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Procedimiento : 2016/2269(INI)
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Ciclo relativo al documento : A8-0340/2017

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A8-0340/2017

Debates :

PV 15/11/2017 - 24
CRE 15/11/2017 - 24

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PV 16/11/2017 - 7.10
CRE 16/11/2017 - 7.10
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Jueves 16 de noviembre de 2017 - Estrasburgo Edición definitiva
Lucha contra las desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento
P8_TA(2017)0451A8-0340/2017

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre de 2017, sobre la lucha contra las desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento (2016/2269(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo «TFUE»), y en particular su artículo 9,

–  Vista la Carta Social Europea revisada,

–  Vista la publicación de la Comisión de 2015 de la revisión trimestral del empleo y la situación social en la UE, de septiembre de 2015,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2014, titulada «Balance de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2014)0130),

–  Vista la publicación de la Comisión de 2012 sobre la evolución del empleo y de la situación social en Europa en 2012,

–  Visto el Conjunto de medidas de la Comisión sobre inversión social, de 20 de febrero de 2013, incluida la Recomendación 2013/112/UE titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas»,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2010, titulada «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial» (COM(2010)0758),

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020 — Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020), y su Resolución, de 16 de junio de 2010, sobre la Estrategia UE 2020(1),

–  Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones(2),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014‑2015(3),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2017, sobre un pilar europeo de derechos sociales(4),

–  Vista su Recomendación destinada al Consejo, de 7 de julio de 2016, sobre el 71.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas(5),

–  Vista su Resolución, de 14 de abril de 2016, sobre la consecución del objetivo de lucha contra la pobreza a la luz del aumento de los gastos de las familias(6),

–  Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2015, sobre la reducción de las desigualdades, en especial con respecto a la pobreza infantil(7),

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre una estrategia de la UE para las personas sin hogar(8),

–  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre el impacto de la crisis en el acceso de los grupos vulnerables a la asistencia(9),

–  Vista su Resolución, de 12 de junio de 2013, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia la inversión social para el crecimiento y la cohesión, incluida la ejecución del Fondo Social Europeo 2014-2020»(10),

–  Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2011, sobre la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social(11),

–  Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre el rostro de la pobreza femenina en la Unión Europea(12),

–  Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre la reducción de las desigualdades en salud en la UE(13),

–  Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre el papel de la renta mínima en la lucha contra la pobreza y la promoción de una sociedad integradora en Europa(14),

–  Vista su Resolución, de 9 de octubre de 2008, sobre la promoción de la inclusión social y la lucha contra la pobreza, incluida la pobreza infantil, en la Unión Europea(15),

–  Vista la pregunta con solicitud de respuesta oral O-000047/2016 – B8-0369/2016 sobre la lucha contra las desigualdades para impulsar el crecimiento económico sostenible e integrador de la Unión,

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 10 de diciembre de 2013, sobre el tema «Renta mínima europea e indicadores de pobreza»(16),

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de junio de 2011, sobre el tema «La Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la cohesión social y territorial»(17),

–  Visto el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 30 de septiembre de 2009, sobre el tema «Trabajo y pobreza: hacia un enfoque global indispensable»(18),

–  Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 31 de marzo de 2011, sobre la plataforma europea contra la pobreza y la exclusión social(19),

–  Visto el informe anual del Comité de Protección Social, de 10 de marzo de 2015, titulado «La situación social en la Unión Europea (2014)»(20),

–  Visto el Dictamen del Comité de Protección Social, de 15 de febrero de 2011, sobre la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión social – Iniciativa emblemática de la Estrategia «Europa 2020»(21),

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Third European Quality of Life Survey – Quality of life in Europe: Impacts of the crisis» (Tercera Encuesta Europea sobre la Calidad de Vida – Calidad de vida en Europa: impactos de la crisis),

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Third European Quality of Life Survey – Quality of life in Europe: Social inequalities» (Tercera Encuesta Europea sobre la Calidad de Vida – Calidad de vida en Europa: desigualdades sociales),

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Income inequalities and employment – patterns in Europe before and after the Great Recession» (Desigualdad de renta y modalidades de empleo en Europa antes y después de la Gran Recesión),

–  Visto el informe de síntesis de la Sexta Encuesta europea sobre las condiciones de trabajo de Eurofound,

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Social mobility in the EU» (Movilidad social en la UE),

–  Visto el informe de Eurofound titulado «New forms of employment» (Nuevas formas de empleo),

–  Vista la actualización temática de Eurofound titulada «Pay inequalities experienced by posted workers: Challenging the equal treatment principle» (Las desigualdades salariales de los trabajadores desplazados: un desafío al principio de igualdad de trato), que proporciona un resumen detallado de las posiciones de gobiernos e interlocutores sociales en toda Europa en lo que respecta al principio de igual remuneración a igual trabajo,

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Developments in working life in Europe: EurWORK annual review 2016» (Novedades en la vida laboral en Europa: revisión anual EurWORK 2016) y, en particular, su capítulo «Pay inequalities – Evidence, debate and policies» (Desigualdades salariales – Pruebas, debate y políticas),

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Occupational change and wage inequality: European Jobs Monitor 2017» (Cambios en el empleo y desigualdad salarial: Observatorio Europeo del Empleo 2017),

–  Visto el informe de Eurofound titulado «Women, men and working conditions in Europe» (Mujeres, hombres y condiciones laborales en Europa),

–  Vista la publicación de la Comisión titulada «European Economic Forecast Spring 2016»(22) (Previsiones económicas de la Comisión Europea de primavera de 2016),

–  Vista la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y, en concreto, su objetivo de desarrollo sostenible n.º 10, «Reducir las desigualdades dentro de los países y entre unos países y otros»,

–  Visto el informe de las Naciones Unidas titulado «Report on the World Social Situation 2007: The Employment Imperative» (Informe sobre la situación social en el mundo 2007: el imperativo del empleo),

–  Visto el informe de la OCDE, de 21 de mayo de 2015, titulado «In It Together: Why Less Inequality Benefits All» (Todos juntos: ¿por qué reducir la desigualdad nos beneficia?),

–  Visto el informe de la OCDE, de 19 de diciembre de 2011, titulado «Divided We Stand: Why Inequality Keeps Rising» (Estamos divididos: por qué sigue aumentando la desigualdad),

–  Visto el informe de la OCDE, de octubre de 2008, titulado «Growing Unequal? : Income Distribution and Poverty in OECD countries» (¿Crecimiento desigual?: Distribución de los ingresos y pobreza en los países de la OCDE),

