerosos Estados miembros, a empleos inestables y a un aumento del riesgo de pobreza y exclusión social, y que son en particular los jóvenes con escasas cualificaciones, los carentes de estudios, empleo o formación (ninis), los aquejados por necesidades especiales y los procedentes de los entornos socioeconómicos desfavorecidos como minorías étnicas, refugiados, migrantes y solicitantes de asilo, quienes se encuentran con mayor probabilidad desempleados o en situación de marginalidad;

L.  Considerando que se precisa un esfuerzo continuado para incrementar los niveles de participación en el mercado de trabajo de las mujeres jóvenes (en particular tras la baja por maternidad y en el caso de las madres solteras) y los jóvenes migrantes, de quienes abandonen prematuramente la escuela o cuenten con baja cualificación, los jóvenes con discapacidad y todos aquellos en riesgo de discriminación;

M.  Considerando que la educación y la formación pueden contribuir a luchar contra el distanciamiento social, la marginalización y la radicalización de los jóvenes y a abordar el problema del desempleo juvenil y reforzar su toma de conciencia frente a la importancia de los valores fundamentales de la Unión; que los enfoques interculturales e interreligiosos son esenciales para fomentar el respeto mutuo y la integración de los jóvenes en el sistema educativo y en la vida social, así como para combatir los prejuicios y la intolerancia;

N.  Considerando el carácter específico y el papel del deporte en la integración social de los jóvenes desfavorecidos, en especial los refugiados y migrantes, junto a su importancia en la lucha contra la xenofobia y el racismo;

O.  Considerando que los jóvenes son el futuro y deben ser vistos como un recurso con un potencial enorme para el devenir de las sociedades europeas;

P.  Considerando que es fundamental incorporar una perspectiva de género a las políticas para la juventud en todas las fases del proceso político, que tenga en cuenta las circunstancias y los retos específicos a que se enfrentan las jóvenes y las niñas; que las medidas específicas que integren la dimensión de género deben incluirse en ámbitos de la política para la juventud tales como la lucha contra la violencia contra las mujeres y las niñas, la educación sexual y relacional y la educación sobre la igualdad de género;

Q.  Considerando que ha de prestarse especial atención durante la elaboración y ejecución de la política para la juventud a las necesidades de los jóvenes que sufren discriminación múltiple, también de los discapacitados y quienes padecen enfermedades mentales, y de los jóvenes que se identifican como personas LGBTI;

R.  Considerando que la inclusión y la movilidad sociales deben constituir prioridades esenciales de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud y que, por tanto, esta ha de orientarse específicamente a los jóvenes de grupos vulnerables, como los que se enfrentan a la pobreza y exclusión social, los de zonas rurales aisladas o de comunidades marginadas como las minorías étnicas o los refugiados y solicitantes de asilo;

Recomendaciones generales

1.  Acoge favorablemente el informe sobre la juventud de la UE, de 15 de septiembre de 2015, basado en la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación del marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018), incluidos los principales resultados del último ciclo trienal de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud, y que propone prioridades para el siguiente ciclo (COM(2015)0429); recomienda a las autoridades de la Unión, nacionales, regionales y locales que aseguren que los distintos programas a escala de la UE que se ocupan de la política para la juventud se difunden, ejecutan y coordinan correctamente a fin de responder a las nuevas necesidades, vistos los desafíos sociales y educativos futuros;

2.  Considera que el método abierto de coordinación es un medio apropiado pero insuficiente para elaborar políticas para la juventud, por lo que debe complementarse con otras medidas; reitera su llamamiento en favor del refuerzo de la cooperación y del intercambio de buenas prácticas en cuestiones relativas a la juventud a nivel local, regional, nacional y de la Unión; insta a los Estados miembros a acordar indicadores y criterios de referencia claros que permitan el seguimiento de los progresos alcanzados;

3.  Destaca que es necesario integrar a los jóvenes discapacitados en el mercado de trabajo de modo que puedan llevar una vida independiente e incorporarse plenamente a la sociedad como elementos activos y participantes reales;

4.  Hace hincapié en la importancia del diálogo estructurado como medio de participación de los jóvenes, tanto de los involucrados en organizaciones juveniles como de los que no; hace hincapié, a este respecto, en la necesidad de incrementar y mejorar el alcance, la visibilidad y la calidad del proceso, prestando especial atención a la participación de los grupos vulnerables y marginales, a fin de desarrollar, ejecutar y evaluar políticas para la juventud de manera más eficaz a todos los niveles y fomentar una ciudadanía activa entre los jóvenes; pide el fortalecimiento del diálogo estructurado como una herramienta participativa de calidad para los jóvenes en el próximo marco para la cooperación en el ámbito de la juventud;

5.  Constata el impacto del segundo ciclo de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud (2013-2015) a la hora de destacar la importancia que reviste un planteamiento de la política sobre la juventud que sea adaptable y contemple una implicación intersectorial a varios niveles; valora el Diálogo Estructurado con las organizaciones juveniles a este respecto; pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren el acceso a una educación de calidad y a la formación y el empleo para los jóvenes; recuerda los ocho ámbitos de acción que promueve la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud;

6.  Destaca la importancia de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud, teniendo en cuenta la alarmante tasa de desempleo juvenil en la Unión, los porcentajes elevados y fuertemente variables de ninis y los retos que plantean la pobreza y la exclusión social entre los jóvenes; destaca que el siguiente ciclo (2016-2018) debería contribuir a los dos objetivos de la Estrategia para la Juventud, determinando y abordando las causas del desempleo juvenil, como el abandono escolar prematuro, promoviendo el espíritu empresarial entre los jóvenes e invirtiendo en la educación, las prácticas profesionales, el aprendizaje y la formación profesional en aquellas aptitudes que reflejen las oportunidades, las necesidades y la evolución del mercado laboral, así como facilitando la transición al mercado de trabajo en términos de medidas que garanticen una mejor coordinación de los programas de formación, la política de empleo y la demanda de dicho mercado; señala que los agentes del mercado laboral deben recibir apoyo en sus esfuerzos por aplicar el Sistema de Garantía Juvenil, a fin de garantizar que, en el plazo máximo de cuatro meses después de dejar los estudios, los jóvenes estén integrados bien sea en el mercado laboral, en el sistema educativo o bien en un programa de formación, cualificación o recalificación profesional;

7.  Hace hincapié en que la aplicación efectiva de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud se vincule estrechamente a la consecución de los objetivos principales de la Estrategia Europa 2020, y en particular a los dirigidos a conseguir que el 75 % de la población entre 20 y 64 años de edad tenga empleo y que el máximo número posible de jóvenes salga de la pobreza y la exclusión social; constata que, si bien se ha registrado una reducción de la tasa de desempleo juvenil en algunos Estados miembros desde 2013, existe todavía una verdadera preocupación por el hecho de que siga representando prácticamente el doble de la tasa de desempleo general, con cerca de ocho millones de jóvenes europeos todavía sin trabajo; destaca, por tanto, la importancia de abordar las divergencias geográficas entre la oferta y la demanda de empleo, tanto entre los Estados miembros como en el interior de sus territorios, en particular mediante los cambios introducidos en el portal europeo de la movilidad profesional (EURES), a fin de mejorar las oportunidades de empleo juvenil y conseguir una mayor cohesión social;

8.  Destaca la importancia de que el próximo ciclo de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud incluya entre sus objetivos a los jóvenes refugiados y solicitantes de asilo y vele por su trato equitativo y no discriminatorio, su acceso a la educación, la formación y el empleo y su integración social, ayudándoles de esta forma a forjar su identidad en los países de acogida y a aprovechar plenamente sus talentos y potencial, evitando su marginación y desencanto;

9.  Manifiesta su inquietud ante el fenómeno de la fuga de cerebros y su peligro para determinados Estados miembros, en especial, para aquellos que afrontan problemas y se encuentran en un programa de ajuste, en los que un número cada vez mayor de jóvenes licenciados, ante las cifras ingentes de desempleo, emigra, lo que priva a estos países del sector de mano de obra más importante y productivo;

10.  Destaca el potencial de las nuevas tecnologías para establecer vínculos con la juventud, y pide a la Unión y a los Estados miembros que lo aprovechen para reforzar el diálogo con los jóvenes y su capacidad de participación en la sociedad;

11.  Resalta la importancia de la participación de los jóvenes y las organizaciones juveniles en el establecimiento de las prioridades y la elaboración del nuevo marco para la cooperación de la UE en el ámbito de la juventud después de 2018;

12.  Recomienda que los Estados miembros y la Unión realicen una evaluación del impacto de las políticas destinadas a los jóvenes;

13.  Considera que la puesta en común de las mejores prácticas, la elaboración de políticas basadas en pruebas, los grupos de expertos, las actividades de aprendizaje entre iguales y las revisiones constituyen herramientas importantes para la cooperación transectorial orientada a los resultados en favor de los jóvenes; destaca la importancia de la difusión de los resultados de estas actividades para maximizar su repercusión;

14.  Destaca la importancia de la cooperación intersectorial a todos los niveles y especialmente entre las distintas estrategias de la Unión que afectan a los jóvenes (estrategias de la Unión presentes y futuras para la juventud, la educación y formación, la salud, el empleo, etc.);

15.  Hace hincapié en la relevancia y la necesidad de reforzar y desarrollar más las estrategias e iniciativas destinadas a evitar la violencia y el acoso en la escuela;

16.  Subraya la importancia de una cooperación de la máxima calidad, enfocada a las necesidades individuales de los niños o jóvenes, inclusive entre las familias, las comunidades religiosas y las escuelas, las comunidades locales, las organizaciones juveniles, los monitores de juventud y las estructuras educativas formales, no formales e informales, a la hora de asistir y orientar a los jóvenes hacia la plena integración en la sociedad ofreciéndoles un lugar seguro para el crecimiento y el aprendizaje;

17.  Sugiere que se asocie a las autoridades locales y regionales en el ámbito de la política para la juventud, especialmente en aquellos Estados miembros en los que tengan competencias en el mismo;

18.  Subraya la importancia de promover estilos de vida saludables para prevenir enfermedades y considera necesario proporcionar a la juventud información correcta y ayuda sobre problemas serios en materia de salud mental, como el consumo y la adicción al tabaco, al alcohol y a los estupefacientes;

19.  Recuerda la importancia de incluir una dimensión intergeneracional en las políticas para la juventud y la necesidad de mejorar el diálogo entre las diferentes generaciones;

20.  Subraya la importancia de abordar la pobreza entre los jóvenes pertenecientes a entornos socioeconómicos desfavorecidos, los jóvenes cuyos padres se encuentran desempleados o los jóvenes que no han conseguido romper con el ciclo socioeconómico de sus familias;

21.  Insta a los Estados miembros a que faciliten una formación efectiva en el idioma nacional, conforme a los principios de multilingüismo y no discriminación y sobre la base de la legislación nacional y los principios europeos, y a que aumenten su apoyo a las instituciones educativas que enseñen en la lengua materna de las minorías nacionales o lingüísticas;

22.  Recuerda el objetivo principal de la Estrategia Europa 2020 de que el porcentaje de abandonos prematuros de la educación y la formación se sitúe por debajo del 10 %; destaca la necesidad de luchar contra el abandono escolar prematuro —un factor que contribuye al desempleo— mediante el diálogo entre el sector educativo, los servicios públicos de empleo y los interlocutores sociales, determinando las carencias del sistema educativo y la sociedad, prestando apoyo a los estudiantes para que puedan definir sus propios métodos de aprendizaje, elaborando currículos pertinentes y atractivos, estableciendo un sistema de orientación personalizada sólido, bien desarrollado y dotado de servicios de tutoría y asesoramiento de calidad para todos los estudiantes, especialmente cuando se manifiesten las primeras señales de abandono escolar, informando adecuadamente a los estudiantes acerca de las futuras oportunidades y las perspectivas profesionales en el mercado laboral, en particular para los perfiles técnicos y artesanales, ofreciendo oportunidades educativas en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas y el aprendizaje dual, garantizando la existencia de programas de aprendizaje y prácticas de calidad y ofreciendo a los estudiantes una segunda oportunidad en el ámbito de la formación profesional;

23.  Pide a los Estados miembros que publiquen informes fundamentados y documentados sobre la situación social y las condiciones de vida de los jóvenes, que elaboren planes nacionales de acción y que los pongan en práctica de forma coherente;

24.  Destaca que el fomento de una mayor igualdad de oportunidades para todos los jóvenes que facilite la inclusión social, la igualdad de género y la solidaridad, así como la lucha contra todas las formas de discriminación con respecto a los jóvenes, en particular por motivos de sexo, origen racial o étnico o discapacidad, debería desempeñar un papel fundamental en la consecución de los objetivos de la Estrategia de la Unión Europea para la Juventud;

25.  Observa que deben desarrollarse políticas y estrategias nacionales para la juventud en concertación con los jóvenes y destinadas a ellos;

26.  Acoge con particular satisfacción la utilidad del Marco para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018) en la mejora de la cooperación entre los Estados miembros y la Unión Europea y al abrir y desarrollar las oportunidades y ventajas que ofrece el proyecto de integración europeo a los jóvenes, por lo que pide a la Comisión que continúe con el marco y lo desarrolle más allá de 2018;

