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Procedimiento : 2017/2193(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0312/2017

Textos presentados :

A8-0312/2017

Debates :

PV 25/10/2017 - 15
CRE 25/10/2017 - 15

Votaciones :

PV 26/10/2017 - 10.9
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Textos aprobados :

P8_TA(2017)0420

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Jueves 26 de octubre de 2017 - Estrasburgo Edición definitiva
Mandato de negociación para las negociaciones comerciales con Nueva Zelanda
P8_TA(2017)0420A8-0312/2017

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2017, que contiene la recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre el mandato de negociación para las negociaciones comerciales entre la Unión Europea y Nueva Zelanda (2017/2193(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497),

–  Vista la Declaración conjunta, de 29 de octubre de 2015, del presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y el primer ministro de Nueva Zelanda, John Key,

–  Vista la Declaración Conjunta sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión Europea y Nueva Zelanda, de 21 de septiembre de 2007, y el Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión Europea y Nueva Zelanda firmado el 5 de octubre de 2016,

–  Visto el paquete de medidas comerciales de la Comisión publicado el 14 de septiembre de 2017, en el que la Comisión se compromete a publicar todos los futuros mandatos de negociación comercial,

–  Visto el Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa mutua en materia aduanera, firmado el 3 de julio de 2017,

–  Vistos otros acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y Nueva Zelanda, en particular el Acuerdo sobre medidas sanitarias aplicables al comercio de animales vivos y productos de origen animal y el Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo en materia de evaluación de la conformidad,

–  Vistas sus anteriores resoluciones, en particular la de 25 de febrero de 2016, sobre la apertura de las negociaciones sobre los acuerdos de libre comercio con Australia y Nueva Zelanda(1), y la Resolución legislativa, de 12 de septiembre de 2012, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda por el que se modifica el Acuerdo sobre el reconocimiento mutuo en relación con la evaluación de la conformidad(2),

–  Visto el comunicado emitido tras la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno del G-20 celebrada en Brisbane los días 15 y 16 de noviembre de 2014,

–  Vista la Declaración conjunta, de 25 de marzo de 2014, del presidente Van Rompuy, el presidente Barroso y el primer ministro Key sobre la profundización de la asociación entre Nueva Zelanda y la Unión Europea,

–  Visto el dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 16 de mayo de 2017, sobre la competencia de la Unión para firmar y celebrar el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur(3),

–  Visto el estudio, de 15 de noviembre de 2016, sobre los efectos acumulados de los futuros acuerdos comerciales en la agricultura de la Unión, publicado por la Comisión,

–  Visto el proyecto de informe de su Comisión de Comercio internacional «Hacia una estrategia de comercio digital» (2017/2065(INI)),

–  Vistos el artículo 207, apartado 3, y el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 108, apartado 3, de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0312/2017),

A.  Considerando que la Unión y Nueva Zelanda obran juntos para abordar desafíos comunes en un amplio abanico de cuestiones y que cooperan en diversos foros internacionales, en particular en cuestiones de política comercial en el ámbito multilateral;

B.  Considerando que en 2015 la Unión fue el segundo socio comercial de Nueva Zelanda en lo que respecta a las mercancías, ascendiendo el comercio de mercancías entre la Unión y Nueva Zelanda a 8 100 millones de euros y el comercio de servicios a 4 300 millones de euros;

C.  Considerando que en 2015 el volumen de la inversión extranjera directa de la Unión en Nueva Zelanda ascendió a 10 000 millones de euros;

D.  Considerando que Nueva Zelanda es parte en el Acuerdo sobre Contratación Pública;

E.  Considerando que el 30 de julio de 2014 la Unión concluyó las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión Europea y Nueva Zelanda;

F.  Considerando que el sector agrícola europeo y determinados productos agrícolas, como la carne de vacuno y ovino, los productos lácteos, los cereales y el azúcar —incluidos los azúcares especiales—, son cuestiones especialmente delicadas en estas negociaciones;

G.  Considerando que Nueva Zelanda es el primer exportador mundial de mantequilla y el segundo exportador mundial de leche en polvo, y que también es un actor de primer orden en el mercado mundial de las exportaciones de otros productos lácteos y de carne de vacuno y ovino;

