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Procedimiento : 2016/2247(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0019/2017

Textos presentados :

A8-0019/2017

Debates :

PV 14/02/2017 - 19
CRE 14/02/2017 - 19

Votaciones :

PV 15/02/2017 - 7.14

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0041

Textos aprobados
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Miércoles 15 de febrero de 2017 - Estrasburgo Edición definitiva
Unión bancaria - Informe anual 2016
P8_TA(2017)0041A8-0019/2017

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2017, sobre la unión bancaria – Informe anual 2016 (2016/2247(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Plan de acción de la Comisión para la creación de un mercado de capitales, de 30 de septiembre de 2015 (COM(2015)0468),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la evaluación y los retos de la normativa sobre servicios financieros de la UE: impacto y camino hacia un marco de la UE más eficiente y efectivo para la regulación financiera y una unión de los mercados de capitales(1),

–  Vista la declaración de la Cumbre de la zona del euro, celebrada el 29 de junio de 2012, en la que se declara la intención de «poner fin al actual círculo vicioso entre las entidades bancarias y la deuda soberana»(2),

–  Visto el primer informe sobre el sistema bancario en la sombra de la Unión de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), de julio de 2016,

–  Visto el Informe Mundial de Estabilidad Financiera del Fondo Monetario Internacional de 2016,

–  Vistos los resultados de las pruebas de resistencia realizadas por la Autoridad Bancaria Europea (ABE), publicados el 29 de julio de 2016,

–  Vistos los resultados del ejercicio de supervisión de la ABE DRC IV – RRC / Basilea III, basados en datos de diciembre de 2015, publicados en septiembre de 2016,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Ecofín, de 17 de junio de 2016, sobre una hoja de ruta para completar la unión bancaria,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, titulada «Hacia la culminación de la unión bancaria» (COM(2015)0587),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito(3) (Reglamento del MUS),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 2014, por el que se establece el marco de cooperación en el Mecanismo Único de Supervisión entre el Banco Central Europeo y las autoridades nacionales competentes y con las autoridades nacionales designadas(4) (Reglamento Marco del MUS),

–  Vista la declaración del MUS sobre sus prioridades de supervisión para 2016,

–  Visto el Informe Anual sobre las actividades de supervisión del BCE 2015, publicado en marzo de 2016(5),

–  Visto el Informe Especial n.o 29/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el Mecanismo Único de Supervisión(6),

–  Visto el informe de la ABE sobre la dinámica y los factores que impulsan las exposiciones dudosas en el sector bancario de la Unión, de julio de 2016,

–  Visto el informe de la Junta Europea de Riesgo Sistémico sobre el tratamiento reglamentario de las exposiciones soberanas, de marzo de 2015,

–  Vista la aprobación del Consejo de Gobierno del BCE, de 4 de octubre de 2016, de los principios que aumentan la transparencia en la elaboración de los reglamentos del BCE relativos a la estadística europea y teniendo en cuenta las prácticas de transparencia del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión,

–  Vista la consulta del BCE sobre su proyecto de directrices dirigidas a los bancos sobre los préstamos dudosos, de septiembre de 2016,

–  Vista la Guía del BCE sobre las opciones y facultades que ofrece el Derecho de la Unión,

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/445 del Banco Central Europeo, de 14 de marzo de 2016, sobre el ejercicio de las opciones y facultades que ofrece el Derecho de la Unión(7),

–  Vistos los debates en curso en el Comité de Basilea y, en particular, el documento consultivo titulado «Reducing variation in credit risk-weighted assets – constraints on the use of internal model approaches» (La reducción de las variaciones en los activos ponderados por riesgo de crédito: limitaciones en la utilización de modelos internos», de marzo de 2016,

–  Visto el informe de la ABE, de 3 de agosto de 2016, sobre los requisitos del ratio de apalancamiento de conformidad con el artículo 511 del Reglamento sobre Requisitos de Capital (RRC) (EBA/Op/2016/13),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Ecofín, de 12 de julio de 2016, sobre la finalización de las reformas de Basilea después de la crisis,

–  Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre el papel de la UE en el marco de las instituciones y los organismos financieros, monetarios y reguladores internacionales(8),

–  Vista su Resolución, de 23 de noviembre de 2016, sobre la finalización de Basilea III(9),

–  Vistos los trabajos en curso de la Comisión sobre la revisión del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012(10) (RRC), en particular en lo que se refiere a la revisión del pilar 2 y el tratamiento de las opciones y facultades nacionales,

–  Vista la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) n.° 1093/2010 y (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(11) (DRRB),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 806/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2014, por el que se establecen normas uniformes y un procedimiento uniforme para la resolución de entidades de crédito y de determinadas empresas de servicios de inversión en el marco de un Mecanismo Único de Resolución y un Fondo Único de Resolución y se modifica el Reglamento (UE) n.º 1093/2010(12) (Reglamento del MUR),

–  Visto el Informe anual 2015 de la Junta Única de Resolución (JUR), de julio de 2016,

–  Vista la Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de agosto de 2013, de la normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los bancos en el contexto de la crisis financiera («Comunicación bancaria»)(13),

–  Visto el Reglamento Delegado (UE) 2016/1450, de 23 de mayo de 2016, por el que se complementa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación en las que se especifican los criterios relativos al método para establecer el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles(14),

–  Visto el informe de la Comisión titulado «Evaluación de las normas sobre remuneración en el marco de la Directiva 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n.º 575/2013», de 28 de julio de 2016 (COM(2016)0510),

–  Vista la ficha descriptiva del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) sobre la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC), de noviembre de 2015,

–  Visto el documento de trabajo del Banco de Pagos Internacionales (BPI) n.º 558, de abril de 2016, titulado «Why bank capital matters for monetary policy» (Por qué es importante el capital bancario para la política monetaria),

–  Visto el informe intermedio de la ABE sobre la aplicación y la concepción del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL), de 19 de julio de 2016,

–  Visto el informe analítico complementario de la Comisión, de octubre de 2016, sobre los efectos de la propuesta de establecer un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (SEGD),

–  Visto el informe final de la ABE sobre la aplicación y la concepción del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL), de 14 de diciembre de 2016,

–  Visto el Acuerdo relativo a la transferencia y la mutualización de las contribuciones al Fondo Único de Resolución, y en particular su artículo 16,

–  Visto el Memorándum de Entendimiento entre la Junta Única de Resolución y el Banco Central Europeo en lo que respecta a la cooperación y el intercambio de información, de 22 de diciembre de 2015,

