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Textos aprobados
Miércoles 14 de junio de 2017 - EstrasburgoEdición definitiva
Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París***I
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Rolandas Paksas
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Mylène Troszczynski
 Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen
 Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones
 Informe de 2016 sobre Serbia
 Informe de 2016 sobre Kosovo
 Informe de 2016 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia
 Situación en la República Democrática del Congo
 Situación actual de la aplicación del Pacto de Sostenibilidad en Bangladés

Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París***I
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Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))(1)
P8_TA(2017)0256A8-0208/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Título
Propuesta de
Propuesta de
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático
sobre una acción por el clima con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático («Reglamento sobre una acción por el clima en aplicación del Acuerdo de París»)
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Visto 1 bis (nuevo)
Visto el Protocolo n.º 1 anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea,
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Visto 1 ter (nuevo)
Visto el Protocolo n.º 2 anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad,
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 3
(3)  El 10 de junio de 2016, la Comisión presentó la propuesta para que la UE ratifique el Acuerdo de París. Esta propuesta legislativa forma parte de la ejecución del compromiso de la UE en el marco del Acuerdo de París. El compromiso de la Unión con la reducción de las emisiones de toda la economía se confirmó en la contribución prevista determinada a nivel nacional de la Unión y sus Estados miembros que se presentó a la Secretaría de la CMNUCC el 6 de marzo de 2015.
(3)  El Consejo ratificó el Acuerdo de París el 5 de octubre de 2016, tras la aprobación concedida por el Parlamento Europeo el 4 de octubre de 2016. El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016 y tiene como objetivo reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y la lucha por erradicar la pobreza, acuerdo este que prevé: a) mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 ºC con respecto a dichos niveles, reconociendo que ello reduciría significativamente los riesgos y los impactos del cambio climático; b) aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de una forma que no comprometa la producción de alimentos; c) situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima.
El Acuerdo de París exige asimismo que las Partes adopten medidas para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, incluidos los bosques.
Esta propuesta legislativa forma parte de la ejecución del compromiso de la UE en el marco del Acuerdo de París. El compromiso de la Unión con la reducción de las emisiones de toda la economía se confirmó en la contribución prevista determinada a nivel nacional de la Unión y sus Estados miembros que se presentó a la Secretaría de la CMNUCC el 6 de marzo de 2015.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  El Acuerdo de París sustituye al planteamiento adoptado en el Protocolo de Kioto de 1997, que no seguirá vigente después de 2020.
(4)  El Acuerdo de París sustituye al planteamiento adoptado en el Protocolo de Kioto de 1997, que no seguirá vigente después de 2020. Por esta razón también se suspenderán los planes de inversión ecológica relacionados con el Protocolo de Kioto, que proporcionan apoyo financiero a proyectos de reducción de las emisiones en los Estados miembros de ingresos más bajos.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)  El Consejo de Medio Ambiente reunido el 21 de octubre de 2009 apoyó un objetivo de la Unión, en el contexto de las reducciones necesarias según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) por parte de los países desarrollados considerados como grupo, de reducir las emisiones en un 80 % - 95% para 2050 en comparación con los niveles de 1990.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 5
(5)  La transición a la energía limpia exige cambios en el comportamiento inversor e incentivos en todo el espectro político. Una de las prioridades clave de la Unión es establecer una Unión de la Energía resiliente para ofrecer a sus ciudadanos una energía segura, sostenible, competitiva y asequible. Para lograr este objetivo es necesario proseguir la ambiciosa actuación climática con el presente Reglamento y conseguir avances en los demás aspectos de la Unión de la Energía, tal como se establece en la Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva16.
(5)  La transición a la energía limpia y la bioeconomía exige cambios en el comportamiento inversor en todo el espectro político, así como incentivos para las pequeñas y medianas empresas con menos capital y para las pequeñas explotaciones a fin de que adapten sus modelos de negocio. Una de las prioridades clave de la Unión es establecer una Unión de la Energía resiliente que dé prioridad a la eficiencia energética y ofrezca a sus ciudadanos una energía segura, sostenible y asequible, así como aplicar políticas estrictas en materia de sostenibilidad y reducción de emisiones a la utilización de recursos biológicos para que sustituyan a los recursos fósiles. Para lograr este objetivo es necesario proseguir la ambiciosa actuación climática con el presente Reglamento y conseguir avances en los demás aspectos de la Unión de la Energía, tal como se establece en la Estrategia Marco para una Unión de la Energía resiliente con una política climática prospectiva16.
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16 COM(2015)0080
16 COM(2015)0080
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 9
(9)  El enfoque de los límites nacionales anuales vinculantes adoptado en la Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo19 debe mantenerse de 2021 a 2030, según una trayectoria que comienza con el cálculo en 2020 de la media de las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo comprendido entre 2016 y 2018 y concluye con el límite de 2030 para cada Estado miembro. Se ofrece un ajuste de la asignación de 2021 a los Estados miembros, con un límite positivo conforme a la Decisión n.º 406/2009/CE y un aumento de las asignaciones anuales de emisiones entre 2017 y 2020, determinado con arreglo a las Decisiones 2013/162/UE y 2013/634/UE, con objeto de reflejar la capacidad de aumento de las emisiones en esos años. El Consejo Europeo concluyó que la disponibilidad y la utilización de los instrumentos de flexibilidad existentes en los sectores no sujetos al RCDE deben mejorarse considerablemente para garantizar la rentabilidad del esfuerzo colectivo de la UE y la convergencia de las emisiones per cápita para 2030.
(9)  El enfoque de los límites nacionales anuales vinculantes adoptado en la Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo19 debe mantenerse de 2021 a 2030, según una trayectoria que comienza con el cálculo en 2018 de la media de las emisiones de gases de efecto invernadero en el periodo comprendido entre 2016 y 2018 o el valor de la asignación anual de emisiones para 2020, utilizándose el valor que sea inferior, y concluye con el límite de 2030 para cada Estado miembro. Para recompensar las medidas tempranas y apoyar a los Estados miembros con menor capacidad de inversión, los Estados miembros con un PIB per cápita inferior a la media de la Unión que en el periodo de 2013 a 2020 tengan unas emisiones inferiores a sus asignaciones anuales de emisiones para dicho periodo establecidas en virtud de la Decisión 406/2009/CE, podrán, con arreglo a determinadas condiciones, solicitar asignaciones adicionales procedentes de una reserva. Se ofrece un ajuste adicional de la asignación de 2021 a los Estados miembros, con un límite positivo conforme a la Decisión n.º 406/2009/CE y un aumento de las asignaciones anuales de emisiones entre 2017 y 2020, determinado con arreglo a las Decisiones 2013/162/UE y 2013/634/UE, con objeto de reflejar la capacidad de aumento de las emisiones en esos años. El Consejo Europeo concluyó que la disponibilidad y la utilización de los instrumentos de flexibilidad existentes en los sectores no sujetos al RCDE deben mejorarse considerablemente para garantizar la rentabilidad del esfuerzo colectivo de la UE y la convergencia de las emisiones per cápita para 2030.
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19 Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 5.6.2009, p. 136).
19 Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020 (DO L 140 de 5.6.2009, p. 136).
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)
(9 bis)  A fin de situar a la Unión en la vía hacia una economía hipocarbónica, el presente Reglamento establece una trayectoria a largo plazo de reducción de las emisiones para reducir a partir de 2031 las emisiones de gases de efecto invernadero que contempla. El Reglamento contribuye asimismo al objetivo del Acuerdo de París de conseguir un equilibrio entre las emisiones antropogénicas por las fuentes y las absorciones por los sumideros de gases de efecto invernadero en la segunda mitad del presente siglo.
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)
(10 bis)  A fin de preservar la plena eficiencia de la reserva de estabilidad del mercado establecida en virtud de la Decisión (UE) 2015/18141 bis del Parlamento Europeo y del Consejo, la cancelación de derechos de emisión a consecuencia de la utilización del mecanismo de flexibilidad establecido por el presente Reglamento a raíz de la reducción de los derechos de emisión del RCDE UE no deberá contabilizarse como cancelación de derechos de emisión de conformidad con la Directiva 2003/87/CE a la hora de determinar, en virtud de la Decisión (UE) 2015/1814, la cantidad de derechos de emisión en circulación en un año dado de conformidad con dicha Decisión.
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1 bis Decisión (UE) 2015/1814 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2015, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, y por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE (DO L 264 de 9.10.2015, p. 1).
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 11
(11)  Diversas medidas de la Unión mejoran la capacidad de los Estados miembros para cumplir sus compromisos climáticos y son esenciales para lograr las reducciones necesarias de emisiones en los sectores regulados por el presente Reglamento. Entre ellas están la legislación sobre los gases fluorados de efecto invernadero, las reducciones de CO2 de los vehículos de carretera, la eficiencia energética de los edificios, las energías renovables, la eficiencia energética y la economía circular, así como los instrumentos de financiación de la Unión destinados a las inversiones relacionadas con el clima.
(11)  Diversas medidas de la Unión mejoran la capacidad de los Estados miembros para cumplir sus compromisos climáticos y son esenciales para lograr las reducciones necesarias de emisiones en los sectores regulados por el presente Reglamento. Entre ellas están la legislación sobre los gases fluorados de efecto invernadero, las reducciones de CO2 de los vehículos de carretera, la mejora de la eficiencia energética de los edificios, el aumento de las energías renovables, el incremento de la eficiencia energética y el fomento de la economía circular, así como los instrumentos de financiación de la Unión destinados a las inversiones relacionadas con el clima.
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)
(11 bis)  Con el fin de alcanzar dicha reducción de las emisiones y con miras a aprovechar al máximo el papel del sector agrícola, es importante que los Estados miembros promuevan medidas de mitigación innovadoras con el máximo potencial, incluidas: la conversión de superficie cultivable en pastos permanentes; la gestión de setos, franjas de protección y árboles en terrenos agrícolas; nuevos sistemas de plantación para la agrosilvicultura y las superficies forestales; la prevención de la tala de árboles y de la deforestación; la reducción o eliminación del trabajo de cultivo y la utilización de cultivos de cobertura, cultivos intermedios y residuos de cultivos; la realización de balances de carbono y la elaboración de planes de gestión del suelo y de los nutrientes; mejora de la eficiencia del nitrógeno e inhibición de la nitrificación; la restauración y conservación de humedales y turberas; y la mejora de los métodos de cría, alimentación y gestión de la ganadería para disminuir las emisiones.
