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Procedimiento : 2017/2009(INI)
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Ciclo relativo al documento : A8-0239/2017

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A8-0239/2017

Debates :

PV 05/07/2017 - 14
CRE 05/07/2017 - 14

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PV 06/07/2017 - 11.10
CRE 06/07/2017 - 11.10
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Jueves 6 de julio de 2017 - Estrasburgo Edición definitiva
Acción de la UE en favor de la sostenibilidad
P8_TA(2017)0315A8-0239/2017

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre la acción de la UE en favor de la sostenibilidad (2017/2009(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Resolución de las Naciones Unidas titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», adoptada por la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015 en Nueva York(1),

–  Visto el acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21) en París el 12 de diciembre de 2015 (Acuerdo de París),

–   Visto el artículo 3, apartados 3 y 5, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que reafirma que la Unión «velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos», así como el artículo 11 del TFUE,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible: acción europea en favor de la sostenibilidad» (COM(2016)0739),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por la Unión en enero de 2011,

–  Visto el Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020, titulado «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»(2),

–   Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) n.º 30/2016, titulado «Environmental indicator report 2016» (Informe de indicadores medioambientales 2016),

–  Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre el seguimiento y examen de la Agenda 2030(3),

–   Vista la nota estratégica del Centro Europeo de Estrategia Política de la Comisión, de 20 de julio de 2016, titulada «Sustainability Now! A European Voice for Sustainability» (Sostenibilidad ya: un llamamiento europeo a la sostenibilidad)(4),

–  Vistas la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020(5), su revisión intermedia(6) y la Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2016, sobre su revisión intermedia(7),

–   Vistos los informes del Panel Internacional de Recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) titulados «Policy Coherence of the Sustainable Development Goals (2015)» (Coherencia de las políticas de los objetivos de desarrollo sostenible —2015—), «Global Material Flows and Resource Productivity (2016)» (Flujos de materiales y productividad de los recursos a escala mundial —2016—) y «Resource Efficiency: Potential and Economic Implications (2017)» (Eficiencia de los recursos: implicaciones potenciales y económicas —2017—),

–   Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 10 de noviembre de 2016, titulada «Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos» (JOIN(2016)0049),

–   Visto el acuerdo de Hábitat III sobre la Nueva Agenda Urbana, adoptado en Quito el 20 de octubre de 2016,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0239/2017),

A.  Considerando que la Unión Europea y sus Estados miembros han adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo «la Agenda 2030»), que incluye los objetivos de desarrollo sostenible (ODS);

B.  Considerando que los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas representan un modelo para una sociedad y un mundo mejores, pueden alcanzarse mediante acciones prácticas y mesurables y cubren una serie de aspectos, como por ejemplo, la obtención de resultados mejores y más equitativos en el ámbito de la salud, la mejora del bienestar y la educación de los ciudadanos y de la prosperidad en general, las acciones contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente para las generaciones futuras, y que, precisamente por esa razón deben conceptuarse siempre de manera transversal en todos los ámbitos de actuación de la Unión;

C.  Considerando que el futuro crecimiento económico solo será posible si se respetan plenamente los límites del planeta, a fin de garantizar una vida digna para todos;

D.  Considerando que la Agenda 2030 puede llegar a ser transformadora y establece objetivos universales, ambiciosos, amplios, indivisibles e interconectados, destinados a erradicar la pobreza, luchar contra la discriminación y promover la prosperidad, la responsabilidad medioambiental, la inclusión social y el respeto de los derechos humanos, así como a consolidar la paz y la seguridad; que estos objetivos precisan una actuación inmediata con vistas a su aplicación plena y efectiva;

E.  Considerando que la Comisión no ha definido aún una estrategia global para aplicar la Agenda 2030 que englobe las áreas de las políticas interiores y exteriores, con un calendario detallado hasta 2030, tal y como solicitó el Parlamento en su Resolución de 12 de mayo de 2016 sobre el seguimiento y examen de la Agenda 2030, ni ha asumido plenamente todavía un papel de coordinación general para las acciones adoptadas a escala nacional; que una estrategia de aplicación y un mecanismo de seguimiento y de examen eficaces son esenciales para lograr los ODS;

F.  Considerando que los diecisiete ODS y las 169 metas subyacentes abarcan todos los aspectos de la política de la Unión;

G.  Considerando que muchos de los ODS conciernen directamente las competencias de la Unión, así como las de las autoridades nacionales, regionales y locales, y, por consiguiente, para su aplicación son necesarios un verdadero enfoque de gobernanza multinivel y la participación general y activa de la sociedad civil;

H.  Considerando que el cambio climático no es una cuestión medioambiental aislada, sino que, según las Naciones Unidas(8), representa uno de los principales retos de nuestro tiempo y supone una seria amenaza para el desarrollo sostenible, y que sus efectos amplios y sin precedentes afectan de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables y aumentan la desigualdad dentro de los países y entre ellos; que la actuación urgente para combatir el cambio climático es esencial para lograr la aplicación satisfactoria de los ODS;

I.  Considerando que los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de cambio climático y sostenibilidad energética son: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 %, para cubrir el 20 % de la demanda energética de la Unión mediante energías renovables, y elevar la eficiencia energética en un 20 %; que la Unión está comprometida con una reducción mínima del 40 % de las emisiones internas de gases de efecto invernadero para 2030, con respecto a los niveles de 2005, aplicando el mecanismo de ajuste establecido en el Acuerdo de París; que el Parlamento Europeo ha pedido un objetivo vinculante de eficiencia energética del 40 % para 2030 y un objetivo vinculante de como mínimo el 30 % referente a las fuentes de energías renovables, y que ha subrayado que tales objetivos deben alcanzarse a través de objetivos nacionales individuales;

J.  Considerando que la Unión y sus Estados miembros son todos signatarios del Acuerdo de París y que, como tales, se han comprometido a cooperar con otros países para limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C, y a esforzarse por seguir limitándolo a 1,5 °C, para intentar así contener los peores riesgos del cambio climático, que minan la capacidad para lograr el desarrollo sostenible;

K.  Considerando que es esencial disponer de mares y océanos en buen estado para contribuir a la abundante biodiversidad y velar por la seguridad alimentaria y unos medios de vida sostenibles;

L.  Considerando que, en el marco del séptimo programa de acción en materia de medio ambiente (PAM), la Comisión tiene que evaluar el impacto medioambiental, en un contexto mundial, del consumo de alimentos y de productos no alimentarios de la Unión;

M.  Considerando que toda evaluación de la eficacia presente y futura de la agenda de los ODS en Europa no solo debe presentar los éxitos actuales, sino contemplar también los esfuerzos y sistemas futuros, y debe basarse en un análisis exhaustivo de las brechas entre las políticas de la Unión y los ODS, incluyendo ámbitos en los que la Unión no cumple dichos objetivos, la deficiente aplicación de las políticas actuales y las posibles contradicciones entre las áreas políticas;

N.  Considerando que, según la AEMA, es bastante probable que once de los treinta objetivos prioritarios del PAM no se alcancen en 2020;

O.  Considerando que la financiación de los ODS plantea un enorme desafío que requiere una asociación sólida y a escala mundial y el uso de todas las formas de financiación (nacional, internacional, pública y privada, así como fuentes de financiación innovadoras) y de medios no financieros; que la financiación privada puede complementar a la financiación pública, pero no sustituirla;

P.  Considerando que la movilización eficaz de recursos internos es un factor indispensable para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030; que los países en desarrollo se ven especialmente afectados por la evasión y la elusión fiscales del impuesto sobre sociedades;

Q.  Considerando que la promoción del desarrollo sostenible precisa de resiliencia, lo que debería fomentarse mediante un enfoque polifacético de la acción exterior de la Unión y defendiendo el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; que las políticas de los Estados miembros y de la Unión tienen efectos previstos e imprevistos en los países en desarrollo y que los ODS constituyen una oportunidad única para lograr más coherencia y unas políticas más justas respecto de los países en desarrollo;

R.  Considerando que el comercio internacional puede ser un poderoso motor de desarrollo y crecimiento económico y que una gran parte de las importaciones de la Unión proviene de países en desarrollo; que la Agenda 2030 reconoce que el comercio es un medio para alcanzar los ODS;

S.  Considerando que, para lograr el desarrollo sostenible, es esencial abordar el desafío de la migración y las exigencias de una población mundial cada vez mayor; que la Agenda 2030 hace hincapié en el papel de la migración como motor potencial de desarrollo; que el artículo 208 del TFUE establece que la erradicación de la pobreza es el principal objetivo de las políticas de desarrollo de la Unión;

1.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre una acción de la UE en favor de la sostenibilidad, que recoge las iniciativas e instrumentos políticos actuales a escala europea y constituye una respuesta a la Agenda 2030; destaca, no obstante, la necesidad de llevar a cabo una evaluación exhaustiva, incluido el análisis de las carencias, tendencias, incoherencias y deficiencias de ejecución, así como los posibles beneficios secundarios y sinergias, de todas las políticas y la legislación de la Unión en todos los sectores; subraya la necesidad de una acción coordinada para llevar a cabo dicha evaluación tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros; pide, por tanto, a la Comisión, al Consejo, en todas sus formaciones, y a las agencias y los organismos de la Unión que prosigan esta labor sin demora;