H.  Considerando que la Unión y Nueva Zelanda participan en la actualidad en negociaciones plurilaterales para seguir liberalizando el comercio de productos ecológicos (Acuerdo sobre Bienes Ambientales) y el comercio de servicios (Acuerdo sobre el Comercio de Servicios);

I.  Considerando que la Unión reconoce que la protección de los datos personales en Nueva Zelanda es adecuada;

J.  Considerando que Nueva Zelanda es parte de las negociaciones ya concluidas de la Asociación Transpacífica (ATP), cuyo futuro sigue siendo incierto, y de las negociaciones en curso sobre la Asociación Regional Económica General en Asia Oriental, que reúne a sus principales socios comerciales; que Nueva Zelanda tiene un acuerdo de libre comercio con China desde 2018;

K.  Considerando que, en el marco de la ATP, Nueva Zelanda asumió compromisos importantes para promover a largo plazo la conservación de determinadas especies y luchar contra el tráfico ilegal de especies silvestres mediante medidas reforzadas de conservación, y que también estableció requisitos para garantizar efectivamente la protección del medio ambiente e implicarse en una cooperación regional reforzada; considerando que esos compromisos deben servir de marco de referencia para el acuerdo de libre comercio entre la Unión y Nueva Zelanda;

L.  Considerando que Nueva Zelanda es uno de los socios más antiguos y cercanos de la Unión, que comparte con esta valores comunes y está comprometida con el fomento de la prosperidad y la seguridad en el marco de un sistema mundial basado en normas;

M.  Considerando que Nueva Zelanda ha ratificado y aplicado los principales convenios internacionales sobre derechos humanos, sociales y laborales y sobre protección del medio ambiente, y respeta plenamente el Estado de Derecho;

N.  Considerando que Nueva Zelanda es uno de los únicos seis miembros de la OMC que aún no tienen acceso preferente al mercado de la Unión ni han entablado negociaciones a tal fin;

O.  Considerando que, tras la declaración conjunta de 29 de octubre de 2015, se iniciaron ejercicios exploratorios para evaluar la viabilidad y la voluntad común de iniciar negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio entre la Unión y Nueva Zelanda; que el ejercicio exploratorio ha concluido;

P.  Considerando que el Parlamento tendrá que decidir si concede su aprobación al posible acuerdo de libre comercio entre la Unión y Nueva Zelanda;

Contexto estratégico, político y económico

1.  Subraya la importancia de profundizar en las relaciones entre la Unión y la región de Asia y el Pacífico, entre otros motivos para promover el crecimiento económico en Europa, y destaca que este elemento debe reflejarse en la política comercial de la Unión; reconoce que Nueva Zelanda es una parte fundamental de esta estrategia y que la ampliación y profundización de las relaciones comerciales puede contribuir a alcanzar este objetivo;

2.  Elogia a Nueva Zelanda por su compromiso firme y coherente con la agenda comercial multilateral;

3.  Considera que el pleno potencial de las estrategias de cooperación bilateral y regional de la Unión solo podrá alcanzarse apoyando un comercio basado en normas y valores, y que la celebración de un acuerdo de libre comercio de alta calidad, ambicioso, equilibrado y equitativo con Nueva Zelanda, con ánimo de reciprocidad y beneficio mutuo y sin debilitar en ningún caso la ambición de lograr avances a escala multilateral o la aplicación de los acuerdos bilaterales o multilaterales ya celebrados, constituye una parte fundamental de esas estrategias; considera que una cooperación bilateral más profunda puede propiciar una mayor cooperación multilateral y plurilateral;

4.  Considera que la negociación de un acuerdo de libre comercio moderno, profundo, ambicioso, equilibrado, equitativo y de amplio alcance es un modo adecuado de profundizar en la asociación bilateral y de seguir reforzando las maduras relaciones bilaterales que ya existen en materia de comercio e inversiones; estima que estas negociaciones podrían servir de ejemplo para una nueva generación de acuerdos de libre comercio y destaca la importancia de elevar el nivel de ambición, ampliando los límites de lo que implica un acuerdo de libre cambio moderno, habida cuenta de la economía y el entorno normativo altamente desarrollados de Nueva Zelanda;

