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Textos aprobados
Jueves 2 de febrero de 2017 - BruselasEdición definitiva
Un enfoque integrado de la política del deporte: buena gobernanza,accesibilidad e integridad
 Aspectos transfronterizos de las adopciones
 Cláusula bilateral de salvaguardia y mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo comercial UE Colombia y Perú ***I
 Gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores ***I
 Terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado y terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Georgia) ***I
 Crisis del Estado de Derecho en la República Democrática del Congo y en Gabón
 Aplicación de Erasmus+

Un enfoque integrado de la política del deporte: buena gobernanza,accesibilidad e integridad
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Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2017, sobre un enfoque integrado de la política del deporte: buena gobernanza, accesibilidad e integridad (2016/2143(INI))
P8_TA(2017)0012A8-0381/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en el que se especifican los objetivos de la política deportiva de la Unión,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de enero de 2011, titulada «Desarrollo de la dimensión europea en el deporte» (COM(2011)0012),

–  Visto el informe, de octubre de 2013, del grupo de expertos de la Unión sobre la buena gobernanza titulado «Los Principios de la Buena Gobernanza en el Ámbito Deportivo en la Unión»,

–   Visto el informe, de junio de 2016, del grupo de alto nivel sobre deporte de base titulado «Deporte de base – Dando forma a Europa»,

–   Visto el informe, de junio de 2016, del grupo de alto nivel sobre diplomacia en el ámbito deportivo,

–   Visto el programa Erasmus +, cuyo objetivo es hacer frente a las amenazas transfronterizas a la integridad del deporte, fomentar y respaldar la buena gobernanza en el ámbito deportivo, las carreras duales de los deportistas y las actividades voluntarias en el ámbito deportivo, así como la inclusión social y la igualdad de oportunidades,

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión sobre el deporte (COM(2007)0391),

–  Vista su Resolución, de 11 de junio de 2015, sobre las recientes revelaciones en relación con casos de corrupción de alto nivel en la FIFA(1),

–  Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo(2),

–  Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2013, sobre el juego en línea en el mercado interior(3),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2013, sobre el amaño de partidos y la corrupción en el deporte(4),

–  Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2012, sobre la dimensión europea en el deporte(5),

–  Vista su Resolución, de 8 de mayo de 2008, sobre el Libro Blanco sobre el deporte(6),

–  Vista su Resolución, de 29 de marzo de 2007, sobre el futuro del fútbol profesional en Europa(7),

–   Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre agentes de jugadores en el deporte(8),

–   Vista su Resolución, de 21 de noviembre de 2013, sobre Qatar: situación de los trabajadores migrantes(9),

–   Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre el papel del diálogo intercultural, la diversidad cultural y la educación en la promoción de los valores fundamentales de la UE(10),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 31 de mayo de 2016, sobre la potenciación de la integridad, la transparencia y la buena gobernanza en los grandes acontecimientos deportivos,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de mayo de 2015, sobre la maximización del papel del deporte de base en el desarrollo de aptitudes transversales, especialmente entre los jóvenes,

–  Vista la Resolución del Consejo, de 21 de mayo de 2014, relativa al Plan de Trabajo Europeo para el Deporte (2014-2017),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 26 de noviembre de 2013, sobre la aportación del deporte a la economía de la UE, en particular para abordar el desempleo juvenil y la integración social,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, sobre la promoción de la actividad física beneficiosa para la salud en distintos sectores,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de noviembre de 2010, sobre el papel del deporte como fuente y vector de una integración social activa(11),

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa, de 3 de julio de 2016, sobre un enfoque integrado sobre la protección, la seguridad y los servicios en los partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa, de 18 de septiembre de 2014, sobre Manipulación de Competiciones Deportivas,

–  Vistas la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General de la Unión Europea, así como las decisiones de la Comisión sobre cuestiones relacionadas con el deporte, las apuestas y el juego,

–  Vista la Agenda Global 2030 sobre objetivos de desarrollo sostenible,

–  Vistos el artículo 6 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0381/2016),

A.  Considerando que, mediante la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en 2009, la Unión Europea adquirió una competencia específica para desarrollar el deporte y aplicar una política deportiva coordinada a escala de la Unión respaldada por una línea presupuestaria específica, así como para desarrollar la cooperación con organismos internacionales en el ámbito deportivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo la naturaleza específica del deporte y respetando la autonomía de las estructuras que rigen el deporte;

B.  Considerando que el deporte desempeña un papel destacado en la vida de millones de ciudadanos de la Unión; que la práctica del deporte aficionado y del profesional no es únicamente una cuestión de aptitudes atléticas, resultados deportivos y competiciones, sino que también aporta una contribución social, educativa, económica, cultural y unificadora importante para la sociedad y la economía de la Unión, así como para los objetivos estratégicos y los valores sociales de la Unión;

C.  Considerando que el deporte es un sector de la economía de la Unión importante y en rápida expansión, y hace una valiosa contribución al crecimiento, el empleo y la sociedad, también a escala local, y que sus efectos en cuanto a valor añadido y empleo superan las tasas de crecimiento medias; que se calcula que el empleo relacionado con el deporte supone el 3,51 % del empleo total de la Unión y la parte de valor añadido bruto relacionado con el deporte asciende a 294 000 millones de euros (2,98 % del valor añadido bruto total de la Unión);

D.  Considerando que el deporte no solo constituye una realidad económica en expansión, sino también un fenómeno social que realiza una contribución importante a los objetivos estratégicos y los valores sociales de la Unión, como la tolerancia, la solidaridad, la prosperidad, la paz, el respeto de los derechos humanos y el entendimiento entre naciones y culturas;

E.  Considerando que la práctica deportiva contribuye a una mejor calidad de vida, previene enfermedades y desempeña un papel fundamental en el fortalecimiento del desarrollo personal y del estado de salud;

F.  Considerando que el respeto de los derechos laborales básicos es fundamental para los deportistas profesionales;

G.  Considerando que el deporte también contribuye a la integración de las personas y trasciende la raza, la religión y la etnicidad;

H.  Considerando que la integridad en el deporte reviste la máxima importancia a la hora de fomentar su credibilidad y atractivo;

I.  Considerando que el deporte tiene un carácter específico que se basa en estructuras voluntarias y es un requisito previo de sus funciones educativas y sociales;

J.  Considerando que los últimos escándalos de corrupción en el deporte, y en organizaciones deportivas a escala europea e internacional, han empañado la imagen del deporte y se han alzado voces y planteado cuestiones en relación con la necesidad de una auténtica reforma estructural de los organismos y organizaciones que rigen el deporte, teniendo en cuenta al mismo tiempo la gran diversidad de estructuras deportivas en los distintos países europeos y el hecho de que las organizaciones deportivas, por su propia naturaleza, se autorregulan en gran medida;

K.  Considerando que tanto el deporte profesional como el de base desempeñan un papel fundamental en el impulso global de la paz, el respeto de los derechos humanos y la solidaridad, reportan a las sociedades beneficios económicos y para la salud, y son esenciales para poner de relieve los valores educativos y culturales básicos, así como para fomentar la inclusión social;

L.  Considerando que la buena gobernanza en el deporte debe respetar una regulación adecuada del deporte a través de los principios de gestión, gobernanza participativa, procesos y estructuras eficaces, transparentes, éticos y democráticos, con la participación de las partes interesadas;

M.  Considerando que las organizaciones deportivas tienen la responsabilidad de garantizar unos elevados estándares de gobernanza e integridad, y deberían adherirse a ellos en toda circunstancia para restablecer la confianza de los ciudadanos e incrementar la confianza del público en los valores positivos del deporte;

N.  Considerando que las políticas equilibradas con las que se persigue aumentar la transparencia financiera, la estabilidad y la credibilidad en el ámbito deportivo son fundamentales para mejorar los estándares financieros y de gobernanza;

O.  Considerando que el modelo europeo de organización del deporte se basa en los principios de territorialidad y nacionalidad, con una federación por disciplina, y en unos mecanismos de solidaridad entre los deportes de élite y los de base, así como en el ascenso-descenso, las competiciones abiertas y la redistribución financiera;

P.  Considerando que el reconocimiento del principio de una federación única por disciplina deportiva es particularmente relevante y se asienta en la importancia social del deporte como el mejor medio de salvaguardar los intereses del deporte y los beneficios que reporta a la sociedad;

Q.  Considerando que es legítimo y necesario para todas las partes interesadas exigir que toda competición deportiva se desarrolle y decida con arreglo a las reglas de juego reconocidas a escala internacional;

R.  Considerando que los tribunales deportivos desempeñan un papel fundamental a la hora de garantizar la universalidad de las reglas de juego, el derecho a un juicio justo en los conflictos relacionados con el deporte y la buena gobernanza, ya que son la manera más adecuada de resolver los conflictos deportivos dentro del respeto de los derechos procesales fundamentales de la Unión;

S.  Considerando que la cantidad cada vez mayor de dinero que circula dentro del sector deportivo y en las organizaciones implicadas ha dado lugar a demandas de transparencia y de una mejor gobernanza; que el deporte, como actividad económica, afronta una serie de escándalos de amaño de partidos que incluyen otros delitos y actividades ilegales diversos, como el blanqueo de capitales, la corrupción y el soborno;

T.  Considerando que el incremento de la práctica del dopaje sigue siendo una amenaza para la integridad y la reputación del deporte dado que vulnera los valores y los principios éticos del deporte, como el juego limpio, que el dopaje comporta riesgos graves para la salud de los deportistas, causando con frecuencia daños permanentes y graves, y que la lucha contra el dopaje es una cuestión de interés público y de salud pública;

U.  Considerando que los actos de violencia, vandalismo y discriminación dirigidos contra un grupo de personas o un miembro de dicho grupo, en el marco bien del deporte aficionado bien del profesional, empañan la imagen del deporte y disuaden a los espectadores de asistir a manifestaciones deportivas;

V.  Considerando que el fomento del deporte para personas con discapacidad intelectual o física debería ser una prioridad fundamental a escala europea, nacional y local;

W.  Considerando que es necesario mejorar la participación y la visibilidad de las mujeres en el deporte y las competiciones deportivas;

X.  Considerando que los deportistas, en particular los menores de edad, afrontan una presión económica creciente y son tratados como artículos de consumo, y por ello deben estar protegidos frente a cualquier forma de abuso, violencia y discriminación que pueda producirse durante su práctica deportiva;

Y.  Considerando que existe una tendencia creciente y preocupante a la propiedad por terceros de equipos deportivos europeos, de modo que los jugadores, que a menudo son muy jóvenes, son total o parcialmente propiedad de inversores privados y ya no pueden determinar la senda futura de sus carreras;

Z.  Considerando que las malas prácticas relacionadas con agentes y traspasos de jugadores han dado origen a casos de blanqueo de capitales, fraude y explotación de menores;

AA.  Considerando que el deporte de base ofrece oportunidades para luchar contra la discriminación, fomentar la inclusión, la cohesión y la integración sociales, y contribuye considerablemente al desarrollo de las aptitudes transversales;

AB.  Considerando que cada vez más clubes recurren principalmente al mercado de traspasos para configurar sus equipos, cuando deberían prestar más atención a la formación local;

AC.  Considerando que el deporte se considera un derecho fundamental para todos, y que todos deberían tener el mismo derecho a realizar actividades físicas y deportivas;

AD.  Considerando que, en general, la práctica de una actividad física se está estancando a pesar de las pruebas sólidas de que la actividad física mejora la salud personal, incluida la salud mental, y el bienestar, lo cual conlleva un ahorro significativo para los Estados miembros en términos de gasto público en sanidad, y a pesar asimismo de la creciente tendencia a favor de los deportes recreativos, como correr, que también se practican al margen de cualesquiera estructuras organizativas;

AE.  Considerando que las manifestaciones y actividades deportivas, y en particular las grandes competiciones internacionales, ponen de relieve los beneficios del deporte y tienen un impacto social, económico y ambiental positivo;

AF.  Considerando que las selecciones nacionales desempeñan un papel fundamental no solo a la hora de estimular la identidad nacional e inspirar a deportistas jóvenes para que alcancen su máximo nivel de rendimiento deportivo, sino también de fomentar la solidaridad con el deporte de base;

AG.  Considerando que la educación y la formación profesional complementarias de los deportistas son una parte crucial de su preparación con vistas a su carrera profesional una vez acabada su carrera deportiva;

AH.  Considerando que la inversión y el fomento de la formación y la educación de jóvenes deportistas con talento a escala local son fundamentales para el desarrollo a largo plazo y el papel social del deporte;

AI.  Considerando que los voluntarios constituyen la columna vertebral del deporte organizado al ocuparse del desarrollo y la accesibilidad de las actividades deportivas, especialmente a escala local; que además ofrecen una excelente oportunidad de formación y de educación no formal para los jóvenes, también a escala internacional y en asociación con programas de cooperación y desarrollo en zonas no pertenecientes a la Unión en las que es necesario reforzar el diálogo y apoyar la política exterior de aquella;

AJ.  Considerando que el deporte constituye, en su acepción más amplia, un sistema de valores de una comunidad, que dichos valores son la base de un lenguaje compartido que va más allá de cualquier barrera cultural o lingüística; que el deporte puede contribuir a reforzar el diálogo y la solidaridad con los terceros países, impulsar la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el mundo y apoyar la política exterior de la Unión, y debe considerarse una oportunidad para ello;

AK.  Considerando que la violación de los derechos de propiedad intelectual de las organizaciones deportivas, también en forma de piratería digital, en particular la retransmisión en directo sin licencia de manifestaciones deportivas, suscita una seria preocupación por lo que respecta a la financiación a largo plazo del deporte a todos los niveles;

AL.  Considerando que se debe garantizar la libertad de prensa en todas las manifestaciones deportivas;

AM.  Considerando que el deporte puede contribuir a cumplir los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

La integridad y la buena gobernanza del deporte

1.  Reitera que la lucha contra la corrupción en el deporte requiere esfuerzos transnacionales y cooperación por parte de todas las partes interesadas, incluidos las autoridades públicas, las fuerzas o cuerpos de seguridad, la industria deportiva, los deportistas y los aficionados;

2.  Insta a las organizaciones deportivas internacionales, europeas y nacionales a que se comprometan con prácticas de buena gobernanza y desarrollen una cultura de transparencia y financiación sostenible, mediante la publicación de registros financieros e informes de actividad, incluyendo la obligación de divulgación de las remuneraciones de los altos directivos y los límites de duración de los mandatos;

3.  Considera que el desarrollo de una cultura de la transparencia debe completarse con una mejor separación de poderes dentro de los organismos reguladores del deporte, una mejor división entre actividades comerciales y benéficas y unos mejores procedimientos autorreguladores internos para anticipar, detectar, investigar y sancionar delitos y actividades ilegales en el ámbito del deporte dentro de las organizaciones deportivas;

4.  Recuerda que la buena gobernanza, que debería ser una prioridad política en el próximo Plan de Trabajo Europeo para el Deporte, ha de ser una condición para la autonomía de las organizaciones deportivas, de conformidad con los principios de transparencia, rendición de cuentas, igualdad de oportunidades, inclusión social y democracia, y también la inclusión de las partes interesadas apropiadas;

5.  Destaca la necesidad de una política de tolerancia cero respecto de la corrupción y otros tipos de delitos en el deporte;

6.  Subraya que la aplicación de los principios de buena gobernanza en el deporte, acompañados de seguimiento, vigilancia y unos instrumentos jurídicos acordes, es un factor clave para contribuir a erradicar la corrupción y otras malas prácticas;

7.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros, así como a las organizaciones deportivas y a las entidades que presenten candidaturas a garantizar que en la presentación de candidaturas para organizar manifestaciones importantes se respeten los estándares de buena gobernanza y los derechos humanos y laborales fundamentales, junto con el principio de democracia, con el fin de garantizar una repercusión social, económica y medioambiental positiva en las comunidades locales, al tiempo que se respetan la diversidad y las tradiciones para asegurar una credibilidad y un legado sostenibles para el deporte;

8.  Considera que los países que presenten candidaturas para organizar manifestaciones deportivas o las organicen deben aplicar una planificación, una organización, una ejecución, una participación y un seguimiento de esas manifestaciones responsables desde el punto de vista social, medioambiental y económico; pide a las organizaciones deportivas y a los países que organicen esas manifestaciones que eviten cambios indeseados en el entorno de vida de los residentes locales, incluido el desplazamiento de las poblaciones locales;

9.  Solicita a la Comisión que elabore una lista de compromisos y estudie la posibilidad de elaborar un código de conducta en los ámbitos de la buena gobernanza y la integridad en el deporte; opina que las organizaciones deportivas deberían establecer reglas en materia de transparencia, normas éticas, un código de conducta para sus órganos de garantía, juntas directivas y miembros, así como políticas y prácticas operativas para garantizar la independencia y la observancia de las normativas establecidas; estima además que el estudio de nuevos instrumentos de cooperación entre gobiernos, organizaciones deportivas y la Unión puede ayudar a abordar algunos de los retos actuales que afronta el deporte;

10.  Exhorta a los Estados miembros a condicionar la financiación pública del deporte al respeto de las normas mínimas de gobernanza, seguimiento e información establecidas y de acceso público;

11.  Considera que para mejorar la buena gobernanza y la integridad en el deporte es necesario un cambio en la mentalidad de todas las partes interesadas pertinentes; apoya las iniciativas adoptadas por diversas organizaciones deportivas y otras partes interesadas pertinentes para mejorar las normas de gobernanza en el deporte y mejorar el diálogo y la cooperación con las autoridades locales y nacionales;

12.  Insta a las organizaciones deportivas a que en 2018 presenten propuestas concretas para mejorar los estándares de buena gobernanza para las organizaciones deportivas, los organismos que rigen el deporte y sus asociaciones de miembros, y las apliquen debidamente y publiquen sus resultados; insiste en que a ese respecto es esencial llevar un control adecuado;

13.  Pide a los Estados miembros que establezcan un delito penal específico para el amaño de partidos y garanticen que cualesquiera actividades delictivas, como el amaño de partidos y la corrupción en el deporte, sean, si todavía no lo son, objeto de procedimiento judicial y de sanciones apropiadas, puesto que el amaño de partidos y la manipulación de competiciones deportivas constituyen una violación de la ética y la integridad del deporte y ya son objeto de sanciones por parte de las autoridades deportivas;

14.  Señala que los desafíos asociados a la investigación de casos internacionales de amaño de partidos requieren la puesta en común de información y la cooperación transfronterizas entre los organismos deportivos, las autoridades estatales y los operadores de apuestas, en el marco de plataformas nacionales, a fin de detectar, investigar e incoar acciones judiciales contra el amaño de partidos; pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de crear, cuando no lo hayan hecho ya, fiscalías especializadas con la responsabilidad específica de investigar los casos de fraude en el ámbito deportivo; recuerda que la cuarta Directiva antiblanqueo introduce el requisito de que los proveedores de servicios de juego lleven a cabo las comprobaciones de diligencia debida en las transacciones de alto nivel;

15.  Exhorta al Consejo a encontrar una solución que permita a la Unión y a sus Estados miembros firmar y ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre Manipulación de Competiciones Deportivas con vistas a su aplicación y ratificación plenas, y exhorta a la Comisión a apoyar y facilitar ese proceso y garantizar que es objeto de un seguimiento eficaz;

16.  Recuerda a la Comisión su compromiso de elaborar una recomendación sobre el intercambio de las mejores prácticas para prevenir y luchar contra el amaño de partidos relacionado con las apuestas, e insta a la Comisión a publicar sin dilación esa recomendación;

17.  Solicita a la Comisión que refuerce los vínculos interinstitucionales con el Consejo de Europa y, en consecuencia, que desarrolle programas operativos coordinados que garanticen el uso más eficiente posible de los recursos;

18.  Apoya y también respalda las campañas de prevención, educación y sensibilización, así como los programas de información que sirvan para aconsejar a todos los niveles a deportistas, entrenadores, funcionarios y todas las partes interesadas sobre la amenaza que representan el amaño de partidos, el dopaje y otras cuestiones relacionadas con la integridad, incluidos los riesgos que pueden correr y la manera en que pueden notificar propuestas dudosas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que propongan medidas concretas para su inclusión en el próximo Plan de Trabajo de la Unión, como programas y proyectos piloto, con el fin de garantizar que se imparte a los jóvenes una enseñanza cívica en el deporte a la edad más temprana posible;

19.  Pide a la Comisión que siga financiando proyectos antidopaje a través del programa Erasmus +, al tiempo que evalúa su repercusión y garantiza que complementa de forma útil los planes de financiación ya existentes para la lucha contra el dopaje;

20.  Solicita a la Comisión que respalde la buena gobernanza en proyectos de gestión deportiva dentro del programa Erasmus +;

21.  Insta a los Estados miembros a apoyar los controles antidopaje, los programas nacionales de control y las legislaciones que permitan la coordinación y la puesta en común de información entre las autoridades estatales, las organizaciones deportivas y las agencias antidopaje; insta a los Estados miembros a que posibiliten que estas últimas establezcan programas de seguimiento de amplio alcance y procesen e intercambien datos de conformidad con las normas de protección de datos de la Unión actuales y futuras;

22.  Señala la importancia de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en las labores de control y coordinación de políticas y normas antidopaje en todo el mundo; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que colaboren estrechamente con la AMA, la UNESCO y el Consejo de Europa, para prevenir y luchar más eficazmente contra el dopaje consolidando los compromisos legales y políticos del Código Mundial Antidopaje (CMA); insta a la Unión a fomentar el intercambio de información y buenas prácticas sobre las políticas de salud y prevención en la lucha contra el dopaje en todo el mundo;

23.  Pide a la Comisión y al Consejo que fomenten y faciliten la negociación de acuerdos entre países que permitan que equipos de control antidopaje de otros países debidamente autorizados lleven a cabo pruebas, respetando los derechos fundamentales de los deportistas, de conformidad con la Convención internacional contra el dopaje en el deporte;

24.  Considera que el dopaje también constituye un problema creciente en el sector del deporte recreativo, en el que se precisan campañas educativas y de información e instructores y entrenadores experimentados y profesionales para fomentar un comportamiento saludable con respecto al dopaje;

25.  Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que colaboren estrechamente con la AMA y el Consejo de Europa para definir una política que proteja a los denunciantes;

26.  Anima a las organizaciones deportivas y a las autoridades públicas nacionales a que establezcan sistemas antidopaje coordinados destinados al control transfronterizo y a que adopten medidas concretas contra la fabricación y el tráfico de sustancias ilegales que mejoran el rendimiento en el ámbito deportivo;

27.  Acoge con satisfacción el nuevo Convenio del Consejo de Europa sobre un enfoque integrado sobre la protección, la seguridad y los servicios en los partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos, e insta a los Estados miembros a que lo firmen y ratifiquen sin demora; reitera su propuesta de introducción del reconocimiento mutuo de las prohibiciones de acceso a los estadios y el intercambio de datos a ese respecto;

28.  Pide a la Comisión que estudie maneras de intercambiar información en el contexto de la violencia en el ámbito deportivo a través de las redes existentes;

29.  Observa que la amenaza del terrorismo exige nuevas medidas para garantizar la protección operativa y la seguridad en las manifestaciones deportivas;

30.  Destaca que los organismos deportivos deben garantizar a los medios de noticias independientes el acceso y las oportunidades para obtener noticias necesarios en todos los acontecimientos deportivos de manera que puedan desempeñar su función de observadores importantes y críticos de las manifestaciones deportivas y de la administración del deporte;

31.  Condena firmemente cualquier forma de discriminación y violencia en el deporte, tanto dentro como fuera de los recintos deportivos, y subraya la necesidad de prevenir ese tipo de comportamiento a todos los niveles, mejorar el registro y el control de este tipo de incidentes, y fomentar valores fundamentales como el respeto, la amistad, la tolerancia y el juego limpio; estima que las organizaciones deportivas que se ajustan a los estándares elevados de la buena gobernanza están en una posición mejor para impulsar la función social del deporte y luchar contra el racismo, la discriminación y la violencia;

32.  Recuerda la necesidad de reforzar la lucha contra la trata de seres humanos en el deporte, en particular la trata de menores;

33.  Acoge con satisfacción las buenas prácticas autorreguladoras, como la iniciativa del Juego Limpio Financiero, en la medida en que fomentan una mayor racionalidad económica y mejores estándares de gestión financiera en el deporte profesional, centrando la atención en el largo plazo y no en el corto plazo, y contribuyendo así al desarrollo saludable y sostenible del deporte en Europa; hace hincapié en que las normas del juego limpio financiero han fomentado unos mejores estándares en la gestión económica, por lo que deberían aplicarse estrictamente;

34.  Acoge positivamente las inversiones transparentes y sostenibles en el ámbito deportivo y las organizaciones deportivas, siempre que estén sometidas a controles estrictos y a requisitos de divulgación y no vayan en detrimento de la integridad de las competiciones y los deportistas;

35.  Considera que el modelo de propiedad por el cual los miembros de los clubes conservan el control del club (mediante la regla del 50+1) es una buena práctica de la Unión, y pide a los Estados miembros, a los organismos reguladores del deporte, a las federaciones nacionales y a las ligas que inicien un diálogo constructivo y un intercambio en torno a este modelo;

36.  Hace hincapié en que se ha de proteger a los deportistas, particularmente los menores de edad, frente a las prácticas abusivas, tales como la propiedad por terceros, que plantean numerosos interrogantes sobre la integridad y preocupaciones de carácter ético en sentido amplio; respalda las decisiones de los organismos reguladores de prohibir la propiedad de jugadores por parte de terceros, y pide a la Comisión que considere la posibilidad de prohibir la propiedad por terceros en virtud de la legislación de la Unión y solicite a los Estados miembros que adopten más medidas respecto de los derechos de los deportistas;

37.  Considera que es necesario volver a evaluar la normativa relativa al apoyo a los jugadores locales con el fin de aumentar las posibilidades de que los jugadores jóvenes con talento jueguen en el primer equipo de sus clubes y mejorar con ello el equilibrio competitivo en Europa;

38.  Pide a los organismos reguladores y a las autoridades nacionales a todos los niveles que adopten medidas que garanticen las compensaciones a los clubes de formación, con el fin de impulsar la contratación y la formación de jugadores jóvenes, de conformidad con la sentencia Bernard del Tribunal de Justicia de 16 de marzo de 2010;

39.  Reitera su apego al modelo europeo de organización del deporte, en el que las federaciones desempeñan una función central, en la medida en que establece un equilibrio entre los numerosos intereses divergentes de todas las partes interesadas, como los deportistas, los jugadores, los clubes, las ligas, las asociaciones y los voluntarios, con una representación y unos mecanismos de transparencia en la toma de decisiones adecuados y democráticos, así como con competiciones abiertas basadas en el mérito deportivo; pide una mayor solidaridad financiera a todos los niveles;

40.  Acoge con satisfacción el Foro Europeo del Deporte anual que fomenta el diálogo con todas las partes interesadas de las federaciones deportivas internacionales y europeas, el movimiento olímpico, las organizaciones deportivas centrales europeas y nacionales, y otras organizaciones relacionadas con el deporte; señala que es preciso seguir mejorando la estructura de diálogo con las partes implicadas, las funciones del foro y el seguimiento del debate;

41.  Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión y de todas las partes interesadas para promover el diálogo social en el deporte, lo que constituye una excelente oportunidad para establecer un equilibrio entre los derechos fundamentales y laborales de los deportistas y el carácter económico del deporte mediante la implicación de todas las partes interesadas, incluidos los interlocutores sociales, en el debate y la celebración de acuerdos; reconoce que es responsabilidad de las organizaciones deportivas comprometerse con el desarrollo de una cultura de la transparencia; insiste en que la Unión debería impulsar de forma activa unos estándares mínimos de empleo y laborales para los deportistas profesionales de toda Europa;

42.  Reitera su petición de que se creen registros de transparencia para el pago de los agentes deportivos respaldados por un sistema de control eficiente, como un centro de compensación para pagos y sanciones apropiadas, en colaboración con las autoridades públicas pertinentes, para hacer frente a las malas prácticas de los agentes; reitera su petición de que se creen licencias y registros de agentes deportivos y se introduzca un nivel mínimo de cualificaciones; solicita a la Comisión que realice un seguimiento de las conclusiones de su «Estudio sobre agentes deportivos en la Unión Europea», en particular con respecto a la observación de que los agentes son una pieza clave en los flujos económicos que no suelen ser transparentes, lo que hace que aquellos sean propensos a realizar actividades ilegales;

43.  Considera que un enfoque integrado con respecto a la igualdad de género en el deporte puede ayudar a evitar estereotipos y crear un entorno social positivo para todos; acoge con satisfacción las iniciativas que fomentan la igualdad de género y la igualdad de participación en las funciones de toma de decisiones en el ámbito del deporte, que permiten a las deportistas conciliar su vida familiar y su vida deportiva profesional, y que aspiran a reducir la brecha de ingresos y la disparidad en cuanto a galardones en función del género, así como todo tipo de estereotipos y de acoso en el deporte; pide a las organizaciones deportivas que presten especial atención a la dimensión de género en el deporte animando a las mujeres jóvenes a participar en el ámbito deportivo;

La inclusión social, la función social y la accesibilidad del deporte

44.  Opina que las inversiones en deporte nos ayudarán a construir sociedades unidas e inclusivas, a desplazar barreras y a permitir que las personas se respeten mutuamente mediante la construcción de puentes entre culturas y por encima de divisiones étnicas y sociales, así como a impulsar un mensaje positivo de valores compartidos, como el respeto mutuo, la tolerancia, la compasión, el liderazgo, la igualdad de oportunidades y el Estado de Derecho;

45.  Acoge favorablemente las manifestaciones deportivas transnacionales organizadas en distintos países europeos en la medida en que contribuyen a la promoción de los valores fundamentales compartidos por la Unión, como el pluralismo, la tolerancia, la justicia, la igualdad y la solidaridad; recuerda que las actividades y las manifestaciones deportivas fomentan el turismo en las ciudades y los territorios europeos;

46.  Destaca el valor de las competencias transversales adquiridas a través del deporte como parte de la educación no formal e informal, y subraya asimismo el nexo entre deporte, empleabilidad, educación y formación;

47.  Hace hincapié en el papel del deporte en la inclusión y la integración de los grupos desfavorecidos; acoge con satisfacción las iniciativas que ofrecen a los refugiados, migrantes y solicitantes de asilo la posibilidad de participar como deportistas en competiciones deportivas;