–  Vista la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, relativa a los sistemas de garantía de depósitos(15) (DSGD),

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 806/2014 a fin de establecer un Sistema Europeo de Garantía de Depósitos (COM(2015)0586),

–  Vistas las diferentes directrices de la ABE formuladas con arreglo a la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos, y en particular los informes finales sobre las directrices relativas a los acuerdos de cooperación entre los sistemas de garantía de depósitos, de febrero de 2016, y sobre las directrices relativas a las pruebas de resistencia de los sistemas de garantía de depósitos, de mayo de 2016,

–  Vista la declaración del Eurogrupo y de los ministros del Consejo Ecofín, de 18 de diciembre de 2013, sobre el mecanismo de protección del MUR,

–  Vista la Declaración del Consejo, de 8 de diciembre de 2015, sobre la unión bancaria y los mecanismos de financiación puente para el Fondo Único de Resolución,

–  Visto el Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,

–  Visto el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0019/2017),

A.  Considerando que la creación de la unión bancaria constituye un componente indispensable de una unión monetaria y un pilar fundamental de una verdadera Unión Económica y Monetaria (UEM); que es necesario redoblar los esfuerzos, puesto que la unión bancaria sigue estando incompleta mientras carezca de un mecanismo de protección presupuestaria y de un tercer pilar, esto es, un enfoque europeo para el reaseguro / la garantía de depósitos, sometido a debate actualmente a nivel de comisión; que la culminación de la unión bancaria contribuirá de manera importante a romper el nexo entre el riesgo soberano y el riesgo bancario;

B.  Considerando que el Banco Central Europeo (BCE) podría encontrarse, en ocasiones específicas, ante un conflicto de intereses debido a su doble responsabilidad como autoridad de la política monetaria y supervisor bancario;

C.  Considerando que los coeficientes de capital y de liquidez de las entidades bancarias de la Unión, en general, han mejorado constantemente a lo largo de los últimos años; que, sin embargo, persisten los riesgos para la estabilidad financiera; que la situación actual exige que se actúe con prudencia a la hora de introducir cambios amplios en el marco regulador, especialmente respecto a las condiciones de financiación de la economía real;

D.  Considerando que se ha retrasado la debida limpieza de los balances generales de las entidades bancarias después de la crisis, lo que sigue obstaculizando el crecimiento económico;

E.  Considerando que la función de las instituciones europeas no es garantizar la rentabilidad del sector bancario;

F.  Considerando que el objetivo del nuevo sistema de resolución que entró en vigor en enero de 2016 es propiciar un cambio de paradigma, pasando del rescate a la recapitalización interna; que los participantes en el mercado aún tienen que adaptarse al nuevo sistema;

G.  Considerando que los Estados miembros que todavía no hayan adoptado el euro pueden participar en la unión bancaria;

H.  Considerando que todos los Estados miembros que han adoptado el euro componen la unión bancaria; que el euro es la moneda de la Unión; que todos los Estados miembros, salvo los que están acogidos a una excepción, se comprometen a adoptar el euro y, por tanto, adherirse a la unión bancaria;

I.  Considerando que la transparencia y la rendición de cuentas de la Comisión de cara al Parlamento Europeo son principios clave; que esto implica el adecuado seguimiento de las recomendaciones del Parlamento por la Comisión y la evaluación y supervisión adecuadas de este seguimiento por el Parlamento;

J.  Considerando que nuestro trabajo sobre la Unión de Mercados de Capitales (UMC) no debe restar presión a la culminación de nuestro trabajo sobre la unión bancaria, que sigue siendo un requisito previo para la estabilidad financiera en la coyuntura de dependencia bancaria existente en la Unión Europea;

K.  Considerando que, según datos recientes, el valor estimado del conjunto de préstamos dudosos en la zona del euro asciende a 1 132 000 millones de euros(16);

Supervisión

1.  Expresa su preocupación por el elevado nivel de préstamos dudosos, dado que, según los datos del BCE, en abril de 2016 los bancos de la zona del euro mantenían préstamos dudosos por valor de 1 014 000 millones de euros; considera que reducir este nivel es crucial; celebra el esfuerzo ya realizado para reducir el nivel de préstamos dudosos en algunos Estados miembros; observa, no obstante, que hasta ahora la cuestión se ha abordado principalmente a escala nacional; considera que el problema debe resolverse cuanto antes, si bien reconoce que una solución definitiva llevará tiempo; considera que cualquier solución que se sugiera debe tener en cuenta el origen de los préstamos dudosos, la repercusión para la capacidad de préstamo de los bancos a la economía real y la necesidad de desarrollar un mercado primario y secundario de préstamos dudosos, posiblemente en forma de titulización segura y transparente, tanto a nivel de la Unión como nacional; recomienda que la Comisión ayude a los Estados miembros, entre otras cosas, en la creación de empresas de gestión de activos específicos (o «bancos malos») y una mayor supervisión; reitera, en este contexto, la importancia que reviste la capacidad de vender préstamos dudosos a fin de liberar capital, lo que es especialmente importante para los créditos bancarios a las pymes; acoge con satisfacción la consulta del BCE sobre el proyecto de directrices dirigidas a los bancos con respecto a los préstamos dudosos, pero considera que deben realizarse progresos más sustanciales; celebra la propuesta de la Comisión en materia de insolvencia y reestructuración, incluidos la reestructuración temprana y el ofrecimiento de una segunda oportunidad, en el marco de la UMC; pide a los Estados miembros, a la espera de su aprobación y como complemento, que mejoren sus respectivas legislaciones, especialmente en relación con la duración de los procedimientos de recuperación, el funcionamiento de los sistemas judiciales y, en términos más generales, su marco jurídico relativo a la reestructuración de la deuda, y que apliquen las reformas estructurales sostenibles necesarias para lograr la recuperación económica con el fin de atajar el problema de los préstamos dudosos; observa que, según el Banco de Pagos Internacionales, algunos bancos de la zona del euro han disminuido sus bases de capital pagando dividendos sustanciales que a veces exceden del nivel de ganancias acumuladas, a lo largo de los años de crisis; considera que puede reforzarse la situación de los bancos en términos de capital reduciendo los pagos de dividendos y aumentando el capital nuevo;

2.  Anima a todos los Estados miembros que no hayan adoptado todavía el euro a que tomen todas las medidas necesarias para hacerlo o para adherirse a la unión bancaria, con el fin de alinear progresivamente la unión bancaria con todo el mercado interior;

