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Procedimiento : 2017/2755(RSP)
Ciclo de vida en sesión
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Textos presentados :

RC-B8-0464/2017

Debates :

PV 06/07/2017 - 8.2
CRE 06/07/2017 - 8.2

Votaciones :

PV 06/07/2017 - 11.4

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0309

Textos aprobados
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Jueves 6 de julio de 2017 - Estrasburgo Edición definitiva
Eritrea, en particular los casos de Abune Antonios y Dawit Isaak
P8_TA(2017)0309RC-B8-0464/2017

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre Eritrea, en particular los casos de Abune Antonios y Dawit Isaak (2017/2755(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Eritrea, en particular la de 15 de septiembre de 2011 sobre Eritrea: el caso de Dawit Isaak(1), y la de 10 de marzo de 2016, sobre la situación en Eritrea(2),

–  Visto el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, de 23 de junio de 2017,

–  Vista la declaración de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea en el 35.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, de 14 de junio de 2017,

–  Visto el informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Eritrea, de 8 de junio de 2016,

–  Vistas las Resoluciones 751 (1992), 1882 (2009), 1907 (2009), 2023 (2011), 2244 (2015) y 2317 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por las que se prorroga el embargo de armas a Eritrea hasta el 15 de noviembre de 2017,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo y el Consejo, titulada «Un impulso renovado para la asociación África-UE», de 4 de mayo de 2017,

–  Visto el Acuerdo de Asociación ACP-UE (el Acuerdo de Cotonú), revisado en 2005 y 2010, del que Eritrea es signatario,

–  Vista la Decisión del Consejo 2010/127/PESC, de 1 de marzo de 2010, sobre medidas restrictivas contra Eritrea(3), modificada por la Decisión del Consejo 2010/414/PESC, de 26 de julio de 2010(4), y modificada ulteriormente por la Decisión del Consejo 2012/632/PESC, de 15 de octubre de 2012(5),

–  Visto el procedimiento 428/12 (2012) promovido ante la Comisión Africana de Derechos Humanos en nombre de Dawit Isaak y otros prisioneros políticos,

–  Vista la declaración final del 60.º período de sesiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y de los pueblos, de 22 de mayo de 2017;

–  Visto el Informe del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre la asociación entre Eritrea y la Unión, de 2015,

–  Visto el Programa indicativo nacional para Eritrea en el marco del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo, de 3 de febrero de 2016,

–  Vista la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

–  Vista la Constitución de Eritrea adoptada en 1997, que garantiza las libertades civiles, incluida la libertad religiosa,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Eritrea presenta uno de los peores resultados a nivel mundial en materia de derechos humanos, con violaciones rutinarias de los derechos humanos que están al orden del día, sin que se haya registrado mejora alguna en los últimos años; que el Gobierno de Eritrea ha emprendido una campaña generalizada, a fin de mantener el control sobre la población y restringir las libertades fundamentales, con el pretexto de defender la integridad del Estado;

B.  Considerando que la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Eritrea concluyó que las violaciones en los ámbitos de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura (incluidas la tortura y la esclavitud sexual), el servicio nacional como forma de esclavitud, los trabajos forzosos y la política de disparar a matar en la frontera pueden constituir crímenes de lesa humanidad;

C.  Considerando que, en septiembre de 2001, las autoridades de Eritrea detuvieron a docenas de ciudadanos que habían suscrito una carta abierta en la que pedían reformas democráticas; que a los detenidos no se les imputó ningún delito, ni fueron objeto de procedimiento judicial alguno, y que en su mayoría permanecen encarcelados a día de hoy; que, a pesar de los amplios llamamientos de los grupos de derechos humanos y los observadores internacionales, se ha sabido que algunos de ellos han fallecido en la cárcel; que, sin embargo, el 20 de junio de 2016, el ministro de Asuntos Exteriores de Eritrea, Osman Saleh, se refirió a los detenidos como «prisioneros políticos» e indicó que «todos están vivos» y que serían juzgados «cuando el Gobierno lo decida»;

D.  Considerando que Dawit Isaak, que posee la doble nacionalidad, eritrea y sueca, fue detenido el 23 de septiembre de 2001, después de que el Gobierno de Eritrea prohibiera los medios de comunicación de propiedad privada; que desde 2005 no se han tenido noticias suyas; que el encarcelamiento de Dawit Isaak se ha convertido en un símbolo internacional de la lucha por la libertad de prensa en Eritrea, reconocido recientemente mediante la concesión, por parte de un jurado internacional independiente, del Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO-Guillermo Cano de 2017, en reconocimiento a su valor, resistencia y compromiso con la libertad de expresión;