48.  Destaca la importancia de la educación a través del deporte y el potencial del deporte para ayudar a que los jóvenes en situación social vulnerable vuelvan al buen camino; reconoce la importancia del deporte de base en la prevención y la lucha contra la radicalización, y fomenta y respalda las iniciativas en ese sentido; acoge con satisfacción dos proyectos piloto adoptados por el Parlamento Europeo: «El deporte como instrumento de integración e inclusión social de los refugiados» y «Control y preparación a través del deporte de jóvenes en riesgo de radicalización»;

49.  Recuerda que los deportistas europeos jóvenes suelen tener que hacer frente al reto de combinar su carrera deportiva con su educación y su trabajo; reconoce que la educación superior y la formación profesional son fundamentales para maximizar la futura inclusión de los deportistas en el mercado laboral; apoya la introducción de sistemas eficaces de carrera dual con unos requisitos mínimos de calidad y un control adecuado de los progresos de los programas de carreras duales en Europa, así como la oferta de servicios de orientación en materia de carrera mediante convenios con universidades y centros de enseñanza superior; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten la movilidad transfronteriza de los deportistas, armonicen el reconocimiento de las cualificaciones deportivas y educativas, incluida la educación no formal e informal adquirida a través del deporte, y mejoren el intercambio de buenas prácticas;

50.  Destaca la necesidad de garantizar un apoyo financiero sostenible para los programas de intercambio de carreras duales a escala nacional y de la Unión a través del capítulo deportivo de Erasmus +, y de seguir fomentando la investigación en ese ámbito; pide a los Estados miembros que impulsen, en colaboración con las instituciones educativas, el intercambio transfronterizo de deportistas y que ofrezcan becas deportivas a los deportistas;

51.  Apoya la movilidad de los entrenadores y de otros proveedores de servicios (como fisioterapeutas y orientadores de carreras duales) y el intercambio de buenas prácticas, prestándose especial atención a la cuestión del reconocimiento de las cualificaciones y las innovaciones técnicas;

52.  Pide a las organizaciones deportivas que, junto con los Estados miembros, impulsen unos estándares mínimos para entrenadores que incluyan la comprobación de los antecedentes penales, la formación en materia de defensa y protección de menores y adultos vulnerables, así como la prevención y lucha contra el dopaje y el amaño de partidos;

53.  Destaca que la OMS considera que la falta de actividad física es el cuarto factor de riesgo más importante para la mortalidad global, con notables repercusiones sociales y económicas directas e indirectas y unos costes considerables para los Estados miembros; expresa su preocupación por que, a pesar de los considerables gastos efectuados para fomentar la actividad física y del impacto significativo que la falta de ella tiene en la salud general, los niveles de actividad física están descendiendo en algunos Estados miembros;

54.  Pide a las organizaciones deportivas y a los Estados miembros que cooperen para respaldar la empleabilidad y la movilidad de los entrenadores que buscan trabajo en la Unión mediante un compromiso para garantizar controles de calidad de sus competencias en materia de entrenamiento y los estándares de cualificaciones y formación;

55.  Anima los Estados miembros y a la Comisión a que hagan de la actividad física una prioridad política en el próximo Plan de Trabajo Europeo para el Deporte, en particular para los jóvenes y las comunidades vulnerables de zonas socialmente desfavorecidas en las que la participación en actividades físicas es baja;

56.  Pide a las federaciones internacionales y nacionales y a otros proveedores de servicios educativos que garanticen que las cuestiones relacionadas con la integridad del deporte se incluyan en los planes de estudio de formación para el entrenamiento deportivo;

57.  Reitera que el fomento de la educación física en los centros educativos es un punto de partida fundamental para que los niños adquieran habilidades, actitudes, valores, conocimientos y comprensión necesarios para la vida y disfruten de la actividad física a lo largo de su vida; recuerda que la participación en actividades deportivas en la universidad y por parte de las personas de edad avanzada es de vital importancia para la adopción de modos de vida saludables y favorecer la interacción social;

58.  Tiene en cuenta el hecho de que la población de la Unión está envejeciendo y de que, por ello, debería prestarse una atención específica al impacto positivo que la actividad física puede tener en la salud y el bienestar de la población de edad avanzada;

59.  Subraya que el deporte y la actividad física deberían impulsarse mejor en las diferentes políticas; anima a las autoridades locales y los municipios a fomentar la igualdad de acceso a la actividad física; recomienda a los Estados miembros y a la Comisión que animen a los ciudadanos a practicar actividades físicas con más regularidad mediante las políticas y los programas de salud adecuados para su vida cotidiana;

60.  Pide a los Estados miembros que promuevan mejor el deporte entre los grupos que están excluidos socialmente y entre las personas que viven en zonas socialmente desfavorecidas, en las que la participación en actividades física es a menudo baja, y que potencien la cooperación con las organizaciones no gubernamentales y los centros educativos activos en ese ámbito, particularmente en la planificación urbana y la construcción de instalaciones deportivas, de manera que se tengan en cuenta las necesidades especiales del público y, en particular, de los grupos vulnerables; pide a los Estados miembros que garanticen el acceso total e igualitario a las instalaciones deportivas públicas en todas las zonas, y que potencien la creación de nuevos clubes deportivos, particularmente en las zonas rurales y en las zonas urbanas desfavorecidas;

61.  Destaca que las personas con discapacidad deberían disfrutar de igualdad de acceso a todas las instalaciones deportivas, los transportes y otros servicios que requieran, así como a un personal de apoyo competente, y pide una mayor integración de todos los componentes que tienen que ver con el deporte, de acuerdo con el principio de que las instalaciones deportivas deben ser accesibles para todos; insta a los Estados miembros a que implanten programas deportivos inclusivos para las personas con discapacidad en los centros escolares y las universidades, por ejemplo previendo entrenadores con formación y programas de actividad física adaptados, empezando por los niveles educativos inferiores, de manera que los alumnos y los estudiantes con discapacidad puedan participar en las sesiones deportivas y en las actividades deportivas extraescolares;

62.  Reconoce el papel fundamental de los Juegos Paralímpicos Internacionales en el impulso de la sensibilización, la lucha contra la discriminación y el fomento del acceso al deporte para las personas con discapacidad; pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos de cara a la inclusión en las actividades deportivas de las personas con discapacidad, y aumenten la visibilidad y la retransmisión en los medios públicos de los Juegos Paralímpicos y de otras competiciones en las que participen deportistas con discapacidad;

63.  Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que velen por que los menores practiquen deporte en un entorno seguro;

64.  Acoge con satisfacción las iniciativas emprendidas para fomentar la inclusión, la integridad y la accesibilidad en el deporte mediante el uso de nuevas tecnologías y la innovación;

65.  Celebra el éxito de la Semana Europea del Deporte, cuyo objetivo es promover el deporte, la actividad física y un modo de vida más saludable en toda Europa, independientemente de la edad, los orígenes o la condición física, e insta a todas las instituciones de la Unión y a los Estados miembros a que participen y promuevan en mayor medida esa iniciativa a la vez que velan por que sea accesible a un público lo más amplio posible, particularmente en los centros escolares;

66.  Considera que los deportes tradicionales forman parte del patrimonio cultural europeo;

67.  Acoge con satisfacción el estudio de la Comisión sobre la especificidad del deporte; pide a la Comisión y a las organizaciones deportivas que consideren la posibilidad de tomar más medidas para desarrollar la especificidad del deporte;

68.  Destaca que la financiación es un instrumento importante de las políticas de la Unión utilizado para mejorar los ámbitos clave de la actividad de la Unión en el campo deportivo; pide a la Comisión que asigne más fondos para el deporte en el marco de Erasmus +, haciendo hincapié en el deporte de base y la educación, y que incremente su visibilidad y accesibilidad para mejorar la integración del deporte en otros programas de financiación, como los Fondos EIE o el Programa de salud; pide que se establezca una mejor comunicación entre la Comisión y los Estados miembros para que se puedan utilizar dichos fondos de un modo más eficaz y se reduzca al mínimo la carga administrativa para las organizaciones deportivas de base;

69.  Alienta a los Estados miembros y a la Comisión a que apoyen medidas y programas que promuevan la movilidad, la participación, la educación, el desarrollo de las capacidades y la formación de voluntarios en el ámbito deportivo, así como el reconocimiento de su trabajo; recomienda que se intercambien buenas prácticas en el voluntariado contribuyendo al fomento del incremento de la práctica y la cultura deportivas, también a través de las líneas previstas en el programa Erasmus+;

70.  Insta a la Comisión a elaborar directrices sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales en el ámbito del deporte, tomando en consideración los objetivos sociales, culturales y educativos a fin de alcanzar un mayor grado de seguridad jurídica; considera, a ese respecto, que ninguna organización deportiva, particularmente las organizaciones de base, debe ser discriminada cuando solicite financiación pública a escala nacional y local;

71.  Considera fundamental que los mecanismos de solidaridad financiera del deporte establezcan la relación necesaria entre el deporte profesional y el aficionado; acoge con satisfacción la contribución de las loterías nacionales al deporte de base, y anima a los Estados miembros a que impongan a los operadores de apuestas autorizados la obligación de destinar una proporción justa de los rendimientos financieros al deporte de base y a los proyectos destinados a mejorar el acceso masivo al deporte, con vistas a garantizar su sostenibilidad, transparencia y trazabilidad, como complemento de las contribuciones financieras ya realizadas con la venta de los derechos de medios y retransmisión;

72.  Sostiene que la venta de los derechos de televisión sobre una base centralizada, exclusiva y territorial y con un reparto equitativo de los ingresos es esencial para una financiación sostenible del deporte a todos los niveles y para garantizar la igualdad de condiciones;

73.  Hace hincapié en que la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito del deporte pone en peligro su financiación a largo plazo;

74.  Recomienda que los Estados miembros introduzcan y utilicen activamente sus regímenes fiscales respectivos para apoyar la exención del IVA, las reducciones de impuestos y otros tipos de incentivos financieros en el deporte de base; reconoce que las normas sobre ayudas estatales no deberían aplicarse a ese tipo de apoyo;

75.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que destinen más fondos a las instalaciones deportivas públicas abiertas y a los terrenos de juego con el fin de mejorar la accesibilidad sencilla al deporte de base;

76.  Considera que la sostenibilidad y la protección del medio ambiente deberían formar parte integrante de las manifestaciones deportivas, y que las partes interesadas en el ámbito deportivo deberían contribuir a la Agenda Global 2030 sobre objetivos de desarrollo sostenible;

77.  Anima a los comités olímpicos y a las federaciones deportivas nacionales de los Estados miembros a adoptar y utilizar la bandera y el símbolo de la Unión, junto con sus banderas individuales y los símbolos nacionales, en las manifestaciones deportivas internacionales;

78.  Destaca que el deporte es un factor potente para crear y reforzar un sentimiento de pertenencia local, nacional e incluso europea;

79.  Destaca la importancia de la transparencia total de la propiedad en los clubes deportivos profesionales;

o
o   o

80.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, y a las federaciones y ligas deportivas europeas, internacionales y nacionales.

(1) DO C 407 de 4.11.2016, p. 81.
(2) DO C 208 de 10.6.2016, p. 89.
(3) DO C 93 de 9.3.2016, p. 42.
(4) DO C 36 de 29.1.2016, p. 137.
(5) DO C 239 E de 20.8.2013, p. 46.
(6) DO C 271 E de 12.11.2009, p. 51.
(7) DO C 27 E de 31.1.2008, p. 232.
(8) DO C 236 E de 12.8.2011, p. 99.
(9) DO C 436 de 24.11.2016, p. 42.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0005.
(11) DO C 326 de 3.12.2010, p. 5.


Aspectos transfronterizos de las adopciones
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Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los aspectos transfronterizos de las adopciones (2015/2086(INL))
P8_TA(2017)0013A8-0370/2016

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 67, apartado 4, y el artículo 81, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, y en particular sus artículos 7, 21 y 35,

–  Visto el artículo 2 del Protocolo Facultativo de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, de 25 de mayo de 2000,

–  Vista la Convención de Viena sobre relaciones consulares, de 24 de abril de 1963,

–  Vista el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional;

–  Visto el documento temático del comisario para los Derechos Humanos titulado «Adoption and Children: a Human Rights Perspective» (la adopción y los niños desde la perspectiva de los derechos humanos), publicado el 28 de abril de 2011,

–  Vistos los artículos 46 y 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Peticiones (A8-0370/2016),

Normas mínimas comunes en materia de adopción

A.  Considerando que, en materia de adopción, resulta fundamental que toda decisión se tome de acuerdo con los principios del interés superior del niño y de no discriminación, y dentro del respeto de sus derechos fundamentales;

B.  Considerando que la finalidad de la adopción no es conferir a los adultos el derecho a tener un hijo, sino ofrecer a los niños un entorno estable de cariño y atención en el que criarse y desarrollarse en armonía;

C.  Considerando que los procedimientos de adopción afectan a niños que, en el momento de la solicitud de adopción, no han cumplido los dieciocho años o no tienen la mayoría de edad establecida en su país de origen;

D.  Considerando que se debe alcanzar un justo equilibrio entre el derecho del niño adoptado a conocer su verdadera identidad y el derecho de los progenitores a proteger la suya;

E.  Considerando que las autoridades competentes no deben considerar las circunstancias económicas de los progenitores como única razón y justificación para la retirada de la patria potestad y la adopción del niño por otras personas;

F.  Considerando que los procedimientos de adopción no deben iniciarse antes de que la decisión de retirada de la patria potestad de los progenitores sea definitiva, y de que estos hayan tenido la oportunidad de agotar todas las vías jurídicas de recurso contra dicha decisión; que los demás Estados miembros pueden negarse a reconocer una resolución de adopción adoptada sin dichas garantías procesales;

G.  Considerando que una mayor eficacia y transparencia permitirá mejorar los procedimientos nacionales de adopción y podría facilitar la adopción a nivel internacional, lo que podría incrementar el número de niños adoptados; que, en este sentido, el cumplimiento del artículo 21 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño —que todos los Estados miembros han ratificado— debería constituir el principal punto de referencia para cualesquiera procedimientos, medidas o estrategias relacionadas con adopciones en un contexto transfronterizo, al tiempo que se respeta el interés superior del niño;

H.  Considerando que es necesario poner un mayor empeño y determinación en impedir que quienes desean convertirse en padres gracias a la adopción sean víctimas de organizaciones intermediarias sin escrúpulos, y que, por consiguiente, se debe reforzar también en este ámbito la cooperación en la lucha contra la delincuencia y la corrupción en la Unión;

I.  Considerando que, en la medida de lo posible, se debe fomentar la ubicación de hermanos en la misma familia adoptiva a fin de evitarles un trauma adicional debido a la separación;

La adopción internacional en virtud del Convenio de La Haya de 1993

J.  Considerando que el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional (en lo sucesivo, «Convenio de La Haya»), que todos los Estados miembros han ratificado, establece un sistema de cooperación administrativa y reconocimiento para las adopciones internacionales, es decir, las adopciones en las que los adoptantes y el niño o los niños no tienen su residencia habitual en el mismo país;

K.  Considerando que el Convenio de La Haya dispone que el reconocimiento de adopciones internacionales sea automático en todos los Estados signatarios, sin necesidad de ningún procedimiento específico de reconocimiento para ser efectivas;

L.  Considerando que, con arreglo al Convenio de La Haya, solo puede denegarse el reconocimiento si la adopción es manifiestamente contraria al orden público del Estado de que se trate, teniendo en cuenta el interés superior del niño;

Cooperación en materia de justicia civil en el ámbito de la adopción

M.  Considerando que la formación judicial en el sentido más amplio es la clave para la confianza mutua en todos los ámbitos del Derecho, incluido el de la adopción; que es necesario, por tanto, que los programas de la Unión ya existentes en materia de formación judicial y apoyo a la red judicial europea se centren en mayor medida en los órganos jurisdiccionales especializados, como los juzgados de familia y de menores;

N.  Considerando que conviene mejorar el acceso de los ciudadanos a información exhaustiva sobre los aspectos jurídicos y procedimentales de la adopción nacional en los Estados miembros; que el Portal Europeo de e-Justicia se podría ampliar a este respecto;

O.  Considerando que en 1997 se estableció la cooperación a través de la Red europea de Defensores del Menor, y que se debe alentar a los defensores europeos dedicados a asuntos relativos a menores que se coordinen y cooperen entre sí más estrechamente en dicho foro; que, para ello, se les podría hacer participar en los programas de formación judicial existentes financiados por la Unión;

P.  Considerando que debería realizarse un análisis en profundidad, ya que son necesarias más medidas para impedir y combatir la trata transfronteriza de niños con fines de adopción, y para mejorar la aplicación adecuada y efectiva de las normas y directrices existentes para luchar contra la trata de niños; que, por consiguiente, hay que reforzar también en este ámbito la cooperación en la lucha contra la delincuencia y la corrupción en la Unión para evitar el secuestro, la venta y la trata de niños;

Reconocimiento transfronterizo de las resoluciones de adopción nacionales

Q.  Considerando que el principio de confianza mutua entre los Estados miembros reviste una importancia fundamental para el Derecho de la Unión, ya que permite la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores; que el principio de reconocimiento mutuo, asentado en la confianza mutua, obliga a los Estados miembros a ejecutar una resolución judicial una decisión procedente de otro Estado miembro;

R.  Considerando que, pese a la normativa internacional existente en la materia, en los Estados miembros existen todavía opiniones divergentes en lo que respecta a los principios que deben regir el proceso de adopción, así como divergencias en cuanto a los procedimientos de adopción y a los efectos jurídicos del proceso de adopción;

S.  Considerando que la Unión Europea tiene competencia para tomar medidas destinadas a reforzar la cooperación judicial entre los Estados miembros sin interferir con el Derecho de familia nacional, también en el ámbito de la adopción;

T.  Considerando que las exenciones por motivos de orden público permiten preservar la identidad de los Estados miembros, que se refleja en el Derecho de familia sustantivo de cada uno de ellos;

U.  Considerando que, en la actualidad, no existe ninguna norma europea para el reconocimiento, automático o de otro tipo, de las resoluciones nacionales de adopción, es decir, las relativas a adopciones que se efectúan en un solo Estado miembro;

V.  Considerando que la ausencia de tales normas ocasiona importantes problemas a las familias europeas que se desplazan a otro Estado miembro después de adoptar a un niño, ya que la adopción puede no ser reconocida, con lo que los adoptantes pueden tener problemas para ejercer legalmente su patria potestad, y enfrentarse a dificultades financieras en lo que respecta a las diferencias del sistema de tasas en este ámbito;

W.  Considerando que la falta de tales normas pone en peligro el derecho del niño a una familia estable y permanente;

X.  Considerando que, en la actualidad, en caso de traslado a otro Estado miembro, los adoptantes pueden verse obligados a pasar por un procedimiento de reconocimiento nacional específico, o incluso a volver a adoptar al niño, con la consiguiente inseguridad jurídica;

Y.  Considerando que la situación actual puede ocasionar graves problemas y disuadir a las familias de ejercer plenamente la libre circulación;

Z.  Considerando que podría ser necesario revisar y evaluar la situación general realizando consultas entre las autoridades competentes de los Estados miembros;

AA.  Considerando que el Reglamento Bruselas II no aborda la cuestión del reconocimiento de las resoluciones de adopción, ya que se refiere exclusivamente a la responsabilidad parental;

AB.  Considerando, por tanto, que es sumamente importante adoptar legislación que prevea el reconocimiento automático en un Estado miembro de una resolución de adopción adoptada en otro Estado miembro, siempre que se garantice el pleno respeto de las disposiciones nacionales en materia de administración pública y de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

AC.  Considerando que una legislación de este tipo complementaría el Reglamento (CE) n.º 2201/2003(1) (Bruselas II bis) en cuestiones de competencia y responsabilidad parental, y colmaría la laguna existente en materia de reconocimiento de las adopciones, tal como lo contempla el Derecho internacional (Convenio de La Haya );

Normas mínimas comunes en materia de adopción

1.  Pide a las autoridades de los Estados miembros que, siempre que adopten una decisión en materia de adopción, tengan presente el interés superior del niño y el respeto de sus derechos fundamentales, y tomen en consideración en todo momento las circunstancias específicas del caso concreto;

2.  Subraya que los niños que se ofrecen en adopción no deberían ser considerados propiedad de un Estado, sino personas con derechos fundamentales reconocidos internacionalmente;

3.  Destaca que cada caso de adopción es diferente y debe apreciarse en función de sus circunstancias propias;

4.  Considera que en los casos de adopción con aspectos transfronterizos deberían tenerse en cuenta las tradiciones culturales y lingüísticas del niño, y respetarse en la medida de lo posible;

5.  Considera que, en el contexto de los procedimientos de adopción, se debería brindar siempre al niño la oportunidad de ser escuchado y de expresar su opinión sobre el proceso de adopción, teniendo en cuenta su edad y grado de madurez; estima, por tanto, que es de la máxima importancia que, siempre que sea posible e independientemente de la edad del niño, se procure contar con el consentimiento de este a su adopción; pide, en este sentido, que se preste especial atención a los niños pequeños y a los bebés, que no pueden hacerse oír;

6.  Considera que no se debe adoptar ninguna decisión en materia de adopción antes de que los progenitores hayan sido oídos y, en su caso, hayan agotado todas las vías jurídicas de recurso en lo que atañe a su patria potestad, ni antes de que se les haya retirado definitivamente la patria potestad; pide, por lo tanto, a las autoridades de los Estados miembros que tomen todas las medidas necesarias para el bienestar del niño durante el plazo de vencimiento de las vías jurídicas de recurso, así como a lo largo de todo el procedimiento judicial relativo a la adopción, y que proporcionen al niño la protección y los cuidados adecuados para su desarrollo armonioso;

7.  Pide a la Comisión que examine la posibilidad de realizar un estudio comparativo para analizar las denuncias sobre adopciones no consensuadas que tengan aspectos transfronterizos;

8.  Señala que, antes de dar al menor en adopción a unos desconocidos, las autoridades competentes deberían examinar siempre en primer lugar la posibilidad de que el niño permanezca con miembros de su familia, incluso cuando estos vivan en otro país, si el niño ya ha establecido una relación con ellos, y previa valoración individual de las necesidades del niño; considera que la residencia habitual de los miembros de la familia que deseen asumir la responsabilidad sobre un menor no debería considerarse un factor determinante;

9.  Defiende la igualdad de trato para los padres de nacionalidades diferentes en los procedimientos en materia de responsabilidad parental y adopción; pide a los Estados miembros que garanticen la igualdad de los derechos procedimentales de los parientes implicados en el procedimiento de adopción que sean nacionales de otros Estados miembros, incluida la asistencia letrada, la información en tiempo oportuno sobre las audiencias, el derecho a un intérprete y la facilitación de toda la documentación pertinente para el asunto en su lengua materna;

10.  Destaca que, cuando se examine la posibilidad de dar en adopción a un niño que sea nacional de otro Estado miembro, se debería informar y consultar a las autoridades consulares de ese Estado miembro y a la familia del niño que resida en dicho Estado miembro antes de tomar cualquier decisión;

11.  Pide, asimismo, a los Estados miembros que presten una atención especial a los menores no acompañados que posean o soliciten el estatuto de refugiado, y que les garanticen la protección, la asistencia y los cuidados que esos Estados miembros deben proporcionar en virtud de sus obligaciones internacionales, recurriendo preferentemente a asignaciones de familias para acogimiento durante el período transitorio;

12.  Destaca la importancia de ofrecer a los trabajadores sociales unas condiciones de trabajo adecuadas para que puedan realizar correctamente su labor de examen individual de cada caso, sin estar sometidos a ningún tipo de presión financiera o jurídica, y teniendo plenamente en cuenta el interés superior del niño considerado a corto, medio y largo plazo;

La adopción internacional en virtud del Convenio de La Haya de 1993

13.  Pone de relieve los logros y la importancia de la aplicación del Convenio de La Haya y anima a todos los países a que lo firmen, lo ratifiquen o se adhieran a él;

14.  Lamenta que suelan darse problemas relativos a la expedición de certificados de adopción; pide, por consiguiente, a las autoridades de los Estados miembros que velen por que se observen en todos los casos los procedimientos y salvaguardias establecidos por el Convenio de La Haya, de modo que quede garantizado el reconocimiento automático; pide a los Estados miembros que no creen impedimentos burocráticos innecesarios para el reconocimiento de adopciones dentro del ámbito de aplicación del Convenio de La Haya que puedan alargar el procedimiento y volverlo más oneroso;

15.  Señala que se podría poner más empeño en cumplir y hacer cumplir escrupulosamente lo dispuesto en el Convenio de La Haya, ya que algunos Estados miembros requieren procedimientos administrativos adicionales o cobran tasas desproporcionadas para el reconocimiento de las adopciones, por ejemplo a la hora de realizar o modificar inscripciones de los registros civiles, o de obtener la nacionalidad, aun cuando ello vaya en contra de lo dispuesto en el Convenio de la Haya;

16.  Pide a los Estados miembros que respeten los procedimientos relativos a los requisitos de asesoramiento y consentimiento establecidos en el artículo 4 del Convenio de La Haya;

Cooperación en materia de justicia civil en el ámbito de la adopción

17.  Pide a los Estados miembros que intensifiquen su cooperación en el ámbito de la adopción, incluidos los aspectos jurídicos y sociales, e insta a una mayor cooperación entre las autoridades competentes para posteriores exámenes de seguimiento cuando sean necesarios; a este respecto, pide asimismo a la Unión que mantenga un planteamiento coherente en materia de derechos del niño en todas sus principales políticas internas y externas;

18.  Pide a la Comisión que establezca una red europea eficaz de jueces y autoridades especializados en adopción con objeto de facilitar el intercambio de información y buenas prácticas, lo que resulta especialmente útil cuando la adopción incluye un elemento de extranjería; considera de suma importancia facilitar la coordinación y el intercambio de buenas prácticas con las actuales redes europeas de formación del poder judicial, a fin de lograr la máxima coherencia posible con los proyectos ya financiados por la Unión; a este respecto, pide a la Comisión que destine financiación a la formación especializada de los jueces que trabajan en el ámbito de las adopciones transfronterizas;

19.  Opina que las oportunidades de formación y encuentro entre los jueces que trabajan en el ámbito de la adopción transfronteriza pueden ayudar a identificar de forma precisa las soluciones jurídicas necesarias y esperadas en el ámbito del reconocimiento de las adopciones nacionales; pide, por consiguiente, a la Comisión que prevea financiación para esas oportunidades de formación y encuentro en la fase de elaboración de la propuesta Reglamento;

20.  Pide a la Comisión que publique en el Portal Europeo de e-Justicia información jurídica y procedimental sobre el Derecho y las prácticas de todos los Estados miembros en materia de adopción;

21.  Toma nota de las actividades de la Red europea de Defensores del Menor, y considera que esta cooperación debe desarrollarse y reforzarse;

22.  Destaca la necesidad de una cooperación estrecha, especialmente a través de organismos europeos como Europol, para impedir el secuestro, la venta y la trata transfronteriza de niños con fines de adopción; observa que sistemas nacionales de registro de nacimientos fiables podrían prevenir la trata de niños con fines de adopción; pide, a este respecto, que se mejore la coordinación en materia de adopción de niños procedentes de terceros países, que es de carácter delicado;

Reconocimiento transfronterizo de las resoluciones de adopción nacionales

23.  Señala que existe una necesidad manifiesta de legislación europea que prevea el reconocimiento transfronterizo automático de las resoluciones de adopción nacionales;

24.  Pide a la Comisión que, a más tardar el 31 de julio de 2017, le someta, sobre la base de los artículos 67 y 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta relativa a un acto sobre el reconocimiento transfronterizo de las resoluciones de adopción, siguiendo las recomendaciones que figuran en el anexo, y en consonancia con el Derecho internacional existente en este ámbito;

25.  Constata que las recomendaciones anejas a la presente resolución respetan los derechos fundamentales y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

26.  Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras negativas, ya que el fin último, a saber, el reconocimiento automático de las resoluciones de adopción, implicará una reducción de gastos;

o
o   o

27.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones detalladas que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo, así como a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.

ANEXO A LA RESOLUCIÓN:

RECOMENDACIONES DETALLADAS PARA LA ELABORACIÓN DE UN REGLAMENTO DEL CONSEJO SOBRE EL RECONOCIMIENTO TRANSFRONTERIZO DE RESOLUCIONES DE ADOPCIÓN

A.   PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA PROPUESTA SOLICITADA

1.  Cada año son más los ciudadanos de la Unión que deciden trasladarse a un Estado miembro distinto al suyo, ejerciendo así su derecho a la libre circulación. Esto conlleva una serie de dificultades respecto al reconocimiento y la solución jurídica dada a las situaciones personales y de Derecho de familia de las personas que se desplazan. La Unión ha empezado a abordar estas situaciones problemáticas, por ejemplo mediante la adopción del Reglamento (UE) n.° 650/2012 del Parlamento Europeo y el Consejo(2), así como mediante el establecimiento de una cooperación reforzada en el ámbito del reconocimiento de determinados aspectos de los regímenes económicos matrimoniales y de los efectos patrimoniales de las uniones registradas.

2.  El Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional (en lo sucesivo, «Convenio de la Haya») está vigente en todos los Estados miembros. Tiene por objeto el procedimiento de adopción transfronteriza y establece el reconocimiento automático de tales adopciones. Sin embargo, el Convenio de la Haya no es aplicable a la situación de una familia con un niño adoptado según un procedimiento puramente nacional que posteriormente se traslada a otro Estado miembro. Esta laguna puede dar lugar a dificultades jurídicas importantes si la relación jurídica entre el adoptante o los adoptantes y el adoptado no se reconoce de modo automático. Pueden resultar necesarios nuevos procedimientos judiciales o administrativos y, en casos extremos, puede llegar a denegarse el reconocimiento.

3.  Con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos de la Unión resulta necesario, por tanto, adoptar un Reglamento que disponga el reconocimiento transfronterizo automático de las resoluciones de adopción. La base jurídica indicada para dicha propuesta es el artículo 67, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), relativo al reconocimiento mutuo de las resoluciones, y el artículo 81, apartado 3, del TFUE, que se refiere a las medidas relativas al Derecho de familia. Dicho Reglamento debe ser adoptado por el Consejo previa consulta al Parlamento Europeo.

