Índice 
Textos aprobados
Jueves 27 de abril de 2017 - BruselasEdición definitiva
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de António Marinho e Pinto
 Marca de la Unión Europea ***I
 Convenio de Minamata sobre el Mercurio ***
 Asimetrías híbridas con terceros países *
 Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre el Reino de Dinamarca y Europol *
 Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas
 Informe anual 2015 sobre el control de las actividades financieras del BEI
 Programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017-2020 ***I
 Año Europeo del Patrimonio Cultural ***I
 Programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la auditoría ***I
 Programa de la Unión para fomentar la participación de los consumidores en la formulación de políticas en el ámbito de los servicios financieros ***I
 Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Comisión Europea y agencias ejecutivas
 Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo en el marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015
 Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - 8.º, 9.º, 10.º y 11.º FED
 Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Parlamento Europeo
 Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Consejo Europeo y Consejo
 Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Tribunal de Justicia
 Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Tribunal de Cuentas
 Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Comité Económico y Social Europeo
 Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Comité de las Regiones
 Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Servicio Europeo de Acción Exterior
 Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Defensor del Pueblo Europeo
 Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Supervisor Europeo de Protección de Datos
 Aprobación de la gestión 2015: rendimiento, gestión financiera y control de las agencias de la Unión
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
 Aprobación de la gestión 2015: Oficina del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE)
 Aprobación de la gestión 2015: Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea (CdT)
 Aprobación de la gestión 2015: Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)
 Aprobación de la gestión 2015: Escuela Europea de Policía (CEPOL)
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA)
 Aprobación de la gestión 2015: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)
 Aprobación de la gestión 2015: Autoridad Bancaria Europea (ABE)
 Aprobación de la gestión 2015: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia Europea de Control de la Pesca (AECP)
 Aprobación de la gestión 2015: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
 Aprobación de la gestión 2015: Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE)
 Aprobación de la gestión 2015: Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ)
 Aprobación de la gestión 2015: Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT)
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
 Aprobación de la gestión 2015: Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT)
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA)
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia Ferroviaria Europea (AFE)
 Aprobación de la gestión 2015: Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM)
 Aprobación de la gestión 2015: Fundación Europea de Formación (ETF)
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA)
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia de Abastecimiento de Euratom (AAE)
 Aprobación de la gestión 2015: Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound)
 Aprobación de la gestión 2015: Eurojust
 Aprobación de la gestión 2015: Oficina Europea de Policía (Europol)
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea (Frontex)
 Aprobación de la gestión 2015: Agencia del GNSS Europeo (GSA)
 Aprobación de la gestión 2015: Empresa Común para las Bioindustrias (BBI)
 Aprobación de la gestión 2015: Empresa Común Clean Sky 2
 Aprobación de la gestión 2015: Empresa Común ECSEL
 Aprobación de la gestión 2015: Empresa Común Pilas de Combustible e Hidrógeno 2 (PCH)
 Aprobación de la gestión 2015: Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 (IMI)
 Aprobación de la gestión 2015: Empresa Común ITER
 Aprobación de la gestión 2015: Empresa Común SESAR
 Gestión de las flotas pesqueras en las regiones ultraperiféricas
 Iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección
 Situación con respecto a la concentración de tierras agrícolas en la UE: ¿Cómo facilitar el acceso de los agricultores a la tierra?
 Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
 Aplicación de la Directiva sobre residuos de la minería
 Situación en Venezuela

Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de António Marinho e Pinto
PDF 164kWORD 44k
Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de António Marinho e Pinto (2016/2294(IMM))
P8_TA(2017)0132A8-0163/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de António Marinho e Pinto, transmitido por Miguel Pereira da Rosa, juez del Tribunal de Distrito de Lisboa Oeste (Oeiras), con fecha de 23 de septiembre de 2016 (n.º de referencia 4759/15.2TDLSB), en relación con una acción penal ejercitada contra él, y comunicado al Pleno el 24 de octubre de 2016,

–  Vista la carta de la fiscal general adjunta competente de 12 de diciembre de 2016, en la que se incluye la transcripción de las declaraciones de António Marinho e Pinto,

–  Previa audiencia a António Marinho e Pinto que tuvo lugar el 22 de marzo de 2017, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Visto el artículo 11, apartados 1, 2, 3 y 5, de la Ley 7/93, de 1 de marzo de 1993, por la que se regula el estatuto de los diputados portugueses, y la circular del Gabinete del Fiscal General n.º 3/2011, de 10 de octubre de 2011,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0163/2017),

A.  Considerando que el juez del Tribunal de Distrito de Lisboa Oeste (Oeiras) ha solicitado la suspensión de la inmunidad parlamentaria de António Marinho e Pinto, diputado al Parlamento Europeo, en el marco de una acción relativa a un presunto delito;

B.  Considerando que la suspensión de la inmunidad de António Marinho e Pinto se refiere a un supuesto delito de difamación agravada, tipificado en el artículo 180, apartado 1, y el artículo 183, apartado 2, del Código Penal portugués, castigado con una pena de privación de libertad de hasta dos años, y a un delito de ofensa a una organización, servicio o persona jurídica, tipificado en el artículo 187, apartado 1 y apartado 2, letra a), del Código Penal portugués, castigado asimismo con una pena de privación de libertad de hasta dos años;

C.  Considerando que la asociación caritativa Santa Casa de Misericórdia de Lisboa se ha querellado contra António Marinho e Pinto;

D.  Considerando que la querella tiene por objeto las declaraciones realizadas por António Marinho e Pinto el 30 de mayo de 2015 en una entrevista al programa «A Propósito» de la cadena portuguesa SIC Notícias, presentado por António José Teixeira y emitido a las 21 horas, en la que António Marinho e Pinto hizo las siguientes manifestaciones: «Sobre la Seguridad Social, le puedo decir que hay que separar la dimensión de la solidaridad, que compete al Estado y que no debe sufragarse con las pensiones de los trabajadores, ¿me entiende? Debe correr a cargo del presupuesto general del Estado. La solidaridad social debe practicarse con cargo a los impuestos, a través de esa institución enorme que es la Misericórdia de Lisboa, que gestiona millones y millones y más millones, y que está derrochando el dinero muchas veces en beneficio personal, en interés personal [...] Creo que Manuel Rebelo de Sousa sería mejor que Pedro Santana Lopes vista la experiencia de dirección de Santana Lopes; en fin, no estaría de más ver cómo está trabajando el presidente de la Junta, cómo está trabajando en su candidatura, con qué recursos, con qué medios.»;

E.  Considerando que, a tenor del artículo 8 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo no podrán ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones;

F.  Considerando que el Tribunal de Justicia ha declarado que, para que un diputado al Parlamento Europeo esté amparado por la inmunidad, debe haber emitido su opinión en el ejercicio de sus funciones, lo que implica la exigencia de una relación entre la opinión expresada y las funciones parlamentarias, y que dicha relación debe ser directa e imponerse manifiestamente(2);

G.  Considerando que, con arreglo al artículo 9 del mismo Protocolo, los diputados gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

H.  Considerando que según el artículo 11, apartados 1, 2, 3 y 5, de la Ley 7/93, de 1 de marzo de 1993, por la que se regula el estatuto de los diputados portugueses, y la circular del Gabinete del Fiscal General n.º 3/2011, de 10 de octubre de 2011, António Marinho e Pinto no puede ser interrogado o investigado formalmente sin la autorización previa del Parlamento Europeo;

I.  Considerando que los presuntos actos no tienen relación directa o manifiesta con el ejercicio por António Marinho e Pinto de sus funciones de diputado al Parlamento Europeo, sino que se refieren a actividades de carácter puramente nacional, dado que las declaraciones se realizaron en un programa en Portugal, sobre un asunto específicamente portugués y en relación con la gestión de una asociación constituida con arreglo al Derecho nacional;

J.  Considerando, por consiguiente, que los presuntos actos no se refieren a opiniones o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones de diputado al Parlamento Europeo a efectos del artículo 8 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea;

K.  Considerando que la acusación que pesa sobre António Marinho e Pinto carece manifiestamente de relación con su condición de diputado al Parlamento Europeo;

L.  Considerando que no existen motivos para sospechar que exista fumus persecutionis, es decir, una sospecha suficientemente sólida y precisa de que el asunto se haya suscitado con la intención de causar un perjuicio político al diputado;

1.  Decide suspender la inmunidad de António Marinho e Pinto;

2.  Encarga a su presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de la comisión competente al juez del Tribunal de Distrito de Lisboa Oeste (Oerias) y a António Marinho e Pinto.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Sentencia del Tribunal General Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, antes citada.


Marca de la Unión Europea ***I
PDF 241kWORD 49k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea (versión codificada) (COM(2016)0702 – C8-0439/2016 – 2016/0345(COD))
P8_TA(2017)0133A8-0054/2017

(Procedimiento legislativo ordinario – codificación)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0702),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0439/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 20 de diciembre de 1994, sobre un método de trabajo acelerado con vistas a la codificación oficial de los textos legislativos(1),

–  Vistos los artículos 103 y 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0054/2017),

A.  Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión se limita a una codificación pura y simple de los textos existentes, sin ninguna modificación sustancial de estos;

1.  Aprueba su Posición en primera lectura que figura a continuación

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de abril de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea (Versión codificada)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/1001.)

(1) DO C 102 de 4.4.1996, p. 2.


Convenio de Minamata sobre el Mercurio ***
PDF 233kWORD 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, del Convenio de Minamata sobre el Mercurio (05925/2017 – C8-0102/2017 – 2016/0021(NLE))
P8_TA(2017)0134A8-0067/2017

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (05925/2017),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 192, apartado 1, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0102/2017),

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0067/2017),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Convenio de Minamata sobre el Mercurio;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y a las Naciones Unidas.


Asimetrías híbridas con terceros países *
PDF 437kWORD 55k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países (COM(2016)0687 – C8-0464/2016 – 2016/0339(CNS))
P8_TA(2017)0135A8-0134/2017

(Procedimiento legislativo especial – consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2016)0687),

–  Visto el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0464/2016),

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por la Primera Cámara neerlandesa, la Segunda Cámara neerlandesa y el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Vistas las demás contribuciones presentadas por el Senado checo, el Consejo Federal alemán, el Congreso de los Diputados español y la Asamblea de la República Portuguesa sobre el proyecto de acto legislativo,

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2015, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares(1),

–  Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de tributación de las sociedades en la Unión(2),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares(3),

–  Vista la Decisión de la Comisión, de 30 de agosto de 2016, sobre la ayuda estatal SA.38373 (2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) concedida por Irlanda a Apple y las investigaciones abiertas por la Comisión sobre las supuestas ayudas de Luxemburgo a McDonald's y Amazon,

–  Vistos los trabajos en curso sobre alegaciones de infracción y mala administración en la aplicación del Derecho de la Unión de su Comisión de Investigación sobre Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales,

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0134/2017),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 4
(4)  La Directiva (UE) 2016/1164 establece un marco para luchar contra los mecanismos híbridos asimétricos.
(4)  La Directiva (UE) 2016/1164 establece un primer marco para luchar contra los mecanismos híbridos asimétricos, que no elimina de forma exhaustiva y sistemática las asimetrías híbridas y cuyo ámbito de aplicación se limita a la Unión.
Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)   La iniciativa BEPS se basa también en la declaración de los líderes del G20 en su reunión de San Petersburgo de los días 5 y 6 de septiembre de 2013, en la que estos expresaban su deseo de garantizar que los beneficios se graven en el lugar en el que se desarrollan las actividades económicas que los generan y se crea el valor. En la práctica, eso habría requerido la introducción de una tributación unitaria con una fórmula de reparto de los ingresos fiscales entre los Estados, objetivo que no ha sido alcanzado.
Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 5
(5)  Es necesario establecer reglas que neutralicen las asimetrías híbridas de forma global. Dado que la Directiva (UE) 2016/1164 solo abarca los mecanismos híbridos asimétricos que se derivan de la interacción entre los regímenes del impuesto sobre sociedades de los Estados miembros, el Consejo ECOFIN emitió una declaración, el 20 de junio de 2016, en la que pedía a la Comisión que presentara, antes de octubre de 2016, una propuesta sobre asimetrías híbridas que impliquen a terceros países, con el fin de establecer unas normas coherentes y no menos eficaces que las normas recomendadas por el informe sobre la acción 2 del proyecto BEPS de la OCDE, con objeto de llegar a un acuerdo antes del término de 2016.
(5)  Es fundamental establecer reglas que neutralicen las asimetrías híbridas y las asimetrías que implican a sucursales de forma global. Dado que la Directiva (UE) 2016/1164 solo abarca los mecanismos híbridos asimétricos que se derivan de la interacción entre los regímenes del impuesto sobre sociedades de los Estados miembros, el Consejo ECOFIN emitió una declaración, el 20 de junio de 2016, en la que pedía a la Comisión que presentara, antes de octubre de 2016, una propuesta sobre asimetrías híbridas que impliquen a terceros países, con el fin de establecer unas normas coherentes y no menos eficaces que las normas recomendadas por el informe sobre la acción 2 del proyecto BEPS de la OCDE, con objeto de llegar a un acuerdo antes del término de 2016.
Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)   Los efectos de los mecanismos híbridos asimétricos deben considerarse asimismo desde el punto de vista de los países en desarrollo, y la Unión y sus Estados miembros deben tratar de ayudar a estos países a combatir tales efectos.
Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 6
(6)  Teniendo en cuenta que [entre otros puntos, se indica en el considerando (13) de la Directiva (UE) 2016/1164 que] es fundamental seguir trabajando sobre las asimetrías híbridas, tales como las relativas a los establecimientos permanentes, es imprescindible que dicha Directiva también trate de las asimetrías de establecimientos permanentes híbridos.
(6)  Teniendo en cuenta que [entre otros puntos, se indica en el considerando (13) de la Directiva (UE) 2016/1164 que] es fundamental seguir trabajando sobre las asimetrías híbridas, tales como las relativas a los establecimientos permanentes, incluidos los establecimientos permanentes no computados, es imprescindible que la Directiva (UE) 2016/1164 también trate de las asimetrías de establecimientos permanentes híbridos. Al abordar tales asimetrías, se deben tener presentes las normas recomendadas en el proyecto de debate público de la OCDE de 22 de agosto de 2016 sobre la acción 2 del BEPS relativo a los mecanismos híbridos que implican a sucursales.
Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 7
(7)  Para establecer un marco global coherente con el informe BEPS de la OCDE sobre mecanismos híbridos asimétricos, es esencial que la Directiva (UE) 2016/1164 también incluya normas sobre transferencias híbridas, asimetrías importadas y asimetrías de sociedades con doble residencia, a fin de impedir que los contribuyentes aprovechen las lagunas restantes.
(7)  Para establecer un marco que sea coherente con el informe BEPS de la OCDE sobre mecanismos híbridos asimétricos y no menos eficaz que él, es esencial que la Directiva (UE) 2016/1164 también incluya normas sobre transferencias híbridas y asimetrías importadas y aborde todo el espectro de dobles deducciones, a fin de impedir que los contribuyentes aprovechen las lagunas restantes. Dichas normas deben uniformizarse y coordinarse en la mayor medida posible entre los Estados miembros. Los Estados miembros deberían plantearse la imposición de sanciones a los contribuyentes que se aprovechen de las asimetrías híbridas.
Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)   Es necesario establecer normas para poner fin al uso de diferentes ejercicios de contabilización fiscal en las distintas jurisdicciones, que da lugar a asimetrías en los resultados fiscales. Los Estados miembros deben asegurarse de que los contribuyentes declaren los pagos efectuados en todas las jurisdicciones que correspondan en un plazo razonable. Las autoridades nacionales deben examinar, además, todas las causas de las asimetrías híbridas, colmando las posibles lagunas e impidiendo la planificación fiscal agresiva, en vez de centrarse exclusivamente en la recaudación de ingresos fiscales.
Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 8
(8)  Dado que la Directiva (UE) 2016/1164 incluye normas sobre las asimetrías híbridas entre Estados miembros, es conveniente incluir las normas sobre asimetrías híbridas con terceros países en dicha Directiva. Por consiguiente, dichas normas deben aplicarse a todos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre sociedades en un Estado miembro, incluidos los establecimientos permanentes de entidades residentes en terceros países. Es necesario abarcar todos los mecanismos híbridos asimétricos en los que al menos una de las partes implicadas es una sociedad sujeta a impuestos en un Estado miembro.
(8)  Dado que la Directiva (UE) 2016/1164 incluye normas sobre las asimetrías híbridas entre Estados miembros, es conveniente incluir las normas sobre asimetrías híbridas con terceros países en dicha Directiva. Por consiguiente, dichas normas deben aplicarse a todos los contribuyentes sujetos al impuesto sobre sociedades en un Estado miembro, incluidos los establecimientos permanentes de entidades residentes en terceros países. Es necesario abarcar todos los mecanismos híbridos asimétricos o mecanismos afines en los que al menos una de las partes implicadas es una sociedad sujeta a impuestos en un Estado miembro.
Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 9
(9)  Las normas sobre las asimetrías híbridas deben tratar situaciones de asimetría derivadas de normas fiscales discrepantes de dos (o más) jurisdicciones. No obstante, dichas normas no deben afectar a las características generales del sistema fiscal de una jurisdicción.
(9)  Es esencial que las normas sobre las asimetrías híbridas se apliquen de forma automática a los pagos transfronterizos que hayan sido deducidos en la jurisdicción de origen del pago, sin necesidad de acreditar un motivo de elusión fiscal, y traten situaciones de asimetría derivadas de dobles deducciones, conflictos en la calificación jurídica de instrumentos financieros, pagos y entidades, o conflictos en la atribución de pagos. Dado que las asimetrías híbridas pueden dar lugar a una doble deducción o a una deducción sin inclusión, es necesario establecer normas en virtud de las cuales el Estado miembro implicado deniegue la deducción de un pago, unos gastos o unas pérdidas u obligue al contribuyente a incluir el pago en su renta imponible.
Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)
(9 bis)   Las asimetrías de establecimiento permanente se producen cuando las diferencias entre las normas de la jurisdicción del establecimiento permanente y las de la jurisdicción de residencia en lo que respecta a la atribución de las rentas y los gastos entre las distintas partes de la misma entidad dan lugar a una asimetría en los resultados fiscales, incluidos aquellos casos en los que se produce una asimetría debido a que no se computa un establecimiento permanente como consecuencia de la aplicación de la legislación de la jurisdicción de la sucursal. Esos resultados asimétricos podrían dar lugar a una no imposición sin inclusión, una doble deducción o una deducción sin inclusión, por lo que deberían ser eliminados. En el caso de establecimientos permanentes no computados, el Estado miembro en el que reside el contribuyente debe exigir al contribuyente que incluya en su renta imponible las rentas que de otro modo se atribuirían al establecimiento permanente.
Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 10
(10)   Para garantizar la proporcionalidad, es necesario tratar únicamente los casos en los que exista un riesgo importante de eludir impuestos mediante el uso de asimetrías híbridas. Por lo tanto, conviene incluir los mecanismos híbridos asimétricos entre el contribuyente y sus empresas asociadas y las asimetrías híbridas resultantes de un arreglo estructurado en el que participe un contribuyente.
suprimido
Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Considerando 11
(11)   Para establecer una definición suficientemente precisa de «empresa asociada» a efectos de las normas sobre mecanismos híbridos asimétricos, la definición debe incluir asimismo a una entidad que forme parte del mismo grupo consolidado a efectos contables, una empresa en cuya gestión el contribuyente tenga una influencia significativa y, a la inversa, una empresa que tenga una influencia significativa en la gestión del contribuyente.
suprimido
Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Considerando 12
(12)   Solo deben tratarse las asimetrías que se deban especialmente a la hibridación de entidades cuando una de las empresas asociadas tenga, como mínimo, un control efectivo sobre las demás empresas asociadas. Por consiguiente, en esos casos, se debe exigir que una empresa asociada sea propiedad del contribuyente o de otra empresa asociada (o a la inversa), a través de una participación en forma de derechos de voto, derechos de propiedad del capital o derechos sobre los beneficios del 50 % o más.
suprimido
Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Considerando 15
(15)  Dado que las asimetrías de entidad híbrida que implican a terceros países pueden dar lugar a una doble deducción o a una deducción sin inclusión, es necesario establecer normas en virtud de las cuales el Estado miembro implicado deniegue la deducción de un pago, unos gastos o unas pérdidas, u obligue al contribuyente a incluir el pago en su renta imponible, según el caso.
(15)  Dado que las asimetrías de entidad híbrida que implican a terceros países dan lugar en algunos casos a una doble deducción o a una deducción sin inclusión, es necesario establecer normas en virtud de las cuales el Estado miembro implicado deniegue la deducción de un pago, unos gastos o unas pérdidas, u obligue al contribuyente a incluir el pago en su renta imponible, según el caso.
Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Considerando 17
(17)  Las transferencias híbridas pueden dar lugar a una diferencia de trato fiscal en caso de que, como resultado de la transferencia de un instrumento financiero en el marco de un arreglo estructurado, el rendimiento subyacente correspondiente a tal instrumento se trate como si fuese obtenido simultáneamente por más de una de las partes en el arreglo. El rendimiento subyacente es la renta correspondiente al instrumento transferido y derivada del mismo. Esta diferencia de trato fiscal puede dar lugar a una deducción sin inclusión o a un crédito fiscal en dos jurisdicciones distintas para una misma retención en la fuente. Procede, por tanto, eliminar esas asimetrías. En caso de deducción sin inclusión, deben aplicarse las mismas normas que se aplican para neutralizar una asimetría de instrumento financiero híbrido o de entidad híbrida que dan lugar a una deducción sin inclusión. En caso de doble crédito fiscal, el Estado miembro implicado debe limitar el beneficio del crédito fiscal a proporción de la renta neta imponible con respecto al rendimiento subyacente.
(17)  Las transferencias híbridas pueden dar lugar a una diferencia de trato fiscal en caso de que, como resultado de la transferencia de un instrumento financiero, el rendimiento subyacente correspondiente a tal instrumento se trate como si fuese obtenido simultáneamente por más de una de las partes en el arreglo. El rendimiento subyacente es la renta correspondiente al instrumento transferido y derivada del mismo. Esta diferencia de trato fiscal puede dar lugar a una deducción sin inclusión o a un crédito fiscal en dos jurisdicciones distintas para una misma retención en la fuente. Procede, por tanto, eliminar esas asimetrías. En caso de deducción sin inclusión, deben aplicarse las mismas normas que se aplican para neutralizar una asimetría de instrumento financiero híbrido o de entidad híbrida que dan lugar a una deducción sin inclusión. En caso de doble crédito fiscal, el Estado miembro implicado debe limitar el beneficio del crédito fiscal a proporción de la renta neta imponible con respecto al rendimiento subyacente.
Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Considerando 19
(19)  Las asimetrías importadas desplazan el efecto de una asimetría híbrida entre partes radicadas en terceros países a la jurisdicción de un Estado miembro mediante el uso de un instrumento no híbrido, lo que socava la eficacia de las normas que neutralizan las asimetrías híbridas. Un importe deducible en un Estado miembro puede utilizarse para financiar los gastos en virtud de un arreglo estructurado que implique una asimetría híbrida entre terceros países. Para paliar esas asimetrías importadas, es necesario incluir normas que denieguen la deducción de un pago si las rentas correspondientes a dicho pago son compensadas, directa o indirectamente, por una deducción que se derive de un mecanismo híbrido asimétrico que da lugar a una doble deducción o a una deducción sin inclusión entre terceros países.
(19)  Las asimetrías importadas desplazan el efecto de una asimetría híbrida entre partes radicadas en terceros países a la jurisdicción de un Estado miembro mediante el uso de un instrumento no híbrido, lo que socava la eficacia de las normas que neutralizan las asimetrías híbridas. Un importe deducible en un Estado miembro puede utilizarse para financiar los gastos en virtud de un arreglo estructurado que implique una asimetría híbrida entre terceros países. Para paliar esas asimetrías importadas, es necesario incluir normas que denieguen la deducción de un pago si las rentas correspondientes a dicho pago son compensadas, directa o indirectamente, por una deducción que se derive de un mecanismo híbrido asimétrico o un mecanismo afín que da lugar a una doble deducción o a una deducción sin inclusión entre terceros países.
Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Considerando 21
(21)  El objetivo de la presente Directiva es mejorar la resiliencia del mercado interior en su conjunto frente a mecanismos híbridos asimétricos. Este objetivo no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros actuando por separado, dado que los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades son dispares y una acción independiente por parte de los Estados miembros no haría sino perpetuar la actual fragmentación del mercado interior en materia de fiscalidad directa. De este modo, persistirían las ineficiencias y falseamientos en la interacción de las distintas medidas nacionales, lo que a su vez daría lugar a una falta de coordinación. Debido a la naturaleza transfronteriza de los mecanismos híbridos asimétricos y a la necesidad de adoptar soluciones que sean válidas para el mercado interior en su conjunto, ese objetivo puede lograrse mejor a escala de la Unión. La Unión puede, por tanto, adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo. Mediante el establecimiento del nivel de protección necesario del mercado interior, la presente Directiva solo pretende alcanzar un grado básico de coordinación dentro de la Unión, que es necesaria para alcanzar sus objetivos.
(21)  El objetivo de la presente Directiva es mejorar la resiliencia del mercado interior en su conjunto frente a asimetrías híbridas. Este objetivo no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros actuando por separado, dado que los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades son dispares y una acción independiente por parte de los Estados miembros no haría sino perpetuar la actual fragmentación del mercado interior en materia de fiscalidad directa. De este modo, persistirían las ineficiencias y falseamientos en la interacción de las distintas medidas nacionales, lo que a su vez daría lugar a una falta de coordinación. Debido a la naturaleza transfronteriza de las asimetrías híbridas y a la necesidad de adoptar soluciones que sean válidas para el mercado interior en su conjunto, ese objetivo puede lograrse mejor a escala de la Unión. La Unión debe, por tanto, adoptar medidas con arreglo al principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, en particular abandonar el criterio de entidad independiente en favor de un enfoque unitario por lo que respecta a la imposición de las empresas multinacionales. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo. Mediante el establecimiento del nivel de protección necesario del mercado interior, la presente Directiva solo pretende alcanzar un grado básico de coordinación dentro de la Unión, que es necesaria para alcanzar sus objetivos.
Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Considerando 21 bis (nuevo)
(21 bis)   Para garantizar una aplicación clara y eficaz, debe hacerse hincapié en la coherencia con las recomendaciones incluidas en la publicación de la OCDE titulada «Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrangements, Action 2 - 2015 Final Report» (Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos asimétricos, Acción 2 - Informe final 2015).
Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Considerando 23
(23)  La Comisión debe evaluar la aplicación de la presente Directiva a los cuatro años de su entrada en vigor y presentar al Consejo un informe al respecto. Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión toda la información necesaria para llevar a cabo esa evaluación.
(23)  La Comisión debe evaluar la aplicación de la presente Directiva cada tres años a partir de su entrada en vigor y presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe al respecto. Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión toda la información necesaria para llevar a cabo esa evaluación.
Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Considerando 23 bis (nuevo)
(23 bis)   Debe exigirse a los Estados miembros que compartan toda la información confidencial y todas las mejores prácticas pertinentes a fin de combatir las asimetrías fiscales y garantizar una aplicación uniforme de la Directiva (UE) 2016/1164.
Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
-1)   En el artículo 1 se añade el apartado siguiente:
«El artículo 9 bis se aplicará también a todas las entidades que sean tratadas como transparentes a efectos tributarios por un Estado miembro.».
Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 3
a)   en el punto 4), el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:
suprimida
«A efectos del artículo 9, se entenderá asimismo por "empresa asociada" una entidad que forme parte del mismo grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera que el contribuyente, una empresa en cuya gestión el contribuyente tenga una influencia significativa o una empresa que tenga una influencia significativa en la gestión del contribuyente. Si la asimetría implica a una entidad híbrida, la definición de empresa asociada se modificará para sustituir el requisito del 25 % por un 50 %»;
Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 - punto 1 – letra a bis (nueva)
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 2 – punto 4 – párrafo 3
a bis)   en el punto 4), se suprime el párrafo tercero;
Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 2 – punto 9 – párrafo 1 – parte introductoria
9)  «asimetría híbrida»: la situación existente entre un contribuyente y una empresa asociada o un arreglo estructurado entre partes en jurisdicciones fiscales diferentes cuando cualquiera de los resultados siguientes sea atribuible a diferencias en la calificación jurídica de un instrumento o entidad financieros, o en el tratamiento de una presencia comercial como establecimiento permanente:
9)  «asimetría híbrida»: la situación existente entre un contribuyente y otra entidad cuando cualquiera de los resultados siguientes sea atribuible a diferencias en la calificación jurídica de un instrumento financiero o de un pago efectuado en virtud del mismo, o sea el resultado de diferencias en el reconocimiento de los pagos efectuados a una entidad híbrida o un establecimiento permanente o de los pagos, gastos o pérdidas de tales entidades o establecimientos, o el resultado de diferencias en el reconocimiento de un pago considerado efectuado entre dos partes de un mismo contribuyente o en el reconocimiento de una presencia comercial como establecimiento permanente:
Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 2 – punto 9 – párrafo 1 – letra b
b)  una deducción de un pago de la base imponible en la jurisdicción en la que se origine el pago sin la correspondiente inclusión a efectos fiscales del mismo pago en la otra jurisdicción («deducción sin inclusión»);
b)  una deducción de un pago de la base imponible en cualquier jurisdicción en la que el pago se considere efectuado («jurisdicción del ordenante») sin la correspondiente inclusión a efectos fiscales del mismo pago en cualquier otra jurisdicción en la que el pago se considere recibido («jurisdicción del destinatario») («deducción sin inclusión»);
Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 2 – punto 9 – párrafo 1 – letra c
c)  en caso de diferencias en el tratamiento de una presencia comercial como establecimiento permanente, la no imposición de las rentas originadas en una jurisdicción sin la correspondiente inclusión a efectos fiscales de las mismas rentas en otra jurisdicción («no imposición sin inclusión»).
c)  en caso de diferencias en el reconocimiento de una presencia comercial como establecimiento permanente, la no imposición de las rentas originadas en una jurisdicción sin la correspondiente inclusión a efectos fiscales de las mismas rentas en otra jurisdicción («no imposición sin inclusión»);
Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 2 – punto 9 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)
c bis)   un pago a una entidad híbrida o un establecimiento permanente que dé lugar a una deducción sin inclusión cuando la asimetría se atribuya a las diferencias en el reconocimiento de los pagos efectuados al establecimiento permanente o la entidad híbrida;
Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 2 – punto 9 – párrafo 1 – letra c ter (nueva)
c ter)   un pago que dé lugar a una deducción sin inclusión como resultado de un pago efectuado a un establecimiento permanente no computado;
Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 2 – punto 9 – párrafo 2
Solo existirá una asimetría híbrida en la medida en que el mismo pago deducido, los mismo gastos incurridos o las mismas pérdidas sufridas en dos jurisdicciones excedan del importe de las rentas que se incluyen en cada una de las jurisdicciones y que pueden atribuirse a la misma fuente.
Solo existirá una asimetría híbrida que sea consecuencia de las diferencias existentes en el reconocimiento de los pagos, los gastos o las pérdidas de una entidad híbrida o un establecimiento permanente o de las diferencias en el reconocimiento de un pago considerado efectuado entre dos partes de un mismo contribuyente en la medida en que la deducción resultante en la jurisdicción de origen se compense con una partida que no esté incluida en ninguna de las dos jurisdicciones en que se ha producido la asimetría. No obstante, en caso de que el pago que haya generado dicha asimetría híbrida también dé lugar a una asimetría híbrida que sea atribuible a diferencias en la calificación jurídica de un instrumento financiero o de un pago efectuado en virtud del mismo, o sea el resultado de las diferencias existentes en el reconocimiento de los pagos efectuados a una entidad híbrida o un establecimiento permanente, solo existirá una asimetría híbrida en la medida en que el pago dé lugar a una deducción sin inclusión.
Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 2 – punto 9 – párrafo 3 – parte introductoria
Una asimetría híbrida también incluye la transferencia de un instrumento financiero al amparo de un arreglo estructurado que implique a un contribuyente, cuando el rendimiento subyacente del instrumento financiero transferido sea tratado a efectos fiscales como obtenido simultáneamente por más de una de las partes del arreglo, que tienen su residencia a efectos fiscales en jurisdicciones diferentes, dando lugar a cualquiera de los siguientes resultados:
Una asimetría híbrida también incluye la transferencia de un instrumento financiero que implique a un contribuyente, cuando el rendimiento subyacente del instrumento financiero transferido sea tratado a efectos fiscales como obtenido simultáneamente por más de una de las partes del arreglo, que tienen su residencia a efectos fiscales en jurisdicciones diferentes, dando lugar a cualquiera de los siguientes resultados:
Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 - punto 1 – letra b bis (nueva)
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 2 – punto 9 bis (nuevo)
b bis)   se añade el punto siguiente:
«9 bis) “entidad híbrida”: toda entidad o mecanismo que sea considerada sujeto fiscal en virtud de las leyes de una jurisdicción y cuyas rentas o gastos se consideren rentas o gastos de otro u otros sujetos en virtud de las leyes de otra jurisdicción.»
Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 - punto 1 – letra b ter (nueva)
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 2 – punto 9 ter (nuevo)
b ter)   se añade el punto siguiente:
«(9b) “establecimiento permanente no computado”: cualquier mecanismo que se considere que da lugar a un establecimiento permanente con arreglo a la legislación de la jurisdicción de su sede de dirección y que no se considere que da lugar a un establecimiento permanente con arreglo a la legislación donde se halle el establecimiento permanente;»
Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra c
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 2 – punto 11
(11)   “arreglo estructurado”: un arreglo que implique una asimetría híbrida en la que la asimetría se tarifique en los términos del arreglo o un arreglo diseñado para producir un resultado de asimetría híbrida, a menos que el contribuyente o una empresa asociada no pudiera haber esperado razonablemente conocer la asimetría híbrida y no compartiera el valor de la ventaja fiscal resultante de la asimetría híbrida.
suprimida
Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 - punto 1 – letra c bis (nueva)
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 2 – punto 11 bis (nuevo)
c bis)   se añade el punto siguiente:
«11 bis) “jurisdicción del ordenante”: la jurisdicción en la que esté establecida una entidad híbrida o un establecimiento permanente o en la que se considere efectuado un pago;»
Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 9 – apartado 1
1.  En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros dé lugar a la doble deducción del mismo pago, los mismos gastos o las mismas pérdidas, la deducción solo se concederá en el Estado miembro en el que se haya originado el pago, se haya incurrido en los gastos o se hayan contraído las pérdidas.
1.  En la medida en que una asimetría híbrida dé lugar a la doble deducción del mismo pago, los mismos gastos o las mismas pérdidas, la deducción se denegará en el Estado miembro que constituya la jurisdicción del inversor.
En la medida en que una asimetría híbrida en la que esté implicado un tercer país dé lugar a la doble deducción del mismo pago, los mismos gastos o las mismas pérdidas, el Estado miembro de que se trate denegará la deducción del pago, los gastos o las pérdidas, a menos que el tercer país ya lo haya hecho.
En el supuesto de que no se deniegue la deducción en la jurisdicción del inversor, se denegará en la jurisdicción del ordenante del pago. En la medida en que esté implicado un tercer país, la carga de la prueba de que ese tercer país ha denegado una deducción recaerá en el contribuyente.
Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 9 – apartado 2
2.  En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros dé lugar a una deducción sin inclusión, el Estado miembro del ordenante del pago denegará la deducción del pago correspondiente.
2.  En la medida en que una asimetría híbrida dé lugar a una deducción sin inclusión, se denegará la deducción en el Estado miembro que constituya la jurisdicción del ordenante del pago correspondiente. Si no se deniega la deducción en la jurisdicción del ordenante, el Estado miembro en cuestión exigirá al contribuyente que incluya en la renta en la jurisdicción del destinatario del pago el importe del pago que, de otro modo, daría lugar a una asimetría.
En la medida en que una asimetría híbrida en la que esté implicado un país tercero dé lugar a una deducción sin inclusión:
i)   si el pago tiene su origen en un Estado miembro, este denegará la deducción, o
ii)   si el pago tiene su origen en un tercer país, el Estado miembro de que se trate exigirá al contribuyente que incluya dicho pago en la base imponible, salvo en caso de que el tercer país ya haya denegado la deducción o haya exigido que se incluya el pago.
Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 9 – apartado 3
3.  En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros en la que esté implicado un establecimiento permanente dé lugar a la no imposición sin inclusión, el Estado miembro en el que el contribuyente tenga su residencia a efectos fiscales exigirá al contribuyente que incluya en la base imponible las rentas imputables al establecimiento permanente.
3.  En la medida en que en una asimetría híbrida estén implicadas rentas de un establecimiento permanente no computado no sujetas a tributación en el Estado miembro en el que el contribuyente tenga su residencia a efectos fiscales, dicho Estado miembro exigirá al contribuyente que incluya en su renta imponible las rentas que, de otro modo, se imputarían al establecimiento permanente no computado.
En la medida en que una asimetría híbrida en la que esté implicado un establecimiento permanente situado en un tercer país dé lugar a la no imposición sin inclusión, el Estado miembro de que se trate exigirá al contribuyente que incluya en la base imponible la renta imputable al establecimiento permanente en el tercer país.
Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 9 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.   Los Estados miembros denegarán una deducción por cualquier pago efectuado por un contribuyente en la medida en que tal pago financie directa o indirectamente los gastos deducibles que dan lugar a una asimetría híbrida a través de una operación o serie de operaciones.
Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 9 – apartado 4
4.  En la medida en que el pago por un contribuyente a una empresa asociada de un tercer país sea compensado directa o indirectamente con un pago, con gastos o con pérdidas que, debido a una asimetría híbrida, sean deducibles en dos jurisdicciones fiscales diferentes fuera de la Unión, el Estado miembro del contribuyente denegará la deducción de la base imponible del pago por el contribuyente a una empresa asociada en un tercer país, a menos que uno de los terceros países de que se trate ya haya denegado la deducción del pago, los gastos o las pérdidas que serían deducibles en dos jurisdicciones fiscales diferentes.
4.  En la medida en que el pago por un contribuyente a una entidad de un tercer país sea compensado directa o indirectamente con un pago, con gastos o con pérdidas que, debido a una asimetría híbrida, sean deducibles en dos jurisdicciones fiscales diferentes fuera de la Unión, el Estado miembro del contribuyente denegará la deducción de la base imponible del pago por el contribuyente en un tercer país, a menos que uno de los terceros países de que se trate ya haya denegado la deducción del pago, los gastos o las pérdidas que serían deducibles en dos jurisdicciones fiscales diferentes.
Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 9 – apartado 5
5.  En la medida en que la inclusión correspondiente de un pago deducible por un contribuyente a una empresa asociada en un tercer país sea compensada directa o indirectamente con un pago que, debido a una asimetría híbrida, no haya sido incluido por el destinatario del pago en su base imponible, el Estado miembro del contribuyente denegará la deducción de la base imponible del pago por el contribuyente a una empresa asociada de un tercer país, a menos que uno de los terceros países de que se trate ya haya denegado la deducción del pago no incluido.
5.  En la medida en que la inclusión correspondiente de un pago deducible por un contribuyente en un tercer país sea compensada directa o indirectamente con un pago que, debido a una asimetría híbrida, no haya sido incluido por el destinatario del pago en su base imponible, el Estado miembro del contribuyente denegará la deducción de la base imponible del pago por el contribuyente de un tercer país, a menos que uno de los terceros países de que se trate ya haya denegado la deducción del pago no incluido.
Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo -9 bis (nuevo)
3 bis)   Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 9 bis
Asimetrías híbridas invertidas
Cuando una o más entidades asociadas no residentes que participen en los beneficios de una entidad híbrida constituida o establecida en un Estado miembro estén situadas en una jurisdicción o jurisdicciones que consideren dicha entidad híbrida como persona sujeta a imposición, la entidad híbrida será considerada residente en ese Estado miembro y su renta estará sujeta a tributación en la medida en que esta renta no tribute de otra forma con arreglo a la legislación de ese Estado miembro ni de ninguna otra jurisdicción.».
Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4
Directiva (UE) 2016/1164
Artículo 9 bis – párrafo 1
En la medida en que un pago, unos gastos o unas pérdidas de un contribuyente que sea residente a efectos fiscales al mismo tiempo en un Estado miembro y en un tercer país, de conformidad con las legislaciones de dicho Estado miembro y de dicho tercer país, sean deducibles de la base imponible en ambas jurisdicciones fiscales, y que dicho pago y dichos gastos o pérdidas se puedan compensar en el Estado miembro del contribuyente con rentas imponibles que no estén incluidas en el tercer país, el Estado miembro del contribuyente denegará la deducción del pago, de los gastos o de las pérdidas, a menos que ya lo haya hecho el tercer país.
En la medida en que un pago, unos gastos o unas pérdidas de un contribuyente que sea residente a efectos fiscales al mismo tiempo en un Estado miembro y en un tercer país, de conformidad con las legislaciones de dicho Estado miembro y de dicho tercer país, sean deducibles de la base imponible en ambas jurisdicciones fiscales, y que dicho pago y dichos gastos o pérdidas se puedan compensar en el Estado miembro del contribuyente con rentas imponibles que no estén incluidas en el tercer país, el Estado miembro del contribuyente denegará la deducción del pago, de los gastos o de las pérdidas, a menos que ya lo haya hecho el tercer país. Esta denegación de la deducción del pago se aplicará asimismo en las situaciones en que el contribuyente sea considerado «apátrida» a efectos fiscales. La carga de la prueba de que el tercer país ha denegado la deducción del pago, el gasto o la pérdida recaerá en el contribuyente.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0408.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0457.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0310.


Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre el Reino de Dinamarca y Europol *
PDF 248kWORD 44k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución del Consejo por la que se aprueba la celebración por parte de la Oficina Europea de Policía (Europol) del Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre el Reino de Dinamarca y Europol (07281/2017 – C8-0120/2017 – 2017/0803(CNS))
P8_TA(2017)0136A8-0164/2017

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto del Consejo (07281/2017),

–  Vistos el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en su versión modificada por el Tratado de Ámsterdam, y el artículo 9 del Protocolo n.º 36 sobre las disposiciones transitorias, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8-0120/2017),

–  Vista la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol)(1), y en particular su artículo 23, apartado 2,

–  Vista la Decisión 2009/935/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por la que se determina la lista de terceros Estados y organizaciones con los que Europol celebrará acuerdos(2), modificada por la Decisión (UE) 2017/290 del Consejo(3),

–  Vista la Decisión 2009/934/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, por la que se adoptan las normas de desarrollo que rigen las relaciones de Europol con los socios, incluido el intercambio de datos personales y de información clasificada(4), y en particular sus artículos 5 y 6,

–  Vista la declaración del presidente del Consejo Europeo, el presidente de la Comisión y el primer ministro de Dinamarca, de 15 de diciembre de 2016, en la que se subrayan las necesidades operativas, así como el carácter excepcional y transitorio, del acuerdo previsto entre Europol y Dinamarca,

–  Vista la mencionada declaración, que subraya que el acuerdo previsto está supeditado a la permanencia de Dinamarca en la Unión y en el espacio Schengen, a la obligación por parte de Dinamarca de transponer íntegramente al Derecho danés la Directiva (UE) 2016/680(5) sobre la protección de datos en el ámbito policial antes del 1 de mayo de 2017, y a que Dinamarca dé su conformidad a someterse a la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a la competencia del Supervisor Europeo de Protección de Datos,

–  Visto el Protocolo n.º 22 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el resultado del referéndum danés, de 3 de diciembre de 2015, en relación con el Protocolo n.º 22 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista su Resolución legislativa, de 14 de febrero de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2009/935/JAI en lo que se refiere a la lista de terceros Estados y organizaciones con los que Europol celebrará acuerdos(6), y en particular su apartado 4, en el que se pide que el futuro acuerdo entre Europol y Dinamarca tenga una fecha de vencimiento de cinco años, a fin de garantizar su carácter transitorio con vistas a un acuerdo más permanente,

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0164/2017),

1.  Aprueba el proyecto del Consejo;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo y a la Comisión que garanticen que, como parte de la evaluación que debe llevarse a cabo en virtud del artículo 25 del Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre el Reino de Dinamarca y Europol, el Parlamento Europeo sea informado y consultado periódicamente, en particular a través del Grupo de Control Parlamentario Conjunto de Europol que debe crearse en virtud del artículo 51, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/794(7);

5.  Pide a todas las partes interesadas que agoten todas las posibilidades de que dispongan al amparo de los Derechos originario y derivado de volver a ofrecer a Dinamarca la posibilidad de convertirse en miembro de pleno derecho de Europol;

6.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a Europol.

(1) DO L 121 de 15.5.2009, p. 37.
(2) DO L 325 de 11.12.2009, p. 12.
(3) DO L 42 de 18.2.2017, p. 17.
(4) DO L 325 de 11.12.2009, p. 6.
(5) Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo (DO L 119 de 4.5.2016, p. 89).
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0023.
(7) Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 24.5.2016, p. 53).


Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas
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Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la propuesta de nombramiento de Ildikó Gáll-Pelcz como miembro del Tribunal de Cuentas (C8-0110/2017 – 2017/0802(NLE))
P8_TA(2017)0137A8-0166/2017

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8‑0110/2017),

–  Visto el artículo 121 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8‑0166/2017),

A.  Considerando que su Comisión de Control Presupuestario evaluó las cualificaciones de la candidata propuesta, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 286, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

B.  Considerando que, en su reunión 12 de abril de 2017, la Comisión de Control Presupuestario celebró una audiencia con la candidata propuesta por el Consejo como miembro del Tribunal de Cuentas;

1.  Emite dictamen favorable respecto a la propuesta del Consejo de nombramiento de Ildikó Gáll-Pelcz como miembro del Tribunal de Cuentas;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y, para información, al Tribunal de Cuentas, así como a las demás instituciones de la Unión Europea y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros.


Informe anual 2015 sobre el control de las actividades financieras del BEI
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Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre el informe anual 2015 sobre el control de las actividades financieras del BEI (2016/2098(INI))
P8_TA(2017)0138A8-0161/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el informe de actividad 2015 del Banco Europeo de Inversiones,

–  Vistos el informe financiero de 2015 y el informe estadístico de 2015 del Banco Europeo de Inversiones,

–  Vistos el informe de sostenibilidad de 2015, el informe de evaluación por el método de tres pilares para las operaciones del BEI dentro de la UE de 2015 y el informe sobre los resultados del Banco Europeo de Inversiones fuera de la UE de 2015,

–  Vistos los informes anuales del Comité de Auditoría para el ejercicio 2015,

–  Visto el informe anual del Grupo del Banco Europeo de Inversiones sobre las actividades de lucha contra el fraude en 2015,

–  Vistos el informe sobre la aplicación de la política de transparencia del BEI en 2015 y el informe de 2015 sobre la gobernanza empresarial,

–  Visto el informe anual 2015 del Gabinete del Director de Cumplimiento del BEI,

–  Vistos los planes operativos del Grupo BEI para los periodos 2014-2016, 2015-2017 y 2016-2018 y el plan de operaciones del FEI para el periodo 2014-2016,

–  Vistos los artículos 3 y 9 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vistos los artículos 15, 126, 174, 175, 208, 209, 271, 308 y 309 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), su Protocolo n.º 5 sobre el Estatuto del BEI y su Protocolo n.º 28 sobre la cohesión económica, social y territorial,

–  Visto el Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento del Banco Europeo de Inversiones,

–  Vistas sus Resoluciones, de 11 de marzo de 2014, sobre el Banco Europeo de Inversiones – Informe anual 2012(1), de 30 de abril de 2015, sobre el Banco Europeo de Inversiones – Informe anual 2013(2), y de 28 de abril de 2016, sobre el Banco Europeo de Inversiones – Informe anual 2014(3),

–  Vistas la Decisión n.º 1080/2011/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre el mandato del BEI en el exterior para 2007-2013(4),​ y la Decisión n.° 466/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión(5),

–  Vistos el Reglamento (UE) n.º 670/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2012, que modifica la Decisión n.º 1639/2006/CE, por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007 a 2013), y el Reglamento (CE) n.º 680/2007, por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía(6) (en relación con la fase piloto de la Iniciativa Europa 2020 de Obligaciones para la Financiación de Proyectos),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014, titulada «Un Plan de Inversiones para Europa» (COM(2014)0903),

–  Visto el Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.° 1291/2013 y (UE) n.° 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas(7),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de julio de 2015, titulada «Trabajar juntos por el crecimiento y el empleo: el papel de los bancos nacionales de fomento (BNF) en el apoyo del Plan de Inversiones para Europa» (COM(2015)0361),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de junio de 2016, titulada «Europa invierte de nuevo – Balance del Plan de Inversiones para Europa y próximas etapas» (COM(2016)0359),

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, relativo a la ampliación de la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), y la introducción de mejoras técnicas de ese fondo y el Centro Europeo de Asesoramiento para la inversión (COM(2016)0597), (SWD(2016)0297 y SWD(2016)0298),

–  Visto el informe del BEI sobre la evaluación del funcionamiento del FEIE, de septiembre de 2016,

–  Visto el dictamen n.º 2/2016 del Tribunal de Cuentas titulado «FEIE: una propuesta prematura de extensión y ampliación»,

–  Visto el Informe Especial n.º 19/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado «Ejecución del presupuesto de la UE a través de los instrumentos financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 2007-2013»,

–  Vista la auditoría ad hoc, de 8 de noviembre de 2016, efectuada por Ernst & Young sobre la aplicación del Reglamento (UE) 2015/1017 (Reglamento FEIE),

–  Visto el Acuerdo tripartito entre la Comisión Europea, el Tribunal de Cuentas Europeo y el Banco Europeo de Inversiones de septiembre de 2016,

–  Vista la carta de la Defensora del Pueblo Europea al presidente del Banco Europeo de Inversiones de 22 de julio de 2016,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0161/2017),

A.  Considerando que el BEI está obligado por los Tratados a contribuir a la integración, a la cohesión económica y social y al desarrollo regional de la Unión a través de instrumentos de inversión específicos como préstamos, participaciones en capital, garantías, instrumentos de riesgo compartido y servicios de asesoramiento;

B.  Considerando que el BEI, la mayor entidad pública de concesión de préstamos del mundo, opera en los mercados internacionales de capitales y ofrece condiciones competitivas a sus clientes y condiciones favorables para apoyar las políticas y proyectos de la Unión;

C.  Considerando que el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) deben desempeñar un papel fundamental a la hora de complementar las intervenciones del BEI en su calidad de instrumento especializado de la Unión para el capital de riesgo y las garantías dirigidas principalmente a respaldar a las pymes y la integración y la cohesión económica, social y territorial europeas;

D.  Considerando que se han elaborado tres informes diferentes en el Parlamento Europeo sobre las actividades del BEI: un informe sobre las actividades financieras del BEI, elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Presupuestos; un informe sobre el control de las actividades financieras del BEI, elaborado por la Comisión de Control Presupuestario, y un informe sobre la aplicación del FEIE, elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la Comisión de Presupuestos;

E.  Considerando que las disposiciones contractuales incluidas en los contratos firmados entre el Grupo BEI y sus contrapartes contienen salvaguardas contra el fraude, incluidos el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, así como contra la financiación de los riesgos relacionados con el terrorismo; que el BEI debe requerir a sus contrapartes que cumplan toda la legislación en vigor; que el BEI debe imponer disposiciones contractuales adicionales que aborden cuestiones específicas relacionadas con la integridad y la transparencia basándose en los resultados de las auditorías sobre diligencia debida;

F.  Considerando que el BEI actúa como el brazo ejecutorio de la Estrategia Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas, garantizando el uso de las inversiones públicas para sustituir o corregir las disfunciones del mercado financiero e impulsando nuevos motores de crecimiento y creación de empleo en la Unión;

G.  Considerando que el efecto catalizador de la captación de fondos del BEI es un elemento fundamental a la hora de definir el valor añadido de la Unión y garantizar que Europa siga siendo un actor clave a escala mundial con todas las características de una economía de primer orden en lo que respecta a la competitividad, la innovación, las infraestructuras y el atractivo;

H.  Considerando que las inversiones del BEI constituyen un paquete de incentivación ecológica para lograr una Unión mucho mejor equipada para seguir siendo un lugar de oportunidades que responda a los retos de una competencia económica globalizada;

I.  Considerando que el Plan de Inversiones para Europa forma parte de una estrategia más amplia destinada a invertir la tendencia negativa observada en la inversión pública y privada mediante la movilización de nueva liquidez financiera privada para inyectarla en la economía real con vistas a impulsar inversiones estratégicas y sostenibles a largo plazo en toda la Unión;

J.  Considerando que en la actualidad existe un creciente número de instrumentos financieros concebidos y promovidos por el BEI, desde las colaboraciones público-privadas hasta la titulización; que dichos instrumentos pueden conllevar un riesgo de socialización de pérdidas y privatización de beneficios;

K.  Considerando que la financiación de operaciones del BEI fuera de la Unión apoya principalmente los objetivos de la política exterior de la Unión, al tiempo que refuerza la visibilidad y los valores de la Unión y contribuye a mantener la estabilidad de terceros países;

L.  Considerando que debería prestarse una atención continua al desarrollo de mejores prácticas en relación con la política de resultados y la gestión del BEI, así como a la buena gobernanza y la transparencia;

M.  Considerando que el BEI debe mantener la calificación de triple A como un activo fundamental de su modelo empresarial y una cartera de activos robusta y de alta calidad, con unos proyectos de inversión sólidos en la aplicación del FEIE;

N.  Considerando que el BEI todavía no ha tomado todas las medidas necesarias en respuesta a las recomendaciones y los llamamientos del Parlamento en sus resoluciones sobre los informes anuales del BEI de años anteriores;

Reforzar la sostenibilidad de la política de inversión del FEI

1.  Observa que en 2015 se firmaron operaciones por valor de 77 500 millones EUR (frente a 77 000 millones en 2014), de los cuales 69 700 millones fueron a los Estados miembros y 7 800 millones a países terceros;

2.  Acoge con satisfacción los informes anuales del BEI para el ejercicio 2015 y los logros que se presentan en ellos, así como los esfuerzos realizados para mejorar la presentación e información acerca de la contribución (o la adicionalidad) y los resultados del BEI;

3.  Recuerda la petición del Parlamento para que presente un informe anual más completo y armonizado que permita una visión y evaluación cualitativas mejoradas de todas las actividades y prioridades de préstamo del BEI; inste en que el BEI precise y aumente aún más la información sobre las repercusiones económicas, sociales y medioambientales previstas y sobre el valor añadido de sus operaciones en los Estados miembros y fuera de la Unión;

4.  Destaca que todas las actividades financiadas por el BEI deben formar parte de la estrategia general y los ámbitos de actuación prioritarios de la Unión definidos en la Estrategia Europa 2020, el Mecanismo de Crecimiento y Empleo y el Pacto por el Crecimiento y el Empleo, y ser coherente con ellos, teniendo en cuenta al mismo tiempo los criterios de eficiencia económica y financiera en la selección de proyectos, a fin de garantizar la aplicación coherente de la política de la Unión;

5.  Subraya la necesidad de presentar resultados concretos y concisos sobre la contribución de las inversiones exteriores del BEI a la consecución de las prioridades de la Unión y el desarrollo de capacidades en las regiones;

6.  Alienta encarecidamente al BEI a que redoble sus esfuerzos por superar las deficiencias sectoriales, de mercado y de inversión, y a que invierta en proyectos y operaciones que tengan un valor añadido real para lograr una mayor cohesión económica, social y territorial de la Unión, un entorno de inversión más sólido, más empleo y la vuelta al crecimiento sostenible en toda la Unión;

7.  Recuerda que el apoyo de la recuperación económica, el crecimiento sostenible y una mayor cohesión es un objetivo global, y que el BEI debe anticipar mejor los retos estructurales, en particular los relacionados con la reindustrialización de Europa y con la economía digital y basada en el conocimiento, a fin de generar nuevas oportunidades económicas y propiciar la innovación, el desarrollo de una economía circular y un mejor uso de las energías renovables, de acuerdo con los objetivos de las políticas medioambiental, climática o energética; subraya que el proceso de reindustrialización debe llevarse a cabo teniendo en cuenta, por un lado, la necesidad de crear puestos de trabajo de gran calidad y, por otro, las distintas situaciones que caracterizan la economía europea, pero siempre respetando debidamente el medio ambiente y la salud de los trabajadores y los ciudadanos;

8.  Considera que el BEI debe prestar atención de forma sistemática a los efectos económicos, sociales y medioambientales a medio y largo plazo cuando determine las acciones de inversión y sus decisiones de financiación, en particular por lo que se refiere a los aspectos transfronterizos; considera necesario que el BEI invierta en grandes y pequeños proyectos de importancia sistémica a largo plazo que generen valor añadido a escala regional y de la Unión;

9.  Opina asimismo que, por principio, la solidez de los proyectos financiados no solo debe evaluarse en función de su importancia económica, sino que debe prestarse la misma atención a su sostenibilidad medioambiental y social, así como a su importancia política, transfronteriza y regional; recuerda que en las actividades de préstamo del BEI el principal principio rector debe seguir siendo la priorización de los proyectos con resultados claros y sostenibles y con incidencia en el crecimiento y el empleo;

10.  Reconoce que el BEI es un actor fundamental y necesario para revitalizar la economía, estimular el empleo, mejorar las cifras del crecimiento en los Estados miembros y maximizar la eficacia y la rentabilidad de los recursos financieros disponibles mediante la utilización de instrumentos reembolsables, en particular gracias al efecto multiplicador de los fondos de garantía y el apalancamiento;

11.  Considera que es preciso conseguir una estrategia de financiación de la Unión resiliente, sostenible y estable para acelerar la recuperación económica, potenciar el empleo y ayudar a determinados sectores económicos y determinadas regiones menos desarrolladas a recuperarse; recuerda la necesidad de centrarse en la inversión productiva que produce cambios, especialmente a largo plazo, y de reforzar el sector primario, la investigación, las infraestructuras y el empleo; considera que los proyectos deben seleccionarse en función de sus propios méritos, su potencial de generar valor añadido para la Unión en su conjunto y su adicionalidad efectiva, llegado el caso con un perfil de riesgo más elevado;

12.  Reitera, a este respecto, que debe facilitarse más información sobre la exacta naturaleza de cada uno de los proyectos financiados, directa o indirectamente, a través de las actividades de préstamo del BEI y, en particular, sobre su valor añadido y el impacto previsto en la economía de cada Estados miembro;

13.  Reitera la preocupación del Parlamento por la definición de una estrategia equilibrada con una distribución geográfica dinámica, equitativa y transparente de los proyectos y las inversiones entre los Estados miembros, teniendo en cuenta que se debe prestar especial atención a los países y regiones menos desarrollados; observa que el 73 % de todos los préstamos del BEI para 2015 (51 millones de euros) se concentra en seis Estados miembros, lo que indica que no todos los Estados miembros o regiones tienen la misma capacidad de aprovechar las oportunidades de inversión;

14.  Respalda las iniciativas del BEI destinadas a proporcionar asistencia técnica conjunta sobre el terreno a las autoridades de gestión y a los intermediarios financieros, incluidas formaciones específicas de fi-compass;

15.  Solicita al BEI que intensifique su política de comunicación hacia los posibles inversores privados y partes interesadas en lo que se refiere a las fuentes y los instrumentos de financiación disponibles, y hacia los ciudadanos sobre los resultados obtenidos;

16.  Pide al BEI y a la Comisión que incrementen la divulgación de las posibilidades de financiación ofrecidas, así como de sus actividades de apoyo y asesoramiento, que incrementen la financiación de proyectos de las autoridades locales y regionales y de las pymes, y que simplifiquen el acceso a la financiación del BEI y a la combinación de subvenciones con préstamos e instrumentos financieros; pide a la Comisión que apoye la elaboración de programas de formación destinados a los potenciales beneficiarios, atribuyendo una función más importante a las autoridades de gestión a la hora de proporcionar información, orientación y asesoramiento a los beneficiarios finales;

17.  Considera que es fundamental que el BEI mantenga su calificación crediticia de triple A, a fin de mantener su acceso a los mercados internacionales de capital en las mejores condiciones de préstamo y de incorporar las ventajas obtenidas a su estrategia de inversión y sus condiciones de préstamo; pide al BEI que desarrolle su cultura de riesgo con el fin de mejorar su eficacia, así como la complementariedad y las sinergias entre sus intervenciones y las diferentes políticas de la Unión;

18.  Muestra una gran preocupación por los costes y las tasas generalmente más altos de los fondos gestionados por el BEI/FEI que aplican instrumentos financieros de gestión compartida, según se ha señalado en las conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) en su Informe Especial 19/2016 sobre «Ejecución del presupuesto de la UE a través de los instrumentos financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 2007-2013», y anima al TCE a realizar una auditoría similar para el período actual;

Control del impacto del BEI en la aplicación de políticas públicas clave

19.  Toma nota del informe sobre los resultados y el impacto de las operaciones del BEI dentro de la Unión en 2015, basado en el método de evaluación de tres pilares a efectos de evaluar los resultados previstos, controlar los resultados actuales y medir el impacto de los cuatro objetivos principales de las políticas públicas, a saber, la innovación y las capacidades profesionales (22,7 % de las operaciones firmadas por el BEI en 2015, por importe de 15 800 millones EUR), la financiación de las pymes y las empresas de capitalización media (28,5 % de las operaciones firmadas, por importe de 19 800 millones EUR), infraestructuras (24,5 % y 17 100 millones EUR) y medio ambiente (24,3 % y 16 900 millones EUR); observa la inclusión de una serie de realizaciones y resultados de nuevas operaciones firmadas con el fin de ilustrar los resultados esperados, pero señala que no se recoge información sobre resultados actuales supervisados ni sobre los efectos conseguidos;

20.  Lamenta que en el Informe Anual de 2015 relativo a las operaciones del BEI dentro de la Unión no se recoja información sobre resultados previstos y alcanzados por las operaciones del Banco con respecto a sus dos objetivos estratégicos transversales, a saber, la acción por el clima y la cohesión, y muestra su preocupación por que en 2015 el BEI no alcanzase el nivel previsto del 30 % de inversiones para cohesión (25,2 % logrado dentro de la Unión) y que la cifra prevista para 2016 (27 %) también se sitúe por debajo del objetivo del 30 %; pide encarecidamente al BEI que reinstaure la cohesión económica, social y territorial como objetivo principal de las políticas públicas y que inicie un proceso de información explícito sobre su aplicación;

21.  Lamenta asimismo que la actualización de la metodología de tres pilares para adaptarla a los requisitos del Reglamento FEIE no haya dado lugar al alineamiento de la información del BEI sobre las operaciones dentro de la Unión con la información sobre las operaciones fuera de la Unión, ni tampoco a la inclusión de información analítica y exhaustiva sobre los resultados concretos alcanzados dentro de la Unión; pide que se divulgue más información de cada proyecto, facilitando el acceso público al método de evaluación de tres pilares (3PA) y a las fichas de evaluación y valoración de los proyectos del marco de medición de resultados;

22.  Subraya que una estrategia de inversión ambiciosa debe ir acompañada de instrumentos de control y notificación claros que garanticen la gestión de los resultados;

23.  Pide al BEI que ponga un énfasis continuo en la supervisión de sus resultados a través de las evaluaciones del rendimiento y la comprobación del impacto; anima al BEI a que siga definiendo sus indicadores de seguimiento, más específicamente los indicadores de adicionalidad, con el fin de evaluar el impacto tan pronto como sea posible en la fase de generación de los proyectos, y de proporcionar al Consejo de Administración información suficiente sobre el impacto previsto, especialmente en lo que se refiere a la contribución a las políticas de la Unión;

24.  Reconoce la complejidad de controlar una cartera y un número de proyectos en preparación cada vez mayores y de gestionar posteriormente todos los indicadores; anima al BEI a que redoble los esfuerzos para garantizar una supervisión adecuada;

25.  Insta al BEI a que sea más proactivo con respecto a los Estados miembros, a fin de facilitar el desarrollo de capacidades y servicios de asesoramiento directo a los beneficiarios para la elaboración de proyectos de inversión a gran escala, mediante la mejora de la cooperación con las autoridades nacionales o descentralizadas competentes y los bancos nacionales de fomento;

Sistemas de financiación para las pymes

26.  Recuerda que el BEI tiene responsabilidades de alcance mundial para garantizar el atractivo de la Unión en la escena internacional, fomentando un clima favorable a la inversión para las empresas;

27.  Reconoce que las pymes y las empresas de mediana capitalización son fundamentales para impulsar el empleo y el crecimiento de las economías de la Unión y de cada Estado miembro; respalda los esfuerzos del BEI destinados a intensificar su apoyo a las pymes de todo tipo (capital inicial, empresas emergentes, microempresas y empresas medianas, clústeres empresariales), centrándose en nuevos modelos de negocio con un elevado potencial de creación de oportunidades de empleo para los jóvenes; pide al BEI que, con este fin, realice los esfuerzos necesarios para garantizar la plena aplicación del programa Iniciativa PYME;

28.  Toma nota de que el apoyo del BEI a las pymes ascendió a aproximadamente el 36,6 % de su financiación en 2015, lo que provocó un efecto palanca de 39 700 millones EUR para la financiación de las pymes y el respaldo a 5 millones de empleos;

29.  Acoge con satisfacción los esfuerzos del FEI para hacer que la Iniciativa PYME funcione actualmente en seis países (España, Italia, Bulgaria, Finlandia, Rumanía y Malta), que deberían recibir 8 500 millones EUR de nuevos préstamos para pymes en condiciones favorables; pide a los Estados miembros que implanten la Iniciativa PYME en mayor escala, habida cuenta de su capacidad de reducir el riesgo para los intermediarios financieros; valora, por lo tanto, la propuesta de la Comisión de prorrogar la Iniciativa PYME hasta 2020; subraya, no obstante, que la Iniciativa PYME debe desempeñar un papel de más peso, puesto que la financiación de las pymes es crucial para promover el crecimiento y el empleo en la Unión, en particular en el período posterior a la crisis económica y financiera; pide al BEI que proceda al seguimiento y fortalecimiento del uso del instrumento de titulización; pide, además, mejoras en la política de comunicación del BEI y las condiciones administrativas de la Iniciativa PYME; pide al FEI que publique un informe en el que se detallen los éxitos y fracasos del programa;

30.  Celebra la puesta en marcha de nuevos instrumentos, acordados por el BEI y la Comisión, tales como el Instrumento de Financiación Privada para la Eficiencia Energética (PF4EE), la Iniciativa PYME y los instrumentos financieros de Empleo e Innovación Social (EaSI), que se prevé que contribuyan a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020; pone de relieve las actividades del FEI, en especial con respecto a los instrumentos financieros de COSME (Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas) e Innovfin, que en 2015 se beneficiaron del FEIE al duplicar el importe de los préstamos que garantiza;

31.  Pide al BEI que eleve su perfil de riesgo de intervención, especialmente en lo que atañe al apoyo a pymes que asumen riesgos o que operan en regiones económicamente desfavorecidas o menos estables; considera asimismo que el sector de las pymes y su acceso a la financiación es un objetivo recurrente y a largo plazo al que es necesario aspirar y que debe seguir potenciándose;

Innovación

32.  Apoya todos los incentivos a la innovación orientada al mercado, al desarrollo social y a la protección medioambiental, con el fin de mantener un crecimiento sostenible y el respeto de los recursos; apoya los incentivos que contribuyen a la ambición de la Unión de convertirse en una economía circular, digital y basada en el conocimiento y de mantener su competitividad;

33.  Toma nota de que el BEI ya financia inversiones en I+D de empresas de seguridad de la Unión que se refieren a tecnologías civiles y de doble uso; considera que, en lo relativo a las tecnologías de doble uso, el BEI debe facilitar apoyo fundamentalmente a las inversiones motivadas por su comercialización para usos civiles (son ejemplos de proyectos del BEI de este tipo las inversiones en I+D en suministros aeronáuticos y aeroespaciales, sistemas de radar, ciberseguridad y seguridad de la nube, microelectrónica y vacunas);

34.  Observa que los créditos destinados a proyectos innovadores en 2015 alcanzaron un importe récord de 18 700 millones EUR, y acoge favorablemente la mayor importancia que el BEI está otorgando a la inversión en innovación;

35.  Observa que, manteniendo su apoyo a las tecnologías civiles y de doble uso, el BEI puede aumentar su respaldo al sector de la seguridad de la Unión dentro del marco jurídico establecido, incluidas las operaciones que reciben apoyo del FEIE;

Infraestructuras

36.  Pide al BEI que siga respaldando la agenda de infraestructuras mediante el apoyo a proyectos eficientes de interés común en los sectores del transporte y la energía con recursos propios y utilizando Instrumentos Financieros de Deuda en el marco del Mecanismo «Conectar Europa», sin perder de vista su compatibilidad con los objetivos de las políticas medioambientales y climáticas y con el desarrollo regional; pide al BEI que desarrolle nuevos instrumentos financieros para la construcción de infraestructuras y obras en el marco de estrategias macrorregionales;

37.  Se congratula del nivel de financiación de los objetivos en materia de cohesión económica y social (17 634 millones EUR) y regeneración urbana y rural (5 467 millones EUR), y propone que se mantenga dicho nivel de financiación; considera que esa financiación es un complemento esencial de la política de cohesión y de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE); subraya la importancia de mantener un diálogo constante con las autoridades de gestión para establecer sinergias y complementariedad entre ambos instrumentos;

38.  Pide al BEI, a la Comisión y a las autoridades nacionales, regionales y locales que, junto con las instituciones y los bancos nacionales de fomento, intensifiquen su cooperación a fin de crear más sinergias entre los Fondos EIE y los préstamos e instrumentos de financiación del BEI, y también que reduzcan las cargas administrativas, simplifiquen los procedimientos, aumenten la capacidad administrativa, impulsen el desarrollo y la cohesión territoriales y mejoren la comprensión sobre la financiación de los Fondos EIE y del BEI; considera que apenas se dispone de información sobre la posibilidad de integrar las actividades de financiación del BEI en los programas y proyectos de la política de cohesión; pide al BEI que cumpla su función de institución pública y aspire a la mayor exigencia en materia de rendición de cuentas, transparencia y visibilidad para evitar toda ambigüedad; pide asimismo al BEI que desarrolle una política de comunicación sobre sus actividades, incluidas las de asesoramiento, de modo que puedan acceder a sus programas todas las formas de gobierno y todos los beneficiarios;

39.  Subraya que el incremento del uso de instrumentos financieros en la política de cohesión requiere una mayor participación del Parlamento Europeo a la hora de controlar las actividades del BEI, y también para permitir una mejor evaluación de las implicaciones y consecuencias de la actividad del BEI;

40.  Pide a los Estados miembros que hagan pleno uso de su asignación de los Fondos EIE y de la adicionalidad, complementando de ese modo los préstamos e instrumentos financieros del BEI; pide, por otra parte, que se combinen más y mejor las subvenciones con la financiación del BEI, a fin de aprovechar al máximo el efecto palanca de los Fondos EIE; pide al BEI que lidere este proceso, ya que tiene la experiencia y la responsabilidad ante los accionistas que le ayudarán a obtener un rendimiento de las inversiones;

41.  Pide al BEI que aumente la cuantía de la financiación destinada a la cohesión económica y social y a los objetivos en el ámbito urbano, sin dejar de apoyar a los sectores tradicionales e innovadores de la Unión; pide, además, que se desarrollen instrumentos financieros especiales para apoyar la ejecución de los planes de acción y las estrategias macrorregionales en cooperación con los Estados miembros;

Inversiones para el medio ambiente y el clima

42.  Anima al BEI a centrar su acción para el clima en la sostenibilidad de proyectos intersectoriales en el marco de los objetivos de la COP 21, y a apoyar la expansión de las energías renovables y la eficiencia en el uso de los recursos; señala que la financiación de las fuentes de energía renovables alcanzó los 3 400 millones EUR;

43.  Solicita al BEI que reevalúe su atención específica a los proyectos de infraestructura de gas, principalmente porque la demanda de gas en Europa está descendiendo al mismo tiempo que surgen nuevos planes a gran escala para construir nuevas conducciones y nuevas terminales para gas natural licuado (GNL); expresa su preocupación por la posibilidad de que las inversiones del BEI en infraestructuras de gas conduzcan a inversiones en activos obsoletos;

44.  Considera necesario seguir desarrollando un mercado de proyectos ecológicos sostenibles, favoreciendo ante todo la creación de una economía circular, en especial mediante un mercado de bonos ecológicos;

Contribución del BEI a la gestión de problemas mundiales

45.  Toma nota del aumento del mandato exterior, que pasa de los 10 000 a los 27 000 millones EUR, con un importe adicional opcional de 3 000 millones EUR; recuerda la necesidad de mantener en todo momento la coherencia de este mandato con los objetivos de la política exterior de la Unión, sobre todo en materia de respeto de los derechos civiles en los países que reciben financiación; reitera la petición del Parlamento al Tribunal de Cuentas para que elabore un informe especial sobre la conformidad de las intervenciones de préstamo exterior del BEI y su rendimiento con las políticas de la Unión;

46.  Celebra la rápida capacidad de adaptación del BEI a los desafíos internacionales; pide al BEI que mantenga su apoyo a las políticas exteriores de la Unión y a la respuesta de emergencia en relación con el desafío mundial que supone la migración, al tomar en consideración el aspecto del desarrollo y al promover la resiliencia económica;

Supervisión del valor añadido y la adicionalidad del FEIE

47.  Señala que el FEIE tiene por objeto movilizar a través del BEI un total de 315 000 millones EUR en inversiones adicionales y nuevos proyectos en la economía hasta 2018; observa que se han aprobado 97 proyectos de infraestructuras e innovación y 192 acuerdos de financiación de pymes, lo que representa una inversión total prevista de 115 700 millones EUR;

48.  Reconoce que la aplicación del FEIE ha modificado rápidamente el perfil y el modelo de negocio del BEI en cuanto a los procedimientos y a la supervisión de las firmas y los contratos;

49.  Observa que, con objeto de aprovechar plenamente la nueva capacidad de absorción de riesgos, el Grupo BEI está desarrollando nuevos productos que permiten asumir mayores riesgos (por ejemplo, deuda subordinada, participaciones en capital, riesgo compartido con los bancos) y ha revisado su política en materia de riesgo de crédito y los criterios de admisión a fin de lograr una mayor flexibilidad; reconoce que el BEI está aumentando su apoyo a las empresas innovadoras y a proyectos de infraestructura, con el apoyo del FEIE; señala que el BEI puede prestar apoyo a un mayor número de estos proyectos de riesgo sin apartarse de los principios de buena gestión;

50.  Recuerda que el objetivo del FEIE es detectar perfiles de proyectos distintos, realmente innovadores y más arriesgados con nuevas contrapartes del sector privado en comparación con otros instrumentos de financiación del BEI ya existentes, logrando al mismo tiempo un importante valor añadido europeo transfronterizo en la ejecución de los proyectos seleccionados y una contribución real a los actuales objetivos de las políticas comunes de la Unión;