E.  Considerando que, desde su desaparición, la familia de Dawit Isaak vive un sufrimiento e incertidumbre insoportables, con escasas noticias sobre el estado, paradero y perspectivas de futuro de sus seres queridos;

F.  Considerando que, en las detenciones llevadas a cabo en septiembre de 2001, once políticos — todos antiguos miembros del Consejo Central del partido en el poder, Frente Popular para la Democracia y la Justicia (FPDJ), entre ellos el antiguo ministro de Asuntos Exteriores, Petros Salomón– fueron detenidos después de haber publicado una carta abierta al Gobierno y al presidente Isaias Afwerki en la que pedían reformas y «el diálogo democrático»; que diez periodistas, incluido Dawit Isaak, fueron detenidos durante la semana siguiente;

G.  Considerando que numerosísimos eritreos son detenidos por una serie de motivos injustificables, como la expresión de puntos de vista independientes, o sin justificación explícita, por periodos de tiempo indeterminados; que los reclusos, incluidos los menores, son sometidos a unas condiciones extremadamente duras que, en algunos casos, equivalen a la tortura o a la denegación de asistencia médica; que no se ha dado permiso a las organizaciones internacionales para acceder a las instalaciones penitenciarias, salvo en el caso de la prisión en superficie de Asmara;

H.  Considerando que solo están autorizadas cuatro confesiones religiosas: la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana y el Islam; que el resto de confesiones religiosas están prohibidas y sus miembros, así como sus familiares son detenidos y encarcelados; que desde 2016 se observa un resurgimiento del acoso y la violencia contra quienes practican esos cultos religiosos; que la Christian Solidarity Worldwide (CSW) calcula que, solo en mayo de 2017, ciento sesenta cristianos fueron encarcelados en Eritrea;

I.  Considerando que Abune Antonios, patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, la mayor comunidad religiosa del país, se halla encarcelado desde 2007, al haberse negado a excomulgar a 3 000 feligreses opuestos al Gobierno; que, desde entonces, se halla en paradero desconocido y se le ha denegado la asistencia médica;

J.  Considerando que en Eritrea no existe un poder judicial independiente ni un parlamento; que debido a la falta de instituciones democráticas en el país, existe un vacío en el ámbito de la buena gobernanza y el Estado de Derecho que ha creado un ambiente de impunidad para los crímenes de lesa humanidad;

K.  Considerando que solamente existe un partido político legalizado, el Frente Popular para la Democracia y la Justicia (FPDJ); que el resto de los partidos políticos ha sido prohibido; que, según Freedom House, el FPDJ y los militares son, en la práctica, las únicas instituciones de relevancia política en Eritrea, y que ambas entidades están estrictamente subordinadas al presidente;

L.  Considerando que en el país no hay libertad de prensa, puesto que los medios de comunicación independientes están prohibidos en Eritrea, y que el país ocupa el último lugar, de los ciento setenta o ciento ochenta evaluados, en el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras desde hace ocho años consecutivos;

M.  Considerando que las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 1997 no se celebraron nunca, y que la Constitución, ratificada ese mismo año, nunca se ha aplicado; que en Eritrea no se han celebrado elecciones desde hace veinticuatro años y que, prácticamente, no existe un poder judicial independiente, ni un parlamento operativo, ni una sociedad civil;

N.  Considerando que Eritrea ocupaba el puesto 179 entre los 188 países que figuraban en el Índice de Desarrollo Humano de 2016, según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2016;

O.  Considerando que en 2016 los eritreos que abandonaron su país representaban el cuarto grupo más numeroso de personas que realizaban el peligroso viaje a Europa (tras sirios, iraquíes y afganos), que sufren un calvario en manos de personas sin escrúpulos para realizar la peligrosa travesía del Mediterráneo; que la situación en Eritrea afecta por tanto directamente a Europa, ya que si los derechos humanos se respetasen y protegiesen en el país y la gente pudiese vivir allí sin miedo, los eritreos podrían volver a su patria;

P.  Considerando que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 400 000 eritreos, es decir, el 9 % de la población total, han huido; que el ACNUR calcula que unos 5 000 eritreos abandonan el país cada mes debido, en gran medida, a la persistencia de las graves violaciones de los derechos humanos; y que en 2015 el 69 % de las solicitudes de asilo de eritreos se saldaron con la concesión del estatuto de refugiado en la Unión, mientras que un 27 % adicional de los solicitantes se beneficiaron de una protección subsidiaria, lo que demuestra la gravedad de las persecuciones en Eritrea;

