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Textos aprobados
Martes 13 de junio de 2017 - EstrasburgoEdición definitiva
Mejora de la participación activa de los interlocutores y la visibilidad en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
 Rentabilidad del Séptimo Programa de Investigación
 Apatridia en Asia meridional y sudoriental
 Fusiones y escisiones transfronterizas
 Participación de la Unión Europea en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA) ***I
 Medidas específicas para proporcionar ayuda adicional a los Estados miembros afectados por catástrofes naturales ***I
 Etiquetado de la eficiencia energética ***I
 Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020 a 2033 ***I
 Evaluación de la ejecución de Horizonte 2020
 Componentes esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020
 Estado de las poblaciones de peces y situación socioeconómica del sector de la pesca en el Mediterráneo

Mejora de la participación activa de los interlocutores y la visibilidad en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre la mejora de la participación activa de los interlocutores y la visibilidad en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (2016/2304(INI))
P8_TA(2017)0245A8-0201/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 174, 175 y 177 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo(1) (en lo sucesivo el «Reglamento sobre disposiciones comunes»),

–  Visto el Reglamento Delegado (UE) n.º 240/2014 de la Comisión, de 7 de enero de 2014, relativo al Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos(2),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre invertir en crecimiento y empleo – maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: evaluación del informe de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del RDC(3),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre el retraso en la ejecución de los programas operativos de los Fondos EIE - impacto en la política de cohesión y perspectivas para el futuro(4),

–  Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2016, sobre nuevas herramientas de desarrollo territorial en la política de cohesión para el periodo 2014-2020: inversión territorial integrada (ITI) y desarrollo local participativo (DLP)(5),

–  Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2015, sobre la simplificación y la orientación a los resultados de la política de cohesión para el periodo 2014-2020(6),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de noviembre de 2016, sobre los resultados y los nuevos elementos de la política de cohesión y de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos(7),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Garantizar la visibilidad de la política de cohesión: Normas de información y comunicación 2014-2020»(8),

–  Visto el Flash Eurobarómetro n.º 423, de septiembre de 2015, encargado por la Comisión titulado «Citizens’ awareness and perceptions of EU regional policy» (La sensibilización y la percepción de los ciudadanos respecto de la política regional de la Unión)(9),

–  Visto el Informe Van den Brande, de octubre de 2014, titulado «Gobernanza multinivel y asociación», elaborado a petición del comisario de Política Regional y Urbana, Johannes Hahn(10),

–  Visto el plan de comunicación del Comité Europeo de las Regiones para 2016 titulado «Conectar regiones y ciudades para una Europa más fuerte»(11),

–  Visto el estudio de julio de 2016 encargado por la Comisión titulado «Aplicación del principio de asociación y la gobernanza multinivel en los Fondos EIE 2014-2020»(12),

–  Vista la presentación de la Secretaría de Interreg Europa titulada «Designing a project communication strategy» (Diseño de una estrategia de comunicación de proyectos)(13),

–  Visto el informe elaborado en el marco de la evaluación ex post y de los beneficios previstos para los países de la EU-15 como resultado de la aplicación de la política de cohesión en los países del Grupo de Visegrado, encargado por el ministro polaco de Desarrollo Económico y titulado «How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?» (¿Cómo se benefician los Estados miembros de la EU-15 de la política de cohesión en los países del Grupo de Visegrado?)(14),

–  Visto el manual de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) de 2014 titulado «Giving a voice to citizens: Building stakeholder engagement for effective decision-making – Guidelines for Decision-Makers at EU and national levels» (Dar voz a los ciudadanos: Reforzar el compromiso de las partes interesadas para aumentar la eficacia del proceso decisorio - Orientaciones para los responsables políticos a escala de la Unión y nacional)(15),

–  Visto el estudio elaborado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Departamento Temático B - Políticas Estructurales y de Cohesión), de noviembre de 2014, titulado «Informar sobre Europa a los ciudadanos: situación y perspectivas»,

–  Vista la presentación por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión (Departamento Temático B - Políticas Estructurales y de Cohesión), de abril de 2016, titulada «Investigación para la Comisión REGI: revisión intermedia del MFP y de la política de cohesión»,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión de 19 de septiembre de 2016 sobre la evaluación ex post del FEDER y del Fondo de Cohesión para el período 2007-2013 (Ex-post evaluation of the ERDF and Cohesion Fund 2007-2013) (SWD(2016)0318),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Presupuestos y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0201/2017),

A.  Considerando que la política de cohesión ha contribuido de forma significativa a estimular el crecimiento y el empleo y a reducir las disparidades entre las regiones de la Unión;

B.  Considerando que la financiación de la política de cohesión de la Unión tiene un impacto positivo tanto en la economía como en la vida de los ciudadanos, como lo demuestran varios informes y evaluaciones independientes, pero que los resultados no siempre se han divulgado correctamente y el nivel de sensibilización acerca de los efectos positivos de esta política sigue siendo bastante bajo; que el valor añadido de la política de cohesión de la Unión trasciende el positivo impacto económico, social y territorial demostrado, puesto que también implica el compromiso de los Estados miembros y las regiones con el refuerzo de la integración europea;

C.  Considerando que es fundamental que los usuarios finales y la sociedad civil tengan conocimiento de los programas locales financiados por la Unión, con independencia de los niveles de financiación en una región determinada;

D.  Considerando que el principio de asociación y el modelo de gobernanza multinivel, basados en una mayor coordinación entre las autoridades públicas, los interlocutores económicos y sociales y la sociedad civil, pueden contribuir efectivamente a una mejor comunicación de los objetivos políticos de la Unión y de los resultados;

E.  Considerando que un diálogo permanente y la participación de la sociedad civil son fundamentales para garantizar la rendición de cuentas y la legitimidad de las políticas públicas y crear un sentimiento de responsabilidad compartida y transparencia en el proceso de toma de decisiones;

F.  Considerando que el aumento de la visibilidad de los Fondos EIE puede contribuir a mejorar las percepciones sobre la eficacia de la política de cohesión y a recuperar la confianza de los ciudadanos y su interés por el proyecto europeo;

G.  Considerando que es esencial disponer de una línea de comunicación coherente, no solo en fases avanzadas respecto de los resultados concretos de los Fondos EIE, sino también en fases previas, a fin de sensibilizar a los promotores de proyectos sobre las posibilidades de financiación, con miras a incrementar la participación pública en el proceso de aplicación;

H.  Considerando que deben incrementarse y mejorarse las metodologías para proporcionar información y para diversificar los canales de comunicación;

Consideraciones generales

1.  Hace hincapié en que la política de cohesión es uno de los principales vehículos públicos de crecimiento que, a través de sus Fondos EIE, garantiza la inversión en todas las regiones de la Unión y ayuda a reducir las desigualdades, a apoyar la competitividad y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos;

2.  Observa con preocupación que la sensibilización y las percepciones generales de la ciudadanía acerca de la eficacia de la política regional de la Unión han ido en declive a lo largo de los años; remite al estudio del Eurobarómetro n.º 423, de septiembre de 2015, en el que solo algo más de un tercio (34 %) de los europeos afirma haber oído hablar de los proyectos cofinanciados por la Unión para mejorar la calidad de vida en la zona en la que residen; observa que la mayoría de los encuestados mencionó las infraestructuras educativas, sanitarias y sociales y la política ambiental como ámbitos importantes; considera que son principalmente la calidad de los proyectos financiados con cargo a los Fondos EIE y su valor añadido en términos de resultados tangibles lo que constituye un requisito para la comunicación positiva, y no solo el número de dichos proyectos; subraya, por consiguiente, que la evaluación, selección, ejecución y finalización de los proyectos deben centrarse en la consecución de los resultados esperados, a fin de evitar gastos ineficaces, que pueden dar lugar a una publicidad negativa para la política de cohesión; llama la atención sobre el hecho de que las medidas de comunicación deben seleccionarse con especial atención a su contenido y alcance, al tiempo que reitera que la mejor forma de publicidad es ilustrar la importancia y utilidad de los proyectos ejecutados;

3.  Señala que garantizar la visibilidad de las inversiones de la política de cohesión debe seguir siendo una responsabilidad compartida de la Comisión y los Estados miembros, con miras a la formulación de estrategias europeas de comunicación eficaces diseñadas para garantizar la visibilidad de las inversiones de la política de cohesión; señala, en este contexto, el papel de las autoridades de gestión y de los entes locales y regionales competentes, en particular a través de la comunicación institucional, así como de los beneficiarios, ya que constituyen la interfaz de comunicación más eficaz con los ciudadanos, al facilitar información in situ y acercar Europa a los mismos; recuerda, por otra parte, que dichas autoridades y dichos entes son los que mejor conocen las realidades y necesidades locales y regionales, y que la mejora de la visibilidad requiere más esfuerzos para mejorar la información y la transparencia a nivel ciudadano;

4.  Subraya que aportar visibilidad a una política implica un proceso dual de comunicación y la interacción con los interlocutores; destaca además que, en un contexto de retos complejos y para garantizar la legitimidad y facilitar soluciones eficaces a largo plazo, las autoridades públicas deben implicar a las partes interesadas pertinentes en todas las fases de negociación y ejecución del acuerdo de asociación y los programas operativos, en consonancia con el principio de asociación; destaca asimismo la necesidad de reforzar la capacidad institucional de las autoridades públicas y los interlocutores e insiste en el papel que puede desempeñar a este respecto el Fondo Social Europeo (FSE);

5.  Subraya, en este contexto, el desarrollo desigual registrado en los Estados miembros para lograr una racionalización de los procedimientos administrativos en términos de una mayor movilización y participación de los interlocutores regionales y locales, incluidos los interlocutores sociales y económicos y los organismos que representan a la sociedad civil; recuerda, en este sentido, la importancia del diálogo social;

Desafíos que hay que afrontar

6.  Señala el aumento del euroescepticismo y de la propaganda populista antieuropea que distorsiona la información sobre las políticas de la Unión, y pide a la Comisión y al Consejo que analicen y aborden sus causas subyacentes; hace hincapié, por tanto, en la necesidad urgente de desarrollar estrategias de comunicación más eficaces, garantizando un lenguaje cercano al ciudadano y aspirando a colmar la brecha existente entre la Unión y sus ciudadanos, incluidos los desempleados y las personas en riesgo de exclusión social, a través de diversas plataformas mediáticas a nivel local, regional y nacional capaces de transmitir un mensaje preciso y coherente a los ciudadanos sobre el valor añadido del proyecto europeo para su calidad de vida y prosperidad;

7.  Invita a la Comisión y al Consejo a que analicen, en el contexto tanto del marco vigente como de la reforma posterior a 2020 de la política de cohesión, el efecto en la percepción de las políticas de la Unión de las medidas destinadas a reforzar el vínculo con el Semestre Europeo y a aplicar reformas estructurales a través de programas financiados con cargo a los Fondos EIE;

8.  Reconoce las limitaciones del marco jurídico por lo que respecta a garantizar que la política de cohesión tenga una visibilidad adecuada; destaca que, a consecuencia de ello, la comunicación sobre sus logros tangibles no siempre ha sido una prioridad para las distintas partes interesadas; considera que las actividades de comunicación recomendadas sobre los logros tangibles deben actualizarse constantemente; señala, en este contexto, el hecho de que la asistencia técnica de los Fondos EIE no incluye una dotación financiera específica para la comunicación, ya sea a nivel de la Unión o de Estado miembro; destaca, no obstante, la responsabilidad de las autoridades de gestión y de los beneficiarios de supervisar de forma regular el cumplimiento de las actividades de información y comunicación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 115 y el anexo XII del Reglamento sobre disposiciones comunes;

9.  Reitera la imperiosa necesidad de encontrar un equilibrio adecuado entre la necesidad de simplificar las normas que rigen la aplicación de la política de cohesión y la necesidad de preservar una gestión financiera buena y transparente y combatir el fraude, transmitiéndoselo al mismo tiempo al público de manera adecuada; recuerda, en este contexto, la necesidad de distinguir claramente entre irregularidades y fraude, para no generar en el público desconfianza en las autoridades de gestión y las administraciones locales; insiste, además, en la necesidad de simplificar y aligerar la carga administrativa para los beneficiarios, sin que ello afecte a los controles y auditorías necesarios;

10.  Subraya que es esencial aumentar la apropiación de la política sobre el terreno a nivel regional y local, con el fin de garantizar la ejecución eficiente y la comunicación de los resultados; valora positivamente que el principio de asociación añada valor a la ejecución de las políticas públicas europeas, tal como se confirma en un reciente estudio de la Comisión; señala, no obstante, que la movilización de los interlocutores sigue siendo bastante difícil en algunos casos, debido a que el principio de asociación se aplica formalmente pero sin permitir una participación real en el proceso de gobernanza; recuerda que es necesario dedicar más esfuerzos y recursos a la participación en la asociación y al intercambio de experiencias entre interlocutores a través de plataformas de diálogo, también con el fin de convertirlos en multiplicadores de los éxitos y las oportunidades de financiación de la Unión;

11.  Recuerda asimismo que el carácter estratégico a largo plazo de las inversiones de la política de cohesión implica que a veces los resultados no son inmediatos, lo cual resulta perjudicial para la visibilidad de los instrumentos de la política de cohesión, en particular al compararse con otros instrumentos de la Unión, como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE); insta, por tanto, a que las actividades de comunicación sigan desarrollándose, si procede, durante cuatro años adicionales tras el cierre del proyecto; destaca que los logros de determinadas inversiones (en particular en capital humano) son menos visibles y más difíciles de cuantificar que en el caso de las inversiones «físicas», y pide una evaluación más exhaustiva y diferenciada de las repercusiones a largo plazo de la política de cohesión en la vida de los ciudadanos; opina, además, que debe prestarse una atención especial a la evaluación ex post y a las actividades de comunicación acerca de la contribución de los Fondos EIE a la estrategia de la Unión para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, como estrategia europea de desarrollo a largo plazo;

12.  Señala el importante papel de los medios de comunicación a la hora de informar a los ciudadanos sobre las diferentes políticas de la Unión y los asuntos de la Unión en general; lamenta, no obstante, la cobertura más bien limitada en los medios de comunicación a las inversiones de la política de cohesión de la Unión; subraya la necesidad de desarrollar campañas de información y estrategias de comunicación que estén dirigidas a los medios de comunicación, se adapten a los retos actuales en materia de información y presenten la información de forma accesible y atractiva; subraya asimismo la necesidad de aprovechar la creciente influencia de los medios sociales, las ventajas ofrecidas por los avances digitales y la combinación de diferentes tipos de canales de comunicación disponibles, con el fin de utilizarlos mejor al promover las oportunidades que brindan los Fondos EIE y sus logros;

Mejora de la comunicación y la participación de los interlocutores durante la segunda mitad del período 2014-2020

13.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen la coordinación y la accesibilidad de los medios e instrumentos de comunicación existentes a escala de la Unión, con el fin de abordar los temas que tengan repercusiones en la agenda de la Unión; subraya, en este contexto, la importancia de facilitar directrices y establecer técnicas y métodos para una comunicación eficaz acerca de los logros tangibles de la política de cohesión para la vida cotidiana de los ciudadanos de la Unión; pide a las autoridades de gestión y a los beneficiarios que comuniquen de forma activa y sistemática los resultados, las ventajas y las repercusiones a largo plazo de la política, teniendo en cuenta al mismo tiempo las distintas fases de desarrollo de los proyectos;

14.  Resalta que, dada la cantidad y la calidad de la información que circula por los medios de comunicación tradicionales y modernos, la mera presentación del logotipo de la Comisión Europea en los paneles descriptivos de los proyectos ya no es suficiente; pide a la Comisión que cree instrumentos de identificación más eficaces;

15.  Acoge con satisfacción las actividades de comunicación específicas actuales, como la campaña «Europa en mi región», la aplicación web de la Comisión «Presupuesto de la UE orientado a resultados», la cooperación con Circom Regional(16), el programa «Europa con los Ciudadanos» y las oportunidades que ofrece el Cuerpo Europeo de Solidaridad, creado recientemente; subraya asimismo el papel crucial que desempeñan los centros de información Europe Direct en la comunicación descentralizada, con vistas a aumentar el conocimiento acerca de los efectos de la política de cohesión sobre el terreno, a escala local y regional; subraya, además, la necesidad de centrar los esfuerzos en llegar a estudiantes y periodistas como posibles vectores de comunicación, y en garantizar un equilibrio geográfico en las campañas de comunicación;

16.  Subraya la necesidad de adaptar las disposiciones en materia de comunicación establecidas en el Reglamento sobre disposiciones comunes; pide a la Comisión que estudie el valor añadido de proporcionar una dotación financiera específica para las comunicaciones en el marco de la asistencia técnica, así como de aumentar, en su caso, los requisitos de información y publicidad obligatorios para los proyectos de la política de cohesión; pide a la Comisión que proporcione orientaciones claras en 2017 sobre cómo podría utilizarse la asistencia técnica para la comunicación en el actual período de financiación, a fin de garantizar la seguridad jurídica para los entes locales y regionales y los demás beneficiarios; reitera, además, que las normas ordinarias de comunicación y publicidad, aunque están bien concebidas en cuanto a inversiones estructurales y tecnológicas, no son tan eficaces para las inversiones intangibles en capital humano;

17.  Subraya la necesidad de dar mayor prioridad a la comunicación en la jerarquía de prioridades de la política de cohesión de la Unión, sobre todo en el trabajo del personal de gestión que no se ocupa directamente de la comunicación, y de incorporar la comunicación al procedimiento ordinario de los Fondos EIE; pide que se incremente la profesionalidad en el ámbito de la comunicación, en particular de cara a acercarse al ciudadano y evitar la jerga institucional de la Unión;

18.  Acoge con satisfacción la evaluación ex post de los programas de la política de cohesión correspondientes al período 2007-2013 llevada a cabo por la Comisión, que ofrecen excelentes fuentes para la comunicación de los resultados obtenidos y los efectos logrados; toma nota de la iniciativa de los países del Grupo de Visegrado sobre las externalidades de la política de cohesión en la EU-15(17) y pide a la Comisión que elabore un estudio objetivo más amplio a escala de la EU-28; insta asimismo a la Comisión a que diferencie sus estrategias de comunicación orientadas a los Estados miembros que son beneficiarios netos y los que son contribuyentes netos, y que destaque los beneficios concretos que aporta la política de cohesión en términos de impulso de la economía real, fomento del espíritu empresarial y la innovación, creación de crecimiento y empleo en todas las regiones de la Unión y mejora de la infraestructura comunitaria y económica, tanto a través de inversiones directas como de exportaciones directas e indirectas (externalidades);

19.  Pide a la Comisión y las autoridades de gestión que identifiquen formas de facilitar y normalizar el acceso a la información, para promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas sobre estrategias de comunicación, con objeto de aprovechar mejor la experiencia adquirida y aumentar la transparencia y la visibilidad de las oportunidades de financiación;

20.  Acoge con satisfacción la introducción de la cohesión electrónica en el periodo de programación actual, cuyo objetivo es simplificar y racionalizar la aplicación de los Fondos EIE; subraya su capacidad de contribuir eficazmente al acceso a la información, al seguimiento del desarrollo del programa y al establecimiento de contactos útiles entre las partes interesadas;

21.  Considera necesario reforzar la comunicación mediante nuevos canales mediáticos, lo que requerirá una estrategia para las plataformas de medios digitales y sociales diseñada para informar a los ciudadanos y brindarles la oportunidad de manifestar sus necesidades, centrándose en llegar a los usuarios finales a través de distintos conjuntos de instrumentos, como medios interactivos en línea, desarrollar contenidos y aplicaciones más accesibles basados en dispositivos móviles y garantizar que la información se adapte a diferentes grupos de edad y, si procede, esté disponible en diferentes lenguas; invita a las autoridades de gestión a que faciliten a las direcciones generales pertinentes información actualizada sobre los datos financieros, los resultados y las inversiones, con el fin de mostrar datos y gráficos fácilmente legibles en la plataforma abierta de datos sobre los Fondos EIE para uso periodístico; pide la puesta en marcha de iniciativas regionales para premiar los mejores proyectos, inspiradas en RegioStars;

22.  Sugiere, asimismo, que se mejoren el seguimiento y la evaluación de las actuales actividades de comunicación, y propone la creación de grupos regionales de trabajo sobre comunicación que cuenten con la participación de agentes en múltiples niveles;

23.  Destaca la importancia del Código de Conducta Europeo sobre las asociaciones y el papel del principio de asociación en el refuerzo del compromiso colectivo con la política de cohesión y una mayor adhesión a esta; pide un fortalecimiento del vínculo entre las autoridades públicas, los beneficiarios potenciales, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos a través de un diálogo abierto, y que se modifique la composición de los participantes en la asociación durante la ejecución en caso necesario, con el fin de garantizar la combinación adecuada de interlocutores que representen los intereses de la comunidad en cada fase del proceso;

24.  Acoge con satisfacción el modelo innovador de cooperación a múltiples niveles y multilateral propuesto por la Agenda Urbana de la UE y recomienda su reproducción, en la medida de lo posible, en la aplicación de la política de cohesión;

25.  Destaca la necesidad de fortalecer la dimensión de la comunicación en la cooperación transfronteriza e interregional, también en el plano de las estrategias macrorregionales en curso, que deben ser más visibles para los ciudadanos de la Unión, mediante la difusión de buenas prácticas, de las inversiones coronadas por el éxito y de las oportunidades;

Fomento de la comunicación sobre la política de cohesión después de 2020

26.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten el atractivo de la financiación de la política de cohesión de la Unión a través una mayor simplificación y limitación de la sobrerregulación, y que estudien la posibilidad de reducir la complejidad y, si procede, el número de reglamentos y directrices, a la luz de las recientes recomendaciones del Grupo de alto nivel de expertos independientes sobre el seguimiento de la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE;

27.  Pide a la Comisión, habida cuenta de la manera en que la política de cohesión de la Unión contribuye a una identificación positiva con el proyecto de integración europea, que estudie la posibilidad de introducir un campo sobre comunicación de carácter obligatorio en los formularios de solicitud de los proyectos, como parte de una mayor utilización de la asistencia técnica a través de una dotación reservada para la comunicación, a nivel de programa, velando al mismo tiempo por no multiplicar las restricciones y garantizar la flexibilidad necesaria; pide además a las autoridades de gestión y a los entes locales y regionales que mejoren la calidad de su comunicación sobre los resultados finales de los proyectos;

28.  Pone de relieve la necesidad imperiosa de incrementar el diálogo de la Unión con los ciudadanos, de replantear los canales y las estrategias de comunicación y, habida cuenta de las posibilidades que brindan las redes sociales y las nuevas tecnologías digitales, de adaptar los mensajes a los contextos locales y regionales; insiste asimismo en el papel potencial de las partes interesadas de la sociedad civil como vectores para la comunicación; reitera, no obstante, que los contenidos educativos son tan importantes como las estrategias mediáticas y la promoción a través de diversas plataformas;

29.  Destaca, en el contexto de la comunicación y la visibilidad, la necesidad de una mayor simplificación de la política posterior a 2020, también por lo que respecta a la gestión compartida y los sistemas de auditoría, a fin de encontrar el justo equilibrio entre una política orientada a los resultados, un número adecuado de controles y verificaciones y la simplificación de los procedimientos;

30.  Pide que el principio de asociación se siga reforzando en el marco del período de programación posterior a 2020; expresa su convencimiento de que la implicación activa de las partes interesadas, incluidas las organizaciones representantes de la sociedad civil, en el proceso de negociación y aplicación de los acuerdos de asociación y los programas operativos podría contribuir a incrementar el sentimiento de apropiación y la transparencia respecto de la aplicación de las políticas y entrañar también una mejor aplicación de las políticas por cuanto respecta al presupuesto de la Unión; pide a los Estados miembros, por consiguiente, que estudien la posibilidad de aplicar los modelos existentes de gobernanza participativa, reuniendo a todos los interlocutores sociales pertinentes e implicando a las partes interesadas en un proceso de presupuestación de carácter participativo para determinar los recursos destinados a la cofinanciación nacional, regional y local, cuando proceda, con objeto de aumentar la confianza mutua y la participación de los ciudadanos en las decisiones relativas al gasto público; sugiere asimismo que se lleven a cabo evaluaciones participativas de resultados con los beneficiarios y distintas partes interesadas, a fin de recopilar datos de interés que puedan contribuir a mejorar la participación activa y la visibilidad en futuras acciones;

31.  Insiste en aumentar la cooperación entre los entornos urbano y rural para desarrollar asociaciones territoriales entre las ciudades y las zonas rurales aprovechando plenamente el potencial de las sinergias entre los fondos de la Unión y la experiencia de las zonas urbanas y la mayor capacidad de gestión de fondos que estas poseen;

32.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se centren también, en sus respectivos planes de acción en materia de comunicación, en reforzar la cooperación entre direcciones generales, ministerios y comunicadores a diferentes niveles y en establecer una visión general del público destinatario, con vistas a elaborar y transmitir mensajes adaptados a grupos destinatarios específicos a fin de llegar e informar mejor a los ciudadanos sobre el terreno;

33.  Subraya, en este sentido, la importancia de que se efectúe un cambio cultural, de modo que la comunicación sea responsabilidad de todos los agentes implicados y los propios beneficiarios se conviertan en los principales comunicadores;

34.  Solicita asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen el papel y la posición de las redes de información y comunicación ya existentes y que utilicen la plataforma interactiva de comunicación en línea de la Unión sobre la aplicación de la política de cohesión, para recoger todos los datos pertinentes sobre los proyectos de los Fondos EIE, permitiendo a los usuarios finales formular observaciones sobre el proceso de aplicación y los resultados logrados, más allá de una descripción exigua del proyecto y del gasto en que se ha incurrido; considera que una plataforma de este tipo facilitaría también la evaluación de la eficacia en la comunicación de la política de cohesión;

o
o   o

35.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Comité Europeo de las Regiones, así como a los Parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
(2) DO L 74 de 14.3.2014, p. 1.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0053.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0055.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0211.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0419.
(7) http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/11/47244650399_es.pdf.
(8) http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2014/ensuring-the-visibility-of-cohesion-policy-information-and-communication-rules-2014-2020.
(9) http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/67400.
(10) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2014/5_vandenbrande_report.pdf.
(11) http://cor.europa.eu/en/about/Documents/CoR-communication-plan-2016.pdf.
(12) http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/how/studies_integration/impl_partner_report_en.pdf.
(13) http://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/events/Rotterdam/pdf/Designing_communication_strategy.pdf.
(14) https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/fdc8a04e-590d-47ac-9213-760d4ac76f75/V4_EU15_manazerske-shrnuti.pdf?ext=.pdf.
(15) http://www.eapn.eu/images/stories/docs/EAPN-position-papers-and-reports/2014-eapn-handbook-Give-a-voice-to-citizens-Guidelines-for-Stakeholder-Engagement.pdf.
(16) Asociación Profesional de Servicios de Televisión Pública Regional en Europa.
(17) Informe elaborado en el marco de la evaluación ex post y de los beneficios previstos para los países de la EU-15 como resultado de la aplicación de la política de cohesión en los países del Grupo de Visegrado, encargado por el ministro polaco de Desarrollo Económico y titulado «How do EU-15 Member States benefit from the Cohesion Policy in the V4?» (¿Cómo se benefician los Estados miembros de la EU-15 de la política de cohesión en los países del Grupo de Visegrado?).


