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Procedimiento : 2016/2301(INI)
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Ciclo relativo al documento : A8-0269/2017

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A8-0269/2017

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PV 11/09/2017 - 25
CRE 11/09/2017 - 25

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PV 12/09/2017 - 7.15
CRE 12/09/2017 - 7.15
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P8_TA(2017)0330

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Martes 12 de septiembre de 2017 - Estrasburgo Edición definitiva
Impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales
P8_TA(2017)0330A8-0269/2017

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales (2016/2301(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497),

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre una nueva estrategia innovadora y orientada al futuro en materia de comercio e inversión(1),

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas(2),

–  Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2017, sobre sobre la evaluación de los aspectos externos del funcionamiento y la gestión de los servicios de aduanas como herramienta para facilitar el comercio y luchar contra el comercio ilícito(3),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional(4),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(5),

–  Vista su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección(6),

–  Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre el aceite de palma y la deforestación de las selvas tropicales(7),

–  Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2016, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones relativas al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS)(8),

–  Vista su Resolución, de 8 de julio de 2015, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión Europea relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)(9),

–  Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la situación actual de la aplicación del Pacto de Sostenibilidad en Bangladés(10),

–  Vista la propuesta de Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establece un sistema de la Unión para la autocertificación de la diligencia debida en la cadena de suministro de los importadores responsables de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo(11) (Reglamento sobre minerales de guerra),

–  Vistos el Plan de Acción sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales (COM(2003)0251) y los acuerdos de asociación voluntarios FLEGT,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera(12) (Reglamento sobre la madera),

–  Visto el Reglamento (UE) n.° 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas (13) (Reglamento SPG),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (14) (Reglamento «Bruselas I»),

–  Vista la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos (15) (Directiva sobre información no financiera),

–  Vista la Estrategia conjunta de la Unión y sus Estados miembros de 2007, titulada «Ayuda al comercio: Aumento del apoyo de la UE para las necesidades del sector del comercio en los países en desarrollo»,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 24 de abril de 2017, titulado «Sustainable garment value chains through EU development action» (Cadenas de valor sostenibles en el sector de la confección mediante la acción para el desarrollo de la Unión) (SWD(2017)0147),

–  Vista la Declaración tripartita de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las empresas multinacionales y la política social,

–  Visto el Informe IV de la 105.ª Conferencia de la OIT sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro,

–  Vistos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2030,

–  Vistos los Convenios fundamentales de la OIT sobre trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación y libertad de asociación y negociación colectiva,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2016, sobre la UE y las cadenas de valor mundiales responsables,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681),

–  Vistas la Ley británica de 2015 sobre la esclavitud moderna y la Ley francesa sobre el deber de diligencia de las empresas multinacionales,

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas,

–  Vista la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,

–  Visto el nuevo Protocolo de la OIT sobre el trabajo forzoso,

–  Vista la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 26 de junio de 2014, en la que este decidió establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos,

–  Vistas las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y varias directrices sectoriales de la OCDE (sector financiero, agricultura, minerales, confección y calzado),

–  Vistos los informes de 2013 y 2016 de la UNCTAD sobre el comercio y el desarrollo,

–  Visto el Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD de 2015,

–  Visto el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Obstáculos Técnicos al Comercio,

–  Visto el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de la OMC,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los Derechos del Niño y Principios Empresariales desarrollados por Unicef, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Save the Children(16),

–  Vistas las asociaciones específicas voluntarias con varios países, como el Pacto de Sostenibilidad con Bangladés y la iniciativa sobre los derechos laborales con Myanmar/Birmania,

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 20 de junio de 2016, sobre el trabajo infantil,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo, y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0269/2017),

A.  Considerando que el artículo 207 del TFUE establece que la política comercial común se llevará a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión; que el artículo 208 del TFUE establece el principio de coherencia de las políticas de desarrollo y fija como objetivo principal la erradicación de la pobreza; Considerando que la Comunicación de la Comisión titulada «Comercio para todos» basa la política comercial de la Unión en tres principios fundamentales, a saber, la eficacia, la transparencia y los valores; Considerando que dicha Comunicación dedica una sección a dar respuesta al ascenso de las cadenas de valor mundiales (CVM) y a la gestión responsable de las cadenas de suministro, que asimismo recuerda su complejidad, la necesidad fundamental de una reflexión prospectiva y de participación de una serie de actores públicos, privados y de la sociedad civil, además de la utilización de un conjunto de instrumentos indicativos e innovadores y de cambios legislativos;

B.  Considerando que últimamente el libre comercio está siendo objeto de un control público creciente y que las preocupaciones suscitadas por la injusta distribución de los beneficios y las cargas del comercio han puesto de relieve la opinión ampliamente compartida de que la política comercial debe centrarse en los valores sociales y medioambientales, así como en la transparencia y la rendición de cuentas;

C.  Considerando que las CVM, constituyen una realidad compleja, impulsada por la tecnología y que evoluciona rápidamente, y se han convertido en un elemento clave de la economía mundial actual, y pueden ayudar a los países en desarrollo a integrarse mejor en la economía global y a reducir la pobreza y crear empleo, aumentando al mismo tiempo la capacidad de producción; que, por un lado, las CVM ofrecen nuevas perspectivas de crecimiento económico, desarrollo sostenible, participación de organizaciones de la sociedad civil, de trabajadores y empresariales y creación de empleo para las empresas de la cadena de producción al permitirles centrarse en tareas específicas, aumentando paralelamente su interdependencia; que, por el otro lado, su complejísima naturaleza, la falta de transparencia y la disolución de las responsabilidades podrían entrañar un mayor riesgo de que se cometan violaciones de los derechos humanos y laborales, la impunidad de hecho por delitos medioambientales y la elusión y el fraude fiscal a gran escala;

D.  Considerando que la política comercial debe contribuir a garantizar un proceso de producción transparente a lo largo de la cadena de valor, así como el respeto de las normas ambientales, sociales y de seguridad fundamentales;

E.  Considerando que la política comercial y de inversiones de la Unión debe mantener el sistema multilateral como su piedra angular y reforzar la posición de Europa en las cadenas de suministro equitativas mundiales, pero también debe proporcionar instrumentos para establecer unas normas y unas responsabilidades claras para Gobiernos y empresas con el fin de garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; que la sostenibilidad y la transparencia no son solamente una cuestión de valores sino que deben considerarse auténticos motores de un mayor valor añadido en el comercio y las inversiones a escala mundial en el contexto de las CVM;