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)
(11 ter)  El presente Reglamento, incluidos los mecanismos de flexibilidad disponibles, ofrece un incentivo para la reducción de las emisiones coherente con otras disposiciones legislativas de la Unión en materia de clima y energía para sectores regulados por el presente Reglamento, también en el ámbito de la eficiencia energética. Dado que el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero están relacionadas con la energía, una mayor eficiencia en el uso y el ahorro de esta jugará un importante papel en el éxito de esta reducción de emisiones. Por consiguiente, unas políticas de eficiencia energética ambiciosas son fundamentales no solo para un mayor ahorro en las importaciones de combustibles fósiles, con el consiguiente refuerzo de la seguridad energética y la reducción de las facturas al consumo, sino también para una mayor penetración de las tecnologías de ahorro energético en los edificios, la industria y el transporte, el refuerzo de la competitividad económica, la creación de empleo local, la mejora de las condiciones sanitarias y la lucha contra la pobreza energética. Las medidas adoptadas en los sectores contemplados en el presente Reglamento, que se amortizarán por sí solas con el tiempo, son una manera rentable de ayudar a los Estados miembros a alcanzar sus objetivos establecidos en virtud del mismo. En consecuencia, al transponer el presente Reglamento a las políticas nacionales, es importante que los Estados miembros presten especial atención a los diferentes potenciales específicos de mejora y de inversiones de eficiencia energética en todos los sectores.
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 quater (nuevo)
(11 quater)   El sector de los transportes no solo es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, sino también el sector con un crecimiento más rápido en el consumo de energía desde 1990. Por tanto, es importante que la Comisión y los Estados miembros hagan mayores esfuerzos por mejorar la eficiencia energética, promover un cambio hacia modos de transporte sostenibles y reducir la elevada dependencia del carbono del sector. La descarbonización de la combinación energética a través de la promoción de energía con bajas emisiones para el transporte, por ejemplo con biocombustibles sostenibles y vehículos eléctricos, contribuirá al objetivo de reducción de las emisiones de CO2, en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París. Esto puede facilitarse garantizando que el sector disponga de un marco claro y a largo plazo que proporcione seguridad y en el que basar las inversiones.
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 11 quinquies (nuevo)
(11 quinquies)   El impacto de la energía y las políticas sectoriales de la Unión y los compromisos climáticos nacionales deben evaluarse con métodos comunes cuantificados, de modo que sus efectos sean transparentes y verificables.
Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Considerando 12
(12)  El Reglamento [...] [sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de los gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030] establece normas contables aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero relacionadas con el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS, o bien LULUCF, por sus siglas en inglés). Si bien los resultados medioambientales del presente Reglamento desde el punto de vista de los niveles de las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero que se realizan se ven afectados al tener en cuenta una cantidad máxima igual a la suma del total de las absorciones netas y del total de las emisiones netas de las tierras deforestadas, las tierras forestadas, los cultivos gestionados y los pastos gestionados según la definición del Reglamento [ ], conviene incluir, en caso necesario, un mecanismo de flexibilidad por una cantidad máxima de 280 millones de toneladas equivalentes de CO2 de estas absorciones dividida entre los Estados miembros según las cifras que figuran en el anexo III, como una posibilidad adicional para que los Estados miembros cumplan sus compromisos. Cuando se adopte el acto delegado para actualizar los niveles de referencia forestales basados en los planes contables forestales nacionales en virtud del artículo 8, apartado 6, del Reglamento [UTCUTS], la facultad para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea deberá delegarse en la Comisión, con respecto al artículo 7, para reflejar una contribución de la categoría contable de las tierras forestales gestionadas en el mecanismo de flexibilidad previsto en dicho artículo. Antes de adoptar ese acto delegado, la Comisión debe evaluar la solidez de la contabilidad de las tierras forestales gestionadas basándose en los datos disponibles y, en particular, en la coherencia de las tasas de aprovechamiento previstas y reales. Además, en virtud del presente Reglamento se debe permitir la posibilidad de suprimir voluntariamente unidades de la asignación anual de emisiones para que se puedan tener en cuenta tales cantidades al evaluar el cumplimiento por los Estados miembros de los requisitos del Reglamento [ ].
(12)  El Reglamento [...] [sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de los gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030] establece normas contables aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero relacionadas con el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS, o bien LULUCF, por sus siglas en inglés). Si bien los resultados medioambientales del presente Reglamento desde el punto de vista de los niveles de las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero que se realizan se ven afectados al tener en cuenta una cantidad máxima igual a la suma del total de las absorciones netas y del total de las emisiones netas de las tierras deforestadas, las tierras forestadas, los cultivos gestionados, los pastos gestionados y, en su caso, los humedales gestionados según la definición del Reglamento [ ], conviene incluir, en caso necesario, un mecanismo de flexibilidad por una cantidad máxima de 280 millones de toneladas equivalentes de CO2 de estas absorciones dividida entre los Estados miembros según las cifras que figuran en el anexo III, como una posibilidad adicional para que los Estados miembros cumplan sus compromisos. Cuando se adopte el acto delegado para actualizar los niveles de referencia forestales basados en los planes contables forestales nacionales en virtud del artículo 8, apartado 6, del Reglamento [UTCUTS], la facultad para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea deberá delegarse en la Comisión, con respecto al artículo 7, para reflejar una contribución equilibrada de la categoría contable de las tierras forestales gestionadas en el mecanismo de flexibilidad de 280 millones previsto en dicho artículo. Antes de adoptar ese acto delegado, la Comisión debe evaluar la solidez de la contabilidad de las tierras forestales gestionadas basándose en los datos disponibles y, en particular, en la coherencia de las tasas de aprovechamiento previstas y reales. Además, en virtud del presente Reglamento se debe permitir la posibilidad de suprimir voluntariamente unidades de la asignación anual de emisiones para que se puedan tener en cuenta tales cantidades al evaluar el cumplimiento por los Estados miembros de los requisitos del Reglamento [ ].
Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)
(12 bis)  La realización, de forma mutuamente coherente, de los múltiples objetivos de la Unión relacionados con el sector de la agricultura, incluidos la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la calidad del aire, la conservación de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas y el apoyo a las economías rurales, requerirá cambios en las inversiones y los incentivos, apoyados por medidas de la Unión, como la PAC. Es fundamental que el presente Reglamento tenga en cuenta el objetivo de contribuir a la realización de los objetivos de la Estrategia Forestal de la Unión para promover un abastecimiento sostenible y competitivo de madera para la bioeconomía de la Unión, las políticas forestales nacionales de los Estados miembros, la estrategia de la Unión sobre la biodiversidad y la estrategia de la economía circular de la Unión.
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 13
(13)  Para garantizar una notificación y verificación eficiente, transparente y rentable de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información necesaria para evaluar los avances con respecto a las asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros, los requisitos relativos a la notificación y la evaluación anual en el marco del presente Reglamento se integran con los artículos pertinentes del Reglamento (UE) n.º 525/2013, que por lo tanto debe modificarse en consecuencia. La modificación de dicho Reglamento debe garantizar también que los avances de los Estados miembros en la reducción de las emisiones se siguen evaluando anualmente, teniendo en cuenta los avances de las políticas y medidas de la Unión y la información recibida de los Estados miembros. Cada dos años, la evaluación debe incluir los avances previstos de la Unión hacia el cumplimiento de sus compromisos de reducción y los de los Estados miembros hacia el cumplimiento de sus obligaciones. No obstante, la aplicación de deducciones solo debe tenerse en cuenta a intervalos de cinco años, de modo que pueda tenerse en cuenta la posible contribución de las tierras deforestadas, las tierras forestadas, los cultivos gestionados y los pastos gestionados que se produzca con arreglo al Reglamento [...]. Ello se entiende sin perjuicio del deber de la Comisión de velar por el cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros derivadas de la aplicación del presente Reglamento o de la facultad de la Comisión de incoar procedimientos de infracción a tal efecto.
(13)  Para garantizar una notificación y verificación eficiente, transparente y rentable de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información necesaria para evaluar los avances con respecto a las asignaciones anuales de emisiones de los Estados miembros, los requisitos relativos a la notificación y la evaluación anual en el marco del presente Reglamento se integran con los artículos pertinentes del Reglamento (UE) n.º 525/2013, que por lo tanto debe modificarse en consecuencia. La modificación de dicho Reglamento debe garantizar también que los avances de los Estados miembros en la reducción de las emisiones se siguen evaluando anualmente, teniendo en cuenta los avances de las políticas y medidas de la Unión y la información recibida de los Estados miembros. Cada dos años, la evaluación debe incluir los avances previstos de la Unión hacia el cumplimiento de sus compromisos de reducción y los de los Estados miembros hacia el cumplimiento de sus obligaciones. Cada dos años se efectuará una comprobación del cumplimiento completa. La aplicación de la posible contribución de las tierras deforestadas, las tierras forestadas, los cultivos gestionados y los pastos gestionados que se produzca con arreglo al Reglamento [...] debe tenerse en cuenta con arreglo a los intervalos establecidos en dicho Reglamento. Ello se entiende sin perjuicio del deber de la Comisión de velar por el cumplimiento de las obligaciones de los Estados miembros derivadas de la aplicación del presente Reglamento o de la facultad de la Comisión de incoar procedimientos de infracción a tal efecto.
Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)
(13 bis)   Dado que los sectores cubiertos por el presente Reglamento constituyen más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión, las políticas de reducción de emisiones en estos sectores son muy importantes de cara al cumplimiento de los compromisos contraídos por la Unión en relación con el Acuerdo de París. Por lo tanto, los procedimientos de seguimiento y notificación contemplados en el presente Reglamento deben ser plenamente transparentes. Los Estados miembros y la Comisión deben poner la información sobre el cumplimiento del presente Reglamento a disposición del público y garantizar la adecuada participación de las partes interesadas y del público en general en el proceso de revisión del presente Reglamento. La Comisión también debe crear un sistema eficiente y transparente para llevar a cabo un seguimiento de los resultados de los mecanismos de flexibilidad introducidos.
Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 14
(14)  Como medio para mejorar la rentabilidad global del total de las reducciones, los Estados miembros deben poder transferir parte de sus asignaciones anuales de emisiones a otros Estados miembros. Conviene garantizar la transparencia de tales transferencias, que pueden realizarse utilizando medios que convengan a las dos partes, como subastas, intermediarios del mercado que actúen como agencias o acuerdos bilaterales.
(14)  Como medio para mejorar la rentabilidad global del total de las reducciones, los Estados miembros deben poder acumular o tomar prestada parte de sus asignaciones anuales de emisiones a otros Estados miembros. Los Estados miembros también deben poder transferir parte de sus asignaciones anuales de emisiones a otros Estados miembros. Conviene garantizar la transparencia de tales transferencias, que pueden realizarse utilizando medios que convengan a las dos partes, como subastas, intermediarios del mercado que actúen como agencias o acuerdos bilaterales.
Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Considerando 15
(15)  La Agencia Europea de Medio Ambiente tiene por objeto fomentar el desarrollo sostenible y ayudar a conseguir una mejora significativa y cuantificable del medio ambiente en Europa facilitando información oportuna, específica, pertinente y fiable a los responsables políticos, a las instituciones públicas y a los ciudadanos. La Agencia debe asistir a la Comisión, cuando corresponda, de conformidad con su programa de trabajo anual.
(15)  La Agencia Europea de Medio Ambiente tiene por objeto fomentar el desarrollo sostenible y ayudar a conseguir una mejora significativa y cuantificable del medio ambiente en Europa facilitando información oportuna, específica, pertinente y fiable a los responsables políticos, a las instituciones públicas y a los ciudadanos. La Agencia debe asistir a la Comisión, cuando corresponda, de conformidad con su programa de trabajo anual y debe contribuir de modo directo y eficaz a luchar contra el cambio climático.
Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Considerando 17
(17)  Con el fin de garantizar unas condiciones uniformes para la aplicación del artículo 4, con arreglo al cual se fijarán los límites anuales de las emisiones de los Estados miembros, deben conferirse competencias de ejecución a la Comisión. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo21.
(17)  El poder de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe delegarse en la Comisión a fin de completar el presente Reglamento mediante la determinación de las asignaciones anuales de emisiones para los Estados miembros.
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21 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)
(19 bis)   Además de los esfuerzos para reducir sus propias emisiones, es importante que la Unión, en consonancia con el objetivo de aumentar el impacto positivo sobre la huella de carbono mundial, contemple, en colaboración con los terceros países, soluciones al cambio climático mediante la aplicación de proyectos conjuntos con estos países, en el marco de la política climática para 2030, teniendo en cuenta que el Acuerdo de París hace referencia a un nuevo mecanismo de cooperación internacional para la lucha contra el cambio climático.
Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Considerando 20
(20)  El presente Reglamento debe someterse a examen a partir de 2024 y, a continuación, cada cinco años, con el fin de evaluar su funcionamiento general. El examen debe tener en cuenta las circunstancias nacionales reinantes y basarse en los resultados del balance global del Acuerdo de París.
(20)  El presente Reglamento debe someterse a examen a partir de 2024 y, a continuación, cada cinco años, con el fin de evaluar su funcionamiento general. El examen debe tener en cuenta las circunstancias nacionales reinantes y basarse en los resultados del balance global del Acuerdo de París.
A fin de cumplir el Acuerdo de París, la Unión tiene que incrementar progresivamente sus esfuerzos y aportar cada cinco años una contribución que refleje su máxima ambición posible.
El examen, por lo tanto, debe tener en cuenta el objetivo de la Unión de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía entre un 80 % y un 95 % para 2050 en relación con los niveles de 1990 y el objetivo del Acuerdo de París de conseguir un equilibrio entre las emisiones antropogénicas por las fuentes y las absorciones por los sumideros de gases de efecto invernadero en la segunda mitad del presente siglo. Debe fundarse en los mejores datos científicos disponibles y basarse en un informe preparatorio elaborado por la Agencia Europea de Medio Ambiente.
El examen de las reducciones de emisiones de los Estados miembros para el período a partir de 2031 debe tener en cuenta los principios de equidad y rentabilidad.
Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1
El presente Reglamento establece las obligaciones sobre las contribuciones mínimas de los Estados miembros para el cumplimiento del compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión en el periodo de 2021 a 2030, así como las normas relativas a la determinación de las asignaciones anuales de emisiones y las normas de evaluación de los avances de los Estados miembros hacia el cumplimiento de sus contribuciones mínimas.
El presente Reglamento establece las obligaciones sobre las contribuciones mínimas de los Estados miembros para el cumplimiento del compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión en el periodo de 2021 a 2030, así como las normas relativas a la determinación de las asignaciones anuales de emisiones y las normas de evaluación de los avances de los Estados miembros hacia el cumplimiento de sus contribuciones mínimas. Exige a los Estados miembros que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero a que se refiere el artículo 2 para alcanzar el objetivo de la Unión de una reducción mínima de un 30 % en 2030 con respecto a 2005 de manera equitativa y eficiente.
Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
El objetivo del presente Reglamento es situar a la Unión en la vía hacia una economía hipocarbónica mediante el establecimiento de una trayectoria predecible a largo plazo hacia la reducción para 2050 de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión entre un 80 % y un 95 % con respecto a los niveles de 1990.
Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 3
3.  A efectos del presente Reglamento, las emisiones de CO2 derivadas de la categoría de fuentes del IPCC «1.A.3.a. Aviación civil» se consideran iguales a cero.
3.  A efectos del presente Reglamento, las emisiones de CO2 derivadas de la categoría de fuentes del IPCC «1.A.3.a. Aviación civil», a las que se aplica la Directiva 2003/87/CE, se consideran iguales a cero.
Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 3 bis (nuevo)
3 bis.   El presente Reglamento se aplica a las emisiones de CO2 de la categoría de fuentes del IPCC «1.A.3.d Navegación» a las que no se aplica la Directiva 2003/87/CE.
Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 4
Artículo 4
Artículo 4
Niveles anuales de emisiones para el periodo 2021-2030
Niveles anuales de emisiones para el periodo 2021-2030
1.  Cada Estado miembro deberá limitar, en 2030, sus emisiones de gases de efecto invernadero como mínimo en el porcentaje establecido para ese Estado miembro en el anexo I del presente Reglamento, en relación con sus emisiones de 2005, determinadas de conformidad con el apartado 3.
1.  Cada Estado miembro deberá limitar, antes de 2030, sus emisiones de gases de efecto invernadero como mínimo en el porcentaje establecido para ese Estado miembro en el anexo I del presente Reglamento, en relación con sus emisiones de 2005, determinadas de conformidad con el apartado 3.
2.  Sin perjuicio de los mecanismos de flexibilidad previstos en los artículos 5, 6 y 7 y del ajuste conforme al artículo 10, apartado 2, y teniendo en cuenta toda deducción resultante de la aplicación del artículo 7 de la Decisión n.º 406/2009/CE, cada Estado miembro velará por que sus emisiones de gases de efecto invernadero para cada año entre 2021 y 2029 no excedan del nivel definido por una trayectoria lineal que comience en 2020 con la media de sus emisiones de gases de efecto invernadero en los años 2016, 2017 y 2018, determinadas de conformidad con el apartado 3, y finalice en 2030 con el límite fijado para ese Estado miembro en el anexo I del presente Reglamento.
2.  Sin perjuicio de los mecanismos de flexibilidad previstos en los artículos 5, 6 y 7 y del ajuste conforme al artículo 10, apartado 2, y teniendo en cuenta toda deducción resultante de la aplicación del artículo 7 de la Decisión n.º 406/2009/CE, cada Estado miembro velará por que sus emisiones de gases de efecto invernadero para cada año entre 2021 y 2029 no excedan del nivel definido por una trayectoria lineal que comience en 2018 ya sea con la media de sus emisiones de gases de efecto invernadero en los años 2016, 2017 y 2018, determinadas de conformidad con el apartado 3, o con la asignación anual de emisiones para 2020 determinada de conformidad con el artículo 3, apartado 2, y el artículo 10 de la Decisión 406/2009/CE, utilizándose el valor que sea inferior, y finalice en 2030 con el límite fijado para ese Estado miembro en el anexo I del presente Reglamento.
3.  La Comisión adoptará un acto de ejecución que establezca las asignaciones anuales de emisiones para el periodo de 2021 a 2030 expresadas en toneladas equivalentes de CO2, tal como se especifica en los apartados 1 y 2. A efectos de ese acto de ejecución, la Comisión llevará a cabo una revisión exhaustiva de los datos más recientes de los inventarios nacionales correspondientes a los años 2005 y 2016 a 2018, presentados por los Estados miembros de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 525/2013.
3.  La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 12 que completen el presente Reglamento estableciendo las asignaciones anuales de emisiones para el periodo de 2021 a 2030 expresadas en toneladas equivalentes de CO2, tal como se especifica en los apartados 1 y 2. A efectos de esos actos delegados, la Comisión llevará a cabo una revisión exhaustiva de los datos más recientes de los inventarios nacionales correspondientes a los años 2005 y 2016 a 2018, presentados por los Estados miembros de conformidad con el artículo 7 del Reglamento (UE) n.º 525/2013.
4.  Ese acto de ejecución especificará también, basándose en los porcentajes comunicados por los Estados miembros en virtud del artículo 6, apartado 2, las cantidades que se pueden tener en cuenta a efectos de cumplimiento con arreglo al artículo 9 entre 2021 y 2030. En caso de que la suma de las cantidades de todos los Estados miembros supere el total colectivo de 100 millones, las cantidades correspondientes a cada Estado miembro se reducirán proporcionalmente de modo que no se sobrepase el total colectivo.
4.  Ese acto delegado especificará también, basándose en los porcentajes comunicados por los Estados miembros en virtud del artículo 6, apartado 2, las cantidades que se pueden tener en cuenta a efectos de cumplimiento con arreglo al artículo 9 entre 2021 y 2030. En caso de que la suma de las cantidades de todos los Estados miembros supere el total colectivo de 100 millones, las cantidades correspondientes a cada Estado miembro se reducirán proporcionalmente de modo que no se sobrepase el total colectivo.
5.  Ese acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen mencionado en el artículo 13.
Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)
Artículo 4 bis
Trayectoria de reducciones de emisiones a largo plazo a partir de 2031
A menos que se decida otra cosa en el primero de los exámenes a que se refiere el artículo 14, apartado 2, o en alguno de los subsiguientes, cada año comprendido entre 2031 y 2050 cada Estado miembro seguirá reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero contempladas en el presente Reglamento. Cada Estado miembro garantizará que sus emisiones de gases de efecto invernadero de cada año entre 2031 y 2050 no excedan del nivel definido por una trayectoria lineal que comience a partir de sus asignaciones anuales de emisiones para 2030 y termine en 2050 con un nivel de emisiones que este un 80% por debajo de los niveles de 2005 para dicho Estado miembro.