3.  Manifiesta su preocupación por la persistente inestabilidad del panorama bancario en Europa, que subraya, entre otros, el Informe sobre la estabilidad financiera mundial del FMI de 2016, que señala que, incluso en un escenario de recuperación cíclica, Europa seguiría teniendo un alto porcentaje de bancos débiles y amenazados; observa la baja rentabilidad de una serie de entidades en la zona del euro; señala que entre los factores que explican esta situación figuran, entre otros, el volumen de préstamos dudosos, los tipos de interés y posibles problemas del lado de la demanda; respalda la petición del FMI de que se realicen cambios fundamentales tanto en los modelos empresariales de los bancos como en la estructura del sistema a fin de garantizar un sistema bancario europeo saludable;

4.  Considera que existen riesgos asociados a la deuda soberana; observa asimismo que las instituciones financieras de algunos Estados miembros han invertido excesivamente en bonos emitidos por su propio Gobierno, provocando una «distorsión nacional» excesiva, cuando uno de los objetivos principales de la unión bancaria es romper el nexo entre el riesgo soberano y el bancario; observa que un adecuado tratamiento prudencial de la deuda soberana puede crear incentivos para que los bancos gestionen mejor sus exposiciones soberanas; señala, no obstante, que los bonos del Estado desempeñan un papel fundamental como fuente de activos de garantía líquidos de gran calidad y en la ejecución de la política monetaria, y que la modificación de su tratamiento prudencial, especialmente si no se prevé ningún enfoque de introducción progresiva, podría tener un efecto importante en el sector financiero y en el sector público, y que esto hace necesario un examen cuidadoso de las ventajas y los inconvenientes de una revisión del marco actual, antes de la presentación de propuestas; toma nota de las diversas opciones políticas establecidas en el informe del Grupo de alto nivel sobre el tratamiento prudencial de las exposiciones soberanas, sometidas a debate en la reunión informal del Consejo Ecofín celebrada el 22 de abril de 2016; considera que el marco regulador de la Unión debe ser coherente con la normativa internacional; aguarda con gran interés, por tanto, los resultados de la labor del FSB sobre la deuda soberana, como orientación para futuras decisiones; considera que el marco europeo debe permitir que la disciplina de mercado dé lugar a políticas sostenibles y proporcione activos líquidos de gran calidad para el sector financiero y pasivos seguros a los Gobiernos; destaca que, junto a las reflexiones sobre la deuda soberana, se debe reflexionar sobre la convergencia de un amplio abanico de cuestiones económicas, sobre las ayudas estatales y sobre riesgos tales como la mala conducta profesional, incluido el delito financiero;

5.  Considera fundamental para depositantes, inversores y supervisores que se aborde la excesiva variabilidad de las ponderaciones de riesgo aplicadas a los activos ponderados por riesgo de la misma clase de las diferentes entidades; recuerda que las normas actuales que regulan el uso de modelos internos prevén un nivel de flexibilidad significativo para los bancos y añaden una capa de riesgo desde el punto de vista de la supervisión; celebra, a este respecto, la labor realizada por la ABE para armonizar los principales supuestos y parámetros, cuya divergencia se ha identificado como uno de los principales impulsores de la variabilidad, así como la labor realizada respecto de la supervisión bancaria del BCE en el marco del proyecto sobre la revisión específica de los modelos internos (TRIM — Targeted Review of Internal Models) del BCE, con objeto de evaluar y confirmar la adecuación e idoneidad de los modelos internos; anima a que sigan produciéndose avances en estas líneas de trabajo; aguarda los resultados del trabajo realizado a escala internacional para integrar el recurso a los modelos internos por lo que se refiere al riesgo operativo y los préstamos a empresas, otras entidades financieras y bancos especializados en finanzas y acciones, a fin de restablecer la credibilidad de los modelos internos y garantizar que se centren en los ámbitos en los que aportan valor añadido; celebra asimismo la introducción de un coeficiente de apalancamiento que actúe como sólido mecanismo de protección, en particular para las entidades de importancia sistémica mundial (EISM); destaca la necesidad de un enfoque normalizado más sensible a los riesgos para velar por el respeto del principio «para los mismos riesgos, las mismas normas»; pide a los supervisores financieros que solo permitan los nuevos modelos internos cuando no conduzcan a ponderaciones de riesgo significativamente más bajas injustificadas; reitera las conclusiones recogidas en su Resolución, de 23 de noviembre de 2016, sobre la finalización de Basilea III; recuerda, en particular, que las modificaciones previstas del marco regulador no deben redundar en un aumento general de los requisitos de capital ni perjudicar la capacidad de las entidades bancarias para financiar la economía real, en particular las pymes; destaca que la labor internacional debe respetar el principio de proporcionalidad; recuerda la importancia de no penalizar indebidamente el modelo bancario de la Unión y evitar la discriminación entre los bancos de la Unión y los bancos internacionales; pide a la Comisión que garantice que se considerarán las especificidades europeas cuando se desarrollen nuevas normas internacionales en este ámbito, y que tenga debidamente en cuenta el principio de proporcionalidad y la existencia de diferentes modelos bancarios cuando evalúe el impacto de la futura legislación por la que se apliquen las normas acordadas a nivel internacional;

6.  Destaca que para lograr un acceso fiable a la financiación y la asignación adecuada de capital en el modelo financiero de Europa basado en los bancos es muy necesario disponer de balances generales sólidos y de la capitalización adecuada, cuya restauración después de la crisis financiera no se ha garantizado ni se garantiza de manera uniforme en la Unión, lo que ha obstaculizado el crecimiento económico;

7.  Subraya que el sector bancario europeo desempeña un papel fundamental en la financiación de la economía europea y que está respaldado por un sólido sistema de supervisión; celebra, por tanto, la intención de la Comisión de mantener el factor de apoyo a las pymes en la próxima revisión de la DRC (Directiva sobre Requisitos de Capital) y del RRC, y ampliarlo más allá de su umbral actual;

