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Textos aprobados
Jueves 6 de abril de 2017 - EstrasburgoEdición definitiva
Rusia: la detención de Alexei Navalny y otros manifestantes
 Bielorrusia
 Bangladés, incluidos los matrimonios infantiles
 Mercados mayoristas de itinerancia ***I
 Terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado o exentos de esa obligación: Ucrania ***I
 Cuerpo Europeo de Solidaridad
 Adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.

Rusia: la detención de Alexei Navalny y otros manifestantes
PDF 170kWORD 46k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre Rusia: la detención de Alexei Navalny y otros manifestantes (2017/2646(RSP))
P8_TA(2017)0125RC-B8-0245/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Rusia, en particular sus Resoluciones de 23 de octubre de 2012(1), de 13 de junio de 2013 sobre el Estado de Derecho en Rusia(2) y de 13 de marzo de 2014 sobre Rusia: condena de manifestantes que participaron en los sucesos de la plaza Bolótnaya(3); su Recomendación de 2 de abril de 2014; sus Resoluciones, de 23 de octubre de 2014, sobre el cierre de la ONG «Memorial» (galardonada con el Premio Sájarov 2009) en Rusia(4); de 15 de enero de 2015, sobre Rusia, en particular sobre el caso de Alexei Navalny(5); de 12 de marzo de 2015, sobre el asesinato del líder de la oposición rusa Boris Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia(6); y de 24 de noviembre de 2016, sobre el caso de Ildar Dadin, preso de conciencia en Rusia(7),

–  Vista la Constitución Rusa, en particular su artículo 29, que protege la libertad de expresión, y su artículo 31, que incluye el derecho de reunión pacífica, así como las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que Rusia se ha comprometido a observar en su calidad de miembro del Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y las Naciones Unidas,

–  Vista la «Asociación para la Modernización», puesta en marcha en 2010 en Rostov del Don, y el compromiso contraído por los dirigentes rusos en favor del Estado de Derecho como fundamento para la modernización de Rusia,

–  Vistos el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que estipulan que ninguna persona puede ser sometida a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradante, y de los que la Federación de Rusia es parte,

–  Vista Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998,

–  Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2017, sobre los presos ucranianos en Rusia y la situación en Crimea(8),

–  Visto el séptimo informe periódico de la Federación de Rusia, examinado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sus 3136ª y 3137ª reuniones celebradas los días 16 y 17 de marzo de 2015,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el 26 de marzo de 2017 entre 33 000 y 93 000 personas participaron en protestas, marchas y manifestaciones en contra de la corrupción en más de 80 ciudades de toda Rusia; que más de 2 000 manifestantes fueron detenidos por la policía en ciudades de todo el país, entre ellos aproximadamente 1 000 en Moscú; que Alexei Navalny, político de la oposición, fue detenido y multado con 350 dólares estadounidenses por organizar protestas prohibidas y fue condenado a 15 días de cárcel; y que se considera que estas protestas han sido las más multitudinarias desde las manifestaciones contra el Kremlin de 2011 y 2012;

B.  Considerando que el veredicto del tribunal de distrito de Leninsky de Kirov, de 8 de febrero de 2017, contra el opositor ruso Alexei Navalny por intento de malversación de fondos ha servido para silenciar de nuevo otra voz política independiente en la Federación de Rusia; y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que a Navalny se le denegó el derecho a un juicio justo cuando fue acusado en 2013 de los mismos cargos;

C.  Considerando que el Gobierno ruso ha iniciado una investigación penal contra personas no identificadas que convocaron en internet una manifestación en Moscú el 2 de abril de 2017 para pedir la dimisión del primer ministro, Dmitry Medvedev, el fin de las operaciones militares rusas en Ucrania y Siria, la liberación de Navalny y el pago de una indemnización a los activistas detenidos durante una protesta en Moscú el 26 de marzo de 2017; y que el 2 de abril del mismo año al menos 31 personas fueron arrestadas durante las protestas de la oposición en Moscú y detenidas posteriormente por «quebrantamiento del orden público»;

D.  Considerando que la Federación de Rusia, como miembro de pleno derecho del Consejo de Europa, signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se ha comprometido con los principios de la democracia y el Estado de Derecho y el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos; y que la Unión Europea ha ofrecido reiteradamente asistencia y asesoramiento a Rusia para ayudarla a modernizar y respetar su ordenamiento constitucional y jurídico, en consonancia con las normas del Consejo de Europa;

E.  Considerando que existe inquietud por la evolución registrada en la Federación de Rusia en relación con el respeto y la protección de los derechos humanos y el respeto de los principios democráticos comúnmente acordados y del Estado de Derecho; y que la Federación de Rusia ha ratificado once de los dieciocho tratados internacionales en materia de derechos humanos;

F.  Considerando que se ha reformado el Código Penal ruso y se ha introducido un nuevo artículo 212.1, en virtud del cual se puede acusar a una persona por violación de la ley sobre reuniones pública, a pesar de que esta ley limita la libertad de expresión y de reunión;

G.  Considerando que, según el Centro de Derechos Humanos «Memorial», el número de presos políticos en el país ha aumentado considerablemente en los últimos años, hasta totalizar 102 personas en 2016;

1.  Condena las operaciones policiales en la Federación de Rusia destinadas a impedir y dispersar manifestaciones pacíficas contra la corrupción, así como la detención de centenares de ciudadanos, incluido Alexei Navalny, cuya organización inició las manifestaciones;

2.  Pide a las autoridades rusas que liberen y retiren inmediatamente los cargos contra Alexei Navalny y todos los manifestantes pacíficos, periodistas y activistas detenidos en las manifestaciones contra la corrupción celebradas en Moscú y en varias ciudades rusas el 26 de marzo y el 2 de abril de 2017; subraya que las autoridades rusas son plenamente responsables de la seguridad y el bienestar de los detenidos;

3.  Hace hincapié en que las sentencias dictadas tienen una motivación política e insta al poder judicial ruso a que dé muestras de su independencia frente a la interferencia política; pide a las autoridades rusas que pongan fin al acoso de periodistas, opositores políticos y activistas políticos y de la sociedad civil y que respeten plenamente las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y garanticen la libertad de los medios de comunicación y la libertad de reunión;

4.  Toma nota del elevado nivel de participación registrado en las protestas contra la corrupción generalizada celebradas en toda la Federación de Rusia el domingo 26 de marzo de 2017, en particular la fuerte movilización de los jóvenes contra la corrupción y el carácter cada vez más autoritario del poder en Rusia; acoge con satisfacción este compromiso como señal esperanzadora de un mayor interés por los asuntos públicos y políticos;

5.  Expresa su profunda preocupación por que la detención de Alexei Navalny demuestra que las autoridades rusas están utilizando la ley sobre reuniones públicas para acelerar los procedimientos de encarcelamiento de los manifestantes pacíficos y cometer, a continuación, abusos sistémicos;

6.  Condena los reiterados esfuerzos por acallar a Alexei Navalny y expresa su apoyo a los esfuerzos realizados por su organización para sensibilizar y luchar contra la corrupción en las instituciones públicas y entre los representantes políticos y titulares de cargos públicos; expresa su profunda preocupación por la decisión del Tribunal de febrero de 2017, que excluye de hecho a Alexei Navalny del marco político, restringe en mayor medida el pluralismo político en Rusia y plantea serias dudas sobre la equidad de los procesos democráticos en Rusia;

7.  Recuerda que la libertad de reunión pacífica es un derecho y no un privilegio y que este derecho, junto a los derechos a la libertad de opinión y de expresión, y la libertad de asociación, desempeñan un papel decisivo en el establecimiento y la existencia de un sistema realmente democrático; pide a las autoridades rusas que cumplan escrupulosamente los compromisos que han asumido a escala internacional, también en el marco del Consejo de Europa y de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en relación con la defensa de las libertades fundamentales de expresión, asociación y reunión pacífica, que constituyen derechos fundamentales consagrados en su Constitución, y que pongan en libertad, con carácter inmediato, a los manifestantes pacíficos que han sido detenidos;

8.  Pide a las autoridades rusas que pongan fin a todos los actos de acoso, también a escala judicial, de los que son objeto opositores políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos en la Federación de Rusia, y que velen por que puedan ejercer, en cualquier circunstancia, sus actividades legítimas sin traba alguna;

9.  Considera que varios juicios y diligencias judiciales contra miembros de la oposición y ONG en los últimos años han puesto en duda la independencia y la imparcialidad de las instituciones judiciales de la Federación de Rusia; insta a las autoridades judiciales y policiales rusas a que desempeñen sus labores de manera imparcial e independiente, sin interferencias políticas;

10.  Subraya que el artículo 31 de la Constitución de Rusia y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, del que Rusia es parte, garantizan la libertad de reunión en la Federación de Rusia, lo que obliga a las autoridades rusas a respetarla; pide a la Federación de Rusia que respete los principios del Estado de Derecho, la libertad de expresión y la libertad de reunión;

11.  Recuerda la importancia de que Rusia cumpla plenamente las obligaciones jurídicas que ha asumido a escala internacional, en su calidad de miembro del Consejo de Europa y de la OSCE, así como que respete los derechos humanos fundamentales y el Estado de Derecho consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

12.  Pide a la Federación de Rusia que modifique la legislación que restringe indebidamente y penaliza la libertad de reunión; condena, además, que mediante una nueva medida legislativa de diciembre de 2015, la Federación de Rusia haya facultado a su Tribunal Constitucional para revocar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

13.  Toma nota de las denuncias de corrupción contra destacados políticos rusos; pide a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros que adopten medidas sistemáticas contra cualquier tentativa de blanqueo de capitales o de activos ilegales en la Unión; encarga, asimismo, a la Comisión de Investigación del Parlamento sobre los papeles de Panamá que preste especial atención a los posibles rastros de flujos sospechosos de dinero ruso a través de bancos con sede en la Unión;

14.  Insta al Consejo y a los Estados miembros a que definan una política unitaria frente a Rusia que comprometa a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión a enviar un mensaje común firme sobre el papel de los derechos humanos en la relación entre la Unión y Rusia y la necesidad de poner fin a la represión de la libertad de expresión, reunión y asociación en Rusia;

15.  Pide a la vicepresidenta / alta representante y al Servicio Europeo de Acción Exterior que velen por que los casos de todas aquellas personas condenadas por motivos políticos se aborden en las consultas entre la Unión y Rusia en materia de derechos humanos, una vez que estas se reanuden, y que se inste formalmente a los representantes rusos en el marco de estas consultas a pronunciarse caso por caso; pide a los presidentes del Consejo y de la Comisión, así como a la vicepresidenta / alta representante, que continúen haciendo un seguimiento atento de estos casos y que planteen estas cuestiones en el marco de distintos formatos y encuentros con Rusia, así como que informen al Parlamento sobre los intercambios de puntos de vista mantenidos con las autoridades de la Federación de Rusia;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y al Presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia;

17.  Condena el ataque terrorista de San Petersburgo y pide a su presidente que transmita su sentido pésame y profunda solidaridad a las víctimas, sus familias y al pueblo ruso.