51.  Reconoce que el FEIE es un instrumento basado en el mercado; recuerda, no obstante, que todos los Estados miembros deben desarrollar la capacidad adecuada para utilizarlo;

52.  Señala que debe aspirarse a la mayor cobertura geográfica posible en la implementación de la reserva de proyectos del FEIE en pos de los objetivos de cohesión y sostenibilidad; pide al BEI que corrija los actuales desequilibrios geográficos que se observan en el seno de la Unión y la concentración sectorial de la cartera del FEIE, especialmente en el marco para infraestructuras e innovación y el marco para pymes, mejorando sus actividades de asesoramiento para el desarrollo de proyectos en los Estados miembros y la asistencia técnica a través del Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI), considerando la posibilidad de ampliar el número de sectores que pueden optar a financiación del FEIE o adaptando mejor el tipo y el tamaño de los proyectos a las necesidades del mercado en los Estados miembros;

53.  Pide al BEI que examine detenidamente, en el proceso de selección, la adicionalidad real y las nuevas dinámicas junto a la magnitud del efecto multiplicador, que pueden variar de un proyecto a otro, en especial en ámbitos en los que ni el BEI ni el FEI han intervenido previamente, cuando existen deficiencias en el mercado o en situaciones de inversión subóptimas;

54.  Toma nota de que el apalancamiento varía entre los proyectos en función, principalmente, de su tamaño, complejidad y la correlación entre retos sectoriales importantes y las expectativas de los beneficiarios finales en un contexto de escasez de fondos públicos; considera que la hipótesis de un efecto palanca medio de x15 solo puede medirse al final del ciclo de inversión tomando en consideración las particularidades sectoriales; considera asimismo que para evaluar la eficacia de las intervenciones no solo debe tenerse en cuenta el potencial de los instrumentos financieros, sino también sus resultados cuantificables;

55.  Pide al BEI que preste especial atención al principio de adicionalidad y que facilite información cualitativa y pertinente sobre la gestión en relación con la implementación de los objetivos establecidos para el FEIE, mostrando su adicionalidad y efectos reales respecto a los valores de referencia, teniendo en cuenta además la ampliación del FEIE a partir de 2017;

56.  Considera importante para la movilización de capital del sector privado que el BEI alivie a los inversores de algunos de los riesgos que presentan los proyectos potenciales; invita asimismo al BEI a mejorar el atractivo y la visibilidad del FEIE en las directrices de inversión y los proyectos que se van a financiar mediante el desarrollo de una política más eficaz de sensibilización de los inversores privados potenciales;

57.  Observa que el FEIE (mediante el marco para pymes) es un instrumento importante para aportar financiación adicional a las pymes, en concreto, hasta 75 000 millones EUR del total de inversiones catalizadas por el FEIE en tres años, junto con la capacidad de préstamo del BEI y del FEI;

58.  Pide a la Comisión que, en el marco del FEIE, cree una plataforma de garantía europea permanente para facilitar el acceso de las pymes a la financiación y mejorar el desarrollo de garantías y productos de préstamo basados en garantías europeas;

59.  Pide al BEI que aproveche la oportunidad que representa el FEIE para aumentar la financiación de proyectos de energía renovable de menor escala, descentralizados, sin conexión con la red que impliquen a ciudadanos y comunidades con dificultades para obtener financiación de otras fuentes;

60.  Toma nota también del aumento de las actividades especiales del BEI en términos del volumen alcanzado en el primer año de aplicación del FEIE, lo que refleja un cambio en la cultura de prudencia en la gestión de riesgos y la política de créditos del BEI;

61.  Insiste, a efectos de rendición de cuentas, en que el comité de inversión evalúe periódicamente el desarrollo de las inversiones orientadas a los resultados a través de un cuadro de indicadores, con miras a identificar los proyectos que, por su contribución al crecimiento y al empleo, están cumpliendo sus objetivos, y a disponer de una visión objetiva de su adicionalidad, su valor añadido y su coherencia con otras políticas de la Unión u otras operaciones clásicas del BEI; pide al BEI que divulgue información sobre la puntuación recibida por los proyectos con la garantía del FEIE tras ser evaluados con arreglo al cuadro de indicadores del FEIE;

62.  Toma nota de que el BEI está dispuesto a debatir en el futuro con los servicios del Parlamento nuevos acuerdos que podrían contemplarse para que el diálogo entre ambas instituciones sea más estructurado y menos fragmentado; observa que el BEI y el Parlamento trabajan actualmente para lograr una rápida conclusión del acuerdo formal sobre el FEIE, en el que se establecen disposiciones para todos los intercambios de información, incluido el informe anual sobre el FEIE al Consejo y al Parlamento;

Reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y el control interno del BEI como requisito previo para la mejora de la gobernanza

63.  Considera que el refuerzo de las funciones económicas del BEI, el aumento de su capacidad de inversión y el uso del presupuesto de la Unión para garantizar las operaciones del BEI deben ir acompañados de una mayor transparencia y una rendición de cuentas de mayor calado, de modo que se garantice un auténtico control público de sus actividades, de la selección de proyectos y de las prioridades de financiación;

64.  Pide al BEI que actualice periódicamente el mapa de riesgos de sus actividades y que adapte su cultura de riesgo a su reciente modelo de negocio y al creciente volumen de su cartera en relación con la implementación de nuevos instrumentos con el FEIE, mecanismos, plataformas de inversión e instrumentos de distribución de riesgos; invita al BEI, también en este contexto, a que incluya en su mapa de riesgos las dimensiones no financieras, como el valor añadido social o medioambiental; celebra, en este contexto, la aplicación del marco de propensión al riesgo prudencial del BEI con el fin de reforzar el seguimiento de riesgos y supervisar el origen, la titularidad y la gestión de los riesgos; recuerda la necesidad de desarrollar un marco de control único y homogéneo;

65.  Acoge con satisfacción la elevada calidad de la cartera de préstamos del BEI, con un nivel de préstamos fallidos que representan el 0,3 % del total de préstamos del BEI, lo que confirma las políticas siempre prudentes de gestión de riesgos de esta institución y sustenta su sólida posición crediticia en los mercados financieros internacionales;

66.  Celebra que la política de transparencia del BEI se base en el principio de divulgación y en que cualquier persona pueda acceder a los documentos y a la información de dicha institución; recuerda su recomendación de que se publiquen en el sitio web del BEI documentos no confidenciales, como los planes operativos corporativos de años anteriores, los acuerdos interinstitucionales y los memorándums, y solicita al BEI que vaya más allá y que siga buscando constantemente maneras de mejorar y elevar el nivel de transparencia;

67.  Acoge con satisfacción el informe sobre la aplicación de la política de transparencia del Grupo BEI para 2015 y la próxima revisión de su política en materia de denuncia de irregularidades;

68.  Recuerda que la transparencia en la aplicación de las políticas de la Unión no solo implica el fortalecimiento de la responsabilidad corporativa y la credibilidad generales del BEI, con una visión clara del tipo de intermediarios financieros y beneficiarios finales, sino que también contribuye, junto a la tolerancia cero frente al fraude y la corrupción en su cartera de préstamos, a mejorar la eficacia y la sostenibilidad de los proyectos financiados; pide que el BEI se ajuste al nuevo sistema de alerta rápida y exclusión previsto por la Comisión;

69.  Observa con preocupación que el BEI, a pesar de triplicar la financiación concedida por el Banco Mundial, solo ha incluido a tres entidades en su lista negra, mientras que en la del Banco Mundial figuran 820 entidades; pide al BEI que, para corregir esta situación, se una a la red de bancos públicos que trabaja en las listas negras y en la que participan el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD);

70.  Reitera su petición de aumentar la transparencia de las intervenciones del BEI cuando opera con intermediarios financieros y beneficiarios a fin de evitar trabajar con contrapartes con un historial negativo, que figuran en listas negras o con posibles vínculos con territorios no cooperadores, actividades extraterritoriales o la delincuencia organizada; considera que utilizar criterios de selección de intermediarios financieros y disponer de información actualizada sobre la propiedad efectiva de las empresas, incluidos fondos fiduciarios, fundaciones y paraísos fiscales, constituyen mejores prácticas que es necesario seguir en todo momento; pide al BEI que siga fortaleciendo sus condiciones contractuales mediante la integración de una cláusula o una referencia a la buena gobernanza al objeto de mitigar los riesgos para su integridad y reputación;

71.  Propone que el BEI siga el ejemplo de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del grupo del Banco Mundial y empiece a divulgar información sobre los proyectos secundarios de alto riesgo que financia a través de bancos comerciales (los principales intermediarios y vehículos financieros utilizados por el BEI para financiar a las pymes);

72.  Acoge con satisfacción las reuniones periódicas con la sociedad civil, así como las consultas públicas sobre el desarrollo de las políticas del BEI;

73.  Pide que se garantice un nivel cada vez más elevado de transparencia en la política de divulgación del BEI en lo relativo a sus órganos de gobierno, en especial mediante la publicación de las actas de las reuniones del Consejo de Administración del BEI y del FEI y del comité de inversión del FEIE, y en lo relativo a los proyectos de interés público que reciben la garantía del presupuesto de la Unión y que afectan a sus ciudadanos y territorios; considera que la publicación del cuadro de indicadores es una buena práctica para cualquier operación y para las evaluaciones de impacto ambiental y social en el ámbito de los proyectos o subproyectos;

74.  Reitera la petición de que se haga pública y fácilmente accesible la información relativa al sistema de contratación y subcontratación y de que, en cualquier caso, se garantice el acceso del Parlamento a la información y la documentación financieras correspondientes;

75.  Acoge con satisfacción el enfoque proactivo adoptado por la Defensora del Pueblo Europea al analizar el BEI; muestra su gran preocupación por las deficiencias detectadas en los mecanismos existentes del BEI para evitar posibles conflictos de intereses en sus órganos de gobierno; pide al BEI en este contexto que, para prevenir mejor los conflictos de intereses en sus órganos de gobierno y resolver los posibles casos de «puertas giratorias», tenga en cuenta las recomendaciones de la Defensora del Pueblo Europea y revise su código de conducta a la mayor brevedad;

76.  Considera que los vicepresidentes del BEI deberían dejar de encargarse de proyectos en sus países de origen, dado que existe un claro potencial de conflicto de intereses y que solo una minoría de los Estados miembros tienen su propio vicepresidente;

77.  Acoge con satisfacción la revisión de las normas de la oficina del mecanismo de reclamaciones, así como la renovación del memorando de acuerdo entre el Defensor del Pueblo y el BEI; solicita aclaraciones al BEI acerca del retraso en el inicio de la consulta pública sobre la revisión de las políticas y los procedimientos de su mecanismo de reclamaciones; señala que este proceso de revisión ofrece la oportunidad de seguir mejorando la independencia y la eficiencia del mecanismo de reclamaciones, también al objeto de establecer un mecanismo de flujo de información sistemático y directo entre dicha oficina y los miembros de Consejo de Administración; recalca que el equipo directivo del BEI debería informar anualmente al Defensor del Pueblo Europeo y al Parlamento sobre la incorporación de las recomendaciones de sus mecanismos de reclamaciones a las políticas y prácticas del banco; recalca asimismo que el responsable de la oficina del mecanismo de reclamaciones debería presentar al Parlamento Europeo una vez al año su informe de actividad y su evaluación del cumplimiento de las recomendaciones de la oficina;

78.  Pide al BEI que ponga todo su empeño en luchar contra la evasión, el fraude y la elusión fiscales, contra las actividades irregulares y contra el blanqueo de capitales a través de su política en materia de territorios no transparentes y no cooperadores, y de su marco para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (ALD/LFT);

79.  Pide asimismo al BEI que mantenga la cooperación regular con otras entidades financieras internacionales mediante el intercambio de información sobre los resultados de sus auditorías en materia de diligencia debida corporativa y fiscal y de su proceso de revisión denominado «conocimiento del cliente», y que informe anualmente al Parlamento Europeo y a la opinión pública sobre la aplicación su política sobre países y territorios no cooperadores;

80.  Considera que la supervisión prudencial externa del BEI debe ser objeto de un análisis minucioso, tal como afirmó el Parlamento en sus resoluciones anteriores;

81.  Toma nota de la celebración de un Acuerdo tripartito actualizado entre el BEI, la Comisión y el Tribunal de Cuentas en septiembre de 2016 y solicita al Tribunal de Cuentas que lleve a cabo auditorías de resultados de las operaciones del BEI en distintos sectores cuando estén relacionadas con el uso de los recursos presupuestarios de la Unión para evaluar su efectividad y eficiencia;

82.  Solicita a la Comisión que, a partir de 2018, presente anualmente durante el primer trimestre un informe de aplicación, desde el inicio del actual MFP, y de situación, incluidos los resultados conseguidos, sobre todos los instrumentos financieros gestionados e implementados por el Grupo del BEI que empleen recursos del presupuesto de la Unión, a fin de servir de referencia en el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria;

83.  Pide a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que en su informe anual incluya información sobre casos relacionados con el BEI;

Seguimiento de las recomendaciones del Parlamento

84.  Pide al BEI que informe sobre los progresos y el nivel de cumplimiento en relación con las recomendaciones anteriores formuladas por el Parlamento en sus resoluciones anuales, en especial en lo que atañe a los efectos de sus actividades de préstamo;

85.  Pide al BEI que revise su política para prevenir y evitar conductas prohibidas en las actividades del BEI, que debería consagrar la necesidad de que el BEI deje de financiar o aprobar más desembolsos sobre préstamos para proyectos sometidos a investigaciones por corrupción y fraude por parte de la OLAF o autoridades nacionales;

o
o   o

86.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Banco Europeo de Inversiones y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0201.
(2) DO C 346 de 21.9.2016, p. 77.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0200.
(4) DO L 280 de 27.10.2011, p. 1.
(5) DO L 135 de 8.5.2014, p. 1.
(6) DO L 204 de 31.7.2012, p. 1.
(7) DO L 169 de 1.7.2015, p. 1.


Programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017-2020 ***I
PDF 319kWORD 41k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1305/2013 (COM(2015)0701 – C8-0373/2015 – 2015/0263(COD))
P8_TA(2017)0139A8-0374/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0701),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 175 y el artículo 197, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0373/2015),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 16 de marzo de 2016(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 7 de abril de 2016(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 15 de febrero de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, la Comisión de Pesca y la Comisión de Cultura y Educación (A8-0374/2016),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de abril de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la creación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017 a 2020 y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 1305/2013

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/825.)

(1) DO C 177 de 18.5.2016, p. 47.
(2) DO C 240 de 1.7.2016, p. 49.


Año Europeo del Patrimonio Cultural ***I
PDF 246kWORD 41k
Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Año Europeo del Patrimonio Cultural (COM(2016)0543 – C8-0352/2016 – 2016/0259(COD))
P8_TA(2017)0140A8-0340/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0543),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 167 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión ha presentado su propuesta (C8-0352/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 12 de octubre de 2016(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 15 de febrero de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A8-0340/2016),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Aprueba la declaración común del Parlamento Europeo y del Consejo adjunta a la presente Resolución

3.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución

4.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de abril de 2017 con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Decisión (UE) 2017/864.)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

De conformidad con el artículo 9 de la Decisión, la dotación financiera para la puesta en práctica del Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018) asciende a 8 millones de euros. Se destinará 1 millón de euros, en el marco de los recursos existentes en el presupuesto de 2017, para financiar los preparativos del Año Europeo del Patrimonio Cultural. En lo que al presupuesto de 2018 se refiere, se reservarán 7 millones de euros para el Año Europeo del Patrimonio Cultural y aparecerán en una línea presupuestaria. De dicha cantidad, 3 millones de euros procederán de recursos previstos en la actualidad para el Programa Europa Creativa y 4 millones de euros serán objeto de una nueva definición de prioridades a partir de otros recursos existentes, sin recurrir a los márgenes existentes y sin perjuicio de las competencias de la autoridad presupuestaria.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN

La Comisión toma nota del acuerdo alcanzado por los colegisladores de consignar una dotación financiera de 8 millones de euros en el artículo 9 de la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018). La Comisión recuerda que es competencia de la autoridad presupuestaria la autorización del importe de los créditos en el presupuesto anual, de conformidad con el artículo 314 del TFUE.

(1) DO C 88 de 21.3.2017, p. 7.


Programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la auditoría ***I
PDF 241kWORD 43k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 258/2014 por el que se instituye un programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la auditoría durante el periodo 2014-2020 (COM(2016)0202 – C8-0145/2016 – 2016/0110(COD))
P8_TA(2017)0141A8-0291/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0202),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0145/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 25 de mayo de 2016(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 15 de marzo de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0291/2016),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de abril de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 258/2014 por el que se instituye un programa de la Unión destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la información financiera y la auditoría durante el período 2014-2020

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/827.)

(1) DO C 303 de 19.8.2016, p. 147.


Programa de la Unión para fomentar la participación de los consumidores en la formulación de políticas en el ámbito de los servicios financieros ***I
PDF 241kWORD 45k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un programa de la Unión para apoyar actividades específicas de fomento de la participación de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros en la formulación de políticas de la Unión en el ámbito de los servicios financieros durante el periodo 2017-2020 (COM(2016)0388 – C8-0220/2016 – 2016/0182(COD))
P8_TA(2017)0142A8-0008/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0388),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 169, apartado 2, letra b) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0220/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 19 de octubre de 2016(1)

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 15 de marzo de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A8-0008/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de abril de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un programa de la Unión para apoyar actividades específicas de fomento de la participación de los consumidores y otros usuarios finales de servicios financieros en la formulación de políticas de la Unión en el ámbito de los servicios financieros durante el periodo 2017-2020

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/826.)

(1) DO C 34 de 2.2.2017, p. 117.


Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Comisión Europea y agencias ejecutivas
PDF 658kWORD 131k
Decisión
Decisión
Decisión
Decisión
Decisión
Decisión
Decisión
Decisión
Resolución
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión (2016/2151(DEC))
P8_TA(2017)0143A8-0150/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(2),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio 2014 (COM(2016)0674) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2016)0338 y SWD(2016)0339),

–  Visto el informe de la Comisión de gestión anual y rendimiento del presupuesto de la UE para 2015 (COM(2016)0446),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2015 (COM(2016)0628) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2016)0322),

–  Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de las instituciones(3), y los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 (05876/2017 – C8-0037/2017),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0150/2017),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015(6);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales y a las entidades fiscalizadoras nacionales y regionales de los Estados miembros, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2015 (2016/2151(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(7),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(8),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural relativas al ejercicio 2015(9),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio 2014 (COM(2016)0674) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2016)0338 y SWD(2016)0339),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2015 (COM(2016)0628) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2016)0322),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural correspondientes al ejercicio 2015, acompañado de la respuesta de la Agencia(10),

–  Vista la declaración(11) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(12), y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(13), y en particular su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(14), y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/776/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural y se deroga la Decisión 2009/336/CE(15),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0150/2017),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015(16);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

3. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2015 (2016/2151(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(17),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(18),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas relativas al ejercicio 2015(19),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio 2014 (COM(2016)0674) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2016)0338 y SWD(2016)0339),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2015 (COM(2016)0628) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2016)0322),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas correspondientes al ejercicio 2015, acompañado de la respuesta de la Agencia(20),

–  Vista la declaración(21) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(22), y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(23), y en particular su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(24), y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/771/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se establece la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas y se derogan las Decisiones 2004/20/CE y 2007/372/CE(25),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0150/2017),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015(26);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

4. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación para el ejercicio 2015 (2016/2151(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(27),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(28),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación relativas al ejercicio 2015(29),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio 2014 (COM(2016)0674) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2016)0338 y SWD(2016)0339),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2015 (COM(2016)0628) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2016)0322),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación correspondientes al ejercicio 2015, acompañado de la respuesta de la Agencia(30),

–  Vista la declaración(31) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(32), y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(33), y en particular su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(34), y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/770/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación y se deroga la Decisión 2004/858/CE(35),

–  Vista la Decisión de ejecución 2014/927/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2013/770/UE con objeto de transformar la «Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación» en la «Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación»(36);

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0150/2017),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión de la directora de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015(37);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones a la directora de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

5. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2015 (2016/2151(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(38),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(39),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación relativas al ejercicio 2015(40),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio 2014 (COM(2016)0674) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2016)0338 y SWD(2016)0339),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2015 (COM(2016)0628) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2016)0322),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación correspondientes al ejercicio 2015, acompañado de la respuesta de la Agencia(41),

–  Vista la declaración(42) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(43), y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(44), y en particular su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(45), y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/779/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación y se deroga la Decisión 2008/37/CE(46),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0150/2017),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015(47);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

6. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2015 (2016/2151(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(48),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(49),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Investigación relativas al ejercicio 2015(50),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio 2014 (COM(2016)0674) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2016)0338 y SWD(2016)0339),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2015 (COM(2016)0628) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2016)0322),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Investigación correspondientes al ejercicio 2015, acompañado de la respuesta de la Agencia(51),

–  Vista la declaración(52) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(53), y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(54), y en particular su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(55), y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/778/UE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Investigación y se deroga la Decisión 2008/46/CE(56),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0150/2017),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva de Investigación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015(57);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva de Investigación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

7. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2015 (2016/2151(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(58),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(59),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes relativas al ejercicio 2015(60),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio 2014 (COM(2016)0674) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2016)0338 y SWD(2016)0339),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2015 (COM(2016)0628) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2016)0322),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes correspondientes al ejercicio 2015, acompañado de la respuesta de la Agencia(61),

–  Vista la declaración(62) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(63), y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(64), y en particular su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(65), y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/801/UE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes y se deroga la Decisión 2007/60/CE, modificada por la Decisión 2008/593/CE(66),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0150/2017),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015(67);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

8. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre el cierre de las cuentas del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión (2016/2151(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(68),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0269/2016)(69),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio 2014 (COM(2016)0674) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2016)0338 y SWD(2016)0339),

–  Visto el informe de la Comisión de gestión anual y rendimiento del presupuesto de la UE para 2015 (COM(2016)0446),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2015 (COM(2016)0628) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2016)0322),

–  Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de las instituciones(70), y los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

–  Vista la declaración(71) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 (05876/2017 – C8-0037/2017),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 (05874/2017 – C8-0038/2017),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(72), y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(73), y, en particular su artículo 14, apartados 2 y 3,

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0150/2017),

1.  Aprueba el cierre de las cuentas del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015(74);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales y a las entidades fiscalizadoras nacionales y regionales de los Estados miembros, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

9. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, que contiene las observaciones que forman parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y agencias ejecutivas (2016/2151(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión,

–  Vistas sus Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución de los presupuestos de las agencias ejecutivas para el ejercicio 2015,

–  Vistos los artículos 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.° 1605/2002(75) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») y el Reglamento Delegado (UE) n.º 1268/2012 de la Comisión, de 29 de octubre de 2012, sobre las normas de desarrollo del Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión(76) («Normas de desarrollo»),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0150/2017),

A.  Considerando que Europa se enfrenta a una crisis de confianza en sus instituciones y que cada una de las instituciones de la Unión debe aceptar su propia parte de responsabilidad por esta situación, la cual obliga al Parlamento a ser especialmente riguroso al examinar las cuentas de la Comisión;

B.  Considerando que las instituciones y los Estados miembros de la Unión deben mejorar su política de comunicación en el sentido de informar adecuadamente a los ciudadanos sobre los resultados alcanzados mediante el presupuesto de la Unión y de su valor añadido;

C.  Considerando que el Parlamento debe mostrarse firmemente comprometido con las preocupaciones de los ciudadanos de la Unión relativas a cómo se gasta el presupuesto de la Unión y a cómo protege la Unión sus intereses;

D.  Considerando que las instituciones de la Unión deben trabajar para crear un sistema presupuestario de la Unión que sea sólido y resiliente, pero también flexible tanto en períodos de estabilidad como en períodos difíciles;

E.  Considerando que la política de cohesión aporta un claro valor añadido, pues mejora la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión al ser una política fundamental de solidaridad y una fuente esencial de inversión pública;

F.  Considerando que las instituciones de la Unión han de tener una visión clara y consensuada de qué prioridades políticas y bienes públicos de la Unión deben financiarse en primer lugar para responder a las preocupaciones de nuestros ciudadanos y colmar las lagunas de nuestras políticas;

G.  Considerando que el gasto de la Unión, aunque no represente más que el 1 % de la RNB de la Unión, es un instrumento importante para la consecución de los objetivos de las políticas europeas, que se sirve del valor añadido europeo y representa, por término medio, el 1,9 % del gasto total de las administraciones públicas de los Estados miembros de la Unión;

H.  Considerando que, a pesar de que los porcentajes del presupuesto de la Unión correspondientes a a) la parte del gasto total agregado de los Estados miembros y b) elementos no contabilizados/malgastados/desperdiciados de ese presupuesto son reducidos, las sumas efectivas en cuestión son considerables y, por lo tanto, justifican un control exhaustivo;

I.  Considerando que, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión tiene la responsabilidad última en relación con la ejecución del presupuesto de la Unión, mientras que los Estados miembros están obligados a cooperar lealmente con la Comisión para garantizar que los créditos se utilizan de conformidad con el principio de buena gestión financiera;

J.  Considerando que, cuando el Parlamento aprueba la gestión de la Comisión, comprueba si los fondos se han utilizado correctamente o no y si se han alcanzado o no los objetivos de las políticas;

Presupuesto, períodos de programación y prioridades políticas

1.  Observa que la duración de siete años del marco financiero plurianual actual no está sincronizada con los mandatos de cinco años del Parlamento y de la Comisión, y que de hecho provoca desfases también entre el presupuesto para el ejercicio financiero y la aprobación de la gestión de este; señala, por otra parte, que ni el ciclo de planificación estratégica de diez años ni la Estrategia Europa 2020 se ajustan tampoco al ciclo de siete años previsto para la gestión del presupuesto de la Unión; considera que este desfase es una de las causas de una importante deficiencia de la gobernanza política de la Unión, dado que el Parlamento y la Comisión están vinculados por acuerdos previos sobre objetivos políticos y finanzas, lo que podría hacer pensar que las elecciones europeas son irrelevantes en este contexto;

2.  Observa que en 2015 el presupuesto de la Unión debía apoyar la consecución de los objetivos de dos programas políticos a largo plazo, a saber:

   a) la Estrategia Europa 2020, por una parte, y
   b) las diez prioridades políticas establecidas por el presidente Juncker, por otra,

pero también tuvo que responder a varias situaciones de crisis: los refugiados, la inseguridad en Europa y sus países vecinos, la inestabilidad financiera en Grecia y el impacto económico del veto ruso a las exportaciones, además del prolongado impacto de la crisis financiera con sus secuelas estructurales de paro, pobreza y desigualdad;

3.  Observa que las políticas de la Unión pueden tener diferentes objetivos a corto, medio y largo plazo, cuya realización no puede por consiguiente ser determinada por un único marco financiero plurianual; considera que sería conveniente reflexionar acerca de un nuevo equilibrio entre la definición de la agenda política, la ejecución de las políticas y los marcos financieros;

4.  Lamenta que el régimen presupuestario transitorio no ofrezca el sistema ideal para la transposición de las aspiraciones políticas y sociales en objetivos operativos útiles para los programas y planes de gasto;

5.  Señala que en 2020 se presentará la oportunidad de adecuar la estrategia y la elaboración de políticas a largo plazo al ciclo presupuestario, y recomienda que se no se deje pasar dicha oportunidad;

6.  Manifiesta su preocupación por que, según el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») (77), en 2015 el porcentaje del gasto del presupuesto de la Unión dedicado al clima fue solo del 17,3 %, y el promedio para el período 2014-2016 fue solo del 17,6 %, mientras que el objetivo a alcanzar era, al menos, el 20 % del gasto a lo largo de todo el período de financiación; resalta, por lo tanto, que según el Tribunal existe un grave riesgo de que no se alcance el objetivo del 20 % si no se realiza un esfuerzo mayor en la lucha contra el cambio climático;

7.  Señala, además, que el objetivo del 20 % del gasto relacionado con el clima se decidió antes del Acuerdo de París; está convencido de que deben realizarse más esfuerzos para hacer que el presupuesto de la Unión se destine aún más a la lucha contra el cambio climático; destaca, por otra parte, que la revisión del marco financiero plurianual brinda una excelente oportunidad para garantizar que se alcance el objetivo del 20 % del gasto en medidas relacionadas con el cambio climático y para prever un posible aumento de este umbral en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por la Unión en el marco de la COP21;

8.  Acoge favorablemente el concepto de la planificación presupuestaria basada en el rendimiento puesto en marcha por la Comisión; considera que el presupuesto de la Unión debería ser más eficiente y eficaz que nunca dada la escasez de recursos financieros; lamenta, sin embargo, que la Comisión se concentre más en las realizaciones que en los resultados;

Medidas que deben adoptarse

9.  Apoya la sugerencia formulada por el Tribunal en su Documento informativo, de 28 de octubre de 2016, sobre la revisión intermedia del marco financiero plurianual (puntos 39 y 40), en el que afirma que ha llegado la hora de que la Comisión explore otras opciones, como por ejemplo:

   un programa de presupuestación evolutiva con una planificación a cinco años vista, una o varias cláusulas de revisión por objetivos y políticas, y un programa de evaluación evolutivo;
   determinación de la duración de los programas y planes en función de las necesidades políticas y no de la duración del período de programación financiera; establecimiento de la obligación de los Estados miembros y la Comisión de presentar a) las necesidades debidamente justificadas de financiación de la Unión y b) los resultados que se pretenden alcanzar, antes de que se decida el gasto;

10.  Pide a la Comisión que incluya en el orden del día de la próxima reunión de expertos sobre un presupuesto centrado en los resultados las sugerencias formuladas por el Tribunal en los puntos 39 y 40 de su mencionado Documento informativo, de 28 de octubre de 2016, y en las recomendaciones del grupo de expertos de alto nivel sobre recursos propios con el fin de preparar la próxima conferencia de la iniciativa «Un presupuesto de la UE centrado en los resultados», en la que los ámbitos políticos en los que se debe utilizar el presupuesto de la Unión se debatirán antes de tomar decisiones sobre el marco financiero;

11.  Suscribe todas las recomendaciones que el Tribunal formula en su Informe Especial n.º 31/2016, en especial la relativa a que la Comisión debe explorar todas las oportunidades potenciales, incluidas la revisión intermedia del marco financiero plurianual y la revisión de ciertas bases jurídicas, para garantizar una verdadera orientación a la acción por el clima; pide al Tribunal que emita un informe de seguimiento sobre el gasto del presupuesto de la Unión relacionado con el clima antes de finales de 2018;

12.  Pide a la Comisión que aproveche más las oportunidades que presenta la reserva de eficacia dentro del marco jurídico existente, con el fin de crear un auténtico impulso financiero que mejore eficazmente la gestión financiera; solicita, además, un refuerzo de la reserva de eficacia como instrumento, mediante el aumento del componente vinculado a la eficacia en el próximo marco legislativo;

13.  Pide a la Comisión que oriente sus prioridades hacia la consecución de la Estrategia Europa 2020 utilizando los instrumentos del Semestre Europeo;

14.  Pide a la Comisión que esboce las prioridades políticas para el período financiero que da comienzo en 2021, y que presente el texto al Parlamento en una fase temprana;

15.  Lamenta que la Comisión no realizase una revisión completa de la Estrategia Europa 2020 con el fin de garantizar su ejecución en el marco de la «Agenda estratégica para la Unión en tiempos de cambio» adoptada por el Consejo Europeo en junio de 2014, como prevé esta agenda;

16.  Pide a la Comisión que tome en consideración el Acuerdo de París y que aumente inmediatamente el objetivo de gasto relacionado con el clima en el presupuesto de la Unión del 20 al 30 %;

17.  Pide a la Comisión que elabore los próximos presupuestos de la Unión con vistas a hacerlos más eficientes y eficaces y ajustarlos mejor a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, los objetivos climáticos de la Unión y los compromisos internacionales de la Unión;

Presupuestos alternativos

18.  Señala que muchos de los mecanismos financieros de apoyo a las políticas de la Unión no son financiados directamente por el presupuesto de la Unión ni se registran en su balance; observa que entre ellos se encuentran la Facilidad Europea de Estabilización Financiera, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Mecanismo Único de Resolución y el Fondo Europeo de Inversiones vinculado al Banco Europeo de Inversiones;

19.  Observa que otros mecanismos están parcialmente registrados en el balance de la Unión, como la financiación combinada y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas;

20.  Señala el recurso cada vez mayor a instrumentos financieros compuestos principalmente por préstamos, instrumentos de capital, garantías e instrumentos de riesgo compartido en gestión indirecta durante el período 2014-2020, y observa además que el Grupo del Banco Europeo de Inversiones gestionó prácticamente todos los instrumentos financieros en régimen de gestión indirecta; considera insuficiente la información disponible para evaluar lo que se ha conseguido con dichos instrumentos, sobre todo en lo tocante a su impacto social y medioambiental; subraya que los instrumentos financieros pueden complementar las subvenciones pero no deben reemplazarlas;

21.  Constata que, lamentablemente, el mayor recurso a esos instrumentos financieros, así como a los instrumentos financieros en gestión compartida (instrumentos de ingeniería financiera), presenta mayores riesgos no solo para que el presupuesto europeo siga siendo un instrumento creíble y suficiente tanto para los objetivos actuales como para los futuros, sino también para la rendición de cuentas y para la coordinación de las políticas y operaciones de la Unión; subraya que la potenciación del recurso a instrumentos financieros debe ir precedida de una evaluación general de sus resultados, logros y eficacia; remite a los Informes Especiales del Tribunal(78) en los que se afirmaba que los instrumentos financieros no funcionan como se esperaba, están sobredimensionados o no consiguen atraer capital privado;

22.  Advierte a la Comisión de que los instrumentos financieros o dispositivos de financiación no están necesariamente vinculados a los objetivos y metas políticos de la Unión y pueden financiar proyectos que no se corresponden con los compromisos de la Unión;

23.  Señala que el lanzamiento del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas ha repercutido en el retraso de la puesta en marcha del Mecanismo «Conectar Europa» y que incidirá también en la utilización de otros instrumentos financieros.

Medidas que deben adoptarse

24.  Insta a la Comisión a que proponga medidas para que los dispositivos de financiación de la Unión para la ejecución del presupuesto de la UE —que incluyen en la actualidad diferentes herramientas y combinaciones entre ellas, como por ejemplo programas, fondos estructurales y de inversión, fondos fiduciarios, fondos de inversiones estratégicas, fondos de garantía, facilidades, instrumentos financieros, instrumentos de ayuda macrofinanciera, etc.— sean más claros, simples y coherentes y estén mejor equipados para garantizar un grado suficiente de transparencia, rendición de cuentas, eficacia y comprensión por parte de la ciudadanía de las modalidades de financiación de las políticas de la Unión y qué ventajas aportan; lamenta que la propuesta de un nuevo Reglamento Financiero a partir de septiembre de 2016 no aborde estos problemas como debiera;

25.  Pide a la Comisión que revise la evaluación ex ante para el instrumento de deuda del Mecanismo «Conectar Europa» a la luz de la creación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y que presente además al Parlamento una evaluación del impacto de este Fondo en otros programas e instrumentos financieros de la Unión;

26.  Solicita al Tribunal que evalúe la contribución de los instrumentos financieros y dispositivos de financiación (enumerados en el apartado 13) a la Estrategia Europa 2020; pide a la Comisión que adopte todas las medidas pertinentes para garantizar que los instrumentos financieros y cualquier dispositivo de financiación son compatibles con la estrategia, los objetivos y los compromisos adoptados por la Unión;

27.  Celebra la intención del comisario Oettinger de reintegrar, a largo plazo, los diversos presupuestos alternativos en el marco del presupuesto de la Unión; considera que ello daría un importante espaldarazo a la rendición de cuentas democrática; está firmemente convencido de que este problema debe resolverse lo antes posible, pero a más tardar antes de que finalice el próximo período de programación financiera; pide a la Comisión que prepare una comunicación al respecto antes de noviembre de 2017;

Gestión presupuestaria y financiera

28.  Lamenta los importantes retrasos registrados en la utilización de los fondos estructurales en el período 2007-2013; observa que, a finales de 2015, seguía pendiente de pago el 10 % del total de los 446 200 millones EUR asignados a todos los programas operativos aprobados;

29.  Subraya que esta situación puede suponer de hecho un problema importante y mermar la eficacia de los fondos estructurales y de inversión europeos, ya que el importe que representa la contribución de la Unión no solicitada, junto con la cofinanciación exigida, sobrepasa en algunos Estados miembros el 15% del gasto total de las administraciones públicas, considerando los dos últimos períodos financieros 2007-2013 y 2014-2020;

30.  Observa con preocupación que en cinco Estados miembros (República Checa, Italia, España, Polonia y Rumanía) y principales beneficiarios se acumulaban más de la mitad de los créditos de compromiso no utilizados de los fondos estructurales que no dieron lugar a pagos en el período de programación 2007-2013, siendo atribuible el retraso a distintos motivos (falta de capacidad y asistencia administrativa, falta de recursos nacionales para cofinanciar operaciones europeas, retraso en la presentación de los programas regionales para el marco financiero plurianual 2014-2020 etc.);

31.  Señala que una novedad de este marco financiero plurianual es que los importes no utilizados situados por debajo del límite máximo de pagos y de compromisos aumentan automáticamente la flexibilidad de los ejercicios siguientes;

32.  Destaca que el nivel de compromisos en 2015 fue más elevado que el de los ejercicios anteriores y se ajustaba al límite global (el 97,7 % del importe disponible);

33.  Señala que, en 2015, las tres cuartas partes del gasto operativo se destinaron a regímenes que operan con arreglo a las normas del anterior MFP, a saber, subvenciones a los agricultores en 2014, proyectos de cohesión y proyectos de investigación del Séptimo Programa Marco, iniciado en 2007;

34.  Considera inaceptable que, a finales de 2015, los Estados miembros hubieran designado a menos del 20 % de las autoridades nacionales responsables de los fondos estructurales y de inversión europeos, con excepción del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, cuando dicha designación es un paso necesario para que las autoridades de los Estados miembros puedan presentar declaraciones de gastos a la Comisión; opina que las importantes novedades introducidas para el período 2014-2020 generan problemas administrativos a pesar de los esfuerzos de simplificación;

35.  Señala que las dificultades al completar los procedimientos de evaluación del cumplimiento en relación con el nuevo sistema de gestión y control, que generalmente se verifican al inicio del período de programación, son una causa importante de los retrasos en la absorción;

36.  Observa que la recesión económica mundial, que tiene un impacto directo en forma de medidas de restricción presupuestaria que se aplican a los presupuestos públicos y dificultades para obtener financiación interna, es también una causa principal de los retrasos en la absorción;

37.  Lamenta profundamente que, en consecuencia, exista el riesgo de que los retrasos en la ejecución presupuestaria para el período de programación 2014-2020 sean superiores a los del período 2007-2013; teme que el próximo marco financiero plurianual pueda iniciarse con un nivel sin precedentes de compromisos pendientes de liquidación, lo cual podría poner en peligro la gestión del presupuesto de la Unión durante los primeros años; espera que la Comisión haya sacado conclusiones al respecto para evitar que se produzcan retrasos similares en el futuro;

38.  Observa que, en marzo de 2015, la Comisión aprobó un plan de pagos en el que presentaba medidas a corto plazo para reducir el nivel de facturas pendientes de pago, pero señala que, si bien esas medidas tienen por objeto mejorar la gestión del flujo de tesorería a corto plazo, el elevado nivel de compromisos pendientes requiere una perspectiva a más largo plazo así como una evaluación en profundidad de las causas en origen (dificultades administrativas y operativas, restricciones macroeconómicas, etc.) con el fin de establecer una estrategia eficaz para evitarlas en el futuro;

39.  Subraya que la activación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea podría crear problemas respecto al modo en que se gestiona el presupuesto de la Unión, especialmente en relación con los pagos; señala la necesidad de tratar este elemento crucial en cualquier acuerdo de transición o definitivo con cualquier Estado miembro que se retire de la Unión;

Medidas que deben adoptarse

40.  Pide a la Comisión que adopte medidas para cumplir estrictamente las normas y los plazos en relación con los compromisos pendientes, entre las que figuren:

   i) el cierre y la liberación de créditos de los programas del período 2007-2013;
   ii) una utilización adecuada de la corrección neta del gasto en el ámbito de cohesión;
   iii) una reducción del efectivo en cuentas fiduciarias, y
   iv) la elaboración de planes y previsiones de pagos en los ámbitos en los que los compromisos pendientes sean significativos;

41.  Reitera que la Comisión debe fijar anualmente una previsión actualizada de flujo de tesorería a largo plazo que abarque un período de siete a diez años y que cubra los límites máximos presupuestarios, las necesidades en materia de pagos, las limitaciones de la capacidad y posibles liberaciones de créditos con el fin de ajustar mejor los fondos disponibles a las necesidades de pago;

42.  Pide a la Comisión que, en su gestión presupuestaria y financiera, tenga presentes las limitaciones de la capacidad y las condiciones socioeconómicas específicas en varios Estados miembros, dada la situación crítica en la que se encuentran algunos de ellos; le pide asimismo que utilice todos los instrumentos disponibles de asistencia técnica y el nuevo Programa de Apoyo a la Reforma Estructural para apoyar a estos Estados miembros, con el fin de evitar la infrautilización de los fondos y de aumentar las tasas de absorción, especialmente en el ámbito de los fondos estructurales y de inversión europeos;

43.  Reitera la necesidad de unas normas y procedimientos simplificados y claros, tanto a nivel nacional como de la Unión, con el fin de facilitar el acceso de los beneficiarios a los fondos de la Unión y garantizar una buena gestión de dichos fondos por parte de los servicios administrativos; cree que esta simplificación contribuirá a acelerar la asignación de fondos, aumentar el índice de absorción, incrementar la eficacia y la transparencia, disminuir los errores de aplicación y acortar los plazos de pago; considera que es preciso conseguir un equilibrio entre la simplificación y la estabilidad de las normas y los procedimientos; observa que, en cualquier caso, proporcionar información y directrices suficientes a los posibles solicitantes y beneficiarios es una condición necesaria para el éxito de la ejecución;

44.  Pide a la Comisión que se abstenga de realizar nuevos recortes a la asistencia técnica de la que dispone y que proponga un plan de acción para una absorción eficaz y puntual, con especial hincapié en aquellos Estados miembros y regiones que se están quedando atrás y tienen bajas tasas de absorción;

Instrumentos de ingeniería financiera

45.  Lamenta que, en el marco de la gestión compartida, hasta finales de 2015 solo se hubiera pagado el 75 %(79) de las contribuciones a los instrumentos de ingeniería financiera para el período de programación 2007-2013 a los beneficiarios finales (un 57 % a finales de 2014 y un 37 % a finales de 2012) y que la tesorería depositada en instrumentos de gestión indirecta siguiera siendo elevada (1 300 millones EUR en 2015, 1 300 millones EUR en 2014,1 400 millones EUR en 2013);

46.  Observa con preocupación que los importes no utilizados de los instrumentos financieros siguen siendo relativamente elevados, concentrándose el 80 % de ellos en cinco Estados miembros a finales de 2014 (de los cuales Italia constituía el 45 % del total); considera conveniente que la Comisión lleve a cabo una evaluación global de dichos instrumentos antes de finales de 2018, a fin de sopesar si deben prorrogarse al próximo período de programación financiera;

47.  Solicita que la Comisión recupere los saldos de efectivo no utilizados en los instrumentos financieros de gestión compartida y los fondos no utilizados en los instrumentos financieros de gestión indirecta de anteriores marcos financieros plurianuales cuyos períodos de subvencionabilidad hayan expirado.

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal

48.  Celebra que el Tribunal haya emitido una opinión favorable sobre la fiabilidad de las cuentas de 2015, tal como ha venido haciendo desde 2007, y que haya concluido que los ingresos estaban exentos de errores significativos en 2015; observa con satisfacción que los compromisos subyacentes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2015 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos;

49.  Lamenta profundamente que, por vigesimosegundo año consecutivo, los pagos estuvieran significativamente afectados por errores atribuibles a la eficacia solo parcial de los sistemas de supervisión y control;

50.  Lamenta que, a pesar de la mejora, el porcentaje de error más probable de los pagos sea del 3,8 %; recuerda que el porcentaje de error más probable para los pagos se estimó en un 4,4 % en el ejercicio 2014, en un 4,7 % en el ejercicio 2013, en un 4,8 % en el ejercicio 2012 y en un 3,9 % en el ejercicio 2011;

51.  Destaca que, si bien la situación ha mejorado en los últimos años, el porcentaje de error más probable se sigue situando muy por encima del límite de importancia relativa del 2 %; subraya que si la Comisión, las autoridades de los Estados miembros o los auditores independientes hubiesen utilizado toda la información de la que disponían, habrían podido evitar, o detectar y corregir, una proporción significativa de errores antes de que se efectuaran los pagos correspondientes; considera inaceptable que no se utilice la información de que se dispone para cometer menos errores; está firmemente convencido de que los Estados miembros desempeñan un papel crucial a este respecto; insta a los Estados miembros a que utilicen toda la información de la que disponen para prevenir, detectar y corregir cualquier error y actuar en consecuencia;

52.  Lamenta que, a raíz de un cambio en el marco jurídico de la política agrícola común en 2015, el Tribunal ya no incluya la condicionalidad en su verificación de las operaciones, lo cual dificulta la comparación con el ejercicio financiero anterior; señala que, en 2014, esos errores contribuyeron con 0,6 puntos porcentuales al nivel global de error estimado para la rúbrica 2 del marco financiero plurianual «Recursos naturales», mientras que entre 2011 y 2014 su contribución anual al nivel global de error estimado fue de 0,1 a 0,2 puntos porcentuales;

53.  Constata con preocupación que, si no se hubieran aplicado a los pagos auditados por el Tribunal las medidas correctoras adoptadas por los Estados miembros y la Comisión, el nivel global de error estimado habría sido del 4,3 % en vez del 3,8 %;

54.  Observa que el tipo de gestión tiene un impacto limitado en el nivel de error, ya que el Tribunal detecta prácticamente el mismo nivel de error estimado en los gastos en gestión compartida con los Estados miembros (un 4,0 %) que en los gastos gestionados directamente por la Comisión (3,9 %);

55.  Señala que el Tribunal detectó los niveles de error estimados más elevados en los gastos en las rúbricas «Cohesión económica, social y territorial» (con el 5,2%) y «Competitividad para el crecimiento y el empleo» (con el 4,4 %), mientras que los gastos en «Administración» presentaban el nivel de error estimado más bajo (con el 0,6%); subraya que, en general, los errores no constituyen fraude; recomienda que el Tribunal comience a elaborar un informe especial en el que examine y compare estos ámbitos con vistas a producir un documento conciso sobre «mejores prácticas»;

56.  Observa que los diferentes perfiles de riesgo de los regímenes de reembolso y de los regímenes de derechos tuvieron una gran influencia en el nivel de error en los distintos ámbitos de gasto; constata que el nivel de error es del 5,2% cuando la Unión reembolsa los costes admisibles de actividades subvencionables sobre la base de las declaraciones de gastos presentadas por los beneficiarios, mientras que es del 1,9% cuando, en lugar de reembolsarse los costes, los pagos se realizan si se cumplen determinadas condiciones; recomienda que el Tribunal examine y compare estos ámbitos con vistas a elaborar un informe especial sobre las mejores prácticas.

Informe de gestión anual y rendimiento: balance de la gestión e instrumentos de gobernanza interna de la Comisión

57.  Observa que, en comparación con la situación en 2014, el importe de los pagos en situación de riesgo, determinado por la Comisión en su informe de gestión anual y rendimiento del presupuesto de la UE para 2015 (COM(2016)0446), disminuyó alrededor de un 10 % debido principalmente a la reducción del importe en riesgo notificado en el ámbito de la agricultura;

58.  Destaca que la Comisión reconoce que el gasto está afectado por un nivel significativo de error, ya que, según su informe de gestión anual y rendimiento para 2015, el importe en situación de riesgo se sitúa entre 3 300 y 4 500 millones EUR, lo que representa entre el 2,3 % y el 3,1 % de los pagos; observa que la Comisión calcula que, en años venideros, detectará y corregirá errores por un importe situado entre 2 100 y 2 700 millones EUR;

59.  Conviene con el Tribunal en que la metodología de la Comisión para estimar el importe con riesgo de error ha mejorado a lo largo de los años, pero que las estimaciones de las distintas direcciones generales respecto del nivel de gasto irregular no se basan en una metodología coherente (véase el apartado 1.38 del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2015); recomienda que se regularice y normalice esta práctica tan pronto como sea posible;

60.  Observa que, pese a las mejoras introducidas, la Comisión no ha eliminado el riesgo de que se sobrevalore el impacto de las medidas correctoras;

61.  Señala, en particular, que, durante más de tres trimestres de 2015, las direcciones generales de la Comisión basaron su estimación del importe en riesgo en datos facilitados por las autoridades nacionales, cuando, según los informes anuales de actividad de las direcciones generales de la Comisión correspondientes, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI) y la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), la fiabilidad de los informes de control de los Estados miembros sigue siendo problemática, pese a que ha mejorado la comunicación de información por parte de los Estados miembros; considera inaceptable que los Estados miembros no cooperen de manera leal con la Comisión en lo que respecta a los informes de control y su fiabilidad;

62.  Subraya que la carga que supone el control para los usuarios finales disminuiría si se adoptase un enfoque de «auditoría única», según el cual una auditoría europea no se llevaría a cabo de manera separada, sino que se basaría en auditorías nacionales. Sin embargo, dicha línea de rendición de cuentas solo sería posible si las auditorías nacionales fuesen adecuadas y si la Comisión y los Estados miembros acordasen los principios y las interpretaciones; pide a la Comisión que se muestre proactiva a este respecto mediante la publicación de directrices;

63.  Considera que la aprobación de la gestión debería depender de la realización de las mejoras necesarias en gestión financiera a nivel de Estado miembro; señala que, en este contexto, el instrumento de las declaraciones nacionales podría ayudar a conseguir una mayor responsabilidad y apropiación a nivel nacional;

64.  Señala que debido a la especificidad de la programación plurianual y a la complejidad y acumulación de las reglas regionales, nacionales y de la Unión que se aplican al procedimiento presupuestario, y puesto que se pueden corregir los errores más de diez años después de que se hayan producido, resulta artificial basar el impacto estimado de las correcciones futuras en las correcciones registradas durante los seis últimos años;

65.  Subraya, en este contexto, que, si la Comisión confiara en la eficacia de su capacidad correctora, los directores generales no formularían ninguna reserva financiera en sus informes anuales de actividad;

66.  Señala que, según la Comisión(80), las correcciones financieras y recuperaciones aplicadas ascendieron a un total de 3 900 millones EUR; observa que el Tribunal las clasificó en tres categorías: 1 200 millones EUR en correcciones y recuperaciones en la fuente que se aplicaron antes de que la Comisión aceptara el gasto (en agricultura, cohesión y gestión directa/indirecta); 1 100 millones EUR en deducciones aplicadas por los Estados miembros una vez aceptados los gastos, sustituyendo importes no subvencionables por nuevos proyectos de cohesión; 1 600 millones EUR en correcciones netas (en agricultura y gestión directa/indirecta);

67.  Hace hincapié en que, cuando existe un riesgo elevado de irregularidad, la mejor práctica consiste en examinar el riesgo y cuantificar el nivel y el posible impacto; lamenta que en el informe de la Comisión a este respecto se preste una gran atención a la «capacidad correctora» en lugar de a la cuantificación y el análisis de la naturaleza de los errores que detecta, y a la adopción de medidas preventivas pertinentes para evitar tales errores; señala, en particular, que las comunicaciones de la Comisión sobre la protección del presupuesto de la Unión no ofrecen una estimación del nivel de irregularidad presente en las solicitudes de reembolso iniciales o aprobadas;

68.  Comparte la opinión expresada por el Tribunal en su Informe Especial n.º 27/2016 en el sentido de que la distinción introducida por la reforma Kinnock-Prodi entre «la responsabilidad política de los comisarios» y la responsabilidad operativa de sus directores generales significa que no siempre ha quedado claro si la «responsabilidad política» incluye la asunción de responsabilidades por la ejecución del presupuesto de las direcciones generales, o si es algo diferente (véase el punto 5 del resumen del Informe Especial n.º 27/2016 del Tribunal);

69.  Señala que el Colegio de Comisarios no asume responsabilidades por las cuentas anuales elaborando un prólogo o un informe del presidente o del comisario responsable del presupuesto, y que la Comisión no elabora una declaración anual sobre gobernanza ni sobre control interno, en consonancia con las mejores prácticas y las prácticas habituales en los Estados miembros;

Medidas que deben adoptarse

70.  Pide una vez más a la Comisión y a los Estados miembros que adopten procedimientos eficaces para confirmar el calendario, el origen y el importe de las medidas correctoras, y que presenten información que concilie en la medida de lo posible el ejercicio en que se efectúa el pago en cuestión, el ejercicio en que se detecta el error correspondiente y el ejercicio de presentación de las recuperaciones o de las correcciones financieras resultantes en las notas que acompañan a las cuentas;

71.  Pide de nuevo a la Comisión que presente cada año una verdadera «declaración de fiabilidad» única, basada en los informes anuales de actividad de los directores generales y que elabore sus propias estimaciones estadísticas del nivel de error; pide a la Comisión que evalúe por separado el importe de los fondos de la Unión que prevé recuperar como recuperaciones o correcciones financieras vinculadas al ejercicio 2015;

72.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis pormenorizado de los denominados «proyectos retrospectivos», es decir, la práctica de desplazar al programa operativo regional proyectos ya iniciados por las autoridades con otros recursos con vistas a completar o sustituir medidas o proyectos que presentan dificultades operativas o han resultado irregulares, y que dicho análisis incluya las evaluaciones ex ante, para comprobar que los proyectos de sustitución responden a los objetivos previstos;

73.  Pide a la Comisión que añada a sus estados financieros una declaración anual sobre gobernanza y control interno que incluya, en particular:

   una descripción de los instrumentos de gobernanza interna de la Comisión;
   una evaluación de las actividades con riesgo operativo y estratégico llevadas a cabo durante el ejercicio; y
   una declaración sobre la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo;

y que en su comunicación sobre la protección del presupuesto de la Unión ofrezca una estimación del nivel de irregularidad presente en las solicitudes de reembolso iniciales o aprobadas;

74.  Pide a los Estados miembros que proporcionen datos fiables a la Comisión, especialmente en lo relativo a los informes de control;

Reservas políticas

75.  Respalda las reservas formuladas en sus informes anuales de actividad por los directores generales de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO), la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE), la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (DG HOME), la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) y la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI); considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control establecidos en la Comisión y los Estados miembros no pueden ofrecer las garantías necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes;

76.  No ve motivo para que, al igual que en años anteriores, el director general de la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) haya vuelto a formular una reserva general respecto de todos los pagos y solicitudes de reembolso de costes en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación; pide a la Comisión que adopte por fin un enfoque más pertinente y basado en los riesgos y que recurra a reservas específicas cuando sea necesario.

Obtención de resultados a partir del presupuesto de la Unión

Informe de gestión anual y rendimiento: evaluación del rendimiento

77.  Señala que el informe de gestión anual y rendimiento para 2015 combina dos informes anteriores: el informe de evaluación elaborado de conformidad con el artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el informe de síntesis requerido por el artículo 66, apartado 9, del Reglamento Financiero;

78.  Celebra que el informe proporcione, para cada una de las líneas presupuestarias, información sobre los avances en la ejecución de los programas del marco financiero plurianual 2014-2020 y datos sobre los resultados de los programas del marco financiero plurianual 2007-2013, al tiempo que presenta los vínculos con la Estrategia Europa 2020;

79.  Lamenta que en el llamado «informe de evaluación» se confundan, por una parte, las descripciones de actividades con los resultados y, por otra parte, se pretenda evaluar el impacto de las políticas y hacer promesas para el futuro;

80.  Recuerda que los Estados miembros no están obligados a incluir indicadores comunes en sus programas, con excepción de la Iniciativa de Empleo Juvenil y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y que las evaluaciones basadas en resultados no forman parte de la fase de control inicial en los Estados miembros;

81.  Lamenta que, en lugar de simplificar sus instrumentos de gobernanza interna, la Comisión haya añadido un nuevo plan estratégico plurianual para cada servicio de la Comisión sobre la base de objetivos generales comunes que abarcan las diez prioridades políticas de la Comisión Juncker y que apoyan los objetivos de Europa 2020 y las obligaciones derivadas del Tratado;

82.  Reitera su petición de una concentración temática, como se recoge en su informe de aprobación de la gestión del presupuesto del año 2014; pide a la Comisión que estudie en qué medida la concentración temática podría contribuir a la simplificación y a una disminución de la carga normativa y de la carga que representan los controles;

83.  Pide a la Comisión que apruebe su informe de gestión anual y rendimiento a su debido tiempo, de manera que el Tribunal pueda tenerlo presente en su informe anual; insiste en que la información que se facilite en este informe ha de ser lo más objetiva posible y contener una evaluación global de los resultados alcanzados por la Comisión con sus políticas en el ejercicio precedente; pide a la Comisión que reflexione sobre la necesidad de definir un período de programación política a largo plazo, como la Estrategia Europa 2020, de diez años de duración;

84.  Llama la atención sobre la necesidad de que el proceso de establecer indicadores de rendimiento sea transparente y democrático e implique a todas las instituciones, socios e interesados de la Unión afectados, para que los indicadores sean adecuados para medir la ejecución del presupuesto de la Unión, así como para responder a las expectativas de los ciudadanos de la Unión;

Medidas que deben adoptarse

85.  Pide a la Comisión que en sus próximos informes de rendimiento evalúe mejor las realizaciones y resultados de cada política; pide a la Comisión que presente de manera clara y sintética la contribución de las políticas europeas a la consecución de los objetivos de la Unión y que evalúe sus contribuciones respectivas a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

Horizonte 2020

86.  Recuerda que Horizonte 2020 es un programa vasto y ambicioso cuyo objetivo general descansa sobre tres prioridades: la excelencia científica, el liderazgo industrial y los retos sociales;

87.  Observa que la Comisión Juncker aprobó diez prioridades políticas para el período 2014-2019, que no equivalen exactamente a las prioridades de la Estrategia Europa 2020; señala que ello da lugar a que el marco jurídico y la dotación presupuestaria de Horizonte 2020 sean reflejo de la estrategia Europa 2020, mientras que, a la hora de ejecutar Horizonte 2020, la Comisión ha reorientado desde 2014 sus mecanismos de planificación estratégica y gestión en función de las diez prioridades políticas;

88.  Lamenta que, hasta la fecha, la Comisión no haya definido la relación entre las dos series de prioridades, y pide a la Comisión que aclare estos vínculos;

89.  Subraya que un factor esencial para el éxito de Horizonte 2020 es que se produzcan sinergias y complementariedades eficaces entre los programas de investigación e innovación nacionales y europeos; observa que la Comisión tiene la intención de analizar el impacto y las sinergias entre Horizonte 2020 y los fondos estructurales y de inversión europeos en el contexto de la evaluación intermedia de Horizonte 2020;

90.  Toma nota de los dos ejemplos de complementariedades entre programas de investigación nacionales y de la Unión recogidos en el Informe Anual del Tribunal de 2015 y de que las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Bulgaria y Portugal consideraron que, aunque hay aspectos en que los programas de investigación europeos y nacionales son complementarios en sus países, también existen algunos problemas a escala nacional en lo tocante a los indicadores relacionados con Horizonte 2020 en el marco de planes de acción y estrategias nacionales y algunos problemas de coordinación e interacción entre todos los intervinientes de Horizonte 2020 a escala nacional(81); toma nota, además, de que Bulgaria fue el primer Estado miembro que utilizó de manera voluntaria el mecanismo de apoyo a las políticas de Horizonte 2020 y anima a la Comisión a seguir apoyando a los Estados miembros que necesitan modernizar sus sectores de investigación e innovación;

91.  Recuerda que el marco jurídico de Horizonte 2020 introduce varios elementos importantes para la gestión del rendimiento, como objetivos e indicadores clave de rendimiento; destaca que, globalmente, los objetivos e indicadores acordados representan una mejora real con respecto a programas marco anteriores;

92.  Señala la persistencia de algunas deficiencias en los indicadores de rendimiento utilizados en Horizonte 2020, como

   i) el equilibrio de los indicadores, que miden tan solo recursos o realizaciones en lugar de resultados e impactos(82),
   ii) la inexistencia de valores de referencia, y
   iii) la falta de ambición de los objetivos;

93.  Lamenta que el Tribunal constate que la Comisión no está utilizando los programas de trabajo de Horizonte 2020 y las convocatorias de propuestas relacionadas con ellos para reforzar la necesaria atención al rendimiento(83);

94.  Constata con satisfacción que, por lo que respecta a las propuestas y los acuerdos de subvención examinados por el Tribunal, se prestó suficiente atención al rendimiento en los objetivos, cuando así lo exigió la Comisión, al igual que ocurrió con el proceso de evaluación de esas propuestas;

95.  Lamenta que, en los distintos programas de trabajo que impulsan Horizonte 2020 y en las convocatorias de propuestas relacionadas, el recurso al concepto más amplio de «impacto esperado» en vez de «resultado previsto» agrave el riesgo de que la información facilitada para esta sección sea demasiado amplia y la evaluación del rendimiento de Horizonte 2020 sea difícil de agregar(84);

96.  Manifiesta su preocupación por que la Comisión no use siempre del mismo modo conceptos esenciales del rendimiento (como «realización», «efectos», «resultados» e «impacto»);

97.  Lamenta que el Tribunal haya constatado que la configuración actual no permite a la Comisión supervisar y notificar por separado el gasto y los resultados de investigación y desarrollo (I + D) y de innovación en el marco de Horizonte 2020; lamenta, además, que, aunque la contribución financiera de Horizonte 2020 en el marco de Europa 2020 está bien establecida en el proceso presupuestario a través de las fichas de programas publicadas, la Comisión aún no haya presentado un informe adecuado sobre la ejecución de Horizonte 2020 y su contribución a Europa 2020; pide a la Comisión que informe adecuadamente sobre la ejecución de Horizonte 2020 y su contribución a Europa 2020 a medida que disponga de los resultados del programa;

98.  Sugiere que debería otorgarse más importancia al papel de los puntos de contacto nacionales para poder proporcionar asistencia técnica de calidad in situ; considera que las evaluaciones anuales de resultados, las formaciones y el estímulo de los puntos de contacto nacionales eficaces aumentarán la tasa de éxito del programa Horizonte 2020;

Medidas que deben adoptarse

99.  Pide a la Comisión que presente, en sus futuros informes de rendimiento, la contribución de Horizonte 2020 a Europa 2020 de una manera clara y exhaustiva;

Planes de gestión e informes anuales de actividad de cuatro direcciones generales responsables del gasto en «Recursos naturales»

100.  Lamenta las observaciones del Tribunal según las cuales muchos de los objetivos utilizados en los planes de gestión y los informes anuales de actividad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI), la Dirección General de Acción por el Clima (DG CLIMA), la Dirección General de Medio Ambiente (DG ENVI) y la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) se tomaron directamente de textos estratégicos o legislativos y no eran lo suficientemente detallados para ser utilizados con fines de gestión y seguimiento.

Medidas que deben adoptarse

101.  Pide a la Comisión que:

   evalúe los resultados de los programas de trabajo plasmando los objetivos de alto nivel fijados en la legislación relativa a Horizonte 2020 en objetivos operativos en los programas de trabajo;
   aclare en mayor medida los vínculos entre la Estrategia Europa 2020 (2010-2020), el marco financiero plurianual (2014-2020) y las prioridades de la Comisión (2015-2019);
   vele por que en todas sus actividades se usen del mismo modo los términos «recursos», «realización», «resultado» e «impacto», en consonancia con sus directrices para la mejora de la legislación;
   tome medidas para garantizar el mismo salario a investigadores que realizan el mismo trabajo dentro del mismo proyecto;
   proporcione una lista, por nacionalidad, de todas las empresas con cotización en bolsa o de aquellas que tengan beneficios en su balance anual y que reciban fondos de Horizonte 2020.

Ingresos

102.  Celebra que los datos generales de la auditoría del Tribunal indiquen que los ingresos no están afectados por un nivel significativo de error y, en particular, que los sistemas examinados se consideren eficaces en los recursos propios basados en la RNB y el IVA, que los sistemas examinados se consideren en general eficaces en el caso de los recursos propios tradicionales, pese a que los controles internos clave de los Estados miembros visitados por el Tribunal se consideraron parcialmente eficaces, y que la verificación de las operaciones por el Tribunal no haya puesto de manifiesto errores;

103.  Recuerda que una reserva constituye un dispositivo que ofrece la posibilidad de mantener sujeto a corrección algún punto dudoso de los datos RNB presentados por un Estado miembro, y celebra que el Tribunal no detectara problemas graves en las reservas suprimidas analizadas en 2015;

104.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que, pese a los avances realizados para mejorar la fiabilidad de los datos RNB de Grecia, aún no se hayan suprimido las reservas; observa que se trata de la única reserva general que seguía pendiente a finales de 2015 y que se refería a los ejercicios 2008 y 2009;

105.  Observa que, por lo que respecta a los derechos de aduana, el Tribunal constata que la metodología utilizada para los controles efectuados para comprobar que los importadores respetan la reglamentación en materia de aranceles e importaciones (que incluyen auditorías de las inspecciones posteriores al despacho aduanero), la calidad y los resultados obtenidos difieren entre los distintos Estados miembros; señala que el Tribunal destacó la interrupción del período de caducidad de tres años en Francia para las notificaciones de deuda, práctica que difiere de las de otros Estados miembros y da lugar a un trato diferente de los operadores económicos en la Unión(85);

106.  Observa que, por lo que respecta a los recursos propios, a finales de 2015 la Comisión también tenía una lista de 325 puntos pendientes relacionados con el incumplimiento de las normas aduaneras de la Unión que se detectaron en el curso de las inspecciones en los Estados miembros;

107.  Señala que, por lo que respecta a las declaraciones de los derechos de aduana y las cotizaciones sobre el azúcar, el Tribunal detectó deficiencias en la gestión de los títulos de crédito (conocidos como «contabilidad B») en los Estados miembros, y que la Comisión detectó deficiencias similares en diecisiete de los veintidós Estados miembros visitados;

108.  Subraya que el Tribunal detectó riesgos en relación con el cobro de la deuda aduanera de empresas registradas fuera de la Unión o de ciudadanos de terceros países y que, en algunos casos, varios Estados miembros fueron incapaces de cobrar deudas de ciudadanos o empresas con sede en Bielorrusia, las Islas Vírgenes Británicas, Rusia, Suiza, Turquía y Ucrania;

109.  Destaca que el impacto de las importantes revisiones de los saldos RNB podría haber sido menor si hubiera existido una política de revisión común en la Unión que armonizase el calendario de las revisiones más importantes;

110.  Lamenta la persistencia de los aspectos estructurales y jurídicos responsables del incidente político que se produjo a finales de octubre de 2014 en relación con las contribuciones de algunos Estados miembros;

Medidas que deben adoptarse

111.  Pide a la Comisión que:

   adopte las medidas necesarias para armonizar entre los Estados miembros los plazos para la notificación de una deuda a los operadores económicos tras una auditoría de las inspecciones posteriores al despacho aduanero;
   garantice que los Estados miembros declaran correctamente los importes recaudados de los derechos de aduana en las declaraciones trimestrales y facilite directrices sobre qué asientos deben anotarse;
   facilite, en la medida de lo posible, el cobro de deudas aduaneras por los Estados miembros cuando los deudores no pertenecen a un Estado miembro de la Unión;
   mejore los controles de los cálculos de las contribuciones del Espacio Económico Europeo y de la Asociación Europea de Libre Comercio y el cálculo de los mecanismos de corrección; y
   cree los mecanismos necesarios para reducir el impacto de las revisiones de los métodos y de las fuentes presentados por los Estados miembros para la elaboración de su RNB;

Seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria de la Comisión para el ejercicio 2014(86)

112.  Señala que la Comisión aceptó emprender nuevas acciones sobre 88 peticiones formuladas por el Parlamento en su Resolución adjunta a la Decisión sobre la aprobación de la gestión presupuestaria de la Comisión para el ejercicio 2014;

113.  Observa que, según la Comisión, en el caso de 227 peticiones del Parlamento ya se habían tomado o estaban en curso las medidas solicitadas, y que, por razones relacionadas con el marco jurídico y presupuestario actual o con su papel institucional o sus prerrogativas, la Comisión no podía aceptar 35 peticiones del Parlamento Europeo;

114.  Lamenta que las respuestas de la Comisión sigan siendo vagas y ambiguas en algunos casos;

115.  Celebra la gestión de la Comisión para dar seguimiento a cinco de los seis compromisos principales;

116.  Insiste, no obstante, en que la Comisión debe impartir instrucciones a todas sus direcciones generales para que publiquen en sus informes anuales de actividad respectivos todas las recomendaciones específicas por país que hayan emitido en el contexto del Semestre Europeo (sexto compromiso);

117.  Pide a la Comisión que reconsidere su posición, en particular por lo que respecta a la fiabilidad de los datos transmitidos por los Estados miembros, la transparencia en lo tocante a los beneficiarios finales de los fondos de la Unión, la transparencia de las actividades del Comité de Ética, la lucha contra la corrupción y la reforma de las estructuras administrativas de las Escuelas Europeas;

118.  Condena firmemente que la Comisión no sienta la necesidad de seguir publicando el informe sobre la lucha contra la corrupción de la Unión; está convencido de que, independientemente de las intenciones de la Comisión en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción, esta cancelación de última hora envía el mensaje equivocado no solo a los Estados miembros sino también a los ciudadanos; reitera su opinión de que la corrupción sigue siendo un problema para la Unión y los Estados miembros, y de que, sin unas medidas contra la corrupción efectivas, merma el rendimiento económico, el Estado de Derecho y la credibilidad de las instituciones democráticas dentro de la Unión; pide a la Comisión que termine y publique el informe sobre la lucha contra la corrupción de 2016, que actúe de manera rápida y rigurosa para eliminar la corrupción en los Estados miembros y las instituciones de la Unión y que ordene una evaluación independiente de las normas contra la corrupción en las propias instituciones de la Unión;

119.  Reitera firmemente su petición a la Comisión de que desarrolle un sistema de indicadores rigurosos y criterios uniformes fácilmente aplicables tomando como base los requisitos establecidos en el Programa de Estocolmo para medir el nivel de corrupción en los Estados miembros y evaluar las políticas de lucha contra la corrupción de los Estados miembros; invita a la Comisión a desarrollar un índice de corrupción con el fin de clasificar a los Estados miembros; opina que este índice de corrupción podría proporcionar a la Comisión una base sólida sobre la cual establecer sus mecanismos de control específicos para cada país para controlar el gasto de los recursos de la Unión;

Competitividad para el crecimiento y el empleo

Estrategia Europa 2020

120.  Toma nota de que, a pesar de la reiterada tasa de error, así como los retrasos en su ejecución y cierre, en la evaluación ex post del Séptimo Programa Marco, realizada por un grupo de expertos de alto nivel(87), se considera que este programa ha sido un éxito; observa que el grupo de alto nivel subrayó, en particular, que el Séptimo Programa Marco:

   ha fomentado la excelencia científica a nivel individual e institucional;
   ha promovido una investigación pionera a través del nuevo programa «Ideas» (Consejo Europeo de Investigación);
   ha involucrado a la industria y a las pymes de forma estratégica;
   ha reforzado un nuevo modo de colaboración y un marco para la innovación abierta;
   ha fortalecido el Espacio Europeo de Investigación al promover una cultura de cooperación y construir redes globales adecuadas para afrontar desafíos temáticos;
   ha abordado determinados retos sociales a través de la investigación, la tecnología y la innovación con el programa «Cooperación»;
   ha fomentado la armonización de los sistemas y las políticas nacionales de investigación e innovación;
   ha estimulado la movilidad de los investigadores por Europa: el programa «Personas» ha creado las condiciones necesarias para un mercado laboral abierto para los investigadores;
   ha fomentado la inversión en infraestructuras de investigación europeas;
   ha alcanzado una masa crítica de investigación en el panorama europeo y en todo el mundo;

121.  Lamenta que durante la consulta pública de las partes interesadas, celebrada en el marco de la evaluación del Séptimo Programa Marco entre febrero y mayo de 2015, se señalaran las siguientes deficiencias:

   las elevadas cargas administrativas y las engorrosas normas jurídicas y financieras;
   el número excesivo de solicitudes;
   la atención insuficiente a las repercusiones sociales;
   el ámbito demasiado limitado de los temas y las convocatorias;
   la atención insuficiente a la participación de la industria;
   los altos umbrales para los nuevos participantes; la baja tasa media de éxito para propuestas y solicitantes, del 19 % y el 22 % respectivamente;
   la insuficiente comunicación;

122.  Lamenta profundamente que, con toda probabilidad, no se vaya a alcanzar el objetivo de invertir de aquí a 2020 el 3 % del producto interior bruto (PIB) de los Estados miembros en investigación; considera, por lo tanto, que deberían detenerse los recortes recurrentes en el presupuesto de la Unión en relación con los programas de investigación; pide a todos los Estados miembros que hagan frente a este desafío; pide asimismo a la Comisión que saque las conclusiones necesarias para una revisión intermedia del marco financiero plurianual y para el próximo marco financiero plurianual;

123.  Acoge con satisfacción los progresos realizados en el cumplimiento de los compromisos de la Unión por la Innovación: a mediados de 2014 se habían respetado o estaban en curso todos los compromisos;

124.  Celebra asimismo que la cuota de fondos de Horizonte 2020 asignados a las pequeñas y medianas empresas aumentara del 19,4 % en 2014 al 23,4 % en 2015, y recomienda que se impulse activamente esta tendencia;

125.  Considera inaceptable que la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) no haya respetado la petición del Parlamento de que las direcciones generales de la Comisión publiquen en sus informes anuales de actividad todas sus recomendaciones específicas por país; toma nota con preocupación de la limitada representatividad territorial de los 20 proyectos más importantes de Horizonte 2020.