8.  Señala que deberían seguirse en la mayor medida posible las orientaciones que ofrecen los foros internacionales con el fin de evitar el riesgo de fragmentación del marco regulador por lo que se refiere a la regulación y supervisión de grandes bancos con actividad internacional, sin que esto impida un enfoque crítico, cuando sea necesario, ni discrepancias específicas de las normas internacionales en los casos en que no se tengan suficientemente en cuenta las características del sistema europeo; recuerda las conclusiones recogidas en su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre el papel de la UE en el marco de las instituciones y los organismos financieros, monetarios y reguladores internacionales; subraya, en particular, la importancia que reviste la función de la Comisión, el BCE y la ABE a la hora de participar en la labor del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) y proporcionar al Parlamento y al Consejo información actualizada transparente y completa sobre la situación actual de los debates en el seno del CSBB; considera que la Unión debe ocuparse de tener una representación apropiada en el CSBB, en especial para la zona del euro; pide una mayor visibilidad de esta función durante la reuniones del Consejo Ecofín, así como una mayor rendición de cuentas de cara a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento; subraya que el CSBB y otros foros han de contribuir a promover unas condiciones de competencia equitativas a nivel mundial, mitigando —en vez de aumentando— las diferencias entre jurisdicciones;

9.  Apunta a los riesgos, incluidos los sistémicos, del rápido crecimiento de un sector bancario en la sombra, tal como se recoge en el informe sobre el sistema bancario en la sombra de la Unión de 2016; insiste en que cualquier medida destinada a regular el sector bancario debe ir acompañada de la debida regulación del sector bancario en la sombra; pide, por tanto, que se tomen medidas coordinadas a fin de garantizar la competencia leal y la estabilidad financiera;

10.  Subraya la necesidad de disponer de una visión integral del impacto acumulativo de los diferentes cambios del entorno regulatorio, ya conciernan a la supervisión, la absorción de pérdidas, la resolución o las normas contables;

11.  Destaca que las opciones y facultades nacionales pueden dificultar la creación de unas condiciones de competencia equitativas entre los Estados miembros y la comparabilidad de los informes financieros de los bancos ante el público; celebra la oportunidad que brinda la reciente propuesta de modificación del RRC para poner fin o restringir el uso de algunas de ellas a nivel de la Unión, a fin de poner remedio a las barreras y la segmentación existentes y mantener únicamente las estrictamente necesarias debido a la diversidad de modelos bancarios; insta a que se aproveche plenamente esta oportunidad; acoge con satisfacción las orientaciones y la regulación del BCE dirigidas a armonizar el ejercicio de algunas de las opciones y facultades en el seno de la unión bancaria; recuerda, no obstante, que al realizar la labor relativa a la reducción de opciones y facultades, el BCE debe mantenerse dentro de los límites de su mandato; destaca que es fundamental seguir trabajando en la profundización del código normativo único, y subraya la necesidad de integrar su forma actual de solapar e interrelacionar la legislación vigente, la modificada y la nueva; pide al BCE que haga totalmente público el Manual de Supervisión en el que se establecen los procesos, procedimientos y metodologías comunes para llevar a cabo un proceso de revisión supervisora en toda la zona del euro;

12.  Destaca que, desde que se creó el MUS, para tratar una variedad de modelos de negocio y entidades de diferentes tamaños, todos los miembros del Consejo de Supervisión han experimentado un proceso de aprendizaje natural que es necesario apoyar y acelerar;

13.  Toma nota de la aclaración en cuanto a los objetivos del pilar 2 y su lugar en el orden de prelación relativo a los requisitos de capital propuesto en las modificaciones de la Directiva sobre Requisitos de Capital (DRC); observa que se considera que con el recurso a directrices en materia de requisitos de capital se logra un equilibrio entre los problemas de estabilidad financiera y la necesidad de dejar margen para la valoración de los supervisores y los análisis caso por caso; anima al BCE a que aclare los criterios que sustentan las directrices relativas al pilar 2; recuerda que estas directrices no deben limitar el importe máximo distribuible (IMD), por lo que no deben divulgarse; considera que el recurso a directrices en materia de requisitos de capital no debe resultar en una reducción ostensible de los requisitos del pilar 2; considera que se requiere una mayor convergencia en materia de supervisión respecto de la composición de fondos propios para cubrir los requisitos y las directrices del pilar 2; acoge con satisfacción, por tanto, que se aborde la cuestión en la propuesta de modificación del RRC;

14.  Destaca los riesgos resultantes de la acumulación de activos de nivel III, incluidos los derivados, y, en particular, de su difícil evaluación; observa que deben reducirse estos riesgos y que esto requiere una reducción progresiva de la acumulación de estos activos; pide al MUS que considere esta cuestión como una de sus prioridades de supervisión y organice, junto con la ABE, una prueba de resistencia cuantitativa al respecto;

15.  Reitera la necesidad de garantizar una mayor transparencia en todo el conjunto de prácticas supervisoras, en particular en el ciclo del PRES (proceso de revisión y evaluación supervisora); solicita al BCE que publique los indicadores y métricas de rendimiento para demostrar la eficacia de la supervisión y mejorar su rendición de cuentas externa; reitera su petición de lograr una mayor transparencia con respecto a las decisiones y justificaciones del pilar 2; pide al BCE que publique normas comunes de supervisión;

16.  Observa los riesgos derivados de las entidades financieras «demasiado grandes para caer», demasiado interconectadas para caer y demasiado complejas para someterlas a resolución; observa que se ha acordado un conjunto de medidas políticas elaboradas a nivel internacional para abordar estos riesgos (en concreto, la TLAC, la compensación centralizada de derivados y el complemento del coeficiente de capital y de apalancamiento para los bancos de importancia sistémica mundial); se compromete a trabajar con rapidez en las propuestas legislativas correspondientes a fin de que se apliquen en la Unión, reduciendo así en mayor medida los riesgos derivados de las entidades financieras «demasiado grandes para caer»; recuerda las palabras de Mark Carney, presidente del FSB, en el sentido de que acordar propuestas para una normativa internacional común en relación con la capacidad total de absorción de pérdidas para las entidades de importancia sistémica mundial constituye un hito a la hora de poner fin a los bancos «demasiado grandes para caer»; observa asimismo que un mecanismo de recapitalización interna eficaz y la aplicación de un nivel MREL adecuado son una parte importante de las medidas regulatorias para abordar esta cuestión y permitir la resolución de los bancos de importancia sistémica mundial sin recurrir a subvenciones públicas y sin afectar al conjunto del sistema financiero;