F.  Considerando que las pymes(17) constituyen una parte importante de las CVM y desempeñan una importante función en la promoción del crecimiento económico, el desarrollo sostenible y el empleo de calidad, además de evitar que la población abandone sus regiones;

G.  Considerando que la participación en las CVM es beneficiosa para las pymes en términos de crecimiento e internacionalización; que, conforme a la encuesta de Eurobarómetro de 2015 sobre la internacionalización de la pequeñas y medidas empresas, solo el 31 % de las pymes de la Unión participaron en operaciones fuera del mercado interior en los tres años anteriores; que numerosas pymes se enfrentan a dificultades para obtener acceso a CVM internacionales y basadas en la Unión; que la política y los acuerdos comerciales pueden contribuir a salvar las barreras existentes y los desafíos a los que se enfrentan las pymes en la actualidad para acceder a las CVM;

H.  Considerando que los interlocutores económicos y sociales y las ONG utilizan y promueven a escala mundial sistemas voluntarios de diligencia debida y de transparencia de las CVM, lo que genera resultados importantes y positivos;

I.  Considerando que, en sus Conclusiones de mayo de 2016, el Consejo subraya la necesidad de proseguir la defensa del uso de los principios, las directrices e iniciativas acordados a escala internacional en materia de responsabilidad social de las empresas o conducta empresarial responsable, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, incluidas aquellas de países que no son miembros de la OCDE pero que también contribuyen a los esfuerzos de lucha contra la corrupción mediante la creación de entornos empresariales más abiertos y transparentes;

J.  Considerando que la gestión global responsable de las CVM es esencial para armonizar la política comercial con los valores europeos consagrados en los Tratados; que tanto la Comisión como los Estados miembros han estado en la vanguardia de estos debates a escala mundial;

K.  Considerando que diversos convenios, directrices y normas internacionales tienen como fin evitar las violaciones de los derechos humanos; que los países productores en particular tienen la obligación de aplicarlos y de crear las condiciones jurídicas y económicas adecuadas para que puedan operar las empresas y encontrar un lugar en las cadenas mundiales de suministro; que, los países productores también deben estar en condiciones de aplicar pautas y normas internacionales, lo que incluye preparar, aplicar y hacer cumplir la legislación pertinente, especialmente en el ámbito de la construcción del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción;

L.  Considerando que la Unión debe dar una respuesta aún más eficaz al dumping social y medioambiental y a la competencia desleal y las prácticas comerciales desleales, así como garantizar la igualdad de condiciones;

M.  Considerando que la Unión es el mayor exportador e importador de bienes y servicios del mundo en su conjunto, el mayor inversor extranjero directo y el destino más importante de inversión extranjera directa (IED); que la Unión debe utilizar esta fortaleza en beneficio tanto de sus propios ciudadanos como de los de otras partes del mundo, en particular los de los países más pobres;

N.  Considerando que la Unión ha elaborado normativas vinculantes en materia de diligencia debida de las empresas en determinados sectores en los que se registra un riesgo elevado de violaciones de los derechos humanos, como la madera y los minerales procedentes de zonas de conflicto; que algunos Estados miembros también han adoptado actos legislativos al respecto, como la Ley británica sobre la esclavitud moderna y la Ley francesa sobre el deber de diligencia de las empresas multinacionales, que se aplica a las empresas francesas de mayor tamaño (con más de 5 000 trabajadores) y la Ley neerlandesa sobre diligencia debida sobre el trabajo infantil; que la Unión ha desarrollado iniciativas para fomentar la diligencia debida y que en varias Resoluciones del Parlamento Europeo se pedía a la Unión que elaborase legislación vinculante a este respecto;

O.  Considerando que la Unión ya ha dado pasos importantes hacia una gestión más responsables de las CVM a escala mundial desarrollando asociaciones específicas, como el Pacto de Sostenibilidad con Bangladés y la Iniciativa sobre Derechos Laborales con Myanmar, y sobre cuestiones concretas, como los minerales originarios de zonas de conflicto, normativas sobre la tala ilegal, criterios de sostenibilidad para los biocarburantes, información de las empresas sobre cuestiones relacionadas con las cadenas de suministro, y sobre la transparencia de las empresas respecto a los pagos hechos por las industrias extractivas y de explotación maderera a los Gobiernos, tal y como se subraya en la Comunicación «Comercio para todos»;

P.  Considerando que en la Comunicación «Comercio para todos» se declara que la Comisión impulsará capítulos ambiciosos dedicados al comercio y desarrollo sostenible en todos los acuerdos comerciales y de inversión; que acuerdos comerciales y de inversión celebrados recientemente por la Unión contienen capítulos que piden a las partes del acuerdo que asuman compromisos en materia de protección de los derechos humanos, normas sociales y medioambientales y responsabilidad social de las empresas; que dichos capítulos han puesto de manifiesto diferencias en cuanto al grado de ambición de sucesivos acuerdos comerciales con la Unión; que las normas laborales y medioambientales no se limitan a los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible, sino que deben ser eficaces en todos los ámbitos de los acuerdos comerciales; que un enfoque basado en el diálogo no ha evitado violaciones graves de la libertad de asociación en algunos acuerdos de libre comercio;

Q.  Considerando que la particular situación de las zonas francas industriales es tal que en algunos países están exentas de la legislación laboral local y en ellas se prohíbe o limita la actividad sindical y los trabajadores no pueden recurrir a las vías de reparación jurídica, siendo todo ello claras violaciones de las normas de la OIT;

R.  Considerando que la falta de ética en los negocios es también consecuencia de la falta de buena gobernanza y la impotencia o la inexistencia de autoridades públicas imparciales que actúen al servicio del interés general de los ciudadanos; que la corrupción, la falta de transparencia de las CVM y las excepciones a la legislación laboral y la fiscalidad en zonas francas industriales pueden tener consecuencias negativas para los derechos humanos, en particular por ser perjudiciales para el trabajo digno y los sindicatos;

S.  Considerando que, según la OIT, 21 millones de personas son víctima de trabajos forzosos en todo el mundo, y que muchas de ellas son explotadas en el marco de CVM; que los trabajos forzosos en la economía privada generan 150 000 millones de dólares estadounidenses en beneficios ilegales anuales;