Cuestiones generales

126.  Señala que en el capítulo 5 del Informe anual del Tribunal se examinan los pagos en los siguientes ámbitos: investigación (10 400 millones EUR), educación, formación, juventud y deporte (1 800 millones EUR), espacio (1 400 millones EUR), transporte (1 300 millones EUR), otros programas y acciones (1 100 millones EUR), energía (500 millones EUR) y competitividad de las empresas y pequeñas y medianas empresas (COSME) (300 millones EUR); observa, por tanto, que el 62 % del gasto se destina a la investigación;

127.  Toma nota de que la responsabilidad en lo relativo a la aplicación de los programas marco de investigación es compartida entre varias direcciones generales de la Comisión, agencias ejecutivas, empresas comunes y los llamados «organismos del artículo 185» (asociaciones con los Estados miembros), lo cual exige una estrecha coordinación;

128.  Aclara que la auditoría del Tribunal se centró casi exclusivamente en los pagos correspondientes al Séptimo Programa Marco;

129.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que en el informe anual de actividad de la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) se indique que a finales de 2015 aún no se habían finalizado 1 915 proyectos del Séptimo Programa Marco por valor de 1 630 millones EUR; observa que esta situación podría retrasar la aplicación de Horizonte 2020;

Sistemas de gestión y control

130.  Destaca que el Tribunal considera que los sistemas de control y supervisión para la investigación y otras políticas internas son «parcialmente eficaces»;

131.  Muestra su preocupación por el hecho de que, en 2015, 72 (el 48 %) de las 150 operaciones auditadas por el Tribunal estuvieran afectadas por errores; observa que, sobre la base de los 38 errores que cuantificó el Tribunal, este estima que el porcentaje de error es del 4,4 %; observa, además, que en 16 casos de errores cuantificables, la Comisión, las autoridades nacionales o los auditores independientes disponían de suficiente información para evitar o bien detectar y corregir los errores antes de aceptar los gastos; señala que, si se hubiera utilizado toda esta información para corregir los errores, el nivel estimado de error para este capítulo habría sido un 0,6 % más bajo;

132.  Lamenta que, en 10 de las 38 operaciones sujetas a errores cuantificados, el Tribunal comunicara errores superiores al 20 % de los elementos examinados; observa que estos diez casos (nueve del Séptimo Programa Marco de Investigación y uno del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 2007-2013) representan el 77 % del nivel estimado de error global para «Competitividad para el crecimiento y el empleo» en 2015;

133.  Lamenta que la mayoría de los errores cuantificados detectados por el Tribunal (33 de 38) consistieran en el reembolso de gastos indirectos y de personal no subvencionables declarados por los beneficiarios, y observa que casi todos los errores que el Tribunal detectó en las declaraciones de gastos se debían a la interpretación errónea de las complejas normas de subvencionabilidad por parte de los beneficiarios o al cálculo incorrecto de los gastos subvencionables, lo que lleva a la conclusión evidente de que es necesario simplificar estas normas;

134.  Celebra que, según el Tribunal, el cumplimiento de las normas de contratación pública mejorara significativamente;

135.  Se pregunta por qué, al igual que en años anteriores, el director general de la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) ha vuelto a emitir una reserva general respecto de todas las solicitudes de reembolso de costes en el marco del Séptimo Programa Marco (1 470 millones EUR); opina que, globalmente, las reservas generales no pueden considerarse un instrumento de buena gestión financiera; reconoce, sin embargo, que ciertas partes del gasto efectuado en el marco del Séptimo Programa Marco no estaban cubiertas por una reserva si se consideraba probado que los riesgos (y por tanto las tasas de error residuales) eran significativamente más bajos que para el conjunto de los gastos; señala que en investigación y desarrollo tecnológico, esto se aplica a los gastos de algunas empresas comunes; señala que fuera de la Dirección General de Investigación e Innovación, esto se aplica también al gasto de la Agencia Ejecutiva de Investigación en el marco del programa Marie Curie y al conjunto del gasto de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación;

136.  Manifiesta su sorpresa por el hecho de que el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología no participara en 2015 en el Centro Común de Apoyo para investigación e innovación;

137.  Muestra su preocupación por el hecho de que, tal como ha afirmado el comisario competente, el Séptimo Programa Marco no se habrá ejecutado y evaluado plenamente antes de 2020, lo que podría provocar retrasos en los futuros programas de seguimiento; insta a la Comisión a publicar el informe de evaluación tan pronto como sea posible y, a más tardar, antes de que presente el programa de investigación para después de Horizonte 2020.

Horizonte 2020

138.  Observa que, en el marco de Horizonte 2020, hasta finales de 2015 tan solo se efectuaron pagos de anticipos; advierte a la Comisión de que un inicio tardío de los proyectos de Horizonte 2020 podría retrasar la ejecución del programa; advierte de que no deben producirse retrasos financieros al final del programa;

139.  Manifiesta su preocupación por las conclusiones del Tribunal según las cuales, a pesar del desarrollo paralelo de programas plurianuales que establecen objetivos políticos, como Europa 2020 u Horizonte 2020, no existe un verdadero vínculo entre ellos(88);

140.  Lamenta, por otra parte, que el primer informe de seguimiento Horizonte 2020 contenga solo información muy limitada sobre los efectos de las sinergias entre el programa y los fondos estructurales(89); pide a la Comisión que informe sobre los efectos de las sinergias a medida que disponga de los resultados del programa;

141.  Muestra una profunda preocupación por el hecho de que, según el Tribunal(90), Horizonte 2020 no esté suficientemente orientado al rendimiento;

Medidas que deben adoptarse

142.  Reitera su petición, que ya hizo en la Resolución sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en el ejercicio 2014(91), de que la Comisión imparta instrucciones a todas las direcciones generales para que publiquen en sus respectivos informes anuales de actividad todas las recomendaciones específicas por país que hayan emitido en el contexto del Semestre Europeo;

143.  Pide a los Estados miembros que hagan un esfuerzo adicional con el fin de alcanzar el objetivo de invertir en investigación el 3 % del PIB; considera que ello impulsaría la excelencia y la innovación; en este sentido, pide a la Comisión que estudie la posibilidad de proponer un pacto por la ciencia a nivel local, regional y nacional, siguiendo la dinámica ya existente del «Pacto de los Alcaldes»; pide a los Estados miembros y al Parlamento que realicen un esfuerzo también a través del presupuesto de la Unión;

144.  Pide a la Comisión que revise el indicador de rendimiento clave «Resultados de la innovación en la Unión», dado que, como ha indicado la propia Comisión, la naturaleza compuesta del indicador no es adecuada para establecer objetivos(92).

145.  Insta a la Comisión a que siga especialmente los dieciséis casos de errores cuantificables en los que la Comisión, las autoridades nacionales o los auditores independientes disponían de suficiente información para evitar o bien detectar y corregir los errores antes de aceptar los gastos; pide asimismo a la Comisión que informe a su comisión competente de las medidas correctoras adoptadas antes de finales de octubre de 2017;

146.  Pide a la Comisión que informe detalladamente a su comisión competente de las diez transacciones que representaban el 77 % de los errores y de las medidas correctoras adoptadas;

147.  Pide a la Comisión que modernice su sistema de gestión y de control para que resulten superfluas las reservas generales; pide a la Comisión que informe a su comisión competente de las medidas adoptadas antes de noviembre de 2017;

148.  Pide a la Comisión que, junto con el Tribunal, aclare en mayor medida los vínculos entre la Estrategia Europa 2020 (2010-2020), el marco financiero plurianual (2014-2020) y las prioridades de la Comisión (2015-2019), por ejemplo a través del proceso de planificación y comunicación estratégicas (2016-2020); considera que ello contribuiría a reforzar los mecanismos de seguimiento e información y permitiría a la Comisión informar eficazmente sobre la contribución del presupuesto de la Unión a los objetivos de Europa 2020;

Varios

149.  Toma nota de la asignación exclusiva de subvenciones de funcionamiento con cargo a la línea presupuestaria 04 03 01 05 «Acciones de formación e información dirigidas a las organizaciones de trabajadores» a dos institutos sindicales específicos, el Instituto Sindical Europeo y el Centro Europeo para los Asuntos de los Trabajadores; recuerda a la Comisión que las subvenciones de funcionamiento y las colaboraciones marco deben tratarse esencialmente como subvenciones y, por lo tanto, ser objeto de procedimientos de licitación abiertos y públicos; expresa su preocupación general respecto a la justificación de tales prácticas de asignación sobre la base de la competencia técnica y el alto grado de especialización o las competencias administrativas de monopolios de facto u organismos (artículo 190, apartado 1, letras c) y f) de las normas de desarrollo); por estas razones, considera que en particular la asignación exclusiva y persistente de subvenciones de funcionamiento a estos organismos pueden conducir efectivamente a tales monopolios de hecho, a elevadas competencias, especializaciones y poderes, justificando ulteriormente la asignación exclusiva de subvenciones de funcionamiento sobre la base del artículo 190 de las normas de desarrollo;

150.  Recuerda a la Comisión, a este respecto, que las excepciones a las normas de transparencia y publicación, según se establece en los artículo 125 y siguientes del Reglamento Financiero, deben interpretarse y aplicarse de manera restrictiva; invita al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión a esforzarse por definir claramente tanto los plazos como el ámbito de aplicación de las excepciones a los principios de transparencia y publicación, con el objetivo explícito de restringir aún más su uso;

Medidas que deben adoptarse

151.  Solicita a la Comisión que aplique e interprete de manera restrictiva las excepciones a las normas de transparencia y publicación, según se establece en los artículos 125 y siguientes del Reglamento Financiero; solicita a la Comisión que defina tanto el plazo como el ámbito de aplicación para excepciones a los principios de transparencia y publicación, con el objetivo explícito de restringir aún más su uso.

Cohesión económica, social y territorial

Estrategia Europa 2020

152.  Toma nota de que, según la evaluación ex post del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)/Fondo de Cohesión (FC) 2007-2013(93), 1 EUR de inversión de la política de cohesión habrá generado 2,74 EUR de producto interior bruto (PIB) de aquí a 2023; celebra que los fondos estructurales y de cohesión se hayan invertido principalmente en innovación de pequeñas y medianas empresas (32 300 millones EUR), apoyo genérico a las empresas (21 400 millones EUR), investigación y desarrollo tecnológico (IDT), infraestructuras (17 500 millones EUR), transporte (82 200 millones de euros), energía (11 800 millones EUR), medio ambiente (41 900 millones EUR), cultura y turismo (12 200 millones EUR) y planificación urbana e infraestructuras sociales (28 800 millones EUR);

153.  Celebra que el FEDER y el FC pudieran contrarrestar en cierta medida los efectos de las crisis financieras de 2007-2008, e indica que sin la intervención de los fondos estructurales, la divergencia económica y social entre las regiones europeas habría sido aún mayor;

154.  Celebra los logros de la política de cohesión en relación con los objetivos de la Estrategia Europa 2020, recogidos en la evaluación ex post del período de programación 2007-2013:

   por el FEDER y el FC: objetivos 1 «Empleo» y 2 «I+D+i» - Se crearon 41 600 puestos de investigación y se apoyaron 400 000 pymes; objetivo 3 «Cambio climático y energía» - Se creó una capacidad productiva adicional de 3 900 MW de energía renovable;
   por el Fondo Social Europeo (FSE): objetivo 1 «Empleo» - al menos 9,4 millones de personas consiguieron empleo (de las cuales, más de 300 000 personas se convirtieron en autónomos); objetivo 4 «Educación» - al menos 8,7 millones de personas obtuvieron una cualificación/certificado;

155.  Observa, no obstante, que muy pocos programas atendieron a los resultados o el impacto mensurable, por lo que se sabe poco o nada de la sostenibilidad de las inversiones;

156.  Subraya, no obstante, que en 2015 muy pocos programas atendieron a los resultados o el impacto mensurable, por lo que insta a la Comisión a fijar y acordar a nivel interinstitucional la serie de indicadores necesarios para ejecutar el presupuesto basado en resultados; observa, no obstante, que en esta fase que se sabe poco o nada de la sostenibilidad y el valor añadido europeo de las inversiones;

157.  Lamenta no haber sido informado de las medidas que la Comisión solicitó a los Estados miembros que tomaran en el contexto del Semestre Europeo; pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo sobre las medidas tomadas por los Estados miembros en el marco del Semestre Europeo;

158.  Expresa su profunda inquietud al observar que el Tribunal señalaba retrasos en el inicio del período de programación 2014-2020 ya en su Informe Anual sobre 2014, y que, aun así, a finales de 2015 se había nombrado a menos del 20 % de las autoridades nacionales responsables de los fondos estructurales y de investigación europeos;

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo de Cohesión y Fondo Social Europeo: cuestiones generales

159.  Celebra que el Tribunal haya adaptado los capítulos de su Informe Anual a la rúbrica del marco financiero plurianual; opina, no obstante, que los fondos de esta rúbrica son de tal importancia financiera — FEDER 28 300 millones EUR, FC 1 040 millones EUR, FSE) 10 300 millones EUR— que la estrategia de auditoría debe mantener identificables el FEDER y el FC por un lado, y el FSE por el otro lado;

160.  Expresa su inquietud al observar que, especialmente hacia el final del período de programación, los Estados miembros se centraron en la absorción de los fondos disponibles en las dotaciones nacionales más que en la consecución de objetivos políticos; pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros con peores resultados mediante asistencia técnica, especialmente al final del período financiero;

161.  Espera con impaciencia que los dieciséis Estados miembros que aún no han transpuesto la Directiva relativa a la contratación pública(94), los diecinueve Estados miembros que aún no han transpuesto la Directiva relativa a la adjudicación de contratos de concesión(95) y los diecisiete Estados miembros que aún no han transpuesto la Directiva relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales(96) lo hagan con la mayor celeridad posible, pues estas directivas persiguen una mayor simplificación; pide a la Comisión que verifique los progresos en estos ámbitos;

162.  Destaca la importancia de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ): a finales de noviembre de 2015, cerca de 320 000 jóvenes habían participado en acciones apoyadas por la IEJ y 18 de 22 Estados miembros habían lanzado acciones en el marco de la IEJ; se había comprometido el 28 % de la financiación IEJ disponible, el 20 % se había confiado mediante contrato a beneficiarios y el 5 % se había pagado a beneficiarios; observa que tres Estados miembros aún no habían comprometido financiación a finales de noviembre de 2015 (España, Irlanda y el Reino Unido);

163.  Toma nota de los resultados preliminares de la aplicación del FSE y la IEJ en el período 2014-2015 y de que 2,7 millones de personas participaron en las actividades del FSE y la IEJ, entre ellas 1,6 millones de desempleados y 700 000 personas inactivas;

164.  Lamenta, al mismo tiempo, que un primer estudio(97) también parezca apuntar a la falta de eficacia de los servicios prestados y a deficiencias de la recogida de datos de ciertos Estados miembros.

Sistemas de gestión y control

165.  Señala que, en 2015, más del 80 % de los pagos estaba constituido por pagos intermedios a programas operativos del período de programación 2007-2013, cuyo período de subvencionabilidad finalizó el 31 de diciembre de 2015; indica que los pagos de anticipos del período de programación 2014-2020 ascendieron aproximadamente a 7 800 millones EUR;

166.  Manifiesta su preocupación por que en Italia se hayan registrado retrasos inaceptables en los pagos a los jóvenes en prácticas cubiertos por la Garantía Juvenil; pide a la Comisión que supervise la situación y elabore un plan de acción específico para los Estados miembros en los que se constata este problema;

167.  Constata que el Tribunal ha examinado 223 operaciones (120 operaciones afectaban al FEDER; 52, al FC, y 44, al FSE);

168.  Manifiesta su preocupación por que el Tribunal cuantificase el nivel estimado de error en el 5,2 % (2014: 5,7 %); expresa su alarma al observar que el Tribunal, como en ejercicios anteriores, ha tenido que concluir que «[e]n dieciocho casos de errores cuantificables cometidos por los beneficiarios, las autoridades nacionales disponían de suficiente información para prevenir o detectar y corregir los errores antes de declarar los gastos a la Comisión»; insta a los Estados miembros a que utilicen toda la información para prevenir, detectar y corregir los errores; insta a la Comisión a comprobar si los Estados miembros utilizan toda la información para prevenir, detectar o corregir los errores; recuerda que, según el Tribunal, «si toda esta información se hubiese utilizado, el nivel de error estimado para este capítulo habría sido 2,4 puntos porcentuales más bajo».(98)

169.  Toma nota de que, en el ámbito del gasto del FEDER/FC, el Tribunal ha identificado como riesgos principales para la regularidad que, por un lado, los beneficiarios declaren costes que no son subvencionables en virtud de las normas nacionales de subvencionabilidad o de las disposiciones sobre subvencionabilidad de los reglamentos de la Unión sobre fondos estructurales, menos numerosas y, por otro lado, el incumplimiento de las normas de contratación pública nacionales y europeas en la adjudicación de contratos; indica que la Comisión estima el riesgo de error en este ámbito político entre el 3 % y el 5,6 %;

170.  Toma nota de que, en el ámbito del gasto del FSE, el Tribunal ha identificado como riesgo principal para la regularidad el carácter intangible de las inversiones en capital humano y la participación de múltiples socios, a menudo a pequeña escala, en la ejecución de los proyectos; indica que la Comisión estima el riesgo de error en este ámbito político entre el 3 % y el 3,6%;

171.  Observa con pesar que una de las principales fuentes de error en el gasto para el conjunto de la rúbrica «Cohesión económica, social y territorial» sigue siendo la infracción de las normas sobre contratación pública; señala que entre las graves infracciones de las normas sobre contratación pública figuran la adjudicación directa injustificada de contratos, o de trabajos o servicios adicionales, la exclusión ilegal de licitadores, los casos de conflictos de intereses y los criterios de selección discriminatorios; considera fundamental una política de absoluta transparencia en cuanto a la información relativa a los contratistas y subcontratistas con vistas a abordar errores y abusos de las normas;

172.  Destaca que la simplificación, incluida la opción de costes simplificados, reduce el riesgo de error; señala, no obstante, que las autoridades de gestión se muestran reticentes ante la carga de trabajo adicional, las incertidumbres jurídicas y el riesgo de que las irregularidades puedan ser consideradas como errores sistémicos;

173.  Se congratula de que los informes de control anuales de los Estados miembros vayan siendo más fiables con el tiempo: indica que en solo 14 casos (FEDER/FC) ajustó al alza en más de un 2 % la tasa de error indicada por los Estados miembros;

174.  Lamenta que la Dirección General de Política Regional (DG REGIO) haya considerado necesario emitir 67 reservas (en el ejercicio anterior, 77) debido a la falta de fiabilidad de los sistemas de gestión y de control en trece Estados miembros, y una reserva relativa al programa transfronterizo Grecia-Antigua República Yugoslava de Macedonia del Instrumento de Preadhesión; indica que, de los 67 programas objeto de reservas, 22 corresponden a España; 10, a Hungría, y 7, a Grecia; señala que, entretanto, el impacto financiero estimado de estas reservas ha disminuido de 234 millones EUR en 2014 a 231 millones EUR en 2015 por lo que se refiere a FEDER/FC;

175.  Lamenta asimismo que la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL) haya emitido 23 reservas (en el ejercicio anterior, 36) debido a la falta de fiabilidad de los sistemas de gestión y de control en once Estados miembros; toma nota de que el impacto financiero estimado de estas reservas ha disminuido de 169,4 millones EUR en 2014 a 50,3 millones EUR en 2015 por lo que se refiere al FSE;

176.  Apoya los planes de la Comisión en el sentido de que mejorar las evaluaciones de impacto de los programas de la política de cohesión debería considerarse prioritario(99); pregunta a la Comisión de qué modo se incorporarán, en su caso, los resultados a actos legislativos en el próximo período de programación;

Instrumentos de ingeniería financiera

177.  Toma nota de que las autoridades de gestión de los Estados miembros notificaron un total de 1 025 instrumentos de ingeniería financiera (77 fondos de cartera y 975 fondos específicos) operativos a finales de 2015: un 89 % correspondiente a instrumentos de ingeniería financiera para empresas, un 7 % para proyectos de desarrollo urbano y un 4 % para fondos destinados a la eficiencia energética y fuentes de energías renovables.

178.  Es consciente de que estos instrumentos de ingeniería financiera se constituyeron en 25 Estados miembros (todos excepto Irlanda, Luxemburgo y Croacia) y recibieron ayuda financiera de 188 programas operativos, incluido un programa operativo de cooperación transfronteriza;

179.  Constata que el importe total de las contribuciones de los programas operativos pagado a los instrumentos de ingeniería financiera ascendió a 16 900 millones EUR, incluidos 11 700 millones EUR de los Fondos Estructurales (FEDER y FSE); constata asimismo que los pagos a beneficiarios finales ascendieron a 12 700 millones EUR a finales de 2015, de los que 8 600 millones EUR provenían de los Fondos Estructurales, de manera que la tasa de absorción de los importes de los programas operativos pagados a los instrumentos de ingeniería financiera ascendió a casi el 75 %;

180.  Señala que los receptores de Polonia, Hungría, Italia y Francia son los principales beneficiarios de los instrumentos de ingeniería financiera;

181.  Comparte el parecer del Tribunal de que la Comisión debe garantizar que todos los gastos relacionados con los instrumentos financieros del FEDER y del FSE para el período de programación 2007-2013 se incluyan con la suficiente antelación en las declaraciones de cierre a fin de facilitar los controles de las autoridades de auditoría; considera, considera, además, que la Comisión debería animar a todos los Estados miembros que emplean instrumentos de ingeniería financiera a llevar a cabo auditorías específicas de la aplicación de estos instrumentos con miras al cierre;

182.  Expresa su profunda inquietud al constatar que la complejidad financiera originada por más de 1 000 instrumentos de ingeniería financiera constituye una buena parte de las «galaxias presupuestarias» que hacen imposible la rendición de cuentas democrática;

Banco Europeo de Inversiones

183.  Muestra una gran preocupación por los costes y las tasas generalmente más altos de los fondos gestionados por el Banco Europeo de Inversiones/Fondo Europeo de Inversiones que aplican instrumentos financieros de gestión compartida que han sido revelados por los hallazgos del Tribunal en su Informe Especial n.° 19/2016 sobre «Ejecución del presupuesto de la UE a través de los instrumentos financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 2007-2013», y anima al Tribunal a realizar una auditoría similar para el período actual;

184.  Solicita a la Comisión que presente cada año, como muy tarde en junio, a partir de 2018, un informe sobre la ejecución desde el principio del actual marco financiero plurianual y la situación actual, incluidos los resultados conseguidos, de todos los instrumentos financieros gestionados y aplicados por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones, que maneja recursos del presupuesto de la Unión, a fin de utilizarlos en el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria;

Casos específicos

185.  Señala que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha iniciado una serie de investigaciones por presuntas irregularidades, como en Alemania, en relación con el Grupo Volkswagen sobre la base del escándalo de las emisiones, en Francia, en relación con el Frente Nacional y su presidenta, y sobre un proyecto en la República Checa conocido como «Nido de Cigüeña»; pide a la Comisión que informe a su comisión competente de inmediato una vez concluyan las investigaciones;

186.  Expresa su profunda inquietud al observar que, en Hungría, el Tribunal y la Dirección General de Política Regional (DG REGIO) han descubierto irregularidades graves en relación con la construcción de la línea 4 del metro de Budapest; indica que, sobre la base de una investigación administrativa de la OLAF iniciada en 2012 y que no ha podido concluir hasta hace poco debido a la complejidad del asunto, la Comisión podría tener que recuperar 228 millones EUR y el Banco Europeo de Inversiones podría tener que recuperar 55 millones EUR; señala que la mala gestión se descubrió en la fase de proyecto; indica que el informe de la OLAF recomienda también que se siga la vía judicial en Hungría y en el Reino Unido; pide a la Comisión que mantenga a su comisión competente regularmente informada de los progresos realizados y las medidas que se tomen;

187.  Deplora la adopción por el gobierno rumano de un decreto que puede haber impedido que se combata eficazmente la corrupción y que, además, puede haber permitido que se indulte a políticos implicados en actos ilegales; indica que estos nuevos actos legislativos podrían repercutir muy negativamente en el empeño de la Comisión de proteger los intereses financieros de la Unión, al ser Rumanía un importante receptor de fondos estructurales; pide a la Comisión que informe a su comisión competente de las medidas que tome para hacer frente a la situación;

Medidas que deben adoptarse

188.  Reitera su petición, formulada ya en la Resolución sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en el ejercicio 2014(100), de que la Comisión imparta instrucciones a todas las direcciones generales para que publiquen en sus respectivos informes anuales de actividad todas las recomendaciones específicas por país que hayan emitido en el contexto del Semestre Europeo;

189.  Pide al Tribunal que mantenga identificables por separado el FEDER y el FC, por un lado, y el FSE, por el otro lado en su estrategia de auditoría, dada su importancia financiera;

190.  Pide a la Comisión que:

   se asegure de que se refuerzan los sistemas de gestión y control en los 15 Estados miembros(101) que mostraron deficiencias y que informe por escrito al respecto a su comisión competente antes de octubre de 2017;
   aclare la distinción entre impuesto sobre el valor añadido recuperable y no recuperable;
   informe sobre el importe de las liberaciones de créditos (por países, fondos e importes) a la conclusión del período de financiación 2007-2013;
   proponga, en consonancia con la recomendación del Tribunal, actualizaciones necesarias de la concepción y el mecanismo de ejecución de los fondos estructurales y de inversión europeos, cuando presente su propuesta legislativa para el próximo período de programación, teniendo asimismo en cuenta las sugerencias del grupo de alto nivel sobre simplificación para reforzar la contribución de la política de cohesión al tratamiento de las desigualdades entre las regiones y los Estados miembros de la UE; pide a la Comisión que prepare una comunicación al respecto en una fase temprana;
   prevea para el próximo período de programación unos indicadores de rendimiento que sean más fáciles de gestionar y se puedan medir, pues el Parlamento atribuye la misma importancia a los controles de legalidad y regularidad, por un lado, y a los resultados, por otro lado;
   prevea plena transparencia y acceso a la documentación para las obras de infraestructura financiadas por la Unión, prestando especial atención a los datos relativos a los contratistas y subcontratistas;

191.  Apoya plenamente las declaraciones del comisario Oettinger en el sentido de que los instrumentos financieros y los «presupuestos alternativos» deben volver a la larga al ámbito del presupuesto de la Unión, pues esto significaría que la Comisión debe rendir cuentas al Parlamento Europeo; pide a la Comisión que prepare una comunicación al respecto antes de noviembre de 2017;

Política agrícola común

192.  Recuerda que los regímenes de ayudas directas introducidos en la reforma de la PAC de 2013 no entraron en vigor hasta el año de solicitud 2015 y que el presente informe se refiere al gasto del ejercicio 2015, que corresponde a las solicitudes de ayudas directas presentadas en 2014, último año de los antiguos regímenes de la PAC;

Cuestiones de cumplimiento

193.  Señala que el nivel de error estimado por el Tribunal se sitúa en el 2,9 % por lo que se refiere a la rúbrica 2 «Recursos naturales» del marco financiero plurianual en el ejercicio 2015; señala que este nivel es similar al de 2014 si se toma en consideración el cambio de enfoque del Tribunal en relación con los errores de condicionalidad, que ya no se incluyen en la tasa de error;

194.  Pide a la Comisión, en este sentido y con el fin de mejorar la responsabilidad y la rendición de cuentas por lo que respecta a los altos cargos, que estudie una aplicación más ágil y eficiente de la regla de movilidad interna de los directivos en los casos en que coincidan circunstancias de larga permanencia en el puesto, continuo alto nivel de error reseñado por el Tribunal y mantenimiento sostenido de una reserva sobre los resultados de la gestión de los servicios correspondientes;

195.  Señala que en el caso de «Medidas de mercado y ayudas directas», el porcentaje de error estimado por el Tribunal es del 2,2 %, ligeramente superior al umbral de materialidad del 2 % (el mismo nivel que en 2014), mientras que en «Desarrollo rural y otras políticas» el nivel de error estimado sigue siendo elevado, situándose en el 5,3 %, aunque es inferior al 6 % estimado en el pasado ejercicio;

196.  Destaca que los errores en el ámbito de las ayudas directas se deben prácticamente todos a la sobreestimación del número de hectáreas, a pesar de que la fiabilidad de los datos del sistema de identificación de parcelas agrícolas ha mejorado constantemente estos últimos años, e indica que en el ámbito del desarrollo rural, la mitad de los errores se debieron a la no subvencionabilidad del beneficiario o del proyecto, el 28%, a cuestiones de contratación, y el 8%, a violaciones de compromisos medioambientales;

197.  Lamenta profundamente que en estos dos ámbitos, las ayudas directas y el desarrollo rural, las autoridades nacionales habrían podido reducir el nivel de error a un nivel cercano o inferior a la materialidad(102), pues o bien disponían de información suficiente para detectar el error o bien lo cometieron ellas mismas; insta a los Estados miembros a que utilicen toda la información de la que disponen para prevenir, detectar y corregir cualquier error y actuar en consecuencia;

198.  Celebra que la Comisión haya reducido significativamente el número de procedimientos de conformidad abiertos: de 192 en 2014, a 35 en 2015, y que a raíz de cambios en la legislación dirigidos a simplificar el procedimiento, la Comisión supervise ahora el ciclo de auditoría más de cerca a fin de cumplir los plazos internos y externos;

Autoridades de gestión

199.  Lamenta que el Tribunal hallara deficiencias en algunas de las funciones clave de los organismos pagadores de los Estados miembros, y que afectaran a:

   a) en el caso del Fondo Europeo Agrícola de Garantía:
   El Sistema de Identificación de Parcelas, los controles administrativos;
   La calidad de las inspecciones sobre el terreno;
   La falta de coherencia en la definición de los parámetros para el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM); y
   Los procedimientos de recuperación de pagos indebidos;
   b) en el caso del desarrollo rural:
   Deficiencias en los controles administrativos relativos a las condiciones de subvencionabilidad, en particular las de contratación pública;
   c) en cuanto a la condicionalidad, a la fiabilidad de las estadísticas de control y el muestreo;

Fiabilidad de los datos comunicados por los Estados miembros

200.  Observa que, en 2015, se pidió por primera vez a los organismos de certificación que comprobaran la legalidad y regularidad del gasto; lamenta que la Comisión pudiese servirse del trabajo de estos organismos de certificación solo de manera muy limitada debido a insuficiencias significativas en la metodología y la aplicación, como:

   Estrategias de auditoría inadecuadas;
   Obtención de muestras excesivamente reducidas;
   Conocimientos técnicos y jurídicos insuficientes de los auditores de los organismos de certificación;

201.  Lamenta profundamente que siga habiendo un problema en cuanto a la fiabilidad de los datos comunicados por los Estados miembros:

   a) en Ayudas directas:
   La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural tuvo que hacer ajustes (financiaciones complementarias) en el caso de 12 de 69 organismos pagadores, con un porcentaje de error superior al 2 % (pero en ningún caso superior al 5 %), mientras que solo un organismo pagador había expresado reservas en su declaración;
   La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural ha emitido reservas respecto de 10 organismos pagadores: tres respecto de España, una para Bulgaria, Chipre, Francia, Italia (Calabria) y Rumanía, y una para España y Francia respecto del POSEI (Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad destinado a las regiones ultraperiféricas);
   b) en el ámbito rural:
   La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural tuvo que hacer ajustes (financiaciones complementarias) en el caso de 36 de 72 organismos pagadores, y en 14 casos el porcentaje de error ajustado fue superior al 5 %;
   La Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural ha emitido reservas respecto de 24 organismos pagadores de 18 Estados miembros: Austria, Bélgica, Bulgaria, la República Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia (4 organismos pagadores), Letonia, los Países Bajos, Portugal, Rumanía, Suecia, España (3 organismos pagadores) y el Reino Unido (2 organismos pagadores);
   Además, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural ha emitido reservas respecto de la contratación pública de 2 Estados miembros: Alemania y España;

202.  Destaca que respecto del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, los porcentajes de error establecidos por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural y el Tribunal divergen(103), mientras que respecto del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el porcentaje de error ajustado del 4,9 % es bastante acorde con la tasa de error estimada por el Tribunal;

Cuestiones de rendimiento

203.  Señala que en 2014 el Tribunal examinó cuestiones relativas al rendimiento de una serie de operaciones de desarrollo rural, y expresa su inquietud ante la falta de pruebas de que los costes fueran moderados en el 44 % de los proyectos y ante las deficiencias halladas en la orientación de las medidas y en la selección de proyectos, además de falta de conexión con los objetivos de Europa 2020; pide a la Comisión que tome todas las medidas pertinentes para poner remedio a esta preocupante situación;

Indicadores clave de rendimiento

204.  Expresa su inquietud acerca de la fiabilidad de los datos utilizados por la Comisión para medir el indicador clave de rendimiento n.º 1 definido por la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural respecto de la renta de los factores agrícolas; opina que la tendencia actual a la agricultura como actividad secundaria debido a los precios reducidos de las materias primas no se ha tenido debidamente en cuenta, y señala en particular que:

   a) la Comisión no puede facilitar datos precisos sobre los agricultores que abandonaron su actividad en 2015 debido a la crisis de la leche y la crisis de la carne de porcino porque no dispone de datos de fácil acceso sobre nuevos entrantes o sobre el número de agricultores que han abandonado el sector (preguntas escritas 1 y 3— audiencia del comisario Hogan de 29 de noviembre de 2016);
   b) 2013 es el último año respecto del que se dispone de datos sobre el número de explotaciones: 10 841 000 explotaciones agrícolas gestionadas en cada caso por un agricultor;
   c) el número de beneficiarios del primer pilar de la PAC en 2015 es de 7 246 694 agricultores de la Unión y 127 268 beneficiarios de ayuda en el marco de medidas de mercado;
   d) la renta de los factores agrícolas se calcula por «unidad de trabajo anual», que equivale al trabajo realizado por una persona activa en una explotación agrícola a tiempo completo, siendo el total de la fuerza de trabajo agrícola de en los 28 Estados miembros equivale a 9,5 millones de unidades de trabajo anual en 2013, de las que 8,7 millones (el 92 %) eran trabajadores regulares(104)(105);
   e) en su Informe Especial n°. 1/2016, el Tribunal concluye que el sistema de la Comisión para medir los resultados de la PAC en relación con la renta de los agricultores no está suficientemente bien diseñado y que la cantidad y la calidad de los datos estadísticos utilizados para analizar los ingresos de los agricultores presentan limitaciones importantes;

205.  Teme que la Comisión no esté bien equipada para facilitar datos exhaustivos cada año en lo referente al indicador clave de rendimiento n.º 1 ni, por consiguiente, para supervisar con precisión y plenamente la evolución de la renta de los agricultores;

206.  Considera que el indicador clave de rendimiento n.º 4 relativo a la tasa de empleo en desarrollo rural no es pertinente, ya que la tasa de empleo en desarrollo rural no solamente depende de las medidas de la PAC y porque el objetivo de mantener y crear puestos de trabajo en el mundo rural es común con muchos otros instrumentos, en particular con otros fondos estructurales y de inversión europeos;

Una PAC justa

207.  Pone de relieve las grandes diferencias entre Estados miembros en la renta media de los agricultores (106) y recuerda que el pasado año el Parlamento afirmó que consideraba «insostenible que [en] el 44,7 % de las explotaciones agrícolas de la UE [...] los ingresos anuales no lleguen a los 4 000 EUR; [...] de media, el 80 % de los beneficiarios de las ayudas directas de la CAP [reciban] el 20 % de los pagos, y [...] el 79 % de los beneficiarios de las ayudas directas de la CAP [reciban] anualmente 5 000 EUR o una cantidad inferior(107);

208.  Toma nota de que el director general de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural comunicó en una página del Informe anual de actividad de la Dirección General relativo a 2015 las tendencias de la distribución de los pagos directos, y destacó una vez más que los Estados miembros pueden decidir utilizar las opciones que les ofrece la reforma de la PAC de 2013 para redistribuir las subvenciones de la PAC;

209.  Considera que los pagos directos no desempeñan plenamente su papel como red de seguridad para estabilizar la renta agrícola, especialmente en el caso de las explotaciones más pequeñas, habida cuenta de que la actual distribución desequilibrada de los pagos da lugar a que el 20 % de las explotaciones de la Unión reciban el 80 % de los pagos directos, lo cual no refleja el nivel de producción y es un legado de los Estados miembros que siguen basando los pagos en criterios históricos, aun reconociendo que las dimensiones de las explotaciones, grandes o pequeñas, dependen de cada Estado miembro; opina que las explotaciones mayores no necesitan forzosamente el mismo grado de apoyo que las explotaciones pequeñas para la estabilización de la renta agrícola en épocas de volatilidad de los ingresos, pues pueden beneficiarse de economías de escala que pueden hacerlas más resilientes; considera que establecer límites máximos a los pagos directos, como propuso inicialmente la Comisión y suscribió el Parlamento Europeo, podría proporcionar recursos financieros suficientes para hacer más justa la PAC;

Biocarburantes

210.  Destaca que, según los resultados comunicados por el Tribunal en su Informe Especial n.º 18/2016 sobre el sistema de la UE para la certificación de los biocarburantes sostenibles, el sistema de certificación de la UE para la sostenibilidad de los biocarburantes no es totalmente fiable y era proclive al fraude porque la Comisión había reconocido a regímenes voluntarios que no contaban con un procedimiento de verificación adecuado para garantizar que el origen de los biocarburantes producidos a partir de desechos fuesen efectivamente desechos;

Simplificación

211.  Insiste en que, en su Informe Especial n.º 25/2016, el Tribunal comprobó que el Sistema de identificación de parcelas permitía a los Estados miembros controlar de manera fiable las mediciones y la admisibilidad de las superficies declaradas por los agricultores y que se estaban adaptando los sistemas para cumplir los requisitos de la PAC 2014-2020, especialmente los relativos a las obligaciones de ecologización;

212.  Expresa su inquietud ante las conclusiones del Tribunal según las cuales en mayo de 2015 se introdujeron seis importantes cambios que podrían afectar al S Sistema de identificación de parcelas y la complejidad de las normas y procedimientos necesarios para abordar estos cambios ha incrementado la carga administrativa de los Estados miembros;

Organismo pagador checo

213.  Pide a la Comisión que acelere el procedimiento de liquidación de conformidad iniciado el 8 de enero de 2016 para obtener información precisa y detallada sobre el riesgo de que se produzca un conflicto de intereses en relación con el Fondo Estatal de Intervención Agrícola de la República Checa; toma nota de que, en caso de que no se tomen las medidas necesarias para prevenir un conflicto de intereses, en última instancia la autoridad competente podría verse obligada a retirar la acreditación del organismo pagador y la Comisión podría llegar a aplicar una corrección financiera, y pide a la Comisión que informe al Parlamento sin demora si, al final del procedimiento de liquidación de conformidad, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural transmite a la OLAF información relativa a posibles casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión;

Investigación sobre la liquidación de conformidad

214.   Considera que la simplificación de la PAC y la reducción de la carga administrativa para los beneficiarios y los organismos pagadores deberían tener carácter prioritario para la Comisión en los próximos años; que, aunque la Comisión debe esforzarse para mantener la tendencia positiva en la eficiencia de su gestión de la PAC y los índices de error de la PAC centrándose en conservar su capacidad correctora y en las medidas correctoras que han de tomar los Estados miembros, debe considerar la posibilidad de abstenerse de iniciar o proseguir investigaciones de liquidación de conformidad de menor alcance;

Medidas que deben adoptarse

215.  Pide a la Comisión que:

   a) siga esforzándose por realizar un seguimiento de los casos en los que la legislación nacional no se ajusta a la legislación de la Unión y que recurra a todos los medios jurídicos a su alcance, especialmente la suspensión de los pagos;
   b) supervise anualmente los resultados de las evaluaciones de calidad del Sistema de identificación de parcelas efectuadas por los Estados miembros y compruebe que todos los Estados miembros objeto de evaluaciones negativas adoptan verdaderamente las medidas correctoras necesarias;
   c) vuelva a examinar el marco jurídico vigente para simplificar y racionalizar las normas relativas al Sistema de identificación de parcelas para el próximo período de la PAC, por ejemplo reconsiderando la necesidad del umbral de estabilidad del 2 % y de la norma de los 100 árboles;
   d) garantice que todos los planes de acción de los Estados miembros para remediar los errores en el ámbito del desarrollo rural incorporen medidas eficaces sobre contratación pública;
   e) supervise y apoye activamente a los organismos de certificación para que mejoren su trabajo y su metodología sobre la legalidad y regularidad del gasto, en particular proporcionando opiniones sobre la legalidad y regularidad del gasto de la PAC de una calidad y alcance tales que permitan a la Comisión determinar la fiabilidad de los datos de control de los organismos pagadores o, cuando proceda, estimar los ajustes necesarios de las tasas de error de los organismos de pago en base a dichas opiniones, con miras a aplicar el enfoque de auditoría única en el ámbito del gasto agrícola;
   f) actualice el manual de auditoría de la Dirección General Agricultura y Desarrollo Rural incorporando procedimientos de auditoría detallados y exigencias de verificación de los datos suministrados por los Estados miembros y empleados para calcular las correcciones financieras;
   g) adopte las medidas necesarias para recabar datos precisos y completos de los Estados miembros sobre el número de agricultores de la Unión y sobre la renta de los agricultores, a fin de medir y seguir efectivamente el indicador clave de resultado n.º 1 mencionado en el informe anual de actividad del director general de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural relativo a la renta agrícola;
   h) redefina el indicador clave de resultado n.º 4 relativo al empleo en zonas rurales con el fin de acentuar el impacto específico de las medidas de la PAC en el empleo en estas zonas;
   i) impulse la celebración de debates regulares entre los Estados miembros en el Consejo sobre la aplicación de las disposiciones introducidas por la reforma de la PAC de 2013 para la redistribución de los pagos directos entre los beneficiarios e informe plenamente sobre los avances realizados a este respecto en el informe anual de actividad de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural; (108)
   j) considere, en el contexto de sus reflexiones con miras a una PAC simplificada y modernizada, si el régimen de pagos directos tiene el diseño adecuado para estabilizar la renta de todas las explotaciones o si un diseño político o un modelo de distribución de los pagos directos diferente permitiría ajustar mejor los fondos públicos a los objetivos;
   k) modifique sustancialmente el sistema de certificación de biocarburantes sostenibles y, en particular, verifique eficazmente que los productores de materias primas para biocarburantes de la Unión cumplen los requisitos medioambientales de la Unión relativos a la agricultura y aportan pruebas suficientes del origen de los desechos y residuos utilizados para la producción de biocarburantes, y examine si los regímenes de gobernanza voluntarios reducen el riesgo de conflictos de intereses;
   l) eleve de 50 000 EUR a 100 000 EUR el umbral por debajo del cual no son necesarias las investigaciones de liquidación de conformidad con arreglo al artículo 52 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013(109);
   m) reconsidere la introducción de un límite máximo para los pagos directos;

Una Europa global

Porcentajes de error

216.  Señala que, según las conclusiones del Tribunal, el gasto en «Una Europa Global» está afectado por un nivel significativo de error estimado en el 2,8 % (el 2,7 % en 2014);

217.  Lamenta que, una vez excluidas las operaciones con donantes múltiples y las operaciones de apoyo presupuestario, el porcentaje de error para las operaciones específicas gestionadas directamente por la Comisión se haya estimado en un 3,8 % (3,7 % en 2014);

218.  Señala que, si se hubiese utilizado toda la información que había reunido la Comisión —y los auditores nombrados por la Comisión— para corregir los errores, el porcentaje de error estimado para el capítulo «Una Europa Global» habría sido un 1,6 % inferior; urge a la Comisión a utilizar toda la información de la que dispone para evitar, detectar y corregir cualquier error y actuar en consecuencia;

219.  Señala que las operaciones de apoyo presupuestario examinadas por el Tribunal estaban exentas de errores relativos a la legalidad o regularidad;

220.  Señala que el tipo de error más significativo, que representa el 33 % del nivel de error estimado, corresponde a gastos no efectuados, es decir, gastos no efectuados en el momento en que la Comisión los aceptó y en algunos casos liquidó;

221.  Señala que el tipo de error más frecuente, que representa el 32% del nivel de error estimado, corresponde a gastos no subvencionables, es decir

   a) gastos relativos a actividades no reguladas por un contrato o efectuados fuera del período de subvencionabilidad;
   b) incumplimiento de la norma de origen;
   c) impuestos no subvencionables y gastos indirectos imputados erróneamente como gastos directos;

Declaración de fiabilidad

222.  Recuerda que, en su declaración de fiabilidad, el director general de la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (DG NEAR) considera que, en relación con los instrumentos financieros gestionados por dicha dirección general, el Instrumento Europeo de Vecindad y el Instrumento de Ayuda Preadhesión , la exposición financiera ante el importe en riesgo se encuentra por debajo del umbral de materialidad del 2% y que el porcentaje de error medio determinado para toda la dirección general es del 1,12%;

223.  Lamenta que esta afirmación no coincida con el trabajo de auditoría del Tribunal y señala que la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación reconoce en su informe que el enfoque aplicado requiere mejoras;

224.  Señala, en particular, que la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación calculó un porcentaje de error residual del 90 % de sus gastos que dio lugar a otros tres: un porcentaje de error residual para la gestión directa del Instrumento de Ayuda Preadhesión, otro para la gestión indirecta del mismo y otro para cubrir todos los modos de gestión del Instrumento Europeo de Vecindad; en cuanto al restante 10 % de los gastos, la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación utilizó otras fuentes de garantía;

225.  Destaca que el Tribunal halló que el cálculo del porcentaje de error residual relativo al modo de «gestión indirecta con los países beneficiarios», que combina los resultados del muestreo estadístico de las autoridades de auditoría con los porcentajes de error residual históricos calculados por la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, no es suficientemente representativo y no proporciona la información exacta sobre el importe de los pagos en riesgo; destaca que, según el Tribunal, existe el riesgo de que el cálculo subestime el nivel de error y por consiguiente pueda tener posibles consecuencias para la garantía proporcionada por el director general;

226.  Acoge con satisfacción que el director general de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) haya puesto fin a la práctica seguida hasta ahora de formular una reserva general sobre la legalidad y regularidad de las operaciones en relación con todas las operaciones de la Dirección General y que, siguiendo las recomendaciones del Parlamento, haya emitido una declaración de fiabilidad diferenciada en función del riesgo en el informe anual de actividad de 2015;

227.  Toma nota de que se emitió una reserva específica que cubre el Fondo de Apoyo a la Paz para África debido a las insuficiencias de control detectadas por el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión; considera que dicha reserva debería haberse emitido antes, ya que las deficiencias detectadas se produjeron ya desde que se estableció este fondo en 2004; señala que la práctica de formular una reserva general sobre todas las operaciones de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo ha contribuido evidentemente a la falta de transparencia en cuanto a la gestión financiera de la Dirección General;

228.  Señala que la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo estimó que dos ámbitos de gasto eran de elevado riesgo:

   i) las subvenciones en régimen de gestión directa;
   ii) la gestión indirecta con organizaciones internacionales;

pero comparte la opinión expresada por el Tribunal de que una reserva podría haberse justificado por lo que se refiere a la gestión indirecta con los países beneficiarios, en particular debido a que las subvenciones ejecutadas indirectamente por los países beneficiarios deben requerir un nivel de análisis de riesgos similar al de subvenciones ejecutadas directamente;

229.  Señala que, de acuerdo con las conclusiones del Tribunal (véanse los apartados 48-50 del Informe Anual del Tribunal sobre el FED correspondiente a 2015), la capacidad correctora de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo se ha sobrestimado al no excluir las recuperaciones de prefinanciación y los intereses devengados y las anulaciones de órdenes de ingreso previamente emitidas para el cálculo del importe medio anual de las órdenes de ingreso emitidas para los errores e irregularidades cometidos entre 2009 y 2015;

Deficiencias de los sistemas de control y prevención

230.  Destaca que el Tribunal halló deficiencias en los sistemas de control de la Comisión, a saber:

   la verificación de operaciones realizada por los auditores designados por los beneficiarios no pudo detectar en algunos casos los errores que llevaron a la Comisión a aprobar costes no subvencionables;
   se detectaron retrasos en la validación, la autorización y el pago de gastos por parte de la Comisión;
   las normas específicas establecidas por la Comisión sobre cantidades fijas y a tanto alzado para instrumentos de hermanamiento (en el Instrumento Europeo de Vecindad y el Instrumento de Ayuda Preadhesión) se redactaron de tal manera que hay un riesgo de que el Estado miembro encargado de la ejecución obtenga beneficios;

Informes sobre la gestión de la ayuda exterior

231.  Lamenta una vez más que los informes sobre la gestión de la ayuda exterior presentados por los jefes de las delegaciones de la Unión no se hayan adjuntado a los informes anuales de actividad de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) y la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación (DG NEAR), conforme a lo establecido en el artículo 67, apartado 3, del Reglamento Financiero; lamenta que estos informes se consideren confidenciales sistemáticamente, pese a que, de conformidad con el artículo 67, apartado 3, del Reglamento Financiero, «se pondrán a disposición del Parlamento Europeo y del Consejo, teniendo debidamente en cuenta, si procede, su confidencialidad»;

232.  Toma nota de que, como era la primera vez que se analizaban los indicadores clave de resultados en la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, no fue posible extraer conclusiones en términos de «tendencias», y de que en 2015 no se tomaron en consideración para fines de cálculo cinco indicadores clave de resultados en esta Dirección General;

233.  Señala que:

   a) en términos generales, ha mejorado el rendimiento de las delegaciones, medido por el número de parámetros de referencia alcanzado por término medio por delegación;
   b) el valor total de la cartera de proyectos gestionados por las delegaciones se ha reducido de 30 000 millones EUR a 27 100 millones EUR, y
   c) el porcentaje de proyectos con dificultades de ejecución se ha reducido, pasando del 53,5 % al 39,7 %;

234.  Destaca que i) el Instrumento de Estabilidad, ii) el Instrumento MIDEAST y iii) el Fondo Europeo de Desarrollo siguen siendo programas con unos niveles preocupantes de dificultades de ejecución, y que la inaceptable cantidad de tres de cada cuatro euros gastados en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo podría no alcanzar sus objetivos o sufrir retrasos;

235.  Toma nota de que los jefes de Delegación han transmitido información sobre 3 782 proyectos que representan 27 410 millones EUR en compromisos, y que:

   a) 800 proyectos (21,2 %) por un importe de 9 760 millones EUR (el 35,6 % del total de la cartera de proyectos) están expuestos a algún tipo de riesgo en relación con los resultados —riesgos a priori o riesgos actuales—, representando los proyectos financiados con cargo a los fondos europeos de desarrollo el 72 % del importe total en situación de riesgo (7 000 millones EUR);
   b) 648 proyectos (17,1 %) por un importe de 6 000 millones EUR (el 22 % del total de la cartera de proyectos) corren el riesgo de sufrir retrasos, representando los proyectos financiados con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo dos tercios de todos los proyectos retrasados;
   c) 1 125 proyectos (29,75 %) por un importe de 10 890 millones EUR (39,71 %) corren el riesgo de no alcanzar sus objetivos o están retrasados en su ejecución, representando el Fondo Europeo de Desarrollo el 71 % de los 10 800 millones EUR en juego;

236.  Celebra que por primera vez haya consultado la Comisión a los jefes de las delegaciones de la Unión sobre el riesgo a priori de los proyectos, lo que puede suponer un primer paso hacia un procedimiento centralizado de gestión de riesgos; recomienda que la Comisión, sobre la base de la información disponible con respecto al difícil campo en el que puede operar una delegación, intensifique su diálogo con las delegaciones sobre el modo de gestionar este riesgo durante la fase de ejecución del proyecto;

237.  Toma nota de que las cuatro delegaciones con peores resultados de las que es responsable la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo son las de Yemen, República Centroafricana, Gabón y Mauritania, mientras que la clasificación de las cuatro delegaciones con peores resultados de las que es responsable la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación son las de Siria, Egipto, Albania y Kosovo;

238.  Espera que la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo progrese hacia la realización de las principales prioridades en 2016 e informe al respecto en su informe anual de actividad correspondiente a 2016:

   a) aumentar la exactitud de las previsiones financieras sobre decisiones y contratos;
   b) aumentar el porcentaje de los pagos efectuados dentro del plazo de 30 días;
   c) aumentar la eficacia de los controles;
   d) mejorar los resultados de todas las delegaciones con menos de un 60 % de indicadores clave de rendimiento señaladas como «verdes» en 2015, en particular mediante la adopción de los planes de acción y los sistemas de información de la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo;

239.  Espera que la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación realice las siguientes prioridades en 2016 e informe al respecto en su informe anual de actividad correspondiente a 2016;

   a) introducir los cinco indicadores clave de rendimiento ausentes en el ejercicio 2015 del informe sobre la gestión de la ayuda exterior;
   b) mejorar las posibilidades de seguimiento de los indicadores clave de rendimiento;

Gasto de la Unión en materia de migración y asilo en los países vecinos

240.  Recuerda que un aspecto importante de las relaciones exteriores de la Unión es que la lucha contra la pobreza también debe tener como objetivo crear las condiciones para prevenir la llegada incontrolada de migrantes irregulares a Europa;

241.  Respalda las conclusiones principales expuestas por el Tribunal en su Informe Especial n.° 9/2016 «Gasto en la política de migración exterior de la UE en los países de la vecindad oriental y del Mediterráneo meridional hasta 2014» y destaca, en particular, que la actual fragmentación de los instrumentos dificulta el control parlamentario de i) la manera en que se utilizan los recursos y ii) la determinación de responsabilidades, lo que también dificulta la evaluación clara de los importes gastados efectivamente en apoyo de la acción exterior sobre migración;

Banco Mundial

242.  Recuerda, ante las alarmantes informaciones aparecidas en Politico el 2 de diciembre de 2016 sobre los temores de conflicto de intereses en relación con los acuerdos de Georgieva con el Banco Mundial («Conflict of interest fears over Georgieva’s World Bank dealings»), que el Parlamento, en su última Resolución sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en el ejercicio 2014, pidió a la Comisión que revisara el código de conducta de los comisarios antes de finales de 2017, en particular definiendo lo que constituye un «conflicto de intereses»; destaca que, sin una definición detallada de qué constituye un conflicto de intereses, el Parlamento no podrá evaluar adecuadamente, de manera justa y coherente, la existencia real o potencial de un conflicto de intereses;

243.  Considera que el nuevo acuerdo de financiación concluido por la Comisión con el Banco Mundial(110), que sustituye a una tasa de gestión a tanto alzado por una fórmula más compleja y prevé, en particular, que determinados proyectos ejecutados directamente por el Banco Mundial pueden estar sujetos al pago de una comisión del 17 % sobre los costes de personal y consultores, probablemente perjudicará al presupuesto de la Unión y podría dar lugar a pagos superiores al límite máximo del 7 % impuesto a los gastos de gestión, prohibidos por el artículo 124, apartado 4, del Reglamento Financiero de la Unión;

244.  Destaca que la tasa de gestión abonada al Banco Mundial no se utilizará para proyectos de desarrollo y cooperación; se pregunta por qué debe remunerar la Comisión al Banco Mundial por actividades bancarias pertenecientes al núcleo de actividades derivadas de su misión de banquero;

Grupo Internacional de Gestión

245.  Felicita a la Comisión por el resultado del procedimiento T-381/15 de 2 de febrero de 2017; pide información sobre los contratos con International Management Group que todavía se encuentran en fase de ejecución;

Medidas que deben adoptarse

246.  Pide:

   a la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo y la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación que mejoren la calidad de las verificaciones de gastos contratadas por beneficiarios, en concreto mediante la introducción de nuevas medidas como el uso de una tabla de control para verificar la calidad del trabajo que han realizado los auditores contratados por el beneficiario, así como la revisión del mandato de dichos auditores;
   a la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación que actúe para garantizar que la financiación canalizada a través del instrumento de hermanamiento cumple con el principio de no producir beneficios y asimismo se ajusta al principio de buena gestión financiera;
   a la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación que analice la metodología de porcentaje de error residual, con el objeto de proporcionar información exacta desde el punto de vista estadístico sobre el importe en riesgo de los pagos efectuados en virtud de la gestión indirecta del IAP;
   a la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo que revise la estimación de su futura capacidad correctora excluyendo del cálculo las recuperaciones de prefinanciación no utilizada y los intereses devengados y las anulaciones de órdenes de ingreso previamente emitidas;
   a la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo y la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación que publiquen los informes sobre la gestión de la ayuda exterior (IGAE) presentados por los jefes de las delegaciones de la Unión en anexo a sus informes anuales de actividad conforme a lo establecido en el artículo 67, apartado 3, del Reglamento Financiero, y que indiquen en sus informes anuales de actividad las medidas tomadas para remediar la situación existente en las delegaciones con problemas de ejecución, reducir los retrasos y simplificar los programas;
   a la Comisión que publique las declaraciones de fiabilidad de los jefes de la delegaciones de la Unión;
   a la Comisión que:
   i) aclare sus objetivos;
   ii) desarrolle, amplíe y mejore el marco de medición de los resultados en materia de migración y asilo en los países vecinos;
   iii) concentre los recursos financieros disponibles en unas prioridades claramente definidas y cuantificadas, y
   iv) consolide aún más el vínculo entre desarrollo y migración;
   a la Comisión que incluya en el código de conducta de los comisarios la definición de conflicto de intereses, que revise en profundidad la necesidad de incluir en sus acuerdos de financiación con organizaciones internacionales y entidades encargadas disposiciones sobre la remuneración por gastos de personal relacionados con las actividades que constituyen la base de su misión, y que informe cabalmente al Parlamento Europeo antes de finales de 2017 sobre sus reflexiones a este respecto y asimismo sobre el impacto de la aplicación de la nueva política de recuperación de costes;

Migración y seguridad

247.  Acoge con satisfacción que, habida cuenta de la sensibilidad política de la cuestión, el Tribunal abordara por primera vez la migración y la política de seguridad en la segunda parte del capítulo 8 de su Informe Anual; señala que, con 800 millones EUR, este ámbito representa una parte pequeña pero creciente del presupuesto de la Unión;

248.  Lamenta que el Tribunal no formule ningún porcentaje de error respecto de este ámbito político, mientras que el director general de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (DG HOME) estima en su informe anual de actividad un porcentaje de error residual del 2,28 % para las subvenciones no relacionadas con la investigación gestionadas directamente por la Dirección General;

249.  Comparte la preocupación expresada por el Tribunal respecto del hecho de que las auditorías del ámbito de «Solidaridad y gestión de los flujos migratorios» efectuadas por la Comisión no incluyeran pruebas de los controles en la mayoría de los procesos clave y de que, por esta razón, exista un riesgo de que la Comisión pudiera haber considerado que algunos de los programas anuales con sistemas de control ineficaces proporcionaban garantías razonables y no fueran, por lo tanto, objeto de auditorías ex post;

250.  Recuerda que la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior detectó deficiencias en los sistemas de gestión y de control del Fondo Europeo para los Refugiados, el Fondo Europeo para el Retorno, el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países y el Fondo para las Fronteras Exteriores respecto del período 2007-2013 en relación con la República Checa, Alemania, Francia y Polonia;

251.  Opina que el indicador clave de rendimiento n.º 1 incluido en el informe anual de actividad de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior para 2015 no es pertinente pues la gestión de la Dirección General no influye significativamente en la tasa de retorno de migrantes irregulares a terceros países;

252.  Lamenta que la Comisión considere que es difícil, si no imposible, facilitar una estimación de los costes por migrante/solicitante de asilo país por país, ya que la gestión de los flujos migratorios comprende una amplia gama de actividades(111);

253.  Pide al Tribunal que en su Informe Anual correspondiente a 2016 facilite a la autoridad de control presupuestario los porcentajes de error más probables relativos a la política de migración y seguridad y evalúe la capacidad correctora de los servicios de la Comisión en este ámbito político;

254.  Expresa su preocupación por los controles efectuados sobre fondos de ayuda a los refugiados, que se asignan con frecuencia a los Estados miembros en situación de emergencia y de forma que no se ajusta a las normas en vigor; considera fundamental que la Comisión introduzca controles más rigurosos, entre otras cosas con vistas a garantizar que se respeten los derechos humanos de los refugiados y de los solicitantes de asilo;

Medidas que deben adoptarse

255.  Recomienda que la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior:

   a) cuantifique y analice cuidadosamente en su informe anual de actividad la naturaleza de los errores que detecte, y facilite más información sobre la fiabilidad de su capacidad correctora;
   b) promueva la utilización de opciones de costes simplificadas, importes a tanto alzado y costes unitarios estándar en la gestión de sus fondos;
   c) extraiga con dedicación las lecciones del pasado en lo relativo a las deficiencias detectadas en la gestión del Fondo Europeo para los Refugiados, el Fondo Europeo para el Retorno, el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países y el Fondo para las Fronteras Exteriores respecto del período 2007-2013;
   d) facilite a la Autoridad Presupuestaria y de control presupuestario los datos más precisos posibles sobre los costes por migrante/solicitante de asilo con el fin de justificar fundadamente los importes de las solicitudes presupuestarias de programas de financiación, al tiempo que se reconoce el valor incuantificable de toda vida humana;
   e) compruebe la eficacia de los sistemas internos de gestión y control de los Estados miembros que se utilizaron en los programas Solidaridad en la mayoría de los procedimientos clave: selección y adjudicación, adjudicación, seguimiento de proyectos, pagos y contabilidad;
   f) organice y propicie una mayor sinergia entre todos los servicios a cargo si los programas pueden influir en los flujos migratorios;

Administración

256.  Toma nota de que un funcionario puede ser destinado a un puesto de experto principal o de asistente experimentado, lo que abre la posibilidad de promoción al grado AD 14 o AST 11, y de que una vez que un funcionario es destinado a un puesto de experto principal no es posible destinarlo de nuevo a un empleo de administrador; lamenta la incongruencia entre esta medida y las que pretenden reducir los gastos administrativos o reforzar el vínculo entre el grado y la función; pide a la Comisión que ponga fin a esta práctica;

257.  Observa con preocupación que el número de años en el grado antes de una promoción se ha reducido para los grados AD 11 y superiores; por lo que se refiere al grado AD 12, por ejemplo, en 2008 la promoción se producía por término medio a los 10,3 años, mientras que en 2015 tenía lugar cada 3,8 años, lo que muestra que las promociones se han acelerado en los grados superiores; pide a la Comisión que ralentice las promociones en los grados superiores a AD 11 o AST 9;

258.  Subraya que el equilibrio geográfico, en particular la relación entre la nacionalidad del personal y el tamaño de los Estados miembros, debería continuar siendo un elemento importante en la gestión de los recursos humanos, en especial en lo que concierne a los Estados miembros que han accedido a la Unión desde 2004; celebra que los funcionarios de la Comisión hayan alcanzado una composición más equilibrada entre los Estados miembros que se adhirieron a la Unión antes y después de 2004; señala, sin embargo, que estos últimos siguen estando infrarrepresentados en el nivel administrativo más alto y en puestos de dirección, y espera progresos en este sentido;

259.  Toma nota con preocupación del nivel excesivo de los honorarios médicos que se cobran en Luxemburgo y las dificultades encontradas para que los afiliados del Régimen común del seguro de enfermedad de las instituciones de la Unión sean tratados en igualdad de condiciones con respecto a los ciudadanos luxemburgueses; pide a las instituciones y especialmente a la Comisión que exija y garantice en todos los Estados miembros y especialmente en el Gran Ducado de Luxemburgo la aplicación del artículo 4 de la Directiva 2011/24/UE(112), por el que los Estados miembros deben garantizar que los prestatarios de servicios de salud en sus territorios apliquen a los pacientes de los Estados miembros las mismas tarifas que a los pacientes nacionales; le pide asimismo que aplique las sanciones apropiadas en caso de incumplimiento de la Directiva;

OLAF

260.  Señala que el Colegio de Comisarios levantó la inmunidad del director general de la OLAF, a raíz de una solicitud presentada por las autoridades belgas, en el contexto de la investigación relacionada con el «Asunto Dalli»; considera que el director general se enfrenta a un triple conflicto de intereses:

   mientras el Colegio estaba decidiendo sobre el levantamiento de la inmunidad, el director general estudió la posibilidad de abrir investigaciones de la OLAF contra miembros de la Comisión;
   una vez que el Colegio hubo tomado su decisión de levantar su inmunidad, el director general inició acciones judiciales contra la Comisión por una supuesta irregularidad en la adopción de la decisión; al mismo tiempo, el director general siguió representando a la Comisión en asuntos políticos relacionados con su cartera;
   después de que se hubo confirmado el levantamiento de su inmunidad, el fiscal belga abrió una investigación sobre el papel del director general en el asunto en cuestión, al tiempo que seguía ejerciendo como interlocutor del director general de la OLAF para la lucha contra el fraude contra los intereses financieros de la Unión en Bélgica;

Considera que estos conflictos de intereses pueden dañar la reputación tanto de la OLAF como de la Comisión; pide, por lo tanto, a la Comisión que cese al director general de la OLAF hasta que finalice la investigación efectuada por las autoridades belgas y que nombre a un sustituto provisional;

261.  Manifiesta su sorpresa por las informaciones periodísticas según las cuales, de acuerdo con los cálculos de la OLAF, la «continua negligencia» de las aduanas del Reino Unido privaron a la Unión de 1 987 millones de euros por los derechos arancelarios no cobrados a las mercancías chinas; y por el hecho de que una sofisticada red delictiva organizada también redujo en 3 200 millones de euros el importe del impuesto sobre el valor añadido de importantes países como Francia, Alemania, España e Italia; pide que se le conceda acceso a todo el expediente y que se le informe periódicamente al respecto;

Código de conducta

262.  Está firmemente convencido de la creciente necesidad de un reglamento ético sólido para cumplir los artículos 17 del Tratado de la Unión Europea y 245 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; insiste en que es preciso velar constantemente por el buen funcionamiento de los códigos de conducta; hace hincapié en que un código de conducta solo puede constituir una medida preventiva eficaz si se aplica correctamente y si su cumplimiento es objeto de un control sistemático, y no solo cuando se produzcan incidentes;

263.  Toma nota de la propuesta de la Comisión de revisar los códigos de conducta de los comisarios; lamenta, sin embargo, que la revisión se limite a la prolongación del período de reflexión de tres años solo en el caso del expresidente de la Comisión Europea; pide a la Comisión que revise el código de conducta de los comisarios antes de finales de 2017, en particular aplicando la recomendación del Parlamento Europeo de reformar el Comité de Ética ad hoc para ampliar sus competencias e incluir a expertos independientes, definiendo qué constituye un «conflicto de intereses» y ampliando el período de reflexión a tres años para todos los comisarios;

264.  Señala que un paso importante en lo que respecta a los conflictos de intereses consiste en aumentar la transparencia en relación con el presidente de la Comisión, el Comité de Ética ad hoc de la Comisión y la Secretaría General cuando examinan posibles conflictos; observa que los ciudadanos solo podrán pedir cuentas a la Comisión cuando los dictámenes del Comité de Ética se publiquen de forma proactiva;

265.  Pide al Colegio de Comisarios que tome una decisión ahora que la recomendación del Comité de Ética ad hoc para el asunto del expresidente de la Comisión está terminada, sobre si remite el asunto al Tribunal de Justicia para que exprese su opinión al respecto;

Grupos de expertos

266.  Acoge con satisfacción la Decisión de la Comisión, de 30 de mayo de 2016, por la que se establecen normas horizontales sobre la creación y el funcionamiento de los grupos de expertos de la Comisión(113), pero lamenta que, pese a que muchas organizaciones no gubernamentales habían expresado su interés, la Comisión no organizara una consulta pública amplia; reitera la importancia de revitalizar las formas de participación de los representantes de la sociedad civil y de los interlocutores sociales en ámbitos cruciales tales como la transparencia y el funcionamiento de las instituciones europeas;

267.  Recuerda que la falta de transparencia influye negativamente en la confianza de los ciudadanos de la Unión en sus instituciones; considera que una reforma efectiva del sistema de grupos de expertos de la Comisión, basada en unos principios claros de transparencia y de composición equilibrada, mejorará la disponibilidad y la fiabilidad de los datos, lo que a su vez contribuirá a aumentar la confianza de los ciudadanos en la Unión;

268.  Opina que la Comisión debe realizar progresos por lo que respecta a una composición más equilibrada de los grupos de expertos; condena, sin embargo, que aún no se haya establecido una distinción clara entre representantes de grupos de interés de tipo económico y no económico, a fin de alcanzar el máximo grado de transparencia y equilibrio;

269.  Recuerda que tanto el Parlamento Europeo como el Defensor del Pueblo Europeo han recomendado a la Comisión que publique los órdenes del día, documentos de base, actas de reuniones y deliberaciones de los grupos de expertos;

Asesores especiales

270.  Pide a la Comisión que publique los nombres, funciones, grados y contratos (horas de trabajo, duración del contrato, lugar de trabajo) de todos los asesores especiales; considera que existe un riesgo de conflictos de intereses para los asesores especiales; está firmemente convencido de deben evitarse los conflictos de intereses, dado que mermarían la credibilidad de las instituciones; pide a la Comisión que publique las declaraciones de intereses de los asesores especiales;

Escuelas Europeas

271.  Señala que cada escuela es responsable de establecer sus cuentas anuales (que constituyen el «marco general»); indica que los créditos disponibles en el presupuesto 2015 ascendían a 288,8 millones EUR, a los que la Comisión contribuyó con 168,4 millones EUR (58 %);

272.  Expresa su disgusto al constatar que, tras todos estos años de supuestas reformas, el Tribunal sigue mostrándose extremadamente crítico con la gestión financiera de las Escuelas Europeas:"«II. Las Escuelas no prepararon sus cuentas anuales dentro del plazo legal. Se hallaron numerosos errores, la mayoría de los cuales fueron corregidos (a raíz del examen por el Tribunal) en la versión final de las cuentas. Estos errores constituyen deficiencias sistemáticas en los procedimientos contables. [...]

IV.  El Tribunal añade que los sistemas de pago de las dos Escuelas seleccionadas adolecían de deficiencias importantes: no había ningún nexo automático entre los sistemas de contabilidad y de pago y tampoco se practicaba una separación estricta de funciones, el sistema no rechazaba automáticamente los pagos efectuados al margen del sistema de contabilidad y el nivel de control general era deficiente. Estas deficiencias representan un riesgo significativo desde el punto de vista de la legalidad y la regularidad de los pagos;

V.  El Tribunal halló asimismo importantes deficiencias en los procedimientos de contratación que podían poner en peligro los principios de transparencia y de igualdad de trato.

VI.  En algunos casos, el Tribunal no halló pruebas de las cualificaciones del personal contratado y constató omisiones en sus expedientes personales.