–  Vista la nota de debate de los servicios del Fondo Monetario Internacional, de 17 de febrero de 2014, titulada «Redistribution, Inequality and Growth» (Redistribution, desigualdad y crecimiento)(23),

–  Vista la nota de debate de los servicios del Fondo Monetario Internacional, de 8 de abril de 2011, titulada «Inequality and Unsustainable Growth: Two Sides of the Same Coin?» (Desigualdad y crecimiento insostenible: ¿Dos caras de la misma moneda?)(24),

–  Vista la publicación de la OIT, de 3 de junio de 2013, titulada «World of Work Report 2013: Repairing the economic and social fabric» (Informe sobre el trabajo en el mundo 2013: reparando el tejido económico y social) y su capítulo «Snapshot of the United States» (Instantánea de los Estados Unidos),

–  Visto el informe publicado en septiembre de 2014 por el University College de Londres, como parte del proyecto «DRIVERS For Health Equity» (Motores en favor de la equidad sanitaria) titulado «Final Scientific Report: Social Inequalities in early childhood health and development: a European-wide systematic review» (Informe científico final: desigualdades sociales en la salud de la primera infancia y desarrollo: una revisión sistemática en toda Europa),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0340/2017),

A.  Considerando que la igualdad y la equidad forman parte integral de los valores europeos y constituyen una piedra angular del modelo social europeo, de la Unión y de sus Estados miembros; que entre los objetivos tanto de los Estados miembros como de la Unión figura el fomento del empleo, con vistas a conseguir elevadas tasas de empleo duradero y combatir la exclusión;

B.  Considerando que la desigualdad socava la confianza social y reduce el apoyo a las instituciones democráticas; que las medidas para luchar contra la desigualdad han de mejorarse en términos económicos, sociales y regionales, al objeto de fomentar un desarrollo armonioso en toda la Unión;

C.  Considerando que por desigualdad se entiende tanto la brecha salarial entre distintas personas como la pérdida de oportunidades personales, lo que impide la mejora potencial de sus capacidades y habilidades, y limita su desarrollo y, por ende, su posible contribución a la sociedad;

D.  Considerando que en el origen de la caída de la demanda se encuentra la crisis económica y financiera que azota a la zona del euro desde hace más de una década;

E.  Considerando que la desigualdad y el desempleo restringen la demanda efectiva, frustran la innovación y pueden dar lugar a una mayor fragilidad financiera; que una alta y creciente desigualdad obstaculiza no solo los progresos hacia la erradicación de la pobreza sino también los esfuerzos para mejorar la inclusión y la cohesión sociales;

F.  Considerando que la lucha contra las desigualdades puede servir de palanca para impulsar la creación de empleo y el crecimiento y, al mismo tiempo, reducir la pobreza; que el 47,5 % de todos los desempleados de la Unión corrían riesgo de pobreza en 2015(25);

G.  Considerando que la desigualdad socava el crecimiento y la creación de empleo de calidad(26), según instituciones internacionales como el FMI(27) o la OCDE(28), quienes también han afirmado que un nivel demasiado elevado y creciente de desigualdad entraña costes sociales directos, obstaculiza la movilidad social y puede, asimismo, inhibir el crecimiento sostenible tanto actual como futuro;

H.  Considerando que uno de los cinco objetivos de la Estrategia Europa 2020 aspira a reducir en al menos 20 millones el número de personas en situación o en riesgo de pobreza y exclusión social, de 115,9 millones en 2008 a, como mínimo, 95,9 millones en 2020; que en 2015 se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social 117,6 millones de personas, cifra que superaba en 1,7 millones a la correspondiente a 2008; que 32,2 millones de personas con discapacidad se encontraban en riesgo de pobreza y exclusión social en la Unión en 2012; que en 2013 había en la Europa de los Veintiocho 26,5 millones de niños en riesgo de pobreza y exclusión social; que el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social sigue manteniéndose en un nivel inaceptablemente alto (23,7 %) y que en algunos Estados miembros las cifras siguen siendo muy elevadas; que, además, la pobreza energética sigue siendo tan elevada que para el 11 % de la población de la Unión afectada genera un ciclo de desventaja económica(29);

I.  Considerando que el aumento de la desigualdad derivada de la crisis ha afectado especialmente a las mujeres, agravando la pobreza entre ellas y excluyéndolas cada vez más del mercado laboral; que la participación de la mujer en el mercado laboral debería aumentar mediante la aplicación eficaz de la legislación existente y complementaria en materia de igualdad entre mujeres y hombres y la optimización del marco político vigente con vistas a mejorar el equilibrio entre vida privada y vida laboral;

J.  Considerando que existe una correlación positiva entre una mayor igualdad entre hombres y mujeres y el refuerzo del crecimiento económico, la integración, la creación de empleo y la prosperidad de las empresas; que la reducción de las desigualdades profesionales no solo constituye un medio para alcanzar la igualdad de trato, sino también para garantizar la eficiencia del mercado laboral y la competitividad;

K.  Considerando que la OCDE destaca que una disminución de la desigualdad en un punto Gini se traduciría en un aumento del crecimiento acumulado del 0,8 % en los cinco años siguientes(30).

L.  Considerando que, según Eurofound, el «trabajo atípico» hace referencia a las relaciones de trabajo no conformes con el modelo estándar o típico de empleo a tiempo completo, regular y de duración indeterminada con un único empleador a lo largo de un período largo de tiempo; que, según la OIT, «formas atípicas de empleo» es un término genérico para diferentes modalidades de empleo que se apartan del empleo normal, incluido el trabajo temporal, a tiempo parcial y en régimen de guardias, el trabajo a través de una agencia de trabajo temporal y otras relaciones laborales múltiples, así como el empleo encubierto y empleo autónomo dependiente;

M.  Considerando que el aumento de la desigualdad está asociado a una menor movilidad social, unas capacidades humanas reducidas y límites a los derechos y libertades fundamentales; que el informe de Eurofound de 2017 sobre movilidad social en la UE(31) aporta pruebas de que la situación social sigue determinando las oportunidades en la vida en muchos Estados miembros;

N.  Considerando que el crecimiento en las economías de los Estados miembros depende de múltiples factores; que la creciente desigualdad podría tener un impacto negativo en el crecimiento; que el FMI ha detectado, a escala global, la existencia de una relación inversa entre la parte de la renta acumulada por el 20 % superior y el crecimiento económico, consistente en que si la parte de la renta del 20 % superior aumenta un punto porcentual, el crecimiento del PIB en los cinco años siguientes es, de hecho, inferior en 0,08 puntos porcentuales; que, inversamente, un aumento similar en la parte de la renta del 20 % inferior está asociado a un crecimiento superior en 0,38 puntos porcentuales;