Rentabilidad del Séptimo Programa de Investigación
PDF 298kWORD 53k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre rentabilidad del Séptimo Programa de Investigación (2015/2318(INI))
P8_TA(2017)0246A8-0194/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el título XIX del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Decisión 1982/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013)(1),

–  Visto el Protocolo n.º 1 el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,

–  Visto el Protocolo n.º 2sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)(2),

–  Visto e1 Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión(3) (en lo sucesivo «Reglamento Financiero»),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2014, junto con las respuestas de las instituciones(4),

–  Visto el Informe Especial n.º 2/2013 del Tribunal de Cuentas titulado: «¿Ha garantizado la Comisión la ejecución eficiente del Séptimo Programa Marco de Investigación?»,

–  Visto el informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, titulado: «Salir de la Unión Europea: consecuencias y oportunidades para la ciencia y la investigación», de 16 de noviembre de 2016(5),

–  Vista su Decisión de 28 de abril de 2016 sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014, sección III – Comisión(6),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0194/2017),

A.  Considerando que el marco financiero plurianual (MFP) 2007-2013 ha llegado a término, pero la aplicación del Séptimo Programa Marco de Investigación e Innovación (7PM) sigue en curso;

B.  Considerando que los proyectos de investigación e innovación durante el marco financiero plurianual 2014-2020 entran en el Reglamento relativo a Horizonte 2020;

C.  Considerando que, por la información de que dispone, no existe un análisis completo de costes y eficacia relativo al 7PM;

D.  Considerando que una evaluación exhaustiva del 7PM debería, idealmente, haber precedido a la entrada en vigor del programa Horizonte 2020;

E.  Considerando que las tasas de error y la evaluación a posteriori del programa no ofrecen una información completa sobre la relación coste/eficacia;

El Séptimo Programa Marco (7PM)

1.  Destaca que el 7PM representó un total de presupuesto aprobado de 55 000 millones de euros, que supone aproximadamente el 3 % del total de gastos de investigación y desarrollo tecnológico (IDT) en Europa, es decir, un 25 % de la financiación competitiva; durante los siete años del 7PM, se presentaron más de 139 000 propuestas de investigación, de las que se seleccionaron y recibieron financiación 25 000 proyectos de la máxima calidad; los principales destinatarios entre los 29 000 organismos que participaron en el 7PM, fueron, entre otros, universidades (el 44 % de la financiación del 7PM), organizaciones de investigación y tecnología (27 %), grandes empresas privadas (11 %) y pymes (13 %), mientras que el sector público (3 %) y las organizaciones de la sociedad civil (2 %) representaron una parte menos destacada;

2.  Es consciente de que el 7PM se destina a beneficiarios de todos los Estados miembros de la UE, países asociados y candidatos a la adhesión como Suiza, Israel, Noruega, Islandia, Liechtenstein, Turquía, Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia, Albania, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, las Islas Feroe y Moldavia, así como de países socios de la cooperación internacional;

3.  Destaca la evaluación ex post del 7PM, realizada por un grupo de expertos de alto nivel(7), que lo consideró un éxito; el grupo de alto nivel subrayó en particular que el 7PM:

   ha fomentado la excelencia científica a nivel individual e institucional,
   ha promovido una investigación pionera a través del nuevo programa 7PM-IDEAS (Consejo Europeo de Investigación),
   ha integrado a la industria y a las pymes desde un punto de vista estratégico,
   ha reforzado un nuevo modo de colaboración y un marco para la innovación abierta,
   ha fortalecido el espacio europeo de investigación al promover una cultura de cooperación y construir redes globales adecuadas para afrontar desafíos temáticos,
   ha abordado determinados retos sociales a través de la investigación, la tecnología y la innovación – 7PM-COOPERATION,
   ha fomentado la armonización de los sistemas y las políticas nacionales de investigación e innovación,
   ha estimulado la movilidad de los investigadores a través de Europa – 7PM-PEOPLE ha creado las condiciones necesarias para un mercado laboral abierto para los investigadores,
   ha fomentado la inversión en infraestructuras de investigación europeas,
   ha alcanzado una masa crítica de investigación en el panorama europeo y en todo el mundo;

4.  Toma nota de que durante la consulta pública de las partes interesadas en el marco de la evaluación del 7PM, celebrada entre febrero y mayo de 2015, se señalaron las siguientes deficiencias:

   las elevadas cargas administrativas y las engorrosas normas jurídicas y financieras,
   el gran exceso de solicitudes,
   la atención insuficiente a las repercusiones sociales,
   el ámbito de temas y convocatorias excesivamente limitado,
   la atención insuficiente a la participación de la industria,
   un umbral alto para recién llegados; una baja tasa media de éxito para propuestas y solicitantes, del 19 % y del 22 % respectivamente,
   una comunicación insuficiente;

5.  Expresa su preocupación por que el 7PM, según el comisario, no se ejecutará ni evaluará por completo antes de 2020, lo que podría provocar retrasos en futuros programas de seguimiento; insta a la Comisión a publicar el informe de evaluación tan pronto como sea posible y, a más tardar, antes de que presente el programa de investigación para después de Horizonte 2020;

Conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo (en lo sucesivo«Tribunal»)

6.  Destaca con preocupación que el Tribunal considera que los sistemas de control y supervisión para la investigación y otras políticas internas son «parcialmente eficaces»;

7.  Pide a la Comisión que informe detalladamente a su comisión competente de las diez transacciones que representaban el 77 % de los errores en 2015 y de las medidas correctoras adoptadas;

8.  Ve con preocupación que en los últimos ejercicios de descargo, el porcentaje de error de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+I) ha estado siempre por encima del 5 %;

9.  Observa que, en 2015, de las 150 operaciones auditadas por el Tribunal, 72 (48 %) estaban afectadas por errores; basándose en los 38 errores que cuantificó el Tribunal, se estima que el porcentaje de error es del 4,4 %; además, en 16 casos de errores cuantificables, la Comisión, las autoridades nacionales o los auditores independientes disponían de suficiente información para evitar o detectar y corregir los errores antes de aceptar los gastos; si se hubiera utilizado toda esta información para corregir los errores, el nivel estimado de error para este capítulo habría sido un 0,6 % más bajo;

10.  Lamenta que, en diez de las 38 operaciones sujetas a errores cuantificados, el Tribunal comunicara errores superiores al 20 % de los elementos examinados; observa que estos diez casos (nueve del Séptimo Programa Marco de Investigación y uno del Programa Marco para la Innovación y la Competitividad 2007-2013) representan el 77 % del nivel estimado de error global para «Competitividad para el crecimiento y el empleo» en 2015;

11.  Lamenta que la mayoría de los errores cuantificados encontrados por el Tribunal (33 de 38) tenían que ver con el reembolso de costes indirectos y de personal no subvencionables declarados por los beneficiarios y que casi la totalidad de los errores hallados por el Tribunal en las declaraciones de gastos se debían a la mala interpretación por parte de los beneficiarios de las complejas normas sobre la admisibilidad o al cálculo incorrecto de sus costes subvencionables, lo que lleva a la conclusión obvia de que es preciso simplificar dichas normas;

12.  Reconoce que la Comisión calculó un porcentaje de error residual (al final del programa y después de las correcciones) del 3 % en 2014 (2,88 % en 2015);

13.  Recuerda su posición en la aprobación de la gestión de la Comisión de 2012 y 2014: «Sigue convencido de que la Comisión tiene que seguir esforzándose por alcanzar un equilibrio aceptable entre el atractivo de los programas para los participantes y la necesidad legítima de someterse a un control contable y financiero; recuerda, en este mismo contexto, la declaración efectuada por el director general en 2012 en el sentido de que un procedimiento destinado a alcanzar un porcentaje de error residual del 2 % en todas las circunstancias no constituye una opción viable»;

14.  Lamenta que las principales fuentes de error fueran el cálculo incorrecto de los costes de personal y los costes directos e indirectos no admisibles;

15.  Recuerda y ve con preocupación los resultados del Informe Especial n.º 2/2013 del Tribunal de Cuentas, en el que este llega a la conclusión de que los procesos de la Comisión tienen por finalidad garantizar que la financiación se invierta en investigación de alta calidad; sin embargo, se ha descuidado la atención a la eficiencia;

   las actuales herramientas de tecnología de la información (TI) no permiten la ejecución eficiente de los proyectos y en los ocho servicios de la Comisión se emplea a más de 2 500 miembros del personal para aplicar el 7PM, de los cuales 1 500 (60 %) se encargan directamente de gestionar la ejecución del programa específico de cooperación,
   deben reducirse aún más los plazos de concesión, y
   el modelo de control financiero del 7PM no tiene suficientemente en cuenta el riesgo de errores;

16.  Observa las respuestas de la Comisión a las conclusiones del Tribunal, en las que señala que, no obstante, se habían firmado 4 324 subvenciones con cerca de 20 000 participantes, que ya se ha reducido el plazo de concesión de las subvenciones y que la arquitectura de control se había diseñado de forma que se recurra más al control ex post;

Relación coste/eficacia dentro del 7PM

17.  Subraya que la eficacia de los costes debe ser evaluada en relación a los principios de economía, eficiencia y eficacia (buena gestión financiera)(8) para lograr los objetivos políticos;

18.  Toma nota que la aplicación de programas marco de investigación era compartida por diferentes direcciones generales, agencias ejecutivas, empresas comunes, los denominados organismos del artículo 185, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT);

19.  Señala que la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD) autorizó el pago de 3 800 millones de euros en 2015, de los cuales el 67,4 % se efectuaron bajo la responsabilidad directa de la DG, el 12,6 % por empresas comunes (EC), el 10,7 % por el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y el 2,4 % por parte de las agencias ejecutivas;

20.  Observa que, según el informe anual de actividad de la DG RTD en 2015, la Unión Europea contribuyó con 44 560 millones de euros para el 7PM, de los cuales el 58 % fue destinado a Alemania (16 %), el Reino Unido (16 %), Francia (11 %), Italia (8 %) y España (7 %);

21.  Observa que la DG RTD ha establecido un marco de control destinado a mitigar los riesgos inherentes en las distintas fases del proceso de gestión de subvenciones directas e indirectas; además, la DG RTD ha puesto en marcha una estrategia de supervisión para los instrumentos financieros ejecutados por el BEI y el FEI;

22.  Toma nota del hecho de que, en el marco del 7PM 2007-2013, la DG RTD haya completado y cerrado, a finales de 2015, 3 035 de los 4 950 acuerdos de subvención y 1 915 proyectos, con 1 600 millones de euros pendientes de pago; la DG RTD realizó 826 pagos finales en 2015; anima a la DG a desarrollar estas estadísticas en ulteriores ejercicios;

23.  Destaca, en particular, que indicadores como el plazo para la concesión de subvenciones, el de información y el de pago hayan mostrado una tendencia positiva y se hayan considerado satisfactorios (entre un 93 % y un 100 % de cumplimiento);

24.  Toma nota de que la DG RTD llevó a cabo 1 550 auditorías sobre 1 404 beneficiarios y el 58,7 % del presupuesto durante el período de programación del 7PM;

25.  Observa que la DG RTD considera que se emplearon 9,4 equivalentes a tiempo completo para supervisar y coordinar las actividades relacionadas con las agencias ejecutivas; esto representó 1,26 millones de euros, es decir, el 1,35 % del total de los gastos administrativos; además, la Agencia Ejecutiva de Investigación (AEI) y la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (AECEI) ejecutaron un presupuesto operativo de 1 940 millones de euros y la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) y la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) ejecutaron créditos de pago por un valor de 480,5 millones de euros en 2015;

26.  Observa que la DG RTD generó costes de 1,67 millones de euros, es decir, el 0,35 % de los 479,9 millones de euros pagados a empresas comunes, para la supervisión de sus actividades; observa asimismo que la DG RTD generó costes de 0,7 millones de euros, es decir, el 0,78 % de los pagos a organismos del artículo 185, para la supervisión de sus actividades;

27.  Hace hincapié en que las empresas comunes y los organismos del artículo 185 son responsables de sus propias auditorías, cuyos resultados deberán comunicarse a la DG RTD;

28.  Ve con preocupación que la DG RTD estimaba que el porcentaje de error detectado es del 4,35 %; al mismo tiempo, la DG consideraba que el índice de error residual (al cierre del programa y después de las correcciones) era del 2,88 %;

29.  Observa que, a finales de 2016, el importe que debía recuperarse era de 68 millones de euros, de los cuales 49,7 millones se cobraron realmente;

30.  Observa, no obstante, que las normas del 7PM no eran lo suficientemente compatibles con la práctica empresarial general; que el sistema de control requería un mejor equilibrio entre los riesgos y el control, que los beneficiarios requerían mejores orientaciones para abordar la complejidad del programa y que los métodos de reembolso debían ser más eficientes;

31.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que en el informe anual de actividad de la DG RTD se indique que a finales de 2015 aún no se habían finalizado 1 915 proyectos del 7PM por valor de 1 630 millones EUR, lo cual podría retrasar la aplicación de Horizonte 2020;

32.  Toma nota del interés de la Unión Europea en establecer sinergias entre el sector de la investigación y la innovación, por un lado, y los Fondos Estructurales, por otro;

33.  Observa que la Comisión debe garantizar que la financiación del 7PM y de la investigación a nivel nacional es coherente con las normas de la Unión sobre ayudas estatales, a fin de evitar incoherencias y la duplicación de la financiación; subraya que es preciso tomar en consideración las características nacionales específicas;

34.  Hace hincapié en la importancia de los instrumentos financieros en el ámbito de la investigación y la innovación; destaca que, con miras a la competitividad de la investigación, el uso de instrumentos financieros para proyectos de niveles más elevados de desarrollo de la tecnología (TRL) puede proporcionar un rendimiento suficiente de la inversión pública; señala, en este sentido, que «el Mecanismo de Financiación de Riesgo Compartido (MFRC 2007-2013) ofrece préstamos y financiación híbrida o intermedia para mejorar el acceso a la financiación de riesgo para proyectos de investigación e innovación; señala que la contribución de la Unión en 2007-2015 con cargo al MFRC, de 961 millones de euros, respaldó actividades por más de 10 220 millones de euros, de un valor previsto de 11,310 millones»; señala que el instrumento de riesgo compartido (IRC) para las PYMI aportó una financiación de más de 2 300 millones de euros, a los que la Unión contribuyó con 270 millones(9); opina que estas cifras ponen de manifiesto el alto interés de las empresas y demás beneficiarios en la financiación de riesgo;

35.  Observa la necesidad de reorientar mejor los instrumentos financieros del 7PM para garantizar que se presta apoyo a recién llegados con acceso limitado a la financiación en el ámbito de la investigación y la innovación;

36.  Constata que ciertas medidas recomendadas por el auditor externo y/o el servicio de auditoría interna de la Comisión, en concreto dos medidas relativas a los sistemas de control para la supervisión de entidades externas y tres medidas para el Fondo de Garantía de los Participantes, no han sido incluidas;

37.  Sugiere una mejor comunicación de los resultados en los Estados miembros y campañas informativas para el programa;

Perspectivas futuras en el marco de Horizonte 2020

38.  Destaca que, a finales de 2015, se habían publicado198 convocatorias para Horizonte 2020, con un plazo de presentación hasta esa fecha; en respuesta a estas convocatorias, se recibieron un total de 78 268 propuestas, 10 658 de las cuales fueron inscritas en la lista principal o en la de reserva; esto supone un porcentaje de aprobados de alrededor del 14 %, teniendo en cuenta únicamente las propuestas subvencionables; en el mismo período se firmaron 8 832 acuerdos de subvención con beneficiarios, de los cuales 528 fueron firmados por la DG RTD;

39.  Reconoce que en el 7PM se produjo un ahorro de costes de 551 millones de euros con respecto al 6PM, y que la Comisión ha procurado simplificar aún más la ejecución del programa Horizonte 2020 en comparación con el 7PM; subraya la importancia de que todos los ámbitos políticos, incluidos los Fondos Estructurales, se beneficien de la simplificación con vistas a mantener la igualdad de trato de los beneficiarios de la ayuda financiera europea;

40.  Toma nota con satisfacción del hecho de que la DG RTD está intentando reducir aún más los gastos generales externalizando la gestión de los contratos de las agencias ejecutivas y otros organismos; destaca, en este sentido, que, en el marco de Horizonte 2020, el 55 % del presupuesto se gestionará a través de agencias ejecutivas;

41.  Subraya que el gran número de actores políticos, incluidas las direcciones generales de la Comisión, las agencias ejecutivas, empresas comunes y los organismos del artículo 185, requiere una coordinación considerable, cuya eficacia es de importancia primordial;

42.  Toma nota de la diferencia de opinión entre el EIT y la Comisión, por un lado, y el Tribunal , por otra, en relación con la legalidad de los pagos; opina que este litigio no debe resolverse en detrimento de los beneficiarios que hubieran actuado de buena fe;

43.  Acoge favorablemente que en Horizonte 2020:

   la estructura del programa sea menos compleja y prevea la interoperabilidad entre distintas partes,
   se aplique ahora un conjunto único de normas,
   exista ahora un porcentaje de financiación por proyecto,
   los costes indirectos estén cubiertos por un porcentaje fijo (25 %),
   solo se controle la viabilidad financiera de los coordinadores de los proyectos,
   se haya introducido un enfoque del rendimiento más cuantificable,
   se aplique una única estrategia de auditoría al sector de investigación e innovación,
   se haya creado un único portal del participante para la gestión de subvenciones y de expertos,
   las subvenciones, los contratos de expertos y el archivo se gestionen por vía electrónica;

44.  Acoge con satisfacción la creación de un centro común de apoyo que ayudará a coordinar y ejecutar el programa de manera eficiente y armonizada a través de siete direcciones generales de la Comisión, cuatro agencias ejecutivas y seis empresas comunes; señala que desde el 1 de enero de 2014 el centro común de apoyo presta servicios comunes en los ámbitos de la asistencia jurídica, auditoría ex post, sistemas y operaciones informáticas, procesos operativos, información sobre el programa y datos a todas las direcciones generales, agencias ejecutivas y empresas comunes que intervienen en la ejecución de Horizonte 2020;

45.  Propone que se otorgue más importancia al papel de los puntos de contacto nacionales (PCN) para poder proporcionar asistencia técnica de calidad in situ; las evaluaciones anuales de resultados, las formaciones y el reconocimiento de los PCN eficaces aumentarán la tasa de éxito del programa Horizonte 2020;

46.  Celebra que la cuota de fondos de Horizonte 2020 asignados a las pequeñas y medianas empresas aumentara del 19,4 % en 2014 al 23,4 % en 2015, y recomienda que se impulse activamente esta tendencia;

47.  Considera inaceptable que la DG RTD no haya respetado la petición del Parlamento de que las direcciones generales de la Comisión publiquen en sus informes anuales de actividad todas sus recomendaciones específicas por país;

48.  Pide a la Comisión que adopte medidas encaminadas a garantizar un salario igual para investigadores que realicen el mismo trabajo en el mismo proyecto, y que facilite una lista, desglosada por nacionalidad, de todas las empresas cotizadas en bolsa o que demuestren beneficios en su estado de cuentas anual y que reciban fondos de Horizonte 2020;

49.  Reconoce que los nuevos elementos introducidos en Horizonte 2020 también tienen en cuenta las observaciones formuladas por el Tribunal;

50.  Recuerda que se está preparando un Noveno Programa Marco de Investigación; subraya la necesidad de garantizar que, en la definición del programa, se utilizan las mejores prácticas de Horizonte 2020; propone más financiación para la innovación, que resulta eficiente desde el punto de vista económico para el sector empresarial, y una mayor flexibilidad entre presupuestos de los distintos subprogramas para evitar la falta de financiación a aquellos calificados como «excelentes»;

Repercusiones para el 7PM como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea

51.  Observa con respeto el voto de los ciudadanos del Reino Unido de 23 de junio de 2016, con el que expresaron su voluntad política de salir de la Unión Europea;

52.  Acoge con satisfacción el trabajo de la Cámara de los Comunes del Reino Unido para evaluar las repercusiones de esta votación en el ámbito de la ciencia y la investigación(10) y para tratar de minimizar el impacto negativo sobre la competitividad europea;

53.  Señala que las organizaciones con sede en el Reino Unido recibieron 1 270 millones de euros en subvenciones en 2014, lo que representa el 15 % del total, y 1 180 millones en 2015, lo que representa un 15,9 % del total y equivale el porcentaje más alto de financiación de la Unión recibida por un Estado miembro ese año(11);

Conclusiones

54.  Concluye que la Comisión, en general, gestionó eficazmente el coste del 7PM; toma nota de que, a pesar de los retrasos y los reiterados índices de error en su aplicación, el programa ha ido cobrando eficacia;

55.  Acoge con satisfacción que se hayan tenido en cuenta las preocupaciones del Tribunal;

56.  Pide a la Comisión que garantice que la introducción de modernizaciones en el marco de Horizonte 2020, tales como la financiación a tanto alzado de los costes indirectos, una única estrategia de auditoría, un portal único de participantes, etc., se aplique de forma similar en otras políticas, por ejemplo, los Fondos Estructurales; hace hincapié en que todos los beneficiarios de subvenciones deben recibir un trato justo y equitativo;

57.  Pide a los Estados miembros que hagan un esfuerzo adicional con el fin de alcanzar el objetivo de invertir en investigación el 3 % del PIB; considera que ello impulsaría la excelencia y la innovación; en este sentido, pide a la Comisión que estudie la posibilidad de proponer un pacto por la ciencia a nivel local, regional y nacional, siguiendo la dinámica ya existente del «Pacto de los Alcaldes»;

58.  Expresa su preocupación por el hecho de que ambas agencias, la AEI y la AECEI, señalen en sus informes de evaluación que los bucles de retroalimentación y la comunicación entre los servicios de la Comisión y las agencias ejecutivas podrían mejorarse aún más;

o
o   o

59.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Tribunal de Cuentas Europeo y a la Comisión.

(1) DO L 412 de 30.12.2006, p. 1.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 104.
(3) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(4) DO C 373 de 10.11.2015, p. 1.
(5) http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/science-and-technology-committee/inquiries/parliament-2015/leaving-the-eu-inquiry-16-17/publications/
(6) DO L 246 de 14.9.2016, p. 25.
(7) Compromiso y coherencia, evaluación ex post del 7.º programa marco de la Unión, noviembre de 2015 https://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/fp7_final_evaluation_expert_group_report.pdf.
(8) Capítulo 7, Título II del Reglamento Financiero.
(9) COM(2016)0675, pp. 18 y 19.
(10) Véase el informe de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de los Comunes del Reino Unido de 16 de noviembre de 2016.
(11) Informe de seguimiento de Horizonte 2020 de 2015, p. 21 y ss.