Q.  Considerando que Eritrea apoya el Proceso de Jartum (iniciativa de la Unión y de la Unión Africana lanzada el 28 de noviembre de 2014 con el fin de abordar la cuestión de la migración y la trata de seres humanos), que abarca la realización de proyectos concretos, entre ellos la creación de capacidades en relación con el poder judicial y la sensibilización;

R.  Considerando que muchos jóvenes han abandonado el país para huir de la represión gubernamental y del reclutamiento militar obligatorio, que a menudo se inicia a una edad muy temprana y se prolonga en el tiempo de manera indefinida para la mayoría de los eritreos; que la mayoría de las personas que prestan el servicio militar se encuentran en una situación de esclavitud, ya que todo trabajo o solicitud de empleo y la posibilidad de tener una vida familiar están sometidos a controles; que se calcula que unas 400 000 personas se encuentran actualmente en situación de servicio nacional forzoso ilimitado, estando muchas de ellas sometidas a trabajo forzoso con remuneración mínima o nula; que las mujeres reclutadas son sometidas a esclavitud doméstica y a abusos sexuales;

S.  Considerando que la discriminación y la violencia contra las mujeres están presentes en todos los ámbitos de la sociedad eritrea; que las mujeres no solo están expuestas a violencia sexual en el ejército y en los campos de entrenamiento militar, sino también en la sociedad en general; que se estima que un 89 % de las niñas eritreas han sufrido mutilación genital femenina; que en marzo de 2007 el Gobierno proclamó, sin embargo, que la mutilación genital femenina era un delito, prohibiendo su práctica e impulsando durante ese año programas educativos que desalentaban su práctica;

T.  Considerando que el régimen extiende su garra totalitaria a la diáspora eritrea mediante un impuesto del 2 % sobre los ingresos de los expatriados y actividades de espionaje diversas, y poniendo en su punto de mira a los familiares de los exiliados que permanecen en el país;

U.  Considerando que desde 2011 el régimen eritreo ha negado que el país se encuentre en riesgo de hambruna; que este año una sequía especialmente severa está afectando a toda la región del África oriental y que la preocupación por la situación en Eritrea va en aumento; que, según datos de UNICEF, 1,5 millones de eritreos sufrían inseguridad alimentaria en enero de 2017, incluidos 15 000 niños afectados por malnutrición;

V.  Considerando que la Unión Europea es un importante donante para Eritrea en términos de ayuda al desarrollo; que en enero de 2016, pese a la viva preocupación y a la oposición del Parlamento, la Unión Europea y Eritrea firmaron, en el marco del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo, un nuevo Programa indicativo nacional que destina a Eritrea 200 millones de euros; que las acciones emprendidas deben centrarse en las energías renovables, la gobernanza y la gestión de las finanzas públicas, en particular en el sector energético;

1.  Condena con la máxima firmeza las violaciones flagrantes, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos en Eritrea; pide al Gobierno eritreo que ponga fin a las detenciones de opositores, periodistas, líderes religiosos y civiles inocentes; exige que todos los presos de conciencia de Eritrea sean puestos en libertad de manera inmediata e incondicional, en particular Dawit Isaak y demás periodistas encarcelados desde septiembre de 2001 y Abune Antonios; exige que el Gobierno eritreo facilite información detallada sobre la suerte y el paradero de todas las personas privadas de libertad;

2.  Recuerda la decisión de mayo de 2017 de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y exige que Eritrea confirme de inmediato el buen estado de salud de Dawit Isaak, le libere, le permita reunirse con su familia y representantes legales y le indemnice oportunamente por el tiempo pasado en prisión; pide asimismo a Eritrea que levante la prohibición que pesa sobre los medios independientes, en consonancia también con la resolución de la Comisión Africana;

3.  Señala que con su incumplimiento de la resolución de la Comisión Africana, Eritrea sigue mostrando su manifiesto desprecio por las normas internacionales y los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un juicio justo, la prohibición del uso de la tortura, la libertad de expresión y el derecho a la familia, y que todos los países deben respetar la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos;

4.  Pide al Gobierno eritreo que libere a Abune Antonios, permitiéndole recuperar su cargo de patriarca, y que cese en sus injerencias en las prácticas religiosas pacíficas en el país; recuerda que la libertad de religión es un derecho fundamental y condena enérgicamente toda violencia o discriminación por motivos de religión;

5.  Pide un juicio justo para los acusados y la abolición de la tortura y de otros tratos degradantes, como las restricciones de alimentos, agua y atención sanitaria; recuerda al Gobierno de Eritrea su obligación de diligencia debida respecto de la investigación de las ejecuciones extrajudiciales;