17.  Pone de relieve las limitaciones de la metodología actual para la realización de pruebas de resistencia; celebra, por tanto, los esfuerzos de la ABE y del BCE para mejorar el marco de las pruebas de resistencia; considera, no obstante, que hay que seguir trabajando para reflejar mejor la posibilidad y la realidad de las situaciones de crisis reales, entre otras cosas, incorporando mejor en la metodología elementos más dinámicos, como los efectos de contagio; que la falta de transparencia que caracteriza a las propias pruebas de resistencia del BCE implican incertidumbre en las prácticas de supervisión; pide al BCE que publique los resultados de sus pruebas de resistencia para promover la confianza del mercado;

18.  Considera que cuando una autoridad nacional competente se niegue a tener en cuenta las circunstancias específicas en las pruebas de resistencia, se debe informar de ello a la ABE y al MUS para garantizar unas condiciones de competencia equitativas;

19.  Celebra el progreso logrado de cara a facilitar cierta delegación en el ámbito de la toma de decisiones aptas y apropiadas; señala, no obstante, que es necesario modificar la regulación para permitir una delegación mayor y más sencilla de la toma de decisiones del Consejo de Supervisión en funcionarios competentes sobre ciertas cuestiones rutinarias; señala que acogería con satisfacción tal modificación que contribuiría a la eficiencia y eficacia de la supervisión bancaria del BCE; pide al BCE que especifique las tareas y el marco jurídico para la delegación de la toma de decisiones;

20.  Toma nota del informe del Tribunal de Cuentas sobre el funcionamiento del MUS; toma nota de las conclusiones relativas a los niveles insuficientes de personal; pide a las autoridades nacionales competentes y a los Estados miembros que proporcionen al BCE los recursos humanos y datos económicos necesarios para el desempeño de su labor, en particular por lo que se refiere a las inspecciones in situ; pide al BCE que modifique el Reglamento Marco del MUS a fin de formalizar los compromisos de las autoridades nacionales competentes participantes y que aplique una metodología basada en los riesgos para determinar el número objetivo de miembros del personal y la composición de competencias para los equipos conjuntos de supervisión; opina que con una mayor participación del personal del BCE y una menor dependencia del personal de las autoridades nacionales competentes se mejoraría la independencia de la supervisión, junto con la utilización de personal de la autoridad competente de un Estado miembro para supervisar una entidad de otro Estado miembro, que también contribuye a abordar eficazmente el riesgo de incumplimiento de la supervisión; celebra la cooperación del BCE con el Parlamento Europeo en relación con las condiciones laborales del personal; pide al BCE que promueva un buen entorno de trabajo que fomente la cohesión profesional en su seno; recuerda el posible conflicto de intereses entre las funciones de supervisión y la responsabilidad de la política monetaria, y la necesidad de una clara separación de ambos tipos de funciones; pide al BCE que realice un análisis de riesgo sobre los posibles conflictos de intereses y prevea líneas de notificación independientes en lo que respecta a los recursos de supervisión específicos; considera que, si bien la separación de la política monetaria y la supervisión es un principio central, no debe impedir el ahorro de costes logrado al compartir servicios, siempre y cuando estos no sean fundamentales para la elaboración de políticas y se establezcan las garantías adecuadas; pide al BCE que celebre consultas públicas al elaborar medidas cuasilegislativas, a fin de mejorar su rendición de cuentas;

21.  Subraya que la creación del MUS ha ido acompañada de un aumento de la influencia de la Unión en el panorama internacional en comparación con la situación previa;

22.  Subraya que la separación de las funciones de supervisión de las funciones de la política monetaria debería permitir al MUS adoptar una posición independiente con respecto a todos los asuntos pertinentes, incluidos los posibles efectos de los objetivos del tipo de interés del BCE sobre la posición financiera de los bancos supervisados;

23.  Comparte la opinión del Tribunal de Cuentas de que desde el establecimiento del MUS se han producido lagunas en la auditoría; muestra su inquietud por el hecho de que, debido a las limitaciones impuestas por el BCE sobre el acceso del Tribunal de Cuentas a los documentos, se han dejado sin auditar áreas importantes; insta al BCE a que coopere plenamente con el Tribunal de Cuentas para permitirle ejercer su mandato y reforzar con ello la rendición de cuentas;

24.  Recuerda la necesidad de encontrar, en la regulación y en la práctica de la supervisión, un equilibrio entre la necesidad de mantener la proporcionalidad y de actuar con coherencia; toma nota, a este respecto, de las modificaciones propuestas con respecto a los requisitos de información y remuneración en la propuesta de la Comisión de modificación de la Directiva 2013/36/UE; pide a la Comisión que priorice el trabajo sobre la normativa para los bancos pequeños y lo amplíe para incluir una evaluación de la viabilidad de un futuro marco regulatorio que conste de normas prudenciales menos complejas y más adecuadas y proporcionales, específicas para los diferentes tipos de modelo bancario; señala que todos los bancos deben someterse a un nivel adecuado de supervisión; recuerda que es fundamental realizar una supervisión adecuada para controlar todos los riesgos, independientemente del tamaño de los bancos; respeta la división de funciones y competencias entre la JUR, la ABE y otras autoridades dentro del Sistema Europeo de Supervisión Financiera, al tiempo que subraya la importancia de que exista una cooperación efectiva; considera que en un mercado común hay que superar la proliferación de requisitos de información duplicados y de interpretaciones nacionales de la legislación europea; apoya los esfuerzos de integración realizados hasta la fecha, como la idea que hay detrás del Marco Europeo de Información, y anima a redoblar los esfuerzos en esta dirección para evitar la duplicación de informes y la generación de costes de regulación adicionales innecesarios; pide a la Comisión que aborde la cuestión a su debido tiempo y en consonancia con sus conclusiones con respecto a la convocatoria de datos, por ejemplo, mediante una propuesta para establecer un procedimiento común, unitario y consolidado de presentación de informes en materia de supervisión; pide asimismo que se anuncien de manera oportuna los requisitos de información ad hoc y permanentes para velar por la alta calidad de los datos y la seguridad del proceso de planificación;

25.  Pone de relieve que la seguridad y la solvencia de un banco no se pueden determinar únicamente a través de una evaluación de su balance general en un momento dado, ya que están garantizadas por las interacciones dinámicas entre los bancos y los mercados y se ven afectadas por varios elementos de la economía en su conjunto; subraya, por tanto, que un marco sólido para la estabilidad financiera y el crecimiento debe ser integral y equilibrado, para incluir prácticas de supervisión dinámicas, y no centrarse exclusivamente en una regulación estática que se ocupe esencialmente de aspectos cuantitativos;