(1) DO C 68 E de 7.3.2014, p. 13.
(2) DO C 65 de 19.2.2016, p.150
(3) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0253.
(4) DO C 274 de 27.7.2016, p. 21.
(5) DO C 300 de 18.8.2016, p. 2.
(6) DO C 316 de 30.8.2016, p. 126.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0446.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0087.


Bielorrusia
PDF 177kWORD 48k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre la situación en Bielorrusia (2017/2647(RSP))
P8_TA(2017)0126RC-B8-0253/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones y recomendaciones sobre Bielorrusia, incluidas las relativas a la política europea de vecindad,

–  Vistas las declaraciones del presidente de la Delegación para las Relaciones con Bielorrusia de 27 de marzo de 2017, del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de 17 de marzo de 2017, del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia de 14 y 28 de marzo de 2017, de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE de 24 de marzo de 2017, del director de la OSCE/OIDDH de 17 y 26 de marzo de 2017, de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE de 27 de marzo de 2017, y del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT) de 29 de marzo de 2017 en relación con los recientes arrestos de manifestantes pacíficos y detenciones ilegales en Bielorrusia,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Bielorrusia, y en particular las de 15 de febrero de 2016, por las que se suspenden las medidas restrictivas contra 170 personas y 3 empresas bielorrusas,

–  Vista la Decisión (PESC) 2017/350 del Consejo, de 27 de febrero de 2017(1), por la que se prorrogan las medidas restrictivas contra Bielorrusia hasta el 28 de febrero de 2018, entre las que se cuentan el embargo de armas así como la inmovilización de activos y la prohibición de viaje impuestas a cuatro personas relacionadas con la desaparición sin resolver de dos políticos de la oposición, un empresario y un periodista en 1999 y 2000,

–  Vistas las elecciones legislativas celebradas el 11 de septiembre de 2016 y las elecciones presidenciales celebradas el 11 de octubre de 2015; vistas las numerosas declaraciones de las autoridades bielorrusas en el sentido de que algunas de las recomendaciones de la OSCE/OIDDH se aplicarían antes de las elecciones legislativas de 2016, y visto el informe final de la OSCE/OIDDH de 28 de enero de 2016 sobre las elecciones presidenciales en Bielorrusia de 11 de octubre de 2015,

–  Visto el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y del Centro de Derechos Humanos «Viasna» sobre el trabajo forzado y las violaciones generalizadas de los derechos de los trabajadores en Bielorrusia,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que el Gobierno bielorruso ha instaurado el conocido como «impuesto sobre parásitos sociales» mediante el Decreto Presidencial n.º 3 «relativo a la prevención de la dependencia social», que fue firmado por el presidente Alexander Lukashenko en 2015 y comenzó a aplicarse en febrero de 2017; que este Decreto sanciona el desempleo mediante la imposición de un tributo especial para financiar el gasto del Gobierno que puede ir desde una tasa de unos 240 EUR, lo que supone aproximadamente dos tercios del salario medio mensual en Bielorrusia, al trabajo forzado para los ciudadanos que hayan trabajado menos de 183 días al año; que el Decreto fue recibido con críticas generalizadas de los ciudadanos, los activistas y los periodistas;

B.  Considerando que desde el 17 de febrero y durante el mes de marzo de 2017, a pesar de la presión de los medios de comunicación del Estado y de las fuerzas de seguridad —incluida la presencia de agentes armados para dispersar las manifestaciones— han tenido lugar manifestaciones pacíficas masivas de miles de ciudadanos en decenas de ciudades de toda Bielorrusia para protestar contra la adopción del Decreto Presidencial n.º 3 y contra la construcción de un centro empresarial cerca de Kurapaty, lugar dedicado al recuerdo de las víctimas de Stalin;

C.  Considerando que las autoridades han respondido con violencia a estas manifestaciones, en particular el 25 y el 26 de marzo de 2017; que los manifestantes pacíficos intentaron recorrer la avenida principal de Minsk el 25 de marzo, Día de la Libertad, pero que se lo impidió un cordón de la policía antidisturbios; que las fuerzas de seguridad atacaron a los manifestantes y propinaron golpes a mujeres, menores y personas mayores; que cientos de manifestantes fueron detenidos, incluidos periodistas nacionales y extranjeros que informaban sobre los acontecimientos; que al menos 700 personas fueron detenidas en Minsk, algunas de las cuales eran espectadores accidentales;

D.  Considerando que un numeroso grupo de defensores de los derechos humanos fueron detenidos mientras observaban las manifestaciones pacíficas; que, según el Centro de Derechos Humanos «Viasna», a 27 de marzo de 2017, un total de 177 personas, debido a su participación en las protestas de 25 de marzo, habían sido objeto de resoluciones judiciales por infracciones administrativas, de las cuales 74 imponían una sanción de detención administrativa y 93 una sanción de multa; que, como medida preventiva, más de un centenar de opositores fueron detenidos antes de las protestas;

E.  Considerando que 27 personas, incluido Zmitser Dashkevich, ex preso político y dirigente del movimiento «Frente Joven», han sido detenidas por haber organizado supuestamente un altercado con grupos entrenados en Ucrania, Polonia y Lituania; que se les puede condenar a una pena de privación de libertad de hasta tres años; que el Comité de Seguridad del Estado (KGB) se niega a comunicar el número de personas detenidas en relación con el llamado «caso de los disturbios masivos»;

F.  Considerando que Mikalay Statkevich, destacada figura de la oposición y ex candidato a la presidencia, que tenía previsto participar en la manifestación de Minsk, fue detenido y recluido en un centro de detención del KGB durante tres días, sin que se informara de su paradero; que también fueron detenidos Sergei Kulinich y Sergei Kuntsevich; que Uladzimir Nyaklyayev, famoso poeta bielorruso y candidato presidencial en 2010, también fue detenido ilegalmente antes de la manifestación de 25 de marzo de 2017 y, a consecuencia de ello, tuvo que ser hospitalizado debido al debilitamiento de su estado de salud; que Pavel Seviarynets, Vitali Rymashevski, Anatol Liabedzka y Yuri Hubarevich, junto con otros activistas cívicos, fueron detenidos durante el mes de marzo del mismo año; que el 23 de marzo de 2017 Ales Lahvinets, vicepresidente del Movimiento para la Libertad, fue detenido en Minsk; que unos sesenta observadores de derechos humanos fueron detenidos con carácter preventivo;

G.  Considerando que el 25 de marzo de 2017 la policía realizó un registro en el Centro de Derecho Humanos «Viasna» en la capital bielorrusa, deteniendo con carácter preventivo a, al menos, 57 personas que hacían un seguimiento de las protestas pacíficas que se estaban desarrollando; que anteriormente otros defensores de los derechos humanos, como Oleg Volchek, director del Centro de Derechos Humanos «Asistencia jurídica a la población», y Anatoli Poplavni, miembro de la sección del Centro de Derechos Humanos «Viasna» en Gomel, fueron detenidos y condenados a breves períodos de privación de libertad; que Leonid Sudalenka, miembro de «Viasna», también fue detenido y condenado por haber presentado más de doscientas quejas de ciudadanos contra las disposiciones del mencionado Decreto Presidencial n.º 3;

H.  Considerando que, según la Asociación Bielorrusa de Periodistas, se registraron 120 incidentes de violaciones de los derechos de los periodistas; que se dejó sin internet a todo el país y que se sancionó a periodistas por cubrir los acontecimientos o se les condenó a privación de libertad por vandalismo o por desobedecer órdenes policiales; que algunos de ellos siguen a la espera de juicio; que se han registrado más de 20 casos de hostigamiento de reporteros de Belsat TV desde el 12 de marzo de 2017, y que el 31 de marzo del mismo año la policía registró las oficinas de Belsat TV y confiscó y retiró algunos equipos;

I.  Considerando que estos acontecimientos son los más graves acaecidos desde la dura represión de las manifestaciones de 2010 y cabe considerarlos un triste retroceso; que esta nueva ola de represión tiene lugar exactamente un año después de la decisión de la Unión de restablecer la llamada política de reanudación de las relaciones con Bielorrusia;

J.  Considerando que Bielorrusia es un Estado participante en la OSCE y se ha comprometido a respetar los derechos de reunión pacífica y de asociación; que las detenciones masivas, el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes y los registros de organizaciones de la sociedad civil que se han mencionado anteriormente constituyen una clara violación de esos compromisos;

K.  Considerando que Bielorrusia es el único país de Europa que sigue aplicando la pena capital; que el 17 de marzo de 2017 se impuso la primera condena a muerte;