6.  Recuerda al Gobierno eritreo que muchas de sus acciones constituyen crímenes contra la humanidad y que si bien Eritrea no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, numerosas disposiciones de éste reflejan el Derecho consuetudinario internacional vinculante para Eritrea; recalca su apoyo a la recomendación de la comisión de investigación de las Naciones Unidas y a una investigación exhaustiva de las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad supuestamente cometidas por las autoridades eritreas, para que los culpables respondan de sus actos;

7.  Expresa su total apoyo al trabajo de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea; pide a la Unión que, en colaboración con las Naciones Unidas y la Unión Africana, supervise atentamente la situación general en Eritrea y notifique todos los casos de violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

8.  Pide a Eritrea que respete plenamente y aplique con carácter inmediato la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y que respete plenamente sus obligaciones en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, tratados en los que se prohíbe la tortura; observa con preocupación que los agentes públicos y privados, incluidas las empresas, están muy limitados por el control ejercido por el Gobierno; reconoce que la ausencia de toda gestión de las finanzas públicas y la falta de un presupuesto nacional hacen imposible el control presupuestario;

9.  Pide al Gobierno eritreo que autorice la creación de otros partidos políticos como instrumento primordial de fomento de la democracia en el país, y pide que se permita a las organizaciones de defensa de los derechos humanos operar libremente en el país;

10.  Recuerda que la asociación de la Unión Europea con Eritrea se rige por el Acuerdo de Cotonú y que todas las partes están obligadas a respetar y aplicar los términos del Acuerdo, en particular el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho; pide a la Unión, por tanto, que fije las condiciones de su ayuda, entre ellas que el Gobierno de Eritrea debe adherirse a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que los presos políticos deben ser puestos en libertad antes de la concesión de cualquier ayuda al país; pide asimismo a la Unión que se sirva de todos los instrumentos disponibles para garantizar que el Gobierno eritreo respete sus obligaciones de proteger y salvaguardar las libertades fundamentales, entre otras vías estudiando la posibilidad de abrir un proceso de consultas con arreglo al artículo 96 del Acuerdo de Cotonú; solicita una evaluación detallada y exhaustiva de los fondos asignados a Eritrea financiados por la Unión y sus Estados miembros;

11.  Denuncia la reanudación de la importante ayuda de la Unión a Eritrea y, en particular, la aprobación del Programa Indicativo Nacional, por valor de 200 millones de euros, para este país; pide a la Comisión que revise sus acuerdos de control con el Parlamento, a fin de examinar a fondo las preocupaciones y las sugerencias manifestadas por el Parlamento, y a fin de garantizar que estas se transmitan al Comité del FED; opina que el Comité del FED debería haber tenido en cuenta las recomendaciones anteriores del Parlamento en el sentido de no aprobar el Programa Indicativo Nacional y de entablar nuevas conversaciones;

12.  Pide a la Comisión que vele por que los fondos asignados no beneficien al Gobierno de Eritrea, sino que se destinen de forma exclusiva y transparente a satisfacer las necesidades de la población de Eritrea en materia de desarrollo, democracia, derechos humanos, buena gobernanza y seguridad y libertad de expresión, prensa y reunión; insta a la Unión a que garantice la condicionalidad de la ayuda acordada recientemente y a que vele también por que el Programa Indicativo Nacional ayude a Eritrea a reorientar sustancialmente su política energética a fin de que la energía sea accesible para todos, en particular en las zonas rurales, que siguen sin tener electricidad; considera, además, que el componente relativo a la gobernanza del Programa Indicativo Nacional debe centrarse especialmente en aplicar las recomendaciones del examen periódico universal sobre los derechos humanos dirigido por las Naciones Unidas;

13.  Exige a la Comisión que obtenga garantías del Gobierno de Eritrea de que va a poner en práctica reformas democráticas y garantizar el respeto de los derechos humanos, incluida la aplicación de las recomendaciones formuladas en el marco de la 18.ª sesión del Grupo de Trabajo sobre el examen periódico universal, que aceptó el 7 de febrero de 2014;

14.  Pide al Consejo que revalúe la relación entre la Unión y Eritrea, así como su ayuda al desarrollo del país, en respuesta al deficiente historial de este en materia de derechos humanos, y que publique los resultados tangibles derivados de los programas de ayuda de los últimos años; pide a la Unión y a los Estados miembros que hagan uso de todas las medidas disponibles, especialmente a través del Acuerdo de Cotonú, para garantizar que las autoridades eritreas cumplan sus compromisos internacionales;