T.  Considerando que, por su mandato a escala mundial, sus conocimientos y su experiencia, la OIT, en colaboración con sus miembros, está en buena situación para liderar una acción mundial en favor del trabajo decente en las cadenas de suministro mundiales; que la Comisión de la OIT sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro pedía que se evalúen las deficiencias que causan déficits en materia de trabajo decente en las cadenas de suministro mundiales, y que se reflexione sobre las iniciativas y normas necesarias para promover el trabajo decente y facilitar la reducción de los déficits en materia de trabajo decente en las cadenas de suministro mundiales;

U.  Considerando que, en el contexto del comercio mundial y, en particular, de las CVM, es necesario adoptar un enfoque multilateral, global y holístico en materia de responsabilidad de las empresas por las violaciones de los derechos humanos y de la sostenibilidad medioambiental; que es importante, por consiguiente, que la Unión siga liderando esos debates a escala mundial; que la Unión se ha se ha situado en la vanguardia de la reforma del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, en particular mediante el desarrollo de un sistema multilateral de tribunales; que se esperan progresos similares en otros ámbitos de interés críticos como la creación de un mecanismo para la ejecución de las obligaciones de los inversores en relación con los derechos humanos;

V.  Considerando que la producción en las CVM tiene lugar en diferentes jurisdicciones, con diferentes niveles de protección de los derechos humanos y de observancia de la legislación en materia social, laboral y medioambiental; que las víctimas de violaciones de los derechos humanos en que están implicadas empresas transnacionales se enfrentan a muchos obstáculos para acceder a reparación judicial;

W.  Considerando que la igualdad de género en todas las políticas de la Unión está consagrada en el artículo 8 del TFUE; que los acuerdos comerciales y de inversión afectan de forma diferente a las mujeres y a los hombres debido a desigualdades estructurales de género; que, en el análisis de las CVM, a menudo se pasa por alto la perspectiva de la igualdad de género; que, según la OIT, en 2012 fueron víctimas de trabajos forzosos 21 millones de personas en todo el mundo (un 55 % de las cuales eran mujeres y niñas), y que un 90 % de estas personas fueron objeto de explotación en la economía privada por particulares o por empresas;

X.  Considerando que las mujeres son la mayoría de los trabajadores en determinados segmentos de las cadenas de suministro mundiales de la confección, la horticultura, la telefonía móvil y el turismo, pero tienden a concentrarse más que los hombres en modalidades de empleo mal remuneradas o poco reconocidas, lo cual da lugar a una segregación por géneros en tipos de ocupaciones y actividades, a brechas de género en materia salarial y en las condiciones laborales, y a limitaciones específicas de género en el acceso a recursos productivos, infraestructuras y servicios;

Y.  Considerando que, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, del TUE, la Unión protegerá los derechos del niño; que todos los Estados miembros han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

Z.  Considerando que los servicios desempeñan un papel más importante en las CVM, en particular en la fabricación; que una mayor integración de los servicios en las CVM exigirá acuerdos en apoyo de la economía digital, incluidos los flujos de datos;

AA.  Considerando que el desarrollo de CVM contribuye en mayor medida a la integración de servicios en la producción de bienes; que gran parte del valor añadido de los bienes importados ha sido creado por los servicios de los países importadores;

AB.  Considerando que los Estados miembros de la Unión son los mayores exportadores de servicios financieros del mundo, y que este sector reviste una importancia estratégica para la política comercial de la Unión; que la inclusión de disposiciones relativas a los servicios financieros en los acuerdos exteriores de la Unión, incluidos los acuerdos de libre comercio, ha suscitado algunas preocupaciones por sus posibles efectos negativos en términos de blanqueo de capitales y evasión y elusión fiscales y además pone de relieve la importancia de tomar en consideración el uso de instrumentos para abordar estos problemas; que los acuerdos comerciales y de inversión ofrecen una buena oportunidad para aumentar la cooperación en materia de lucha contra la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal y la evasión y la elusión fiscales;

AC.  Considerando que un etiquetado transparente e informativo puede ser un instrumento útil para que los consumidores de la Unión puedan elegir de manera más informada y más adecuadamente; que, además del precio y del origen, también se deberían ofrecer a los consumidores criterios sociales y medioambientales; que dichos criterios pueden elaborarse técnicamente de forma coherente con el Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que establece las condiciones aplicables al proceso de producción para permitir la venta de un producto;

AD.  Considerando que el pleno cumplimiento de los derechos humanos en la cadena de producción y el pleno respeto de las normas en materia de seguridad de los alimentos despachados a libre práctica en el mercado europeo deben ser respetados por los Estados y por las empresas; que la carga de la responsabilidad no debe recaer solamente sobre los consumidores, cuya capacidad de elección está limitada tanto por recursos individuales (economía, tiempo, conocimientos) como por elementos externos (información, oferta);

AE.  Considerando que las normas de origen son cada vez más importantes en el contexto de las CVM, en las que la producción se extiende por diversos países; que unas normas de origen laxas pueden crear trabas adicionales al establecimiento de plena transparencia y responsabilidad a lo largo de las cadenas de suministro;

AF.  Considerando que unos procedimientos aduaneros mejores, armonizados y más eficientes en Europa y fuera de ella contribuyen a facilitar el comercio, a cumplir los requisitos pertinentes de facilitación del comercio y a impedir las falsificaciones y la entrada en el mercado único de mercancías falsificadas e ilegales y a precios de dumping, lo que debilita gravemente el crecimiento económico de la Unión y deja muy desprotegidos a sus consumidores; que ampliar la accesibilidad a los datos aduaneros sobre las importaciones que entran en la Unión reforzaría la transparencia y la responsabilidad de las CVM;

AG.  Considerando que, en un contexto de redes de producción fragmentadas, se diluye la distinción entre importaciones y exportaciones, ya que los insumos importados representan un porcentaje significativo de las exportaciones y se acumulan aranceles siempre que se comercia con insumos intermedios a través de las fronteras; que unos procedimientos fronterizos y aduaneros eficientes revisten una importancia especial en este contexto;

AH.  Considerando que los incentivos comerciales en el marco del SPG y el SPG+ ofrecen a los países en desarrollo un mejor acceso al mercado a cambio del respeto de las normas laborales, medioambientales y sociales;

AI.  Considerando que el SPG+ es un instrumento clave de la política comercial de la Unión, que ofrece un mejor acceso al mercado y está acompañado de un estricto mecanismo de control destinado a promover los derechos humanos y laborales, la protección del medio ambiente y la buena gobernanza en los países en desarrollo vulnerables;

