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Procedimiento : 2017/2506(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

RC-B8-0072/2017

Debates :

PV 19/01/2017 - 4.1
CRE 19/01/2017 - 4.1

Votaciones :

PV 19/01/2017 - 7.1

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0002

Textos aprobados
PDF 169kWORD 46k
Jueves 19 de enero de 2017 - Estrasburgo Edición definitiva
Indonesia, en particular los casos de Hosea Yeimo, Ismael Alua y el gobernador de Yakarta
P8_TA(2017)0002RC-B8-0072/2017

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2017, sobre Indonesia, en particular el caso de Hosea Yeimo e Ismael Alua y el gobernador de Yakarta (2017/2506(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Indonesia, en particular la de 26 de febrero de 2014 sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo Marco Global de Asociación y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Indonesia, por otra, con excepción de los asuntos relacionados con la readmisión(1),

–  Visto el Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Unión e Indonesia, que entró en vigor el 1 de mayo de 2014,

–  Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini (VP/AR), de 23 de mayo de 2015, sobre la posibilidad de nuevas ejecuciones en Indonesia,

–  Vista la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 27 de julio de 2016, sobre las ejecuciones previstas en Indonesia,

–  Visto el sexto diálogo sobre derechos humanos entre la Unión e Indonesia, de 28 de junio de 2016,

–  Vista la Declaración de Bangkok sobre la promoción de una asociación global entre la ASEAN y la Unión por los objetivos estratégicos comunes, de 14 de octubre de 2016,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Indonesia ratificó en 2006,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1987,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que Indonesia es la cuarta nación más poblada del mundo, la tercera mayor democracia y el país más grande de mayoría musulmana, y que cuenta con millones de fieles de otras creencias y con una sociedad diversa compuesta por más de 255 millones de ciudadanos de diversas etnias, lenguas y culturas;

B.  Considerando que Indonesia es un socio importante de la Unión; que las relaciones entre la Unión y Indonesia, miembro del G-20, son robustas; y que la Unión e Indonesia comparten los mismos valores en materia de derechos humanos, gobernanza y democracia;

C.  Considerando que en la primera reunión ministerial del diálogo estratégico (de 8 de abril de 2016) el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia y la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad / vicepresidenta de la Comisión expresaron conjuntamente su intención de conferir una nueva dimensión a la asociación entre la Unión e Indonesia;

D.  Considerando que el 19 de diciembre de 2016 Hosea Yeimo e Ismael Alua, dos activistas políticos papúes, fueron detenidos y acusados ​​de «rebelión» en virtud del código penal indonesio tras su participación en actividades políticas pacíficas; que Hosea Yeimo e Ismael Alua fueron puestos en libertad bajo fianza el 11 de enero de 2017; que las actuaciones judiciales en relación con este caso siguen adelante; y que, en caso de ser inculpados, pueden ser condenados a cadena perpetua;

E.  Considerando que el presidente Joko Widodo ha prometido a los papúes un cambio, comenzando con «un diálogo abierto para una Papúa mejor», y que se ha comprometido a poner fin al uso excesivo de la fuerza y a ​​los abusos contra los derechos humanos; que el presidente ha visitado Papúa en cuatro ocasiones desde su elección en 2014; y que ha ordenado recientemente la liberación de un gran número de presos papúes como gesto de apaciguamiento;

F.  Considerando que el gobernador de Yakarta, Basuki Tjahaja Purnama, más conocido como Ahok, está siendo juzgado, acusado por algunos grupos religiosos de insultar al Islam; y que desde octubre de 2016 se han convocado tres manifestaciones, organizadas por una coalición de grupos islamistas denominada «Movimiento Nacional para el Mantenimiento de la Fatwa del Consejo de Ulemas de Indonesia» (GNPF-MUI), que incluye a miembros del Frente de Defensores del Islam (FPI), en las que se pedía el encarcelamiento de Ahok;

G.  Considerando que la libertad de pensamiento, la libertad de reunión y de asociación pacíficas, la libertad de religión, el derecho a no ser arbitrariamente detenido o privado de libertad y el derecho a no ser torturado son libertades y derechos fundamentales e inalienables;

H.  Considerando que Indonesia restableció la pena de muerte en 2013 y ha ejecutado a una serie de presos;

1.  Aprecia la estrecha relación entre la Unión e Indonesia y reitera la importancia de los fuertes lazos políticos, económicos y culturales existentes desde hace tiempo entre las dos partes;

2.  Expresa su preocupación por la creciente intolerancia hacia las minorías étnicas, religiosas y sexuales en Indonesia; condena enérgicamente todos los actos de violencia, hostigamiento e intimidación contra las minorías, así como la impunidad de tales actos, y condena el creciente abuso de las reglamentaciones existentes para discriminar, perseguir y encarcelar a miembros de minorías religiosas, religiones tradicionales y minorías étnicas y sexuales;