L.  Considerando que, en febrero de 2016, la Unión suspendió la mayor parte de sus medidas restrictivas contra funcionarios y entidades jurídicas de Bielorrusia como gesto de buena voluntad para alentar al país a mejorar su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho; que, en sus Conclusiones sobre Bielorrusia de 15 de febrero de 2016, el Consejo destacó la necesidad de mejorar la cooperación entre la Unión y Bielorrusia en varios ámbitos de la economía, el comercio y la ayuda, lo que ofrecería a Bielorrusia la posibilidad de solicitar financiación del BEI y el BERD;

M.  Considerando que la difícil situación económica de Bielorrusia se enfrenta a unas perspectivas de empeoramiento, y que los principales sectores siguen siendo propiedad del Estado y continúan sometidos a un sistema de mando y control administrativo; que la dependencia de Bielorrusia respecto de la ayuda económica de Rusia sigue aumentando constantemente;

N.  Considerando que uno de los objetivos de la participación de Bielorrusia en la Asociación Oriental y su rama parlamentaria, Euronest, consiste en reforzar la cooperación entre el país y la Unión; que el Parlamento bielorruso no tiene un estatuto oficial en la Asamblea Parlamentaria Euronest;

O.  Considerando que Bielorrusia es parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) y participará en las maniobras militares conjuntas con Rusia «Zapad 2017», que cubren escenarios en los que se ataca a sus vecinos occidentales e incluyen simulaciones del uso de armas nucleares, y que posiblemente repercuten de forma negativa en la seguridad y soberanía nacional de la República de Bielorrusia y la región;

P.  Considerando el compromiso de la Unión en favor de un futuro estable, democrático y próspero para Bielorrusia y su pueblo; que una mejora significativa en materia de libertad de expresión y libertad de los medios de comunicación, el respeto de los derechos políticos de los ciudadanos de a pie y de los activistas de la oposición, y el respeto del Estado de Derecho y los derechos fundamentales son condiciones sine qua non para una mejora de las relaciones entre la Unión y Bielorrusia;

1.  Condena la represión ejercida contra manifestantes pacíficos y las medidas enérgicas aplicadas en el período previo y durante las manifestaciones del 25 de marzo de 2017; hace hincapié en que, a pesar de los llamamientos a la moderación de la comunidad internacional, la respuesta por parte de los servicios de seguridad ha sido arbitraria e inadecuada; expresa su preocupación por los últimos acontecimientos en Bielorrusia y pone de relieve la clara necesidad de un proceso de democratización más amplio en el país;

2.  Condena las restricciones indebidas al derecho de reunión pacífica, la libertad de expresión y la libertad de asociación, también sobre quienes expresan opiniones acerca de cuestiones sociales y otros asuntos públicos y, más en concreto, el acoso y la detención de periodistas independientes, miembros de la oposición, defensores de los derechos humanos y otros manifestantes;

3.  Pide a las autoridades bielorrusas que liberen inmediata e incondicionalmente a todos los manifestantes pacíficos, periodistas, defensores de los derechos humanos, activistas de la sociedad civil y miembros de la oposición que se encuentran detenidos en relación con la actual oleada de manifestaciones y que retiren todos los cargos en su contra; estima que la práctica de detenciones preventivas es completamente inaceptable; insta a las autoridades a que faciliten de forma inmediata información acerca de todos los detenidos a sus familias y al público en general;

4.  Reitera que el uso de la fuerza contra toda persona que ejerza su derecho a manifestarse de forma pacífica no puede justificarse en ninguna circunstancia, así como que todo acto represivo que viole el derecho a las libertades de expresión y de reunión es contrario a las obligaciones internacionales bielorrusas y a la Constitución de la República de Bielorrusia; exhorta al Gobierno de Bielorrusia a que entable un diálogo abierto con sus ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil independientes y los medios de comunicación independientes;

5.  Insta a las autoridades bielorrusas a que lleven a cabo inmediatamente investigaciones exhaustivas e imparciales sobre todas las denuncias de detenciones arbitrarias y otras violaciones de los derechos de los manifestantes en relación con las recientes manifestaciones; advierte de que, en caso de que no se realicen tales investigaciones, la Unión podría aplicar nuevas medidas restrictivas respecto a los funcionarios bielorrusos de mayor rango responsables de la reciente represión;

6.  Exhorta a las autoridades a que pongan fin al acoso a los medios de comunicación independientes por motivos políticos, a la práctica de la persecución administrativa y al uso arbitrario del artículo 22.9(2) del Código Administrativo contra los periodistas independientes por trabajar con medios extranjeros sin acreditación, lo que restringe el derecho a la libertad de expresión y la difusión de la información;

7.  Urge a las autoridades bielorrusas a que dejen de acosar a la sociedad civil, permitan el pleno funcionamiento de las organizaciones públicas de forma legal, deroguen sin demora el artículo 193/1 del Código Penal, que penaliza la organización y participación en actividades de asociaciones y organizaciones públicas no registradas, y permitan el pleno funcionamiento, libre y sin trabas de las asociaciones y organizaciones públicas, incluidas las de las minorías nacionales y sus organizaciones independientes;

8.  Insta a la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, que tiene previsto celebrar su 26.ª sesión anual en Minsk en julio de 2017, a que tenga en cuenta los últimos acontecimientos en Bielorrusia y que, como mínimo, garantice la participación de los partidos políticos de la oposición democrática, los medios de comunicación independientes y las organizaciones de la sociedad civil;

9.  Pide al Gobierno bielorruso que entable un diálogo constructivo con la oposición y las organizaciones de la sociedad civil, así como que coopere plenamente con el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia, llevando a cabo las reformas pendientes desde hace tiempo a fin de proteger los derechos humanos y consolidar la democracia; pide al SEAE y a la Comisión que prosigan y refuercen su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en Bielorrusia y en el extranjero; subraya, en este contexto, la necesidad de respaldar todas las fuentes de información independientes en la sociedad bielorrusa, entre ellas los medios de comunicación que emiten en lengua bielorrusa y desde el extranjero; pide, además, al representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos que analice las formas y los medios de fomentar el respeto pleno y eficaz de los derechos humanos en Bielorrusia;

10.  Recomienda la derogación del Decreto Presidencial n.º 3 por constituir una medida arbitraria, dura y éticamente cuestionable, que viola los derechos humanos internacionales, y que se estima afectará a más de 470 000 bielorrusos;

11.  Solicita la ampliación del mandato del relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Bielorrusia; pide al Gobierno de Bielorrusia que reconozca el mandato y que coopere plenamente con el relator especial; solicita el SEAE que mejore la coordinación de la política de la Unión respecto de Bielorrusia con el relator especial; pide a la Unión y a los Estados miembros que fomenten y apoyen la ampliación del mandato del relator especial, al objeto de continuar el seguimiento de la situación en el país;

12.  Pide a las autoridades bielorrusas que reanuden sin demora los trabajos sobre una reforma exhaustiva del sistema electoral, en el marco de un proceso de democratización más amplio y en cooperación con los socios internacionales; destaca la necesidad de aplicar las recomendaciones pertinentes de la OSCE/OIDDH con suficiente antelación a las elecciones locales previstas para marzo de 2018;

13.  Insta al Gobierno a que se adhiera a una moratoria mundial sobre la aplicación de la pena capital como primer paso hacia su abolición permanente;

14.  Pide a la Comisión que amplíe su apoyo a los programas educativos que permiten que jóvenes bielorrusos estudien en la Unión mediante la aceleración del proceso de solicitud de visados y becas;

15.  Celebra la Decisión del Consejo, de 27 de febrero de 2017, por la que se prorrogan las medidas restrictivas contra cuatro personas y el embargo de armas contra Bielorrusia hasta el 28 de febrero de 2018; pide al SEAE que continúe realizando un estrecho seguimiento de la situación en el país, con vistas a analizar la eficiencia de la política de la Unión de reanudación constructiva de las relaciones; estima que la Unión ha de establecer criterios de referencia claros, que deben aplicar condiciones coherentes en materia de derechos humanos, con miras a asegurar la ejecución de reformas que protejan las libertades fundamentales y los derechos humanos;

16.  Pide a la Comisión que evalúe si está garantizada la aplicación de las máximas normas de seguridad nuclear en la central de Ostrovets, actualmente en construcción, así como la posibilidad de que una garantía de la Unión al BEI se utilice finalmente para financiar dicha instalación nuclear en Bielorrusia, y que analice si tal garantía estaría en consonancia con las sanciones que la Unión impuso a la Federación de Rusia;

17.  Reitera su compromiso de trabajar en favor del pueblo de Bielorrusia, apoyar sus aspiraciones e iniciativas en favor de la democracia y contribuir a que dicho país tenga un futuro estable, democrático y próspero; insiste en que el respeto de las libertades civiles fundamentales, el Estado de Derecho y los derechos humanos será crucial a la hora de profundizar las relaciones entre la Unión y Bielorrusia;

18.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión/alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los Estados miembros, a la OSCE/OIDDH, al Consejo de Europa, a las autoridades de Bielorrusia y a la Asamblea Parlamentaria de la OSCE.

(1) DO L 50 de 28.2.2017, p. 81.