O.  Considerando que la desigualdad es un fenómeno polifacético que no se restringe a cuestiones monetarias, sino que también afecta a las oportunidades de que disponen las personas en función de su género, origen étnico, discapacidad, orientación sexual, situación geográfica o edad, por ejemplo; que la existencia de múltiples desigualdades en el acceso al empleo y en el marco laboral plantea un riesgo para la salud y el bienestar personales, así como para las oportunidades financieras, y podría, por tanto, dar lugar a un descenso en la productividad;

P.  Considerando que la desigual cobertura en el ámbito de la protección social se analiza en el informe de Eurofound titulado «New forms of employment» (Nuevas formas de empleo)(32), que incluye un enfoque centrado en la más problemática de estas formas desde una perspectiva de protección social, a saber, el trabajo ocasional, y muestra ejemplos de legislación que excluye de forma expresa a los trabajadores ocasionales, y de otra legislación que pretende incluirlos, normalmente mediante una compensación sobre la base de umbrales de ingresos; que los vales de trabajo y el reparto estratégico de personal son ejemplos de formas de empleo atípicas orientadas a abordar la inadecuación de la protección social en los casos de trabajo ocasional o a tiempo parcial;

Q.  Considerando que las sociedades con mayores desigualdades de renta registran tasas más elevadas de mala salud y violencia, peores resultados en matemáticas y alfabetización, más casos de obesidad e índices más elevados de encarcelaciones y homicidios(33); que una sociedad más igualitaria implica un menor gasto en bienestar para el Estado;

R.  Considerando que las desigualdades a lo largo del ciclo de vida se traducen en desigualdades durante la vejez, como una menor esperanza de vida con buena salud, la pobreza en edad avanzada y una brecha de género en materia de pensiones de casi el 40 %; que las estrategias europeas para la erradicación de la pobreza son necesarias para la consecución de un desarrollo sostenible para todos;

S.  Considerando que la seguridad económica es un factor importante para la realización humana;

T.  Considerando que el 5 de octubre de 2015 el Consejo adoptó conclusiones sobre el «Informe sobre la adecuación de las pensiones (2015): adecuación de los ingresos presentes y futuros durante la vejez en la UE», en las que estima «fundamental que las pensiones públicas u otros sistemas de protección social contemplen garantías apropiadas para las mujeres y los hombres cuyas oportunidades de empleo no les permiten o no les han permitido acumular derechos de pensión suficientes», y afirma, además, que «dichas garantías incluyen especialmente pensiones mínimas u otros ingresos mínimos para personas de edad avanzada»(34);

U.  Considerando que la falta de financiación suficiente de la educación pública es una de las principales causas de disparidades sociales futuras y de desigualdades crecientes;

V.  Considerando que entre 2005 y 2015 el coeficiente de Gini para la Unión aumentó de 30,6 a 31 y que las desigualdades de renta entre el 20 % superior e inferior de la población subieron de 4,7 a 5,2; que la proporción de personas en situación de riesgo de pobreza económica está estrechamente relacionada con la desigualdad de los ingresos, y que la pobreza económica ha experimentado un crecimiento constante desde 2005; que, entre 2008 y 2014, varios Estados miembros experimentaron un aumento de las desigualdades en términos de renta disponible de los hogares(35);

W.  Considerando que las disparidades en el crecimiento económico entre los Estados miembros y dentro de ellos dan lugar a desequilibrios económicos en el seno de la Unión; que estas muy desiguales tendencias económicas han generado un desempleo excesivo y bolsas de pobreza;

X.  Considerando que la evolución global de las desigualdades es coherente con el aumento sostenido desde la década de los ochenta de la desigualdad en los países desarrollados, donde —según datos de la OCDE(36)— la desigualdad ha aumentado independientemente del ciclo económico, con determinadas excepciones, lo que ha conllevado un incremento del coeficiente de Gini de tres puntos entre 1980 y 2013 (de 0,29 a 0,32), que representa un aumento del 10 % en las últimas décadas;

Y.  Considerando que aunque el nivel de desigualdad puede verse determinado por muchos factores, son las instituciones y los impulsores de acciones políticas los responsables de afrontarlos, especialmente a nivel estructural; que existe un déficit de inversión en la UE y que las inversiones públicas y privadas son elementos clave para la reducción de la desigualdad mediante el fomento del empleo; que deben abordarse adecuadamente las deficiencias estructurales; que está prevista una actualización del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) para abordar el déficit de inversiones;

Z.  Considerando que las tendencias en materia de desigualdad no coinciden necesariamente con las tendencias relativas a la pobreza absoluta y a las formas extremas de pobreza, como las personas sin hogar;

AA.  Considerando que la prestación de asistencia y financiación adecuadas en materia de vivienda sostenible y permanente resulta fundamental a la hora de acceder al empleo, la educación y la sanidad, así como para el fortalecimiento de la integración y la aceptación local; que velar por la habitabilidad de los barrios y luchar contra la segregación son elementos importantes del apoyo a la integración y de la reducción de las desigualdades;

AB.  Considerando que, según Eurostat, el porcentaje de población en riesgo de pobreza en la UE fue del 24,4 % en 2015, y se elevaba al 26,9 % en el caso de los niños;

AC.  Considerando que las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por la crisis, y que los puestos de trabajo verdes han resultado ser más resistentes ante la crisis que otros puestos de trabajo;

AD.  Considerando que las mujeres están más expuestas al riesgo de pobreza y precariedad;

Establecer la coordinación de la política europea para combatir la desigualdad

1.  Afirma que las desigualdades constituyen una amenaza para el futuro del proyecto europeo, erosionan su legitimidad y mellan la confianza en la Unión como motor del progreso social, una dimensión de la Unión que ha de desarrollarse; recuerda que las desigualdades actuales tienen una repercusión negativa al debilitar la estabilidad política y social; hace hincapié en que la promoción de la convergencia al alza y la mejora de las condiciones de vida de todos los ciudadanos europeos deben seguir siendo el motor de una mayor integración;

2.  Cree firmemente que la reducción de las desigualdades debe ser una prioridad capital a nivel europeo, no solo con el fin de atajar la pobreza o para fomentar la convergencia, sino también como condición previa para la recuperación económica, la creación de empleo digno, la cohesión social y la prosperidad compartida;

3.  Destaca que la reducción de las desigualdades es esencial para promover unas democracias más justas y estables, garantizar la igualdad de trato sin dobles raseros, marginar el populismo, el extremismo y la xenofobia, y garantizar que la Unión Europea sea un proyecto compartido por sus ciudadanos;