4.  El Reglamento propuesto establece el reconocimiento automático de las resoluciones de adopción de un Estado miembro en virtud de todo procedimiento distinto de los contemplados en el marco del Convenio de La Haya. Como las familias europeas también pueden tener vínculos con un tercer país o haber vivido en un tercer país anteriormente, el Reglamento establece asimismo que, una vez que un Estado miembro haya reconocido una resolución de adopción de un tercer país con arreglo a las normas nacionales de procedimiento aplicables, dicha resolución de adopción se reconozca en todos los demás Estados miembros.

5.  Ahora bien, con el fin de evitar los foros de conveniencia (forum shopping) o la aplicación de leyes nacionales inapropiadas, dicho reconocimiento automático se somete, en primer lugar, a la condición de que el reconocimiento no sea manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro de reconocimiento, al tiempo que se hace hincapié en que ninguna denegación pueda dar lugar en ningún caso a discriminaciones de facto prohibidas por el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y, en segundo lugar, a la condición de que el Estado miembro que adoptó la resolución de adopción sea competente en virtud del artículo 4 de la propuesta solicitada en la parte B (en lo sucesivo, la «propuesta»). El Estado miembro de residencia habitual del adoptante o adoptantes o del niño es el único que puede tener esa competencia. No obstante, en caso de que la resolución de adopción sea adoptada en un tercer país, la competencia para el reconocimiento inicial de la adopción dentro de la Unión también puede atribuirse al Estado miembro de nacionalidad de los adoptantes o del niño. De este modo se garantiza la tutela judicial de las familias europeas que residen en el extranjero.

6.  Se requieren procedimientos específicos para resolver las posibles objeciones al reconocimiento en casos específicos. Estas disposiciones son similares a las que figuran en otros actos de la Unión en el ámbito de la justicia civil.

7.  Debe crearse un certificado europeo de adopción con el fin de acelerar cualquier consulta administrativa sobre el reconocimiento automático. El modelo de certificado se debe adoptar mediante un acto delegado de la Comisión.

8.  La propuesta se refiere únicamente a las relaciones entre padres e hijos. No obliga a los Estados miembros a reconocer relaciones jurídicas concretas entre los adoptantes de un niño, ya que las leyes nacionales relativas a las parejas difieren considerablemente.

9.  Por último, la propuesta contiene las disposiciones finales y transitorias habituales que figuran en los instrumentos de justicia civil. El reconocimiento automático de las adopciones solo se aplica a las resoluciones de adopción adoptadas a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento y, a partir de esa fecha, a cualquier resolución de adopción anterior si el niño es todavía menor de edad.

10.  La propuesta cumple los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, dado que los Estados miembros no pueden actuar por sí solos para establecer un marco jurídico relativo al reconocimiento transfronterizo de resoluciones de adopción, y que la propuesta no va más allá de lo estrictamente necesario para garantizar la estabilidad de la situación jurídica de los niños adoptados. No afecta al Derecho de familia de los Estados miembros.

B.   TEXTO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

Reglamento del Consejo sobre el reconocimiento transfronterizo de resoluciones de adopción

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 67, apartado 4, y su artículo 81, apartado 3,

Vista la petición del Parlamento Europeo a la Comisión Europea,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

De conformidad con un procedimiento legislativo especial,

Considerando lo siguiente:

(1)  La Unión se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia en el cual esté garantizada la libre circulación de personas. Para establecer gradualmente este espacio, la Unión debe adoptar medidas en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, también en el ámbito del Derecho de familia.

(2)  De conformidad con los artículos 67 y 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), esas medidas deben incluir las destinadas a garantizar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y extrajudiciales.

(3)  Para garantizar la libre circulación de las familias que han adoptado a un niño, es necesario y oportuno que las normas que rigen la competencia y el reconocimiento de las resoluciones de adopción se determinen mediante un instrumento jurídico de la Unión vinculante y directamente aplicable.

(4)  El presente Reglamento debe crear un marco jurídico claro y completo en materia de reconocimiento transfronterizo de resoluciones de adopción, ofrecer a las familias resultados adecuados en términos de seguridad jurídica, previsibilidad y flexibilidad, e impedir que se produzca una situación en la que una resolución de adopción adoptada legalmente en un Estado miembro no sea reconocida en otro Estado miembro.

(5)  El presente Reglamento debe aplicarse al reconocimiento de las resoluciones de adopción adoptadas o reconocidas en un Estado miembro. No obstante, no debe aplicarse al reconocimiento de las adopciones internacionales realizadas de conformidad con el Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, ya que dicho Convenio ya prevé el reconocimiento automático de tales adopciones. Por consiguiente, el presente Reglamento debe aplicarse únicamente al reconocimiento de las adopciones nacionales, y al de las adopciones internacionales no constituidas en el marco de dicho Convenio.

(6)  Debe existir una conexión entre la adopción y el territorio del Estado miembro que haya adoptado o reconocido la resolución de adopción. En consecuencia, el reconocimiento debe supeditarse al cumplimiento de las normas comunes sobre la competencia.

(7)  Las normas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en la residencia habitual de uno o de los dos adoptantes o en la del niño. La competencia debe limitarse a este criterio, excepto en las situaciones en que estén implicados terceros países, en las que el Estado miembro de nacionalidad puede ser un factor de conexión.

(8)  Dado que la adopción afecta por lo general a menores, no procede ofrecer ni a los adoptantes ni a los niños flexibilidad alguna en la elección de las autoridades que decidirán sobre la adopción.

(9)  La confianza mutua en la administración de justicia dentro de la Unión justifica el principio de que las resoluciones de adopción adoptadas o reconocidas en un Estado miembro sean reconocidas en todos los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento especial alguno. Como consecuencia de ello, toda resolución de adopción adoptada en un Estado miembro debe ser tratada como si se hubiera adoptado en el Estado miembro requerido.

(10)  El reconocimiento automático en el Estado miembro requerido de una resolución adoptada en otro Estado miembro no debe comprometer el respeto de los derechos de la defensa. Por lo tanto, cualquier interesado debe poder solicitar la denegación del reconocimiento de una resolución de adopción si considera que concurre alguno de los motivos para denegar el reconocimiento.

(11)  El reconocimiento de las resoluciones de adopción nacionales debe ser automático a menos que el Estado miembro en el que tuvo lugar la adopción no fuera competente, o a menos que el reconocimiento sea manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro de reconocimiento, según una interpretación conforme con el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales.

(12)  El presente Reglamento no debe afectar al Derecho de familia sustantivo de los Estados miembros, en particular en materia de adopción. Por otra parte, el eventual reconocimiento de una resolución de adopción con arreglo al presente Reglamento no debe tener como consecuencia el reconocimiento de relación jurídica alguna entre los adoptantes, sin que ello pueda condicionar a su vez la posible decisión sobre el reconocimiento de la resolución de adopción.

(13)  Toda cuestión procesal que no se contemple en el presente Reglamento debe ser tratada con arreglo al Derecho nacional.

(14)  Si una resolución de adopción implica una relación jurídica que no está contemplada en el ordenamiento del Estado miembro requerido, dicha relación jurídica, incluidos los correspondientes derechos u obligaciones, debe adaptarse, en la medida de lo posible, a una relación que, en el ordenamiento de dicho Estado miembro, tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad similar. Corresponde a cada Estado miembro determinar cómo proceder a tal adaptación y quién debe realizarla.

(15)  Con el fin de facilitar el reconocimiento automático previsto por el presente Reglamento, debe elaborarse un modelo para la transmisión de resoluciones de adopción: el certificado europeo de adopción. A tal fin, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la creación y modificación de dicho modelo de certificado. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(16)  Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(17)  De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, [estos Estados miembros han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación del presente Reglamento]/[y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por el mismo ni sujetos a su aplicación].

(18)  De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.º 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Ámbito de aplicación

1.  El presente Reglamento se aplicará al reconocimiento de las resoluciones de adopción.

2.  No se aplicará ni afectará a:

a)  la normativa de los Estados miembros sobre el derecho a adoptar u otras materias del Derecho de familia;

b)  las adopciones internacionales con arreglo al Convenio de La Haya, de 29 de mayo de 1993, relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional (en lo sucesivo, «Convenio de La Haya»).

3.  Nada de lo dispuesto en el presente Reglamento se entenderá en el sentido de que se obligue a los Estados miembros a:

a)  reconocer la existencia de cualquier relación jurídica entre los adoptantes de un niño adoptado como consecuencia del reconocimiento de una resolución de adopción;

b)  adoptar resoluciones de adopción en circunstancias en las que el Derecho nacional aplicable no lo permita.

Artículo 2

Definición

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por «resolución de adopción», la resolución judicial o la decisión por la que se constituye o reconoce una relación jurídica paternofilial permanente entre un menor y un adoptante o unos adoptantes que no sean los progenitores de ese menor, con independencia de la denominación que reciba la relación jurídica en Derecho nacional.

Artículo 3

Reconocimiento automático de resoluciones de adopción

1.  Una resolución de adopción adoptada en un Estado miembro se reconocerá en los demás Estados miembros sin que sea necesario recurrir a procedimiento especial alguno, a condición de que el Estado miembro que adopte la resolución sea competente de conformidad con el artículo 4.

2.  Todo interesado podrá solicitar, de conformidad con el procedimiento previsto en artículo 7, que se dicte una resolución en la que se declare que no concurren los motivos de denegación del reconocimiento que se recogen el artículo 6.

3.  Si la denegación del reconocimiento se invoca como cuestión incidental de la que depende la conclusión de un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional será competente para conocer de tal cuestión.

Artículo 4

Competencia en materia de resoluciones de adopción

1.  Las autoridades de un Estado miembro solo podrán adoptar una resolución de adopción si el adoptante o adoptantes o el menor adoptado tienen su residencia habitual en ese Estado miembro.

2.  En los casos en que la resolución de adopción haya sido adoptada por las autoridades de un tercer país, las autoridades de un Estado miembro también podrán adoptar tal resolución, o decidir sobre el reconocimiento de la resolución del tercer país, con arreglo a los procedimientos establecidos por su Derecho nacional, si el adoptante o adoptantes o el menor adoptado no tienen su residencia habitual en dicho Estado miembro, pero son ciudadanos del mismo.

Artículo 5

Documentación requerida para el reconocimiento

La parte que desee invocar en un Estado miembro una resolución de adopción adoptada en otro Estado miembro deberá presentar:

a)  una copia de la resolución de adopción que reúna los requisitos necesarios para ser considerada auténtica; y

b)  el certificado europeo de adopción expedido con arreglo al artículo 11.

Artículo 6

Denegación del reconocimiento

A petición de cualquier interesado, el reconocimiento de una resolución de adopción adoptada en un Estado miembro solo podrá ser denegada:

a)  si dicho reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido;

b)  si el Estado miembro de origen no era competente con arreglo al artículo 4.

Artículo 7

Solicitud de denegación de reconocimiento

1.  A petición de cualquier interesado tal como se defina en Derecho nacional, el reconocimiento de una resolución de adopción se denegará cuando concurra alguno de los motivos a que se refiere el artículo 6.

2.  La solicitud de denegación de reconocimiento se presentará ante los órganos jurisdiccionales que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, letra a), hayan sido comunicados a la Comisión por el Estado miembro de que se trate como órganos jurisdiccionales ante los que presentar la solicitud.

3.  En la medida en que no esté regulado por el presente Reglamento, el procedimiento de denegación del reconocimiento se regirá por la ley del Estado miembro requerido.

4.  El solicitante presentará al órgano jurisdiccional una copia de la resolución y, cuando sea necesario, una traducción o transcripción de esta.

5.  El órgano jurisdiccional podrá dispensar al solicitante de la presentación de los documentos mencionados en el apartado 4 si ya dispone de ellos o si no considera razonable pedir al solicitante que los presente. En este último caso, el órgano jurisdiccional podrá solicitar a la otra parte que proporcione los documentos.

6.  No se exigirá que la parte que solicita la denegación del reconocimiento de una resolución adoptada en otro Estado miembro tenga una dirección postal en el Estado miembro requerido. Tampoco se exigirá que esta parte tenga un representante autorizado en el Estado miembro requerido, a menos que dicho representante sea obligatorio con independencia de la nacionalidad o del domicilio de las partes.

7.  El órgano jurisdiccional resolverá sin demora sobre la solicitud de denegación del reconocimiento.

Artículo 8

Recurso contra la resolución sobre la solicitud de denegación de reconocimiento

1.  La resolución sobre la solicitud de denegación del reconocimiento podrá ser recurrida por cualquiera de las partes.

2.  El recurso se interpondrá ante el órgano jurisdiccional comunicado a la Comisión por el Estado miembro de que se trate, de conformidad con el artículo 13, letra b), como órgano jurisdiccional de recurso.

3.  La resolución sobre el recurso solo podrá ser objeto de recurso ulterior ante el órgano jurisdiccional comunicado a la Comisión por el Estado miembro correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, letra c).

Artículo 9

Recurso en el Estado miembro de origen de la resolución de adopción

El órgano jurisdiccional ante el que se solicite la denegación del reconocimiento o el órgano jurisdiccional que conozca del recurso previsto en el artículo 8, apartados 2 o 3, podrá suspender el procedimiento si se ha presentado un recurso ordinario contra la resolución de adopción en el Estado miembro de origen o si aún no ha vencido el plazo para interponerlo. En este último caso, el órgano jurisdiccional podrá especificar el plazo para ello.

Artículo 10

Prohibición de la revisión en cuanto al fondo

La resolución de adopción adoptada o la resolución judicial dictada en un Estado miembro no podrán ser objeto en ningún caso de una revisión en cuanto al fondo en el Estado miembro requerido.

Artículo 11

Certificado europeo de adopción

A petición de cualquier interesado, las autoridades del Estado miembro que haya adoptado la resolución de adopción emitirán un certificado multilingüe europeo de adopción con arreglo al modelo establecido de conformidad con el artículo 15.

Artículo 12

Adaptación de la resolución de adopción

1.  Si una decisión o una resolución judicial contiene una medida o una orden que no está contemplada en el ordenamiento jurídico del Estado miembro requerido, la medida o la orden se adaptará, en lo posible, a una medida u orden conocida en el ordenamiento jurídico de dicho Estado miembro que tenga efectos equivalentes y persiga una finalidad e intereses similares. Dicha adaptación no tendrá más efectos que los dispuestos en el Derecho del Estado miembro de origen.

2.  Todo interesado podrá impugnar la adaptación de la medida u orden ante un órgano jurisdiccional.

Artículo 13

Información que deberán facilitar los Estados miembros

1.  A más tardar el 1 de julio de 2018, los Estados miembros comunicarán a la Comisión, en su caso, sus disposiciones nacionales relativas a:

a)  los órganos jurisdiccionales ante los cuales se ha de presentar la solicitud de denegación de reconocimiento de conformidad con el artículo 7, apartado 2;

b)  los órganos jurisdiccionales ante los cuales se ha de interponer un recurso contra la resolución sobre la solicitud de denegación de reconocimiento de conformidad con el artículo 8, apartado 2; y

c)  los órganos jurisdiccionales ante los cuales se ha de interponer cualquier recurso ulterior de conformidad con el artículo 8, apartado 3.

2.  La Comisión hará pública la información a que se refiere el apartado 1, así como cualquier otra información pertinente sobre los procedimientos de adopción y el reconocimiento de estos en los Estados miembros, a través de cualquier medio oportuno, en especial a través del Portal Europeo de e-Justicia.

Artículo 14

Legalización y formalidades similares

No se exigirá legalización ni formalidad similar alguna para los documentos expedidos en un Estado miembro con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 15

Poderes para adoptar actos delegados

La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 16 en lo referente al establecimiento y la modificación del modelo de certificado multilingüe europeo de adopción a que se refiere el artículo 11.

Artículo 16

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 15 se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del 1 de julio de 2018.

3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 15 podrá ser revocada en cualquier momento por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 15 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Consejo, esta institución no formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, informa a la Comisión de que no las formulará. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Consejo.

5.  Se informará al Parlamento Europeo de la adopción de actos delegados por la Comisión, de toda objeción formulada en relación con dichos actos, o de la revocación de la delegación de poderes por parte del Consejo.

Artículo 17

Disposiciones transitorias

El presente Reglamento solamente se aplicará a las resoluciones de adopción adoptadas a partir del 1 de enero de 2019.

No obstante, las resoluciones de adopción adoptadas antes del 1 de enero de 2019 se reconocerán a partir de esa fecha cuando el menor en cuestión no haya alcanzado aún la mayoría de edad en dicha fecha.

Artículo 18

Relación con los convenios internacionales vigentes

1.  El presente Reglamento no se aplicará a las resoluciones de adopción adoptadas en aplicación del Convenio de La Haya.

2.  Sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros con arreglo al artículo 351 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el presente Reglamento no afectará a la aplicación de los convenios internacionales de los que sean parte uno o más Estados miembros en el momento de la entrada en vigor del presente Reglamento y que establezcan normas relativas al reconocimiento de las adopciones.

3.  No obstante, por lo que respecta a las relaciones entre Estados miembros, el presente Reglamento prevalecerá sobre los convenios celebrados exclusivamente entre dos o más Estados miembros en la medida en que dichos convenios versen sobre las materias reguladas por el mismo.

Artículo 19

Cláusula de revisión

1.  A más tardar el 31 de diciembre de 2024, y a continuación cada cinco años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe relativo a la aplicación del presente Reglamento. En caso necesario, el informe irá acompañado de propuestas de adaptación del presente Reglamento.

2.  A tal fin, los Estados miembros comunicarán a la Comisión la información pertinente sobre la aplicación del presente Reglamento por sus órganos jurisdiccionales.

Artículo 20

Entrada en vigor y fecha de aplicación

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2019, a excepción de los artículos 13, 15 y 16, que serán aplicables a partir del 1 de julio de 2018.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en los Estados miembros de conformidad con los Tratados.

Hecho en Bruselas, el ... [fecha].

Por el Consejo

El Presidente

(1) Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000 (DO L 338 de 23.12.2003, p. 1).
(2) Reglamento (UE) n.° 650/2012 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo (DO L 201 de 27.7.2012, p. 107).


Cláusula bilateral de salvaguardia y mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo comercial UE Colombia y Perú ***I
PDF 265kWORD 45k
Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 19/2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, y el Reglamento (UE) n.º 20/2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Centroamérica, por otra (COM(2015)0220 – C8-0131/2015 – 2015/0112(COD))
P8_TA(2017)0014A8-0277/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0220),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 272, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0131/2015),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de diciembre de 2016, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0277/2016),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Aprueba la declaración común del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 2 de febrero de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 19/2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra, y el Reglamento (UE) n.º 20/2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Centroamérica, por otra

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2017/540.)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACION CONJUNTA

del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión convienen en la importancia de una estrecha cooperación en el seguimiento de la aplicación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Colombia y el Perú, por otra(1), en su versión modificada por el Protocolo de Adhesión al Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros por una parte, y Colombia y Perú, por otra, para tener en cuenta la adhesión de Ecuador(2), del Reglamento (UE) n.º 19/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra(3), y del Reglamento (UE) n.º 20/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Centroamérica, por otra(4). Con este fin, acuerdan lo siguiente:

—  A solicitud de la comisión competente del Parlamento Europeo, la Comisión le informará acerca de cuestiones específicas que puedan plantearse en relación con la aplicación por parte de Colombia, Ecuador o Perú de sus compromisos en materia de comercio y desarrollo sostenible.

—  En caso de que el Parlamento Europeo apruebe una recomendación con miras a iniciar una investigación de salvaguardia, la Comisión examinará atentamente si se cumplen las condiciones previstas en el Reglamento (UE) n.º 19/2013 o en el Reglamento (UE) n.º 20/2013 para una incoación de oficio. Cuando la Comisión considere que no se cumplen las condiciones, presentará a la comisión competente del Parlamento Europeo un informe que incluya una explicación de todos los factores pertinentes para el inicio de una investigación de esas características.

—  La Comisión llevará a cabo una evaluación de la situación de los productores de plátanos de la Unión antes del 1 de enero de 2019. Si se constata un deterioro grave de la situación del mercado o de la situación de los productores de plátanos de la Unión, se podrá examinar la posibilidad de una prolongación del mecanismo, previo acuerdo de las partes participantes en el Acuerdo.

La Comisión seguirá llevando a cabo análisis periódicos de la situación del mercado y de los productores de plátanos de la Unión una vez expire el mecanismo de estabilización. Si se constata un deterioro grave de la situación del mercado o de la situación de los productores de plátanos de la Unión, habida cuenta de la importancia del sector del plátano para las regiones ultraperiféricas, la Comisión examinará la situación, junto con los Estados miembros y las partes interesadas, y decidirá acerca de la posibilidad de adoptar medidas apropiadas. La Comisión podrá convocar asimismo reuniones periódicas de seguimiento con los Estados miembros y las partes interesadas.

La Comisión ha desarrollado herramientas estadísticas que permiten el seguimiento y la evaluación de la evolución de las importaciones de plátanos de la Unión y de la situación del mercado de la Unión relativo al plátano. La Comisión prestará especial atención a la revisión del formato de los datos del sistema de vigilancia de las importaciones a fin de poder facilitar, de forma más accesible, informaciones actualizadas periódicamente.

(1) DO L 354 de 21.12.2012, p. 3.
(2) DO L 356 de 24.12.2016, p. 3.
(3) Reglamento (UE) n.º 19/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y Perú, por otra (DO L 17 de 19.1.2013, p. 1).
(4) Reglamento (UE) n.º 20/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2013, por el que se aplica la cláusula bilateral de salvaguardia y el mecanismo de estabilización para el banano del Acuerdo por el que se establece una asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Centroamérica, por otra (DO L 17 de 19.1.2013, p. 13).


Gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores ***I
PDF 320kWORD 97k
Resolución
Texto consolidado
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1006/2008 del Consejo (COM(2015)0636 – C8-0393/2015 – 2015/0289(COD))
P8_TA(2017)0015A8-0377/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0636),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0393/2015),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de mayo de 2016(1),

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Pesca y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0377/2016),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 2 de febrero de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/… del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la gestión sostenible de las flotas pesqueras exteriores y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1006/2008 del Consejo

P8_TC1-COD(2015)0289


EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 43, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo(2),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario(4),

Considerando lo siguiente:

(1)  El Reglamento (CE) n.º 1006/2008 del Consejo(5) (en lo sucesivo, «RAP») establece un sistema de autorización de las actividades de pesca de los buques pesqueros de la Unión fuera de las aguas de la Unión y el acceso de los buques de terceros países a las aguas de la Unión.

(2)  La Unión es Parte Contratante de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982(6) (UNCLOS) y ratificó el Acuerdo de 1995 sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorias de 4 de agosto de 1995 (Acuerdo de las Naciones Unidas sobre las poblaciones de peces)(7). El principio establecido en esas disposiciones internacionales es que todos los Estados deben adoptar medidas adecuadas para asegurar la gestión sostenible y la conservación de los recursos marinos y cooperar entré sí para ese fin. [Enm. 1]

(3)  La Unión se ha adherido al Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar, de 24 de noviembre de 1993, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (Acuerdo de la FAO para la promoción del cumplimiento)(8). El Acuerdo de la FAO para la promoción del cumplimiento establece que una Parte Contratante debe abstenerse de conceder autorización para utilizar un buque de pesca en alta mar si no se cumplen determinadas condiciones, así como la aplicación de sanciones en caso de que no se cumplan determinadas obligaciones de información.

(3 bis)   El 2 de abril de 2015, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar publicó un dictamen consultivo en respuesta a una petición presentada por la Comisión Subregional de Pesca para África Occidental. En dicho dictamen consultivo se confirmó que la Unión es responsable de las actividades de los buques que enarbolan el pabellón de los Estados miembros y que debe ejercer la diligencia debida a este respecto. [Enm. 2]

(4)  La Unión ha aprobado el Plan de acción internacional de la FAO para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PAI-INDNR), adoptado en 2001. El Plan de acción y las Directrices voluntarias de la FAO para la actuación del Estado del pabellón aprobadas en 2014 sirven de fundamento a la responsabilidad del Estado del pabellón para garantizar la conservación a largo plazo y el uso sostenible de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos. El Plan de acción establece que el Estado del pabellón debe expedir una autorización para faenar en aguas fuera de su soberanía o jurisdicción a los buques que enarbolen su pabellón. Las Directrices voluntarias también recomiendan que el Estado del pabellón y el Estado ribereño concedan una autorización cuando las actividades pesqueras tengan lugar en el marco de un acuerdo de acceso pesquero o incluso fuera de un acuerdo de este tipo. Ambos deberán tener la certeza de que tales actividades no ponen en peligro la sostenibilidad de las poblaciones de peces en las aguas del Estado ribereño (apartados 40 y 41).

(4 bis)   En 2014, todos los miembros de la FAO, incluidos la Unión y los países en desarrollo socios, aprobaron por unanimidad las Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, incluido su apartado 5.7, en el que se subraya que es necesario tener debidamente en cuenta la pesca a pequeña escala antes de celebrar acuerdos sobre acceso a los recursos con terceros países y terceras partes. [Enm. 3]

(4 ter)   En sus Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza, la FAO pide que se adopten medidas para garantizar la conservación y el uso sostenible a largo plazo de los recursos pesqueros y para asegurar la base ecológica de la producción de alimentos, subrayando la importancia de las normas medioambientales para las actividades pesqueras fuera de las aguas de la Unión que incluyen un enfoque ecosistémico de la gestión de la pesca y un criterio de precaución, con objeto de reconstruir y mantener las poblaciones explotadas por encima de los niveles que pueden producir el rendimiento máximo, para 2015 cuando sea posible y, a más tardar en 2020, para todas las poblaciones. [Enm. 4]

(5)  La cuestión de las obligaciones y responsabilidades del Estado del pabellón y, en su caso, de la organización internacional con fines de conservación y gestión de los recursos vivos en alta mar de conformidad con la CNUDM reviste cada vez más importancia a nivel internacional. Esto también ha sido el caso, en virtud de una obligación de diligencia debida derivada de la CNUDM, en lo que respecta a la división de competencias entre la jurisdicción del Estado ribereño y del Estado del pabellón y, en su caso, de la organización internacional del pabellón y ribereña para garantizar una buena conservación de los recursos biológicos marinos en las zonas marinas bajo jurisdicción nacional. El dictamen consultivo, de 2 de abril de 2015, del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), presentado en respuesta a las preguntas planteadas por la Comisión Subregional de Pesca para África Occidental, confirmó que la Unión es responsable a escala internacional ante terceros países y organizaciones internacionales por las actividades de sus buques pesqueros, y que esta responsabilidad le exige actuar con la diligencia debida. Una obligación de diligencia debida es la obligación de un Estado de hacer los mayores esfuerzos posibles y cuanto esté en su mano para evitar la pesca ilegal, lo que incluye la obligación de adoptar las medidas administrativas y de aplicación necesarias para garantizar que los buques pesqueros que enarbolen su pabellón, sus nacionales, o los buques pesqueros que faenan en sus aguas no participan en actividades que incumplen las medidas de conservación y ordenación aplicables. Por todas esas razones y, más en general, para fortalecer la economía azul, conviene organizar tanto las actividades de los buques pesqueros de la Unión fuera de las aguas de la Unión como el sistema de gobernanza correspondiente, con objeto de cumplir las obligaciones internacionales de la Unión de manera eficiente y eficaz y de evitar que se produzcan situaciones en que podrían atribuirse a la Unión actuaciones ilegales a nivel internacional. [Enm. 5]

(5 bis)   En la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible de 25 de septiembre de 2015, la Unión se comprometió a aplicar la resolución en la que se recogía el documento final titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», incluido el objetivo 14 «Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible», así como el objetivo 12 «Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles» y sus metas». [Enm. 6]

(6)  Los resultados de la Conferencia de 2012 de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible «Río + 20»(9), así como la aprobación del plan de acción de la Unión para luchar contra el comercio ilegal de fauna y flora silvestres, y la evolución internacional en la lucha contra el comercio ilegal de especies silvestres y los nuevos objetivos de desarrollo sostenible (17 objetivos para transformar el mundo, especialmente el objetivo 14 sobre la vida acuática) aprobados en septiembre de 2015 por las Naciones Unidas deben reflejarse en la política pesquera exterior de la Unión y en su política comercial. [Enm. 7]

(7)  El objetivo de la política pesquera común (PPC), establecido en el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(10) (en lo sucesivo, «Reglamento de base»), es garantizar que las actividades pesqueras sean ecológica, económica y socialmente sostenibles, se gestionen de forma coherente con los objetivos de generar beneficios económicos, sociales y de empleo y de restaurar y mantener las poblaciones de peces por encima de los niveles que permitan obtener el rendimiento máximo sostenible y contribuyan a la seguridad del abastecimiento alimentario. Es asimismo necesario tener en cuenta los objetivos de la cooperación al desarrollo en la ejecución de esta política, tal como se prevé en el artículo 208, apartado 1, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). [Enm. 8]

(7 bis)   En el Reglamento de base se exige asimismo que los acuerdos de colaboración en materia de pesca sostenible se limiten al excedente de capturas según lo previsto en el artículo 62, apartados 2 y 3, de la CNUDM. [Enm. 9]

(8)  El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 de base señala la necesidad de promover los objetivos de la PPC a nivel internacional, velando por que las actividades pesqueras de la Unión fuera de sus aguas se basen en los mismos principios y normas que los aplicables en virtud de la legislación de la Unión, promoviendo unas condiciones equitativas para los operadores de la Unión y de los terceros países. La legislación social y ambiental aprobada por terceros países puede ser diferente a la de la Unión, lo que crearía normas distintas para las flotas pesqueras. Esta situación podría comportar que las autorizaciones para las actividades pesqueras fueran incompatibles con la gestión sostenible de los recursos marinos. Por tanto, es necesario garantizar la coherencia con las actividades de la Unión en lo relativo al medio ambiente, la pesca, el comercio y el desarrollo, en especial cuando afectan a la pesca en países en desarrollo con una reducida capacidad administrativa y en los que el riesgo de corrupción es elevado. [Enm. 10]

(9)  El Reglamento (CE) n.º 1006/2008 tenía por objeto instaurar una base común para la autorización de las actividades pesqueras de buques de la Unión fuera de las aguas de esta, con el fin de apoyar la lucha contra la pesca INDNR y mejorar el control y la vigilancia de la flota de la UE Unión en todo el mundo, así como las condiciones para autorizar que los buques de terceros países faenen en aguas de la Unión. [Enm. 11]

(10)  El Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo(11) sobre la pesca INDNR se adoptó en paralelo al Reglamento (CE) n.º 1006/2008, y el Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo («el Reglamento de control»)(12) se adoptó un año más tarde. Estos Reglamentos son los tres pilares de la aplicación de las disposiciones de control y ejecución de la PPC.