Bangladés, incluidos los matrimonios infantiles
PDF 168kWORD 46k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre Bangladés, en particular los matrimonios infantiles (2017/2648(RSP))
P8_TA(2017)0127RC-B8-0252/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bangladés, y en particular la de 18 de septiembre de 2014 sobre las violaciones de los derechos humanos en Bangladés(1),

–  Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2017, sobre las prioridades de la Unión para los períodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2017(2),

–  Vistas las observaciones finales del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 22 de marzo de 2017, sobre Bangladés,

–  Vista la Resolución, de 2 de julio de 2015, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar el matrimonio infantil, precoz y forzado,

–  Vistas las Directrices de la Unión Europea para la promoción y protección de los derechos del menor, adoptadas por el Consejo el 6 de marzo de 2017,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),

–  Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín, adoptadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer y firmadas por Bangladés, y los exámenes periódicos de los progresos de su aplicación en Bangladés llevados a cabo en 2000, 2005, 2009 y 2014,

–  Visto el artículo 16 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

–  Visto el Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y la República Popular de Bangladés sobre colaboración y desarrollo de 2001,

–  Vistas la Ley de restricción del matrimonio infantil de Bangladés, de 11 de marzo de 2017, y la Ley de prevención del matrimonio infantil, de 15 de septiembre de 2014,

–  Visto el Plan de acción nacional de Bangladés para eliminar el matrimonio infantil 2015-2021,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la Unión Europea y Bangladés mantienen desde hace tiempo buenas relaciones, en particular en el marco del Acuerdo de cooperación sobre colaboración y desarrollo; que el respeto y el fomento de los derechos humanos y los principios democráticos sostienen las políticas nacionales e internacionales de los partidos y deben constituir una parte esencial de la acción exterior de la Unión;

B.  Considerando que en los últimos meses organizaciones gubernamentales y medios de comunicación independientes han dado cuenta de una serie de violaciones de los derechos humanos, con desapariciones forzosas, represión de la sociedad civil, ataques a activistas políticos y torturas;

C.  Considerando que, según datos recientes de las Naciones Unidas, Bangladés sigue teniendo una de las tasas de matrimonio infantil más altas del mundo y la más alta de Asia; que el 52 % de las niñas de Bangladés están casadas al cumplir los 18 años de edad y el 18 %, al cumplir los 15;

D.  Considerando que las Naciones Unidas reconocen que el matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos porque los niños no tienen la posibilidad ni la capacidad de otorgar su pleno consentimiento y corren en muchos casos riesgos psicológicos y físicos;

E.  Considerando que Bangladés es uno de los doce países a los que va dirigido el Programa Mundial de UNFPA y Unicef para Acelerar las Acciones para Terminar con el Matrimonio Infantil, apoyado por la Unión;

F.  Considerando que Bangladés es miembro de la Iniciativa de Asia del Sur para Eliminar la Violencia contra los Niños, que ha aprobado un plan de trabajo regional para terminar con el matrimonio infantil;

G.  Considerando que el Gobierno de Bangladés se comprometió en la Cumbre sobre las Niñas de julio de 2014 a reducir para 2021 en un tercio el número de niñas que se casan entre los 15 y los 18 años de edad, a eliminar los matrimonios con menores de 15 años para 2021 y a poner fin a los matrimonios de menores de 18 años para 2041;

H.  Considerando que en 2015 Bangladés ocupaba el puesto 119, de un total de 159 de países estudiados, en el Índice de desigualdad de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo;

I.  Considerando que el 27 de febrero de 2017 el Gobierno de Bangladés aprobó la Ley de restricción del matrimonio infantil, que, pese a que mantiene 18 años para las mujeres y 21 años para los hombres como edad mínima para contraer matrimonio, introduce excepciones en «casos especiales» o por el «interés superior» de los adolescentes con la autorización de los tribunales, sin definir esos criterios ni establecer una edad mínima para la celebración de esos matrimonios; que no se exige el consentimiento del niño; que esta Ley entró en vigor tras su aprobación por el presidente el 11 de marzo de 2017;

J.  Considerando que esta Ley podría provocar un aumento de los casos de abusos relacionados con las dotes, acoso sexual, violación y ataques con ácido, así como la legitimación de la violación; que también podría permitir que los padres obliguen a sus hijas a contraer matrimonio con sus violadores;

K.  Considerando que en las Directrices de la UE para la promoción y protección de los derechos del niño se confirma el compromiso de la Unión con una protección y promoción integral de los derechos del niño en su política exterior en materia de derechos humanos;

1.  Reitera su condena de todos los casos de matrimonios forzosos y matrimonios infantiles y de violencia sexual contra mujeres y niñas en todo el mundo;

2.  Toma nota de los progresos hechos por Bangladés en su empeño por reducir la proporción de matrimonios infantiles;

3.  Celebra que en estos últimos años Bangladés haya adoptado varias medidas legislativas e institucionales con el objetivo de proteger a la infancia; expresa, no obstante, su preocupación ante la aplicación insuficiente o inexistente de tales medidas;

4.  Lamenta profundamente la adopción de la Ley de restricción del matrimonio infantil de 2017 y las lagunas jurídicas de que adolece, que permiten la autorización legal del matrimonio infantil; lamenta asimismo la ausencia de criterios jurídicos en esta Ley, lo que ocasiona el riesgo de que se produzcan abusos generalizados;

5.  Pide al Gobierno de Bangladés que modifique la Ley a fin de subsanar dichas lagunas y de ilegalizar todos los matrimonios que impliquen a niños;

6.  Insiste en que, hasta que se eliminen las lagunas de la Ley, el Gobierno de Bangladés debe adoptar unos criterios claros que sirvan de referencia para que los tribunales, junto con profesionales de la salud y la asistencia social y tras entrevistar a las niñas afectadas sin la presencia de sus familiares, fundamenten sus decisiones de autorizar matrimonios de menores;

7.  Observa con preocupación que la Ley recientemente adoptada supone un paso atrás de Bangladés en su empeño por eliminar el matrimonio infantil; recuerda que este menor rigor de la ley es contrario a los propios objetivos del Gobierno de Bangladés de reducción del matrimonio infantil;

8.  Reconoce el impacto que puede tener el matrimonio infantil, por ejemplo en términos de restricción del acceso a la educación, aislamiento, pobreza, dependencia económica y servidumbre, especialmente para las niñas de zonas rurales, y observa con preocupación el aumento de los riesgos de violación, violencia física y embarazos forzosos relacionados con el matrimonio infantil;

9.  Observa con preocupación que el matrimonio infantil guarda frecuentemente relación con embarazos indeseados y precoces; recuerda a este respecto la importancia que tiene facilitar a mujeres y niñas acceso a información sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos, asistencia y tratamiento médico seguro, incluido el aborto seguro y legal;

10.  Pide al Gobierno de Bangladés que reanude la aplicación del Plan de acción nacional para eliminar el matrimonio infantil 2015-2021 y que explique de qué modo prevé alcanzar sus objetivos y eliminar por completo el matrimonio infantil;

11.  Pide a las autoridades de Bangladés que se comprometan efectivamente con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados recientemente a nivel internacional, sobre todo a fin de reducir las desigualdades y garantizar la igualdad de género y los derechos de las mujeres;

12.  Considera que el matrimonio infantil puede atajarse efectivamente mediante el fomento de los derechos humanos y la dignidad humana y con políticas sociales públicas; pide, por consiguiente, a las autoridades de Bangladés que asocien sistemáticamente a las comunidades y la sociedad civil, incluidas organizaciones no gubernamentales y organizaciones dedicadas a la infancia, a la lucha contra las causas profundas del matrimonio infantil en Bangladés, y que organicen campañas de sensibilización al respecto en las escuelas;

13.  Pide, a este respecto, a las autoridades de Bangladés que modifiquen la Ley reguladora de las donaciones extranjeras (actividades de voluntariado) de 2014 a fin de velar por que el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil no se vea supeditado al control arbitrario del Gobierno, y que todas las decisiones que se tomen en virtud de dicha Ley se sometan a un proceso de revisión independiente;

14.  Insta a las autoridades de Bangladés a que condenen los persistentes actos execrables contra la libertad de expresión y a que actúen para poner fin de inmediato a todos los actos de violencia, hostigamiento, intimidación y censura contra periodistas, blogueros y la sociedad civil; insta asimismo a las autoridades de Bangladés a que lleven a cabo investigaciones independientes sobre las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzosas y el uso excesivo de la fuerza, y a que pongan a sus responsables a la disposición de la justicia de acuerdo con las normas internacionales;

15.  Pide a la Comisión y a la Delegación de la Unión en Bangladés que planteen estas cuestiones ante las autoridades de Bangladés, e insta al Servicio Europeo de Acción Exterior a que plantee la cuestión de la Ley en la próxima reunión de la Comisión Mixta UE-Bangladés;

16.  Pide a la Unión que emplee todos los instrumentos disponibles para ayudar al Gobierno de Bangladés a respetar sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos;

17.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Comisión Europea, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos y al Gobierno y el Parlamento de Bangladés.

(1) DO C 234 de 28.6.2016, p. 10.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0089.


Mercados mayoristas de itinerancia ***I
PDF 318kWORD 39k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 531/2012 en lo que se refiere a las normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia (COM(2016)0399 – C8-0219/2016 – 2016/0185(COD))
P8_TA(2017)0128A8-0372/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0399),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0219/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de octubre de 2016(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 8 de febrero de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0372/2016),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 6 de abril de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 531/2012 en lo que se refiere a las normas relativas a los mercados mayoristas de itinerancia

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2017/920.)

(1) DO C 34 de 2.2.2017, p. 162.


Terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado o exentos de esa obligación: Ucrania ***I
PDF 243kWORD 37k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 539/2001 por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Ucrania) (COM(2016)0236 – C8-0150/2016 – 2016/0125(COD))
P8_TA(2017)0129A8-0274/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0236),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letra a, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0150/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 2 de marzo de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0274/2016),

1.  Aprueba su Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 6 de abril de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 539/2001 por el que se establece la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación (Ucrania)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo sobre este texto, el tenor de la posición del Parlamento coincide con el acto legislativo final, el Reglamento (UE) 2017/850.)