Apatridia en Asia meridional y sudoriental
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre la apatridia en Asia meridional y sudoriental (2016/2220(INI))
P8_TA(2017)0247A8-0182/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las disposiciones de los instrumentos de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, incluidas las que se refieren al derecho a la nacionalidad, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas, la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo facultativo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,

–  Vistos otros instrumentos de las Naciones Unidas sobre la apatridia y el derecho a la nacionalidad, como la Conclusión n.º 106 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre identificación, prevención y reducción de la apatridia y la protección de los apátridas(1), que fue refrendada por la Resolución A/RES/61/137 de 2006 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,

–  Vistas la campaña del ACNUR para la erradicación de la apatridia antes del final de 2024(2) y la campaña mundial a favor de la igualdad de derechos de nacionalidad, apoyada por el ACNUR, ONU Mujeres y otras entidades y refrendada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 15 de julio de 2016, sobre los derechos humanos y la privación arbitraria de la nacionalidad (A/HRC/RES/32/5),

–  Vista la Declaración y el Programa de Acción de Viena(3), adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 25 de junio de 1993,

–  Vista la Recomendación general n.º 32 del Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre las dimensiones de género del estatuto de refugiada, el asilo, la nacionalidad y la apatridia de las mujeres(4),

–  Vista la Declaración de los Derechos Humanos de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN)(5),

–  Visto el artículo 3, apartado 5, del Tratado de la Unión Europea, que establece que «en sus relaciones con el resto del mundo, la Unión afirmará y promoverá sus valores e intereses y contribuirá a la protección de sus ciudadanos. Contribuirá a la paz, la seguridad, el desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas»,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 20 de julio de 2015 sobre el Plan de Acción de la Unión para los Derechos Humanos y la Democracia (2015-2019)(6),

–  Vistos el Marco estratégico y el Plan de Acción de la Unión sobre Derechos Humanos y Democracia, de 25 de junio de 2012(7),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 4 de diciembre de 2015 sobre la apatridia(8),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de junio de 2016, sobre la estrategia de la Unión Europea respecto a Myanmar/Birmania(9),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre derechos humanos y migración en terceros países(10),

–  Vista su Resolución, de 7 de julio de 2016, sobre Myanmar/Birmania, en particular la situación de los rohinyás(11),

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto(12),

–  Visto el estudio de la Dirección General de Políticas Exteriores, de noviembre de 2014, titulado «Addressing the Human Rights impact of statelessness in the EU’s external action»,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0182/2017),

A.  Considerando que la región de Asia meridional y sudoriental se compone de los países siguientes: Afganistán, Bangladés, Bután, Brunéi, Camboya, Filipinas, la India, Indonesia, Laos, Malasia, Maldivas, Nepal, Pakistán, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Timor Oriental y Vietnam, todos ellos miembros o con estatuto de observadores de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) o de la Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional (SAARC);

B.  Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) afirma que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos; que el derecho a la nacionalidad y el derecho a no ser privado de manera arbitraria de la propia nacionalidad se consagran en el artículo 15 de la DUDH, así como en otros instrumentos y convenios del ámbito de los derechos humanos; considerando, no obstante, que los instrumentos jurídicos internacionales aún no han alcanzado su objetivo primordial de garantizar el derecho de toda persona a la nacionalidad;

C.  Considerando que todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están interrelacionados; que los derechos humanos y las libertades fundamentales son un derecho de nacimiento de todos los seres humanos y que su protección y promoción es la tarea más importante de todo gobierno;

D.  Considerando que la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido ratificada por todos los países de Asia meridional y sudoriental, dispone que los niños se registrarán inmediatamente tras su nacimiento y tendrán el derecho a adquirir una nacionalidad; que se calcula que la mitad de las personas apátridas del mundo son niños y que muchos de ellos lo son desde el nacimiento;

E.  Considerando que la declaración de la ASEAN sobre los derechos humanos afirma que toda persona tiene derecho a la nacionalidad con arreglo a lo dispuesto por la ley y que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni se le denegará el derecho a cambiar de nacionalidad;

F.  Considerando que la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas define apátrida como «toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación»; que las causas de la apatridia son variables, por ejemplo y sin ánimo de exhaustividad: la sucesión y la disolución de Estados, la necesidad de huir debido a las circunstancias existentes, la migración y la trata de seres humanos, así como: cambios y lagunas en la legislación nacional, la expiración de la nacionalidad por vivir fuera del propio país durante un periodo prolongado, la privación arbitraria de la nacionalidad, la discriminación por motivos de género, raza, etnicidad u otros motivos, o trabas administrativas y burocráticas, incluidas las dificultades para obtener certificados de nacimiento; que la mayoría, si no la totalidad, de estas causas se encuentran en los casos de apatridia en Asia meridional y sudoriental;

G.  Considerando que es importante señalar que ser una persona apátrida es una cuestión diferente que la de ser una persona refugiada; que la mayoría de las personas apátridas nunca ha salido del lugar en el que nació o ha cruzado una frontera internacional;

H.  Considerando que la apatridia es un problema polifacético y conduce a un gran número de violaciones de derechos humanos que incluyen, entre otros, problemas relativos a certificados de nacimiento y otros documentos sobre el estado civil y, asimismo, a otros documentos sobre derechos de propiedades, exclusión de los programas de salud infantil y del sistema escolar estatal, titularidad de empresas, representación política y participación en elecciones, y acceso a la seguridad social y a servicios públicos; que la apatridia puede contribuir a la trata de seres humanos, la detención arbitraria, la violación de la libertad de circulación, la explotación y el maltrato infantil y la discriminación contra las mujeres;

I.  Considerando que la apatridia sigue recibiendo una atención internacional limitada a pesar de las preocupantes implicaciones que tiene a nivel mundial y regional en relación con los derechos humanos, y que se sigue considerando un asunto interno de los Estados; que la reducción y, con el tiempo, la erradicación de la apatridia deberían convertirse en una prioridad a nivel internacional en el ámbito de los derechos humanos;

J.  Considerando que la discriminación de género en el ámbito legislativo, por ejemplo, en cuanto a la adquisición o el traspaso de la nacionalidad a los hijos o el cónyuge, sigue estando presente en países de Asia meridional y sudoriental como Nepal, Malasia y Brunéi;

K.  Considerando que el ACNUR calcula que, en toda la región, 135 millones de niños menores de cinco años carecen del registro de su nacimiento y corren el riesgo de convertirse en apátridas;

L.  Considerando que la erradicación de la apatridia conducirá también al aumento de la democracia, pues las personas anteriormente apátridas pasarán a estar incluidas en el proceso democrático y podrán contribuir al mismo;

M.  Considerando que el complejo problema de la apatridia sigue relegado a los confines del Derecho y la política internacionales, a pesar de que no se trata de una cuestión marginal;

N.  Considerando que la apatridia mina las perspectivas de desarrollo de las poblaciones afectadas y la aplicación efectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible;

O.  Considerando que el Plan de Acción Mundial para Acabar con la Apatridia (2014-2024) del ACNUR tiene por objeto ayudar a los gobiernos a resolver las principales situaciones actuales de apatridia, evitar nuevos casos e identificar y proteger mejor a las poblaciones apátridas; que la acción 10 del Plan de Acción señala asimismo la necesidad de mejorar los datos cualitativos y cuantitativos sobre la apatridia; que la Unión se ha comprometido a apoyar activamente el Plan de Acción;

P.  Considerando que las Conclusiones del Consejo sobre el Plan de Acción de la Unión para los derechos humanos y la democracia (2015-2019) destacan la importancia de abordar el problema de la apatridia en las relaciones con países prioritarios y de centrar los esfuerzos en evitar la aparición de poblaciones apátridas a consecuencia de conflictos, desplazamientos y disgregación de Estados;

Q.  Considerando que el Informe anual de la Unión sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo - Cuestiones nacionales y regionales, de 20 de septiembre de 2016, insiste en el objetivo de la Unión de aumentar la coherencia, la eficacia y la visibilidad de los derechos humanos en la política exterior de la Unión y el objetivo de elevar el perfil de la actuación de la Unión en las Naciones Unidas y en relación con los mecanismos regionales de derechos humanos a fin de fomentar la identificación regional con los derechos humanos y promover su universalidad, e indica específicamente que ello incluye el establecimiento de un primer diálogo político sobre derechos humanos con los mecanismos de derechos humanos de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN);

R.  Considerando que la Unión ha resuelto colocar los derechos humanos en el centro de sus relaciones con terceros países;

S.  Considerando que la apatridia favorece los movimientos de población, la emigración o el tráfico de seres humanos, lo que desestabiliza subregiones enteras;

T.  Considerando que muchos de los diez millones de apátridas del mundo residen en Asia meridional y sudoriental, siendo los rohinyás de Myanmar/Birmania el grupo apátrida más grande del mundo, con más de un millón de personas bajo el mandato de apatridia del ACNUR, si bien hay también grandes comunidades de apátridas en Tailandia, Malasia, Brunéi, Vietnam, Filipinas y otros lugares; que tibetanos apátridas residen en países como India y Nepal; que algunos de estos grupos se encuentran bajo el mandato de apatridia del ACNUR, pero otros no; que la cobertura estadística y la información sobre las poblaciones apátridas en el mundo son incompletas, dado que no todos los países llevan estadísticas sobre esta cuestión; que tanto en Asia meridional como en Asia sudoriental hay casos antiguos por resolver, así como casos en los que se han hecho progresos;

U.  Considerando que se han hecho progresos en Asia meridional y sudoriental mediante modificaciones de las leyes de nacionalidad que introducen disposiciones adecuadas para evitar la apatridia y permitir la adquisición de la nacionalidad por los apátridas; que es necesario redoblar esos esfuerzos y que las leyes adoptadas deben también acatarse en la práctica;

V.  Considerando que los rohinyás constituyen una de las minorías más perseguidas del mundo, pues forman el mayor grupo de apátridas del mundo, y son apátridas oficialmente desde la Ley de ciudadanía de Myanmar/Birmania de 1982; que la presencia de los rohinyás resulta indeseable tanto para las autoridades de Myanmar/Birmania como para los países vecinos, a pesar de que algunos de estos albergan a un gran número de refugiados; que existen actualmente conflictos en el Estado de Rakáin; que miles de refugiados que han logrado cruzar la frontera de Bangladés necesitan urgentemente asistencia humanitaria y están siendo devueltos por la fuerza, lo que constituye una violación del Derecho internacional; que los rohinyás están huyendo de una política de castigo colectivo en el Estado de Rakáin, donde las fuerzas de seguridad están organizando ataques de represalia indiscriminados, al parecer, disparando a los aldeanos desde helicópteros de combate, incendiando casas, llevando a cabo arrestos arbitrarios y violando a mujeres y niñas; que las respuestas nacionales e internacionales frente al deterioro de la situación de los derechos humanos y la crisis humanitaria de los rohinyás han sido claramente insuficientes y que aún no se han estudiado muchos de los instrumentos para resolver el problema;

W.  Considerando que cientos de miles de los llamados biharíes no fueron tratados como ciudadanos de Bangladés tras la guerra de independencia del país cuando Pakistán rechazó su repatriación; que, no obstante, desde 2003 varias sentencias judiciales han confirmado que los biharíes son ciudadanos de Bangladés; que gran número de biharíes siguen sin estar totalmente integrados en la sociedad y en los programas de desarrollo de Bangladés y no han podido ejercer plenamente sus derechos reafirmados;

X.  Considerando que hay otros muchos grupos apátridas en Asia meridional y sudoriental; que, no obstante, se han producido varios fenómenos positivos en los últimos años, como en Indonesia, que eliminó la discriminación de género del procedimiento para adquirir la nacionalidad y reformó su ley de nacionalidad en 2006 de manera que los emigrantes indonesios que pasan más de cinco años fuera del país ya no pueden perder su nacionalidad, si dicha pérdida de nacionalidad tiene como consecuencia la apatridia; en Camboya, donde el registro de nacimientos es ahora gratuito durante los primeros treinta días después del nacimiento; en Vietnam, que en 2008 facilitó la naturalización a los apátridas residentes en Vietnam durante al menos veinte años; y en Tailandia, donde a raíz de la reforma de las leyes de nacionalidad y registro civil, han adquirido la nacionalidad 23 000 apátridas desde 2011;

Y.  Considerando que es de suma importancia que los Gobiernos y las autoridades competentes de todos los países de la región respeten plenamente el principio de no devolución y protejan a los refugiados, en consonancia con sus obligaciones internacionales y con las normas internacionales en materia de derechos humanos;

Z.   Considerando que los grupos apátridas deberían tener acceso a los programas humanitarios para la obtención de asistencia en materia de salud, alimentación, educación y nutrición;

1.  Expresa su preocupación ante los millones de casos de apatridia existentes en todo el mundo, especialmente en Asia meridional y sudoriental, y expresa su solidaridad con los apátridas;

2.  Se manifiesta sumamente preocupado por la situación de la minoría rohinyá en Myanmar/Birmania; muestra su consternación ante los informes de violaciones masivas de los derechos humanos de los rohinyás y la persistencia de la represión y la discriminación, así como por la falta de reconocimiento de este grupo como parte de la sociedad de Myanmar/Birmania, lo que parece ser una campaña coordinada de limpieza étnica; hace hincapié en que los rohinyás llevan viviendo en el territorio de Myanmar/Birmania varias generaciones y tienen pleno derecho a disfrutar de la ciudadanía del país, como ya lo hicieron en el pasado, y de todos los derechos y las obligaciones que ello conlleva; insta al Gobierno y a las autoridades de Myanmar/Birmania a que restauren la ciudadanía para la minoría rohinyá; insta, además, a la apertura inmediata del Estado de Rakáin a las organizaciones humanitarias, a los observadores internacionales, a las ONG y a los periodistas; opina que va a hacer falta organizar investigaciones imparciales para que los autores de las violaciones de los derechos humanos respondan de ellas; opina, además, que son necesarias medidas urgentes para impedir que se produzcan más actos de discriminación, hostilidad y violencia contra las minorías o la incitación a los mismos; espera que Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz y con el premio Sájarov, utilice sus diversas posiciones en el Gobierno de Myanmar/Birmania para acercarse más a una solución;

3.  Lamenta que, en algunos casos, la condición de apátrida se utilice como instrumento para marginar a comunidades específicas y privarlas de sus derechos; considera que la inclusión jurídica, política y social de las minorías es un elemento clave de una transición democrática y que resolver los problemas relacionados con la apatridia contribuiría a una cohesión social y una estabilidad política mayores;

4.  Llama la atención sobre el hecho de que la apatridia puede provocar crisis humanitarias significativas y reitera que las personas apátridas deberían tener acceso a los programas humanitarios; subraya que la apatridia a menudo implica la ausencia de acceso a la educación, los servicios sanitarios, el trabajo, la libertad de circulación y la seguridad;

5.  Expresa su preocupación ante la insuficiencia de datos sobre la apatridia en Asia meridional y sudoriental, que en el caso de, por ejemplo, Bután, India, Nepal y Timor del Este son muy escasos o inexistentes; expresa, además, su preocupación ante el hecho de que, si bien se dispone de datos generales, por ejemplo, no existen datos desglosados sobre mujeres, niños y otros grupos vulnerables; señala que esta falta de información dificulta aún más la definición de acciones específicas, también en el marco de la campaña del ACNUR para la erradicación de la apatridia antes del final de 2024; anima encarecidamente a los países de Asia meridional y sudoriental a que generen datos desglosados fiables y públicos sobre la apatridia;

6.  Señala que también existen ejemplos positivos, como la iniciativa de Filipinas de mayo de 2016 destinada a hacer frente a la necesidad de datos sobre el número de niños apátridas y su situación en la región; pide a la Unión que ofrezca su cooperación y apoyo para cartografiar de manera exhaustiva la apatridia e identificar los proyectos necesarios para poner fin a este problema;

7.  Expresa su profunda preocupación ante el hecho de que los Estados de Brunéi, Malasia y Nepal tengan legislación discriminatoria por motivos de género; hace hincapié en la necesidad de examinar las disposiciones relacionadas con la legislación en materia de nacionalidad contenidas en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;

8.  Acoge con agrado los avances positivos en la región y los esfuerzos realizados en Filipinas, Vietnam y Tailandia, y anima a los países de la región a que trabajen juntos y compartan buenos ejemplos y aúnen esfuerzos a fin de erradicar la apatridia en el conjunto de la región;

9.  Recuerda la situación posterior a la apatridia en la región y el principio de derechos humanos de la participación; promueve la inclusión de las comunidades afectadas por la apatridia y las personas anteriormente apátridas en los proyectos y los planes de desarrollo; anima a los Gobiernos y los proyectos de desarrollo a que aborden la discriminación posterior a la apatridia sobre la base del artículo 4, apartado 1, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que tiene el objetivo de acelerar la igualdad de hecho;

10.  A la vez que reconoce la soberanía nacional sobre cuestiones como la ciudadanía, insta a los países con poblaciones apátridas a que tomen medidas concretas para resolver la cuestión de la apatridia de acuerdo con los principios consagrados en los convenios internacionales ratificados por todos ellos y, en concreto, la Convención sobre los Derechos del Niño; señala los muchos avances positivos que se han producido en la región;

11.  Insta al Gobierno de Bangladés a que se comprometa a ejecutar un plan de actuación claro que permita la plena aplicación del Acuerdo de Paz de Chittagong Hill Tracts de 1997 y, con ello, la rehabilitación de los jummas desplazados que en la actualidad viven en la India y son apátridas;

12.  Anima encarecidamente a los Estados a que apliquen la garantía, consagrada, entre otros, en la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961, de que una persona nacida en un Estado también podrá obtener la nacionalidad de dicho Estado si de lo contrario se convirtiera en apátrida;

13.  Hace hincapié en los vínculos entre apatridia y vulnerabilidad social y económica; insta a los gobiernos de los países en desarrollo a que impidan la denegación, la pérdida o la privación de la nacionalidad por motivos discriminatorios, que adopten unas leyes equitativas en materia de nacionalidad y que apliquen unos procedimientos de documentación accesibles, asequibles y no discriminatorios en relación con la nacionalidad;

14.  Acoge con satisfacción el compromiso declarado por el Consejo en sus Conclusiones sobre el Plan de Acción para los derechos humanos y la democracia (2015-2019) de abordar el problema de la apatridia en las relaciones con países prioritarios y celebra asimismo el compromiso asumido por el Consejo de reforzar sus relaciones con la ASEAN; recomienda que el enfoque de los esfuerzos vaya más allá del hecho de la aparición de poblaciones apátridas como resultado de los conflictos, los desplazamientos y el desmembramiento de Estados e incluya otros aspectos igualmente pertinentes como la apatridia debida a la discriminación, así como a la ausencia del registro de nacimientos y del estado civil;

15.  Recuerda la actuación prometida en el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia 2015-2019 de crear un marco común entre la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a fin de abordar las cuestiones relacionadas con la apatridia con los terceros países; subraya que la elaboración y la difusión de un marco formal serían un componente decisivo del apoyo de la Unión Europea para el objetivo del ACNUR de erradicar la apatridia en el mundo antes del final de 2024;

16.  Pide a la Unión que promueva el desarrollo de soluciones mundiales para la apatridia junto con estrategias regionales o locales específicas, pues un enfoque único no será lo suficientemente eficiente para hacer frente a este problema;

17.  Considera que la Unión debería destacar con mayor firmeza la gran repercusión de la apatridia en cuestiones internacionales como la erradicación de la pobreza, la aplicación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la región y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la promoción de los derechos de los menores, y la necesidad de abordar la migración ilegal y la trata de seres humanos;

18.  Acoge con satisfacción la adopción del objetivo de desarrollo sostenible 16.9, que prevé que se debe proporcionar acceso para todos a una identidad jurídica y a la inscripción en el registro de nacimientos; lamenta, sin embargo, que no se mencione explícitamente la apatridia en la Agenda 2030, ya sea como uno de los posibles motivos de discriminación o como un objetivo de reducción de la pobreza; solicita a la Unión y a sus Estados miembros que consideren la posibilidad de incluir indicadores relativos a la apatridia en sus mecanismos de supervisión y notificación al aplicar los objetivos de desarrollo sostenible;

19.   Recalca la importancia de una estrategia de comunicación eficaz en relación con la apatridia a efectos de la concienciación sobre este problema; pide a la Unión que se comunique más y mejor con respecto a la apatridia, en cooperación con el ACNUR y a través de sus delegaciones en los terceros países afectados, y que se centre en las violaciones de los derechos humanos ocurridas como consecuencia de la apatridia;

20.  Pide a la Unión que diseñe una estrategia integral sobre la apatridia basada en dos conjuntos de medidas; considera que el primer conjunto debería abordar las situaciones urgentes y el segundo debería definir medidas a largo plazo para erradicar la apatridia; cree que la estrategia debería centrarse en un número limitado de prioridades y que la Unión debería tomar la delantera en caso de situaciones urgentes a fin de crear conciencia sobre la apatridia a escala internacional;

21.  Hace hincapié en que la estrategia integral de la Unión sobre la apatridia debería ser adaptable a las situaciones específicas a las que se enfrentan las personas apátridas; recalca que, a fin de definir unas medidas apropiadas, se ha de hacer una distinción entre la apatridia debida a la falta de capacidad administrativa y la debida a una política estatal discriminatoria contra determinadas comunidades o minorías;

22.  Recomienda que los Estados miembros concedan prioridad al apoyo a las evoluciones positivas en relación con la apatridia en Asia meridional y sudoriental y propone un nuevo enfoque político global con los componentes siguientes:

   motivar a los Estados a adherirse a los convenios sobre apatridia destacando sus beneficios en los contactos bilaterales entre parlamentos y ministerios y a otros niveles;
   apoyar a los organismos sectoriales de la ASEAN y la SAARC a la hora de ayudar a sus Estados miembros a proseguir los esfuerzos encaminados a hacer efectivos el derecho a la nacionalidad y la erradicación de la apatridia;
   destacar en los foros multilaterales el valor de los convenios sobre apatridia;
   colaborar con los Estados para dar a conocer los beneficios de la recopilación de datos nacionales intersectoriales, desglosados y verificables sobre apátridas y personas con nacionalidad indeterminada, pues la identificación de las personas apátridas es el primer paso para que los Estados afectados adopten las medidas necesarias para erradicar la apatridia; a continuación, los datos recopilados serán usados para fines de registro, documentación, prestación de servicios públicos, el mantenimiento de la ley y el orden y planificación del desarrollo;
   insistir sistemáticamente en que el registro de nacimientos debe ser gratuito, fácilmente accesible y no discriminatorio;
   hacer hincapié de forma sistemática en que los sistemas nacionales de gestión de la identidad han de incluir y proporcionar documentación de identidad a todas las personas de su territorio, incluidos los grupos de difícil acceso y los grupos marginados, que pueden estar en riesgo de convertirse en apátridas o carecer de nacionalidad;
   apoyar a los países de Asia meridional y sudoriental a la hora de garantizar el acceso universal a la educación, inclusive para los niños apátridas, ya que la apatridia supone un obstáculo significativo que impide a los niños acceder a unas oportunidades educativas en igualdad de condiciones;
   fomentar el importante papel de las tecnologías innovadoras mediante el uso de programas digitales de registro de nacimientos a fin de mejorar el registro y el mantenimiento de archivos;
   abordar la cuestión del contenido y la aplicación de la legislación en materia de nacionalidad y la privación arbitraria o la negación del derecho a la nacionalidad por motivos de etnicidad, que es la causa principal de la apatridia en la región;
   animar a los Estados de la región a abordar las necesidades de las mujeres y las cuestiones relacionadas con la violencia sexual y de género a través de enfoques basados en los derechos humanos y comunitarios, en especial para las víctimas de la trata de seres humanos;
   abordar la cuestión de las leyes de nacionalidad y la discriminación de género, pues algunos países dificultan e incluso impiden que las madres transmitan su nacionalidad a sus hijos;
   velar por que todos los proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria que reciban financiación de la Unión se configuren de manera que aborden la apatridia siempre que ello sea pertinente;
   crear capacidad de las instituciones y agentes pertinentes de la Unión para comprender y analizar las cuestiones de apatridia y preparar programas e informes al respecto, establecer un ejercicio periódico de información sobre los logros de la Unión en la lucha contra la apatridia, entre otros, mediante la incorporación de una sección sobre apatridia en el Informe Anual de la Unión sobre Derechos Humanos y Democracia en el mundo;
   garantizar que la apatridia, la nacionalidad y la ciudadanía estén debidamente cubiertas en las estrategias de derechos humanos y democracia, y que estas últimas se basen en el principio de que toda persona, independientemente de su género, raza, color, piel, credo o religión, origen nacional o pertenencia a una minoría nacional o étnica, tiene derecho a la nacionalidad; abordar la cuestión de la apatridia en todo diálogo político y sobre derechos humanos con los países afectados;
   elaborar unas directrices de la Unión sobre derechos humanos en relación con la apatridia a fin de proporcionar unos objetivos concretos y mensurables para los esfuerzos de la Unión encaminados a la erradicación de la apatridia en el mundo;
   aumentar el diálogo sobre la apatridia en Asia meridional y sudoriental con las organizaciones regionales e internacionales pertinentes, así como con la vecindad de los países de esta región y otros Estados activos en ella;
   velar por que los participantes en misiones de observación electoral sean conscientes de las cuestiones de apatridia cuando sea pertinente;
   destacar la necesidad de capacitar a los organismos del ámbito de los derechos humanos para que puedan desempeñar un papel más activo en la identificación y la erradicación de la apatridia;
   reservar una financiación adecuada de los presupuestos del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, el Fondo Europeo de Desarrollo y el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos para ONG y otras organizaciones dedicadas a llegar a las comunidades apátridas; promover la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades apátridas a fin de capacitarlas para luchar por sus derechos;
   fomentar la coordinación entre los países para afrontar la apatridia, en especial cuando esta tiene efectos transfronterizos, e intercambiar buenas prácticas con respecto a la aplicación de las normas internacionales relacionadas con la lucha contra la apatridia;
   garantizar el seguimiento, por ejemplo, a través de la sensibilización y el apoyo técnico a las administraciones públicas como instrumento para el desarrollo de capacidades, incluso a nivel local en los casos en los que resulte necesario poner en práctica evoluciones positivas, como en Tailandia, Filipinas, Vietnam y Bangladés, donde se ha restaurado la ciudadanía de los biharíes, incluidos sus derechos de sufragio;

23.  Pide a los Gobiernos de Brunéi Darusalam, Malasia y Nepal que luchen contra las formas de discriminación por motivos de sexo existentes en sus leyes relativas a la nacionalidad y que promuevan el derecho de los menores a una nacionalidad;

24.  Toma nota del vínculo entre la apatridia y el desplazamiento forzado, en particular en las regiones afectadas por conflictos; insiste en que al menos 1,5 millones de personas apátridas son refugiados o antiguos refugiados, entre los que se encuentran muchas jóvenes y niñas;

25.  Recuerda que la apatridia en el mundo está en gran medida por cartografiar y mal contabilizada, y que los datos existentes se basan en distintas definiciones; insta a la comunidad internacional a que adopte una definición unificada y a que haga frente a las deficiencias en la recogida de datos para determinar la dimensión de la apatridia en los países en desarrollo, en especial ayudando a las autoridades locales a adoptar métodos adecuados para cuantificar, detectar y registrar a las personas apátridas, así como para potenciar su capacidad estadística;

26.  Solicita a la Comisión que ponga en marcha intercambios de buenas prácticas entre los Estados miembros, anima a la coordinación activa de los puntos de contacto nacionales para la apatridia y acoge con satisfacción la campaña #IBelong (#YOPertenezco);

27.  Destaca el papel clave de la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 para Reducir los Casos de Apatridia, que imponen el establecimiento de marcos jurídicos para la identificación y la protección de los apátridas y para la prevención de la apatridia y pueden servir como punto de partida para los Estados que deseen progresar hacia la solución del problema de la apatridia;

28.  Celebra el apoyo que la Unión brinda a los apátridas en el Asia meridional y sudoriental a través de varios instrumentos y anima a la Unión a no cejar en su empeño por mitigar la repercusión de la apatridia en el desarrollo, la paz y la estabilidad como parte integrante de sus programas de cooperación al desarrollo y, en un sentido más amplio, de su acción exterior;

29.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) http://www.unhcr.org/excom/exconc/453497302/conclusion-identification-prevention-reduction-statelessness-protection.html
(2) http://www.unhcr.org/protection/statelessness/54621bf49/global-action-plan-end-statelessness-2014-2024.html
(3) http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf
(4) http://www.refworld.org/docid/54620fb54.html
(5) http://www.asean.org/wp-content/uploads/images/ASEAN_RTK_2014/6_AHRD_Booklet.pdf
(6) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/council_conclusions_on_the_action_plan_on_human_rights_and_democracy_2015_-_2019.pdf
(7) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-2012-INIT/es/pdf
(8) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/12/04-council-adopts-conclusions-on-statelessness/
(9) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-conclusions-myanmar-burma/
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0404.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0316.
(12) DO C 316 de 30.8.2016, p. 141.