27.  Pide a los Estados miembros que creen las estructuras educativas necesarias para integrar a los refugiados jóvenes permitiéndoles aprender la lengua del Estado en que hayan obtenido asilo, finalizar su formación inicial o poner al nivel europeo las competencias que ya hayan adquirido, a fin de facilitar su integración en el mercado laboral y en la sociedad europea;

28.  Pide que se definan medidas específicas para los que abandonan prematuramente la escuela, que necesitan orientación, capacitación y formación, y la creación de un sistema eficaz en educación temprana que identifique a los alumnos que corren el riesgo de abandonar prematuramente la escuela o de convertirse en ninis, de modo que reciban asistencia desde una edad temprana y puedan alejarse de esa situación de desventaja;

29.  Propone a los Estados miembros que consideren el principio de la solidaridad intergeneracional en el ámbito de las políticas de protección y que tengan en cuenta la incidencia que estas políticas tienen o tendrán en los jóvenes;

30.  Acoge con satisfacción su Resolución de 12 de abril de 2016 sobre la adquisición de conocimientos acerca de la Unión en la escuela, y pide a los Estados miembros en consecuencia que fomenten unos conocimientos más extensos de la Unión a través de la educación formal, no formal e informal, centrándose en particular en la cooperación de los proveedores de educación formal y no formal / informal, lo que podría lograrse con una estrategia continuada de la Unión para la juventud;

31.  Pide a los Estados miembros que asocien más estrechamente a las organizaciones independientes en el proceso de transposición, sobre todo a escala local, y que mejoren la coordinación entre los procedimientos existentes en la estrategia posterior a 2018 (por ejemplo, a través de una participación a escala de la Unión en los comités de asistencia social a los jóvenes, etc.), a fin de poder aprovechar dicha estrategia también posteriormente;

32.  Subraya la necesidad de dotar a los jóvenes de un conocimiento sólido y una compresión de la Unión, también gracias al aprendizaje de los valores fundamentales, la gobernanza y el proceso de toma de decisiones de la Unión, permitiéndoles de este modo iniciar una reflexión crítica sobre la Unión y convertirse en ciudadanos europeos responsables y activos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos por promover una dimensión de la Unión en educación con el objetivo de preparar a los alumnos para vivir y trabajar en una Unión cada vez más compleja e integrada a la que pueden y deben dar forma;

Empleo y formación

33.  Pide a los Estados miembros que saquen el máximo partido a las políticas nacionales y de la UE y a los marcos financieros existentes para promover inversiones idóneas en los jóvenes y la creación de empleo seguro y de calidad; insiste a todos los niveles en los sistemas de movilidad que tienen como consecuencia la mejora de las cualificaciones y competencias de los jóvenes, les refuerza la confianza en sí mismos, desarrolla su curiosidad e interés por otras vías de aprendizaje y formas de participar en la sociedad; recomienda encarecidamente que se reconozcan y evalúen las cualificaciones que mejoran con la movilidad; pide a la Unión y a sus Estados miembros que se aseguren de que los jóvenes tienen un mejor acceso a información relativa a todos los programas e iniciativas de los que pueden beneficiarse;

34.  Insta a los Estados miembros a que apliquen plenamente el programa Erasmus+, en particular su vertiente dedicada al aprendizaje, con el fin de promover y fomentar en mayor medida la formación, las carreras profesionales y la movilidad laboral transfronterizas entre los jóvenes, ofreciéndoles conocimientos y competencias útiles para toda la vida profesional, incluidos los conocimientos lingüísticos, al tiempo que se amplían las oportunidades y las posibilidades de participar en el mercado laboral y en la sociedad, con independencia de la titulación académica, las competencias o el nivel educativo; expresa su preocupación por el hecho de que la movilidad de los aprendices no haya alcanzado todavía los niveles que se pretenden, y pide a la Comisión, a los Estados miembros, a las empresas y a los centros escolares que busquen la forma de vencer los obstáculos a dicha movilidad que todavía persisten; subraya la importancia de apoyar a los jóvenes en sus proyectos de movilidad, teniendo en cuenta el factor de la edad y su situación financiera a menudo inestable, en particular suprimiendo determinadas restricciones indirectas vinculadas a la movilidad, como los problemas de alojamiento y transporte;

35.  Pide que se mejoren las oportunidades para que los estudiantes de educación y formación profesional puedan realizar prácticas profesionales en los países vecinos, a fin de promover una mejor comprensión de las prácticas laborales y formativas de los demás Estados miembros, por ejemplo financiando los gastos de viaje de los estudiantes que sigan residiendo en su país de origen; señala que la movilidad en la formación constituye una baza fundamental, no solo para acceder al mercado laboral, sino también para comprender y participar en el proyecto europeo mediante una experiencia directa; destaca la importancia de aplicar un marco europeo para fomentar la movilidad en el aprendizaje y la formación profesional; pide, por otra parte, a los Estados miembros que saquen el máximo partido de la red EURES para apoyar la movilidad laboral de los jóvenes en el seno de la Unión, incluida la movilidad en el aprendizaje profesional;

36.  Destaca la importancia de transmitir y adquirir competencias generales básicas como las tecnologías de la información y la comunicación, las matemáticas, el pensamiento crítico, las lenguas extranjeras, la movilidad, etc., que permitirán a los jóvenes adaptarse fácilmente a los cambios que se producen en el medio social y económico;

37.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que potencien la formación en TIC a fin de dotar a todos los jóvenes de las competencias digitales útiles para el mercado laboral, por ejemplo mediante la reasignación de fondos en el marco de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil;

38.  Reitera que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben desempeñar un papel importante en el desarrollo personal y profesional de los jóvenes y reconoce su potencial para capacitar a los jóvenes uniéndoles en respuesta a las preocupaciones sociales y permitiéndoles estar conectados por encima de las barreras geográficas, sociales, religiosas, de género y económicas; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar que todos los jóvenes dispongan de competencias y capacidades sólidas y actualizadas en materia de TIC;

39.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan lo posible por la puesta en marcha de programas destinados a la juventud y a la educación que empoderen a las jóvenes y les faciliten el acceso a sectores tradicionalmente masculinos en los que estén infrarrepresentadas, como el emprendimiento, las TIC, o la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM);

40.  Insiste en las grandísimas posibilidades que encierran las sinergias entre, por una parte, los sectores de CTIM y las TIC, y, por otra, las artes, el diseño y el sector de la creación, de modo que CTIM pase a ser ACTIM (arte, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), y hace hincapié en que estas sinergias pueden atraer una mayor parte de la juventud, en particular a las jóvenes y las niñas, a CTIM;

41.  Pide a los Estados miembros que alienten a las mujeres a estudiar y trabajar en ámbitos en los que han estado infrarrepresentadas, como las ciencias, las tecnologías, las ingenierías, las matemáticas y la informática.

42.  Subraya la necesidad de garantizar que los jóvenes tengan la oportunidad de obtener al menos las competencias digitales básicas y de adquirir el conocimiento y la comprensión de los medios de comunicación, para poder trabajar, aprender y participar activamente en la sociedad moderna;

43.  Señala que incluso en el caso de que los jóvenes superen el verdadero reto de encontrar un empleo, no necesariamente se aseguran los medios para vivir por encima del umbral de la pobreza en muchos Estados miembros;

44.  Solicita la continuación de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil (IEJ); pide que se propongan las adaptaciones necesarias en la reglamentación y los recursos, con el fin de superar los actuales obstáculos a la ejecución hasta el final del actual marco financiero;

45.  Pide una mejor coordinación a todos los niveles entre los programas de educación y formación y las necesidades de los mercados laborales cambiantes; pide que, a fin de cumplir los objetivos de la política de cohesión económica, social y territorial de la Unión, y habida cuenta de las desigualdades persistentes entre las zonas urbanas, las de la periferia urbana y las rurales, se emprendan en todos los centros de enseñanza general y profesional de la Unión campañas de información, de sensibilización y de valorización de los programas de movilidad; subraya, sin embargo, que debe preservarse el valor del conocimiento a fin de fomentar una formación global y una sólida base académica; Alienta a mejorar el diálogo y la cooperación entre las empresas y las universidades con el fin de desarrollar programas educativos que doten a los jóvenes del conjunto adecuado de capacidades, conocimientos y competencias; pide, a este respecto, una cooperación más estrecha entre las instituciones educativas, las empresas, en particular las pymes, y los servicios de empleo; propone que los Estados miembros adopten las mejores prácticas unos de otros a este respecto;

46.  Destaca que un enfoque educativo holístico e inclusivo es fundamental para que todos los estudiantes se sientan bien acogidos, integrados y capacitados para decidir sobre su propia educación; recuerda que el abandono escolar prematuro y sin cualificaciones representa uno de los mayores desafíos para nuestras sociedades, dado que aboca a la exclusión social, y que la lucha contra este fenómeno es uno de nuestros principales objetivos; señala que, además de adaptar los sistemas de formación, deben introducirse medidas individualizadas dirigidas a las personas con mayores dificultades; recuerda que los programas de prácticas y aprendizaje deben conducir al empleo, y que las condiciones laborales y las tareas asignadas deben ayudar a los beneficiarios de dichos programas a adquirir experiencia práctica y cualificaciones pertinentes para acceder al mercado laboral; considera que, para abordar el desempleo juvenil, es fundamental la implicación de las partes interesadas locales y regionales en el diseño y la aplicación de una combinación de políticas pertinentes;

47.  Pide a los Estados miembros que apliquen medidas que faciliten la transición de los jóvenes de la educación al empleo, entre otras cosas garantizando las prácticas y los programas de aprendizaje de calidad, ofreciendo a los jóvenes unos derechos claramente definidos que incluyan el acceso a la protección social, contratos vinculantes y por escrito y una remuneración justa, a fin de impedir que sean discriminados al acceder al mercado laboral, e informando adecuadamente a los estudiantes acerca de las futuras oportunidades en dicho mercado;

48.  Destaca que las tasas de desempleo disminuyen claramente cuando aumenta el nivel de estudios alcanzado, por lo que es necesario fomentar e invertir en oportunidades de educación superior para los jóvenes de la Unión;

49.  Señala, sin embargo, que la educación no solo debe proporcionar competencias y capacidades relevantes para las necesidades del mercado laboral, sino que también debe contribuir al desarrollo personal y a la madurez de los jóvenes para hacer de ellos unos ciudadanos responsables y proactivos; destaca por eso la necesidad de una educación cívica en la totalidad del sistema educativo tanto oficial como no oficial;

50.  Pide a los Estados miembros que ofrezcan oportunidades para dobles carreras a los jóvenes que tienen talento para el deporte, de modo que puedan desarrollar su talento como atletas y adquirir al mismo tiempo competencias educativas;

51.  Destaca la necesidad de incluir elementos de aprendizaje empresarial en todos los niveles y modalidades de la educación y la formación, ya que inculcar el espíritu empresarial en los jóvenes a una edad temprana es una manera eficaz de combatir el desempleo juvenil; alienta, en este sentido, el diálogo activo y la cooperación entre la universidad y la empresa, con el fin de desarrollar programas educativos que doten a los jóvenes de las capacidades y las competencias necesarias; subraya asimismo la necesidad de promover y apoyar políticas de fomento del emprendimiento juvenil, en particular en el ámbito cultural y creativo y en el deportivo para crear puestos de trabajo seguros y de calidad e impulsar el desarrollo y la cohesión social de las comunidades; destaca asimismo el potencial del voluntariado para adquirir competencias, potenciar el desarrollo personal y permitir a los jóvenes descubrir su vocación;

52.  Señala que el espíritu empresarial exige el desarrollo de competencias transversales como la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y el sentido de la iniciativa, que contribuyen al desarrollo personal y profesional de los jóvenes y facilitan su paso al mercado laboral; en este sentido, considera que es necesario facilitar y fomentar la participación de los empresarios en el proceso educativo;

53.  Subraya la importancia que reviste que haya una mayor inversión en las empresas emergentes y en el emprendimiento juvenil permitiéndoles un acceso más fácil al capital inicial y a los nodos de mentores empresariales con experiencia;

54.  Recuerda que el empleo y el espíritu empresarial constituyen una de las ocho prioridades enunciadas en el Estrategia de la Unión Europea para la Juventud 2010-2018; destaca que el trabajo juvenil y el aprendizaje no formal, sobre todo en las organizaciones de jóvenes emprendedores y en las organizaciones juveniles que ofrecen a los jóvenes la posibilidad de desarrollar proyectos innovadores y adquirir experiencia empresarial, así como las herramientas y la confianza necesarias para establecer su propio negocio, son decisivos para que los jóvenes puedan desarrollar su potencial creativo e innovador, el espíritu empresarial y las aptitudes cívicas y de negocio; destaca la necesidad de crear un entorno favorable al emprendimiento y a la creación de empresas innovadoras en aras del empleo juvenil en Europa; hace hincapié en la necesidad de suprimir todos los obstáculos que impiden a los jóvenes desarrollar sus ideas, su potencial y sus aptitudes;