2.  Destaca que el objetivo de la Agenda 2030 es lograr un mayor bienestar para todos y que los tres pilares iguales del desarrollo sostenible, a saber: el desarrollo social, económico y medioambiental, son esenciales para alcanzar los ODS; subraya que el desarrollo sostenible es un objetivo fundamental de la Unión, tal como se establece en el artículo 3, apartado 3, del TUE, y debe desempeñar un papel central en el debate sobre el futuro de Europa;

3.  Celebra el compromiso de la Comisión de integrar los ODS en todas las políticas e iniciativas de la Unión sobre la base de los principios de universalidad e integración; pide a la Comisión que desarrolle, sin demora, una estrategia marco exhaustiva, a corto, medio y largo plazo, coherente, coordinada y global, sobre la aplicación de los diecisiete ODS y sus 169 metas en la Unión, en la que se reconozcan la interrelación y la igualdad de los diferentes ODS empleando un enfoque de gobernanza multinivel e intersectorial; subraya, además, la necesidad de integrar todos los aspectos de la Agenda 2030 en el Semestre Europeo y de velar por la plena participación del Parlamento Europeo en el proceso; pide a la vicepresidenta primera, que tiene responsabilidad transversal con respecto al desarrollo sostenible, que tome la iniciativa en este sentido; subraya el hecho de que la Unión y sus Estados miembros se hayan comprometido a aplicar plenamente todos los ODS y metas, tanto en espíritu como en la práctica;

4.  Recuerda la importancia del principio subyacente de la Agenda 2030 de «no excluir a nadie»; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas firmes para abordar las desigualdades dentro de los países y entre ellos, ya que dichas desigualdades magnifican los efectos de otros desafíos mundiales y obstaculizan el progreso en materia de desarrollo sostenible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la investigación y el desglose de los datos en sus políticas a fin de garantizar que se incluya a los más vulnerables y marginados y que se les dé prioridad;

5.  Se felicita por el compromiso de la Comisión de integrar los ODS en su programa «Legislar mejor» y subraya el potencial de utilizar los instrumentos de este programa de manera estratégica para evaluar la coherencia de las políticas de la Unión con respecto a la Agenda 2030; pide a la Comisión que establezca un control de los ODS en todas las nuevas políticas y legislación y que garantice la plena coherencia de las políticas en la ejecución de dichos objetivos, promoviendo a la vez las sinergias, aprovechando los beneficios secundarios y evitando las compensaciones a escala tanto de la Unión como de los Estados miembros; subraya la necesidad de incluir el desarrollo sostenible como parte integral del marco general de las evaluaciones de impacto y no como una evaluación de impacto independiente, como es el caso actual según los instrumentos del programa «Legislar mejor» de la Comisión; pide, además, que se mejoren los instrumentos diseñados para medir y cuantificar los resultados medioambientales a medio y largo plazo en las evaluaciones de impacto; pide, asimismo, a la Comisión que garantice que en las evaluaciones y controles de adecuación realizados en el marco del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) se analice si determinadas políticas o actos legislativos contribuyen a la ambiciosa ejecución de los ODS o en realidad la obstaculizan; insta a que se determine y diferencie claramente el nivel de gobernanza en el que se deben aplicar los objetivos, destacando al mismo tiempo que es preciso respetar el principio de subsidiariedad; pide el establecimiento de vías de desarrollo sostenible claras y coherentes en el plano nacional y, en caso necesario, a escala subnacional o local para aquellos Estados miembros que no lo hayan hecho ya; subraya que la Comisión debe orientar este proceso a fin de velar por el establecimiento de un formato armonizado;

6.  Subraya que el 7.º PAM es, en sí mismo, un instrumento clave para la aplicación de los ODS, aunque las medidas adoptadas en algunos sectores no sean aún suficientes para asegurar que los ODS se cumplen; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para la aplicación plena del 7. PAM, incorporen a la evaluación del 7. PAM un análisis de hasta qué punto sus objetivos se corresponden con los ODS y, teniendo en cuenta esos resultados, elaboren una recomendación para el programa posterior; pide a la Comisión que proponga a su debido tiempo un programa de acción de la Unión en materia de medio ambiente para el período posterior a 2020, como exige el artículo 192, apartado 3, del TFUE, puesto que dicho programa contribuirá a la consecución de los ODS en Europa;

7.  Insta encarecidamente a la Comisión a que se sume al programa de gobernanza acordado en la Declaración de Río y en la Agenda 2030, así como en el Plan de aplicación de Johannesburgo de 2002 y el documento final de Río+20 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible celebrada en 2012;

8.  Considera que la Comisión debe animar a los Estados miembros a promover el establecimiento o la mejora de consejos de desarrollo sostenible en el ámbito nacional y local, y a intensificar la participación y colaboración eficaz de la sociedad civil y de otras partes interesadas pertinentes en los foros internacionales correspondientes y, en este sentido, promover la transparencia y una amplia participación pública, así como asociaciones para llevar a la práctica el desarrollo sostenible;

9.  Reconoce que la consecución de los ODS exigirá el compromiso de múltiples partes interesadas tanto de la Unión como de las autoridades locales y regionales de los Estados miembros, la sociedad civil, los ciudadanos, las empresas y terceros; pide a la Comisión que garantice que la plataforma multilateral anunciada en su Comunicación se convierta en un modelo de mejores prácticas para la planificación, aplicación, supervisión y revisión de la Agenda 2030; destaca que la plataforma debe movilizar la experiencia de diferentes sectores fundamentales, promover la innovación y contribuir a garantizar vínculos eficaces con las partes interesadas, alentando la promoción ascendente del desarrollo sostenible; recalca, asimismo, que la plataforma debe tener un alcance mucho más amplio que el aprendizaje entre iguales y permitir una verdadera participación de las partes interesadas en la planificación y el seguimiento de la ejecución de los ODS; pide a la Comisión que promueva sinergias con otras plataformas relacionadas, como la plataforma REFIT, la Plataforma sobre la economía circular, el Grupo de Alto Nivel «Competitividad y Crecimiento» y el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles, y que informe al Parlamento y al Consejo de cómo se dará seguimiento a las recomendaciones de la plataforma;

10.  Pide a la Comisión que intensifique los esfuerzos dirigidos a facilitar la gobernanza de los ODS para que:

   i) sea multisectorial: estableciendo una estructura de coordinación nacional que sea responsable del seguimiento de la Agenda 21, que se beneficiaría de la experiencia de las ONG;
   ii) sea multinivel: estableciendo un marco institucional eficaz para el desarrollo sostenible a todos los niveles;
   iii) sea multilateral: facilitando y fomentando la concienciación y la participación públicas mediante la puesta a disposición de información para todos;
   iv) se centre en mejorar la interfaz ciencia-política;
   v) tenga un calendario claro que combine el pensamiento a corto y largo plazo;

pide, por tanto, a la Comisión que vele por que la plataforma multilateral no solo tenga como resultado la agrupación de conocimientos prácticos sobre los ODS, sino también su difusión, y que garantice la influencia de la plataforma en la agenda política; pide, así, que la Comisión, con la participación del Parlamento y del Consejo, cree una plataforma multilateral que implique a agentes de todo un espectro de sectores; indica que las empresas y la industria, las asociaciones de consumidores, los sindicatos, las ONG sociales y medioambientales, las ONG de cooperación para el desarrollo, el Gobierno local y las ciudades deben contar con representación en un foro de no menos de treinta interesados; añade que las reuniones deben estar abiertas al mayor número de agentes posible y poder ampliarse si el interés aumenta con el tiempo; señala que, en sus reuniones trimestrales, la plataforma debe determinar las cuestiones que constituyan un impedimento para la consecución de los ODS; apunta que el Parlamento debe considerar la creación de un grupo de trabajo sobre los ODS para garantizar el trabajo horizontal sobre la cuestión en el seno del Parlamento; observa que este foro debe constar de diputados al Parlamento que representen el mayor número de comisiones posible; indica que tanto la Comisión como el Parlamento deben participar activamente en las reuniones de la plataforma multilateral; señala que la Comisión debe proporcionar cada año información actualizada a la plataforma sobre sus futuros planes para contribuir a la ejecución de los ODS, así como un documento que estará disponible a todos los niveles y en todos los Estados miembros sobre las mejores prácticas para lograr los ODS antes de las reuniones de alto nivel de las Naciones Unidas sobre los ODS de junio o julio; destaca que el Comité de las Regiones debe actuar de puente entre los agentes locales y nacionales;

11.  Celebra el aumento de capital institucional y privado destinado a financiar los ODS e invita a la Comisión y a los Estados miembros a elaborar criterios de desarrollo sostenible para el gasto institucional de la Unión, determinar las posibles barreras reglamentarias e incentivos para la inversión en los ODS y estudiar las posibilidades de convergencia y cooperación entre las inversiones públicas y privadas;

12.  Acoge con satisfacción la posible contribución de la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental a la consecución de los ODS a través de una mejor aplicación del acervo en los Estados miembros; advierte, no obstante, de que dicha revisión no sustituye a otros instrumentos, como los procedimientos de infracción;