4.  Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que la Unión Europea debe cumplir sus compromisos en virtud de los Tratados en lo que se refiere a promover el bienestar de sus pueblos, el pleno empleo y el progreso social, la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad entre ciudadanos procedentes de distintos entornos socioeconómicos, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño, así como la integración social de todas las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad o que estén marginadas;

5.  Solicita a la Comisión y a los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas, que evalúen el rendimiento y los resultados de la coordinación de la política económica, teniendo en cuenta la evolución del progreso social y la justicia social en la Unión; observa que el Semestre Europeo no ha dado prioridad a la consecución de estos objetivos ni a la reducción de las desigualdades; insta a la Comisión a que mejore el proceso de coordinación de políticas con el fin de supervisar, prevenir y corregir las tendencias negativas que pueden llevar a un aumento de las desigualdades y al debilitamiento del progreso social o bien afectar negativamente a la justicia social, estableciendo medidas preventivas y correctivas cuando sea necesario; opina que deben evaluarse e incorporarse, en su caso, en el Semestre Europeo políticas específicas orientadas a la lucha contra las desigualdades económicas;

6.  Estima que las medidas sociales pueden ser consideradas en algunas ocasiones como medidas de atenuación y han de complementarse con políticas económicas y reformas estructurales socialmente responsables de cara a lograr un crecimiento económico positivo, duradero y sostenible, y reducir estructuralmente la tendencia a la desigualdad a medio y largo plazo;

7.  Insta a la Comisión a que, en el marco del Semestre Europeo y sin perjuicio de las competencias nacionales, evalúe mejor los desequilibrios en términos de distribución de la renta y la riqueza, también a través de informes individuales de examen exhaustivo, si se detectan desequilibrios, como forma de vincular la coordinación económica con los resultados en materia social y de empleo; pide a la Comisión que establezca un panorama preciso y actualizado de las diferencias en renta y riqueza, cohesión social e inclusión social entre los países y en el seno de los mismos, así como que justifique mediante datos sólidos y detallados sus propuestas y recomendaciones de decisiones políticas; pide a la Comisión que estudie cuáles deberían ser los indicadores más precisos de las desigualdades económicas (entre el coeficiente de Gini, los índices de Palma, el índice de Theil, la cuota salarial, el porcentaje del salario mínimo en relación con el PIB per cápita o el salario medio, etc.), y que supervise la evolución de las desigualdades, teniendo también en cuenta la competitividad global y la productividad de todos los factores;

8.  Afirma que las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves o permanentes como las regiones más septentrionales, con una escasa densidad de población, las regiones insulares, transfronterizas y de montaña, tal y como se recogen en el artículo 174 del TFUE, así como las regiones despobladas y ultraperiféricas, tienen mayores dificultades para garantizar el acceso a servicios públicos como la sanidad y la educación y que debido a ello, la prestación de estos servicios acostumbra a ser más costosa para las finanzas públicas y los ciudadanos tienen que realizar un mayor desplazamiento para recibirlos;

9.  Reitera la necesidad de desarrollar inversiones dirigidas hacia una mejor vertebración territorial que permitan reforzar el tejido industrial de las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves o permanentes, en particular el acceso a banda ancha;

10.  Insta a la Comisión a que promueva entre los Estados miembros unos niveles ambiciosos de inversión en protección social, servicios e infraestructura a través de un uso más específico y estratégico de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, a fin de dar respuesta a las necesidades sociales y económicas de los Estados miembros y las regiones;

11.  Reitera su llamamiento en favor de la creación de un auténtico pilar europeo de derechos sociales, que fomente la convergencia al alza, teniendo en cuenta la distribución de competencias establecida en los Tratados, y la construcción de una dimensión social más justa y más profunda de la UEM;

12.  Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para colaborar con los Estados miembros en la consecución de todos los objetivos de la Estrategia Europa 2020, incluida la reducción de la pobreza y la exclusión social en veinte millones de personas, y para adaptar el ámbito de aplicación de la Estrategia Europa 2020, e incluir, por tanto, la lucha contra la desigualdad y la pobreza extrema entre sus objetivos; pide a la Comisión que siga prestando especial atención a la aplicación de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y que tenga en cuenta el cuadro de indicadores de Eurostat sobre los indicadores principales de la Estrategia Europa 2020, también en el procedimiento del Semestre Europeo y las recomendaciones específicas por país;

13.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros, recordando que estos últimos son los primeros responsables de sus políticas sociales —que deben ser apoyadas y complementadas por la acción europea—, que redoblen sus esfuerzos en pro de la reducción de la desigualdad entre los grupos de renta, y que impulsen un marco adecuado de medidas que garanticen, entre otras cosas, unas condiciones de trabajo dignas para todos, la educación pública, la salud, las pensiones y las infraestructuras públicas y los servicios sociales adecuados, y fomenten la igualdad de oportunidades; resalta que un marco de este tipo daría lugar a un «ascensor social» eficaz;

14.  Subraya que, el presupuesto de la Unión debe definir la ejecución de las políticas apropiadas para reducir las desigualdades y aumentar la cohesión social;

15.  Hace hincapié en la primacía de los derechos fundamentales; subraya que el Derecho laboral y unas normas sociales exigentes deben contribuir de forma decisiva a reequilibrar las economías, sostener las rentas e impulsar la capacidad de inversión; recuerda la importancia del respeto de los derechos sociales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluidos los derechos y libertades sindicales y los derechos de negociación colectiva, y de la defensa de la igualdad de trato de los trabajadores;

16.  Señala que no podemos ignorar la importancia futura de las políticas sectoriales a la hora de reducir las desigualdades y, en particular, la necesidad de fomentar el desarrollo del mercado interior y de una política de inversión a nivel europeo y nacional (por ejemplo, en grandes infraestructuras, sanidad, educación), y que la formulación de todos los aspectos de la política energética debe tener en cuenta las oportunidades que brindan dichas políticas en términos de factores económicos, sociales y territoriales, al objeto de garantizar la igualdad de oportunidades; pide a la Comisión que trabaje con los Estados miembros para desarrollar estrategias generales de creación de empleo, emprendimiento e innovación orientadas a la inversión estratégica en empleos ecológicos, en los sectores sociales, de la salud y de la atención, y en la economía social, cuyo potencial de creación de empleo está por explotar;

Medidas destinadas a impulsar la creación de puestos de trabajo dignos y de calidad