55.  Recomienda que la Estrategia de la UE para la Juventud se centre en mayor medida en el emprendimiento como factor clave para impulsar el crecimiento económico; observa que, en 2014, tan solo uno de cada cinco jóvenes europeos deseaba crear su propia empresa y lo seguía considerando difícil; opina que debe darse prioridad al desarrollo de la cultura emprendedora a una edad temprana, a normativas laborales flexibles que permitan combinar el trabajo y los estudios, a la educación dual y al acceso a la financiación;

56.  Recuerda que las industrias creativas representan uno de los sectores con mayor nivel de emprendimiento y crecimiento más rápido, y que la educación creativa desarrolla competencias transferibles como el pensamiento creativo, la resolución de problemas, el trabajo en equipo y el ingenio; reconoce que los sectores relacionados con el arte y los medios de comunicación resultan especialmente atractivos para los jóvenes;

57.  Destaca la importancia del emprendimiento social como motor para la innovación, el desarrollo social y el empleo y pide, por lo tanto a la Unión y los Estados miembros que lo promuevan más eficazmente y refuercen su papel;

58.  Anima a los Estados miembros a tomar medidas para incentivar el espíritu empresarial mediante la creación de un entorno más favorable al emprendedor y a la creación de empresas a la hora de poner en marcha nuevas empresas, por ejemplo mediante reglamentaciones y medidas de concesión simplificada de préstamos por parte de los bancos, simplificación normativa y desgravación fiscal, que permitan a los jóvenes seguir adelante con sus propias ideas empresariales; aboga por métodos educativos que promuevan un espíritu emprendedor y creativo, así como por la contratación de jóvenes licenciados como jóvenes empresarios;

59.  Subraya que, para que los Estados miembros puedan luchar contra el desempleo juvenil, es necesario que el personal de orientación profesional cuente con una buena formación y esté bien informado de las oportunidades educativas a nivel universitario y profesional y conozca bien la situación actual del mercado de trabajo, la probable evolución en los Estados miembros y los nuevos sectores de sus economías;

60.  Anima a los Estados miembros a que apoyen a los jóvenes a iniciar su vida independiente y crear sus propias familias mediante subsidios de vivienda, mecanismos preferenciales y la reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas y a que ofrezcan préstamos preferenciales para estudiantes;

61.  Subraya la importancia del mutuo reconocimiento y validación de las competencias y conocimientos adquiridos a través de la educación informal y no formal así como del aprendizaje permanente, dado que esta validación es fundamental para hacer visible y valorizar la diversidad y riqueza del aprendizaje de las personas, en particular de las que tienen menos oportunidades; señala que la validación de competencias contribuye a mejorar el acceso a la educación formal y a nuevas oportunidades profesionales, reforzando al mismo la autoestima y la motivación para aprender, el desarrollo de valores, aptitudes y competencias para los jóvenes, así como el aprendizaje en materia de ciudadanía y participación democrática; insta a los Estados miembros a que intensifiquen sus esfuerzos por crear mecanismos de validación globales para 2018, tal como se pide en la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal, en estrecha colaboración con todas las principales partes interesadas, incluidas las organizaciones juveniles;

62.  Destaca la importancia para los jóvenes del aprendizaje formal, informal y no formal —también en el ámbito de las actividades asociativas— para el desarrollo de valores, aptitudes y competencias, así como para el aprendizaje sobre la ciudadanía y participación democrática; llama la atención sobre la variedad de oportunidades y modelos formativos disponibles en los Estados miembros, especialmente en lo que se refiere al aprendizaje dual, que pueden facilitar la transición desde el sistema de educación o de formación al mercado laboral; respalda la aplicación del aprendizaje permanente; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la coherencia, la validez y el reconocimiento a nivel europeo de las aptitudes y las competencias adquiridas a través del aprendizaje formal, informal y no formal y las prácticas profesionales, con el fin de colmar la brecha en las deficiencias y los desajustes en las aptitudes que se manifiestan en el mercado laboral europeo, y que brinden su apoyo a estas actividades en el marco de los respectivos programas de la Unión; insta, asimismo, a que se preste más atención a las lenguas, especialmente las de los países vecinos, en el ámbito de la educación y la formación profesionales, con el fin de reforzar la posición y la empleabilidad de los estudiantes interesados en el mercado laboral transfronterizo;

63.  Señala que, debido al actual proceso de digitalización y a las nuevas tendencias del mercado laboral, cada vez son más los jóvenes que deben afrontar nuevas formas de empleo de carácter intermedio entre la flexibilidad y la seguridad; destaca la importancia que reviste ofrecer una educación adecuada a los jóvenes que haga hincapié en el papel que desempeñan los mecanismos de protección social en el desarrollo de la carrera profesional;

64.  Opina que las intervenciones tempranas y las políticas de mercado laboral proactivas representan un cambio de enfoque, pasando de la atención a los síntomas de la penuria multigeneracional a la detección y la gestión de riesgos en una fase temprana de la vida para prevenir el desempleo y facilitar la reintegración; llama la atención, en particular, sobre la situación de los más marginados y con mayor riesgo de desempleo;

65.  Destaca la importancia que revisten los programas abiertos y de fácil acceso para trabajar con jóvenes procedentes de entornos menos estimulantes;

66.  Subraya la importancia que para el aprendizaje permanente y la mejora de las oportunidades educativas y de empleo de los jóvenes reviste garantizar el mutuo reconocimiento y la compatibilidad a nivel transfronterizo de las cualificaciones y los títulos académicos, a fin de reforzar el sistema de garantía de la calidad; pide que este mutuo reconocimiento y compatibilidad sigan ampliándose, evaluándose y adaptándose a las exigencias cambiantes en materia de formación, y observa que ello debería garantizarse a nivel europeo y en todos los países que se han adherido al Espacio Europeo de Enseñanza Superior y a los incluidos en el Marco Europeo de Cualificaciones;

67.  Destaca, en este sentido, el importante papel del aprendizaje no formal e informal, así como la participación en actividades deportivas y de voluntariado, para estimular el desarrollo de competencias y aptitudes cívicas, sociales e interculturales; hace hincapié en el hecho de que algunos países han realizado progresos significativos en relación con la elaboración del marco jurídico pertinente, mientras que otros tienen dificultades para crear estrategias de validación exhaustivas; destaca por tanto la necesidad de elaborar estrategias exhaustivas para permitir la validación;

68.  Hace hincapié en la importancia de abordar los déficits y desajustes de las cualificaciones fomentando y facilitando la movilidad de las personas en proceso de aprendizaje y el profesorado mediante un mejor uso de todos los instrumentos y programas de la Unión; recuerda que la movilidad en la formación constituye una baza fundamental a la hora de acceder al mercado laboral; insiste en que se apliquen medidas para garantizar la coordinación, complementariedad y coherencia entre los diferentes fondos estructurales en favor de la movilidad, como el Fondo Social Europeo (FSE), y programas como Erasmus+; subraya en este sentido el importante papel de los programas de movilidad como Erasmus+ a la hora de estimular el desarrollo de aptitudes y competencias horizontales y los intercambios interculturales entre los jóvenes; acoge con satisfacción la transformación del actual sitio web del Panorama de Cualificaciones de la UE;

69.  Destaca la necesidad de reforzar el papel del programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores en la creación de empleo duradero y de calidad; considera que la movilidad laboral es necesaria para explotar el potencial de los jóvenes; señala que, en la actualidad, hay 217,7 millones de personas empleadas en la Unión, 7,5 millones de las cuales (el 3,1 %) están trabajando en otro Estado miembro; observa además que, según las encuestas de la Unión, hay más probabilidades de que los jóvenes se presten a la movilidad y a volver a su país de origen con nuevas competencias y cualificaciones;

70.  Pide a la Comisión que refuerce y apoye la movilidad de los estudiantes en el ámbito de la educación y la formación profesional fomentando el programa Erasmus para aprendices;

71.  Pide a los Estados miembros que saquen el máximo partido de la actual reforma de la red EURES para apoyar la movilidad laboral de los jóvenes dentro de la Unión, incluida la movilidad en el aprendizaje profesional y los períodos de prácticas; solicita a los Estados miembros que actualicen periódicamente las vacantes y los currículums; pide a la Comisión que mejore el procedimiento de adecuación entre ofertas y demandas de empleo de EURES, a fin de garantizar que a los jóvenes les lleguen ofertas de empleo que sean pertinentes y de calidad y encajen con sus currículums;

72.  Alienta a los Estados miembros a que establezcan sistemas duales de educación y formación profesional de calidad de manera coordinada con los agentes económicos locales y regionales, tras el intercambio de las mejores prácticas y en consonancia con las características propias de cada sistema educativo, a fin de superar la falta de adecuación de cualificaciones ahora y en el futuro;

73.  Invita a los Estados miembros y a la Comisión a que ofrezcan becas innovadoras y flexibles para fomentar el talento las capacidades artísticas y deportivas en los ámbitos de la cultura, la educación y la formación; apoya a los Estados miembros que fomentan la organización de programas de becas para alumnos con habilidades comprobadas en los ámbitos académico, artístico y deportivo;

74.  Observa que el abandono escolar y la interrupción de los estudios sin haber obtenido una cualificación son un enorme desafío para nuestras sociedades porque conducen a la precariedad y a la exclusión social, y que la lucha contra esos fenómenos ha de ser uno de nuestros objetivos principales; recuerda que la movilidad, la adaptación de los sistemas educativos y la aplicación de medidas personalizadas pueden aportar soluciones para las personas más desfavorecidas, a fin de reducir la tasa de abandono en los ámbitos educativo y de la formación;

75.  Destaca la necesidad de crear un contrato estudiantil que permita a los estudiantes universitarios y de formación profesional que puedan compatibilizar el estudio con el trabajo, preferiblemente en empresas del campo en el que se forman, con la garantía de acabar los estudios iniciados;

76.  Hace hincapié en la necesidad de no cejar en el esfuerzo por reducir el abandono escolar prematuro y promover la educación de los jóvenes desfavorecidos;

77.  Observa que, a pesar de la disminución observada en la mayoría de los Estados miembros después del máximo alcanzado en 2013, el desempleo juvenil sigue siendo un grave motivo de preocupación en la Unión Europea, con una cifra aproximada de ocho millones de jóvenes europeos que no encuentran trabajo y un porcentaje todavía elevado de jóvenes en situación de desempleo de larga duración, de empleo a tiempo parcial involuntario o de prácticas;

Recursos financieros

78.  Subraya la importancia de la inversión estratégica, incluida la procedente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, en particular el Fondo Social Europeo, para el desarrollo regional, la competitividad y la creación de períodos de prácticas de gran calidad, la formación de aprendices y la generación de empleo sostenible; señala que debe prestarse especial atención a los jóvenes que ni trabajan ni estudian ni reciben formación (los llamados «ninis»);

79.  Constata que el período de programación 2014-2020 tardó algunos meses en ponerse en marcha y que una primera evaluación de las políticas de la Unión en dicho período —especialmente por lo que se refiere a las dedicadas a la juventud— no puede ser plenamente representativa de su impacto real;

80.  Señala que, en el anterior período de programación, el Tribunal de Cuentas estimó que el porcentaje de error de las operaciones llevadas a cabo en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) y del programa «La juventud en acción» (JEA) fue superior al 4 %; espera que la Comisión haya abordado esos errores en la aplicación del programa Erasmus+;

81.  Toma nota de que el índice de ejecución presupuestaria de los programas del período 2007-2013 —en particular, el programa PAP, el programa de Cultura, el programa MEDIA y el programa JEA— fue del 100 % en 2013; considera, no obstante, que el índice de ejecución no es por sí solo un indicador significativo de la eficacia de los programas a la hora de evaluar su éxito;

82.  Expresa su preocupación por el hecho de que el desequilibrio entre los créditos de compromiso y los créditos de pago aprobados ocasionara un déficit en los pagos a finales de 2013 (por ejemplo, en el caso del programa Erasmus+, por valor de 202 millones EUR), con repercusiones negativas en el ejercicio siguiente; pide a la Comisión que vele por que esa situación no se repita en el contexto de los nuevos programas;

83.  Recuerda asimismo que las reticencias de los jóvenes a crear una empresa también contribuyen a la débil tasa de crecimiento en Europa, y, por consiguiente, considera necesario apoyar a los jóvenes que quieran crear su propia empresa;

84.  Celebra que en el nuevo periodo de programación se hayan destinado más de 12 400 millones EUR del Fondo Social Europeo (FSE) y de la Iniciativa sobre Empleo Juvenil (IEJ) a la lucha contra el desempleo juvenil;

85.  Observa con satisfacción que 110 300 jóvenes desempleados participaron en 2014 en acciones financiadas por la IEJ; celebra que los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea hayan destinado 6 400 millones EUR de los fondos de la Unión (3 200 millones EUR del FSE y 3 200 millones EUR procedentes de una nueva línea presupuestaria) a la Garantía Juvenil (GJ); destaca, no obstante, que en algunos Estados miembros sigue habiendo algunas dificultades para aplicar la GJ y la IEJ;

86.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que refuercen las medidas destinadas a garantizar que los períodos de aprendizaje y de prácticas no sustituyan puestos profesionales ni se utilicen como fuentes de empleo precario, y pide que se garanticen al mismo tiempo todas las protecciones laborales necesarias y conexas, incluidas las retributivas y financieras;