(11)  No obstante, esos tres Reglamentos no se han aplicado de manera coherente; en particular, existen incoherencias entre el RAP y el Reglamento de control, que se adoptó posteriormente. La aplicación del RAP también ha revelado ciertas lagunas ya que no se abordaban algunas cuestiones de control, como el cambio de pabellón, el fletamento y la expedición de autorizaciones de pesca por una autoridad competente de un tercer país a un buque pesquero de la Unión al margen de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible («autorizaciones directas»). Además, ha resultado difícil el cumplimiento de algunas obligaciones de información, así como la división de funciones administrativas entre los Estados miembros y la Comisión.

(12)  El principio fundamental del presente Reglamento es que todo buque de la Unión que faene fuera de las aguas de la Unión debe estar autorizado y controlado por su Estado miembro del pabellón, allí donde se encuentre y con independencia del marco en el que opere. La expedición de una autorización debe depender del cumplimiento de un conjunto básico de criterios de admisibilidad comunes. La información recogida por los Estados miembros y facilitada a la Comisión debe permitir a la Comisiónintervenir en todo momento y en todo lugar en el control de las actividades de pesca de todos los buques pesqueros de la Unión fuera de las aguas de la Unión. Esto es necesario para que la Comisión pueda cumplir sus obligaciones como guardiana de los Tratados. [Enm. 12]

(12 bis)   En los últimos años se han producido considerables mejoras, por lo que respecta a las condiciones, los acuerdos de colaboración de pesca sostenible y la diligencia con la que se han ejecutado las disposiciones, en la política pesquera exterior de la Unión. Mantener las posibilidades de pesca para la flota de la Unión en el marco de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible debe ser un objetivo prioritario de la política pesquera exterior de la Unión, por lo que deben aplicarse condiciones similares a las actividades de la Unión que no inciden en el ámbito de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible. [Enm. 13]

(12 ter)   La Comisión debe ejercer una función de mediación cuando se plantee la posibilidad de revocar, suspender o modificar una autorización de pesca basándose en pruebas de que la explotación de los recursos pesqueros se ve gravemente amenazada. [Enm. 14]

(13)  Los buques de apoyo desempeñan un papel sustancial en la manera en que los buques pesqueros llevan a su cabo su actividad y en la cantidad de pescado que pueden extraer. Es, por tanto, necesario tenerlos en cuenta en los procedimientos de autorización y de notificación establecidos en el presente Reglamento.

(14)  Las operaciones de cambio de pabellón se convierten en un problema cuando su objetivo es eludir las normas de la PPC y las medidas de conservación y gestión existentes. La Unión debe, por tanto, ser capaz de definir, detectar e impedir tales prácticas. La trazabilidad y el seguimiento adecuado del historial de cumplimiento deben garantizarse durante toda la duración de vida de un buque propiedad de un operador de la Unión sin importar bajo qué pabellón o pabellones opera. La exigencia de un número único concedido por la Organización Marítima Internacional (OMI) debería también servir para tal fin. [Enm. 15]

(15)  En aguas de terceros países, los buques de la Unión pueden operar, bien con arreglo a las disposiciones de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible celebrados entre la Unión y países terceros, bien mediante la obtención de autorizaciones directas de terceros países en caso de ausencia de acuerdo de colaboración de pesca sostenible en vigor. En ambos casos, esas actividades deben llevarse a cabo de manera transparente y sostenible. Por ello, los Estados miembros del pabellón deben estar facultados para autorizar a los buques que enarbolen su pabellón, de conformidad con una serie de criterios definidos y mediante un seguimiento, para que soliciten y obtengan autorizaciones directas concedidas por terceros Estados ribereños. La actividad pesquera debe ser autorizada una vez que el Estado miembro del pabellón haya obtenido garantías de que no atenta contra la sostenibilidad. Si la Comisión no tiene ninguna otra objeción debidamente justificada, el operador que ha obtenido la autorización del Estado miembro del pabellón y del Estado ribereño debe poder iniciar sus operaciones de pesca. [Enm. 16]

(16)  Una cuestión específica relativa a los acuerdos de colaboración de pesca sostenible es la reasignación de las posibilidades de pesca no utilizadas, es decir las posibilidades de pesca asignadas a los Estados miembros por los reglamentos pertinentes del Consejo que no son plenamente utilizadas. Dado que los costes de acceso establecidos en los acuerdos de colaboración de pesca sostenible son financiados en gran parte por el presupuesto de la Unión, un sistema de reasignación temporal desempeña un papel importante para preservar los intereses financieros de la Unión y velar por que no se desaproveche ninguna posibilidad de pesca que ha sido pagada. Por consiguiente, conviene precisar y mejorar el sistema de reasignación, que debe ser un mecanismo de último recurso. Su aplicación debe ser temporal y no afectar a la asignación inicial de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros, lo que significa que no compromete la estabilidad relativa. Como sistema de último recurso, la reasignación solo debe intervenir una vez que los Estados miembros considerados hayan renunciado a sus derechos de intercambiar posibilidades de pesca entre ellos. [Enm. 17]

(16 bis)   «Acuerdos durmientes» es el término que se utiliza cuando, por razones estructurales o circunstanciales, los países han aprobado un acuerdo de colaboración en el sector pesquero sin que haya un protocolo en vigor. La Unión tiene varios «acuerdos durmientes» con terceros países. En consecuencia, los buques de la Unión no pueden pescar en aguas sujetas a los acuerdos durmientes. La Comisión debería hacer un esfuerzo por «despertar» estos acuerdos o poner término al acuerdo de colaboración de que se trate. [Enm. 18]

(17)  Las actividades pesqueras realizadas en el marco de las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) y la pesca no reglamentada en alta mar también deben ser autorizadas por el Estado miembro del pabellón y ajustarse a las normas específicas de la OROP o a la legislación de la Unión sobre las actividades pesqueras en alta mar. [Enm. 19]

(18)  Los acuerdos de fletamento pueden poner en peligro la efectividad de las medidas de conservación y gestión y tener un efecto negativo en la explotación sostenible de los recursos marinos vivos. Por consiguiente, es necesario establecer un marco jurídico que permita a la Unión mejorar el control de las actividades de los buques pesqueros que enarbolan pabellón de la Unión fletados en la Unión por operadores de terceros países con arreglo a las disposiciones adoptadas por la OROP competente. [Enm. 20]

(19)  Los procedimientos deben ser transparentes, ejecutables y previsibles para los operadores de la Unión y de los terceros países, así como para sus autoridades competentes respectivas. [Enm. 21]

(19 bis)   La Unión debe perseguir la igualdad de condiciones de competencia en el plano internacional con miras a que la flota pesquera de la Unión pueda competir con otras naciones pesqueras, y adaptar las normas de acceso al mercado en consecuencia en todos los casos en los que se adopten normas estrictas para la flota de la Unión. [Enm. 22]

(20)  Debe asegurarse el intercambio de datos en formato electrónico entre Estados miembros y la Comisión, tal como contempla el Reglamento de control. Los Estados miembros deben recoger datos sobre sus flotas y sus actividades de pesca, gestionarlos y ponerlos a disposición de la Comisión. Además, en caso necesario, deben cooperar entre sí, con la Comisión y con terceros países a fin de coordinar estas actividades de recopilación de datos.

(21)  En aras de mejorar la transparencia y la accesibilidad de la información sobre las autorizaciones de pesca de la Unión, la Comisión debe crear un registro electrónico que comprenda a la vez una parte de acceso público y una parte segura. La información que figura en el registro de autorizaciones de pesca de la Unión incluye datos personales. El tratamiento de datos de carácter personal en virtud del presente Reglamento debe ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo(13), la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(14), y las leyes nacionales aplicables.

(22)  A fin de abordar adecuadamente el acceso a las aguas de la Unión de buques pesqueros que enarbolan el pabellón de un tercer país, las normas pertinentes deben ser coherentes con las aplicables a los buques pesqueros de la Unión, de conformidad con el Reglamento de control. En particular, el artículo 33 de este Reglamento, referido a la declaración de las capturas y los datos relativos a las capturas, debe aplicarse también a los buques de terceros países que faenan en aguas de la Unión.

(23)  Cuando navegan en aguas de la Unión, los buques pesqueros de terceros países que no disponen de una autorización con arreglo al presente Reglamento deben garantizar que sus artes de pesca están instalados de tal manera que no son fácilmente utilizables para operaciones de pesca.

(24)  Los Estados miembros son responsables de controlar las actividades pesqueras de los buques de terceros países en aguas de la Unión y, en caso de infracción, de su anotación en el registro nacional previsto en el artículo 93 del Reglamento de control.

(25)  A fin de simplificar los procedimientos de autorización, los Estados miembros y la Comisión han de utilizar un sistema común de almacenamiento y de intercambio de datos para facilitar la información y las actualizaciones necesarias, reduciendo cuanto sea posible la carga administrativa. En este sentido, los datos contenidos en el registro de la flota de la Unión deben utilizarse plenamente.

(26)  Con el fin de tener en cuenta el progreso tecnológico y los posibles nuevos requisitos de la legislación internacional, los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del TFUE deben delegarse a la Comisión en lo que respecta a la adopción de modificaciones de los anexos del presente Reglamento que establecen la información que debe facilitar el operador para obtener una autorización de pesca. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante los trabajos preparatorios, en particular con expertos, y esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 2016(15). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben tener sistemáticamente acceso a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(27)  A fin de garantizar condiciones uniformes de aplicación de las disposiciones del presente Reglamento en relación con el registro, el formato y la transmisión de los datos relativos a las autorizaciones de pesca de los Estados miembros a la Comisión y al registro de autorizaciones de pesca de la Unión, así como para que establezca el método de reasignación de las posibilidades de pesca no utilizadas, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(16).

(28)  La Comisión debe adoptar actos de ejecución inmediatamente aplicables cuando, en casos debidamente justificados relacionados con la reasignación de las posibilidades de pesca, así lo exijan razones imperiosas de urgencia.

(29)  Debido al número e importancia de las modificaciones que hay que efectuar, conviene derogar el Reglamento (CE) n.º 1006/2008.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece normas para la expedición y la gestión de las autorizaciones de pesca para:

a)  los buques pesqueros de la Unión que faenan realizan actividades pesqueras en aguas sometidas a la soberanía o jurisdicción de un tercer país, en el marco de una OROP de la que la Unión sea parte contratante, en las aguas de la Unión o fuera de estas, o en alta mar; así como

b)  los buques pesqueros de terceros países que faenan realizan actividades pesqueras en aguas de la Unión. [Enm. 23]

Artículo 2

Relación con la legislación internacional y de la Unión

El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las disposiciones:

a)  de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible y acuerdos de pesca similares celebrados entre la Unión y terceros países;

b)  adoptadas por las OROP y organizaciones de pesca similares de las que la Unión sea parte contratante o parte colaboradora no contratante;

c)  de la legislación de la Unión que transponga las disposiciones contempladas en las letras a) y b).

Artículo 3

Definiciones

A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones del artículo 4 del Reglamento de base. Además, se aplicarán las siguientes definiciones:

a)  «buque de apoyo»: un buque que no esté equipado con artes de pesca operativos diseñados para capturar o atraer peces y que facilita, asiste o prepara actividades pesqueras; [Enm. 24]

b)  «autorización de pesca»: una autorización de pesca expedida a nombre de un buque pesquero de la Unión o de un buque pesquero de un tercer país, además de la licencia de pesca, que lo faculta para realizar actividades pesqueras específicas durante un período determinado, en una zona dada o para una pesquería dada, bajo ciertas condiciones; [Enm. 25]

c)  «registro de autorización de pesca»: el sistema de gestión de autorizaciones de pesca y la base de datos asociada;

d)  «autorización directa»: una autorización de pesca expedida por la autoridad competente de un tercer país a un buque pesquero de la Unión fuera del marco de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible;

e)  «aguas de un tercer país»: las aguas sometidas a la soberanía o jurisdicción de un tercer país;

f)  «programa de observación»: un régimen en el marco de una OROP, un acuerdo de colaboración de pesca sostenible, un tercer país o un Estado miembro que envía observadores a bordo de los buques de pesca, bajo ciertas condiciones con objeto de recabar datos y verificar que el buque cumple las normas adoptadas por dicha organización, acuerdo de colaboración de pesca sostenible o país. [Enm. 26]

f bis)   «parte contratante»: una parte contratante del convenio o acuerdo internacional por el que se haya creado una OROP, y cualquier Estado, entidad pesquera u otra entidad que coopere con esa organización y tenga la condición de parte cooperante no contratante con respecto a dicha organización; [Enm. 27]

f ter)   «fletamento»: un acuerdo mediante el cual un buque pesquero que enarbole el pabellón de un Estado miembro es contratado por un periodo determinado por un operador de otro Estado miembro o de un tercer país sin cambio de pabellón; [Enm. 77]

TÍTULO II

ACTIVIDADES PESQUERAS DE LOS BUQUES PESQUEROS DE LA UNIÓN FUERA DE LAS AGUAS DE LA UNIÓN

Capítulo I

Disposiciones comunes

Artículo 4

Principios generales

Sin perjuicio de la obligación de obtener una autorización de la organización competente o de un tercer país, los buques pesqueros de la Unión no podrán llevar a cabo actividades pesqueras fuera de las aguas de la Unión a menos que estén en posesión de una autorización de pesca expedida por el Estado miembro del pabellón.

Artículo 5

Criterios de admisibilidad

1.  El Estado miembro del pabellón solo podrá conceder una autorización de pesca para actividades de pesca fuera de las aguas de la Unión si:

a)  ha recibido información completa y exacta, de conformidad con los anexos 1 y 2 el anexo, del buque pesquero y de los buques de apoyo asociados, incluidos los buques de apoyo no pertenecientes a la Unión; [Enm. 28]

b)  el buque tiene una licencia de pesca válida con arreglo al artículo 6 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009;

c)  el buque pesquero y cualquier buque de apoyo asociado poseen un número OMI, cuando así lo requiera la legislación de la Unión; [Enm. 29]

d)  el operador y el capitán del buque pesquero, así como el buque pesquero de que se trate, no han sido objeto de una sanción por una infracción grave de acuerdo con el derecho nacional del Estado miembro con arreglo al artículo 42 del Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo y al artículo 90 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, durante los doce meses anteriores a la solicitud de autorización de pesca; [Enm. 78]

e)  el buque pesquero no figura en una lista de buques de pesca INDNR adoptada por una OROP y/o por la Unión de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1005/2008;

f)  en su caso, el Estado miembro del pabellón dispone de posibilidades de pesca en virtud del acuerdo de pesca de que se trate o de las disposiciones pertinentes de la OROP; y

g)  en su caso, el buque pesquero cumple los requisitos establecidos en el artículo 6.

2.  La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 43, a efectos de modificar los anexos.

Artículo 6

Operaciones de cambio de pabellón

1.  El presente artículo se aplicará a los buques que, en el plazo de cinco durante los dos años a partir de la fecha de anteriores a la solicitud de autorización de pesca, hayan:

a)  sido suprimidos del registro de la flota pesquera de la Unión y cambiado de pabellón por el de un tercer país; y

b)  vuelto a integrar el registro de la flota pesquera de la Unión en el plazo de 24 meses a partir de la fecha de su supresión del registro.

2.  El Estado miembro del pabellón solo podrá conceder una autorización de pesca si tiene constancia de ha verificado que, durante el período en que el buque a que se refiere el apartado 1 operado bajo pabellón de un tercer país:

a)  no ha participado en actividades de pesca INDNR; y

b)  no ha ejercido sus actividades en las aguas de un tercer país no cooperante conforme a los artículos 31 y 33 del Reglamento (CE) n.º 1005/2008 ni en las de un tercer país identificado como país que autoriza una pesca no sostenible con arreglo al artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1026/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

3.  A tal fin, los operadores facilitarán toda la información siguiente relativa al período pertinente durante el cual el buque operó bajo pabellón de un tercer país exigida por el Estado miembro del pabellón, que incluirá, al menos:

a)  una declaración de las capturas y del esfuerzo de pesca durante el período considerado;

b)  una copia de la autorización de pesca expedida por el Estado del pabellón correspondiente al período considerado;

c)  una copia de toda autorización de pesca que permitiera las operaciones de pesca en aguas de terceros países durante el período considerado;

d)  una declaración oficial del tercer país del que el buque ha adoptado el pabellón, en la que se enumeren las sanciones impuestas al buque o al operador durante el período considerado.

d bis)  el historial completo del pabellón durante el periodo en el que el buque ha estado suprimido del registro de la Unión.

4.  El Estado miembro del pabellón no podrá expedir una autorización de pesca para un buque que haya cambiado de pabellón:

a)  en un tercer país identificado o enumerado como país no cooperante en la lucha contra la pesca INDNR, en aplicación de los artículos 31 y 33 del Reglamento (CE) n.º 1005/2008; o

b)  en un tercer país identificado como país que autoriza una pesca no sostenible, en aplicación del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 1026/2012.

5.  El apartado 4 no se aplicará en caso de que el Estado miembro del pabellón tenga constancia de que, tan pronto como el país fue identificado como país no cooperante contra la pesca INDNR o como país que autoriza una pesca no sostenible, el operador:

a)  cesó las operaciones de pesca; y

b)  inició inmediatamente los procedimientos administrativos pertinentes para retirar el buque del registro de la flota pesquera del tercer país. [Enm. 31]

Artículo 7

Control de las autorizaciones de pesca.

1.  Cuando solicite una autorización de pesca, el operador proporcionará al Estado miembro del pabellón información completa y exacta.

2.  El operador informará inmediatamente al Estado miembro del pabellón de cualquier modificación de los datos correspondientes.

3.  El Estado miembro del pabellón controlará, al menos una vez al año, si las condiciones con arreglo a las cuales se expidió la autorización de pesca siguen cumpliéndose durante todo el período de validez de esta.

4.  Si deja de cumplirse una de las condiciones con arreglo a la cual se expidió una autorización de pesca, el Estado miembro del pabellón modificará adoptará las medidas adecuadas, incluida la modificación o retirará la retirada de la autorización y lo notificará inmediatamente al operador y a la Comisión y, si procede, a la Secretaría de la OROP o al tercer país interesado en consecuencia.

5.  A petición debidamente justificada de la Comisión, el Estado miembro del pabellón deberá denegar, suspender o revocar la autorización en caso de:

a)  razones estratégicas imperiosas relativas a motivos de urgencia imperiosa relacionados con una amenaza grave para la explotación sostenible, la gestión y la conservación de los recursos biológicos marinos;

b)  o a la prevención o supresión graves violaciones relacionadas con el artículo 42 del Reglamento (CE) n.º 1005/2008 o el artículo 90, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, en el marco de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), o con objeto de impedirla, en caso de riesgo elevado; o en casos en

c)  que la Unión haya decidido suspender o romper sus relaciones con el tercer país considerado.

La petición debidamente justificada a que se hace referencia en el primer párrafo deberá ir acompañada de información pertinente y adecuada. La Comisión informará inmediatamente al operador y al Estado miembro del pabellón cuando realice una petición debidamente justificada. Dicha petición de la Comisión irá seguida de un periodo de consultas de quince días entre la Comisión y el Estado miembro del pabellón.

6.  En caso de que, al final del periodo de quince días mencionado en el apartado 5, la Comisión confirme su petición y el Estado miembro del pabellón no deniegue, suspenda o revoque la autorización de conformidad con los apartados 4 y 5, la Comisión, después de otros cinco días, podrá decidir retirar la autorización y notificarlo notificará su decisión al Estado miembro del pabellón y al operador. [Enm. 32]

Capítulo II

Actividades pesqueras de buques pesqueros de la Unión en aguas de terceros países

Sección 1

Actividades pesqueras al amparo de acuerdos de colaboración de pesca sostenible

Artículo 8

Pertenencia a una OROP

Los buques pesqueros de la Unión solo podrán llevar a cabo actividades pesqueras en aguas de un tercer país en relación con las poblaciones gestionadas por una OROP si ese país es parte contratante o parte cooperante no contratante de dicha OROP. En caso de acuerdos de colaboración de pesca sostenibles celebrados antes de … [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], este apartado se aplicará … [cuatro años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. [Enm. 33]

La Unión podrá destinar una parte de los recursos financieros dirigidos al apoyo sectorial a los países terceros con los que mantiene acuerdos de colaboración de pesca sostenibles, a fin de ayudarles a adherirse a organizaciones regionales de pesca. [Enm. 34]

Artículo 9

Ámbito de aplicación

La presente sección se aplicará a las actividades pesqueras llevadas a cabo por buques pesqueros de la Unión en aguas de terceros países en virtud de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible.

La Unión velará por la compatibilidad de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible con el presente Reglamento. [Enm. 35]

Artículo 10

Autorizaciones de pesca

Los buques pesqueros de la Unión no podrán llevar a cabo actividades pesqueras en aguas de un tercer país en el marco de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible a menos que estén en posesión de una autorización de pesca expedida:

a)  por su Estado miembro del pabellón el tercer país con soberanía o jurisdicción sobre las aguas en las que se llevan a cabo las actividades; y [Enm. 36]

b)  por.el tercer país con soberanía o jurisdicción sobre las aguas en las que se llevan a cabo las actividades. su Estado miembro del pabellón [Enm. 37]

Artículo 11

Condiciones relativas a las autorizaciones de pesca por el Estado miembro del pabellón

El Estado miembro del pabellón solo podrá conceder una autorización de pesca para las actividades pesqueras llevadas a cabo en aguas de un tercer país en el marco de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible si:

a)  se cumplen los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 5;

b)  si se cumplen las condiciones establecidas en el correspondiente acuerdo de colaboración de pesca sostenible;

c)  el operador ha pagado todas las tasas; sanciones financieras requeridas por la autoridad competente del tercer país durante los últimos doce meses.

c bis)   el operador ha pagado todas las sanciones financieras aplicables impuestas por la autoridad competente del tercer país una vez finalizados los procedimientos jurídicos aplicables; y [Enm. 38]

c ter)   el buque pesquero dispone de una autorización del país tercero del que se trate. [Enm. 39]

Artículo 12

Gestión de las autorizaciones de pesca

1.  Una vez que ha expedido una autorización de pesca verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en las letras a), b) y c) del artículo 11, el Estado miembro del pabellón remitirá a la Comisión la solicitud correspondiente para la obtención de autorización del tercer país.

2.  La solicitud a que se refiere el apartado 1 contendrá la información contemplada en los anexos 1 y 2 el anexo, así como todos los demás datos exigidos en el marco del acuerdo de colaboración de pesca sostenible.

3.  El Estado miembro del pabellón transmitirá la solicitud a la Comisión al menos diez quince días naturales antes de la fecha límite de envío de las solicitudes establecida en el acuerdo de colaboración de pesca sostenible. La Comisión podrá pedir enviar una petición debidamente justificada al Estado miembro del pabellón para solicitar toda la información adicional que considere necesaria.

4.  Cuando considere queEn un plazo de diez días naturales a partir de la recepción de la solicitud o, en caso de que se solicitara información adicional de conformidad con el apartado 3, en un plazo de quince días naturales a partir de la recepción de la solicitud, la Comisión llevará a cabo un examen preliminar a fin de determinar si se cumplen las condiciones establecidas en el del artículo 11., La Comisión transmitirá la solicitud al tercer país o notificará al Estado miembro que ha sido rechazada.

5.  En caso de que un tercer país informe a la Comisión de que ha decidido expedir, rechazar, suspender o retirar una autorización de pesca expedida a un buque pesquero de la Unión en virtud del acuerdo, la Comisión informará inmediatamente de ello al Estado miembro del pabellón, a ser posible por medios electrónicos. El Estado miembro del pabellón transmitirá inmediatamente dicha información al armador del buque. [Enm. 40]

Artículo 13

Reasignación temporal de las posibilidades de pesca no utilizadas en el marco de acuerdos de colaboración de pesca sostenible

1.  Durante un año concreto, o cualquier otro Al final de la primera mitad del período pertinente de aplicación de un protocolo de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible, la Comisión podrá determinar las posibilidades de pesca no utilizadas e informará de ello a los Estados miembros beneficiarios de las cuotas correspondientes de la asignación.

2.  En el plazo de diez veinte días a partir de la recepción de esta información de la Comisión, los Estados miembros a que se refiere el apartado 1 podrán:

a)  informar a la Comisión de que utilizarán sus posibilidades de pesca a lo largo del año o en el de la segunda mitad período de aplicación en cuestión, facilitando un plan de pesca con información detallada sobre el número de autorizaciones solicitadas, las capturas estimadas, la zona y el período de pesca; o

b)  notificar a la Comisión los intercambios de las posibilidades de pesca, de conformidad con el artículo 16, apartado 8, del Reglamento de base.

3.  En caso de que algunos Estados miembros no hayan comunicado a la Comisión una de las informaciones a las que se hace referencia en el apartado 2 y si, en consecuencia, no se utilizan todas las posibilidades de pesca, durante un periodo de diez días a partir del periodo mencionado en el apartado 2 la Comisión podrá poner en marcha una convocatoria de manifestaciones de interés para las posibilidades de pesca no utilizadas disponibles entre los demás Estados miembros que se benefician de una cuota de la asignación inicial.

4.  En el plazo de diez días a partir de la recepción de la convocatoria de esas manifestaciones de interés, los Estados miembros podrán comunicar a la Comisión su interés por las posibilidades de pesca no utilizadas. En apoyo de su petición, remitirán un plan de pesca con información detallada sobre el número de autorizaciones solicitadas, las capturas estimadas, la zona y el período de pesca.

5.  Si lo considera necesario para evaluar la solicitud, la Comisión podrá solicitar información adicional a los Estados miembros sobre el número de autorizaciones de pesca solicitadas, las estimaciones de capturas, la zona y el período de pesca.

6.  Al final del periodo de diez días, a falta de interés por las posibilidades de pesca no utilizadas por parte de los Estados miembros que se benefician de una cuota de la asignación inicial, la Comisión podrá publicar una convocatoria de manifestaciones de interés para todos los Estados miembros. Los Estados miembros podrán comunicar su interés por las posibilidades de pesca no utilizadas de conformidad con las condiciones a que se hace referencia en el apartado 4.

7.  Sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros de conformidad con los apartados 4 o 5 y en estrecha cooperación con ellos, la Comisión reasignará únicamente sobre una base temporal, las posibilidades de pesca no utilizadas, sobre una base temporal con arreglo al método establecido en el artículo 14.

7 bis.   La reasignación mencionada en el apartado 7 se aplicará únicamente durante la segunda mitad del periodo de aplicación a que se hace referencia en el apartado 1, y solo se producirá una vez durante ese período.

7 ter.   La Comisión informará a los Estados miembros de:

a)   los Estados miembros beneficiarios de la reasignación;

b)   las cantidades otorgadas a los Estados miembros a los que se haya efectuado la reasignación; así como

c)   los criterios de adjudicación utilizados para la reasignación [Enm. 41]

Artículo 13 bis (nuevo)

Simplificación de los procedimientos relativos a la renovación anual de las autorizaciones de pesca existentes durante el periodo de aplicación del protocolo de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible vigente

Durante el periodo de vigencia de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible de la Unión deberían permitirse procedimientos más rápidos, simples y flexibles para la renovación de las licencias de los buques cuyo estado (características, pabellón, titularidad o cumplimiento) no haya registrado cambios de un año a otro. [Enm. 42]

Artículo 14

Método de reasignación temporal

1.  La Comisión podrá establecer, mediante actos de ejecución, un método de reasignación temporal de las posibilidades de pesca no utilizadas. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 45, apartado 2.

2.  Por razones imperativas de urgencia debidamente justificadas relativas al tiempo limitado restante para explotar las posibilidades de pesca no utilizadas, la Comisión adoptará actos de ejecución inmediatamente aplicables, de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 45, apartado 3. Estos actos estarán vigentes durante un periodo no superior a seis meses.

3.  Al establecer el método de reasignación, la Comisión tendrá en cuenta los criterios, transparentes y objetivos siguientes, tomando en consideración factores ambientales, sociales y económicos:

a)  las posibilidades de pesca disponibles para la reasignación,

b)  el número de Estados miembros solicitantes;

c)  la cuota asignada a cada Estado miembro solicitante en el momento de la asignación inicial de las posibilidades de pesca;

d)  los niveles históricos de captura y de esfuerzo de cada Estado miembro solicitante;

e)  el número, el tipo y las características de los buques y los artes de pesca utilizados;

f)  la coherencia del plan de pesca facilitado por los Estados miembros solicitantes con los elementos enumerados en las letras a) a e).

La Comisión publicará la justificación de su reasignación. [Enm. 43]

Artículo 15

Asignación de una cuota anual desglosada en varios límites de captura sucesivos

1.  En caso de que La asignación de las posibilidades de pesca en una situación en la que el protocolo de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible establezca límites de capturas mensuales o trimestrales u otras subdivisiones de una cuota anual, la Comisión podrá adoptar un acto de ejecución que establezca un método de asignación de las posibilidades de pesca entre los Estados miembros por un período mensual, trimestral o de otro tipo. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 45, apartado 2serán coherentes con las posibilidades de pesca anuales asignadas a los Estados miembros en virtud del acto jurídico pertinente de la Unión. Este principio no se aplicará cuando los Estados miembros afectados acuerden planes de pesca conjuntos que tengan en cuenta los límites de capturas mensuales o trimestrales u otras subdivisiones de una cuota anual. [Enm. 44]

2.  La asignación de las posibilidades de pesca a que se refiere el apartado 1 será coherente con las posibilidades de pesca anuales asignadas a los Estados miembros en el Reglamento pertinente del Consejo. [Enm. 45]

Sección 2

Actividades de pesca al amparo de autorizaciones directas

Artículo 16

Ámbito de aplicación

La presente sección se aplicará a las actividades de pesca de buques pesqueros de la Unión fuera del marco de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible en aguas de terceros países.