Fusiones y escisiones transfronterizas
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre fusiones y escisiones transfronterizas (2016/2065(INI))
P8_TA(2017)0248A8-0190/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 49, 54 y 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo, de 17 de diciembre de 1982, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado y referente a la escisión de sociedades anónimas,(1),

–  Vista la Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital,(2),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE)(3),

–  Vista la Directiva 2001/86/CE del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por la que se completa el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea en lo que respecta a la implicación de los trabajadores(4),

–  Vista la Directiva 2002/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2002, por la que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores en la Comunidad Europea(5),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, titulada «Europa 2020: Derecho de sociedades europeo y gobierno corporativo - un marco jurídico moderno para una mayor participación de los accionistas y la viabilidad de las empresas» (COM(2012)0740),

–  Vista su Resolución, de 14 de junio de 2012, sobre el futuro del Derecho europeo de sociedades(6),

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2009, con recomendaciones destinadas a la Comisión, sobre el traslado transfronterizo de la sede social de una empresa(7),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de octubre de 2016, titulada «Establecimiento de un sistema de imposición de las sociedades equitativo, competitivo y estable para la UE» (COM(2016)0682),

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de libertad de establecimiento, en particular en los asuntos SEVIC Systems AG(8), Cadbury Schweppes plc & Cadbury Schweppes Overseas Ltd v Commissioners of Inland Revenue(9), CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt.(10), VALE Építési kft.(11), KA Finanz AG v Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group(12), Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam v Inspire Art Ltd.(13), Überseering BV v Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC)(14), Centros Ltd v Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (15), y The Queen v H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc.(16),

–  Vistos los comentarios de la Comisión, de octubre de 2015, que recogen el resumen de las respuestas a la consulta pública sobre fusiones y escisiones transfronterizas llevada a cabo entre el 8 de septiembre de 2014 y el 2 de febrero de 2015(17);

–  Visto el estudio de junio de 2016 del Departamento Temático C - Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo titulado «Cross-border mergers and divisions, transfers of seat: is there a need to legislate?» (Fusiones y escisiones transfronterizas, traslados del domicilio social: ¿Es necesario legislar?)(18);

–  Visto el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo titulado «Ex-post analysis of the EU framework in the area of Cross-border mergers and divisions» (Análisis ex post del marco de la UE en el ámbito de las fusiones y escisiones transfronterizas)(19);

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Programa de Trabajo de la Comisión para 2017 - Realizar una Europa que proteja, capacite y vele por la seguridad» y, en particular, el punto 4 del capítulo II (COM(2016)0710),

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0190/2017),

A.  Considerando las importantes repercusiones sobre la competitividad europea de una reforma exhaustiva del Derecho de sociedades, así como los obstáculos a la plena aplicación de la Directiva sobre fusiones transfronterizas;

B.  Considerando que las escisiones transfronterizas de las empresas aún no están sujetas a una normativa común; que la situación presente supone evidentes dificultades procesales, administrativas y financieras para las empresas afectadas, así como el riesgo de abusos y dumping;

C.  Considerando que el Parlamento Europeo ha pedido enérgica y reiteradamente una legislación europea en materia de traslado transfronterizo de los domicilios sociales de las empresas; que la mayoría de las partes interesadas apoya ampliamente las solicitudes del Parlamento;

D.  Considerando que, en aras de la mejora de la movilidad de las empresas en el seno de la Unión, es importante contar con un marco jurídico común en materia de fusiones y escisiones de empresas y operaciones de transferencia;

E.  Considerando que no todos los Estados miembros en los que se producen operaciones de fusión y escisión transfronteriza o traslado de domicilio social disponen de normas que otorguen a los trabajadores derechos en materia de consulta, información y cogestión;

F.  Considerando que el traslado del domicilio social no debería eludir los requisitos jurídicos, sociales y fiscales previstos por la normativa de la Unión y de los Estados miembros de origen, sino que debería aspirar a establecer un marco jurídico uniforme que garantice la máxima transparencia y simplificación de los procedimientos y que luche contra el fenómeno del fraude fiscal;

G.  Considerando que el acervo de la Unión pertinente prevé un amplio conjunto de derechos de información, consulta y participación de los trabajadores; que la Directiva 2009/38/CE(20) y la Directiva 2005/56/CE garantizan la participación transfronteriza de los trabajadores y establecen el principio de los derechos preexistentes; que se considera que esos derechos de los trabajadores deben protegerse igualmente en el caso de traslado de sedes;

H.  Considerando que todas las nuevas iniciativas del Derecho de sociedades europeo deben basarse en una evaluación y una valoración en profundidad de las formas jurídicas de sociedades existentes, en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de movilidad transfronteriza de las empresas, y en evaluaciones de impacto que reflejen los intereses de todas las partes interesadas, incluidos los accionistas, los acreedores, los inversores y los trabajadores, garantizando los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

Cuestiones horizontales

1.  Reitera la importancia de que se defina un marco para regular de manera global la movilidad de las empresas a escala europea, a fin de simplificar los procedimientos y requisitos para el traslado, la escisión y la fusión, así como para evitar abusos y traslados ficticios con fines de dumping social o fiscal;

2.  Pide a la Comisión que preste atención a los resultados de la consulta pública realizada entre el 8 de septiembre de 2014 y el 2 de febrero de 2015 con respecto a la posible revisión de la Directiva 2005/56/CE y la posible introducción de un marco legislativo que regule las escisiones transfronterizas; recuerda que los resultados de la consulta han puesto de manifiesto una convergencia sobre las prioridades normativas en materia de fusiones y escisiones transfronterizas con los objetivos de potenciar el mercado interior y fomentar los derechos de los trabajadores;

3.  Considera importante que las futuras propuestas legislativas en materia de movilidad de las empresas prevean una armonización máxima, en particular por lo que se refiere a las normas procesales, los derechos de los agentes de la gobernanza corporativa, en particular en el caso de los más pequeños, y la ampliación de la aplicabilidad a todas las entidades definidas como empresa en el sentido del artículo 54 del TFUE, seguida por otras normas sectoriales, como por ejemplo en el ámbito de los derechos de los trabajadores;

4.  Considera que las nuevas normas en materia de fusiones, escisiones y traslados de sedes deberían facilitar la movilidad de las empresas en el seno de la Unión, teniendo en cuenta sus necesidades de restructuración con el fin de aprovechar mejor las oportunidades del mercado interior, y facilitar la libertad de las empresas en materia de organización, teniendo debidamente en cuenta los derechos de los trabajadores en materia de representación; llama la atención, a este respecto, sobre la importancia que reviste que se eliminen los obstáculos ligados a los conflictos de competencia de las leyes para determinar el Derecho nacional aplicable; Considera que la protección de los derechos de los trabajadores podría abordarse mediante distintos actos jurídicos de la Unión, en particular una propuesta de directiva sobre normas mínimas relativas a los trabajadores y la participación de los trabajadores en formas jurídicas de sociedades europeas y en los consejos de administración de las empresas creados en virtud del Derecho europeo;

Fusiones transfronterizas

5.  Destaca el efecto positivo de la Directiva 2005/56/CE relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capital, que ha servido para facilitar las fusiones transfronterizas entre sociedades de responsabilidad limitada en la Unión, tal y como demuestran las cifras oficiales que demuestran un incremento significativo del número de fusiones transfronterizas en los últimos años, y para reducir los costes y los procedimientos administrativos de las mismas;

6.  Considera que es necesario proceder a una revisión de la Directiva 2005/56/CE para mejorar su aplicación y responder a la reciente evolución en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de libertad de establecimiento de las sociedades y en el derecho europeos en materia de sociedades; considera que la futura propuesta legislativa por la que se modifica la Directiva 2005/56/CE debe comprender un nuevo conjunto de normas que regulen la escisión de empresas y también debería establecer unas líneas directrices para la futura legislación relativa a la movilidad de las empresas;

7.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta los resultados de la consulta de octubre de 2015, que ponen de manifiesto, en particular, la necesidad de una armonización máxima por lo que se refiere a los criterios que regulan los efectos de las fusiones sobre las distintas partes interesadas de la empresa;

8.  Considera prioritario que para una serie de actores y categorías de la gobernanza corporativa se defina un conjunto de normas más avanzadas y que estas normas se reproduzcan para modelos comunes futuros de escisión transfronteriza y traslado del domicilio social; considera esencial que los procedimientos de fusión transfronteriza se simplifiquen mediante una definición más clara de las normas relativas a la documentación jurídica, empezando con las cuestiones de la información de los accionistas y la recopilación de la documentación de la fusión, y la introducción de nuevas prácticas de digitalización, siempre y cuando se mantengan los requisitos y normas de procedimiento de base establecidas en la Directiva 2005/56/CE (incluida la expedición de un certificado de prefusión y el control de la legalidad de conformidad con los artículos 10 y 11 de la Directiva) y se preserven intereses públicos como la seguridad jurídica y la fiabilidad de los registros comerciales;

9.  Espera que las nuevas disposiciones en materia de derechos de los trabajadores se definan de forma que se evite que algunas empresas recurran a la Directiva relativa a las fusiones transfronterizas únicamente con objeto de trasladar el domicilio social por motivos fiscales, sociales y legales abusivos; subraya la importancia de que se eliminen las ambigüedades en la aplicación de sanciones nacionales en caso de incumplimiento de la legislación en materia de derechos de los trabajadores;

10.  Considera que es importante introducir mejoras en algunos aspectos clave:

   gestión de activos y pasivos;
   método de evaluación de las actividades,
   normas sobre protección de acreedores;
   fecha de inicio y duración del período de protección para los acreedores, de conformidad con el principio de la atribución de responsabilidad a la asamblea general;
   transmisión de las informaciones relativas a la empresa, a través de los registros comerciales interconectados y normalizados de los Estados miembros;
   derechos de los accionistas minoritarios;
   establecimiento de normas mínimas en materia de información, consulta y codeterminación de los trabajadores;
   determinadas exenciones específicas de los requisitos de procedimiento;

11.  Concede gran importancia a la protección de determinados derechos de los accionistas minoritarios, entre ellos el derecho de investigación de la fusión, el derecho a compensación de un accionista que abandona la empresa por oposición a la fusión o el derecho a impugnar la adecuación del tipo de cambio;

12.  Apoya la posibilidad de introducir procedimientos transfronterizos acelerados en caso de consenso entre todos los accionistas, ausencia de trabajadores o irrelevancia de las repercusiones para los acreedores;

Escisiones transfronterizas

13.  Recuerda que la Directiva 82/891/CEE regula únicamente las escisiones de empresas dentro de un Estado miembro; toma nota de que, aunque los casos concretos de escisiones de empresas entre diferentes Estados miembros son muy limitados, tal y como se recoge en la consulta realizada por la Comisión en 2015, las cifras sobre escisiones nacionales revelan existe una necesidad real de que se establezca un marco especial de la Unión para las escisiones transfronterizas; destaca que una posible nueva Directiva no debería utilizarse como instrumento formal para las escisiones en una empresa con el objetivo de buscar el foro de conveniencia y eludir las obligaciones jurídicas dimanantes del Derecho nacional;

14.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta los importantes efectos económicos que se derivarían de una reglamentación de las escisiones transfronterizas, como la simplificación de la estructura organizativa, una mayor capacidad de adaptación y nuevas oportunidades de mercado interno;

15.  Destaca lo prolongado y complejo de los procedimientos necesarios en la actualidad para realizar una escisión transfronteriza, que generalmente se realizan en dos fases: una escisión nacional y, a continuación, una fusión transfronteriza; considera que la introducción de unas normas armonizadas al nivel de la Unión en el ámbito de las escisiones transfronterizas daría lugar a una simplificación de las operaciones y a una reducción de los costes y de la duración de los procedimientos;

16.  Recuerda la importancia de que se eliminen los obstáculos ligados a los conflictos de competencia de las leyes para determinar el Derecho nacional aplicable;

17.  Recuerda que en algunos Estados miembros no existen normas nacionales específicas sobre cómo realizar una escisión transfronteriza;

18.  Considera que la futura propuesta legislativa sobre las escisiones transfronterizas debe apoyarse en los principios y requisitos enumerados en el contexto de la Directiva relativa a las fusiones transfronterizas:

   las cuestiones de procedimiento y simplificación, incluidas todas las principales formas de escisión empresarial practicadas en la actualidad, como la atomización de la propiedad, las empresas semilla o la cesión parcial de las actividades a una filial de nueva creación («hive-down»),
   los derechos de los acreedores y de los accionistas minoritarios, reafirmando los principios de protección y eficacia,
   cumplimiento de las normas en materia de participación y representación por los trabajadores y protección de los mismos, al objeto de mejorar la protección de los trabajadores, en particular frente al dumping social;
   las cuestiones contables,
   gestión de activos y pasivos,
   la armonización de las normas y procedimientos, como por ejemplo, los derechos vinculados a las acciones, las obligaciones de registro y de comunicación entre los registros mercantiles, la fecha de finalización de la operación, el contenido mínimo de los términos de la escisión, las reglas de mayoría, el órgano competente para supervisar el cumplimiento y la legalidad de la operación;

o
o   o

19.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Comité Económico y Social Europeo.

(1) DO L 378 de 31.12.1982, p. 47.
(2) DO L 310 de 25.11.2005, p. 1.
(3) DO L 294 de 10.11.2001, p. 1.
(4) DO L 294 de 10.11.2001, p. 22.
(5) DO L 80 de 23.3.2002, p. 29.
(6) DO C 332 E de 15.11.2013, p. 78.
(7) DO C 87 E de 1.4.2010, p. 5.
(8) Asunto C-411/03, SEVIC Systems AG, de 13 de diciembre de 2005, ECLI:EU:C:2005:762.
(9) Asunto C-196/04, Cadbury Schweppes Overseas Ltd/Commissioners of Inland Revenue, de 12 de septiembre de 2006, ECLI:EU:C:2006:544.
(10) Asunto C-210/06, CARTESIO Oktató és Szolgáltató bt., de 16 de diciembre de 2008, ECLI:EU:C:2008:723.
(11) Asunto C-378/10, VALE Építési kft., de 12 de julio de 2012, ECLI:EU:C:2012:440.
(12) Asunto C-483/14, KA Finanz AG/Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group, de 7 de abril de 2016, ECLI:EU:C:2016:205.
(13) Asunto C-167/01, Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam/Inspire Art Ltd., de 30 de septiembre de 2003, ECLI:EU:C:2003:512.
(14) Asunto C-208/00, Überseering BV/Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC), de 5 de noviembre de 2002, ECLI:EU:C:2002:632.
(15) Asunto C-212/97, Centros Ltd/Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, de 9 de marzo de 1999, ECLI:EU:C:1999:126.
(16) Asunto C81/87, The Queen/H. M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust plc., de 27 de septiembre de 1988, ECLI:EU:C:1988:456.
(17) http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2014/cross-border-mergers-divisions/docs/summary-of-responses_en.pdf
(18) PE 556.960, http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556960/IPOL_STU(2016)556960_EN.pdf
(19) PE 593.796.
(20) Directiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria (refundición). DO L 122 de 16.5.2009, p. 28.


Participación de la Unión Europea en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA) ***I
PDF 263kWORD 45k
Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la participación de la Unión Europea en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA), en la que participan conjuntamente varios Estados miembros (COM(2016)0662 – C8-0421/2016 – 2016/0325(COD))
P8_TA(2017)0249A8-0112/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0662),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 185 y 188 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0421/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 26 de enero de 2017(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 26 de abril de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0112/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente.

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de junio de 2017 con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la participación de la Unión Europea en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región Mediterránea (PRIMA), emprendida conjuntamente por varios Estados miembros

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Decisión (UE) 2017/1324.)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión sobre garantías financieras para la estructura de ejecución de PRIMA

1.  En relación con la iniciativa PRIMA, el Reglamento Financiero de la UE, en su artículo 58, apartado 1, letra c), inciso vi), estipula que la Comisión podrá delegar competencias de ejecución del presupuesto de la Unión en un organismo de Derecho privado investido de una misión de servicio público (estructura de ejecución). Dicho organismo ha de presentar garantías financieras suficientes.

2.  Con el fin de respetar una buena gestión financiera de los fondos de la UE, dichas garantías deben incluir, sin limitación en cuanto a su alcance o a los importes, cualquier deuda de la estructura de ejecución hacia la Unión relativa a todas las tareas de ejecución conforme a lo previsto en el convenio de delegación. La Comisión normalmente espera que los garantes acepten la responsabilidad solidaria de las deudas de la estructura de ejecución.

3.  No obstante, basándose en una evaluación de riesgos minuciosa, en particular si se considera adecuado el resultado de una evaluación previa por pilares realizada a la estructura de ejecución de conformidad con el artículo 61 del Reglamento Financiero, el ordenador de la Comisión responsable de PRIMA preverá lo siguiente:

—  Teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, la garantía financiera solicitada a la estructura de ejecución podrá limitarse al importe máximo de la contribución de la Unión.

—  En consonancia, la responsabilidad de cada garante podrá ser proporcional a la parte de su contribución a PRIMA.

Los garantes podrán convenir las modalidades en las que cubrirán dicha responsabilidad en sus respectivas cartas de declaración de responsabilidades.

(1) DO C 125 de 21.4.2017, p. 80.


Medidas específicas para proporcionar ayuda adicional a los Estados miembros afectados por catástrofes naturales ***I
PDF 241kWORD 42k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en relación con medidas específicas para proporcionar una ayuda adicional a los Estados miembros afectados por catástrofes naturales (COM(2016)0778 – C8-0489/2016 – 2016/0384(COD))
P8_TA(2017)0250A8-0070/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0778),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 177 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0489/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 22 de febrero de 2017(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 24 de mayo de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0070/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de junio de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en relación con medidas específicas para proporcionar una ayuda adicional a los Estados miembros afectados por catástrofes naturales

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/1199.)

(1) DO C 173 de 31.5.2017, p. 38.


Etiquetado de la eficiencia energética ***I
PDF 249kWORD 50k
Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco para el etiquetado de la eficiencia energética y se deroga la Directiva 2010/30/UE (COM(2015)0341 – C8-0189/2015 – 2015/0149(COD))
P8_TA(2017)0251A8-0213/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2015)0341),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0189/2015),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 20 de enero de 2016(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 5 de abril de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0213/2016),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(2);

2.  Aprueba la declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución

4.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de junio de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un marco para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/1369.)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión,

sobre los artículos 290 y 291 del TFUE

Recordando el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación y, en particular, el apartado 26 del mismo, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión declaran que las disposiciones del presente Reglamento se entenderán sin perjuicio de cualquier posición futura de las instituciones por lo que respecta a la aplicación de los artículos 290 y 291 del TFUE en otros expedientes legislativos.

Declaración de la Comisión sobre las compensaciones económicas a los consumidores

En su esfuerzo constante por mejorar la aplicación de la legislación de armonización de la Unión en lo que se refiere a los productos, la Comisión –a fin de abordar la potencial pérdida económica para los consumidores derivada de un mal etiquetado de los productos o de un rendimiento energético o medioambiental inferior al indicado en la etiqueta– debe analizar si procede tratar el pago de compensaciones a los consumidores en caso de incumplimiento de la clase energética indicada en la etiqueta.»

(1) DO C 82 de 3.3.2016, p. 6.
(2) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 6 de julio de 2016 (Textos Aprobados P8_TA(2016)0304.


Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020 a 2033 ***I
PDF 239kWORD 42k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión n.º 445/2014/UE por la que se establece una acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020 a 2033 (COM(2016)0400 – C8-0223/2016 – 2016/0186(COD))
P8_TA(2017)0252A8-0061/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0400),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 167, apartado 5, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0223/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 24 de mayo de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0061/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de junio de 2017 con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión n.º 445/2014/UE por la que se establece una acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020 a 2033

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Decisión (UE) 2017/1545.)


Evaluación de la ejecución de Horizonte 2020
PDF 226kWORD 63k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre la evaluación de la ejecución de Horizonte 2020 con miras a su evaluación intermedia y a la propuesta del Noveno Programa Marco (2016/2147(INI))
P8_TA(2017)0253A8-0209/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1291/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)(1),

–  Visto el Reglamento (Euratom) n.º 1314/2013 del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, relativo al Programa de Investigación y Formación de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2014-2018) que complementa Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación(2),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establecen las normas de participación y difusión aplicables a Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)(3),

–  Vista la Decisión del Consejo 2013/743/UE, de 3 de diciembre de 2013, por la que se establece el Programa Específico por el que se ejecuta Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020)(4),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1292/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, que modifica el Reglamento (CE) n.º 294/2008 por el que se crea el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología(5),

–  Vista la Decisión n.º 1312/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativa a la Agenda de Innovación Estratégica del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT): la contribución del EIT a una Europa más innovadora(6),

–  Vistos los Reglamentos (UE) n.º 557/2014, 558/2014, 559/2014, 560/2014 y 561/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014(7), y los Reglamentos (UE) n.º 642/2014(8) y 721/2014(9) del Consejo, de 16 de junio de 2014, por los que se establecen las Empresas Comunes financiadas con cargo a Horizonte 2020,

–  Vistas las Decisiones n.º 553/2014/UE, 554/2014/UE, 555/2014/UE y 556/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014(10), por las que se crean las asociaciones público-públicas con arreglo al artículo 185 financiadas con cargo a Horizonte 2020,

–  Vistos los documentos de 3 de febrero de 2017 para el Grupo de Alto Nivel sobre la optimización del impacto de los programas de investigación e innovación de la UE(11),

–  Vistos los informes de seguimiento de Horizonte 2020 de la Comisión, de 2014 y 2015,

–  Visto el informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulado «El Espacio Europeo de Investigación: la hora de la realización y del seguimiento de los progresos logrados» (COM(2017)0035),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Plan de Acción Europeo de la defensa» (COM(2016)0950),

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulado «Ejecución de la estrategia de cooperación internacional en investigación e innovación» (COM(2016)0657),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Iniciativa Europea de Computación en la Nube: construir en Europa una economía competitiva de los datos y del conocimiento» (COM(2016)0178), así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña (SWD(2016)0106),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la respuesta al informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre la evaluación ex post del séptimo programa marco (COM(2016)0005),

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulado «Informe anual sobre las actividades de investigación y desarrollo tecnológico de la Unión Europea en 2014» (COM(2015)0401),

–  Vistos los informes de 2014 y 2015 de la Comisión Europea sobre la integración de las ciencias sociales y las humanidades en Horizonte 2020: participantes, presupuestos y disciplinas,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Regular mejor para las inversiones impulsadas por la innovación a nivel de la UE» (SWD(2015)0298),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Espacio Europeo de Investigación: Informe 2014» (COM(2014)0575),

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «La investigación y la innovación como fuentes de crecimiento renovado» (COM(2014)0339),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Second Situation Report on Education and Training in the Nuclear Energy Field in the European Union» (Segundo informe sobre la situación de la educación y la formación en el ámbito de la energía nuclear en la Unión Europea) (SWD(2014)0299),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «FET Flagships: A novel partnering approach to address grand scientific challenges and to boost innovation in Europe» (Iniciativas emblemáticas en el ámbito de las tecnologías futuras y emergentes: Un nuevo enfoque asociativo para abordar los grandes retos científicos e impulsar la innovación en Europa) (SWD(2014)0283),

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulado «Segunda evaluación intermedia de las empresas comunes de iniciativas tecnológicas conjuntas Clean Sky, Pilas de Combustible e Hidrógeno e Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores» (COM(2014)0252),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo titulado «El papel y la incidencia de las ITC y APP en la ejecución del programa Horizonte 2020 para una transformación industrial sostenible»(12),

–   Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la Iniciativa Europea de Computación en la Nube(13),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre los fondos de la Unión para la igualdad de género(14):

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre las sinergias para la innovación: los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, Horizonte 2020 y otros fondos de innovación europeos y programas de la Unión(15),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la política de cohesión y las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3)(16),

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0209/2017),

A.  Considerando que Horizonte 2020 es el mayor programa de I+i gestionado de forma centralizada y el mayor programa mundial de I+i financiado con fondos públicos;

B.  Considerando que, en la negociación de Horizonte 2020 y del actual marco financiero plurianual (MFP), el Parlamento pidió 100 000 millones de euros en lugar de los 77 000 millones de euros inicialmente acordados, y que el presupuesto parece muy limitado para que Horizonte 2020 pueda explorar plenamente el potencial de excelencia y responder adecuadamente a los problemas sociales que afronta actualmente la sociedad europea;

C.  Considerando que el informe del Grupo de Alto Nivel sobre la maximización del impacto de los programas de investigación e innovación de la Unión y la evaluación intermedia prevista para el tercer trimestre de 2017 sentarán las bases de la estructura y el contenido del 9.º PM, en relación con el cual se publicará una propuesta en el primer semestre de 2018;

D.  Considerando que la crisis económica y financiera fue un factor determinante en el diseño de Horizonte 2020, y que es probable que los desafíos emergentes, los nuevos paradigmas políticos y socioeconómicos y las nuevas tendencias mundiales configuren el próximo programa marco;