87.  Pide unas medidas específicas y simplificadas con miras a aumentar la capacidad de los Estados miembros de hacer uso de la financiación disponible a través de los Fondos Estructurales europeos, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión Europeo, el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), la Iniciativa de Empleo Juvenil, Juventud en movimiento, «Tu primer trabajo EURES», Horizonte 2020 y los programas y acciones en el ámbito de la ciudadanía;

88.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que simplifiquen los procedimientos administrativos para la concesión de recursos financieros a organizaciones juveniles, dado que estas carecen a menudo de los medios necesarios para sortear las complicaciones que pueden entrañar los procesos de solicitud de ayuda de los distintos programas de la Unión;

89.  Anima a los Estados miembros a hacer pleno uso del programa Erasmus+ abarcando a personas de todos los niveles de formación, a fin de mejorar las perspectivas de empleo de los jóvenes, y fomentar una movilidad profesional y laboral justa a escala transfronteriza; apoya el aprendizaje intercultural, la ciudadanía europea y la educación de los jóvenes en cultura democrática y valores, por lo que pide a la Comisión que, al llevar a cabo la evaluación intermedia, detecte y suprima las trabas al procedimiento de financiación que están complicando la realización de estos objetivos, a fin de garantizar una mayor eficacia de Erasmus+ en este sentido;

90.  Celebra que el programa Erasmus haya superado la barrera de los tres millones de estudiantes; constata el éxito continuado que este programa emblemático de la Unión ha tenido desde su inicio, y cree que es importante que el programa siga recibiendo apoyo;

91.  Lamenta la enorme diferencia existente entre el número de estudiantes Erasmus enviados y recibidos por los distintos Estados miembros; recomienda que se hagan campañas de información más decididas y se simplifiquen las normas;

92.  Recuerda a los Estados miembros que deberían comprometerse a aumentar la financiación nacional para completar los créditos del FSE y de la IEJ con el fin de garantizar la necesaria incentivación del empleo juvenil; considera necesario, por otra parte, que los instrumentos utilizados y las becas concedidas permitan llevar una vida digna; pide, por consiguiente, que se evalúen las becas a la luz del coste de la vida real en cada Estado miembro;

93.  Insta a los Estados miembros a que adopten las medidas necesarias para aplicar el sistema de Garantía Juvenil; pide que se mantenga el compromiso político para con la Garantía Juvenil en forma de reforma estructural a largo plazo, que garantice la sostenibilidad de la integración del mercado laboral a través de ofertas de gran calidad;

94.  Insta a los Estados miembros a aplicar plenamente la Garantía Juvenil, sobre la base de una intensa cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales, los sistemas educativos y los servicios de empleo; señala que la Garantía Juvenil debería integrarse plenamente en los planes nacionales de empleo y en la planificación de las políticas de juventud y educativa, así como ser dada a conocer ampliamente entre todos los jóvenes; recuerda que la participación de las organizaciones juveniles en la comunicación, y también en la evaluación y ejecución de la Garantía Juvenil es esencial para el éxito de la misma;

95.  Recuerda que, dependiendo de sus circunstancias socioeconómicas, los y las jóvenes han de lidiar a edades distintas con situaciones del mercado de trabajo diferentes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que estos planteamientos relativos al sexo y a las circunstancias socioeconómicas se tengan en cuenta a la hora de elaborar e implantar políticas de juventud y mercado de trabajo, como puede ser la Garantía Juvenil;

96.  Considera que el envejecimiento de la población europea y los altos niveles de precariedad laboral, especialmente entre los jóvenes, plantean un importante desafío para la sostenibilidad, la suficiencia y la adecuación de los sistemas de pensiones y merman gravemente la solidaridad intergeneracional; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para prevenir los abusos al menos en el sistema de subvenciones concedidas en el marco de la Garantía Juvenil y fomenten, al menos en los contratos establecidos en el marco de la Garantía Juvenil, la contratación que permita que los jóvenes puedan cotizar a los regímenes nacionales de seguridad social;

97.  Insta a los Estados miembros a que apliquen y supervisen plenamente la efectividad de la Garantía Juvenil, haciendo pleno uso de los fondos que facilita la Unión para adoptar medidas dirigidas a promover el empleo juvenil mediante la integración en el mercado laboral de los jóvenes, incluidas las personas con discapacidad, ofreciendo un puesto de trabajo, de aprendizaje o de prácticas en los cuatro meses siguientes al abandono de la escuela o a la pérdida de un empleo, por ejemplo creando sistemas específicos de orientación profesional a lo largo de toda la vida, servicios de registro, puntos de información y métodos de recogida de datos, fomentando el registro de desempleados a fin de obtener una imagen real de la situación del desempleo juvenil y mejorando los servicios que prestan las oficinas de empleo a los jóvenes que buscan un trabajo;

98.  Insta a los Estados miembros a abordar sin demora los principales factores que determinan el éxito en la aplicación de la Garantía Juvenil Europea, como la calidad y la sostenibilidad de las ofertas de empleo, la profundización en la enseñanza y la formación, la inclusión social, las sinergias con otros ámbitos estratégicos (en relación con el sistema educativo, el mercado laboral, los servicios sociales y la juventud) y la colaboración entre todas las partes interesadas pertinentes, con el fin de integrar a los jóvenes en el mercado laboral, reducir la tasa de desempleo juvenil y obtener resultados positivos a largo plazo en materia de prevención de la exclusión social y laboral de los jóvenes en el proceso de transición del sistema educativo al mercado de trabajo;

99.  Pide que la incidencia del programa de Garantía Juvenil en la educación y la formación para los jóvenes desempleados sin cualificación o poco cualificados se amplíe también a los jóvenes titulados y a aquellos que ya hayan concluido la formación profesional, y que se amplíe el límite de edad de dicho programa de los veinticinco a los veintinueve años, con el fin de reflejar que muchos titulados y personas en busca del primer empleo tienen poco menos de treinta años de edad;

100.  Pide a los Estados miembros y a las regiones que intercambien las mejores prácticas y aprovechen las experiencias de sus socios; señala la importancia de llevar a cabo una evaluación de la aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en los Estados miembros en 2014 y 2015; destaca la importancia que reviste evaluar la eficacia de la Garantía Juvenil a medio plazo, centrándose en particular en los resultados obtenidos en el empeño de conseguir que los jóvenes adquieran competencias y accedan al empleo, y considera esencial que se dé continuidad a esta iniciativa; señala, asimismo, que la participación de las organizaciones juveniles en la evaluación y la aplicación de la Garantía Juvenil es fundamental para el éxito de esta iniciativa;

101.  Aguarda con interés la presentación por parte de la Comisión del informe global sobre la aplicación de la Garantía Juvenil, que tendrá lugar este año;

102.  Señala que el informe del Tribunal de Cuentas sobre la aplicación en los Estados miembros de la Garantía Juvenil de la Unión, cuya finalización está prevista para principios de 2017, ofrecerá una idea más clara de los resultados del programa; considera que este informe debería incluir, entre otros aspectos, un análisis de la eficiencia y los resultados a largo plazo de dicho programa;

103.  Recuerda a la Comisión la importancia que reviste asegurar un elevado nivel de sensibilización entre los jóvenes sobre los programas disponibles y las oportunidades de participación, asegurándose asimismo de que la información que se ofrece en los programas sea de alta calidad, mediante el uso de indicadores cuantificables (contando, por ejemplo, con la respuesta y la participación de los grupos destinatarios);

104.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a aplicar políticas económicas expansivas que ofrezcan un mayor margen de maniobra en el ámbito de las inversiones públicas en educación, formación y aprendizaje de calidad;

105.  Insta a los Estados miembros a que inviertan más en lugar de recortar sus fondos presupuestarios nacionales destinados a las políticas para la juventud, las artes, la cultura, la educación, la sanidad y los servicios sociales; pide asimismo a los Estados miembros que canalicen sus inversiones hacia una educación inclusiva que responda a los retos de la sociedad, con miras a garantizar una igualdad de acceso y de oportunidades para todos, en particular para los jóvenes con orígenes socioeconómicos diferentes, así como los colectivos vulnerables y desfavorecidos;

106.  Recomienda que se incluya el emprendimiento juvenil en el MFP y que los Estados miembros elaboren estrategias nacionales destinadas a lograr sinergias entre Erasmus+, el FSE, la IEJ y Erasmus para Jóvenes Emprendedores; observa que la Comisión debe proporcionar a los Estados miembros unas directrices claras para la evaluación de impacto;

107.  Pide a la Comisión que elabore un plan de seguimiento global de los programas juveniles que combine los indicadores de los resultados previstos con los resultados concretos y los resultados a largo plazo;

108.  Destaca la necesidad de definir un enfoque centrado en la eficacia y los resultados, al tiempo que observa con satisfacción que el nuevo marco normativo de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) para el período de programación 2014-2020 incluye disposiciones para que los Estados miembros informen sobre los resultados obtenidos;

109.  Recuerda que el 68 % del presupuesto del FSE se destina a proyectos de los que los jóvenes podrían ser uno de los grupos destinatarios;

110.  Destaca la necesidad de impulsar becas para la vivienda, para hacer frente a las necesidades derivadas de la imposibilidad de realizar los estudios de Formación Profesional (FP) o estudios universitarios en la propia ciudad de residencia o en ciudades de radios próximos, inferiores a 50 Km;

Participación en la toma de decisiones

111.  Pide una mayor colaboración entre las organizaciones de jóvenes y las autoridades públicas, a fin de aumentar las posibilidades de participación de los jóvenes y de sus organizaciones en la elaboración de políticas; considera especialmente importante el papel de las organizaciones juveniles, artísticas y deportivas para que los jóvenes desarrollen sus capacidades participativas y para la mejora de la calidad del proceso de toma de decisiones, prestando especial atención a que, además de aportar a la sociedad, los jóvenes brindan soluciones a los retos que en estos tiempos se plantean a la sociedad europea; destaca la singular función de las organizaciones de jóvenes en lo que respecta al fomento del civismo en torno al ejercicio de los valores y procedimientos democráticos;

112.  Subraya la importancia de las organizaciones juveniles en cuanto vehículo de transmisión de civismo y de los valores, aptitudes y competencias propios de la democracia, y es consciente de su contribución a la mejora de la participación de los jóvenes en los procedimientos democráticos;

113.  Destaca la importancia fundamental del aprendizaje informal y no formal, de las artes, del deporte, del voluntariado y de las actividades sociales para fomentar la participación de los jóvenes y la cohesión social en cuanto herramientas que pueden tener una gran repercusión sobre las comunidades locales y ayudar a abordar muchos de los retos que la sociedad nos plantea;

114.  Pide a los Estados miembros que cumplan estrictamente los principios de inclusión en el trabajo con los jóvenes, haciendo especial hincapié en los jóvenes con discapacidad;

115.  Destaca la necesidad de desarrollar de forma intensiva la sensibilización sobre la ciudadanía, los medios de comunicación y la cultura digital, el pensamiento crítico y el entendimiento intercultural por medio de una amplia gama de instrumentos que resultan familiares a los jóvenes (por ejemplo, las redes sociales); señala el destacado papel que desempeñan estos programas y la educación en la prevención de la radicalización entre los jóvenes;

116.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta las nuevas formas de participación económica juvenil, como la decisión, cada vez más frecuente entre los jóvenes, de recurrir a los instrumentos de la economía colaborativa;

117.  Subraya la conveniencia de apoyar las actividades políticas, sociales, culturales, deportivas y de voluntariado de los jóvenes, en el ámbito local, regional y nacional, y de reconocer mejor su valor como forma importante de aprendizaje no formal que contribuye a la adquisición de competencias clave para la vida y a promover valores tales como la cooperación, la solidaridad, la igualdad y la justicia; destaca no obstante que la disposición de los jóvenes a llevar a cabo estas actividades no puede en última instancia servir de sustituto de bajo coste de servicios de los que debería hacerse cargo el Estado miembro correspondiente; pide que se reconozcan plenamente o convaliden las actividades de voluntariado;

118.  Pide a los Estados miembros que promuevan la participación democrática de los jóvenes estudiantes y que los ayuden a interesarse por su educación y contribuyan a esta a través de su pertenencia a organizaciones estudiantiles;

119.  Hace hincapié en que, para fomentar la participación democrática y una ciudadanía activa entre los jóvenes, resulta esencial una mejor comprensión de la diversidad europea y de los valores y el funcionamiento de la Unión;

120.  Pide a la Comisión que aproveche al máximo las nuevas herramientas digitales y agote las posibilidades que ofrecen las redes sociales en la educación y la formación, que brinde formación específica de calidad sobre los medios al objeto de fomentar la alfabetización mediática y el pensamiento crítico, y que promueva y favorezca la participación juvenil tanto en la toma de decisiones como en la vida ciudadana, cultural y social de la sociedad, a fin de aumentar la capacidad de inserción profesional y fomentar el espíritu empresarial, la innovación y la cultura; es asimismo consciente de las posibilidades de las herramientas digitales como medio eficaz para combatir el acoso escolar, la incitación al odio y la radicalización;

o
o   o

121.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 50.
(2) DO C 417 de 15.12.2015, p. 1.
(3) DO C 183 de 14.6.2014, p. 5.
(4) DO C 120 de 26.4.2013, p. 1.
(5) EUCO 37/13
(6) DO C 311 de 19.12.2009, p. 1.
(7) DO C 119 de 28.5.2009, p. 2.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0107.
(9) DO C 93 de 9.3.2016, p. 61.
(10) DO C 161 E de 31.5.2011, p. 21.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0106.
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0292.
(13) DO C 346 de 21.9.2016, p. 2.
(14) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0005.