17.  Expresa su preocupación por la evolución de la desigualdad en la Unión tras la crisis, impulsada en gran medida por el creciente desempleo; es de la opinión de que el desempleo es una fuente de desigualdades y que las políticas para la creación de puestos de trabajo dignos y empleo de calidad centradas en las principales bolsas de desempleo podrían elevar la renta de los hogares en el quintil inferior;

18.  Pide a la Comisión que incluya, en la próxima revisión de la Directiva sobre la información por escrito, disposiciones que eliminen la discriminación basada en la situación contractual y garanticen el derecho de todos los trabajadores a unas condiciones de empleo equitativas, de acuerdo con las normas de trabajo decente de la OIT;

19.  Subraya, además, que unos niveles elevados de desempleo ejercen una presión a la baja sobre los salarios y, en algunos casos, pueden tener efectos perjudiciales en las condiciones laborales y sociales; destaca que la lucha contra el desempleo por sí misma es una condición necesaria pero no suficiente para reducir las desigualdades;

20.  Pide a la Comisión que proponga un mayor nivel de financiación de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) para el período 2017-2020 y que llegue mejor a los jóvenes menores de 30 años; pide a la Comisión que contribuya a una mejor aplicación de la Garantía Juvenil, concentrándose en los jóvenes más vulnerables, que suelen enfrentarse a necesidades complejas, y teniendo en cuenta los últimos resultados del informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre el uso de la Iniciativa de Empleo Juvenil, y velando por una aplicación y evaluación precisa y transparente;

21.  Destaca la importancia de hacer un mejor seguimiento de los jóvenes que salen del marco de la Garantía Juvenil o la Iniciativa de Empleo Juvenil con miras a su integración duradera y eficiente en el mercado laboral; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de dotar de una mayor flexibilidad a la Iniciativa de Empleo Juvenil, también para los países con buenos resultados en términos de políticas de juventud, mediante la integración de los regímenes de protección de los jóvenes en transición de la educación o la educación superior al mundo del trabajo, con el fin de compensar la exclusión de los jóvenes de los regímenes contributivos de protección social en Europa;

22.  Subraya que los programas como la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil no han de remplazar la labor llevada a cabo por los propios Estados miembros en la lucha contra el desempleo juvenil y la promoción la integración sostenible en el mercado laboral; reconoce que el factor decisivo para superar las desigualdades es una educación accesible y de calidad; pide, por lo tanto, un aumento de las inversiones en la educación pública y en el aprendizaje permanente;

23.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan hincapié en la necesidad de promover empleos verdes y de fomentar el empleo en las zonas rurales y en declive y que las hagan más atractivas para las mujeres;

24.  Pide a la Comisión, a través del FSE y el procedimiento del Semestre Europeo, y a los Estados miembros, mediante sus programas nacionales de reforma, que garanticen la plena aplicación de las medidas a escala nacional expuestas en la Recomendación del Consejo sobre la inserción en el mercado laboral de los desempleados de larga duración;

25.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que complementen la unión económica y monetaria con un mercado laboral europeo de pleno derecho combinado con una amplia cobertura en materia de protección social; considera que el buen funcionamiento de los mercados laborales y unos sistemas de bienestar sólidos y coordinados son esenciales en aras del éxito de la unión monetaria europea y forman parte de un proceso de convergencia más amplio hacia la cohesión económica, social y territorial; pide a la Comisión, en este sentido, que presente un estudio sobre el modo en que la UE puede apoyar y fomentar los programas de empleo público garantizado a nivel nacional;

26.  Pide a los Estados miembros que velen por una mejor adecuación de la educación y la formación a las necesidades del mercado laboral en toda la Unión, generando más oportunidades de movilidad y estrategias de contratación y de formación, en particular mediante la formación en el puesto de trabajo e inversiones específicas que impulsen la creación de puestos de trabajo y aumenten la demanda de empleo; recuerda que el reciclaje es un elemento importante que permite la reincorporación de las personas al mercado laboral, y contribuye a abordar el desempleo de larga duración y a adaptar mejor las competencias a los puestos de trabajo disponibles; destaca que la validación de las competencias y el reconocimiento del aprendizaje formal e informal son instrumentos importantes para que las competencias adquiridas se valoren en el mercado laboral; insiste en que las oportunidades de aprendizaje permanente deben fomentarse a lo largo de toda la vida, incluso en la vejez, de modo que pueda extraerse todo su potencial en la lucha contra las desigualdades;

27.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren para abordar la discriminación en la contratación y los procedimientos de contratación discriminatorios que impiden acceder al mercado de trabajo por razones (entre otras) de género, identidad o expresión de género, orientación sexual, características sexuales, origen étnico, discapacidad o edad;

Mejorar las condiciones de vida y de trabajo

28.  Manifiesta su preocupación por el volumen de trabajo no declarado, contratos de trabajo atípicos y otras formas de empleo atípicas, que pueden dar lugar a unas condiciones de trabajo precarias, salarios más bajos, explotación y unas contribuciones menores a la seguridad social, así como un aumento de la desigualdad en algunos Estados miembros; recuerda que han de facilitarse una seguridad social y protección social adecuadas con el fin de proteger a todos los trabajadores; pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos en la lucha contra la economía sumergida y el trabajo no declarado;

29.  Considera que la calidad de los puestos de trabajo en toda la Unión debe mejorarse, especialmente en lo que respecta a los salarios vitales, la seguridad en el empleo, el acceso a la educación y la formación permanente, y a la salud y la seguridad en el trabajo; pide a la Comisión que apoye nuevas líneas de investigación en relación con la supervisión y mejora de la creación de empleo de calidad y la competitividad global de la UE, sobre la base de la investigación llevada a cabo por Eurofound;

30.  Considera que ciertas formas de empleo como los contratos de cero horas y las prácticas no remuneradas no permiten unas condiciones de vida dignas; opina que es crucial garantizar oportunidades de aprendizaje y formación adecuadas y unas condiciones de trabajo dignas, en su caso, durante los períodos de prácticas y aprendizaje, establecer límites a las formas atípicas de trabajo, e impedir la utilización de los contratos de cero horas, el empleo de trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal para sustituir a trabajadores en huelga, y el uso de contratos de duración determinada para funciones permanentes;

31.  Observa, a este respecto, que el trabajo a tiempo parcial voluntario puede alentar a determinados grupos de personas, actualmente infrarrepresentados, a participar en el mercado laboral, y favorecer acuerdos que mejoren el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada;