13.  Insta a la Comisión a que desarrolle mecanismos de supervisión, seguimiento y revisión eficaces para la aplicación e integración de los ODS y de la Agenda 2030, y pide a la Comisión que, en colaboración con Eurostat, establezca un conjunto de indicadores de progreso específicos para la aplicación interna de los ODS en la Unión; pide a la Comisión que elabore informes anuales acerca de los avances de la Unión en la aplicación de los ODS; pone de relieve que la Comisión debe ayudar a los Estados miembros para que sus informes sean coherentes; pide que el Parlamento se convierta en un actor del proceso, especialmente en la segunda línea de trabajo a partir de 2020, y pide, asimismo, un diálogo y un intercambio de información anuales entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión que den lugar a la elaboración de un informe; insta a que los resultados sean tanto transparentes como fácilmente comprensibles y transmisibles para una amplia gama de audiencias; destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas democrática en la supervisión de la Agenda 2030 y, en consecuencia, pone de relieve el papel de los colegisladores en este proceso; considera que la celebración de un acuerdo interinstitucional vinculante en virtud del artículo 295 del TFUE proporcionaría una estructura de cooperación adecuada a este respecto;

14.  Recuerda que los Estados miembros tienen que informar a las Naciones Unidas de sus resultados en relación con los ODS; hace hincapié en que estos informes de los Estados miembros deben elaborarse en colaboración con las autoridades locales y regionales competentes; subraya que en los Estados miembros con niveles de gobierno federales o con competencias transferidas es necesario detallar los retos y obligaciones específicos en la consecución de los ODS para estos niveles de gobierno descentralizados;

15.  Pide a la Comisión que promueva cadenas de valor mundiales sostenibles con la introducción de sistemas de diligencia debida para las empresas centrados en sus cadenas completas de suministro, que animarían a las empresas a invertir de manera más responsable y estimularían la aplicación más eficaz de capítulos de sostenibilidad en los acuerdos de libre comercio, en particular en los ámbitos de la lucha contra la corrupción, la transparencia, la lucha contra la evasión fiscal y la buena conducta empresarial;

16.  Considera que toda visión de futuro de Europa debe contemplar los ODS como un principio fundamental y que, al hacerlo, los Estados miembros deben avanzar hacia modelos económicos sostenibles, y que el papel de la Unión en su consecución debe ser, por lo tanto, una de las principales reflexiones del Libro Blanco de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, sobre el futuro de Europa (COM(2017)2025), en el que se necesita dar mayor cabida a la dimensión de la sostenibilidad en el marco del crecimiento económico; considera que cumplir los ODS y la Agenda 2030 resulta crucial para la Unión y que la consecución de los ODS debería constituir el legado de Europa para las futuras generaciones; reconoce que la agenda 2030 está en consonancia con los principios y valores de la Unión y, por tanto, su consecución es una consecuencia natural de los planes de la Unión para crear un futuro mejor, más sano y más sostenible para Europa;

17.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen las capacidades para favorecer la evaluación integrada, la innovación tecnológica e institucional y la movilización financiera para la consecución de los ODS;

18.  Reconoce que la mayoría de los países europeos, pertenecientes o no a la Unión, son signatarios del acuerdo sobre los ODS; considera que, en el contexto del debate sobre el Futuro de Europa, debe tenerse en cuenta el desarrollo de un marco paneuropeo para la consecución de los ODS entre los Estados miembros de la Unión, la AEMA, los acuerdos de asociación de la Unión, los países candidatos a la UE y, después de su salida, el Reino Unido;

19.  Destaca el papel del Foro Político de Alto Nivel en el seguimiento y el examen de los ODS, y pide a la Comisión y al Consejo que respeten el liderazgo de la Unión en el diseño y la aplicación de la Agenda 2030, acordando posiciones conjuntas de la Unión y la elaboración coordinada de informes por parte de la Unión basados en los informes coordinados de los Estados miembros y las instituciones de la Unión, antes del Foro Político de Alto Nivel bajo los auspicios de la Asamblea General; invita a la Comisión a que haga balance de las acciones existentes durante el próximo Foro Político de Alto Nivel y de los ODS específicos que serán objeto de examen;

20.  Considera que la Unión debe encabezar a nivel mundial la transición a una economía con bajas emisiones de carbono y un sistema sostenible de producción y consumo; invita a la Comisión a que oriente sus políticas sobre ciencia, tecnología e innovación a la consecución de los ODS y le pide que elabore una comunicación sobre ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible, tal como recomendó el Grupo de expertos de la Comisión «Seguimiento de Río+20, en particular de los ODS», para formular y apoyar la coordinación y cohesión de las políticas a largo plazo;

21.  Insiste en que la ciencia, la tecnología y la innovación son herramientas especialmente importantes para la aplicación de los ODS; destaca la necesidad de que Horizonte 2020 y los futuros programas marco de investigación integren mejor el concepto de desarrollo sostenible y los desafíos sociales;

22.  Recuerda que, como se recoge en su Resolución, de 12 de mayo de 2016, el Parlamento debe tener un papel evidente en la aplicación de la Agenda 2030 por parte de la Unión;

23.  Acoge con satisfacción las recientes iniciativas para fomentar un uso eficiente de los recursos, entre otras cosas mediante la promoción de la prevención de residuos, la reutilización y el reciclado, limitando la recuperación de energía a materiales no reciclables y eliminando progresivamente el vertido de residuos reciclables o recuperables, tal y como propone el plan de acción para la economía circular y la propuesta de nuevos y ambiciosos objetivos de la Unión en materia de residuos, lo que contribuirá, en particular, a la consecución del ODS 12 y a la reducción de los desechos marinos; reconoce que alcanzar los ODS y cumplir de forma rentable los objetivos en materia de cambio climático pasa por mejorar la utilización eficiente de los recursos y reducirá, para 2050, las emisiones anuales de gases de efecto invernadero un 19 % en todo el mundo y hasta el 25 % en los países del G-7; señala que doce de los diecisiete ODS dependen del uso sostenible de los recursos naturales; destaca la importancia de lograr un consumo y una producción sostenibles mediante el aumento de la eficiencia y la reducción de la contaminación, la demanda de recursos y los residuos; subraya la necesidad de desvincular el crecimiento, el uso de recursos y las repercusiones medioambientales; pide a la Comisión que elabore informes periódicos sobre la economía circular, en los que se informe de su situación y tendencias, y que permitan modificar las políticas actuales sobre la base de información objetiva, fiable y comparable; pide a la Comisión, asimismo, que vele por que la economía circular produzca una reducción significativa del uso de materiales vírgenes, una reducción de los residuos materiales, productos más duraderos y la utilización de subproductos de la fabricación y de materiales sobrantes previamente considerados como flujos de residuos; pide a la Comisión que presente una estrategia ambiciosa y completa en materia de plásticos, cumpliendo a la vez el objetivo de 2020 sobre la gestión ecológicamente racional de las sustancias químicas, y teniendo en cuenta el objetivo de desarrollar ciclos de materiales no tóxicos contemplado en el séptimo PAM; considera que, para cumplir el ODS 2, resulta fundamental una acción coordinada a escala europea contra el desperdicio de alimentos; subraya el objetivo de la Unión de reducir en un 50 % los residuos alimentarios para 2030;

24.  Resalta que la Decisión n.º 1386/2013/UE indica que los actuales sistemas despilfarradores de producción y consumo de la economía mundial, junto con el aumento de la demanda de bienes y servicios hasta agotar los recursos, están haciendo aumentar el precio de materias primas, minerales y energía básicos, lo cual genera más contaminación y más residuos, intensifica las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo y agrava la degradación del suelo y la deforestación, por lo que es necesario que la Unión y los Estados miembros se esfuercen al máximo por garantizar el análisis del ciclo de vida (LCA) de los productos y servicios para valorar así su impacto real en términos de sostenibilidad;

25.  Recuerda que separar el crecimiento económico del consumo de recursos es esencial para limitar la repercusión en el medio ambiente, mejorar la competitividad de Europa y reducir su dependencia de los recursos;

26.  Hace hincapié en que para que la Unión alcance los objetivos de la Agenda 2030 es esencial que estos queden reflejados en el Semestre Europeo de forma integral, también mediante la creación de empleos ecológicos, la eficiencia en el uso de los recursos y el fomento de inversiones sostenibles y de la innovación; observa que una economía eficiente en el uso de los recursos tiene un gran potencial de creación de empleo y crecimiento económico, puesto que en 2050 añadiría un importe de 2 billones de dólares estadounidenses a la economía mundial y aportaría más de 600 000 millones de dólares estadounidenses adicionales al PIB de los países del G7;

27.  Pide a la Comisión que haga hincapié ante todas las partes interesadas, incluidos los inversores, los sindicatos y los ciudadanos, en los beneficios de la transformación de las producciones no sostenibles en actividades que permitan lograr los objetivos de desarrollo sostenible y en las ventajas de la formación continua de los trabajadores en aras de crear empleos verdes, limpios y de alta calidad;

28.  Pone de relieve la importancia que reviste el ODS 2 sobre agricultura sostenible y los ODS sobre prevención de la contaminación y el uso excesivo de agua (6.3 y 6.4), mejora de la calidad del suelo (2.4 y 15.3) y detención de la pérdida de biodiversidad (15) a escala de la Unión;