VII.  En consecuencia, el Tribunal no pudo confirmar que la gestión financiera fue correcta.»;

"

273.  Lamenta el hecho de que «el Tribunal no pudo confirmar que la gestión financiera fue correcta.»;

274.  Deplora asimismo que la Comisión, en consonancia con las conclusiones del Tribunal y debido a un caso de presunto fraude que se produjo entre 2003 y 2012, emitiera de nuevo una reserva por motivos de reputación sobre los pagos;

275.  Observa que la cuantía del presupuesto asignada al sistema de las Escuelas Europeas es considerablemente mayor que la percibida por el resto de agencias, salvo en el caso de 2 agencias sobre un total de 32; opina que la responsabilidad financiera del sistema de las Escuelas Europeas debería elevarse a un nivel comparable al de las agencias europeas, incluso mediante un procedimiento de aprobación de gestión para los 168,4 millones EUR de los que dispone;

276.  Recuerda que el Parlamento, en su procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión de 2010, ya había cuestionado «las estructuras decisorias y de financiación del Convenio sobre las Escuelas Europeas», y había pedido a la Comisión que explorase «con los Estados miembros una revisión de este Convenio» e informase «antes del 31 de diciembre de 2012 sobre los progresos realizados»(114); señala que el Parlamento no recibió nunca informe alguno sobre los progresos realizados;

277.  Señala que la actual crisis financiera y organizativa del sistema de las Escuelas Europeas se está agudizando debido a los planes de abrir una quinta escuela en Bruselas y las posibles consecuencias de la retirada de un Estado miembro del Convenio de las Escuelas Europeas en el futuro; se pregunta si el sistema de las Escuelas Europeas, dadas su organización y financiación actuales, dispone de los recursos necesarios para afrontar la expansión planeada a cinco escuelas en Bruselas; señala que existe un riesgo de que esto cree problemas incluso más significativos en el futuro al sobrecargar algunas secciones lingüísticas que, con los actuales modelos de recursos, solo tienen capacidad para cubrir cuatro (en el caso de las secciones en alemán) o tres (en el caso de las secciones en inglés) escuelas en Bruselas;

278.  Considera inaceptable que los representantes de los Estados miembros continúen aprobando la gestión presupuestaria de las Escuelas Europeas, aunque la Comisión, que abona el 58 % del presupuesto anual, y el Tribunal se pronuncien en contra de ello;

279.  Apoya plenamente las once recomendaciones formuladas por el Tribunal en su informe de 11 de noviembre de 2015 sobre las cuentas anuales de las Escuelas Europeas para 2014, relativas en particular a la contabilidad, el personal, los procedimientos de contratación, las normas de control y los pagos;

280.  Acoge con satisfacción el plan de acción actualizado elaborado por la Dirección General de Recursos Humanos y Seguridad con miras a hacer frente a la reserva de la Comisión y las observaciones del Tribunal;

281.  Pide a la Comisión que presente antes de noviembre de 2017 una comunicación al Parlamento y al Consejo con reflexiones sobre el modo en que podría reformarse la estructura administrativa de las Escuelas Europeas;

282.  Pide a la Comisión que desempeñe plenamente su papel en todos los aspectos del procesos de reforma, incluidos los aspectos administrativos, financieros, organizativos y pedagógicos; solicita que la Comisión presente un informe anual con su evaluación del estado de estos sectores al Parlamento Europeo para garantizar que sus comisiones competentes puedan controlar la gestión del sistema de escuelas y evaluar el uso que este hace de los recursos puestos a su disposición por el presupuesto de la Unión; pide que el comisario competente preste toda su atención a este asunto, y le pide específicamente que participe en persona en las reuniones bienales del Consejo Superior; reitera la opinión del Parlamento de que se necesita urgentemente una «revisión exhaustiva» del sistema de Escuelas Europeas; pide que el primer proyecto de dicha revisión se entregue antes del 30 de junio de 2017;

Opiniones de las comisiones parlamentarias

Asuntos Exteriores

283.  Observa, a pesar de considerar positivos los progresos realizados, que la Comisión no ha reconocido todavía que 6 de las 10 misiones civiles llevadas a cabo en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) cumplen el artículo 60 del Reglamento Financiero; insta a la Comisión a que intensifique sus trabajos con el fin de acreditar todas las misiones civiles de la PCSD, de conformidad con la recomendación del Tribunal, permitiendo que se encarguen de tareas de ejecución presupuestaria en gestión indirecta;

284.  Se felicita de la creación de la plataforma de apoyo a las misiones destinada a reducir la carga administrativa y a aumentar la eficiencia de las misiones civiles de la PCSD; lamenta su dimensión y su alcance limitados y reitera su petición de que se avance hacia un centro de servicios compartidos, lo que conduciría a un mayor ahorro presupuestario y a una mayor eficiencia gracias a la centralización de todos los servicios de apoyo a las misiones que no necesitan llevarse a cabo a nivel local;

285.  Reitera su opinión de que la reglamentación financiera de la Unión debe adaptarse mejor a las especificidades de la acción exterior, incluida la gestión de crisis, y destaca que la actual revisión del Reglamento Financiero debe permitir una mayor flexibilidad;

286.  Manifiesta su preocupación por la falta de instrumentos de control directos en lo que se refiere a la utilización de la asistencia macrofinanciera por parte de los terceros países receptores; pide a la Comisión que vincule en mayor medida este tipo de asistencia a parámetros mensurables;

287.  Se felicita asimismo de las recomendaciones sugeridas por el Tribunal en su Informe Especial n.º 13/2016 titulado «Asistencia de la UE al refuerzo de la administración pública en Moldavia» y en su Informe Especial n.º 32/2016 titulado «Asistencia de la UE a Ucrania»; considera que la Unión debe utilizar plenamente el efecto multiplicador de la condicionalidad y garantizar un control adecuado de la aplicación de las reformas emprendidas para contribuir de forma positiva al refuerzo de las prácticas democráticas tanto en Moldavia como en Ucrania;

Desarrollo y Cooperación

288.  Acoge favorablemente, a este respecto, el Informe Especial n.º 9/2016 del Tribunal sobre el gasto en la política de migración exterior de la Unión en los países de la vecindad oriental y del Mediterráneo meridional; subraya que el Tribunal ha llegado a la conclusión de que el gasto en la política de migración exterior de la Unión no ha conseguido demostrar su eficacia, que es imposible medir sus resultados, que no queda claro el enfoque de la Comisión para garantizar que la migración tiene un impacto positivo en el desarrollo, que las medidas de apoyo al retorno y la readmisión están teniendo un impacto limitado y que el respeto de los derechos humanos de los migrantes, que debería guiar todas las intervenciones, sigue siendo teórico y raramente se traslada a la práctica;

289.  Expresa su satisfacción por el Informe Especial n.º 15/2016 del Tribunal sobre el gasto en ayuda humanitaria destinada a la región de los Grandes Lagos; subraya que el Tribunal ha llegado a la conclusión de que, en general, la Comisión ha gestionado con eficacia la ayuda humanitaria destinada a las poblaciones afectadas por el conflicto en la región de los Grandes Lagos de África; destaca el marcado contraste con el gasto en migración y lo considera una evidencia más de que las políticas de desarrollo con una buena planificación aportan resultados mucho mejores que un activismo migratorio cortoplacista;

290.  Manifiesta gran preocupación por la evidente tendencia que muestran las propuestas recientes de la Comisión a ignorar disposiciones jurídicamente vinculantes del Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(115) en lo que respecta a los gastos elegibles a efectos de la ayuda oficial al desarrollo y a los países que pueden optar a financiación del Instrumento de Cooperación al Desarrollo; recuerda que la legalidad del gasto de la Unión constituye un principio clave de buena gestión financiera y que las consideraciones políticas no deberían prevalecer por encima de disposiciones jurídicas enunciadas claramente si la Comisión desea mantener su credibilidad en cuestiones relacionadas con el Estado de Derecho; recuerda a la Comisión, en este contexto, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia(116) sobre la cuestión de la cooperación con Marruecos y el Sáhara Occidental, en la que el Tribunal falló que la Unión había violado reiteradamente el Derecho internacional;

291.  Apoya el uso de la ayuda presupuestaria en general, pero insta a la Comisión a que evalúe y defina más claramente los resultados que deben alcanzarse en materia de desarrollo a través de la ayuda presupuestaria en cada caso y, sobre todo, a que mejore los mecanismos de control relativos a la actuación de los Estados beneficiarios en materia de corrupción, respeto de los derechos humanos, Estado de Derecho y democracia; expresa su profunda preocupación por el posible uso de la ayuda presupuestaria en países que carecen de control democrático, ya sea debido a la falta de una democracia parlamentaria que funcione y de libertades para la sociedad civil y los medios de comunicación o debido a la falta de capacidad de los órganos de control;

292.  Pide a la Comisión que incorpore un enfoque sobre el desarrollo basado en incentivos mediante la introducción del principio de «más por más», tomando como ejemplo la política europea de vecindad; considera que cuanto más rápido y en mayor medida avance un país en sus reformas internas para la construcción y consolidación de las instituciones democráticas, la erradicación de la corrupción, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, más apoyo debe recibir de la Unión; destaca que con este enfoque de «condicionalidad positiva», junto con un fuerte énfasis en la financiación de pequeños proyectos para las comunidades rurales, puede lograrse un verdadero cambio y garantizarse que el dinero de los contribuyentes de la Unión se gaste de forma más sostenible;

293.  Lamenta que no se consultase previamente al Parlamento en el momento de constituir el Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión; pide que se realicen esfuerzos más eficaces destinados a incrementar la transparencia de las decisiones relativas a los proyectos del Fondo Fiduciario de Emergencia para África, y subraya la ausencia de un formato adecuado para las consultas regulares al Parlamento, lamentando que no se haya emprendido ninguna acción en este sentido;

Empleo y Asuntos Sociales

294.  Toma nota de la recomendación del Tribunal de que la Comisión aproveche la experiencia adquirida durante el período de programación 2007-2013 y presente un análisis específico de las normas nacionales de subvencionabilidad para el período de programación 2014-2020, y de que, sobre esta base, ofrezca orientación a los Estados miembros sobre la manera de simplificar y evitar normas innecesariamente complejas u onerosas;

295.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de incluir programas de financiación de la Unión en su Estudio anual sobre la carga administrativa, tal como se acordó en el Acuerdo Interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016(117); destaca que la introducción de objetivos anuales de reducción de la carga que incluyan los programas de financiación de la Unión incrementaría el cumplimiento y, de esta manera, contribuiría a reducir el índice de error;

296.  Acoge con satisfacción el aumento del interés por los resultados obtenidos en el período de programación 2014-2020; considera, no obstante, que un mayor desarrollo de los indicadores de resultados y de los sistemas de control contribuiría a una buena contabilidad financiera y a una mayor eficiencia de los futuros programas operativos;

Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

297.  Manifiesta su satisfacción por el trabajo realizado por las cinco agencias descentralizadas que son de su competencia y que llevan a cabo tareas técnicas, científicas y de gestión a fin de ayudar a las instituciones de la Unión a elaborar y aplicar políticas en los ámbitos de medio ambiente y clima, salud pública y seguridad alimentaria, así como por la manera en que esas agencias ejecutan sus presupuestos;

298.  Considera satisfactorio el nivel general de ejecución del presupuesto operativo de LIFE+, que en 2015 fue de 99,95 % para los créditos de compromiso y de 98,93% para los créditos de pago; subraya que LIFE + ha contribuido a aumentar la concienciación y participación de los ciudadanos en la legislación y la aplicación de la política de medio ambiente de la Unión, así como a mejorar la gobernanza en este ámbito; observa que, en 2015, se destinaron 225,9 millones de euros a subvenciones para acciones, se utilizaron 40 millones de euros en el marco de instrumentos financieros gestionados por el Banco Europeo de Inversiones y se emplearon 59,2 millones de euros en medidas destinadas a apoyar a la Comisión en su misión de iniciar y supervisar el desarrollo de las políticas y la legislación; observa que 10,2 millones de euros fueron utilizados para prestar apoyo administrativo a LIFE y para apoyar a la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas;

299.  Toma nota de que la Dirección General Acción por el Clima aumentó su índice de ejecución de los 108 747 880 euros de créditos de compromiso al 99,9 %, y el de los 47 479 530 euros de créditos de pago al 91,77 %, y de que, sin tener en cuenta el gasto administrativo, el porcentaje de ejecución de los pagos representa un 96,88 %;

300.  Insta a la Autoridad Presupuestaria a que se centre en los proyectos piloto y las acciones preparatorias que vayan a aportar un verdadero valor añadido a la Unión en el futuro; toma nota de la ejecución de diez proyectos piloto y cinco acciones preparatorias que supusieron en conjunto 1 400 000 euros en créditos de compromiso y 5 599 888 euros en créditos de pago;

301.  Observa que en 2015 finalizó una evaluación del segundo Programa de Salud (2008-2013); celebra que en ese mismo año se reforzase el tercer Programa de Salud con miras a apoyar y fomentar el intercambio de información y buenas prácticas en los Estados miembros que se enfrentan a los problemas relacionados con la acogida de un elevado número de migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, en particular en relación con la preparación por la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de un historial médico personal destinado a la evaluación del estado de salud de los migrantes, que debía utilizarse en los «puntos críticos» y las zonas de acogida de migrantes, y con un presupuesto adicional para proyectos relacionados con la salud de los migrantes;

Transportes y Turismo

302.  Observa que en 2015 se asignaron 12 800 millones de euros a 263 proyectos de transporte a través de los acuerdos de subvención firmados en 2015 en el marco de la convocatoria de propuestas 2014 del Mecanismo «Conectar Europa»; observa asimismo que la financiación del Mecanismo «Conectar Europa» ha generado 28 300 millones de euros de inversiones totales, combinando la contribución de la Unión con los presupuestos regionales y de los Estados miembros, así como con préstamos del Banco Europeo de Inversiones;

303.  Observa que en el ámbito de la competitividad para el crecimiento y el empleo, al que pertenece el transporte, el Tribunal solo auditó siete transacciones bajo la responsabilidad de la Dirección General de Movilidad y Transportes (DG MOVE); observa asimismo que solo se constataron errores en una de las transacciones auditadas y que los errores constatados se referían al incumplimiento de la normativa sobre contratación pública;

304.  Señala que en el informe de evaluación del Banco Europeo de Inversiones se alude a desequilibrios geográficos y concentraciones sectoriales en la cartera del marco para infraestructura e innovación, y que la financiación dentro de ese marco se concentra (63 %) en tres Estados miembros; pide a la Comisión que evalúe con carácter de urgencia el impacto del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas en el conjunto de la Unión; lamenta que no se utilice suficientemente el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas para financiar proyectos de transporte innovadores en todos los modos de transporte, por ejemplo para fomentar medios de transporte sostenibles o dar un mayor impulso al proceso de digitalización y a la accesibilidad sin barreras;

305.  Lamenta que la Comisión (DG MOVE) todavía no haya elaborado un documento estratégico consolidado formalizado para la supervisión del desarrollo de los corredores de la red básica de la RTE-T; anima a la Comisión a adoptar un documento estratégico de ese tipo sobre las actividades de supervisión y la transparencia; recuerda que la transparencia y la consulta con todas las partes interesadas contribuyen al éxito de los proyectos de transporte;

306.  Señala que los proyectos de transporte para el período 2014-2020 recibirán financiación de varias fuentes, entre otras el Mecanismo «Conectar Europa», el Fondo de Cohesión, el FEDER y el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas; pide, por tanto, a la Comisión que desarrolle sinergias que permitan a esas distintas fuentes de financiación asignar con mayor eficiencia los fondos disponibles y combinar estos recursos; pide asimismo a la Comisión que cada año elabore y haga públicas, por ejemplo en sus sitios web, listas fácilmente accesibles de proyectos en los ámbitos del transporte, incluyendo el porcentaje correspondiente a cada modo de transporte, y del turismo que se cofinancien con cargo a los mencionados fondos;

Desarrollo Regional

307.  Pide a la Comisión que, a través del Grupo de alto nivel(118), preste especial atención a las normativas nacionales en materia de elegibilidad en sus auditorías de los sistemas nacionales de gestión y control, y ayude a los Estados miembros a simplificarlas para que puedan introducirse modificaciones; subraya, en este contexto, la importancia de aplicar el principio de control único; pide a la Comisión que aclare la noción de «IVA recuperable» facilitando orientaciones simplificadas y eficaces al respecto, a fin de evitar interpretaciones divergentes del término «IVA no recuperable» y un uso de los fondos de la Unión que no sea óptimo; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales que velen por que los beneficiarios obtengan información coherente sobre las condiciones de financiación, en particular en lo que respecta a la elegibilidad de los gastos y los límites máximos de reembolso pertinentes;

308.  Lamenta que las autoridades de gestión presentaran un nivel de declaraciones de gastos para reembolso en 2015 inferior al de 2014, lo que se tradujo en una caída del nivel de declaraciones de gastos pendientes de pago, pasando de 23 200 millones de euros en 2014 a 10 800 millones de euros en 2015, de los que 2 800 millones de euros quedaron pendientes de pago desde finales de 2014; señala que los retrasos en la ejecución presupuestaria para el período 2014-2020 no deben ser superiores a los correspondientes al período anterior ni provocar una acumulación de declaraciones pendientes de pago hacia el final del período de financiación; insta a la Comisión a que vigile de cerca la situación conjuntamente con los Estados miembros y a que adapte su plan de pagos en consecuencia;

309.  Lamenta el hecho de que, a 30 de junio de 2016, no todos los Estados miembros hubieran transpuesto las directivas relativas a la contratación pública, e insta a la Comisión a que siga ayudando a los Estados miembros a incrementar su capacidad de transposición de dichas directivas y de ejecutar todos sus planes de acción sobre las condicionalidades ex ante, lo que constituye un requisito previo fundamental para prevenir irregularidades fraudulentas y no fraudulentas; insiste en la importancia de aplicar el plan de acción en materia de contratación pública para los fondos estructurales y de inversión europeos en 2014-2020 con el fin de simplificar, acelerar y armonizar los procedimientos electrónicos de contratación pública;

310.  Toma nota de que, a finales de 2014, el porcentaje medio de desembolso para los instrumentos financieros del FEDER y del FSE fue del 57 %, lo que representa un incremento de solo el 10 % respecto de 2013; lamenta la observación del Tribunal sobre la ampliación del período de elegibilidad de los desembolsos para los destinatarios finales en el marco de los instrumentos financieros mediante una decisión de la Comisión en lugar de un reglamento modificativo; expresa su preocupación ante la posibilidad de que el Tribunal considere irregulares todos los desembolsos efectuados con posterioridad al 31 de diciembre de 2015; observa con preocupación que una parte significativa de la dotación inicial de los instrumentos financieros del FEDER y del FSE durante el período de programación 2007-2013 se destinara a gastos y tasas de gestión;

311.  Acoge positivamente el enfoque del Tribunal consistente en centrarse en los resultados, y considera que es una buena práctica que las autoridades de gestión definan los indicadores de resultados pertinentes midiendo la contribución de los proyectos a la consecución de los objetivos fijados para los programas operativos, de conformidad con el criterio de adicionalidad; hace hincapié en la necesidad de intensificar la comunicación; insta a la Comisión a que determine canales de comunicación más eficientes con miras a incrementar la visibilidad de las inversiones a través de los Fondos EIE; pide a la Comisión que desarrolle un número limitado de indicadores relevantes que puedan ayudar a medir los resultados;

312.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que utilicen del mejor modo posible los instrumentos territoriales velando por que las estrategias de desarrollo urbano integradas se aprueben oportunamente de cara a su financiación, lo que permitirá a las ciudades invertir en estrategias globales, explotar sinergias entre políticas y velar por un impacto más eficaz a largo plazo en materia de crecimiento y empleo;

Agricultura y Desarrollo Rural

313.  Pide al Tribunal que siga facilitando evaluaciones independientes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y la rúbrica 2, también tras el próximo ejercicio, pues las evaluaciones independientes permiten que las acciones específicas mejoren de manera considerable los diferentes porcentajes de error;

314.  Insta a la Comisión y a las autoridades de los Estados miembros a que sigan gestionando y reduciendo, en la medida de lo posible, la complejidad de los pagos directos, en particular, cuando en la administración del Fondo Europeo Agrícola de Garantía hay muchos niveles distintos afectados;

315.  Acoge con satisfacción la nueva generación de instrumentos financieros suplementarios; considera que dichos instrumentos deben presentar unos objetivos más claros y un grado suficiente de control al final del período de ejecución para demostrar su impacto y garantizar que no redunde en un aumento de los porcentajes de error;

316.  Pide que, en las administraciones de pago nacionales de los Estados Miembros en los que en los últimos tres años no se hayan cumplido las expectativas, asuman la responsabilidad funcionarios de la Unión que ya estén presentes y no nacionales de los Estados miembros en cuestión;

317.  Llama la atención acerca del carácter plurianual del sistema de gestión de la política agrícola y hace hincapié en que la evaluación final de las irregularidades en el marco de la aplicación del Reglamento(119) solo será posible al final del período de programación;

318.  Constata que la simplificación de la PAC no debe poner en riesgo la producción de alimentos viable y pide que las medidas se orienten hacia una economía hipocarbónica en los sectores agroalimentario y forestal;

Pesca

319.  Constata con satisfacción que el seguimiento de las reservas de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) formuladas en su informe anual de 2014 con respecto al sistema de gestión y de control de los programas del Fondo Europeo de Pesca (2007-2013), ha permitido reducir significativamente, a solo cinco, el número de programas operativos y de Estados miembros implicados;

320.  Constata con satisfacción que el sistema de control interno aplicado por la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca ofrece garantías suficientes para gestionar adecuadamente el riesgo en materia de legalidad y regularidad de las transacciones correspondientes;

321.  Celebra que en las doce transacciones relativas específicamente a la pesca auditadas por el Tribunal no aparezca ningún error cuantificable;

322.  Lamenta, no obstante, que la inmensa mayoría de los Estados miembros haya transmitido muy tarde sus programas operativos relativos al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, lo que genera importantes retrasos en la movilización del Fondo;

323.  Constata, en consecuencia, que no pudo declararse a la Comisión ningún gasto antes del 30 de junio de 2015 y, que, por lo tanto, no se controló ningún gasto antes de esa fecha; recuerda que los Estados miembros son responsables de la ejecución de los créditos en gestión compartida;

Cultura y Educación

324.  Reitera que la integración de todos los programas de movilidad para los jóvenes en la Unión Europea en el seno de Erasmus+ pretende ante todo reforzar su eficacia, por lo que insta a la Comisión a que se atenga a los objetivos acordados y a las líneas presupuestarias del programa con el fin de evitar que este pierda su orientación;

325.  Se felicita por la capacidad de reacción de los programas Erasmus+ y Europa Creativa ante los nuevos desafíos que plantearon en 2015 la integración de los refugiados y migrantes y la lucha contra la radicalización;

326.  Señala que los préstamos concedidos en el marco del mecanismo de garantía de préstamos estudiantiles (Erasmus+ para estudios de máster) estuvieron disponibles por primera vez en 2015, y que el lanzamiento del programa se debe a dos entidades bancarias en España y Francia; destaca que, para que este instrumento se convierta en un mecanismo de préstamo viable, será esencial garantizar una amplia cobertura geográfica y que la Comisión siga de cerca las condiciones de préstamo;

327.  Recuerda que 2015 fue el primer año en que el programa Europa Creativa fue gestionado por dos direcciones generales de la Comisión, la Dirección General de Educación y Cultura y la Dirección General de Redes de Comunicaciones, Contenido y Tecnología; insiste en la necesidad de adoptar un enfoque coordinado con el fin de evitar que los problemas organizativos internos sean un obstáculo para el funcionamiento del programa o empañen la percepción pública del mismo;

Libertades civiles, justicia y asuntos de interior

328.  Pide a la Comisión que redacte y presente a la autoridad de aprobación de la gestión un historial de los conflictos de intereses detectados;

329.  Lamenta que los indicadores de resultados clave que figuran en el informe anual de actividad de la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior (DG HOME) no abarquen el número de personas asistidas, reasentadas, reubicadas y repatriadas en 2015; lamenta la falta de indicadores para evaluar el efecto de las medidas adoptadas para reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades policiales nacionales;

330.  Anima a que se desarrollen unas prioridades políticas más claras y a largo plazo con una traducción más concreta en prioridades operativas; resalta, a este respecto, la relevancia de una cooperación más estrecha con otros organismos, en especial las agencias;

331.  Lamenta que las estructuras de gobernanza de la Comisión en el ámbito de la seguridad de la información no se ajusten a las mejores prácticas reconocidas (según el informe de auditoría del Servicio de Auditoría Interno);

Cuestiones de género

332.  Señala que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres debe ser un objetivo transversal para todas las políticas; observa, no obstante, que algunos de los programas no incluyen acciones con una orientación específica y asignaciones presupuestarias específicas para lograr dicho objetivo, y que una mejor recopilación de datos debería permitir no solamente la cuantificación de los créditos asignados a acciones que contribuyen a la igualdad de género, sino también una optimización de la evaluación del impacto de esos fondos de la Unión;

333.  Reitera a la Comisión su petición de que valore la presupuestación con perspectiva de género en todas las fases del proceso presupuestario como, por ejemplo, en la ejecución del presupuesto y en la evaluación de la misma, incluidos el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, el FSE, el FEDER y el programa Horizonte 2000, al objeto de luchar contra las discriminaciones existentes en los Estados miembros; destaca la necesidad de incorporar a la planificación, ejecución y evaluación del presupuesto un conjunto común de indicadores cuantificables de los resultados y la incidencia de su ejecución, lo que permitiría valorar mejor dicha ejecución desde la perspectiva de género, en consonancia con la iniciativa «Un presupuesto de la UE centrado en los resultados» y con la priorización de resultados;

334.  Pide a la Comisión que aplique tanto respecto de las líneas presupuestarias nuevas como de las ya existentes un análisis presupuestario que tenga en cuenta la perspectiva de género y, si procede, que introduzca en las políticas los cambios necesarios para evitar que indirectamente se produzca desigualdad de género;

(1) DO L 69 de 13.3.2015.
(2) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(3) DO L 375 de 13.10.2016, p. 1.
(4) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(6) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0144.
(7) DO L 69 de 13.3.2015.
(8) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(9) DO C 417 de 11.11.2016, p. 2.
(10) DO C 449 de 1.12.2016, p. 51.
(11) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(12) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(13) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(14) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
(15) DO L 343 de 19.12.2013, p. 46.
(16) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0144.
(17) DO L 69 de 13.3.2015.
(18) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(19) DO C 417 de 11.11.2016, p. 10.
(20) DO C 449 de 1.12.2016, p. 61.
(21) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(22) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(23) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(24) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
(25) DO L 341 de 18.12.2013, p. 73.
(26) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0144.
(27) DO L 69 de 13.3.2015.
(28) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(29) DO C 417 de 11.11.2016, p. 2.
(30) DO C 449 de 1.12.2016, p. 41.
(31) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(32) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(33) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(34) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
(35) DO L 341 de 18.12.2013, p. 69.
(36) DO L 363 de 18.12.2014, p. 183.
(37) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0144.
(38) DO L 69 de 13.3.2015.
(39) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(40) DO C 417 de 11.11.2016, p. 9.
(41) DO C 449 de 1.12.2016, p. 157.
(42) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(43) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(44) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(45) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
(46) DO L 346 de 20.12.2013, p. 58.
(47) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0144.
(48) DO L 69 de 13.3.2015.
(49) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(50) DO C 417 de 11.11.2016, p. 11.
(51) DO C 449 de 1.12.2016, p. 230.
(52) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(53) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(54) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(55) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
(56) DO L 346 de 20.12.2013, p. 54.
(57) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0144.
(58) DO L 69 de 13.3.2015.
(59) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(60) DO C 417 de 11.11.2016, p. 11.
(61) DO C 449 de 1.12.2016, p. 219.
(62) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(63) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(64) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(65) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
(66) DO L 352 de 24.12.2013, p. 65.
(67) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0144.
(68)1 DO L 69 de 13.3.2015.
(69) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(70) DO C 375 de 13.10.2016, p. 1.
(71) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(72) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(73) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(74) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0144.
(75) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(76) DO L 362 de 31.12.2012, p. 1.
(77) Informe Especial del Tribunal n.º 31/2016.
(78) Informe Especial n.º 5/2015 y n.º 19/2016 del TCE.
(79) Comisión Europea, DG de Política Regional y Urbana: Resumen de los datos sobre los progresos efectuados en materia de financiación y aplicación de los instrumentos de ingeniería financiera facilitados por las autoridades de gestión de conformidad con el artículo 67, apartado 2, letra j), del Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, período de programación 2007-2013, situación a 31 de diciembre de 2015, 20.9.2016, p. 61.
(80) Véase el apartado 1.39 del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2015.
(81) Véanse los apartados 3.22 y 3.23 del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2015.
(82) Véase el apartado 3.29 del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2015.
(83) Véanse los apartados 3.33 a 3.38 del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2015.
(84) Véase el apartado 3.56 del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2015.
(85) Véase el apartado 4.16 del Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2015.
(86) COM(2016)0674, SWD(2016)0338, SWD(2016)0339.
(87) Compromiso y coherencia, evaluación ex post del 7º Programa Marco de la Unión (2007-2013), noviembre de 2015.
(88) Véase el apartado 3.19 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2015.
(89) Véase el apartado 3.22 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2015.
(90) Véase la sección 3 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2015.
(91) Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, con las observaciones que forman parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, Sección III – Comisión, apartado 8 (DO L 246 de 14.9.2016, p. 27).
(92) Informe anual de actividad de 2015 de la Dirección General de Investigación e Innovación, Bruselas 2016, p. 11, nota 8.
(93) SWD(2016)0318.
(94) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
(95) Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión (DO L 94 de 28.3.2014, p. 1).
(96) Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 243).
(97) Primeros resultados de la Iniciativa de Empleo Juvenil, Informe Final a la DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, junio de 2016.
(98) Véase el apartado 6.36 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2015.
(99) Respuesta a la pregunta 19 en el cuestionario presentado al comisario Creţu.
(100) Véase el apartado 8 de la Resolución de 28 de abril de 2016.
(101) Véase el apartado 6.9, nota 8, del Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2015;
(102) Evitar estos errores habría reducido el nivel de error estimado en 0,9 puntos porcentuales en «Medidas de apoyo al mercado» y en 3,2 puntos porcentuales en «Desarrollo rural»;
(103) En el Informe anual de actividad de la DG Agricultura y Desarrollo Rural se expone que el porcentaje de error ajustado ha disminuido del 2,61 % en 2014 al 1,47 % en 2015.
(104) Se entiende por «a tiempo completo» el número mínimo de horas indicado en las disposiciones nacionales que rigen los contratos laborales. Si las disposiciones nacionales no indican el número de horas, se considerará que 1 800 horas representan el mínimo de horas de trabajo anual: el equivalente a 225 días de trabajo de ocho horas cada uno.
(105) Según la última encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas (Eurostat), en la mano de obra agrícola de la UE-28 durante el período 2007-2013 globalmente se produjo un descenso de 2,3 millones de unidades de trabajo anual (UTA), lo que representa una reducción del 19,8 %.
(106) Véase la respuesta a la pregunta escrita 3 — Audiencia del comisario Hogan del 29 de noviembre de 2016.
(107) Véase el apartado 317 de la Resolución de 28 de abril de 2016.
(108) Los Estados miembros deben reducir las diferencias entre los niveles de pago por hectárea a los beneficiarios en sus respectivos territorios (lo conocido como «convergencia interna»); en principio (hay excepciones), deben reducir también al menos en un 5 % los ingresos superiores a 150 000 EUR que obtenga del régimen de pago básico o del régimen de pago único por superficie cualquier beneficiario; además, los Estados miembros pueden optar por redistribuir hasta el 30 % de su dotación nacional para pagos directos a las primeras 30 hectáreas de las explotaciones («pago redistributivo») y fijar un límite superior absoluto al importe percibido por los beneficiarios del régimen de pago básico o del régimen de pago único por superficie («límites máximos»).
(109) Véase el artículo 35, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia (DO L 255 de 28.8.2014, p. 59) y Reglamento (UE) n.° 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 352/78, (CE) n.° 165/94, (CE) n.° 2799/98, (CE) n.° 814/2000, (CE) n.° 1290/2005 y (CE) n.° 485/2008del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 549).
(110) Decisión de la Comisión C(2016)2210 de 12.4.2016 por la que se modifica la Decisión de la Comisión C(2014)5434 por la que se autoriza el reembolso sobre la base de costes unitarios por actividades ejecutadas por una entidad del grupo del Banco Mundial en virtud del Acuerdo marco con la Unión.
(111) Respuesta a la pregunta escrita 23 — Audiencia del comisario Avramopoulos del 29 de noviembre de 2016.
(112) Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (DO L 88 de 4.4.2011, p. 45).
(113) C(2016)3301.
(114) Véase el apartado 38 de la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012, que contiene las observaciones que forman parte integrante de sus decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, sección III — Comisión y agencias ejecutivas (DO L 286 de 17.10.2012, p. 31).
(115) Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020 (DO L 77 de 15.3.2014, p. 44).
(116) Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2016, Consejo/Frente Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.
(117) Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (DO L 123 de 12.5.2016, p. 1).
(118) Grupo de alto nivel de expertos independientes sobre el seguimiento de la simplificación para los beneficiarios de los fondos estructurales y de inversión europeos.
(119) Reglamento (UE) n.° 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1698/2005 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 487).


Aprobación de la gestión 2015: informes especiales del Tribunal de Cuentas Europeo en el marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015
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Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015 (2016/2208(DEC))
P8_TA(2017)0144A8-0160/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los informes especiales del Tribunal de Cuentas, elaborados de conformidad con el artículo 287, apartado 4, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0338/2016)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas su Decisión, de 27 de abril de 2017, por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión(5), y su Resolución que contiene las observaciones que forman parte integrante de dicha Decisión,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 (05876/2017 – C8-0037/2017),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(6) del Consejo, y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0160/2017),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

B.  Considerando que los informes especiales del Tribunal de Cuentas contienen información sobre aspectos importantes relacionados con la ejecución de los fondos, por lo que resultan útiles al Parlamento cuando actúa como autoridad de aprobación de la gestión;

C.  Considerando que las observaciones del Parlamento sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas forman parte integrante de la mencionada Decisión, de 27 de abril de 2017, por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión;

Parte I – Informe Especial n.º 18/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Ayuda financiera a los países con dificultades»

1.  Toma nota de las conclusiones y recomendaciones que figuran en el Informe Especial del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal);

2.  Se felicita del primer informe especial del Tribunal sobre la gobernanza económica en la Unión y está a la espera de los próximos informes que se publicarán durante el siguiente año;

3.  Lamenta que el Tribunal no haya incluido en este informe a todos los Estados miembros que reciben asistencia financiera desde el comienzo de la crisis financiera, incluido el programa para Grecia, con objeto de facilitar la comparación;

4.  Se felicita, no obstante, de que el Tribunal haya elaborado un informe especial separado sobre Grecia; pide al Tribunal que compare los resultados de los dos informes especiales y, en particular, que aborde las sugerencias hechas por el Parlamento en relación con el informe sobre Grecia, en particular los resultados a medio y largo plazo (por ejemplo, el debate en curso sobre el posible alivio de la deuda);

5.  Insta al Tribunal a que siga aumentando el número de recursos humanos y de conocimiento de que dispone en este ámbito con el fin de mejorar la calidad de su trabajo; pide al Tribunal que, mientras tanto, tenga plenamente en cuenta los informes de asesoramiento externo solicitados por el Tribunal como información de base para la auditoría;

6.  Señala que el Tribunal limitó la auditoría a un escenario de asistencia financiera concreto y a muy corto plazo con arreglo a lo decidido por el Consejo de la Unión, sin tener en cuenta otras posibles soluciones a los desequilibrios presupuestarios que eran ya objeto de debate público y académico, como por ejemplo la mutualización de la deuda soberana o el alivio de la deuda;

7.  Lamenta que el informe limite su atención a la gestión de la asistencia sin analizar, ni cuestionar, ni el contenido del programa ni las condiciones negociadas para la asistencia financiera;

8.  Toma nota de que las medidas específicas adoptadas por la Unión a nivel político y las principales características de los programas solo se han descrito en el informe especial; insta al Tribunal a que analice si las medidas adoptadas eran las adecuadas para el logro de los objetivos de los programas así como de qué manera han interactuado con el marco político más amplio y los objetivos a largo plazo, incluida la Estrategia Europa 2020;

9.  Observa que los objetivos de los programas de asistencia financiera eran que los países que recibieran asistencia volvieran a los mercados financieros, consiguieran unas finanzas públicas sostenibles y volvieran al crecimiento y redujeran el desempleo; lamenta que las conclusiones del Tribunal no hayan analizado en su totalidad los resultados del programa en relación con estos objetivos;

10.  Observa que el Tribunal centró principalmente sus conclusiones en la Comisión como gestora de la asistencia financiera, pero considera que, para mejorar la comprensión, se debería haber prestado una mayor atención al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo, que apoyaron inicialmente a la Comisión a la hora de preparar y supervisar los programas;

11.  Comparte la opinión de la Comisión de que se ha infravalorado el papel del Consejo y otras partes interesadas en la elaboración y gestión de los programas; pide al Tribunal y a la Comisión que analicen la pertinencia de las medidas adoptadas por el Consejo, el papel del Banco Central Europeo, y si estas medidas eran adecuadas para alcanzar los objetivos del programa y contribuyeron a los objetivos de la Unión, en particular acabar gradualmente con la crisis económica, y crear empleo y crecimiento;

12.  Lamenta que las partes interesadas no compartieran siempre toda la información disponible con la Comisión, lo que fue la causa de enfoques incoherentes por parte del equipo negociador; insta a la Comisión a que establezca un acuerdo formal con sus socios para tener pleno acceso a toda la información disponible a su debido tiempo y evitar así este tipo de problemas en el futuro;

13.  Destaca que algunas de las reformas mencionadas en los programas (por ejemplo, reforma de los mercados de trabajo) solo pueden tener resultados en la competitividad a muy largo plazo, mientras que con los programas de asistencia se buscan principalmente resultados más inmediatos, a corto plazo;

14.  Observa que los programas se han basado principalmente en la parte correspondiente al gasto (reformas del mercado laboral, regímenes de jubilación y desempleo, reducción de las entidades locales, etc.), así como en recortes de los programas públicos; entiende que estos recortes se han llevado a cabo para reformar los mercados financieros de los países que han recibido ayuda;

15.  Insta al Consejo a que examine cuidadosamente los instrumentos y el paquete de medidas disponibles para asistencia financiera en los futuros programas, con vistas a reducir el impacto en la población, los efectos no deseados en la demanda interna y la socialización de los costes de la crisis;

16.  Señala que la asistencia financiera proporcionada a los Estados miembros en dificultades adoptó la forma de empréstitos obtenidos en los mercados de capitales utilizando el presupuesto de la Unión como garantía; considera que el papel del Parlamento como autoridad presupuestaria en estos programas se ha visto perjudicado, lo que está reduciendo la legitimidad democrática de la asistencia financiera facilitada;

17.  Insta a la Comisión a que aumente el nivel de participación del Parlamento en el marco de la asistencia financiera cuando esté en juego el presupuesto de la Unión;

18.  Considera importante que se estudie el papel del Banco Central Europeo a la hora de ayudar indirectamente a los Estados miembros a alcanzar sus objetivos y respecto del aumento del apoyo a la arquitectura financiera de la Unión durante los programas financieros;

19.  Considera que al comienzo de la crisis no era fácil predecir algunos desequilibrios bruscos con unos efectos devastadores en algunos Estados miembros; destaca lo difícil que era predecir la magnitud y la naturaleza de la crisis financiera mundial que se registró en 2007 y 2008, que no tiene precedentes;

20.  Comparte la opinión del Tribunal de que la atención prestada al marco jurídico de seguimiento anterior a la crisis no fue suficiente para identificar el riesgo de las posiciones fiscales subyacentes en un momento de grave crisis económica;

21.  Se felicita de la aprobación por parte de los legisladores de los paquetes de seis medidas y de dos medidas introducidos a raíz de la crisis financiera para corregir las deficiencias de vigilancia mostradas por la crisis; considera, no obstante, que la reforma del marco de gobernanza económica de la Unión en los últimos años no ha permitido acabar del todo con la crisis, e insta a la Comisión a que analice más en profundidad los puntos fuertes y los puntos débiles del nuevo marco en comparación con otras economías similares (a saber, los Estados Unidos, Japón y otros países de la OCDE) y que proponga nuevas reformas de ser necesario;

22.  Pide a la Comisión que siga la recomendación del Tribunal de que continúe mejorando sus proyecciones macroeconómicas y presupuestarias;

23.  Toma nota de la conclusión del Tribunal de que, a pesar de las limitaciones de tiempo y una experiencia limitada, la Comisión consiguió asumir sus nuevas funciones de gestión de los programas de asistencia financiera; destaca la conclusión del Tribunal de que esto fue un logro teniendo en cuenta las circunstancias;

24.  Se felicita de la decisión de permitir que la gestión de la asistencia financiera sea responsabilidad de la Comisión y no de otros socios financieros, lo que permite una asistencia adaptada que tiene en cuenta las especificidades y la propiedad de los Estados miembros;

25.  Opina que, aunque se ha de tratar a los Estados miembros de forma equitativa, también es necesario que haya flexibilidad para adaptar y ajustar los programas y las reformas a las circunstancias nacionales específicas; considera que, en lo que se refiere a los futuros programas de la Comisión y los informes del Tribunal, debería ser necesario determinar y diferenciar la aplicación de las medidas que pertenecen estrictamente a la Unión de las agendas coyunturales nacionales;

26.  Toma nota de las observaciones del Tribunal en lo que se refiere a las dificultades de la Comisión para rastrear la información y que sus procedimientos no se orientaban a la evaluación retrospectiva de la adopción de decisiones;

27.  Destaca que en la fase inicial de los programas la Comisión operaba con una fuerte presión de tiempo y política ante algunos riesgos inciertos que suponían un riesgo para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y con unas consecuencias imprevisibles en la economía;

28.  Considera que, aunque no tenía experiencia previa en la asistencia financiera, la Comisión aprendió actuando y consiguió poner en marcha adecuadamente y de manera relativamente rápida esos programas, mejorando la gestión de los siguientes;

29.  Comparte las recomendaciones del Tribunal de que la Comisión debería analizar más en profundidad los principales aspectos de los ajustes de los países, así como comparar las proyecciones económicas, incluidos el mercado inmobiliario y la deuda pública y privada a nivel nacional; insta a todos los Estados miembros a que faciliten de manera sistemática y regular los datos pertinentes a la Comisión;

30.  Considera que el período comprendido entre el lanzamiento del primer programa de la Unión y el final del análisis del Tribunal debería brindar la oportunidad de incluir recomendaciones mejoradas tanto sobre las mejoras como sobre los resultados del programa para futuros programas, como consecuencia del diálogo interinstitucional y contradictorio entre el Tribunal y la Comisión;

31.  Opina que, por razones de transparencia y mejora de la información y comunicación a los ciudadanos, las respuestas de la Comisión y el dictamen del Tribunal se deberían presentar en dos columnas para permitir la comparación de los puntos de vista, tal y como se hace en el informe anual de Tribunal;

32.  Habida cuenta del carácter sensible de estos nuevos informes sobre la gobernanza financiera de la Unión, recomienda que los comunicados de prensa y otros documentos informativos reflejen de forma exhaustiva las conclusiones y recomendaciones del Tribunal;

Parte II – Informe Especial n.º 19/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Debe concederse más atención a los resultados para mejorar la asistencia técnica a Grecia»

33.  Observa que, en el momento de elaborar la presente Resolución, la Comisión ya había presentado su propuesta relativa al establecimiento del programa de apoyo a las reformas estructurales; se felicita de que la Comisión haya tenido claramente en cuenta las recomendaciones del Tribunal y espera que el programa de apoyo a las reformas estructurales surja como una importante herramienta para la asistencia técnica sobre la base de experiencia obtenida por el Grupo Especial para Grecia;

34.  Le preocupa que la rápida constitución del grupo especial ad hoc fuera la causa de algunos de sus problemas operativos; pide que se lleve a cabo una evaluación completa de la situación al respecto y que se elabore un plan de acción sucinto y por etapas, vinculante y previo a cualquier proyecto de asistencia técnica; pide que en sus posteriores programas de asistencia técnica la Comisión aplique un enfoque más planificado, incluido un mandato con fechas de inicio y finalización para los mandatos;

35.  Destaca que la asignación de un presupuesto específico es una condición indispensable para el éxito de los programas de asistencia técnica, tanto para los gastos de planificación como de racionalización, evitando así diferentes niveles de control y de normas que se han de cumplir, en relación con líneas presupuestarias separadas;

36.  Observa que el grupo especial gestiona un número impresionante de proyectos que involucran a múltiples organizaciones socias; opina que la incidencia de los programas de asistencia técnica se podría mejorar racionalizando los programas, limitando el número de organizaciones socias y el alcance de los proyectos para reducir al mínimo los esfuerzos de coordinación administrativa y aumentar la eficiencia;

37.  Lamenta que ni los Estados miembros beneficiarios ni el grupo especial proporcionaran a la Comisión informes periódicos de actividad; señala que la Comisión debería insistir en que se le presenten informes trimestrales de actividad sin excesivo retraso, así como un informe final completo en forma de evaluación ex post en un plazo de tiempo razonable tras la conclusión de los trabajos del Grupo Especial para Grecia; pide a la Comisión que realice sistemáticamente un seguimiento de la aplicación de la asistencia técnica con objeto de adaptarse a una asistencia técnica orientada a los resultados; pide además que la asistencia técnica y el Grupo Especial para Grecia incluyan en sus diferentes informes una contabilidad con cómo y dónde se gastaron exactamente los denominados fondos "de rescate" para Grecia;

38.  Pide a la Comisión, al Parlamento y al Consejo que aprovechen la oportunidad que les brinda la negociación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017-2020 para examinar las buenas prácticas de los líderes en este ámbito; insta a la Comisión a que, junto con los Estados miembros, encuentre un sistema para contratar expertos directamente de los Estados miembros, evitando así un nivel adicional de complejidad y carga administrativa eludiendo las agencias nacionales;

39.  Pide a los Estados miembros que den muestras de un mayor compromiso: mediante un enfoque basado en los resultados el Parlamento y los Estados miembros podrán prestar un mayor apoyo a través de sus comisiones encargadas de la supervisión presupuestaria;

Parte III – Informe Especial n.º 21/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Análisis de los riesgos de un enfoque orientado a los resultados en las acciones de desarrollo y cooperación de la Unión»

40.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

41.  Observa que la Comisión ha integrado el análisis de los riesgos en la gestión de sus intervenciones exteriores, que se lleva a cabo en entornos complejos y frágiles que presentan numerosos tipos de riesgos, países socios con diferente nivel de desarrollo y marcos de gobernanza;

42.  Acoge con especial satisfacción la recomendación del Tribunal a la Comisión de que mejore el uso de la terminología respecto de los resultados a largo plazo (realizaciones, efectos e impactos) y destaca la importancia de formular verdaderos objetivos «SMART» antes de adoptar cualquier decisión de financiación de diferentes proyectos;

43.  hace hincapié en la necesidad de poner mayor énfasis en la formulación de unos objetivos «realistas y realizables» para evitar situaciones en las que los países socios cumplen los objetivos iniciales pero sin resultados significativos en términos de desarrollo;

44.  Considera necesario evitar concentrarse en la ejecución presupuestaria como único objetivo de gestión, pues ello puede perjudicar al principio de buena gestión financiera y a la obtención de resultados;

45.  Recuerda que el seguimiento y cartografía regulares de los factores de alto riesgo (externos, financieros y operativos) y su cuantificación, desde la fase de determinación hasta la de ejecución, es un requisito imprescindible no solo para una buena gestión financiera y el gasto de calidad, sino también para asegurar la credibilidad, la sostenibilidad y la reputación de las intervenciones de la Unión; considera que crear perfiles de riesgo de actividades y países facilita también la concepción de una estrategia rápida de reducción del riesgo en caso de deterioro de la situación en un país socio;

46.  Destaca la necesidad de adaptar periódicamente el entorno de control y las funciones de gestión de riesgos para tener en cuenta la aparición de nuevas formas de instrumentos y estructuras de ayuda, como la financiación combinada, los fondos fiduciarios y las asociaciones financieras con otras instituciones internacionales;

47.  Reitera su opinión de que es necesario conseguir un nuevo equilibrio entre absorción, cumplimiento y ejecución, y que este debe reflejarse en la gestión de las operaciones;

48.  Considera que el desarrollo de capacidades, las estructuras de gobernanza y la apropiación de los países socios es también un medio importante para mitigar los riesgos sistémicos a fin de favorecer un entorno propicio para permitir que los fondos sirvan a los fines previstos cumpliendo los requisitos de las tres «es» (economía, eficiencia y eficacia);

49.  Considera necesario asimismo reforzar el diálogo político y estratégico, la condicionalidad de las ayudas y la estructura de cadena lógica a fin de garantizar la coherencia entre las decisiones y las condiciones previas a los pagos o los desembolsos en los convenios de financiación, vinculando claramente los pagos a la realización de las acciones y a los resultados, así como a la pertinencia de los objetivos y los indicadores seleccionados;

50.  Anima (especialmente en el caso de las iniciativas cofinanciadas y con varios donantes) a las instituciones internacionales a:

   evaluar y planificar los futuros beneficios de un proyecto y la manera en que cada uno de los socios participa en las realizaciones finales y en los impactos más generales para evitar dudas sobre la apropiación de los resultados, esto es, qué parte de los resultados es atribuible a la financiación de la Unión y cuál se debe a las intervenciones de otros donantes;
   combinar sus estructuras de gobernanza con la de la Unión, especialmente mejorando sus métodos de gestión de riesgos; considerar que la fungibilidad de los fondos debe ser objeto de un estrecho seguimiento por su alto nivel de riesgo fiduciario;

51.  Pide a la Comisión que garantice la eficacia del nexo entre las evaluaciones y la formulación de políticas, teniendo en cuenta todo lo aprendido en el proceso de toma de decisiones;

52.  Recuerda que obstaculizar el seguimiento del rendimiento y la evaluación de los resultados va en detrimento de la responsabilidad pública y de la información completa de los responsables políticos;

Parte IV – Informe Especial n.º 23/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Calidad del agua en la cuenca hidrográfica del Danubio: se ha avanzado en la aplicación de la Directiva Marco sobre el agua, pero queda camino por recorrer»

53.  Considera que las orientaciones para elaborar informes más diferenciados sobre los avances relativos a la calidad del agua deben ser proporcionadas por la Comisión;

54.  Coincide con el Tribunal en que la Comisión debe fomentar la comparabilidad de los datos, por ejemplo, mediante la reducción de las discrepancias en el número de sustancias fisicoquímicas que se evalúan en relación con el estado ecológico;

55.  Destaca la necesidad de que la Comisión prosiga su seguimiento de los progresos de los Estados miembros para lograr una buena calidad del agua, el objetivo de la Directiva Marco sobre el agua;

56.  Pide a los Estados miembros que garanticen el seguimiento de la buena calidad del agua para disponer de información precisa sobre la situación y el origen de la contaminación en cada una de las masas hídricas, que permita una mejor orientación y un aumento de la eficacia en relación con los costes de las medidas correctoras;

57.  Anima a los Estados miembros a que garanticen la coordinación entre los organismos que definen las medidas en los planes hidrológicos de cuenca y los que aprueban los proyectos que obtendrán financiación;

58.  Anima a los Estados miembros a que evalúen y garanticen la eficacia de los mecanismos de aplicación, en particular la cobertura que debe alcanzarse y el efecto disuasorio de las sanciones aplicadas;

59.  Pide a los Estados miembros que evalúen el potencial del uso del canon por contaminación del agua como instrumento económico y como modo de aplicar el principio de «quien contamina paga», al menos para las principales sustancias que afectan negativamente a la calidad el agua;

60.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de evaluar sistemáticamente no sólo la existencia sino también la idoneidad de las normas relativas a las buenas condiciones agrarias y medioambientales y los requisitos mínimos adoptados por los Estados miembros;

61.  Observa que la Comisión debe proporcionar orientaciones sobre los posibles métodos de recuperación de costes en el ámbito de la contaminación difusa;

62.  Pide a los Estados miembros que evalúen el potencial del uso de instrumentos económicos, como los impuestos medioambientales, como incentivo para reducir la contaminación y como modo de aplicar el principio de «quien contamina paga»;

63.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que identifiquen vías para simplificar la configuración y aplicación de los controles y garantizar su eficacia, sobre la base de un inventario de la aplicación de los mecanismos tanto de la Unión como nacionales;

Parte V – Informe Especial n.º 24/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «La lucha contra el fraude del IVA intracomunitario: es necesaria una acción más enérgica»

64.  Opina que la Comisión debería realizar un esfuerzo para crear un sistema común de estimación del volumen del fraude del IVA intracomunitario, que permita a los Estados miembros evaluar su eficacia mediante unos indicadores adecuados; considera que la eficacia debería evaluarse desde la perspectiva de la reducción de la incidencia del fraude del IVA intracomunitario y el aumento de la detección del fraude y de la recaudación del impuesto a raíz de dicha detección;

65.  Opina que, para mejorar la eficacia de Eurofisc como sistema eficiente de alerta rápida, la Comisión debería recomendar a los Estados miembros: a) introducir un análisis de riesgos común para garantizar que la información intercambiada a través de Eurofisc está orientada específicamente contra el fraude; b) mejorar la rapidez y la frecuencia de los intercambios de información; c) utilizar un entorno informático que sea fiable y fácil de utilizar; d) implantar indicadores y objetivos pertinentes para medir el rendimiento de los distintos ámbitos de trabajo; e) participar en todos los ámbitos de trabajo de Eurofisc;

66.  Pide a la Comisión que, en el contexto de su evaluación de las disposiciones de cooperación administrativa entre Estados miembros para intercambiar información entre sus autoridades tributarias para luchar contra el fraude intracomunitario del IVA, realice visitas de supervisión con arreglo a criterios de riesgo; cree que dichas visitas tendrían que centrarse en mejorar la puntualidad de las respuestas de los Estados miembros a las solicitudes de información, la fiabilidad del sistema de intercambio de información sobre el IVA, la rapidez de los controles multilaterales y el seguimiento de las constataciones de sus informes anteriores sobre cooperación administrativa;

67.  Teniendo en cuenta que los Estados miembros necesitan información para reforzar la cooperación con los países no miembros de la Unión y garantizar el gravamen del IVA sobre los servicios de comercio electrónico de empresa a consumidor y los bienes intangibles suministrados vía Internet, pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros para que negocien acuerdos de asistencia mutua con los países donde esté establecida la mayoría de los proveedores de servicios de internet y para que firmen dichos acuerdos, con el fin de reforzar la cooperación con los países no miembros de la Unión y garantizar el gravamen del IVA;

68.  Opina que, teniendo en cuenta que, a menudo, el fraude del IVA intracomunitario se relaciona con estructuras delictivas organizadas, la Comisión y los Estados miembros deberían suprimir las barreras jurídicas que impiden el intercambio de información entre las autoridades administrativas, judiciales y policiales a nivel nacional y de la Unión; considera, en particular, que habría que facilitar a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y a Europol el acceso a los datos sobre el IVA del sistema de intercambio de información y de Eurofisc, y que los Estados miembros deberían beneficiarse por su parte de la información facilitada por estos organismos;

69.  Considera que la Comisión debería aportar recursos financieros suficientes para velar por la viabilidad y sostenibilidad de los planes de acción operativos establecidos por los Estados miembros y ratificados por el Consejo en el marco de la plataforma pluridisciplinar europea contra las amenazas delictivas;

Parte VI – Informe Especial n.º 25/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Ayuda de la UE destinada a infraestructura rural: la optimización de los recursos empleados puede ser mucho mayor»

70.  Reconoce la importancia de las inversiones en infraestructuras rurales subvencionadas con fondos de la Unión, en particular, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural para necesidades, cuyos beneficios van más allá de la agricultura, que de otro modo podrían no hayan recibido financiación, dados los importantes retos económicos y la escasez de financiación a que se enfrentan las zonas rurales;

71.  Toma nota de que la financiación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural a proyectos de infraestructura se basa en la gestión compartida, conforme a la cual los Estados miembros son responsables de la gestión, el seguimiento y el control, así como de la selección y la ejecución de los proyectos, mientras que la función de la Comisión es supervisar el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión y control en los Estados miembros; opina que estos papeles se deben definir con mayor precisión para que los beneficiarios tengan claro cuáles son los ámbitos de competencia de los órganos de control; destaca que tanto la Comisión como los Estados miembros deben respetar el principio de buena gestión financiera;

72.  Considera que las conclusiones y recomendaciones del Tribunal, incluidas en el Informe Especial n.º 25/2015, son útiles para seguir mejorando la utilización basada en los resultados de las inversiones financiadas por la Unión en infraestructuras rurales y para lograr mejores resultados y una optimización de los recursos; pide a la Comisión que las aplique;

73.  Recomienda encarecidamente que las inversiones de la Unión en infraestructura rural se dirijan expresamente a proyectos que permitan la mejora de servicios públicos y/o contribuyan a la creación de puestos de trabajo y al desarrollo económico en las zonas rurales, y para los que existe una necesidad demostrable de ayuda pública y que aportan un valor añadido, garantizando al mismo tiempo que estos fondos constituyan inversiones adicionales y no se utilicen para sustituir la financiación a nivel nacional de servicios esenciales;

74.  Recomienda a los Estados miembros que adopten un planteamiento coordinado que cuantifique las necesidades, si procede, y las carencias de financiación y justifique la aplicación de las medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR), y que considere no solo los fondos y programas de la Unión, sino también los programas nacionales, regionales y locales además de fondos públicos y privados que puedan abordar —o ya estén abordando— las mismas necesidades que los PDR;

75.  Pide a la Comisión que tome como base las primeras medidas adoptadas para garantizar una coordinación eficaz y una complementariedad entre las distintas fuentes de financiación de la Unión, a través de la lista de control que la Comisión utiliza para garantizar la coherencia de los PDR del período 2014-2020, y que siga proporcionando orientaciones a los Estados miembros durante la aplicación de los programas, no solo sobre cómo lograr una mayor complementariedad, sino también sobre cómo evitar el riesgo de sustitución de fondos y atenuar el riesgo de efecto de peso muerto; pide a la Comisión, a este respecto, que intervenga también promoviendo las buenas prácticas;

76.  Recomienda a los Estados miembros que, para reducir el riesgo de efecto de peso muerto, antes de fijar los niveles de ayuda para medidas de infraestructura, evalúen el nivel adecuado de la financiación pública necesaria para estimular las inversiones, así como durante el proceso de selección de proyectos, que comprueben, si procede antes de aprobar las solicitudes de ayuda, si el solicitante­ cuenta con capital suficiente o con acceso al mismo para financiar la totalidad o parte del proyecto; anima a los Estados miembros a que hagan un mejor uso de los sistemas de información sobre la gestión;

77.  Pide que se respete el principio de adicionalidad en todos los niveles, e insiste, por lo tanto, en la constitución adecuada de comités de seguimiento y su participación activa en el proceso de coordinación; pide a la Comisión que utilice adecuadamente su papel consultivo en los comités de seguimiento;

78.  Celebra las directrices de la Comisión, formuladas en marzo de 2014, animando a los Estados miembros a garantizar una aplicación transparente y coherente de los criterios de admisibilidad y de selección a lo largo de todo el período de programación, que los criterios de selección se apliquen incluso en casos en los que el presupuesto disponible es suficiente para financiar todos los proyectos subvencionables y que los proyectos con una puntuación total inferior a un umbral determinado se excluyan de la ayuda, e insta a los Estados miembros a seguir estrictamente esas directrices para proyectos de infraestructura rural financiados por la Unión;

79.  Pide que los Estados miembros definan y apliquen de forma coherente criterios que garanticen la selección de los proyectos más rentables, es decir, los proyectos con potencial para contribuir en mayor medida a los objetivos del PDR por unidad de coste; les pide que garanticen que las estimaciones de costes de los proyectos se basen en la información sobre precios actualizada que refleje los precios reales del mercado y que los procedimientos de contratación pública sean justos y transparentes y fomenten una competencia real; toma nota de las orientaciones desarrolladas por la Comisión a finales de 2014 sobre cómo evitar errores comunes en los proyectos cofinanciados por la Unión, y anima a todos los Estados miembros a cumplir los requisitos de condicionalidad ex ante para la contratación pública antes de finales de 2016;

80.  Pide también una mayor transparencia en el proceso de selección; considera que las autoridades de gestión al aprobar solicitudes de subvención deberían tomar en consideración la opinión pública sobre problemas locales en las zonas rurales; reconoce que los grupos de acción local pueden desempeñar un papel importante en este proceso;

81.  Recomienda a la Comisión que incluya en el ámbito de aplicación de sus futuras auditorías un examen de los aspectos del rendimiento en relación con los proyectos de infraestructura en el espacio rural y espera que los cambios introducidos por la Comisión para el período de programación 2014-2020, basados en problemas identificados en el pasado, produzcan la mejora prevista;

82.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan requisitos que obliguen a los beneficiarios a garantizar la sostenibilidad a largo plazo y el mantenimiento adecuado de la infraestructura financiada con inversiones de la Unión, y que comprueben la aplicación de los requisitos respectivos;

83.  Solicita que los Estados miembros fijen un plazo razonable para la tramitación de las solicitudes de subvención y de pago y que lo respeten, ya que en la mayoría de los casos los beneficiarios ya han utilizado préstamos puente para finalizar las obras;

84.  Recomienda que, para el período 2014-2020, la Comisión y los Estados miembros recaben datos oportunos, pertinentes y fiables que ofrezcan información útil sobre los logros de los proyectos y las medidas financiados; espera que esta información permita extraer conclusiones sobre la eficiencia y la eficacia de los fondos utilizados, identificar las medidas y los tipos de proyectos de infraestructuras que contribuyan en mayor medida al logro de los objetivos de la Unión y que proporcionen una base sólida para mejorar la gestión de las medidas;

85.  Anima a los Estados miembros a garantizar que se establecen objetivos claros, específicos y, en la medida de lo posible, cuantificados para los proyectos en los que se hayan comprometido fondos, lo que facilitará la ejecución y el seguimiento de los proyectos, y aportará información útil para las autoridades de gestión;

86.  Reconoce que el «desarrollo local dirigido por la comunidad local» es una herramienta importante para remediar las deficiencias detectadas por el Tribunal;

Parte VII – Informe Especial n.º 1/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Está bien concebido y basado en datos fiables el sistema de medición de resultados aplicado por la Comisión a la renta de los agricultores?»

87.  Recomienda que la Comisión elabore un marco estadístico más amplio que proporcione información sobre la renta disponible de los hogares agrícolas y que refleje mejor el nivel de vida de los agricultores; considera que, para ello, la Comisión debe estudiar, en colaboración con los Estados miembros y sobre la base de una metodología común, la mejor forma de desarrollar y combinar los instrumentos estadísticos existentes de la Unión;

88.  Recomienda que la Comisión mejore el marco para comparar las rentas de los agricultores con las rentas en otros sectores de la economía;

89.  Pide a la Comisión que siga desarrollando las cuentas económicas de la agricultura para aprovechar mejor su potencial a fin de:

   proporcionar información más detallada sobre los factores que afectan a la renta agrícola; y
   garantizar la transmisión de datos regionales sobre la base de acuerdos formales con los Estados miembros.

90.  Opina que la Comisión debe examinar si se pueden seguir desarrollando las cuentas económicas de la agricultura para facilitar una estimación razonable del valor económico de los bienes públicos que producen los agricultores y velar por que la información sobre las cuentas económicas de la agricultura se utilice adecuadamente en los indicadores de ingresos;

91.  Recomienda que la Comisión base su análisis de los ingresos de los agricultores en indicadores que tengan en cuenta la situación actual de la agricultura y en datos suficientes y coherentes sobre todos los beneficiarios de las medidas de la PAC; considera que esto puede llevarse a cabo mediante el desarrollo de sinergias entre los datos administrativos existentes o mediante el desarrollo de la Red de Información Contable Agrícola o de otras herramientas estadísticas adecuadas;

92.  Opina que, dada la importancia de las cuentas económicas de la agricultura para el seguimiento de la PAC, la Comisión debe implantar una presentación de informes periódicos de calidad sobre dichas cuentas y obtener una garantía razonable de que los Estados miembros establecen un marco de garantía de calidad para que los datos que facilitan sean comparables y se compilen en consonancia con los criterios de calidad aplicables a las estadísticas europeas;

93.  Recomienda que la Comisión corrija las deficiencias detectadas en la aplicación de la Red de Información Contable Agrícola, acordando un calendario claro con los Estados miembros en cuestión y fomentando un mejor aprovechamiento del potencial del sistema;

94.  Pide a la Comisión que mejore los actuales sistemas de calidad aplicados a la elaboración de estadísticas de la Red de Información Contable Agrícola por los Estados miembros, de modo que en todos los Estados miembros se representen adecuadamente los sectores y las clases de dimensiones de las explotaciones que sean de interés para la PAC, y se reflejen también las opciones de la PAC que hayan escogido;

95.  Recomienda que, teniendo en cuenta las deficiencias detectadas por el Tribunal, la Comisión mejore la fiabilidad y la integridad de la información sobre los resultados de las medidas de la PAC en relación con la renta de los agricultores mediante:

   la definición desde un principio de objetivos operativos y bases de referencia adecuados con los que puedan compararse los resultados de las medidas de la PAC para el próximo período de programación;
   en el contexto de sus evaluaciones, la complementación del marco actual de indicadores de resultados con otros datos pertinentes y de buena calidad para medir los resultados logrados;
   también en el contexto de sus evaluaciones, la valoración de la eficiencia y la eficacia de las medidas diseñadas para apoyar la renta de los agricultores;

Parte VIII – Informe Especial n.º 3/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Lucha contra la eutrofización en el mar Báltico: se requieren medidas adicionales y más eficaces»

96.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal y respalda sus recomendaciones;

97.  Lamenta profundamente que, a pesar de que entre 2007 y 2013 la Unión destinara 14 500 millones de euros al tratamiento de las aguas residuales y a medidas de protección del agua en los Estados miembros de la Unión de la región del mar Báltico, además de los 44 millones de euros destinados a la mejora de la calidad del agua en Rusia y Bielorrusia entre 2001 y 2014, se hayan realizado escasos progresos en materia de reducción de las emisiones de nutrientes; pide a la Comisión que preste especial atención a la rentabilidad de las medidas mencionadas;

98.  Destaca que la eutrofización es una de las amenazas principales que impide alcanzar un buen estado ecológico del mar Báltico e insiste en la importancia de combatir la eutrofización de uno de los mares más contaminados del mundo; lamenta, por lo tanto, los progresos limitados que se han realizado en la reducción de nutrientes en el marco del programa de reducción de nutrientes de la Comisión para la Protección del Medio Marino de la zona del Mar Báltico (Helcom, por su acrónimo de Helsinki Commission), que asigna objetivos en materia de reducción de nutrientes para cada Estado báltico; lamenta que algunos Estados miembros solo hayan aplicado parcialmente la Directiva de la Unión;

99.  Hace hincapié en que los Estados miembros deberían crear sus procedimientos relativos al programa sobre nitratos basándose en las indicaciones y los consejos científicos más recientes;

100.  Pide a la Comisión que solicite a los Estados miembros que recojan información sobre la rentabilidad de las medidas de reducción de la carga de nutrientes con el fin de poder realizar un análisis riguroso con vistas a establecer futuros programas de medidas;

101.  Insta a la Comisión a que mejore la fiabilidad de los datos de seguimiento sobre nutrientes en el mar Báltico, ya que su fiabilidad no está garantizada;

102.  Insta a la Comisión a que promueva que los Estados miembros designen de forma efectiva las zonas vulnerables a los nitratos con el objetivo de establecer medidas suficientes en las zonas altamente vulnerables y, al mismo tiempo, evitar cargas innecesarias a los agricultores que ejercen su actividad en zonas que no son vulnerables a los nitratos; destaca que los Estados miembros de la región del mar Báltico deberían volver a evaluar la designación de zonas vulnerables a los nitratos;

103.  Observa con preocupación la falta de eficacia de las acciones destinadas a reducir la contaminación por nutrientes de las aguas residuales urbanas; pide a la Comisión que garantice el seguimiento efectivo de la aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas(7) y que garantice, asimismo, que los Estados miembros cumplen plenamente las disposiciones de esta Directiva;

104.  Lamenta que las recomendaciones de la Helcom solo se hayan logrado y aplicado parcialmente en virtud de la Directiva de la Unión para actividades específicas;

105.  Observa que la financiación de los proyectos en Rusia y Bielorrusia ha sido objeto de un importante efecto de palanca; manifiesta su preocupación, no obstante, por los retrasos en los proyectos, que pueden provocar considerables pérdidas de recursos; pide a la Comisión que continúe sus esfuerzos en este sentido y que preste una mayor atención a los principales agentes contaminantes identificados por la Helcom; opina asimismo que, en el marco de la cooperación entre los Estados de la Unión y terceros países, deberían identificarse las mejores prácticas y aplicarse de forma generalizada;

Parte IX – Informe Especial n.º 4/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología debe modificar sus mecanismos de aplicación y algunos elementos de su concepción para lograr el impacto esperado»

106.  Acoge con satisfacción el informe dedicado al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) y expone a continuación sus observaciones y recomendaciones;

107.  Se congratula por las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas;

108.  Observa que el Tribunal ha identificado varias deficiencias en conceptos y procesos operativos clave y que ha formulado cuatro recomendaciones para convertir al EIT en un instituto innovador y vanguardista;

109.  Se remite a los ejercicios de 2012 y 2013, en los que se pospuso la decisión sobre la aprobación de la gestión del EIT debido a la falta de garantías sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones de subvención del EIT, a pruebas insuficientes del respeto del límite máximo del 25 % del gasto global de las comunidades de conocimiento e innovación (CCI), al elevado nivel de prórrogas no ejecutadas y a los retrasos en la aplicación de las recomendaciones del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión;

110.  Considera que el informe actual del Tribunal plantea serias dudas sobre la base, el modelo de financiación y el funcionamiento del EIT;

111.  Toma nota de la respuesta de la Comisión al informe, en la cual expresa su opinión sobre los datos y las conclusiones; señala que la Comisión coincide con la mayoría de las recomendaciones del Tribunal;

112.  Señala que, según el informe, en 2015 el EIT llevó a cabo una serie de mejoras, que parecen reflejar las conclusiones y recomendaciones del Tribunal; observa que es necesario proceder a un seguimiento y una evaluación rigurosos a fin de verificar los efectos de estas mejoras;

113.  Hace hincapié en que la celebración de un acuerdo plurianual de subvención entre el EIT y las CCI y la estrategia plurianual de las CCI no debería constituir un obstáculo para la elaboración de informes anuales de las CCI;

114.  Destaca que el seguimiento del rendimiento y la evaluación de los resultados reviste un carácter fundamental para que los responsables políticos dispongan de información completa; subraya que esto mismo debe aplicarse también en el caso del EIT y las CCI;

115.  Recuerda que el Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación introdujo en 2015 el concepto de «innovación abierta» como concepto político clave en el que se ha de enmarcar la política de la Unión en materia de innovación; considera que no está claro el papel que desempeña el EIT en este concepto; hace hincapié en que este concepto no proporciona un marco claro para el desarrollo de una acción coherente y coordinada por la Comisión, habida cuenta del número de políticas e instrumentos afectados y del número de direcciones generales implicadas en el apoyo a la innovación;

116.  Pide a la Comisión que garantice una política de innovación coordinada y eficiente, en la que las direcciones generales responsables se encarguen de la puesta a punto de las actividades e instrumentos, y que informe al Parlamento de estos esfuerzos;

117.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en las CCI, la participación de las empresas en la elección de las investigaciones pueda llevar a situaciones en las que se cree un vínculo, económico o de otro tipo, entre la industria y los investigadores y que, como consecuencia, estos dejen de ser considerados independientes; expresa esta preocupación en un contexto de aumento de la influencia de las empresas en la ciencia y la investigación de carácter fundamental;

118.  Entiende el cometido del EIT de promover la cooperación entre la educación superior, la investigación y la innovación; observa que las empresas pueden ser a menudo las principales beneficiarias, en tanto que propietarias legales de productos innovadores comercializados y receptoras de ganancias económicas; hace hincapié en la necesidad, en este contexto, de examinar la posibilidad de incorporar una estructura al modelo de cooperación en la que determinados fondos puedan, al menos de forma parcial, retornar al EIT;

119.  Cree que las mejoras señaladas y la conformidad de la Comisión con las recomendaciones son motivos para esperar a que se produzcan nuevos avances dentro del EIT;

120.  Pide al EIT que, en su informe anual de 2016, facilite a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria un análisis en profundidad de la aplicación de las recomendaciones del Tribunal;

121.  Pide a la Comisión que proporcione al Parlamento un informe de seguimiento de la aplicación y el control de las medidas adoptadas a raíz de las recomendaciones del Tribunal;

Parte X – Informe Especial n.º 5/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Ha garantizado la Comisión la aplicación eficaz de la Directiva de servicios?»