5.  Subraya que la Unión y Nueva Zelanda se cuentan entre los líderes mundiales en el ámbito de las políticas de sostenibilidad medioambiental y que, en este contexto, tienen la oportunidad de negociar y aplicar un capítulo de desarrollo sostenible muy ambicioso;

6.  Advierte del riesgo de que las disposiciones agrícolas del acuerdo presenten un fuerte desequilibrio desfavorable a la Unión, así como de la tentación de utilizar la agricultura como moneda de cambio para lograr un mayor acceso al mercado neozelandés de productos industriales y de servicios;

Ejercicio exploratorio

7.  Observa que el ejercicio exploratorio Unión-Nueva Zelanda concluyó el 7 de marzo de 2017, para satisfacción tanto de la Comisión como del Gobierno de Nueva Zelanda;

8.  Celebra la puntual conclusión y publicación por parte de la Comisión de su evaluación de impacto, cuya finalidad es ofrecer una valoración exhaustiva de las posibles ventajas y desventajas resultantes de la intensificación de las relaciones comerciales y de inversión entre la Unión y Nueva Zelanda, en beneficio de los ciudadanos y las empresas de ambas partes, incluidos los países y territorios de ultramar y las regiones ultraperiféricas, prestando al mismo tiempo especial atención al impacto medioambiental y social, también en el mercado laboral de la Unión, y anticipando y tomando en consideración las repercusiones que podría tener el brexit en los flujos comerciales y de inversiones desde Nueva Zelanda a la Unión, en particular en lo que se refiere a la preparación de los intercambios de ofertas y el cálculo de contingentes;

Mandato de negociación

9.  Pide al Consejo a que autorice a la Comisión a entablar negociaciones sobre un acuerdo comercial y de inversión con Nueva Zelanda sobre la base del resultado del ejercicio exploratorio, las recomendaciones establecidas en la presente Resolución, la evaluación de impacto y unos objetivos claros;

10.  Pide al Consejo que, en la decisión por la que adopte las directrices de negociación, respete plenamente el reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros, tal como se desprende del dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2017;

11.  Pide a la Comisión y al Consejo que presenten lo antes posible una propuesta sobre la futura arquitectura general de los acuerdos comerciales teniendo en cuenta el dictamen del Tribunal de Justicia 2/15 sobre el Acuerdo de Libre Comercio con Singapur, y que distingan claramente entre los acuerdos sobre comercio y sobre liberalización de inversión extranjera directa que abarquen únicamente cuestiones que son competencia exclusiva de la Unión, y un posible segundo tipo de acuerdos que comprendan las materias en que la competencia se comparte con los Estados miembros; destaca que esta distinción repercutiría en el procedimiento de ratificación parlamentaria y que no tiene por finalidad eludir los procesos democráticos nacionales, sino que es una cuestión de delegación democrática de competencias basada en los tratados europeos; pide una estrecha implicación del Parlamento en todas la negociaciones, tanto presentes como futuras, y en todas las fases del proceso;

12.  Pide a la Comisión, cuando presente para su firma y celebración los acuerdos finalizados, y al Consejo, cuando decida sobre la firma y celebración de los acuerdos, que respeten plenamente el reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros;

13.  Pide a la Comisión que lleve a cabo las negociaciones con la mayor transparencia posible, pero sin fragilizar la posición negociadora de la Unión y garantizando, al menos, el mismo nivel de transparencia y consulta pública ofrecido en el marco de las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión con los EE. UU. a través de un diálogo permanente con los interlocutores sociales y la sociedad civil, y que respete las mejores prácticas establecidas en otras negociaciones; celebra la iniciativa de la Comisión de publicar todas sus recomendaciones de directrices de negociación para acuerdos comerciales, y considera que es un precedente positivo; insta al Consejo a que siga este ejemplo y publique las directrices de negociación en cuanto sean adoptadas;