Cómo puede mejorar la PAC la creación de empleo en las zonas rurales
PDF 231kWORD 65k
Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre cómo puede mejorar la PAC la creación de empleo en las zonas rurales (2015/2226(INI))
P8_TA(2016)0427A8-0285/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión relativa al empleo en las zonas rurales y a colmar el déficit de puestos de trabajo (COM(2006)0857),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0285/2016),

A.  Considerando que las zonas rurales suponen más del 77 % del territorio de la Unión Europea y que, en ellas, un gran número de puestos de trabajo, a menudo no deslocalizables, están vinculados a la agricultura y a la industria agroalimentaria;

B.  Considerando que la agricultura y la industria agroalimentaria representan el 6 % del PIB de la Unión Europea, 15 millones de empresas y 46 millones de puestos de trabajo;

C.  Considerando que en muchos países europeos el número de agricultores se ha ido reduciendo de manera considerable durante las últimas décadas en las zonas rurales, al igual que sus ingresos y los de otros trabajadores del sector agrícola, y que ha seguido disminuyendo el empleo agrícola en esas zonas; que entre 2005 y 2014 decrecieron casi en una cuarta parte (-23,6 %) los insumos del trabajo agrícola en la UE-28(1)a;

D.  Considerando que si bien la agricultura sigue siendo el uso principal de la tierra en Europa, tan solo representa una pequeña parte de la población activa de las zonas rurales; que la diversificación del uso de la tierra en las zonas rurales, que combina una función económica productiva con funciones de uso residencial y ocio y de protección y conservación de la naturaleza, representa un importante desafío en términos de desarrollo y empleo en las diversas regiones rurales de la Unión; que, si bien algunas regiones registran en los últimos años una inversión demográfica de sus flujos migratorios negativos y un aumento de la población que desea vivir en el campo, lo que genera en muchos casos un fenómeno de periurbanización, también existe una tendencia descendente en las regiones mucho menos prósperas, donde el aislamiento constituye un problema y el apoyo al desarrollo y el empleo resultan más complicados;

E.  Considerando que muchas zonas rurales se enfrentan a una serie de retos, como unos bajos ingresos, una tasa demográfica negativa, una falta de puestos de trabajo y un alto nivel de desempleo, un desarrollo lento del sector terciario, una falta de capacidades de transformación de los productos alimentarios, unas competencias reducidas y un capital limitado;

F.  Considerando que más de nueve de cada diez europeos consideran que la agricultura y las zonas rurales son importantes para su futuro;

G.  Considerando que los ingresos por unidad de trabajo de las actividades agrícolas son relativamente bajos, lo que constituye un motivo de preocupación;

H.  Considerando que la crisis económica ha afectado a toda Europa, pero a las zonas rurales más que a ninguna otra;

I.  Considerando que, frente a la actual crisis económica, la Unión ha hecho del empleo una de sus prioridades fundamentales, especialmente a través del FEIE, y que, en este sentido, debe mejorarse la eficacia de la PAC y reafirmarse su legitimidad como uno de los instrumentos principales de acción europea destinados al mantenimiento y la creación de empleo y competitividad en las zonas rurales, sobre todo en el sector agrario; que, en este contexto, es necesario evaluar en qué grado influye la PAC en la creación y el mantenimiento del empleo en las zonas rurales;

J.  Considerando que es de vital importancia mantener los dos pilares de la PAC, ya que el primer pilar evita la salida de las explotaciones pequeñas y familiares y mantiene el empleo del sector agrario, y los fondos del segundo pilar garantizan la creación de empleo en otros ámbitos, como el turismo, la transformación de alimentos y demás sectores conexos;

K.  Considerando que la agricultura europea afronta una serie de retos relacionados con la producción de alimentos y la seguridad alimentaria, el medio ambiente, la biodiversidad, la sostenibilidad, la energía y el cambio climático, y que es fundamental reforzar la relación entre la sociedad y la agricultura, desarrollar soluciones innovadoras para responder a dichos desafíos, asegurar la resiliencia y la competitividad del sector y replantearse los objetivos de una auténtica política pública en interés de todos, siendo este uno de los aspectos más destacados de la integración europea;

L.  Considerando que durante demasiado tiempo se ha prestado una atención insuficiente al cambio de enfoque de la agricultura hacia la reterritorialización —ese necesario vínculo entre la producción y el empleo en un determinado territorio— y que es nuestro deber apoyar la agricultura como una actividad básica llevada a cabo por hombres y mujeres en las zonas que habitan, al objeto de garantizar unas zonas rurales dinámicas y con abundante empleo; que dicho cambio de enfoque contribuirá asimismo a un equilibrio sano entre los desarrollos urbano y rural;

M.  Considerando que la agricultura urbana y periurbana desempeña un papel creciente y suscita un interés cada vez mayor y que se registra un cambio en el modelo de consumo que combina varios elementos, entre otros, una huella medioambiental mínima, una producción local de alta calidad y el reconocimiento del valor del trabajo realizado por los pequeños productores y los productores regionales;

N.  Considerando que los fundamentos de la última reforma de la PAC han permitido reorientar y repartir de un modo más equitativo las ayudas entre los Estados miembros y los distintos sectores agrícolas, y han confirmado la función económica y de estabilización social de la PAC en lo que respecta a las explotaciones agrícolas y las regiones rurales;

O.  Considerando que, pese a que algunos estudios hayan revelado que los pagos directos a través del primer pilar no crean directamente empleo, estos desempeñan un papel esencial a la hora de mantener puestos de trabajo y la presencia de los agricultores en el territorio; que, de retirarse este apoyo político, el 30 % de los agricultores europeos se verían obligados a cesar su actividad y abandonar el sector agrario; que estos pagos mantienen vivas las pequeñas explotaciones agrícolas y las zonas rurales;

P.  Considerando que el apoyo mediante el pago directo a los agricultores de las zonas periféricas con explotaciones en terrenos menos favorecidos o marginales es esencial no solo para garantizar la presencia de estos agricultores en el territorio y que perciban un salario digno, sino también para asegurar la protección de estas tierras y su atractivo para el turismo;

Q.  Considerando que el principal objetivo del primer pilar de la PAC reformada es la seguridad del abastecimiento alimentario, que ayuda a mantener el empleo agrario existente, y que hay un requisito en favor de garantizar una distribución más equitativa de los pagos del primer pilar para maximizar la repercusión positiva de este apoyo;

R.  Considerando que la experiencia sobre el terreno indica que son posibles otras vías de desarrollo agrario que permiten lograr mejores resultados en cuanto a la calidad de los alimentos y el rendimiento agronómico, socioeconómico y medioambiental; que es importante apoyar y fomentar la diversidad de los sistemas agrícolas, y que las pequeñas y medianas explotaciones, que por regla general tienen un mayor grado de diversificación, innovación y flexibilidad, se organizan mejor en forma de grupos de productores y cooperativas agrarias y benefician a las comunidades donde se ubican, lo que respalda la economía rural, clave para el desarrollo de la agricultura europea;

S.  Considerando que la crisis actual demuestra que, en el marco de una política agrícola común orientada al mercado, es esencial mantener una organización común de los mercados agrícolas y definir nuevos instrumentos de regulación adaptados a fin de garantizar la estabilidad de los precios y el mantenimiento del empleo y de la renta agrícolas;

T.  Considerando que los agricultores europeos operan en un mercado cada vez más global, por lo que están más expuestos a la volatilidad de los precios que otros sectores

U.  Considerando que el actual sistema de pagos de la cadena de suministro de alimentos no garantiza una distribución sostenible del valor añadido y, a menudo, conduce a que las ganancias de los productores primarios no sean suficientes siquiera para cubrir sus costes;

V.  Considerando que las zonas rurales, en comparación con las urbanas, suelen caracterizarse por unos niveles de desempleo estadísticamente más altos y unas rentas de sus residentes significativamente más bajas, así como por unas infraestructuras menos atractivas y un menor acceso a los servicios, cuyos costes de prestación son elevados debido a una inferior densidad de población y a una menor accesibilidad;

W.  Considerando que la creación de empleo en las zonas rurales debe formar parte de una política sostenible adaptada a los territorios específicos y conlleva el mantenimiento y fomento de las actividades agrarias y las relacionadas indirectamente con los sectores agrícola y forestal y las actividades rurales, las cuales traban un vínculo social y de solidaridad entre los distintos agentes y fomentan la mejora del medio ambiente;

X.  Considerando que el futuro de las zonas rurales no depende exclusivamente de la evolución del sector agrario, sino que también está vinculado a la diversificación y el mantenimiento de otras actividades económicas, como la silvicultura, la artesanía y el desarrollo de pequeñas y medianas empresas y de capacidades de producción integrada, el turismo rural, las actividades recreativas, educativas y deportivas (equitación, por ejemplo) y la utilización sostenible de los recursos agrícolas y silvícolas (incluidos los residuos) para la producción de energía renovable o de biomateriales y productos basados en procesos ecológicos; que existe una necesidad de políticas locales descentralizadas vinculadas a aspectos socioeconómicos y a la identidad y cultura rurales, y de un auténtico sistema territorial, que busque sinergias y el aprovechamiento conjunto de los recursos rurales mediante planteamientos colectivos e intersectoriales, incluido el uso de otros fondos de la UE para estimular el desarrollo y el empleo rurales, al tiempo que se asegura que se cuenta con infraestructura rural;

Y.  Considerando que es fundamental a tal efecto poner el acento en el gran número de empleos dependientes de la ubicación y de actividades específicas agrícolas, como la silvicultura, que no pueden deslocalizarse y conllevan servicios alimentarios y no alimentarios, tales como la conservación y gestión del paisaje y de las aguas;

Z.  Considerando que conviene apoyar sobre todo a las pequeñas explotaciones familiares, en otras palabras, a los agricultores que, de manera individual o colectiva, gestionan sus explotaciones de una forma responsable, independiente y eficaz y son capaces de resolver los problemas ajustando sus decisiones o métodos de producción y diversificando sus actividades con miras a adaptarse a los constantes cambios estructurales en el sector agrícola;

AA.  Considerando que el potencial de las mujeres que trabajan en una empresa o que gestionan una empresa en las zonas agrícolas y rurales debe ser examinado, registrado y promovido en todas las políticas de la Unión y no penalizado por ninguna de ellas, ya que esta es la condición necesaria para que las mujeres puedan ser artífices del desarrollo y la innovación, ayudando a todo el sector a superar la crisis; que las mujeres deben implicarse en los planes de desarrollo del sector a escala local y regional, de modo que estos puedan aprovechar sus necesidades, experiencias y enfoques y que, por lo tanto, las mujeres deben contar con las competencias necesarias para participar activamente en su concepción;

AB.  Considerando que en 2010 solo el 7,5 % de los agricultores tenían menos de 35 años y que más de 4,5 millones de gestores de explotaciones agrícolas sobrepasa los 65 años, y que los artículos 50 y 51 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 en el marco de la PAC incluyen disposiciones para apoyar el relevo generacional en el sector agrario;

AC.  Considerando que en muchos Estados miembros las mujeres del mundo rural tienen un acceso restringido al mercado laboral tanto en la agricultura como en otros sectores y que sufren una brecha salarial mayor que en otros ámbitos, a pesar de que su función es extremadamente importante para el desarrollo y la vida social de las zonas rurales y, en particular, de las explotaciones agrícolas que han diversificado sus actividades (ofreciendo turismo rural, productos de calidad, actividades recreativas, educativas y deportivas, y otros servicios); que la iniciativa empresarial femenina puede constituir un importante pilar del desarrollo sostenible de las zonas rurales desde los puntos de vista social, económico y medioambiental; que el acceso desigual a la tierra es un factor que limita las oportunidades de las mujeres a la hora de desarrollar un negocio en el sector agrícola; que, de media, el 29 % de las explotaciones agrícolas europeas están gestionadas por mujeres;

AD.  Considerando que el número de variedades cultivadas de un modo industrial es pequeño; que las variedades y razas locales contribuyen al mantenimiento de la biodiversidad y de los medios de subsistencia en las regiones y de la producción local;

AE.  Considerando que es necesario hacer más atractivo el entorno rural para las nuevas generaciones, favoreciendo una formación que apueste por la innovación y la modernización profesional y tecnológica;

AF.  Considerando que el marco universal que proporcionan los sistemas de evaluación de la sostenibilidad para la agricultura y la alimentación (SAFA) fue desarrollado por la FAO;

AG.  Considerando que el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) puede destinarse a la formación profesional y la adquisición de competencias en los distintos ámbitos de actividad de las zonas rurales;