E.  Considerando que el programa marco debe basarse en los valores europeos, la independencia científica, la apertura, la diversidad, los elevados estándares éticos europeos, la cohesión social y la igualdad de acceso de los ciudadanos a las soluciones y respuestas que ofrezca;

F.  Considerando que las inversiones en I+D son esenciales para el desarrollo económico y social europeo y la competitividad mundial, y que la importancia de la excelencia científica para fomentar la innovación y las ventajas competitivas a largo plazo debe reflejarse en la financiación del 9.º PM;

Estructura, filosofía y ejecución de Horizonte 2020

1.  Considera que, trascurridos más de tres años desde la puesta en marcha de Horizonte 2020, ha llegado el momento de que el Parlamento desarrolle su posición por lo que se refiere a su evaluación intermedia y una visión del futuro 9.º PM;

2.  Recuerda que el objetivo de Horizonte 2020 es contribuir a la construcción de una sociedad y una economía basadas en el conocimiento y la innovación, así como reforzar la base científica y tecnológica y, en última instancia, la competitividad de Europa, impulsando la financiación nacional adicional, tanto pública como privada, para I+D y contribuyendo a alcanzar el objetivo del 3 % del PIB para I+D en 2020 a más tardar; lamenta que, en 2015, la Unión invirtiera tan solo el 2,03 % del PIB en I+D, con unas cifras individuales para los distintos países que oscilaron entre el 0,46 % y el 3,26 %(17), cuando los principales competidores mundiales están superando claramente a la Unión en este capítulo del gasto;

3.  Recuerda que el Espacio Europeo de Investigación (EEI) se enfrenta a la competencia directa de las regiones con mejores resultados de investigación del mundo y que, por lo tanto, el fortalecimiento del EEI es un deber colectivo europeo; alienta a los Estados miembros pertinentes a contribuir adecuadamente al cumplimiento del objetivo del 3 % del PIB de la Unión dedicado a I+D; señala que un incremento general del 3 % aportaría más de 100 000 millones de euros adicionales al año para investigación e innovación en Europa;

4.  Destaca que la evaluación del 7.º PM y el seguimiento de Horizonte 2020 ponen de manifiesto que el programa marco de la Unión para acciones de investigación e innovación es un éxito rotundo y aporta un valor añadido claro para la Unión(18); reconoce que siguen existiendo posibilidades de mejora del programa marco y de los futuros programas;

5.  Considera que las razones de su éxito son el entorno multidisciplinar y colaborativo y los requisitos en materia de impacto y excelencia;

6.  Es consciente de que el programa marco aspira a incentivar la participación de la industria con el fin de aumentar el gasto de la misma en I+D(19), al tiempo que señala que la participación de la industria, incluidas las pymes, es considerablemente mayor que en el 7.º PM; recuerda no obstante que, por término medio, la industria no ha aumentado suficientemente su contribución al gasto en I+D en los términos acordados en las conclusiones del Consejo de Barcelona(20); pide a la Comisión que evalúe el valor añadido europeo y el impacto público de la financiación de instrumentos impulsados por la industria, como las iniciativas tecnológicas conjuntas (ITC)(21), así como la coherencia, la apertura y la transparencia de todas las iniciativas conjuntas(22);

7.  Señala que el presupuesto, la gestión y la ejecución del programa están repartidos entre 20 organismos distintos de la Unión; se pregunta si esta situación redunda en unos esfuerzos de coordinación excesivos, complejidad administrativa y solapamientos; insta a la Comisión a que haga lo posible para racionalizar y simplificar los procedimientos en este ámbito;

8.  Constata que los pilares 2 y 3 están demasiado centrados en los niveles de desarrollo de la tecnología más altos, lo que podría limitar la futura absorción de innovaciones disruptivas que aún se encuentran en la fase de preparación de proyectos de investigación con niveles de desarrollo de la tecnología más bajos; pide un equilibrio cuidadoso de los niveles de desarrollo de la tecnología con el fin de promover toda la cadena de valor; considera que los niveles de desarrollo de la tecnología pueden excluir las formas de innovación no tecnológicas generadas por la investigación fundamental o aplicada, en particular en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades;

9.  Pide a la Comisión que ofrezca una combinación equilibrada de pequeños, medianos y grandes proyectos; observa que el presupuesto medio de los proyectos ha aumentado en el marco de Horizonte 2020 y que los proyectos más grandes son más exigentes en lo que se refiere a la preparación de la propuesta y a la gestión de los proyectos, lo cual favorece a los participantes que disponen de mayor experiencia con los programas marco, impone obstáculos a los nuevos participantes y concentra la financiación en un número limitado de instituciones;

Presupuesto

10.  Subraya que la actual y alarmante baja tasa de éxito —inferior al 14 %(23)—representa una tendencia negativa con respecto al 7.º PM; destaca que el elevado número de candidaturas hace imposible la financiación de un gran número de proyectos de muy alta calidad y lamenta que los recortes impuestos por el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) haya acentuado este problema; insta a la Comisión a que evite los nuevos recortes en el presupuesto de Horizonte 2020;

11.  Señala las presiones presupuestarias a las que se enfrenta el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión; lamenta el efecto negativo que ha tenido la crisis de pagos registrada en el presupuesto de la Unión sobre la ejecución del programa durante los primeros años del actual MFP; constata, entre otros aspectos, el retraso artificial de convocatorias por importe de 1 000 millones de euros en 2014, así como la reducción significativa del nivel de prefinanciación de nuevos programas; destaca, en este mismo contexto, que, de conformidad con el artículo 15 del Reglamento del MFP, se llevó a cabo una consignación anticipada de los recursos en el período 2014-2015 para Horizonte 2020; subraya que esta distribución anticipada fue completamente absorbida por el programa, que demostró su sólido rendimiento y su capacidad de absorción todavía mayor; destaca que esta consignación anticipada no modifica la dotación financiera global de los programas, lo cual conduce a que queden menos créditos para la segunda mitad del período cubierto por el MFP; pide a ambas ramas de la autoridad presupuestaria y a la Comisión que garanticen un nivel adecuado de créditos de pago en los próximos ejercicios y hagan todo lo posible para evitar una nueva crisis de pagos hacia los últimos años del actual MFP;

12.  Destaca que la financiación de Horizonte 2020 debe basarse principalmente en las subvenciones y dirigirse en particular a financiar la investigación fundamental y colaborativa; reitera que la investigación puede constituir una inversión de alto riesgo para los inversores y que la financiación de la investigación mediante subvenciones es una necesidad; destaca, a este respecto, que muchos organismos públicos están jurídicamente excluidos de la aceptación de préstamos; lamenta la tendencia, en determinados casos, al recurso a créditos en lugar de subvenciones; reconoce que los instrumentos financieros deberían estar disponibles para los niveles altos de desarrollo de la tecnología, cercanos a las actividades de mercado como parte de los instrumentos financieros InnovFin, y fuera del programa marco (por ejemplo programas del BEI y el FEI);

13.  Destaca que varios Estados miembros no están cumpliendo sus compromisos nacionales en materia de inversión en I+D; pide que se cumpla el objetivo del 3 % del PIB y confía en que dicho objetivo pueda aumentarse cuanto antes hasta el nivel de los mayores competidores mundiales de la Unión; insta, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que impulsen las estrategias nacionales dirigidas a alcanzar este objetivo, al tiempo que solicita que se asignen partes de los fondos estructurales a actividades y programas de I+D, y en particular a las inversiones en el desarrollo de capacidades, infraestructuras de investigación y remuneraciones, así como a actividades de apoyo para la preparación de propuestas y la gestión de proyectos relativos al programa marco;

Evaluación

14.  Confirma que la «excelencia» debería seguir siendo el criterio de evaluación esencial en los tres pilares del programa marco, al tiempo que constata la existencia de los criterios relativos al «impacto» y la «calidad y eficacia en la ejecución», que pueden contribuir definir el valor añadido de un proyecto a la Unión Europea; pide, por tanto, a la Comisión que estudie las formas de tener en cuenta, en función de los criterios relativos al «impacto» y la «calidad y eficacia en la ejecución»: la falta de participación de las regiones de la Unión poco representadas, la inclusión de los ámbitos científicos poco representados —como las ciencias sociales y las humanidades— y la explotación de las infraestructuras de investigación financiadas por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEEI), que parecen revestir importancia para el éxito del Espacio Europeo de Investigación y la consecución de sinergias entre los programas marco y el FEEI;

15.  Pide que se introduzcan mejoras y una mayor transparencia en la evaluación y la garantía de la calidad por parte de los evaluadores; destaca la necesidad de mejorar la información que se ofrece a los participantes a lo largo de todo el proceso de evaluación, al tiempo que pide que se tengan en cuenta las reclamaciones presentadas por los candidatos no seleccionados en el sentido de que los informes de evaluación resumidos adolecen de falta de profundidad y claridad en cuanto a la forma adecuada de proceder para garantizar el éxito; pide, por tanto, a la Comisión que publique, junto con la convocatoria de propuestas, criterios detallados de evaluación que ofrezcan a los participantes informes de evaluación resumidos más detallados e informativos y que organice las convocatorias de propuestas de tal forma que evite un número excesivo de candidaturas, dado que repercute negativamente en la motivación de los investigadores y en la buena imagen del programa;

16.  Pide a la Comisión que ofrezca una definición más amplia del concepto de «impacto» teniendo en cuenta los efectos económicos y sociales; destaca que la evaluación del impacto de los proyectos de investigación fundamental debería seguir siendo flexible; pide a la Comisión que mantenga el equilibrio entre convocatorias ascendentes y descendentes y analice qué procedimiento de evaluación (de una o dos fases) es más apropiado para evitar un número excesivo de candidaturas y llevar a cabo una investigación de calidad;

17.  Pide a la Comisión que evalúe en qué medida tendría sentido un mayor enfoque temático en el contexto de la sostenibilidad;

18.  Pide a la Comisión que facilite el uso del portal de los participantes, ampliando la red de puntos de contacto nacionales y dotándola de más recursos, a fin de garantizar —en particular, a las microempresas y las pequeñas empresas— un servicio de asistencia eficaz durante las fases de presentación y evaluación de los proyectos;

19.  Considera que el Consejo Europeo de Investigación debería implicarse en más proyectos de colaboración en toda Europa y en particular hacer partícipes a las regiones e instituciones con escasa capacidad, con el fin de difundir la política europea de I+i y los conocimientos especializados por toda la Unión;

Cuestiones transversales

20.  Señala que la estructura de Horizonte 2020 y, en particular, el planteamiento centrado en los retos sociales son muy bien acogidos por las partes interesadas; pide a la Comisión que siga mejorando el planteamiento centrado en los retos sociales, al tiempo que destaca la importancia de la investigación colaborativa entre universidades, organizaciones de investigación, industria (especialmente las pymes) y otros actores; pide a la Comisión que considere la posibilidad de evaluar la adecuación y los presupuestos individuales de los retos sociales sobre la base del actual contexto económico, social y político durante la ejecución del programa marco y en estrecha cooperación con el Parlamento Europeo;

21.  Reconoce el esfuerzo de la Comisión por racionalizar la administración y reducir el tiempo entre la publicación de una convocatoria y la asignación de una subvención; pide a la Comisión que prosiga su empeño de reducir la burocracia y simplificar la administración; acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de introducir pagos a tanto alzado con el fin de simplificar la administración y la auditoría;

22.  Pide a la Comisión que evalúe si el nuevo modelo de financiación simplificado introducido en Horizonte 2020 ha supuesto una mayor participación de la industria conforme a lo previsto; debe comprobarse, a este respecto, la eficacia del modelo de financiación;

23.  Pide a la Comisión que compruebe hasta qué punto la utilización de sistemas de liquidación propios o nacionales en lugar del sistema establecido en las normas de participación puede conducir a un procedimiento de examen considerablemente simplificado y, por consiguiente, a una reducción de la tasa de error en la liquidación de los proyectos de apoyo europeos; aboga, en este mismo contexto, por una colaboración más estrecha con el Tribunal de Cuentas Europeo y por la introducción de una posible auditoría única;

24.  Señala que las sinergias entre los diferentes fondos son cruciales para mejorar la eficacia de las inversiones; destaca que las estrategias de especialización inteligente (RIS3) constituyen una herramienta importante para favorecer sinergias que establezcan marcos nacionales y regionales para inversiones en I+D+i, y considera que, en cuanto tales, deben promoverse y reforzarse; lamenta la existencia de obstáculos importantes que impiden que las sinergias sean plenamente operativas(24); aboga, por tanto, en favor de una armonización de las normas y los procedimientos aplicables a los proyectos de I+D+i en el marco de los FEEI y los programas marco, al tiempo que señala que solo será posible recurrir eficazmente al sistema del «sello de excelencia» si se cumplen las condiciones mencionadas anteriormente; pide a la Comisión que destine parte del FEIE a las sinergias de las RIS3 con Horizonte 2020; pide a la Comisión que revise las normas en materia de ayudas públicas y permita que los proyectos de I+D relativos a los fondos estructurales se puedan justificar a tenor del reglamento interno del programa marco, garantizando al mismo tiempo su transparencia; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por la correcta aplicación del principio de adicionalidad, lo cual implica en la práctica que las contribuciones de los fondos europeos no deben sustituir al gasto público nacional o equivalente de un Estado miembro en aquellas regiones en las que se aplica este principio;

25.  Señala que el éxito de la aplicación del Espacio Europeo de Investigación requiere el pleno uso del potencial de I+D+i de todos los Estados miembros; reconoce la existencia de un problema de disparidad en términos de participación en el programa Horizonte 2020, que debe abordarse tanto a nivel nacional como de la Unión, también por medio de los FEEI; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adapten los instrumentos existentes o adopten nuevas medidas dirigidas a colmar esta brecha, por ejemplo desarrollando herramientas para la creación de redes destinadas a los investigadores; acoge favorablemente la iniciativa «Difundir la excelencia y ampliar la participación»; pide a la Comisión que evalúe si los tres instrumentos de ampliación han alcanzado sus objetivos específicos: ofrecer un presupuesto adecuado y un conjunto de instrumentos equilibrado que aborde las disparidades existentes en la Unión en el ámbito de la investigación y la innovación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que propongan normas claras que permitan la plena aplicación del sello de excelencia y que analicen las sinergias en el ámbito de la financiación; pide a la Comisión que cree mecanismos que permitan la inclusión de las infraestructuras de investigación financiadas mediante los FEEI en los proyectos del programa marco; pide que se revisen los indicadores utilizados para definir los países y regiones poco representados y que se verifique regularmente la lista de dichos países y regiones durante la ejecución del programa marco;

26.  Señala que, de acuerdo con los informes anuales de la Comisión sobre la ejecución de Horizonte 2020 en 2014 y 2015, la UE-15 recibió el 88,6 % de los fondos, mientras que la UE-13 recibió un 4,5 % de los mismos, una cifra incluso inferior a la correspondiente a la financiación de los países con acuerdos de asociación (6,4 %);

27.  Acoge favorablemente los esfuerzos dirigidos a reforzar la relación entre el Espacio Europeo de Investigación y el Espacio Europeo de Educación Superior, con miras a facilitar la formación de la próxima generación de investigadores; reconoce la importancia que reviste la integración de las cualificaciones en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM), investigación y competencias empresariales en los sistemas educativos de los Estados miembros desde las primeras fases de la enseñanza, con el fin de alentar a los jóvenes a desarrollar estas competencias, dado que la I+D debe considerarse en términos estructurales y no con una perspectiva coyuntural o temporal; pide a los Estados miembros y a la Comisión que mejoren la estabilidad y el atractivo del empleo para los jóvenes investigadores;

28.  Destaca la importancia que reviste una mayor cooperación entre el sector industrial y los sistemas universitarios y científicos, con el fin de favorecer la creación en las universidades y los centros científicos de estructuras dedicadas al desarrollo de las relaciones con el sector productivo;

29.  Destaca que la cooperación mundial constituye un medio importante para reforzar la investigación europea; confirma que la participación internacional bajó del 5 % en el 7.º PM al 2,8 % en Horizonte 2020; recuerda que el programa marco debe contribuir a garantizar que Europa siga siendo un actor mundial de primer orden, al tiempo que subraya la importancia de la diplomacia en la ciencia; pide a la Comisión que revise las condiciones de la cooperación internacional en el programa marco y que instaure medidas concretas e inmediatas y una visión y una estructura estratégicas a largo plazo para respaldar este objetivo; acoge con satisfacción, en este sentido, iniciativas como BONUS y PRIMA;

30.  Subraya la necesidad de reforzar la cooperación internacional con el 9.º PM y de generalizar la diplomacia en la ciencia;

31.  Recuerda que la integración de las ciencias sociales y las humanidades pasa por investigar estos campos de estudio en el marco de proyectos interdisciplinarios y no consiste en añadirlos ex post a proyectos tecnológicos, y que los problemas más acuciantes a los que se enfrenta la Unión requieren una investigación metodológica conceptualmente más centrada en las ciencias sociales y las humanidades; observa que las ciencias sociales y las humanidades están infrarrepresentadas en el actual programa marco; pide a la Comisión que refuerce las posibilidades de participación de los investigadores de ciencias sociales y humanidades en los proyectos interdisciplinarios del programa marco y que se dote de fondos suficientes a los temas sociales y de humanidades;

32.  Destaca el equilibrio conseguido entre investigación e innovación en el programa Horizonte 2020 y pide que se adopte un planteamiento similar en el próximo programa marco; celebra la creación de un Consejo Europeo de la Innovación (CEI)(25), pero insiste en que no debe conducir de nuevo a una separación de la investigación y la innovación o a una mayor fragmentación de la financiación; subraya que Horizonte 2020 no está suficientemente centrado en superar el «valle de la muerte», que constituye el principal obstáculo a la transformación de los prototipos en producción;

33.  Pide a la Comisión que aclare los objetivos, los instrumentos y el funcionamiento del CEI y subraya la necesidad de evaluar los resultados piloto; pide a la Comisión que proponga una combinación equilibrada de instrumentos para la cartera del Consejo Europeo de la Innovación; insiste en que en ningún caso el CEI debe sustituir al segundo pilar, y que este último no debe convertirse en un instrumento de ayudas individuales, sino seguir centrándose en la investigación colaborativa; subraya la necesidad de mantener y reforzar el instrumento destinado a las pymes y la «Vía Rápida hacia la Innovación»; invita a la Comisión a elaborar unos mecanismos que permitan incluir mejor a las pymes en grandes proyectos interdisciplinarios del 9.º PM, para aprovechar plenamente todo su potencial; pide a la Comisión que mantenga a las CCI en la actual estructura del EIT, subrayando la importancia de la transparencia y de una participación importante de las partes interesadas, y que analice cómo pueden interactuar las CCI con el CEI; pide a la Comisión que diseñe un marco para las inversiones privadas de capital riesgo en colaboración con el Consejo Europeo de la Innovación con el fin de fomentar dichas inversiones en Europa;

34.  Acoge con satisfacción las iniciativas que reúnen a los sectores público y privado para estimular la investigación y la innovación; destaca que la Unión ha de reforzar su liderazgo en la priorización de las necesidades de la investigación pública y en garantizar una transparencia suficiente y un retorno justo de la inversión pública de Horizonte 2020 por cuanto se refiere a la asequibilidad, disponibilidad e idoneidad de los productos finales, especialmente en algunas áreas sensibles como la salud, la protección del interés público y un impacto social equitativo; pide a la Comisión que siga buscando mecanismos —especialmente para la explotación a largo plazo de todos los proyectos financiados por subvenciones con cargo al programa marco— que combinen un retorno justo de la inversión pública e incentivos suficientes para que la industria participe;

35.  Acoge con satisfacción que el acceso abierto sea un principio general en el marco de Horizonte 2020; señala que el número importante de publicaciones relacionadas con los proyectos de Horizonte 2020 hasta diciembre de 2016(26) pone de manifiesto que hacen falta políticas nuevas sobre la obligación del intercambio de datos y conocimientos para maximizar los resultados de la investigación y la cantidad de datos científicos disponibles; pide a la Comisión que reexamine los criterios de flexibilidad que podrían obstaculizar la consecución de este objetivo, y que refuerce los conocimientos y el desarrollo;

36.  Acoge con satisfacción la financiación del proyecto piloto sobre datos de investigación abiertos como un primer paso hacia una Nube de la Ciencia Abierta; reconoce la importancia y el potencial de las infraestructuras electrónicas y la supercomputación, así como la necesidad de que participen las partes interesadas de los sectores público y privado y la sociedad civil y la importancia de las iniciativas científicas ciudadanas a la hora de garantizar que la sociedad desempeñe un papel más activo en la definición y el tratamiento de los problemas y en la búsqueda conjunta de soluciones; pide a la Comisión y a la comunidad de la investigación pública y privada que exploren nuevos modelos capaces de integrar los recursos privados de la nube y en red y las infraestructuras electrónicas públicas, así como el lanzamiento de agendas ciudadanas en materia de ciencia e innovación;

37.  Acoge con satisfacción el nuevo concepto de centros de innovación introducido por la Comisión, que refuerzan el panorama europeo de innovación ayudando a las empresas, especialmente a las pymes, a mejorar sus modelos de negocio y sus procesos productivos;

38.  Anima a los puntos de contacto nacionales a involucrarse más en la promoción de proyectos galardonados con el Sello de Excelencia, y a contribuir a la búsqueda de otras fuentes de financiación pública o privada nacionales o internacionales para los citados proyectos fortaleciendo la colaboración en este ámbito dentro de la red de puntos de contacto nacionales;

Recomendaciones del 9.º PM

39.  Está convencido de que la Unión tiene el potencial para convertirse en un centro de investigación y ciencia líder a nivel mundial; considera, además, que el 9.º PM ha de ser un prioridad absoluta para Europa si se quiere fomentar el crecimiento, el empleo y la innovación;

40.  Acoge con satisfacción el éxito de Horizonte 2020 y su efecto multiplicador de 1:11; pide a la Comisión que aumente el presupuesto del 9.º PM a 120 000 millones EUR; considera que, más allá del aumento presupuestario, es necesario un marco que incorpore la innovación y pide, por consiguiente, a la Comisión que aclare el concepto de innovación y sus diferentes tipos;

41.  Observa que la Unión se enfrenta a numerosos retos, importantes y dinámicos, y pide a la Comisión que, junto con el Parlamento Europeo, prevea en el tercer pilar un conjunto equilibrado y flexible de instrumentos que respondan a la naturaleza dinámica de los problemas emergentes; subraya la necesidad de asignar un presupuesto suficiente para los retos específicos del tercer pilar, así como de revisar periódicamente la adecuación de dichos retos;

42.  Pide a la Comisión que mantenga un equilibrio adecuado entre la investigación fundamental y la innovación en el marco del 9.º PM; señala la necesidad de reforzar la investigación colaborativa; subraya la importancia de que las pymes participen más en los proyectos colaborativos y en la innovación;

43.  Anima a la Comisión a potenciar las sinergias entre el 9.º PM y otros fondos europeos dedicados a la investigación y la innovación, y a crear instrumentos y normas armonizados para estos fondos, tanto a nivel europeo como nacional, y en estrecha colaboración con los Estados miembros; pide a la Comisión que siga teniendo en cuenta en futuros programas marco el importante papel que la normalización desempeña en el contexto de las innovaciones;

44.  Señala que el 9.º PM debería abordar el posible problema del exceso de solicitudes y el escaso porcentaje de éxito constatados con Horizonte 2020; sugiere la reintroducción de un procedimiento de evaluación en dos etapas, con una primera etapa unificada y una segunda específica dedicada a los solicitantes seleccionados; pide a la Comisión que garantice que los informes de evaluación resumidos son lo suficientemente completos, con indicaciones de cómo mejorar la propuesta;

45.  Destaca que el valor añadido europeo debe seguir siendo indiscutiblemente un elemento fundamental del programa marco de investigación;

46.  Pide a la Comisión que en el próximo marco financiero plurianual separe la investigación para la defensa de la investigación civil, previendo dos programas diferentes con dos presupuestos distintos que no afecten a las ambiciones presupuestarias de la investigación civil en el 9.º PM; pide a la Comisión, por tanto, que presente al Parlamento las posibilidades de financiación del futuro programa de investigación para la defensa de conformidad con los Tratados, con un presupuesto aparte que cuente con recursos nuevos y normas específicas; subraya la importancia del control parlamentario en este sentido;

47.  Considera que el programa Tecnologías Futuras y Emergentes posee un gran potencial para el futuro y es una buena herramienta para difundir ideas y conocimientos técnicos innovadores a escala nacional y regional;

48.  Subraya la necesidad, en el contexto del Acuerdo de París y los objetivos de la Unión en materia climática, de conceder prioridad a la financiación destinada a la investigación sobre el cambio climático y a la infraestructura de recopilación de datos relacionados con el clima, en particular habida cuenta de que los Estados Unidos están estudiando la posibilidad de recortar considerablemente el presupuesto de los centros de investigación medioambiental estadounidenses;

49.  Destaca que el 9.º PM debe reforzar el progreso social y la competitividad de la Unión, creando crecimiento y empleo y aportando nuevos conocimientos e innovaciones con el fin de afrontar los retos cruciales a los que se enfrenta Europa, así como seguir avanzando hacia un Espacio Europeo de Investigación sostenible; celebra, en este sentido, la actual estructura de pilares del programa marco y pide a la Comisión que mantenga esta estructura en aras de la continuidad y la previsibilidad; pide, por consiguiente, a la Comisión que prosiga su labor en pro de la coherencia, la simplificación, la transparencia y la claridad del programa, y que se siga esforzando por mejorar el proceso de evaluación, reducir la fragmentación y la duplicación, y por evitar la carga administrativa innecesaria;

50.  Reconoce que las tareas administrativas y la investigación en buena medida se anulan mutuamente; hace hincapié, por tanto, en la importancia de mantener las obligaciones de notificación al mínimo, con el fin de evitar que la burocracia obstruya la innovación y de velar por una utilización eficaz de la financiación del 9.º PM, asegurando al mismo tiempo la autonomía de la investigación; anima a la Comisión, para ello, a intensificar sus esfuerzos en el sentido de la simplificación;