29.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que atajen las demoras significativas en la consecución de un buen estado de las aguas, de conformidad con la Directiva marco sobre el agua, y que garanticen la realización del ODS 6; toma nota de la evaluación de la AEMA, según la cual más de la mitad de las masas de agua de los ríos y lagos de Europa no se encuentran en un buen estado ecológico y en los ecosistemas acuáticos todavía se observa un importante deterioro y pérdida de biodiversidad; pide a la Comisión que apoye los enfoques innovadores en materia de gestión sostenible del agua, desarrollando todo el potencial de la reutilización de aguas residuales y aplicando los principios de la economía circular en la gestión del agua, así como adoptando medidas para promover la reutilización de las aguas residuales en los sectores agrícola, industrial y municipal; hace hincapié en que aproximadamente 70 millones de europeos se ven afectados por la escasez de agua durante los meses de verano; recuerda que, además, en torno a un 2 % de la población total de la Unión no tiene pleno acceso al agua potable, lo cual afecta de manera desproporcionada a los grupos vulnerables y las comunidades marginadas; recuerda, asimismo, que cada día mueren diez personas en Europa debido al agua contaminada y las malas condiciones de saneamiento y de higiene;

30.  Celebra la Comunicación conjunta de la Comisión sobre el futuro de nuestros océanos, que propone cincuenta acciones para garantizar océanos seguros, protegidos, limpios y gestionados de manera sostenible en Europa y en todo el mundo, a fin de cumplir el ODS 14, un objetivo apremiante dada la necesidad de una rápida recuperación de los mares europeos y de los océanos del mundo;

31.  Destaca la importancia medioambiental y los beneficios socioeconómicos de la biodiversidad y señala que, de acuerdo con el último informe sobre los «límites del planeta», los actuales valores de la pérdida de biodiversidad han superado el límite del planeta, mientras que la integridad de la biosfera se considera un límite principal que cuando se altera significativamente modifica el estado del Sistema Terrestre; observa con preocupación que no se cumplirán los objetivos de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 y del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica sin un gran esfuerzo adicional; recuerda que en torno al 60 % de las especies animales y el 77 % de los hábitats protegidos se encuentran en condiciones que distan de ser óptimas(9); pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para lograr estos objetivos, en particular aplicando plenamente las Directivas de protección de la naturaleza y reconociendo el valor añadido de los ecosistemas y de la biodiversidad del medio ambiente europeo mediante la asignación de recursos suficientes, también en los presupuestos futuros para la conservación de la biodiversidad, especialmente para la red Natura 2000 y el programa LIFE; reitera la necesidad de adoptar una metodología de seguimiento común que tenga en cuenta todo el gasto directo e indirecto relacionado con la biodiversidad y la eficiencia de dicho gasto, y destaca que el gasto total de la Unión no debe repercutir negativamente en la biodiversidad, sino que debe apoyar la consecución de los objetivos europeos en materia de biodiversidad;

32.  Destaca que una aplicación y una ejecución plenas y una financiación adecuada de las directivas relativas a la naturaleza son condiciones previas esenciales para garantizar el éxito de la estrategia sobre la biodiversidad en su conjunto y para alcanzar su objetivo fundamental; celebra la decisión de la Comisión Europea de no revisar las directivas relativas a la naturaleza;

33.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que completen con rapidez la red ecológica Natura 2000 y la refuercen, intensificando sus esfuerzos para garantizar que se designe un número suficiente de zonas especiales de conservación (ZEC) con arreglo a la Directiva sobre los hábitats y que dicha designación vaya acompañada de medidas eficaces de protección de la biodiversidad en Europa;

34.  Señala que los estudios demuestran que la agricultura insostenible es uno de los principales factores que favorecen la pérdida de carbono orgánico y biodiversidad del suelo; pide a la Unión que promueva métodos que mejoren la calidad del suelo, como las rotaciones con legumbres y ganado, y contribuya de esta forma a la consecución de los ODS 2.4 y 15.3;

35.  Considera que la Unión debe hacer mucho más por contribuir al logro del ODS 15; pide a la Comisión, en particular, que aborde de forma prioritaria la cuestión de la descontaminación medioambiental, proponiendo normas armonizadas contra el uso y la degradación de los suelos y presentando cuanto antes el plan de acción contra la deforestación y la degradación de los bosques, anunciado en varias ocasiones, y su calendario de ejecución;

36.  Reconoce que los cambios en la biodiversidad del suelo y el carbono orgánico se han visto impulsados en su mayor parte por las prácticas de gestión y el cambio en el uso de la tierra, así como por el cambio climático, que ha perjudicado de manera grave a ecosistemas enteros y a la sociedad; pide, por tanto, a la Comisión que preste especial atención a los problemas relacionados con el suelo en el futuro 8.º PAM;

37.  Pone de relieve que las importaciones de la Unión de harina de soja para la alimentación animal contribuyen a la deforestación de América del Sur y, por tanto, socavan los ODS relativos a la deforestación, el cambio climático y la biodiversidad;

38.  Pide a la Comisión que, como actor a nivel mundial, redoble los esfuerzos para proteger la valiosa ecología y el entorno del Ártico; insta encarecidamente a la Comisión a que no permita ninguna política que incentive la explotación del Ártico en busca de combustibles fósiles;

39.  Se felicita por la atención prestada a la biodiversidad, los recursos naturales y los ecosistemas, y por el reconocimiento del vínculo entre estos elementos y la salud y el bienestar humanos; destaca la necesidad de un concepto de «una sola salud», que englobe tanto la salud humana, como la animal y la medioambiental, y recuerda que la inversión en investigación e innovación con vistas al desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias es una condición previa esencial si se quieren cumplir los ODS; insta a la Comisión a que realice con rapidez un análisis que responda a la publicación de la OCDE «EU Health at a Glance» (Panorama de la salud en la UE), que indica que la esperanza de vida no ha aumentado en muchos Estados miembros de la Unión; señala que el acceso igualitario a servicios sanitarios de gran calidad es la clave para lograr unos sistemas de salud sostenibles, puesto que tiene el potencial de reducir las desigualdades; subraya que es necesario redoblar los esfuerzos para hacer frente a las barreras multidimensionales que obstaculizan el acceso a nivel personal, de los proveedores y del sistema sanitario, y para seguir invirtiendo en innovación e investigación médica y en el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), con miras a desarrollar soluciones sanitarias que sean accesibles, sostenibles y orientadas a la lucha contra el azote mundial del VIH/SIDA, la tuberculosis, la meningitis, la hepatitis C y otras enfermedades infecciosas desatendidas, que suelen estar vinculadas a la pobreza; recuerda que invertir en la investigación y el desarrollo médicos a escala mundial reviste una importancia crucial de cara a responder a los retos sanitarios emergentes, como las epidemias y la resistencia a los antibióticos;

40.  Subraya que la economía de los océanos, o «economía azul», ofrece importantes oportunidades para la utilización sostenible y la conservación de los recursos marinos, y que una ayuda adecuada a la creación de capacidades para el desarrollo y la aplicación de herramientas de planificación y sistemas de gestión puede permitirles a los países en desarrollo aprovechar estas oportunidades; pone de relieve el papel destacado que debe desempeñar la Unión Europea a tal efecto;

41.  Admite el nexo entre la extracción de recursos pesqueros y la conservación y el comercio; reconoce, asimismo, que el coste de oportunidad de no actuar para resolver los efectos nocivos de las subvenciones al sector de la pesca es extremadamente elevado, ya que si no se toma ninguna acción, se agotarán los recursos, se favorecerá la inseguridad alimentaria y se destruirán las fuentes de empleo que se pretendía proteger;

42.  Recuerda que la Unión Europea y sus Estados miembros son todos signatarios del Acuerdo de París y, por tanto, se han comprometido a perseguir sus objetivos, lo que requiere una acción mundial; subraya la necesidad de integrar el objetivo de descarbonización a largo plazo a fin de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C y de esforzarse por seguir limitándolo a 1,5 °C.

43.  Recuerda que la propuesta de la Comisión para el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 establece tres objetivos clave para 2030: una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de, al menos, el 40 %, un mínimo de un 27 % de la demanda energética de la UE cubierta con las energías renovables, y una mejora de la eficiencia energética de, al menos, el 30 %; recuerda la postura adoptada por el Parlamento con respecto a estos objetivos; hace hincapié en la necesidad de seguir revisando dichos objetivos y de preparar una estrategia de la Unión para la reducción de las emisiones a cero a mediados de siglo que prevea un itinerario rentable, teniendo en cuenta las especificidades regionales y nacionales dentro de la Unión, para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas aprobado en el Acuerdo de París;

44.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que integren de manera eficaz la atenuación del cambio climático y la adaptación al mismo en las políticas en favor del desarrollo; resalta la necesidad de impulsar las transferencias de tecnología para la eficiencia energética y las tecnologías limpias, y de apoyar las inversiones en proyectos de energía renovable a pequeña escala, sin conexión a la red y descentralizados; pide a la Unión que redoble su asistencia a la agricultura sostenible para hacer frente al cambio climático, dirigiendo su apoyo específicamente a las pequeñas explotaciones, la diversificación de los cultivos, la agrosilvicultura y las prácticas agroambientales;