Cuerpo Europeo de Solidaridad
PDF 257kWORD 51k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad (2017/2629(RSP))
P8_TA(2017)0130B8-0238/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2016, titulada «Un Cuerpo Europeo de Solidaridad» (COM(2016)0942),

–  Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre el Servicio Voluntario Europeo y el fomento del voluntariado en Europa(1),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre el papel del diálogo intercultural, la diversidad cultural y la educación en la promoción de los valores fundamentales de la UE(2),

–  Vista su Resolución, de 22 de abril de 2008, sobre la función del voluntariado como contribución a la cohesión económica y social(3),

–  Vista su Resolución, de 17 de julio de 2014, sobre el empleo juvenil(4),

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2013, sobre la Garantía Juvenil(5)

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal(6),

–  Vista la Agenda Política para el Voluntariado en Europa (APVE) y el proyecto de Carta Europea de Derechos y Responsabilidades de los Voluntarios(7),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo(8),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones n.o 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE(9),

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre el Servicio Voluntario Europeo (O-000107/2016 – B8-1803/2016),

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad (O-000020/2017 – B8-0210/2017) y O-000022/2017 – B8-0211/2017),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Cultura y Educación,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que los cimientos de la Unión Europea se asientan en ideas, valores y principios fundamentales acordados y suscritos por los Estados miembros;

B.  Considerando que el principio de solidaridad de la Unión Europea es uno de sus principios fundamentales, basado en compartir las ventajas y también las cargas;

C.  Considerando que el principio de solidaridad ha supuesto un impulso para el desarrollo del Servicio Voluntario Europeo (SVE), que, a lo largo de sus veinte años, ha dado unos resultados extraordinarios que no deben perderse;

D.  Considerando que las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros deben apoyar con firmeza la participación cívica de los ciudadanos y reconocer que el voluntariado contribuye a reforzar el sentimiento de solidaridad y responsabilidad social, de compartir valores y experiencias de la ciudadanía común;

E.  Considerando que la creación del Cuerpo Europeo de Solidaridad se basará en valores comunes de la Unión definidos en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales; que el objetivo del Cuerpo Europeo de Solidaridad debe ser dar origen a un sentimiento de comunidad, solidaridad y responsabilidad social en Europa y aportar a la vez una experiencia de voluntariado, de trabajo, de formación o aprendizaje, plena de sentido y capacitadora;

F.  Considerando que el voluntariado puede trazar caminos hacia el empleo y crear oportunidades de inclusión social;

G.  Considerando que la mayoría de las iniciativas de voluntariado se desarrollan al margen de los programas de la Unión y que es necesario apoyarlas mediante un marco jurídico y de financiación favorable;

H.  Considerando que el SVE es el marco de referencia actual para las actividades de voluntariado en la Unión, con veinte años de historia de eficacia demostrada, especialización y logros en términos de aprendizaje; que todos los nuevos programas de voluntariado a escala de la Unión deben complementar el SVE y otros programas de voluntariado de la Unión con buenos resultados, como la iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE, y partir de su experiencia;

I.  Considerando que el Cuerpo Europeo de Solidaridad puede representar una oportunidad para los jóvenes que constituyen su grupo destinatario principal (en particular, los de comunidades marginadas y entornos socioeconómicos pobres) para aportar una contribución valiosa a la sociedad e incrementar la visibilidad del compromiso de la Unión y revitalizar el debate más general sobre el voluntariado en Europa y sus beneficios para la sociedad;

J.  Considerando que la sociedad civil y las organizaciones juveniles desempeñan un importante papel como proveedores de experiencias de voluntariado de calidad locales, nacionales y transfronterizas; que es necesario a este respecto un apoyo constante en un entorno jurídico y de financiación favorable;

K.  Considerando que más de 20 000 personas ya se han inscrito para el Cuerpo Europeo de Solidaridad desde el lanzamiento de la plataforma en línea de la Comisión en diciembre 2016;

L.  Considerando que se ha instado a la Comisión a que presente una propuesta de marco jurídico claro y detallado que tenga en cuenta las recomendaciones siguientes del Parlamento Europeo;

Solidaridad Europea

1.  Considera esencial una definición clara de la acción de solidaridad a escala de la Unión; pide a la Comisión que defina los objetivos del Cuerpo Europeo de Solidaridad y que haga sus acciones medibles y eficientes, teniendo en cuenta el importante impacto positivo de la acción de solidaridad para los participantes y para la comunidad; subraya que las definiciones consideradas necesarias para facilitar todo esto deben desarrollarse en estrecha cooperación con los Estados miembros y las organizaciones de partes interesadas pertinentes activas en el voluntariado, el servicio cívico y la acción juvenil y teniendo presentes los valores fundamentales de la Unión definidos en los Tratados y la Carta;

2.  Subraya la necesidad de garantizar un acceso igual al Cuerpo Europeo de Solidaridad para todos los ciudadanos de la Unión; llama a promocionar más las posibilidades de participar en esta iniciativa, disponibles para personas con necesidades especiales o procedentes de entornos desfavorecidos;

3.  Cree firmemente que, aunque el componente de aprendizaje, también el realizado a través de una experiencia de formación no formal e informal, y su impacto en cada voluntario, joven trabajador, en prácticas o aprendiz, son elementos importantes; el objetivo principal del Cuerpo Europeo de Solidaridad debe ser conseguir un efecto positivo sobre los beneficiarios de los proyectos y acciones y sobre la comunidad en general, como expresión clara de solidaridad y responsabilidad social;

4.  Opina, no obstante, que los puestos ofrecidos a través de la iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad ayudarán a los participantes a desarrollar sus capacidades vitales, responsabilidades, sentido de pertenencia y participación, a superar las diferencias de lengua, cultura, religión, creencia o situación económica, así como las ideas falsas y los prejuicios; cree que la iniciativa del Cuerpo Europeo de Solidaridad también ayudará a promover una experiencia de ciudadanía activa y ayudará a sus participantes a adquirir una capacidad de análisis crítico de la realidad y de los problemas de la sociedad a los que se enfrenten; pide a la Comisión que integre la igualdad de género al poner en funcionamiento el Cuerpo Europeo de Solidaridad;

5.  Destaca que la protección civil y la ayuda humanitaria no pueden depender de los jóvenes a través del Cuerpo Europeo de Solidaridad; pide, en este sentido, a la Comisión Europea y a los Estados miembros que garanticen una inversión continua en una protección civil y una ayuda humanitaria estructuradas;

La financiación del Cuerpo Europeo de Solidaridad

6.  Manifiesta su enorme preocupación por las intenciones de la Comisión de poner en funcionamiento el Cuerpo Europeo de Solidaridad en su primera fase inicial incorporándolo a programas e iniciativas existentes y en particular a programas de educación y cultura como Erasmus+, Europa para los Ciudadanos, la Garantía Juvenil y el Programa para el Empleo y la Innovación Social, sin aclarar suficientemente qué recursos financieros y humanos concretos se le destinarán; recuerda que el Parlamento Europeo, como colegislador sobre programas de la Unión y autoridad presupuestaria, se opone a la reasignación de fondos procedentes de programas prioritarios y que a menudo faltan recursos suficientes para financiar medidas básicas y nuevas iniciativas políticas;

7.  Pide a la Comisión que incluya en su futura propuesta legislativa sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad una descripción clara del régimen presupuestario que hará posible su funcionamiento eficaz; subraya que la financiación del Cuerpo Europeo de Solidaridad no debe tener una repercusión negativa sobre programas existentes destinados a los jóvenes e iniciativas como los programas Europa para los Ciudadanos y Erasmus+, el Programa para el Empleo y la Innovación Social e iniciativas como la Garantía Juvenil, y que no debe perturbar el funcionamiento de instrumentos eficaces actuales como el SVE;

8.  Pide a la Comisión que proporcione un mecanismo eficaz de supervisión y evaluación del Cuerpo Europeo de Solidaridad para garantizar su correcta implantación, la calidad de sus oportunidades y la sostenibilidad de sus resultados;

Integración del Cuerpo Europeo de Solidaridad en una estrategia más amplia de voluntariado

9.  Propone que, para hacer que el Cuerpo Europeo de Solidaridad sea un éxito, la Comisión lo integre en una estrategia política más amplia destinada a crear un entorno que favorezca el voluntariado en Europa sin superponerse a otras iniciativas que ya funcionan eficazmente, como el SVE, sino más bien reforzándolas;

10.  Subraya que la gran mayoría del voluntariado se realiza a escala local y atiende a necesidades locales, y que el Cuerpo Europeo de Solidaridad debe, por tanto, centrarse inicialmente en el voluntariado local más que en oportunidades transfronterizas que exigen movilidad internacional y que pueden excluir a personas de entornos desfavorecidos;

11.  Insiste en que el Cuerpo Europeo de Solidaridad no debe provocar ninguna carga administrativa adicional para las organizaciones o las personas participantes y debe trabajar lo más estrechamente posible con las posibilidades de voluntariado existentes y bien consolidadas que ya aportan las organizaciones de la sociedad civil;

12.  Insta a la Comisión a que intente garantizar un equilibrio entre el gran número de inscripciones para el Cuerpo Europeo de Solidaridad en la plataforma en línea y el número de puestos de voluntariado disponibles, con el fin no crear frustración entre los jóvenes que se presenten al mismo;

13.  Pide a la Comisión que integre el voluntariado en programas y fondos europeos, como los Fondos Estructurales, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el programa LIFE y los programas y fondos de la acción exterior de la Unión; subraya, en este sentido, la importancia de introducir un punto de contacto único para la coordinación de las políticas y programas de voluntariado de la Unión;

14.  Propone que las instituciones educativas deban incluir en sus currículos formación en el campo del voluntariado centrada en acciones de solidaridad, con el fin de apoyar el funcionamiento del Cuerpo Europeo de Solidaridad;

Distinción clara entre voluntariado y empleo y oportunidades de calidad para los jóvenes dentro de la parte ocupacional

15.  Pide a la Comisión que, al poner en marcha el Cuerpo Europeo de Solidaridad, haga una distinción clara entre las actividades de voluntariado y los puestos de trabajo, para mantener las diferencias fundamentales entre el voluntariado y el trabajo, que consisten en poner la atención principalmente en las necesidades de los beneficiarios o en la formación y la evolución de las necesidades de los participantes, y para evitar toda sustitución de posibles empleos de calidad retribuidos; insiste, con este fin, en que las oportunidades de voluntariado no deben optar a financiación destinada específicamente a combatir el desempleo juvenil, como la Iniciativa de Empleo Juvenil;