Artículo 17

Autorizaciones de pesca

Los buques pesqueros de la Unión no podrán llevar a cabo actividades pesqueras en aguas de un tercer país en el marco de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible a menos que estén en posesión de una autorización de pesca expedida por:

a)  su Estado miembro del pabellón; el tercer país con soberanía o jurisdicción sobre las aguas en las que llevan a cabo las actividades así como [Enm. 46]

b)  el tercer país con soberanía o jurisdicción sobre las aguas en las que llevan a cabo las actividades. su Estado miembro del pabellón.[Enm. 47]

Un Estado miembro del pabellón podrá expedir una autorización de pesca para las actividades pesqueras llevadas a cabo en aguas de terceros países siempre que el protocolo de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible aplicable a dichas aguas no haya estado en vigor en el tercer país en cuestión durante al menos los tres años precedentes.

En caso de renovación del protocolo, la autorización de pesca se retirará automáticamente a partir de la fecha de entrada en vigor de dicho protocolo. [Enm. 48]

Artículo 18

Condiciones relativas a las autorizaciones de pesca por los Estados miembros del pabellón

El Estado miembro del pabellón solo podrá conceder una autorización de pesca para las actividades de pesca llevadas a cabo en aguas de un tercer país fuera del marco de un acuerdo de colaboración de pesca sostenible si:

a)  no existe un acuerdo de colaboración de pesca sostenible en vigor con el tercer país en cuestión, o el acuerdo de colaboración de pesca sostenible en vigor prevé expresamente la posibilidad de autorizaciones directas;

b)  se cumplen los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 5;

b bis)   existe un excedente de capturas admisibles como requiere el artículo 62, apartado 2, de la CNUDM;

c)  el operador ha facilitado cada una de las informaciones siguientes:

i)  una copia de la legislación pesquera facilitada al operador por el Estado ribereño;

ii)   una confirmación por escrito del autorización de pesca válida facilitada por el tercer país tras las discusiones que ha mantenido con el operador, de los términos de la autorización directa dirigida a dar al operador para las actividades de pesca propuestas que contenga acceso a sus los recursos pesqueros, en particular, la duración, las condiciones y las posibilidades de pesca expresadas en límites de capturas o de esfuerzo;

iii)   pruebas de la sostenibilidad de las actividades pesqueras previstas, sobre la base de los siguientes elementos:

—  una evaluación científica facilitada por el tercer país y/o por una OROP y/o un organismo regional de pesca con competencias científicas reconocido por la Comisión; así como

—  en caso de evaluación por un tercer país, un examen de esta evaluación por el Estado miembro del pabellón sobre la base de la evaluación de su instituto científico nacional o, si procede, del instituto científico de un Estado miembro competente para la pesca en cuestión;

—  una copia de la legislación pesquera del tercer país;

iv)  el número de una cuenta bancaria pública y oficial para el pago de todas las tasas; y

d)  cuando las actividades pesqueras estén dirigidas a especies gestionadas por una OROP, el tercer país sea parte contratante o parte colaboradora no contratante de esta organización. [Enm. 49]

Artículo 19

Gestión de las autorizaciones directas

1.  Tras expedir una autorización de pesca verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 18, el Estado miembro del pabellón remitirá a la Comisión la información pertinente contemplada en los anexos 1 y 2 el anexo y en el artículo 18.

2.  Si La Comisión no ha solicitado llevará a cabo un examen preliminar de la información a que se refiere el apartado 1. Asimismo, en el plazo de quince días podrá solicitar información o justificación adicional sobre alguna naturales a partir de la transmisión de la información a que se refiere el apartado 1, el Estado miembro del pabellón notificará al operador que puede comenzar las actividades de pesca, a condición de que también haya obtenido la autorización directa del tercer país.

3.  En caso de que, a raíz de la solicitud de información adicional o justificación contemplada en el apartado 2, la Comisión considere que no se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 18, podrá oponerse a la concesión de la autorización en el plazo de dos meses un mes a partir de la recepción inicial de toda la información o justificación solicitada.

3 bis.   No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 a 3 del presente artículo, en caso de renovación de una autorización de pesca en un periodo máximo de dos años a partir de la expedición de la autorización inicial en los mismos términos y condiciones acordados en la autorización inicial, el Estado miembro podrá expedir directamente la autorización una vez verificado el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 18, e informará sin demora a la Comisión. La Comisión dispondrá de quince días para formular objeciones de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 7.

4.  En caso de que un tercer país informe a la Comisión de que ha decidido expedir, rechazar, suspender o retirar una autorización directa expedida a un buque pesquero de la Unión, la Comisión informará inmediatamente de ello al Estado miembro del pabellón, que informará al armador del buque.

5.  En caso de que un tercer país informe al Estado miembro del pabellón de que ha decidido expedir, rechazar, suspender o retirar una autorización directa expedida a un buque pesquero de la Unión, el Estado miembro del pabellón informará inmediatamente de ello a la Comisión y al propietario del buque.

6.  El operador proporcionará al Estado miembro del pabellón una copia de las condiciones finales acordadas entre él y el tercer país, incluida una copia de la autorización directa.[Enm. 50]

Capítulo III

Actividades pesqueras de buques pesqueros de la Unión en el marco de una OROP

Artículo 20

Ámbito de aplicación

El presente capítulo se aplicará a las actividades de pesca llevadas a cabo por buques pesqueros de la Unión dirigidas a las poblaciones en el marco de una OROP, en aguas de la Unión, en alta mar y en aguas de terceros países.

Artículo 20 bis

Aplicación de los compromisos internacionales de la Unión en las OROP

Con el fin de aplicar los compromisos internacionales de la Unión en las OROP y de conformidad con los objetivos a que se refiere el artículo 28 del Reglamento de base, la Unión alentará la realización de evaluaciones periódicas de los resultados por organismos independientes, y desempeñará un papel activo en la creación y el refuerzo de comités de aplicación en todas las OROP de las que sea parte contratante. En particular velará por que dichos comités lleven a cabo la supervisión general de la aplicación de la política pesquera exterior y de las medidas decididas en el seno de la OROP. [Enm. 51]

Artículo 21

Autorizaciones de pesca

Los buques pesqueros de la Unión no podrán llevar a cabo actividades pesqueras dirigidas a las poblaciones gestionadas por una OROP a menos que:

-a)   la Unión es parte contratante de la organización regional de ordenación pesquera; [Enm. 52]

a)  cuenten con una autorización de pesca expedida por el Estado miembro del pabellón;

b)  figuren en el correspondiente registro o lista de buques autorizados de la OROP; y [Enm. 53]

c)  cuando las actividades pesqueras se realicen en aguas de terceros países, estén en posesión de una autorización de pesca del tercer país de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo II.

Artículo 22

Condiciones relativas a las autorizaciones de pesca por los Estados miembros del pabellón

El Estado miembro del pabellón solo podrá conceder una autorización de pesca si:

a)  se cumplen los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 5;

b)  se cumplen las normas establecidas por la OROP o la transposición de la legislación de la Unión; y

c)  cuando las actividades pesqueras se realicen en aguas de terceros países, se cumplen los criterios establecidos en los artículos 11 y 18.

Artículo 23

Registro por las OROPs

1.  El Estado miembro del pabellón comunicará a la Comisión la lista o listas de buques pesqueros activos definidos en el Reglamento de base y que, en su caso, tengan un registro de capturas asociado que haya autorizado para llevar a cabo actividades pesqueras en el marco de una OROP.

2.  La lista o listas a que se refiere el apartado 1 se elaborará de conformidad con los requisitos de la OROP y se acompañará de la información que figura en los anexos 1 y 2 el anexo.

3.  La Comisión podrá solicitar al Estado miembro del pabellón cualquier información adicional que considere necesaria en un plazo de diez días a partir de la recepción de la lista a que se refiere el apartado 1. La Comisión proporcionará una justificación para dicha solicitud.

4.  Cuando considere que se cumplen las condiciones del artículo 22, y en un plazo de quince días a partir de la recepción de la lista a que se refiere el apartado 1, la Comisión transmitirá la lista o listas de buques autorizados a la OROP.

5.  Si el registro o la lista de la OROP no son públicos, la Comisión informará al Estado miembro del pabellón remitirá la lista de los buques incluidos en este registro o esta lista. autorizados a los Estados miembros que participen en la pesquería en cuestión. [Enm. 54]

Capítulo IV

Actividades pesqueras de buques pesqueros de la Unión en alta mar

Artículo 24

Ámbito de aplicación

El presente capítulo se aplicará a las actividades de pesca llevadas a cabo en alta marpor buques pesqueros de la Unión de eslora total superior a 24 metros. [Enm. 55]

Artículo 25

Autorizaciones de pesca

Los buques pesqueros de la Unión no podrán llevar a cabo actividades pesqueras en alta mar a menos que:

a)  estén en posesión de una autorización de pesca expedida por el Estado miembro del pabellón de dicho buque, basada en una evaluación científica que demuestre la sostenibilidad de las actividades pesqueras propuestas y que haya sido validada por su instituto científico nacional o, en su caso, por el instituto científico de un Estado miembro competente para la pesca en cuestión; así como [Enm. 56]

b)  la autorización de pesca haya sido notificada a la Comisión de conformidad con el artículo 27.

Artículo 26

Condiciones relativas a las autorizaciones de pesca por el Estado miembro del pabellón

El Estado miembro del pabellón solo podrá conceder una autorización de pesca para llevar a cabo actividades pesqueras en alta mar si:

a)   se cumplen los criterios de admisibilidad previstos en el artículo 5.

b)  las actividades pesqueras previstas:

− se basan en un enfoque ecosistémico de la gestión de la pesca tal como se define en el artículo 4, punto 9, del Reglamento de base; así como

son acordes con una evaluación científica que tenga en cuenta laconservación de los recursos marinos vivos y de los ecosistemas marinos, facilitada por el instituto científico nacional del Estado miembro del pabellón. [Enm. 57]

Artículo 27

Notificación a la Comisión

El Estado miembro del pabellón notificará la autorización de pesca a la Comisión al menos quince días ocho días y medio antes del inicio de las actividades pesqueras en alta mar, aportando la información contemplada en los anexos 1 y 2.el anexo. [Enm. 58]

Capítulo V

Fletamento de buques pesqueros de la Unión

Artículo 28

Principios

1.  Los buques pesqueros de la Unión no podrán llevar a cabo actividades pesqueras al amparo de acuerdos de fletamento cuando está en vigor un acuerdo de colaboración de pesca sostenible, salvo disposición en contrario de dicho acuerdo.

2.  Los buques pesqueros de la Unión no podrán llevar a cabo actividades pesqueras en virtud de más de un acuerdo de fletamento a la vez o de un acuerdo de subfletamento.

2 bis.   Los buques de la Unión faenarán en virtud de acuerdos de fletamento en aguas amparadas por una organización regional de ordenación pesquera solo si el Estado al que se fleta el buque es parte contratante de dicha organización.

3.  Los buques pesqueros de la Unión fletados no podrán utilizar las posibilidades de pesca de su Estado miembro del pabellón durante el periodo de fletamento. Las capturas de un buque fletado deberán deducirse de las posibilidades de pesca del Estado de fletamento.

3 bis.   Ninguna disposición del presente Reglamento reducirá las responsabilidades del Estado miembro del pabellón por lo que respecta a sus obligaciones en virtud del Derecho internacional, el Reglamento (CE) n.º 1224/2009, el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 u otras disposiciones de la política pesquera común, incluidos los requisitos de información. [Enm. 59]

Artículo 29

Gestión de las autorizaciones de pesca en virtud de un acuerdo de fletamento

Cuando se expida una autorización de pesca para un buque de conformidad con los artículos 11, 18, 22 o 26, y las actividades pesqueras se realicen al amparo de un acuerdo de fletamento, el Estado miembro del pabellón se asegurará de que:

a)  la autoridad competente del Estado de fletamento ha confirmado oficialmente que el acuerdo cumple con su legislación nacional; y

b)  ellos detalles del acuerdo de fletamento se especifica especifican en la autorización de pesca, incluidos el período, las posibilidades y la zona de pesca. [Enm. 60]

Capítulo VI

Obligaciones de control y de notificación

Artículo 30

Datos del programa de observadores

Si los datos se recogen a bordo de un buque pesquero de la Unión con arreglo a un programa de observadores de conformidad con la legislación de la Unión o de la OROP, el operador del buque comunicará esos datos a su Estado miembro del pabellón. [Enm. 61]

Artículo 31

Transmisión de información a terceros países

1.  Al llevar a cabo actividades pesqueras en virtud del presente título, y si el acuerdo de colaboración de pesca sostenible con el tercer país así lo dispone, el operador de un buque pesquero de la Unión enviará las correspondientes declaraciones de capturas y declaraciones de desembarque al tercer país y enviará tanto a su Estado miembro del pabellón una copia de dicha comunicación como al tercer país.

2.  El Estado miembro del pabellón evaluará la coherencia de los datos enviados al tercer país a que se refiere el apartado 1 con los datos que haya recibido de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1224/2009. En caso de incoherencia de los datos, el Estado miembro investigará si esta incoherencia constituye pesca INDNR a tenor del artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 1005/2008 y adoptará las medidas adecuadas, de conformidad con los artículos 43 y 47 de dicho Reglamento.

3.  La ausencia de transmisión de las declaraciones de capturas y de desembarque al tercer país a que se refiere el apartado 1 se considerará una infracción grave a efectos de la aplicación de las sanciones y otras medidas contempladas por la política pesquera común. La gravedad de la infracción será determinada por la autoridad competente del Estado miembro teniendo en cuenta criterios tales como la naturaleza del daño, su valor, la situación económica del contraventor y la importancia o la repetición de la infracción.[Enm. 62]

Artículo 31 bis

Requisitos de pertenencia a una OROP

Los buques pesqueros de terceros países solo podrán llevar a cabo actividades pesqueras en aguas de la Unión en relación con las poblaciones gestionadas por una OROP si el tercer país es parte contratante de dicha OROP. [Enm. 63]

TÍTULO III

ACTIVIDADES PESQUERAS DE LOS BUQUES PESQUEROS DE TERCEROS PAÍSES EN AGUAS DE LA UNIÓN

Artículo 32

Principios generales

1.  Los buques pesqueros de terceros países no podrán ejercer actividades pesqueras en aguas de la Unión a menos que estén en posesión de una autorización de pesca expedida por la Comisión. Esta autorización solo se concederá si los buques pesqueros cumplen los criterios de admisibilidad establecidos en el artículo 5. [Enm. 64]

2.  Los buques pesqueros de un tercer país terceros países autorizados para faenar en aguas de la Unión deberán cumplir las normas que regulan las actividades pesqueras de los buques de la Unión en la zona de pesca en que operen. En caso de que y las disposiciones del acuerdo de pesca pertinente difieran, éstas deberán mencionarse explícitamente en dicho acuerdo o mediante normas acordadas con el tercer país que ejecuta el acuerdo. [Enm. 65]

3.  Si un buque pesquero de un tercer país navega en aguas de la Unión sin una autorización expedida con arreglo al presente Reglamento, sus artes de pesca deberán permanecer trincados y estibados de manera que no sean fácilmente utilizables para las operaciones de pesca.

Artículo 33

Condiciones relativas a las autorizaciones de pesca

La Comisión solo podrá expedir una autorización a un buque pesquero de un tercer país para llevar a cabo su actividad en aguas de la Unión si:

-a)   existe un excedente de capturas admisibles que cubriría la propuesta de posibilidades de pesca de conformidad con el artículo 62, apartados 2, y 3, de la CNUDM;

a)  la información contemplada en los anexos 1 y 2 el anexo relativa al buque pesquero y el buque o buques de apoyo asociados es completa y exacta y el buque pesquero y el buque o buques de apoyo asociados posee un número OMI cuando así lo requiere la legislación de la Unión;

b)  el operador y el capitán buque pesquero, así como el buque pesquero de que se trate, no han sido objeto de sanción por una infracción grave, de acuerdo con el derecho nacional del Estado miembro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo y en el artículo 90 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo durante los doce meses anteriores a la solicitud de autorización de pesca;

c)  el buque pesquero no figura en una ninguna lista de buques INDNR aprobada por un tercer país, una OROP o la Unión con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1005/2008 y/o el tercer país no está identificado o enumerado como no cooperante de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 o en el sentido de que permite una pesca no sostenible, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1026/2012;

d)  el buque pesquero cumple las condiciones para faenar en virtud del acuerdo de pesca con el tercer país y, en su caso, figura en la lista de buques de dicho acuerdo. [Enm. 66]

Artículo 34

Procedimiento de expedición de las autorizaciones de pesca

1.  El tercer país presentará a la Comisión las solicitudes de sus buques pesqueros antes de que expire el plazo establecido en el acuerdo de que se trate o fijado por la Comisión.

2.  La Comisión podrá solicitar al Estado miembro del pabellón toda la información adicional que considere necesaria.

3.  Cuando considere que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 33, la Comisión expedirá una autorización de pesca e informará de ello al tercer país y a los Estados miembros interesados.

Artículo 35

Control de las autorizaciones de pesca

1.  Si deja de cumplirse una de las condiciones establecidas en el artículo 33, la Comisión modificará o retirará la autorización e informará de ello al tercer país y a los Estados miembros interesados.

2.  La Comisión podrá denegar, suspender o revocar la autorización:

a)  cuando haya tenido lugar un cambio fundamental de circunstancias o cuando razones estratégicas imperiosas relativas, en casos relativos, entre otras cosas, a las normas internacionales de derechos humanos;

b)   por motivos de urgencia imperiosa relacionados con una amenaza grave para la explotación sostenible, la gestión y la conservación de los recursos biológicos marinos;

c)   cuando sea necesario adoptar medidas para impedir una infracción grave conforme al artículo 42 del Reglamento (CE) n.º 1005/2008 o el artículo 90, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1224/2009 , relacionada con o a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; lo justifiquen o

d)   cuando, por tal razón imperiosa o cualquier otra razón estratégica, la Unión haya decidido suspender o romper sus relaciones con el tercer país considerado.

La Comisión informará inmediatamente al tercer país en caso de que deniegue, suspenda o revoque la autorización de conformidad con el primer párrafo. [Enm. 67]

Artículo 36

Cierre de las actividades pesqueras

1.  Cuando se consideren agotadas las posibilidades de pesca concedidas a un tercer país, la Comisión lo notificará inmediatamente a dicho país y a las autoridades de inspección competentes de los Estados miembros. A fin de velar por la continuidad de las actividades pesqueras dirigidas a las posibilidades de pesca no agotadas que también puedan afectar a las posibilidades de pesca agotadas, el tercer país presentará a la Comisión medidas técnicas tendentes a evitar todo efecto negativo en las posibilidades de pesca agotadas. A partir de la fecha de la notificación contemplada en el apartado 1, las autorizaciones de pesca expedidas a los buques que enarbolen el pabellón del tercer país se considerarán suspendidas para las actividades pesqueras consideradas y los buques dejarán de estar autorizados para llevar a cabo dichas actividades pesqueras.

2.  Las autorizaciones de pesca se considerarán retiradas cuando la suspensión de las actividades pesqueras con arreglo al apartado 2 afecte a todas las actividades para las que se les hayan concedido las autorizaciones.

3.  El tercer país se asegurará de que los buques pesqueros afectados sean informados inmediatamente de la aplicación del presente artículo y de que pongan fin a todas las actividades pesqueras consideradas.

Artículo 37

Sobrepesca de cuotas en aguas de la Unión

1.  Cuando la Comisión compruebe que un tercer país ha rebasado las cuotas que le han sido asignadas para una población o grupo de poblaciones, efectuará deducciones de las cuotas de los años siguientes asignadas a dicho país para la población o grupo de poblaciones de peces en cuestión. El importe de la reducción estará en consonancia con el artículo 105 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009. [Enm. 68]

2.  Si la deducción con arreglo al apartado 1 no puede efectuarse en relación con la cuota de una población o grupo de poblaciones rebasada por no disponer el tercer país de una cuota suficiente de esa población o grupo de poblaciones, la Comisión, previa consulta a dicho tercer país, podrá efectuar deducciones de las cuotas de los años siguientes de otras poblaciones o grupos de poblaciones disponibles para ese Estado miembro en la misma zona geográfica o con el mismo valor comercial.

Artículo 38

Control y ejecución

1.  Los buques de un tercer país autorizados para faenar en las aguas de la Unión deberán cumplir las normas que regulan las actividades pesqueras de los buques de la Unión en la zona de pesca en que operen.

2.  Los buques de un tercer país autorizados para faenar en las aguas de la Unión deberán facilitar a la Comisión, o al organismo designado por ella, y, en su caso, al Estado miembro ribereño, los datos que los buques de la Unión deben enviar al Estado miembro del pabellón de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1224/2009.

3.  La Comisión, o el organismo designado por ella, enviará los datos contemplados en el apartado 2 al Estado miembro ribereño.

4.  Los buques de un tercer país autorizados para faenar en aguas de la Unión facilitarán, previa solicitud, a la Comisión, o al organismo designado por ella, los informes de observadores elaborados con arreglo a los programas de observadores aplicables.

5.  El Estado miembro ribereño deberá registrar todas las infracciones cometidas por buques pesqueros de terceros países, incluidas las sanciones correspondientes, en el registro nacional previsto en el artículo 93 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009.

6.  La Comisión remitirá al tercer país la información contemplada en el apartado 5 para que este tome las medidas apropiadas.

El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de las consultas celebradas entre la Unión y terceros países. A este respecto, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 44, a fin de aplicar en el Derecho de la Unión el resultado de las consultas con terceros países relativas a las modalidades de acceso.

TÍTULO IV

Datos e información

Artículo 39

Registro de autorizaciones de pesca de la Unión

1.  La Comisión creará y llevará un registro electrónico de autorizaciones de pesca de la Unión, que comprenderá todas las autorizaciones de pesca concedidas en virtud de los títulos II y III e incluirá una parte de acceso público y una parte segura. Dicho registro:

a)  consignará toda la información contemplada en los anexos 1 y 2 el anexo e indicará el estado de cada autorización en tiempo real;

b)  se utilizará para el intercambio de datos e información entre la Comisión y el Estado miembro; y

c)  se utilizará exclusivamente con fines de gestión sostenible de las flotas pesqueras.

2.  La lista de autorizaciones de pesca del registro será accesible al público y contendrá los datos siguientes:

a)  nombre y pabellón del buque y sus números CFR y OMI cuando así lo requiera la legislación de la Unión;

a bis)   nombre, ciudad y país de residencia del propietario de la empresa o del titular real;

b)  tipo de autorización, incluidas las posibilidades de pesca; así como

c)  tiempo autorizado y zona de la actividad de pesca (fechas de inicio y finalización; zona de pesca).

3.  Los Estados miembros utilizarán el registro para presentar las autorizaciones de pesca a la Comisión y mantener sus datos actualizados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 19, 23 y 27. [Enm. 69]

Artículo 40

Requisitos técnicos

El intercambio de información a que se refieren los títulos II, III y IV se llevará a cabo en formato electrónico. La Comisión podrá adoptar actos de ejecución, sin perjuicio de las disposiciones de la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (18), por la que se establecen los requisitos técnicos y operativos para el registro, formato y transmisión de la información a que se hace referencia en los títulos. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 45, apartado 2.

Para hacer operativo un registro de autorizaciones de pesca de la Unión y permitir a los Estados miembros cumplir los requisitos técnicos de transmisión, la Comisión proporcionará asistencia técnica a los Estados miembros interesados. Para ello, ayudará a las autoridades nacionales a transmitir la información que los titulares deben suministrar para cada tipo de autorización y, en un plazo de … [seis meses a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], desarrollará una aplicación informática que permitirá a los Estados miembros transmitir de forma automática y en tiempo real al registro de autorizaciones de pesca de la Unión datos relativos a las solicitudes de autorización y a las características de los buques. [Enm. 70]

Para la ayuda técnica y financiera a la transferencia de la información, los Estados miembros podrán recurrir a la ayuda financiera del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca en virtud del artículo 76, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(19). [Enm. 71]

Artículo 41

Acceso a los datos

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 110 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, los Estados miembros o la Comisión podrán conceder el acceso a la parte segura del registro de autorizaciones de pesca de la Unión a que se refiere el artículo 39 a los servicios administrativos competentes pertinentes participantes en la gestión de las flotas pesqueras.

Artículo 42

Gestión de los datos, protección de los datos personales y confidencialidad

Los datos obtenidos en virtud del presente Reglamento se tratarán de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 110, 111 y 113 del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, el Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Directiva 95/46/CE y sus medidas nacionales de aplicación.

Artículo 43

Relaciones con terceros países y OROPs

1.  Cuando un Estado miembro reciba información de un tercer país o de una OROP relevante para la aplicación efectiva del presente Reglamento, la comunicará a los demás Estados miembros afectados, a la Comisión o al organismo designado por esta, en la medida en que lo permitan los acuerdos bilaterales con ese tercer país o las normas de dicha OROP.

2.  La Comisión o el organismo designado por esta podrán comunicar, en el marco de los acuerdos de pesca celebrados entre la Unión y terceros países, bajo los auspicios de OROPs o de organizaciones de pesca similares de los que la Unión sea parte contratante o parte no contratante colaboradora no contratante, la información pertinente sobre el incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento, o las infracciones graves a que se refiere el artículo 42, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 1005/2008, y en el artículo 90, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1224/2009, a otras partes de esos acuerdos u organizaciones, previo consentimiento del Estado miembro que haya proporcionado la información y de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 45/2001. [Enm. 72]

TÍTULO V

Procedimientos, delegación y medidas de aplicación

Artículo 44

Ejercicio de la delegación

1.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.  Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar los actos delegados contemplados en el artículo 5, apartado 2, durante un periodo de cinco años a partir de … [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período. [Enm. 73]

3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 5, apartado 2, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

3 bis.  Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo nterinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016.

4.  Cuando la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 5, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 45

Procedimiento de Comité

1.  La Comisión estará asistida por el Comité de Pesca y Acuicultura establecido con arreglo al artículo 47 del Reglamento de base. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

2.  Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.

3.  Cuando se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, leído en relación con su artículo 5.

TÍTULO VI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 46

Derogaciones

1.  Queda derogado el Reglamento (CE) n.º 1006/2008.

2.  Las referencias al Reglamento derogado se entenderán hechas al presente Reglamento.

Artículo 47

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en …, el

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

El Presidente El Presidente

Anexo 1

Lista de la información que debe facilitarse para la expedición de una autorización de pesca

*Indica campos obligatorios (los puntos 22 a 25 y 28 a 48 pueden no rellenarse si es posible extraer la información automáticamente del registro de la flota de la Unión mediante el número CFR o el número OMI)

I

SOLICITANTE

1

Nombre del operador económico*

2

Correo electrónico*

3

Dirección

4

Fax

5

Número de identificación fiscal (SIRET, NIF…)*

6

Teléfono

7

Nombre del agente (con arreglo a las disposiciones del Protocolo)*

8

Correo electrónico*

9

Dirección

10

Fax

11

Teléfono

12

Nombre de la asociación o del agente que representa al operador económico*

13

Correo electrónico*

14

Dirección

15

Fax

16

Teléfono

17

Nombre y apellidos del capitán*

18

Correo electrónico*

19

Nacionalidad*

20

Fax

21

Teléfono

II

IDENTIFICACIÓN DEL BUQUE, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ARMAMENTO

22

Nombre del buque*

23

Estado del pabellón*

24

Fecha de adquisición del pabellón actual*

25

Señalización exterior*

26

Número de la OMI* (UVI)

27

Número CFR*

28

Indicativo internacional de llamada de radio (IRCS)*

29

Frecuencia de llamada*

30

Número de teléfono por satélite

31

MMSI*

32

Año y lugar de construcción*

33

Pabellón anterior y fecha de adquisición (si procede)*

34

Material del casco: acero / madera / poliéster / otro*

35

Baliza SLB*

36

Modelo*

37

Número de serie*

38

Versión del software*

39

Operador del satélite*

40

Fabricante del SLB (nombre)

41

Eslora total del buque*

42

Manga del buque*

43

Calado*

44

Toneladas (en arqueo bruto)*

45

Potencia del motor principal (kW)*

46

Tipo de motor

47

Marca

48

Número de serie del motor*

III

CATEGORÍA DE PESCA PARA LA QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE PESCA

49

Tipo de buque (código de la FAO)*

50

Tipo de arte (código de la FAO)*

53

Zonas de pesca (código de la FAO)*

54

Divisiones de pesca - FAO - o Estado ribereño*

55

Puerto (s) de desembarque

56

Puerto(s) de transbordo

57

Código FAO de la especie objetivo o categoría de pesca (Acuerdo de colaboración de pesca sostenible)*

58

Período de autorización solicitado (fechas de inicio y final)

59

Número de registro de la OROP* (si se conoce)

60

Fecha de entrada en el registro de la OROP* (si se conoce)

61

Tamaño de la tripulación máxima total*

62

De [PAÍS SOCIO]

63

De los Países ACP:

64

Método de conservación del pescado/transformación a bordo*: Pescado fresco/refrigeración/congelación/harina de pescado/aceite de pescado/fileteado

65

Lista de buques de apoyo: nombre/número OMI/número CFR

IV

FLETAMENTO

66

Buque que faena en virtud de acuerdo de fletamento*: Sí / No

67

Tipo de acuerdo de fletamento

68

Período de fletamento (fechas de inicio y final)

69

Posibilidades de pesca (toneladas) asignadas al buque en fletamento*

70

Tercer país que asigna posibilidades de pesca al buque en fletamento*

Documentos anexos (lista): [Enm. 74]

Anexo 2

Lista de la información que debe facilitarse para un buque de apoyo que asiste a un buque pesquero descrito en el anexo 1

*Indicacampos obligatorios (los puntos 22 a 25 y 28 a 33 pueden no rellenarse en relación con un buque de apoyo con pabellón de la Unión si es posible extraer la información automáticamente del registro de la flota de la Unión mediante el número CFR)

I

OPERADOR DEL BUQUE DE APOYO

1

Nombre del operador económico*

2

Correo electrónico*

3

Dirección

4

Fax

5

Número de identificación fiscal (SIRET, NIF…)*

6

Teléfono

7

Nombre del agente (con arreglo a las disposiciones del Protocolo)*

8

Correo electrónico*

9

Dirección

10

Fax

11

Teléfono

12

Nombre de la asociación o del agente que representa al operador económico*

13

Correo electrónico*

14

Dirección

15

Fax

16

Teléfono

17

Nombre y apellidos del capitán*

18

Correo electrónico*

19

Nacionalidad*

20

Fax

21

Teléfono

II

IDENTIFICACIÓN DEL BUQUE DE APOYO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ARMAMENTO

22

Nombre del buque*

23

Estado del pabellón*

24

Fecha de adquisición del pabellón actual*

25

Señalización exterior*

26

Número de la OMI* (UVI)

27

Número CFR (para los buques de la Unión, si se conoce)*

28

Indicativo internacional de llamada de radio (IRCS)*

29

Frecuencia de llamada*

30

Número de teléfono por satélite

31

MMSI*

32

Año y lugar de construcción

33

Pabellón anterior y fecha de adquisición (si procede)*

34

Material del casco: acero / madera / poliéster / otro

35

Baliza SLB

36

Modelo

37

Número de serie

38

Versión del software

39

Operador del satélite

40

Fabricante del SLB (nombre)

41

Eslora total del buque

42

Manga del buque

43

Calado

44

Toneladas (en arqueo bruto)

45

Potencia del motor principal (kW)

47

Tipo de motor

48

Marca

49

Número de serie del motor

III

INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PESCA APOYADAS

50

Zonas de pesca (código de la FAO)

51

Divisiones de pesca — FAO

52

Código FAO de la especie objetivo

53

Número de registro de la OROP*

54

Fecha de entrada en el registro de la OROP*

Documentos anexos (lista): [Enm. 75]

Anexo

Lista de la información que debe facilitarse para la expedición de una autorización de pesca

* campos obligatorios (los puntos 22 a 25 y 28 a 48 pueden no rellenarse si es posible extraer la información automáticamente del registro de la flota de la Unión mediante el número CFR o el número OMI)

I

SOLICITANTE

1

Identificador del buque (número OMI, número CFR, etc.)