En el marco de la PAC actual

1.  Pide a todos los Estados miembros que faciliten a los jóvenes agricultores perspectivas a largo plazo para afrontar la despoblación del medio rural, apliquen una estrategia global de relevo generacional y, para ello, hagan pleno uso de todas las posibilidades que ofrece la nueva PAC a la hora de apoyar a los jóvenes agricultores y a los nuevos operadores, también de fuera del entorno familiar, en particular mediante las ayudas a los jóvenes agricultores del primer y el segundo pilar, y faciliten el establecimiento y el emprendimiento de los nuevos operadores mayores de cuarenta años; señala asimismo que estas medidas deberían completarse y ser compatibles con las disposiciones de las políticas nacionales (sobre el uso de la tierra, la fiscalidad, la seguridad social, etc.), incluido el apoyo en virtud de los artículos 50 y 51 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013;

2.  Señala que la gran mayoría de pagos directos de la PAC van a parar a las explotaciones agrícolas más ricas, de forma que en 2014 apenas el 13 % de los beneficiarios recibió el 74 % de los gastos en concepto de pago directo de la PAC; opina que esto no contribuye a la creación de empleo en el sector agrario, puesto que las pequeñas explotaciones tienen un mayor nivel de intensidad de mano de obra y el 53 % de los trabajadores agrícolas lo hace en explotaciones de dimensiones económicas reducidas; aboga por una distribución mejor de los pagos de la PAC en favor de los pequeños agricultores;

3.  Anima a los Estados miembros a que redoblen su apoyo a las pequeñas y medianas explotaciones, en particular haciendo un mayor uso del pago redistributivo; les pide asimismo que establezcan acuerdos que favorezcan a las empresas organizadas de un modo eficiente y a aquellas que utilicen los instrumentos jurídicos de agrupamiento de empresas;

4.  Considera que la PAC debe tener más en cuenta los territorios con desventajas geográficas (áreas de montaña, territorios de ultramar, zonas ultraperiféricas o sensibles desde el punto de vista medioambiental), ya que el mantenimiento de la agricultura es un vector esencial para un desarrollo económico, social y medioambiental centrado en el empleo; afirma, no obstante, que la PAC debe considerar asimismo las nuevas dinámicas de periurbanización y prestar apoyo a los territorios periurbanos por lo que respecta a las restricciones asociadas a sus particularidades;

5.  Recuerda que los Estados miembros han utilizado profusamente la posibilidad de conceder pagos no disociados que, al hacer posible el mantenimiento y el desarrollo de la producción en un lugar determinado, garantizan el empleo en las zonas desfavorecidas, y pide a los Estados miembros que incrementen el peso de este tipo de apoyo a los agricultores en activo, lo hagan más flexible y lo utilicen en mayor medida en favor de un mejor abastecimiento de proteínas vegetales en la Unión, una materia prima para la que depende de importaciones de terceros países; sugiere además que el nivel del pago no disociado voluntario podría modularse en función del nivel de empleo del cultivo de que se trate, de forma que se apoye más las producciones que utilicen más mano de obra;

6.  Señala que, en el período de programación actual y de conformidad con el programa de desarrollo rural, se prevé una ayuda específica para el cultivo de variedades locales y la cría de razas locales, a fin de promover el empleo regional y apoyar la biodiversidad; pide a los Estados miembros que introduzcan mecanismos mediante los cuales las agrupaciones y organizaciones de productores y agricultores que cultivan variedades locales y crían razas locales puedan recibir ayudas específicas;

7.  Insiste en que la necesaria aplicación de la dimensión medioambiental de las ayudas directas debe tener lugar en un marco de sostenibilidad y viabilidad de las explotaciones y contribuir al mantenimiento y la creación de nuevos puestos de trabajo, entre otros ámbitos, en la conservación de la biodiversidad, el agroturismo y la gestión del medio rural, por ejemplo de fincas rústicas y residencias históricas; insta a la Unión a que vele por la simplificación y la aplicación sencilla, completa y sin dificultades de la normativa medioambiental; resalta que la dimensión medioambiental no debe conducir a una reducción o abandono de la producción agrícola, que es especialmente sensible en las zonas montañosas y periféricas;

8.  Considera que, ante el fenómeno de la mortalidad excesiva de las abejas domésticas registrado en varios Estados miembros de la Unión y dado el papel que desempeña este polinizador en la seguridad alimentaria y la economía de muchos sectores vegetales, la Unión debería ayudar más a este sector, adoptando una auténtica estrategia europea de repoblación de abejas; añade que esta acción no requeriría grandes inversiones, si bien generaría muchos puestos de trabajo, tanto mediante una diversificación de las actividades en las explotaciones agrícolas existentes como a través de la creación de nuevas explotaciones agrícolas especializadas que, según estimaciones de los expertos, serían viables con 200 colmenas y cuya principal vocación sería la cría de reinas seleccionadas y de enjambres y, después, la producción de miel, de la que la Unión es gravemente deficitaria; indica que este enfoque, que se apoya en varias estrategias europeas —en materia de innovación, integración social y creación de empleo— está en perfecta consonancia con la voluntad de reorientar la política agrícola común y el desarrollo de la agricultura hacia una mayor sostenibilidad;

9.  Señala que, a fin de mantener los empleos en las explotaciones, el sector debe adoptar nuevas herramientas de gestión de riesgos y aumentar la utilización de instrumentos como las organizaciones de productores en el marco de la OCM única y en el segundo pilar para responder mejor a la volatilidad y las exigencias del mercado global; considera que las medidas de mercado y las medidas excepcionales de gestión de crisis y de riesgos previstas por la OCM única y en el segundo pilar deberían aplicarse de forma mucho más rápida y activa, con la necesaria adaptación del apoyo presupuestario de la Unión a la situación específica de las regiones ultraperiféricas y de montaña y de otras regiones con retos de competitividad, para reducir las repercusiones negativas de las reducciones de precios sobre los ingresos; señala que la aplicación de medidas contra la crisis no ha permitido alcanzar plenamente los objetivos y que debería tener más en cuenta las infraestructuras y las capacidades existentes en los Estados miembros; alienta a la Comisión a que, a la luz de las recientes crisis, desarrolle sistemas de intervención más rápidos y eficaces, capaces de prevenir los efectos más negativos;

10.  Pide a la Comisión que utilice plenamente el potencial de las medidas excepcionales previstas en los artículos 219 a 222 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013;

11.  Considera que, para desempeñar su función de red de seguridad, los precios de intervención deben ajustarse periódicamente en función de la evolución de los precios de coste, de modo que repercutan directamente sobre los ingresos de los productores y el mantenimiento de su actividad, así como sobre el empleo; pide a la Unión que establezca herramientas de prevención, similares al Observatorio del mercado europeo de la leche, en todos los grandes sectores de producción a fin de realizar un seguimiento de los mercados, lo que contribuiría al control de la producción y aseguraría una respuesta ante las crisis mediante herramientas de gestión del mercado flexibles y reactivas, que se pondrían en marcha cuando fuera necesario;

12.  Reconoce que las cadenas de suministro cortas que unen a los agricultores con los productores locales pueden estimular la creación de empleo rural, y destaca que los sistemas de calidad, las indicaciones geográficas y la agricultura orgánica suponen una oportunidad de desarrollo del sector agroalimentario y la posible creación de empleos rurales y que, como tal, no solo debería protegerse sino ampliarse en aras de la creación de nuevos puestos de trabajo y la preservación de la cultura y la identidad regionales; subraya la necesidad de garantizar un mejor acceso a mercados más amplios para esos productos y de introducir medidas de calidad, promoción y protección que optimicen su comercialización e inclusión entre los productos turísticos generales de una zona geográfica determinada; recuerda, a la luz de las propuestas legislativas en fase de debate, que estas repercusiones positivas se basan en la confianza que deposita el consumidor, que no debe debilitarse mediante modificaciones que pudieran percibirse como un detrimento de la calidad; resalta, además, que los procesos de obtención de esos certificados de calidad son onerosos y han de simplificarse;

13.  Recomienda que los Estados miembros hagan un mayor uso de la prioridad 6 del segundo pilar relativa al mantenimiento y la creación de empleo, y de las medidas de transferencia de conocimiento y de formación profesional continua (incluido el aprendizaje y la formación en el puesto de trabajo y el reciclaje de los trabajadores agrícolas), de modo que estos puedan ser destinados a otras actividades rurales, así como de las medidas de asesoramiento y ayuda a la gestión con el fin de mejorar los resultados económicos y medioambientales de las explotaciones agrícolas; pide a la Comisión a los Estados miembros que aseguren el apoyo a la formación para ayudar a los agricultores y a los trabajadores agrícolas y del medio rural a aumentar su versatilidad y ser capaces de diversificar sus actividades e iniciativas, así como que respalden la innovación;

14.  Señala que los programas actuales de desarrollo rural están mucho menos centrados en los proyectos sociales de defensa del empleo que los de la programación anterior, 2007-2013, debido a las medidas elegidas por los Estados miembros en sus programas de desarrollo rural y a la disposición de menos fondos para las medidas que actúan directamente sobre el empleo; reclama por ello más flexibilidad en la aplicación de la política rural;

15.  Considera que es necesario simplificar la aplicación de la política de desarrollo rural, adoptar enfoques más coherentes de tipo multifondo, y evitar los controles administrativos y financieros demasiado puntillosos impuestos por los servicios de los Estados miembros y de la Comisión;

16.  Pide a los Estados miembros que difundan mejor el potencial del segundo pilar de la PAC para la diversificación de las actividades en las zonas rurales (como, por ejemplo, el turismo rural o la producción de energía renovable);

17.  Recuerda que el factor de riesgo inherente a la innovación no se tiene suficientemente en cuenta ni en las políticas nacionales ni en las de la Unión, lo que representa un obstáculo a la innovación y la creación de empleo, en especial para muchas partes interesadas que no disponen de la solvencia financiera suficiente para llevar a cabo sus proyectos innovadores;

18.  Resalta que el desarrollo rural y la creación de empleo van de la mano y pide, en consecuencia, a los Estados miembros y a las regiones que maximicen el potencial de las autoridades locales y regionales, que están más familiarizadas con los desafíos y las oportunidades de su entorno, para lograr los objetivos del segundo pilar y respetar las prioridades de la PAC, también el fomento de la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico; recuerda la posibilidad de concentrar el desarrollo rural y los programas operativos en la creación y el mantenimiento del empleo y en la mejora de los servicios rurales, y pide a la Comisión que les ayude a conseguir dicho objetivo; insiste en la adaptación de los modelos de economía colaborativa en el medio rural con vistas a incrementar el empleo, elevar la eficiencia de las actividades agrícolas y reducir los gastos;

19.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apoyen a las empresas y las cooperativas de la economía social, incluida la agricultura social(2), con objeto de fomentar la integración social y el empleo en las zonas rurales; toma nota de las acciones emprendidas en el marco de la iniciativa en favor del emprendimiento social y pide a la Comisión que fomente la contribución de la economía social al desarrollo rural a través de un plan de acción para la economía social;

20.  Resalta que debe hacerse un mayor hincapié sobre el apoyo al desarrollo demográfico y al trato favorable a las familias en las zonas rurales con el fin de respaldar a las familiar y facilitarles la conciliación de la vida familiar con la profesional, también en relación con cuestiones asociadas al mercado laboral y el desarrollo económico de las zonas rurales;

21.  Subraya la necesidad de promover medidas y políticas activas que pongan de relieve el papel positivo que tiene la migración a la hora de impulsar el crecimiento económico y fomentar la cohesión social en las zonas rurales;

22.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen políticas de fomento de las zonas rurales a través del desarrollo del turismo que, si se estructura e incentiva de forma adecuada, puede constituir un motor del crecimiento cultural, social y económico de zonas que poseen importantes recursos naturales, paisajísticos, culturales y agroalimentarios; destaca que el desarrollo turístico de las zonas rurales y la diversificación de las actividades agrícolas (para englobar actividades didácticas, culturales y recreativas) constituyen también un incentivo para que las nuevas generaciones se hagan cargo de las campañas, con un espíritu de iniciativa y empresa orientado a la innovación y la promoción de los productos tradicionales;

23.  Hace hincapié en la importancia capital de las sinergias entre todos los ámbitos políticos del mundo rural, con el apoyo del Feader y otros fondos europeos, a la hora de abordar el reto del empleo en las zonas rurales y devolver a la producción agraria un papel reconocido como vertebrador del desarrollo territorial; señala que los fondos del segundo pilar podrían utilizarse como un instrumento financiero dinámico para crear mayores sinergias con fuentes y programas de financiación alternativos, haciendo posible el acceso a los mismos en las zonas rurales al objeto de aumentar la conectividad, la competitividad, la diversificación económica y el apoyo al emprendimiento, teniendo en cuenta la preservación de la cultura e identidad rurales;