45.  Observa que la degradación del medio ambiente y el cambio climático plantean riesgos significativos para el establecimiento y mantenimiento de la paz y la justicia; reconoce la necesidad de conferir un mayor protagonismo al rol que el clima y el cambio climático están desempeñando en la migración a nivel mundial, así como en la pobreza y el hambre; pide a la Unión y a los Estados miembros que continúen considerando el cambio climático como una prioridad estratégica en los diálogos diplomáticos a nivel internacional, así como en los diálogos bilaterales y birregionales de alto nivel con los países del G-7, del G-20, en las Naciones Unidas y con los países socios, como China, a fin de proseguir un diálogo activo y positivo que acelere la transición mundial hacia una energía limpia y evite un cambio climático peligroso;

46.  Reconoce la labor del Center for Climate and Security (Centro para el clima y la seguridad), con sede en los Estados Unidos, a la hora de determinar los vínculos críticos entre el cambio climático y la seguridad internacional, y que califica el cambio climático como un «multiplicador de la amenaza» que podría exigir una mayor intervención humanitaria o militar y generar tormentas más violentas que pondrían en peligro las ciudades y bases militares;

47.  Resalta que la pobreza energética, que a menudo se define como una situación en la que los individuos o las familias no pueden calentar debidamente ni utilizar otros servicios energéticos necesarios en sus hogares a un coste asequible, constituye un problema en muchos Estados miembros; destaca que la pobreza energética tiene su origen en el aumento de los precios de la energía, los efectos de la recesión en las economías nacionales y regionales, y la existencia de viviendas con una baja eficiencia energética; recuerda que, según la encuesta comunitaria sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC), se calcula que 54 millones de ciudadanos europeos (el 10,8 % de la población de la Unión) no podían calentar debidamente su hogar en 2012, y que se han comunicado cifras similares en relación con el pago tardío de las facturas de gas o electricidad o con las malas condiciones de la vivienda; pide a los Estados miembros que reconozcan y aborden este problema, puesto que garantizar los servicios energéticos básicos es fundamental para las comunidades no sufran efectos negativos en la salud, no se suman aún más en la pobreza y puedan mantener una buena calidad de vida, así como para asegurar que el desembolso financiero en favor de los hogares que precisan ayuda no resulte demasiado oneroso; pone de relieve la importancia de unos servicios energéticos modernos para el bienestar del ser humano y el desarrollo económico de un país; pese a esa relevancia, 1 200 millones de personas en todo el mundo no tienen todavía acceso a la electricidad y más de 2 700 millones carecen de unas instalaciones limpias donde cocinar; recuerda, además, que más del 95 % de estas personas vive en el África Subsahariana o en países en desarrollo de Asia, y en torno al 80 % habita en zonas rurales; subraya que la energía es clave en prácticamente cualquier oportunidad o reto al que se enfrente el mundo hoy en día; hace hincapié en que el acceso a la energía es fundamental tanto para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o el aumento de la renta, y que la energía sostenible constituye una oportunidad, puesto que transforma vidas, economías y el planeta;

48.  Recomienda la plena integración de la acción en favor del clima en el presupuesto de la Unión y que se garantice que las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se integren en todas las decisiones en materia de inversión en Europa;

49.  Pide a la Comisión que, en el plazo de seis meses a partir del diálogo facilitador de 2018 en el marco de la CMNUCC y luego cada cinco años, elabore un informe sobre la legislación de la Unión en materia de clima, que incluya el Reglamento de reparto del esfuerzo y la Directiva sobre el RCDE, a fin de determinar si dicha legislación es eficaz a la hora de aportar la contribución esperada a los esfuerzos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión y establecer si la tendencia actual de las reducciones bastará para cumplir los ODS y los objetivos del Acuerdo de París; solicita, además, a la Comisión que revise y mejore el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 y la contribución de la Unión determinada a nivel nacional a más tardar antes de 2020, de modo que estén suficientemente en consonancia con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y los ODS; insta a la Comisión a que incentive el potencial de la absorción de gases de efecto invernadero mediante el fomento del desarrollo de políticas que respalden la forestación con prácticas de gestión forestal adecuadas, habida cuenta de que la Unión, en el marco de la Agenda 2030, se ha comprometido a impulsar la aplicación de una gestión forestal sostenible, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar la forestación y la repoblación en el mundo de aquí a 2020;

50.  Subraya que la labor para mitigar el calentamiento global no obstaculiza el crecimiento económico ni la creación de empleo y que, por el contrario, la descarbonización de la economía debe considerarse una fuente principal de un crecimiento nuevo y sostenible de la economía y del empleo; reconoce, no obstante, que, al avanzar hacia cualquier nuevo modelo económico y social, es probable que las comunidades centradas en las industrias tradicionales se encuentren con dificultades; destaca la importancia de respaldar esa transición y pide a la Comisión y a los Estados miembros que canalicen fondos procedentes de fuentes como el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión ( RCDE) al objeto de financiar la modernización y una transición justa que ayude a dichas comunidades e impulsar la adopción de las mejores tecnologías y prácticas productivas para garantizar las mejores normas medioambientales así como unos puestos de trabajo seguros, estables y sostenibles;

51.  Señala que la continua pérdida de biodiversidad, los efectos negativos de la deforestación y el cambio climático pueden contribuir a que aumente la competencia por recursos como los alimentos y la energía, la pobreza y la inestabilidad política en todo el mundo y al desplazamiento de la población y la creación de nuevos tipos de migración a nivel internacional; insiste en que la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y los Estados miembros deberían tener en cuenta dichos efectos en todos los aspectos de las relaciones exteriores y de la diplomacia internacional, garantizando al mismo tiempo un sustancial aumento de la financiación destinada a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD); pide que la Comisión Europea, el SEAE y los Estados miembros realicen, en todas las acciones e interacciones con terceros países, esfuerzos encaminados a reducir las emisiones mediante el fomento de las fuentes de energía renovables, la eficiencia en el uso de los recursos, la biodiversidad y la protección de los bosques, así como a través de la promoción de la atenuación del cambio climático y la adaptación al mismo;

52.  Pide a la Comisión que vele por que las políticas exteriores de la Unión sean compatibles con los ODS y que determine los ámbitos en los que sea necesaria una mayor acción o ejecución para asegurar que las políticas exteriores de la Unión respaldan la aplicación efectiva de los ODS y no entran en conflicto ni con los ODS ni con su aplicación en otras regiones, especialmente en los países en desarrollo; pide a la Comisión, a tal fin, que ponga en marcha un proceso fiable que se inicie con un método de alerta temprana para las nuevas iniciativas y propuestas, incluida la revisión de la legislación existente, y que presente una propuesta en favor de una estrategia de desarrollo sostenible global exterior; pone de relieve los instrumentos y foros existentes, como el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), el Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible de la CEPE, el Foro Político de Alto Nivel, y la plataforma central de las Naciones Unidas; pide una revisión voluntaria en el Foro Político de Alto Nivel en consonancia con la Agenda 2030, que alienta a los Estados miembros a llevar a cabo revisiones periódicas e integradoras de los avances; hace hincapié en la función que desempeña en este sentido la realización de evaluaciones de impacto ex ante periódicas y adecuadas; recuerda la obligación contemplada en el Tratado de tener en cuenta los objetivos de cooperación para el desarrollo en todas las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo;

53.  Subraya la importancia de la AOD como instrumento fundamental para lograr la Agenda 2030, erradicar la pobreza en todas sus formas y luchar contra las desigualdades, al tiempo que reitera que la ayuda al desarrollo no basta por sí sola para que los países en desarrollo salgan de la pobreza; destaca la necesidad de fomentar instrumentos que favorezcan una mayor rendición de cuentas, como el apoyo presupuestario; pide a la Unión y a sus Estados miembros que vuelvan a confirmar a la mayor brevedad su compromiso con el objetivo del 0,7 % de la renta nacional bruta y que presenten unas propuestas de calendario detalladas para aumentar gradualmente la AOD en aras de alcanzar ese objetivo; recuerda el compromiso de la Unión de asignar, como mínimo, el 20 % de la AOD al desarrollo humano y a la inclusión social, y pide un compromiso renovado a este fin; pide a la Comisión que aplique la recomendación del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE de alcanzar un componente de subvención medio correspondiente al 86 % del total de los compromisos al respecto; pide que se proteja a la AOD de las desviaciones y que se respeten los principios de eficacia del desarrollo internacionalmente acordados, manteniendo el objetivo fundamental de erradicación de la pobreza y centrándose, en particular, en los países menos adelantados y en los contextos de fragilidad; recuerda la necesidad de superar la relación donante/beneficiario en una agenda de desarrollo ampliada;

54.  Hace hincapié en que garantizar la justicia fiscal y la transparencia, luchar contra la evasión de impuestos, erradicar los flujos financieros ilegales y los paraísos fiscales, así como la mejora de la gestión de las finanzas públicas, el crecimiento económico sostenible y el aumento de la movilización de recursos internos, es fundamental para la financiación de la Agenda 2030; pide a la Unión que cree un programa de financiación europeo (DEVETAX 2030) para asistir específicamente en el establecimiento de estructuras impositivas en las economías de mercado emergentes y ayudar a los países en desarrollo a crear nuevas oficinas fiscales a nivel regional; reitera su llamamiento en favor de un impuesto mundial sobre las transacciones financieras para acometer los desafíos globales de la pobreza, de una investigación de los efectos indirectos en los países en desarrollo de todas las políticas fiscales nacionales y de la Unión, y del respeto del principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo a la hora de legislar en este ámbito;