122.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, aprueba sus recomendaciones y celebra que la Comisión las acepte y tenga intención de tomarlas en consideración en el futuro;

123.  Observa que, pese a esta limitación en el ámbito de aplicación al quedar excluida la provisión de algunos servicios, la Directiva de servicios(8) tiene un ámbito de aplicación muy amplio, lo que obligó a la Comisión a disponer una serie de medidas para asegurar su correcta aplicación;

124.  Subraya que el mercado de servicios aún no ha desarrollado plenamente su potencial, y que el impacto sobre el crecimiento y el empleo de una aplicación lograda de la Directiva de servicios es elevado. Aunque todavía no se conoce el beneficio económico potencial de la plena aplicación de la Directiva, considera que la Comisión debería elaborar un estudio para estimar en cifras los beneficios de producción con la mayor fiabilidad posible;

125.  Anima a incluir un mayor número de sectores para suprimir más obstáculos sectoriales a la integración del mercado con el objetivo final de suprimir las barreras en el mercado interior de los servicios y desarrollar plenamente el potencial de la Unión en términos de crecimiento, competitividad y creación de empleo;

126.  Considera que los Estados miembros hubieran podido hacer un mejor uso de las medidas de la Comisión para apoyar la transposición, la aplicación y la ejecución, especialmente poniendo en común los problemas surgidos en las diferentes etapas del procedimiento, debatiendo posibles soluciones comunes e intercambiando mejores prácticas;

127.  Conviene en que la Comisión debería reducir en la medida de lo posible la duración de los procedimientos de infracción;

128.  Lamenta que una serie de herramientas, como las «ventanillas únicas», el Sistema de Información del Mercado Interior o la Red de Centros Europeos del Consumidor (Red CEC), no hayan sido suficientemente conocidas y utilizadas por las empresas y los consumidores para solventar problemas en relación con la aplicación de la Directiva de servicios;

129.  Observa que la provisión de servicios en línea sigue siendo limitada, por las inseguridades que conlleva para proveedores y destinatarios de los servicios;

Parte XI – Informe Especial n.º 6/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Programas de erradicación, control y vigilancia para combatir las enfermedades animales»

130.  Acoge con satisfacción las recomendaciones del Tribunal y se felicita de la aceptación de las mismas por parte de la Comisión;

131.  Celebra que la auditoría haya valorado como idóneos los programas para las enfermedades animales y que haya calificado de correctos el asesoramiento técnico, el análisis de riesgos y los mecanismos de apoyo; se satisface de los resultados positivos de estos programas sobre salud animal en la Unión; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen este enfoque acertado también en el futuro;

132.  Opina que convendría seguir mejorando los amplios indicadores de resultados para los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de determinadas enfermedades animales y zoonosis, en particular por lo que respecta a la aplicación técnica y los indicadores económicos, que permitirían realizar un análisis de la relación coste-eficacia de los programas;

133.  Señala que, según la Comisión, es difícil establecer la relación coste-eficacia de los programas, en particular dada la ausencia de modelos disponibles incluso a escala internacional; observa igualmente que el hecho de que los programas permitan evitar la propagación de enfermedades, la infección humana y salvar vidas confirma la buena relación coste-beneficio de los mismos;

134.  Señala que los sistemas informáticos correspondientes podrían facilitar mejor el intercambio de datos epidemiológicos y el acceso a los resultados históricos, permitiendo una mejor coordinación de las actividades de control entre los Estados miembros; señala que, según la Comisión, se están desarrollando las herramientas informáticas existentes para prestar un mejor apoyar a los Estados miembros; anima a la Comisión a velar por que las herramientas informáticas desarrolladas aporten un valor añadido al intercambio de la información necesaria;

135.  Considera que la Comisión debería apoyar la disponibilidad de las vacunas que hayan de utilizar los Estados miembros cuando esté justificado por motivos de epidemia; celebra el hecho de que ya se hayan creado bancos de vacunas/antígenos para dos enfermedades; anima a la Comisión a que continúe con un análisis de riesgos que pudiera determinar una necesidad potencial de otros bancos de vacunas/antígenos;

136.  Toma nota de que la Comisión acepta garantizar que los Estados miembros incluyan sistemáticamente, si procede, el aspecto de la fauna salvaje en sus programas veterinarios;

137.  Toma nota de que, en determinados países, los programas no tuvieron tanto éxito en la erradicación de las enfermedades animales y los progresos fueron más bien lentos; pide a la Comisión que, en colaboración con los Estados miembros, dé prioridad a esos casos específicos y que elabore una estrategia detallada que contribuya a racionalizar la erradicación de las enfermedades, en particular de la tuberculosis bovina en el Reino Unido e Irlanda y la brucelosis ovina y caprina en el sur de Italia;

138.  Observa con preocupación que la legislación de base relativa a la cuestión de las enfermedades animales sigue siendo sumamente compleja y fragmentada; acoge con satisfacción la adopción en marzo de 2016 de un acto legislativo marco, a saber, el Reglamento sobre enfermedades animales transmisibles («Legislación sobre Sanidad de los animales»)(9); observa que el nuevo reglamento será aplicable cinco años después de su adopción; se felicita de que el nuevo reglamento ofrecerá normas más claras, más simples y racionalizadas;

Parte XII – Informe Especial n.º 7/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «La gestión por el Servicio Europeo de Acción Exterior de sus edificios en todo el mundo»

139.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal y expone a continuación sus observaciones y recomendaciones;

140.  Hace hincapié en que el SEAE y los Estados miembros comparten el interés por seguir desarrollando la cooperación local en el ámbito de la gestión inmobiliaria, prestando una atención particular y continua a las cuestiones referentes a la seguridad, la rentabilidad económica y la imagen de la Unión

141.  Se congratula del aumento de los proyectos de coubicación de las delegaciones de la Unión con los Estados miembros, mediante la firma de diecisiete memorandos de acuerdo; alienta al SEAE a que siga buscando la manera de ampliar estas buenas prácticas; considera que esta política debe incluir enfoques innovadores orientados a definir tanto una estrategia coordinada de coubicación con los Estados miembros deseosos de participar y unos acuerdos adecuados de costes compartidos en asuntos inmobiliarios y logísticos;

142.  Deplora las deficiencias en el registro y las inexactitudes del sistema de información para la gestión de los edificios de oficinas y las residencias de las delegaciones; pide que se revisen periódicamente la exhaustividad y fiabilidad de los datos registrados por las delegaciones de la Unión;

143.  Insta al SEAE que refuerce el control de su gestión y sus instrumentos de control de todos los costes derivados de la política inmobiliaria a fin de garantizar una visión global y un seguimiento exactos de todos los gastos; considera que debe hacerse hincapié en el respeto de los límites máximos definidos en la política inmobiliaria, a fin de reducir el alquiler anual total de las oficinas de las delegaciones, la adecuación de las contribuciones pagadas por las entidades en régimen de coubicación, la cobertura de los costes corrientes derivados de las situaciones de coubicación y la adecuación de los costes a las condiciones del mercado local;

144.  Opina que deben desarrollarse rápidamente los conocimientos jurídicos y técnicos en materia de gestión inmobiliaria al tiempo que se considere cualquier opción alternativa rentable, como el recurso al asesoramiento externo, por ejemplo de operadores locales, para la prospección del mercado o la posible negociación con los propietarios;

145.  Apoya la aplicación de una estrategia a medio-largo plazo que identifique todas las opciones, desde las prioridades de inversión o las posibilidades de adquisiciones, y la renovación de contratos de arrendamiento, hasta el compartir dependencias con los Estados miembros, teniendo en cuenta asimismo las previsiones de personal y la planificación y el desarrollo de políticas;

Parte XIII – Informe Especial n.º 8/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Transporte de mercancías por ferrocarril en la UE: todavía no se avanza por la buena vía»

146.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, aprueba sus recomendaciones y celebra que la Comisión las acepte y tenga intención de tomarlas en consideración;

147.  Pone de relieve los ámbitos en los que más se necesita la intervención de los Estados miembros y la Comisión: la liberalización del mercado, los procedimientos de gestión del tráfico, las limitaciones administrativas y técnicas, la supervisión y la transparencia de los resultados del sector del transporte de mercancías por ferrocarril, las condiciones de competencia equitativas para los distintos modos de transporte, la coherencia entre los objetivos de la política y la asignación de fondos, y la mejora de la coordinación entre los Estados miembros y la Comisión en la selección, planificación y gestión de proyectos y el mantenimiento de la red ferroviaria;

148.  Señala que la Comisión no ha evaluado adecuadamente el impacto de los paquetes de medidas legislativas que ha adoptado desde el año 2000 en el sector ferroviario, en particular en el transporte de mercancías por ferrocarril; lamenta que los fondos de la Unión invertidos en los distintos proyectos no hayan sido rentables;

149.  Considera que si la situación del sector ferroviario se mantiene en la misma línea no será posible alcanzar los objetivos de transferencia fijados para 2030;

150.  Opina que realizar una evaluación de impacto común y obligatoria de la futura legislación en materia de transporte de mercancías por ferrocarril, con el fin de velar por que se resuelvan de forma eficaz las deficiencias relacionadas con las incompatibilidades de la red, redunda en interés de los Estados miembros;

151.  Observa que el sector ferroviario es generalmente muy corporativo, por lo que la liberalización del mercado podría ser percibida más bien como una amenaza que como un beneficio;

152.  Considera que el transporte de mercancías por ferrocarril es uno de los aspectos fundamentales del mercado único de bienes y, dado su enorme potencial positivo en lo que se refiere a los objetivos en materia de cambio climático y reducción del transporte por carretera, insta a la Comisión a que dé un nuevo impulso a este sector en el marco de la estrategia para el mercado único; pide, asimismo, que se adopte una estrategia para el transporte de mercancías por ferrocarril;

153.  Solicita que se lleve a cabo una evaluación exhaustiva del transporte de mercancías por ferrocarril de la Unión, prestando especial atención a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 913/2010(10), en particular en lo que respecta al sistema de ventanilla única y a la adjudicación de surcos, así como una evaluación, en paralelo, de los corredores ferroviarios de mercancías y los corredores del Mecanismo «Conectar Europa», incluidos los proyectos que ya han sido aprobados en virtud del Mecanismo «Conectar Europa»;

154.  Solicita que se lleve a cabo una evaluación exhaustiva de la interoperabilidad de los sistemas ferroviarios nacionales;

155.  Solicita que se lleve a cabo una evaluación de las estrategias de transporte de los Estados miembros elaboradas tras los acuerdos de asociación en lo que respecta a la armonización transfronteriza y el funcionamiento de los corredores RTE-T;

156.  Pide que se elabore un plan de acción para apoyar la plena y rápida aplicación del cuarto paquete ferroviario;

157.  Lamenta que varios de los obstáculos para desarrollar una industria europea del transporte ferroviario fuerte y competitiva que señaló el Tribunal en su Informe Especial n.º 8/2010 sigan impidiendo los avances en este sector;

Parte XIV – Informe Especial n.º 9/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado «Gasto en la política de migración exterior de la UE en los países de la vecindad oriental y del Mediterráneo meridional hasta 2014»

158.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

159.  Toma nota del enfoque crítico del Tribunal y del gran número de deficiencias expuestas por dicha institución, especialmente la ineficacia en la utilización de los fondos asignados;

160.  Pide a la Comisión que evalúe todas las observaciones del Tribunal y adopte las medidas solicitadas para evitar que se cometan los mismos errores en la política de migración 2014-2020; insta a que se pongan en práctica todas las recomendaciones del Tribunal;

161.  Opina que, a la hora de utilizar los fondos, deberían seguirse unos sistemas mejorados de supervisión y evaluación partiendo de indicadores de base, índices de referencia progresivos y objetivos realistas y mensurables; insta a la Comisión a que revise todos los indicadores, índices de referencia y objetivos contemplados en los programas sobre migración propiamente dichos;

162.  Opina que se ha de procurar constantemente encontrar una respuesta global y coordinada en la medida en que la crisis migratoria plantea muchos retos que transcienden diferentes sectores y ámbitos administrativos;

163.  Pide una mejora continuada de la visión y el marco estratégicos de las políticas exteriores y las opciones políticas de la Unión en materia de migración junto con los agentes clave, en aras de la claridad y de una movilización coordinada y coherente de los mecanismos de dimensión exterior de la política de migración, a corto, medio y largo plazo, tanto dentro como fuera del marco presupuestario de la Unión;

164.  Pide a la Comisión que contribuya de manera constructiva a la mejora de la coordinación entre los distintos instrumentos, mecanismos y partes interesadas pertinentes con el fin de prevenir las crisis migratorias;

165.  Pide a las principales partes interesadas que reflexionen y den una respuesta adecuada por lo que respecta al equilibrio entre la flexibilidad de las intervenciones, la complementariedad de los fondos, su nivel y la potenciación necesaria, así como las posibles sinergias y la adicionalidad global de las intervenciones de la Unión;

166.  Opina, en este contexto, que debe procurarse destinar adecuadamente la ayuda a la variada y cambiante problemática de la dimensión exterior de la migración, al tiempo que se garantiza una supervisión adecuada de los fondos desembolsados para que no haya riesgo de que se produzcan desvíos de fondos y doble financiación;

167.  Considera que es absolutamente necesario conciliar la demanda de mejores resultados con la disponibilidad de fondos suficientes para garantizar un alto grado de ambición a la hora de elaborar una respuesta global y sostenible de la Unión a los retos actuales y futuros derivados de la crisis migratoria; opina que las negociaciones sobre la revisión intermedia del marco financiero plurianual son el foro adecuado para afrontar esos retos, con vistas a incrementar el presupuesto destinado a dichos fondos;

168.  Opina que, además del déficit de financiación, la actual fragmentación de los instrumentos, con una falta de interconexión entre sus propios objetivos específicos, dificulta el control parlamentario sobre la manera en que se utilizan los recursos y la determinación de responsabilidades, por lo que también dificulta la evaluación clara de los importes gastados efectivamente en apoyo de la acción exterior sobre migración; lamenta que todo ello desemboque en una falta de eficacia, transparencia y rendición de cuentas; considera necesario redefinir las diferentes posibilidades de utilización de los instrumentos políticos existentes con una configuración de los objetivos clara y renovada para incrementar su eficacia y visibilidad generales;

169.  Opina que los fondos de la política de migración exterior de la Unión han de gastarse de manera más eficiente cumpliendo unos criterios de «valor añadido» para ofrecer a las personas unas condiciones de vida adecuadas en sus países de origen e impedir que los flujos de la migración económica se intensifiquen;

170.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un seguimiento, evalúe y revise de manera constructiva las actividades de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que estaba previsto que comienzase en octubre de 2016;

171.  Acoge con satisfacción la creación de fondos fiduciarios de la Unión y la intención de desembolsar fondos con más rapidez y flexibilidad en situaciones de emergencia, y de reunir diferentes fuentes de financiación para hacer frente a todos los componentes de cualesquiera crisis;

172.  Observa que los fondos fiduciarios forman parte de una respuesta ad hoc que demuestra que el presupuesto de la Unión y el marco financiero plurianual carecen de los recursos y la flexibilidad necesarios para adoptar un enfoque rápido y global con respecto a crisis importantes; lamenta que, a raíz de lo anterior, se eluda a la Autoridad Presupuestaria, lo que socava la unidad del presupuesto;

173.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, en el contexto de la revisión intermedia del marco financiero plurianual, de crear una nueva reserva de crisis de la Unión Europea que se financie con créditos liberados, a modo de instrumento adicional para responder rápidamente a las situaciones de urgencia de la Unión; pide al Consejo que respalde plenamente esa propuesta;

174.  Insiste en que es importante disponer de mecanismos de control suficientes para garantizar un control político de la ejecución del presupuesto en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión; insta a la Comisión a que adopte de inmediato medidas para aumentar la participación de la Autoridad Presupuestaria y de control presupuestario, y para adaptar mejor los fondos fiduciarios y demás mecanismos a la norma presupuestaria, en particular haciendo que figuren en el presupuesto de la Unión;

175.  Lamenta que la Comisión no haya facilitado detalles sobre los pagos efectivos, y hace un llamamiento a dicha institución para que adopte las medidas adecuadas para reforzar y simplificar la codificación dentro del sistema de información financiera, a fin de proceder mejor al seguimiento y la supervisión de los importes destinados a la acción exterior en el ámbito de la migración;

176.  Pide a la Comisión que establezca un instrumento de archivo global para los gastos relacionados con la migración a escala de la Unión, que incluya todos los proyectos finalizados, en curso y previstos; considera que la base de datos interactiva debe facilitar a las partes interesadas y a los ciudadanos los resultados visualizados en el mapa mundial, permitiendo búsquedas filtradas por país, tipo de proyecto y los importes correspondientes;

177.  Opina que, a largo plazo, una gestión prospectiva sería más efectiva que una política exclusivamente reactiva, como la gestión de crisis;

178.  Recuerda la postura del Parlamento respecto de un enfoque global de la migración basado en una nueva combinación de políticas con un nexo reforzado entre la migración y el desarrollo, abordando las causas profundas de la migración y defendiendo simultáneamente un cambio en las modalidades de financiación de la crisis migratoria;

Parte XV – Informe Especial n.º 10/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Son necesarias mejoras adicionales para garantizar una aplicación eficaz del procedimiento de déficit excesivo»

179.  Acoge con satisfacción las conclusiones y recomendaciones del Informe del Tribunal;

180.  Recomienda a la Comisión que mejore la transparencia del procedimiento de déficit excesivo (en lo sucesivo, «PDE») comunicando de forma regular los resultados de sus evaluaciones sobre el cumplimiento de las reformas estructurales previstas en el marco del PDE y reforzando la transparencia en la aplicación de las normas;

181.  Considera que, previa consulta con los Estados miembros, la Comisión debería informar regularmente al Parlamento sobre los progreso realizados en los PDE específicos por países;

182.  Recomienda que la Comisión prosiga sus esfuerzos dirigidos a integrar los consejos presupuestarios nacionales y garantizar que el Consejo Fiscal Europeo asuma un cometido formal en el marco del PDE; constata que en los últimos años se ha producido una mejora de la transparencia en el marco del PDE y reconoce que determinadas informaciones de naturaleza sensible desde el punto de vista político no pueden ser siempre de dominio público;

183.  Recomienda que el PDE se centre en mayor medida en la reducción de la deuda pública; señala que, a finales de 2014, solo 13 Estados miembros tenían niveles de deuda inferiores al 60 % del producto interior bruto; constata que varios Estados miembros están fuertemente endeudados a pesar de que la Unión registra una modesta recuperación, y señala que los niveles de deuda pública son más elevados ahora que en 2010;

184.  Reconoce que la norma relativa al límite máximo de la deuda solo se hizo operativa en el marco del PDE en 2011; considera que la reducción de los niveles de endeudamiento público, en particular en los Estados miembros con niveles de deuda muy elevados, favorecerá notablemente el crecimiento económico a largo plazo;

185.  Recomienda que se mantenga la flexibilidad suficiente en la aplicación de las normas relativas al PDE en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; destaca que, teniendo en cuenta que pueden producirse acontecimientos imprevistos en la política macroeconómica, un marco de gobernanza económica sólido debe estar dotado de la flexibilidad suficiente para adaptarse a la evolución de la economía;

186.  Considera que la Comisión debería velar por la estrecha coordinación en los procesos de aplicación de las normas relativas al PDE y las medidas de reforma estructural acordadas en el marco del semestre europeo;

Parte XVI – Informe Especial n.º 11/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Refuerzo de la capacidad administrativa en la antigua República Yugoslava de Macedonia: limitados progresos en un contexto difícil»

187.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, se suma a sus recomendaciones y anima a la Comisión a que tenga en cuenta estas recomendaciones cuando trabaje sobre el refuerzo de la capacidad administrativa de la Antigua República Yugoslava de Macedonia;

188.  Se muestra preocupado por el hecho de que se hayan hecho progresos limitados en el refuerzo de las capacidades administrativas sin avances significativos en la aplicación de la legislación en algunos ámbitos fundamentales como el desarrollo de una función pública independiente y profesional;

189.  Observa que solo se han hecho progresos parciales para abordar la corrupción y mejorar la transparencia;

190.  Toma nota, no obstante, de que la Comisión Europea tiene que operar en un contexto político complicado y se enfrenta a la falta de voluntad política y de compromiso de las autoridades nacionales para resolver las cuestiones pendientes; observa que las restricciones de la actual crisis política han influido en el éxito de los proyectos financiados;

191.  Toma nota de la función clave que desempeña la Comisión en la resolución de la crisis política en el país y la apoya, y se felicita de la participación del comisario como mediador en el diálogo entre las fuerzas políticas de la oposición;

192.  Pide a la Comisión que continúe trabajando en favor del diálogo con los dirigentes de todo el espectro político, las autoridades nacionales y expertos sobre el poder judicial y la observancia de la ley a fin de alcanzar un acuerdo sobre una lucha activa contra la corrupción y la delincuencia organizada y sobre la aplicación de medidas y mecanismos estrictos para prevenir la corrupción y la delincuencia organizada en consonancia con el Derecho penal del país;

193.  Recomienda firmemente que la Comisión use el diálogo político y los contactos con las autoridades nacionales para mejorar la eficiencia del sistema de contratación pública y la transparencia del gasto público;

194.  Pide a la Comisión que dé prioridad a la lucha contra la corrupción y lamenta la falta de una estrategia gubernamental eficaz en la lucha contra la corrupción; reitera la necesidad de un compromiso político mayor por parte de las autoridades nacionales para garantizar unos resultados sostenibles a este respecto;

195.  Pide a la Comisión que, al abordar el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II), se base en los logros de los proyectos concluidos con éxito, que sean duraderos, tengan un valor añadido cuantificable y se hayan ejecutado y utilizado de conformidad con la reglamentación;

196.  Se congratula de que la Comisión haya creado proyectos orientados hacia las organizaciones de la sociedad civil; pide a la Comisión que continúe esta práctica y establezca relaciones estrechas con ONG locales;

197.  Anima a la Comisión a que diseñe proyectos que refuercen los derechos y la posición de los denunciantes de irregularidades cuando atraigan la atención pública hacia casos de corrupción y fraude;

198.  Toma nota de que, aunque muchos proyectos estuvieron bien gestionados, los resultados no siempre fueron duraderos o ni siquiera se lograron; observa además que los proyectos no siempre se ajustaron a un enfoque coherente orientado a mejorar el desarrollo de la capacidad administrativa; pide a la Comisión que mejore la planificación estratégica y vele por la sostenibilidad y la viabilidad de los proyectos haciendo que el cumplimiento de estos criterios sea un requisito previo de los proyectos;

199.  Pide a la Comisión que continúe respetando los principios de la buena gestión financiera; Le pide que ayude a diseñar proyectos que sirvan de trampolín para ulteriores inversiones en el país; anima a la Comisión a que dé prioridad a proyectos con un potencial elevado en ámbitos clave como la contratación pública o los procedimientos de selección, y a que evite la financiación de proyectos con perspectivas de sostenibilidad limitadas;

200.  Insta a la Comisión a que reaccione con flexibilidad ante situaciones inesperadas, liberando rápidamente los recursos necesarios o reduciéndolos para hacer frente a los problemas que surjan;

Parte XVII – Informe Especial n.º 12/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Uso de subvenciones por las agencias: no siempre es adecuado ni puede demostrarse su eficacia»

201.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

202.  Se congratula por las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas;

203.  Toma nota de las respuestas de la Comisión y de las agencias interesadas que, entre otros aspectos, recogen información importante sobre las medidas adoptadas desde que se llevaron a cabo las auditorías;

204.  Destaca que las agencias son responsables de la programación plurianual y anual, así como de la ejecución (operativa y financiera) de las acciones que subvencionan; considera, por lo tanto, que es esencial que las agencias gestionen eficazmente las actividades subvencionadas para cumplir los objetivos y las políticas de la Unión;

205.  Señala que el Tribunal ha llegado a la conclusión de que las agencias auditadas concedieron y abonaron subvenciones, en general, de conformidad con la normativa;

206.  Observa, no obstante, que el Tribunal ha identificado una serie de deficiencias en relación con las opciones de financiación, los procedimientos de adjudicación, los sistemas de control y la evaluación de los resultados, y que ha formulado cinco recomendaciones para mejorar dichas deficiencias;

207.  Toma nota de que la justificación y la elección estratégica por parte de la agencia de una herramienta de financiación podría reforzar la eficacia y la eficiencia de la herramienta y, de ese modo, la ejecución de sus tareas; destaca que un seguimiento inadecuado de las evaluaciones ex ante puede hacer que las agencias elijan unas herramientas de financiación inapropiadas y conciban mal las subvenciones;

208.  Lamenta las descripciones demasiado generales de las acciones subvencionadas por las agencias y la vaga descripción de los resultados, que dan lugar a unos programas de trabajo incompletos;

209.  Toma nota de la importancia de adaptar las acciones subvencionadas por las agencias a su mandato y sus objetivos estratégicos; alienta, por lo tanto, a todas las agencias a que se doten de directrices y criterios específicos que les ayuden en su elección de la herramienta de financiación concreta sobre la base de un análisis de las necesidades de las agencias, sus recursos, los objetivos que se han de conseguir, los posibles beneficiarios y el nivel de competencia necesario y las conclusiones extraídas de decisiones anteriores;

210.  Observa que los programas de trabajo de las agencias deberían indicar qué actividades van a llevarse a cabo mediante subvenciones, los objetivos específicos y los resultados que se espera alcanzar con las acciones subvencionadas, así como los recursos financieros y humanos previstos y necesarios para ejecutar las acciones subvencionadas;

211.  Considera que la fijación de objetivos estratégicos, resultados específicos e impactos es vital para conseguir una programación anual bien definida;

212.  Destaca que el marco reglamentario de algunas agencias les obliga a utilizar procedimientos de subvención; observa, no obstante, con preocupación que las agencias no tuvieron sistemáticamente en cuenta todas las opciones de financiación de que disponían y que las subvenciones no eran en todos los casos la herramienta más adecuada; toma nota de la observación del Tribunal en el sentido de que los procedimientos de subvención utilizan criterios de admisibilidad más restrictivos y criterios financieros de adjudicación financieros más laxos que la contratación pública, por lo que no debe ser la opción de financiación por defecto; añade, sin embargo, que debe mantenerse un cuidadoso equilibrio entre estas deficiencias de los procedimientos de subvención y los gastos administrativos que implican los procedimientos de contratación pública y, por lo tanto, no comparte la observación del Tribunal de que la contratación pública debe ser la opción por defecto;

213.  Manifiesta su preocupación por la observación del Tribunal en el sentido de que las agencias implicadas no establecieron sistemas adecuados de seguimiento ni evaluaciones a posteriori; pide a las agencias que elaboren evaluaciones a posteriori para mejorar el seguimiento de las actividades financiadas con subvenciones y la presentación de informes al respecto;

214.  Destaca que el seguimiento del rendimiento y la evaluación de los resultados reviste un carácter fundamental para que los responsables políticos dispongan de información completa; destaca que, debido a su carácter descentralizado, esto es aún más relevante en el caso de las agencias; pide a las agencias que establezcan sistemas de seguimiento y presentación de informes sobre las subvenciones basados en indicadores clave de rendimiento centrados en los resultados y el impacto, así como en los resultados de las evaluaciones a posteriori; considera que los indicadores clave de rendimiento son fundamentales para controlar y evaluar los progresos, el impacto y los resultados;

215.  Toma nota con preocupación de que los indicadores clave de rendimiento siguen centrándose en recursos o realizaciones más que en resultados o impactos; pide a las agencias que desarrollen sus indicadores clave de rendimiento de forma más estratégica y que los basen en resultados e impactos;

216.  Pide a las agencias que elaboren y apliquen una evaluación de los riesgos de sus programas de trabajo anuales con el fin de mejorar la eficacia mediante una aplicación, un control y una evaluación más precisos;

217.  Recomienda la asignación estratégica de instrumentos financieros para los objetivos a corto plazo con el fin de mejorar la exactitud de las decisiones de financiación;

218.  Pide a la Red de agencias de la Unión que ayude a las agencias a mejorar sus procedimientos de financiación y, en particular, sus procedimientos de supervisión de los resultados a este respecto;

219.  Destaca, en particular, las conclusiones del Tribunal con respecto a los procedimientos de subvención y la necesidad de transparencia, igualdad de trato y en lo que se refiere a evitar posibles conflictos de intereses; insta a las agencias afectadas a que apliquen las recomendaciones del Tribunal en el plazo más breve posible;

220.  Pide a las agencias que apliquen procedimientos de subvención específicos para establecer procedimientos internos formales que regulen los principios de transparencia e igualdad de trato y protejan contra posibles conflictos de intereses; destaca que, por este motivo, las agencias deberían reforzar su sistema de verificación de la ejecución de los proyectos de subvención;

221.  Pide a la Comisión y a las agencias que fueron objeto de auditorías en este Informe Especial que proporcionen al Parlamento información actualizada sobre la aplicación de las recomendaciones;

Parte XVIII – Informe Especial n.º 13/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Asistencia de la UE al refuerzo de la administración pública en Moldavia»

222.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, se suma a sus recomendaciones y anima a la Comisión a que tenga en cuenta estas recomendaciones cuando trabaje sobre el refuerzo de la capacidad administrativa de la República de Moldavia;

223.  Observa con preocupación que la Unión solo ha contribuido en parte al fortalecimiento de la administración pública y que el Tribunal ha registrado diversas insuficiencias, incluidas las deficiencias en el diseño y la aplicación de los programas y proyectos fiscalizados;

224.  Toma nota, no obstante, de que la Comisión tiene que operar en un contexto político complicado y se enfrenta a una corrupción generalizada así como a muchas deficiencias en las instituciones públicas, como una burocracia excesiva, la falta de dedicación a sus funciones esenciales, la elevada tasa de rotación de personal, la escasa eficiencia y la falta de rendición de cuentas. Además, observa que Moldavia está especialmente afectada por inestabilidad política, turbulencias económicas, una profunda pobreza y una emigración masiva;

225.  Señala que, pese a que las circunstancias políticas particulares y los factores externos han desempeñado un papel importante en el éxito de los programas incluidos en el presupuesto y que en numerosos casos estos han estado fuera del control de la Comisión, esta podría haber abordado algunas de las deficiencias constatadas;

226.  Observa que las deficiencias señaladas por el Tribunal incluyen un tiempo de respuesta lento por parte de la Comisión a acontecimientos repentinos, una adaptación insuficiente de los programas a las estrategias nacionales moldavas, la falta de objetivos ambiciosos, unas condiciones vagas e imprecisas, y la falta de justificación para la concesión de fondos adicionales basados en incentivos;

227.  Pide a la Comisión que anime a sus homólogos moldavos a desarrollar estrategias nacionales sistemáticas claramente formuladas que incluyan objetivos claros y mensurables, y a mejorar el vínculo entre el diseño de los programas en el país y esas estrategias;

228.  Anima a la Comisión a que recurra a las evaluaciones ex ante para determinar claramente las necesidades financieras y establecer una planificación presupuestaria centrada en los objetivos y justificada;

229.  Pide a la Comisión que dé prioridad a la lucha contra la corrupción y lamenta la falta de una estrategia gubernamental realmente eficaz en la lucha contra la corrupción; acoge con satisfacción el nombramiento del asesor de alto nivel para la lucha contra la corrupción en la oficina del primer ministro; reitera no obstante la necesidad de una estrategia más ambiciosa y eficaz y de un compromiso político mayor por parte de las autoridades nacionales para garantizar resultados sostenibles a este respecto; pide a las autoridades nacionales que se centren en la lucha contra la corrupción y una mayor transparencia e integridad de la administración pública, con carácter prioritario;

230.  Pide a la Comisión que continúe el diálogo con los dirigentes de todo el espectro político, las autoridades nacionales y expertos sobre el poder judicial y la observancia de la ley a fin de alcanzar un acuerdo sobre una lucha activa contra la corrupción y la delincuencia organizada y sobre la aplicación de medidas y mecanismos estrictos para prevenir la corrupción y la delincuencia organizada en consonancia con el Derecho penal del país;

231.  Anima a la Comisión a que diseñe proyectos que refuercen los derechos y la posición de los denunciantes de irregularidades cuando atraigan la atención pública hacia casos de corrupción y fraude;

232.  Señala que los principales métodos de prestación de ayuda son el apoyo presupuestario sectorial (74 % de la ayuda) y los proyectos; observa con preocupación que el apoyo presupuestario ha tenido un efecto limitado en el fortalecimiento de la administración pública;

233.  Constata con preocupación que el método del apoyo presupuestario sectorial es un medio de distribución del presupuesto muy arriesgado, sobre todo en el contexto moldavo, en el que la administración pública está paralizada por una corrupción generalizada y dominada por la oligarquía local; pide a la Comisión que reconsidere los métodos utilizados sobre la base de un análisis en profundidad de los riesgos;

234.  Pide a la Comisión que utilice métodos susceptibles de producir resultados visibles y tangibles para los ciudadanos moldavos;

235.  Toma nota de que los proyectos diseñados fueron por lo general pertinentes, pese a la falta de coordinación con respecto al alcance y el calendario y a que la asistencia técnica para el desarrollo de las capacidades administrativas llegó más tarde de lo necesario;

236.  Lamenta que, si bien los proyectos produjeron por lo general los resultados esperados, estos no siempre fueron sostenibles por la falta de voluntad política y otros factores externos; pide a la Comisión que se base en los logros de los proyectos concluidos con éxito, duraderos, que tengan un valor añadido cuantificable y que se hayan ejecutado y utilizado de conformidad con la reglamentación; pide a la Comisión que mejore la planificación estratégica y vele por la sostenibilidad y la viabilidad de los proyectos haciendo que el cumplimiento de estos criterios sea un requisito previo de los proyectos;

237.  Toma nota de que los proyectos contribuyeron en parte a reforzar la administración pública, pero que no siempre respondieron a las necesidades o los objetivos de la administración moldava; pide a la Comisión que centre los proyectos más específicamente en las necesidades concretas nacionales;

238.  Pide a la Comisión que continúe respetando los principios de la buena gestión financiera; pide a la Comisión que ayude en la concepción de proyectos que puedan servir como punto de partida para otras inversiones en el país y que establezca una cooperación con las instituciones financieras internacionales a este respecto; anima a la Comisión a que dé prioridad a proyectos con un potencial elevado en ámbitos clave como la contratación pública o los procedimientos de selección, y a que evite la financiación de proyectos con perspectivas de sostenibilidad limitadas;

239.  Observa con preocupación que, pese a que en 2012 la Comisión desarrolló un análisis más sistemático del riesgo, estableció comités de dirección de alto nivel para las operaciones de apoyo presupuestario e introdujo un sistema de alerta temprana para los nuevos riesgos, no fue capaz de detectar a tiempo «el robo del siglo», durante el cual se malversaron 1 000 millones de dólares USD de los fondos de depósitos, posiblemente incluyendo incluso contribuciones concedidas con cargo a los fondos de la Unión, en lo que supuso un enorme escándalo de corrupción; señala que los pagos para el apoyo presupuestario se suspendieron finalmente en julio de 2015 y que su reanudación se supeditó a una mejora de la situación macroeconómica y fiscal y a la conclusión de un acuerdo con el FMI;

240.  Pide a la Comisión que mejore el sistema de alerta temprana y el análisis de riesgos con el fin de reaccionar de forma más rápida y flexible a posibles riesgos;

241.  Observa que el desarrollo de una capacidad administrativa en Moldavia es una cuestión esencial, ya que el país no tiene un control pleno sobre todo su territorio, lo que ofrece un incentivo a las tendencias separatistas de las fuerzas prorrusas; recuerda que Moldavia tiene una perspectiva europea y que por lo tanto es un socio estratégico de la Unión;

242.  Lamenta que la inestabilidad política que reina actualmente en Moldavia tenga efectos negativos a largo plazo para la credibilidad de las instituciones democráticas del país, lo que conduce a progresos limitados hacia la democracia, a una disminución del apoyo para su integración en la Unión y a un aumento de las iniciativas políticas prorrusas;

243.  Pide a la Comisión que continúe su compromiso en Moldavia, con vistas a reforzar la asociación política y la integración económica entre la Unión y Moldavia; subraya la importancia de que la Unión apoye, oriente y supervise las reformas prioritarias destinadas a abordar la politización de las instituciones estatales, la corrupción sistémica y la reforma de la administración pública con el fin de lograr esos objetivos;

Parte XIX – Informe Especial n.º 14/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Iniciativas y ayuda financiera de la UE para la integración de los gitanos: pese a los avances significativos de la última década, aún son necesarios esfuerzos adicionales sobre el terreno»

244.  Es consciente del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Directiva 2000/43/CE(11) sobre la igualdad racial, la Directiva 2000/78/CE(12) sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y la Directiva 2004/38/CE(13) sobre la libertad de circulación y de residencia en la Unión;

245.  Acoge con satisfacción la Decisión Marco del Consejo de 2008 sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia(14), la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la Unión para la integración de la población romaní(15), la Comunicación de la Comisión de 5 de abril de 2011 titulada «Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020» (COM(2011)0173 y la Recomendación del Consejo de 9 de diciembre de 2013 relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros(16), así como la Comunicación de la Comisión, de 17 de junio de 2015, titulada «Informe sobre la aplicación del marco de la UE para las estrategias nacionales de integración de los gitanos 2015» (COM(2015)0299);

246.  Recalca que la integración de los gitanos depende de su inclusión y de la posibilidad que tengan de disfrutar de los mismos derechos que los reconocidos al conjunto de la ciudadanía europea, de la que son parte integral;

247.  Recuerda los principios básicos comunes para la integración de los gitanos(17), es decir, los diez principios básicos comunes debatidos en la primera reunión de la Plataforma Europea para la Integración de la Población Gitana en 2009 en Praga y posteriormente incluidos como anexo a las conclusiones de una reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores celebrada el 8 de junio de 2009;

248.  Apoya las recomendaciones del Tribunal e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que las pongan en práctica lo antes posible;

249.  Expresa su disgusto por que durante el período de programación 2007-2013 no se haya prestado suficiente atención a la inclusión e integración de los gitanos; pide que, a la hora de elaborar el futuro marco estratégico de la Unión, se tengan en cuenta en mayor medida las dificultades de integración y la discriminación a las que se enfrentan los gitanos y el resto de comunidades marginadas;

250.  Lamenta que el Tribunal no haya optado en su investigación por una mayor diversidad en cuanto a los países en los que los gitanos representan una parte considerable de la población, incluyendo por ejemplo Eslovaquia, Grecia o Francia;

251.  Pide a los Estados miembros que determinen las personas desfavorecidas en las que querrían centrarse en función de las necesidades de estas y de los retos a los que se enfrentan, y que presten especial atención a las poblaciones gitanas al asignar fondos europeos;

252.  Lamenta que la complejidad de los fondos de la política de cohesión, los únicos disponibles para los proyectos relacionados con la inclusión, la integración y la lucha contra la discriminación en relación con los gitanos, impida contribuir en grado suficiente a la inclusión de estos y garantizar su acceso a derechos;

253.  Considera que parece por tanto necesario que cada Estado miembro adopte una hoja de ruta tanto para estudiar la verdadera repercusión de las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y fondos que han de ayudar a la población gitana como para determinar en qué puntos se deben reforzar los recursos y la capacidad administrativa a nivel nacional, regional y local para prestar apoyo a la implantación y gestión de proyectos que tengan por objeto la inclusión, la integración y la lucha contra la discriminación en relación con los gitanos;

254.  Pide a la Comisión que facilite información detallada sobre la financiación disponible para los gitanos, que estudie las barreras existentes y que las tenga en cuenta en el marco de la simplificación de los fondos;

255.  Es consciente de la importancia de seleccionar proyectos a largo plazo en favor de las poblaciones gitanas marginadas al conceder los fondos estructurales y de inversión europeos.

256.  Destaca la necesidad de establecer unos criterios de selección más flexibles para los proyectos que tengan por objeto la inclusión de los gitanos y del resto de comunidades marginadas;

257.  Pide a la Comisión que vele, en el próximo período de programación o al revisar los programas operativos, por que los objetivos de integración de los gitanos que figuran en las estrategias nacionales al respecto se reflejen en el marco de los fondos estructurales y de inversión europeos a todos los niveles operativos;

258.  Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que faciliten datos estadísticos pertinentes y armonizados sobre los gitanos, a fin de poder estudiar mejor su inclusión social, administrativa y económica;

259.  Destaca que la exclusión del acceso a la vivienda, la situación de carencia de hogar, la exclusión educativa, el desempleo y la discriminación en el acceso al mercado laboral suelen ser elementos clave de la marginación; hace hincapié, por lo tanto, en la importancia que revisten las iniciativas integradas en materia de vivienda, educación y acceso al mercado laboral a favor de los gitanos y del resto de comunidades marginadas;

260.  Subraya que uno de los principales obstáculos al combatir la discriminación contra los gitanos es el escasísimo número de denuncias de incidentes por discriminación a organizaciones o instituciones como la policía y los servicios sociales; pide por ello a los Estados miembros que incluyan una estrategia tendente a dar solución al problema de la discriminación institucional y paliar la falta de confianza de la población gitana en las instituciones;

261.  Insta a la Comisión Europea a, en colaboración con los representantes de las comunidades marginadas, en particular las poblaciones gitanas, y las «instituciones especializadas», implantar un ciclo formativo en las entidades públicas de los Estados miembros con el fin de combatir las prácticas discriminatorias, y dar mejor ejemplo al objeto de fomentar la inclusión a través de un diálogo franco, constructivo y eficaz;

262.  Recuerda que se dispone del Programa de la Unión para el Empleo y la Innovación Social (EaSI), dotado con 900 millones de euros para el período 2014-2020, que presta especial atención a las personas vulnerables y a la lucha contra la pobreza y la exclusión social;

263.  Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de crear un fondo europeo dedicado específicamente a la inclusión de los gitanos y del resto de comunidades marginadas, y solicita a la Comisión que vele por el control adecuado de los gastos de un fondo de este tipo;

264.  Insta a la Comisión Europea a que establezca una auténtica estrategia de la Unión para la inclusión de los gitanos que consista en un plan de acción europeo elaborado y aplicado a todos los niveles políticos y administrativos contando con la participación de los representantes de la comunidad gitana sobre la base de los valores fundamentales de la igualdad, el acceso a derechos y la no discriminación; destaca que esta estrategia debe contribuir a la inclusión efectiva de los gitanos y su acceso a la educación, el mercado laboral, la vivienda, la cultura, la asistencia sanitaria, la participación en la vida pública, la formación y la libre circulación en la Unión;

265.  Subraya, no obstante, que compete a los Estados miembros tomar todas las medidas de apoyo a los gitanos y velar por la aplicación uniforme de la legislación nacional y del conjunto de derechos en su propio territorio sin ningún tipo de discriminación;

Parte XX – Informe Especial n.º 15/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Gestionó la Comisión con eficacia la ayuda humanitaria prestada a las poblaciones afectadas por conflictos en la región de los Grandes Lagos de África?»

266.  Acoge con satisfacción el informe especial dedicado al análisis de los riesgos de un enfoque orientado a los resultados en las acciones de desarrollo y cooperación de la Unión y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;

267.  Celebra que las conclusiones indiquen que la ayuda humanitaria se gestionó con eficacia, especialmente en un entorno de trabajo difícil marcado por la inseguridad e imprevisibilidad en el que la eficacia en la ejecución resultó ser un auténtico desafío;

268.  Insta a la Comisión a que, cuando las condiciones en la zona así lo permitan, no ceje en sus esfuerzos en pos de la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo, esfuerzos que podrían complementarse mediante una plataforma interservicios permanente que vincule ayuda de emergencia, rehabilitación y desarrollo; cree que dicha plataforma, entre otros objetivos, podría servir para determinar qué programas son combinables; considera que, siempre que sea posible, deben aplicarse enfoques integrados con objetivos de coordinación claramente definidos y una estrategia nacional o regional coherente entre todas las partes interesadas;

269.  Pide asimismo a los servicios de la Comisión una mejor transición de las actividades humanitarias a corto plazo hacia las intervenciones de desarrollo a largo plazo y una coordinación coherente no solo entre los diferentes agentes de la Unión, sino también en función de las prioridades nacionales y junto con otras organizaciones internacionales a través de una estrategia común en un marco humanitario y de desarrollo conjunto;

270.  Considera que debe llevarse a cabo un análisis sistémico de la verdadera ejecución de las intervenciones humanitarias en el que se evalúen los costes administrativos en la región prestando mayor atención a la eficacia y se establezcan posibles valores de referencia para los elementos de costes usuales y periódicos;

271.  Anima a que, siempre que sea posible, se busque una mejor adecuación del calendario al entorno de intervención para evitar costosas y largas prolongaciones de los plazos;

272.  Pide a las instituciones pertinentes de la Unión y de las Naciones Unidas que respeten y apliquen plenamente el Acuerdo Marco Financiero y Administrativo; solicita a la Comisión que informe al Parlamento de la aplicación de dicho acuerdo y de las directrices conexas, así como que determine los ámbitos en los que se han de realizar mejoras y presente propuestas pertinentes a tal fin;

273.  Recuerda que los informes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales deben garantizar que, con la mayor precisión, haya un rastreo de la financiación y comparaciones con los aspectos operativos del suministro de la ayuda que se habían acordado al comienzo de la intervención, así como proporcionar a los servicios de la Comisión información que les resulte de utilidad; subraya la importancia de que las organizaciones colaboradoras presenten informes a la Comisión a su debido tiempo para que se pueda gestionar o ajustar con rapidez la respuesta humanitaria y las modalidades de financiación;

274.  Hace hincapié en la necesidad de mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las Naciones Unidas en relación con el uso de recursos de la Unión y los resultados a la hora de aplicar orientaciones estratégicas y objetivos humanitarios y de desarrollo acordados internacionalmente;

275.  Pide a la Comisión que establezca evaluaciones de los resultados a escala de los planes de ejecución humanitaria que permitan tanto realizar evaluaciones comparativas entre dichos planes como intercambiar mejores prácticas;

276.  Lamenta que haya información incompleta o no lo suficientemente orientada hacia los resultados, lo que impide que la Comisión pueda ejercer adecuadamente su función de supervisión;

277.  Insiste en la necesidad de alcanzar el máximo nivel de transparencia y rendición de cuentas institucional a todos los niveles garantizando el acceso a información presupuestaria y datos financieros exhaustivos y válidos en relación con los proyectos que cuenten con financiación de la Unión, a fin de permitir que el Parlamento ejerza su poder de control;

Parte XXI – Informe Especial n.º 16/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Objetivos educativos de la UE: los programas estaban adaptados a ellos, pero hubo deficiencias en la medición del rendimiento»

278.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, aprueba sus recomendaciones y celebra que la Comisión las acepte y tenga intención de tomarlas en consideración;

279.  Se congratula de que la Comisión haya aplicado anteriores recomendaciones del Tribunal en el marco jurídico de los fondos estructurales y de inversión europeos 2014-2020, garantizando así una mejor relación coste-beneficios, en particular, a través de un marco de rendimiento y una reserva de eficacia y de condiciones ex ante, así como de indicadores comunes de realizaciones y de resultados;

280.  Subraya que es necesario prestar atención al rendimiento y a los resultados, y celebra que el nuevo marco normativo para el período de programación 2014-2020 incluya disposiciones para que los Estados miembros informen sobre los resultados obtenidos;

281.  Toma nota de las deficiencias detectadas en la medición del rendimiento, en particular en el establecimiento de metas y de indicadores de realizaciones y resultados en los proyectos ejecutados en el período 2007-2013; lamenta que los indicadores de resultados aún no sean completamente fiables y espera que se corrijan las insuficiencias para la segunda mitad del período de programación 2014-2020;

282.  Celebra la tendencia a la baja del número de jóvenes que abandonan prematuramente los estudios y el incremento de estudiantes que finalizan la enseñanza superior; pide a los Estados miembros que adapten sus metas nacionales específicas a la meta de la Unión en aras de una mejor consecución de los objetivos educativos;

283.  Observa que, según el objetivo fijado en la Unión, la tasa de empleo de los nuevos graduados debería alcanzar el 82 % para 2020 y constata que cuatro de los cinco Estados miembros visitados aún no han alcanzado dicha meta; señala que esos cuatro Estados miembros han tenido que hacer frente a una grave crisis económica de la que ahora están empezando a recuperarse; cree que todavía es posible que esos Estados miembros alcancen la meta fijada e incluso la superen;

284.  Destaca la importancia de mantener un nivel suficiente de inversión en educación a escala de la Unión dado el fuerte vínculo existente entre el nivel de estudios y la empleabilidad;

Parte XXII – Informe Especial n.º 17/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Las instituciones de la UE pueden hacer más para facilitar el acceso a su contratación pública»

285.  Acoge con satisfacción las observaciones y las recomendaciones del Informe del Tribunal;

286.  Pide una mayor transparencia en la contratación pública tanto en las instituciones de la Unión como a escala nacional mediante la puesta a disposición del público de los documentos y datos al respecto; estima que la visibilidad de las actividades de contratación de las instituciones de la Unión en internet es escasa y que la información disponible resulta insuficiente y poco clara y está diseminada por numerosas páginas web distintas;

287.  Apoya enérgicamente la recomendación del Tribunal de que las instituciones de la Unión creen una ventanilla única común electrónica para sus actividades de contratación que permita a los operadores económicos encontrar toda la información pertinente en un único lugar en línea e interactuar con las instituciones de la Unión a través de esta página web; considera que los procedimientos de contratación que incluyen comunicación sobre las normas aplicables, las oportunidades comerciales, el pliego de condiciones pertinente, la presentación de ofertas y toda la demás comunicación entre las instituciones y los operadores económicos deberían gestionarse a través de dicha ventanilla única;

288.  Pide que el sitio web de la Comisión Europea relativo a los fondos europeos desembolsados a todos los Estados miembros esté en una de las tres lenguas de trabajo de la institución y contenga la misma información para todos los Estados miembros, que debe consistir en, por lo menos, el objeto del contrato, el nombre del contratista, el nombre de los subcontratistas (de haberlos), la duración del contrato y la existencia o ausencia de documentos complementarios; señala que de esta modo las ONG de todos los Estados miembros y los ciudadanos podrán vigilar en qué se utiliza el dinero y la rentabilidad de los proyectos;

289.  Insiste en que corresponde a los poderes adjudicadores velar por que la contratación pública esté basada en el mercado publicando suficientes ofertas y ofreciendo a todos los operadores económicos un acceso equilibrado; comparte la opinión del Tribunal de que, para la revisión en curso en 2016 del Reglamento financiero, la Comisión debería proponer una única normativa de contratación pública; hace hincapié en que debe fomentarse explícitamente la participación de las pequeñas y medianas empresas, al contrario de lo que ocurre actualmente, que únicamente los grandes operadores están en situación ventajosa; considera que habría que incluir normas sobre la prospección del mercado antes de la celebración de contratos inmobiliarios y sobre el régimen lingüístico de los procedimientos de contratación y deberían justificarse las desviaciones importantes de la Directiva de contratación(18);

290.  Recuerda que el recurso por parte de los poderes adjudicadores a los procedimientos de contratación restringidos disuade a potenciales licitadores e impide la transparencia y el acceso a la información sobre el uso que se le da al dinero de los contribuyentes; subraya que el Consejo utilizó procedimientos restringidos en la gran mayoría de las ofertas y que, entre 2010 y 2014, tomando en conjunto todas las instituciones de la Unión, por lo menos el 25 % de los contratos se adjudicaron mediante procedimiento restringido; exige que se recurra a este procedimiento por causa justificada en un número muy limitado de casos;

291.  Señala que, a pesar de que el Parlamento Europeo publica en su página web una lista anual completa de todos sus contratistas que han obtenido contratos por un valor superior a 15 000 euros, no publica todos sus contratos; anima a todas las instituciones a que faciliten información completa de todos los contratistas y los contratos adjudicados mediante contratación pública, incluidos las adjudicaciones directas y los procedimientos restringidos;

292.  Subraya la necesidad de que exista una mayor publicidad y de que los anuncios de contratación se publiquen de manera transparente para todos los operadores; recuerda que, según las observaciones del Tribunal, «el Parlamento Europeo utilizó un procedimiento negociado para celebrar un "contrato inmobiliario" por 133,6 millones de euros para un edificio en Bruselas, aunque el edificio no existía cuando se firmó el contrato el 27 de junio de 2012», haciendo de este modo caso omiso de la norma según la cual la excepción a la licitación de la forma más amplia posible prevista en el artículo 134, apartado 1, de las normas de desarrollo solo afecta a los edificios existentes; hace especial hincapié en que todos los edificios no acabados o por construir deben someterse a métodos de adjudicación abiertos o competitivos y considera que esta política debería hacerse extensiva a todos los contratos inmobiliarios, habida cuenta de la complejidad de estos y de que se trata de importes de una cuantía elevada;

293.  Conviene con el Tribunal en que las instituciones de la Unión deberían dividir los contratos en lotes cuando sea posible para aumentar la participación en sus procedimientos de contratación; destaca que en 2014 el Consejo adjudicó un contrato marco por diez años por un importe superior a 93 millones de euros para la gestión, mantenimiento, reparación y adaptación de instalaciones técnicas en sus edificios actuales o futuros a una única empresa sin dividirlo en lotes; señala que la Comisión siguió idéntico proceder en 2015 para su contrato de cinco años «Tu Europa - Asesoramiento. El servicio de asesoramiento jurídico gratuito de la Unión Europea» por un valor de cerca de 9 millones de euros; hace hincapié en que la no división de contratos, sumada a la duración excesiva de los contratos marco (de diez o de siete años, siendo el máximo los diecisiete años de un contrato adjudicado por el Consejo para el edificio Justus Lipsius), reprime la competencia y fomenta la opacidad y la posibilidad de corrupción; pide, por lo tanto, a todas las instituciones que abandonen estas prácticas, que son totalmente contrarias al espíritu de transparencia y buenas prácticas que debe alentar la Unión;

294.  Exige que todas las instituciones de la Unión elaboren y apliquen los métodos y herramientas pertinentes para llevar a cabo auditorías y evaluaciones, al objeto de detectar y señalar la existencia de irregularidades; reitera que hacen falta mejores técnicas en materia de supervisión, detección, análisis y notificación para combatir el fraude y la corrupción; insiste en que estos conocimientos deben asimismo ponerse a disposición de los Estados miembros; destaca el papel fundamental de los denunciantes de irregularidades a la hora de sacar a la luz infracciones y recuerda que todas las instituciones y agencias europeas deben adoptar normas internas vinculantes para la protección de estos, de conformidad con el artículo 22 quater del Estatuto de los funcionarios, que entró en vigor el 1 de enero de 2014;

295.  Está de acuerdo con el Tribunal en que la Comisión debería proponer modificaciones al Reglamento financiero de la Unión para permitir interponer un recurso rápido a los operadores económicos que consideran que han recibido un trato injusto; toma nota de que dicho recurso debería tener lugar antes de que los operadores económicos acudan al Defensor del Pueblo o a los tribunales de la Unión;

296.  Considera que se puede velar por la aplicación de la legislación en el ámbito de la contratación pública principalmente mediante la creación de agencias y órganos de investigación competentes e independientes centrados en la investigación de la corrupción en dicha contratación; recuerda que las instituciones de la Unión y los Estados miembros deben compartir información y conocimientos en materia de contratación pública entre sí y con la OLAF, Europol, Eurojust y otros órganos de investigación; recomienda encarecidamente que las instituciones con facultades en materia de investigación, en particular la OLAF, mejoren sus sistemas de gestión de casos para elaborar informes y estadísticas sobre los distintos tipos de denuncias que se están investigando y el resultado de dichas investigaciones;

297.  Se felicita de la conclusión del Tribunal de que las instituciones de la Unión deben crear un único depósito público de información relacionada con sus contratos públicos para posibilitar un seguimiento a posteriori de sus actividades de contratación;

298.  Subraya que la recopilación centralizada de datos relativos a la contratación pública contribuye a la elaboración de estadísticas significativas, precisas y detalladas para la prevención, detección e investigación de la corrupción en la contratación pública y la adopción de las medidas apropiadas de respuesta; destaca que la adición de campos de datos en las bases de datos centrales relativas a la contratación pública (incluido el diario electrónico de licitaciones, TED) podría indicar situaciones de alerta relacionadas con irregularidades en la contratación pública; pide a las instituciones de la Unión que velen por que dichas bases de datos se rellenen completamente y en tiempo oportuno;

299.  Destaca el papel de los periodistas de investigación y las ONG a la hora de garantizar la transparencia en el proceso de contratación pública y detectar el fraude y posibles conflictos de intereses; cree firmemente que estos grupos deben tener pleno acceso a ARACHNE, ORBIS y otros instrumentos y bases de datos relacionados que permiten detectar los posibles conflictos de intereses o casos de corrupción en la contratación pública en las instituciones de la Unión, así como en todos los Estados miembros, en particular en lo que respecta a las adquisiciones efectuadas con fondos europeos;

300.  Insta a todas las instituciones y agencias a que siempre publiquen los currículums y las declaraciones de intereses de los gestores de alto y medio nivel, miembros y expertos, en particular en el caso de los órganos o estructuras de dirección de todo tipo, incluso cuando se trate de expertos de los Estados miembros, dado que los currículums de estos expertos deben estar a disposición del público en todo momento; subraya que la declaración de ausencia de conflicto de intereses que algunas instituciones y agencias sigue utilizando no es un documento adecuado para su publicación, dado que la decisión de si existe o no conflicto de intereses debe siempre recaer en una organización u organismo tercero independiente;

301.  Pide al Tribunal que publique periódicamente un historial de todos los abusos relacionados con casos de denuncia de irregularidades, así como todas las situaciones de conflicto de intereses y puertas giratorias detectadas durante los procesos de supervisión o auditoría, así como que publique al menos una vez al año informes especiales sobre la política y los casos en cuanto a conflictos de intereses detectados en todas las agencias y empresas comunes, en particular las relacionadas con la industria;

302.  Acoge con satisfacción la recomendación del Tribunal de que las instituciones de la Unión utilicen revisiones por homólogos en aras del aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas en materia de contratación pública;

Parte XXIII– Informe Especial n.º 18/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «El sistema de la UE para la certificación de los biocarburantes sostenibles»

303.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal, especialmente las observaciones y recomendaciones formuladas por el Tribunal; observa que la Comisión aceptó cuatro de cinco recomendaciones en su totalidad y una en parte; invita a la Comisión a que reconsidere la plena aceptación de la recomendación sobre la fiabilidad de los datos proporcionados por los Estados miembros;

304.  Señala que la Unión se considera un actor de primera línea en la política medioambiental global, la adopción de normas ambientales a nivel internacional y en proporcionar las mejores prácticas para proteger el medio ambiente y mantener una presencia competitiva en el mercado mundial; toma nota de que, en su 7º Programa de Acción en materia de medio ambiente, la Unión se fija como objetivo para el año 2050 «vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»; observa que una de las prioridades es garantizar que «la prosperidad y nuestro medio ambiente saludable son la consecuencia de una economía circular innovadora, donde nada se desperdicia y en la que los recursos naturales se gestionan de forma sostenible, la biodiversidad se protege, valora y restablece, y nuestra sociedad es más resistente»;

305.  Observa que la Unión se comprometió en la Directiva sobre energías renovables(19) a garantizar que la cuota de energía procedente de fuentes renovables utilizada en todos los tipos de transporte en 2020 sea como mínimo del 10 %, lo que solo puede conseguirse mediante un uso importante de biocarburantes; toma nota, no obstante, de que la producción de biocarburantes puede estar ligada a ciertos riesgos en relación con el uso del suelo y que es necesario, por tanto, garantizar su sostenibilidad;

306.  Hace hincapié en que la creación de un sistema eficaz y fiable para la certificación de los biocarburantes sostenibles es un paso esencial hacia el cumplimiento de las prioridades políticas establecidas en el 7º Programa de Acción en materia de medio ambiente; señala que la sostenibilidad de los biocarburantes está certificada por regímenes voluntarios reconocidos por la Comisión; lamenta, a este respecto, que el Tribunal no considerara el sistema de certificación de la Unión para la sostenibilidad de los biocarburantes totalmente fiable;

307.  Observa con pesar que el procedimiento de reconocimiento de la Comisión no tiene en cuenta algunos de los aspectos clave de la sostenibilidad y el comercio justo, como los conflictos por la tenencia de la tierra, el trabajo forzoso o infantil, las malas condiciones laborales de los agricultores, los peligros para la salud y la seguridad o los efectos de los cambios indirectos del uso del suelo, que en diferentes contextos se consideran extremadamente importantes; considera esto constituye una incoherencia con respecto a las políticas de la Comisión; pide a la Comisión que vuelva a desarrollar sus procedimientos de evaluación de una manera más exhaustiva, y que incluya estos aspectos en su procedimiento de verificación en relación con los regímenes voluntarios; pide a la Comisión que solicite a los regímenes voluntarios que notifiquen una vez al año, basándose en sus actividades de certificación, cualquier información pertinente relativa a los riesgos mencionados;

308.  Observa que, hasta la fecha, la Comisión ha presentado dos informes sobre las repercusiones de la política en materia de biocarburantes en la sostenibilidad social en la Unión y terceros países y sobre la disponibilidad de productos alimenticios a un precio asequible; observa con pesar que la información contenida en los informes eran bastante limitada y presentaba solo conclusiones poco claras; pide a la Comisión que mejore el sistema de notificación y facilite al Parlamento un análisis detallado para informar al público sobre estas importantes cuestiones;

309.  Observa con gran preocupación que la producción de biocarburantes puede competir con el cultivo de alimentos y que la difusión masiva de los cultivos para la producción de biocarburantes puede tener un enorme impacto en las normas medioambientales y sanitarias en los países en desarrollo, por ejemplo en Sudamérica y Asia meridional, y que ello puede llevar a la deforestación masiva y al declive de la agricultura tradicional, lo que, a largo plazo, tendrá repercusiones socioeconómicas en las comunidades locales; lamenta que el informe de la Comisión no analice en absoluto las cuestiones generales relacionadas con el desarrollo en los países en desarrollo; pide a la Comisión que adopte un planteamiento más firme y coherente con respecto a sus políticas en materia de medio ambiente, energía, desarrollo y otras cuestiones conexas; pide a la Comisión que preste especial atención al impacto de los cambios indirectos del uso del suelo;

310.  Lamenta que la Comisión reconociera a regímenes voluntarios que no contaban con procedimientos de verificación adecuados para garantizar que el origen de los biocarburantes producidos a partir de desechos fuesen efectivamente desechos, o que las materias primas para biocarburantes cultivadas en la Unión cumplían los requisitos medioambientales de la Unión relativos a la agricultura; pide a la Comisión que verifique que los productores de materias primas para biocarburantes de la Unión cumplen realmente los requisitos medioambientales de la Unión relativos a la agricultura; pide a la Comisión que aporte suficientes pruebas del origen de los desechos y residuos utilizados para la producción de biocarburantes;

311.  Observa con preocupación que algunos regímenes reconocidos no eran lo suficientemente transparentes, o contaban con estructuras de gobernanza compuestas únicamente por representantes de unos pocos operadores económicos; pide a la Comisión que garantice que los regímenes voluntarios no comportan conflictos de intereses y que asegure una comunicación eficaz con otras partes interesadas;

312.  Pide a la Comisión que siga velando por la transparencia de los regímenes voluntarios y de los operadores económicos exigiendo a los regímenes que creen un sitio web oficial que proporcione al público información detallada sobre los regímenes voluntarios, sus procedimientos de certificación, el personal empleado, los certificados expedidos, los informes de auditoría, las reclamaciones y los agentes económicos con los que colaboran;

313.  Observa con preocupación que la Comisión no supervisa el funcionamiento de los regímenes voluntarios reconocidos y, por lo tanto, no puede obtener garantías sobre la calidad de la certificación; observa con pesar la falta de un sistema específico de reclamación, que impide a la Comisión verificar que las reclamaciones se tramitan correctamente; pide a la Comisión que introduzca un sistema de supervisión que determine si los regímenes voluntarios de certificación cumplen las normas establecidas para el reconocimiento; pide a la Comisión que solicite que los regímenes voluntarios establezcan sistemas de reclamación transparentes, sencillos, informativos y accesibles en su sitio web; pide a la Comisión que supervise los sistemas de reclamación y adopte medidas si es necesario;

314.  Acoge con satisfacción las notas orientativas que la Comisión facilita a los regímenes voluntarios, que pueden contribuir al fomento de buenas prácticas y a una mayor efectividad; Toma, no obstante, de que las notas no son vinculantes no se aplican en su totalidad; invita a la Comisión a que haga que las notas de orientación sean vinculantes para los regímenes voluntarios, con el fin de garantizar que se cumplen los requisitos;

315.  Señala que los Estados miembros tienen la responsabilidad de garantizar que las estadísticas relativas a la sostenibilidad de los biocarburantes comunicadas a la Comisión son fiables, pero que existe un riesgo de sobreestimación de las estadísticas; pide a la Comisión que introduzca la obligación para los Estados miembros de respaldar sus estadísticas con las pruebas adecuadas, por ejemplo en forma de certificado o declaración general emitido por la entidad encargada de recopilar datos sobre biocarburantes sostenibles que se transmitiría a la autoridad nacional, que a su vez lo transmitiría a Eurostat;

316.  Reitera que los datos facilitados por los Estados miembros a menudo no son comparables debido a las distintas definiciones empleadas, lo que hace que sea prácticamente imposible determinar la situación real; invita a la Comisión a que armonice la definición de «sustancias de desecho», no incluida previamente en la lista de la Directiva sobre energías renovables, utilizadas para la producción de los biocarburantes avanzados en instalaciones existentes antes de la adopción de la Directiva (UE) 2015/1513(20) por la que se modifica la Directiva sobre energías renovables;

317.  Observa con preocupación que el valor específico (doble cómputo) de los biocarburantes producidos a partir de desechos y de residuos aumenta el riesgo de fraude; señala que existe una necesidad de diálogo entre la Comisión y los Estados miembros sobre el seguimiento y la prevención del fraude; invita a la Comisión a que inicie dicho diálogo;

318.  Acoge con satisfacción el ejemplo de un régimen voluntario mencionado en el informe del Tribunal, que fija normas estrictas para la producción sostenible dirigidas no solo a impedir daños ecológicos sino también a salvaguardar unas condiciones adecuadas de trabajo y de protección de la salud de los trabajadores en las explotaciones, incluyendo la protección del suelo, el agua y el aire, así como al respeto de los derechos humanos, laborales y a la tierra; considera que se trata de un ejemplo de buena práctica; invita a la Comisión a estudiar la posibilidad de crear una plataforma para los regímenes voluntarios en la que puedan compartirse las mejores prácticas;

Parte XXIV – Informe Especial n.° 19/2016 del Tribunal, titulado «Ejecución del presupuesto de la UE a través de los instrumentos financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 2007-2013»

319.  Acoge con beneplácito los resultados y las recomendaciones del Informe del Tribunal;

320.  Lamenta que la imagen general que se ofrece de los instrumentos financieros no haya permitido describir una acción positiva para mejorar las inversiones en la Unión; observa que la Comisión, la primera, y los Estados miembros han asumido unos riesgos mayores, y lamenta que el sector privado no haya contribuido de forma significativa a estos instrumentos;

321.  Destaca el elevado nivel de los costes y las tasas de gestión en comparación con la ayuda financiera real a los receptores finales; propone la fijación de umbrales fiscales para los intermediarios financieros; señala que debería revisarse la magnitud de los fondos específicos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo para beneficiarse de economías significativas en relación con el coste que conlleva la gestión de los fondos, cuando ello sea posible;

322.  Opina que la Comisión ocupa una situación privilegiada para proporcionar nuevas directrices a los Estados miembros sobre el modo de implantar estos instrumentos financieros a escala nacional o europea (gestionados directa o indirectamente por la Comisión); destaca la importancia de garantizar que los instrumentos financieros no estén sujetos a unos mecanismos de evasión fiscal inaceptables;

323.  Le preocupa que en algunos casos se haya recurrido a resoluciones fiscales para que algunos instrumentos financieros resultaran más atractivos para los inversores del sector privado; lamenta que la Comisión considere que los acuerdos fiscales previos no pueden considerarse en sí contrarios a su propia política; pide a la Comisión que evite cualquier tipo de resolución fiscal relacionada con el uso de instrumentos financieros de la Unión;

324.  Comparte la opinión de que las lecciones aprendidas del período de programación fiscalizado (2007-2013) deben reflejarse cuando se establezcan instrumentos financieros para los fondos estructurales y de inversión europeos; considera, en particular, que las propuestas deberían orientarse hacia el rendimiento y los resultados en vez de al mero cumplimiento; opina que es necesario que los proyectos aporten valor añadido a la especialización regional y al desarrollo económico de las regiones europeas;

325.  Lamenta que la base jurídica del período anterior permitiera que los Estados miembros congelaran parte de la contribución en las cuentas de los bancos y los intermediarios financieros que gestionan los fondos, sin que se utilizaran realmente para los fines previstos; toma nota de las modificaciones introducidas por la Comisión en sus orientaciones relativas al cierre; pide a la Comisión que controle activamente la situación para evitar esta práctica;

326.  Considera que el efecto multiplicador debería ilustrar el grado en que se ha atraído financiación privada mediante las contribuciones financieras iniciales tanto de la Unión como de los Estados miembros; lamenta que las conclusiones del informe especial del Tribunal demuestren que los instrumentos financieros, tanto en gestión compartida como en gestión centralizada, no lograron atraer capital privado; estima que la cofinanciación de los instrumentos financieros por parte de los Estados miembros debería considerarse, junto con la contribución de la Unión, como parte de la financiación pública;

327.  Pide que la Comisión facilite una definición para el efecto multiplicador de los instrumentos financieros que sea aplicable a todos los ámbitos del presupuesto de la Unión, que distinga claramente entre el efecto multiplicador de las contribuciones públicas nacionales o privadas en el marco del programa operativo y las contribuciones adicionales de capital públicas o privadas, y que tenga en cuenta el tipo de instrumento de que se trate; recomienda que los Estados miembros se sigan esforzando en lo que se refiere a la recogida, la gestión y el intercambio de información sobre el efecto palanca de los instrumentos financieros;

328.  Destaca la necesidad de proporcionar desde el principio un efecto multiplicador estimados, claro y concreto, para los futuros fondos de los instrumentos financieros; espera que, en el caso de los instrumentos financieros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo del período 2007-2013, la Comisión garantice que los Estados miembros facilitan datos completos y fiables sobre las contribuciones privadas a las dotaciones de capital, tanto a través de los programas operativos como de forma complementaria a estos;

329.  Opina que, antes de tomar una decisión sobre las medidas de ingeniería financiera de los proyectos de infraestructura pertinentes, las autoridades de gestión deberían asegurarse de que su propuesta esté debidamente justificada mediante un evaluación ex ante independiente de gran calidad, basada en una metodología normalizada y acordada en común; respalda la opinión de que, antes de aprobar los programas operativos, que incluyen proyectos de infraestructura pertinentes, la Comisión debería comprobar su coherencia con la evaluación independiente ex ante y garantizar la calidad de esta última;

330.  Recomienda a las autoridades de gestión que la remuneración del administrador de los fondos esté vinculada a la calidad de las inversiones efectivamente realizadas, calculada según su contribución a la consecución de los objetivos estratégicos del programa operativo, y al valor de los recursos reintegrados a la operación procedentes de las inversiones efectuadas por el instrumento;

331.  Recomienda que las autoridades de gestión y las instituciones de la Unión adopten un comportamiento proactivo y faciliten asistencia técnica sobre el terreno en lo que se refiere a un mejor uso de los instrumentos financieros en las regiones;

332.  Apoya firmemente que la Comisión lleve a cabo un análisis comparativo de los costes de ejecución de las subvenciones y los instrumentos financieros (en gestión compartida y centralizada) correspondientes al período de programación 2014-2020 con el objetivo de determinar su nivel real y su incidencia en el logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y de los 11 objetivos temáticos de la política de cohesión; opina que esta información sería especialmente relevante de cara a la preparación de las propuestas legislativas para el período posterior a 2020; pide que se efectúe una evaluación completa de los resultados antes de finales de 2019 para examinar el futuro de estos instrumentos;

Parte XXV – Informe Especial n.º 20/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Refuerzo de la capacidad administrativa de Montenegro: aunque hay avances, se necesitan mejores resultados en muchos ámbitos clave

333.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, se suma a sus recomendaciones y anima a la Comisión a que tenga en cuenta estas recomendaciones cuando trabaje en el refuerzo de la capacidad administrativa de Montenegro;

334.  Celebra que la ayuda de preadhesión de la Unión haya contribuido a reforzar la capacidad administrativa; señala, no obstante, que los avances observados en varios ámbitos clave han sido muy lentos;

335.  Lamenta que, si bien los proyectos produjeron por lo general los resultados esperados, estos no siempre fueron sostenibles, en parte por la falta de voluntad política de las autoridades nacionales y factores externos; pide a la Comisión que se base en los logros de los proyectos concluidos con éxito, duraderos, que tengan un valor añadido cuantificable y que se hayan ejecutado y utilizado de conformidad con la reglamentación; pide a la Comisión que mejore la planificación estratégica y vele por la sostenibilidad y la viabilidad de los proyectos haciendo que el cumplimiento de estos criterios sea un requisito previo claro;

336.  Lamenta el bajo nivel de compromiso de las autoridades nacionales, que influye negativamente en los avances en el refuerzo de la capacidad administrativa; pide a las autoridades nacionales que hagan un seguimiento de las realizaciones de los proyectos obtenidas para aumentar la eficacia; hace hincapié en que se requiere una fuerte voluntad política para abordar con eficacia la despolitización y la transformación de la administración estatal;

337.  Acoge con satisfacción que los proyectos estuvieran, en su mayoría, debidamente coordinados con otros proyectos del IAP o con las intervenciones de los donantes; subraya, no obstante, que también se dieron casos de peor coordinación que condujeron al solapamiento de algunos de los esfuerzos; pide a la Comisión que adapte mejor sus actividades orientadas a Montenegro a otros proyectos con múltiples beneficiarios;

338.  Lamenta que no hubiera en los informes de la Comisión suficiente información que pudiera mostrar los avances en el refuerzo de la capacidad administrativa a lo largo del tiempo; observa que los informes no siempre evaluaban los mismos ámbitos de la administración pública y que los criterios de evaluación de la capacidad administrativa no siempre eran claros, lo que ha dificultado la comparación a lo largo del tiempo;

339.  Acoge con satisfacción, no obstante, la nueva metodología de presentación de informes para la evaluación anual en los informes de situación de 2015, que ha dado muestras de una mejor armonización de las escalas de evaluación y una mejor comparabilidad; pide a la Comisión que, también en el futuro, se base en este sistema de presentación de informes;

340.  Observa que la Comisión ha utilizado bien los medios no financieros de apoyo al proceso de reforma en forma de diálogo político, pero subraya que quedan importantes cuestiones por resolver;

341.  Lamenta que, a pesar de algunos resultados obtenidos durante el pasado año en la aplicación de la legislación en materia de lucha contra la corrupción, los avances en dicha lucha sigan siendo lentos; subraya que el conjunto del sistema del Estado de Derecho debe lograr más resultados, con especial hincapié en el refuerzo de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; pide a la Comisión que anime a las autoridades nacionales a reforzar las capacidades en materia de investigación financiera y protección de los denunciantes;

342.  Se congratula de que la agencia de lucha contra la corrupción iniciara su labor en 2016; observa, sin embargo, que la corrupción sigue estando muy extendida en numerosos ámbitos y siendo un problema grave;

343.  Observa que la descentralización de la gestión de proyectos puede suponer una valiosa creación de capacidades en las estructuras operativas debido a los controles ex ante detallados; toma nota, asimismo, de que la difusión de las buenas prácticas de gestión de proyectos acumuladas en las estructuras del IAP al resto de la administración pública encargada de los mismos ámbitos puede ofrecer resultados potencialmente eficaces; pide a la Comisión que aproveche esta opción para impulsar la eficacia de la creación de capacidades en Montenegro; pide a la Comisión que anime a las autoridades nacionales a que estudien la posibilidad de utilizar buenas prácticas en la creación de capacidades;

344.  Señala que se considera que Montenegro es el país más avanzado de la región en el proceso de adhesión; pone de relieve que la Unión ha desempeñado una función irremplazable en el país; lamenta, sin embargo, que Montenegro se haya visto desgarrado recientemente por la inestabilidad política y la polarización, y por una lucha cada vez más intensa por la influencia entre Rusia y la OTAN, a cuyas fuerzas se adherirá el país en 2017; pide a la Comisión que prosiga el diálogo político con las autoridades nacionales, con el fin de contribuir a alcanzar acuerdos entre el Gobierno y la oposición;

Parte XXVI – Informe Especial n.º 22/2016 del Tribunal, titulado «Programas europeos de ayuda a la clausura nuclear en Lituania, Bulgaria y Eslovaquia: se han logrado algunos avances desde 2011, pero el futuro plantea desafíos cruciales»

345.  Acoge con satisfacción el entregado trabajo del Tribunal en lo que respecta a la clausura de las centrales nucleares, como ponen de manifiesto el presente Informe Especial y el Informe Especial de 2011(21);

346.  Apoya las recomendaciones del Tribunal, la mayoría de las cuales han sido aceptadas por la Comisión;

347.  Recuerda que desde 2012 la Comisión de Control Presupuestario se interesa particularmente por la cuestión de la clausura nuclear y, por ello, organizó misiones de información a las tres centrales nucleares en 2012, 2013 y 2014;

348.  Subraya que la seguridad nuclear es objeto de máxima importancia, no solo para los Estados miembros en cuestión, sino para la población de toda la Unión Europea y de los países vecinos;

349.  Hace hincapié en que, en Lituania, la extracción y el almacenamiento provisional seguro de las barras nucleares de la Unidad 2 deben considerarse prioritarios;

350.  Recuerda que, en Lituania, una de las principales causas del retraso se debe a que los conflictos técnicos y comerciales entre las autoridades nacionales y los contratistas externos han permanecido sin resolverse durante años; opina que, para evitar que este problema interfiera con el proceso de clausura, deben designarse equipos de gestión de proyectos especializados; pregunta a la Comisión si existen equipos de gestión de proyectos de este tipo en los tres Estados miembros afectados;

351.  Recuerda a la Comisión que la Oficina Superior de Auditoría de Eslovaquia había previsto realizar una auditoría a JAVYS(22) en 2015; solicita que se le informe acerca de los resultados de esta auditoría; pide, en este sentido, a las autoridades lituanas y búlgaras competentes que lleven a cabo una auditoría de los procesos de clausura de las centrales de Ignalina y Kozloduy;

352.  Manifiesta su preocupación por los retrasos de las obras en las instalaciones de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad; pide a la Comisión que informe a la comisión competente del Parlamento sobre los avances realizados;

353.  Pide a la Comisión que informe a su comisión competente acerca de los esfuerzos realizados por reducir las diferencias de financiación existentes, en particular, en Lituania;

354.  Recuerda que el Tribunal ha estimado los costes de clausura en los tres Estados miembros, incluido el almacenamiento definitivo de los residuos de alta actividad y el combustible nuclear gastado, en 11 388 millones de euros; considera que los costes de clausura no deberían incluir los costes del almacenamiento definitivo de los residuos de alta actividad y el combustible gastado, que es competencia de los Estados miembros y, por tanto, deberían sufragarse con fondos nacionales;

355.  Pide a la Comisión que presente, junto con los tres Estados miembros afectados, un informe sobre la situación real de la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos generados por el desmantelamiento de las tres centrales nucleares;

356.  Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros con el fin de examinar las modalidades de identificación de los almacenamientos geológicos para los residuos radiactivos de alta actividad;

357.  Destaca que la clausura de la central nuclear de Ignalina era una condición impuesta por la Unión para la adhesión de Lituania, a cambio de ayuda de la Unión para su clausura, su desmantelamiento y su participación en la reducción del impacto económico y social, con arreglo a lo previsto en el Protocolo n.º 4 del Acta de adhesión de 2003; observa que Lituania ha cumplido su obligación en lo que se refiere al cierre de los reactores nucleares de la central de Ignalina con arreglo al calendario previsto; manifiesta, no obstante, su preocupación, por los retrasos en el desmantelamiento y propone, por lo tanto, que las autoridades de la Unión supervisen más atentamente el proceso;

358.  Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación completa de las necesidades para la continuación de los programas de financiación específicos para la clausura nuclear en Lituania, Bulgaria y Eslovaquia después de 2020, y recuerda que la seguridad nuclear es de suma importancia para todos los ciudadanos de la Unión y teniendo en cuenta las recomendaciones del Tribunal en lo que se refiere a la continuación de la financiación; destaca que cualquier posible nueva financiación de la Unión después de 2020 propuesta por la Comisión para la clausura nuclear en los tres Estados miembros debe incluir normas claras e incentivos adecuados para su continuación con unos mecanismos de control más eficaces, tanto en lo que se refiere a la financiación como al calendario, al tiempo que recuerda la necesidad de que los recursos de la Unión se utilicen con eficacia;

359.  Pide a la Comisión que garantice que todos los futuros costes derivados de la clausura nuclear y el almacenamiento definitivo del combustible gastado se contabilicen correctamente y se calculen de conformidad con las normas internacionales y la legislación de la Unión;

360.  Pide a la Comisión que evalúe los planes de acción en los tres países con el fin de proponer licitaciones comunes para proyectos similares, en particular en lo que respecta a los servicios de consultoría y el diseño de las instalaciones de almacenamiento de residuos;

361.  Pide a la Comisión que evalúe el proceso de clausura en Lituania, Bulgaria y Eslovaquia, así como la eficacia de la utilización de la ayuda financiera de la Unión, durante el período financiero 2007-2013;

362.  Pide al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo que realice una auditoría del funcionamiento de los fondos de apoyo a la clausura entre 2007 y 2013;

363.  Manifiesta su preocupación ante la constatación del Tribunal de que la evaluación de la Comisión de los respectivos planes de financiación y los planes de clausura detallados para el período de financiación 2014-2020, es decir, relativos a la segunda y tercera condiciones ex ante, respectivamente(23), fue inadecuada; pregunta quién asume la responsabilidad financiera de este fracaso en la Comisión; solicita, en este sentido, que se le informe acerca del plan de acción finalizado que tenía por objeto subsanar las deficiencias detectadas;

Parte XXVII – Informe Especial n.º 23/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «El transporte marítimo en la UE se mueve en aguas turbulentas — mucha inversión ineficaz e insostenible»

364.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal y respalda sus recomendaciones;

365.  Se congratula por el hecho de que, en la década pasada, a pesar de las considerables diferencias entre los puertos de los Estados miembros por lo que respecta al uso, el transporte marítimo ha crecido en la Unión;

366.  Subraya que la política de inversión de los puertos de los Estados miembros se establece de acuerdo con decisiones políticas adoptadas a nivel nacional que pueden divergir de la estrategia de la Unión, definida asimismo por los Estados miembros; opina que la función principal de la Comisión debería ser asegurar que las acciones nacionales de financiación de infraestructuras europeas sean coherentes con la política de transportes de la Unión. Lamenta que la Comisión no tenga a su disposición todos los instrumentos para hacer efectiva esta coherencia.