32.  Cree firmemente que podría estudiarse la posibilidad de establecer una clasificación del empleo precisa y común a nivel europeo de cara a reducir la precariedad sobre la base de hechos y datos científicos; expresa su convencimiento de que la aplicación del principio de igualdad de retribución por el mismo trabajo realizado en el mismo puesto contribuirá a reducir las desigualdades entre los trabajadores;

33.  Hace hincapié en la relevancia de analizar adecuadamente los distintos efectos y aspectos de la creciente automatización y el impacto del retraso en la adaptación de la legislación, que podría amenazar con ejercer una presión a la baja sobre los sistemas de protección social y los salarios, afectando especialmente a los trabajadores de baja y media cualificación; destaca, en este contexto, la importancia de mantener la protección social y los salarios en niveles adecuados;

34.  Considera que la nueva Agenda de Capacidades debe proporcionar a todos los trabajadores un acceso asequible a la formación continua y asegurar su adaptación a la digitalización y a los cambios tecnológicos permanentes;

35.  Toma nota del dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre una directiva marco relativa a una renta mínima adecuada en la Unión Europea, que establecería normas e indicadores comunes, y proporcionaría métodos para el seguimiento de su aplicación; ; destaca que el instrumento de los presupuestos de referencia, que indican el coste de una vida digna en los diferentes tipos de alojamiento, composición y edades de los hogares, podría utilizarse para evaluar la idoneidad de los regímenes de renta mínima introducidos por los Estados miembros;

36.  Manifiesta su preocupación por los elevados niveles de no percepción de los regímenes de renta mínima, allí donde existen, lo que pone de relieve los numerosos obstáculos, entre ellos los procedimientos intrusivos y la estigmatización, ligados a su aplicación; considera que los programas de complemento de renta son fundamentales para evitar las tendencias económicas hacia la desigualdad, apoyando a las personas antes de que alcancen la fase de pobreza y exclusión social;

37.  Subraya la importancia del diálogo social y la negociación colectiva para determinar los salarios, y la necesidad de que estos mecanismos sigan en manos de los interlocutores sociales, en consonancia con su autonomía consagrada en los Tratados; pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio sobre un índice de salario mínimo vital europeo, a fin de calcular el coste de la vida y los ingresos aproximados precisos para atender a las necesidades básicas de una familia en cada Estado miembro y región; resalta que en todos los hogares un nivel de ingresos adecuado es fundamental para facilitar a los trabajadores pobres su independencia financiera y preservar, al mismo tiempo, la vivienda y la seguridad alimentaria;

38.  Subraya que, por lo que respecta a la financiación a largo plazo de la construcción de nuevas viviendas, además de los Fondos EIE y el FEIE, deben movilizarse otras fuentes de financiación tanto privada como pública para intensificar las actividades de los bancos públicos nacionales o de otras agencias en el ámbito de la vivienda social y asequible;

39.  Pide a la Comisión que mejore la salud y la seguridad en el trabajo, también mediante la correcta aplicación de la Directiva sobre ordenación del tiempo de trabajo;

40.  Recuerda que el derecho de negociación y de acción colectiva es un derecho fundamental en la Unión, y que las instituciones europeas deben respetarlo, observar sus principios y promover su aplicación(37); considera que la disminución del poder de negociación de los trabajadores y de los sindicatos no ha contribuido a dichos objetivos y podría ser una causa del bajo crecimiento salarial y la proliferación del trabajo precario;

41.  Señala la importancia de la protección de los derechos de los trabajadores y del fomento del poder de negociación de los empleados mediante reformas estructurales de los mercados de trabajo que promuevan el crecimiento sostenible, los puestos de trabajo dignos, la prosperidad compartida y la cohesión social; pone de relieve el papel del diálogo entre los interlocutores sociales para hacer frente a las desigualdades en el mercado laboral; pide a los Estados miembros y a la UE que garanticen el derecho de sindicación, así como la autonomía tanto de los sindicatos como de las asociaciones empresariales a la hora de entablar negociaciones a cualquier nivel;

42.  Subraya, además, la importancia del diálogo civil con representantes de diferentes grupos de la sociedad, en especial de quienes están más expuestos al riesgo de pobreza y exclusión social, cuando se debatan cuestiones relativas a las desigualdades;

43.  Pide que se aplique una política de lucha contra la discriminación que se convierta en un elemento central para asegurar la igualdad de oportunidades en materia de empleo y el fomento de la inclusión social; pide a los Estados miembros que desbloqueen la Directiva contra la discriminación;

44.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas para velar por que en el lugar de trabajo se aborden cuestiones como la discriminación, el acoso y la violencia de género, la identidad o expresión de género, la orientación sexual y las características sexuales (entre otras), y que se establezcan unos mecanismos claros en favor de las víctimas en materia de información y apoyo, así como procedimientos contra los autores;

Reforzar el estado del bienestar y la protección social

45.  Destaca que, en muchos países, los sistemas de bienestar y protección social se han visto presionados como resultado de la consolidación financiera, con repercusiones en términos de desigualdades de renta; considera que los sistemas de bienestar deben actuar como una red de seguridad y facilitar, además, la incorporación al mercado de trabajo; pone de relieve la necesidad de adoptar un enfoque multidimensional para alcanzar una mayor igualdad y cohesión social, tal y como se señala en la cláusula social horizontal (artículo 9 del TFUE) centrándose en la dimensión social de las políticas de la Unión y el compromiso de aplicar el principio de integración social en todas las políticas de la Unión;

46.  Señala que el progreso social, tal como se define en el Índice de progreso social europeo, es la capacidad de una sociedad de satisfacer las necesidades humanas básicas de sus ciudadanos, de establecer unas bases que permitan a los ciudadanos y comunidades mejorar y mantener la calidad de vida, y de crear las condiciones para que todos los individuos puedan alcanzar su pleno potencial;

47.  Alienta a los Estados miembros a que mejoren sus sistemas de bienestar (educación, sanidad, vivienda, pensiones y transferencias) sobre la base de una protección social elevada, a fin de lograr una amplia protección de las personas, teniendo en cuenta los nuevos riesgos sociales y grupos vulnerables que han aparecido a raíz de las crisis financiera, económica y, finalmente, social a las que han tenido que hacer frente los Estados miembros;

48.  Insta a los Estados miembros a impulsar la inversión en una educación y unos cuidados de la primera infancia que sean de calidad y asequibles, insistiendo en que esta inversión parece rentable, en particular para los niños de familias desfavorecidas; pide a los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión y en consonancia con los objetivos de Barcelona, que adopten las medidas adecuadas para garantizar un acceso universal y asequible a una enseñanza pública de calidad desde una edad temprana (0-3 años), elemento fundamental para luchar contra la desigualdad a largo plazo;