2

Nombre del buque

3

Nombre del operador económico*

4

Correo electrónico*

5

Dirección

6

Fax

7

Número de identificación fiscal (SIRET, NIF…)*

8

Teléfono

9

Nombre del armador

10

Correo electrónico*

11

Dirección

12

Fax

13

Teléfono

14

Nombre de la asociación o del agente que representa al operador económico*

15

Correo electrónico*

16

Dirección

17

Fax

18

Teléfono

19

Nombre y apellidos del capitán*

20

Correo electrónico*

21

Nacionalidad*

22

Fax

23

Teléfono

II

CATEGORÍA DE PESCA PARA LA QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE PESCA

Tipo de autorización (acuerdo de pesca, autorización directa, OROP, carta, alta mar, buques auxiliares)

24

Tipo de buque (código de la FAO)*

25

Tipo de arte (código de la FAO)*

26

Zonas de pesca (código de la FAO)*

27

Código FAO de la especie objetivo o categoría de pesca (Acuerdo de colaboración de pesca sostenible)*

28

Período de autorización solicitado (fechas de inicio y final)

29

Número de registro de la OROP* (si se conoce)

30

Lista de buques de apoyo: nombre/número OMI/número CFR

III

FLETAMENTO

31

Buque que faena en virtud de acuerdo de fletamento*: Sí / No

32

Tipo de acuerdo de fletamento

33

Período de fletamento (fechas de inicio y final)

34

Posibilidades de pesca (toneladas) asignadas al buque en fletamento*

35

Tercer país que asigna posibilidades de pesca al buque en fletamento*

[Enm. 76]

(1) DO C 303 de 19.8.2016, p. 116.
(2)DO C 303 de 19.8.2016, p. 116.
(3)DO C,, p..
(4) Posición del Parlamento Europeo de 2 de febrero de 2017 y Decisión del Consejo de ….
(5)Reglamento (CE) n.º 1006/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, relativo a la autorización de las actividades pesqueras de los buques pesqueros comunitarios fuera de las aguas comunitarias y al acceso de los buques de terceros países a las aguas comunitarias, por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93 y (CE) n.º 1627/94 y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 3317/94 (DO L 286 de 29.10.2008, p. 33).
(6)Decisión 98/392/CE del Consejo, de 23 de marzo de 1998, relativa a la celebración por la Comunidad Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 y del Acuerdo de 28 de julio de 1994 relativo a la aplicación de la parte XI de dicha Convención (DO L 179 de 23.6.1998, p. 1).
(7)Decisión 98/414/CE del Consejo, de 8 de junio de 1998, relativa a la ratificación, por parte de la Comunidad Europea, del Acuerdo sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios (DO L 189 de 3.7.1998, p. 14).
(8)Decisión 96/428/CE del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativa a la aceptación por la Comunidad del Acuerdo para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar (DO L 177 de 16.7.1996, p. 24).
(9) Resolución A/Res/66/288, de 27 de julio de 2012, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sobre el documento final de la Conferencia Río + 20 titulado «El futuro que queremos».
(10) Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común (DO L 354 de 28.12.2013, p. 22).
(11)Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1093/94 y (CE) n.º 1447/1999 (DO L 286 de 29.10.2008, p. 1).
(12)Reglamento (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, de 20 de noviembre de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común, se modifican los Reglamentos (CE) n.º 847/96, (CE) n.º 2371/2002, (CE) n.º 811/2004, (CE) n.º 768/2005, (CE) n.º 2115/2005, (CE) n.º 2166/2005, (CE) n.º 388/2006, (CE) n.º 509/2007, (CE) n.º 676/2007, (CE) n.º 1098/2007, (CE) n.º 1300/2008 y (CE) n.º 1342/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1627/94 y (CE) n.º 1966/2006 (DO L 343 de 22.12.2009, p. 1).
(13)Reglamento (CE) n.º 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).
(14)Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
(15) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
(16)Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
(17) Reglamento (UE) n.° 1026/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre determinadas medidas destinadas a la conservación de las poblaciones de peces en relación con los países que autorizan una pesca no sostenible (DO L 316 de 14.11.2012, p. 34).
(18)Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire) (DO L 108 de 25.4.2007, p. 1).
(19) Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 de 20.5.2014, p. 1).


Terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado y terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Georgia) ***I
PDF 245kWORD 43k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 539/2001 por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Georgia) (COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD))
P8_TA(2017)0016A8-0260/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0142),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0113/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de diciembre de 2016, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0260/2016),

1.  Aprueba su Posición en primera lectura, que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 2 de febrero de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 539/2001 por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Georgia)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2017/372.)


Crisis del Estado de Derecho en la República Democrática del Congo y en Gabón
PDF 178kWORD 47k
Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2017, sobre la crisis del Estado de Derecho en la República Democrática del Congo y en Gabón (2017/2510(RSP))
P8_TA(2017)0017RC-B8-0120/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la República Democrática del Congo (RDC),

–  Vistas las declaraciones de la Delegación de la Unión en la DRC sobre la situación de los derechos humanos en el país,

–  Vistos los acuerdos políticos alcanzados en la DRC el 18 de octubre de 2016 y el 31 de diciembre de 2016,

–  Vista la declaración, de 18 de diciembre de 2016, de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, sobre la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en la RDC,

–  Vista la declaración, de 23 de noviembre de 2016, del portavoz de la VP/AR sobre los actuales esfuerzos políticos en la RDC,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 23 de mayo de 2016 y de 17 de octubre de 2016, sobre la RDC,

–  Vistas las declaraciones locales de la Unión, de 2 de agosto de 2016 y de 24 de agosto de 2016, sobre el proceso electoral en la RDC, a raíz del inicio del diálogo nacional en la RDC,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la RDC, en particular la Resolución 2293 (2016) sobre la renovación del régimen de sanciones a la RDC y el mandato del Grupo de expertos y la Resolución 2277 (2016) por la que se renueva el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO),

–  Vistos los comunicados de prensa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 15 de julio de 2016 y de 21 de septiembre de 2016, sobre la situación en la RDC,

–  Visto el Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la RDC, de 27 de julio de 2015,

–  Vistos los informes del Secretario General de las Naciones Unidas, de 9 de marzo de 2016, sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC y sobre la aplicación del Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la RDC y la Región,

–  Vistos los comunicados de prensa conjuntos, de 16 de febrero de 2016 y de 5 de junio de 2016, de la Unión Africana, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización Internacional de la Francofonía sobre la necesidad de un diálogo político integrador en la RDC y su compromiso de apoyar a las partes interesadas congoleñas en la tarea de consolidar la democracia en el país,

–  Visto el Acuerdo Marco de Paz, Seguridad y Cooperación para la RDC y la Región, firmado en Adís Abeba en febrero de 2013,

–  Visto el informe final de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE),

–  Vista la declaración conjunta de la VP/AR y el comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, de 24 de septiembre de 2016, a raíz del anuncio por parte del Tribunal Constitucional de Gabón de los resultados oficiales de las elecciones presidenciales,

–  Vista la declaración sobre Gabón realizada por el portavoz de la VP/AR el 11 de septiembre de 2016,

–  Visto el comunicado de prensa de la Unión Africana, de 1 de septiembre de 2016, en el que condena la violencia del conflicto poselectoral en Gabón y pide su resolución pacífica,

–  Visto el Informe anual de la Unión sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2014, adoptado por el Consejo de la Unión Europea el 22 de junio de 2015,

–  Visto el programa indicativo nacional 2014-2020 del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo, cuya prioridad es el fortalecimiento de la democracia, de la gobernanza y del Estado de Derecho,

–  Vistas las Resoluciones aprobadas por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 18 de mayo de 2011, sobre los desafíos para el futuro de la democracia y el respeto del orden constitucional en los países ACP y de la Unión, y de 27 de noviembre de 2013, sobre el respeto del Estado de Derecho y el papel de un poder judicial imparcial e independiente,

–  Visto el memorando de entendimiento firmado entre la República de Gabón y la Unión Europea en relación con la Misión de Observación Electoral de la Unión,

–  Vistas las Constituciones de la República Democrática del Congo y de Gabón,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de junio de 1981,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Vista la Declaración de la Unión Africana sobre los principios que rigen las elecciones democráticas en África (2002),

–  Vista la Carta Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el Estado de Derecho, la responsabilidad, el respeto de los derechos humanos y la celebración de elecciones libres y justas son elementos esenciales de cualquier democracia funcional; que estos elementos se han visto amenazados en algunos países del África Subsahariana, entre ellos, la República Democrática del Congo y Gabón, sumiendo a estos países en largos periodos de inestabilidad política y violencia;

B.  Considerando que, recientemente, el presidente saliente de Gabón, Ali Bongo, en el poder desde que en 2009 falleció su padre, Omar Bongo, fue declarado vencedor de las elecciones presidenciales de 2016; que los observadores internacionales, y en particular la Misión de Observación Electoral de la Unión, constataron claras anomalías en la compilación de los resultados;

C.  Considerando que Jean Ping, su principal adversario, impugnó y condenó inmediatamente estos resultados; que se interpuso un recurso alegando irregularidades electorales y pidiendo un recuento de los votos ante el Tribunal Constitucional, que finalmente confirmó los resultados; que, no obstante, el examen del recurso no ha disipado todas las dudas en torno a los resultados de las elecciones presidenciales;

D.  Considerando que el presidente de la República Democrática del Congo, Joseph Kabila, en el poder desde 2001, ha retrasado las elecciones y permanecido en el poder después de que finalizara su mandato constitucional; que esto ha provocado una tensión política sin precedentes, disturbios y violencia en todo el país;

E.  Considerando que, a raíz de la expiración del mandato del presidente Kabila, se produjo un aumento de la violencia que provocó la muerte de al menos cuarenta personas en los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad; que, según las Naciones Unidas, 107 personas resultaron heridas o fueron objeto de malos tratos y se realizaron al menos 460 detenciones;

F.  Considerando que el 18 de octubre de 2016 se firmó un acuerdo entre el presidente Kabila y una parte de la oposición para aplazar las elecciones presidenciales a abril de 2018; que, tras meses de negociaciones, las partes del acuerdo de 18 de octubre de 2016 alcanzaron un acuerdo político global e inclusivo el 31 de diciembre de 2016; que este acuerdo prevé el primer traspaso pacífico de poderes en el país desde 1960, el establecimiento de un gobierno de transición de unidad nacional, la celebración de elecciones antes de finalizar 2017 y la renuncia del presidente Kabila;

G.  Considerando que en ambos países se produjeron manifestaciones en las calles que fueron reprimidas con violencia, lo que provocó la muerte de varias personas; que las autoridades han actuado contra miembros de la oposición y de la sociedad civil que se oponen al actual Gobierno; que grupos de defensa de los derechos humanos informan continuamente del deterioro de la situación de los derechos humanos y la libertad de expresión y de reunión, en particular por lo que se refiere al uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, a las detenciones y los encarcelamientos arbitrarios y a los juicios por motivos políticos;

H.  Considerando que la libertad de los medios de comunicación se ha deteriorado gravemente al verse limitada por amenazas y ataques continuados a los periodistas; que las autoridades han clausurado medios de comunicación y emisoras de radio, y han impuesto restricciones a internet y las redes sociales;

I.  Considerando que una de las características de las democracias es el respeto de la Constitución, en la que se basan el Estado, las instituciones y el Estado de Derecho; que la celebración pacífica de elecciones libres y justas en estos países habría contribuido en gran medida a afrontar el reto del progreso democrático y la alternancia en el poder al que se enfrenta la región de África Central;

J.  Considerando que el programa indicativo nacional 2014-2020 del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo da prioridad al fortalecimiento de la democracia, la gobernanza y el Estado de Derecho; que tanto los socios africanos como la Unión tienen un fuerte interés común en el desarrollo continuo de la democracia y el establecimiento de un constitucionalismo que funcione de forma adecuada;

1.  Lamenta la pérdida de vidas humanas durante las manifestaciones de los últimos meses en ambos países y expresa su más sentido pésame a las familias de las víctimas y a la población de la República Democrática del Congo y de Gabón;

2.  Muestra su profunda preocupación por la situación cada vez más inestable en ambos países; insta a las autoridades, y sobre todo a los presidentes, a que cumplan con sus obligaciones internacionales, que garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales y que ejerzan sus funciones de gobierno respetando escrupulosamente el Estado de Derecho;

3.  Condena enérgicamente todos los actos de violencia perpetrados en Gabón y en la República Democrática del Congo, las violaciones de los derechos humanos, los encarcelamientos arbitrarios y las detenciones ilegales, la intimidación política de la sociedad civil y de los miembros de la oposición y las violaciones de la libertad de prensa y la libertad de expresión en el contexto de las elecciones presidenciales; pide el levantamiento de todas las restricciones impuestas a los medios de comunicación y la liberación de todos los detenidos políticos;

Gabón

4.  Considera que los resultados de las elecciones presidenciales no son nada transparentes y sí muy dudosos, lo cual pone en tela de juicio la legitimidad del presidente Ali Bongo; lamenta que el procedimiento de recurso tras el cual se declaró a Ali Bongo vencedor de las elecciones se llevara a cabo de forma poco transparente, y que el Tribunal Constitucional no tuviera debidamente en cuenta las irregularidades señaladas en varias provincias, en particular en la provincia de Alto Ogoué, feudo de Ali Bongo; lamenta, asimismo, la negativa del Tribunal Constitucional a realizar un recuento de votos y comparar las papeletas antes de que fueran destruidas;

5.  Manifiesta su profunda preocupación por la crisis política de Gabón y la violencia desencadenada entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad a raíz de la proclamación de los resultados de las elecciones presidenciales de 2016;

6.  Condena enérgicamente la intimidación y las amenazas contra los miembros de la Misión de Observación Electoral de la Unión, así como los ataques que pusieron en peligro su neutralidad y transparencia; lamenta profundamente que, pese al memorando de entendimiento firmado con el Gobierno gabonés, solo se concediera a la Misión de Observación Electoral un acceso limitado al recuento centralizado de votos en las comisiones electorales locales y en la sede de la Comisión Electoral Nacional (CENAP), y que esto impidiera a la misión de observación supervisar partes fundamentales del proceso electoral presidencial;

7.  Toma nota de que, a instancias de Ali Bongo, se pretende iniciar un diálogo nacional; expresa sus reservas por lo que respecta a la credibilidad y la pertinencia de este proceso; señala que Jean Ping, destacada figura de la oposición, se niega a participar y ha puesto en marcha y concluido un diálogo nacional por su cuenta;

8.  Insta al Gobierno de Gabón a que realice una reforma exhaustiva e inmediata del marco electoral, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión, con vistas a mejorarlo y a hacerlo plenamente transparente y creíble; subraya que las autoridades gabonesas deben garantizar una cooperación plena y sincera con todas las partes interesadas nacionales e internacionales pertinentes con el fin de garantizar que las próximas elecciones parlamentarias sean plenamente transparentes y justas, y que se celebren en un entorno libre, democrático, inclusivo y pacífico;

9.  Pide que se realice una investigación independiente y objetiva de los actos violentos relacionados con las elecciones y de las acusaciones de violaciones graves de los derechos humanos y las libertades fundamentales, y subraya la necesidad de garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia; pide asimismo que, en colaboración con las Naciones Unidas y la Unión Africana, la Unión continúe supervisando atentamente la situación general en Gabón y notifique todos los casos de violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales; toma nota de las solicitudes de iniciar una investigación preliminar en la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la violencia poselectoral;

10.  Insta al Consejo a que inicie un proceso de consultas con arreglo al artículo 96 del Acuerdo de Cotonú en cuanto se perciba una falta de progreso en el diálogo político intensificado; pide al Consejo que, en caso de no poder alcanzar un acuerdo en el proceso de consultas, estudie la posibilidad de imponer sanciones específicas a los responsables de la violencia poselectoral, las violaciones de los derechos humanos y la obstrucción del proceso democrático en el país;

República Democrática del Congo

11.  Lamenta que el Gobierno congoleño no haya organizado las elecciones presidenciales dentro del plazo constitucional; reitera su llamamiento en favor de la adopción de todas las medidas necesarias para crear un entorno propicio para la celebración de elecciones libres, justas y creíbles en diciembre de 2017 a más tardar, que respeten plenamente la Constitución congoleña y la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza;

12.  Insta a todos los agentes políticos a que entablen un diálogo pacífico y constructivo para evitar un agravamiento de la crisis política actual y a que no participen en nuevos actos violentos ni en provocaciones;

13.  Celebra los esfuerzos de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO) por lograr un consenso más amplio sobre la transición política; toma nota del acuerdo alcanzado a finales de diciembre de 2016, por el que se niega al presidente Kabila un tercer mandato y se pide la celebración de elecciones antes de finalizar 2017; recuerda a todas las partes su compromiso con este acuerdo y les anima a aplicar todos sus elementos y a establecer lo antes posible un calendario concreto para las próximas elecciones; recuerda los grandes riesgos que conllevaría su fracaso en las negociaciones;

14.  Insta al Gobierno congoleño a que aborde de inmediato las cuestiones pendientes con respecto a las distintas fases del calendario electoral, su presupuesto y la actualización del censo electoral con vistas a la celebración de elecciones libres, justas y transparentes; recuerda que la Comisión Electoral Nacional Independiente debe ser una institución imparcial e inclusiva con recursos suficientes para posibilitar un proceso completo y transparente;

15.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen la aplicación del acuerdo y la celebración del proceso electoral; pide a todos los agentes internacionales que ofrezcan un importante apoyo político, financiero, técnico y logístico a la República Democrática del Congo, necesario para que las elecciones se celebren en diciembre de 2017, a más tardar; pide transparencia en lo que respecta al apoyo financiero de la Unión y sus Estados miembros para la celebración de las elecciones congoleñas;

16.  Insta a que se lleve a cabo una investigación completa, exhaustiva y transparente de las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas durante las protestas, con el fin de identificar a los responsables y exigirles responsabilidades;

17.  Celebra la adopción de sanciones específicas de la Unión contra los responsables de la violenta represión y de la obstrucción del proceso democrático en la República Democrática del Congo, entre las que figuran la prohibición de viajar y la congelación de activos; pide al Consejo que estudie la posibilidad de ampliar estas medidas restrictivas en caso de nuevos actos violentos, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo de Cotonú;

o
o   o

18.  Pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que investigue las graves violaciones de los derechos humanos perpetradas recientemente en ambos países;

19.  Pide a las autoridades congoleñas y gabonesas que ratifiquen cuanto antes la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza;

20.  Pide a la Delegación de la Unión que emplee todos los instrumentos oportunos para apoyar a los defensores de los derechos humanos y los movimientos en favor de la democracia, y que entable un diálogo político reforzado con las autoridades, según lo previsto en el artículo 8 del Acuerdo de Cotonú;

21.  Pide asimismo a la Unión y a los países ACP que, en colaboración con las Naciones Unidas y la Unión Africana, sigan supervisando atentamente la situación general en ambos países;

22.  Subraya que la situación en Gabón y la República Democrática del Congo constituye una grave amenaza para la estabilidad de la región de África Central en su conjunto; reitera su apoyo a la Unión Africana en su papel fundamental en la prevención de una crisis política en la región y de una mayor desestabilización en la región de los Grandes Lagos;

23.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, a los presidentes, primeros ministros y Parlamentos de la República Democrática del Congo y de Gabón, al secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.


Aplicación de Erasmus+
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Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2017, sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones n.º 1719/2006/CE, n.º 1720/2006/CE y n.º 1298/2008/CE (2015/2327(INI))
P8_TA(2017)0018A8-0389/2016

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 14,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones n.º 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE(1),

–  Vista la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente(2),

–  Vista la Resolución del Consejo, de 27 de noviembre de 2009, relativa a un marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)(3),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre el fomento del acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y refuerzo del estatuto del becario, del período de prácticas y del aprendiz(4),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de noviembre de 2010, sobre la educación para el desarrollo sostenible,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de enero de 2011, titulada «Desarrollo de la dimensión europea en el deporte» (COM(2011)0012),

–  Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, titulada « Juventud en Movimiento – Un marco para la mejora de los sistemas de educación y formación en Europa»(5),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Apoyar el crecimiento y el empleo – una agenda para la modernización de los sistemas de educación superior en Europa» (COM(2011)0567),

–  Vista la Resolución del Consejo, de 28 de noviembre de 2011, sobre un plan europeo renovado de aprendizaje de adultos(6),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de los días 28 y 29 de noviembre de 2011, relativas a un valor de referencia aplicable a la movilidad en la formación(7),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal(8),

–  Visto el Informe conjunto de 2012 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) — «Educación y formación en una Europa inteligente, sostenible e inclusiva»(9),

–  Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2013, sobre un nuevo concepto de educación(10),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre formación eficaz de los docentes,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre una garantía de calidad como forma de ayuda a la educación y la formación,

–  Vista la Declaración sobre la promoción de la ciudadanía y los valores comunes de la libertad, la tolerancia y la no discriminación a través de la educación («Declaración de París») aprobada en la reunión informal en París de los ministros de Educación de la Unión Europea el 17 de marzo de 2015,

–  Vista su Resolución, de 8 de septiembre de 2015, sobre el fomento del emprendimiento juvenil a través de la educación y la formación(11),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de septiembre de 2015, titulada «Proyecto de informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco renovado para la cooperación europea en el ámbito de la juventud (2010-2018)» (COM(2015)0429),

–  Visto el Informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) — Nuevas prioridades para la cooperación europea en educación y formación(12),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre el papel de la educación infantil y primaria en el fomento de la creatividad, la innovación y la competencia digital(13),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la reducción del abandono escolar prematuro y el fomento del rendimiento educativo(14),

–  Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la adquisición de conocimientos acerca de la Unión Europea en la escuela(15),

–  Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre Erasmus+ y otros instrumentos para fomentar la movilidad en la educación y formación profesionales – un enfoque basado en el aprendizaje permanente(16),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 30 de mayo de 2016, sobre el desarrollo de la alfabetización mediática y el pensamiento crítico a través de la educación y la formación,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 30 de mayo de 2016, sobre el papel del sector de la juventud en un planteamiento integrado y transversal para prevenir y luchar contra la radicalización violenta de los jóvenes,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa» (COM(2016)0381),

–  Vista su Resolución, de 23 de junio de 2016, sobre el seguimiento del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020»)(17),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización de los informes de propia iniciativa ,

–  Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0389/2016),

A.  Considerando que Erasmus + es uno de los programas con mayor éxito de la Unión y la principal herramienta para apoyar actividades en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte y que tiene como objetivo la mejora de las perspectivas profesionales de los jóvenes y permitir a los participantes el establecimiento de una red de contactos sociales; y que ofrece a más de cuatro millones de europeos la oportunidad de estudiar, formarse y ejercer el voluntariado en otro país durante el período 2014-2020;

B.  Considerando que la Comisión ha demostrado flexibilidad y ha adoptado medidas innovadoras para abordar nuevos desafíos, como una propuesta relativa a los refugiados, y promover los valores cívicos en el marco de los incentivos que brinda Erasmus+ hacia un diálogo intercultural más activo y participativo;

C.  Considerando que la gran relevancia educativa, social, política y económica del programa se refleja en el incremento presupuestario del 40 % para el período del programa y en la tasa de compromiso de los créditos puestos a disposición, que ha alcanzado prácticamente el 100 % como consecuencia de un elevado número de solicitudes;

D.  Considerando que no se dispone todavía de todos los datos pertinentes para un análisis cuantitativo y cualitativo de la ejecución, y que, por lo tanto, es demasiado pronto para llevar a cabo una evaluación cualitativa del impacto del programa;

E.  Considerando que los resultados del estudio de impacto del programa Erasmus de 2014(18) indican que quienes han estudiado o se han formado en el extranjero tienen el doble de probabilidades de encontrar trabajo que quienes carecen de una experiencia similar; que el 85 % de los estudiantes Erasmus estudia o se forma en el extranjero para mejorar sus posibilidades de encontrar empleo en el extranjero; y que la tasa de desempleo de quienes han estudiado o se han formado en el extranjero es, cinco años después de su graduación, un 23 % inferior; que dicho estudio muestra, por otra parte, que el 64 % de los empresarios cree que la experiencia internacional es importante para la contratación (frente a solo un 37 % que compartía esta opinión en 2006) y que a los graduados con experiencia internacional se les confieren mayores responsabilidad profesionales; que uno de cada tres becarios Erasmus recibe una oferta de trabajo en la empresa en la que realizó las prácticas y que prácticamente uno de cada diez becarios Erasmus que ha realizado prácticas durante sus estudios ha creado su propia empresa y tres de cada cuatro planean o se plantean hacerlo en el futuro;

Conclusiones principales

1.  Destaca que Erasmus+ es el programa emblemático de la Unión en materia de movilidad, educación y formación y que su dotación presupuestaria ha aumentado en un 40 % con respecto al período 2007-2013 en vista de sus resultados positivos y de la elevada demanda;

2.  Observa que la gran mayoría de las agencias nacionales cree que se alcanzarán los objetivos del programa Erasmus + en el ámbito de la educación, la formación y la juventud;

3.  Considera que el programa Erasmus+ desempeña un papel esencial a la hora de fomentar la identidad y la integración europea, la solidaridad, el crecimiento sostenible e integrador, el empleo de calidad, la competitividad, la cohesión social y la movilidad laboral de los jóvenes, porque contribuye a la mejora de los sistemas de educación y formación europeos, al aprendizaje permanente, a una ciudadanía europea activa y al aumento de las perspectivas de empleo al brindar a los europeos la oportunidad de adquirir una serie de capacidades y competencias personales y profesionales transversales y transferibles, a través de estudios, formaciones, experiencia laboral en el extranjero y voluntariado, y al ofrecer a los individuos la oportunidad de vivir con mayor independencia, adaptarse con más facilidad y potenciar su crecimiento personal;

4.  Destaca que, aunque el programa general tiene mayor visibilidad que su predecesor, los diferentes programas sectoriales, en cambio, no tienen tanta; recuerda, en este contexto, que durante la ejecución del programa deben tenerse en cuenta la naturaleza y las características específicas de los diferentes sectores;

5.  Pone de relieve que deben reintroducirse formatos específicos sectoriales como los talleres Grundtvig y las iniciativas nacionales en favor de la juventud abiertas a grupos informales, y que debe facilitarse el acceso a las iniciativas juveniles transnacionales; propone maximizar los efectos del programa mediante nuevas acciones elegibles, introduciendo, por ejemplo, intercambios juveniles a gran escala basados en la estructura del Servicio Voluntario Europeo (SVE) en el marco de la Acción Clave 1;

6.  Subraya que el capítulo del programa dedicado a la juventud es el más afectado por el creciente interés por el programa Erasmus+ de los ciudadanos europeos; observa que, en la actualidad, el 36 % de todas las presentaciones de candidaturas de Erasmus+ se inscribe en el ámbito de la juventud, y que se ha registrado un aumento del 60 % en el número de solicitudes entre 2014 y 2016;

7.  Reconoce la importancia del Diálogo estructurado de la Unión sobre juventud, un proceso participativo que ofrece a los jóvenes y a las organizaciones en el ámbito de la juventud la posibilidad de participar y de influir en la elaboración de políticas de la Unión en materia de juventud, y celebra el apoyo que el programa está prestando al proceso, mediante el respaldo a los grupos de trabajo nacionales y a los proyectos de la Acción Clave 3 «Diálogo estructurado»; toma nota de que el Servicio Voluntario Europeo es un formato intensivo de aprendizaje y adquisición de experiencia para los jóvenes y que requiere un marco de condiciones de alta calidad; hace hincapié en que el acceso al programa Erasmus + debe reservarse principalmente a actores la sociedad civil;

8.  Reconoce que, a tenor de lo comunicado por los interesados a todos los niveles, si bien los primeros dos años y medio de ejecución del programa fueron difíciles y complejos, entre tanto se han ido introduciendo mejoras, aunque las simplificaciones introducidas en las solicitudes mediante el enfoque único para todos los supuestos en muchos casos hayan provocado el efecto contrario; considera que menos obstáculos burocráticos propiciarían un programa más amplio y accesible; pide, por consiguiente, que se realicen mayores esfuerzos para reducir la burocracia durante todo el ciclo del proyecto y que se ajuste el gasto en proporción al presupuesto o al tipo de proyecto; anima, al mismo tiempo, a la Comisión a reforzar el diálogo con los interlocutores sociales, las autoridades locales y la sociedad civil, a fin de garantizar un acceso lo más amplio posible al programa; lamenta que, debido a la elevada carga administrativa, para las organizaciones más pequeñas puede ser imposible acceder a la financiación del programa Erasmus+; opina que deben simplificarse la carga burocrática y los requisitos de información;

9.  Lamenta comprobar que la Comisión no ofrece datos sobre la calidad de los proyectos satisfactorios; insiste en que el análisis de la calidad de cada uno de los proyectos y la exposición transparente de los resultados constituyen un paso evidente que la Comisión debe dar, que puede contribuir a mejorar el porcentaje de éxito de las solicitudes;