55.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reajusten su planteamiento de la migración con vistas a desarrollar una política de migración en consonancia con el ODS n.º 10 y una percepción objetiva de los migrantes y solicitantes de asilo que contrarreste la xenofobia y la discriminación contra ellos, así como de cara a invertir en motores clave para el desarrollo humano; reitera su preocupación por que las nuevas políticas y los instrumentos financieros dirigidos a abordar las causas subyacentes de la migración irregular y forzada puedan aplicarse en detrimento de los objetivos de desarrollo, y pide que se atribuya al Parlamento Europeo una función de control más estricta en este sentido, a fin de garantizar que los nuevos instrumentos de financiación son compatibles con la base jurídica, los principios y los compromisos de la Unión, en especial con la Agenda 2030; recuerda que los principales objetivos de la cooperación al desarrollo son la erradicación de la pobreza y el desarrollo económico y social a largo plazo;

56.  Celebra el énfasis puesto en la inversión en los jóvenes, ya que son los principales ejecutores de los ODS; insiste en la necesidad de aprovechar el dividendo demográfico de los países en desarrollo a través de políticas públicas adecuadas de inversión en la salud —incluida la salud y la educación sexual y reproductiva— y en la educación de los jóvenes; destaca la oportunidad de hacer avanzar finalmente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como un elemento esencial del principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, e insta a la Unión a que integre estos elementos en todos los ámbitos de la acción exterior; reconoce que, a fin de garantizar el desarrollo sostenible, es necesario conceder prioridad a estos habilitadores clave para el desarrollo y el capital humanos;

57.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que apliquen los recursos y el impulso político necesarios para garantizar que el principio de igualdad de género y la capacitación de las mujeres y niñas sean centrales en la aplicación de la Agenda 2030;

58.  Urge a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por que los presupuestos públicos no entren en conflicto con los ODS; considera que es necesario agilizar de manera notable la inversión, la innovación y el crecimiento ecológicos en la Unión para poder aplicar con éxito y de forma oportuna la Agenda 2030 y reconoce que se precisan nuevos instrumentos de financiación y diferentes enfoques en la actual política de inversión, como la eliminación progresiva de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y los proyectos con altas emisiones; pide una estrategia para la integración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) por parte de las empresas y multinacionales en sus modelos de negocio y por parte de los inversores institucionales en sus estrategias de inversión, a fin de reorientar los fondos de los combustibles fósiles hacia las finanzas sostenibles;

59.  Pide que el MFP posterior a 2020 redirija el presupuesto de la Unión hacia la realización de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, garantizando una financiación adecuada para la consecución de los ODS; pide la mejora de la integración del desarrollo sostenible en todos los mecanismos de financiación y las líneas presupuestarias, y reitera que la coherencia política a largo plazo desempeña un papel importante en la reducción del coste al mínimo; destaca la relevancia de la política de cohesión como principal política de inversión de la Unión, y recuerda que se precisa una aplicación horizontal de los criterios de sostenibilidad y de los objetivos basados en los resultados en todos los fondos estructurales y de inversión de la Unión, incluido el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), a fin de lograr una completa transición a un crecimiento económico sostenible e inclusivo;

60.  Pide al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que asegure que está a la altura de los valores de Europa al aplicar criterios de sostenibilidad estrictos en sus actividades de préstamo y, en particular, que los préstamos a los sectores del transporte y la energía se destinan a proyectos sostenibles y con bajas emisiones de carbono;

61.  Pide al BEI que comprometa el 40 % de su cartera de préstamos al crecimiento con bajas emisiones de carbono y resistente al cambio climático para 2030;

62.  Pide al BEI que destine más fondos a la iniciativa ELENA para conceder subvenciones con fines de asistencia técnica centradas en la implantación de la eficiencia energética, la distribución de energías renovables y los proyectos y programas de transporte urbano;

63.  Reconoce que unas infraestructuras sólidas y sostenibles son un principio clave para la consecución de un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, y que aportan una serie de beneficios secundarios como la durabilidad y una mejor protección frente a los incendios y las inundaciones; considera que puede lograrse una transición hacia una sociedad sostenible si se sigue el principio de «primero, la eficiencia energética» y se continúa mejorando la eficiencia de los aparatos, las redes eléctricas y los edificios, al tiempo que se desarrollan sistemas de almacenamiento; reconoce que el mayor potencial de eficiencia energética se encuentra en los edificios y pide a la Unión que se comprometa a un objetivo de lograr edificios totalmente sostenibles, descarbonizados y eficientes desde el punto de vista energético para 2050, que tengan una demanda energética prácticamente igual a cero y donde cualquier demanda residual se abastezca a partir de una amplia gama de fuentes renovables; pide acelerar el aumento de la cuota de energías renovables en la combinación energética de la Unión; advierte de los peligros de depender de infraestructura no sostenible y pide a la Comisión que proponga medidas para realizar una transición ordenada a una economía sostenible con bajas emisiones de carbono, y una reorientación completa del desarrollo de infraestructuras, a fin de mitigar los riesgos económicos sistémicos asociados a los activos financieros con altas emisiones de carbono;

64.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a la movilidad sostenible, mejorando los sistemas de transporte público a escala local, dentro del respeto de las peculiaridades de los territorios y sobre la base de las necesidades reales de los ciudadanos; considera que el apoyo financiero de la Unión al desarrollo del sector del transporte y las infraestructuras debe perseguir objetivos que aporten un valor añadido real a los Estados miembros;

65.  Hace hincapié en que la corrupción tiene unas graves repercusiones en el medio ambiente, y que el tráfico de especies salvajes en peligro de extinción, minerales y piedras preciosas, así como de productos forestales, como la madera, también está inextricablemente ligado a la corrupción; subraya que el tráfico de fauna silvestre puede amenazar aún más la supervivencia de especies en peligro de extinción, mientras que la explotación forestal ilegal puede conducir a una pérdida de biodiversidad e incrementar las emisiones de carbono, lo que contribuye al cambio climático; resalta que para los grupos de delincuencia organizada los beneficios son notables y se obtienen sin apenas riesgos, ya que los delitos forestales raras veces se persiguen y las sanciones no suelen corresponder a la gravedad del delito; recuerda que la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que se ocupa de manera exhaustiva en la prevención de la corrupción, el cumplimiento efectivo de la ley, la cooperación internacional y la recuperación de activos, puede ser un instrumento eficaz para combatir la corrupción en el sector medioambiental; pide a los Estados que integren las estrategias anticorrupción, como la transparencia y la rendición de cuentas, en la legislación y las políticas medioambientales y que refuercen la democracia y la buena gobernanza; destaca que hacer frente a la corrupción en el sector medioambiental contribuirá a crear un acceso equitativo a recursos esenciales como el agua y un medio ambiente limpio, y es esencial para proteger nuestro medio ambiente y garantizar el desarrollo sostenible;

66.  Reconoce la importancia de la cultura y de la participación cultural para la aplicación de la agenda de los ODS, así como el papel desempeñado por la cultura en las relaciones exteriores y en la política de desarrollo; pide que se apoye adecuadamente a las instituciones y organizaciones culturales en la aplicación de la agenda de los ODS, y que se sigan estrechando los lazos entre investigación, ciencia, innovación y artes;

67.  Recuerda que la participación cultural mejora la salud física y mental y el bienestar, repercute positivamente en el rendimiento escolar y profesional, ayuda a las personas con un mayor riesgo de exclusión social a integrarse en el mercado laboral y contribuye con ello enormemente a la consecución de muchos ODS;

68.  Expresa su profunda preocupación por las diferencias en el rendimiento de los sistemas educativos de los distintos Estados miembros, según ponen de manifiesto los últimos informes PISA; destaca que contar con sistemas públicos de educación y formación adecuadamente financiados y accesibles para todos es fundamental para la igualdad y la inclusión social, así como para alcanzar los objetivos establecidos en el ODS 4, y que la educación de calidad tiene el poder de capacitar a las personas vulnerables, a las minorías, a las personas con necesidades especiales y a las mujeres y las niñas; lamenta el persistente problema del elevado índice de desempleo juvenil; señala que la educación es fundamental para el desarrollo de sociedades autosostenibles; pide a la Unión que, como requisito previo esencial para fomentar la capacidad de inserción profesional de los jóvenes y su acceso a empleos cualificados, establezca vínculos entre la educación y la formación técnica y profesional de calidad, por un lado, y la cooperación con la industria, por otro;

69.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que protejan las lenguas regionales, minoritarias y menos usadas, así como la diversidad lingüística, y que velen por que no se tolere la discriminación lingüística en el momento de incorporar los ODS al marco político europeo y a las prioridades presentes y futuras de la Comisión;

70.  Considera que la diversidad cultural y la protección del patrimonio natural debe promoverse en la totalidad del marco político europeo, en particular, a través de la educación;

71.  Pide a los Estados miembros que encaren de forma prioritaria la reconversión medioambiental y económica de las zonas industriales que en distintas regiones de Europa ocasionan altos niveles de contaminación del medio ambiente y exponen a la población local a considerables riesgos para la salud;