La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 12 que completen el presente Reglamento especificando las asignaciones anuales de emisiones para el período de 2031 a 2050 expresadas en toneladas equivalentes de CO2.
Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 5
Artículo 5
Artículo 5
Instrumentos de flexibilidad para alcanzar los límites anuales
Instrumentos de flexibilidad para alcanzar los límites anuales
1.  Los Estados miembros podrán utilizar los mecanismos de flexibilidad que se presentan en los apartados 2 a 6 del presente artículo y en los artículos 6 y 7.
1.  Los Estados miembros podrán utilizar los mecanismos de flexibilidad que se presentan en los apartados 2 a 6 del presente artículo y en los artículos 6 y 7.
2.  Con respecto a los años 2021 a 2029, un Estado miembro podrá tomar una cantidad de hasta el 5 % de su asignación anual de emisiones para el año siguiente.
2.  Con respecto a los años 2021 a 2025, un Estado miembro podrá tomar una cantidad de hasta el 10 % de su asignación anual de emisiones para el año siguiente. Con respecto a los años 2026 a 2029, un Estado miembro podrá tomar una cantidad de hasta el 5 % de su asignación anual de emisiones para el año siguiente.
3.  Un Estado miembro cuyas emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes a un año determinado sean inferiores a su asignación anual de emisiones para ese año, teniendo en cuenta el uso de los mecanismos de flexibilidad conforme al presente artículo y al artículo 6, podrá acumular ese excedente de su asignación anual de emisiones para los años siguientes hasta 2030.
3.  Un Estado miembro cuyas emisiones de gases de efecto invernadero correspondientes a un año determinado sean inferiores a su asignación anual de emisiones para ese año, teniendo en cuenta el uso de los mecanismos de flexibilidad conforme al presente artículo y al artículo 6, podrá, respecto de los años 2021 a 2025, acumular el excedente de su asignación anual de emisiones hasta un nivel equivalente al 10 % de su asignación anual de emisiones para los años siguientes hasta 2025. Respecto de los años 2026 a 2029, un Estado miembro podrá acumular el excedente de su asignación anual de emisiones hasta un nivel equivalente al 5 % de su asignación anual de emisiones para los años siguientes hasta 2030.
4.  Un Estado miembro podrá transferir a otros Estados miembros hasta un 5 % de su asignación anual de emisiones de un año dado. El Estado miembro receptor podrá utilizar esta cantidad a efectos de cumplimiento conforme al artículo 9 para el año en cuestión o los años siguientes hasta 2030.
4.  Un Estado miembro podrá transferir a otros Estados miembros hasta un 5 % de su asignación anual de emisiones de un año dado respecto de los años 2021 a 2025, y hasta un 10 % respecto de los años 2026 a 2030. El Estado miembro receptor podrá utilizar esta cantidad a efectos de cumplimiento conforme al artículo 9 para el año en cuestión o los años siguientes hasta 2030.
5.  Un Estado miembro podrá transferir a otros Estados miembros la parte de su asignación anual de emisiones de un año dado que exceda de sus emisiones de gases de efecto invernadero para ese año, teniendo en cuenta el uso de los mecanismos de flexibilidad de conformidad con los apartados 2 a 4 y el artículo 6. Un Estado miembro receptor podrá utilizar esta cantidad a efectos de cumplimiento conforme al artículo 9 para ese año o los años siguientes hasta 2030.
5.  Un Estado miembro podrá transferir a otros Estados miembros la parte de su asignación anual de emisiones de un año dado que exceda de sus emisiones de gases de efecto invernadero para ese año, teniendo en cuenta el uso de los mecanismos de flexibilidad de conformidad con el artículo 6, apartados 2 a 4. Un Estado miembro receptor podrá utilizar esta cantidad a efectos de cumplimiento conforme al artículo 9 para ese año o los años siguientes hasta 2030.
5 bis.   Un Estado miembro no transferirá parte alguna de su asignación anual de emisiones si, en el momento de la transferencia, las emisiones de dicho Estado miembro superan su asignación anual de emisiones.
6.  Los Estados miembros podrán utilizar créditos de proyectos expedidos en virtud del artículo 24 bis, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE a efectos de cumplimiento conforme al artículo 9, sin ningún límite cuantitativo y evitando cómputos dobles.
6.  Los Estados miembros podrán utilizar créditos de proyectos expedidos en virtud del artículo 24 bis, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE a efectos de cumplimiento conforme al artículo 9, sin ningún límite cuantitativo y evitando cómputos dobles. Los Estados miembros podrán fomentar el establecimiento de asociaciones del sector privado y a asociaciones público-privadas para estos proyectos.
Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.   Se dará acceso al mecanismo de flexibilidad establecido en el presente artículo y en el anexo II a condición de que los Estados miembros afectados se comprometan a tomar medidas en otros sectores en los que anteriormente se hayan obtenido resultados insuficientes. A más tardar el 31 de diciembre de 2019, la Comisión completará el presente Reglamento adoptando un acto delegado, de conformidad con el artículo 12, en el que se establezca una lista de dichas medidas y sectores.
Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – título
Uso adicional de un máximo de 280 millones de absorciones netas de tierras deforestadas, tierras forestadas, cultivos gestionados y pastos gestionados
Uso adicional de un máximo de 280 millones de absorciones netas del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura
Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1
1.  En la medida en que las emisiones de un Estado miembro superen a sus asignaciones anuales de emisiones para un año dado, podrá tenerse en cuenta una cantidad como máximo igual a la suma de las absorciones netas totales y las emisiones netas totales de las categorías contables combinadas de tierras desforestadas, tierras forestadas, cultivos gestionados y pastos gestionados mencionadas en el artículo 2 del Reglamento [...] [UTCUTS] a efectos de cumplimiento conforme al artículo 9 del presente Reglamento para ese año, a condición de que:
1.  En la medida en que las emisiones de un Estado miembro superen a sus asignaciones anuales de emisiones para un año dado, incluida cualquier asignación de emisiones acumulada de conformidad con el artículo 5, apartado 3, podrá tenerse en cuenta una cantidad como máximo igual a la suma de las absorciones netas totales y las emisiones netas totales de las categorías contables combinadas de tierras desforestadas, tierras forestadas, cultivos gestionados, pastos gestionados, humedales gestionados, cuando proceda, y, sobre la base del acto delegado adoptado en virtud del apartado 2, tierras forestales gestionadas, mencionadas en el artículo 2 del Reglamento [...] [UTCUTS] a efectos de cumplimiento conforme al artículo 9 del presente Reglamento para ese año, a condición de que:
-a)  el Estado miembro presente a la Comisión, antes del 1 de enero de 2019, un plan de acción que establezca medidas, incluido en su caso el uso de financiación de la Unión, para una agricultura eficiente desde el punto de vista climático y para el uso de la tierra y el sector forestal, y demuestre cómo estas medidas contribuirán a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero conforme al presente Reglamento y a la superación de los requisitos del artículo 4 del Reglamento [...] [UTCUTS] para el periodo comprendido entre 2021 y 2030;
a)  la cantidad acumulada que se tenga en cuenta de ese Estado miembro para todos los años del periodo comprendido entre 2021 y 2030 no supere el nivel fijado en el anexo III para ese Estado miembro;
a)  la cantidad acumulada que se tenga en cuenta de ese Estado miembro para todos los años del periodo comprendido entre 2021 y 2030 no supere el nivel fijado en el anexo III para ese Estado miembro;
b)  dicha cantidad supere a los requisitos de ese Estado miembro en virtud del artículo 4 del Reglamento [...] [UTCUTS];
b)  se demuestre que dicha cantidad supera a los requisitos de ese Estado miembro en virtud del artículo 4 del Reglamento [...] [UTCUTS] durante los periodos de cinco años establecidos en el artículo 12 de dicho Reglamento;
c)  el Estado miembro no haya adquirido más absorciones netas en virtud del Reglamento [...] [UTCUTS] de otros Estados miembros de las que haya transferido; y
c)  el Estado miembro no haya adquirido más absorciones netas en virtud del Reglamento [...] [UTCUTS] de otros Estados miembros de las que haya transferido; y
d)  el Estado miembro haya cumplido los requisitos del Reglamento [...] [UTCUTS].
d)  el Estado miembro haya cumplido los requisitos del Reglamento [...] [UTCUTS].
La Comisión podrá emitir dictámenes sobre los planes de acción presentados por los Estados miembros de conformidad con la letra -a).
Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 - apartado 2
2.  Cuando se adopte el acto delegado para actualizar los niveles de referencia forestales basados en los planes contables forestales nacionales con arreglo al artículo 8, apartado 6, del Reglamento [UTCUTS], la Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado que modifique el apartado 1 del presente artículo con objeto de reflejar una contribución de la categoría contable de las tierras forestales gestionadas de conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento.
2.  Cuando se adopte el acto delegado para actualizar los niveles de referencia forestales basados en los planes contables forestales nacionales con arreglo al artículo 8, apartado 6, del Reglamento [UTCUTS], la Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado que modifique el apartado 1 del presente artículo y las categorías contables del anexo III con objeto de reflejar una contribución equilibrada de la categoría contable de las tierras forestales gestionadas de conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento, sin superar la cantidad total de 280 millones disponible de conformidad con este artículo.
Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1
1.  En 2027 y 2032, si las emisiones revisadas de los gases de efecto invernadero de un Estado miembro superan a su asignación anual de emisiones de un año concreto del periodo con arreglo al apartado 2 del presente artículo y los mecanismos de flexibilidad utilizados de conformidad con los artículos 5 a 7, se aplicarán las medidas siguientes:
1.  Cada dos años, la Comisión comprobará el cumplimiento del presente Reglamento por parte de los Estados miembros. Si las emisiones revisadas de los gases de efecto invernadero de un Estado miembro superan a su asignación anual de emisiones de un año concreto del periodo con arreglo al apartado 2 del presente artículo y los mecanismos de flexibilidad utilizados de conformidad con los artículos 5 a 7, se aplicarán las medidas siguientes:
a)  una adición a la cifra de emisiones del Estado miembro del año siguiente igual a la cantidad, en toneladas equivalentes de CO2, del exceso de emisiones de gases de efecto invernadero, multiplicada por un factor de 1,08, de conformidad con las medidas adoptadas con arreglo al artículo 11; y
a)  una adición a la cifra de emisiones del Estado miembro del año siguiente igual a la cantidad, en toneladas equivalentes de CO2, del exceso de emisiones de gases de efecto invernadero, multiplicada por un factor de 1,08, de conformidad con las medidas adoptadas con arreglo al artículo 11; y
b)  el Estado miembro tendrá prohibido temporalmente transferir parte alguna de su asignación anual de emisiones a otro Estado miembro hasta que cumpla lo dispuesto en el presente Reglamento. El Administrador Central consignará esta prohibición en el registro mencionado en el artículo 11.
b)  el Estado miembro tendrá prohibido temporalmente transferir parte alguna de su asignación anual de emisiones a otro Estado miembro hasta que cumpla lo dispuesto en el presente Reglamento. El Administrador Central consignará esta prohibición en el registro mencionado en el artículo 11.
Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 bis (nuevo)
Artículo 9 bis
Reserva de medidas tempranas
1.  A fin de tener en cuenta las medidas tempranas adoptadas antes de 2020 y a petición de un Estado miembro, se tendrá en consideración una cantidad inferior o igual a una suma total de 90 millones de toneladas en asignaciones anuales de emisiones para el periodo 2026-2030, a efectos del cumplimiento de ese Estado miembro en el marco de la última comprobación del cumplimiento con arreglo al artículo 9 del presente Reglamento, a condición de que:
a)  el total de sus asignaciones anuales de emisiones para el periodo 2013-2020, determinado de conformidad con el artículo 3, apartado 2, y el artículo 10 de la Decisión n.º 406/2009/CE, sea superior al total de sus emisiones anuales verificadas de gases de efecto invernadero para el periodo 2013-2020;
b)  su PIB per cápita a precios de mercado en 2013 esté por debajo de la media de la Unión;
c)  haya empleado en la mayor medida posible los mecanismos de flexibilidad previstos en los artículos 6 y 7 a los niveles fijados en los anexos II y III;
d)  haya empleado en la mayor medida posible los mecanismos de flexibilidad previstos en el artículo 5, apartados 2 y 3, y no haya transferido asignaciones de emisiones a otro Estado miembro de conformidad con el artículo 5, apartados 4 y 5; y
e)  la Unión en su conjunto cumpla el objetivo a que se refiere el artículo 1, párrafo primero.
2.  La cuota máxima de un Estado miembro de la suma total indicada en el apartado 1 que pueda considerarse a efectos de cumplimiento se establecerá en base a la proporción, por una parte, de la diferencia entre el total de sus asignaciones anuales de emisiones para el periodo 2013-2020 y el total de sus emisiones anuales verificadas de gases de efecto invernadero correspondientes al mismo periodo, y, por otra parte, de la diferencia entre el total de las asignaciones anuales de emisiones para el periodo 2013-2020 de todos los Estados miembros que cumplen el criterio establecido en el apartado 1, letra b), y el total de las emisiones anuales verificadas de gases de efecto invernadero de esos Estados miembros en el mismo periodo.
Las asignaciones anuales de emisiones y las emisiones anuales verificadas se determinarán de conformidad con el apartado 3.
3.  La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 12 para completar el presente Reglamento estableciendo las cuotas máximas para cada Estado miembro expresadas en toneladas equivalentes de CO2 tal como se especifica en los apartados 1 y 2. A efectos de dichos actos delegados, la Comisión recurrirá a las asignaciones anuales de emisiones determinadas de conformidad con el artículo 3, apartado 2, y el artículo 10 de la Decisión n.º 406/2009/CE, así como a los datos de inventario revisados correspondientes al periodo 2013-2020, con arreglo al Reglamento (UE) n.º 525/2013.
Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2
2.  La cantidad que figura en el anexo IV del presente Reglamento se añadirá a la asignación correspondiente al año 2021 para cada Estado miembro mencionado en dicho anexo.
2.  La cantidad que figura en el anexo IV del presente Reglamento, que representa una suma total de 39,14 millones de toneladas equivalentes de CO2 para todos los Estados miembros, se añadirá a la asignación correspondiente al año 2021 para cada Estado miembro mencionado en dicho anexo.
Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – título
Registro
Registro europeo
Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1
1.  La Comisión velará por la contabilidad exacta en el marco del presente Reglamento mediante el registro de la Unión establecido en virtud del artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 525/2013, que incluirá las asignaciones anuales de emisiones, los mecanismos de flexibilidad utilizados según los artículos 4 a 7, el cumplimiento contemplado en el artículo 9 y las modificaciones en el ámbito de aplicación de conformidad con el artículo 10 del presente Reglamento. El Administrador Central efectuará un comprobación automatizada de cada transacción en virtud del presente Reglamento y, en caso necesario, bloqueará transacciones para garantizar que no haya irregularidades. Esa información será accesible al público.
1.  La Comisión velará por la contabilidad exacta en el marco del presente Reglamento mediante el registro de la Unión establecido en virtud del artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 525/2013. Con este fin, la Comisión adoptará un acto delegado de conformidad con el artículo 12 para completar el presente Reglamento, con referencia en particular a las asignaciones anuales de emisiones, los mecanismos de flexibilidad utilizados según los artículos 4 a 7, el cumplimiento contemplado en el artículo 9 y las modificaciones en el ámbito de aplicación de conformidad con el artículo 10 del presente Reglamento. El Administrador Central efectuará una comprobación automatizada de cada transacción en virtud del presente Reglamento y, en caso necesario, bloqueará transacciones para garantizar que no haya irregularidades. El sistema de registro europeo será transparente e incluirá toda la información pertinente relativa a la transferencia de derechos de emisión entre los Estados miembros. Esa información será accesible al público a través de un sitio web específico gestionado por la Comisión.
Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2
2.  La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado para la aplicación del apartado 1 de conformidad con el artículo 12 del presente Reglamento.
suprimido
Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 bis (nuevo)
Artículo 11 bis
Impacto climático de la financiación de la Unión
La Comisión llevará a cabo un estudio exhaustivo e intersectorial del impacto de la financiación concedida con cargo al presupuesto de la Unión o de otra forma, de conformidad con la legislación de la Unión en materia de mitigación del cambio climático.
Antes del 1 de enero de 2019, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe con las conclusiones de dicho estudio, que irá acompañado, si procede, de propuestas legislativas destinadas a la interrupción de toda financiación de la Unión no compatible con sus objetivos o políticas respecto a la reducción de emisiones de CO2. Se incluirá la propuesta de una comprobación de compatibilidad climática ex-ante obligatoria que se aplique a todas las nuevas inversiones de la Unión a partir del 1 de enero de 2020, así como la obligación de poner los resultados a disposición del público de forma transparente y accesible.
Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 2
2.  La facultad para adoptar actos delegados a que se refieren el artículo 7, apartado 2, y el artículo 11 del presente Reglamento se otorgará a la Comisión por tiempo indefinido a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.
2.  Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 4, apartado 3, el artículo 4 bis, el artículo 6, apartado 3 bis, el artículo 7, apartado 2, el artículo 9 bis y el artículo 11 del presente Reglamento se otorgan a la Comisión por un periodo de cinco años a partir del ... [la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el periodo de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por periodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada periodo.
Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 3
3.  La delegación de poderes a que se refieren el artículo 7, apartado 2, y el artículo 11 podrá ser revocada en todo momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de la facultad que en ella se especifique. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en él. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
3.  La delegación de poderes mencionada en el artículo 4, apartado 3, el artículo 4 bis, el artículo 6, apartado 3 bis, el artículo 7, apartado 2, el artículo 9 bis y el artículo 11 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 6
6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 7, apartado 2, y el artículo 11 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. Ese plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
6.  Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartado 3, el artículo 4 bis, el artículo 6, apartado 3 bis, el artículo 7, apartado 2, el artículo 9 bis y el artículo 11 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.
Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 13
Artículo 13
suprimido
Procedimiento de comité
1.  La Comisión estará asistida por el Comité del Cambio Climático creado por el Reglamento (UE) n.º 525/2013. Dicho Comité será un comité a tenor del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
2.  En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.º 182/2011.
Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – párrafo 1
1.  En un plazo de seis meses a partir del diálogo facilitador en el marco de la CMNUCC de 2018, la Comisión publicará una comunicación con la evaluación de la coherencia de los actos legislativos de la Unión en materia de clima y energía respecto a los objetivos del Acuerdo de París. En particular, la comunicación examinará el papel y la adecuación de las obligaciones establecidas en el presente Reglamento en la consecución de dichos objetivos, y la coherencia de los actos legislativos de la Unión en el ámbito del clima y la energía, incluidos los requisitos de eficiencia energética y energías renovables, así como de los actos legislativos en el ámbito de la agricultura y el transporte, con respecto al compromiso de la Unión de reducción de los gases de efecto invernadero.
La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo antes del 28 de febrero de 2024 y cada cinco años a partir de entonces, sobre el funcionamiento del presente Reglamento, su contribución al objetivo global de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 y su contribución a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París, y podrá presentar propuestas si procede.
2.   La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo antes del 28 de febrero de 2024 tras el primer balance global de la aplicación del Acuerdo de París en 2023 y en el plazo de seis meses tras los balances globales posteriores, sobre el funcionamiento del presente Reglamento, su contribución al objetivo global de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030 y su contribución a la consecución de los objetivos del Acuerdo de París. El informe irá acompañado, si fuera necesario, por propuestas legislativas para intensificar las reducciones de emisiones de los Estados miembros.
En la revisión de las reducciones de emisiones de los Estados miembros para el periodo posterior a 2031, se tendrán en cuenta los principios de equidad y rentabilidad en la distribución entre Estados miembros.
También se tendrán en cuenta los avances por parte de la Unión y de terceros países en la consecución de los objetivos del Acuerdo de París, así como los progresos realizados en la movilización y el mantenimiento de financiación privada en apoyo a la transición hacia una economía baja en carbono.
Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 bis (nuevo)
Decisión (UE) 2015/1814
Artículo 1 – apartado 4
Artículo 15 bis
Modificación de la Decisión (UE) 2015/1814
En el artículo 1 de la Decisión (UE) 2015/1814, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
«4. La Comisión publicará la cantidad total de derechos de emisión en circulación cada año a más tardar el 15 de mayo del año siguiente. La cantidad total de derechos de emisión en circulación en un año dado será la cantidad total de derechos de emisión expedidos en el periodo desde el 1 de enero de 2008, incluyendo la cantidad expedida con arreglo al artículo 13, apartado 2, de la Directiva 2003/87/CE en dicho periodo y los derechos de utilización de créditos internacionales ejercitados por las instalaciones en el marco del RCDE UE con respecto a las emisiones hasta el 31 de diciembre de dicho año dado, menos las toneladas totales de emisiones verificadas de las instalaciones con arreglo al RCDE UE entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de ese mismo año dado, los derechos de emisión cancelados de conformidad con el artículo 12, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE, distintos de los derechos de emisión cancelados de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/... * del Parlamento Europeo y del Consejo, y la cantidad de derechos de emisión en la reserva. No se tomarán en consideración las emisiones durante el trienio comprendido entre 2005 y 2007 ni los derechos de emisión expedidos respecto a tales emisiones. La primera publicación tendrá lugar el 15 de mayo de 2017.
______________
* Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre una acción por el clima orientada al cumplimiento de los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático («Reglamento sobre una acción por el clima en aplicación del Acuerdo de París») (DO L ... de ..., p. ...).».