AJ.  Considerando que la protección y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual pueden impulsar una mayor y efectiva integración en las CVM;

Posición de la Unión en las CVM

1.  Insiste en que la política comercial y en materia de inversiones debe aspirar a servir de incentivo, a crear unas condiciones de competencia equitativas para las empresas europeas, a promover la competitividad europea y a facilitar una convergencia al alza en lo tocante a las normas; pide a la Comisión que garantice la coherencia entre las políticas medioambiental, de salud pública, comercial, industrial y en materia de inversiones de la Unión y promueva la estrategia de reindustrialización europea y la transición hacia una economía hipocarbónica;

2.  Considera que una mayor integración de la Unión en las CVM pasa por la salvaguardia del modelo social y normativo europeo y la promoción de un crecimiento sostenible;

3.  Pide a la Comisión que apoye la sensibilización con respecto a los regímenes de comercio justo existentes y su aceptación, como se indica en la estrategia «Comercio para todos» de la Unión, en el marco del plan de desarrollo sostenible de la Unión y en el del Consenso Europeo sobre Desarrollo;

4.  Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que adopten instrumentos de defensa comercial reforzados a fin de combatir las prácticas comerciales injustas, teniendo en cuenta el dumping social y medioambiental;

5.  Pide a la Comisión que evalúe las consecuencias de la utilización de los instrumentos de defensa comercial tanto por parte de la Unión como por parte de terceros países en la integración efectiva de las empresas de la Unión en CVM;

6.  Destaca la necesidad de una normativa armonizada y de una mayor coordinación y supervisión por parte de la Unión en cuanto a la aplicación de los derechos de importación por los Estados miembros (incluidos los derechos de aduana convencionales, los derechos antidumping y los derechos compensatorios) a todo tipo de mercancías y bienes, sobre todo las falsas declaraciones de origen (tanto en regímenes preferenciales como no preferenciales), las infravaloraciones y las descripciones incorrectas de los bienes;

Las CVM y el multilateralismo

7.  Pide a la Comisión que trabaje activamente en el seno de la OMC para promover la transparencia y que defina y promueva normas multilaterales aplicables al comercio, en particular la gestión sostenible de las CVM, que deben comprender lo siguiente:

   requisitos obligatorios en materia de transparencia y diligencia debida para la cadena de suministro, basados en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos;
   normas mínimas en materia de salud y seguridad, por las que se reconozca especialmente el derecho de los trabajadores a establecer comités de seguridad;
   un nivel mínimo de protección social y el respeto de las normas laborales fundamentales de la OIT;
   el derecho de negociación colectiva;

8.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que sigan participando activamente en todos los foros multilaterales mundiales sobre empresas, CVM, derechos humanos y laborales, crecimiento económico y desarrollo sostenible, promoviendo los valores europeos consagrados en los Tratados y teniendo presente la necesidad de proteger las particulares características de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas;

9.  Celebra las negociaciones en curso sobre un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos; pide a la Unión y a los Estados miembros que participen de forma constructiva en esas negociaciones y desempeñen un papel activo contribuyendo al desarrollo de propuestas concretas, incluido el acceso a vías de recurso, esforzándose al máximo para lograr un resultado positivo e instando a los socios comerciales a que también participen; pide a la Comisión, en este contexto, que considere la posibilidad de introducir un sistema de diligencia debida obligatorio ampliado, incluso a escala mundial;

10.  Pide a los Estados miembros que agilicen la aplicación e incrementen la eficacia de los planes de acción nacionales por los que se aplican los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; subraya que ocho de los trece planes de acción nacionales aprobados son de Estados miembros de la Unión y acoge con satisfacción el hecho de que se estén elaborando otros once planes de acción nacionales de la Unión; solicita a la Comisión que promueva y preste asistencia en la aplicación de estos Principios Rectores de las Naciones Unidas;

11.  Celebra la convergencia de las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos, especialmente entre los Principios Rectores de las Naciones Unidas y las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales;

12.  Celebra la inclusión integral del trabajo digno y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT en los ODS de las Naciones Unidas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen efectivamente estas normas y que trabajen en el marco de la OIT con miras a la adopción de una nueva norma laboral internacional relativa al trabajo digno en las CVM, que exija en particular a todas las empresas que lleven a cabo una gestión continua del riesgo del impacto de sus actividades en los derechos humanos de los trabajadores y las comunidades y que adopten las medidas oportunas para prevenir, mitigar y dar solución a los afectados por estas actividades;

13.  Apoya todas las iniciativas mundiales de lucha contra la corrupción, como la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE), el proceso de Kimberley, la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), los principios enunciados en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas con las empresas, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo; recuerda la obligación que tienen los países productores en particular de aplicar y hacer cumplir la legislación pertinente, también en el ámbito de la construcción del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción;

14.  Recuerda que en este ámbito, además de la importación y la exportación de minerales y metales, la transparencia de los derechos de explotación y de los derechos de aduana obtenidos es esencial para el desarrollo de las zonas afectadas por conflictos y las zonas de alto riesgo; señala, en este sentido, la necesidad de recapitular las medidas que aplican en la actualidad las empresas europeas en materia de responsabilidad social, y de mejorar la coordinación y el intercambio de informaciones y mejores prácticas, con el fin de poder identificar con más eficacia las buenas prácticas, así como de contribuir a la creación de un marco común de acción a escala europea; pide a la Comisión que refuerce las iniciativas en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y de la diligencia debida en la totalidad de la cadena de suministro;

15.  Recuerda que un acceso fiable a las materias primas es importante para la competitividad a escala mundial;

16.  Destaca la importancia que revisten la introducción, el cumplimiento y la transposición de la legislación existente a nivel regional, nacional e internacional en materia de CVM;

Responsabilidad de las empresas

17.  Hace hincapié en que el comercio y los derechos humanos se refuerzan mutuamente y en que la comunidad empresarial debe desempeñar un papel importante a la hora de ofrecer incentivos positivos en términos de promoción de los derechos humanos, democracia y responsabilidad social de las empresas;

18.  Celebra las numerosas iniciativas prometedoras adoptadas por el sector privado, como por ejemplo códigos de conducta, sistemas de etiquetado, autoevaluaciones y auditorías sociales, que en los últimos años han repercutido positivamente en la situación de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores en las cadenas de suministro mundiales;