49.  Pide un acceso universal a una vivienda asequible y la protección de los hogares vulnerables contra los desahucios y el endeudamiento excesivo, y que se promueva un marco eficaz a escala europea para brindar una segunda oportunidad a las familias y los individuos;

50.  Insta a los Estados miembros a que adopten medidas urgentes en relación con la crisis migratoria y de los refugiados que se registra en la actualidad, y a que garanticen a los refugiados el acceso a un proceso rápido de aprendizaje de la lengua y cultura, la formación, una vivienda de calidad, la asistencia sanitaria y educación, la protección social y el mercado laboral, y el reconocimiento de aptitudes y capacidades formales y no formales, y a que velen por su integración en la sociedad;

51.  Afirma que debe darse a todas las personas un acceso universal a pensiones de jubilación y de vejez públicas, solidarias y adecuadas; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros a la hora de reforzar los sistemas de pensiones públicos y profesionales para proporcionar unos ingresos de jubilación adecuados por encima del umbral de la pobreza y permitir a los pensionistas mantener su nivel de vida y vivir con dignidad e independencia; reitera su llamamiento para establecer créditos de asistencia en los sistemas de pensiones al objeto de compensar las contribuciones no efectuadas por parte de mujeres y hombres por haber realizado cuidados de menores y a largo plazo como medio de reducir la brecha de género en materia de pensiones; hace hincapié en que, si bien los planes de pensiones personales pueden ser un medio importante para mejorar la adecuación de las pensiones, los sistemas de pensiones oficiales basados en la solidaridad siguen siendo el instrumento más eficaz para luchar contra la pobreza y la exclusión de la tercera edad;

52.  Destaca que deben garantizarse los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, incluyendo el derecho a un trabajo digno y sin barreras, unos servicios y una seguridad básica de los ingresos en función de las necesidades concretas del individuo, un nivel de vida digno y la inclusión social, y unas disposiciones específicas en materia de protección frente a la explotación y el trabajo forzado;

53.  Considera que el comercio internacional ha sido un motor del crecimiento pero que sus beneficios no siempre se distribuyen bien, por lo que puede percibirse como una fuente de desigualdades; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan acuerdos comerciales internacionales más justos que respeten la normativa europea del mercado laboral y los convenios fundamentales de la OIT, protegiendo al mismo tiempo el empleo de calidad y los derechos de los trabajadores y garantizando unos mecanismos europeos y nacionales para compensar a los trabajadores y sectores que resulten afectados negativamente por los principales cambios en los modelos de comercio internacional, incluido el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización;

54.  Pide a la Comisión que vele por que las políticas de competencia de la Unión hagan posible una competencia leal y contribuyan a la lucha contra los cárteles o las ayudas públicas incompatibles, que distorsionan los precios y el funcionamiento del mercado interior, con miras a garantizar la protección de los consumidores;

Combatir la pobreza y la exclusión social

55.  Considera que el derecho a la igualdad de oportunidades debe garantizarse en la Unión Europea; manifiesta su preocupación por que la actual situación de desigualdad en términos de oportunidades que afecta a quienes viven en la Unión, pero, en particular, a los niños y jóvenes, se vea agravada frecuentemente por el diseño de los sistemas educativos, que no se basa en la igualdad, y que tiene consecuencias perjudiciales para su bienestar y desarrollo como personas, contribuyendo así a un grado bajo de autoestima y de inclusión en la sociedad de los jóvenes europeos, especialmente los que carecen de recursos y oportunidades;

56.  Señala que la educación desempeña un papel preponderante en la reducción de las desigualdades, y pide por ello a los Estados miembros que redoblen esfuerzos e inviertan en grado suficiente para garantizar la igualdad de oportunidades; destaca la importancia del acceso universal por parte de los jóvenes que realizan estudios superiores a la educación y a las ayudas destinadas a los estudiantes; pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros en la creación de viviendas adecuadas, dignas y accesibles para los jóvenes con el fin de apoyarles en sus fases de transición;

57.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen la lucha contra la pobreza y, en particular, entre los menores, fijando objetivos de reducción de la pobreza infantil, garantizando la aplicación coordinada de la Recomendación sobre la inversión en la infancia y la creación de un sistema de garantía infantil;

58.  Señala, además, que numerosas actividades relacionadas con los ámbitos cultural y deportivo son sólidas herramientas de cohesión y de integración social, y recuerda que esos ámbitos ofrecen oportunidades en materia de empleo para los más desfavorecidos gracias al aprendizaje de competencias genéricas;

59.  Pide a los Estados miembros que contribuyan a lograr los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en lo que respecta a la reducción de la pobreza y el riesgo de exclusión social;

60.  Considera que el rápido incremento del número de personas sin domicilio fijo en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión constituye un asunto de preocupación urgente; estima que la Comisión, de conformidad con los principios recogidos en el pilar europeo de derechos sociales, debe apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por invertir la tendencia ascendente del número de personas sin domicilio fijo con vistas a su eliminación progresiva;

Lograr un verdadero equilibrio de género

61.  Observa que la Comisión ha atendido su llamamiento en favor de un mejor equilibro entre la vida laboral y la vida personal para las mujeres y los hombres que viven y trabajan en la Unión mediante la propuesta de Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, a fin de responder a los desafíos de las próximas décadas; recuerda su llamamiento en favor de una remuneración y protección social adecuadas, y subraya que las propuestas presentadas por la Comisión constituyen una buena base para incrementar la participación de la mujer en el mercado de trabajo y promover el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada, así como formas flexibles de organización del trabajo para las mujeres y los hombres como medio para reducir las desigualdades en el trabajo remunerado y no remunerado;

62.  Hace hincapié en que la mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, mejorando el apoyo a las mujeres empresarias, así como cerrando la brecha entre el nivel educativo de las mujeres y su posición en el mercado laboral y garantizando la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en términos de retribución, progresión de la carrera profesional y oportunidades de trabajar a tiempo completo, es un factor esencial de cara a la consecución de un crecimiento económico integrador y a largo plazo, la eliminación de la brecha de género en materia de pensiones, la lucha contra las desigualdades y el fomento de la independencia económica de las mujeres;

63.  Pide a la Comisión que, si procede, presente iniciativas legislativas para eliminar toda forma de brecha salarial entre hombres y mujeres, estableciendo multas para los centros de trabajo que incumplan el derecho a la igualdad mediante la fijación de salarios distintos para categorías laborales idénticas según las desempeñen principalmente hombres o mujeres;