16.  Subraya que la parte de voluntariado debe ir sustentada por una comprensión clara de los principios de voluntariado de calidad, como los presentados en la Carta Europea de Derechos y Responsabilidades de los Voluntarios; destaca, además, que todo voluntariado debe siempre apoyar acciones de solidaridad sin ánimo de lucro, para satisfacer necesidades concretas de la comunidad;

17.  Subraya que la parte ocupacional debe centrarse en la creación de empleos, períodos de prácticas y aprendizajes de calidad en iniciativas sociales y sin ánimo de lucro del sector de la solidaridad;

18.  Subraya la importancia de proporcionar el apoyo administrativo y financiero adecuado a las organizaciones y organismos de acogida de ambas partes, y de asegurarse de que cuentan con los conocimientos y las capacidades necesarios para poder acoger de forma apropiada a los participantes en el Cuerpo Europeo de Solidaridad;

19.  Pide que las organizaciones de acogida se adhieran a una carta de calidad que contenga objetivos, principios y normas acordados, como los que figuran en la Carta Europea de Calidad de las Prácticas(10); anima a las organizaciones de acogida a que especifiquen por adelantado las capacidades y competencias que se adquirirán durante la experiencia; pide que se establezca la comparabilidad, el reconocimiento y la validación de las capacidades y competencias adquiridas durante la experiencia, tal como exige la Recomendación del Consejo de 20 de diciembre de 2012 sobre la validación del aprendizaje no formal e informal, de modo que contribuyan a la incorporación sostenible de los jóvenes al mercado de trabajo; destaca que unas normas claras ayudarán a supervisar el funcionamiento del Cuerpo Europeo de Solidaridad;

20.  Subraya la necesidad de proporcionar a los jóvenes voluntarios una compensación económica adecuada, y una retribución adecuada a los jóvenes trabajadores, así como un seguro sanitario, formación y tutoría; insiste en que hay que ocuparse de la supervisión de su carga de trabajo y su entorno, dadas las tareas específicas que tendrán que realizar para su puesto como voluntarios o trabajadores del Cuerpo Europeo de Solidaridad;

21.  Reitera su llamamiento a los Estados miembros para que unan las políticas de empleo juvenil a contratos de trabajo de calidad y sostenibles, con el fin de hacer frente a la precariedad y el subempleo;

22.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen un enfoque basado en los derechos en los ámbitos de la juventud y el empleo; subraya que no debe comprometerse el aspecto cualitativo del trabajo para los jóvenes y que, en los esfuerzos realizados, deben tenerse especialmente en cuenta las normas laborales básicas y otras normas relativas a la calidad del trabajo, como la ordenación del tiempo de trabajo, la seguridad social y la salud y seguridad en el trabajo;

Coordinación entre servicios y consulta de las partes interesadas

23.  Pide a la Comisión que coordine e integre adecuadamente el Cuerpo Europeo de Solidaridad con todos sus servicios y con todas las demás instituciones europeas y nacionales, de modo que se asegure su funcionamiento coherente y eficaz; propone que la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura de la Comisión sea la responsable de la coordinación y la integración del Cuerpo Europeo de Solidaridad;

24.  Recuerda a la Comisión que, antes de elaborar la propuesta legislativa, debe garantizar la creación de las condiciones apropiadas para la consulta conveniente con las partes interesadas esenciales, como son organizaciones juveniles, interlocutores sociales europeos, organizaciones de voluntariado, sindicatos y los Estados miembros; subraya que esas partes interesadas deben participar de forma regular en la ejecución y, en su caso, la supervisión de la iniciativa, para garantizar su correcta implantación, la calidad de los puestos que ofrezca y la sostenibilidad de sus resultados;

o
o   o

25.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0425.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0005.
(3) DO C 259 E de 29.10.2009, p. 9.
(4) DO C 224 de 21.6.2016, p. 19.
(5) DO C 440 de 30.12.2015, p. 67.
(6) DO C 398 de 22.12.2012, p. 1.
(7) http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf
(8) DO L 347 de 20.12.2013, p. 470.
(9) DO L 347 de 20.12.2013, p. 50.
(10) http://www.youthforum.org/assets/2014/04/internship_charter_EN.pdf


Adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.
PDF 193kWORD 55k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. (2016/3018(RSP))
P8_TA(2017)0131B8-0235/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y los artículos 6, 7, 8, 11, 16, 47 y 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos(1) (en lo sucesivo, «la Directiva sobre protección de datos»),

–  Vista la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal(2),

–  Vistos el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)(3), y la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo(4),

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 6 de octubre de 2015, en el asunto C-362/14 Maximilian Schrems / Data Protection Commissioner(5),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 6 de noviembre de 2015, sobre la transferencia de datos personales de la UE a los Estados Unidos de América con arreglo a la Directiva 95/46/CE de forma consiguiente a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-362/14 (Schrems) (COM(2015)0566),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo, de 10 de enero de 2017, sobre el intercambio y la protección de los datos personales en un mundo globalizado (COM(2017)0007),

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de diciembre de 2016, en los asuntos C-203/15, Tele2 Sverige AB contra Post- och telestyrelsen, y C-698/15, Secretary of State for the Home Department contra Tom Watson y otros(6),

–  Vista la Decisión de Ejecución de la Comisión (UE) n.º 2016/1250 de 12 de julio de 2016 con arreglo a la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.(7),

–  Visto el dictamen 4/2016 del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el proyecto de decisión relativo a la adecuación del escudo protector de la intimidad entre la UE y los EE. UU.(8),

–  Visto el dictamen del Grupo de Trabajo del artículo 29 de 13 de abril de 2016 el proyecto de decisión de adecuación sobre el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.(9) y su declaración de 26 de julio de 2016(10),

–  Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre los flujos transatlánticos de datos(11),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 6 de octubre de 2015, en el asunto C-362/14 Maximilian Schrems/Data Protection Commissioner invalidó la Decisión de puerto seguro y aclaró que el nivel de protección adecuado debe entenderse en el sentido de que exige que un tercer país garantice un nivel de protección equivalente al garantizado en la Unión por la Directiva 95/46/CE, entendida a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «la Carta»), lo que plantea la necesidad de concluir las negociaciones sobre un nuevo acuerdo con el fin de garantizar la seguridad jurídica sobre la manera en que deberían transferirse los datos personales de la Unión a los EE. UU.;

B.  Considerando que, al examinar el nivel de protección que ofrece un tercer país, la Comisión está obligada a evaluar el contenido de las normas aplicables en ese país derivadas de su legislación nacional o de sus compromisos internacionales, así como las prácticas destinadas a garantizar el cumplimiento de dichas normas, dado que, con arreglo al artículo 25, apartado 2, de la Directiva 95/46/CE, debe tener en cuenta todas las circunstancias que concurran en una transferencia de datos personales a un tercer país; que esa evaluación no solo debe referirse a la legislación y las prácticas relacionadas con la protección de datos personales con fines comerciales y privados, sino que también debe contemplar todos los aspectos del marco aplicable a ese país o sector, y en particular el cumplimiento de la ley, la seguridad nacional y el respeto de los derechos fundamentales, pero sin limitarse a estos;

C.  Considerando que la transferencia de datos personales entre organizaciones comerciales de la Unión y los Estados Unidos constituye un elemento importante de las relaciones transatlánticas; que estas transferencias deben realizarse en el pleno respeto del derecho a la protección de los datos personales y el derecho a la privacidad; que uno de los objetivos fundamentales de la Unión es la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Carta;

D.  Considerando que, en su dictamen 4/2016, el Supervisor Europeo de Protección de Datos planteó diversas inquietudes sobre el proyecto de Escudo de la privacidad; que el Supervisor Europeo de Protección de Datos, en el mismo dictamen, acoge favorablemente los esfuerzos que han realizado todas las partes en aras de encontrar una solución para las transferencias de datos personales desde la Unión a los EE. UU. con fines comerciales con arreglo a un sistema de autocertificación;

E.  Considerando que, en su dictamen 01/2016 sobre el proyecto de decisión de adecuación sobre el Escudo de la privacidad UE-EE. UU., el Grupo de Trabajo del artículo 29 se mostró a favor de las importantes mejoras introducidas en el Escudo de la privacidad en comparación con la Decisión de puerto seguro, aunque también planteó una gran preocupación tanto por los aspectos comerciales como por el acceso de las autoridades públicas a los datos transferidos en el marco del Escudo de la privacidad;

F.  Considerando que el 12 de julio de 2016, tras nuevas conversaciones con el Gobierno de los EE. UU., la Comisión adoptó su Decisión de Ejecución (UE) 2016/1250, en la que declara el nivel adecuado de protección de los datos personales transferidos desde la Unión a entidades establecidas en los Estados Unidos en el marco del Escudo de la privacidad UE-EE. UU.;

G.  Considerando que el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. está acompañado de varias cartas y declaraciones unilaterales del Gobierno de los Estados Unidos que explican, entre otros aspectos, los principios de protección de datos, el funcionamiento de la supervisión, la aplicación y las vías de recurso y las protecciones y las condiciones en las que las agencias de seguridad pueden tener acceso y tratar los datos personales;

H.  Considerando que, en su declaración de 26 de julio de 2016, el Grupo de Trabajo del artículo 29 acoge con satisfacción las mejoras aportadas por el mecanismo del Escudo de la privacidad UE-EE. UU. en comparación con el puerto seguro y felicita a la Comisión y las autoridades estadounidenses por haber tenido en cuenta sus preocupaciones; que, sin embargo, el Grupo de Trabajo del artículo 29 indica que algunas de sus preocupaciones persisten tanto por los aspectos comerciales como por el acceso de las autoridades públicas de los EE. UU. a los datos transferidos desde la Unión, como, por ejemplo, la falta de normas específicas sobre decisiones automatizadas y de un derecho de oposición general, la necesidad de garantías más estrictas sobre la independencia y las competencias mecanismo de mediación, o la ausencia de garantías concretas para que no se produzca una recopilación masiva e indiscriminada de datos personales (la recopilación en bloque);

