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Procedimiento : 2017/2870(RSP)
Ciclo de vida en sesión
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Textos presentados :

RC-B8-0549/2017

Debates :

Votaciones :

PV 05/10/2017 - 4.3
CRE 05/10/2017 - 4.3

Textos aprobados :

P8_TA(2017)0383

Textos aprobados
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Jueves 5 de octubre de 2017 - Estrasburgo Edición definitiva
Situación en las Maldivas
P8_TA(2017)0383RC-B8-0549/2017

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de octubre de 2017, sobre la situación en Maldivas (2017/2870(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Maldivas, en particular las de 16 de septiembre de 2004(1), 30 de abril de 2015(2) y 17 de diciembre de 2015(3),

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Maldivas es Estado Parte,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones, de 1981,

–  Vistas las directrices de la UE sobre la pena de muerte,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, y en particular sus artículos 2, 7 y 19,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989,

–  Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

–  Vista la declaración, de 27 de julio de 2017, del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres,

–  Visto el informe de la misión a la 5.ª Reunión interparlamentaria UE-Maldivas de los días 8 y 9 de febrero de 2016,

–  Vista la declaración realizada el 25 de julio de 2017 por la Delegación de la UE a Maldivas, junto con las embajadas de los Estados miembros de la Unión y las embajadas acreditadas en Maldivas de Canadá, Noruega, Suiza y los Estados Unidos, sobre la situación en Maldivas,

–  Vista la declaración, de 14 de marzo de 2016, del portavoz de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre la condena del expresidente de Maldivas, Mohamed Nasheed,

–  Vista la declaración, de 3 de agosto de 2017, de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard, sobre la reanudación «inminente» de las ejecuciones en Maldivas,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando las relaciones duraderas que mantiene la Unión con Maldivas y los cientos de miles de turistas europeos que viajan a Maldivas cada año;

B.  Considerando que la situación de los derechos humanos en Maldivas se ha deteriorado gravemente desde las primeras elecciones democráticas celebradas en el país en 2008, y desde que el primer presidente elegido democráticamente, Mohamed Nasheed, fuera destituido en 2012;

C.  Considerando el deterioro de las libertades políticas y civiles, la detención arbitraria de líderes de la oposición, los ataques a los medios de comunicación y el aumento del conservadurismo religioso, acusado de provocar una disminución de la libertad religiosa y de la tolerancia, en tanto que el presidente Abdulla Yameen, ex líder del Partido Progresista de Maldivas, y su Gobierno tratan de aferrarse al poder;

D.  Considerando que el 22 de agosto de 2017 las fuerzas de seguridad obligaron a cerrar el Parlamento (Majlis), en lo que los diputados de la oposición describieron como un intento de bloquear una moción en favor de la destitución del presidente del Parlamento;

E.  Considerando que miembros del partido de la oposición, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos informan de un incremento de las amenazas y los ataques por parte de las autoridades, la policía y grupos extremistas;

F.  Considerando que en marzo de 2015 Mohamed Nasheed, el primer presidente de Maldivas elegido democráticamente, fue condenado a trece años de cárcel acusado de terrorismo; que doce diputados de la oposición, de los 85 que componen el Parlamento, están siendo enjuiciados, al menos a tres se les ha retirado el pasaporte, y al menos uno permanece detenido de forma arbitraria; que está previsto que las próximas elecciones presidenciales se celebren en 2018;

G.  Considerando la preocupación existente en relación con el poder judicial en Maldivas, que está muy politizado y durante años ha abusado de sus competencias y actuado en favor del partido actualmente en el poder y en contra de los políticos de la oposición; que todavía no está garantizado el derecho a un juicio justo y que los principios en cuestión constituyen elementos fundamentales del Estado de Derecho;

H.  Considerando que, el 9 de agosto de 2016, el Parlamento de Maldivas adoptó la Ley sobre la protección de la reputación y el buen nombre y la libertad de expresión, que impone una serie de restricciones a la libertad de expresión y otorga al Gobierno la facultad de revocar o suspender las licencias de los operadores de radiodifusión, las publicaciones, los sitios web y otros medios de comunicación;

I.  Considerando que, en agosto de 2016, el presidente de Maldivas ratificó una serie de enmiendas a la Ley de libertad de reunión que limitaron las zonas designadas para las protestas legales;

J.  Considerando que el Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria considera que Maldivas es uno de los peores países del mundo en lo que respecta a los ataques contra los parlamentarios de la oposición, habida cuenta de que los políticos de la oposición son intimidados, detenidos y encarcelados de forma rutinaria; que la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación, la libertad de asociación y el pluralismo democrático están cada vez más amenazados, produciéndose detenciones e imputaciones de cientos de manifestantes antigubernamentales; que cada vez hay más pruebas de que las acusaciones de carácter penal que se presentaron contra los opositores políticos del presidente Yameen pueden haber tenido una motivación política;

K.  Considerando que el presidente Yameen ha manifestado reiteradamente su intención de reanudar la práctica de ejecuciones autorizadas por el Estado, con lo que pone fin a una moratoria de 60 años; que en la región de Asia y el Pacífico veinte Estados han abolido la pena capital y otros siete la han abolido de facto;

L.  Considerando que al menos veinte personas se encuentran en la actualidad condenadas a muerte en Maldivas y al menos cinco de ellas eran menores de dieciocho años en el momento de su detención; que la legislación de Maldivas, en violación del Derecho internacional, permite que los menores sean condenados a una pena de muerte retardada, que ha de llevarse a cabo cuando el menor alcanza la edad de dieciocho años; que la relatora especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha instado al Gobierno de Maldivas a no reanudar las ejecuciones;