64.  Lamenta que, a pesar de la legislación en vigor, que consagra el principio de igualdad de retribución por un trabajo de igual valor entre trabajadores y trabajadoras, siga existiendo una brecha salarial entre hombres y mujeres y una brecha de género en materia de pensiones aún mayor; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que aborden la brecha de género en materia de salarios y pensiones;

65.  Manifiesta su preocupación por el incremento de la tasa de pobreza entre las mujeres y por que sean las madres solteras y las mujeres jóvenes y de edad avanzada en particular quienes están afectadas por la pobreza; señala que la reducción en veinte millones de personas de los niveles de pobreza para 2020 puede alcanzarse mediante políticas activas de empleo y de lucha contra la pobreza basadas en una incorporación de la perspectiva de género centrada, ante todo, en el aumento y el apoyo a la participación de las mujeres en el mercado laboral; observa que la pobreza sigue midiéndose sobre la base de los ingresos acumulados de los hogares, que asume que todos los miembros del hogar ganan lo mismo y distribuyen los recursos por igual; pide unos derechos y cálculos individualizados basados en los ingresos individuales para revelar la verdadera magnitud de la pobreza femenina;

66.  Recuerda el importante papel de unos servicios públicos de calidad en la consecución de la igualdad de género, así como de unos sistemas fiscales y de prestaciones sociales que no desincentiven que los segundos perceptores de renta trabajen o trabajen más, ya que esto podría incrementar la participación de las mujeres en el mercado laboral;

67.  Reitera su llamamiento al Consejo para que vele por la rápida adopción de la Directiva destinada a mejorar el equilibrio de género entre los directores no ejecutivos de las empresas cotizadas, como un primer e importante paso para alcanzar una representación equitativa en los sectores público y privado;

Modernizar los sistemas fiscales

68.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que corrijan las desigualdades interpersonales excesivas apoyando y fomentando los instrumentos de inversión más productivos; recuerda que, en este contexto, las políticas fiscales objetivas son fundamentales y que muchos Estados miembros necesitan efectuar una reforma tributaria profunda; pide a la Comisión que examine, asesore, fomente y prepare índices de referencia en el contexto del Semestre Europeo;

69.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas reales contra la elusión y el fraude fiscal, ya que son un instrumento importante para reducir las desigualdades económicas y mejorar la recaudación de impuestos en los Estados miembros;

70.  Pide a la Comisión que aliente reformas de las políticas fiscales de los Estados miembros de modo que los presupuestos públicos en materia de salud, vivienda, cuestiones sociales, empleo y servicios educativos cuenten con recursos adecuados; estima que dichas reformas han de abarcar asimismo la lucha contra la corrupción en la administración pública y la lucha contra la desigualdad en la distribución de la riqueza, incluso mediante la redistribución de la excesiva concentración de la riqueza, que es esencial para no exacerbar la desigualdad en muchos Estados miembros; resalta, además, que son necesarias medidas en ámbitos tales como la «financiarización» de la economía y una mayor coordinación, aproximación y armonización, en su caso, de la política fiscal, así como medidas contra los paraísos fiscales, el fraude y la evasión fiscales, medidas para luchar contra el trabajo no declarado, y medidas para optimizar la combinación de impuestos y su ponderación respectiva en porcentaje de los ingresos fiscales del Estado miembro obtenidos por rendimientos del trabajo y del patrimonio;

o
o   o

71.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 236 E de 12.8.2011, p. 57.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0260.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0073.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0010.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0317.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0136.
(7) DO C 366 de 27.10.2017, p. 19..
(8) DO C 482 de 23.12.2016, p. 141.
(9) DO C 75 de 26.2.2016, p. 130.
(10) DO C 65 de 19.2.2016, p. 68.
(11) DO C 153 E de 31.5.2013, p. 57.
(12) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 77.
(13) DO C 199 E de 7.7.2012, p. 25.
(14) DO C 70 E de 8.3.2012, p. 8.
(15) DO C 9 E de 15.1.2010, p. 11.
(16) DO C 170 de 5.6.2014, p. 23.
(17) DO C 248 de 25.8.2011, p. 130.
(18) DO C 318 de 23.12.2009, p. 52.
(19) DO C 166 de 7.6.2011, p. 18.
(20) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13608&langId=en
(21) Dictamen del Comité de Protección Social al Consejo, Consejo de la Unión Europea, 649/11, SOC 124, de 15 de febrero de 2011.
(22) Comisión Europea, Institutional Paper 025, mayo de 2016.
(23) Autores: Jonathan D. Ostry, Andrew Berg y Charalambos G. Tsangarides.
(24) Autores: Andrew Berg y Jonathan D. Ostry.
(25) Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Income_distribution_statistics
(26) Documento de trabajo del FMI WP 17/76 Inequality Overhang (Exceso de desigualdad), FMI, 2017. Autores: Francesco Grigoli y Adrian Robles, Washington, D.C.: Fondo Monetario Internacional.
(27) Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective (Causas y consecuencias de las desigualdades de renta: panorámica general), FMI, 2015. Nota de debate de los servicios del FMI SDN/15/13 Washington, D.C.: Fondo Monetario Internacional. http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1513.pdf
(28) In It Together: Why Less Inequality Benefits All (Todos juntos: ¿por qué reducir la desigualdad nos beneficia?), Paris: OCDE Publishing, OCDE, 2015.
(29) Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/f/f8/People_at_risk_of_poverty_or_social_exclusion%2C_EU-27_and_EU-28%2C_2005-2015.JPG
(30) In It Together: Why Less Inequality Benefits All (Todos juntos: ¿por qué reducir la desigualdad nos beneficia?), OCDE, 2015, p. 67.
(31) Eurofound (2017), «Movilidad social en la UE», Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
(32) https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef1461en.pdf
(33) «Inequality and mental illness» (Desigualdad y enfermedades mentales), R. Wilkinson y K. Pickett, Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad de York, Reino Unido; publicado en línea el 25 de mayo de 2017; S2215-0366(17)30206-7.
(34) Ingresos de jubilación adecuados en el contexto del envejecimiento de la sociedad - Proyecto de conclusiones del Consejo, 12352/15, COREPER I:http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12352-2015-INIT/es/pdf
(35) «Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession» (Desigualdad de renta y modalidades de empleo en Europa antes y después de la Gran Recesión), Eurofound, 2017.
(36) «In It Together: Why Less Inequality Benefits All» (Todos juntos: ¿por qué reducir la desigualdad nos beneficia?), Paris: OCDE Publishing, OCDE, 2015.
(37) En línea con el artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

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