51.  Toma nota de que la Comisión habla cada vez más a menudo de otorgar las ayudas en función de las realizaciones; pide a la Comisión que defina con mayor precisión el término «realización»;

52.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, en aplicación del principio de adicionalidad, aumenten las sinergias entre el programa marco y otros fondos para atajar el problema de las deficiencias en materia de investigación a que se enfrentan las regiones de convergencia en algunos Estados miembros; lamenta que las asignaciones financieras de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos puedan abocar a una reducción del gasto nacional en I+D en las regiones en que estos fondos se aplican, e insiste en que dichos fondos deben ser un complemento del gasto público nacional; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la financiación pública de la I+D se considera una inversión en el futuro y no un coste;

53.  Constata que la inversión efectiva en investigación e innovación con cargo a los fondos estructurales solo es posible una vez se han sentado correctamente las bases en los Estados miembros; pide, por tanto, que se vinculen más estrechamente las recomendaciones por país de reformas estructurales y las inversiones en I+D;

54.  Subraya la necesidad de nuevos centros y regiones de excelencia, así como la importancia de que se siga desarrollando el Espacio Europeo de Investigación; insiste en la necesidad de aumentar las sinergias entre el PM, los Fondos EIE y el FEIE para conseguir tal objetivo; aboga por unas políticas que supriman las barreras —como los menores salarios— a que se enfrentan los países orientales y meridionales para evitar la fuga de cerebros; pide que se dé prioridad a la excelencia del proyecto y no a la excelencia de los centros de élite más importantes;

55.  Considera que es preciso reforzar los incentivos para aprovechar los Fondos EIE para inversiones en investigación e innovación cuando existan recomendaciones específicas por país que aboguen en tal sentido o cuando se identifiquen deficiencias; concluye que los Fondos EIE para inversiones en investigación e innovación suponen una aportación de 65 000 millones de euros en el período 2014-2020; propone, por tanto, que la reserva de eficacia de los Fondos EIE establecida en los Estados miembros se utilice para invertir en investigación e innovación un porcentaje sustancial de los ingresos obtenidos de los Fondos Estructurales;

56.  Acoge favorablemente el principio y el potencial del Sello de Excelencia, como etiqueta de calidad para las sinergias entre los Fondos EIE y Horizonte 2020, pero observa que no se aplica lo bastante en la práctica debido a la falta de medios financieros en los Estados miembros; considera que los proyectos que hayan sido presentados para su financiación en el marco de Horizonte 2020, hayan superado los estrictos criterios de selección y concesión con resultados positivos, pero no hayan podido ser financiados debido a las limitaciones presupuestarias, deben financiarse con los recursos de los Fondos EIE si tales recursos están disponibles para este fin; señala que debería definirse un mecanismo similar también para los proyectos de investigación colaborativa;

57.  Pide a la Comisión que en el 9.º PM apoye más a los jóvenes investigadores, por ejemplo con herramientas de creación de redes paneuropeas, así como un nuevo sistema de financiación para investigadores noveles con menos de tres años de experiencia tras el doctorado;

58.  Observa que las acciones Marie Skłodowska-Curie constituyen una fuente de financiación muy conocida entre los investigadores y promueven la movilidad de estos y el desarrollo de los jóvenes investigadores; considera que, en aras de la continuidad, sería deseable seguir financiando las acciones Marie Skłodowska-Curie en el 9.º PM;

59.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan fomentando la inversión privada en I+D+i, que ha de ser un complemento de la inversión pública y no sustituirla; recuerda que dos terceras partes del 3 % del PIB para I+D deben proceder del sector privado(27); aprecia los esfuerzos de la industria hasta la fecha y pide, vista la general escasez de recursos disponibles para el gasto público en I+D, que el sector privado participe más en el gasto en I+D y en la ciencia de acceso abierto y datos abiertos; pide a la Comisión que determine el grado de participación de la gran industria (mediante préstamos, subvenciones o corriendo con los gastos) en función del valor añadido del proyecto y de su potencial para ser una fuerza motriz para las pymes, considerando las especificidades y necesidades de cada sector; pide a la Comisión que vigile las contribuciones en especie a fin de cerciorarse de que las inversiones son reales y nuevas;

60.  Pide a la Comisión que mejore la transparencia y la claridad de las normas para la colaboración público-privada en los proyectos del 9.º PM en función de los resultados y recomendaciones de la evaluación; pide a la Comisión que verifique y evalúe los instrumentos existentes para las asociaciones público-privadas;

61.  Subraya que se debe seguir promoviendo la participación de la industria independientemente del instrumento dedicado a las pymes, puesto que la industria dispone de los conocimientos técnicos necesarios en muchos sectores y proporciona una importante contribución financiera;

62.  Lamenta los desiguales resultados obtenidos con el enfoque de igualdad de género en Horizonte 2020, dado que el único objetivo que se ha alcanzado es la proporción de mujeres en los grupos consultivos, mientras que la proporción de mujeres en los paneles de evaluación de proyectos y entre los coordinadores de proyectos, como la dimensión de género en el contenido de la investigación y la innovación, siguen estando por debajo de los niveles objetivo; subraya la necesidad de mejorar la participación y la integración de la dimensión de género en el 9.º PM y de alcanzar los niveles objetivo establecidos en el Reglamento Horizonte 2020, y pide a la Comisión que estudie cuáles son las barreras o dificultades que explicarían la infrarrepresentación de las mujeres en el programa; anima a los Estados miembros, de acuerdo con los objetivos del EEI, a crear un entorno político y jurídico con equilibrio de género y a proporcionar incentivos para el cambio; acoge con satisfacción la Guía de la Comisión sobre la igualdad de género en Horizonte 2020(28); recuerda que, según esta guía, uno de los factores que permiten priorizar entre propuestas con una misma puntuación es el equilibrio de género;

63.  Señala que el próximo programa marco deberá tener en cuenta la salida del Reino Unido de la Unión y sus consecuencias; observa que la existencia de unos marcos a largo plazo claros y estables beneficia a la I+i, y que el Reino Unido goza de una posición de liderazgo en el ámbito de la ciencia; expresa su deseo de que las redes y la colaboración entre el Reino Unido y la Unión Europea puedan continuar en el ámbito de la investigación y de que pueda encontrarse, con determinadas condiciones, una solución estable y satisfactoria lo antes posible para garantizar que la Unión no pierda los resultados científicos obtenidos en el marco de Horizonte 2020 y el 9.º PM;

o
o   o

64.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 104.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 948.
(3) DO L 347 de 20.12.2013, p. 81.
(4) DO L 347 de 20.12.2013, p. 965.
(5) DO L 347 de 20.12.2013, p. 174.
(6) DO L 347 de 20.12.2013, p. 892.
(7) DO L 169 de 7.6.2014, pp. 54-178.
(8) DO L 177 de 17.6.2014, p. 9.
(9) DO L 192 de 1.7.2014, p. 1.
(10) DO L 169 de 7.6.2014, pp. 1-53
(11) http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/hlg_issue_papers.pdf.
(12) DO C 34 de 2.2.2017, p. 24
(13) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0052.
(14) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0075.
(15) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0311.
(16) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0320.
(17) Estudio del EPRS de febrero de 2017 titulado «Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE. Evaluación de la ejecución a nivel europeo».
(18) Con más de 130 000 propuestas recibidas, 9 000 subvenciones firmadas, 50 000 participaciones y unos 15 900 millones de euros de financiación de la Unión.
(19) Dos tercios del 3 % del PIB para I+D deberían proceder de la industria. Véase el gasto en I+D del sector privado: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsc00031&plugin=1
(20) http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/barcelona_european_council.pdf
(21) En total, las siete ITC representan más de 7 000 millones de euros de los fondos de Horizonte 2020, lo que supone aproximadamente el 10 % del presupuesto total de Horizonte 2020 y más del 13 % de la financiación efectiva disponible para las convocatorias de Horizonte 2020 (aproximadamente 8 000 millones de euros anuales durante siete años).
(22) Véanse las conclusiones del Consejo de 29 de mayo de 2015.
(23) Estudio del EPRS de febrero de 2017 titulado «Horizonte 2020, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE. Evaluación de la ejecución a nivel europeo».
(24) Señala que la infraestructura de investigación a gran escala se inscribe en el ámbito del alcance y los objetivos del FEDER, si bien los fondos del FEDER asignados a nivel nacional no pueden utilizarse para cofinanciarla; observa, asimismo, que los costes asociados a la construcción de nuevas infraestructuras de investigación son subvencionables con cargo al FEDER, pero que los costes operativos y de personal no lo son;
(25) Comunicación de la Comisión titulada «Los líderes de la Europa del mañana: la Iniciativa sobre las empresas emergentes y en expansión» (COM(2016)0733).
(26) Informe OpenAIRE: En Horizonte 2020, 2 017 (19 %) de un total de 10 684 proyectos se han completado y 8 667 están en curso. OpenAIRE ha identificado 6 133 publicaciones vinculadas a los 1 375 proyectos de Horizonte 2020.
(27) Véanse las conclusiones del Consejo de 29 de mayo de 2015.
(28) Véase Programme Guidance on Gender Equality in Horizon 2020.http://eige.europa.eu/sites/default/files/h2020-hi-guide-gender_en.pdf


Componentes esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre los componentes esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020 (2016/2326(INI))
P8_TA(2017)0254A8-0202/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular su artículo 3, y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular sus artículos 4, 162, 174 a 178 y 349,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo(1) (en lo sucesivo, «Reglamento sobre disposiciones comunes»),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006(2),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo(3),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea(4),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1302/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 1082/2006 sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la clarificación, a la simplificación y a la mejora de la creación y el funcionamiento de tales agrupaciones(5),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1084/2006(6),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(7),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(8),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, titulada «Examen/revisión intermedios del marco financiero plurianual 2014-2020. Un presupuesto de la UE centrado en los resultados» (COM(2016)0603),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de diciembre de 2015, titulada «Invertir en crecimiento y empleo: maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos» (COM(2015)0639),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre invertir en crecimiento y empleo: maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: evaluación del informe de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del RDC(9),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la cooperación territorial europea – mejores prácticas y medidas innovadoras(10),

–  Vista su Resolución, de 11 de mayo de 2016, sobre la aceleración de la aplicación de la política de cohesión(11),

–  Vistas su Resolución, de 21 de enero de 2010, sobre una estrategia europea para la región del Danubio(12), su Resolución, de 6 de julio de 2010, sobre la Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico y el papel de las macrorregiones en el futuro de la política de cohesión(13), su Resolución, de 28 de octubre de 2015, sobre una estrategia de la UE para la región del Adriático y del Jónico(14), y su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre una Estrategia de la Unión Europea para la Región Alpina(15),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre las sinergias para la innovación: los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, Horizonte 2020 y otros fondos de innovación europeos y programas de la Unión(16),

–  Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2016, sobre nuevas herramientas de desarrollo territorial en la política de cohesión para el periodo 2014-2020: inversión territorial integrada (ITI) y desarrollo local participativo (DLP)(17),

–  Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2015, sobre la simplificación y la orientación a los resultados de la política de cohesión para el período 2014-2020(18),

–  Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre inversión para el empleo y el crecimiento: la promoción de la cohesión económica, social y territorial en la Unión(19),

–  Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la dimensión urbana de las políticas de la UE(20),

–  Vistas las comunicaciones de la Comisión y las resoluciones del Parlamento sobre las regiones ultraperiféricas y, en particular, su Resolución de 18 de abril de 2012 relativa al papel de la política de cohesión en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en el contexto de Europa 2020(21) y la de 26 de febrero de 2014 relativa a la optimización del desarrollo del potencial de las regiones ultraperiféricas mediante la creación de sinergias entre los Fondos Estructurales y los demás programas de la Unión Europea(22),

–  Vista su Resolución, de 28 de octubre de 2015, sobre la política de cohesión y la revisión de la Estrategia Europa 2020(23),

–  Vistas las conclusiones y recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre el seguimiento de la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE,

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre el Informe Especial n.º 31 del Tribunal de Cuentas Europeo de 2016, «Gastar al menos un euro de cada cinco del presupuesto de la UE en acción por el clima: una labor ambiciosa que corre un grave riesgo de ser insuficiente», adoptado el 21 de marzo de 2017,

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de diciembre de 2015(24) relativa a la interpretación del artículo 349 del TFUE,

–  Visto el Informe Especial n.º 19/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado «Ejecución del presupuesto de la UE a través de los instrumentos financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 2007-2013».

–  Visto el informe de la Comisión, de 22 de febrero de 2016, sobre Complementariedades de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas: garantía de coordinación, sinergias y complementariedad,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A8-0202/2017),

A.  Considerando que la política de cohesión de la Unión se deriva del TUE y del TFUE y es la expresión de la solidaridad de la Unión, solidaridad que es uno de sus principios fundamentales de esta, al perseguir su objetivo, recogido en los Tratados, de reducir las disparidades regionales y promover la cohesión económica, social y territorial entre todas las regiones de la Unión;

B.  Considerando que la función de «herramienta de convergencia» de la Unión quedó en suspenso a partir de 2008, lo que dio lugar a un aumento de las divergencias existentes dentro de los Estados miembros y entre ellos y exacerbando las desigualdades sociales y económicas en toda la Unión; recuerda que la política de cohesión a escala europea es muy eficaz, en especial a la hora de promover diversas formas de cooperación territorial, y, por tanto, sigue siendo, en su dimensión económica, social y territorial, una política de necesidad imperiosa que combina las necesidades específicas de un territorio con las prioridades de la Unión y consigue resultados tangibles sobre el terreno para los ciudadanos;

C.  Considerando que la política de cohesión, con sus grandes logros y su alta valoración, sigue siendo la principal política de inversión y desarrollo de la Unión para la creación de empleo sostenible y para generar crecimiento inteligente, sostenible e integrador después de 2020, especialmente en el contexto de un acusado descenso de la inversión pública y privada en muchos Estados miembros y de las consecuencias de la globalización; recuerda que la política de cohesión ha desempeñado un papel crucial y ha demostrado un importante nivel de adaptación a los condicionamientos macroeconómicos;

D.  Considerando que la última reforma de la política de cohesión en 2013 fue amplia y sustancial, reorientándola hacia los resultados, la concentración temática, la eficacia y la eficiencia, por un lado, y hacia principios como la asociación, la gobernanza multinivel, la especialización inteligente o la adaptación a las condiciones locales, por otro;

E.  Considerando que con la renovación de la política de cohesión el centro de atención pasó gradualmente de los grandes proyectos de infraestructuras al estímulo de la economía del conocimiento y la innovación;

F.  Considerando que estos principios deben mantenerse y consolidarse después de 2020 con el fin de garantizar la continuidad, la visibilidad, la seguridad jurídica, la accesibilidad y la transparencia en la ejecución de las políticas;

G.  Considerando que el éxito de la política de cohesión posterior a 2020 requiere reducir la carga administrativa que soportan sus beneficiarios y las autoridades de gestión, encontrar el equilibrio entre la orientación hacia los resultados de la política y el nivel de controles y verificaciones de modo que aumente la proporcionalidad, introducir la diferenciación en la ejecución de los programas, y simplificar normas y procedimientos, ya que en la actualidad se tiene la percepción de que son excesivamente complejos;

H.  Considerando que estos elementos, unidos al enfoque de una política integrada y el principio de asociación, demuestran el valor añadido de la política de cohesión;

I.  Considerando que las crecientes restricciones en los presupuestos nacionales y de la Unión y las consecuencias del brexit no deben provocar un debilitamiento de la política de cohesión de la Unión, por lo que pide, en este contexto, a los negociadores del Reino Unido y de la Unión que examinen cuidadosamente las ventajas y desventajas de que el Reino Unido siga participando en los programas de la cooperación territorial europea;

J.  Considerando que la política de cohesión ya se ocupa de una gran variedad de problemas relativos a los objetivos que le señalan los Tratados, y que no es realista esperar que pueda abordar todos los nuevos desafíos que encuentre la Unión después de 2020 con el mismo presupuesto e incluso con uno inferior, aunque los resultados pueden mejorarse si se da a los Estados miembros, las regiones y las ciudades una mayor flexibilidad a la hora de prestar apoyo ante los nuevos desafíos políticos;

Valor añadido de la política de cohesión de la Unión

1.  Se opone con firmeza a cualquier escenario de la UE-27 para 2025, como los incluidos en el Libro Blanco sobre el Futuro de Europa, que reduzca los esfuerzos de la Unión en relación con la política de cohesión; invita a la Comisión, por el contrario, a presentar una propuesta legislativa exhaustiva con miras a una política de cohesión sólida y eficaz para después de 2020;

2.  Subraya que el crecimiento y la convergencia regional, económica y social no pueden lograrse sin buena gobernanza, cooperación, confianza mutua entre todos las partes interesadas y la participación efectiva de todos los interlocutores a nivel nacional, regional y local, como establece en el principio de asociación (artículo 5 del Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC)); reitera que el dispositivo de gestión compartida de la política de cohesión pone en manos de la Unión un instrumento que ofrece posibilidades únicas para dar respuesta directa a las inquietudes de los ciudadanos ante los desafíos internos y externos; considera que la gestión compartida, que se basa en el principio de asociación, la gobernanza multinivel y la coordinación de los diferentes niveles administrativo, es de gran valor a la hora de lograr que todas las partes interesadas se apropien y se sientan responsables de la aplicación de la política;

3.  Destaca el efecto catalizador de la política de cohesión y las lecciones que pueden aprender administraciones, beneficiarios y partes interesadas; pone de relieve el enfoque horizontal y transversal de la política de cohesión, al ser una política inteligente, sostenible e integradora que establece un marco para movilizar y coordinar a los agentes nacionales y subnacionales e implicarlos de manera directa en el trabajo conjunto para alcanzar las prioridades de la Unión a través de proyectos cofinanciados; pide, en este contexto, una coordinación y cooperación óptimas entre la dirección general de la Comisión responsable de la política de cohesión y las demás direcciones generales, así como con las autoridades nacionales, regionales y locales;

4.  Lamenta la adopción tardía de varios programas operativos y la designación tardía de las autoridades de gestión en algunos Estados miembros durante el actual periodo de programación; acoge con satisfacción los primeros signos de la aplicación acelerada de los programas operativos observada en 2016; insta a la Comisión a mantener el grupo de trabajo para la mejora de la aplicación, con el fin de apoyar la aplicación e identificar las causas de los retrasos, y de proponer procedimientos y medidas prácticas para evitar tales problemas desde el inicio del próximo período de programación: anima encarecidamente a todos los actores implicados a que sigan mejorando y agilizando la aplicación sin provocar cuellos de botella;

5.  Observa que las deficiencias en la planificación financiera y el sistema de ejecución dieron pie a una acumulación de facturas impagadas y un volumen sin precedentes de pagos pendientes en el anterior Marco Financiero Plurianual (MFP) que asumió el MFP actual; insta a la Comisión a presentar una solución estructural para resolver este tipo de problemas antes del término del actual MFP, de modo que no afecten al próximo MFP; subraya que el nivel de créditos de pago debe corresponder a los compromisos previos, especialmente hacia el final del período, fase en la que suele aumentar considerablemente el nivel de solicitudes de pago de los Estados miembros;

6.  Reconoce que en algunos Estados miembros el principio de asociación ha llevado a estrechar la cooperación con las autoridades regionales y locales, aunque siga existiendo un margen de mejora para garantizar la participación real y temprana de todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil, a fin de reforzar la rendición de cuentas y la visibilidad en la aplicación de la política de cohesión sin aumentar las cargas administrativas ni provocar retrasos; destaca que se debe mantener la participación de las partes interesadas de acuerdo con el enfoque de gobernanza multinivel; considera que en el futuro deben reforzarse el principio de asociación y el código de conducta, por ejemplo, estableciéndose requisitos mínimos claros para la participación en asociaciones;

7.  Destaca que, si bien la política de cohesión ha mitigado el impacto de la reciente crisis económica y financiera en la Unión y de las medidas de austeridad, siguen muy pronunciadas las disparidades regionales, así como las diferencias en la competitividad y las desigualdades sociales; pide que se tomen medidas reforzadas para reducir estas disparidades e impedir que se desarrollen otras nuevas en todos los tipos de regiones, al tiempo que se mantiene y consolida el apoyo a las regiones para facilitar la apropiación de la política en cada uno de los tipos de regiones y para alcanzar los objetivos de la Unión en todo su territorio; estima, en este contexto, que se ha de prestar más atención al incremento de la resiliencia de las regiones frente a las perturbaciones repentinas;

8.  Destaca que la cooperación territorial en todas sus modalidades, incluidas las estrategias macrorregionales, cuyo potencial aún no ha sido aprovechado es un integridad, traspone el concepto de cooperación política y la coordinación de regiones y ciudadanos a través de las fronteras de la Unión; destaca el valor de la política de cohesión a la hora hacer frente a los desafíos propios de las islas, las regiones transfronterizas y las regiones más septentrionales de escasa densidad de población —como dispone el artículo 174 del TFUE—, de las regiones ultraperiféricas definidas en los artículos 349 y 355 del TFUE —a las que se reconoce un estatus especial y cuyas herramientas y financiación específicas deben mantenerse después de 2020— y de las regiones periféricas;

9.  Señala que la cooperación territorial europea es uno de los objetivos importantes de la política de cohesión 2014-2020, que aporta un valor añadido sustancial a los objetivos de la Unión, promueve la solidaridad entre sus regiones y con sus vecinos y facilita el intercambio de experiencias y la transmisión de buenas prácticas, por ejemplo, por medio de documentos normalizados; insiste en la necesidad de seguir buscando la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional como parte del objetivo de reforzar la cohesión territorial según lo previsto en el artículo 174 del TFUE; considera que debe seguir siendo un instrumento importante después de 2020; destaca, no obstante, que el presupuesto actual de la cooperación territorial europea no está a la altura de los importantes retos que afrontan los programas Interreg ni apoya de forma eficaz la cooperación transfronteriza; pide, por tanto, que en el próximo período de programación se aumente considerablemente el presupuesto de la cooperación territorial europea;

10.  Subraya la importancia del actual programa de cooperación Interreg Europa, destinado a facilitar el intercambio de experiencias y la transmisión de buenas prácticas entre las autoridades públicas europeas; propone que se amplíen las posibilidades de financiación en el próximo programa Interreg Europa posterior a 2020 para posibilitar las inversiones en proyectos piloto físicos y proyectos de demostración, tomando también en consideración la participación de las partes interesadas;

Arquitectura de la política de cohesión posterior a 2020 – continuidad y ámbitos de mejora

11.  Subraya que la actual categorización de las regiones, las reformas aplicadas, como la concentración temática, y el marco de rendimiento han demostrado el valor de la política de cohesión; pide a la Comisión que presente ideas para incrementar la flexibilidad en la ejecución del presupuesto de la Unión en su conjunto; considera que la creación de una reserva es una opción interesante en este contexto para afrontar importantes acontecimientos imprevistos durante el período de programación y para facilitar la reprogramación de programas operativos a fin de adaptar las inversiones de los Fondos EIE a las necesidades cambiantes de cada región, y también para paliar los efectos locales y regionales de la globalización sin que ello perjudique a las inversiones en política de cohesión o afecte a la orientación estratégica, los objetivos a largo plazo y la certeza y la estabilidad de la planificación de los programas plurianuales para las autoridades regionales y locales;

12.  Reconoce el valor de las condiciones ex ante, en particular la relativa a las Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3), que siguen apoyando la programación estratégica de los fondos EIE y han contribuido a aumentar la orientación hacia los resultados; señala que las condiciones ex ante permiten que los Fondos EIE apoyen los objetivos de la Unión para el periodo posterior a 2020 de forma eficaz y sin detrimento de los objetivos de cohesión establecidos en el Tratado;

13.  Se opone a las condiciones macroeconómicas y destaca que el vínculo entre la política de cohesión y los procesos de gobernanza económica en el Semestre Europeo debe ser equilibrado, reciproco y no ha de revestir un carácter punitivo para ninguna de las partes interesadas; respalda un mayor reconocimiento de la dimensión territorial, que podría ser beneficioso para el Semestre Europeo, es decir, que se consideren con un planteamiento equilibrado la gobernanza económica y los objetivos de la política de cohesión de cohesión económica, social y territorial, así como los objetivos de crecimiento sostenible, empleo y protección del medio ambiente;

14.  Considera que, dado que los fondos de la política de cohesión tienen por objetivo estimular la inversión, el crecimiento y el empleo en toda la Unión, la Comisión debería analizar, en el séptimo Informe sobre la Cohesión y en estrecha colaboración con los Gobiernos de los Estados miembros, cómo abordar el impacto de esas inversiones en los déficits presupuestarios de esos Gobiernos;

15.  Señala que, para que la política de cohesión se aplique con éxito y sin retrasos y se produzca una convergencia por lo alto, es crucial aumentar, en los Estados miembros y las regiones, las capacidades administrativas e institucionales —y, por tanto, fortalecer los organismos nacionales y regionales que apoyan la inversión— en el ámbito de la programación, aplicación y evaluación de los programas operativos, así como de la calidad de la formación profesional; destaca, en este contexto, la importancia de la iniciativa Taiex Regio Peer 2 Peer, que mejora la capacidad administrativa y funcional y consigue mejores resultados para las inversiones de la Unión;

16.  Subraya la necesidad de simplificar el sistema de gestión general de la política de cohesión a todos los niveles de gobernanza, facilitando la programación, la gestión y la evaluación de programas operativos, a fin de hacerlo más accesible, flexible y eficaz; destaca, en este contexto, la importancia de luchar contra la sobrerregulación en los Estados miembros; pide a la Comisión que incremente las posibilidades de la cohesión electrónica y de determinados tipos de gastos, como el baremo estándar de costes unitarios o los importes a tanto alzado en el marco del RDC, y que establezca una plataforma o ventanilla única digitales para informar a solicitantes y beneficiarios; apoya las conclusiones y recomendaciones adoptadas hasta la fecha por el Grupo de alto nivel sobre el seguimiento de la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE, y pide a los Estados miembros que apliquen dichas recomendaciones;