26.  Pone de relieve el reparto de responsabilidades entre el BCE y la ABE; resalta que el BCE no debe convertirse en el organismo de normalización de facto para los bancos no pertenecientes al MUS;

27.  Toma nota de que, el 18 de mayo de 2016, el Consejo del BCE adoptó el Reglamento sobre la recopilación de datos analíticos sobre el crédito y el riesgo crediticio (AnaCredit); pide al BCE que permita a los bancos centrales nacionales el mayor margen de maniobra posible a la hora de aplicar AnaCredit;

28.  Pide al BCE que no inicie los trabajos en fases adicionales relacionadas con AnaCredit hasta que se haya realizado una consulta pública, con la participación plena del Parlamento Europeo y prestando especial atención al principio de proporcionalidad;

29.  Reitera la importancia que reviste disponer de sistemas informáticos sólidos, que funcionen correctamente y que atiendan a las necesidades de las funciones de supervisión del MUS y a cuestiones de seguridad; lamenta los últimos informes sobre las deficiencias que persisten en el sistema informático;

30.  Celebra la creación de juntas nacionales de riesgo sistémico, pero subraya que el establecimiento de la unión bancaria refuerza la necesidad de reforzar la política macroprudencial a nivel europeo, a fin de abordar debidamente los posibles efectos indirectos transfronterizos del riesgo sistémico; anima a la Comisión a que proponga una supervisión macroprudencial coherente y efectiva en su revisión general del marco macroprudencial en 2017; pide a la Comisión que sea especialmente ambiciosa a fin de ampliar la capacidad institucional y analítica de la JERS para evaluar los riesgos y vulnerabilidades dentro y fuera del sector bancario e intervenir en consecuencia; considera que los instrumentos basados en los préstamos (como los límites a la relación préstamo-valor y a la razón servicio de la deuda-ingresos) deben incorporarse a la legislación europea para armonizar el uso de estos tipos de instrumentos macroprudenciales adicionales; destaca la necesidad de reducir la complejidad institucional y la longitud de los procesos en la interacción la JERS, el BCE/MUS y las autoridades nacionales, y entre las autoridades nacionales competentes y las autoridades nacionales designadas, en el ámbito de la supervisión macroprudencial; celebra, a este respecto, el progreso ya logrado en materia de coordinación transfronteriza por la recomendación de la JERS sobre la reciprocidad voluntaria; pide una vez más la clarificación de los vínculos entre el marco macroprudencial y los instrumentos microprudenciales existentes, a fin de garantizar una interacción efectiva entre los instrumentos de la política macroprudencial y microprudencial; manifiesta su preocupación por las vulnerabilidades del sector inmobiliario identificadas por la JERS; observa que la ABE aún no ha proporcionado normas técnicas de regulación sobre la condición de los requisitos de capital para la exposición a las hipotecas de conformidad con el artículo 124, apartado 4, letra b), y el artículo 164, apartado 6, del RRC; observa que, hasta la fecha, solo un reducido número de miembros del MUS ha activado o tiene previsto activar colchones de riesgo sistémico generales y un colchón de capital anticíclico; señala que, hasta el momento, el BCE no ha ejercido plenamente sus facultades de supervisión macroeconómica, fomentando la adopción de instrumentos de supervisión macroprudenciales por parte de las autoridades nacionales;

31.  Destaca que el resultado del referéndum sobre la pertenencia del Reino Unido a la Unión requiere una evaluación de todo el Sistema Europeo de Supervisión Financiera, incluidas las modalidades de voto en el seno de las Autoridades Europeas de Supervisión (AES), en particular del mecanismo de doble mayoría previsto en el artículo 44, apartado 1, del Reglamento ABE; subraya que las posibles negociaciones tras el referéndum no deben conducir a una desigualdad de oportunidades entre las entidades financieras de dentro y fuera de la Unión, y no deben utilizarse para promover la desregulación del sector financiero;

32.  Acoge con satisfacción el excelente trabajo realizado por los equipos conjuntos de supervisión, que son un buen ejemplo de cooperación europea y adquisición de conocimientos; señala que la propuesta de utilizar en el futuro un sistema de rotación para la organización de los equipos conjuntos de supervisión debe garantizar una supervisión objetiva y tener en cuenta el largo proceso de adquisición de conocimientos en esta especialidad tan compleja;

33.  Celebra que la unión bancaria haya eliminado ampliamente la cuestión de los supervisores de origen y de acogida mediante el establecimiento de un supervisor único y la mejora notable del intercambio de información pertinente entre las autoridades de supervisión, lo que permite una supervisión más integral de los grupos bancarios transfronterizos; subraya que, dado que la unión bancaria no ha culminado, la revisión del RRC en cuanto a las exenciones de los requisitos de liquidez y capital tiene que tener debidamente en cuenta los problemas relacionados con la protección de los consumidores en los países de acogida;

34.  Celebra la iniciativa del BCE de obligar a los bancos supervisados a notificar los ciberataques importantes a través de un servicio de alerta en tiempo real y de que las inspecciones in situ del MUS supervisen la ciberseguridad; pide el establecimiento de un marco jurídico que facilite el intercambio de información sensible y relevante para impedir los ciberataques entre bancos;

35.  Subraya la importancia crucial que reviste la ciberseguridad para los servicios bancarios y la necesidad de incentivar a las entidades financieras para que sean muy ambiciosas a la hora de proteger los datos de los consumidores y garantizar la ciberseguridad;

36.  Observa que se ha asignado al MUS la función de supervisor bancario europeo a fin de garantizar el cumplimiento de las normas prudenciales de la Unión y la estabilidad financiera, mientras que otras funciones de supervisión, que tienen repercusiones europeas claras, siguen en manos de los supervisores nacionales; a este respecto, subraya que el MUS debe disponer de poderes de supervisión en relación con las actividades de prevención del blanqueo de capitales de los supervisores bancarios nacionales; hace hincapié en que la ABE también debe disponer de competencias adicionales en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales, incluidos poderes para efectuar evaluaciones in situ de las autoridades competentes de los Estados miembros, requerir la presentación de toda información pertinente para evaluar el cumplimiento, emitir recomendaciones para la adopción de medidas correctoras, publicar esas recomendaciones y adoptar las medidas necesarias para velar por la aplicación efectiva de las recomendaciones;

37.  Pide una vez más a la ABE que ejecute y amplíe el marco de protección de los consumidores para los servicios bancarios en consonancia con su mandato, complementando la supervisión prudencial del MUS;