72.  Subraya el papel que la Agenda Urbana para la UE desempeñará en la ejecución de la «Nueva Agenda Urbana» mundial y celebra la evolución de las políticas que capacita a las ciudades y regiones para realizar inversiones ecológicas sinérgicas; se felicita asimismo por iniciativas como el premio «Green Leaf» (Hoja Verde) y el Pacto mundial entre alcaldes sobre energía y clima, y hace hincapié en la importancia indispensable de las ciudades y regiones para la consecución de los ODS, puesto que la sostenibilidad requiere planteamientos colaborativos y a largo plazo en todos los niveles de gobernanza y sectores;

73.  Recuerda que la Agenda 2030 reconoce que ya no podemos considerar por separado los alimentos, los medios de vida y la gestión de los recursos naturales; subraya que hacer hincapié en el desarrollo rural y la inversión en la agricultura (los cultivos, el ganado, la silvicultura, la pesca y la acuicultura) es una forma muy eficaz de poner fin a la pobreza y el hambre y contribuir al desarrollo sostenible; señala que la agricultura tiene una importante función que desempeñar en la lucha contra el cambio climático; destaca que la gran ambición de los ODS solo se podrá lograr a través de la cooperación (norte-sur, sur-sur y triangular) y las asociaciones internacionales entre múltiples actores y en una amplia gama de ámbitos;

74.  Acoge favorablemente la intención de integrar transversalmente una política de comercio e inversión que a su vez integre el desarrollo sostenible, y pide que se aborden mejor las repercusiones de la adquisición de materias primas y recursos naturales dentro y fuera de la Unión en la formulación de políticas europeas; pide que se reconsidere la política de inversión y un mayor uso de instrumentos financieros innovadores para la consecución de los ODS; pide a la Comisión que vele por que los controles en relación con el desarrollo sostenible de los futuros acuerdos comerciales sean transparentes;

75.  Pide a la Comisión que, con la participación de las partes interesadas pertinentes, diseñe y proporcione ayuda específica y adaptada a los hogares y grupos marginados y de rentas bajas, como la población romaní, para velar por que lleven una vida sana y garantizar el acceso a servicios básicos y recursos naturales seguros y limpios como el aire, el agua, una energía asequible y moderna y una alimentación sana, lo que contribuirá también a la consecución de los ODS 1, 10 y 15, esto es, poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y promover sociedades pacíficas e inclusivas;

76.  Reconoce, al igual que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que las personas con discapacidad están expuestas a un riesgo de pobreza muy elevado y carecen de acceso adecuado a derechos básicos como la educación, la salud y el empleo;

77.  Considera que las iniciativas de la Unión encaminadas a diseñar un futuro sostenible no pueden prescindir de una amplia reflexión sobre el papel de los animales como seres conscientes y su bienestar, a menudo negado por los sistemas de producción y consumo dominantes; destaca que es preciso que la Unión colme lo antes posible las lagunas políticas y legislativas existentes en materia de bienestar animal, tal como demandan también un número cada vez mayor de ciudadanos europeos;

78.  Pide a la Comisión que redoble los esfuerzos y la financiación destinada a la concienciación, las campañas educativas específicas y el refuerzo del nivel de compromiso e incitativa de la ciudadanía en favor del desarrollo sostenible;

79.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que eliminen a más tardar en 2020 los incentivos a los biocombustibles a base de aceite de palma y soja, que conducirán a la deforestación y al deterioro de las turberas; solicita asimismo la introducción de un régimen único de certificación para el aceite de palma que entre en el mercado de la Unión que certifique el origen socialmente responsable de los productos;

80.  Insta encarecidamente a la Comisión a que prosiga la intensificación de acciones eficaces para hacer frente a la mala calidad del aire, que es responsable de más de 430 000 muertes prematuras en la Unión cada año; insta a la Comisión a que vele por el cumplimiento de la legislación tanto nueva como vigente, que agilice las medidas legales contra los Estados miembros que no cumplan la legislación sobre la contaminación del aire, y proponga legislación nueva y eficaz, también a nivel sectorial, a fin de abordar las diferentes fuentes de contaminación y hacer frente a las emisiones de metano; subraya que la Unión sigue estando lejos de alcanzar los niveles de calidad del aire fijados para la Unión, muy inferiores a los recomendados por la OMS;

81.  Observa que la Comisión Europea ha afrontado el problema de la escasa calidad del aire incoando una serie de procedimientos de infracción, en particular en casos de reiterada superación de los valores límite de NO2 establecidos por la Directiva 2008/50/CE;

82.  Recuerda que una reducción de la contaminación acústica es uno de los parámetros de calidad que no se alcanzarán en 2020; destaca que en la Unión la exposición al ruido provoca como mínimo diez mil muertes prematuras anuales vinculadas con enfermedades coronarias, y que una cuarta parte de la población europea estaba expuesta en 2012 a niveles de ruido superiores a los límites; pide a los Estados miembros que concedan prioridad al seguimiento de los niveles de ruido y que garanticen el respeto de los valores límite en espacios exteriores e interiores; solicita, además, medidas destinadas a abordar la contaminación acústica;

83.  Pone de relieve que los datos de la Comisión indican que más del 50 % de los cereales de la Unión se utiliza para alimentar a los animales; observa que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha advertido de que si se siguen utilizando los cereales como pienso animal se podría poner en peligro la seguridad alimentaria y reducir el cereal disponible para el consumo humano;

84.  Subraya la contribución de la ganadería a la agricultura sostenible, en particular cuando se integra en los sistemas de producción de cultivos; destaca el potencial de la gestión activa del ciclo de los nutrientes en la ganadería para reducir el impacto ambiental de las emisiones de CO2, amoniaco y nitratos; destaca asimismo el potencial de la agricultura integrada para contribuir a un mejor funcionamiento del ecosistema agrario y a una agricultura más respetuosa del clima;

85.  Señala que en los países en desarrollo las mujeres podrían aumentar en un 20-30 % el rendimiento de las explotaciones agrícolas si dispusiesen del mismo acceso a los recursos que los hombres; destaca que gracias a ese rendimiento se podría reducir el número de personas hambrientas en el mundo en un 12-17 %;

86.  Destaca, en particular, el papel fundamental que desempeñan las mujeres como miembros de las explotaciones familiares, principal célula socioeconómica de las zonas rurales, ocupándose de la producción de alimentos, la preservación de los conocimientos y las capacidades tradicionales, la identidad cultural y la protección del medio ambiente, sin olvidar que las disparidades salariales y en materia de pensiones también afectan a las mujeres en las zonas rurales;

87.  Recuerda que, en el marco del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, la Comisión tiene que evaluar el impacto medioambiental, en un contexto mundial, del consumo de la Unión; destaca el impacto positivo que los estilos de vida sostenibles pueden tener sobre la salud humana y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; recuerda a la Comisión que el ODS 12.8 requiere que la opinión pública esté informada y concienciada sobre el desarrollo y los estilos de vida sostenibles; insta, en consecuencia, a la Comisión y a los Estados miembros a que conciban programas para concienciar al público sobre las consecuencias de los diferentes tipos de consumo para la salud humana, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el cambio climático; pide a la Comisión que publique sin demora la comunicación sobre un sistema alimentario europeo sostenible;

88.  Señala que el ODS 12.8 requiere que los Gobiernos velen por que todo el mundo esté suficientemente informado y concienciado en relación con el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza; insta, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que conciban programas para concienciar al público sobre las consecuencias de los niveles de consumo para la salud humana, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el cambio climático;

89.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren un marco político europeo integral para abordar los problemas de salud a nivel mundial, como el VIH/sida, la tuberculosis, la hepatitis C y la resistencia antimicrobiana, teniendo en cuenta las diferentes situaciones y problemas específicos de los Estados miembros de la Unión y sus países vecinos donde la carga sanitaria del VIH y la tuberculosis multirresistente es mayor; pide a la Comisión y al Consejo que ejerzan un papel de liderazgo político en el diálogo con los países con una elevada carga sanitaria, así como con los países vecinos de África, Europa Oriental y Asia Central, que velen por la puesta en práctica de planes para una transición sostenible hacia modelos de financiación nacionales a fin de garantizar la eficacia, la continuidad y la ampliación de los programas de lucha contra el VIH y la tuberculosis tras la retirada del apoyo de los donantes internacionales, y que sigan colaborando estrechamente con estos países para velar por que se responsabilicen de su respuesta al VIH y la tuberculosis y la asuman como propia;

90.  Reconoce la eficacia a la hora de facilitar la profilaxis preexposición para prevenir el VIH/sida; pide, además, a la Comisión y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) que reconozcan que el tratamiento del VIH/sida también es preventivo;

91.  Reconoce que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son un factor clave con potencial transformador para erradicar la pobreza multidimensional y deben reconocerse siempre como una condición previa para lograr tanto vidas sanas como la igualdad de género; destaca que, en este contexto, debe prestarse mayor atención a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, que, desafortunadamente, siguen abordándose como una cuestión aislada cuando son primordiales para la igualdad de género, la capacitación de los jóvenes y el desarrollo humano y, en última instancia, la erradicación de la pobreza; subraya que esto supone un progreso mínimo con respecto a los anteriores enfoques de la Unión, y que se sigue sin reconocer que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son factores clave para el desarrollo sostenible; señala que la posición de la Unión a este respecto ha sido incoherente, tal como se demuestra en este paquete: la Comisión reconoce la acción de la Unión en este ámbito únicamente bajo el epígrafe «salud» en su Comunicación sobre la Agenda 2030 y solo bajo el epígrafe «igualdad de género» en la Comunicación sobre el consenso; pide, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que sigan pidiendo a los Estados Unidos que se replanteen su postura con respecto a la llamada «ley mordaza global»;