24.  Subraya que las explotaciones pequeñas regentadas por su propietario se encuentran bajo una presión cada vez mayor debido a la adquisición de tierras de cultivo por parte de inversores; pone de relieve que la conservación de las zonas de cultivo y el acceso a la tierra son esenciales para la creación y ampliación de las empresas agrícolas y el mantenimiento del empleo en las zonas rurales; señala que el informe de la Comisión sobre las necesidades de los jóvenes agricultores de noviembre de 2015 revela que la disponibilidad de tierras para comprar y arrendar constituye el principal problema de los jóvenes agricultores y los nuevos operadores en el sector agrario; pide, por tanto, a los Estados miembros que compartan las mejores prácticas y los instrumentos de desarrollo para facilitar el acceso a la tierra en las zonas rurales con altas tasas de desempleo, por ejemplo, el uso y gestión participativos de los terrenos agrícolas de acuerdo con las prácticas nacionales, o la creación de sistemas de gestión e información de los terrenos no utilizados o que podrían utilizarse para la agricultura, cuyos servicios podrían utilizar de forma prioritaria los agricultores jóvenes y las mujeres;

25.  Considera importante que los programas de desarrollo rural favorezcan más las relaciones entre el mundo rural y el urbano, a fin de estimular la cooperación y ofrecer oportunidades a las empresas implantadas en las zonas rurales, que son indispensables para el desarrollo de dichas zonas y la creación de empleo; opina que, en la relación entre mundo urbano y el rural, los pueblos tienen una importancia considerable ya que brindan acceso a los servicios básicos a los residentes en las zonas rurales de los alrededores y que, a tal fin, los Estados miembros deben fomentar los servicios en los pueblos en el marco de sus políticas territoriales;

26.  Pide que se adopten normas vinculantes en materia de pago justo en la cadena de suministro de alimentos entre los productores, los mayoristas y los transformadores de alimentos, para garantizar que los agricultores reciban una parte adecuada del valor añadido, suficiente para que puedan llevar a cabo una agricultura sostenible;

27.  Destaca que el sector de la silvicultura, hoy insuficientemente explotado en Europa, constituye un auténtico yacimiento de empleo que conviene fomentar más en sus distintas formas en todo el sector de la madera; añade que la Unión acusa un importante déficit de abastecimiento de madera, que exige inversiones en las infraestructuras necesarias para el desarrollo de dicho sector;

28.  Hace hincapié en que el acceso a la tierra es fundamental para el establecimiento y la ampliación de una empresa agrícola; señala que el acceso a la tierra es el mayor problema que afrontan los jóvenes agricultores para crear una empresa agrícola;

Respecto al futuro de la PAC después de 2020

29.  Resalta que los procedimientos de la PAC deben simplificarse y disponer de fondos suficientes, mantenidos como mínimo al nivel actual al objeto de reflejar el gran valor añadido europeo de esta política, para poder desempeñar de forma eficaz su papel a largo plazo en favor del empleo, como parte de una agricultura y silvicultura europeas diversificadas, impulsando el desarrollo sostenible y el atractivo de las zonas rurales; destaca que la política de desarrollo rural, que permite actuar de forma más directa y eficaz sobre la reducción de la exclusión social entre los habitantes de las zonas rurales y el aumento del empleo y el dinamismo de dichas zonas, debe reforzarse de modo progresivo, sin poner en peligro el apoyo del primer pilar, que deberá reorganizarse para garantizar, entre otras cosas, un mejor funcionamiento y una mayor estabilidad de los mercados, indispensable para afianzar los ingresos de la agricultura, el modelo agrario europeo y la seguridad alimentaria, y velar por que las zonas rurales mantengan su atractivo (con un énfasis en la calidad de vida) en comparación con las áreas urbanas;

30.  Hace hincapié en que la PAC debe otorgar gran importancia a los instrumentos de modernización e inversión que garantizan la competitividad de los sectores económicos localizados en las zonas rurales (como las industrias agroalimentaria, energética, de transformación y de servicios, y los sectores sociales) de manera sostenible, respetando la normativa medioambiental, lo que asegura el mantenimiento del empleo; señala, además, que estos instrumentos permiten también una reducción continua de las diferencias en el desarrollo agrícola y rural entre los Estados miembros y entre las regiones;

31.  Destaca la importancia del sector turístico como fuente de ingresos para los agricultores (como las vacaciones en granjas); insta a los Estados miembros y a la Comisión a que instauren programas que apoyen la inversión y el emprendimiento; considera importante apoyar a esas explotaciones agrícolas mediante campañas de turismo;

32.  Toma nota de las medidas de simplificación de la PAC aplicadas hasta la fecha, aunque pide a la Comisión que siga elaborando y aplicando medidas dirigidas a introducir proporcionalidad y flexibilidad en relación con la disminución de la carga administrativa de la PAC y el aumento de la productividad en la explotación;

33.  Destaca que hay limitaciones con respecto a lo que puede conseguirse en el marco de la PAC, dado que su principal objetivo es la seguridad del abastecimiento alimentario, y que para abordar de manera eficaz los numerosos retos que afectan a la creación y conservación del empleo en las zonas rurales será necesario un planteamiento transversal más amplio tanto a escala regional como de los Estados miembros;

34.  Pide a la Comisión que respalde un modelo de agricultura europea competitiva y sostenible basado en un modelo de explotación familiar, diversificado y multifuncional que conceda prioridad al empleo arraigado en el territorio y retribuido de manera justa, con especial hincapié en los territorios con desventajas específicas, tal como las reconoce el artículo 349 TFUE y, en la producción de alimentos y de productos no alimenticios, y que vele por la seguridad alimentaria y la protección de la salud;

35.  Pide a los Estados miembros que elaboren herramientas de observación y regulación territorial, a fin de disponer de un mejor conocimiento de los mercados de bienes raíces y poner fin a los fenómenos a gran escala de concentración o acaparamiento de tierras y medios de producción;

36.  Subraya la necesidad de favorecer el desarrollo, la comercialización y la venta de productos agrícolas de alta calidad; pide que se lleven a cabo iniciativas que abran nuevos mercados y que se introduzcan programas operativos de productos y campañas de comercialización a fin de garantizar la diversificación de los productos y la competitividad de la cadena alimentaria europea;

37.  Considera que la PAC debe tener en cuenta todas las formas de agricultura europea y todas las zonas rurales, incluidas las más desfavorecidas y frágiles (como las zonas de montaña y las regiones ultraperiféricas), en aras de asegurar el mejor uso posible de todos los recursos; opina que esto comporta la recuperación para su uso de tierras abandonadas;

38.  Señala que la diversificación de la agricultura y los segmentos de mercado regionales aumentan y garantizan el empleo en las zonas rurales; pide que se lleven a cabo iniciativas para apoyar la diversificación de las explotaciones agrícolas (por ejemplo, la comercialización directa de los productos agrícolas) y de la economía rural en general (por ejemplo, facilitando el cambio de la actividad agraria a otros sectores);

39.  Considera que los fondos de la futura PAC deberán contribuir en mayor medida a la ralentización de la pérdida de explotaciones agrícolas de pequeño y medio tamaño y de empresas agrupadas en organizaciones de productores que, al gozar por lo general de una mayor diversificación, eficiencia y autonomía y poder transmitirse con mayor facilidad, son más eficaces en lo que respecta a la creación de valor añadido y puestos de trabajo arraigados en el territorio y constituyen un eje económico y social importante en sus regiones, y seguir apoyando de manera específica a los territorios que sufren desventajas específicas, como se reconoce en el artículo 349 del TFUE;

40.  Resalta que los pagos directos de la PAC solo deberían concederse a personas cuyo principal ámbito de actividad sea la agricultura;

41.  Destaca que, en las regiones ultraperiféricas, la búsqueda de soluciones de empleo en caso de recesión económica se ve comprometida por la falta de interconexión y, dada la importancia de la agricultura en estas regiones, considera que los fondos de la futura PAC deberán discriminar de forma positiva a estos territorios con desventajas específicas reconocidas por el TFUE, lo que tendrá un efecto multiplicador de promoción de otras actividades conexas, como la agroindustria, el turismo, la conservación de la naturaleza, la producción energética y la economía circular, de forma complementaria a la estrategia multifondo; reitera que esta estrategia deberá tener en cuenta los factores de diferenciación positiva que presentan las regiones ultraperiféricas, que podrán constituir así un laboratorio de soluciones agrícolas originales e innovadoras aplicables en otros contextos menos extremos y más amplios, por la estructura de las explotaciones, las condiciones edafoclimáticas y la biodiversidad característica;

42.  Considera que se deben fomentar y apoyar financieramente las cooperativas agrarias, ya que permiten disminuir los costes de producción de las explotaciones, en particular los de mecanización, y favorecen también la solidaridad entre los agricultores y la transferencia de innovaciones, conocimientos especializados y buenas prácticas, lo que genera un dinamismo favorable al desarrollo y al empleo;

43.  Pide a la Comisión que favorezca la diversificación y la competitividad de las pequeñas empresas agrícolas, también con respecto a la agricultura social y a la agricultura orientada a los servicios;

44.  Destaca la importancia que reviste que la PAC redoble su apoyo a las repercusiones positivas de la agricultura y ganadería en cuanto al empleo y el medio ambiente, y que brinde un respaldo más eficaz a la agricultura orgánica y biodinámica y a todos los métodos de producción sostenibles, incluidas la agricultura integrada y la agrosilvicultura en el contexto de la agroecología, lo que comportará la simplificación de las normativas vigentes y la adopción de normativas que puedan aplicarse de un modo sencillo, comprensible y sin dificultades; considera que estas repercusiones positivas en términos de empleo y medio ambiente benefician a toda la sociedad y deben ser un componente de los ingresos agrícolas;

45.  Recuerda el ejemplo positivo que aportan los distritos ecológicos, es decir, zonas en las que se fomentan, por medio de un conjunto coordinado de acciones, los productos de la agricultura y la ganadería locales obtenidos con métodos ecológicos y todos los operadores económicos que dependen de ellos (empresas del sector agroalimentario, gastronómico y turístico), un instrumento que ya ha demostrado que puede incrementar la renta local y favorecer la defensa de la tierra a través de la conservación del paisaje y de los productos tradicionales;

46.  Subraya el potencial de los sistemas agrícolas y de alimentación sostenibles, especialmente la agricultura ecológica, así como la gestión sostenible del suelo, el agua, la biodiversidad y las infraestructuras rurales, a fin de preservar y crear empleos dignos en el sector agrícola y una economía rural próspera;

47.  Opina que garantizar la seguridad alimentaria en la Unión debe seguir siendo el principio rector de la acción de la futura PAC, sin desatender los mercados exteriores; estima, a este respecto, que los acuerdos comerciales pueden suponer un riesgo real, al igual que posibles oportunidades, para la agricultura europea, y cree que los acuerdos de libre comercio no deben dar lugar a una competencia desleal que afecte a las explotaciones agrícolas pequeñas y medianas y socave las economías y el empleo locales;

48.  Considera que, a fin de mejorar la inadecuada organización actual del sector de las frutas y hortalizas, debe restablecerse la ayuda de la Unión a proyectos de las asociaciones de productores de frutas y hortalizas recientemente constituidas;

49.  Destaca que, en un contexto de gran incertidumbre sobre el futuro de los precios agrarios, bajos y volátiles, la Unión ha de lograr los objetivos de la PAC fijados en el Tratado mediante la compensación de los efectos erráticos de los mercados allí donde fallen, y velar por la resiliencia y la competitividad del sector agrario a través del establecimiento de redes de seguridad eficaces y sistemas de prevención y gestión de crisis que permitan alcanzar un equilibrio entre la oferta y la demanda, así como la creación de herramientas de gestión de los riesgos basadas en sistemas nuevos e innovadores y una participación de los mismos agricultores en la financiación; considera que ha de incrementarse el porcentaje de financiación de las medidas de estabilización de los mercados agrícolas y, en particular, que la PAC debe reforzar asimismo los sistemas de seguros para proteger a los agricultores ante los diversos riesgos climáticos, sanitarios y económicos; opina asimismo que, ante los riesgos asociados al cambio climático, la Unión debe hacer todo lo necesario para optimizar el papel positivo que puede desempeñar la agricultura a través de medios como la agronomía y una mejor gestión de los suelos para una mayor captación de carbono, y que es importante prestar apoyo técnico y financiero a los agricultores que les permita cambiar progresivamente sus prácticas e innovar;

50.  Destaca asimismo que los pagos directos deben seguir siendo un instrumento de la PAC después de 2020, al objeto de reforzar y estabilizar las rentas agrarias y compensar los costes derivados del cumplimiento de las estrictas normas de la Unión (en relación con los métodos de producción y, en especial, los requisitos medioambientales), y mantener la producción agrícola en las regiones más desfavorecidas; pone de relieve que los pagos directos deben servir para garantizar la estabilidad económica de la actividad agraria así como la seguridad alimentaria y medioambiental; señala, a este respecto, que la compensación de los importes de los pagos directos es necesaria de cara a asegurar unas condiciones de competencia equitativas en el mercado único de la Unión y el uso sostenible de sus recursos agrícolas;

51.  Estima que, dadas las importantes diferencias existentes en los niveles de cooperación entre agricultores en los distintos Estados miembros y que la falta de cooperación afecta de forma negativa a su capacidad para superar las situaciones de crisis y las presiones del mercado, la PAC debería fomentar ampliamente el desarrollo de una cooperación entre agricultores, en especial en los sectores de producción y transformación;