14.  Subraya que los acuerdos de libre comercio deben dar lugar a un mejor acceso a los mercados y a la facilitación del comercio sobre el terreno, generar empleo digno, garantizar la igualdad de género en beneficio de los ciudadanos de ambas partes, promover el desarrollo sostenible, respetar las normas de la Unión, proteger los servicios de interés general y respetar los procesos democráticos, y deben impulsar al mismo tiempo las posibilidades de exportación de la Unión;

15.  Destaca que un acuerdo ambicioso debe abordar en profundidad las inversiones; el comercio de bienes y servicios (teniendo presentes las recientes recomendaciones del Parlamento sobre respeto del espacio político y sobre sectores sensibles); las aduanas y la facilitación del comercio; la digitalización, el comercio electrónico y la protección de datos; la investigación tecnológica y el apoyo a la innovación; la contratación pública; la energía; las empresas públicas; la competencia; el desarrollo sostenible; cuestiones de regulación, como normas de gran calidad en materia sanitaria y fitosanitaria y otras normas sobre productos agrícolas y alimentarios, sin debilitar los elevados niveles de exigencia de la Unión; normas estrictas, eficaces y exigibles en materia laboral y medioambiental; y la lucha contra la elusión fiscal y la corrupción sin exceder los límites de las competencias exclusivas de la Unión, todo ello prestando especial atención a las necesidades de las microempresas y las pymes;

16.  Pide al Consejo que reconozca explícitamente las obligaciones de la otra parte para con los pueblos indígenas;

17.  Subraya que la Unión Europea es líder mundial en la promoción de la política de bienestar animal y que, dado que el acuerdo de libre comercio entre la Unión y Nueva Zelanda afectará a millones de animales de granja, la Comisión debe garantizar que las partes se comprometan firmemente a mejorar el bienestar y la protección de dichos animales;

18.  Pone de relieve que el comercio ilegal de especies silvestres tiene importantes repercusiones ambientales, económicas y sociales, y que un acuerdo ambicioso debe promover la conservación de todas las especies silvestres y de sus hábitats, además de luchar intensamente contra la captura, el comercio y el tránsito ilegales de especies silvestres;

19.  Destaca que una gestión pesquera inadecuada y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) pueden tener importantes repercusiones negativas en el comercio, el desarrollo y el medio ambiente, y que las partes deben asumir importantes compromisos en favor de la protección de tiburones, rayas, tortugas y mamíferos marinos, así como de la prevención de la sobrepesca, el exceso de capacidad y la pesca INDNR;

20.  Subraya que, para que un acuerdo de libre comercio sea realmente beneficioso para la economía de la Unión, en las directrices para la negociación han de incluirse los siguientes aspectos:

   a) liberalización del comercio de bienes y servicios y posibilidades reales de acceso para ambas partes a los respectivos mercados de bienes y servicios mediante la eliminación de todas las barreras normativas innecesarias, garantizándose al mismo tiempo que ningún elemento del acuerdo impida a cualquiera de las partes adoptar regulación, de manera proporcionada, para lograr los objetivos legítimos de sus políticas; el acuerdo: i) no debe impedir a las partes definir, regular, prestar y apoyar servicios de interés general, y debe incluir disposiciones expresas al respecto; ii) no debe imponer a los Gobiernos la privatización de servicios ni debe impedirles ampliar el ámbito de los servicios que prestan a la población; iii) no debe impedir a los Gobiernos retomar el control público de servicios que hubieran decido privatizar en el pasado, como el abastecimiento de agua, la educación, la sanidad y los servicios sociales, y no debe disminuir las estrictas normas de la Unión en materia de salud, alimentación, protección de los consumidores, medioambiente, trabajo y seguridad, ni limitar la financiación pública del arte y la cultura, la educación, la sanidad y los servicios sociales, como ha ocurrido con acuerdos comerciales anteriores; deben asumirse compromisos sobre la base del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS); destaca en este sentido que deben mantenerse las normas exigidas a los productores europeos;
   b) en la medida en que el acuerdo incluya un capítulo sobre reglamentación nacional, pide a los negociadores que no incluyan ninguna prueba de necesidad;
   c) compromisos sobre medidas antidumping y compensatorias que vayan más allá de las normas de la OMC en este ámbito, con la posibilidad de excluir su aplicación si las normas comunes y la cooperación en materia de competencia son suficientes;
   d) reducción de las barreras no arancelarias innecesarias, y refuerzo y ampliación del diálogo sobre cooperación en materia de reglamentación, de carácter voluntario, cuando sea posible y beneficioso para ambas partes, sin limitar la capacidad de cada parte de llevar a cabo actividades reglamentarias, legislativas y de definición y aplicación de políticas, ya que la cooperación en materia de reglamentación debe tener por objeto favorecer la gobernanza de la economía mundial intensificando la convergencia y la cooperación en materia de normas internacionales, por ejemplo mediante la adopción y la aplicación de las normas de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas, garantizando al mismo tiempo el más alto nivel de protección de los consumidores (por ejemplo, la seguridad de los alimentos), del medio ambiente (por ejemplo, la salud y el bienestar de los animales y la salud de las plantas) y la protección social y laboral;
   e) concesiones importantes en materia de contratación pública en todos los niveles de gobierno, incluidas las empresas públicas y las empresas con derechos especiales o exclusivos, que garanticen el acceso al mercado de las empresas europeas en sectores estratégicos y el mismo grado de apertura que presentan los mercados de contratación pública de la Unión, dado que la transparencia y la simplificación de los procedimientos para los licitadores, incluidos los de otros países, también pueden ser herramientas eficaces para impedir la corrupción y fomentar la integridad de la administración pública, al tiempo que se hace un uso eficiente del dinero de los contribuyentes en términos de calidad de los resultados, eficiencia, eficacia y rendición de cuentas; garantías de que se aplican criterios ecológicos y sociales en la adjudicación de contratos públicos;
   f) un capítulo específico que tenga en cuenta las necesidades y los intereses de las pymes por lo que respecta a la facilitación del acceso al mercado y que trate, entre otras, cuestiones relativas a una mayor compatibilidad de las normas técnicas y a la racionalización de los procedimientos aduaneros, con el fin de generar oportunidades de negocio concretas y fomentar su internacionalización;
   g) habida cuenta del dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur, según el cual el comercio y el desarrollo sostenible son de la competencia exclusiva de la Unión, y que el desarrollo sostenible forma parte integrante de la política comercial común de la Unión, un capítulo sólido y ambicioso en materia de desarrollo sostenible será indispensable en todo acuerdo que se quiera celebrar; disposiciones que establezcan herramientas eficaces para el diálogo, el seguimiento y la cooperación, incluidas disposiciones vinculantes y exigibles que estén sujetas a mecanismos de solución de controversias adecuados y eficaces, y la posibilidad, entre distintos métodos de garantizar el cumplimiento, de un mecanismo de sanciones, permitiendo al mismo tiempo una participación adecuada de los interlocutores sociales y la sociedad civil, así como una estrecha cooperación con expertos de las organizaciones multilaterales pertinentes; disposiciones en el capítulo sobre aspectos laborales y medioambientales del comercio y la importancia del desarrollo sostenible en el contexto del comercio y la inversión, que abarquen disposiciones para promover la adhesión a los principios y normas pertinentes acordados a escala internacional y su aplicación efectiva, incluidas las normas laborales básicas y los convenios prioritarios de gobernanza de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los acuerdos medioambientales multilaterales y, en particular, los relativos al cambio climático;
   h) el requisito de que las partes promuevan la responsabilidad social de las empresas, teniendo en cuenta también los instrumentos reconocidos a nivel internacional, y la adopción de las directrices sectoriales de la OCDE y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos;
   i) disposiciones de amplio alcance sobre la liberalización de las inversiones dentro del ámbito de competencia de la Unión que tomen en cuenta las últimas novedades en el contexto de esta política, por ejemplo el dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2017 sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur;
   j) medidas vigorosas y exigibles para el reconocimiento y la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluidas las indicaciones geográficas de los vinos y las bebidas espirituosas y otros productos agrícolas y alimentarios; procedimientos aduaneros simplificados y normas de origen sencillas y flexibles, adaptadas a un entorno complejo de cadenas de valor mundiales, que mejoren la transparencia y la exigibilidad de dichas normas, aplicándose, siempre que sea posible, normas de origen multilaterales y, en otros casos, normas de origen como el «cambio de subpartida arancelaria» que no supongan una carga;
   k) resultado equilibrado en los capítulos relativos a la agricultura y la pesca, que no pueden sino impulsar la competitividad y beneficiar a consumidores y productores, siempre que se preste la debida consideración a los intereses de todos los productores y consumidores europeos, respetando el hecho de que hay una serie de productos agrícolas sensibles a los que debe darse el trato adecuado, por ejemplo a través de contingentes arancelarios o de períodos de transición adecuados, teniendo debidamente en cuenta el impacto acumulado de los acuerdos comerciales en la agricultura y excluyendo del ámbito de las negociaciones los sectores más sensibles; la introducción de una cláusula bilateral de salvaguardia eficaz, adecuada, utilizable y rápida que permita la suspensión temporal de preferencias si, como consecuencia de la entrada en vigor del acuerdo comercial, el aumento de las importaciones provoca o amenaza con provocar perjuicios graves en sectores sensibles;
   l) disposiciones ambiciosas que permitan el pleno funcionamiento del ecosistema digital y promuevan los flujos de datos transfronterizos, incluidos principios como la competencia leal, y normas ambiciosas para las transferencias de datos transfronterizas que respeten plenamente las normas vigentes y futuras de la Unión en materia de protección de datos y de la intimidad, dado que los flujos de datos son motores cruciales de la economía de servicios y son un elemento esencial de las cadenas de valor mundiales de las empresas manufactureras tradicionales, por lo que deben limitarse en lo posible los requisitos de ubicación; la protección de los datos y la intimidad no constituyen un obstáculo para el comercio sino que son derechos fundamentales, consagrados en el artículo 39 del TUE y en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;
   m) disposiciones específicas e inequívocas sobre el trato concedido a los países y territorios de ultramar y a las regiones ultraperiféricas, para garantizar que se tengan en cuenta sus intereses específicos en estas negociaciones;