(1) De conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno, el asunto se devuelve a la comisión competente para negociaciones interinstitucionales (A8-0208/2017).


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Rolandas Paksas
PDF 162kWORD 43k
Decisión del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2017, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Rolandas Paksas (2016/2070(IMM))
P8_TA(2017)0257A8-0219/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Rolandas Paksas, transmitido por el fiscal general de la República de Lituania, con fecha de 31 de marzo de 2016, y comunicado al Pleno el 13 de abril de 2016,

–  Previa audiencia a Rolandas Paksas, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento,

–  Tras un intercambio de puntos de vista con el fiscal general de Lituania y el fiscal jefe del Departamento de Lucha contra el Crimen Organizado y de Investigaciones de la oficina del fiscal general,

–  Visto el artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Visto el artículo 62 de la Constitución de Lituania,

–  Visto el artículo 4 de la Ley sobre el estatuto y condiciones laborales de los diputados al Parlamento Europeo elegidos en la República de Lituania,

–  Visto el artículo 22 del Reglamento del Seimas (Parlamento de Lituania),

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0219/2017),

A.  Considerando que el fiscal general de Lituania ha solicitado la suspensión de la inmunidad parlamentaria de un diputado al Parlamento Europeo, Rolandas Paksas, en el marco de una instrucción penal;

B.  Considerando que la solicitud del fiscal general está relacionada con la sospecha que pesa sobre Rolandas Paksas de haber dado su acuerdo para aceptar un soborno el 31 de agosto de 2015 a cambio de influir en las autoridades públicas y funcionarios del Estado para que ejercieran sus poderes, lo que constituiría un delito de conformidad con el Código Penal lituano;

C.  Considerando que, de conformidad con el artículo 9 del Protocolo n.º 7, mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones, sus miembros gozarán, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

D.  Considerando que, de conformidad con el artículo 62 de la Constitución de la República de Lituania, los diputados del Seimas no pueden ser considerados penalmente responsables, ni ser detenidos o privados de su libertad, sin el consentimiento del Seimas;

E.  Considerando que, de conformidad con el artículo 4 de la Ley sobre el estatuto y condiciones laborales de los diputados al Parlamento Europeo elegidos en la República de Lituania, los diputados al Parlamento Europeo disfrutarán de la misma inmunidad en el territorio de la República de Lituania que un diputado del Seimas, salvo disposición contraria de la legislación de la Unión;

F.  Considerando que, de conformidad con el artículo 22 del Reglamento del Seimas, un diputado del Seimas no puede ser encausado penalmente, ni ser detenido ni privado de su libertad en modo alguno sin el consentimiento previo del Seimas, a no ser que haya sido sorprendido en flagrante delito, en cuyo caso el fiscal general deberá ponerlo en conocimiento del Seimas de forma inmediata;

G.  Considerando que, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de su Reglamento la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del diputado, sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto y de sus diputados;

H.  Considerando que la finalidad de la inmunidad parlamentaria consiste en proteger al Parlamento y a sus diputados frente a los procesos judiciales relacionados con las actividades desempeñadas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias y que no pueden desvincularse de estas;

I.  Considerando que, cuando dichos procesos no se refieren al ejercicio de las funciones del diputado, la inmunidad puede suspenderse, salvo que se demuestre que el verdadero objetivo del proceso es menoscabar la actividad política de un diputado y, por lo tanto, la independencia del Parlamento (fumus persecutionis);

J.  Considerando que, a partir de la información extensa y detallada proporcionada en este asunto, no existen razones para sospechar que el proceso contra Rolandas Paksas esté motivado por una voluntad de menoscabar su actividad política como diputado al Parlamento Europeo;

K.  Considerando que no incumbe al Parlamento Europeo pronunciarse sobre la culpabilidad o no del diputado, sobre si los actos que se le imputan pueden dar lugar a la apertura de un proceso penal, o sobre los méritos relativos de los sistemas jurídicos y judiciales nacionales;

1.  Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Rolandas Paksas;