1.  Acoge con satisfacción los esfuerzos realizados tanto por la Comisión como por el Gobierno de los Estados Unidos, para responder a las inquietudes planteadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los Estados miembros, el Parlamento Europeo, las autoridades de protección de datos y otras partes interesadas, con el fin de permitir a la Comisión que adopte la decisión de ejecución sobre la adecuación de la protección conferida por el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.;

2.  Reconoce que el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. contiene mejoras significativas en cuanto a la claridad de las normas en comparación con el antiguo puerto seguro UE-EE. UU., y que la autocertificación de su conformidad con las disposiciones del Escudo de la privacidad UE-EE. UU. por parte de las organizaciones estadounidenses obedece a unas normas más claras en materia de protección de datos que con arreglo al puerto seguro;

3.  Toma nota de que, a 23 de marzo de 2017, 1 893 organizaciones de los Estados Unidos se han adherido al Escudo de la privacidad UE-EE. UU.; lamenta que el Escudo de la privacidad se base exclusivamente en la autocertificación voluntaria y que, por ello, solo se aplique a las organizaciones de los Estados Unidos que se adhieren al mismo de forma voluntaria y que, de este modo, muchas empresas no entren en el ámbito de aplicación del acuerdo;

4.  Reconoce que el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. facilita las transferencias de datos por parte de las pymes y de las empresas de la Unión a los Estados Unidos;

5.  Toma nota de que, en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Schrems, las competencias de las autoridades europeas de protección de datos no se verán afectadas por la decisión sobre la adecuación y, por lo tanto, podrán ejercerlas, incluida la suspensión o la prohibición de las transferencias de datos a una organización inscrita en el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.; acoge favorablemente el papel destacado que se otorga en el marco del Escudo de la privacidad a las APD de los Estados miembros a la hora de examinar e investigar las reclamaciones relativas a la protección de los derechos a la privacidad y a la vida familiar conforme a la Carta, así como de suspender las transferencias de datos, y la obligación impuesta al Departamento de Comercio de los EE. UU. de resolver esas reclamaciones;

6.  Observa que, en virtud del marco del Escudo de la privacidad, los ciudadanos de la Unión afectados por la transferencia de datos tendrán a su disposición varios medios para ejercer acciones judiciales en los EE. UU.: en primer lugar, las denuncias pueden presentarse bien directamente a la empresa o a través del Departamento de Comercio tras una remisión por parte de una autoridad de protección de datos, o bien a un organismo de resolución de litigios independiente, se podrá interponer una demanda civil ante un tribunal estadounidense, también podrá examinar reclamaciones similares el mediador independiente creado recientemente y, por último, las reclamaciones sobre injerencias en los derechos fundamentales con fines policiales y judiciales y de interés público se podrán tramitar mediante peticiones de impugnación de citaciones; anima a la Comisión y a las autoridades de protección de datos a que proporcionen orientaciones complementarias para mejorar el acceso a todas esas vías de recurso y su disponibilidad;

7.  Reconoce el claro compromiso del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de seguir de cerca el cumplimiento por parte de las organizaciones de los Estados Unidos de los principios del Escudo de la privacidad UE-EE. UU., así como su intención de adoptar medidas coercitivas contra las entidades infractoras;

8.  Reitera su petición a la Comisión de que esclarezca el estatuto jurídico de las «garantías por escrito» ofrecidas por los EE. UU. y para que vele por que se mantenga cualquier compromiso o disposición previsto en el Escudo de la privacidad tras la entrada en funciones del nuevo Gobierno de los Estados Unidos;

9.  Considera que, a pesar de los compromisos y garantías formulados por el Gobierno de los EE. UU. mediante las cartas adjuntas al acuerdo de Escudo de la privacidad, subsisten preguntas importantes por lo que respecta a determinados aspectos comerciales, la seguridad nacional o el cumplimiento de la ley;

10.  Señala expresamente la importante diferencia existente entre la protección prevista en el artículo 7 de la Directiva 95/46/CE y los principios de «notificación y opción» del régimen del Escudo de la privacidad, así como las notables diferencias entre el artículo 6 de la Directiva 95/46/CE y el principio de «integridad de los datos y de limitación de la finalidad» del régimen del Escudo de la privacidad; señala que en lugar de recoger la necesidad de una base jurídica (como el consentimiento o el contrato) que se aplica a todas las operaciones de tratamiento, los derechos de los titulares de los datos en el marco de los principios del Escudo de la privacidad únicamente se aplican a dos operaciones de tratamiento limitadas (la divulgación y el cambio de finalidad) y que solamente prevé un derecho a objetar («exclusión voluntaria»);

11.  Opina que las numerosas dudas referidas podrían culminar, en un futuro, en una nueva impugnación de la decisión de adecuación de la protección ante los tribunales; destaca las consecuencias nefastas desde el punto de vista del respeto de los derechos fundamentales y por lo que respecta a la seguridad jurídica de los agentes afectados;

12.  Toma nota, entre otras cuestiones, de la falta de normas específicas sobre la toma de decisiones automatizadas, y sobre un derecho general de oposición, así como de la ausencia de unos principios claros sobre la aplicación del Escudo de la privacidad a los subcontratantes (agentes);

13.  Señala que, si bien las personas disponen de la posibilidad de oponerse ante cualquier responsable del tratamiento de la Unión a la transferencia de sus datos personales a los EE. UU., y al posterior tratamiento de dichos datos en los EE. UU. cuando la empresa del Escudo de la privacidad actúa como encargado del tratamiento en nombre del responsable del tratamiento de la Unión, el Escudo de la privacidad carece de normas específicas en lo que respecta a un derecho general a oponerse frente a la empresa autocertificada;

14.  Señala que únicamente una parte de las organizaciones estadounidenses que se han unido al Escudo de la privacidad han optado por recurrir a una autoridad de protección de datos de la Unión para el mecanismo de resolución de litigios; expresa preocupación por que ello constituya una desventaja para los ciudadanos de la Unión cuando traten de hacer valer sus derechos;

15.  Señala la ausencia de principios explícitos acerca de cómo se aplican los principios del Escudo de la privacidad a los encargados del tratamiento de datos (agentes), a la vez que reconoce que todos los principios se aplican al tratamiento de datos personales de cualquier empresa autocertificada de los EE. UU. «[s]alvo que se indique otra cosa» y que la transferencia con fines de tratamiento siempre requiere un contrato con el responsable del tratamiento de la Unión que determinará la finalidad y los medios de tratamiento, incluso si el encargado del tratamiento está autorizado para llevar a cabo transferencias ulteriores (por ejemplo, subtratamiento);

16.  Subraya que, en lo que respecta a la seguridad nacional y la vigilancia, sin perjuicio de las precisiones aportadas por la oficina del Director de la National Intelligence (ODNI, servicio nacional de información) en las cartas adjuntas al marco del Escudo de la privacidad, la vigilancia masiva sigue siendo posible, a pesar de la distinta terminología utilizada por las autoridades estadounidenses; lamenta que no exista una definición uniforme del término «vigilancia masiva» y la adopción de la terminología estadounidense, y pide, por ello, que se establezca una definición uniforme de la vigilancia masiva vinculada al concepto europeo, y en la que la evaluación no se haga depender de una selección; hace hincapié en que cualquier tipo de vigilancia masiva incumple la Carta;

17.  Subraya, a este respecto, que el anexo VI (carta de Robert S. Litt, Oficina del Director de la Inteligencia Nacional) deja claro que, en virtud de la Directiva Presidencial 28 (en lo sucesivo «la PPD-28»), la recopilación masiva de comunicaciones y datos personales de ciudadanos no estadounidenses sigue estando permitida en seis supuestos; señala que esta recopilación en bloque únicamente debe ser «lo más adaptada posible» y «razonable», cosa que no responde a los criterios más estrictos de necesidad y proporcionalidad establecidos en la Carta;

18.  Observa con gran inquietud que el Privacy and Civil Liberties Oversight Board (Consejo de Supervisión de la Privacidad y de las Libertades Civiles de los Estados Unidos, PCLOB) al que hace referencia el anexo VI (carta de Robert S. Litt, ODNI) como un organismo independiente establecido por ley con el cometido de analizar y examinar programas y políticas antiterroristas, incluido el uso de inteligencia de señales, a fin de velar por la adecuada protección de la privacidad y las libertades fundamentales, perdió el quorum el 7 de enero de 2017 y seguirá sin alcanzarlo hasta que el presidente de los EE. UU. nombre nuevos miembros del Consejo y el Senado de los EE. UU. los confirme; destaca que al no alcanzar el quorum, el PCLOB ve limitada su autoridad y no puede emprender determinadas acciones que requieren la aprobación del Consejo, como iniciar proyectos de supervisión o formular recomendaciones de supervisión, lo que merma considerablemente las garantías de observancia y supervisión expresadas por las autoridades de los EE. UU. en este ámbito;

19.  Lamenta que el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. no prohíba la recopilación de datos a gran escala con fines policiales y judiciales;

20.  Hace hincapié en que, en su sentencia de 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aclaró que la Carta «debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece, con la finalidad de luchar contra la delincuencia, la conservación generalizada e indiferenciada de todos los datos de tráfico y de localización de todos los abonados y usuarios registrados en relación con todos los medios de comunicación electrónica»; señala que la vigilancia masiva en EE. UU. no ofrece, por consiguiente, un nivel de protección de los datos y las comunicaciones personales esencialmente equivalente;