10.  Destaca que no se ha conseguido todavía que la aplicación sea más sencilla, de fácil manejo y más flexible; lamenta, en este contexto, que sigan faltando claridad y el distinto grado de detalle en relación con la guía del programa, así como los formularios de solicitud demasiado complicados, que colocan a los solicitantes más pequeños, inexpertos y no profesionales en una situación de desventaja considerable; subraya la necesidad de acometer mejoras en el programa para hacer que su uso sea más sencillo, teniendo en cuenta la importancia de distinguir entre distintos sectores y grupos de beneficiarios; lamenta que los extensos plazos de pago en Erasmus+ afecten a las posibilidades de las organizaciones más pequeñas de solicitar financiación;

11.  Pide a la Comisión que simplifique significativamente el procedimiento de solicitud y que transforme la guía del programa y que la haga más orientada hacia los usuarios y a los distintos sectores fusionando toda la información pertinente de cada sector del programa en un capítulo, así como que publique los formularios de solicitud en todas las lenguas oficiales al mismo tiempo que la guía del programa y con antelación suficiente antes de que finalice el plazo de solicitud, y que ofrezca indicaciones claras sobre los documentos necesarios en cada etapa; solicita, en particular, que se aclare y simplifique la sección financiera del formulario electrónico; hace hincapié en que, a fin de evaluar las solicitudes, es necesaria una evaluación coordinada y coherente, con el apoyo de expertos independientes;

12.  Subraya la importancia de que, para los periodos de experiencia laboral Erasmus+ en el extranjero destinados a estudiantes de educación y formación profesionales, becarios, aprendices y voluntarios, se definan unos resultados de aprendizaje claros y se faciliten descripciones específicas del trabajo; subraya que la preparación de los candidatos antes de sus experiencias internacionales es una parte integrante de la actividad y debe comprender sesiones de orientación laboral, cursos de idiomas y cursos de integración social y cultural, en particular en materia de comunicación intercultural, lo que fomentaría la participación de los beneficiarios en la sociedad y mejoraría sus condiciones de vida y de trabajo; considera, teniendo en cuenta la importancia del multilingüismo en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes, que es necesario redoblar los esfuerzos para promover y apoyar el multilingüismo en el programa Erasmus+; celebra que vaya a potenciarse el conocimiento de lenguas extranjeras de los participantes en proyectos Erasmus+, en particular el conocimiento de las lenguas vecinas, lo que puede aumentar la movilidad y la empleabilidad en el mercado laboral transfronterizo; considera que los cursos de idiomas que reciben los futuros participantes en programas de movilidad podrían impartirse en cooperación con las instituciones educativas y las empresas de acogida y estar adaptados al ámbito de estudio o de las prácticas correspondientes;

13.  Recuerda que, pese al significativo incremento del presupuesto global del programa, en el marco financiero plurianual solo se ha previsto un aumento limitado para la primera mitad del período de programación, lo que, lamentablemente, ha conllevado el rechazo de numerosos proyectos de gran calidad y, por ello, una tasa de éxito escasa y un gran descontento entre los solicitantes;

14.  Acoge con satisfacción el aumento para el año 2017 en casi 300 millones de euros de los fondos destinados al programa Erasmus+ respecto al año 2016; subraya, asimismo, la necesidad de utilizar estos fondos, en parte para mejorar los puntos débiles del programa y, en particular, para aumentar el número de proyectos de calidad que se salden con éxito;

15.  Reconoce que los recursos del presupuesto de la Unión canalizados a través de Erasmus+ contribuyen de manera significativa a la mejora de las competencias de los jóvenes europeos, a su empleabilidad y a un menor riesgo de desempleo juvenil de larga duración, así como a la ciudadanía activa y a la inclusión social de los jóvenes;

16.  Considera que el incremento en un 12,7 % del presupuesto total en 2017 con respecto a 2016 y otros incrementos anuales en los años que quedan de programa se traducirán en mayores tasas de éxito y en una mayor satisfacción entre los solicitantes; espera que se lleve a la práctica la intención de la Comisión de asignar 200 millones de euros adicionales para el período restante de vigencia del programa, si bien se requiere un mayor esfuerzo presupuestario para cubrir la demanda en los sectores que no reciben fondos suficientes, que es mucho más elevada que los fondos existentes; observa que el 48 % de las agencias nacionales ha informado de que la dotación de las acciones del programa es insuficiente;

17.  Anima a la Comisión a que analice las acciones y los sectores clave del programa que aparentemente no cuentan con una financiación suficiente, como las asociaciones estratégicas en el ámbito de la Acción clave 2, la educación de personas adultas, la juventud, la educación escolar, la educación y la formación profesionales (EFP), y la educación superior, y aquellas que podrían aprovechar al máximo el incremento presupuestario; subraya la necesidad de realizar un seguimiento continuo del programa con vistas a identificar los ámbitos y sectores a fin de adoptar medidas correctoras lo antes posible; pone de relieve la necesidad de velar por una financiación suficiente para la movilidad, prestando una atención particular al refuerzo de la movilidad de los grupos infrarrepresentados; hace hincapié en que, debido a las necesidades específicas del sector, se requieren líneas presupuestarias especiales para los distintos sectores; recuerda que el presupuesto debe utilizarse exclusivamente en el marco de las especificaciones del programa;

18.  Subraya que los medios virtuales son una manera de apoyar la difusión y la explotación de los resultados, pero que los contactos personales y las actividades presenciales son muy importantes para el éxito de los proyectos y del programa global; opina, a este respecto, que las campañas de sensibilización en los Estados miembros deben incluir seminarios y actividades que reúnan en persona a los posibles participantes;

19.  Hace hincapié en que un importante componente para todos los participantes en el programa Erasmus+ es el desarrollo de sus competencias lingüísticas; celebra, por tanto, los instrumentos lingüísticos en línea que ofrece la Comisión, pero recuerda que es necesario implantar un marco de acompañamiento (nacional, regional, local) para que la movilidad sea un éxito, en particular para los alumnos en edad escolar y los estudiantes de educación y formación profesionales, a fin de contribuir a su inserción en los distintos contextos;

20.  Señala que, en la actualidad, tan solo el 1 % de los jóvenes que participan en regímenes de formación relacionados con el trabajo, incluidos los aprendices, se acogen a proyectos de movilidad durante su formación; considera indispensable crear las condiciones necesarias para el aumento de la movilidad de los aprendices en la Unión, a fin de darles las mismas oportunidades que a los estudiantes de educación superior y alcanzar así los objetivos en materia de lucha contra el desempleo, en particular el juvenil;

21.  Hace hincapié en la importancia del aprendizaje informal y no formal, de los trabajadores en el ámbito de la juventud, de la participación en el deporte y del voluntariado en el programa Erasmus+ como forma de estimular el desarrollo de competencias cívicas, sociales e interculturales, promover la inclusión social y la ciudadanía activa de los jóvenes y contribuir al desarrollo de su capital humano y social;

22.  Pone de relieve que, anteriormente, los programas Erasmus y Leonardo se dirigían principalmente a jóvenes con elevados niveles de capacidades y mejores posibilidades de acceso al mercado laboral y no tenían suficientemente en cuenta a los más vulnerables; hace referencia al objetivo de la Unión de reducir el abandono escolar prematuro y la pobreza; subraya que las personas que abandonan prematuramente la educación corren un alto riesgo de verse expuestas a la pobreza y el desempleo y deben ser tenidas muy en cuenta por los Estados miembros a la hora de ejecutar el programa Erasmus+; subraya que los programas destinados a las personas que abandonan prematuramente la educación no pueden ser los programas de educación y formación profesionales o de intercambio convencionales sino que deben ser programas centrados en sus necesidades específicas, fácilmente accesibles y de financiación sencilla, y ofrecer entornos de aprendizaje informal o no formal;

23.  Observa los nuevos desafíos sociales que se plantean y la naturaleza, en constante evolución, de los puestos de trabajo; recuerda que el programa Erasmus+ también prepara a los jóvenes para el empleo y considera que debería hacerse especial hincapié en la necesidad de pasar de la adquisición de competencias específicas en el trabajo al desarrollo de capacidades no técnicas, promoviendo la adquisición de conjuntos de capacidades y competencias transversales y transferibles, como el espíritu empresarial, las competencias TIC, el pensamiento creativo, la resolución de problemas y el espíritu innovador, la confianza en uno mismo, la adaptabilidad, el trabajo en equipo, la gestión de proyectos, la gestión y asunción de riesgos, y, por último, competencias sociales y cívicas que están muy valoradas en el mercado laboral; considera que esto debería incluir el bienestar en el trabajo, un buen equilibrio entre la vida privada y la laboral y la integración de las personas en situaciones vulnerables en el mercado laboral y la sociedad;

24.  Toma nota de que el Mecanismo de Garantía de Préstamos para Estudiantes no se puso en marcha hasta febrero de 2015, tras la firma del acuerdo de delegación con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en diciembre de 2014 y que, hasta la fecha, solo cuatro bancos de Francia, España e Irlanda participan en el marco de esta herramienta innovadora; observa que este instrumento financiero dista de alcanzar los resultados esperados, ya que únicamente participan 130 estudiantes de máster; solicita una evaluación crítica del Mecanismo de Garantía de Préstamos, que tenga en cuenta la finalidad y la accesibilidad en toda Europa, e insta a la Comisión, tras consultar al Parlamento Europeo, a que proponga una estrategia para reasignar parte de la línea presupuestaria que probablemente no se utilizará antes de 2020; pone de relieve que debe hacerse un seguimiento de la tasa global de endeudamiento de los estudiantes a fin de garantizar que los instrumentos financieros exhaustivos utilizados por el programa se traducen en ayudas para más personas;

25.  Lamenta que las organizaciones que representan a los deportistas aficionados y, en particular, a los deportistas con discapacidad, a nivel local estén tan infrarrepresentadas como participantes en los proyectos de deportes de base; acoge con satisfacción la introducción de pequeñas asociaciones de colaboración con menos requisitos administrativos como paso importante para que las organizaciones deportivas de base de menor envergadura puedan participar en el programa y desarrollarse; subraya que la actuación intersectorial, que vincula en este caso de manera más estrecha al deporte con la educación, puede contribuir a atajar esta deficiencia; observa que esta práctica debe extenderse a otros ámbitos de la financiación del proyecto Erasmus+, en especial a las organizaciones de voluntarios;

26.  Celebra la especial participación del programa Erasmus+ en la cooperación y las actividades deportivas de base; insta a la Comisión a mejorar la accesibilidad y la participación en el programa de agentes de base como los clubes deportivos; pide a la Comisión que evalúe si la financiación existente disponible para el deporte en el marco de Erasmus+ se está utilizando de manera eficaz y en beneficio del deporte de base y, en caso contrario, que establezca opciones de mejora con la atención puesta en el deporte de base y en la educación para aumentar su visibilidad, promover la actividad física y hacer el deporte más accesible a todos los ciudadanos de la Unión; pide a la Comisión que mejore el enfoque intersectorial respecto del deporte de base en todas las acciones pertinentes de Erasmus+ y que coordine las acciones en este ámbito con el fin de garantizar su eficacia y efectos deseados;

27.  Hace hincapié en el valor añadido de las acciones en materia de educación y formación profesionales de Erasmus+ en su apoyo a la integración o reintegración de grupos desfavorecidos en oportunidades educativas o de formación profesional, con el fin de mejorar su transición al mercado laboral;

28.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros, así como a las agencias de la Unión tales como el Cedefop, a que mejoren la calidad, la accesibilidad y la igualdad de acceso a los programas de movilidad en la educación y formación profesionales para que aporten valor añadido a todos los participantes en términos de cualificaciones, reconocimiento y contenidos y garanticen la introducción de normas de calidad en los programas de aprendizaje;

29.  Reconoce que, en vista de la elevada tasa de desempleo juvenil existente en algunos Estados miembros, un objetivo primordial del programa Erasmus+ es preparar a los jóvenes para el empleo; hace especial hincapié, al mismo tiempo, en la necesidad de mantener la importancia de las actividades que se realizan al margen de la escuela, la formación profesional y los estudios en el marco del programa Erasmus+;

30.  Recuerda a la Comisión que las personas con discapacidad, como las personas con dificultades auditivas, tienen necesidades especiales, por lo que necesitan una financiación y un apoyo adecuados como, por ejemplo, intérpretes de lenguajes de signos, y acceso a mayor información y a una subvención suficiente para poder acceder al programa Erasmus+; pide a la Comisión que siga esforzándose por introducir medidas adicionales para garantizar que las personas con discapacidad gozan de un acceso sin obstáculos y no discriminatorio a todos los programas de becas en el marco de Erasmus+; considera conveniente, en caso necesario, nombrar «mentores» en las agencias nacionales que proporcionen asesoramiento sobre cómo asignar los fondos de la mejor manera posible;

31.  Destaca la necesidad de apoyar, tanto con financiación como con incentivos fiscales, a las pymes que ofrecen formación profesional en el ámbito del programa Erasmus+;

Recomendaciones

32.  Considera que Erasmus+ es uno de los instrumentos fundamentales para habituar a la población europea al aprendizaje permanente; pide, por lo tanto, a la Comisión que aproveche plenamente la dimensión relativa al aprendizaje permanente del programa, impulsando y fomentando la cooperación intersectorial en el marco de Erasmus+, que es mucho mayor que en los programas anteriores, y que evalúe dicha cooperación en la evaluación intermedia del programa presentada a finales de 2017; reconoce que los proyectos y actividades intersectoriales muestran el potencial de mejora de la eficacia del programa; pide que la movilidad educativa forme parte de los programas de educación superior o de formación profesional con objeto de mejorar la calidad de la educación superior y del sistema de EFP y de ayudar a las personas a actualizar sus capacidades profesionales, competencias y desarrollo profesional, así como de reforzar el conocimiento de las competencias adquiridas en los programas de movilidad en todos los sectores destinatarios y promover el conocimiento sobre la enseñanza, la formación y el trabajo en el ámbito de la juventud; pide que los estudiantes de EFP puedan disponer de mejores oportunidades para realizar períodos de prácticas o una parte de sus estudios en países vecinos, por ejemplo, financiando los gastos de viaje de los que sigan residiendo en su propio país;

33.  Señala que Erasmus+ es un importante instrumento para mejorar la calidad de la EFP en toda la Unión; destaca el hecho de que una EFP y una movilidad en la EFP integradoras y de calidad desempeñan un papel económico y social de primer orden en Europa, en un mercado de trabajo en rápida transformación, por cuanto permiten que los jóvenes y los adultos adquieran las capacidades vitales y profesionales que necesitan en la transición de la educación y la formación al mundo del trabajo; hace hincapié en que la EFP y la movilidad en la EFP deberían fomentar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión social de todos los ciudadanos, incluidas las mujeres, que están infrarrepresentadas en la EFP, y las personas en situación vulnerable, como los romaníes, los jóvenes desempleados, las personas con discapacidad, los habitantes de zonas remotas y ultraperiféricas y los migrantes; sugiere centrarse también en los beneficiarios poco cualificados para aumentar su participación y mejorar así el alcance de los programas;

34.  Señala la continua selectividad social de la participación en la movilidad en algunos Estados miembros; lamenta que las desigualdades dentro de los Estados miembros y entre unos Estados y otros estén dificultando el acceso al programa, ya que crean barreras para los solicitantes, en especial para estudiantes con bajos ingresos; señala el alto porcentaje de estudiantes que participan en programas de movilidad que reciben apoyo de terceros (familia, progenitores, socios, actores locales próximos a los beneficiarios); observa que numerosos estudiantes que trabajan renuncian a su participación en los programas de movilidad debido a la posible pérdida de ingresos; observa que la supresión de obstáculos a la movilidad, como los obstáculos financieros, así como un mejor reconocimiento de los estudios y del trabajo internacionales son importantes instrumentos para la consecución de los objetivos de la Acción Clave 1; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que continúen aumentando la ayuda financiera para aquellos que no pueden participar debido a restricciones económicas, y a que busquen más posibilidades para facilitar su movilidad con el fin de que Erasmus+ sea verdaderamente accesible para todos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la igualdad de género y la igualdad de acceso al programa;

35.  Pide a la Comisión que garantice la movilidad en toda Europa incluso en tiempos de crisis y que mantenga opciones para que los países que forman parte del Espacio Europeo de Educación Superior tengan acceso al programa Erasmus+;

36.  Reitera su preocupación por el hecho de que Erasmus+ sea percibido por los jóvenes y por la población en general principalmente como un programa para estudiantes universitarios; aconseja, por tanto, otorgar más importancia a aumentar la visibilidad, a escala europea, nacional y regional, de los distintos ámbitos en los que se puede participar, tales como la educación escolar, la educación superior, la educación superior internacional, la EFP, el aprendizaje de adultos, la juventud y el deporte, y el voluntariado, así como a poner de relieve la posibilidad de participar en proyectos transversales, en particular mediante una campaña informativa y actividades de relaciones públicas que incidan en el contenido de todos los programas;

37.  Considera que las viejas «marcas» (Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Grundtvig y La Juventud en Acción) y sus logotipos son instrumentos importantes para promover la variedad del programa; observa asimismo que el nombre de «Erasmus+» se está convirtiendo en el mejor conocido, especialmente para los recién llegados; hace hincapié en que el programa debe defender su nuevo nombre «Erasmus+» y utilizar distintos métodos para promover la sensibilización; sugiere que la Comisión haga aún más hincapié en la relación del programa Erasmus+ con las antiguas marcas y su amplia variedad de subprogramas; pide que la marca «Erasmus+» se añada a cada uno de los programas (de modo que sean «Erasmus+ Comenius», «Erasmus+ Mundus», «Erasmus+ Leonardo da Vinci», «Erasmus+ Grundtvig» y «Erasmus+ La Juventud en Acción»); pide a todas las partes interesadas que sigan utilizándolas, especialmente en publicaciones y folletos, para mantener y reforzar la identidad de los programas sectoriales, hacerlos más reconocibles y no confundir a los beneficiarios; pide a la Comisión que estructure la guía del programa Erasmus+ sobre la base de las viejas «marcas» y que utilice estrictamente estas marcas en la guía de forma;

38.  Anima a la Comisión a que refuerce su labor en favor de unos métodos de trabajo abiertos, consultivos y transparentes y a que siga mejorando la cooperación con los interlocutores sociales y la sociedad civil (incluidas, si procede, asociaciones de padres, estudiantes, docentes, personal no docente y organizaciones en el ámbito de la juventud) a todos los niveles de la ejecución; destaca que el programa Erasmus+ debe convertirse en un símbolo de transparencia para la Unión, reconocido como tal por sus ciudadanos, que se dirija a una situación en la que el 100 % de sus decisiones y procesos sean plenamente transparentes, en especial en lo relativo a su dimensión financiera; recuerda que las decisiones plenamente transparentes ofrecen una mejor comprensión de los proyectos y personas cuyas solicitudes no han prosperado;

39.  Destaca la importante función del Comité del programa, previsto en el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 por el que se establece Erasmus+, como actor clave en la ejecución del programa y promotor del valor añadido europeo mediante una mejor complementariedad y sinergia con el programa Erasmus+ y las políticas a escala nacional; solicita un papel más importante para el Comité del programa y su función en las decisiones políticas; pide a la Comisión que siga compartiendo con el Comité del programa información pormenorizada sobre el reparto de los fondos centralizados;

40.  Subraya que las herramientas informáticas no deben entenderse únicamente como un medio para los procesos de gestión, solicitud y administración, sino que también pueden ofrecer valiosos modos de mantener el contacto con los beneficiarios y facilitar el contacto de igual a igual entre ellos, con la posibilidad de ofrecer apoyo a otros muchos procesos, por ejemplo, la respuesta de los beneficiarios, las tutorías recíprocas y la mejora de la visibilidad del programa;

41.  Pide a la Comisión que garantice un intercambio regular de información sobre las acciones del programa, tanto descentralizadas como centralizadas, así como una buena cooperación entre los órganos de ejecución y las organizaciones de la sociedad civil a nivel europeo y los organismos nacionales; pide a las agencias nacionales que, cuando sea posible, incluyan en sus sitios web toda las información necesaria con el mismo formato y con el mismo contenido;

42.  Pide a la Comisión y, respectivamente, a la Dirección General de Educación y Cultura (DG EAC) y a la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) que permitan seguir promoviendo acciones descentralizadas, como la AC2, proponiendo una financiación adecuada y proporcional a la envergadura de las acciones;

43.  Insta a seguir fomentando la cooperación entre las agencias nacionales y EACEA con el fin de promover acciones centralizadas del programa Erasmus+, prestar el apoyo necesario, aumentar la sensibilización con respecto al programa, facilitar información adicional sobre el programa a posibles solicitantes e intercambiar información sobre la mejora de su proceso de ejecución; insta a la Comisión a que, en colaboración con las agencias nacionales, elabore directrices europeas de ejecución para estas; pide que se faciliten los contactos entre la Comisión, las agencias nacionales, los beneficiarios del programa, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y la EACEA mediante la creación de una plataforma de comunicación para el intercambio de información y buenas prácticas en la que todas las partes interesadas puedan recibir información de calidad y compartir sus experiencias y sugerencias para posteriores mejoras del programa; destaca la necesidad de implicar a las partes interesadas y a los beneficiarios en las reuniones del Comité del programa; destaca que, conforme al Reglamento (UE) n.º 1288/2013, esto podría facilitarse mediante el establecimiento de subcomités permanentes de los que formen parte representantes de las partes interesadas y de los beneficiarios, las agencias nacionales sectoriales, diputados al Parlamento Europeo y representantes de los Estados miembros;

44.  Pide asimismo a la Comisión que revise y adapte convenientemente las modalidades de pago a las agencias nacionales, los plazos de presentación de solicitudes y los períodos de concesión; señala que debe otorgarse a las agencias nacionales una mayor flexibilidad a la hora de establecer la cuantía de las becas de movilidad y los costes administrativos para favorecer unas estancias en el extranjero más prolongadas; insta a la Comisión a que conceda más flexibilidad a las agencias nacionales para trasladar fondos entre las Acciones Clave con el fin de subsanar las posibles insuficiencias de financiación basadas en las necesidades de los beneficiarios; sugiere confiar a las agencias nacionales este proceso, debido a su familiaridad con las posibles deficiencias de financiación en sus respectivos países; señala que una mayor flexibilidad requiere un control y transparencia adecuados;

45.  Muestra su preocupación por la reducción del número de proyectos en el marco de Leonardo y pide que se otorgue a las agencias nacionales un mayor margen de decisión sobre la cuantía de las subvenciones destinadas a gastos administrativos con objeto de poder tener mejor en cuenta características nacionales como el sistema dual;

46.  Manifiesta su preocupación por las dificultades de las agencias nacionales para interpretar y aplicar las normas del programa y recuerda que el 82 % del presupuesto de Erasmus+ se gestiona en el marco de acciones descentralizadas; insta a la Comisión a que racionalice las definiciones y mejore las directrices relativas a las acciones descentralizadas y a que asegure la aplicación coherente de las normas y los reglamentos del programa en todos las agencias nacionales, observando normas de calidad, evaluación de proyectos y procedimientos administrativos comunes, garantizando de este modo la ejecución uniforme y coherente del programa Erasmus+, los mejores resultados para el presupuesto de la Unión y la prevención de porcentajes de error;

47.  Considera que es necesario evaluar y mejorar periódicamente el funcionamiento de las agencias nacionales, a fin de garantizar la eficacia de las acciones financiadas por la Unión; reconoce que los índices de participación y la experiencia de los participantes y los socios deberían ser aspectos esenciales en este sentido;

48.  Propone que la estructura organizativa de los servicios pertinentes de la Comisión se ajuste a la estructura del programa;

49.  Pide la mejora de las herramientas informáticas pertinentes y que se ponga el acento en racionalizar, facilitar el uso y mejorar las conexiones entre los distintos instrumentos en lugar de crear otros nuevos; recuerda, en este contexto, que las herramientas de las tecnologías de la información se encuentran entre los medios favoritos de interacción con la red utilizados por los ciudadanos jóvenes; subraya que las tecnologías de la información pueden desempeñar una importante función en el refuerzo de la visibilidad del programa;

50.  Insta a la Comisión a que continúe desarrollando eTwinning, School Education Gateway, Open Education Europa, EPALE, el Portal Europeo de la Juventud y las plataformas VALOR IT para hacerlos más atractivos y fáciles de utilizar; pide a la Comisión que incluya una evaluación de estas plataformas en la evaluación intermedia de Erasmus +, que se presentará a finales de 2017;

51.  Pide a la Comisión que optimice el rendimiento y la facilidad de uso de las herramientas informáticas, como la herramienta de movilidad, o de otras plataformas informáticas de apoyo, como la plataforma electrónica para el aprendizaje de adultos en Europa (EPALE), a fin de velar por que los beneficiarios del programa saquen el máximo partido de sus experiencias y promover la colaboración transfronteriza y la puesta en común de mejores prácticas;

52.  Pide a la Comisión que refuerce la dimensión del programa en materia de educación escolar, que permita más movilidad para los alumnos y la simplificación de los procedimientos de financiación y administración para los centros escolares y los proveedores de aprendizaje no formal, aprovechando así la intención general del programa Erasmus+ de promover la cooperación intersectorial, con vistas a alentar a los proveedores de educación no formal a participar en asociaciones con centros escolares; anima a la Comisión a reforzar el trabajo en el ámbito de la juventud y las prácticas de desarrollo del aprendizaje no formal dentro del programa, mediante el apoyo a organizaciones y a otros proveedores en el ámbito de la juventud así como el apoyo continuado a la asociación para la juventud entre la Unión y el Consejo de Europa;

53.  Acoge con satisfacción la introducción de dos tipos de asociaciones estratégicas como un primer e importante paso adelante para incrementar las posibilidades de que las pequeñas organizaciones participen en el programa, dado que suelen sufrir dificultades para cumplir los requisitos y, por lo tanto, resultan discriminadas, lo que afecta a la reputación y al poder de convicción del programa; pide a la Comisión que introduzca mejoras que harán que el programa resulte aún más atractivo a fin de asegurar que se incluya a más organizaciones pequeñas en las actividades del programa con el objetivo final de aumentar su porcentaje en el programa, teniendo presentes los requisitos de calidad; celebra el establecimiento de directrices de ejecución europeas y de un sitio de preguntas frecuentes más pormenorizado para armonizar las respuestas sobre los criterios de selección y mostrar proyectos seleccionados, con el fin de aclarar la selección y apoyar mejor a las organizaciones pequeñas; hace hincapié en la necesidad de asociar a distintas organizaciones participantes en las actividades del programa y a mantener un equilibrio entre ellas;

54.  Recomienda reducir las subvenciones en el ámbito de la cooperación escolar a favor del número de proyectos financiados, para fomentar de forma más directa el intercambio de estudiantes y posibilitar así más encuentros personales entre personas de diferentes culturas y lenguas; destaca la importancia de la experiencia personal con personas de otras culturas, especialmente con vistas a fomentar una identidad europea y la idea fundamental de la integración europea, y recomienda que no se deje nada sin intentar para conseguir que participe el mayor número posible de personas, lo que se aplica sin duda a todos los objetivos del programa; acoge con satisfacción las mejoras ya alcanzadas en este contexto, pero espera una flexibilización de las normas en el marco de las asociaciones estratégicas por parte de las agencias nacionales y de la Comisión;

55.  Considera necesario redoblar los esfuerzos para promover y apoyar el multilingüismo en el programa Erasmus+, habida cuenta de la importancia del multilingüismo en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes(19);

56.  Toma nota, en el contexto de los nuevos desafíos sociales en Europa, de la necesidad de reforzar un planteamiento europeo para hacer frente a los retos comunes europeos mediante el apoyo a proyectos de innovación a gran escala en el ámbito de la educación, la formación y la juventud realizados por las redes europeas de la sociedad civil; destaca que todo ello podría llevarse a cabo mediante la asignación de una parte del total de la financiación de la Acción Clave 2 a «Cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas» de las acciones centralizadas;

57.  Observa que el 75 % de las agencias nacionales ha declarado tener una carga administrativa elevada, lo que reduce las capacidades de inversión del presupuesto de la Unión y amenaza con tener un impacto directo en los beneficiarios; pide a la DG EAC y a la EACEA que mejoren la ejecución, especialmente en el procedimiento de solicitud;

58.  Acoge con satisfacción la introducción del sistema de costes unitarios en el programa con el fin de reducir al mínimo la carga administrativa; acoge asimismo con satisfacción los ajustes realizados en 2016 y previstos para 2017 por la Comisión; señala que, debido a requisitos reglamentarios, algunos Estados miembros no pueden aplicarlo o consideran que los niveles de los costes son inadecuados con respecto a los costes reales; considera necesario seguir aumentando los baremos de costes unitarios para ofrecer suficiente apoyo financiero a los participantes en los proyectos y hace hincapié en la necesidad de garantizar que los participantes y las organizaciones de zonas alejadas y regiones fronterizas no sufren desventajas; pide que el elevado compromiso personal, sobre todo de los muchos voluntarios, profesores y demás solicitantes, se recompense adecuadamente; pide que se vuelva a incluir la financiación para las fases iniciales del proyecto a fin de establecer contactos con posibles socios de cooperación o reuniones preparatorias o, por ejemplo, un importe fijo suficiente para cubrir estos costes; subraya que la transparencia en este ámbito es un elemento esencial de los requisitos y metas en materia de transparencia para el conjunto del programa Erasmus+;

59.  Acoge con satisfacción la simplificación introducida por el uso de financiación con cantidades a tanto alzado y tasas uniformes; anima a la Comisión a buscar modos de mejorar el complicado procedimiento administrativo para los solicitantes en los distintos sectores del programa; manifiesta su preocupación por el hecho de que las agencias nacionales estén notificando una carga de auditoría mayor;

60.  Observa la necesidad de reforzar el apoyo operativo a las redes europeas en virtud de la Acción Clave 3 «Apoyo a la reforma de políticas», con el fin de maximizar la promoción y divulgación de las oportunidades que ofrece Erasmus+;

61.  Pide a la Comisión que adopte medidas pertinentes para que el voluntariado pueda considerarse como fuente de aportaciones propias al presupuesto del proyecto, dado que esto simplifica la participación de las organizaciones pequeñas, especialmente en el ámbito del deporte, teniendo en cuenta que Erasmus+ permite reconocer el tiempo de voluntariado como cofinanciación en forma de contribuciones en especie y que la nueva propuesta de la Comisión sobre directrices financieras lo incluye como una posibilidad; insiste en que es preciso reconocer y conceder visibilidad a la contribución del voluntariado, dada su especial importancia para el programa, siempre que se esta se controle con objeto de velar por que el voluntariado complemente, pero no sustituya, la inversión de recursos públicos;