3.  Acoge con satisfacción la contribución de Indonesia en la lucha contra el extremismo violento y su experiencia al respecto, basada en la promoción de una sociedad tolerante y del diálogo interreligioso; toma nota de los esfuerzos de Indonesia en apoyo de su democracia, el respeto de los derechos humanos y el recuerdo a su propia «unidad en la diversidad»; subraya la necesidad de garantizar la protección de todos los derechos humanos, en particular los de los grupos minoritarios y vulnerables, garantizando la no discriminación en el ejercicio de las libertades de religión o creencia, opinión, expresión, asociación y reunión pacífica;

4.  Acoge con satisfacción el diálogo permanente en materia de derechos humanos entre la Unión e Indonesia, iniciado en 2010; celebra la estrecha cooperación entre la Unión e Indonesia en relación con una amplia gama de cuestiones; subraya que la Unión e Indonesia han acordado llevar a cabo proyectos concretos de cooperación en una amplia gama de ámbitos, incluido el acceso a la justicia y la política penal, la lucha contra el extremismo violento, los derechos de los migrantes, las empresas y los derechos humanos y los derechos de las personas con discapacidad, así como los de personas pertenecientes a minorías y grupos vulnerables;

5.  Recuerda que la mejora de la situación en materia de derechos humanos en Indonesia es una prioridad del Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Unión e Indonesia;

6.  Se congratula de la buena salud de las relaciones entre Indonesia y sus vecinos y de su compromiso activo en favor de las Naciones Unidas;

7.  Alienta al Gobierno de Indonesia a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos de los activistas pacíficos y a que vele por el establecimiento de un entorno propicio para el ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de manifestación pacífica;

8.  Acoge con satisfacción la liberación bajo fianza de Hosea Yeimo e Ismael Alua el 11 de enero de 2017; observa que las actuaciones judiciales en relación con este caso seguirán adelante; pide a la Delegación de la Unión en Indonesia que haga un seguimiento de estas actuaciones;

9.  Pide a las autoridades indonesias que se planteen la posibilidad de retirar todos los cargos contra Hosea Yeimo, Ismael Alua y otros prisioneros de conciencia que han sido imputados por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión;

10.  Insta a las autoridades indonesias y locales de Papúa a que apliquen medidas inmediatas y eficaces para garantizar la seguridad y la protección de los activistas políticos pacíficos que ejercen sus derechos; pide a las autoridades que garanticen que el pueblo de Papúa pueda expresar sus ideas y opiniones sin temor a sufrir castigos, represalias o intimidaciones;

11.  Condena enérgicamente todo acto de violencia o terror y transmite sus condolencias a las familias de las víctimas;

12.  Toma nota con preocupación del caso de blasfemia contra Ahok; subraya que la libertad de expresión y la libertad de pensamiento, de conciencia o de religión están protegidas por el Derecho internacional en materia de derechos humanos;

13.  Exhorta a las autoridades de Indonesia a que revoquen los artículos 156 y 156 bis) del código penal; a que supriman las disposiciones sobre blasfemia del actual proyecto de ley de revisión del código penal (RUU Revisi KUHP), de la Ley sobre la información y las transacciones electrónicas y de la Ley sobre la rebelión (en particular, los artículos 106 y 110 del código penal indonesio); y a que adapten todas las leyes a las obligaciones que impone el Derecho internacional en materia de derechos humanos, en particular en relación con la libertad de expresión, pensamiento, conciencia y religión, la igualdad ante la ley, la libertad contra la discriminación y el derecho a la expresión y a la reunión pública; toma nota de que puede encarcelarse a una persona por «difamación» por un máximo de cinco años;

14.  Subraya la necesidad de que el Gobierno indonesio proteja la tradición indonesia de tolerancia y pluralismo religioso investigando, deteniendo y persiguiendo a personas o grupos que discriminan o cometen actos de violencia contra comunidades religiosas;

15.  Manifiesta su preocupación por la intensificación de la retórica contra las personas LGBTI, que ha desembocado en numerosas amenazas y ataques violentos contra las ONG, los activistas y las personas LGBTI; pide al gobierno y a los legisladores que se abstengan de restringir en mayor medida los derechos de las personas LGBTI y que garanticen su derecho a la libertad de expresión y de reunión;

16.  Lamenta el restablecimiento de la pena de muerte; pide a las autoridades que decreten una moratoria de todas las ejecuciones de cara a la abolición de la pena de muerte; manifiesta su preocupación por el caso del ciudadano de la Unión Serge Atlaoui;

17.  Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Parlamento de Indonesia, al secretario general de la ASEAN, a la Comisión Intergubernamental de Derechos Humanos de la ASEAN y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0141.

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