367.  Reconoce que las inversiones en infraestructuras portuarias son inversiones a largo plazo; lamenta que en la mayoría de los casos la rentabilidad es, no obstante, baja y lenta;

368.  Lamenta asimismo que las estrategias nacionales de desarrollo portuario estaban muy desarrolladas, pero que la solidez de los planes de ejecución y la coordinación siguen siendo un problema;

369.  Manifiesta su profunda preocupación por que el Tribunal constató falta de información relativa a datos agregados de capacidad así como la existencia de información no fiable sobre la capacidad disponible;

370.  Lamenta que los Estados miembros no faciliten datos sobre la capacidad de los puertos principales, lo que dificulta la capacidad de control de la Comisión; destaca la importancia de mejorar la situación a fin de que la Comisión pueda presentar un plan de desarrollo para el sector portuario a escala de la Unión; pide a la Comisión que establezca un sistema de información claro de los Estados miembros en lo que se refiere a los datos;

371.  Considera que la coordinación entre los servicios del Banco Europeo de Inversiones y los de la Comisión puede mejorarse con una mejor cooperación y procedimientos más transparentes;

Parte XXVIII– Informe Especial n.º 25/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado « Sistema de identificación de parcelas agrícolas: herramienta útil para determinar la admisibilidad de las tierras agrícolas, aunque su gestión podría mejorarse»

372.  Recomienda que, sobre la base de un análisis cuantificado de costes y beneficios y de una evaluación de riesgo, los Estados miembros redoblen durante el actual período de la PAC sus esfuerzos por incrementar la fiabilidad de los datos del sistema de identificación de parcelas (SIP) mediante actualizaciones oportunas y exhaustivas del sistema; considera que, dada la complejidad de la evaluación del prorrateo, en el actual período de la PAC, los Estados miembros que utilicen dicha opción deberían hacer un esfuerzo adicional para desarrollar un catálogo de prorrateo con criterios de descripción y evaluación claros, y utilizar instrumentos técnicos complementarios para aumentar la objetividad del análisis de las ortoimágenes y garantizar su reproductibilidad; considera que los Estados miembros deberían asimismo considerar la posibilidad de registrar datos relativos a los derechos de propiedad y arrendamiento en sus SIP cuando sea viable y rentable;

373.  Recomienda que, con el apoyo de la Comisión, en el actual período de la PAC los Estados miembros desarrollen y establezcan un marco de evaluación de los costes de gestión y actualización de sus SIP; considera que esto debe permitir a los Estados miembros medir los resultados de sus SIP y la relación coste-eficacia de las mejoras introducidas en el sistema;

374.  Recomienda que los Estados miembros velen por que, mediante sus SIP, puedan identificar y registrar con fiabilidad, y supervisar con eficacia, superficies de interés ecológico, pastos permanentes y nuevas categorías de superficies; recomienda que deberían asimismo evaluar la rentabilidad, incluyendo en sus SIP todos los elementos paisajísticos protegidos- en virtud de la condicionalidad y de los programas agroambientales para seguir mejorando la supervisión y la protección de dichos elementos beneficiosos para el medio ambiente y la biodiversidad;

375.  Recomienda que la Comisión vuelva a examinar el marco jurídico vigente para simplificar las normas relativas al SIP y racionalizarlas para el próximo período de la PAC, por ejemplo, reconsiderando la necesidad del umbral de estabilidad del 2 % y de la norma de los 100 árboles;

376.  Recomienda que, antes del inicio de la evaluación cualitativa de 2017, la Comisión lleva a cabo un análisis de costes y beneficios a fin de determinar si la representatividad de las muestras de dicha evaluación podría aumentar para lograr una mayor cobertura de la población de parcelas del SIP;

377.  Recomienda que, a partir de 2016, la Comisión mejore la supervisión de los resultados de la evaluación cualitativa analizando las incoherencias en los informes relativos a la evaluación, sometiéndola a seguimiento, enviando comentarios a los Estados miembros y garantizando que se preparan y aplican planes de acción correctores en los casos necesarios; pide a la Comisión que también lleve a cabo un análisis anual de tendencias detallado de cada Estado miembro y de cada tipo de parcela de referencia para detectar a su debido tiempo los problemas potenciales;

Parte XXIX – Informe Especial n.º 26/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «El desafío de lograr una condicionalidad más eficaz y menos complicada»

378.  Recomienda que la Comisión estudie, dentro de la evaluación de impacto de la PAC posterior a 2020, la manera de desarrollar en mayor medida su conjunto de indicadores para evaluar los resultados de la condicionalidad. También debería estudiar cómo tener en cuenta en sus indicadores los niveles de cumplimiento por los agricultores de la normas de condicionalidad, a fin de afianzar la aplicación y ejecución de los estándares medioambientales en la agricultura para garantizar la coherencia de la PAC.

379.  Recomienda que, con el fin de garantizar que no se reproducen los problemas constatados, la Comisión debería tomar en consideración diferentes requisitos en función de las necesidades territoriales locales; considera, por otra parte, que los niveles de pago deberían estar más vinculados a las exigencias impuestas a los agricultores, lo que permitiría afrontar los problemas ambientales específicos y, simultáneamente, compensar a los agricultores por las restricciones que se les han impuesto;

380.  Recomienda que, en adelante, la Comisión mejore el intercambio de información sobre los incumplimientos de las obligaciones de condicionalidad entre los servicios interesados para ayudarles a determinar los motivos de dichos incumplimientos y tomar las medidas adecuadas para subsanarlos;

381.  Pide que, para la PAC posterior a 2010 la Comisión prevea la mejora de las normas de condicionalidad por lo que respecta a los controles in situ y haga un llamamiento a los Estados miembros para que realicen sus controles administrativos con eficiencia y utilizando toda la información pertinente disponible; considera que ello permitiría centrarse más eficazmente en los principales puntos de control;

382.  Recomienda que la Comisión analice, dentro de su evaluación del impacto de la PAC posterior a 2020, la experiencia de contar con dos sistemas con objetivos medioambientales similares (normas sobre buenas condiciones agrarias y medioambientales y ecologización), a fin de promover una mayor sinergia entre ambos; considera que en ese análisis se deberían tener en cuenta criterios como el impacto ambiental de las normas y el nivel histórico de cumplimiento por los agricultores;

383.  Insta a la Comisión a que, una vez que se publique el informe sobre los resultados de la PAC previsto para finales de 2018, desarrolle una metodología para medir los costes de la condicionalidad;

384.  Propone la inclusión de indicadores cualitativos y objetivos más concretos para las normas de condicionalidad; recomienda un método de aplicación sencillo, rápido y simplificado para los beneficiarios;

385.  Recomienda que, para la PAC posterior a 2020 la Comisión fomente una aplicación más uniforme de las sanciones a escala de la Unión y aclare en mayor medida los conceptos de gravedad, alcance, permanencia, reiteración e intencionalidad, pero teniendo también en cuenta las condiciones específicas en los diferentes Estados miembros; considera que, a fin de alcanzar ese objetivo, se deberían introducir una serie de condiciones mínimas a escala de la Unión;

386.  Opina que, para el período 2014-2020 y los períodos posteriores se puede extraer una lección del período 2007-2013, a saber, que los indicadores deberían evaluar los resultados reales de la aplicación de la condicionalidad;

Parte XXX – Informe Especial n.º 27/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Resulta conforme la gobernanza en la Comisión Europea a las mejores prácticas?»

387.  Recomienda que, cuando decida no seguir las mejores prácticas y tal y como se exige a las entidades de interés público, la Comisión explique los motivos para ello; recomienda asimismo que se haga especial hincapié en los resultados y se apliquen al mismo tiempo las enseñanzas extraídas de la experiencia;

388.  Recomienda que la Comisión:

   a) invitar al Servicio de auditoría interna a realizar más trabajo de auditoría en relación con la gobernanza de alto nivel;
   b) finalizar el proceso de alinear su marco de control interno con el COSO 2013;
   c) adelantar aún más la publicación de las cuentas anuales;
   d) reunir la información ya presentada en los distintos informes existentes a fin de constituir un único informe de rendición de cuentas o conjunto de informes bajo la autoridad de su presidente en los que se incluyan no solo las cuentas, sino también los elementos siguientes:
   una declaración de gobernanza,
   un examen de los riesgos operativos y estratégicos,
   un informe de los resultados no financieros,
   información sobre las actividades durante el ejercicio y la consecución de los objetivos políticos,
   un informe sobre el cometido y las conclusiones del comité de auditoría, y
   una declaración de la sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo junto con, cuando proceda, referencias a la información incluida en otros informes;
   e) presentar este informe único de rendición de cuentas o conjunto de informes a efectos de la auditoría de las cuentas: considera que el informe o el conjunto de informes debe ser analítico, compacto, de fácil comprensión y accesible para los auditores, los empleados y los ciudadanos de la Unión, ciñéndose estrictamente al mismo tiempo a las normas internacionales de contabilidad y aplicando las mejores prácticas;
   f) publicar, como parte de las cuentas anuales o de la información adjunta, una estimación del porcentaje de error sobre la base de una metodología sólida e implicar a las partes interesadas, incluido el Parlamento Europeo, en todas las fases a la hora de escoger el método estadístico para el cálculo del error; considera que la metodología debe ser clara y coherente;
   g) actualizar y publicar sus mecanismos de gobernanza de manera periódica y explicar su elección de estructuras y procesos en relación con el marco que escoja;
   h) convertir el Comité de Seguimiento de las Auditorías en un comité de auditoría con una mayoría de miembros externos e independientes y con un mandato ampliado que abarque la gestión de riesgos, los informes financieros y el trabajo y los resultados de las unidades de verificación ex post y las direcciones de auditoría.

389.  Hace hincapié en que:

   a) la gobernanza de alto nivel de las organizaciones internacionales debe seguir un modelo empresarial y ha de rendir cuentas y ser transparente, responsable y, sobre todo, eficiente;
   b) la gobernanza de alto nivel debe adaptarse a un mundo en rápida transformación, evolucionar y detectar los posibles retos antes de que se conviertan en problemas;
   c) las relaciones horizontales y verticales entre las diferentes estructuras de la Comisión han de ser claras e identificables; es necesario continuar el proceso de reducción de los trámites burocráticos; también se recomienda una mayor coordinación entre las diferentes estructuras;
   d) se precisa una mayor visibilidad de los resultados de la gobernanza anual en los Estados miembros; unos datos fiables que se hagan públicos y se presenten de manera eficaz pueden respaldar las decisiones importantes;
   e) una evaluación sólida ex ante, ex post e intermedia debería garantizar el valor de cara euro gastado; a fin de facilitar el compromiso, el documento debe proporcionar información sobre los costes y los beneficios pertinentes de todo gasto;
   f) se ha de promover el uso estratégico de la contratación pública: los Estados miembros gastan anualmente alrededor del 14 % de su presupuesto en la adquisición de servicios, obras y suministros; la contratación pública debe y ha de emplearse en cuanto instrumento importante para la consecución de los objetivos de Europa 2020;

Parte XXXI – Informe Especial n.º 28/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «El combate contra las amenazas transfronterizas graves para la salud en la UE: se han dado pasos importantes, pero hay que seguir avanzando»

390.  Acoge con satisfacción el informe del Tribunal, aprueba sus recomendaciones y anima a la Comisión a tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de adoptar nuevas medidas para hacer frente a las amenazas transfronterizas graves para la salud en la Unión;

391.  Reitera la recomendación del Tribunal de garantizar que las lecciones extraídas del primer ciclo de notificación sean aplicadas adecuadamente antes del próximo informe; considera que, con el fin de garantizar que los futuros ciclos de notificación sean adecuados, el proceso debe ser coherente en todos los Estados miembros;

392.  Reconoce los progresos realizados desde la adopción de la estrategia sanitaria 2008-2013, pero destaca la necesidad de aumentar y mejorar la supervisión estratégica;

393.  Respalda la recomendación del Tribunal de que el Comité de Seguridad Sanitaria elabore un plan estratégico para abordar los desafíos operativos y estratégicos a los que se enfrenta;

394.  Toma nota de que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades no dispone de ningún proceso formal para responder eficazmente a las solicitudes de asistencia; considera que esta situación es intolerable;

395.  Recomienda que los diferentes servicios de la Comisión que desempeñan funciones relacionadas con la salud, así como la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, desarrollen un enfoque estructurado para mejorar la cooperación;

396.  Lamenta que los Estados miembros no hayan actuado conjuntamente para acelerar la adquisición conjunta de la vacuna de la gripe pandémica y reconoce que la gripe es un problema que afecta todos los años a los servicios sanitarios de cada Estado miembro; considera que un enfoque coordinado en todos los Estados miembros redundará en beneficio de la salud de los ciudadanos de la Unión y contribuirá a reducir los costes;

397.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades que trabajen juntos para seguir desarrollando el Sistema de alerta precoz y respuesta (SAPR); destaca la necesidad de actualizar este tipo de sistema, que ha sido ampliamente utilizado, de forma que tenga en cuenta los avances de la tecnología con el fin de garantizar un uso óptimo.

o
o   o

398.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO L 69 de 13.3.2015.
(2) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(3) DO C 375 de 13.10.2016, p.1.
(4) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(5) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0143.
(6) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(7) Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas (DO L 135 de 30.5.1991, p. 40).
(8) Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36 a 68).
(9) Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal») (DO L 84 de 31.3.2016, p. 1).
(10) Reglamento (UE) n.° 913/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010, sobre una red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo (DO L 276 de 20.10.2010, p. 22).
(11) Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DO L 180 de 19.7.2000, p. 22).
(12) Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16).
(13) Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.° 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).
(14) Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal (DO L 328 de 6.12.2008, p. 55).
(15) Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2011, sobre la sobre la Estrategia de la UE para la integración de la población romaní (DO C 199 E de 7.7.2012, p. 112).
(16) DO C 378 de 24.12.2013, p. 1.
(17) Véase el anexo III de este Informe Especial n.º 14/2016, pp. 74-76.
(18) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
(19) Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE (DO L 140 de 5.6.2009, p. 16).
(20) DO L 239 de 15.9.2015, p. 1.
(21) Informe Especial n.º 16/2011, sobre la ayuda financiera de la UE para el desmantelamiento de centrales nucleares en Bulgaria, Lituania y Eslovaquia: objetivos alcanzados y retos futuros.
(22) Jadrové vyrad'ovacia spoločnost' (JAVYS): compañía propietaria de la central nuclear de Bohunice y responsable de su clausura.
(23) Véanse COM(2011)0783, los Reglamentos (Euratom) del Consejo n.º 1368/2013 y (Euratom) n.º 1369/2013, y la Decisión C(2014)5449.


Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - 8.º, 9.º, 10.º y 11.º FED
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Decisión
Decisión
Resolución
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2015 (2016/2202(DEC))
P8_TA(2017)0145A8-0125/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los estados financieros y las cuentas de gestión correspondientes a los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2015 (COM(2016)0485 – C8-0326/2016),

–  Vista la información financiera relativa a los Fondos Europeos de Desarrollo (COM(2016)0386),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de la Comisión(1),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad(2) de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas las Recomendaciones del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución de las operaciones de los Fondos Europeos de Desarrollo en el ejercicio 2015 (05376/2017-C8-0081/2017, 05377/2017-C8-0082/2017, 05378/2017-C8-0083/2017, 05379/2017-C8-0084/2017),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2014 (COM(2016)0674) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2016)0338 y SWD(2016)0339),

–  Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000(3) y modificado en Uagadugu (Burkina Faso) el 22 de junio de 2010(4),

–  Vista la Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar»)(5),

–  Visto el artículo 33 del Acuerdo interno, de 20 de diciembre de 1995, entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad en el marco del segundo Protocolo financiero del cuarto Convenio ACP-CE(6),

–  Visto el artículo 32 del Acuerdo interno, de 18 de septiembre de 2000, entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y la administración de la ayuda comunitaria con arreglo al protocolo financiero del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, firmado en Cotonú (Benín) el 23 de junio de 2000, y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la cuarta parte del Tratado CE(7),

–  Visto el artículo 11 del Acuerdo interno, de 17 de julio de 2006, entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda comunitaria concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2008-2013 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado CE(8),

–  Visto el artículo 11 del Acuerdo interno, de 24 y 26 de junio de 2013, entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-UE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(9),

–  Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 74 del Reglamento financiero, de 16 de junio de 1998, aplicable a la cooperación para la financiación del desarrollo con arreglo al cuarto Convenio ACP-CE(10),

–  Visto el artículo 119 del Reglamento financiero, de 27 de marzo de 2003, aplicable al noveno Fondo Europeo de Desarrollo(11),

–  Visto el artículo 50 del Reglamento (CE) n.º 215/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 2008, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al décimo Fondo Europeo de Desarrollo(12),

–  Visto el artículo 48 del Reglamento (UE) 2015/323 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al 11.º Fondo Europeo de Desarrollo(13),

–  Vistos el artículo 93, el artículo 94, tercer guion, y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0125/2017),

1.  Aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y al Banco Europeo de Inversiones, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre el cierre de las cuentas de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2015 (2016/2202(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los estados financieros y las cuentas de gestión correspondientes a los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2015 (COM(2016)0485 – C8-0326/2016),

–  Vista la información financiera relativa a los Fondos Europeos de Desarrollo (COM(2016)0386),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de la Comisión(14),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad(15) de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas las Recomendaciones del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución de las operaciones de los Fondos Europeos de Desarrollo en el ejercicio 2015 (05376/2017-C8-0081/2017, 05377/2017-C8-0082/2017, 05378/2017-C8-0083/2017, 05379/2017-C8-84/2017),

–  Vistos el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2014 (COM(2016)0674) y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión que acompañan a dicho informe (SWD(2016)0338 y SWD(2016)0339),

–  Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000(16) y modificado en Uagadugu (Burkina Faso) el 22 de junio de 2010(17),

–  Vista la Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar»)(18),

–  Visto el artículo 33 del Acuerdo interno, de 20 de diciembre de 1995, entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y a la gestión de las ayudas de la Comunidad en el marco del segundo Protocolo financiero del cuarto Convenio ACP-CE(19),

–  Visto el artículo 32 del Acuerdo interno, de 18 de septiembre de 2000, entre los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación y la administración de la ayuda comunitaria con arreglo al protocolo financiero del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, firmado en Cotonú (Benín) el 23 de junio de 2000, y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la cuarta parte del Tratado CE(20),

–  Visto el artículo 11 del Acuerdo interno, de 17 de julio de 2006, entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda comunitaria concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2008-2013 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-CE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado CE(21),

–  Visto el artículo 11 del Acuerdo interno, de 24 y 26 de junio de 2013, entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-UE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea(22),

–  Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 74 del Reglamento financiero, de 16 de junio de 1998, aplicable a la cooperación para la financiación del desarrollo con arreglo al cuarto Convenio ACP-CE(23),

–  Visto el artículo 119 del Reglamento financiero, de 27 de marzo de 2003, aplicable al noveno Fondo Europeo de Desarrollo(24),

–  Visto el artículo 50 del Reglamento (CE) n.º 215/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 2008, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al décimo Fondo Europeo de Desarrollo(25),

–  Visto el artículo 48 del Reglamento (UE) 2015/323 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al 11.º Fondo Europeo de Desarrollo(26),

–  Vistos el artículo 93, el artículo 94, tercer guion, y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0125/2017),

1.  Aprueba el cierre de las cuentas de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2015;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas y al Banco Europeo de Inversiones, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

3. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2015 (2016/2202(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo para el ejercicio 2015,

–  Vistos el artículo 93, el artículo 94, tercer guion, y el anexo V de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0125/2017),

A.  Considerando que el objetivo principal del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000(27) y modificado en Uagadugu (Burkina Faso) el 22 de junio de 2010(28) («Acuerdo de Cotonú»), como marco de las relaciones de la Unión con los países de África, el Caribe y el Pacífico (ACP), es reducir la pobreza hasta erradicarla, en coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible;

B.  Considerando que el objetivo principal de la Decisión 2013/755/UE(29) del Consejo es contribuir al desarrollo progresivo de los países ACP y los países y territorios de ultramar (PTU) mejorando la competitividad y reforzando la resiliencia de los PTU, reduciendo su vulnerabilidad económica y ambiental y promoviendo la cooperación entre ellos y otros socios;

C.  Considerando que los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) son el principal instrumento financiero de la Unión para la cooperación al desarrollo con los países ACP y los PTU;

D.  Considerando que se aplica una amplia gama de modalidades de ejecución que reflejan el carácter intergubernamental de los FED en setenta y nueve países que cuentan con complejos procedimientos y normas en materia de licitación y adjudicación de contratos;

E.  Considerando que las actividades del FED se llevan a cabo en contextos complicados debido a elevados riesgos recurrentes tanto geopolíticos como institucionales;

F.  Considerando que algunos factores externos a la adecuada ejecución del FED pueden atenuar o anular los esfuerzos realizados en términos de desarrollo;

G.  Considerando que los FED son financiados por los Estados miembros y gestionados conjuntamente por la Comisión y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), y que la Comisión es la única responsable del procedimiento de aprobación de la gestión del FED;

H.  Considerando que la Unión posee el potencial y el peso necesarios para definir las respuestas a los retos mundiales y geopolíticos;

I.  Considerando que la historia de sus Estados miembros confiere a la Unión obligaciones en relación con el desarrollo de los países ACP y los PTU;

J.  Considerando que el futuro de la Unión y el de los países ACP y los PTU están unidos debido a la geografía, la globalización y la evolución demográfica;

K.  Considerando que las proyecciones demográficas mundiales para 2100, junto con los efectos de los nuevos flujos migratorios, los conflictos armados, el calentamiento global y las numerosas crisis económicas y sociales, requieren la atención inmediata por parte de la Unión, en particular en el marco de los objetivos de su política de desarrollo; que la ayuda al desarrollo es un instrumento esencial cuya multiplicidad de métodos de aplicación debe aprovecharse para hacer frente a los numerosos retos mundiales;

L.  Considerando que la crisis migratoria no solo ha cuestionado los principios y los objetivos de la ayuda internacional, sino que también ha resaltado que el principio de solidaridad necesita aplicarse con más uniformidad e incondicionalidad por parte de todos los Estados miembros;

M.  Considerando que las actuales crisis migratorias no deben ensombrecer la sostenibilidad de las olas migratorias vinculadas a las perturbaciones demográficas y que requieren diferentes respuestas;

N.  Considerando que es necesario un enfoque renovado en relación con los países ACP y los PTU que requiere nuevos incentivos e instrumentos financieros;

O.  Considerando que se debe prestar atención al hecho de que una gran parte de los países ACP son pequeños Estados insulares en desarrollo; que las islas, en particular las islas ACP, desempeñan un nuevo papel internacional, en particular, como consecuencia de las negociaciones internacionales sobre el cambio climático;

P.  Considerando que varios PTU están situados en las mismas regiones que los países ACP; que los PTU se enfrentan a retos mundiales similares, pero, a diferencia de los países ACP, forman parte de la familia europea y, por lo tanto, deberían recibir una mayor atención en la utilización de los fondos; que el reducido tamaño de los PTU y el vínculo constitucional entre los PTU y la Unión son características particulares que deben tenerse en cuenta;

Q.  Considerando que las Direcciones Generales de Cooperación Internacional y Desarrollo y de Política Regional y Urbana de la Comisión firmaron un memorando de entendimiento en septiembre de 2013 para reforzar la cooperación entre las regiones ultraperiféricas, los PTU y los países ACP;

R.  Considerando que las intervenciones exteriores de la Unión se canalizan a través de organizaciones internacionales que utilizan fondos de la UE o cofinancian proyectos con la Unión, lo que implica ciertos retos en relación con la supervisión y la gobernanza;

S.  Considerando que el nivel y la naturaleza del compromiso de la Unión deben estar sujetos a diferenciación y condicionalidad y depender de progresos cuantificables en ámbitos como la democratización, los derechos humanos, la buena gobernanza, el desarrollo socioeconómico sostenible, el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción, y que se debe ofrecer asistencia donde sea necesaria para contribuir a promover estos progresos;

T.  Considerando que un diálogo regular y en profundidad es fundamental para garantizar un mayor empoderamiento de los países ACP y los PTU y la capacidad de adaptación a los objetivos políticos;

U.  Considerando que tiene una importancia fundamental garantizar la coherencia entre todas las políticas de la Unión y los objetivos de su política de desarrollo;

V.  Considerando que reviste una importancia fundamental promover la visibilidad de la Unión y transmitir sus valores en todas las formas de ayuda al desarrollo;

W.  Considerando que la simplificación de los procesos de ejecución es un motor para aumentar la eficacia de la entrega de la ayuda;

X.  Considerando que la sostenibilidad es esencial para aumentar la eficacia global de la ayuda al desarrollo, a través del seguimiento regular del impacto de todos los modos de entrega de la ayuda;

Y.  Considerando que el apoyo a la gobernanza aportado por la Unión es un elemento fundamental de la ayuda al desarrollo para generar reformas efectivas de la gobernanza;

Z.  Considerando que el apoyo presupuestario, aun pudiendo ser un factor clave para el cambio y para hacer frente a los principales retos de desarrollo, conlleva un riesgo fiduciario considerable y solo debería concederse si ofrece suficiente transparencia, trazabilidad, responsabilidad y eficacia, además de un compromiso probado de introducir reformas políticas; que el apoyo presupuestario está especialmente adaptado a los territorios pequeños y aislados, como las islas ACP;

AA.  Considerando que la transparencia y la rendición de cuentas son requisitos indispensables del control democrático y de la eficacia de la ayuda al desarrollo;

AB.  Considerando que la gestión de los gastos administrativos se debe supervisar constantemente, en todas las circunstancias y respecto a todas las modalidades de ayuda;

AC.  Considerando que los flujos financieros ilícitos de los países en desarrollo agravan la pobreza;

AD.  Considerando que la autoridad de aprobación de la gestión ha solicitado en repetidas ocasiones la inclusión del FED en el presupuesto general de la Unión, con el fin de aumentar la visibilidad y el control democrático del FED y las políticas globales de desarrollo;

AE.  Considerando que la adhesión de los ciudadanos de la Unión a la política de desarrollo exige la máxima transparencia, buena gestión y buen rendimiento;

Declaración de fiabilidad

Ejecución financiera de los fondos en 2015

1.  Toma nota de que, en 2015, el gasto correspondió a cuatro FED, en particular el octavo FED, que ascendió a 12 480 millones de euros, el noveno FED, que ascendió a 13 800 millones de euros, el décimo FED, que ascendió a 22 682 millones de euros y el undécimo FED, que ascendió a 30 506 millones de euros; observa que de los fondos del undécimo FED se asignan 29 089 millones de euros a los países ACP y 364,5 millones de euros a los PTU, y que esos dos importes incluyen, respectivamente, 1 134 millones de euros y 5 millones de euros para el Mecanismo de Inversión ACP gestionado por el BEI; toma nota de que 1 052,5 millones de euros corresponden a los gastos de la Comisión destinados a la programación y la ejecución de los FED;

2.  Observa que esos fondos se ejecutan a través de proyectos y de apoyo presupuestario con arreglo a las cuatro modalidades siguientes: el 42 % de los pagos se efectuó mediante gestión directa, de los cuales el 24 % correspondía al apoyo presupuestario; observa que el 58 % restante se efectuó en régimen de gestión indirecta, y de este porcentaje el 31 % se canalizó a través de organizaciones internacionales, el 22 % a través de terceros países y el 3 % a través de organismos nacionales de los Estados miembros;

3.  Observa con preocupación que el gasto de 2015 incluye aún fondos procedentes del octavo FED, que se puso en marcha en 1995;

4.  Acoge con satisfacción los esfuerzos llevados a cabo por EuropeAid en 2015 en relación con el nivel de compromisos globales contraídos en 2015 (5 034 millones de euros) debido a la entrada en vigor del undécimo FED, que incrementó los recursos para compromisos en 27 839 millones de euros; toma nota de que el undécimo FED afectó a los porcentajes de ejecución de los compromisos pendientes de liquidación, que se redujeron del 98 % al 69,7 % en el caso de los compromisos globales y del 91,2 % al 63,5 % en el caso de los compromisos individuales;

5.  Lamenta que la falta de créditos de pago a que se enfrentó la Comisión en 2015 diera lugar a una difícil situación presupuestaria en la cooperación al desarrollo que perjudicó el rendimiento global de los fondos, en particular, la transferencia de 483 millones de euros a 2016 y el pago de un importe estimado en un millón de euros de intereses de demora; acoge con satisfacción la labor realizada por la Comisión para asegurar la continuidad de la ayuda al desarrollo y limitar las consecuencias negativas de la actual escasez de créditos de pago;

6.  Observa asimismo, en relación con todo su ámbito de competencias, los continuos esfuerzos de la Comisión por reducir las antiguas prefinanciaciones (39 % conseguido con un objetivo del 25 %) y los antiguos compromisos pendientes o los antiguos créditos pendientes de liquidación (RAL)(46 % conseguido con un objetivo del 25 %), así como el número de contratos en curso que ya han vencido, pero con unos progresos menos satisfactorios en el caso de estos últimos en el marco de los FED; anima a los servicios de la Comisión a que sigan disminuyendo la parte de contratos vencidos de los FED;

Fiabilidad de las cuentas

7.  Se congratula de que el Tribunal de Cuentas (el «Tribunal»), en su Informe Anual sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno, décimo y undécimo FED relativo al ejercicio 2015, considere que las cuentas anuales definitivas presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de los FED a 31 de diciembre de 2015, y que los resultados de sus operaciones, sus flujos de tesorería y los cambios en los activos netos al final del ejercicio sean conformes con lo dispuesto en el Reglamento Financiero de los FED y con las normas de contabilidad basadas en las normas de contabilidad internacionalmente aceptadas para el sector público;

8.  Acoge con satisfacción las medidas adoptadas por la Comisión para abordar el problema de la recaudación, tanto para los intereses devengados por la prefinanciación superiores a 750 000 euros, como para los intereses sobre la prefinanciación comprendidos entre 250 000 y 750 000 euros, que permitió registrar adecuadamente 2,5 millones de euros de intereses obtenidos en los estados financieros de 2015; pide a la Comisión que estudie también la situación de los casos inferiores a 250 000 euros;

9.  Lamenta, en el contexto de la gestión de las órdenes de cobro, el registro incorrecto de los ingresos de explotación por un importe de 9,6 millones de euros correspondiente a la prefinanciación no utilizada;

10.  Lamenta que, debido a errores de codificación, correcciones o modificaciones, fueran anulados 29,6 millones de euros de órdenes de cobro en el marco de los octavo, noveno, décimo y undécimo FED; pide a la Comisión que informe sobre los 15,8 millones de euros que están siendo objeto de un recurso;

11.  Expresa su profunda preocupación por que de una orden de ingreso de un millón de euros, se haya renunciado a 623 000 euros tras un acuerdo amigable entre la Comisión y el deudor(30); reconoce la coherencia con el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(31) del Consejo («el Reglamento Financiero»), así como el principio de proporcionalidad relativo a las órdenes de ingreso; destaca, no obstante, que lo que está en juego es el dinero de los contribuyentes y necesita ser protegido por todos medios necesarios;

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas

12.  Acoge con satisfacción la opinión del Tribunal, según la cual los ingresos subyacentes a las cuentas del ejercicio 2015 son legales y regulares en todos sus aspectos significativos;

13.  Lamenta que, según la estimación del Tribunal en su Informe Anual, el porcentaje de error más probable en las operaciones de gasto relativas a los octavo, noveno, décimo y undécimo FED siga siendo el mismo que en el año 2014, que fue del 3,8 %, y más elevado que en 2013 (3,4 %) y en 2012 (3 %); pide al BEI y a la Comisión que preparen un plan de acción para invertir la tendencia al crecimiento de los errores materiales y que lo presenten a la autoridad de aprobación de la gestión;

14.  Expresa su preocupación por la evaluación del Tribunal en relación con la legalidad y la regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas, que contienen errores significativos; muestra su preocupación por los resultados de las muestras tomadas de las operaciones de pago, que demuestran que 35 pagos de un total de 140 (el 25 %) contenían errores; señala que los sistemas de control interno y las verificaciones de su eficacia no solo se aplican a los servicios centrales de la Comisión y a las delegaciones de la Unión en los países beneficiarios, sino también a otros agentes, como los ordenadores nacionales designados por los países ACP, en cuyos controles con frecuencia se han detectado deficiencias; pide a la Comisión que apoye y refuerce esas capacidades institucionales y administrativas frágiles;

15.  Expresa su preocupación por que la tipología de errores subyacentes al índice de error de 2015 —3,8 %— sigue siendo la misma que en 2014, por ejemplo los errores relativos a la falta de documentación justificativa (la suma afectada a esta categoría de error es de 3 692 833 euros) y al incumplimiento de las normas de contratación pública (la suma afectada a esta categoría de error asciende a 1 176 140 euros) suponen el 70 % del porcentaje de error estimado (frente al 63 % en 2014); pide al BEI y a la Comisión que intensifiquen sus esfuerzos y apliquen de forma efectiva controles ex ante y ex post de los proyectos de financiación, con el fin de reducir considerablemente las sumas afectadas por errores en categorías como «ausencia de documentos justificativos» e «incumplimiento de la normativa sobre contratación pública»;

16.  Señala, además, que lleva tiempo preocupado por las deficiencias de los controles ex ante, en la medida en que, de las veintiocho operaciones finales sujetas a controles ex ante, fueron autorizadas dieciséis pese a los errores cuantificables detectados en los controles ex ante; lamenta que la mayoría de los errores detectados se refieran, como en años anteriores, a estimaciones de programas, subvenciones y operaciones gestionadas con organizaciones internacionales; pide, por tanto, a la Comisión que preste más atención a los controles ex ante para garantizar la legalidad y la regularidad de la ejecución de los FED; reconoce que la naturaleza del apoyo presupuestario limita la posibilidad de evaluar el porcentaje de error real en los pagos del apoyo presupuestario, lo que hace que las operaciones sean propensas a errores;

17.  Destaca el riesgo inherente al enfoque nocional, que declara libres de errores normativos las contribuciones de la Comisión a los proyectos de donantes múltiples cuando se suman a las de otros donantes y no se destinan específicamente a la financiación de gastos claramente identificables, ya que la Comisión supone que se cumplen las normas de subvencionabilidad de la Unión siempre que el importe incluya los gastos subvencionables suficientes para sufragar la contribución de la Unión;

18.  Manifiesta su preocupación por que el enfoque nocional limita considerablemente el trabajo del Tribunal, en particular a la vista de que en el presupuesto del ejercicio 2015 se desembolsaron 763 millones de euros mediante apoyo presupuestario, lo que supone el 24 % del gasto del FED para 2015;

19.  Insta a la Comisión a que corrija con rapidez las deficiencias en los controles ex ante, al tiempo que observa que la Comisión, gracias a sus sistemas de información, disponía de suficiente información para evitar, detectar y corregir los errores cuantificables antes de efectuar los gastos, lo que habría tenido un efecto positivo directo en el nivel estimado de error, que habría sido 1,7 puntos porcentuales más bajo;

20.  Toma nota de que se recuperaron 89,9 millones de euros para el reembolso de pagos indebidos debido a irregularidades y errores;

Componentes del marco de garantía

21.  Acoge con satisfacción el paso de una reserva general a la emisión de reservas diferenciadas, según lo solicitado por el Parlamento en sus anteriores Resoluciones sobre el FED, a saber, i) una reserva temática para los dos ámbitos de alto riesgo pendientes, subvenciones en gestión directa (18 % del importe total pagado en 2015) y en gestión indirecta con organizaciones internacionales, y ii) una reserva específica para el Fondo de Apoyo a la Paz para África;

22.  Toma nota de las acciones emprendidas por la Comisión en relación con los dos ámbitos de mayor riesgo, y pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre la aplicación de dichas acciones;

23.  Pide a la Comisión que siga perfeccionando la evaluación del riesgo de presupuestación por actividades para garantizar un nivel adecuado de fiabilidad sectorial; solicita, en ese sentido, que se evalúe el nivel de riesgo y las vulnerabilidades de la gestión indirecta;

24.  Manifiesta su preocupación por el carácter arriesgado de la gestión indirecta, debido en particular a la ausencia de trazabilidad de los fondos cuando la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo los desembolsa a agentes locales y subcontratistas;

25.  Considera que es positivo mejorar los instrumentos de control, como consecuencia de las conclusiones de las auditorías externas; acoge con satisfacción la nueva aplicación de auditoría y la tabla de calidad desarrolladas por la Comisión, y apoya la recomendación del Tribunal de mejorar estas nuevas herramientas;

26.  Acoge con satisfacción el hecho de que el estudio sobre el porcentaje de error residual (PER) se haya realizado por cuarto año consecutivo y se haya convertido en un instrumento clave en el marco de la estrategia de control, seguimiento y auditoría;

27.  Hace hincapié en que el PER se calcula descontando de los porcentajes de error anual de las autoridades de control las correcciones financieras plurianuales impuestas a escala nacional y de la Unión;

28.  Muestra su gran preocupación por que el PER para 2015 de operaciones contractuales concluidas incluidas en el informe de actividad anual estaba estimado en un 2,2 %, que está aún por encima del umbral de importancia relativa del 2 % y supone unos 174 millones de euros, incluidos 98 millones de euros para los FED;

29.  Pide a la Comisión que mantenga exigentes normas metodológicas en su evaluación del PER y que siga ampliamente e imponga correcciones financieras por parte de los Estados miembros;

30.  Llama la atención sobre el hecho de que el equilibrio entre absorción, cumplimiento y ejecución es necesario y debe reflejarse en la gestión de las operaciones;

31.  Acoge con agrado la reducción del coste estimado del control realizado por la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Comisión, de un importe de 371 millones de euros en 2014 a 293 millones de euros en 2015, y alienta a la Comisión a que siga mejorando la relación coste-eficacia del control realizado por el director general garantizando al mismo tiempo que se reduzcan los errores al mínimo posible;

32.  Pide a la Comisión que, en su evaluación ex ante y ex post, integre herramientas de evaluación de la gestión y el rendimiento, de conformidad con la iniciativa de la Comisión de un presupuesto orientado a resultados, iniciativa dirigida a analizar el impacto de otras políticas y acciones exteriores de la Unión sobre la situación de los países beneficiarios;

Riesgos vinculados a un enfoque orientado a los resultados para la cooperación al desarrollo de la Unión

33.  Observa que la Comisión ha integrado el análisis de los riesgos en la gestión de sus intervenciones exteriores, que se lleva a cabo en entornos complejos y frágiles que presentan numerosos tipos de riesgos, países socios con diferente nivel de desarrollo y marcos de gobernanza;

34.  Destaca la necesidad de mejorar el uso de la terminología respecto de los resultados a largo plazo (realizaciones, efectos e impactos) y la importancia de formular objetivos «SMART» verdaderos y sostenibles antes de adoptar cualquier decisión de financiación de diferentes proyectos; destaca la necesidad de poner mayor énfasis en la formulación de unos objetivos «realistas y realizables» para evitar situaciones en las que los países socios cumplen los objetivos iniciales pero sin resultados significativos en términos de desarrollo; recuerda que los objetivos de desarrollo se deben evaluar teniendo en cuenta los aspectos sociales y medioambientales, además de los económicos;

35.  Considera que hay que evitar concentrarse en el resultado de la ejecución presupuestaria como único objetivo de gestión, pues ello puede ser perjudicial para el principio de buena gestión financiera y la obtención de resultados; subraya que cualquier enfoque basado en incentivos, apoyado en un sistema de «condicionalidad positiva» que establezca incentivos para los beneficiarios con buenos rendimientos y controles estrictos para los que tengan un rendimiento deficiente, debería estar vinculado a indicadores de rendimiento específicos y rigurosos, que permitan un enfoque cuantificable para evaluar deficiencias y los objetivos logrados;

36.  Subraya firmemente que todo sistema basado en la «condicionalidad positiva» debe adherirse sin excepciones al principio de precaución;

37.  Recuerda que el seguimiento y la cartografía regulares de los factores de alto riesgo (externos, financieros y operativos) y su cuantificación, desde la fase de determinación hasta la de ejecución, es un requisito imprescindible no solo para una buena gestión financiera y el gasto de calidad, sino también para asegurar la credibilidad, la sostenibilidad y la reputación de las intervenciones de la Unión; considera que crear perfiles de riesgo de actividades y países facilita también la concepción de una estrategia rápida de reducción del riesgo en caso de deterioro de la situación en un país socio;

38.  Destaca la necesidad de adaptar periódicamente el entorno de control y las funciones de gestión de riesgos para tener en cuenta la aparición de nuevas formas de instrumentos y estructuras de ayuda, como la financiación combinada, los fondos fiduciarios y las asociaciones financieras con otras instituciones internacionales, también cuando los países beneficiarios disfrutan de diferentes tipos de entrega de ayuda;

39.  Considera que el desarrollo de capacidades, los marcos de gobernanza y la apropiación de los países socios en desarrollo contribuye decisivamente a mitigar los riesgos sistémicos, para permitir que los fondos sirvan a los fines previstos y cumplir los requisitos de las tres «es» (economía, eficiencia y eficacia), teniendo en cuenta también la ecología, la equidad y la ética; alienta, a este respecto, a la Comisión a que siga examinando la posibilidad y los riesgos de recurrir a entidades de auditoría locales y contratos de servicios locales, garantizando la plena transparencia y la rendición de cuentas;

40.  Reconoce que el Reglamento Financiero permite a los beneficiarios la contratación de empresas locales de auditoría; se muestra, no obstante, profundamente preocupado por las deficiencias del sistema de gestión de la información de EuropeAid en cuanto a los resultados y el seguimiento de las auditorías externas, como menciona el Tribunal para el procedimiento de aprobación de la gestión de los FED del ejercicio 2014; insta a la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo a que establezca una tabla de calidad para evaluar la fiabilidad de los controles realizados para auditorías y verificaciones de gasto por parte de empresas locales de auditoría contratadas directamente por los beneficiarios, cuando el riesgo de calidad insuficiente evaluado sea más elevado y los informes de auditoría y verificación no contengan suficiente información sobre el trabajo real realizado como para permitir el uso eficaz de la tabla actual;

Mejora de la eficacia de la ayuda del FED

41.  Subraya que, para establecer la credibilidad de la ayuda al desarrollo, en particular en lo que respecta a los instrumentos utilizados, los métodos de entrega de la ayuda y los fondos en juego, resulta fundamental que la relación calidad-precio y los resultados obtenidos con este apoyo sean demostrables, así como que exista una coherencia entre las políticas y acciones exteriores de la Unión y los objetivos de la ayuda al desarrollo, en particular los objetivos de desarrollo social, de protección de los derechos humanos y protección del medioambiente;

42.  Recuerda que la eficacia de la ayuda, la apropiación por parte de los países socios de los resultados de desarrollo y la dependencia de los marcos de gobernanza de los países socios son principios rectores que se deben perfeccionar regularmente;

43.  Subraya que es esencial que el modo de ejecución de proyectos se adapte a los objetivos perseguidos en cada caso y para cada proyecto; considera que pueden lograrse mejores resultados en términos de eficiencia apoyando proyectos cuya dimensión se adapte a objetivos previamente fijados, que conduzcan a resultados concretos y detectables y se orienten al desarrollo sostenible de las comunidades locales;

44.  Considera fundamental que, en el caso de proyectos de infraestructuras financiados por medio del FED, se exija una evaluación ex ante independiente que tenga en cuenta el impacto social y medioambiental de los proyectos, además de su valor añadido; considera que la decisión de financiación debe ir unida a un análisis adecuado de la relación coste-beneficio y que se financien proyectos cuya realización no sea controvertida desde el punto de vista medioambiental, financiero y social;

45.  Recuerda que obstaculizar el seguimiento del rendimiento y la evaluación de los resultados va en detrimento del objetivo de responsabilidad pública y de la información completa a los responsables políticos; señala que es indispensable facilitar al Parlamento una visión clara de hasta qué punto se han alcanzado realmente los principales objetivos de la Unión; destaca la importancia de un enfoque más equilibrado con menos confidencialidad y más transparencia, en particular por lo que se refiere a los informes sobre la gestión de la ayuda exterior;

46.  Considera que es fundamental evaluar los riesgos inherentes a la elección de una determinada modalidad de ejecución antes de comprometer los recursos financieros de la Unión, así como al estudiar los resultados previstos; considera que la combinación de proyectos, tanto en términos de objeto como de tipos de ejecución, es esencial para garantizar la eficacia de la ayuda del FED;

47.  Considera que es necesario un mayor apoyo a los recursos técnicos y administrativos para mejorar la eficacia de la ayuda del FED, en particular en lo que se refiere a la complejidad de las normas, ya que el Reglamento Financiero del FED no es un documento aislado y es necesario aplicarlo en combinación con otras fuentes jurídicas, lo que conlleva un riesgo significativo de inseguridad jurídica y de errores;

48.  Considera que es necesario simplificar las reglas de asignación de fondos para garantizar un mejor uso de los fondos y mejorar la eficacia de la entrega de ayuda; alienta a la Comisión a que ponga en marcha la simplificación de las reglas de asignación de fondos y apoye a los socios locales en la ejecución de los proyectos; hace hincapié, sin embargo, en que la simplificación no puede ir en detrimento del sistema actual de controles y balances ex ante y ex post, que son esenciales para una supervisión completa; subraya que ya existen deficiencias persistentes en los controles ex ante, un ámbito en el que la simplificación debe ser ponderada cuidadosamente frente a los riesgos; recuerda a la Comisión que acentúe el equilibrio correcto entre una menor carga administrativa y un control financiero eficaz, al tiempo que simplifica las normas de asignación de fondos de desarrollo;

49.  Reclama que la simplificación de las normas de asignación de fondos no desvíe los créditos de los objetivos y principios establecidos en los actos de base, y considera que ninguna canalización a través de fondos fiduciarios debe ir en detrimento del FED y de las políticas de la Unión a largo plazo;

Grupo de trabajo sobre conocimiento, rendimiento y resultados

50.  Acoge con satisfacción el primer informe sobre una selección de resultados de proyectos en el contexto de la introducción del marco de la Unión para los resultados del desarrollo y la cooperación internacional como medida complementaria al compromiso de la Comisión de mejorar la rendición de cuentas y ampliar su información sobre los resultados en las operaciones en curso; se muestra especialmente interesado en la lista de indicadores del rendimiento organizativo, que sirven para medir y notificar el impacto, los efectos y las realizaciones en términos de desarrollo conseguidos por los países socios y los resultados organizativos alcanzados por los servicios de la Comisión;

51.  Considera que es útil incluir dicha información regularmente en los futuros informes anuales de actividad, para seguir la evolución de las contribuciones de la Unión a los resultados en diversos campos de la cooperación al desarrollo, como la gestión de las finanzas públicas, la buena gobernanza o los efectos palanca logrados con actividades de financiación combinada;

Evaluación de los resultados alcanzados por las delegaciones de la Unión

52.  Acoge con satisfacción los progresos realizados en el análisis de los resultados globales obtenidos por las delegaciones de la Unión, sobre la base de los resultados proporcionados en los indicadores clave de rendimiento en comparación con los objetivos en lo que atañe a la eficacia del sistema de control interno y de los sistemas de auditoría en vigor, así como en la gestión eficaz de las operaciones y los recursos para el año 2015;

53.  Pide un mayor grado de ambición en la estrategia, la gestión y la rendición de cuentas de los fondos del FED; destaca que existe una oportunidad para optimizar la resiliencia de todas las actividades del FED mediante el refuerzo de los criterios de eficiencia económica y financiera y la determinación de mejoras de eficiencia y eficacia, lo que se refleja en los resultados de la gestión; considera que la preparación de las evaluaciones de las necesidades constituye una fase previa útil para garantizar la eficacia última de la financiación de la Unión;

54.  Reconoce la gran importancia de la información consignada en los ochenta y seis informes sobre la gestión de la ayuda exterior para la garantía que debe presentar la Comisión sobre la gestión de la ayuda exterior, así como las tendencias positivas para el desempeño de las delegaciones, ya que veinte indicadores clave de rendimiento de veinticuatro han alcanzado los objetivos en 2015, frente a quince en 2014;

55.  Lamenta, no obstante, que nueve delegaciones de un total de 86 no han alcanzado el criterio de referencia del 60 % de sus indicadores clave de rendimiento; pide a los servicios de la Comisión que controlen atentamente a las delegaciones que han alcanzado recientemente el objetivo del 60 % o que están justo por encima del 60 %, para afinar y consolidar el análisis de las tendencias de las delegaciones;

56.  Pide a los servicios de la Comisión que actualicen regularmente la definición de indicadores clave de rendimiento y las modalidades de evaluación relacionadas y que sigan desarrollando sus análisis de riesgos, en particular mediante el establecimiento de perfiles de riesgo (riesgos a priori o en los resultados) de proyectos de la cartera de cada delegación, con el fin de elegir mejor en una primera fase únicamente los proyectos viables; sugiere con insistencia una evaluación ex ante de los riesgos más completa, de modo que solo se seleccionen los proyectos más viables;

57.  Pide a la Comisión que elabore una tipología de las causas de los bloqueos y las dificultades que han surgido en la aplicación de los proyectos, con el fin de determinar inmediatamente las respuestas y medidas correctoras más adecuadas;

58.  Considera esencial que se conciencie constantemente a los jefes de las delegaciones de su papel clave en la consolidación global de la garantía y en su gestión de las operaciones, en particular en lo que se refiere a la ponderación de los distintos componentes susceptibles de dar lugar a la expresión de una reserva;

59.  Reitera firmemente la necesidad de reforzar ampliamente la rendición de cuentas de las delegaciones de la Unión que cuentan con personal provisto por el Servicio de Acción Exterior; opina que ello debería realizarse en paralelo a los informes sobre la gestión de la ayuda exterior, que son elaborados y firmados por los jefes de las delegaciones de la Unión;

60.  Considera que es necesario recordar a los jefes de las delegaciones de la Unión sus funciones y sus responsabilidades de gestión y supervisión y que no deben concentrarse exclusivamente en el aspecto político de sus funciones;

61.  Pide a la Comisión que informe inmediatamente sobre las acciones correctoras específicas adoptadas cuando un proyecto se haya clasificado como «rojo» durante tres años consecutivos en relación con el indicador clave de rendimiento 5 (es decir, el porcentaje de proyectos con rojo para los progresos en la aplicación) e indicador clave de rendimiento 6 (es decir, el porcentaje de proyectos con rojo para alcanzar resultados rápidamente), con el fin de reexaminar rápidamente los objetivos iniciales de la programación, reasignar los fondos disponibles a proyectos y necesidades de ayuda más adecuados, o incluso considerar la posibilidad de detener el proyecto;

62.  Reconoce las consecuencias diplomáticas de la interrupción de la financiación de proyectos y del cese de desembolsos directos de ayuda presupuestaria, pero subraya firmemente la importancia de proteger los intereses financieros de la Unión;

63.  Insta a la Comisión a que preste especial atención al seguimiento de las operaciones llevadas a cabo con organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas y sus organismos, los créditos pendientes de liquidación (CPL) antiguos, especialmente en el contexto del FED, y la fiabilidad de los datos del Sistema Común de Información RELEX y los valores utilizados para la preparación de los informes de gestión de la ayuda exterior;

64.  Subraya que los recursos totales de los octavo, noveno, décimo y undécimo Fondos Europeos de Desarrollo ascienden a 76 880 millones de euros, de los cuales 41 980 millones están indicados como pagos; muestra su gran preocupación por el hecho de que los compromisos pendientes ascienden a 11 610 millones de euros y el saldo disponible a finales de 2015 asciende a 23 700 millones de euros;

Control orientado a los resultados

65.  Pide a la Comisión que garantice la eficacia del nexo entre las evaluaciones y la formulación de políticas, teniendo en cuenta todo lo aprendido en el proceso de toma de decisiones; pide a la Comisión que asigne unas capacidades de gestión adecuadas a las diferentes actividades de evaluación y que garantice la fiabilidad de los sistemas de evaluación EuropeAid y de seguimiento orientado a los resultados;

66.  Recuerda la obligación de facilitar información externa, objetiva e imparcial sobre los resultados de los proyectos y programas de ayuda de la Comisión como parte del compromiso de esta última con la garantía de calidad; considera que los resultados de las evaluaciones constituyen elementos clave que alimentan las políticas y el proceso de revisión político, lo que ayuda a ajustar los objetivos políticos estratégicos y a aumentar la coherencia global con otras políticas de la Unión; considera oportuno garantizar que la evaluación final de los proyectos financiados sea realizada por un análisis ex post independiente;

67.  Cree que la inversión en el análisis y la agrupación de los resultados y pruebas obtenidos de distintos tipos de evaluaciones no solo proporcionan a la Comisión una imagen global de las tendencias, sino que también permiten extraer lecciones que refuercen en última instancia la eficacia del proceso de evaluación, al tiempo que ofrecen elementos más sólidos para la toma de decisiones y la elaboración de políticas;

68.  Considera que el intercambio de conocimientos por todos los medios y utilizando todas las herramientas es crucial no solo para el desarrollo de una cultura de evaluación, sino sobre todo para el desarrollo de una cultura eficaz de actuación;

Actividades de apoyo presupuestario

69.  Señala que 1 266 440 euros de un total de 5 746 000 euros en pagos (el 22 %) se destinaron en 2015 a apoyo presupuestario;

70.  Considera que el apoyo presupuestario es una modalidad de la ayuda adaptada al carácter específico de la ayuda al desarrollo, que fomenta la implicación del país y la eficacia de la ayuda, algo que ha arrojado resultados concretos en la consecución de los objetivos de la política de desarrollo; observa, no obstante, que el apoyo presupuestario conlleva riesgos fiduciarios y puede provocar incertidumbres sobre los resultados y el funcionamiento; pide a la Comisión que vele por que se haga un uso adecuado de la ayuda al desarrollo a través del apoyo presupuestario, en particular proporcionando formaciones específicas y asistencia técnica a los beneficiarios;

71.  Acoge con satisfacción el Informe anual sobre apoyo presupuestario de 2016 de la Comisión, en el que se revisan los indicadores clave de resultados en los países que se benefician de apoyo presupuestario en toda la Unión para 2015; insta a la Comisión a que incluya los resultados de este informe en el próximo informe anual de actividad;

72.  Recuerda la necesidad de respetar de forma constante los cuatro criterios de admisibilidad en la fase previa a la contratación, la evolución de los objetivos definidos y los resultados acordados en la supervisión del apoyo presupuestario;

73.  Destaca que la contribución del apoyo presupuestario a los resultados perseguidos en materia de desarrollo se debe demostrar claramente y que su uso debe supeditarse a la mejora de la gestión financiera pública y al control y rendición de cuentas democráticos, así como a la plena transparencia ante los parlamentos y los ciudadanos de los países beneficiarios; considera prioritario condicionar dicho apoyo a una lucha eficaz contra la corrupción en los países que se benefician del apoyo presupuestario;

74.  Considera que los criterios de pago con arreglo a los resultados son un factor clave en la gestión de las actividades de apoyo presupuestario, así como para un diálogo político y estratégico más profundo;

75.  Considera necesario reforzar el diálogo político y estratégico, la condicionalidad de las ayudas y la estructura de la cadena lógica a fin de garantizar la coherencia entre las decisiones y las condiciones previas a los pagos, vinculando claramente los pagos a la obtención de resultados, a los objetivos seleccionados y a los indicadores clave de rendimiento predeterminados; pide a los servicios de la Comisión que sigan consolidando consecuentemente su marco de supervisión; pide a la Comisión que supervise atentamente el funcionamiento y los resultados y que informe sistemáticamente al respecto;

76.  Pide a la Comisión que informe periódicamente sobre la aplicación de la Iniciativa Fiscal de Adís Abeba lanzada en 2015, sobre todo sobre las acciones emprendidas para acabar con la elusión fiscal, la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos; considera asimismo que la eficacia de los poderes públicos y la gestión de las finanzas públicas, la corrupción y el fraude son los principales riesgos que conviene someter a una supervisión continua y completa;

Desarrollo de la dimensión de supervisión de los fondos fiduciarios y los instrumentos de financiación combinada

77.  Constata la lógica que subyace en el desarrollo de los fondos fiduciarios como herramientas que permiten poner en común recursos financieros procedentes de diferentes partes interesadas con el fin de aumentar la flexibilidad y agilizar la respuesta de la Unión a las cuestiones internacionales, las grandes crisis y las situaciones de emergencia a escala mundial; opina, no obstante, que los proyectos a pequeña escala con unos objetivos, operadores y beneficiarios claramente definidos, que ofrecen unos resultados concretos y que responden a una estrategia a largo plazo también pueden participar de forma eficaz en la respuesta de la Unión a esos retos;

78.  Considera que se ha de tener debidamente en cuenta la coherencia y la complementariedad con el FED de todas las nuevas herramientas de desarrollo, en particular por lo que se refiere al impacto de la ayuda, a la gestión y a los costes administrativos en comparación con el total de las contribuciones; pide a la Comisión que vele por que estas nuevas herramientas de desarrollo se correspondan siempre con la estrategia global y los objetivos en materia de política de desarrollo de la Unión;

79.  Manifiesta su preocupación por la existencia de múltiples fondos fiduciarios y plataformas de financiación combinada financiados por los Estados miembros con cantidades importantes pero que no son parte del presupuesto de la Unión; hace especial hincapié en las posibles cuestiones relacionadas con la gobernanza, la eficacia, la transparencia y la rendición de cuentas; advierte a la Comisión del peligro de externalizar y diluir los objetivos de la política de desarrollo; pide al Tribunal que ayude a evaluar los riesgos, a mejorar la transparencia y la responsabilidad globales y que compare la eficacia de las inversiones realizadas a través de fondos fiduciarios con la de las de gestión directa o indirecta de los FED;

80.  Observa que los fondos fiduciarios formaban parte de una respuesta ad hoc que demuestra que el FED, el presupuesto de la Unión y el marco financiero plurianual carecen de los recursos y la flexibilidad necesarios para una estrategia rápida y global que permita hacer frente a crisis importantes; considera que se necesita más tiempo para demostrar su eficacia;

81.  Toma nota de la creación del Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión, pero lamenta que no se haya consultado previamente al Parlamento, a pesar de que a este le corresponde una supervisión reforzada de la programación del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) con arreglo a un compromiso político adquirido por la Comisión; observa que el 57 % del importe comprometido inicialmente por los Estados miembros y otros donantes (Suiza y Noruega) se ha pagado para el Fondo Fiduciario de la Unión (es decir, 47 142 millones de euros); observa que 1 400 millones de euros de la reserva del FED se utilizarán para el Fondo Fiduciario de Emergencia para África de la Unión y que las promesas financieras globales de los Estados miembros representan únicamente 81 492 millones de euros (esto es, un 4,3 % de los 1 800 millones de euros previstos); toma nota del Fondo Fiduciario Bêkou, con un importe prometido y pagado de 34 925 millones de euros;

82.  Pide a la Comisión que aplique mecanismos exhaustivos de control para garantizar el control político, sobre todo por parte del Parlamento, de la gobernanza, la gestión y la ejecución de estas nuevas herramientas en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión; considera que es importante desarrollar estrategias de supervisión específicas para dichas herramientas, con metas, revisiones y objetivos específicos;

83.  Manifiesta una gran preocupación por los objetivos demasiado poco específicos y por la falta de indicadores vinculantes y de metas cuantificables para evaluar el rendimiento de los fondos fiduciarios; pide que se refuercen los mecanismos de control de resultados (o matrices o marcos de resultados) en relación con las acciones previstas, de modo que incluyan las metas a medio y largo plazo plenamente conformes con los objetivos de las políticas de la Unión;

84.  Está particularmente interesado en recibir información sobre los coeficientes de apalancamiento obtenidos por los mecanismos de financiación combinada en vigor, prestando una atención particular al valor añadido y la adicionalidad en comparación con la ayuda tradicional de la Unión;

Refuerzo de los marcos de cooperación con organizaciones internacionales

85.  Observa que las intervenciones del FED aplicadas mediante gestión indirecta con organizaciones internacionales y agencias de desarrollo ascendieron a 810 millones de euros, de los cuales 347 millones a través de las Naciones Unidas;

86.  Reconoce el valor añadido de la cooperación con organizaciones internacionales en determinados contextos específicos; señala, no obstante, deficiencias recurrentes, como el nivel de los errores financieros que afectan al nivel de la tasa de error, las insuficiencias en las tareas de información, el problema de la apropiación de los resultados y, como consecuencia, la falta de visibilidad de la Unión como donante y la necesidad de armonizar las expectativas por lo que respecta a la orientación en función de los resultados y la rentabilidad;

87.  Anima a la Comisión y a las instituciones internacionales, especialmente en el caso de las iniciativas cofinanciadas y con varios donantes, a:

   i) evaluar y planificar los futuros beneficios de un proyecto y la manera en que cada uno de los socios participa en las realizaciones finales y en los impactos más generales para evitar dudas sobre la apropiación de los resultados, esto es, qué parte de los resultados es atribuible a la financiación de la Unión y cuál se debe a las intervenciones de otros donantes;
   ii) combinar las estructuras de gobernanza con las que utiliza la Unión, especialmente mejorando sus métodos de gestión de riesgos; considera que la fungibilidad de los fondos debe ser objeto de un seguimiento atento por su elevado nivel de riesgo fiduciario;
   iii) mejorar los modelos de los marcos de cooperación utilizados con todas las organizaciones internacionales, a fin de garantizar, en particular, un control más exhaustivo de los costes de gestión;
   iv) garantizar la coherencia entre los proyectos aplicados en el marco de una cooperación con organizaciones internacionales y las acciones y las políticas de la Unión en su conjunto;

Gestión del Fondo de Apoyo a la Paz para África

88.  Toma nota de que el Fondo de Apoyo a la Paz para África es el instrumento financiero de la Unión destinado a apoyar la cooperación con África en el ámbito de la paz y la seguridad, y que en 2015 contó con un total de 901,2 millones de euros comprometidos, 600 millones de euros contraídos y un importe total abonado con cargo al undécimo FED; toma nota de que aproximadamente el 90 % de los fondos del Fondo de Apoyo a la Paz para África se gestiona mediante acuerdos firmados con la Comisión de la Unión Africana, que es el órgano de ejecución de la Unión Africana;

89.  Señala que la Comisión no confía en la ejecución del Fondo de Apoyo a la Paz para África, que lleva en funcionamiento varios años; se muestra sorprendido, en este sentido, por la propuesta de la Comisión de desviar incluso más fondos de desarrollo hacia las medidas de seguridad en África; subraya también que la financiación del Fondo de Apoyo a la Paz para África con cargo al FED es una situación provisional que se ha prolongado ya quince años; hace hincapié en que la financiación para el desarrollo ha supuesto una contribución financiera muy importante a las políticas de seguridad africanas a lo largo de todos estos años, mientras que el gasto de la Unión en materia de seguridad con fines de desarrollo es inexistente;

90.  Lamenta que el sistema de control para la gestión y el seguimiento operativo del Fondo de Apoyo a la Paz para África no sirviera para proteger al FED de los gastos ilegales e irregulares y que la aplicación de las medidas paliativas fuera insuficiente para subsanar las deficiencias institucionales constatadas; lamenta asimismo las deficiencias en los sistemas de control e información sobre las actividades del Fondo de Apoyo a la Paz para África financiadas;

91.  Expresa su preocupación por el hecho de que no se tuvieran en cuenta los resultados de las evaluaciones del pilar llevadas a cabo de conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento Financiero, en particular en lo que se refiere a la falta de conformidad de los procedimientos contable, de contratación pública y de subdelegación; lamenta que las medidas correctoras no se hayan aplicado con mayor rapidez;

92.  Pide a la Comisión que adapte la gobernanza, la coordinación y las responsabilidades respectivas de las partes interesadas, a saber, los servicios de la Comisión, el Servicio Europeo de Acción Exterior y las delegaciones de la Unión, en el control de la financiación del Fondo de Apoyo a la Paz para África y la presentación de informes sobre sus proyectos en curso;

93.  Pide a la Comisión que informe a su debido tiempo al Parlamento sobre las medidas correctoras, el nivel de las recuperaciones y las mejoras en la gestión de los fondos por parte del Fondo de Apoyo a la Paz para África;

Cooperación con los países y territorios de ultramar (PTU)

94.  Reconoce que los FED están centrados principalmente en países africanos y considera que no se debe marginar a los PTU en términos de objetivos políticos; pide a la Comisión que aplique más sinergias con las políticas internas y horizontales de la Unión, con una participación concreta de los PTU;

95.  Opina que se debe prestar atención a los resultados de la ayuda y al impacto de la política de desarrollo, aunque también a otras políticas europeas e internacionales para países situados en la misma zona geográfica que los PTU; pide que se preste una atención particular a la situación de Mayotte, debido a su cambio de estatuto de PTU a región ultraperiférica en 2014;

96.  Pide a la Comisión que vele por que las financiaciones beneficien con justicia y por igual a todos los PTU; pide a la Comisión que siga apoyando a las administraciones de los PTU en la ejecución de los proyectos del FED, en particular mediante formación y asistencia técnica;

97.  Recuerda las características geográficas de los PTU; pide a la Comisión que integre mejor unos indicadores clave de rendimiento específicos para la financiación en los PTU; pide, asimismo, a la Comisión que proponga, como parte de la ampliación de la acción preparatoria en el marco del plan BEST (Régimen voluntario para la Diversidad Biológica y los Servicios de los Ecosistemas en los Territorios de las Regiones Ultraperiféricas y los Territorios de Ultramar de la Unión), un mecanismo permanente para proteger la biodiversidad, desarrollar los servicios de los ecosistemas y luchar contra los efectos del cambio climático en los países y territorios de ultramar europeos;

98.  Reitera el llamamiento a la Comisión para que cree, a partir de 2020, un instrumento financiero específico para los Países y Territorios de Ultramar (PTU) que tenga en consideración su estatuto particular y su pertenencia a la familia europea.

Respuesta del FED a los retos mundiales urgentes

La cuestión de la migración y la ayuda al desarrollo

99.  Recuerda que el principal objetivo de la política de desarrollo de la Unión es la reducción y, en última instancia, la erradicación de la pobreza, y que, hasta la fecha, el FED ha logrado avances en los países ACP y en los PTU; considera que las cuestiones relacionadas con la ayuda eficaz al desarrollo y la migración están interrelacionadas, ya que la migración puede derivarse de una situación de vulnerabilidad social y económica y el alivio de las causas profundas de la migración se puede atribuir a una ayuda al desarrollo específica;

100.  Toma nota de la reciente adopción de la estrategia global de la Unión para lograr un desarrollo sostenible para 2030, que consolida aún más el vínculo entre desarrollo y migración e incluye la migración y la seguridad en el nuevo marco de desarrollo y cooperación;

101.  Recuerda la postura del Parlamento respecto de un enfoque global de la migración basado en una nueva combinación de políticas con un nexo reforzado entre la migración y el desarrollo, abordando las causas profundas de la migración y defendiendo simultáneamente un cambio en las modalidades de financiación de la respuesta a la crisis migratoria;

102.  Reconoce que la Unión ha aumentado el apoyo a las reformas en el sector de la seguridad; opina, no obstante, que la Comisión debe garantizar que los fondos no se desvían hacia la promoción de la seguridad sin reforzar paralelamente el apoyo a reformas democráticas;

103.  Opina que la magnitud de la crisis migratoria ha hecho surgir la necesidad de reaccionar y prestar ayuda de una forma más rápida y eficaz; considera útil elaborar un código sectorial apropiado para la «migración» en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE con el fin de integrar mejor la migración en la agenda de desarrollo, facilitar la codificación y el uso de los fondos y controlar mejor las cantidades fijadas para la acción exterior en materia de lucha contra las causas profundas de la migración, así como realizar un seguimiento de las mismas;

104.  Acoge con satisfacción la aplicación prevista de un plan de inversiones exteriores en África basado en el modelo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, con el fin de abordar determinados obstáculos específicos en la inversión; considera que esta es una de las herramientas más adecuadas y eficaces para lograr el objetivo a largo plazo del Parlamento de proporcionar condiciones de vida adecuadas a la población y abordar así las causas profundas de la migración excesiva procedente de África;

105.  Reconoce que los fondos del FED contribuyen a abordar las causas profundas de la actual crisis de refugiados y migrantes a escala mundial; subraya que los fondos del FED no deben utilizarse erróneamente para finalidades que no sean las que se determinan en sus disposiciones, como la seguridad del control fronterizo y medidas de retorno efectivas; pide a la Comisión que se implique de manera constructiva para conseguir sinergias entre el presupuesto de la Unión, el FED y la cooperación bilateral, con el fin de abordar los problemas relativos a la migración y a la prevención de crisis;

106.  Pide una mejora continuada de la visión y el marco estratégicos de las políticas exteriores y las opciones políticas de la Unión en materia de migración junto con los agentes clave, en aras de la claridad y de una movilización coordinada y coherente de los mecanismos de dimensión exterior de la política de migración, a corto, medio y largo plazo, tanto dentro como fuera del marco presupuestario de la Unión;

107.  Considera que es fundamental conciliar la necesidad de mejores resultados con la disponibilidad de fondos suficientes para garantizar un alto grado de ambición a la hora de elaborar una respuesta global y sostenible de la Unión a los retos actuales y futuros derivados de la crisis migratoria; opina que los fondos de la política de migración exterior de la Unión se han de gastar de manera más eficiente, cumpliéndose unos criterios de «valor añadido», para ofrecer a las personas unas condiciones de vida adecuadas en sus países de origen y otros países ACP;

108.  Pide a las principales partes interesadas que reflexionen y den una respuesta adecuada por lo que respecta al equilibrio entre la flexibilidad de las intervenciones, la complementariedad de los fondos, su nivel y la potenciación necesaria, así como las posibles sinergias y la adicionalidad global de las intervenciones de la Unión;

109.  Opina que la actual fragmentación de los instrumentos, con una falta de interconexión entre sus propios objetivos específicos, dificulta el control parlamentario sobre la manera en que se utilizan los recursos y la determinación de responsabilidades, por lo que también dificulta la evaluación clara de los importes gastados efectivamente en apoyo de la acción exterior sobre migración; lamenta que todo ello desemboque en una falta de eficacia, transparencia y rendición de cuentas; considera necesario redefinir las diferentes posibilidades de utilización de los instrumentos políticos existentes con una configuración de los objetivos clara y renovada para incrementar su eficacia y visibilidad generales;

110.  Considera, en este contexto, que hay que prestar la debida atención a una orientación adecuada de la ayuda hacia unos problemas diferentes y cambiantes en lo que se refiere a la migración, garantizando al mismo tiempo la idoneidad de la supervisión de los fondos desembolsados, con el fin de evitar el riesgo de desvío de fondos y de doble financiación, y velando por que otros países ACP se sigan beneficiando de la ayuda del FED;

111.  Opina que el cambio climático y los retos que plantea, la migración y el desarrollo están estrechamente interrelacionados y pide una mejor comprensión de esta correlación en la asignación de la ayuda al desarrollo y en los objetivos de la política de desarrollo; pide a la Comisión y al BEI que eviten el simple aumento de los fondos gastados en hacer frente a problemas relacionados con las migraciones sin tener en cuenta los proyectos destinados a adaptaciones para el cambio climático y otros proyectos de desarrollo;

Contribución del BEI

112.  Toma nota de que en 2015 se asignaron 936 millones de euros a los países ACP y a los PTU en el marco de proyectos aplicados en 15 países y 6 agrupaciones regionales;

113.  Apoya los objetivos generales del marco del Mecanismo de Inversión ACP, a saber respaldar al sector privado local y el desarrollo del empleo y de las infraestructuras socioeconómicas que favorecen el desarrollo sostenible a escala local y regional, así como el desarrollo del sector privado y de las infraestructuras esenciales en el Fondo Fiduciario UE-África para infraestructuras;

114.  Se felicita de los esfuerzos realizados por el BEI para contribuir a una respuesta de la Unión a cuestiones internacionales primordiales, en particular a través del paquete de medidas sobre la migración ACP del BEI y la iniciativa sobre la resiliencia económica, ayudando a la Unión y a los países socios a hacer frente a los retos socioeconómicos que contribuyen a la migración, prefigurando el plan de inversiones exteriores; indica, no obstante, el reto persistente que supone la realización de un control político y democrático adecuado de las actividades del BEI;

115.  Pide al BEI que insista en los efectos a largo plazo de las inversiones y su contribución al desarrollo sostenible, y que les dé prioridad en todos los aspectos económicos, sociales y medioambientales;

116.  Pide al BEI que siga apoyando el desarrollo del sector privado local como elemento fundamental de la sostenibilidad, y que respalde la infraestructura social y económica básica de interés inmediato para los beneficiarios, así como la búsqueda de nuevos socios locales y regionales en el ámbito específico de la microfinanza; pide al BEI que aumente la adicionalidad mejorando la justificación del uso hecho de los fondos;

117.  Pide al BEI que vele por que los proyectos en curso sean objeto de un control regular y por que se cumplan efectivamente los objetivos y criterios originales durante el tiempo de vida del proyecto; opina que el BEI debe tener en cuenta la posible evolución de un proyecto y sus objetivos;

118.  Acoge con satisfacción el segundo informe del BEI en 2015 sobre los resultados de sus operaciones exteriores y la utilización del método de evaluación de tres pilares (3PA) y el marco de medición de resultados (ReM) por parte del BEI para la evaluación ex ante de los resultados esperados de los proyectos de inversión;

119.  Opina que el marco de medición de los resultados y del rendimiento del Instrumento de Ayuda a la Inversión debe medir el impacto sobre el desarrollo para cada uno de los proyectos; subraya la importancia de orientarse a los mismos objetivos y estrategias que las políticas de desarrollo de la Unión; pide al BEI que siga adaptando sus actividades a los objetivos de las política de desarrollo de la Unión;

120.  Pide la publicación sistemática de los acuerdos de préstamo del Instrumento de Ayuda a la Inversión y una mayor transparencia de las decisiones del Consejo de Administración y de los documentos de orientación;

121.  Considera que la auditoría del mecanismo de inversión es un ejemplo de buena práctica en términos de cooperación y colaboración entre el Parlamento y el Tribunal en sus tareas de control; lamenta, no obstante, que los proyectos realizados y los fondos asignados a los PTU no estén cubiertos por la auditoría; lamenta que el mecanismo de inversión no entre en el ámbito de aplicación de la auditoría realizada en el marco de la declaración anual de fiabilidad del Tribunal ni esté sujeto al procedimiento de aprobación de la gestión del Parlamento;

Hacia un acuerdo posterior a Cotonú

122.  Constata los logros obtenidos por el FED, al tiempo que considera que se debe prestar atención a las nuevas perspectivas para tener en cuenta los cambios en la situación de los países ACP y de los PTU, así como en el desarrollo de nuevos objetivos sostenibles, en particular la correlación que existe entre la paz, la ayuda humanitaria, el cambio climático y sus retos, la pérdida de la biodiversidad y la migración;

123.  Se felicita de la Comunicación conjunta al Parlamento Europeo y al Consejo sobre «Una nueva asociación con los países de África, el Caribe y el Pacífico», publicada por la Comisión y la Alta Representante de la Unión para la Política Exterior y de Seguridad el 22 de noviembre de 2016 (JOIN(2016)0052), y pide más debates entre las instituciones de la Unión sobre el futuro de las relaciones UE-ACP;

124.  Observa que, a pesar de que la Comisión ha propuesto una simplificación significativa del Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general, cada FED sigue estando regido por su propio Reglamento Financiero; considera que la existencia de un Reglamento Financiero único reduciría la complejidad de la gestión y ejecución de los distintos FED; destaca, además, que el Parlamento lleva tiempo pidiendo la integración de los FED en el presupuesto de la Unión;

125.  Considera que en el acuerdo posterior a Cotonú debería garantizarse una mayor coherencia entre los objetivos de desarrollo y todas las políticas exteriores de la Unión, y que deberían ocupar una posición primordial elementos como la lucha contra las desigualdades y las acciones a favor del desarrollo sostenible;

126.  Confía en ser plenamente informado y consultado sobre la revisión intermedia del undécimo FED, de la que se espera que tome en consideración la Agenda 2030 y un nuevo consenso europeo sobre desarrollo, pero que también debe respetar plenamente los principios de eficacia del desarrollo, que han sido confirmados de nuevo en el Foro de Alto Nivel de la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo celebrado en Nairobi, en particular la apropiación de las prioridades por parte de los países beneficiarios;

127.  Recomienda que el acuerdo posterior a Cotonú vaya más allá de las cuestiones económicas y promueva un diálogo político eficaz; recuerda que el diálogo político es uno de los elementos fundamentales para garantizar los resultados y la eficacia de la ayuda;

128.  Considera que el acuerdo posterior a Cotonú debe promover el empoderamiento y la participación de las comunidades locales y la sociedad civil en general, en particular mediante el establecimiento de acuerdos locales de asociación, con objeto de garantizar la correcta aplicación del proyecto a nivel local, en particular en el marco de la gestión indirecta;

129.  Pide que se reconozcan las consecuencias que tienen el cambio climático y sus retos, así como la biodiversidad en todos los factores de desarrollo; opina que el acuerdo posterior a Cotonú debería centrarse más en el desarrollo sostenible de los países beneficiarios y sobre todo en el tema de la autosuficiencia energética;

130.  Pide a la Comisión que reconozca y siga desarrollando la dimensión insular en la política de desarrollo, y que cree un instrumento específico para los pequeños Estados insulares en desarrollo, permitiendo así una mejor asignación de los fondos, la obtención de resultados y un control adaptado;

131.  Sugiere a la Comisión que facilite una evaluación a priori y que informe más sistemáticamente sobre el impacto de la política de desarrollo en países y regiones de la misma zona geográfica para permitir mayores sinergias entre todos los fondos disponibles en esas regiones;

132.  Reitera que el Parlamento es partidario desde hace tiempo de la integración del FED en el presupuesto para aumentar el control democrático y la rendición de cuentas y reforzar la eficacia, la transparencia y la visibilidad en el uso del FED; destaca asimismo que la integración en el presupuesto reduciría los costes de las transacciones y simplificaría los requisitos de información y contabilidad, al haber un solo conjunto de normas administrativas y estructuras de adopción de decisiones;

Seguimiento de las resoluciones del Parlamento

133.  Pide al Tribunal que en su próximo informe anual incluya un análisis del seguimiento dado a las recomendaciones formuladas por el Parlamento en su resolución anual sobre la aprobación de la gestión.