19.  Expresa su profunda preocupación por los casos de violaciones de los derechos humanos y las amenazas a la sostenibilidad medioambiental, que se han producido como consecuencia de algunas de las decisiones de gestión adoptadas por las empresas;

20.  Reconoce la importancia de la existencia de normas internacionales claras sobre responsabilidad social de las empresas, CVM y diligencia debida; acoge favorablemente la inteligente combinación de medidas legislativas y voluntarias, que ha dado algunos resultados positivos en los últimos años y ha permitido a las empresas encontrar sus propias medidas dinámicas e innovadoras; insiste en que la coordinación y el intercambio de información y de buenas prácticas pueden contribuir a aumentar la eficiencia de las iniciativas privadas y públicas de la cadena de valor y lograr resultados positivos; recuerda, no obstante, que la responsabilidad social de las empresas voluntaria puede dar lugar a una competencia desleal para los proveedores que han optado por respetar las normas internacionales en materia laboral y medioambiental y no es suficiente por sí misma para garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas y obligaciones internacionales implantando una política de diligencia debida; destaca, por lo tanto, la necesidad de trazar una panorámica de las acciones existentes promovidas por las empresas europeas en materia de responsabilidad social de las empresas con el fin de poder identificar mejor las buenas prácticas, así como de contribuir a la creación de un marco común de acción a nivel europeo; cree firmemente que la UE debe desarrollar rápidamente estrategias y normas de transparencia de las CVM, tomando incluso en consideración acciones inmediatas con miras al desarrollo de normas vinculantes y exigibles, las correspondientes vías de recurso y mecanismos de supervisión independientes con participación de las instituciones de la Unión, los Estados miembros y la sociedad civil; destaca que estas obligaciones deben seguir los pasos que requieren los Principios Rectores de las Naciones Unidas y las directrices de la OCDE relativas a la identificación proactiva de riesgos para los derechos humanos, la elaboración de planes de acción rigurosos y demostrables para prevenir o mitigar estos riesgos, la respuesta adecuada ante violaciones conocidas y la transparencia;

21.  Pide a la Comisión que dé más importancia a tales disposiciones y fomente también la asimilación de las directrices sectoriales de la OCDE y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; insiste en la necesidad de implicar formalmente a la sociedad civil de manera en el proceso de implantación a través de estructuras establecidas en virtud de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible; pide a la Comisión que apoye la labor de organismos internacionales de normalización tales como la Organización Internacional de Normalización (ISO 26000) y la Iniciativa mundial de presentación de informes, a fin de animar a las empresas a informar sobre la sostenibilidad y la creación de valor a lo largo de toda la cadena de suministro;

22.  Pide a la Comisión que garantice el cumplimiento por parte de las empresas europeas e internacionales de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y las directrices sectoriales de la OCDE, como las directrices sobre diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos; recomienda que se refuerce el papel que desempeñan los puntos de contacto nacionales de la OCDE y su cooperación con las instituciones independientes nacionales y regionales de derechos humanos con miras a mejorar la gobernanza de las CVM;

23.  Pide a la Comisión Europea que actualice su estrategia en materia de responsabilidad social de las empresas con el objetivo de reforzar las normas sociales y medioambientales y, en particular, insistir en que se tome en consideración la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos comerciales y de inversión negociados por la Unión;

24.  Destaca que la coordinación y el intercambio de información y de mejores prácticas puede contribuir a aumentar la eficacia de las iniciativas públicas y privadas relativas a las cadenas de valor;

25.  Recuerda que el Parlamento solicitó en 2010 que las empresas publicaran sus balances en materia de responsabilidad social de las empresas, la introducción de requisitos en materia de diligencia debida para todas las empresas y la consolidación del concepto de responsabilidad social de las empresas, sobre la base de una definición armonizada de las relaciones entre las sociedades matrices a fin de establecer la responsabilidad jurídica de cada una de ellas; observa con satisfacción, por tanto, que a partir 2017 se exigirá a las grandes empresas que divulguen información no financiera e información sobre diversidad, de conformidad con la Directiva sobre divulgación de información no financiera; observa que aún no se ha extendido la obligación de divulgación de información no financiera por parte de las grandes empresas a todos los agentes que operan en las CVM;

26.  Señala la iniciativa de la «tarjeta verde» puesta en marcha por algunos Parlamentos nacionales a raíz de la adopción de la Ley francesa sobre el deber de diligencia de las empresas multinacionales; pide a la Comisión que contemple propuestas relativas a la diligencia debida de las empresas de la Unión que operan tanto dentro como fuera de la Unión, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional francés sobre la ley francesa, concretamente respecto de la proporcionalidad de las sanciones;

27.  Recuerda que las políticas en materia de responsabilidad social de las empresas deben tener presentes las características especiales de las pymes y ser lo suficientemente flexibles como para garantizar que no les sean impuestas cargas desproporcionadas; pide a la Comisión, por tanto, que cree un servicio de asistencia específico para pymes que dedique una atención especial a pequeñas empresas y microempresas, y que les preste ayuda con programas de capacitación a la medida;

28.  Subraya que las CVM no acaban cuando el producto llega al consumidor, sino que incluyen también los residuos y su tratamiento; insta a que se tenga en cuenta todo el ciclo de vida de los productos y a que se amplíe la perspectiva sobre las CVM incorporando disposiciones jurídicas relativas a la eliminación de los residuos sin dañar a las personas ni al medio ambiente; pide a la Unión que aliente la cooperación internacional y la coherencia legislativa respecto del final del ciclo de vida de los productos y materiales y que ayude a los países socios a reforzar las normas nacionales y las capacidades de garantía del cumplimiento; pide a la Unión que garantice que la trazabilidad se aplique a este aspecto del ciclo de vida de los productos;

29.  Insta a la Comisión a que actúe con rapidez, a raíz de las propuestas pormenorizadas que figuran en la Resolución del Parlamento, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países;

Refuerzo del papel de las iniciativas del sector privado

30.  Destaca los logros obtenidos gracias al empeño del sector privado; destaca que el sector privado debe aplicar estrategias de sostenibilidad no solo para evitar daños a su reputación, sino también porque ello ofrece nuevas oportunidades y reduce su dependencia de recursos escasos;

31.  Subraya el papel fundamental de los consumidores (y los efectos de la mala publicidad); recuerda que ningún consumidor desea seguir comprando productos fabricados por niños u hombres y mujeres explotados, o productos que hayan causado daños ambientales graves;