92.  Subraya la necesidad de seguir promoviendo la investigación médica para desarrollar soluciones médicas nuevas y mejoradas, accesibles, asequibles y adecuadas para hacer frente al VIH/sida, la tuberculosis y otras enfermedades desatendidas y relacionadas con la pobreza, las epidemias emergentes y las resistencias a los antimicrobianos;

93.  Hace hincapié en que el sector agrario de la Unión ya contribuye a la sostenibilidad; señala, sin embargo, que la política agrícola común (PAC) debe poder responder mejor a los problemas actuales y futuros; pide a la Comisión que estudie la manera en que la PAC y los sistemas de agricultura sostenible mejor pueden contribuir a los ODS para garantizar unos alimentos estables, seguros y nutritivos, así como para proteger y potenciar los recursos naturales haciendo al mismo tiempo frente al cambio climático; pide a la Comisión que, en el marco de la próxima comunicación sobre PAC posterior a 2020, presente propuestas a fin de mejorar aún más la eficacia de las medidas de ecologización y para garantizar la consecución de los ODS 2, 3, 6, 12, 13, 14 y 15; pide asimismo a la Comisión que promueva los alimentos producidos localmente y de forma ecológica con bajas emisiones de carbono y poco impacto en el suelo y el agua; destaca la importancia de los agroecosistemas y de la gestión forestal sostenible, así como de ofrecer incentivos para la recuperación sostenible de zonas agrícolas en desuso; hace hincapié en la necesidad de velar por que todas las políticas de la Unión contribuyan de manera eficaz a la consecución de los objetivos establecidos a través del cumplimiento estricto y de una mayor coherencia entre los ámbitos políticos; destaca que ello es especialmente importante en relación con la gestión sostenible de los recursos naturales y los instrumentos destinados a este fin en el marco de la PAC;

94.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que favorezcan esta transición agroecológica, limitando al mínimo el uso de plaguicidas nocivos para la salud y el medio ambiente, y adoptando medidas de protección y apoyo de la agricultura ecológica y biodinámica en el ámbito de la PAC;

95.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reformen lo antes posible las normas de la Unión relativas a la aprobación de los plaguicidas, estableciendo al mismo tiempo objetivos vinculantes de reducción de su utilización;

96.  Destaca que millones de puestos de trabajo en el ámbito rural —tanto en la agricultura como en otros sectores— dependen del sector agrícola de la Unión, que garantiza el abastecimiento de alimentos y la seguridad alimentaria y hace de las zonas rurales un lugar atractivo para vivir, trabajar y relajarse; señala asimismo que los paisajes con una elevada biodiversidad y un alto valor natural promueven el atractivo de las zonas rurales, aportándoles valor añadido; señala el gran valor del desarrollo rural para crear comunidades y economías rurales viables, sólidas y dinámicas; señala que un mejor acceso de los agricultores a los recursos es esencial para lograr este objetivo;

97.  Pide que la agricultura se desarrolle centrándose en la empresa familiar gracias a un mejor uso de los fondos europeos, como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), y prestando especial atención a las pequeñas y medianas explotaciones, compartiendo y transfiriendo conocimientos especializados y aprovechando las ventajas de las cadenas de valor y de producción locales y regionales y del empleo regional, poniendo un mayor énfasis en los vínculos periurbanos y las ventas directas, que constituyen un modelo satisfactorio en muchas partes de la Unión; considera que la capacidad de los agricultores para obtener una remuneración justa de su trabajo es una condición previa para la sostenibilidad de la agricultura europea, así como una garantía del bienestar de los agricultores;

98.  Recuerda la importancia de unos servicios públicos adecuados, en particular la atención a niños y personas de edad avanzada, habida cuenta de la especial importancia que revisten para las mujeres, ya que ellas son las que tradicionalmente más se han ocupado de los cuidados a los miembros más jóvenes y de mayor edad de la familia;

99.  Destaca el importante papel de los conocimientos y alimentos tradicionales, especialmente en regiones remotas, zonas montañosas y zonas desfavorecidas de la Unión, y la contribución económica que los regímenes europeos de calidad, como la indicación geográfica protegida (IGP), aportan a las zonas locales; recuerda el apoyo unánime del Parlamento a la ampliación de dicha protección a una gama más amplia de bienes producidos a escala regional; destaca, en este contexto, el papel de los regímenes europeos de calidad (DOP/IGP/ETG) en la creación y retención de los medios de vida en estas regiones; reconoce que esos regímenes son más conocidos en algunos Estados miembros y pide que se den mejor a conocer sus ventajas en toda la Unión;

100.  Destaca la contribución a los objetivos de sostenibilidad y conservación de la biodiversidad que realizan tanto el bosque mediterráneo como el sistema agrosilvopastoral de la dehesa, que integra de manera impecable el mantenimiento de ganaderías extensivas con el aprovechamiento forestal y agrario, para los que reclama un adecuado reconocimiento y apoyo de la PAC;

101.  Señala la importancia de la bioenergía para las explotaciones agrícolas y la bioeconomía y de las instalaciones para la producción, el almacenamiento, la distribución y el uso de energías renovables en las explotaciones, ya que contribuyen a garantizar los ingresos de los agricultores proporcionándoles un producto comercializable adicional y crean y mantienen puestos de trabajo de calidad elevada en zonas rurales; destaca que el desarrollo de las bioenergías debe obedecer a un enfoque sostenible y no obstaculizar las producciones destinadas a la alimentación humana y animal; destaca que las necesidades energéticas se deberían satisfacer mediante el empleo de residuos y subproductos que no sean útiles en ningún otro proceso;

102.  Observa que el cultivo de leguminosas en rotación puede resultar beneficiosa para las necesidades de agricultores, animales, biodiversidad y clima; pide a la Comisión que presente un plan de proteínas que incluya cultivos de leguminosas en rotación;

103.  considera necesario avanzar en la agricultura de precisión, la informatización, el uso racional de la energía, la mejora vegetal y animal y la fitosanidad integrada, ya que una mayor eficiencia basada en los ODS y la biodiversidad puede contribuir a reducir las necesidades de suelo y los impactos medioambientales de la agricultura; considera que conseguir que la biodiversidad redunde en beneficio de los agricultores podría contribuir a mejorar las rentas, la salud del suelo y su rendimiento y servir de ayuda para el control de plagas y mejorar la polinización; destaca, por lo tanto, la importancia de mejorar el marco legislativo a fin de garantizar unos procedimientos de toma de decisiones oportunos, eficientes y eficaces; destaca que estas soluciones «inteligentes» deben seguir incentivando y apoyando iniciativas hechas a la medida de las necesidades de las pequeñas explotaciones sin economías de escala para que aprovechen las nuevas tecnologías;

104.  Considera esencial mantener y desarrollar el rendimiento de las variedades tradicionales y locales, dada su capacidad para adaptarse a las características de su entorno nativo y que se respete el derecho de los agricultores a obtener plantas de manera autónoma y a almacenar e intercambiar semillas de diferentes especies y variedades, con el fin de garantizar la diversidad genética de la agricultura europea; rechaza cualquier tentativa de patentar la vida, las plantas y los animales, el material genético o procesos biológicos esenciales, en especial en lo que respecta a cepas, variedades y características autóctonas,

105.  pide a la Comisión que presente un plan de acción y cree un grupo de expertos con el fin de conseguir un sistema más sostenible de gestión de plagas; destaca la necesidad de un sistema de gestión de plagas que mejore la interacción entre los esfuerzos de mejora vegetal, los sistemas de defensa natural y el uso de plaguicidas;

106.  Cree en la necesidad de promover la llegada de banda ancha y la mejora de las conexiones en las zonas rurales en el ámbito del transporte para poder contribuir no solo a los objetivos de sostenibilidad ambiental, sino también para fomentar un crecimiento en las zonas rurales que favorezca la sostenibilidad integral en los ámbitos medioambiental, económico y social;

107.  Pone de relieve que es necesario lograr que la cultura sea una parte integral de la actuación de la Comisión en favor de la sostenibilidad, destacando claramente el papel que desempeña en el desarrollo económico, la creación de empleo, la promoción de la democracia, la justicia social y la solidaridad, el fomento de la cohesión, la lucha contra la exclusión social, la pobreza y las desigualdades generacionales y demográficas; pide a la Comisión que integre la cultura en los objetivos, definiciones, instrumentos y criterios de evaluación de su estrategia para la consecución de los ODS;

108.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) A/RES/70/1.
(2) Decisión n.° 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013. (DO L 354 de 28.12.2013, p. 171).
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0224.
(4) https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_18.pdf
(5) Comunicación de la Comisión, de 3 de mayo de 2011, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural» (COM(2011)0244).
(6) Informe de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, sobre la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 (COM(2015)0478).
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0034.
(8) https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
(9) Informe de la AEMA n.o 30/2016, Environmental indicator report 2016 (Informe de indicadores medioambientales 2016), en apoyo al seguimiento del séptimo programa de acción en materia de medio ambiente: https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2016

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