(1) DO C 375 de 13.10.2016, p. 287.
(2) DO C 375 de 13.10.2016, p. 297.
(3) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.
(4) DO L 287 de 4.11.2010, p. 3.
(5) DO L 344 de 19.12.2013, p. 1.
(6) DO L 156 de 29.5.1998, p. 108.
(7) DO L 317 de 15.12.2000, p. 355.
(8) DO L 247 de 9.9.2006, p. 32.
(9) DO L 210 de 6.8.2013, p. 1.
(10) DO L 191 de 7.7.1998, p. 53.
(11) DO L 83 de 1.4.2003, p. 1.
(12) DO L 78 de 19.3.2008, p. 1.
(13) DO L 58 de 3.3.2015, p. 17.
(14) DO C 375 de 13.10.2016, p. 287.
(15) DO C 375 de 13.10.2016, p. 297.
(16) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.
(17) DO L 287 de 4.11.2010, p. 3.
(18) DO L 344 de 19.12.2013, p. 1.
(19) DO L 156 de 29.5.1998, p. 108.
(20) DO L 317 de 15.12.2000, p. 355.
(21) DO L 247 de 9.9.2006, p. 32.
(22) DO L 210 de 6.8.2013, p. 1.
(23) DO L 191 de 7.7.1998, p. 53.
(24) DO L 83 de 1.4.2003, p. 1.
(25) DO L 78 de 19.3.2008, p. 1.
(26) DO L 58 de 3.3.2015, p. 17.
(27) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.
(28) DO L 287 de 4.11.2010, p. 3.
(29) Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea («Decisión de Asociación ultramar») (DO L 344 de 19.12.2013, p. 1).
(30) Comunicación CAB D(2016) Ares 06675546.
(31) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.


Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Parlamento Europeo
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Decisión
Resolución
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección I – Parlamento Europeo (2016/2152(DEC))
P8_TA(2017)0146A8-0153/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0270/2016)(2),

–  Visto el Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera correspondiente al ejercicio 2015, sección I – Parlamento Europeo(3),

–  Visto el Informe Anual del auditor interno para el ejercicio 2015,

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de las instituciones(4),

–  Vista la declaración(5) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y el artículo 318 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(6), y en particular sus artículos 164, 165 y 166,

–  Vista la decisión de la Mesa, de 16 de junio de 2014, sobre las normas internas de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo(7), y en particular su artículo 22,

–  Vistos el artículo 94, el artículo 98, apartado 3, y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0153/2017),

A.  Considerando que el presidente aprobó las cuentas del Parlamento para el ejercicio 2015 el 4 de julio de 2016;

B.  Considerando que el secretario general, como ordenador delegado principal, declaró el 24 de junio de 2016 que consideraba razonablemente garantizado que los recursos asignados al presupuesto del Parlamento se han utilizado para el objeto previsto, de conformidad con los principios de buena gestión financiera, y que los procedimientos de control establecidos ofrecen las garantías necesarias en relación con la legalidad y regularidad de las transacciones correspondientes;

C.  Considerando que la auditoría del Tribunal de Cuentas concluye que, en la evaluación específica de los gastos administrativos y otros correspondiente a 2015, no se han detectado deficiencias significativas en los informes de actividad anual y sistemas de control interno de las instituciones y órganos examinados según lo exigido por el Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012;

D.  Considerando que el artículo 166, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 exige a todas las instituciones de la Unión que hagan todo lo posible por dar curso a las observaciones adjuntas a la decisión del Parlamento sobre la aprobación de la gestión presupuestaria;

1.  Aprueba la gestión de su presidente en la ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección I – Parlamento Europeo (2016/2152(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección I – Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 94, el artículo 98, apartado 3, y el anexo V de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0153/2017),

A.  Considerando que, en su certificación de las cuentas definitivas, el contable del Parlamento Europeo («el Parlamento») ofreció garantías razonables de que las cuentas reflejan fielmente la situación financiera del Parlamento en todos sus aspectos significativos y declaró que no se ha puesto en su conocimiento ninguna cuestión que requiera una reserva;

B.  Considerando que, de acuerdo con el procedimiento habitual, se remitió un cuestionario con 129 preguntas a la administración del Parlamento y las respuestas escritas recibidas fueron debatidas por la Comisión de Control Presupuestario (CONT) en presencia del vicepresidente responsable del presupuesto, del secretario general y del auditor interno;

C.  Considerando que el control, en especial en la forma del procedimiento anual de aprobación de la gestión, es esencial para garantizar que la administración y los líderes políticos del Parlamento respondan ante los ciudadanos de la Unión; que siempre hay posibilidad de mejora en términos de calidad, eficiencia y eficacia en la gestión de las finanzas públicas; considerando que el principio de presupuestación basada en resultados y la buena gobernanza de los recursos humanos debe ser un elemento central en la ejecución presupuestaria;

Control de la gestión presupuestaria y financiera del Parlamento

1.  Constata que el sistema de control formal de la gestión presupuestaria y financiera del Parlamento consta de cuatro elementos principales:

   a) la certificación de las cuentas definitivas por el contable del Parlamento;
   b) los informes anuales del auditor interno y su opinión sobre el sistema de control interno;
   c) la evaluación de los gastos administrativos y otros para todas las instituciones de la Unión, incluido el Parlamento, por su auditor externo, que es el Tribunal de Cuentas («el Tribunal»); y
   d) el procedimiento de aprobación de la gestión elaborado por la Comisión CONT que concluye con una decisión del Parlamento de aprobación de la gestión de su presidente;

2.  Observa que el informe anual del auditor interno contiene conclusiones basadas en trabajos de auditoría específicos; tiene como fin mejorar la gestión presupuestaria y financiera pero no ofrecer una imagen completa de la gestión presupuestaria y financiera del Parlamento; observa, de manera similar, que el informe del Tribunal corresponde únicamente a los resultados de una pequeña muestra del conjunto de las operaciones del Parlamento, concretamente dieciséis;

3.  Entiende que, en general, el bajo nivel de error en relación con los gastos administrativos puede explicar la relativamente escasa atención prestada por el Tribunal a las operaciones del Parlamento;

4.  Señala, no obstante que incluso si el porcentaje de error es significativamente bajo, el riesgo para la reputación es relativamente elevado, habida cuenta de que dichos errores financieros y presupuestarios pueden incidir negativamente en la reputación de la institución;

5.  Puntualiza que, más recientemente, como consecuencia de la percepción general de la necesidad de una presupuestación basada en los resultados, las aprobaciones de gestión no deben limitarse a la detección de irregularidades sino que también deberían incluir medidas de resultados y rendimiento concretos, algo especialmente importante en el caso del Parlamento, puesto que la falta de resultados repercute directamente en la imagen de la institución;

6.  Observa que, en este contexto, la labor llevada a cabo por el Parlamento en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión ofrece una oportunidad de examinar más exhaustivamente las cuentas de la administración del Parlamento; solicita que se refuercen las competencias internas en materia de contabilidad y auditoría, que los ponentes podrán utilizar para elaborar sus informes de aprobación de la gestión;

Las cuentas del Parlamento

7.  Observa que los créditos definitivos del Parlamento para 2015 ascendieron a 1 794 929 112 euros, es decir, el 19,78 % de la rúbrica 5 del marco financiero plurianual(8) previsto para los gastos administrativos totales de las instituciones de la Unión en 2015, lo que supone un incremento del 2,2 % en comparación con el presupuesto de 2014 (1 755 631 742 euros);

8.  Observa que los ingresos totales contabilizados a 31 de diciembre de 2015 ascendieron a 176 367 724 euros (2014: 174 436 852 euros), incluidos 27 988 590 euros en ingresos afectados (2014: 26 979 032 euros);

9.  Señala que cuatro capítulos representan por sí solos el 71 % del total de los compromisos: se trata de los capítulos 10 («Miembros de la institución»), 12 («Funcionarios y agentes temporales»), 20 («Bienes inmuebles y gastos accesorios»), y 42 («Gastos ligados a la asistencia parlamentaria»); observa que ello significa que el gasto del Parlamento se caracteriza por una notable continuidad en su mayor parte vinculada a las remuneraciones de diputados y personal, ajustadas conforme al Estatuto de los funcionarios y otras obligaciones contractuales;

10.  Observa que las cifras sobre cuya base se cerraron las cuentas del Parlamento correspondientes al ejercicio 2015 son las siguientes:

(a)  Créditos disponibles (euros)

créditos para 2015:

1 794 929 112

prórrogas no automáticas del ejercicio 2014:

-

prórrogas automáticas del ejercicio 2014:

277 911 825

créditos correspondientes a los ingresos afectados para el ejercicio 2015:

27 988 590

prórrogas correspondientes a los ingresos afectados del ejercicio 2014:

106 077 150

Total:

2 206 906 677

(b)  Utilización de los créditos durante el ejercicio 2015 (euros)

compromisos:

2 176 992 756

pagos efectuados:

1 770 807 099

créditos prorrogados automáticamente, incluidos los procedentes de ingresos afectados:

392 379 176

créditos prorrogados no automáticamente:

-

créditos anulados:

43 720 402

(c)  Ingresos presupuestarios (euros)

recibidos en 2015:

176 367 724

(d)  Balance total a 31 de diciembre de 2015 (euros)

1 511 058 599

11.  Toma nota de que, en 2015, el 99,1 % de los créditos consignados en el presupuesto del Parlamento se comprometieron con un porcentaje de anulación del 0,9 % y que, al igual que en años anteriores, se alcanzó un nivel de ejecución presupuestaria muy elevado;

12.  Llama la atención sobre el hecho de que los créditos anulados totalizaron 41 422 684 euros, afectando el grueso de las anulaciones a las remuneraciones y a los gastos inmobiliarios;

13.  Observa que las transferencias de remanentes ascendieron a 71 000 000 euros, lo que representa el 4 % del total de créditos transferidos de las rúbricas de créditos provisionales o de otras fuentes con el fin de ayudar a financiar los cánones enfitéuticos del edificio Konrad Adenauer; insta a que la política inmobiliaria del Parlamento se establezca con suficiente claridad en el marco de la estrategia presupuestaria; considera que el nivel de las transferencias de remanentes es muy elevado; opina que una gestión eficaz del presupuesto debe reducir estas transferencias al mínimo; en este sentido pide al Tribunal que elabore un informe sobre la política inmobiliaria del Parlamento;

Opiniones del Tribunal sobre la fiabilidad de las cuentas de 2015 y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a dichas cuentas

14.  Toma nota de que los datos generales de la auditoría indican que los gastos en «administración» no están afectados por un nivel significativo de error pero que sobre la base de los siete errores cuantificados el nivel de error estimado en la rúbrica 5 del MFP (administración) es del 0,6 % (0,5 % en 2014);

15.  Manifiesta su gran preocupación por la conclusión del Tribunal de que de las 151 operaciones examinadas para el conjunto de las instituciones de la Unión, 22 de ellas, es decir, el 14,6 % están afectadas por errores; observa, no obstante, que de estas 22 operaciones solo se contabilizaron siete errores con incidencias financieras, lo que produce un nivel estimado de error del 0,6 %;

16.  Toma nota asimismo de las conclusiones específicas relativas al Parlamento recogidas en el informe anual del Tribunal correspondiente a 2015; observa que el Tribunal constató deficiencias en los controles de la autorización y la liquidación de los gastos efectuados en 2014; estas solo afectaron a una de las 16 operaciones del Parlamento examinadas en relación con un grupo político y dichas deficiencias se subsanaron en 2015;

17.  Toma nota de las respuestas del Parlamento al Tribunal durante el procedimiento contradictorio; pide al Tribunal que mantenga a la comisión competente informada de la aplicación de su recomendación de ofrecer mejores orientaciones y revisar el marco de control existente para la ejecución de los créditos presupuestarios destinados a los grupos políticos;

El informe anual del auditor interno

18.  Observa que, en la reunión abierta de la comisión competente con el auditor interno celebrada el 30 de enero de 2017, este último presentó su informe anual y explicó que en 2015 había aprobado informes sobre los temas siguientes:

   Seguimiento de las acciones abiertas a partir de informes de auditoría interna;
   Código de conducta sobre multilingüismo;
   Eficiencia operativa y evaluación de prestaciones en materia de TI;
   Sistema de gestión financiera;
   Procedimiento de cobro de deudas;
   Gestión de la continuidad de las actividades;
   Inventario y gestión de la consultoría externa del centro de datos informáticos;

19.  Señala, y apoya, las opiniones expresadas por el auditor interno en cuanto a:

   la elaboración de una propuesta razonada de actualización del código de conducta sobre multilingüismo para los servicios de interpretación que incluya disposiciones específicas sobre la organización de reuniones relacionadas con las negociaciones tripartitas;
   la mejora del marco regulador aplicable a las reuniones con servicio de interpretación, incluyendo una mejor alineación entre las normativas vigentes y medidas para escalonar la demanda a lo largo de la semana e identificar y llenar las franjas infrautilizadas; destaca la necesidad de reducir la cantidad de reuniones canceladas a última hora, que provoca una considerable asignación inapropiada de los recursos;
   la fijación de criterios relevantes y umbrales orientativos para iniciar procedimientos legales y renunciar al cobro de deudas y la transmisión de los mismos para su aprobación al ordenador delegado principal;
   la definición de una política y una gobernanza adecuadas (incluidas directrices instituciones y disposiciones prácticas) para la gestión de la continuidad de las actividades;

20.  Observa que al término de 2015, tras sucesivas auditorías de seguimiento, permanecen abiertas cuatro acciones de la revisión del marco de control interno, todas ellas de «riesgo moderado», y una de ellas con vencimiento diferido hasta 2017 en el contexto del nuevo sistema de gestión financiera del Parlamento; pide al auditor interno que mantenga informada a la Comisión CONT sobre los progresos alcanzados en dichas acciones;

21.  Pide al auditor interno que al presentar su informe anual haga mayor hincapié en aquellos aspectos en los que ha encontrado deficiencias y/o irregularidades; le pide igualmente que ponga sus informes sobre el seguimiento, la evolución y las soluciones en relación con los problemas detectados en el ejercicio de su mandato a disposición de la Comisión de Control Presupuestario; pide al secretario general que introduzca procedimientos para la evaluación del rendimiento y los resultados;

Seguimiento de la Resolución sobre la aprobación de la gestión 2014

22.  Toma nota de las respuestas escritas a la Resolución sobre la aprobación de la gestión 2014 facilitadas a la Comisión CONT el 20 de octubre de 2016, así como de la presentación por el secretario general de las diferentes preguntas y solicitudes con respecto a la Resolución del Parlamento sobre la aprobación de la gestión de 2014 y al intercambio de puntos de vista con los diputados que se celebró a continuación; lamenta sin embargo que muchas de dichas solicitudes no hayan tenido ningún seguimiento y que no se haya dado ninguna razón o justificación al respecto; insiste en la importancia de tener más a menudo la ocasión de tratar con el secretario general en la Comisión CONT las cuestiones que afectan al presupuesto del Parlamento y su ejecución.

23.  Toma nota de que existe una incoherencia entre las fechas de presentación del proyecto de informe de aprobación de la gestión del Parlamento y la posibilidad de presentar preguntas adicionales al secretario general; pide al secretario general que facilite respuestas a las preguntas suplementarias antes del plazo de enmiendas y en caso necesario antes de que se lleve a cabo la votación en comisión;

Aprobación de la gestión del Parlamento en 2015

24.  Toma nota del intercambio de puntos de vista entre el vicepresidente encargado del presupuesto, el secretario general y la Comisión CONT, celebrado en presencia del miembro del Tribunal y del auditor interno el 30 de enero de 2017;

25.  Expresa su satisfacción con el compromiso de la administración del Parlamento con la continua mejora del rendimiento de los servicios de la institución en su conjunto y con su eficiencia, no obstante, considera que la puesta en práctica de los cambios lleva a veces demasiado tiempo;

26.  Observa que el Parlamento, con unos costes que ascienden a aproximadamente 3,60 euros por ciudadano y año, no tiene que temer la comparación con otros sistemas parlamentarios, especialmente debido a que un tercio de estos costes afectan al marco de condiciones (multilingüismo y lugares de trabajo) sobre las que el Parlamento solo ejerce influencia de forma limitada y que no se aplican a otros Parlamentos de la misma forma;

27.  Observa, no obstante, que la atención prestada a la presupuestación basada en resultados varía entre las diferentes direcciones generales, estando ya bien desarrollada, por ejemplo, en la Dirección General de Finanzas (DG FINS), pero todavía en su fase inicial en el resto de la administración; pide al secretario general que garantice la fijación y el seguimiento de unos objetivos claros y mesurables en toda la administración;

28.  Toma nota de la respuesta del secretario general sobre la accesibilidad de la aplicación ePetition a los miembros y al público en general así como del informe del Servicio Jurídico; pide al secretario general que informe de las acciones destinadas a dar seguimiento a las recomendaciones del Servicio Jurídico;

29.  Se congratula de la atención prestada por la administración a la sostenibilidad, en particular en el marco de los procedimientos de contratación pública; constata, no obstante, que, con la entrada en vigor de la nueva Directiva sobre contratación pública(9), ahora es posible priorizar los criterios de sostenibilidad social y medioambiental sobre el del precio más bajo;

30.  Pide al secretario general que presente un plan de acción para la aplicación de los criterios de sostenibilidad en los procedimientos de contratación pública del Parlamento y que incluya en este sentido una evaluación del uso de la contratación pública ecológica como instrumento;

31.  Considera que, según el Tribunal, los costes de la dispersión geográfica del Parlamento ascienden a 114 millones de euros anuales, y toma nota de su resolución, de 20 de noviembre de 2013, sobre la fijación de las sedes de las instituciones de la Unión Europea(10), según la cual el 78 % de todas las misiones del personal del Parlamento cubierto por el Estatuto de los funcionarios son consecuencia directa de la citada dispersión; recuerda que el impacto medioambiental de esta dispersión se estima entre 11 000 y 19 000 toneladas de emisiones de CO2; pide a la Mesa que solicite al secretario general que elabore sin falta una hoja de ruta para el establecimiento de una sede única del Parlamento; reitera su llamamiento al Parlamento y al Consejo para que, con el fin de generar ahorros a largo plazo, aborden la necesidad de elaborar una hoja de ruta para el establecimiento de una sede única, como ha señalado el Parlamento en varias Resoluciones anteriores; cree que la retirada del Reino Unido y la necesidad de reubicar las agencias europeas que actualmente tienen su sede en dicho país podría suponer una excelente oportunidad para solucionar varios problemas al mismo tiempo; señala, no obstante, que el artículo 341 del TFUE establece que la sede de las instituciones de la Unión será fijada de común acuerdo por los Gobiernos de los Estados miembros, y que el Protocolo (n.º 6) anejo al TUE estipula que el Parlamento Europeo tendrá su sede en Estrasburgo; recuerda que una solución para el establecimiento de una sede única requiere la modificación de los Tratados;

32.  Recuerda la respuesta de la administración en el cuestionario sobre la aprobación de la gestión del Parlamento en 2013 a la pregunta n.º 75, en la que adoptó la decisión de «finalizar con la práctica de misiones de larga duración, [...] lo que conlleva un ahorro considerable»; considera, sin embargo, que es una contradicción considerable el hecho de que actualmente existan trece funcionarios en misión de larga duración; considera que una misión de larga duración de un miembro del personal, con indemnización por expatriación e indemnización diaria, a un lugar en el que dicha persona ya reside y trabaja supone una utilización censurable del dinero de los contribuyentes y es contrario al Estatuto de los funcionarios; insiste en la necesidad de una aclaración de las circunstancias de cada una de las misiones de larga duración, y en particular en que se comuniquen los motivos y los costes de dicha misión de larga duración;

33.  Recuerda que todos los funcionarios y demás agentes de la Unión, incluidos aquellos que trabajan en los gabinetes, llevarán a cabo sus obligaciones únicamente en interés de la Unión, de conformidad con las normas establecidas en el Estatuto de los funcionarios; señala que los funcionarios de la Unión reciben su sueldo del dinero de los contribuyentes, que no está destinado a la financiación del personal de prensa o a otro personal encargado de promover los intereses políticos nacionales de un presidente; pide a la Mesa que establezca disposiciones claras en la normativa del Parlamento;

34.  Toma nota de la decisión del presidente de 21 de octubre de 2015, con la que tenía intención de designar cargos directivos dentro del Parlamento sin tener en cuenta los procedimientos y, sobre todo, sin convocatorias de candidaturas previas; observa que esta decisión «no era conforme a las normas» (respuesta de la administración en el 2.º cuestionario de la Comisión CONT); insiste en la necesidad de anular formalmente esta decisión del presidente;

35.  Observa que el 15 de diciembre de 2015 el presidente se arrogó a sí mismo la posibilidad de otorgar a los miembros de su gabinete una asignación especial sin límite de cuantía más allá de la asignación del gabinete, a pesar de que el Estatuto de los funcionarios no prevé tales asignaciones especiales; plantea nuevamente la cuestión sobre la legalidad de dicha autorización y la validez de dichas asignaciones especiales; pide que se compruebe si no debe revocarse la decisión en cuestión;

Gestión del régimen de subvenciones para los grupos de visitantes

36.  Toma nota de que, el 24 de octubre de 2016, la Mesa adoptó la reglamentación revisada sobre el pago de contribuciones financieras a los grupos de visitantes patrocinados;

37.  Expresa su satisfacción por dicha medida ya que reducirá considerablemente los pagos en efectivo al introducir la obligación de la transferencia electrónica, reduciendo así los riesgos de robo y de perjuicio a la buena imagen del Parlamento sin menoscabo de la flexibilidad; apoya la intención de la Mesa de evaluar el sistema revisado al cabo de un año de vigencia; lamenta, sin embargo, que los asistentes parlamentarios puedan optar a recibir pagos en sus cuentas personales y certificar los gastos de grupo; expresa su preocupación por que esto supone una responsabilidad financiera y jurídica innecesaria y un posible riesgo para los APA; insta a la Mesa a que vuelva a plantearse este asunto con carácter prioritario;

38.  Lamenta el hecho de que el Parlamento aprobara la gestión de su presidente en la ejecución del presupuesto del Parlamento para el ejercicio 2014 y eliminara en el último momento apartados importantes que planteaban cuestiones adicionales relativas a las actividades políticas y al comportamiento financiero del presidente durante las elecciones europeas de 2014;

Registro de transparencia y conflictos de intereses

39.  Se congratula de la creciente atención de los medios de comunicación y el público hacia el Parlamento y su administración; observa, no obstante, que a algunos periodistas les resulta difícil obtener la información concreta que buscan; señala que la transparencia del Parlamento y su administración es fundamental para la legitimidad de la institución y que ha de mejorarse el acceso a la información, respetando siempre las normas relativas a la protección de datos personales;

40.  Pide a la Mesa que publique en el sitio web del Parlamento los documentos pertinentes que le presenta el secretario general en un formato legible por máquina, salvo que la naturaleza de la información contenida en ellos lo impida, como en el caso, por ejemplo, de la protección de datos personales;

41.  Insiste una vez más en la necesidad de hacer más transparente y asequible el trabajo de los órganos decisorios internos del Parlamento, especialmente de la Mesa; pide que se publiquen en intranet los órdenes del día de la Mesa con el tiempo suficiente y que se disminuya ostensiblemente el plazo de publicación de las actas de las reuniones; señala que no es necesario esperar a que estén traducidas a todas las lenguas;

42.  Recuerda que los diputados están obligados a informar inmediatamente a la administración de cualquier cambio en sus declaraciones de intereses;

43.  Pide al secretario general que transmita a la Mesa la presente Resolución indicando especialmente todos aquellos puntos en los que se ha solicitado una actuación o decisión por parte de la Mesa; pide al secretario general que establezca un plan de actuación y un calendario que permita a la Mesa dar seguimiento y/o respuesta a las recomendaciones que el Parlamento le ha dirigido a través de las Resoluciones de la aprobación de la gestión y que incluya los resultados en el documento de seguimiento anual; pide al Secretario General que informe en tiempo adecuado a las comisiones de presupuesto y de control presupuestario (CONT) de todos aquellos proyectos que presente a la Mesa y que tengan una incidencia presupuestaria importante;

44.  Considera que los diputados deberían poder utilizar el sitio web del Parlamento para ofrecer a sus representados la mayor transparencia posible sobre sus actividades, por lo que pide al secretario general que desarrolle un sistema en el que los diputados puedan publicar los detalles de sus reuniones con representantes de intereses; e insta al secretario general a hacerlo posible sin más demora, como ya se pidió en la Resolución de aprobación de la gestión del Parlamento correspondiente a 2014;

45.  Pide a la Mesa que defina y publique las normas sobre el uso de la dieta de gastos generales;

46.  Toma nota del poco conocimiento que tienen los diputados de la posibilidad de devolver los excedentes de la dieta de gastos generales; recuerda a los diputados que las dietas de gastos generales no son una retribución personal adicional; pide al secretario general que divulgue esta posibilidad con carácter prioritario; insta a los diputados a que devuelvan los importes no utilizados al final del mandato;

47.  Pide al secretario general, de manera similar, que ponga a disposición de los diputados que deseen publicar en sus propias páginas web los detalles de los pagos recibidos de cualesquiera otras dietas del Parlamento los registros apropiados en una forma de fácil procesamiento;

48.  Pide, además, al secretario general que ayude de la misma manera a los grupos políticos interesados;

49.  Observa que el sitio web del Parlamento facilita una serie de documentos sobre el reconocimiento de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas junto con detalles que especifican el importe definitivo de su financiación; pide al Parlamento que solicite a la Comisión que presente una propuesta para revisar el actual acto jurídico de la Unión sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas(11), que incluya requisitos más estrictos para el establecimiento de partidos políticos europeos y fundaciones políticas europeas, a fin de evitar abusos;

50.  Acoge con satisfacción la introducción de un formulario especial en el que los ponentes pueden indicar qué representantes de intereses han influido en sus informes («huella legislativa»);

51.  Reitera su petición a la administración del Parlamento de que elabore un informe sobre el uso de los locales del Parlamento por parte de representantes de intereses y otras organizaciones externas;

52.  Expresa su preocupación por el hecho de que el actual código de conducta para los diputados pueda requerir más mejoras para evitar los conflictos de intereses, prestando atención específica a:

   empleos paralelos remunerados de los diputados;
   actividades de grupos de presión dirigidas a las instituciones europeas por parte de antiguos diputados durante el período de tiempo en que perciben dietas transitorias;
   registro de las declaraciones de intereses de los diputados;
   composición y competencias del comité consultivo;

Dirección General de Comunicación

53.  Se congratula del desarrollo de indicadores para la medición de resultados de las actividades de comunicación del Parlamento, y pide al secretario general que en el informe de 2016 sobre las actividades del Parlamento dedique un capítulo separado a la eficacia de este nuevo enfoque basado en resultados en el ámbito de la comunicación;

54.  Apoya los diversos programas encaminados a facilitar las visitas de periodistas y ciudadanos interesados en ampliar sus conocimientos sobre las actividades del Parlamento;

55.  Reitera, en este sentido, su petición incluida en la aprobación de la gestión de 2014 en la que se observaba que el sitio web del Parlamento seguía siendo relativamente difícil de utilizar y de explorar y que aún no había incorporado los avances tecnológicos más recientes, con lo que resultaba difícil encontrar rápidamente información pertinente; también se señalaba que, habida cuenta de la importancia de la comunicación con los ciudadanos europeos, el sitio web no contribuía a mejorar la imagen del Parlamento ante el público en general;

56.  Pide a la Dirección General de Comunicaciones (DG COMM) que cree un sitio web más eficiente y fácil de utilizar con un motor de búsqueda del sitio más eficaz, que resalte el perfil del Parlamento ante la opinión pública y responda de manera más directa a las necesidades e intereses de los ciudadanos; observa que los resultados han sido tan solo mediocres a pesar de haberse gastado gran cantidad de recursos;

57.  Expresa su preocupación sobre la eficacia de la estrategia de comunicación del Parlamento; pide a este respecto una revisión a fondo de la actual estrategia de comunicación del Parlamento, en particular un enfoque más activo hacia quienes no están de entrada interesados en las actividades del Parlamento o son incluso escépticos respecto a su funcionamiento; pide al secretario general que elabore una nueva estrategia para ampliar su alcance de modo que llegue también a estos ciudadanos, facilitando el acceso a la información para responder adecuadamente a los prejuicios injustificados contra el Parlamento, evitando al mismo tiempo campañas de publicidad caras e innecesarias;

58.  Subraya la necesidad de modernizar la misión de las oficinas de información del Parlamento optimizando el uso de nuevas tecnologías y patrones de comunicación y aprovechando su situación geográfica privilegiada cercana a los ciudadanos para seguir intensificando las actividades a escala local, como la organización de debates con diputados al Parlamento y la sociedad civil, con vistas a escuchar a las personas y colaborar con ellas; hace hincapié en que los debates en línea y la atención de los medios de comunicación que este tipo de actos suscitan deben contribuir a aumentar aún más el acercamiento a los ciudadanos; observa que los gastos inmobiliarios y de personal de las oficinas de información en los Estados miembros son desproporcionadamente elevados en relación con el dinero empleado en las principales funciones de dichas oficinas; pide al secretario general que, para finales de 2017, presente a la Comisión CONT un informe detallado de actividad y financiero sobre las oficinas de información en Bruselas y Estrasburgo respectivamente, con especial atención a su valor añadido;

59.  Expresa su preocupación, vistas las respuestas a las preguntas escritas, por lo que respecta a las oficinas de información del Parlamento ubicadas en los Estados miembros ya que en la mayoría de estas se destina solo una pequeña parte de los costes de funcionamiento a los objetivos y tareas propios de dichas oficinas, empleándose la mayor parte en el alquiler del local y los sueldos y gastos de viajes del personal;

60.  Pide al secretario general que mejore la comunicación interna entre las diversas direcciones generales, de manera que, por ejemplo, el desarrollo de nuevas herramientas legislativas tan importantes como el llamado tren legislativo sea conocido por un público más amplio a nivel tanto interno como externo;

Premio LUX

61.  Celebra la presentación conjunta ante la Comisión CONT y la Comisión de Cultura y Educación de las conclusiones de la encuesta, tal y como se solicitó en la aprobación de la gestión de 2013, realizada para determinar si el Premio LUX es bien conocido y qué opinión se tiene de él, en su caso, en los respectivos Estados miembros;

62.  Recuerda que la encuesta se refería principalmente al conocimiento del Premio LUX de Cine entre los diputados y los cineastas, respecto del propósito, que es ilustrar el compromiso del Parlamento con valores de consenso tales como los derechos humanos y la solidaridad, así como su compromiso con la diversidad cultural y lingüística;

63.  Observa que la encuesta obtuvo un nivel de respuesta bajo, apenas un 18 % de los diputados al Parlamento, equivalente a 137 diputados de todos los partidos políticos y Estados miembros, y que, de esos diputados, más del 90 % conocía el Premio LUX de Cine, un 75 % conocía su finalidad y más del 80 % tenía una percepción positiva del mismo.

64.  Expresa sus dudas sobre el método de selección, según el cual los diputados deciden las nominaciones y la elección definitiva del ganador, y pide a la Mesa que exponga otros modelos alternativos para la obtención de los resultados deseados, por ejemplo, apoyando una iniciativa comparable adoptada por las propias organizaciones de cineastas;

65.  Constata que, si bien con los años el número de espectadores ha aumentado, una cifra de 43 000 para toda la Unión sigue siendo muy baja y pone en entredicho el interés del Premio Lux;

Casa de la Historia Europea

66.  Lamenta los reiterados retrasos en la inauguración de la Casa de la Historia Europea, que en principio estaba prevista para marzo de 2016, posteriormente fue aplazada hasta septiembre y noviembre de 2016, y actualmente está programada para el 6 de mayo de 2017;

67.  Observa con preocupación el constante debate sobre la naturaleza de sus exposiciones temporales; hace hincapié en la importancia de la independencia académica de la Casa de la Historia Europea en cuanto al contenido y el diseño de las exposiciones, que deben decidirse únicamente con arreglo a criterios museológicos e históricos;

68.  Celebra que la Casa de la Historia Europea vaya a recibir, según se ha previsto, 250 000 visitantes; señala que los costes de funcionamiento de esta institución se han estimado en 13,3 millones de euros anuales; expresa su preocupación, sin embargo, por la cantidad de visitas relativamente baja en comparación con los elevados costes de funcionamiento, teniendo en cuenta que el Parlamento recibió 326 080 visitas en 2015 y que sus costes de funcionamiento no superaron los 4,3 millones de euros;

69.  Observa que, con la creación del Parlamentarium y la apertura de la Casa de la Historia Europea, el Parlamento y sus alrededores se están convirtiendo en una atracción turística y ciudadana que propiciará un mejor conocimiento del papel del Parlamento e ilustrará para los ciudadanos el compromiso del Parlamento con valores de consenso como los derechos humanos y la solidaridad; pide a la Mesa que estudie la posibilidad de entablar conversaciones con las autoridades locales para estudiar de qué manera pueden contribuir estas a la financiación y gestión de la Casa;

70.  Pide a la Mesa que contemple la opción de adaptar la gestión de la Casa de la Historia Europea a un enfoque más interinstitucional, estudiando una mayor cooperación con otras instituciones de la Unión, en especial con la Comisión y el Consejo;

71.  Celebra la decisión de la Comisión de aportar una contribución anual de 800 000 euros al funcionamiento de la Casa de la Historia Europea; opina, no obstante, que esta aportación debería representar un porcentaje bastante más elevado de lo que se estima que serán los costes anuales de funcionamiento;

Dirección General de Personal (DG PERS)

72.  Toma nota de que, a 31 de diciembre de 2015, un total de 5 391 funcionarios y agentes temporales estaban empleados en la Secretaría (96 más que a 31 de diciembre de 2014) y un total de 771 funcionarios y agentes temporales trabajaban para los grupos políticos (26 más que a 31 de diciembre de 2014); toma nota de que, teniendo en cuenta a los agentes contractuales, la DG PERS era responsable de 9 402 trabajadores (467 más que a 31 de diciembre de 2014);

73.  Toma nota de que, el 1 de enero de 2015, se suprimieron de la plantilla de personal del Parlamento 47 puestos, con arreglo a la revisión de 2014 del Estatuto de los funcionarios y al MFP para el período 2014-2020, con lo que la plantilla total se redujo a 6 739 puestos, de los cuales 5 723 (84,9 %) correspondían a la Secretaría y 1 016 (15,1 %) a los grupos políticos; toma nota de que a 31 de diciembre de 2015, el 4,9 % de los puestos de la Secretaría estaban vacantes, frente al 9,6 % de finales de 2014.

74.  Acoge con satisfacción el hecho de que la paridad de género de directores generales aumentara de un 18,2/81,8 % en 2014 a un 33,3/66,7 % en 2015; recuerda que la mayoría del personal del Parlamento está formada por mujeres, pero que estas suponen una porción limitada de los puestos de dirección; observa que la paridad de género de directores disminuyó del 34/66 % en 2014 al 31,1/68,9 % en 2015; observa que la paridad de género de jefes de unidad siguió aumentando y subió del 30/70 % a finales de 2014 al 31,2/68,8 % a finales de 2015; hace hincapié, por tanto, en que los desequilibrios en los puestos de dirección persisten y en que sigue siendo de suma importancia poner en marcha un programa de igualdad de oportunidades; cree firmemente que el Parlamento debe contar como mínimo con un 40 % de mujeres en los puestos de dirección para el año 2019;

75.  Manifiesta su sorpresa por el hecho de que el Comité Consultivo del Parlamento para el Nombramiento de Altos Funcionarios esté integrado exclusivamente por personal directivo y pide al secretario general que incluya a un representante de una asociación de personal;

76.  Subraya que el equilibrio geográfico, en particular la relación entre el número de miembros del personal con una determinada nacionalidad y el tamaño de la población de sus correspondientes Estados miembros, debería continuar siendo un elemento importante en la gestión de los recursos humanos, en especial en lo que concierne a los Estados miembros que se han adherido a la Unión desde 2004; acoge con satisfacción el hecho de que el Parlamento haya alcanzado una composición general equilibrada entre funcionarios procedentes de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión antes y después de 2004; señala, no obstante, que estos Estados miembros todavía representan solo el 3 % del personal de nivel «administrador superior» (AD12-16) en los tres lugares de trabajo, en comparación con la parte que representan de la población de la Unión, que es del 21 %, y que todavía se esperan avances en este sentido;

77.  Reconoce que el Parlamento ha optado por la externalización de determinadas actividades, como la restauración o la limpieza, y que, como consecuencia, en determinadas direcciones generales el personal externo que trabaja en los locales del Parlamento puede llegar a superar en número a los funcionarios;

78.  Toma nota, no obstante, de que tales decisiones de externalización no sirven para explicar la contratación de todo el personal externo y de que, por ejemplo, en la Dirección General de Innovación y Asistencia Tecnológica (DG ITEC) la proporción entre el personal externo y los funcionarios es difícil de justificar;

79.  Expresa la opinión de que el personal externo no debe utilizarse para compensar la reducción del número de puestos acordada en el contexto de la revisión de 2014 del Estatuto de los funcionarios y del MFP actual;

80.  Toma nota de la respuestas del secretario general sobre las condiciones aplicadas por el Parlamento para la contrataciones de las empresas externas; hace hincapié en que la administración debe supervisar atenta y sistemáticamente que estos proveedores de servicios cumplen estrictamente la legislación sobre el empleo, la seguridad, los derechos sociales, etc. de todo el personal externo que trabaja en los locales del Parlamento, como el personal de los comedores, de limpieza, mantenimiento, etc.; pide al Parlamento que establezca mecanismos de alerta y control regulares que permitan evitar y detectar cualquier caso de negligencia, abuso o infracción tanto aislados como sistemáticos de modo que pueda tomar de inmediato las medidas de actuación previstas;

81.  Constata que se ha llevado a cabo la integración del personal de seguridad del Parlamento en la plantilla interna y que se está realizando el mismo proceso para los empleados del servicio de conductores; pide al secretario general que informe a la Comisión CONT sobre las experiencias adquiridas en dicho proceso y sobre los posibles ahorros que supondrá;

82.  Observa con preocupación que el personal de los comedores no recibe una retribución acorde con las horas que figuran en su contrato en las semanas en que los diputados al Parlamento trabajan fuera de este, como las semanas de circunscripción o de sesión plenaria en Estrasburgo y que a buen número de ellos se les aplica la jornada reducida con el consiguiente perjuicio para su vida laboral y sus ingresos; pide al secretario general que presente una solución negociada con el proveedor de servicios de restauración que garantice a los empleados la regularidad de sus horarios y de su remuneración cada semana;

83.  Toma nota de que a finales de 2015 trabajaban en el Parlamento 1 813 asistentes parlamentarios acreditados (APA), frente a los 1 686 del año anterior; pide que se preste especial atención a los derechos de los APA y los asistentes locales, cuyos contratos están directamente vinculados al mandato del diputado al Parlamento al que prestan asistencia, teniendo en cuenta que los APA son personal estatutario ya que firman un contrato de trabajo con el Parlamento mientras que los asistentes locales están cubiertos por las distintas legislaciones nacionales;

84.  Lamenta que el informe de evaluación de la aplicación del estatuto de los APA no haya sido presentado a la Comisión CONT antes de finales de 2016 tal y como se solicitaba en la Resolución de la aprobación de la gestión de 2014, y que tampoco haya sido presentado hasta la fecha de hoy;

85.  Señala que, en los casos de acoso o de denuncia de irregularidades, los APA se encuentran en una posición especialmente vulnerable, ya que sus contratos se basan en la confianza mutua entre el diputado y su asistente; la ausencia de esta confianza constituye, en sí misma, motivo para rescindir el contrato; por otra parte, si el diputado se ve obligado a dimitir por daños a su reputación derivados de casos de delitos penales u otras infracciones, ello conlleva, por lo general, la rescisión de los contratos de todos sus asistentes; pide, por tanto, el refuerzo inmediato de la representación de los APA en el Comité Consultivo sobre el Acoso, para garantizar el equilibrio de género tal y como ya solicitó en el marco de la aprobación de la gestión de 2013 y 2014; pide a la Mesa que destine fondos adecuados para cubrir los gastos de viaje y estancia de los APA demandantes, que a menudo no cuentan con los medios necesarios para viajar a Bruselas personalmente y presentar su caso ante el Comité Consultivo sobre el Acoso; pide también que, en la próxima revisión del Estatuto de los funcionarios, se estudie la posibilidad de adoptar medidas de compensación económica para los APA a fin de garantizar la igualdad de trato de los APA y el reconocimiento de su especial vulnerabilidad en los casos de acoso o denuncia de irregularidades;

86.  Acoge satisfactoriamente la intención de la administración de iniciar el proceso de adaptación de las indemnizaciones globales para las misiones en Estrasburgo que reciben los APA, que son significativamente inferiores a las de los funcionarios fijos; insiste en que esta adaptación debe basarse en una metodología de cálculo transparente y directamente relacionada con la reciente revisión al alza de los umbrales para las dietas y el alojamiento de los funcionarios fijos; hace hincapié asimismo en que debe introducirse la indización automática de las dietas para futuras revisiones;

87.  Lamenta que la Mesa no haya respondido a las solicitudes realizadas por el Parlamento en sus Resoluciones sobre la aprobación de la gestión de 2013 y de 2014 para que se apliquen a los APA las mismas dietas diarias que al resto del personal; pide al secretario general que, antes de efectuar cambio alguno, facilite una estimación de los costes adicionales que entrañaría este ajuste; destaca, entre tanto, que los actuales límites máximos de reembolso de los gastos de misión de los APA no se han ajustado desde 2009 y que la discrepancia entre los APA y otros funcionarios ha seguido aumentando hasta al menos el 40 % tras la introducción de nuevos límites máximos aprobados por el Consejo el 9 de septiembre de 2016 y aplicados hasta la fecha únicamente a los funcionarios desde el 10 de septiembre de 2016; pide, por lo tanto, a la Mesa que adopte las medidas necesarias para corregir esta desigualdad;

88.  Lamenta profundamente el hecho de que el período de empleo de un APA en caso de fallecimiento o renuncia de su diputado finalice al final del mes civil pertinente; hace hincapié en que esto podría suponer que un APA no cuente con ningún día de preaviso si el mandato del diputado acaba el último día de un mes determinado; pide que esta situación inaceptable se solucione en la próxima revisión del Estatuto de los funcionarios, vinculando los plazos de preaviso con un plazo determinado, como cuatro semanas, y no con los meses civiles; pide asimismo a la Mesa que introduzca sin demora medidas temporales que puedan ofrecer una solución provisional a este problema antes de que tenga lugar dicha revisión legal;

89.  Expresa su preocupación por la presunta práctica por la que los diputados obligan a los APA a llevar a cabo misiones, en particular a Estrasburgo, sin órdenes de misión, sin gastos de misión o simplemente sin gastos de viaje; opina que dicha práctica se presta a abusos: si los APA viajan sin una orden de misión no solo deben pagar los gastos con sus propios recursos, sino que tampoco están cubiertos por el seguro del lugar de trabajo; pide a la Mesa que garantice la aplicación adecuada del Estatuto de los funcionarios y que sancione a los diputados que incumplan las normas;

90.  Toma nota de que los becarios tienen descuentos de 0,50 euros en los platos principales en todos los restaurantes de autoservicio en Bruselas y Luxemburgo y de 0,80 euros en Estrasburgo; sin embargo, teniendo en cuenta el nivel medio de las remuneraciones percibidas por los mismos y el alto precio aplicado desde hace dos años, considera que dichos descuentos no son suficientes para que tengan una incidencia mínimamente significativa en las economías de los becarios; pide al secretario general que se les aplique una reducción de precios consecuente con sus ingresos;

91.  Pide a la Mesa que asegure que se garantizan los derechos sociales y de pensión a los APA que hayan trabajado sin interrupción durante las dos últimas legislaturas; a este respecto, insta a la administración a que presente una propuesta que tenga en cuenta la decisión de celebrar elecciones anticipadas en 2014 y el tiempo empleado en el procedimiento para la contratación de personal, a la hora de calcular el período de diez años de servicio que requiere el Estatuto de los funcionarios;

92.  Pide a la Conferencia de Presidentes que vuelva a plantearse la posibilidad de que los APA, con arreglo al establecimiento de determinadas condiciones, acompañen a los diputados al Parlamento en las delegaciones y misiones parlamentarias oficiales, como ya han solicitado varios diputados;

93.  Pide al secretario general y a la Mesa que estudien y solucionen los problemas derivados principalmente del cambio más reciente de las condiciones referentes a los APA (como retrasos en la firma de contratos, interrupción de los contratos, elecciones europeas anticipadas, etc.), que pueden acarrear graves consecuencias para los futuros derechos laborales adquiridos de los APA; solicita que los representantes de los APA participen en la búsqueda de soluciones;

94.  Pide al Parlamento que, en aras de la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos laborales, adopte orientaciones sobre la atribución de un grado a los asistentes parlamentarios acreditados y defina claramente los puestos de trabajo, las responsabilidades y los cometidos correspondientes de cada grupo de funciones;

95.  Observa que, en 2015, cesaron en el servicio 154 miembros del personal, de los que 126 lo hicieron por jubilación, 13 por invalidez, 9 por renuncia y 6 por fallecimiento; pide al secretario general que aplique estrictamente el artículo 16, párrafo cuarto, del Estatuto de los funcionarios en lo que respecta a posibles conflictos de intereses tras el cese en el servicio en el Parlamento, en particular en casos de renuncia, puesto que resulta sorprendente que hasta ahora no se haya publicado ningún caso de posible conflicto de intereses;

96.  Toma nota con preocupación de que no se han previsto disposiciones especiales para el personal en caso de salida de un Estado miembro de la Unión; pide al secretario general, constatando que esta cuestión afecta a todas las instituciones europeas, que entable un diálogo con la Comisión a fin de garantizar que el personal británico no resulte víctima de la salida del Reino Unido y de salvaguardar sus plenos derechos estatutarios, contractuales y adquiridos;

97.  Pide una organización más eficiente de cursos de formación para adaptarlos a las necesidades específicas de los APA; señala, en particular, que la administración debe tener en cuenta el calendario de actividades parlamentarias y de los diputados y establecer horarios a medida y temas específicos;

98.  Señala que el 43 % del personal del Parlamento considera que el teletrabajo tendría un efecto positivo en su satisfacción laboral; subraya que el Parlamento es la única institución que no ha introducido el teletrabajo y un sistema de horario flexible de trabajo, mientras que ambos se aplican desde hace años en la mayor parte de las otras instituciones, especialmente en la Comisión Europea, con resultados demostrados de aumento de la productividad y de mejora de la calidad de vida de los trabajadores; toma nota de que el Parlamento introdujo el teletrabajo ocasional en octubre de 2016; pide al secretario general que informe a todos los servicios interesados, incluidos los diputados y sus asistentes, sobre la puesta en marcha de este servicio; pide igualmente que el sistema de horario flexible se incluya cuanto antes entre las prácticas laborales en el Parlamento;

99.  Pide al Parlamento que cambie las normas por las que se rigen los períodos de prácticas que ofrecen los diputados y los grupos políticos a fin de mejorar la situación de los aprendices y los becarios en el Parlamento, incluido un salario digno, la definición de un período de prácticas de duración limitada y un contrato de aprendizaje;

Dirección General de Finanzas (DG FINS)

Contratos adjudicados por el Parlamento

100.  Toma nota con satisfacción de que el Parlamento publica en su sitio web una lista anual completa de todos aquellos de sus contratistas que han obtenido contratos por un valor superior a 15 000 EUR, y de que en esta lista figuran el nombre y la dirección del contratista, el tipo y el objeto del contrato, su duración, su valor, el procedimiento seguido y la dirección general correspondiente;

101.  Toma nota de que esta lista supera los requisitos de transparencia establecidos en el Reglamento Financiero ; anima a todas las instituciones de la Unión a que faciliten información completa de todos los contratistas y los contratos adjudicados mediante contratación pública, incluidos las adjudicaciones directas y los procedimientos restringidos;

102.  Suscribe la conclusión del Tribunal de que las instituciones de la Unión deben crear un único depósito público de información relacionada con sus contratos públicos para garantizar una transparencia efectiva y posibilitar el seguimiento ex post de sus actividades de contratación;

103.  Señala que, pese a anteriores peticiones de mejora, el servicio que ofrece la agencia de viajes del Parlamento sigue siendo insatisfactorio, ya que los precios son relativamente altos y la agencia no ha logrado negociar acuerdos con las principales compañías aéreas para obtener mejores tarifas y más flexibilidad al realizar preparativos de viaje;

104.  Pide a la agencia que procure de manera activa ofrecer precios más bajos sea cual sea la compañía aérea de que se trate; solicita que la agencia establezca un proceso de información de retorno (encuestas de satisfacción del usuario) con miras a identificar los ámbitos en los que se podrían introducir más mejoras;

Régimen voluntario de pensiones

105.  Toma nota de que el déficit actuarial estimado del fondo voluntario de pensiones había aumentado a 276,8 millones de euros a finales de 2015; toma nota, además, de que, a finales de 2015, el importe de los activos netos que debían tenerse en cuenta y el compromiso actuarial ascendían a 155,5 millones de euros y 432,3 millones de euros, respectivamente;

106.  Recuerda que estos pasivos futuros previstos están repartidos a lo largo de varias décadas, pero toma nota de que el importe total abonado en 2015 por el fondo voluntario de pensiones asciende a 15,8 millones de euros;

107.  Observa que esto suscita preocupación acerca del posible agotamiento del fondo y que el Parlamento es el garante del pago de los derechos de pensión en caso de que el fondo no pueda cumplir sus obligaciones;

108.  Pide de nuevo a la Mesa que evalúe lo antes posible la situación actual del fondo de pensiones;

109.  Recuerda el apartado 112 del informe de aprobación de la gestión del año pasado(12) , en el que se pedía una evaluación de la situación actual del fondo de pensiones; lamenta que aún no se haya presentado dicha evaluación;

110.  Recuerda que el Tribunal de Justicia resolvió en 2013 que era válida la decisión de retrasar la edad de jubilación para los suscriptores del fondo de 60 a 63 años, con el fin de evitar el agotamiento temprano del capital y de adaptarlo al nuevo Estatuto de los diputados al Parlamento;

111.  Considera que, mientras que los fondos de pensiones nacionales por lo general tienen que atenerse a unas normas estrictas y no se les permite en ningún caso tener déficit actuarial, el fondo voluntario de pensiones presenta actualmente un déficit actuarial del 64 % del compromiso actuarial, por lo que pide al secretario general que presente a la Mesa un plan de acción exhaustivo para evitar el agotamiento temprano del fondo;

Otras cuestiones

112.  Lamenta que, al seleccionar las entidades financieras con las que colabora para gestionar sus pagos y su contabilidad, el Parlamento no preste atención a las políticas de responsabilidad social empresarial de dichas instituciones, y pide al secretario general que vele por que, en el futuro, el Parlamento colabore principalmente con entidades financieras que cuenten con políticas de inversión centradas en la sostenibilidad y otros aspectos de la responsabilidad social de las empresas;

113.  Hace hincapié en que en 2015 el Parlamento tenía depositados por término medio 106,25 millones de euros en cuentas bancarias que no generaban intereses de ningún tipo; pide al secretario general que examine si es necesario disponer de un volumen tan elevado de liquidez y, en particular, que mejore la gestión de la tesorería a este respecto y, si es posible, que halle posibles vías para mejorar la rentabilidad de dichos depósitos;

Dirección General de Innovación y Asistencia Tecnológica (DG ITEC)

114.  Se declara satisfecho con la aplicación de las orientaciones estratégicas 2014-2019 de la DG ITEC; considera que se están introduciendo muchos cambios en el entorno de trabajo electrónico de los diputados y del personal, si bien las implicaciones de estos cambios, incluidas las nuevas posibilidades que ofrecen, son relativamente poco conocidas y se están desarrollando principalmente en el seno de la DG ITEC; pide una cooperación más estrecha entre la DG ITEC y la DG COMM para mejorar la comunicación interna y externa sobre las numerosas innovaciones que ya han sido introducidas o pronto lo serán;

115.  Es consciente de los esfuerzos de la DG ITEC para mejorar el número de resultados referidos a páginas web del Parlamento en el motor de búsqueda de Google; opina asimismo, no obstante, que el motor de búsqueda del propio sitio web del Parlamento también debería proporcionar resultados pertinentes, de forma que los usuarios puedan utilizar directamente el portal del sitio para encontrar con rapidez las páginas web que buscan; expresa su preocupación por el hecho de que en estos momentos este motor de búsqueda no funcione de manera adecuada, y pide al secretario general que solucione rápidamente este problema, que persiste desde hace tiempo;

116.  Observa con preocupación que en el ámbito de responsabilidades de la DG ITEC, los gastos en que se incurre para la adquisición de nuevos equipos informáticos suponen anualmente más de 35 millones de euros y que no hay una política clara de contratación sostenible desde los puntos de vista ambiental y social, y pide al secretario general que elabore un plan de acción a este respecto con el fin de asegurarse de que en el futuro todas las licitaciones incluyan criterios ambientales y sociales para la selección de equipos;

117.  Pide a la DG ITEC que haga accesibles todas las páginas web del Parlamento desde dispositivos portátiles, ya que, a pesar de que la mayoría de los usuarios de estas páginas accede a las páginas del Parlamento y de los comités especializados mediante iPads o teléfonos móviles, las interfaces existentes no pueden considerarse compatibles con los dispositivos portátiles; recomienda que se apliquen medidas que permitan mejorar considerablemente y en un plazo razonable la accesibilidad a las páginas web desde dispositivos portátiles;

118.  Considera esencial para el mandato de los diputados que siga habiendo impresoras en sus despachos; señala que los cartuchos genéricos baratos pueden dar lugar a niveles peligrosos de emisiones de partículas y perjuicios para la salud; pide, por tanto, que la DG ITEC y la Dirección General de Infraestructuras y Logística (DG INLO) promuevan la adquisición de impresoras respetuosas con el medio ambiente y que garanticen el uso exclusivo de cartuchos originales, dando asimismo la opción a los diputados y al personal de tener las impresoras situadas estratégicamente cerca pero no en el interior de sus despachos;

119.  Toma nota de que en su reunión del 7 de septiembre de 2015 la Mesa aprobó una política en materia de seguridad de los sistemas de tecnologías de la información y la comunicación («política de seguridad en materia de TIC»); hace hincapié en que, en el contexto global actual, es de urgente necesidad implantar una política de seguridad en materia de TIC considerablemente más robusta que aborde por completo la gestión de los riesgos asociados a la ciberseguridad; celebra, a este respecto, el nombramiento de un responsable de la ciberseguridad del Parlamento;

120.  Reitera la petición formulada en su Resolución sobre la aprobación de la gestión de 2014 de que se cree un sistema de alerta rápida de emergencia que permita a la DG ITEC, en colaboración con la Dirección General de Seguridad y Protección (DG SAFE), enviar comunicaciones urgentes por SMS o correo electrónico a los diputados y miembros del personal que quieran formar parte de una lista de distribución que se utilice en situaciones de emergencia concretas;

121.  Felicita a la DG ITEC por la instalación de redes wifi en los edificios del Parlamento; observa, no obstante, que el wifi del hemiciclo de Estrasburgo no es fiable, especialmente cuando durante los turnos de votaciones y los debates prioritarios muchos diputados lo utilizan simultáneamente; pide al secretario general que adopte las medidas de subsanación necesarias al respecto;

Dirección General de Políticas Exteriores de la Unión

122.  Acoge con satisfacción que algunas reuniones públicas de las delegaciones interparlamentarias se estén ya retransmitiendo por «webstreaming»; pide al secretario general que continúe reforzándose y ampliándose este servicio así como los contenidos de las páginas web de las delegaciones;

Dirección General de Infraestructuras y Logística (DG INLO)

123.  Señala que la estrategia inmobiliaria a medio plazo de 2010 se encuentra actualmente en proceso de revisión; pide que se extienda esta estrategia a una perspectiva a más largo plazo y que incluya un estudio de las probables consecuencias de la salida del Reino Unido;

124.  Acoge con satisfacción el hecho de que a partir de 2019 vaya a aumentar el espacio de oficinas para los diputados y sus asistentes en Estrasburgo; pide al secretario general que vele por que, mientras no se haya encontrado una solución para que el Parlamento tenga un único lugar de trabajo, se garantice el número mínimo de metros cuadrados por asistente de conformidad con la normativa en vigor relativa a las condiciones de trabajo, dado que en estos momentos el Parlamento incumple deliberadamente dichas normas sobre el espacio mínimo y su posición es, por tanto, vulnerable;

125.  Lamenta profundamente la puesta en marcha de un procedimiento para el cambio de muebles de los despachos de los diputados y sus asistentes en Bruselas y pide que se paralice inmediatamente; considera y constata que la mayoría de estos muebles son perfectamente utilizables y presentables y que por consiguiente no existe razón alguna para cambiarlos; considera que unas meras comunicaciones de algunos diputados —y no una encuesta general— no son por sí mismas una justificación suficiente para el cambio, y que los argumentos de la administración sobre cuestiones de gusto, moda o antigüedad son asimismo insuficientes; un mueble solo debe sustituirse cuando haya señales manifiestas de deterioro, un fuerte desgaste o un riesgo para la salud en el lugar de trabajo de carácter específico o general (como la posible producción de sillas de oficina más ergonómicas); señala que, en un período de crisis económica, que ha dado lugar a las actuales circunstancias de restricciones financieras, esta preocupación por las apariencias podría comprometer gravemente la credibilidad del Parlamento y sus diputados, en particular de cara a los ciudadanos y la opinión pública;

126.  Reconoce que, de conformidad con las decisiones de la Mesa de 2013 y 2015, los nuevos contratos de restauración no prevén subvenciones directas procedentes del presupuesto del Parlamento; le preocupa, no obstante, que determinados servicios se ofrecieran en 2015 a precios superiores a los del mercado; se refiere, en este contexto, al café servido durante las reuniones; observa que los precios se revisaron en agosto de 2016;

127.  Lamenta profundamente los criterios arbitrarios, subjetivos y desproporcionados aplicados en el procedimiento de contratación de conductores y en la internalización de este servicio iniciada en 2016 por razones de seguridad; lamenta que en el procedimiento no se hayan tenido en cuenta las competencias y la experiencia adquiridas por los conductores durante años de trabajo en contacto directo con los diputados y la relación de confianza establecida con ellos, ni tampoco que los conductores hayan quedado sin trabajo, muchos de ellos ya con una edad en la que es difícil encontrar un empleo;

Dirección General de Interpretación y Conferencias (DG INTE)

128.  Expresa su preocupación acerca del problemático diálogo social entre la DG INTE y los representantes de los intérpretes, que comenzó en enero de 2014 y hasta ahora no ha desembocado en un acuerdo; pide al secretario general que inicie un proceso de mediación entre las partes a fin de mejorar la comprensión mutua de las posiciones respectivas y encontrar soluciones aceptables para todos;

129.  Expresa su satisfacción ante los avances conseguidos en el proceso de modernización de la DG INTE, en particular con respecto a la mayor disponibilidad de intérpretes, el incremento moderado en el número de horas que los intérpretes pasan en labores de interpretación y la mejor distribución de las cargas de trabajo de los intérpretes; constata que se ha aclarado el método de cálculo en lo relativo a las estadísticas, y que todas las vacaciones anuales y las bajas por enfermedad se han excluido del cálculo del promedio de horas que los intérpretes pasan en la cabina;

130.  Solicita al secretario general que facilite información sobre las medidas tomadas desde la aprobación de la Resolución sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de 2014 para lograr mayor eficiencia y eficacia de los recursos en la organización de reuniones simplificando la gestión de conferencias en el Parlamento;

Dirección General de Seguridad y Protección (DG SAFE)

131.  Acoge con satisfacción los continuos esfuerzos para garantizar la seguridad y la protección en los locales del Parlamento y sus inmediaciones; reconoce que la seguridad en el Parlamento exige un delicado equilibrio entre garantizar la seguridad tomando en consideración determinadas medidas de protección e implantar un régimen excesivamente centrado en la seguridad y que ralentice la actividad del Parlamento; insiste, no obstante, en que es preciso reforzar más la seguridad del Parlamento, y pide al secretario general que vele por que el personal reciba la formación correcta y pueda realizar sus tareas de manera profesional también en situaciones de emergencia;

132.  Pide al secretario general que vele por el mantenimiento activo de la cooperación con las demás instituciones de la Unión junto con la cooperación con las autoridades belgas, francesas y luxemburguesas;

133.  Pide a la DG ITEC y a la DG SAFE que refuercen las capacidades de ciberdefensa a la luz de la creciente amenaza de ciberataques en los últimos meses;

Un Parlamento respetuoso con el medio ambiente

134.  Recuerda que la Mesa puso en marcha el proyecto de sistema de gestión medioambiental (EMAS) en el Parlamento el 19 de abril de 2004; toma nota de que en 2016 la Mesa aprobó una política ambiental revisada que mantiene y reafirma el compromiso del Parlamento de seguir realizando mejoras desde el punto de vista ambiental;

135.  Acoge con satisfacción la instalación del servicio de ayuda interinstitucional en materia de contratación pública ecológica, que ahora debe aplicarse plenamente fijando objetivos claros en este ámbito y redoblando los esfuerzos en materia de información interna, promoción y gobernanza efectiva en lo relativo a la contratación pública ecológica; subraya asimismo que los proveedores de servicios subcontratados también deben cumplir las normas; lamenta, a este respecto, el elevado uso de botellas, tazas, recipientes y envases de plástico en el Parlamento;

136.  Recuerda que el Parlamento se comprometió a reducir sus emisiones de CO2 antes de 2020 en un 30 % por ETC con respecto a los niveles de 2006; celebra que, entre 2006 y 2015, este indicador haya descendido en aproximadamente un 24,3 %;

137.  Considera de suma importancia, por tanto, que el Parlamento se fije nuevos objetivos más ambiciosos y cuantitativos y que los servicios competentes los midan periódicamente; se remite en este contexto a la Decisión de la Mesa de 2015 de compensar el total de las emisiones de carbono del Parlamento, incluidas las de los vuelos de los diputados entre su país de origen y los lugares de trabajo del Parlamento;

138.  Recuerda el compromiso contraído por el Parlamento en virtud de la Directiva 2012/27/EU sobre eficiencia energética, que establece que «sin perjuicio de las normas presupuestarias y de contratación pública aplicables», se comprometerá «a aplicar a los edificios que [tiene] en propiedad y [ocupa] los mismos requisitos que se aplican a los edificios de las administraciones centrales de los Estados miembros con arreglo a lo dispuesto en los artículos 5 y 6» de dicha Directiva, debido a la gran visibilidad de los edificios y el destacado papel que debe desempeñar con respecto al rendimiento energético de los edificios; hace hincapié en el carácter urgente del cumplimiento de esta declaración, no en último lugar en beneficio de su propia credibilidad en relación con las revisiones en curso de las directivas sobre el rendimiento energético de los edificios y sobre la eficiencia energética;

139.  Pide a la Mesa que estudie un plan de incentivos para fomentar que el personal utilice métodos de transporte más eficientes y sostenibles en sus desplazamientos entre el domicilio y el trabajo;

140.  Acoge con satisfacción la iniciativa del Parlamento sobre la aplicación de una política global para reducir el desperdicio de alimentos; pide al Parlamento que garantice que todos los proveedores de servicios de restauración en todas las instalaciones del Parlamento eviten de manera activa el desperdicio de alimentos; pide al Parlamento que intensifique la práctica de donar para fines benéficos los alimentos no vendidos;

141.  Considera que mediante la introducción de un sistema eficiente de reserva de salas de reunión y un registro de gestión de locales se puede activar un potencial considerable en relación con los costes y los esfuerzos del Parlamento en materia medioambiental, y pide al secretario general que promueva este enfoque en consecuencia;

Grupos políticos (línea presupuestaria 4 0 0)

142.  Observa que en 2015 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4 0 0, asignados a los grupos políticos y los diputados no inscritos, se utilizaron como sigue:

Grupo

2015

2014**

Créditos anuales

Recursos propios y créditos prorrogados

Gastos

Índice de utilización de los créditos anuales

Importes prorrogados al siguiente período

Créditos anuales

Recursos propios y créditos prorrogados

Gastos

Índice de utilización de los créditos anuales

Importes prorrogados al siguiente período (2011)

PPE

17 440

10 198

17 101

98,06 %

8 720

19 919

7 908

17 796

89,34 %

9 960

S&D

15 256

5 748

15 379

100,81 %

5 625

15 619

4 653

14 850

95,07 %

5 422

ECR

5 959

1 614

5 065

84,99 %

2 509

5 014

1 060

4 476

105,43 %

1 598

ALDE

5 692

2 517

5 865

103,03 %

2 344

6 214

1 774

5 491

88,35 %

2 498

GUE/NGL

4 305

1 256

3 832

89,02 %

1 729

3 527

417

2 689

76,62 %

1 255

Verts/ALE

4 153

1 293

3 890

93,67 %

1 556

4 292

1 389

4 396

88,41 %

1 287

EFDD

3 843

1 643

3 629

94,45 %

1 856

3 231

1 142

2 708

88,83 %

1 615

ENF

1 587

0

827

52,09 %

760

 

 

 

 

 

Diputados no inscritos

1 627

533

1 001

61,51 %

214

1 991

441

1 281

64,32 %

533

Total

59 860

24 803

56 588

94,53 %

25 312

59 807

18 784

53 687

89,76 %

24 168

* Todos los importes se indican en miles de euros.

** 2014 se divide en dos ejercicios debido a las elecciones parlamentarias celebradas en mayo de 2014. Las cifras de 2014 que figuran en el cuadro corresponden a los importes consolidados.

143.  Recuerda la recomendación que figura en el informe anual del Tribunal de que el Parlamento «revise el marco de control vigente para la ejecución de los créditos presupuestarios asignados a los grupos políticos y ofrezca además orientaciones más precisas gracias a un mejor seguimiento de la aplicación por los grupos de las normas de autorización y liquidación del gasto, así como de las normas de contratación»;

Partidos políticos europeos y fundaciones políticas europeas

144.  Observa que en 2015 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4 0 2 se utilizaron como sigue(13):

Partido

Abreviatura

Recursos propios*

Subvención del PE

Ingresos totales

Subvención del PE en porcentaje del gasto subvencionable (85 % como máx.)

Superávit (transferencia a reservas) o pérdida de ingresos

Partido Popular Europeo

PPE

1 926

8 053

12 241

85 %

363

Partido de los Socialistas Europeos

PSE

1 246

5 828

8 024

85 %

40

Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa

ALDE

561

2 093

2 789

85 %

90

Partido Verde Europeo

PVE

480

1 666

2 245

85 %

83

Alianza de los Conservadores y Reformistas Europeos

ACRE

395

1 952

2 401

85 %

8

Partido de la Izquierda Europea

EL

372

1 484

2 044

85 %

71

Partido Demócrata Europeo

PDE

120

457

577

85 %

0

Demócratas de la UE

EUD

55

292

370

85 %

3

Alianza Libre Europea

ALE

127

636

845

85 %

0

Movimiento Político Cristiano Europeo

MPCE

87

461

560

85 %

4

Alianza Europea por la Libertad

AEL

94

494

588

85 %

7

Alianza Europea de Movimientos Nacionales

AEMN

53

292

399

85 %

0

Movimiento por la Europa de las Libertades y la Democracia

MENF

161

401

562

85 %

0

Alianza por la Democracia Directa en Europa

ADDE

250

821

1.070

85 %

-403

Movimiento por la

Europa de las Libertades

y la Democracia

MELD

91

44

226

85 %

-208

Total

 

6 017

24 974

34 943

85 %

59

(*) Todos los importes se indican en miles de euros.

145.  Observa que en 2015 los créditos consignados en la línea presupuestaria 4 0 3 se utilizaron como sigue(14):

Fundación

Abreviatura

Afiliada al partido

Recursos propios*

Subvención del PE

Ingresos totales

Subvención del PE en porcentaje del gasto subvencionable (85 % como máx.)

Centro Wilfried Martens de Estudios Europeos

WMCES

PPE

949

4 725

5 674

85 %

Fundación Europea de Estudios Progresistas

FEPS

PSE

847

3 848

4 695

85 %

Foro Liberal Europeo

ELF

ALDE

183

880

1 063

85 %

Fundación Verde Europea

GEF

PVE

163

914

1 077

85 %

Transformar Europa

TE

EL

159

847

1 066

85 %

Instituto de Demócratas Europeos

IED

PDE

47

284

331

85 %

Centro Maurits Coppieters

CMC

ALE

57

241

298

85 %

Nueva Dirección - Fundación para la Reforma Europea

ND

ACRE

323

1 100

1 423

85 %

Fundación Europea por la Libertad

EFF

AEL

47

268

315

85 %

Organización para la Cooperación Interestatal Europea

OEIC

EUD

33

132

165

85 %

Fundación Política Cristiana para Europa

CPFE

MPCE

51

267

318

85 %

Fundación por la Europa de las Libertades y la Democracia

FELD

MELD

50

248

298

85 %

Instituto para la Democracia Directa en Europa

IDDE

ADDE

144

673

817

85 %

Identidades y Tradiciones Europeas

ITE

AEMN

32

169

201

85 %

Total

 

 

3 085

14 596

17 681

85 %

(*) Todos los importes se indican en miles de euros.