Resolución

38.  Recuerda la necesidad de aplicar la normativa sobre ayudas estatales al abordar futuras crisis bancarias, y que la excepción de la ayuda pública extraordinaria ha de ser de carácter cautelar y temporal y no puede utilizarse para compensar las pérdidas en las que una entidad haya incurrido o pueda incurrir en un futuro próximo; pide que se definan procedimientos eficientes entre la JUR y la Comisión para la toma de decisiones en caso de resolución, en especial por lo que respecta al calendario; opina que la flexibilidad que brinda el marco actual debe aclararse y recuerda que debe aprovecharse mejor para hacer frente a situaciones específicas, sin obstaculizar la auténtica resolución de bancos insolventes, en particular en el caso de medidas preventivas y alternativas relacionadas con la utilización de los fondos de los sistemas de garantía de depósitos, tal como se prevén en el artículo 11, apartados 3 y 6, de la Directiva relativa a los sistemas de garantía de depósitos (DSGD); pide a la Comisión Europea, por tanto, que reconsidere su interpretación de las normas sobre ayudas estatales pertinentes para garantizar que las medidas preventivas y alternativas previstas por el legislador europeo en la DSGD puedan aplicarse realmente; señala que situaciones específicas se han tratado de forma diferenciada sin una justificación clara; recuerda que la Comisión debía presentar, hasta el 31 de diciembre de 2015, un informe que evaluase la continua necesidad de permitir la concesión de recapitalizaciones cautelares y la condicionalidad asociada a tales medidas; pide a la Comisión que presente dicho informe cuanto antes;

39.  Pide a la Comisión que evalúe, a la luz de la experiencia y en el marco de la revisión del Reglamento (UE) n.º 806/2014, si la JUR y las autoridades nacionales de resolución disponen de suficientes facultades e instrumentos de intervención precoz para prevenir salidas perturbadoras de capital de los bancos y capacidad de absorción de pérdidas durante una crisis;

40.  Resalta la importancia de aclarar cuestiones prácticas que afectan directamente a la resolución, como la dependencia de proveedores de servicios que prestan servicios críticos, por ejemplo en caso de externalización de los servicios informáticos;

41.  Observa las propuestas de la Comisión de introducir en el pilar 1 una capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC) mínima para los bancos de importancia sistémica mundial, de conformidad con las normas internacionales; toma nota de las diferencias entre la TLAC y el MREL; destaca, no obstante, que ambas normas comparten el mismo objetivo, es decir, garantizar que los bancos tienen suficiente capital reglamentario y pasivos de absorción de pérdidas para hacer de la recapitalización interna un instrumento efectivo en la resolución sin provocar inestabilidad financiera ni necesitar dinero público, evitando así la socialización de riesgos privados; concluye, por tanto, que es posible aplicar un planteamiento integral a la absorción de pérdidas mediante la combinación de ambos elementos, partiendo de la TLAC transpuesta en la actual propuesta de la Comisión como norma mínima, con sujeción al acuerdo que deberán alcanzar los colegisladores; destaca que debe prestarse la debida atención al mantenimiento de los dos criterios relativos al tamaño y la ponderación de los activos en función del riesgo, y observa que el criterio de la ponderación de los activos en función del riesgo subyacente a la norma TLAC está estrechamente relacionado con el trabajo en curso en la Unión y el CSBB respecto de los modelos internos y la finalización del marco de Basilea III; resalta que, al calibrar y/o introducir de forma progresiva nuevos requisitos MREL, se debe prestar una atención adecuada a la necesidad de crear un mercado para los pasivos admisibles para el MREL; subraya la importancia de mantener la discrecionalidad de la autoridad de resolución al establecer los MREL y de garantizar que los bancos posean suficiente deuda subordinada y susceptible de recapitalización interna; resalta que la información al mercado debe realizarse de un modo adecuado a fin de evitar interpretaciones erróneas de los requisitos MREL por parte de los inversores;

42.  Destaca la importancia que reviste precisar en la legislación el orden de prelación del capital ordinario de nivel 1 admisible para el MREL y los colchones de capital; resalta la necesidad de adoptar una legislación que aclare las responsabilidades y facultades de las autoridades competentes y de resolución, respectivamente, en cuanto a la adopción de medidas de intervención precoz en caso de incumplimiento de los requisitos MREL; observa la propuesta de la Comisión para la introducción de las orientaciones MREL; reitera que, en todos los casos, la calibración de los MREL debe estar estrechamente vinculada a la estrategia de resolución del banco de que se trate y justificarse en función de esta;

43.  Destaca la importancia que reviste precisar en la legislación que el capital ordinario de nivel 1 admisible para el MREL se sitúa por encima de los colchones de capital, a fin de evitar un doble cómputo de capital;

44.  Destaca que es fundamental armonizar la jerarquía de los créditos en los casos de insolvencia bancaria en los diferentes Estados miembros, con el fin de conferir un mayor grado de coherencia y eficacia a la aplicación de la DRRB y aportar seguridad a los inversores transfronterizos; celebra, por tanto, la propuesta de la Comisión de avanzar en la armonización de la jerarquía de los créditos; señala que también será esencial una mayor armonización del régimen ordinario de insolvencia y su jerarquía, tanto en el caso de los bancos, para evitar discrepancias con el régimen de resolución bancaria, como en el caso de las empresas, para aportar más claridad y seguridad a los inversores transfronterizos y contribuir a atajar el problema de los préstamos dudosos; celebra que la DRRB haya introducido un cambio importante en la jerarquía de la insolvencia, dando prioridad a los depósitos garantizados, de forma que se consideran de rango superior a todos los instrumentos de capital, la capacidad de absorción de pérdidas, otra deuda privilegiada y los depósitos no garantizados; pide a la JUR que presente los resultados de las evaluaciones de viabilidad de la resolución para las entidades de importancia sistémica mundial y otros bancos, incluidas las medidas propuestas para superar los impedimentos a la resolución;

45.  Señala la gama de opciones jurídicas disponibles para garantizar la subordinación de la deuda admisible de acuerdo con la norma TLAC; destaca que ninguna de ellas goza de las preferencias del FSB; considera que el planteamiento que se adopte debe encontrar, ante todo y de forma prioritaria, un equilibrio adecuado entre la flexibilidad, la efectividad, la seguridad jurídica y la capacidad del mercado para absorber cualquier nuevo tipo de deuda;