52.  Pide a los Estados miembros que concedan prioridad, en el marco del segundo pilar de la PAC, a la Asociación Europea para la Innovación (AEI); pide a la Comisión que otorgue prioridad a Horizonte 2020 y que asegure un mejor acceso de los agricultores a las posibilidades de financiación del BEI, el apoyo a modelos agrarios y forestales innovadores y sostenibles para la producción de bienes y servicios alimentarios y no alimentarios (energías renovables, bioeconomía, turismo rural, y nuevas perspectivas para los agricultores en cuanto al suministro de materias primas en la era industrial pospetrolera), y el desarrollo de los recursos de cada zona rural;

53.  Manifiesta su firme convencimiento de que, incluso en el futuro, será necesario promover la formación profesional permanente de los agricultores y los trabajadores agrícolas, y velar por la divulgación de los conocimientos científicos y las innovaciones, para garantizar así la capacidad de adaptación a un entorno cambiante y facilitar el ejercicio de una actividad económica;

54.  Considera que los enfoques ascendentes del desarrollo local de tipo Leader o DLP (desarrollo local participativo) han probado su eficacia en términos de puestos de trabajo creados y también de bajo nivel de gasto público por puesto de trabajo generado y, en consecuencia, deben ser reforzados, fomentados y aplicados en todos los Estados miembros a través de enfoques multifondo y del fortalecimiento del papel de las autoridades regionales y locales; insiste, en especial, en la función desarrollada por los responsables de los Grupos de Acción Local (GAL) de apoyo técnico y servicio para respaldar iniciativas de puesta en marcha de proyectos favorables al empleo; pide por último que los GAL puedan gozar de la mayor autonomía posible para ser más eficaces; añade que deben establecerse mecanismos al objeto de garantizar una participación razonable de los interlocutores sociales, y pide a la Comisión que presente modelos de buenas prácticas en lo que respecta a los proyectos transnacionales de Leader II;

55.  Señala que la dificultad a la hora de acceder a la información con respecto a la programación y financiación pertinentes, tanto a escala nacional como de la Unión, supone un obstáculo para el desarrollo de la economía rural;

56.  Exige que las inversiones previstas en la política de desarrollo rural se prioricen en función del empleo, los cambios en el desempleo, la eficiencia de las empresas receptoras y la creación de incentivos para contratar empleados, y recomienda que los programas de desarrollo rural incluyan un refuerzo de la microfinanciación, ya que es especialmente útil para ayudar a la puesta en marcha de las empresas agrícolas y no agrícolas;

57.  Subraya que la importancia del segundo pilar a efectos de creación de empleo puede reforzarse ofreciendo una flexibilidad mucho mayor en función de las necesidades específicas de cada región;

58.  Considera necesario, en cuanto al futuro, seguir estableciendo sistemas alimentarios de calidad basados en el territorio que suministren productos alimenticios brutos o transformados mediante el fomento de la responsabilidad individual y la participación de los agentes interesados —ya sea agrupados como productores, transformadores, distribuidores y consumidores o como comunidades de productores-consumidores, o reuniendo a todos los operadores económicos de los sectores agroalimentario y del turismo gastronómico— en actuaciones cualitativas y contractuales diseñadas para garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria, así como unos ingresos justos, de modo que los agricultores puedan vivir dignamente de su oficio y mantener el empleo en su explotación; señala que estos sistemas alimentarios podrían adoptar, entre otras, la forma de cadenas de suministro cortas o mercados locales; estima que, en el futuro, deberán dedicarse más recursos de la Unión al establecimiento y el funcionamiento de determinados sistemas especiales de calidad de los alimentos, y a la profundización del desarrollo de la gastronomía europea, reconocida en todo el mundo; considera indispensable, para ello, adecuar mejor la legislación en materia de licitaciones públicas, para que las autoridades locales puedan favorecer las producciones locales;

59.  Llama la atención sobre la necesidad de prestar un apoyo adicional a la agricultura y a la creación de puestos de trabajo agrícolas en las zonas desfavorecidas y en las zonas de las fronteras exteriores de la Unión;

60.  Considera que deben favorecerse las asociaciones de múltiples partes interesadas en las que participen agricultores y otros agentes del mundo rural, ya que permiten desarrollar numerosas actividades creadoras de empleo directo e indirecto, como la estructuración de cadenas alimentarias y no alimentarias y el establecimiento de distintos servicios (turismo rural, mantenimiento del espacio privado y público, etc.);

61.  Opina que la Comisión y los Estados miembros deben incentivar a los agricultores a través de la PAC y otras políticas para que diversifiquen sus fuentes de ingresos, protegiéndose así frente a las contracciones del mercado; considera que esta diversificación podría incluir el turismo ecológico, el desarrollo de energías renovables como la eólica y la solar, la posibilidad de añadir valor a los productos agrícolas mediante su transformación, y las ventas en tiendas de las explotaciones agrícolas;

62.  Pide a la Comisión que ofrezca más apoyo a las cooperativas locales para que recuperen el control de sus precios y productos;

63.  Señala que el sector del turismo ofrece importantes oportunidades de generación de ingresos y empleo directo e inducido en la agricultura y en las zonas rurales, y permite mejorar el patrimonio histórico, cultural, gastronómico, paisajístico y medioambiental de cada región; observa asimismo que el atractivo turístico de una región no solo se basa en su historia, sino cada vez más en la calidad de sus productos alimenticios, sus paisajes y su medio ambiente; considera que, por todas esas razones, la política de desarrollo rural debe apoyar aún más el sector turístico;

64.  Destaca que los retos asociados al cambio climático y el medio ambiente hacen necesarias importantes inversiones públicas y privadas creadoras de empleo, con la ayuda de la aparición de nuevos oficios, a fin de garantizar el mantenimiento y la preservación de los recursos de las zonas rurales y el restablecimiento de la calidad de ecosistemas degradados, luchar más eficazmente contra las inundaciones y los incendios, y proteger mejor la calidad del agua, el suelo, el aire y la biodiversidad; observa que esto requiere, sin duda, un trabajo de cooperación entre la agricultura y los demás agentes del medio rural, al tiempo que brinda nuevas oportunidades de diversificación de los ingresos en la agricultura;

65.  Pide a la Comisión que evalúe el impacto social de la crisis agrícola actual, en particular en términos de destrucción de empleo, especialmente en las zonas rurales; pide a los Estados miembros que reflexionen sobre el modo de mejorar la competitividad de su agricultura, de modo que el sector pueda generar empleo y un valor añadido repartido de forma equitativa en los sectores agrícola y agroalimentario, asegurando una competencia justa y minimizando los perjuicios ocasionados por el dumping social y las condiciones de empleo precarias e inusuales que afectan de forma desproporcionada a ciertos grupos; señala que muchos familiares de agricultores carecen de un status social o de un reconocimiento legal, o no están cubiertos por un régimen de protección social; subraya que las empresas agrícolas deben cumplir la legislación nacional en materia social y de empleo; considera que la introducción de condiciones adicionales en los pagos del primer pilar de la PAC aumentaría significativamente la carga administrativa de los agricultores y limitaría su potencial de creación de empleo; pide un reforzamiento del papel de los interlocutores sociales frente a las autoridades competentes, y pide a los Estados miembros que reconozcan y garanticen los derecho sociales de los agricultores, velando por que todos los trabajadores agrícolas, a tiempo parcial o completo, estén cubiertos por un régimen de protección social; pide a los Estados miembros que transpongan a la legislación nacional la Directiva 2014/36/UE relativa a los trabajadores temporeros; pide a las autoridades nacionales en materia de salud y seguridad que asignen recursos a la divulgación de información sobre la seguridad agrícola;

66.  Solicita a la Comisión la introducción de los indicadores propuestos por la FAO en su Evaluación de la Sostenibilidad para la Agricultura y la Alimentación (SAFA), especialmente los orientados al empleo y el bienestar social;

67.  Recuerda que, en promedio, los agricultores europeos solo poseen doce hectáreas de tierra y que el 70 % de las explotaciones agrícolas tiene una superficie inferior a cinco hectáreas; señala que, debido a sus dimensiones y estructura, las explotaciones agrícolas no siempre pueden permitirse la contratación de trabajadores a tiempo completo ni altamente cualificados; insta, por consiguiente, a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que adopten medidas que promuevan las agrupaciones de empleadores;

68.  Considera indispensable garantizar la presencia de servicios públicos y privados para mantener el atractivo de las zonas rurales y hacer posible la creación de empleo en dichas zonas; opina que los ciudadanos de las zonas rurales tienen derecho a la igualdad de acceso a unos servicios públicos de calidad, como la educación y la asistencia sanitaria; estima esencial que todos —autoridades locales, gobiernos regionales (allí donde existan) y el sector privado local— trabajen conjuntamente para impulsar las inversiones y garanticen que las zonas rurales y aisladas cuentan con infraestructuras esenciales, como conexiones de transporte público y privado, un suministro de energía seguro y fiable y tecnología de banda ancha, así como sistemas de financiación y crédito para los emprendedores rurales, las microempresas y las pymes pues, en caso contrario, las empresas y hogares rurales estarán en una situación de desventaja permanente y seguirá produciéndose una migración hacia las zonas urbanas;

69.  Es de la opinión, en relación con las recientes epidemias animales y los recientes escándalos de seguridad alimentaria, como el brote de E. coli de 2011, el escándalo de la carne de caballo en 2013 y el actual escándalo de la miel falsa, que es preciso un significativo aumento del gasto destinado a la seguridad de los alimentos y los piensos, tal como figura en la tercera rúbrica del marco financiero plurianual, ya que los 1 930 millones EUR asignados para el actual período de siete años resultan completamente inadecuados;

70.  Subraya que los agricultores deben hacer frente a los costes administrativos de la PAC a gran escala y que estos costes varían significativamente entre los distintos Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aligeren la carga administrativa mediante la eliminación de trámites burocráticos y la simplificación de la CAP, así como garantizando una transposición rentable;

71.  Destaca que el acceso a servicios básicos como la educación, la asistencia sanitaria y la vivienda, así como la continuidad de esos servicios, constituyen condiciones previas para crear un entorno favorable a la generación de empleo y satisfacer las necesidades vitales de las poblaciones de las zonas rurales;

72.  Considera indispensable pedir a las autoridades públicas que creen servicios de asesoramiento y asistencia a la gestión agrícola en las zonas rurales, a fin de modernizar la agricultura europea;

73.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que animen y faciliten la igualdad de la mujer en el mercado de trabajo y la conciliación de la vida laboral y familiar en las zonas rurales, en especial en lo que respecta a los salarios y los derechos sociales y de pensión, la promoción de nuevas cualificaciones y el ofrecimiento de perspectivas y oportunidades para las mujeres en el empleo agrícola y no agrícola, en consonancia con el principio de igualdad y no discriminación en los programas y políticas de la Unión; les pide asimismo que aprovechen mejor las oportunidades de las plataformas específicas de información en línea, las acciones y ayudas a las agricultoras que sean nuevos operadores o ya establecidas, en particular en el marco del Feader y otros fondos de la Unión que estimulen el desarrollo de proyectos, y que ayuden a mantener la infraestructura y los servicios esenciales básicos en la vida cotidiana en el medio rural, contribuyendo así a limitar el éxodo de las zonas rurales; llama la atención asimismo sobre la necesidad, especialmente en las zonas rurales, de estrategias sostenibles de mantenimiento, fomento y apoyo a las redes y organizaciones de mujeres en su labor de toma de decisiones en la agricultura y las zonas rurales; pide además un acceso más sencillo a la educación, la financiación y la información para facilitar las iniciativas empresariales de las mujeres (por ejemplo, mediante negocios en línea) y el acceso a la propiedad y el desarrollo de empresas rurales;

74.  Insta a los Estados miembros a reforzar el papel de los agentes sociales y las organizaciones de asistencia social que trabajan conjuntamente con las autoridades en la vigilancia del cumplimiento de la legislación laboral, la lucha contra el trabajo no declarado y el control del cumplimiento de las normas de bienestar social y de seguridad laboral que facilitan la integración socioeconómica de los trabajadores migrantes, incluidas las temporeras, migrantes y refugiadas; hace un llamamiento para que se establezcan mecanismos a fin de garantizar la participación de las mujeres en todos los niveles del proceso;

75.  Recuerda que la superficie destinada a la producción agrícola en la Unión está disminuyendo cada año; subraya que la preservación de las áreas cultivables es fundamental para garantizar los puestos de trabajo en el mundo rural; hace un llamamiento a los Estados miembros para promover un mejor acceso a la tierra en áreas con altas tasas de desempleo rural y pide, en este sentido, que se tomen medidas para garantizar que las jóvenes agricultoras tienen acceso al crédito y pueden participar en la gestión de la tierra;

76.  Llama la atención sobre el hecho de que el 45 % de la fuerza laboral de las explotaciones agrícolas está constituido por mujeres; pide a la Comisión que revise la definición de «explotación familiar» con el fin de facilitar su acceso a la formación y al asesoramiento profesional, así como al capital y a las prestaciones;

77.  Pide a las autoridades nacionales, regionales y locales competentes que fomenten la participación de las mujeres en los grupos de acción local y el desarrollo de asociaciones locales en el marco del programa Leader, y que garanticen una participación equilibrada de hombres y mujeres en sus juntas directivas;

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o   o

78.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Eurostat, 2016.
(2) Véase: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.nat-opinions.25458

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