M.  Considerando que, en al menos tres casos, a saber, los de Hussein Humaam Ahmed, Ahmed Murrath y Mohamed Nabeel, el Tribunal Supremo de Maldivas ha confirmado las condenas a muerte tras juicios que no han respetado las normas reconocidas internacionalmente; que los tres están en peligro inminente de ser ejecutados;

N.  Considerando que la Comisión Internacional de Juristas ha denunciado recientemente la suspensión de 56 abogados de Maldivas, un tercio de los abogados en activo del país, todos los cuales participaron en los llamamientos en favor de reformas judiciales que garanticen la independencia del poder judicial;

O.  Considerando que también existe inquietud ante la creciente militancia de carácter islamista radical y el número de hombres y mujeres jóvenes radicalizados que supuestamente se han unido al EI/Dáesh;

P.  Considerando que el bloguero y voz crítica contra el Gobierno Yameen Rasheed fue asesinado el 23 de abril de 2017; que el periodista Ahmen Rilwan lleva desaparecido desde agosto de 2014, y se teme que haya fallecido; que el bloguero Ismail Rasheed fue apuñalado y herido en 2012;

1.  Expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación política y de los derechos humanos en Maldivas y por la deriva autoritaria del presidente Abdulla Yameen y su Gobierno, que ha creado un clima de miedo y puesto en peligro los avances logrados en el país en los últimos años en los ámbitos de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, en particular teniendo en cuenta las elecciones que se celebrarán en 2018;

2.  Condena la aprobación en 2016 de la Ley sobre difamación y libertad de expresión, que tiene por objeto reprimir la libertad de expresión, y las enmiendas introducidas en 2016 a la Ley sobre la libertad de reunión que restringen el derecho de reunión; pide al Gobierno de Maldivas que armonice todas las disposiciones legislativas nacionales con el Derecho internacional de los derechos humanos, y que derogue o modifique las leyes mencionadas;

3.  Lamenta la represión de los opositores políticos en Maldivas, y pide al Gobierno que retire todos los cargos presentados contra el expresidente Mohamed Nasheed y que libere de forma inmediata e incondicional a todos los detenidos por motivos políticos, incluido Qasim Ibrahim, líder del partido Jumhoory; recuerda al Gobierno sus obligaciones internacionales en materia de respeto de las libertades y los derechos fundamentales en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que incluyen garantías mínimas de un juicio justo;

4.  Pide al Tribunal Supremo de Maldivas que levante inmediatamente la suspensión de aquellos de los 56 abogados suspendidos en septiembre de 2017 a quienes se sigue aplicando esa medida; reitera su llamamiento al Gobierno para que asegure la plena independencia e imparcialidad del poder judicial y garantice a todos los ciudadanos el derecho una justicia equitativa y transparente, libre de influencias políticas;

5.  Reitera la firme oposición de la Unión a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción alguna; pide la abolición universal de la pena de muerte; condena firmemente el anuncio de la reintroducción de la pena de muerte en Maldivas, e insta al Gobierno y al Parlamento de Maldivas a que respeten la moratoria de la pena capital que ha estado en vigor durante más de sesenta años;

6.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que insten públicamente al presidente Yameen y al Gobierno de Maldivas a que revisen todas las condenas a muerte, al objeto de garantizar que se respeta el derecho a un juicio justo, garantizado por la Constitución y reconocido internacionalmente; pide al Gobierno que revoque inmediatamente todas las sentencias a la pena capital dictadas contra menores y que prohíba la ejecución de menores delincuentes;

7.  Considera que la única manera de resolver el deterioro de la democracia, los derechos humanos y las libertades en Maldivas es a través de un proceso de verdadero diálogo en el que participen todos los partidos políticos y otros dirigentes civiles;

8.  Pide al Gobierno de Maldivas que respete y apoye plenamente el derecho de manifestación, la libertad de expresión, de asociación y de reunión, la libertad de conciencia y la libertad de religión y de creencias, con independencia de la religión mayoritaria;

9.  Pide al Gobierno de Maldivas que acabe con la impunidad de los vigilantes que han hecho uso de la violencia contra las personas que abogan por la tolerancia religiosa, los participantes en protestas pacíficas, los medios de comunicación críticos y la sociedad civil;

10.  Condena el cierre forzoso del Majlis de Maldivas a sus miembros y el acoso, la intimidación y la detención de los diputados electos al Parlamento;

11.  Condena la intimidación continuada y las amenazas contra periodistas, blogueros y defensores de los derechos humanos en Maldivas, las detenciones de periodistas, y los asaltos y cierres forzosos de las agencias de noticias;

12.  Pide al Gobierno que garantice una investigación imparcial e independiente de la muerte de Yameen Rasheed y el secuestro de Ahmed Rilwan con el fin de identificar a todos los responsables y llevarlos ante la justicia;

13.  Pide a las autoridades de Maldivas que garanticen que la Comisión de Derechos Humanos de Maldivas, la Comisión de Integridad Nacional y las comisiones electorales puedan actuar de forma independiente y sin interferencias del Gobierno; solicita al Gobierno de Maldivas que coopere plenamente con los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en particular con los procedimientos especiales y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos;

14.  Pide a la Unión que haga pleno uso de todos los instrumentos a su disposición para fomentar el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos en Maldivas, incluida la posibilidad de introducir sanciones individuales selectivas de carácter temporal contra quienes vulneren los derechos humanos;

15.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a la OSCE/OIDDH, al Consejo de Europa y al Gobierno de Maldivas.

(1) DO C 140 E de 9.6.2005, p. 165.
(2) DO C 346 de 21.9.2016, p. 60.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0464.

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