46.  Pide una reflexión sobre el posible impacto negativo en la economía real de la revisión de las normas de Basilea y la introducción de requisitos MREL, de la TLAC y de la NIIF 9; pide soluciones para mitigar el impacto;

47.  Recuerda que el régimen de resolución introducido recientemente ha conllevado que se ofrezcan a los inversores, en particular los inversores al por menor, algunos instrumentos que implican un riesgo de pérdidas más elevado que en el marco del régimen anterior; recuerda asimismo que los instrumentos susceptibles de recapitalización interna solo deben venderse, en primer lugar, a inversores adecuados que puedan absorber las pérdidas potenciales sin ver amenazada su buena situación financiera; insta a la Comisión, por tanto, a que fomente la aplicación de la legislación pertinente en vigor, y pide a las AES que contribuyan sustancialmente a la detección de prácticas abusivas de venta;

48.  Advierte de que el requisito de reconocimiento contractual, previsto por la DRRB, de los poderes de recapitalización interna en el caso de pasivos regulados por legislación exterior a la Unión Europea está resultando difícil de aplicar; considera que es una cuestión de preocupación inmediata; señala que la propuesta de modificación de la DRRB introduce el derecho de las autoridades competentes a renunciar a este requisito; considera que este enfoque otorga flexibilidad y permite una evaluación caso por caso de los pasivos de que se trate; pide a la Comisión y a las autoridades de resolución que garanticen que las condiciones para la concesión de exenciones y las decisiones ulteriores reales sobre las exenciones no pongan en peligro la viabilidad de la resolución bancaria;

49.  Señala que el intercambio de información rápido y eficaz entre las autoridades de supervisión y de resolución es fundamental para asegurar la correcta gestión de las crisis; acoge con satisfacción la conclusión de un memorándum de entendimiento (MdE) entre el BCE y el MUR en materia de cooperación e intercambio de información; pide que el BCE especifique en el MdE los procedimientos de comunicación entre los equipos conjuntos de supervisión y los equipos de resolución internos; recomienda que se dé a la asistencia del BCE como observador permanente a las sesiones plenarias y ejecutivas de la JUR un carácter plenamente recíproco autorizando a un representante de la JUR a asistir al Consejo de Supervisión del BCE también como observador permanente;

50.  Toma nota de la doble función de los miembros de la Junta de la JUR, pues son al mismo tiempo miembros de un órgano ejecutivo con funciones de toma de decisiones y altos directivos responsables como tales ante el presidente de la Junta, y considera que debe realizarse una evaluación de esta estructura antes de que finalice el presente mandato;

51.  Recuerda que está previsto que el contenido del acuerdo intergubernamental sobre el Fondo Único de Resolución se integre finalmente en el marco jurídico de la Unión; pide a la Comisión que reflexione sobre las posibles modalidades prácticas de esa integración; destaca que la próxima integración del Pacto Presupuestario en la legislación de la Unión Europea podría servir de modelo;

52.  Pide que las contribuciones ex ante al Fondo Único de Resolución se calculen con total transparencia, realizando esfuerzos por armonizar la información sobre los resultados del cálculo y mejorar la comprensión del método de cálculo; pide a la Comisión que lleve a cabo con sumo cuidado la revisión del cálculo de las contribuciones al Fondo Único de Resolución prevista en el considerando 27 del Reglamento delegado (UE) 2015/63 y, en particular, que revise la adecuación del factor de riesgo para garantizar que se tiene debidamente en cuenta el perfil de riesgo de las entidades menos complejas;

53.  Toma nota de la declaración de los ministros de Finanzas de 8 de diciembre de 2015 sobre el sistema de financiación transitoria del Fondo Único de Resolución; señala, a este respecto, que quince de los diecinueve Estados miembros de la zona del euro han firmado ya un acuerdo de préstamo armonizado con la JUR; recuerda que esas líneas de crédito individuales solo estarán disponibles como último recurso; considera que esta solución no es suficiente para superar el círculo vicioso existente entre las entidades bancarias y la deuda soberana y poner fin a los rescates financiados por el contribuyente; pide rápidos avances en el trabajo realizado por el Consejo y la Comisión sobre un mecanismo de protección común para el Fondo Único de Resolución, cuya financiación debe ser responsabilidad última del sector bancario y que debe ser neutro en el plano presupuestario a medio plazo, tal como se convino en el acuerdo sobre el Fondo Único de Resolución y como confirmó el Consejo Europeo en junio de 2016;

Garantía de depósitos

54.  Pide una vez más un tercer pilar para completar la unión bancaria; recuerda que la protección de los depósitos es una preocupación común de todos los ciudadanos de la Unión; señala que en la actualidad está sometiendo a debate, a nivel de comisión, la propuesta de SEGD;

55.  Hace hincapié en que la introducción del SEGD y los debates sobre este proyecto no deben redundar en una relajación de los esfuerzos dirigidos a mejorar la aplicación de la DSGD; acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados recientemente por la ABE para promover la convergencia en este ámbito; expresa su satisfacción por que todos los Estados miembros hayan traspuesto la DRRB; recuerda a todos los Estados miembros su obligación de aplicar y ejecutar correctamente la DRRB y la DSGD;

56.  Recuerda que el papel de la Comisión es garantizar unas condiciones equitativas en toda la Unión y que debe evitar toda fragmentación en el seno del mercado interior;

o
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57.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al BCE, a la JUR, a los Parlamentos nacionales y a las autoridades competentes, tal y como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 40, del Reglamento (UE) n.º 575/2013.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0006.
(2) http://www.consilium.europa.eu/es/european-council/pdf/20120629-euro-area-summit-statement-es_pdf.
(3) DO L 287 de 29.10.2013, p. 63.
(4) DO L 141 de 14.5.2014, p. 1.
(5) https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssmar2015.es.pdf..
(6) «El Mecanismo Único de Supervisión: buen comienzo, pero tiene que seguir mejorando» http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_29/SR_SSM_ES.pdf.
(7) DO L 78 de 24.3.2016, p. 60.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0108.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0439.
(10) DO L 176 de 27.6.2013, p. 1.
(11) DO L 173 de 12.6.2014, p. 190.
(12) DO L 225 de 30.7.2014, p. 1.
(13) DO C 216 de 30.7.2013, p. 1.
(14) DO L 237 de 3.9.2016, p. 1.
(15) DO L 173 de 12.6.2014, p. 149.
(16) Quinto informe del Estudio Prospectivo Anual independiente sobre el Crecimiento para 2017, de 23 de noviembre de 2016.

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