21.  Pide a la Comisión que garantice, como elemento fundamental de un acuerdo equilibrado, la protección del etiquetado, la trazabilidad y la autenticidad del origen de los productos agrícolas, para evitar dar a los consumidores una impresión falsa o que induzca a error;

22.  Pone de relieve la diferencia de tamaño entre el mercado único europeo y el mercado neozelandés, lo que debe tomarse en consideración de cara a un posible acuerdo de libre comercio entre ambas partes;

Papel del Parlamento

23.  Destaca que, tras el dictamen 2/15 del Tribunal de Justicia sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE-Singapur, se debe reforzar el papel del Parlamento en todas las fases de las negociaciones de este tipo de acuerdos, desde la aprobación del mandato hasta la celebración definitiva del acuerdo; espera con interés el inicio de las negociaciones con Nueva Zelanda, y confía en seguirlas de cerca y contribuir a que sus resultados sean satisfactorios; recuerda a la Comisión su obligación de informar al Parlamento de forma plena e inmediata en todas las fases de las negociaciones (antes y después de las rondas de negociación); se compromete a examinar las cuestiones legislativas y reglamentarias que puedan surgir en el contexto de las negociaciones y el futuro acuerdo, sin perjuicio de sus prerrogativas como colegislador; recuerda su responsabilidad fundamental de representar a los ciudadanos de la Unión y espera con interés poder favorecer debates integradores y abiertos durante el proceso de negociación;

24.  Recuerda que se pedirá al Parlamento que conceda su aprobación sobre el futuro acuerdo, como establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y que, por lo tanto, sus posiciones deben tenerse debidamente en cuenta en todas las fases; pide a la Comisión y al Consejo que soliciten la aprobación del Parlamento antes de su aplicación, integrando al mismo tiempo esta práctica en el acuerdo interinstitucional;

25.  Recuerda que el Parlamento supervisará la aplicación del futuro acuerdo;

o
o   o

26.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y, para información, a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y Parlamento de Nueva Zelanda.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0064.
(2) DO C 353 E de 3.12.2013, p. 210.
(3) ECLI:EU:C:2017:376.

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