17.  Pide a la Comisión que reflexione sobre posibles soluciones basadas en la proporcionalidad y la diferenciación en la aplicación de los programas en función del riesgo, criterios objetivos e incentivos positivos para los programas, su envergadura y capacidad administrativa, especialmente en relación con los múltiples estratos de auditoría, que deberían encaminarse a luchar contra las irregularidades, como el fraude y la corrupción, y el número de controles, para lograr una mayor armonización entre la política de cohesión, la política de competencia y otras políticas de la Unión, en particular las normas sobre ayudas estatales, que se aplican a los Fondos EIE pero no al FEIE, y también en relación con la posibilidad de establecer un conjunto único de normas para todos los Fondos EIE a fin de que la financiación sea más eficiente sin perder de vista las características propias de cada Fondo;

18.  Pide a la Comisión que, en pos de una simplificación real y de acuerdo con las autoridades de gestión de los programas nacionales y regionales, elabore un plan viable de ampliación del régimen simplificado de costes al FEDER, en consonancia también con lo previsto en la propuesta de Reglamento que modifica las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión, el denominado Reglamento «ómnibus»;

19.  Considera que las subvenciones deben seguir siendo la base de la financiación de la política de cohesión; observa, no obstante, un uso cada vez mayor de instrumentos financieros; señala que los préstamos, el capital o las garantías pueden tener una función complementaria, pero que deben utilizarse con cautela, sobre la base de una adecuada evaluación ex ante, y solo deben complementar las subvenciones en aquellos casos en que, habida cuenta de las disparidades regionales y la diversidad de prácticas y experiencias, los instrumentos financieros acrediten su valor añadido y puedan producir un efecto de apalancamiento atrayendo otros apoyos financieros;

20.  Destaca la importancia de la asistencia prestada por la Comisión, el Banco Europeo de Inversiones y los Estados miembros a las autoridades locales y regionales en relación con los instrumentos financieros innovadores a través de plataformas como fi-compass o proporcionando incentivos para los beneficiarios; recuerda que estos instrumentos no son idóneos para todos los tipos de intervenciones de la política de cohesión; considera que todas la regiones deben tener la posibilidad, con carácter voluntario, de decidir sobre el uso de instrumentos financieros en función de sus necesidades; se opone, no obstante, a los objetivos cuantitativos de uso de instrumentos financieros, y subraya que el aumento del uso de instrumentos financieros no debe conducir a una reducción del presupuesto de la Unión en general;

21.  Pide a la Comisión que garantice una mejora de las sinergias y la comunicación entre los Fondos EIE y otros fondos y programas de la Unión, incluido el FEIE, y que facilite la ejecución de operaciones multifondo; destaca que el FEIE no debe ir en detrimento de la coherencia estratégica, la concentración territorial y la perspectiva a largo plazo de la programación de la política de cohesión y tampoco debe remplazar ni dejar sin espacio a las subvenciones ni tratar de sustituir o reducir el presupuesto de los Fondos EIE; insiste en la adicionalidad real de sus recursos; pide, para hacer un buen uso de los escasos recurso de la Unión, una demarcación clara entre el FEIE y la política de cohesión, unida a posibilidades de combinarlos y facilitar su uso sin confundirlos, lo que puede redundar en un mayor atractivo de la estructura de financiación; considera que es necesaria la armonización de las normas sobre operaciones multifondo, así como una estrategia de comunicación clara sobre las posibilidades de financiación disponibles; invita a la Comisión, en este contexto, a crear una «caja de herramientas» para los beneficiarios;

22.  Pide a la Comisión que reflexione sobre la elaboración de un nuevo conjunto de indicadores que complemente el indicador PIB, que sigue siendo el principal método legítimo y fiable para asignar los Fondos FEIE de manera equitativa; considera que, en este contexto, deberían evaluarse y tomarse en consideración el Índice de Progreso Social o un indicador demográfico con el fin de obtener una imagen exhaustiva del desarrollo regional; considera que estos indicadores podrían responder mejor a los nuevos tipos de desigualdades que están surgiendo entre las regiones de la Unión; destaca, además, la importancia de los indicadores de resultados para reforzar la orientación de la política hacia los resultados y el rendimiento;

23.  Pide a la Comisión que estudie medidas para resolver el problema de la financiación nacional de proyectos de la política de cohesión a la vista del problema de las autoridades locales y regionales en Estados miembros muy centralizados, que no disponen de la suficiente capacidad financiera y presupuestaria y encuentran grandes dificultades para cofinanciar proyectos —e incluso, con frecuencia, para preparar la documentación de los proyectos— debido a la insuficiencia de los recursos financieros disponibles, lo que resulta en un menor recurso a la política de cohesión;

24.  Anima a la Comisión a estudiar la posibilidad de utilizar el nivel NUTS 3 como clasificación de las regiones en la política de cohesión a efectos de algunas prioridades seleccionadas;

Ámbitos de actuación fundamentales para una política de cohesión modernizada después de 2020

25.  Destaca la importancia del FSE, la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil, en particular en la lucha contra el desempleo juvenil y de larga duración en la Unión, que han alcanzado cotas históricamente altas, en particular en las regiones menos desarrolladas, las regiones ultraperiféricas y las regiones más afectadas por la crisis; destaca la contribución fundamental de las pymes –que representan el 80 % de los puestos de trabajo en la Unión– a la creación de empleo y la promoción de sectores innovadores, como la economía digital y la economía con bajas emisiones de carbono;

26.  Considera que la política de cohesión posterior a 2020 debe seguir cuidando de las personas vulnerables y marginadas, debe luchar contra las crecientes desigualdades y debe generar solidaridad; destaca la repercusión positiva en términos de valor añadido para la sociedad y el empleo de las inversiones en educación, formación y cultura; señala la necesidad de mantener la actividad de integración social, también a través del gasto del FSE complementado por las inversiones del FEDER en ese ámbito;

27.  Propone que se usen mejor los Fondos FEI a fin de hacer frente al cambio demográfico y para abordar sus consecuencias regionales y locales; considera que en las regiones que se enfrentan a retos como la despoblación, el destino de los Fondos EIE debe ajustarse para que se genere el máximo crecimiento y empleo;

28.  Toma nota de la importancia cada vez mayor de la Agenda Territorial y del éxito de las asociaciones entre zonas urbanas y rurales, así como del ejemplo dado por las ciudades inteligentes como microcosmos y catalizadores de las soluciones innovadoras para los retos locales y regionales;

29.  Acoge con satisfacción el Pacto de Ámsterdam y el mayor reconocimiento atribuido al papel de las ciudades y las zonas urbanas en la elaboración de políticas europeas, y pide una aplicación eficaz del método de trabajo cooperativo a través de las asociaciones que se derivan del Pacto; espera que los resultados se incorporen a las futuras políticas de la Unión a partir de 2020;

30.  Recalca la dimensión urbana reforzada de la política de cohesión en forma de disposiciones específicas para el desarrollo urbano sostenible y las acciones de innovación urbana; considera que este aspecto debe seguir desarrollándose y fortaleciéndose financieramente después de 2020, y que debe incrementarse la subdelegación de competencias en niveles inferiores; alienta a la Comisión a que mejore la coordinación entre las distintas medidas destinadas a las ciudades de modo que se refuerce el apoyo directo prestado a los gobiernos locales a través de la política de cohesión mediante la oferta de financiación e instrumentos personalizados para el desarrollo territorial; destaca el futuro papel de las herramientas de desarrollo territorial, como el desarrollo local participativo y las inversiones territoriales integradas;

31.  Respalda los compromisos asumidos por la Unión en el acuerdo de París sobre el cambio climático; recuerda, en este contexto, el objetivo refrendado por todas las instituciones de la Unión de gastar al menos el 20 % del presupuesto de la Unión en actuaciones relacionadas con el cambio climático, y subraya que los Fondos EIE desempeñan un papel fundamental en este sentido y deben seguir utilizándose con la mayor eficacia para la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, así como para la economía verde y las energías renovables; considera necesario mejorar el sistema de vigilancia y seguimiento del gasto en materia de clima; destaca el potencial de la cooperación territorial europea, así como el papel de las ciudades y las regiones en el contexto de la agenda urbana;

32.  Señala que las RIS3 refuerzan los ecosistemas de innovación regionales; subraya que la investigación, la innovación y el desarrollo de la tecnología deben seguir teniendo un papel destacado para que la Unión pueda competir a escala mundial; considera que el modelo de especialización inteligente debe convertirse en uno de los principales enfoques de la política de cohesión posterior a 2020, fomentando la cooperación entre las distintas regiones y las zonas urbanas y rurales y potenciando el desarrollo económico de la Unión, creando sinergias entre las RIS3 transnacionales y los clústeres de importancia mundial; recuerda el actual proyecto piloto «Escalera de excelencia» (S2E), que sigue apoyando a las regiones en el desarrollo y la explotación de sinergias entre los Fondos EIE, Horizonte 2020 y otros programas de financiación de la Unión; considera, por lo tanto, que deben realizarse más esfuerzos para maximizar las sinergias con el fin de seguir reforzando la especialización inteligente y la innovación después de 2020;

33.   Pone de relieve que se requiere una mayor visibilidad de la política de cohesión para luchar contra el euroescepticismo y contribuir a recuperar la confianza de los ciudadanos; destaca que, para mejorar la visibilidad de los Fondos EIE, debe concederse una mayor importancia al contenido y los resultados de sus programas, mediante un enfoque descendente y ascendente que permita la participación de las partes interesadas y los beneficiarios, los cuales pueden ser un eficaz canal de divulgación de los resultados de la política de cohesión; insta, asimismo, a la Comisión, los Estados miembros, las regiones y las ciudades a que informen con mayor eficiencia sobre los resultados cuantificables de la política de cohesión que aportan valor añadido a la vida cotidiana de los ciudadanos de la Unión; insta a que, si procede, las actividades de comunicación sigan incluidas, después de la terminación de un proyecto y hasta que sus resultados sean claramente visibles, en un presupuesto específico dentro de la asistencia técnica;

Perspectivas

34.  Pide que el fomento de la cohesión económica, social y territorial y la solidaridad en la Unión y el encauzamiento de los fondos de la Unión hacia el crecimiento, el empleo y la competitividad ocupen un lugar prioritario en el programa de trabajo de la Unión; pide asimismo que se mantenga la lucha contra las disparidades regionales, la pobreza y la exclusión social y contra la discriminación; considera que, además de los objetivos consagrados en los Tratados, la política de cohesión debe seguir sirviendo de herramienta para alcanzar los objetivos políticos de la Unión, contribuyendo asimismo a aumentar el conocimiento de su funcionamiento y sin dejar de ser la principal política de inversión de la Unión a disposición de todas las regiones;

35.  Reitera que ya es hora de preparar la política de cohesión de la Unión posterior a 2020, con el fin de empezar a aplicarla con eficacia en cuanto comience el nuevo periodo de programación; pide, por tanto, que la Comisión prepare el nuevo marco legislativo para poder arrancar sin retrasos, es decir, con prontitud tras la presentación de la propuesta de la Comisión del nuevo MFP y su traducción a las lenguas oficiales; pide asimismo la adopción a su debido tiempo de todas las propuestas legislativas de la futura política de cohesión y que la orientación sobre gestión y control esté disponible antes del comienzo del nuevo período de programación, sin efectos retroactivos; destaca que el retraso en la aplicación de programas operativos afecta a la eficiencia de la política de cohesión;

36.  Señala que el núcleo del actual marco legislativo de la política de cohesión debe mantenerse después de 2020 con una política perfeccionada, reforzada, fácilmente accesible y orientada a los resultados, y cuyo valor añadido se comunique mejor a los ciudadanos;

37.  Destaca, a la vista de la propuesta de la Comisión 2016/0282(COD), que la acogida de migrantes y refugiados en virtud de la protección internacional, así como su integración social y económica, requieren un enfoque transnacional coherente, que también debe abordase a través de la política de cohesión, actual y futura, de la Unión;

38.  Pone de relieve la importancia de la estabilidad de las normas; pide a la Comisión que, al elaborar las disposiciones de aplicación de la política de cohesión en el marco del próximo MFP, limite en lo posible las modificaciones; está convencido de la necesidad de mantener en un nivel adecuado, o incluso aumentar, la parte del presupuesto de la Unión dedicado a la política de cohesión posterior a 2020, en vista de la complejidad de los retos internos y externos a los que tendrá que hacer frente esta política habida cuenta de sus objetivos; considera que esta política no puede debilitarse en ninguna circunstancia, ni siquiera por el brexit, y que su porcentaje del presupuesto total de la Unión no debe reducirse desviando recursos para responder a nuevos retos; subraya asimismo el carácter plurianual de la política de cohesión e insta a mantener su periodo de programación de 7 años o a introducir un período de programación de 5+5 años con una revisión intermedia obligatoria;

39.  Pide una rápida asignación de la reserva de eficacia; observa que el periodo transcurrido entre el cumplimiento de los objetivos y la liberación de la reserva es demasiado largo, reduciéndose así la efectividad de la reserva; insta a la Comisión, por lo tanto, a que permita a los Estados miembros hacer operativo el uso de la reserva de eficacia en cuanto finalice la evaluación;

40.  Señala en este contexto que la agenda digital, incluida la puesta a disposición de la infraestructura necesaria y de soluciones tecnológicas avanzadas, debe ser una prioridad en el marco de la política de cohesión, sobre todo en el próximo periodo de financiación; observa que la evolución del sector de las telecomunicaciones debe ir acompañado, en cualquier caso, de las correspondientes medidas de formación, que también deben ser apoyadas por la política de cohesión;

o
o   o

41.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Estados miembros, a sus Parlamentos y al Comité de las Regiones.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 289.
(3) DO L 347 de 20.12.2013, p. 470.
(4) DO L 347 de 20.12.2013, p. 259.
(5) DO L 347 de 20.12.2013, p. 303.
(6) DO L 347 de 20.12.2013, p. 281.
(7) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(8) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0053.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0321.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0217.
(12) DO C 305 E de 11.11.2010, p. 14.
(13) DO C 351 E de 2.12.2011, p. 1.
(14) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0383.
(15) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0336.
(16) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0311.
(17) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0211.
(18) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0419.
(19) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0308.
(20) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0307.
(21) DO C 258 E de 7.9.2013, p. 1.
(22) Textos Aprobados, P7_TA(2014)0133.
(23) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0384.
(24) ECLI:EU:C:2015:813.


Estado de las poblaciones de peces y situación socioeconómica del sector de la pesca en el Mediterráneo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de junio de 2017, sobre el estado de las poblaciones de peces y la situación socioeconómica del sector de la pesca en el Mediterráneo (2016/2079(INI))
P8_TA(2017)0255A8-0179/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 y la Decisión 2004/585/CE del Consejo(1) (Reglamento sobre la política pesquera común),

–  Vista la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, por la que se establece un marco de acción comunitaria para la política del medio marino (Directiva marco sobre la estrategia marina)(2),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.º 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1626/94(3),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1093/94 y (CE) n.º 1447/1999(4) (Reglamento INDNR),

–  Vista la estrategia a medio plazo de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) (2017-2020), que tiene por objetivo la sostenibilidad de las pesquerías en el Mediterráneo y el mar Negro,

–  Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2016, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el Acuerdo entre la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (Cogeca), la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF) y la Asociación de las Organizaciones Nacionales de Empresas Pesqueras de la Unión Europea (Europêche), de 21 de mayo de 2012, en su versión modificada de 8 de mayo de 2013, relativo a la aplicación del Convenio sobre el trabajo en la pesca de 2007 de la Organización Internacional del Trabajo(5),

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 25 de septiembre de 2015, titulada «Transformando nuestro Mundo: Agenda 2030 para el desarrollo sostenible»,

–  Vista la Conferencia Regional titulada «Building a future for sustainable small-scale fisheries in the Mediterranean and the Black Sea» (Construir un futuro para la pesca sostenible de pequeña escala en el mar Mediterráneo y el mar Negro) celebrada en Argel (Argelia) del 7 al 9 de marzo de 2016,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Pesca y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0179/2017),

A.  Considerando que el Mediterráneo, con 17 000 especies marinas, es uno de los principales lugares de la biodiversidad mundial; que por ello es necesario adoptar un enfoque multiespecie a la hora de decidir cómo debe gestionarse;

B.  Considerando que, en su Comunicación titulada «Consulta sobre las posibilidades de pesca para 2017 en virtud de la política pesquera común» (COM(2016)0396), la Comisión afirma que en el Mediterráneo la sobrepesca sigue siendo generalizada y que se necesitan urgentemente soluciones para revertir esta situación; que, en dicho documento, la Comisión expresa su preocupación por el hecho de que muchas de las especies evaluadas se pescan muy por encima de los objetivos estimados de rendimiento máximo sostenible (RMS);

C.  Considerando que, para todas las poblaciones y a más tardar para 2020, el Mediterráneo ha de responder al importante desafío de alcanzar el objetivo de restablecer de forma progresiva y mantener las poblaciones de peces por encima de unos niveles de biomasa capaces de producir el rendimiento máximo sostenible; que para ello es necesario contar con la participación y el compromiso de los países no pertenecientes a la Unión; que, en la cuenca mediterránea, el nivel general de sobrepesca es, en términos generales, de entre el doble y el triple del FRMS; que, a pesar de los considerables esfuerzos realizados tanto dentro como fuera de la Unión garantizar la aplicación y la observancia de la legislación en el sector pesquero, se considera que más del 93 % de las especies evaluadas en el Mediterráneo siguen siendo objeto de sobrepesca;

D.  Considerando que, en esta región, la pesca reviste una gran importancia socioeconómica para las poblaciones costeras; que el sector emplea a cientos de miles de personas, también en el sector secundario de la transformación, y en particular muchas mujeres que dependen de la pesca para trabajar; que el Mediterráneo aporta una contribución crucial para proteger la seguridad alimentaria, particularmente en el caso de las poblaciones más vulnerables de la región; que la pesca brinda un medio de completar la renta o la provisión de alimentos y contribuye a la estabilidad regional;

E.  Considerando que en el Mediterráneo influyen varios factores —como la contaminación causada por el transporte marítimo—, que inciden, junto con la pesca, en la salud de las poblaciones de peces;

F.  Considerando que la pesca artesanal representa el 80 % de la flota pesquera y el 60 % de los empleos en la cuenca mediterránea; que es deplorable que no exista una definición comúnmente aceptada de pesca artesanal en Europa, si bien es una tarea difícil debido a la variedad de especificidades y características del ecosistema marino y del sector pesquero; que la «pesca costera artesanal» se ha definido formalmente, a los solos efectos del Fondo Europeo de Pesca (Reglamento (CE) n.º 1198/2006 del Consejo), como «la pesca practicada por buques pesqueros de eslora total inferior a 12 metros que no utilicen los artes de arrastre» (como las redes de arrastre); que en la definición de pesca artesanal se debe tener en cuenta la variedad de características nacionales y regionales;

G.  Considerando que en la reunión de alto nivel sobre el estado de las especies mediterráneas, celebrada en Catania en febrero de 2016, se llegó a un compromiso sobre la necesidad urgente de invertir estas tendencias negativas y se reconoció el importante reto que supone restablecer y mantener las poblaciones de peces por encima de unos niveles de biomasa capaces de producir el rendimiento máximo sostenible (RMS), cumpliendo a la vez la obligación de la PPC en materia de RMS para todas las especies y para 2020, a más tardar;

H.  Considerando que, además de afrontar la sobrepesca, el mar Mediterráneo afronta muchos retos y la mayoría de ellos se derivan de la densidad de población del litoral (exceso de nutrientes, contaminantes, alteraciones del hábitat y del litoral), pero también del transporte marítimo y la sobreexplotación de recursos, incluida la extracción de petróleo y gas, entre otros factores; que, además, el Mediterráneo es muy vulnerable al cambio climático, lo que, en combinación con el intenso tráfico marítimo, está favoreciendo la introducción y el establecimiento de nuevas especies invasoras;

I.  Considerando que la imposibilidad de utilizar determinadas artes y técnicas más respetuosas con el medio ambiente y con menor impacto en la situación de las poblaciones amenazadas, tiene una repercusión importante en la viabilidad de las comunidades costeras e insulares ya marginadas, obstaculiza el desarrollo y provoca un aumento de la despoblación;

J.  Considerando que las comunidades costeras de los Estados miembros mediterráneos dependen en gran medida de la pesca y, en particular, de la pesca a pequeña escala, por lo que se ven amenazadas por la falta de sostenibilidad de las poblaciones de peces;

K.  Considerando que muchas comunidades costeras de la Unión dependen en gran medida de las actividades de la pesca tradicional, artesanal y a pequeña escala en la cuenca del Mediterráneo;

L.  Considerando que la pesca recreativa tiene un valor socio-económico en muchas regiones del Mediterráneo e incide tanto directa como indirectamente en el empleo;

M.  Considerando que es necesario tener en cuenta el papel que juega la pesca recreativa en el estado de los recursos en el Mediterráneo;

1.  Subraya la importancia de que se pongan en práctica a corto plazo y exhaustivamente los objetivos y las acciones previstas por la política pesquera común (PPC), y de que se elaboren oportunamente y se apliquen de manera eficaz los planes plurianuales de gestión, en consonancia con el enfoque basado en la regionalización y la multiplicidad de especies; subraya en particular la necesidad de que se alcance el objetivo de un buen estado medioambiental establecido por la Directiva marco sobre la estrategia marina (Directiva 2008/56/CE), teniendo en cuenta que las medidas de gestión pesquera sólo deberían ser decididas en el contexto de la política pesquera común;

2.  Considera que el Mediterráneo debe seguir recibiendo un trato diferenciado del resto de cuencas marinas bajo la PPC ya que gran parte del mismo está constituido de aguas internacionales en las que los terceros países juegan un papel decisivo en el estado de los recursos;

3.  Considera que es urgente dar una respuesta colectiva y basada en la cooperación a distintos niveles, internacional, europeo, nacional y regional; estima que todas las partes interesadas pertinentes, incluidos los pescadores profesionales y deportivos, la industria pesquera, la pesca tradicional, la pesca artesanal y la pesca a pequeña escala, los científicos, las organizaciones regionales, los gestores de las zonas marinas protegidas, los sindicatos y las organizaciones no gubernamentales, deberían participar en un proceso integrador y con un enfoque ascendente; subraya el papel estratégico del Consejo Consultivo del Mediterráneo en este contexto;

4.  Resalta que, si no se cuenta con la sensibilización, el pleno apoyo y la participación de las comunidades costeras, que deben ser informadas del peligro que representa el agotamiento de las poblaciones y las especies para su futuro socioeconómico, las medidas y normativas de gestión no alcanzarán todo su potencial;

5.  Señala que no existen definiciones comunes y detalladas para la pesca artesanal y la pesca a pequeña escala; hace hincapié en que es necesario establecer tales definiciones a escala de la Unión lo antes posible para seguir actuando en el ámbito político;

6.  Subraya que la definición de las políticas de pesca deberá implicar e integrar, en los procesos de toma de decisiones, a los pescadores y sus asociaciones, así como a las organizaciones de productores, los sindicatos, los grupos de acción costera (GAC) y las comunidades locales, en consonancia con el principio de regionalización de la PPC y también en los terceros países de las orillas este y sur de la cuenca mediterránea; resalta que solo será posible conseguir unos recursos pesqueros sanos y unas pesquerías sostenibles y lucrativas y, por lo tanto, mantener el actual nivel de empleo e idealmente crear más puestos de trabajo en el sector, si se crean unas condiciones justas, equilibradas y equitativas entre todos los países implicados y todos los operadores de la pesca del Mediterráneo; subraya el importante papel de unos interlocutores sociales sólidos e independientes en el sector de la pesca, de un diálogo social institucionalizado y de la participación de los empleados en los asuntos de la empresa;

7.  Señala que la PPC aporta incentivos, incluidas posibilidades de pesca, para que se pesque de manera selectiva y de modo que se garantice un impacto limitado en el ecosistema marino y los recursos pesqueros; destaca, a este respecto, la necesidad de que los Estados miembros apliquen criterios transparentes y objetivos, incluidos los de carácter medioambiental, social y económico (artículo 17 del Reglamento sobre la política pesquera común); insta a que se realicen esfuerzos en esa dirección a fin de garantizar que se conceden a las flotas a pequeña escala (artesanal y tradicional) más incentivos y un acceso preferente a las zonas pesqueras costeras si practican una pesca selectiva y con un impacto limitado; destaca la importancia de consultar a las comunidades costeras afectadas;

8.  Observa que no se ha investigado suficientemente sobre la influencia de la pesca recreativa en las poblaciones y sobre su potencial socioeconómico en el Mediterráneo; estima que en el futuro se han de recoger datos sobre el número de pescadores deportivos, su volumen de capturas y el valor añadido que generan en las comunidades costeras;

9.  Señala que la pesca recreativa genera unos ingresos económicos elevados para las comunidades locales, a través de actividades como el turismo, y tiene un bajo impacto medioambiental, por lo que debe alentarse;

10.  Considera imprescindible definir la pesca costera, la pesca costera a pequeña escala y la pesca tradicional de acuerdo con las características socioeconómicas, al tiempo que se aplica un enfoque regional;

11.  Señala que en la pesca costera se utilizan artes y técnicas tradicionales que, en razón de sus características específicas, definen la identidad y la forma de vida de las regiones costeras, y que por ello es crucial que se preserve y proteja su uso como un elemento del patrimonio cultural, histórico y tradicional;

12.  Considera que, en el contexto de la regionalización, y teniendo en cuenta las particularidades de cada una de las formas de pesca, se deben permitir determinadas excepciones justificadas en cuanto al uso de ciertas artes y técnicas de pesca;

13.  Subraya que, según la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se debe aplicar un enfoque de precaución para la conservación, gestión y explotación de los recursos marinos vivos que tenga en cuenta las consideraciones socio-económicas, de manera que se consiga una pesca sostenible al tiempo que se protege y preserva la totalidad del medio marino; señala que la falta de información científica no debe utilizarse como pretexto para no aplicar las medidas de conservación y gestión; considera primordial poner pronto remedio a la falta de datos e información científica tangible sobre el estado de las poblaciones; subraya que todas las partes interesadas deben ser consultadas y participar en ese proceso;