32.  Pide a la Comisión que encuentre nuevas formas de apoyar los esfuerzos del sector privado por lograr una mayor sostenibilidad de las CVM y desarrollar modelos empresariales más incluyentes y asociaciones de múltiples partes interesadas del sector privado;

33.  Hace hincapié en que para promover unas CVM sostenibles es necesaria una combinación inteligente de financiación privada y pública, considera que deben tomarse como base las estructuras y los programas existentes que hayan demostrado ser eficaces a la hora de promover una conducta empresarial responsable;

34.  Celebra las numerosas iniciativas prometedoras adoptadas por el sector privado, como códigos de conducta, sistemas de etiquetado, autoevaluaciones y auditorías sociales, y reconoce la importancia del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma ISO 26000 sobre responsabilidad social, la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales como instrumentos que pueden hacer avanzar la responsabilidad en la actividad de las empresas; pide a las empresas, europeas o no europeas, que apliquen la diligencia debida en materia de derechos humanos e incorporen sus conclusiones en las políticas y los procedimientos internos, y que atribuyan en consecuencia recursos y responsabilidades y velen por su aplicación en la práctica; subraya que para ello es necesaria la asignación de recursos suficientes; destaca que la transparencia y la divulgación de las medidas adoptadas para evitar las violaciones de los derechos humanos en terceros países son fundamentales para permitir una supervisión democrática adecuada y que los consumidores puedan hacer elecciones factuales;

Los acuerdos de libre comercio de la Unión y las CVM

35.  Acoge con satisfacción la nueva estrategia de comercio e inversión para la Unión Europea, titulada «Comercio para todos»; pide a la Comisión que, en su política comercial y de inversión y en los acuerdos de libre comercio (ALC), aborde los retos que conlleva el desarrollo de las CVM tomando en consideración las medidas siguientes:

   a) el refuerzo de las evaluaciones ex ante del impacto del comercio en la sostenibilidad con la incorporación de requisitos de evaluación en materia de derechos humanos y de género, y haciendo las evaluaciones ex post, con aportaciones de la sociedad civil, de carácter obligatorio y públicas;
   b) la plena aplicación de las recomendaciones del Parlamento de 2010 y 2016 relativas a los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los ALC, que deben comprender capítulos exigibles y ambiciosos sobre comercio y desarrollo sostenible y tomar en consideración los aspectos siguientes;
   i) el compromiso de cada una de las partes de ratificar y aplicar los ocho convenios fundamentales y los cuatro convenios prioritarios de la OIT, así como los acuerdos internacionales multilaterales en materia de medio ambiente;
   ii) la cobertura de las cláusulas en materia de derechos humanos y los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible por la resolución general de litigios, en pie de igualdad con las demás partes del acuerdo;
   iii) la posibilidad de recurrir y exigir reparación a través de un procedimiento de presentación de reclamaciones para los interlocutores sociales y la sociedad civil;
   iv) medidas disuasorias eficaces, incluso en forma de reparaciones económicas, en caso de incumplimiento grave y demostrado de las disposiciones de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible;
   c) la inclusión de disposiciones exigibles en materia de lucha contra la corrupción y protección de denunciantes de irregularidades, en el marco de las competencias de la Unión Europea, en todos los futuros ALC; insiste, a este respecto, en que las partes signatarias de los acuerdos comerciales y de inversión deberían adoptar medidas para promover la participación activa del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos consultivos internos para la aplicación de los programas de lucha contra la corrupción y las cláusulas de los acuerdos de comercio internacional y de inversión;
   d) la inclusión de cláusulas de mantenimiento del statu quo que fijen normas mínimas en materia social, medioambiental y de seguridad en todos los ALC de la Unión, evitando así que las Partes reduzcan sus normas sociales, medioambientales y de seguridad para promover las exportaciones y atraer la inversión;
   e) la inclusión de disposiciones sobre transparencia fiscal (como las normas clave de la OCDE en materia de transparencia) y la intensificación de la cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la evasión y la elusión fiscales en los ALC, que están debidamente reflejadas en los criterios de apertura del mercado para los servicios financieros;
   f) el acompañamiento de todas estas disposiciones con medidas de apoyo para los países en desarrollo y la rigurosa supervisión de su aplicación, en particular mediante aportaciones de los Parlamentos nacionales y las partes interesadas, especialmente de la sociedad civil;
   g) la mayor vinculación entre las prioridades acordadas bilateralmente para la aplicación de los capítulos sobre desarrollo sostenible de los ALC y el apoyo financiero a través de los programas de la Unión de cooperación para el desarrollo;

36.  Recuerda, por una parte, el papel esencial que pueden desempeñar las pymes en las CVM y, por otra, las ventajas de una mayor integración de las pymes en las CVM; pide a la Comisión que incluya capítulos sobre las pymes en todos los futuros acuerdos comerciales; pide asimismo a la Comisión que, en este contexto, evalúe las estructuras de apoyo existentes para las pymes que desean acceder a las CVM y que revise y, en su caso, actualice la estrategia «Pequeñas empresas en un mundo grande» establecida en 2011 para facilitar en mayor medida la participación de las pymes en las CVM;

37.  Subraya que las CVM incluyen a menudo producción y servicios en zonas francas industriales, en las que los derechos laborales y medioambientales son diferentes del resto del país y a menudo están restringidos; pide a la Comisión que vele por que las normas sociales y ambientales suscritas en los ALC se apliquen a todo el territorio de los socios comerciales, incluidas las zonas francas industriales;

Etiquetado, trazabilidad y datos aduaneros

38.  Pide a la Unión que trabaje para hallar soluciones adecuadas y eficaces con miras a la introducción de un sistema de etiquetado obligatorio, transparente y eficaz de la «trazabilidad social y medioambiental» a lo largo de toda la cadena de producción, de conformidad con el Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, y que paralelamente promueva una acción similar a nivel internacional;

39.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de introducir legislación relativa a normas de etiquetado del origen de los productos que entran en el mercado de la Unión o que proponga normas que garanticen una trazabilidad efectiva;

40.  Pide a la Comisión que busque vías para capacitar a las partes para acceder, con una justificación adecuada y previa solicitud por motivos de interés público, a los datos de aduanas correspondientes a las partes que comercian con productos o bienes importados a la Unión, y anima a los Estados miembros a que hagan lo mismo;