 

 

 

 

 

 

146.  Toma nota con preocupación de que, en los casos de la Alianza por la Democracia Directa en Europa, el Movimiento por la Europa de las Libertades y la Democracia, la Iniciativa por la Democracia Directa en Europa y la Fundación por la Europa de las Libertades y la Democracia, se han detectado irregularidades graves relativas a financiación prohibida directa o indirecta de partidos nacionales y a donaciones;

147.  Expresa su preocupación por el riesgo que suponen dichas irregularidades para la reputación del Parlamento y está convencido de la necesidad de actuar con presteza y eficacia para prevenir y rectificar ese tipo de irregularidades en el futuro; considera, sin embargo, que estas irregularidades solo se han producido respecto de un número limitado de partidos políticos y fundaciones; opina que dichas irregularidades no deben poner en cuestión la gestión financiera de los demás partidos políticos y fundaciones;

148.  Es consciente de las nuevas normativas, concretamente el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 y el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1142/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014(15), que comenzarán a afectar a la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas en el ejercicio 2018, y de la importante función de la recientemente creada Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, así como de los debates en curso en la Mesa sobre las propuestas del secretario general para abordar una serie de cuestiones no resueltas por los Reglamentos mencionados; pide al auditor interno del Parlamento que elabore un nuevo informe de auditoría sobre la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas lo antes posible tras la entrada en vigor del nuevo Reglamento;

149.  Cree que es fundamental en este sentido estudiar cualquier posible deficiencia en el actual sistema de controles internos y externos para evitar irregularidades graves; toma nota de las declaraciones del contable externo, EY, en el sentido de que sus auditorías tienen por objeto obtener una garantía razonable de que las cuentas anuales están exentas de inexactitudes importantes y de que la entidad ha cumplido con las normas y los reglamentos aplicables, y comprenden el análisis, mediante pruebas, de los elementos que justifican su dictamen; toma nota, no obstante, de que sus análisis no incluyen la investigación de posibles declaraciones y documentos fraudulentos y de que, por tanto, proporcionan una visión algo limitada de las actividades financieras examinadas;

150.  Se muestra especialmente preocupado por la escasez de recursos humanos en la DG FINS (en la práctica, dos ETC) para la verificación de las cuentas de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas; cree firmemente que, en vista del elevado riesgo para la reputación de la institución, deben destinarse más recursos a esta tarea;

151.  Pide a la Mesa que, en la medida en que lo permita el principio de confidencialidad, facilite el acceso a los documentos de base incluidos en los informes finales de los partidos políticos y las fundaciones políticas a escala europea y, en particular, las cuentas y las auditorías realizadas;

152.  Pide a la nueva Autoridad que presente al Parlamento un informe sobre los progresos realizados tras su primer año de actividad, es decir, 2017; y pide al secretario general que vele por que la Autoridad tenga a su disposición todos los recursos que necesita para desempeñar sus cometidos;

(1) DO L 69 de 13.3.2015.
(2) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(3) DO C 354 de 27.9.2016, p. 1.
(4) DO C 375 de 13.10.2016, p. 1.
(5) DO C 375 de 13.10.2016, p. 10.
(6) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(7) PE 422.541/Bur.
(8) Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).
(9) Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DO L 94 de 28.3.2014, p. 65).
(10) DO C 436 de 24.11.2016, p. 2.
(11) Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas, (DO L 317 de 4.11.2014, p. 1).
(12) DO L 246 de 14.9.2016, p. 3.
(13) Notas: Todos los importes se indican en miles de euros. Nota (1): De conformidad con el artículo 125, apartado 6, del Reglamento Financiero, los ingresos totales incluyen el importe prorrogado del ejercicio precedente.
(14) Notas: Todos los importes se indican en miles de euros.
(15) Reglamento (UE, Euratom) n.° 1142/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 en lo que respecta a la financiación de los partidos políticos europeos (DO L 317 de 4.11.2014, p. 28).


Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Consejo Europeo y Consejo
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Decisión
Resolución
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección II – Consejo Europeo y Consejo (2016/2153(DEC))
P8_TA(2017)0147A8-0131/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0271/2016)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0131/2017),

1.  Aplaza su decisión de aprobación de la gestión del secretario general del Consejo en la ejecución del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección II – Consejo Europeo y Consejo (2016/2153(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección II – Consejo Europeo y Consejo,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0131/2017),

A.  Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de la aprobación de la gestión subraya la importancia particular de seguir reforzando la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión, mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas, la aplicación del concepto de presupuestación basada en el rendimiento, y la buena gobernanza de los recursos humanos;

1.  Observa que, basándose en su trabajo de auditoría, el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») ha llegado a la conclusión de que los pagos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 correspondientes a los gastos administrativos y otros gastos de las instituciones y órganos están, en su conjunto, exentos de errores significativos;

2.  Toma nota con satisfacción de que, en su informe anual sobre la ejecución del presupuesto relativo al ejercicio 2015 (en lo sucesivo, «informe del Tribunal»), el Tribunal observaba que no se había detectado ninguna insuficiencia significativa en lo relativo a las cuestiones examinadas concernientes a los recursos humanos y los contratos públicos del Consejo Europeo y del Consejo;

3.  Observa que, en 2015, el presupuesto global del Consejo Europeo y del Consejo ascendía a 541 791 500 EUR (534 202 300 EUR en 2014), con un porcentaje de ejecución del 92,6 %;

4.  Toma nota del incremento registrado de 7,6 millones EUR (+ 1,4 %) en el presupuesto del Consejo para 2015;

5.  Toma nota de la publicación, por parte de la Secretaría General del Consejo (SGC), de los informes anuales de actividad del Servicio Jurídico, y de los directores generales de Comunicación y Gestión de Documentos y de Administración;

6.  Toma nota de las explicaciones facilitadas en el informe anual de actividad de la DG Administración sobre la infrautilización estructural; expresa, no obstante, su preocupación por el hecho de que el índice de infrautilización siga siendo elevado en determinadas categorías; alienta el desarrollo de indicadores clave de rendimiento para mejorar la planificación presupuestaria;

7.  Sigue mostrándose preocupado por el enorme número de créditos prorrogados de 2015 a 2016, en particular los relativos al inmovilizado material;

8.  Reitera que los presupuestos del Consejo Europeo y del Consejo deben estar separados en aras de la transparencia de su gestión financiera y para mejorar la rendición de cuentas de las dos instituciones;

9.  Pide que el cuadro general de los recursos humanos se desglose por categoría, grado, sexo, nacionalidad y formación profesional;

10.  Pone de relieve que el equilibrio geográfico, principalmente la relación entre la nacionalidad del personal y el tamaño de los Estados miembros, debería seguir siendo un elemento importante de la gestión de los recursos humanos, sobre todo con respecto a los Estados miembros que se han adherido a la Unión desde 2004; celebra que el Consejo Europeo y el Consejo hayan alcanzado una composición globalmente equilibrada de funcionarios de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea antes y a partir de 2004, pero señala que los que se adhirieron en 2004 o con posterioridad siguen estando infrarrepresentados en los niveles superiores de la administración y en los puestos directivos, aspecto en el que aún se esperan progresos;

11.  Toma nota de la existencia de una política de equilibrio de género en la SGC; acoge con satisfacción la evolución positiva del equilibrio de género en los puestos de gestión; pide al Consejo, no obstante, que intensifique aún más sus esfuerzos, habida cuenta de que la tasa de equilibrio de género en los puestos directivos seguía siendo únicamente del 30 % / 70 % a finales de 2015;

12.  Acoge con satisfacción la información relativa a las actividades profesionales de antiguos altos funcionarios de la SGC tras abandonar el servicio(6) en 2015; elogia la plena transparencia y la publicación de esta información cada año;

13.  Observa con gran preocupación que en 2015 la SGC aún no había aplicado las normas internas sobre denuncia de irregularidades, como señala el Defensor del Pueblo; pide al Consejo que aplique sin demora las normas internas sobre denuncia de irregularidades;

14.  Observa la plantilla del Consejo, en la que se ha previsto una reducción del personal del 5 % a lo largo de un período de cinco años para cumplir con el acuerdo interinstitucional; pide que se le informe sobre cómo conciliar esta reducción con la creación de 19 nuevos puestos; sugiere que el Consejo informe al Parlamento sobre el posible ahorro alternativo logrado para compensar el retraso en la reducción de personal;

15.  Toma nota de la reorganización de la Dirección General de Administración para mejorar su calidad y eficiencia; espera que esta reforma tenga un impacto positivo en la ejecución del presupuesto del Consejo;

16.  Expresa su preocupación por el retraso en la entrega del edificio Europa; pide que se le informe de la incidencia financiera del aplazamiento;

17.  Reitera su solicitud de que se facilite la política inmobiliaria del Consejo a la autoridad de aprobación de la gestión; recuerda al Consejo la petición del Parlamento de informes de evolución sobre los proyectos inmobiliarios y de un desglose detallado de los gastos devengados hasta la fecha;

18.  Toma nota con satisfacción de que la SGC obtuvo la certificación «Empresa Ecodinámica» en 2015 y la certificación EMAS en 2016 por su eficiente gestión medioambiental;

Situación actual

19.  Toma nota de la respuesta oficial del secretario general del Consejo a la invitación de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento a participar en el intercambio de puntos de vista con los secretarios generales de las demás instituciones; observa que la respuesta simplemente reitera la posición del Consejo sobre el intercambio de informaciones financieras ya expresada en el pasado; toma nota de que el cuestionario escrito enviado a la SGC el 17 de noviembre de 2016 con preguntas de los diputados no obtuvo respuesta;

20.  Reitera que el Consejo debe adoptar, de cara a los ciudadanos de la Unión, una actitud transparente y plenamente responsable respecto de los fondos que se le confían en calidad de institución de la Unión; insiste en que ello implica que el Consejo debe participar plenamente y de buena fe en el procedimiento anual de aprobación de la gestión al igual que el resto de las instituciones; considera, en este sentido, que la supervisión efectiva de la ejecución del presupuesto de la Unión requiere la cooperación entre el Parlamento y el Consejo mediante un acuerdo de trabajo; lamenta profundamente las dificultades con las que se ha encontrado hasta la fecha en los procedimientos de aprobación de la gestión presupuestaria;

21.  Insiste en que el gasto del Consejo se ha de controlar de la misma manera que el de las demás instituciones, y señala que los elementos básicos de dicho examen figuran en sus resoluciones sobre la aprobación de la gestión de los ejercicios anteriores;

22.  Reitera que el Parlamento aprueba la gestión presupuestaria de las otras instituciones tras examinar los documentos facilitados y las respuestas dadas a las preguntas; lamenta los reiterados problemas a los que se enfrenta para obtener respuestas del Consejo; espera, en este sentido, que mejore mucho la cooperación con el secretario general del Consejo, para quien el año 2015 fue el primer año en que asumió estas nuevas responsabilidades;

23.  Lamenta que en el pasado no se aprobara la gestión debido a la insuficiente cooperación entre el Parlamento y el Consejo; observa que parece existir mejor voluntad por ambas partes, y manifiesta su optimismo en que se logren avances para mejorar la cooperación en el futuro, lo que mejorará la imagen pública del Parlamento y del Consejo; pide al Parlamento y al Consejo que sigan por esta senda;

24.  Subraya la competencia del Parlamento para aprobar la gestión de conformidad con los artículos 316, 317 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y los artículos 164 a 167 del Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012, y afirma que la aprobación o desaprobación de la gestión constituye una responsabilidad que tiene el Parlamento ante a los ciudadanos de la Unión;

25.  Recuerda que las instituciones, tal y como se definen en el artículo 2, letra b), del Reglamento Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012, son competentes para ejecutar sus respectivas secciones del presupuesto de conformidad con la autonomía presupuestaria que les confiere el artículo 55 de dicho Reglamento; afirma que, de acuerdo con la práctica y la interpretación de las normas actuales y la autonomía presupuestaria del Consejo, y con el fin de mantener la transparencia y la rendición de cuentas democrática ante los contribuyentes de la Unión, el Parlamento aprueba la gestión de cada institución individualmente.

26.  Considera que una cooperación satisfactoria entre el Parlamento, el Consejo Europeo y el Consejo, resultado de un procedimiento de diálogo abierto y formal, puede representar una señal positiva para los ciudadanos de la Unión.

(1) DO L 69 de 13.3.2015.
(2) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(3) DO C 375 de 13.10.2016, p. 1.
(4) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(6) Artículo 16, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto.


Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Tribunal de Justicia
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Decisión
Resolución
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección IV – Tribunal de Justicia (2016/2154(DEC))
P8_TA(2017)0148A8-0136/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0272/2016)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad(4) de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0136/2017),

1.  Aprueba la gestión del secretario del Tribunal de Justicia en la ejecución del presupuesto del Tribunal de Justicia para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Tribunal de Justicia, al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección IV – Tribunal de Justicia (2016/2154(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección IV – Tribunal de Justicia,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0136/2017),

A.  Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión hace hincapié en la importancia especial que reviste reforzar aún más la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas y la aplicación del concepto de presupuestación basada en el rendimiento y la buena gobernanza de los recursos humanos;

1.  Toma nota con satisfacción de que, en su Informe Anual relativo al ejercicio 2015, el Tribunal de Cuentas observa que no se han detectado insuficiencias significativas respecto de las cuestiones examinadas relativas a los recursos humanos y la contratación pública del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Tribunal de Justicia»);

2.  Celebra que, basándose en su trabajo de auditoría, el Tribunal de Cuentas haya llegado a la conclusión de que los pagos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 correspondientes a los gastos administrativos y otros gastos del Tribunal de Justicia están, en su conjunto, exentos de errores significativos;

3.  Toma nota de que en 2015 el importe de los créditos del Tribunal de Justicia ascendió a 357 062 000 EUR (355 367 500 EUR en 2014), con un porcentaje de ejecución del 99 %; acoge con satisfacción el elevado porcentaje de utilización en 2015, idéntico al de 2014;

4.  Señala que los ingresos estimados del Tribunal de Justicia para el ejercicio 2015 fueron de 44 856 000 EUR; pide al Tribunal de Justicia que explique por qué los derechos constatados del ejercicio 2015 son un 10,4 % superiores a lo estimado (49 510 442 EUR);

5.  Señala que los ingresos por los derechos prorrogados de 2014 a 2015 ascienden a 84 620,37 EUR y que en un 84,24 % corresponden a ingresos de personas que trabajan en las instituciones y otros organismos de la Unión;

6.  Observa que el presupuesto del Tribunal de Justicia tiene un carácter eminentemente administrativo y que alrededor de un 75 % se destina a cubrir los gastos correspondientes al personal que trabaja en el Tribunal, y los montantes restantes, a edificios, mobiliario, material y funciones específicas llevadas a cabo por el mismo; destaca, no obstante, que la introducción del principio de presupuestación basada en el rendimiento no debe aplicarse únicamente al presupuesto del Tribunal de Justicia en su conjunto sino que debe incluir la fijación de objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y delimitados en el tiempo (objetivos SMART) para los distintos departamentos, unidades y planes anuales de personal; pide al Tribunal de Justicia, a este respecto, que introduzca de forma más amplia el principio de presupuestación basada en el rendimiento en sus operaciones diarias;

7.  Acoge con satisfacción la productividad de la actividad jurisdiccional del Tribunal de Justicia en 2015, con 1 711 asuntos sometidos a los tres Tribunales y 1 755 asuntos concluidos; señala que este es el mayor número anual de asuntos de la historia del Tribunal de Justicia;

8.  Toma nota de que el Tribunal de Justicia concluyó 616 asuntos en 2015, lo que representa una disminución con respecto al ejercicio anterior (719 en 2014), y que le fueron sometidos 713 nuevos asuntos (622 en 2014);

9.  Observa que en 2015 el Tribunal General recibió 831 asuntos nuevos y trató 987 asuntos, lo que supone un aumento general en comparación con ejercicios anteriores;

10.  Toma nota de que en 2015 el Tribunal de la Función Pública concluyó 152 asuntos, como en 2014, y recibió 167 asuntos nuevos; destaca que el año 2015 ha sido el último año de existencia del Tribunal de la Función Pública, diez años después de su creación; considera que el Tribunal de Justicia debe llevar a cabo una evaluación en profundidad de esos diez años de actividad;

11.  Señala que las estadísticas de 2015 para los tres tribunales confirman la tendencia observada en los últimos años respecto a la duración media de los procedimientos, que sigue siendo satisfactoria (para el Tribunal de Justicia, 15,3 meses para las peticiones de decisión prejudicial, frente a 15 meses en 2014, 1,9 meses para las cuestiones prejudiciales de urgencia, frente a 2,2 meses en 2014, 17,6 meses para los recursos directos, frente a 20 meses en 2014 y 14 meses para los recursos, frente a 14,5 meses en 2014); para el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública, respectivamente, 20,6 meses (frente a 23,4 en 2014) y 12,1 meses (frente a 12,7 en 2014) teniendo en cuenta todos los asuntos; considera que las modificaciones del Estatuto del Tribunal de Justicia adoptadas en 2015 no puede sino venir a mejorar esta labor de racionalización;

12.  Celebra que el número de asuntos resueltos haya aumentado un 57 % en el período comprendido entre 2007 y 2015, en buena medida gracias al esfuerzo de coordinación entre los tribunales y el personal auxiliar, y a pesar del aumento extremadamente limitado de auxiliares en este período;

13.  Señala que en el año 2015 se adoptó la reforma de la arquitectura judicial del Tribunal de Justicia y se elaboró un nuevo Reglamento de Procedimiento del Tribunal General; entiende que, con la multiplicación por dos del número de jueces del Tribunal General en un proceso en tres fases que durará hasta 2019, esa reforma permitirá al Tribunal de Justicia seguir absorbiendo el incremento del número de asuntos; espera con interés analizar los resultados de esta reforma en lo que atañe a la capacidad del Tribunal de Justicia para tramitar los asuntos dentro de un plazo razonable respetando los requisitos del derecho de defensa;

14.  Considera que dicha reforma permitirá que el Tribunal de Justicia como institución pueda resolver en un plazo más breve y de manera más eficiente el número creciente de asuntos y atender a los intereses de los justiciables con arreglo a los objetivos de una justicia de calidad y eficiente y respetando el derecho a la resolución de los asuntos en un plazo razonable;

15.  Toma nota de la próxima refundición del Código de conducta de los miembros, que definirá con claridad las condiciones para llevar a cabo actividades externas y la publicación de sus intereses financieros; pide un mayor nivel de transparencia respecto de las actividades externas de cada juez; solicita que el Tribunal de Justicia facilite información sobre los demás cargos y otras actividades externas remuneradas de los jueces en su sitio web y en sus informes anuales de actividades;

16.  Señala que de los 295 500 EUR de compromisos para misiones, solo se utilizaron 41 209 EUR; señala que esta infrautilización se podría evitar; solicita al Tribunal de Justicia que mejore su presupuestación y rendición de cuentas en lo relativo al presupuesto para misiones y destaca la necesidad del principio de que las misiones sean eficaces en cuanto a los costes;

17.  Considera que el Tribunal de Justicia debería publicar una síntesis general de los participantes y de los contenidos de sus reuniones con terceros que no tengan relación con su actividad jurisdiccional;

18.  Pide al Tribunal de Justicia que facilite a la autoridad de aprobación de la gestión, a más tardar en junio de 2017, una lista de las reuniones con grupos de intereses, asociaciones profesionales y la sociedad civil; pide al Tribunal de Justicia que presente las actas de tales reuniones a más tardar en junio de 2017;

19.  Observa con satisfacción las mejoras realizadas en la aplicación e-Curia y el hecho de que todos Estados miembros la utilizaran en 2015; considera que, paralelamente a la desmaterialización de los documentos, es necesario mejorar la seguridad de los datos;

20.  Observa que, según su informe anual de gestión correspondiente al ejercicio 2015, el Tribunal de Justicia trabaja estrechamente con el equipo del Tribunal de Cuentas encargado de evaluar su rendimiento; señala, en este sentido, que el Tribunal de Justicia puso obstáculos al trabajo del equipo de auditores al comienzo del proceso de auditoría; observa con satisfacción que el Tribunal de Justicia ha mejorado su cooperación con los auditores y ha facilitado nuevos documentos al Tribunal de Cuentas; es consciente de que el principio de secreto de las deliberaciones es necesario para salvaguardar la independencia de quienes adoptan decisiones, para fomentar la coherencia y la finalidad de las decisiones y para evitar que quienes adoptan decisiones dediquen más tiempo a dar testimonio de ellas que a adoptarlas; pone de relieve, sin embargo, que el secreto de las deliberaciones como principio ab ovo impide todo control externo; invita, por ello, al Tribunal de Justicia a establecer un mecanismo interno de control/recurso que permita cierto grado de control en esos casos;

21.  Observa que el Tribunal de Justicia ha cumplido el acuerdo interinstitucional de reducir el personal en un 5 % a lo largo de un período de cinco años;

22.  Observa la alta proporción de puestos ocupados (98 %) a pesar del elevado índice de rotación del personal en el Tribunal de Justicia y apoya su política activa en materia de contratación; pide al Tribunal de Justicia que establezca normas en materia de «puertas giratorias»;

23.  Acoge con satisfacción el intercambio de personal efectuado por el Tribunal de Justicia con el Banco Central Europeo en 2015 y espera que esta cooperación continúe en los próximos años;

24.  Acoge con satisfacción la iniciativa del Tribunal de Justicia destinada a mejorar el equilibrio de género en los puestos de responsabilidad y el hecho de que el equilibrio de género alcanzado en puestos de dirección superiores e intermedios fuera del 35 % / 65 % en 2015; considera, no obstante, que aún hay margen de mejora en este ámbito en la institución; observa, además, que el Parlamento y el Consejo se han fijado el objetivo de garantizar una representación igual de mujeres y hombres al nombrar a los nuevos jueces del Tribunal General(6);

25.  Pone de relieve que el equilibrio geográfico, principalmente la relación entre la nacionalidad del personal y el tamaño de los Estados miembros, debe seguir siendo un elemento importante de la gestión de los recursos humanos, sobre todo con respecto a los Estados miembros que se han adherido a la Unión en 2004 o posteriormente;

26.  Celebra que el Tribunal de Justicia haya alcanzado una composición más equilibrada entre los funcionarios de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión antes de 2004 y los de los Estados miembros que accedieron a ella en 2004 o posteriormente; Expresa, no obstante, su profunda preocupación por el considerable desequilibrio geográfico en los puestos de dirección superiores e intermedios, en detrimento de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión en 2004 o posteriormente; pide al Tribunal de justicia que trate de corregir esa situación y que informe al Parlamento sobre las mejoras logradas en este sentido;

27.  Lamenta que las normas internas del Tribunal de Justicia en materia de denuncia de irregularidades no se adoptaran hasta principios de 2016; recomienda que el Tribunal de Justicia difunda esas normas entre su personal de modo que todos los empleados las conozcan; pide al Tribunal de Justica que facilite de aquí a junio de 2017 detalles sobre los casos de denuncias de irregularidades en 2015 (si los hubo) y cómo fueron tratados y cerrados;

28.  Insta al Tribunal de Justicia a disponer la presentación de una declaración de intereses en lugar de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, puesto que la autoevaluación de los conflictos de intereses constituye en sí un conflicto de intereses; considera la evaluación de una situación de conflicto de intereses ha de realizarla un tercero independiente; pide al Tribunal de Justicia que notifique a más tardar en junio de 2017 los cambios introducidos e indique quién es el responsable de comprobar las situaciones de conflicto de intereses; reitera que la transparencia es un factor clave para la confianza de los ciudadanos; pide al Tribunal de Justicia que establezca normas claras relativas a la «puertas giratorias» y que adopte medidas y sanciones disuasorias, como la reducción de las pensiones o la prohibición de trabajar durante al menos tres años en organismos similares, con el fin de evitar el fenómeno de las «puertas giratorias»;

29.  Observa la cooperación del Tribunal de Justicia con los servicios de interpretación del Parlamento y de la Comisión en el marco del Comité Interinstitucional de Traducción e Interpretación, especialmente en el ámbito de la interpretación; apoya esta cooperación y espera que se extienda al ámbito de la traducción, siempre que sea posible y sin menoscabar las responsabilidades del Tribunal de Justicia;

30.  Pide al Tribunal de Justicia que facilite al Parlamento los costes de traducción con arreglo a la metodología armonizada acordada en el marco del grupo de trabajo interinstitucional sobre indicadores de rendimiento y actividad interinstitucional clave;

31.  Observa que la carga de trabajo de la Dirección de la Traducción del Tribunal de Justicia se vio incrementada en un 1,4 % y su productividad aumentó un 7 % en 2015 gracias al control de la externalización de la carga de trabajo y la aplicación de nuevas herramientas de apoyo a la traducción;

32.  Apoya la revisión de los gastos y de las condiciones de uso de los vehículos oficiales llevada a cabo de forma conjunta por los servicios de auditoría interna del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Cuentas; pide al Tribunal de Justicia que considere, en el marco de dicha revisión, la posibilidad de reducir el número de vehículos oficiales a disposición de sus miembros y su personal; pide asimismo al Tribunal de Justicia que mejore los controles del uso de vehículos oficiales con fines privados;

33.  Acoge con satisfacción el compromiso del Tribunal de Justicia con los ambiciosos objetivos que se ha fijado en materia de medio ambiente; anima a la institución a aplicar los principios de la contratación pública ecológica y pide que se establezcan normas y un presupuesto adecuado para la compensación de las emisiones de carbono;

34.  Toma nota de la detallada información relativa a la política inmobiliaria del Tribunal de Justicia, en particular en relación con la construcción de una quinta ampliación del actual complejo de edificios;

35.  Acoge con satisfacción la apertura de los archivos históricos del Tribunal de Justicia en los archivos históricos de la Unión en Florencia;

36.  Saluda la iniciativa del Tribunal de Justicia de publicar su informe anual de actividad en un nuevo formato; pide al Tribunal de Justicia que publique el informe anual del Tribunal de Cuentas, en particular las partes que hacen referencia al Tribunal de Justicia;

37.  Pide al Tribunal de Justicia que mejore su política de comunicación con los ciudadanos de la Unión;

38.  Considera incompleta la respuesta proporcionada por el Tribunal de Justicia a la pregunta formulada por el Parlamento en relación con las indemnizaciones (pregunta n.º 26); pide aclaraciones al Tribunal de Justicia y solicita una respuesta clara y detallada.

(1) DO L 69 de 13.3.2015.
(2) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(3) DO C 375 de 13.10.2016, p. 1.
(4) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(6) Véase el anexo a la Resolución legislativa del Parlamento de 28 de octubre de 2015, Declaración conjunta del Parlamento Europeo y del Consejo, Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0377


Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Tribunal de Cuentas
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Decisión
Resolución
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección V – Tribunal de Cuentas (2016/2155(DEC))
P8_TA(2017)0149A8-0151/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0273/2016)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad(4) de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0151/2017),

1.  Aprueba la gestión del secretario general del Tribunal de Cuentas en la ejecución del presupuesto del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma al Tribunal de Cuentas, al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección IV – Tribunal de Justicia (2016/2155(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección V – Tribunal de Cuentas,

–  Visto el Informe Especial n.° 7/2010 del Tribunal de Cuentas Europeo: «Gestión de los conflictos de intereses en varias agencias de la UE seleccionadas»,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0151/2017),

A.  Considerando que, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión subraya la especial importancia de seguir reforzando la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas, y mediante la aplicación del concepto de presupuestación basada en el rendimiento y la buena gobernanza de los recursos humanos;

1.  Valora positivamente la cooperación entre el Tribunal de Cuentas (el «Tribunal») y la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, así como el intercambio regular de información con arreglo a las solicitudes del Parlamento; acoge con agrado la práctica reciente que permite al Parlamento presentar sus sugerencias al Tribunal para su programa de trabajo anual; pide un debate anual aún más estructurado entre el presidente del Tribunal y la Conferencia de Presidentes de Comisión del Parlamento;

2.  Observa que las cuentas anuales del Tribunal son fiscalizadas por un auditor externo independiente para someterlas a los mismos principios de transparencia y responsabilidad que el auditor aplica a los demás organismos fiscalizados; toma nota de la opinión del auditor de que los estados financieros del Tribunal dan una imagen fidedigna de la posición financiera del Tribunal;

3.  Señala que en 2015 los créditos definitivos del Tribunal ascendieron a un total de 132 906 000 EUR (133 498 000 EUR en 2014) y que el porcentaje global de ejecución presupuestaria fue del 98,68 %; hace hincapié en que el porcentaje de ejecución fue inferior al de 2014 (98,8 %);

4.  Destaca que el presupuesto del Tribunal es puramente administrativo, utilizándose en su mayor parte para los gastos relativos a las personas que trabajan en la institución; hace hincapié, no obstante, en que la introducción de la presupuestación basada en el rendimiento no solo debería aplicarse al presupuesto de la institución en conjunto, sino incluir también la fijación de metas específicas, medibles, alcanzables, realistas y acotadas en el tiempo (SMART) para los planes anuales propios de los departamentos, las unidades y el personal; celebra, a este respecto, la aplicación por parte del Tribunal del principio de presupuestación basada en el rendimiento en sus operaciones cotidianas;

5.  Recuerda al Tribunal que, con arreglo al Enfoque Común sobre las agencias descentralizadas, adoptado en julio de 2012 por el Parlamento, el Consejo y la Comisión, la fiscalización de las agencias descentralizadas seguirá siendo «responsabilidad del Tribunal de Cuentas, que gestionará todos los procedimientos administrativos y de contratación pública necesarios»; anima al Tribunal a que presente propuestas para resolver la cuestión de la fiscalización de las agencias en el marco de la revisión en curso del Reglamento Financiero y la revisión subsiguiente del Reglamento financiero marco; considera que este asunto se debería aclarar a fin de reducir significativamente cualquier carga administrativa excesiva para las agencias descentralizadas, sin disminuir la necesidad y eficacia de la labor del Tribunal;

6.  Observa que la reforma del Tribunal se llevó a cabo en 2015 y fue considerada un éxito por el Tribunal; espera con interés recibir una evaluación intermedia de la estrategia del Tribunal para el período 2013-2017 que incluya un análisis de los logros en relación con los principales objetivos de la reforma;

7.  Acoge con satisfacción el nuevo enfoque orientado al valor añadido de la Unión en los informes del Tribunal; pide una mayor cooperación con las demás instituciones de la Unión para elaborar indicadores de rendimiento y prioridades para la buena gobernanza financiera;

8.  Señala que la revisión del artículo 163 del Reglamento Financiero prevé «que los informes especiales se elaboren y aprueben en un plazo [...] de 13 meses»(6); observa que este margen de tiempo no se respetó en 2015; urge al Tribunal a que respete el plazo sin comprometer la calidad de los informes; anima al Tribunal, en este sentido, a que mejore las recomendaciones de sus informes especiales a fin de que sean aún más específicas;

9.  Considera que las instituciones receptoras deberían dar más importancia a los informes especiales del Tribunal y que debería haber informes específicos anuales; subraya que la eficacia de los distintos informes especiales podría reforzarse si se agrupasen en el tiempo en relación con ámbitos políticos específicos, lo que permitiría al Parlamento dedicar informes ad hoc a dichos informes especiales del Tribunal fuera del ciclo de aprobación de la gestión;

10.  Lamenta que el Tribunal no haya presentado aún un informe especial sobre el conflicto de intereses en todas las agencias, en particular en las relacionadas con sectores industriales, en contra de las solicitudes formuladas por el Parlamento en sus resoluciones de aprobación de la gestión desde 2012; insta al Tribunal a elaborar y publicar informes especiales sobre conflictos de intereses antes de finales de junio de 2017 y a publicar dichos informes con carácter anual; considera que la elaboración de informes anuales sobre conflictos de intereses por el Tribunal fundamental para la integridad de las instituciones de la Unión, órganos y agencias y para evitar conflictos de intereses entre las agencias de la Unión, en particular las relacionadas con la industria, y los grupos de presión

11.  Observa que el Tribunal está cumpliendo el acuerdo interinstitucional de reducir el personal en un 5 % en un período de cinco años; pide que se le informe a más tardar en junio de 2017 sobre la concordancia entre esta reducción y las nuevas contrataciones efectuadas por el Tribunal en 2015, así como sobre el porcentaje de nuevas contrataciones en 2015;

12.  Lamenta que exista un desequilibrio de género entre los miembros del Tribunal de cinco a veintitrés en 2015, y que el número de mujeres se redujese a tres integrantes en 2016; lamenta, además, que el Tribunal experimente un desequilibrio de género continuo en los puestos de alta dirección y mando intermedio (30,4 % mujeres frente a 69,6 % hombres); pide al Tribunal que promueva el equilibrio de género, en particular en los puestos de dirección; pide asimismo al Tribunal que informe a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria de las medidas adoptadas y de los resultados logrados, sin menoscabo de su misión;

13.  Pone de relieve que el equilibrio geográfico, a saber la relación proporcional entre las diversas nacionalidades del personal y el tamaño de los Estados miembros respectivos, debe seguir siendo un elemento importante de la gestión de los recursos humanos, sobre todo con respecto a los Estados miembros que se han adherido a la Unión en 2004 o posteriormente; celebra que el Tribunal de Justicia haya alcanzado una composición más equilibrada entre funcionarios de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión antes de 2004 y funcionarios de los Estados miembros que se adhirieron en 2004 o posteriormente; señala, no obstante, que los Estados miembros que se adhirieron en 2004 o posteriormente están todavía infrarrepresentados en los niveles más altos de la administración y en los puestos directivos, aspecto en el que todavía se esperan progresos;

14.  Se muestra preocupado por el elevado número de días de baja por enfermedad del personal; pide al Tribunal que dedique sus actividades de bienestar a garantizar el bienestar de su personal a fin de desempeñar mejor su cometido central;

15.  Toma nota del método empleado por el Tribunal para calcular las bajas por enfermedad del personal; considera que el método no es adecuado para calcular de manera eficaz las ausencias por enfermedad; pide al Tribunal que aplique un sistema de cálculo basado en los días laborables de ausencia por cada empleado, como hacen otras instituciones;

16.  Toma nota de que el Tribunal organizó cinco jornadas de trabajo fuera de sus locales («away days»), principalmente para la preparación de la reforma del Tribunal, con un bajo porcentaje de participación de los miembros del personal (solo 107); pide al Tribunal que enfoque mejor sus actividades de bienestar para incluir el desarrollo proactivo y positivo de los recursos humanos, con la participación de tantos miembros del personal como sea posible;

17.  Toma nota del marco ético reforzado del Tribunal para la prevención de los conflictos de intereses, así como de las conductas impropias por parte de su personal; pide al Tribunal que informe al Parlamento de la revisión de sus normas internas contra el acoso;

18.  Insta al Tribunal a disponer la presentación de una declaración de intereses en lugar de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, puesto que la autoevaluación de los conflictos de intereses constituye en sí un conflicto de intereses; considera la evaluación de una situación de conflicto de intereses ha de realizarla un tercero independiente; pide al Tribunal que notifique a más tardar en junio de 2017 los cambios introducidos e indique quién es el responsable de comprobar las situaciones de conflicto de intereses; reitera que la integridad y la transparencia son factores clave para la confianza del público; pide al Tribunal que establezca normas claras relativas a la «puertas giratorias» y que adopte medidas y sanciones disuasorias, como la reducción de las pensiones o la prohibición de trabajar durante al menos tres años en organismos similares, con el fin de evitar el fenómeno de las «puertas giratorias»;

19.  Recuerda al Tribunal que las agencias descentralizadas de la Unión han de adoptar códigos de buena conducta administrativa y que han de utilizar el registro de transparencia como instrumento de referencia para su interacción con los representantes de intereses;

20.  Pide al Comité que se adhiera al futuro Acuerdo interinstitucional sobre un Registro de Transparencia obligatorio;

21.  Acoge con agrado la creación del portal sobre transparencia en el sitio web del Tribunal, así como el hecho de que dicha institución ya disponga de normas sobre denuncia de irregularidades; recomienda que el Tribunal difunda esas normas entre su personal de modo que todos los empleados las conozcan; pide al Tribunal que facilite de aquí a junio de 2017 detalles sobre los casos de denuncias de irregularidades en 2015 (si los hubo) y cómo fueron tratados y cerrados;

22.  Toma nota de que en 2015 el Tribunal poseía tres edificios: K1, K2 y K3; pide al Tribunal que incluya el plan para las obras de modernización de estos edificios en su informe anual de actividades y que garantice la aplicación de las normas más elevadas en materia de eficiencia energética durante las reformas;

23.  Toma nota del resumen de la política inmobiliaria del Tribunal incluido en su informe anual de actividades y solicita que en el futuro se facilite información más detallada sobre este aspecto;

24.  Toma nota del aumento del volumen de traducción en 2015, casi un 3 % más que en 2014; señala que, en el marco de la reforma del Tribunal, se optimizó la estructura de la dirección encargada de la traducción; pide al Tribunal que aclare el modo en que esta dirección ha mejorado su labor;

25.  Toma nota de las negociaciones entre el Tribunal y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) para estudiar la posibilidad de un acuerdo administrativo; pide al Tribunal que informe de los progresos en las negociaciones sobre este asunto;

26.  Reitera sus peticiones al Tribunal con respecto a que, de conformidad con las normas vigentes en materia de confidencialidad y protección de datos, incluya en sus informes anuales de actividades los resultados y consecuencias de los casos cerrados de la OLAF en los que el Tribunal o cualquiera de los miembros de su personal haya sido objeto de investigación;

27.  Señala la recomendación del servicio de auditoría interna de estudiar un uso más racional de los vehículos oficiales del Tribunal; invita al Tribunal a que aborde esta cuestión en cooperación con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea e informe al Parlamento de las medidas adoptadas para racionalizar la gestión de la flota;

28.  Acoge con satisfacción los esfuerzos y los logros del Tribunal en relación con la reducción de su huella ambiental; toma nota de que el Tribunal inició el proyecto del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) en 2013 con el objetivo de obtener el certificado EMAS para finales de 2016; celebra que, el 13 de noviembre de 2015, el Tribunal adoptara una política ambiental para formalizar su participación en una iniciativa de gestión medioambiental de calidad; manifiesta su preocupación ante el retraso del certificado EMAS.

29.  Reitera el interés y la importancia de ampliar la cooperación con universidades de la Unión para la creación de estudios específicos sobre auditoria europea; pide al Tribunal que mantenga informado al Parlamento de la evolución y los resultados de esta cooperación;

30.  Pide al Tribunal que considere la posibilidad de formular recomendaciones con miras a una mejor comunicación sobre el Presupuesto de la Unión, sus funciones y su misión, y sobre cómo explicarlo de manera más eficaz a los ciudadanos de la Unión;

(1) DO L 69 de 13.3.2015.
(2) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(3) DO C 375 de 13.10.2016, p. 1.
(4) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(6) Veáse el artículo 251, apartado 1, de la propuesta de la Comisión COM(2016)0605.


Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Comité Económico y Social Europeo
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Decisión
Resolución
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección VI – Comité Económico y Social Europeo (2016/2156(DEC))
P8_TA(2017)0150A8-0144/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0274/2016)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0144/2017),

1.  Aprueba la gestión del secretario general del Comité Económico y Social Europeo en la ejecución del presupuesto del Comité Económico y Social Europeo para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Comité Económico y Social Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas, al Comité de las Regiones, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección VI – Comité Económico y Social Europeo (2016/2156(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección VI – Comité Económico y Social Europeo,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0144/2017),

A.  Considerando que, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión subraya la especial importancia de seguir reforzando la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión, mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas y la aplicación del principio de planificación presupuestaria basada en los resultados y la buena gobernanza de los recursos humanos;

1.  Acoge con satisfacción la conclusión a la que ha llegado el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal») en el sentido de que los pagos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 correspondientes a los gastos administrativos y otros gastos del Comité Económico y Social Europeo (en lo sucesivo, «Comité») estaban, en su conjunto, exentos de errores materiales;

2.  Observa con satisfacción que, en su informe anual correspondiente a 2015, el Tribunal no detectó insuficiencias graves respecto de las cuestiones auditadas relativas a los recursos humanos y la contratación pública del Comité;

3.  Toma nota de que en 2015 el presupuesto del Comité ascendió a 129 100 000 EUR (frente a 128 559 380 EUR en 2014), con un porcentaje de utilización del 95,9 %; señala que se ha producido un ligero aumento del porcentaje de utilización en 2015 con respecto a 2014;

4.  Observa que el presupuesto del Comité tiene un carácter eminentemente administrativo y que una proporción importante se destina a cubrir los gastos correspondientes al personal que trabaja en la institución, y que los importes restantes se destinan a edificios, mobiliario, material y diversos gastos de funcionamiento; destaca, no obstante, que la introducción del principio de planificación presupuestaria basada en los resultados no debe aplicarse únicamente al presupuesto del Comité en su conjunto sino que también debe incluir la fijación de objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y delimitados en el tiempo (objetivos SMART) para los distintos departamentos, unidades y planes anuales de personal; pide al Comité, a este respecto, que introduzca de manera más amplia el principio de planificación presupuestaria basada en los resultados en sus operaciones cotidianas;

5.  Toma nota de las observaciones del Comité en respuesta a la Resolución del Parlamento sobre la aprobación de la gestión de 2014 que figuran en anexo al informe anual de actividad del Comité; acoge con satisfacción la creación de un servicio de apoyo para la contratación pública en 2015;

6.  Toma nota de que 2015 fue el primer año de un nuevo mandato del Comité, lo que podría haber incidido sobre los resultados, en particular de las direcciones de carácter legislativo, incluidas las Direcciones de Interpretación, de Comunicación y de Recursos Humanos;

7.  Observa que el informe sobre la aplicación del Acuerdo de Cooperación entre el Parlamento y el Comité (en lo sucesivo, «Acuerdo») evalúa la cooperación entre ambas instituciones de manera pertinente y positiva;

8.  Toma nota de que, según el Comité, la naturaleza de la «cooperación reforzada» contemplada en el Acuerdo debe aclararse más y que algunos elementos continúan sin llevarse plenamente a la práctica y requieren un compromiso sostenido por parte de ambas instituciones; expresa su convencimiento de que la profundización de los esfuerzos en relación con la aplicación plena del Acuerdo y el desarrollo de sinergias tendrá resultados positivos para ambas partes;

9.  Reitera su petición para que se incluya una valoración conjunta de los ahorros presupuestarios obtenidos gracias al Acuerdo en su revisión intermedia o en el próximo informe de seguimiento del Acuerdo;

10.  Observa que los dictámenes del Comité no están bien integrados en el trabajo del Parlamento y pide al Comité que elabore propuestas junto con el secretario general del Parlamento para racionalizar los procedimientos del Comité y del Parlamento en este sentido;

11.  Toma nota de la celebración de un nuevo acuerdo bilateral de cooperación administrativa entre el Comité y el Comité Europeo de las Regiones, firmado en 2015; confía en que este acuerdo garantizará una mayor eficiencia en el rendimiento de ambos Comités; considera que debe preverse la fusión de funciones administrativas similares a fin de evitar duplicaciones de actividad inútiles;

12.  Observa que el Parlamento cerró el acceso directo entre los edificios RMD y REM debido a las inquietudes en materia de seguridad tras los ataques terroristas de París de noviembre de 2015; confía en que el Parlamento volverá a evaluar las cuestiones relativas a la seguridad, puesto que la reapertura de este acceso sería beneficiosa para las tres instituciones;

13.  Acoge con satisfacción los cambios administrativos introducidos en 2015, en particular la aplicación plena de un sistema basado en los costes para el reembolso de los gastos de viaje de sus miembros y la reestructuración completa del Portal de los miembros; pide al Comité que presente un desglose anual comparativo de los gastos de viaje de los miembros en 2014, 2015 y 2016;

14.  Toma nota de que, según el Reglamento interno del Comité, sus miembros son totalmente independientes en el ejercicio de sus funciones, en aras del interés general de la Unión; observa que las declaraciones de intereses de los miembros están disponibles en el sitio web del Comité; pide al Comité que se adhiera al futuro acuerdo interinstitucional sobre un registro de transparencia obligatorio;

15.  Expresa su preocupación por el elevado número de puestos permanentes vacantes en 2015 y alienta al Comité a que aplique las medidas necesarias para mejorar sus procedimientos de contratación;

16.  Observa con preocupación que continúa el desequilibrio de género en los puestos de dirección de grado superior e intermedio (de un 30 % / 70 % en los puestos de dirección de grado superior); lamenta, asimismo, el desequilibrio geográfico de los puestos de dirección de grado superior e intermedio, en particular la escasez de personal originario de los Estados miembros que se adhirieron a la Unión en 2004 o posteriormente; insta al Comité a que actúe para corregir estos desequilibrios e informe a la autoridad de aprobación de la gestión sobre las medidas adoptadas y los resultados logrados;

17.  Observa que el Comité tiene intención de cumplir el acuerdo interinstitucional(6) de reducir el personal en un 5 % a lo largo de un período de cinco años; pide que se le informe sobre la compatibilidad de esta reducción con la situación en 2016, en que se crearon tres nuevos puestos; sugiere que el Comité informe al Parlamento acerca de cualquier ahorro alternativo realizado para compensar el posible retraso en la reducción de personal;

18.  Acoge con satisfacción que las normas internas sobre la denuncia de irregularidades entraran en vigor a principios de 2016;

19.  Apoya plenamente la creación de puestos de asesores sobre cuestiones éticas para ayudar en posibles situaciones de acoso y la organización de una formación específica destinada a los cargos directivos para mejorar el conocimiento y la gestión de los casos de denuncia de irregularidades; lamenta que tres casos relacionados con el acoso tuviesen que ser objeto de acciones judiciales;

20.  No puede emitir una opinión en relación con el nivel del absentismo debido a las bajas por enfermedad toda vez que el informe facilitado por el Comité a este respecto es deficiente; pide al Comité que informe sobre las bajas por enfermedad del personal haciendo un desglose del número de días laborales que cada uno de los miembros del personal estuvo de baja por enfermedad;

21.  Toma nota de que el Comité redujo los costes medios de sus jornadas externas («away days») por participante en un 35 % en comparación con 2014 y que solo 218 miembros del personal participaron en este acto, frente a 415 en 2014; pide al Comité que organice sus actividades relacionadas con el bienestar de tal modo que pueda participar el mayor número de personas posible y contribuir, así, a seguir mejorando el bienestar del personal;

22.  Observa con satisfacción la tendencia a la baja del porcentaje de servicios de interpretación solicitados, que pasó de un 4,3 % en 2014 a un 3,5 % en 2015;

23.  Acoge con satisfacción la facilitación de datos relativos a los servicios de traducción con arreglo a la metodología armonizada establecida por el Comité Interinstitucional de Traducción e Interpretación; toma nota de la revisión en curso del Código de Conducta en materia de traducción que se efectúa conjuntamente con el Comité Europeo de las Regiones;

24.  Observa que la tasa de externalización de servicios de traducción aumentó hasta casi el 10 % en 2015 debido al traslado de parte del personal al Parlamento en virtud del Acuerdo; pide al Comité que realice una evaluación de la rentabilidad del sistema ahora vigente;

25.  Acoge con satisfacción el marco estratégico del Comité para el aprendizaje y el desarrollo, en particular el acento puesto en el aprendizaje adquirido entre colegas; pide al Comité que informe de este método concreto en su próximo informe anual de actividad;

26.  Observa con gran satisfacción los esfuerzos y los resultados alcanzados hasta la fecha en la mejora de la huella medioambiental del Comité, así como la renovación de la certificación del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS);

27.  Toma nota de los acuerdos administrativos entre el Comité y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude con vistas a establecer un marco estructurado de cooperación y facilitar el intercambio rápido de información;

28.  Acoge con satisfacción la información sobre la política inmobiliaria del Comité recogida en su informe anual de actividad, en particular como consecuencia de la importancia de que estos costes estén debidamente racionalizados y de que no resulten excesivos;

29.  Toma nota de los esfuerzos y los logros del Comité en lo que respecta al refuerzo de su política de información y comunicación; subraya, no obstante, que es más importante una mejora de la eficacia de sus dictámenes en el marco del proceso de toma de decisiones de la Unión que la mejora de su publicidad en general.

(1) DO L 69 de 13.3.2015.
(2) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(3) DO C 375 de 13.10.2016, p. 1.
(4) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(6) Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera (DO C 373 de 20.12.2013, p. 1)


Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Comité de las Regiones
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Decisión
Resolución
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección VII – Comité de las Regiones (2016/2157(DEC))
P8_TA(2017)0151A8-0141/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0275/2016)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0141/2017),

1.  Aprueba la gestión del secretario general del Comité de las Regiones en la ejecución del presupuesto del Comité de las Regiones para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Comité de las Regiones, al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social Europeo, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección VII – Comité de las Regiones (2016/2157(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección VII – Comité de las Regiones,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0141/2017),

A.  Considerando que, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión subraya la especial importancia de seguir reforzando la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas, y mediante la aplicación del concepto de presupuestación basada en el rendimiento y la buena gobernanza de los recursos humanos;

1.  Constata que el Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»), en su Informe Anual relativo al ejercicio 2015, observa que no se han detectado insuficiencias significativas respecto de las cuestiones examinadas relativas a los recursos humanos y la contratación pública del Comité de las Regiones (en lo sucesivo, «Comité»);

2.  Observa con satisfacción que, sobre la base de su trabajo de auditoría, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que los pagos del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015, los gastos administrativos y otros gastos de las instituciones y órganos están, en su conjunto, exentos de errores significativos;

3.  Observa que el presupuesto del Comité tiene un carácter eminentemente administrativo y que en su mayor parte se destina a cubrir los gastos correspondientes al personal que trabaja en el Comité, y los montantes restantes, a sus edificios, mobiliario, material y diversos gastos de funcionamiento; destaca, no obstante, que la introducción de la presupuestación basada en el rendimiento no debe aplicarse únicamente al presupuesto del Comité en su conjunto, sino que también debe incluir la fijación de objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y delimitados en el tiempo (objetivos SMART) para cada departamento y unidad y los planes anuales de personal; pide al Comité, a este respecto, que introduzca el principio de presupuestación basada en el rendimiento más ampliamente en sus operaciones diarias;

4.  Observa que, en 2015, el Comité dispuso de un presupuesto aprobado de 88 900 000 EUR (frente a 87 600 000 EUR en 2014), 87 200 000 EUR de los cuales incluían créditos de compromiso, con un índice de utilización del 98,2 %; toma nota de la ligera disminución del porcentaje de utilización en 2015;

5.  Observa que en 2015 se firmó un nuevo acuerdo bilateral de cooperación administrativa entre el Comité y el Comité Económico y Social Europeo; confía en que este acuerdo garantice una mayor eficiencia en el rendimiento del Comité y del Comité Económico y Social Europeo;

6.  Observa con satisfacción que el informe sobre la aplicación del Acuerdo de Cooperación entre el Parlamento y el Comité (en lo sucesivo, «Acuerdo») fue oportuno y evalúa positivamente la cooperación entre ambas instituciones; observa, no obstante, que la naturaleza de la cooperación «reforzada», mencionada en el Acuerdo, debe precisarse más;

7.  Acoge con satisfacción el interés del Comité en adoptar un enfoque más sistemático con respecto a la cooperación con el Parlamento, en particular en ámbitos políticos, así como con el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo; considera que un mayor desarrollo de las sinergias puede aportar resultados positivos a ambas instituciones;

8.  Reitera su petición para que se incluya una valoración conjunta de los ahorros presupuestarios obtenidos gracias al Acuerdo en el próximo informe de seguimiento del Acuerdo;

9.  Observa con preocupación que no se ha alcanzado ninguno de los objetivos fijados por el Comité en 2015 para aumentar la participación del Parlamento y del Consejo en las actividades relacionadas con los dictámenes del Comité;

10.  Observa que el Parlamento cerró el acceso directo entre los edificios RMD y REM debido a las preocupaciones en materia de seguridad tras los ataques terroristas de París en noviembre de 2015; confía en que el Parlamento volverá a evaluar las preocupaciones en materia de seguridad, puesto que la reapertura de este acceso sería sin duda beneficiosa para las tres instituciones;

11.  Observa con preocupación una disminución constante del porcentaje de ejecución de los pagos en 2015 en algunas partidas presupuestarias; toma nota de que 2015 fue el año de inicio del sexto mandato del Comité; considera, sin embargo, que el Comité no debe permitir que esto repercuta en la gestión presupuestaria; pide al Comité que mejore su rendimiento y se prepare mejor para el año en que inicie su séptimo mandato;

12.  Insta al Comité a que siga mejorando la transparencia de sus operaciones y a que incluya todos los datos disponibles sobre las misiones llevadas a cabo por sus miembros, así como datos detallados sobre los gastos, en el informe anual de actividades;

13.  Pide al Comité que se adhiera al futuro Acuerdo interinstitucional sobre un Registro de Transparencia obligatorio;

14.  Observa con preocupación el continuo desequilibrio de género en puestos de responsabilidad (un 25 % frente a un 75 % en puestos de dirección superiores y un 38 % frente a un 62 % en puestos de dirección intermedios); insta al Comité a que mejore su equilibrio de género e informe a la autoridad de aprobación de la gestión sobre las medidas adoptadas para abordar esta cuestión y los resultados logrados;

15.  Observa con satisfacción el buen equilibrio geográfico en los puestos directivos;

16.  Expresa su profunda preocupación por el elevado número de días de baja por enfermedad entre el personal del Comité; pide al Comité que evalúe las razones, que dedique su gobernanza de recursos humanos a mejorar la situación y que adapte sus actividades de bienestar de forma que incluyan a tantos miembros del personal como sea posible, con el fin de prevenir este tipo de absentismo;

17.  Expresa su preocupación por el hecho de que todavía no se hayan aplicado adecuadamente las recomendaciones de auditoría relativas al rendimiento de los proyectos informáticos para aplicación a nivel interno; pide al Comité que corrija esta situación lo antes posible;

18.  Acoge con satisfacción la facilitación de datos relativos a los servicios de traducción con arreglo a la metodología armonizada establecida por el Comité Interinstitucional de Traducción e Interpretación; observa que la revisión en curso del Código de Conducta para la traducción se efectuará conjuntamente con el CESE;

19.  Observa que la tasa de externalización de los servicios de traducción aumentó de un 2,57 % en 2014 a cerca de un 10 % en 2015 debido al traslado de parte del personal al Parlamento en virtud del Acuerdo; pide al Comité que realice una evaluación de la relación coste-rendimiento de este nuevo sistema establecido;

20.  Toma nota de las normas adoptadas por el Comité, en diciembre de 2015, en materia de denuncia de irregularidades; observa, asimismo, que en 2015 se abrió un expediente relativo a una denuncia de irregularidades; pide al Comité que mantenga informado al Parlamento sobre la evolución de este expediente;

21.  Considera que es fundamental que el Comité realice inmediatamente un seguimiento de las dos sentencias del Tribunal de la Función Pública de la Unión(6), así como del informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (7), del informe de la Oficina de Gestión y Liquidación de Derechos Individuales de la Comisión (PMO)(8) y de las Resoluciones del Parlamento(9), y que alcance un acuerdo justo, honorable y equitativo en relación con el caso de denuncia de irregularidades del antiguo auditor interno del Comité antes de que finalice 2017;

22.  Considera fundamental que el Comité colabore con el Comité Económico y Social Europeo para dar seguimiento inmediato a la sentencia del Tribunal de la Función Pública en un caso de acoso que implicaba a funcionarios de las dos instituciones(10), informe al Parlamento sobre la evolución del asunto y revise sus procedimientos para gestionar futuras acusaciones de acoso a fin de garantizar que dichos procedimientos estén en consonancia con la jurisprudencia del Tribunal de la Función Pública;

23.  Observa con gran satisfacción los esfuerzos y los resultados alcanzados hasta ahora en relación con la mejora de la huella medioambiental del Comité, así como la renovación de la certificación EMAS (sistema de gestión y auditoría medioambientales);

24.  Toma nota de los esfuerzos y logros del Comité en lo que respecta al refuerzo de su política de información y comunicación;

25.  Acoge con satisfacción la información sobre la política inmobiliaria del Comité que figura en su informe anual de actividades, en particular dada la importancia de que estos costes estén debidamente racionalizados y no resulten excesivos.

(1) DO L 69 de 13.3.2015.
(2) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(3) DO C 375 de 13.10.2016, p. 1.
(4) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(6) Sentencias del Tribunal de la Función Pública: asunto F-86/11 de 7 de mayo de 2013 (ECLI:EU:F:2011:189) y asunto F-156/12 de 18 de noviembre de 2014 (ECLI:EU:F:2014:247).
(7) Informe final de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude , de 8 de octubre de 2003.
(8) Informe de la Oficina de Gestión y Liquidación de Derechos Individuales de la Comisión, de 8 de mayo de 2008.
(9) Resoluciones del Parlamento Europeo de 29 de enero de 2004 (DO L 57 de 25.2.2004, p. 8), de 21 de abril de 2004 (DO L 330 de 4.11.2004, p. 153), de 12 de abril de 2005 (DO L 196 de 27.7.2005, p. 54), de 27 de abril de 2006 (DO L 340 de 6.12.2006, p. 44), de 29 de abril de 2015 (DO L 255 de 30.9.2015, p. 132) y de 28 de abril de 2016 (DO L 246 de 14.9.2016, p. 152) en apoyo del caso del auditor interno del Comité.
(10) Sentencia del Tribunal de la Función Pública (Sala Primera) de 26 de febrero de 2013, Asunto F-124/10: Vassilliki Labiri contra Comité Económico y Social Europeo (CESE) (ECLI:EU:F:2013:21).


Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Servicio Europeo de Acción Exterior
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Decisión
Resolución
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior (2016/2160(DEC))
P8_TA(2017)0152A8-0122/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0278/2016)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración(4) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(5), y en particular sus artículos 55, 99 y 164 a 167,

–  Visto el Informe Especial n.° 7/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo: «La gestión por parte del Servicio Europeo de Acción Exterior de sus edificios en todo el mundo»;

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0122/2017),

1.  Aprueba la gestión de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad en la ejecución del presupuesto del Servicio Europeo de Acción Exterior para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Servicio Europeo de Acción Exterior, al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal de Cuentas, así como al Defensor del Pueblo Europeo y al Supervisor Europeo de Protección de Datos, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior (2016/2160(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección X – Servicio Europeo de Acción Exterior,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0122/2017),

A.  Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión hace hincapié en la importancia especial que reviste reforzar aún más la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas y la aplicación del concepto de presupuestación basada en el rendimiento y la buena gobernanza de los recursos humanos;

1.  Acoge con agrado que, según el Tribunal de Cuentas (el «Tribunal»), el nivel global de error en la rúbrica 5 (Administración), incluido el presupuesto del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), siga siendo relativamente bajo, con una estimación del 0,6 % en 2015;

2.  Toma nota de que el Tribunal no identificó ninguna deficiencia significativa con respecto al informe anual de actividades y el sistema de control interno del SEAE;

3.  Pide al SEAE que solucione determinadas deficiencias observadas por el Tribunal en los procedimientos de contratación de los agentes locales en las delegaciones (a saber, una falta de transparencia en determinadas etapas del procedimiento) y en los procedimientos de adjudicación de contratos (sobre todo, evaluación incorrecta de las ofertas en relación con las especificaciones técnicas o uso del procedimiento incorrecto de adjudicación de contratos) organizados por las delegaciones;

4.  Concuerda con el Tribunal en que la mejora de las orientaciones, el diseño, la coordinación y la ejecución de los procedimiento de adjudicación de contratos para los contratos de escasa cuantía es importante, ya que estos contratos representaron el 4,5 % del valor total de los contratos celebrados en 2015; apoya la intención del SEAE de organizar seminarios regionales y proporcionar apoyo administrativo en materia de contratación para el conjunto de la red de delegaciones;

5.  Pide al SEAE que mejore la calidad de sus procedimientos de selección mediante la integración de toda la documentación justificativa necesaria; pide al SEAE que armonice en mayor medida los procedimientos de adjudicación de contratos llevados a cabo en las delegaciones; reitera sus peticiones de que se solucionen las deficiencias recurrentes en este ámbito manteniendo el apoyo administrativo para las delegaciones en las que la situación sea más crítica;

6.  Celebra el hecho de que en el marco del informe de gestión de la ayuda exterior (IGAE) correspondiente a 2015 se hayan publicado orientaciones mejoradas y más exhaustivas que refuerzan la supervisión de los jefes de las delegaciones, ya que cubren tanto los requisitos de rendición de cuentas como los de comunicación;

7.  Lamenta el aumento de la tasa media de anomalías en los compromisos hasta el 22,4 % en 2015 (frente al 18,3 % en 2014) al nivel de los controles ex ante;

8.  Señala que el presupuesto total del SEAE para 2015 fue de 602,8 millones de euros, lo que supone un incremento total del 16,2 % frente a 2014 como resultado de la transferencia a su presupuesto de 71,5 millones de euros del presupuesto administrativo de la Comisión (25,2 millones de euros) y de otras líneas presupuestarias (hasta 46,3 millones de euros) para financiar los costes comunes de las delegaciones de la Unión, como los alquileres, la seguridad de las oficinas o los costes informáticos; observa que no se incluyeron los fondos del FED;

9.  Señala que la ejecución del presupuesto administrativo del SEAE sigue siendo un punto de preocupación, ya que determinadas delegaciones reciben contribuciones presupuestarias de la Comisión procedentes de treinta y tres líneas presupuestarias diferentes además del presupuesto propio del SEAE; invita a todas las partes interesadas a seguir ajustando y simplificando las fuentes del presupuesto y sus disposiciones a fin de facilitar la ejecución presupuestaria; celebra la reciente disposición presupuestaria establecida con respecto a los costes administrativos del FED, que se cargarán al presupuesto del SEAE a partir de 2016 sobre la base de un cálculo de un importe estándar por persona;

10.  Toma nota de que el presupuesto de la sede ascendió a 218,9 millones de euros, de los que 140,5 millones de euros (o el 64,7 %) correspondieron al pago de los salarios y otros derechos del personal estatutario y externo, 30 millones de euros (o el 13,7 %) se destinaron a los edificios y 30,7 millones de euros estuvieron relacionados con los sistemas informáticos, el equipamiento y el mobiliario;

11.  Señala que el presupuesto de las delegaciones, de 383,9 millones de euros, se dividió entre 155,8 millones de euros (esto es, el 40,6 %) para los edificios y los gastos relacionados; 105,5 millones de euros (27,5 %) para la remuneración del personal estatutario; 60,1 millones de euros (15,7 %) para el personal externo y los servicios externos; 20,6 millones de euros (5,4 %) para otros gastos relacionados con el personal, y 41,9 millones de euros (10,9 %) para otros gastos administrativos; señala también que se recibieron 204,7 millones de euros de la Comisión para los gastos administrativos del personal de la Comisión destinado a las delegaciones de la Unión;

12.  Reitera su petición de que se preste atención, sobre todo en las delegaciones, a la «continuidad de la actividad» y la «gestión de documentos» en cuanto que normas fundamentales para el control interno, así como en cuanto que elementos significativos de la gestión, especialmente de cara a la disponibilidad y la fiabilidad de la información utilizada para distintos fines de gestión, como el seguimiento y la evaluación de las actividades y los proyectos y las presentación de informes al respecto;

13.  Observa que solo dos delegaciones formularon reservas relacionadas con la falta de un procedimiento de licitación adecuado y la falta de información clave sobre gestión para su uso a efectos de la declaración de fiabilidad;

14.  Apoya los contactos periódicos entre el SEAE y los servicios de la Comisión encargados de los asuntos exteriores en relación con la prevención y la detección del fraude;

15.  Apoya la creación del «Regional Centre Europe», iniciativa dirigida a proporcionar una mejor asistencia administrativa a las delegaciones de la Unión en los ámbitos de la gestión financiera, la adjudicación de contratos y los recursos humanos; espera con interés recibir la evaluación del proyecto piloto en 2017; anima al SEAE a mantener esta práctica de poner en común los conocimientos prácticos según proceda en otras regiones con miras a reducir progresivamente la carga administrativa y los costes en las delegaciones;

16.  Considera fundamental que se siga concienciando de manera periódica a los jefes de delegación sobre el papel clave que desempeñan en el refuerzo global de la fiabilidad, la gestión y la rendición de cuentas, especialmente en lo que respecta a la ponderación de los distintos componentes que pueden provocar la formulación de una reserva, además de sobre sus responsabilidades políticas; anima al SEAE a ofrecer formación y conocimientos técnicos a los jefes de delegación, sobre todo a los diplomáticos de los Estados miembros;

17.  Observa los cambios en la organización del SEAE y la racionalización de esta para simplificar las estructuras jerárquicas y los flujos de información y de este modo facilitar la formulación de respuestas del SEAE a las crisis o los retos políticos, así como para reducir el nivel de esferas jerárquicas con menos direcciones;

18.  Admite la característica crítica de la gestión de los recursos humanos en el ámbito del SEAE, con «tres fuentes» de contratación, la gestión de los desplazamientos de personal en las delegaciones y la consecución al mismo tiempo de la reducción anual del personal, que supuso diecisiete puestos para 2015 en la sede central;

19.  Señala que la cuota correspondiente a los diplomáticos de los Estados miembros representa el 32,9 % del total del personal AD del SEAE (esto es, 307 personas), frente al 33,8 % en 2014; destaca que este porcentaje es mayor en las delegaciones, con el 43,1 % o 166 diplomáticos de los Estados miembros, mientras que el porcentaje en la sede central es del 25,7 %; pide que haya una distribución más equilibrada del personal y recuerda al SEAE la importancia de poner en común los conocimientos especializados de los Estados miembros y del personal del SEAE en todos los niveles;

20.  Hace hincapié en que el número de diplomáticos de los Estados miembros destinados como jefes de delegación era de 63 de un total de 134 puestos de jefe de delegación, lo que supone el 47 % del total; destaca que esos 63 puestos se distribuyeron de manera desigual entre mujeres y hombres con un 16 % frente a un 84 %, y que solo 16 de los 63 puestos correspondían a nacionales de los Estados miembros que se habían adherido a la Unión en 2004 o posteriormente; señala también que la relación entre los sexos de los 29 jefes adjuntos de delegación era desequilibrada, con un 24 % frente a un 76 %, y que 6 de los jefes adjuntos de delegación eran diplomáticos de los Estados miembros;

21.  Observa que el número de expertos nacionales en comisión de servicios de los Estados miembros siguió aumentando en 2015 (8 % más frente a 2014) hasta alcanzar los 434 (376 destinados a la sede central y 58 a las delegaciones); señala que el 40 % de los 376 expertos nacionales en comisión de servicios (o 151) ubicados en Bruselas fue pagado por su administración nacional:

22.  Recuerda al SEAE la necesidad de garantizar el pleno respeto de la fórmula de dotación de personal en lo que respecta a la proporción entre el personal procedente de los Estados miembros y el de las instituciones de la Unión, tal como se establece en la Decisión del Consejo por la que se crea el SEAE;

23.  Indica que la distribución general por género está cercana a la paridad, con un equilibrio de 47 % / 53 % en el conjunto del personal, aunque en el caso del personal de nivel AD la diferencia es de un 31,7 % frente a un 68,3 % (comparado con la relación 31 % / 69 % en 2014); observa que esta proporción del 30 % se mantiene estable desde 2011;

24.  Reitera su preocupación por la desigualdad de género en los puestos directivos, ya que la relación actual es de 21,4 % / 78,6 %; lamenta que la proporción de personas del otro sexo que solicitan un puesto directivo se mantenga a un nivel tan bajo como el 16 %; considera que es importante hacer avances en este sentido y, por tanto, pide al SEAE que rediseñe sus condiciones y políticas de contratación a fin de atraer a ambos géneros por igual para los puestos directivos;

25.  Reitera que el equilibrio geográfico, principalmente la relación entre la nacionalidad del personal y el tamaño de los Estados miembros, debería ser un elemento importante de la gestión de los recursos humanos del SEAE, sobre todo con respecto a los Estados miembros que se han adherido a la Unión en 2004 o desde entonces; está profundamente preocupado por la infrarrepresentación permanente de esos Estados miembros tanto al nivel del personal como al nivel de la gestión; pide, por tanto, al SEAE que se esfuerce por corregir esta situación de manera notable; insiste sin embargo, en que estos Estados miembros están particularmente infrarrepresentados en el nivel administrativo más alto y en los puestos de dirección, y espera progresos notables en este sentido;

26.  Celebra el compromiso asumido por la vicepresidenta / alta representante ante el Parlamento de abordar el desequilibrio existente con una sobrerrepresentación de diplomáticos nacionales en los puestos de jefe de delegación y pide al SEAE que presente una revisión de su política de recursos humanos en el transcurso de 2017 en la que se aborden cuestiones como el equilibrio de género y la movilidad del personal entre instituciones, al mismo tiempo que se tiene en cuenta la repercusión desde el punto de los recursos humanos de cara al refuerzo de la acción exterior de la Unión y la visibilidad a través de la Estrategia Global de la UE;

27.  Anima al SEAE a seguir desarrollando la función de las delegaciones de la Unión, sobre todo facilitando y apoyando la coordinación entre los Estados miembros a la hora de proporcionar ayuda consular;

28.  Recuerda al SEAE que es muy sutil la separación entre la diplomacia económica y la presión; pide por consiguiente al SEAE que se adhiera al futuro Acuerdo interinstitucional sobre un Registro de Transparencia obligatorio, incluidas las delegaciones de la Unión, en la medida en que esto sea jurídicamente posible;

29.  Toma nota del gasto anual de 160 millones de euros dedicados a la red de delegaciones de la Unión y que supone más de un 50 % de incremento en comparación con el ejercicio financiero anterior; señala que el 80 % de las delegaciones aún funcionan mediante alquiler, y que los alquileres ascendieron a 53,04 millones de euros en 2015; acoge con satisfacción el instrumento de préstamo de 200 millones de euros para una mejor gestión de la política inmobiliaria y la reducción de los gastos de compra de las delegaciones; lamenta que, a pesar del instrumento de préstamo y el aumento del gasto, solo unos pocos edificios de las delegaciones sean propiedad del SEAE; pide al SEAE que no solo presente los contratos inmobiliarios de la delegación del ejercicio en curso, sino que proporcione también una visión general de la situación de todos los edificios de la delegación para el informe anual de actividad;

30.  Pide al SEAE que proceda a una revisión de su política inmobiliaria de acuerdo con las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en su Informe Especial n.º 7/2016, en particular por lo que respecta a:

   la necesidad de coherencia y de recuperación plena de los costes relativos a las tasas abonadas por los Estados miembros u otros órganos o instituciones de la Unión, que se alojan en edificios de oficinas de la delegación;
   la mejora de la selección de edificios de la delegación;
   la participación directa de la sede antes de alquilar (o renovar un contrato de arrendamiento) o de comprar edificios de oficinas;
   la mejora de su sistema de información de la gestión en materia inmobiliaria, a fin de que el SEAE disponga de información más fiable y pertinente que se pueda incorporar al proceso de planificación;

31.  Pide al SEAE que siga desarrollando el uso de superficies, especialmente abordando como un asunto prioritario la situación individual de los locales desocupados o innecesariamente grandes y los costes extra asociados que ha identificado el Tribunal (7,8 millones de euros), reconociendo al mismo tiempo los retos de la gestión inmobiliaria en unos entornos a menudo complejos;

32.  Hace hincapié en que el SEAE y los Estados miembros comparten el interés por considerar el uso de los edificios y seguir desarrollando la cooperación local en el ámbito de la gestión inmobiliaria, prestando una atención particular y continua a la rentabilidad, las cuestiones de seguridad y la imagen de la Unión;

33.  Celebra el aumento de los proyectos de coubicación de las delegaciones de la Unión con los Estados miembros gracias a la firma de seis memorandos de entendimiento en materia de coubicación en 2015, lo que dio como resultado un total de ochenta y seis proyectos de coubicación para el final de ese año; alienta al SEAE a que siga buscando la manera de ampliar estas buenas prácticas; considera que esta política debe incluir enfoques innovadores orientados a definir tanto una estrategia coordinada de coubicación con los Estados miembros deseosos de participar y unos acuerdos adecuados de costes compartidos en asuntos inmobiliarios y logísticos; observa que las disposiciones sobre coubicación también atañen a otras entidades que contribuyen a la gestión de las políticas exteriores, como el Banco Europeo de Inversiones, los servicios ECHO, las misiones de la política común de seguridad y defensa y los representantes especiales de la Unión;

34.  Deplora las deficiencias en el registro y las inexactitudes del sistema de información para la gestión de los edificios de oficinas y las residencias de las delegaciones; Pide una revisión periódica de la integridad y la fiabilidad de los datos codificados por las delegaciones de la Unión para ahondar en la planificación general en materia de superficie, ubicaciones y recuperación de costes;

35.  Insta al SEAE a que refuerce el control de su gestión y sus instrumentos de control de todos los costes derivados de la política inmobiliaria a fin de garantizar una visión global y un seguimiento exactos de todos los gastos en este ámbito; considera que debe hacerse hincapié en la supervisión de los límites máximos definidos en la política inmobiliaria, a fin de reducir el alquiler anual total de las oficinas de las delegaciones y los costes recurrentes relacionados y de garantizar la adecuación de las contribuciones pagadas por las entidades en régimen de coubicación, la cobertura de los costes corrientes derivados de las situaciones de coubicación y la adecuación de los costes a las condiciones del mercado local;

36.  Opina que deben desarrollarse rápidamente los conocimientos jurídicos y técnicos en materia de gestión inmobiliaria al tiempo que se considera cualquier opción alternativa rentable, como el recurso al asesoramiento externo (por ejemplo, de operadores locales) para la prospección del mercado o la posible negociación con los propietarios;

37.  Pide al SEAE una lista anual de las inspecciones efectuadas en las delegaciones;

38.  Pide al SEAE que encargue a la inspección de las delegaciones que efectúe inspecciones de los cinco últimos contratos de alquiler o de compra de residencias para embajadores de la Unión, incluida la residencia de Tirana (Albania), y que informe al respecto al Parlamento;

39.  Apoya la aplicación de una estrategia a medio y largo plazo para identificar todas las opciones posibles en este ámbito, desde las prioridades de inversión o las posibilidades de adquisiciones hasta la renovación de contratos de arrendamiento o el compartir dependencias con los Estados miembros, teniendo en cuenta las previsiones de personal y la planificación y el desarrollo de políticas;

40.  Anima al SEAE a seguir aplicando el sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), así como el principio de la contratación pública ecológica en su política inmobiliaria, sin olvidar que las condiciones locales de las 139 delegaciones exigen un cierto grado de flexibilidad;

41.  Opina que la seguridad del SEAE y sus delegaciones se ha de reforzar en mayor medida, y pide al SEAE que le dé prioridad a la hora de escoger edificios y espacios para sus delegaciones; considera que la seguridad de los edificios debería constituir una parte integral de su política inmobiliaria y que el plan de evacuación del SEAE y sus decisiones sobre evacuación, según corresponda, se deberían coordinar con las representaciones de los Estados miembros afectados.

42.  Celebra que el SEAE prevea un proyecto para una visión común y una actuación conjunta con el objetivo de lograr una Europa más fuerte que contribuya a la paz y la seguridad en la región y en todo el mundo;

43.  Pide al SEAE que mejore su política de comunicación con respecto a los ciudadanos de la Unión.

(1) DO L 69 de 13.3.2015.
(2) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(3) DO C 375 de 13.10.2016, p. 1.
(4) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.


Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Defensor del Pueblo Europeo
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