15.  Subraya enérgicamente que Eritrea debe dar a los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, entre ellos los relatores especiales, un acceso sin restricciones al país para supervisar cualquier avance; pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que apoye activamente la renovación del mandato de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea; anima al Gobierno de Eritrea a que adopte reformas urgentes, como la flexibilización del Estado de partido único y la recuperación de la Asamblea Nacional y de las elecciones;

16.  Insta a los Estados miembros de la Unión a que tomen medidas adecuadas contra la aplicación del «impuesto de la diáspora» a los eritreos residentes en su territorio, de acuerdo con la Resolución 2023 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; recuerda al Gobierno de Eritrea que el derecho a abandonar el propio país está reconocido en la legislación internacional de derechos humanos; pide al Gobierno que permita la libre circulación y que deje de recaudar el «impuesto de la diáspora» entre los eritreos residentes en el extranjero; insta al Gobierno a que ponga fin a la política de «culpabilidad por asociación» que se aplica a familiares de quienes eluden el servicio nacional, procuran huir de Eritrea o no pagan el impuesto del 2 % sobre los ingresos que aplica el Gobierno eritreo a los expatriados eritreos;

17.  Pide al Gobierno eritreo que se atenga al periodo de servicio establecido, que ponga fin a la explotación de sus ciudadanos como trabajadores forzosos, que deje de permitir que las empresas extranjeras utilicen a los reclutados a cambio de una tasa, que permita la objeción de conciencia ante el servicio militar y que garantice la protección de los reclutados;

18.  Recuerda a Eritrea sus obligaciones en virtud de los convenios de la OIT, con especial atención al derecho de las organizaciones de la sociedad civil y de los sindicatos a organizarse, manifestarse pacíficamente, participar en los asuntos públicos y promover mejores derechos laborales; pide al Gobierno eritreo que revoque la política que prohíbe las ONG que disponen de menos de dos millones de dólares en sus cuentas bancarias; expresa su preocupación por el vínculo endémico entre empresas, política y corrupción en Eritrea; condena a las empresas extranjeras que son cómplices en el recurso al trabajo forzoso y solicita a todas las que operen en Eritrea que mejoren su rendición de cuentas, su diligencia debida y sus sistemas de información;

19.  Observa los intentos de la Unión de cooperar con Eritrea en materia de migración; destaca los muy altos índices de concesión de asilo y protección subsidiaria a eritreos por los Estados miembros de la Unión, e insta a estos, por consiguiente, a que no repatrien a los eritreos que soliciten asilo en Europa, de conformidad con el Convenio de Ginebra; exige que los Estados miembros de la Unión respeten el principio de no devolución, y les recuerda que es probable que los solicitantes de asilo retornados sean detenidos de manera arbitraria y torturados como consecuencia de su intento de huida;

20.  Anima a Eritrea a que coopere con la comunidad internacional en el ámbito de los derechos humanos; solicita que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas coopere con Eritrea en el desarrollo de capacidades en el sistema judicial, mediante la organización de seminarios y formación de jueces y abogados, como una forma constructiva de avanzar; observa que una delegación de la Oficina del Alto Comisionado del Consejo de Derechos Humanos visitará Eritrea en julio de 2017 y pide a dicha delegación que informe de lo que vea y procure obtener acceso a todas las partes del país, especialmente a las cárceles, donde pueden supervisarse las instalaciones y puede informarse al respecto;

21.  Reitera su profunda preocupación por las devastadoras condiciones climáticas que se registran actualmente en el Cuerno de África, incluida Eritrea, y el grave riesgo de crisis alimentaria y humanitaria que entrañan; pide a la Unión que, junto con sus socios internacionales, redoble su apoyo a la población afectada y garantice que se proporcione la financiación y ayuda necesarias;

22.  Condena la política del Gobierno eritreo de revocar la nacionalidad de manera arbitraria, y exige que todos los ciudadanos reciban un trato justo e igual ante la ley; hace hincapié en que es prioritario abordar el déficit de Eritrea en materia de justicia, la gobernanza democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho, poniendo fin a un régimen autoritario basado en el temor a detenciones arbitrarias y en régimen de incomunicación, torturas y otras violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad;

23.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, al Consejo de la Unión Africana, a la Comunidad del África Oriental, al secretario general de las Naciones Unidas, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a las autoridades eritreas.

(1) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 146.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0090.
(3) DO L 51 de 2.3.2010, p. 19.
(4) DO L 195 de 27.7.2010, p. 74.
(5) DO L 282 de 16.10.2012, p. 46.

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