Competencia judicial y acceso a vías de recurso

41.  Reitera la necesidad urgente de luchar eficazmente contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales en cuanto se produzcan, y de abordar los problemas jurídicos derivados de la dimensión extraterritorial de las empresas, principalmente a través del establecimiento de responsabilidades jurídicas compartidas a lo largo de las cadenas de suministro; pide a los Estados miembros que tomen las medidas adecuadas para hacer frente a los obstáculos financieros y procesales a los que se enfrentan las víctimas en los contenciosos civiles;

42.  Reitera su petición a la Comisión de que reflexiones sobre la ampliación de las normas sobre competencia judicial contempladas en el Reglamento «Bruselas I» a los inculpados de terceros países en las demandas contra empresas que tienen un claro vínculo con un Estado miembro o contra empresas para las que la Unión es un mercado de salida esencial, y le pide que, si procede, presente rápidamente una propuesta al Parlamento y al Consejo;

43.  Recuerda que las empresas deben instaurar mecanismos de reclamación a nivel operativo en favor de los trabajadores que sufren las consecuencias de su actuación, también en las zonas francas industriales; reitera su llamamiento a la Unión y a los Estados miembros para que adopten las medidas pertinentes para encarar los obstáculos legales, procesales e institucionales para acceder a vías de recurso efectivas;

Igualdad de género y derechos del niño

44.  Recuerda que la igualdad de género está firmemente instituida en todas las políticas de la Unión, tal como se establece en el artículo 8 del TFUE; lamenta que en la estrategia «Comercio para todos» no se mencione el género y pide a la Comisión que tome en consideración la cuestión del género y el empoderamiento de las mujeres en la revisión intermedia de la estrategia; pide a la Comisión que garantice la integración de la perspectiva de género en la política comercial y de inversión, en la estrategia «Ayuda al comercio», y en todos los futuros ALC y evaluaciones de impacto; pide a la Comisión que prosiga sus conversaciones y negociaciones en el seno de la OMC para que se tome en consideración el género en la política comercial y de inversiones de la OMC; pide a la Comisión que recopile datos desglosados por género sobre las CVM, especialmente relativos al sector agrícola, teniendo presente el empoderamiento de las mujeres más allá de cuestiones salariales, los factores que conducen a la violencia contra las mujeres y factores sociales como el permiso parental y la salud, con miras a establecer formas jurídicas que permitan subsanar los efectos colaterales negativos de las CVM; se congratula de que se incluya la cuestión de la igualdad de género en las negociaciones para la actualización del Acuerdo UE-Chile y de que vaya a figurar en el futuro acuerdo actualizado;

45.  Pide que se efectúe un análisis global de las diferencias y desigualdades en el marco de las CVM, en relación con: i) las diferencias de género en la gestión del tiempo, derivadas principalmente de la responsabilidad primaria de la mujer en la labor reproductiva; ii) las diferencias de género en el acceso a los insumos y recursos productivos, en particular las tierras, el crédito, la formación y las redes; y iii) las diferencias de género derivadas de disfunciones y discriminaciones en el mercado y las instituciones;

46.  Subraya que las mujeres tienden a ser quienes más sufren y que en el caso de las mujeres, con harta frecuencia el tráfico de mano de obra discurre en paralelo con el tráfico sexual y los feminicidios;

47.  Propone que en el comercio internacional y en las políticas comerciales de la Unión relativas a las CVM se incluya y desarrolle una estrategia específica de protección formal de las personas que denuncien prácticas de feminicidio, tráfico de mano de obra y tráfico sexual y de defensa de las víctimas; destaca que estos denunciantes en el ámbito del comercio internacional y de la Unión deben contar con un reconocimiento y una protección similares a los exigidos en el caso de los denunciantes de irregularidades;

48.  Recuerda que las mujeres tienen una presencia creciente en el trabajo, pero aún están sobrerrepresentadas en los puestos con menos cualificación y peor remunerados, no disponen de un acceso suficiente a las medidas de protección social, entre ellas la protección de la maternidad, y con harta frecuencia sufren discriminación y acoso sexual;

49.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que promuevan una contratación pública sostenible mediante la aplicación de requisitos específicos en materia de derechos humanos y cumplimiento del Derecho internacional, en especial en lo que atañe al fomento de la igualdad de género y a las normas europeas en materia de competencia, así como la transparencia para los proveedores y sus cadenas de suministro internacionales;

50.  Destaca la importancia de la ratificación de los Convenios de la OIT n.º 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y n.º 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y al trabajo por que los países que todavía no lo han hecho; recuerda que la Unión se ha comprometido a erradicar las peores formas de trabajo infantil a escala mundial, de acuerdo con sus valores, consagrados en el artículo 21 del TUE, que incluye en particular la prohibición del trabajo infantil en el marco de la acción exterior de la Unión; reitera su llamamiento a favor de la armonización y el refuerzo de los controles de las importaciones y las cadenas de suministro con el fin de garantizar que solo entren en el mercado de la Unión productos que no procedan del trabajo infantil ni del trabajo forzoso ni de la esclavitud moderna; destaca su apoyo a las iniciativas existentes destinadas a apoyar a las pymes y las pequeñas organizaciones de agricultores para que adquieran un mayor porcentaje de valor en las CVM, tales como el comercio justo; subraya la importancia de integrar la lucha contra el trabajo forzado y el trabajo infantil en todos los ALC de la Unión a través de los capítulos consagrados al desarrollo sostenible, a fin de velar por que los socios comerciales compartan dicho objetivo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que defiendan enérgicamente esta propuesta en todos los foros internacionales, como la OIT, la OCDE, las Naciones Unidas y la OMC, a fin de hacer progresos en la lucha contra el trabajo forzoso y el trabajo infantil; hace hincapié, en este contexto, en que el objetivo de permitir únicamente productos que no procedan del trabajo infantil solo puede alcanzarse si se combina con el establecimiento de salarios mínimos dignos para los miembros de la familia del menor;