14.  Considera que no es posible proteger y preservar los recursos pesqueros y medioambientales de la cuenca con unas políticas eficaces de gestión de la pesca si dichas políticas no van acompañadas de unas políticas firmes, amplias y urgentes y de medidas de lucha contra los factores que inciden en dichos recursos y repercuten negativamente en ellos, como los cambios climáticos (calentamiento, acidificación, régimen pluvial), la contaminación (química, orgánica, macroscópica y microscópica), la prospección y extracción incontroladas de gas y petróleo, el tráfico marítimo, las especies invasoras, y la destrucción o modificación de hábitats naturales, sobre todo costeros; subraya la importancia que reviste, por ello, comprender mejor la repercusión de dichos factores en las poblaciones de peces; pide, a ese respecto, que se intensifiquen las capacidades europeas existentes de observación y vigilancia del mar Mediterráneo, como EMODnet, y el Programa Copernicus y su componente marino;

15.  Considera que la protección y la salvaguardia de los recursos pesqueros y marinos de la cuenca mediterránea no debe basarse únicamente en medidas relativas al sector de la pesca, sino abarcar también otros sectores de actividad que influyen en el medio marino;

16.  Considera que se deben incrementar los esfuerzos en el ámbito del conocimiento del medio marino, especialmente por lo que respecta a las poblaciones que se explotan comercialmente, y que ese conocimiento debe utilizarse como base para programar su explotación sostenible;

17.  Afirma enérgicamente que en la cuenca mediterránea aún abunda el fenómeno de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), incluso en países de la Unión; considera que ninguna medida para salvaguardar los recursos, pero también, y sobre todo, las economías de la pesca a pequeña escala, puede prescindir de una lucha determinada y decidida contra la pesca INDNR; opina que, para combatir la pesca INDNR, la Unión debe asegurarse también el apoyo de los terceros países ribereños del Mediterráneo; opina además que se deben armonizar en consecuencia los procedimientos de inspección en toda la cuenca mediterránea, habida cuenta de la gran variedad de inspecciones y sanciones aplicadas;

18.  Reitera que las comunidades costeras tienen una gran influencia en la eficiencia de las medidas de prevención, detección e identificación de la pesca INDNR;

19.  Considera prioritaria la intensificación de las actividades de seguimiento tanto en tierra firme como en toda la cadena de distribución (mercados y restaurantes) y en el mar, especialmente en las zonas donde estén temporalmente suspendidas o prohibidas las operaciones de pesca;

20.  Opina que, con el fin de evitar las disparidades sociales, las posibilidades de pesca deben asignarse aplicando criterios objetivos y transparentes, incluidos los de índole medioambiental, social y económica, tomando en la debida consideración los métodos de bajo impacto; estima que las posibilidades de pesca también se deben distribuir de forma equitativa dentro de los distintos segmentos de la pesca, incluidas la pesca tradicional y la pesca a pequeña escala; opina además que se han de prever incentivos para que las flotas utilicen artes de pesca más selectivas y técnicas con un impacto reducido en el medio marino, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento sobre la PPC;

21.  Considera que se tiene que abordar el agotamiento de las poblaciones de peces en el Mediterráneo mediante medidas de gestión y conservación de las pesquerías para la pesca comercial y recreativa, incluyendo principalmente restricciones espacio-temporales y límites diarios o semanales de pesca, así como cuotas, si procede; estima que por ese medio se garantizaría la igualdad de condiciones con los terceros países por lo que respecta a las poblaciones compartidas; opina que estas medidas deberían decidirse en estrecha cooperación con el sector concernido para asegurar una implementación eficiente;

22.  Acoge con satisfacción el aumento del número de inspecciones realizadas por la Agencia Europea de Control de la Pesca y resalta la necesidad de intensificar los esfuerzos para atajar los dos principales problemas de conformidad registrados en 2016, a saber, las declaraciones falsas de documentos (cuaderno diario de pesca, declaraciones de desembarque, notas de ventas, etc.) y el uso de artes prohibidos o no conformes;

23.  Recalca que en ningún caso las responsabilidades derivadas de la obligación de desembarque establecida en la PPC reformada deben recaer sobre los pescadores y pescadoras;

24.  Pide que se estudien las consecuencias derivadas del fin de los descartes pesqueros sobre la privación de nutrientes a organismos marinos y otras especies, como es el caso de las gaviotas;

25.  Señala que el sistema de zonas marinas protegidas en el Mediterráneo abarca un porcentaje inadecuado de superficie y presenta grandes diferencias de cobertura entre las distintas cuencas; afirma que hay una escasez generalizada de recursos económicos; considera que es fundamental reconocer y potenciar la función que ya desempeñan las zonas marinas protegidas como laboratorios avanzados para la investigación científica, la aplicación de medidas concretas y la cooperación y la gestión compartida con los pescadores, así como optimizar su uso a la luz de los dictámenes científicos y los objetivos en materia de conservación; estima que, a este respecto, es importante garantizar un incremento estable de los fondos a disposición del sistema; considera que es fundamental colaborar más estrechamente con la CGPM y los terceros países a fin de determinar las zonas que deben estar sujetas a medidas de salvaguardia, y adoptar un sistema eficaz de seguimiento y control para verificar la eficacia de dichas zonas;

26.  Destaca la importancia de garantizar que las zonas marinas protegidas cubren al menos el 10 % del mar Mediterráneo en 2020, en consonancia con el objetivo de desarrollo sostenible 14.5 de las Naciones Unidas; pide a la CGPM que, en su sesión anual de 2018, acuerde un calendario progresivo con objetivos cualificados para alcanzar esa meta; hace hincapié en que a menudo las actuales zonas marinas protegidas no se gestionan adecuadamente; opina, por ello, que, además de aplicar un sistema eficaz de seguimiento y control, es necesario crear y aplicar medidas de gestión que se ajusten al enfoque basado en los ecosistemas, para poder verificar la eficacia de las medidas de protección;

27.  Destaca especialmente la necesidad de proteger y cooperar de forma conjunta en la gestión de las áreas sensibles que sirven de criaderos para las especies de mayor importancia económica (por ejemplo, la cuenca «Jabučka kotlina» en el mar Adriático).

28.  Señala que el Mediterráneo se caracteriza por poblaciones biológicas únicas que son pescadas por flotas de distintos países, y por lo tanto es necesario establecer una estrecha cooperación y consensuar medidas de regulación de la pesca entre todas las partes interesadas y a todos los niveles;

29.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para atajar el problema de la basura marina y los plásticos en el mar, que causan daños muy graves para el medio ambiente, la ecología, la economía y la salud;

30.  Considera fundamental que las políticas tengan un planteamiento diferenciado y modulado, en el marco de planes de gestión, y apliquen criterios diferenciados y basados en las características biológicas de las especies y en las características técnicas de las modalidades de pesca; considera, asimismo, que todo plan plurianual debe prever una planificación adecuada en el espacio (zonas con prohibición de pesca y sujetas a rotación, cierres totales o parciales en función de las artes de pesca) y en el tiempo (parada biológica), así como el fomento de medidas técnicas destinadas a alcanzar la máxima selectividad de las artes de pesca; subraya que se debe prever la adecuada compensación financiera;

31.  Celebra el compromiso de la Comisión en favor de un plan de gestión plurianual para el Mediterráneo; insiste en la importancia de regionalizar la PPC para la gestión de la pesca en la cuenca mediterránea; pide que el Consejo Consultivo del Mediterráneo (MEDAC) participe en todas las fases de diseño y establecimiento del plan de gestión plurianual y de las medidas regionalizadas;

32.  Subraya que durante las paradas biológicas deben garantizarse a las y los pescadores unos ingresos adecuados;

33.  Hace hincapié en que debería adoptarse, a escala del Mediterráneo y para todas las especies objeto de pesca comercial y pesca recreativa, una talla mínima autorizada en función de la madurez sexual y sobre la base de los mejores conocimientos científicos disponibles; señala que se deben adoptar medidas para garantizar un respeto más riguroso de esas tallas mínimas;

34.  Considera necesario impulsar la puesta en marcha de acciones coordinadas con los países del área mediterránea no pertenecientes a la Unión a través de un refuerzo de la colaboración política y técnica entre las distintas partes bajo los auspicios de las entidades internacionales que actúan en esta zona; celebra la iniciativa lanzada por la Comisión con la puesta en marcha recientemente del programa MedFish4Ever, que supone un llamamiento a la acción para detener el deterioro de las poblaciones de peces en el Mediterráneo; subraya la necesidad de hacer todo el esfuerzo posible en el marco de esa iniciativa para promover una pesca sostenible en los países mediterráneos;

35.  Señala que es necesaria la promoción e instauración de un protocolo de vedas espaciotemporales que permitan limitar el esfuerzo pesquero y secuenciarlo a lo largo del año, limitando la pesca temporalmente en las zonas de alevinaje de ciertas especies; destaca que esa secuenciación y especialización del esfuerzo ejercido resultarán altamente productivas y se deben programar de acuerdo con las comunidades de pescadores y los asesores científicos;

Acciones con respecto a terceros países

36.  Insta a la Comisión a que, a través de la CGPM, promueva acciones para mejorar el estado de las poblaciones compartidas con terceros países, sacando partido también de las actividades de cooperación ya consolidadas entre los órganos de representación de las pesquerías y las empresas que operan en el sector de la pesca y las autoridades o entes correspondientes de los terceros países afectados;

37.  Observa que la falta de un marco normativo común para las flotas de la Unión y de terceros países que operan en el Mediterráneo provoca una competencia desleal entre los pescadores y, al mismo tiempo, pone en peligro la sostenibilidad a largo plazo de las capturas de las especies compartidas;

38.  Resalta la importancia de la cooperación con terceros países y las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP), así como la necesidad de fomentar el cumplimiento de las normas y unas condiciones equitativas en materia de control de la pesca y de intensificar la coordinación horizontal para la gestión de las zonas marinas y las poblaciones de peces más allá de las jurisdicciones nacionales;

39.  Pide a la Comisión que ayude a los países mediterráneos no miembros de la Unión a lograr una pesca sostenible apoyando la pesca costera y a pequeña escala, compartiendo las mejores prácticas y manteniendo abierto un canal de comunicación, y a entablar el diálogo necesario entre las distintas administraciones nacionales competentes, a fin de apoyar de forma adecuada la aplicación de la estrategia a medio plazo de la CGPM (2017-2020) e invertir la alarmante tendencia que presenta el estado de las especies mediterráneas; pide a la Comisión que entable un intercambio de información eficaz con los terceros Estados mediterráneos sobre la actividad de las flotas de otros terceros países que faenan en el Mediterráneo;

40.  Hace un llamamiento en favor del establecimiento de un plan regional bajo los auspicios de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo, con el fin de asegurar que todos los barcos del área mediterránea faenan en condiciones equitativas y de garantizar un equilibrio entre los recursos pesqueros y la capacidad de la flota de todos los países ribereños; pide además la creación de un centro regional para el sistema de localización de los barcos por satélite (VMS) y operaciones conjuntas de inspección;

41.  Recomienda a la Comisión que suspenda las importaciones procedentes de terceros Estados que no adopten las medidas necesarias para prevenir, desalentar y erradicar la pesca INDNR, tal como les impone el Derecho internacional en su calidad de Estados de abanderamiento, del puerto, costeros o de comercialización;

42.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que ayuden a los terceros países a combatir mejor la pesca INDNR en todo el Mediterráneo, les presten toda la asistencia posible y trabajen de forma conjunta con ellos;

43.  Insta a los Estados ribereños a que cooperen para crear zonas restringidas de pesca y zonas marinas protegidas también en aguas internacionales;

44.  Destaca la necesidad de establecer unas normas de base en todo el Mediterráneo para la gestión de la pesca recreativa;

Aspectos socioeconómicos

45.  Subraya que 250 000 personas están empleadas directamente en buques y que el número de personas que trabajan en el sector de la pesca para su supervivencia es exponencialmente superior si tenemos en cuenta a las familias que viven gracias a la pesca regional y que están empleadas en las industrias relacionadas, como la transformación, el mantenimiento de las embarcaciones y el turismo, incluido el turismo relacionado con la pesca recreativa; observa que el 60 % de los puestos de trabajo vinculados a la pesca se sitúa en países en desarrollo de las orillas meridional y oriental del Mediterráneo, lo que pone en evidencia la importancia de la pesca a pequeña escala (artesanal y tradicional) y la pesca recreativa para el desarrollo sostenible de dichas regiones y especialmente de las comunidades costeras más frágiles;

46.  Considera esencial la mejora de las condiciones de trabajo de los pescadores, empezando por una remuneración digna y una competencia leal, debiéndose prestar una atención especial a la elevada tasa de accidentes en el sector y el alto riesgo de enfermedades laborales; propone a los Estados miembros la creación de instrumentos de apoyo a la renta, dentro del debido respeto de las leyes y usos de cada Estado miembro; recomienda, por último, la creación por los Estados miembros de un fondo de compensación de renta estable para cubrir los periodos durante los que no se pesca, que pueda abarcar los fenómenos climáticos adversos que impiden el ejercicio de la actividad, y las temporadas de veda (parada biológica), a fin de proteger el ciclo de vida de las especies explotadas, las catástrofes medioambientales o los fenómenos prolongados de contaminación medioambiental o contaminación por biotoxinas marinas;

47.  Observa que el sector pesquero de la Unión atraviesa, desde hace algunos años, un período de dificultades debido al aumento de los costes de producción, el deterioro de las poblaciones, la reducción de las capturas y un descenso constante de los ingresos;

48.  Señala que la situación socioeconómica del sector se ha degradado por diversas razones, en especial por el declive de las poblaciones de peces, la caída de los precios del pescado en primera venta (que no se refleja en el precio de venta al público debido a una distribución injusta del valor añadido a lo largo de la cadena de valor del sector por la mayor parte de los intermediarios y, en algunas regiones, a los monopolios de la distribución) y el aumento del precio del combustible; señala que estas dificultades han contribuido al aumento del esfuerzo pesquero, que es especialmente preocupante en el caso de la pesca a pequeña escala, pues puede poner en peligro esta forma de vida ancestral y la subsistencia de las comunidades locales muy dependientes de la pesca;

49.  Subraya la importancia de desarrollar iniciativas que puedan incidir positivamente en el empleo y que sean compatibles con la reducción del esfuerzo pesquero, como el turismo pesquero o las actividades de investigación;

50.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren el acceso a unas condiciones de trabajo dignas y a una protección social adecuada para todos los trabajadores del sector de la pesca, independientemente del tamaño y tipo de empresa para la que trabajen, el lugar de empleo o el contrato de que se trate, también por medio de la utilización de acuerdos de colaboración pesquera sostenible firmados en la región para luchar contra el dumping social y mejorar el acceso a los mercados y a la financiación, la cooperación con las administraciones e instituciones y la diversificación de los medios de vida; subraya la importancia de unas inspecciones y controles laborales eficaces;

51.  Subraya la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores, habida cuenta del alto índice de accidentes en el sector y del riesgo desproporcionadamente elevado de enfermedades profesionales, tanto físicas como mentales; insiste en la necesidad de garantizar para los pescadores un equilibrio adecuado entre la vida profesional y la privada; subraya la importancia de contar con instalaciones sanitarias adecuadas tanto a bordo como en tierra, así como un alojamiento digno y posibilidades de actividades recreativas; destaca la necesidad de garantizar unas condiciones de operatividad y navegabilidad seguras en los puertos, dársenas y vías navegables;

52.  Destaca la necesidad de garantizar que todo pescado y producto pesquero importado en la Unión cumpla las condiciones que exigen las normas internacionales en materia de medio ambiente, trabajo y derechos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la competencia leal y la sostenibilidad en el sector de la pesca con el fin de proteger los puestos de trabajo y el crecimiento; insiste en que esto es esencial no solo con respecto a la competencia dentro de la Unión, sino también, en particular, con respecto a los competidores de terceros países;

53.  Considera que la Comisión y los Estados miembros deben fomentar la plena utilización de la financiación con cargo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y al Instrumento Europeo de Vecindad; opina que la Comisión debe hacer cuanto esté en su mano para ayudar a los Estados miembros de la Unión y a los no miembros a utilizar todos los fondos disponibles del modo más eficiente posible, en particular respecto de:

   la mejora de las condiciones sociales y la seguridad a bordo;
   la valorización del trabajo y la formación profesional, así como el apoyo a la creación y el desarrollo de nuevas actividades económicas en el sector a través de la contratación, la educación y la formación pluridisciplinar de los jóvenes;
   la valorización del papel de las mujeres en la pesca y en los sectores productivos relacionados directamente con ella, habida cuenta de que las mujeres constituyen el 12 % de la mano de obra total del sector;

54.  Recuerda que el FEMP debe ayudar a la pesca a pequeña escala a renovar sus artes de pesca para que pueda cumplir, en particular, las importantes exigencias vinculadas a la obligación de desembarque;

55.  Pide a la Comisión que fomente el establecimiento y el trabajo de grupos de acción local de pesca (FLAG) que promuevan un modelo de pesca sostenible;

56.  Considera fundamental que se promueva, refuerce e incentive la cooperación entre los pescadores, particularmente los que practican la pesca a pequeña escala en una misma zona o región, con objeto de abordar de manera colectiva el diseño y la gestión de los recursos pesqueros locales con vistas a una regionalización eficaz y concreta, de conformidad con los objetivos de la PPC; considera que la enorme fragmentación y diferenciación de los oficios, los objetivos, las características técnicas y la tripulación empleada son una característica peculiar de la pesca en el Mediterráneo y que, por ello, un enfoque transversal y uniforme no respetaría esas especificidades locales;

57.  Observa que, pese a las recientes mejoras, el número de poblaciones sin una evaluación fiable de su situación sigue siendo elevado, y que el Comité científico, técnico y económico de la pesca (CCTEP) lamenta que haya disminuido el número de evaluaciones, que han pasado de 44 en 2012 a solo 15 en 2014; resalta la importancia de organizar una pronta y adecuada recogida de datos y de alentar y apoyar un aumento del número de estudios, así como de las especies cubiertas por los datos, lo que mejoraría el conocimiento de las poblaciones, el impacto de la pesca recreativa y los factores externos, como la contaminación, a fin de lograr una gestión sostenible de las poblaciones;

58.  Considera que no se puede realizar una gestión racional y sostenible de los recursos sin tener en cuenta la cantidad de datos recogidos, y su utilización científica, sobre factores como la capacidad de pesca, las actividades pesqueras efectuadas y su situación socioeconómica, así como la situación biológica de la población explotada;

59.  Señala que solo el 40 % de los desembarques en la zona de aplicación de la CGPM procede de poblaciones para las cuales se ha facilitado una evaluación científica a la Comisión, y que este porcentaje es incluso menor en el caso de las poblaciones sujetas a un plan de gestión; señala a la atención que es necesario mejorar la cobertura de las evaluaciones científicas sobre la situación de las poblaciones y aumentar el porcentaje de desembarques provenientes de formas de pesca reguladas por planes de gestión plurianuales;

60.  Considera importante la evaluación del esfuerzo pesquero de la pesca recreativa, así como la recogida datos sobre capturas en las cuencas marítimas y el Mediterráneo;

61.  Subraya que es necesario contar con enfoques integrados que tengan en cuenta simultáneamente la heterogeneidad del medio marino, la complejidad de las especies (explotadas o no) en el mar, las distintas características y comportamientos de las actividades pesqueras, el fenómeno de la caída de los precios del pescado en primera venta y, en algunas regiones, el monopolio de la distribución, así como otros factores que influyen en la salud de las poblaciones;

62.  Reconoce que los datos disponibles para determinar la magnitud y el impacto de las actividades de la pesca a pequeña escala son limitados y pueden variar de un Estado a otro; observa que, debido a esa falta de datos, se tiende a subestimar la pesca artesanal;

63.  Destaca que una mejor comprensión del impacto económico y social de los distintos tipos de pesca, en especial de la pesca a pequeña escala y la pesca recreativa, ayudaría a definir las mejores medidas de gestión;

64.  Apoya de forma decidida la propuesta de la CGPM de elaborar un inventario de la actividad pesquera y de incluir información sobre las artes y las operaciones de pesca, una descripción de las zonas pesqueras, así como las especies objetivo y las capturas no deseadas, con objeto de proporcionar una descripción completa de las actividades de pesca en la zona y las interacciones con los demás sectores, como el de la pesca recreativa;

65.  Considera que deberían aplicarse nuevas normas a la pesca recreativa, y que también debería elaborarse un catálogo de actividades de pesca recreativa que incluya información sobre las artes y operaciones de pesca, una descripción de las zonas de pesca, y las especies objetivo y las capturas accidentales;

66.  Pide a la Comisión que fomente una sólida cooperación científica y trabaje para mejorar la recopilación de los datos para las poblaciones más importantes, acortando el plazo entre la recopilación y la evaluación final, y solicitando al CCTEP evaluaciones en relación con las nuevas poblaciones; lamenta profundamente que en el Mediterráneo la mayoría de los desembarques proceda de especies poco cubiertas por datos («data-deficient fisheries»);

67.  Destaca la firme y crítica necesidad de incrementar la puesta en común de los datos y luchar contra la inaccesibilidad y dispersión de ellos, gracias al desarrollo de una base de datos común con datos exhaustivos y fiables sobre los recursos pesqueros, y a la creación de una red de expertos y centros de investigación que abarque distintos ámbitos de la ciencia pesquera; señala que esa base de datos debe estar financiada por la Unión e incluir todos los datos relativos a la pesca y las actividades pesqueras por subzonas geográficas, incluyendo datos sobre la pesca recreativa, con el fin de facilitar el control de datos de calidad, exhaustivos e independientes y mejorar así las evaluaciones de las poblaciones;

68.  Observa que las repercusiones, las características y la dimensión de la pesca INDNR no se evalúan lo suficiente hoy en día, las evaluaciones de que son objeto varían de un país a otro de la cuenca mediterránea y, por tanto, dichos países no están correctamente representados en la información referente a la situación actual de las pesquerías y a las tendencias a lo largo del tiempo; señala que se debería tener debidamente en cuenta a esos países en la elaboración de las evaluaciones científicas para la gestión de la pesca;

69.  Pide a los Estados miembros que atajen el fraude de los alimentos marinos mediante el etiquetado y la trazabilidad de los productos y que redoblen sus esfuerzos para combatir la pesca ilegal; lamenta la falta de información sobre el estado de la mayoría de las poblaciones («data-poor stocks»), que cerca del 50 % de las capturas no se declaren oficialmente y que el 80 % de los desembarques correspondan a «data-poor stocks»;

70.  Pide a los Estados miembros que ratifiquen y apliquen plenamente todos los convenios de la OIT pertinentes para los trabajadores de los sectores de la pesca, a fin de garantizar unas buenas condiciones de trabajo, y también refuercen las instituciones de negociación colectiva, de modo que los trabajadores del mar, incluidos los autónomos, puedan gozar de sus derechos laborales;

71.  Insta a la Comisión a que fomente y apoye las inversiones en la diversificación e innovación del sector pesquero mediante el desarrollo de actividades complementarias;

Sensibilización

72.  Subraya que se pueden obtener auténticos resultados y un pleno cumplimiento con un elevado nivel de responsabilidad y sensibilización entre los operadores del sector mediante la potenciación y la educación de todos los pescadores (profesionales y de pesca recreativa) y su participación en el proceso de toma de decisiones, añadiendo acciones específicas para la difusión de las mejores prácticas;

73.  Considera importante que se promueva una adecuada información para el consumidor que le permita conocer con exactitud el origen del producto que se le ofrece y las características del método de obtención exigiendo la obligatoriedad en la información facilitada al consumidor de estas menciones, así como de la fecha de captura; estima que se debería analizar y valorar si las medidas incluidas en la nueva OCM han conseguido mejorar la información ofrecida al consumidor;

74.  Considera que es importante además que se sensibilice y eduque a los consumidores en un consumo de pescado responsable, eligiendo especies locales, capturadas con técnicas sostenibles, procedentes en la medida de lo posible de poblaciones que no sean objeto de sobreexplotación y estén poco comercializadas; considera que a tal fin es necesario promover, en cooperación con las partes interesadas, un sistema de trazabilidad y etiquetado efectivo y fiable, para, entre otras cosas, informar al consumidor y luchar contra el fraude alimentario;

75.  Cree que es preciso encontrar un equilibrio entre la competencia leal, los requisitos de los consumidores, la sostenibilidad del sector pesquero y el mantenimiento de los puestos de trabajo; insiste en la necesidad de un enfoque exhaustivo y una sólida voluntad política por parte de todos los países del Mediterráneo para afrontar los desafíos y mejorar la situación del mar Mediterráneo;

76.  Acoge favorablemente la campaña MEDFISH4EVER emprendida por la Comisión con el fin de sensibilizar al público sobre la situación en el Mediterráneo;

77.  Considera que el abastecimiento de colegios y hospitales, así como de otros centros públicos, debe realizarse en base a la pesca local

78.  Subraya que, a la vista de este nuevo escenario y de todos estos nuevos elementos que interactúan en el Mediterráneo, se debe revisar el Reglamento (CE) n.º 1967/2006 para el Mediterráneo, a fin de que adaptarlo a la situación actual;

79.  Señala que el Reglamento (CE) n.º 1967/2006 debe revisarse por lo que se refiere a la prohibición del uso de ciertas artes tradicionales (prohibición del uso de redes de enmalle fuera de la pesca comercial), y a las disposiciones relativas a las características específicas de las artes de pesca, tales como la altura de las redes de pesca y el tamaño de su malla, así como la profundidad y distancia respecto a la costa donde está permitido el uso de esas artes;

o
o   o

80.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.
(2) DO L 164 de 25.6.2008, p. 19.
(3) DO L 409 de 30.12.2006, p. 11.
(4) DO L 286 de 29.10.2008, p. 1.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0343.

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