62.  Reconoce el valor económico y social del voluntariado, y alienta a la Comisión a que preste un mayor apoyo a las organizaciones de voluntariado en todas las acciones del programa;

63.  Celebra la propuesta de la Comisión de crear un Cuerpo de Solidaridad Europeo; anima a la Comisión a que implique a organizaciones de voluntariado en el desarrollo de esta nueva iniciativa con el fin de garantizar su valor añadido y su complementariedad en el refuerzo del voluntariado en la Unión; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que realicen un esfuerzo presupuestario para incluir esta nueva iniciativa sin privar de financiación a otros programas actuales y prioritarios, y pide que se estudien las posibilidades de integrarla en virtud del SVE al objeto de reforzar el voluntariado en la Unión sin duplicar iniciativas ni programas;

64.  Subraya que el voluntariado es una expresión de solidaridad, libertad y responsabilidad que contribuye al fortalecimiento de la ciudadanía activa y al crecimiento personal; considera que es también un instrumento fundamental para la inclusión y la cohesión sociales, así como para la formación, la educación y el diálogo intercultural, además de contribuir decisivamente a la difusión de los valores europeos; cree que debe reconocerse la utilidad del Servicio Voluntario Europeo (SVE) para fomentar el desarrollo de capacidades y competencias que pueden facilitar la inserción laboral de sus participantes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que los voluntarios trabajan en condiciones dignas y que comprueben el pleno cumplimiento de los contratos que regulan la labor que desempeñan; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se aseguren de que los participantes en el Servicio Voluntario Europeo no son considerados en ningún caso sustitutos de trabajadores ni son utilizados como tales;

65.  Pide que el plazo de decisión se mantenga lo más corto posible, que la evaluación de las solicitudes s e lleve a cabo de forma coherente y coordinada y que, en caso de rechazo de una solicitud, se proporcione una justificación transparente y comprensible, de manera que no se produzca una pérdida masiva de incentivos en el uso de los programas de la Unión;

66.  Recomienda encarecidamente que haya más transparencia en la evaluación de las solicitudes y que se proporcione una respuesta de calidad a todos los solicitantes; pide a la Comisión que garantice la creación de un sistema eficaz a través del cual los beneficiarios del programa puedan notificar a la Comisión cualquier irregularidad que observen en relación con la ejecución del programa Erasmus+; pide además a la Comisión que mejore y aumente el flujo de información entre las instituciones europeas responsables de la ejecución del programa y las agencias nacionales; insta a las agencias nacionales y a la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural a que, a fin de mejorar la ejecución del programa, ofrezcan oportunidades de formación a los evaluadores, organicen reuniones periódicas con los beneficiarios y visiten los proyectos;

67.  Observa la importancia de fortalecer la dimensión local del SVE; sugiere dotar a los voluntarios del SVE de un mayor apoyo, no solo antes de su partida, sino también a su regreso a sus comunidades locales, en forma de formación orientada e integrada para el puesto, con el fin de ayudarles a compartir sus conocimientos especializados europeos mediante la promoción del voluntariado escala local;

68.  Apoya una mayor eficacia y eficiencia a través de proyectos de gran envergadura; señala, no obstante, que debe haber equilibrio entre pequeños y grandes grupos de solicitantes;

69.  Pide a la Comisión que armonice todo lo posible los tipos de prefinanciación indicados en todo el programa, para dar a todos los beneficiarios las mismas ventajas y facilitar la ejecución del proyecto, especialmente en el caso de las organizaciones pequeñas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que, por lo que respecta a los solicitantes, garanticen que no se dé preferencia a las grandes instituciones frente a organizaciones más pequeñas y menos asentadas;

70.  Constata desequilibrios regionales a escala de la Unión y entre regiones en los Estados miembros en lo que respecta a la participación en acciones financiadas a través de Erasmus+; manifiesta su preocupación por que el índice de éxito de estas acciones sea relativamente bajo, amén de desigual en el territorio de la Unión; pide medidas específicas y oportunas para ampliar la participación y mejorar los índices de éxito, independientemente del origen de los candidatos, procurando destinar una parte de la financiación a medidas específicas de promoción y sensibilización respecto de esta iniciativa, en particular en las regiones en las que el acceso a la financiación sigue siendo relativamente bajo;

71.  Señala que la ejecución de Erasmus+ en las regiones de la Unión pone de manifiesto las diferentes necesidades de financiación y prioridades de intervención que requieren que algunos Estados miembros reorienten la intervención del programa para garantizar la rentabilidad de los fondos utilizados;

72.  Observa diferencias injustificadas por lo que respecta a las becas entre los países y los métodos de asignación; anima a la Comisión a que investigue las consecuencias de dichas diferencias con miras a minimizar las disparidades socioeconómicas en la Unión; insta a seguir aumentando los porcentajes de becas y a ajustarlas al coste de la vida en el país de acogida, con el fin de impulsar la participación de estudiantes desfavorecidos desde el punto de vista socioeconómico, estudiantes y personal con necesidades especiales y estudiantes y personal procedentes de regiones remotas;

73.  Observa el desajuste existente entre los mayores efectos positivos de las becas de movilidad Erasmus+ en Europa oriental y meridional, y la mayor demanda que de ello se deriva, y el reducido presupuesto general del programa, que se traduce en un alto porcentaje de solicitudes rechazadas; propone que la Comisión redoble sus esfuerzos para fomentar la movilidad de Europa occidental a Europa oriental;

74.  Lamenta que la creciente desigualdad que existe dentro de algunos Estados miembros y entre ellos y la elevada tasa de desempleo juvenil en la Unión estén dificultando el acceso al programa al interponer barreras a la movilidad de los solicitantes provenientes de las regiones con menores ingresos que han sido más golpeadas por la crisis económica y los recortes; manifiesta la necesidad de hacer llegar también el programa y la EFP Erasmus+ a las regiones remotas y fronterizas de la Unión; considera que ofrecer acceso e igualdad de oportunidades a los habitantes de estas regiones es muy positivo y que contribuiría a la reducción del desempleo juvenil y a la recuperación económica;

75.  Subraya que las becas de apoyo a la movilidad de personas en virtud del programa Erasmus+ deben quedar exentas de impuestos y gravámenes sociales;

76.  Pide a la Comisión que reconozca la naturaleza especial de los proyectos y las acciones de movilidad de las personas con necesidades especiales y las personas procedentes de entornos desfavorecidos; llama a promocionar las posibilidades de participar en el programa de personas con necesidades especiales o procedentes de entornos desfavorecidos, incluidos los refugiados, y pide que se facilite su acceso al mismo;

77.  Insiste en que, aunque se han producido avances en el reconocimiento de los períodos de estudio, créditos, competencias y capacidades adquiridos mediante el aprendizaje no formal e informal en el extranjero, aún perviven desafíos; subraya que el reconocimiento de las cualificaciones internacionales es fundamental para la movilidad y constituye la base para una mayor cooperación en el Espacio Europeo de Educación Superior; destaca la importancia de aprovechar al máximo todos los instrumentos de la Unión para la validación de conocimientos, capacidades y competencias esenciales para el reconocimiento de cualificaciones;

78.  Subraya que el número de estancias Erasmus de estudiantes ha aumentado de manera constante desde 2008, a pesar de la crisis económica, financiera y social; atrae la atención sobre el hecho de que, al mismo tiempo, el número de periodos de prácticas en el extranjero se ha incrementado exponencialmente; concluye que es evidente que los jóvenes consideran los periodos de prácticas una muy buena oportunidad para mejorar su empleabilidad; recomienda a la Comisión y a las agencias, organizaciones e instituciones nacionales que tomen nota de esta evolución;

79.  Subraya que, gracias al Marco Europeo de Cualificaciones(20), se han logrado mejoras evidentes en los sistemas de reconocimiento y validación de títulos, cualificaciones, créditos, certificados de capacidades y acreditación de competencias en la educación y en la EFP, pero que aún existen problemas; destaca la importancia de garantizar que las competencias y cualificaciones desarrolladas a través de las experiencias de movilidad internacional en cualquiera de los entornos —aprendizaje formal, prácticas en empresas o voluntariado y actividades para jóvenes— se documenten, convaliden, reconozcan y hagan cotejables debidamente en el sistema nacional; pide a la Comisión que reforme el Marco Europeo de Cualificaciones y avance hacia su refuerzo, convirtiendo la recomendación actual en un instrumento más fuerte a fin de apoyar la libre circulación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen de manera sistemática y sigan desarrollando los instrumentos europeos existentes, como Europass, Youthpass y ECVET; alienta al desarrollo de cualificaciones de EFP conjuntas que puedan garantizar el reconocimiento internacional de las cualificaciones; pide a los Estados miembros que apliquen en su totalidad y de forma oportuna la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal;

80.  Pone de relieve que la educación y el aprendizaje no formales para adultos promueven la adquisición de capacidades básicas y capacidades no técnicas, como competencias sociales y cívicas, que son importantes para el mercado laboral, para el bienestar en el trabajo y para lograr un buen equilibrio entre la vida privada y la laboral; señala que la educación y el aprendizaje no formales para adultos desempeñan un papel crucial a la hora de llegar a los grupos desfavorecidos de la sociedad y ayudarles a desarrollar capacidades que les permitan acceder al mercado laboral, encontrar un empleo sostenible y de calidad o mejorar su situación laboral, y contribuyen a una Europa más democrática;

81.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan programas de EFP, señala que los sistemas de prácticas y aprendizaje constituyen oportunidades formativas que no sustituyen a los puestos profesionales a tiempo completo, que deben garantizar condiciones de trabajo dignas y salarios adecuados para los aprendices y que, en ningún caso, las competencias atribuidas a los beneficiarios deben ser sustituidas por las propias de un trabajador;

82.  Observa, en el marco del programa actual, una labor de ejecución más exigente para las agencias nacionales; pide a la Comisión que dote a las agencias nacionales de recursos suficientes y de la asistencia necesaria para lograr una ejecución del programa más eficiente, y que permita a las agencias nacionales hacer frente a los nuevos desafíos derivados del aumento del presupuesto;

83.  Pide a la Comisión que realice un seguimiento de los criterios de calidad utilizados por las agencias nacionales en la evaluación de los programas y los intercambios de buenas prácticas a este respecto; insta a que se organicen programas de formación para los evaluadores a fin de que puedan continuar su desarrollo, especialmente en proyectos intersectoriales, y que se les permita facilitar información de calidad a todos los solicitantes con el fin de impulsar la consecución de objetivos en futuros proyectos y mejorar el rendimiento de futuros solicitantes;

84.  Considera que las mediciones cualitativas deben tener la misma importancia que las cuantitativas; pide que se efectúen mediciones cualitativas en el contexto del programa Erasmus+;

85.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que validen y reconozcan el aprendizaje formal y no formal y los puestos de aprendizaje; alienta a los Estados miembros a que informen mejor a los jóvenes aprendices de las posibilidades existentes, presten más apoyo a los centros de aprendizaje interesados en participar en el programa Erasmus+, y también apliquen medidas adicionales en casos de experiencias de movilidad transfronteriza en países vecinos a fin de ayudar a los aprendices con el alojamiento y el transporte;

86.  Apuesta por el refuerzo de la movilidad en la educación, los programas de aprendizaje y los periodos de prácticas en el empleo en el marco de la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil, con el objetivo de tratar de aliviar los altos índices de desempleo juvenil y los desequilibrios geográficos dentro de la Unión;

87.  Insta a la Comisión a que identifique la desigual participación actual de las instituciones de EFP en los programas de movilidad de la Unión en países y regiones, con el fin de reducir estas diferencias mediante una mejor colaboración e intercambio de información entre las agencias nacionales para Erasmus+, el apoyo al trabajo en equipo entre las instituciones de EFP, mediante la conexión de instituciones experimentadas con otras, la oferta de medidas de apoyo político y sugerencias específicas para instituciones de EFP y la mejora de los sistemas ya implantados de apoyo a estas instituciones;

88.  Insta a los Estados miembros, con el fin de promover la movilidad de docentes, lectores y personal no académico, a que reconozcan su participación en los programas de movilidad como elemento importante de su progresión profesional, y a que, si es posible, introduzcan un sistema de gratificación vinculado a la participación en programas de movilidad, por ejemplo, en forma de prestaciones económicas o reducción de la carga de trabajo;

89.  Pide a las agencias nacionales que apliquen plena transparencia en la evaluación de proyectos mediante la publicación de la lista de proyectos seleccionados, junto con su progreso actual y su apoyo financiero previsto;

90.  Anima a que en la AC1 continúen las mejores prácticas de funcionamiento de Comenius, como la promoción de intercambios de clases y la posibilidad de que los miembros del personal de los centros escolares soliciten de manera individual becas de movilidad en virtud de la AC1;

91.  Observa que, pese a la alta calidad de los proyectos de la Acción Clave 2, muchos de ellos han sido rechazados debido a la limitada financiación; anima a que la Comisión marque estos proyectos con el fin de ayudarles a atraer inversiones de otras fuentes; insta a los Estados miembros a reconocer los proyectos que han sido calificados concediéndoles prioridad en el acceso a fondos públicos destinados a su ejecución, si dichos fondos son accesibles;

92.  Pide a la Comisión que siga esforzándose por solucionar el problema de financiación de las organizaciones europeas radicadas en Bruselas con el fin de lograr su contribución al desarrollo de políticas europeas en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el deporte;

93.  Toma nota de los desafíos a los que se han enfrentado las agencias nacionales al aplicar la Movilidad Internacional de Créditos (MIC); pide una mayor flexibilidad para que las agencias nacionales asignen recursos procedentes de algunos países y regiones a otros países y regiones a fin de satisfacer las prioridades en materia de cooperación de los centros de enseñanza superior;

94.  Observa el número decreciente de participantes individuales en programas de movilidad al margen de Erasmus+ como consecuencia del trato preferencial que otorgan los centros de enseñanza superior europeos a un sistema de movilidad institucionalizado; anima a la Comisión y a las autoridades nacionales a renovar oportunidades para que candidatos a título individual participen en los programas de movilidad;

95.  Anima a la Comisión a impulsar el sistema de EFP promoviendo subprogramas de movilidad de Leonardo da Vinci entre nuevas organizaciones y pequeñas instituciones, además de prestarles asistencia para solicitar la financiación adecuada, ofreciéndoles orientación adicional, formación en línea y apoyo personalizado en la preparación de solicitudes de alta calidad para obtener financiación, mediante el contacto con las agencias nacionales para el programa Erasmus+;

96.  Anima a promover el sistema de enseñanza superior europeo en todo el mundo, así como el avance del conocimiento individual a escala mundial, valorizando todas las partes interesadas pertinentes (Estados miembros, centros de enseñanza superior, asociaciones de enseñanza superior), a fin de hacer más atractivos los títulos conjuntos de máster Erasmus Mundus para los centros de enseñanza superior y los posibles solicitantes;

97.  Sugiere una mayor participación de las agencias nacionales en el desarrollo de políticas en materia de educación, formación, juventud y deporte mediante el refuerzo de los vínculos entre la Comisión, los Estados miembros y las agencias nacionales;

Próximo período de programación

98.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen los esfuerzos para simplificar los procedimientos y reducir la elevada carga administrativa a la que se enfrentan los estudiantes, las instituciones y las empresas de acogida que participan en los proyectos Erasmus+, en particular para aquellos que no están aprovechando suficientemente esta oportunidad, a fin de mejorar y facilitar la igualdad de acceso y los procedimientos de inscripción, validación y reconocimiento; sostiene que la información sobre este programa debe facilitarse en todas las lenguas oficiales de la Unión a fin de fomentar una mayor participación; pide a la Comisión y a las agencias nacionales que homogeneicen los criterios de acceso con miras a garantizar el acceso del mayor número posible de solicitantes;

99.  Propone que la prioridad no sea seguir armonizando ni realizando modificaciones importantes en la estructura del programa sino, por el contrario, proteger y consolidar los logros alcanzados y hacer mejoras adicionales en caso necesario;

100.  Recomienda también que se dé mayor importancia y visibilidad al aprendizaje no formal en Erasmus +, tanto para el empleo juvenil como para la formación de adultos, dado que el aprendizaje no formal es importante en el ámbito de la ciudadanía europea y de la promoción de la democracia y la educación en valores; considera, no obstante, que a menudo, debido a su nombre, el programa solo se vincula con la educación formal;

101.  Pide a la Comisión que asocie a las partes interesadas pertinentes al trabajo sobre el próximo período de programación de la financiación, así como a la introducción de posibles mejoras, con el fin de garantizar el éxito y el valor añadido del programa;

102.  Recomienda que Erasmus+ continúe desarrollando la movilidad intersectorial de las personas en el marco de la Acción Clave 1, a fin de que estudiantes, docentes, educadores, formadores, aprendices, trabajadores y jóvenes puedan participar plenamente de la movilidad intersectorial;

103.  Pide que se elabore una definición clara de los proyectos intersectoriales con el fin de evitar la confusión resultante de una denominación inadecuada de los proyectos;

104.  Pide no solo que se garantice el nivel actual del presupuesto para la próxima generación de programas en virtud del nuevo MFP, sino también un nuevo incremento del presupuesto que garantice un nivel de financiación anual para la próxima generación de programas de, como mínimo, un nivel equivalente al del último ejercicio del marco actual, como condición previa absolutamente esencial para el éxito permanente del programa; propone que la Comisión estudie la posibilidad de incrementar la prefinanciación;

105.  Se felicita de la estructura del programa y pide a la Comisión que en la propuesta sobre la próxima generación de programas mantenga capítulos separados y presupuestos independientes para educación y formación, para juventud y para deporte, teniendo en cuenta sus características específicas, y que adapte los formularios de solicitud, los sistemas de información y los requisitos sobre los productos desarrollados en función del sector;

106.  Anima a las agencias nacionales a que, al término de cada ronda de solicitudes, faciliten el acceso a los presupuestos disponibles por acción clave y por sector a fin de que los solicitantes puedan planear de forma estratégica sus acciones futuras, y a que publiquen los proyectos seleccionados y las partidas presupuestarias de manera que se pueda llevar a cabo un seguimiento externo adecuado del programa;

107.  Pide a la Comisión que revise periódicamente los niveles de ayuda financiera, incluida la cantidad a tanto alzado que se asigna en concepto de dietas de viaje y estancia, a fin de garantizar que se adecuan a los gastos de manutención reales de los beneficiarios y evitar que estos se endeuden a raíz del periodo de formación, y, de ese modo, evitar la discriminación y el abandono de las personas con menos recursos económicos o con necesidades especiales;

108.  Indica que los grupos desfavorecidos son destinatarios específicos en el sector de la juventud; sugiere ampliar la estrategia de inclusión y diversidad a todos los sectores del programa con el fin de promover la inclusión social y la participación en el programa Erasmus+ de personas con necesidades especiales o con menos oportunidades;

109.  Pide a la Comisión que presente, y a los Estados miembros que respalden, un marco de calidad para los periodos de aprendizaje y una propuesta de fomento de la movilidad para aprendices a fin de garantizar un conjunto de derechos para aprendices, becarios y alumnos de EFP, de manera que estos cuenten con una protección adecuada y que los programas de movilidad no sustituyan en ningún caso a los contratos normales de trabajo; reclama unos periodos de prácticas remunerados y de calidad, y pide a los Estados miembros que denuncien las situaciones en las que se vulneren las condiciones relativas a las tareas o los derechos de los beneficiarios de Erasmus+;

110.  Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros para establecer una cooperación más intensa entre las instituciones educativas y los principales interesados (autoridades locales y regionales, interlocutores sociales, el sector privado, representantes de los jóvenes, servicios de EFP, organismos de investigación y organizaciones de la sociedad civil), con el fin de aumentar la capacidad de respuesta de los sistemas educativos y de EFP a las verdaderas necesidades del mercado laboral y que se asegure de que dicha cooperación queda reflejada en Erasmus+; cree que la implicación activa de los beneficiarios y de todas las partes interesadas en el diseño, la organización, la supervisión, la aplicación y la evaluación del programa garantiza su viabilidad, su éxito y su valor añadido;

111.  Aboga por permitir que los estudiantes móviles combinen los estudios en el extranjero con un puesto en función de sus estudios dentro del programa, facilitando de este modo su estancia en el extranjero, reduciendo la selectividad social, aumentando el número de estudiantes móviles y mejorando las capacidades de los estudiantes y las conexiones entre la educación superior y el entorno laboral; pide a la Comisión que preste especial atención a la movilidad de larga duración de los aprendices al atribuir las becas Erasmus+;

112.  Toma nota de las asimetrías entre los Estados miembros en cuanto a los criterios de admisión en el programa Erasmus+; insiste en que la Comisión vele por que las normas del programa se apliquen de manera armonizada en todas las agencias nacionales, respetando normas de calidad y prácticas procedimentales comunes y garantizando de este modo la coherencia interna y externa del programa Erasmus+ con miras a convertirlo en un programa verdaderamente europeo; pide, a este respecto, a la Comisión que elabore directrices europeas para la ejecución del programa Erasmus+ destinadas a las agencias nacionales; insta a las agencias nacionales, que deben ser una parte integrante del procedimiento de seguimiento, a que se centren también en establecer o facilitar un foro de diálogo constructivo entre las autoridades encargadas de las políticas de educación y empleo en cada Estado miembro; recomienda enérgicamente mejorar la coordinación entre las agencias para conectar los proyectos que aborden cuestiones similares;

113.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren las oportunidades de EFP en el extranjero y que conviertan la EFP en una de las mejores opciones para encontrar trabajo así como en el punto de partida de una trayectoria profesional prometedora, que garanticen que todos los ciudadanos de todas las edades puedan acceder a ella y que prevean una financiación adecuada, puesto que los fondos que se destinan a la EFP no son proporcionales(21) al número de posibles participantes en los programas de movilidad que se ofrecen; respalda enérgicamente que se promueva y fomente de manera eficaz la movilidad en la EFP entre las mujeres y considera que los Estados miembros deben fijar objetivos ambiciosos a este respecto y que deben seguirse de cerca los progresos en este ámbito;

114.  Destaca que está teniendo lugar una redefinición de los trabajos y las capacidades, sobre todo debido a la actual transición hacia una economía más digitalizada, caracterizada por la aparición de nuevas necesidades en las empresas y de sectores orientados al futuro; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se aseguren de que el programa Erasmus+ refleja esta realidad;

115.  Pide una mayor promoción de los programas de movilidad para los niveles avanzados de la educación superior a fin de asegurar la movilidad entre centros de investigación europeos y contribuir a alcanzar el objetivo de la internacionalización de las universidades europeas;

116.  Destaca la necesidad de dar a conocer la utilidad del instrumento Erasmus+ como un medio para mejorar las capacidades personales y aportarles una nueva dimensión, lo que debería garantizar el enfoque correcto de este instrumento a efectos de asegurar su eficacia y conjurar el riesgo de que se convierta en una mera experiencia vital;

117.  Pide a la Comisión que elabore y publique estadísticas actualizadas y que lleve a cabo estudios de seguimiento sobre la aplicación de Erasmus+, centrándose en particular en el índice de participación de los jóvenes, desglosado por región y sexo, en su incidencia en la empleabilidad, así como en el tipo y el índice de empleo, y en su repercusión en los salarios y cómo mejorarla; pide a la Comisión que analice por qué en algunos países se solicitan más programas de movilidad en la EFP, dónde existe un mayor desequilibrio de género y los motivos de este desequilibrio o dónde hay más solicitantes con discapacidades, y que elabore un plan sobre cómo fomentar la participación de los demás países; pide, por consiguiente, a las agencias nacionales de los Estados miembros que colaboren estrechamente a fin de intercambiar información y estadísticas; sostiene que los resultados de los estudios y las estadísticas deben incluirse y tomarse en consideración en la próxima revisión intermedia de Erasmus+;

118.  Recuerda que, en un momento especialmente delicado para los valores fundamentales de la Unión, el instrumento Erasmus+ puede brindar una oportunidad inmejorable para promover la integración, la comprensión y la solidaridad entre los jóvenes; pide, por tanto, que se favorezca la integración de los jóvenes concienciándolos sobre culturas y tradiciones distintas y la necesidad de que se respeten mutuamente;

119.  Propone que la Comisión mantenga la educación y la formación para el emprendimiento como uno de los objetivos de un futuro programa Erasmus+ en el próximo periodo financiero (después de 2020), incluida la movilidad, y que incorpore en el programa los siguientes elementos:

   i) la evaluación cuidadosa del impacto de las medidas existentes que promueven el emprendimiento a través de la educación y la formación, y su posible adaptación, concediendo al mismo tiempo una atención especial a sus efectos en los grupos infrarrepresentados y desfavorecidos;
   ii) el fomento de unos contenidos e instrumentos de aprendizaje mejor definidos para la educación formal y no formal para todos los estudiantes, con módulos tanto teóricos como prácticos, como proyectos de emprendimiento estudiantil;
   iii) la promoción de las asociaciones entre las instituciones educativas, las empresas, las organizaciones sin ánimo de lucro y los proveedores de educación no formal para elaborar planes de estudio adecuados y proporcionar a los estudiantes los modelos y la experiencia práctica necesarios;
   iv) el desarrollo de capacidades en los ámbitos de los procesos de emprendimiento, la alfabetización financiera, la alfabetización y las competencias TIC, el pensamiento creativo, la resolución de problemas y el espíritu innovador, la confianza en uno mismo, la adaptabilidad, el trabajo en equipo, la gestión de proyectos, la evaluación y asunción de riesgos, y también competencias y conocimientos empresariales específicos;
   v) el fomento del aprendizaje no formal e informal como entorno privilegiado para adquirir competencias de emprendimiento;

120.  Anima a los Estados miembros a seguir participando en el programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores y a promoverlo en mayor medida entre los jóvenes que deseen poner en marcha un proyecto empresarial, para que puedan beneficiarse de una experiencia en el extranjero y adquirir nuevas capacidades que les ayuden a llevar a cabo con éxito sus proyectos empresariales;

121.  Recomienda encarecidamente el aprendizaje entre iguales tras los estudios, la formación o la experiencia laboral en el extranjero para aumentar la repercusión de Erasmus+ en las comunidades locales; destaca que la puesta en común de buenas prácticas es fundamental para mejorar la calidad de los proyectos en el marco de Erasmus+; celebra la creación de la plataforma Erasmus+ para difundir los resultados de los proyectos y pide un planteamiento más sólido en lo que respecta a la puesta en común de buenas prácticas y el intercambio internacional de puntos de vista entre las agencias nacionales, los socios y los beneficiarios del programa; pide a la Comisión que ayude a los solicitantes del programa a encontrar socios internacionales mediante el desarrollo de plataformas fáciles de usar que reúnan información pública sobre los distintos beneficiarios y sus proyectos;

122.  Pide a la Comisión que mejore la guía del programa para que sea más comprensible y fácil de usar y que elabore folletos informativos específicos sobre cada una de las acciones clave; pide a la Comisión que optimice el procedimiento de solicitud, reduciendo las trabas administrativas;

123.  Apoya la creación de instituciones de aprendizaje para adultos a través del desarrollo profesional continuo y oportunidades de movilidad para profesores, directores de centros de enseñanza, formadores y otros trabajadores en el ámbito de la educación; alienta el desarrollo de capacidades y competencias, sobre todo en relación con un uso eficaz de las TIC en el aprendizaje para adultos, a fin de mejorar los resultados de aprendizaje; subraya la importancia de intercambiar mejores prácticas;

124.  Celebra la puesta en marcha de proyectos piloto como el «Marco europeo para la movilidad de los aprendices: desarrollo de la ciudadanía europea y de competencias mediante la integración de los jóvenes en el mercado laboral», destinado a implantar programas de movilidad transfronterizos y rentables para aprendices entre instituciones de EFP, empresas u otras organizaciones pertinentes, así como a reconocer y convalidar oficialmente los resultados del aprendizaje y apoyar el reconocimiento mutuo de las cualificaciones, y el proyecto «Movilidad juvenil en la formación profesional: mejor movilidad juvenil» destinado a mejorar la movilidad de los jóvenes en la formación profesional; pide la Comisión que ejecute con eficacia los dos proyectos piloto y, a largo plazo, que los integre en el programa Erasmus+;

125.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten un apoyo estructural mayor y más a largo plazo a las organizaciones europeas de la sociedad civil en el ámbito de la educación, la formación, la juventud y el deporte a través de subvenciones de funcionamiento, puesto que se trata de organizaciones que ofrecen oportunidades de aprendizaje y espacios de participación a los ciudadanos europeos y residentes en Europa para desarrollar y aplicar las políticas europeas;

126.  Pide a la Comisión que busque una solución adecuada para la situación de las organizaciones no gubernamentales a escala europea con sede en Bruselas que presentan solicitudes de financiación a las agencias nacionales belgas;

o
o   o

127.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 50.
(2) DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.
(3) DO C 311 de 19.12.2009, p. 1.
(4) DO C 351 E de 2.12.2011, p. 29.
(5) DO C 377 E de 7.12.2012, p. 77.
(6) DO C 372 de 20.12.2011, p. 1.
(7) DO C 372 de 20.12.2011, p. 31.
(8) DO C 398 de 22.12.2012, p. 1.
(9) DO C 70 de 8.3.2012, p. 9.
(10) DO C 208 de 10.6.2016, p. 32.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0292.
(12) DO C 417 de 15.12.2015, p. 25.
(13) DO C 172 de 27.5.2015, p. 17.
(14) DO C 417 de 15.12.2015, p. 36.
(15) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0106.
(16) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0107.
(17) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0291.
(18) http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
(19) CCI, Science and Policy Report on Languages and Employability («Informe científico y político sobre lenguas y empleabilidad»), 2015.
(20) DO C 111 de 6.5.2008, p. 1.
(21) Según la Comisión, en 2016, debido a la falta de financiación, la tasa de éxito de las solicitudes admisibles de participación en programas de movilidad en la EFP en el marco de Erasmus+ fue del 42 %. La situación ha empeorado con el tiempo: en 2014 la tasa de éxito fue del 54 % y en 2015, del 48 %. Aunque la financiación disponible ha aumentado ligeramente a lo largo de los años, la demanda ha crecido mucho más rápidamente. Los escasos recursos de Erasmus+ no permiten que la financiación crezca al mismo ritmo que la demanda.

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