Países en desarrollo

51.  Subraya que las CVM ofrecen a las empresas de los países en desarrollo, en particular a las pymes, una oportunidad importante para establecer vínculos con la economía mundial; subraya que es esencial adoptar políticas específicas y medidas de acompañamiento para lograrlo y para ampliar las ventajas potenciales a todos los trabajadores de nuestros países socios, en particular, políticas destinadas a hacer más eficientes los procedimientos administrativos o a ayudar a las empresas afectadas a incrementar su valor añadido y ampliar su participación en las CVM, mejorando asimismo sus normas sociales y medioambientales; señala que la revisión del SPG y el SPG + debe incluir normas vinculantes sobre derechos humanos y laborales y protección del medio ambiente; observa que muchos países en desarrollo cuentan con una capacidad y unos recursos limitados para garantizar efectivamente el cumplimiento de las normas y disposiciones sociales y medioambientales; pide a la Unión que refuerce el desarrollo de capacidades y proporcione a los Gobiernos de los países en desarrollo socios asistencia técnica siempre que sea posible y necesario;

52.  Recuerda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus enfoques en materia de producción sostenible, consumo sostenible y trabajo digno, y pide a la Comisión que en sus informes indique de forma transparente la referencia a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de que se trate; reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que utilicen el comercio para promover el desarrollo sostenible y la buena gobernanza, en consonancia con el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo; insiste en que los acuerdos comerciales y de inversión que la Unión celebre con países en desarrollo deben ser coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible; reitera el derecho de los países en desarrollo a regular la inversión a fin de garantizar obligaciones y deberes para todos los inversores, incluidos los extranjeros, con objeto de proteger las normas en materia de derechos humanos, laborales y medioambientales;

53.  Acoge con satisfacción la entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio que, ejecutado correctamente, simplificará y modernizará los procedimientos aduaneros, facilitando a los países en desarrollo, que por lo general tienen mayores barreras aduaneras, su integración en el sistema comercial mundial;

54.  Pide a la Comisión que apoye la participación efectiva de las pymes en las CVM apoyando el establecimiento de asociaciones entre pymes y pequeños colectivos de agricultores de países en desarrollo cuyo objetivo consista en alcanzar un mayor porcentaje de valor para los productores, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección social, medioambiental y de los derechos humanos, como ocurre en el caso del comercio justo;

55.  Pide a la Comisión que vele por la aplicación y el control efectivos de los requisitos relativos a los derechos humanos vinculados a las preferencias comerciales unilaterales en virtud del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), y por la aplicación, en el pleno respeto del Reglamento SPG, de los procedimientos previstos para el caso del posible incumplimiento de estos requisitos;

56.  Confía en que la revisión intermedia del SPG aclare las definiciones y prevea una evaluación en profundidad del sistema actual; considera que la política comercial debe ser una vía para animar a los socios comerciales de la Unión a adoptar normas sociales, laborales y medioambientales más exigentes, lo que podría lograrse mediante incentivos como preferencias arancelarias adicionales para los productos elaborados de forma sostenible; opina que este objetivo exige una revisión del Reglamento SPG y sugiere que se incluyan requisitos en materia de responsabilidad social de las empresas dentro de su ámbito de aplicación a fin de garantizar que las empresas transnacionales cumplan las obligaciones legales nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, normas laborales y normas medioambientales; pide que se dedique una especial atención a la situación de los derechos humanos y sindicales en las zonas francas industriales, e insta a la Comisión a que aborde esta cuestión, en estrecha cooperación con la OIT, en la revisión del SPG;

57.  Pide a la Comisión que garantice que todos los proyectos de desarrollo financiados por la Unión, incluidos los proyectos de financiación combinada, se ajusten totalmente a los principios de eficacia del desarrollo acordados a escala internacional y asimismo respeten plenamente el principio de consentimiento libre, previo y con pleno conocimiento de causa, establecido en el Convenio n.º 169 de la OIT;

Normas de origen

58.  Observa que unas normas de origen simplificadas, eficaces y preferenciales son cruciales en el contexto de las CVM; reconoce que la rigidez y la complejidad de las normas de origen pueden obstaculizar la eficiencia de las pautas comerciales;

59.  Pide a la Comisión que, en la medida de lo posible, haga uso de normas de origen multilaterales como normas de origen preferenciales en los ALC; pide, asimismo, a la Comisión que, a la hora de diseñar normas de origen preferenciales específicas en los ALC, rebaje los requisitos de valor añadido y permita el cambio de subpartida arancelaria y la «transformación única» como normas de origen;

60.  Pide a la Comisión que, concretamente en el caso de las negociaciones sobre ALC con países que actualmente se benefician de las preferencias del SPG y el TMA, garantice que la elaboración de normas de origen no provoque desviaciones de los procesos económicos;

61.  Considera que el aumento de la acumulación en los ALC no debe considerarse como un instrumento de liberalización encubierta, sino como un medio para permitir que los países se especialicen en actividades económicas siguiendo la lógica de la ventaja comparativa;

Derechos de propiedad intelectual y flujos de datos

62.  Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de proteger todo el espectro de los derechos de propiedad intelectual, a saber, las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor, los dibujos y modelos, las indicaciones geográficas, las marcas de origen y los productos farmacéuticos, garantizando al mismo tiempo el acceso a medicamentos asequibles, tanto a nivel de la OMC como a través de los ALC; pide a la Comisión que adopte medidas adicionales sobre la posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas a productos no agrícolas, como ocurre ya en varios terceros países a través de diversos sistemas jurídicos; pide un proceso abierto e incluyente para mejorar la cooperación con terceros socios con el fin de combatir el fraude y la falsificación de bienes, que se aprovecha de la confianza que transmiten algunas marcas;

63.  Reconoce que la innovación digital y los flujos de datos son los principales motores de la economía de servicios y un elemento esencial de la CVM de las empresas manufactureras tradicionales y que, por tanto, convendría limitar los requisitos de localización obligatoria en la medida de lo posible dentro y fuera de Europa, permitiendo al mismo tiempo el establecimiento de las exenciones necesarias por objetivos legítimos de política pública como la protección de los consumidores y de los derechos fundamentales; recuerda que la protección de los flujos de datos y el derecho a la vida privada no constituyen obstáculos para el comercio sino que son derechos fundamentales consagrados en el artículo 39 del TUE, en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;

o
o   o

64.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Organización Mundial del Comercio y a la UNCTAD.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0299.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0298.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0208.
(4) DO C 99 E de 3.4.2012, p. 101.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0405.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0196.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0098.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0041.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0252.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0265.
(11) DO L 130 de 19.5.2017, p. 1.
(12) DO L 295 de 12.11.2010, p. 23.
(13) DO L 303 de 31.10.2012, p. 1.
(14) DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.
(15) DO L 330 de 15.11.2014, p. 1.
(16) http://childrenandbusiness.org.
(17) Véase la definición de pyme: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=ES

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