21.  Expresa su alarma ante las recientes revelaciones sobre actividades de vigilancia llevadas a cabo a petición de la National Security Agency (NSA) y del FBI por un proveedor estadounidense de servicios de comunicaciones electrónicas respecto de todos los mensajes electrónicos que llegaban a sus servidores, y ello en una fecha tan tardía como 2015, es decir, un año después de la adopción de la PPD 28 y durante las negociaciones sobre el Escudo de la privacidad UE-EE. UU.; insiste en que la Comisión trate de obtener una aclaración completa de las autoridades de los EE. UU. y ponga a disposición del Consejo, el Parlamento y las autoridades nacionales de protección de datos las respuestas proporcionadas; considera esto un motivo para dudar seriamente de las garantías presentadas por la ODNI; es consciente de que el Escudo de la privacidad UE-EE. UU. se basa exclusivamente en la PPD 28, adoptada por el presidente y que cada futuro presidente puede volver a derogar sin la aprobación del Congreso;

22.  Observa con preocupación que, el 23 y el 28 de marzo de 2017 respectivamente, el Senado y la Cámara de Representantes de los EE. UU. votaron a favor de rechazar la norma presentada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) relativa a la protección de la privacidad de los clientes de servicios de banda ancha y otros servicios de telecomunicaciones, con lo que se eliminan en la práctica reglas de privacidad aplicables a la banda ancha que habrían obligado a los proveedores de servicios de internet a recabar el consentimiento expreso de los consumidores antes de vender a anunciantes y empresas privadas o compartir con ellos datos de la navegación en la red y otras informaciones privadas; considera que ello supone una amenaza más a las salvaguardas de la privacidad en los Estados Unidos;

23.  Expresa gran preocupación ante la publicación de los «Procedimientos de acceso y difusión de información de inteligencia de señales en bruto de la Agencia de Seguridad Nacional, en la sección 2.3 de la Orden Ejecutiva 12333», aprobada por el Fiscal General el 3 de enero de 2017, lo que permite a la NSA compartir enormes cantidades de datos privados recabados sin orden judicial, resoluciones judiciales o autorización del Congreso, con otras 16 agencias, incluido el FBI, la Agencia Antidroga Norteamericana y el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional; pide a la Comisión que evalúe de inmediato la compatibilidad de estas nuevas normas con los compromisos contraídos por las autoridades estadounidenses en el marco del Escudo de la privacidad, así como su repercusión en el nivel de protección de la protección de datos personales de los Estados Unidos;

24.  Recuerda que los particulares, incluidos los sujetos de datos de la Unión, disponen de una serie de vías de recurso cuando han sido objeto de vigilancia (electrónica) ilegal para fines de seguridad nacional en los EE. UU., y que es igualmente claro que no están cubiertas al menos algunas de las bases jurídicas que pueden invocar los servicios de inteligencia estadounidenses (por ejemplo, la Orden Ejecutiva 12333); destaca asimismo que, aunque en principio los ciudadanos no estadounidenses disponen de posibilidades de recurso judicial, como en el caso de la vigilancia en virtud de la FISA, los motivos que pueden invocarse son limitados y las demandas interpuestas por personas físicas (incluidos los ciudadanos estadounidenses) se declararán improcedentes si no pueden demostrar su legitimación, lo que restringe el acceso a los tribunales ordinarios;

25.  Pide a la Comisión que evalúe el impacto de la Orden Ejecutiva relativa al refuerzo de la protección de la seguridad pública en el interior de los Estados Unidos, de 25 de enero de 2017, y en particular de su artículo 14 sobre la exclusión de los ciudadanos extranjeros de la protección de la Ley de Privacidad sobre la información personal identificable, que contradice las garantías escritas sobre la disponibilidad del mecanismo de recurso judicial para los particulares en caso de acceso a los datos por parte de las autoridades de los EE. UU.; pide a la Comisión que presente un análisis jurídico pormenorizado de las consecuencias de las medidas derivadas de la Orden Ejecutiva para las vías de recurso y el derecho a recurso judicial de los europeos en los EE. UU.;

26.  Lamenta que ni los principios del Escudo de la privacidad ni las cartas del Gobierno de los Estados Unidos, en las que se ofrecen explicaciones y garantías, ponen de manifiesto la existencia de vías de recurso judicial efectivo para los ciudadanos de la Unión cuyos datos personales se transfieran a una organización estadounidense, de conformidad con los principios del Escudo de la privacidad, y a los que accedan y procesen las autoridades públicas estadounidenses, en cumplimiento de la legislación y por motivos de interés público, en los que hizo hincapié el Tribunal de Justicia en su sentencia del 6 de octubre de 2015, como la esencia del derecho fundamental en el artículo 47 de la Carta;

27.  Recuerda su Resolución de 26 de mayo de 2016, en la que considera que el mecanismo de mediación creado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos no es lo bastante independiente y no está dotado de suficientes poderes efectivos para llevar a cabo sus funciones y proporcionar unas vías de recurso eficaces para los ciudadanos de la Unión; señala que, hasta la fecha, el Gobierno entrante de los EE. UU. no ha nombrado un nuevo mediador tras el fin del mandato de la subsecretaria de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, designada para esta función en julio de 2016; considera que, mientras no sea nombrado un mediador independiente y dotado de facultades suficientes, las garantías de los EE. UU. en cuanto a la disponibilidad de vías de recurso eficaces para los ciudadanos de la Unión serán nulas de pleno derecho; ; muestra su preocupación, sobre todo, por el hecho de que una persona afectada por un incumplimiento solo puede solicitar información y la eliminación de sus datos o que estos no se sigan procesando, pero no tiene derecho a una indemnización;

28.  Observa con preocupación que, a 30 de marzo de 2017, la Comisión Federal de Comercio (FTC), responsable de la garantía del cumplimiento del Escudo de la privacidad, tenía vacantes tres de sus cinco puestos;

29.  Lamenta que el procedimiento de adopción de una decisión de adecuación no contemple una consulta formal de las partes interesadas, como las empresas, en particular las organizaciones de representación de las pymes;

30.  Lamenta que la Comisión iniciara el procedimiento para la adopción de la decisión de ejecución de la Comisión en términos prácticos que, de hecho, no han permitido al Parlamento ejercer su derecho de control sobre el proyecto de acto de ejecución de manera eficaz;

31.  Pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para garantizar que el Escudo de la privacidad se adecúe plenamente a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, aplicable a partir del 16 de mayo de 2018, y en la Carta;

32.  Pide a la Comisión que garantice, en concreto, que los datos personales que se hayan transferido a los EE. UU. en el marco del Escudo de la privacidad únicamente puedan transferirse a otro tercer país si dicha transferencia resulta compatible con el finalidad para la que se recabaron los datos originalmente, y si en el tercer país son de aplicación las mismas normas de acceso selectivo y específico para la aplicación de la ley;

33.  Pide a la Comisión que garantice que los datos personales que ya no sean necesarios para los fines para los que se recabaron originalmente sean eliminados, también por las fuerzas o cuerpos de seguridad;

34.  Pide a la Comisión que vigile de cerca si el Escudo de la privacidad permite que las autoridades de protección de datos ejerzan plenamente todas sus competencias y, en caso de no hacerlo, que determine qué disposiciones obstaculizan el ejercicio de competencias de dichas autoridades;

35.  Pide a la Comisión que, durante la primera revisión anual conjunta, lleve a cabo un examen profundo y pormenorizado de todas las lagunas y deficiencias mencionadas en la presente Resolución y en su Resolución de 26 de mayo de 2016 sobre los flujos de datos transatlánticos, así como las identificadas por el Grupo de Trabajo del artículo 29, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y las partes interesadas, y demuestre la manera en que se han tenido en cuenta, con el fin de garantizar la conformidad con la Carta y con la legislación de la Unión; y que evalúe minuciosamente si los mecanismos y garantías indicadas en las garantías y aclaraciones presentadas por el Gobierno de los EE. UU. son efectivos y viables;

36.  Pide a la Comisión que garantice que, para la realización de la revisión anual conjunta, todos los miembros del equipo tendrán acceso pleno e ilimitado a todos los documentos y locales necesarios para el ejercicio de sus funciones, también a elementos que posibiliten una evaluación adecuada de la necesidad y proporcionalidad de la recopilación y el acceso a los datos transferidos por las autoridades públicas, ya sea con fines de cumplimiento de la ley o de seguridad nacional;

37.  Subraya que debe garantizarse la independencia en el desempeño de sus funciones a cualquier miembro del equipo de revisión conjunta, y que todos ellos deben tener derecho a expresar sus propias opiniones discrepantes en el informe final de la revisión conjunta, que se publicará y anexará al informe conjunto;

38.  Pide a las autoridades de protección de datos de la Unión que lleven a cabo un seguimiento del funcionamiento del Escudo de la privacidad UE-EE. UU. y ejerzan sus facultades, incluida la suspensión o la prohibición definitiva de las transferencias de datos personales a una organización integrada dentro del Escudo de la privacidad UE-EE. UU., cuando consideren que los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de los datos personales de titulares de los datos de la Unión no están garantizados;

39.  Hace hincapié en que el Parlamento Europeo debería tener pleno acceso a todos los documentos pertinentes relacionados con la revisión anual conjunta;

40.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a los Gobiernos y a los Parlamentos nacionales de los Estados miembros, y al Gobierno y al Congreso de los Estados Unidos.

(1) DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
(2) DO L 350 de 30.12.2008, p. 60.
(3) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(4) DO L 119 de 4.5.2016, p. 89.
(5) ECLI:EU:C:2015:650.
(6) ECLI:EU:C:2016:970.
(7) DO L 207 de 1.8.2016, p. 1.
(8) DO C 257 de 15.7.2016, p. 8.
(9) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2016/wp238_en.pdf
(10) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2016/20160726_wp29_wp_statement_eu_us_privacy_shield_en.pdf
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0233.

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