2.  Encarga a su presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de la comisión competente a la autoridad competente de la República de Lituania y a Rolandas Paksas.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Mylène Troszczynski
PDF 164kWORD 43k
Decisión del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2017, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Mylène Troszczynski (2017/2019(IMM))
P8_TA(2017)0258A8-0218/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Mylène Troszczynski, transmitido por el ministro de Justicia de la República Francesa, con fecha de 1 de diciembre de 2016, en relación con una instrucción judicial llevada a cabo por el fiscal de la República de Bobigny por unos hechos constitutivos de difamación pública y de incitación al odio o a la violencia contra una persona o grupo de personas por razón de su origen o pertenencia o no pertenencia a una etnia, raza, nación o religión determinadas, y comunicado al Pleno del 16 de enero de 2017,

–  Previa audiencia a Mylène Troszczynski, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Visto el artículo 26 de la Constitución de la República Francesa, modificado por la Ley constitucional n.º 95-880, de 4 de agosto de 1995,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0218/2017),

A.  Considerando que el fiscal de la República de Bobigny solicitó la suspensión de la inmunidad de Mylène Troszczynski, diputada al Parlamento Europeo del Consejo Regional de Picardía, en el ámbito del procedimiento en curso relacionado con la publicación en su cuenta de twitter, el 23 de septiembre de 2015, de una foto de varias mujeres cubiertas con el velo integral que parecen hacer cola en el exterior de una de las oficinas de la CAF («Caisse d’allocations familiales» - Caja de prestaciones familiares) acompañada del comentario «CAF de Rosny-Sous-Bois, el 9 de diciembre de 2014. Se supone que el velo integral está prohibido por la ley...»;

B.  Considerando que la imagen controvertida en realidad era un fotomontaje basado en una foto tomada en Londres que ya había sido utilizada por el titular de otra cuenta de twitter, y que la instrucción puso de manifiesto que el mensaje no había sido publicado por Mylène Troszczynski, sino por su asesor parlamentario, quien reconoció los hechos;

C.  Considerando que el fiscal de la República señaló que, como editora de su propia cuenta de twitter, Mylène Troszczynski podía ser considerada responsable del mensaje;

D.  Considerando que, en cuanto se dio cuenta de que la fotografía era trucada, Mylène Troszczynski la retiró de su cuenta de twitter;

E.  Considerando que la suspensión de la inmunidad de Mylène Troszczynski está relacionada con la supuesta comisión de un delito de difamación pública de una persona o grupo de personas por razón de su origen o pertenencia o no pertenencia a una etnia, raza o nación o religión determinadas, hechos tipificados y sancionados en el artículo 23, el artículo 29, párrafo primero, el artículo 32, párrafos segundo y tercero, los artículos 42 y 43, y el artículo 48, apartado 6, de la Ley de 29 de julio de 1881, y de un delito de incitación a la discriminación y al odio o a la violencia racial, objeto de la instrucción en curso, tipificado y sancionado en el artículo 24, párrafos octavo, décimo, undécimo y duodécimo, el artículo 23, párrafo primero, y el artículo 42 de la Ley de 29 de julio de 1881, así como en el artículo 131, apartado 26, párrafos segundo y tercero, del Código Penal;

F.  Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su Estado miembro;

G.  Considerando que, con arreglo al artículo 26 de la Constitución de la República Francesa, ningún diputado al Parlamento podrá ser perseguido, investigado, detenido o juzgado por opiniones o votos expresados en el ejercicio de sus funciones oficiales y que ningún diputado al Parlamento podrá ser, en el ámbito de un delito, detenido u objeto de cualquier otra medida privativa o restringida de la libertad sin la autorización del Parlamento;

H.  Considerando que el alcance de la inmunidad reconocida a los diputados al Parlamento francés se corresponde de hecho con el alcance de la inmunidad reconocida a los diputados al Parlamento Europeo en virtud del artículo 8 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea; que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que, para que un diputado al Parlamento Europeo esté amparado por la inmunidad, debe haber emitido su opinión en el ejercicio de sus funciones, lo que implica la exigencia de una relación entre la opinión expresada y las funciones parlamentarias; y que dicha relación debe ser directa e imponerse manifiestamente;

I.  Considerando que los cargos no están relacionados con las funciones de Mylène Troszczynski como diputada al Parlamento Europeo, sino que están vinculados con actividades de carácter regional, dado que la fotografía trucada y los comentarios se referían a algo que supuestamente estaba ocurriendo en Rosny-Sous-Bois, contraviniendo el Derecho francés;

J.  Considerando que los presuntos actos no se refieren a opiniones o votos emitidos por Mylène Troszczynski en el ejercicio de sus funciones de diputada al Parlamento Europeo a efectos del artículo 8 del Protocolo n.º7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea;

K.  Considerando que, según la investigación judicial que se abrió tras una denuncia de difamación de un servicio público presentada por la Caja de prestaciones familiares de Seine-Saint-Denis, representada por su director general, no existen indicios de fumus persecutionis, es decir, de tentativa evidente de entorpecer el trabajo parlamentario de Mylène Troszczynski;

1.  Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Mylène Troszczynski;

2.  Encarga a su presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de la comisión competente al ministro de justicia de la República Francesa y a Mylène Troszczynski.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen
PDF 161kWORD 43k
Decisión del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2017, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen (2017/2020(IMM))
P8_TA(2017)0259A8-0217/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen, transmitido por el ministro de Justicia francés, Jean-Jacques Urvoas, con fecha de 22 de diciembre de 2016, en relación con una solicitud del fiscal general del Tribunal de Apelación de París y anunciado en el Pleno el 16 de enero de 2017,

–  Previa audiencia a Jean-Marie Le Pen, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento,

–  Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Visto el artículo 26 de la Constitución de la República Francesa,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0217/2017),

A.  Considerando que el fiscal general del Tribunal de Apelación de París ha solicitado la suspensión de la inmunidad parlamentaria de un diputado al Parlamento Europeo, Jean-Marie Le Pen, en relación con investigaciones penales;

B.  Considerando que la solicitud del fiscal general se refiere a acusaciones según las cuales Jean-Marie Le Pen hizo una declaración durante una emisión de radio constitutiva de incitación a la discriminación, al odio o a la violencia racial, delito tipificado en el Código Penal francés;

C.  Considerando que, de conformidad con el artículo 26 de la Constitución de la República Francesa, ningún miembro del Parlamento estará sujeto a investigación, arresto, detención o condena por un tribunal a causa de opiniones expresadas o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones y que ningún miembro del Parlamento podrá ser objeto de arresto o de cualquier otra medida de privación o restricción de libertad en razón de un delito o falta, sin la aprobación del Parlamento;

D.  Considerando que, a tenor del artículo 8 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo no podrán ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones;

E.  Considerando que, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de su Reglamento, la inmunidad parlamentaria no es un privilegio personal del diputado, sino una garantía de independencia del Parlamento en su conjunto y de sus diputados;

F.  Considerando que las disposiciones en materia de inmunidad parlamentaria deben interpretarse a la luz de los valores, objetivos y principios de los Tratados;

G.  Considerando que, en el caso de un diputado europeo, esta inmunidad absoluta no solo cubre las opiniones expresadas por el diputado en reuniones oficiales del Parlamento, sino también las expresadas en otros foros, como por ejemplo los medios de comunicación, cuando existe «una relación entre la opinión expresada y las funciones parlamentarias»(2);

H.  Considerando que no existe relación entre la declaración controvertida y la labor parlamentaria de Jean-Marie Le Pen y que, por tanto, este no actuaba en su condición de diputado al Parlamento Europeo;

I.  Considerando que, en virtud del artículo 9 del Protocolo n.º 7, mientras el Parlamento Europeo esté en período de sesiones, sus miembros gozarán, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

J.  Considerando que la inmunidad contemplada en el artículo 9 puede ser suspendida(3);

K.  Considerando que el objeto de dicha inmunidad es proteger al Parlamento y a sus diputados ante acciones judiciales relacionadas con actividades llevadas a cabo en el ejercicio de funciones parlamentarias y que no puedan separarse de esas funciones;

L.  Considerando que procede suspender la inmunidad cuando dichas acciones no se refieran al ejercicio de las funciones de un diputado, salvo que la intención subyacente del procedimiento judicial sea perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución (fumus persecutionis);

M.  Considerando que, sobre la base de la información aportada en este asunto, no existe razón para sospechar que el procedimiento relativo a Jean-Marie Le Pen esté motivado por la intención de causar un perjuicio a su actividad como diputado al Parlamento Europeo;

1.  Decide suspender la inmunidad de Jean-Marie Le Pen;

2.  Encarga a su presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de la comisión competente a la autoridad competente de la República Francesa y a Jean-Marie Le Pen.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.
(2) Sentencia Patriciello, antes citada, apartado 33.
(3) Sentencia Marra, antes citada, apartado 45.


Necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones
PDF 239kWORD 61k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones (2016/2061(INI))
P8_TA(2017)0260A8-0197/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 8, 151, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular sus disposiciones relativas a los derechos sociales y a la igualdad entre hombres y mujeres,

—  Vistos los artículos 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vistas la Observación general n.º 16 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales (artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC))(1), y la Observación General n.º 19 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la seguridad social (artículo 9 del PIDESC)(2),

—  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

–  Vistos los artículos 4, apartados 2 y 3, 12, 20 y 23 de la Carta Social Europea,

–  Vistas las Conclusiones del Comité Europeo de Derechos Sociales de 5 de diciembre de 2014(3),

–  Vista la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social(4),

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(5),

–  Vista la Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro(6),

–  Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición)(7),

–  Vista la Hoja de ruta de la Comisión, de agosto 2015, titulada «Un nuevo comienzo para afrontar los retos de la conciliación de la vida laboral y la vida privada de las familias trabajadoras»,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019) (SWD(2015)0278), y en particular su objetivo n.º 3.2,

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2011, sobre la situación de las mujeres que se acercan a la edad de jubilación(8),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2011, sobre la situación de las madres solteras(9),

–  Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor(10),

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre los efectos de la crisis económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer(11),

–  Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013(12),

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015(13),

–  Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(14),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la creación de unas condiciones en el mercado laboral favorables para la conciliación de vida privada y vida profesional(15),

—  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 18 de junio de 2015, sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres: reducir la brecha de género en las pensiones,

—  Vista la declaración del Trío de Presidencias, compuesto por los Países Bajos, Eslovaquia y Malta, de 7 de diciembre de 2015, sobre la igualdad de género,

–  Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el Consejo el 7 de marzo de 2011,

–  Visto el estudio encomendado por su Departamento de Políticas para Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales titulado «las disparidades entre hombres y mujeres en materia de pensiones: las diferencias entre las madres y las mujeres sin hijos» («The gender pension gap: differences between mothers and women without children») (2016) y el estudio de la Comisión Europea sobre las disparidades entre hombres y mujeres en materia de pensiones en la Unión («The Gender Gap in Pensions in the EU») (2013);

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0197/2017),

A.  Considerando que, en 2015, la brecha de género en las pensiones, que puede definirse como la diferencia entre la retribución media antes de impuestos percibida por las mujeres y la percibida por los hombres en concepto de pensión de jubilación, ascendía en la Unión Europea al 38,3 % para el grupo de edad de 65 años y más, y que en los últimos cinco años ha aumentado en la mitad de los Estados miembros; que la crisis financiera de los últimos años ha tenido un impacto negativo en los ingresos de muchas mujeres, y que, en algunos Estados miembros, entre el 11 % y el 36 % de las mujeres carecen totalmente de acceso a una pensión;

B.  Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los principios comunes y fundamentales consagrados en los artículos 2 y 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que la igualdad de género debe integrarse en todas las políticas, iniciativas, programas y acciones de la Unión;

C.  Considerando que, en la mayoría de los Estados miembros de la Unión, las mujeres gozan de una menor cobertura que los hombres en las pensiones de jubilación y que están sobrerrepresentadas en las categorías de pensionistas más pobres e infrarrepresentadas en las categorías con mayores ingresos;

D.  Considerando que estas disparidades son inaceptables y deberían reducirse y que todas las cotizaciones a los fondos de pensiones deberían calcularse e ingresarse de forma neutral en cuanto a la pertenencia de género en la Unión Europea, que tiene la igualdad de género como uno de sus principios fundamentales y el derecho de todas las personas a vivir con dignidad como uno de los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión;

E.  Considerando que, en la UE-28, una de cada cuatro personas depende de su pensión como principal fuente de ingresos, y que el considerable aumento del número de personas que ha alcanzado la edad de jubilación, debido al aumento de la esperanza de vida y al envejecimiento general de la población, conducirá a la duplicación de esta categoría hasta el año 2060;

F.  Considerando que, como consecuencia de la evolución demográfica, un número cada vez más reducido de trabajadores activos tendrá que financiar en el futuro las pensiones de un número cada vez mayor de jubilados, lo cual implica que las prestaciones correspondientes a los planes de pensiones privados y de empresa serán cada vez más importantes;

G.  Considerando que el objetivo de las políticas de pensiones es garantizar la independencia económica, que constituye un factor esencial para la igualdad entre mujeres y hombres, y conseguir que los sistemas de seguridad social de los Estados miembros aseguren a todos los ciudadanos de la Unión unos ingresos dignos y suficientes y un nivel de vida aceptable, protegiéndolos del riesgo de pobreza derivado de diversos factores o de la exclusión social, con el fin de garantizar una participación social, cultural y política activa y una vida con dignidad en la vejez, para seguir formando parte de la sociedad;

H.  Considerando que una mayor responsabilidad individual por las decisiones relativas al ahorro que implican diferentes riesgos también supone que las personas deben estar muy bien informadas sobre las opciones disponibles y los riesgos asociados a ellas, y que debe prestarse apoyo a los hombres y a las mujeres —y en particular a estas últimas— para mejorar su formación financiera con el fin de que puedan tomar decisiones con un mejor conocimiento de causa en un ámbito cada vez más complejo;

I.  Considerando que la brecha de género en las pensiones tiende a agravar todavía más la situación de las mujeres en cuanto a su vulnerabilidad económica, dejándolas expuestas a la exclusión social, la pobreza y la dependencia económica permanentes, en particular con respecto a sus cónyuges y otros miembros de la familia, y que las diferencias salariales y en las pensiones son más pronunciadas si cabe en el caso de las mujeres con múltiples desventajas o pertenecientes a minorías raciales, étnicas, religiosas y lingüísticas, dado que suelen ocupar empleos que requieren menos competencias y responsabilidades;

J.  Considerando que las pensiones vinculadas a derechos individuales de la persona y no a derechos derivados podrían contribuir a garantizar la independencia económica individual, reducir los desincentivos a la participación en el trabajo formal y minimizar los estereotipos de género;

K.  Considerando que, debido a su mayor esperanza de vida, por término medio y para toda su jubilación, las mujeres pueden necesitar más ingresos de pensiones que los hombres, y que dichos ingresos adicionales pueden derivar de los mecanismos de pensión de supervivencia;

L.  Considerando que la falta de datos comparables, completos, fiables y periódicamente actualizados que permitan evaluar el alcance de la brecha de género en las pensiones y la ponderación de los factores que contribuyen al fenómeno arrojan una incertidumbre sobre los medios más eficaces para abordar este problema;

M.  Considerando que esta brecha es más elevada en la categoría de 65 a 74 años (más del 40 %) y superior a la media de la categoría de personas de más de 65 años, debido en particular a la transferencia de derechos, como los de viudedad, que se efectúa en algunos Estados miembros;

N.  Considerando que los recortes y la congelación de las pensiones incrementan el riesgo de pobreza en la vejez, especialmente entre las mujeres; que el porcentaje de mujeres de más edad en riesgo de pobreza y exclusión social era del 20,2 % en 2014 —frente al 14,6 % de los hombres—, y que para 2050 el porcentaje de personas mayores de 75 años en riesgo de pobreza podría alcanzar el 30 % en la mayoría de los Estados miembros;

O.  Considerando que las personas de más de 65 años disponen de unos ingresos que suponen prácticamente el 94 % de la media del total de la población, y que, no obstante, aproximadamente el 22 % de las mujeres de más de 65 años se sitúa por debajo del umbral de riesgo de pobreza;

P.  Considerando que, en 2014, la media de la brecha de género en las pensiones en la Unión escondía grandes disparidades entre los Estados miembros; que, en términos comparativos, la brecha de género en la franja de pensiones más baja es del 3,7 %, mientras que en la franja de pensiones más elevadas es del 48,8 %, y que dicha brecha es superior al 30 % en 14 Estados miembros;

Q.  Considerando que el porcentaje de población que percibe una pensión de jubilación varía notablemente entre los Estados miembros, siendo del 15,1 % en Chipre y del 31,8 % en Lituania en 2013, mientras que la mayoría de beneficiarios de pensiones en la mayor parte de Estados miembros de la Unión en 2013 fueron mujeres;

R.  Considerando que, como resultado de múltiples factores, la brecha de género en las pensiones refleja el desequilibrio entre hombres y mujeres en cuanto a sus trayectorias profesionales y familiares, las posibilidades contributivas, la posición en la estructura familiar y las modalidades de cómputo de las retribuciones a efectos del reconocimiento de los derechos de pensión; que dicha brecha refleja también la segregación del mercado laboral y el mayor porcentaje de mujeres que trabajan a tiempo parcial, perciben salarios por hora inferiores, sufren más interrupciones en la carrera profesional y pasan menos años empleadas debido al trabajo no remunerado que realizan las mujeres en su condición de madres y cuidadoras de sus familias, y que debe considerarse, por tanto, que la brecha de género en las pensiones constituye un indicador básico de la desigualdad de género en el mercado laboral, tanto más cuanto que la medida de dicha brecha se encuentra a un nivel muy próximo al de la brecha total en las retribuciones (39,7 % en 2015);;

S.  Considerando que el verdadero alcance de la brecha de género en las pensiones, que es el resultado de todos los desequilibrios y desigualdades entre hombres y mujeres —por ejemplo, en términos de acceso al poder y a los recursos económicos— acumulados a lo largo de toda su trayectoria profesional y tiene su reflejo en los pilares primero y segundo de los sistemas de pensiones, puede estar camuflado por la existencia de mecanismos correctores;

T.  Considerando que, si se observa en un momento determinado, la brecha de género en las pensiones refleja las condiciones que han regido la sociedad y el mercado laboral durante un período de varias décadas, y que estas circunstancias están sujetas a cambios, a veces importantes, que repercutirán en las necesidades de varias generaciones de mujeres pensionistas;

U.  Considerando que la brecha de género en las pensiones presenta características diferentes según la situación personal, social, civil o familiar de las pensionistas de que se trata, y que, en este contexto, un enfoque unitario no conduce necesariamente a los mejores resultados;

V.  Considerando que los hogares monoparentales son particularmente vulnerables, pues representan un 10 % del total de los hogares con menores a cargo; que el 50 % de estos hogares se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, lo que duplica la tasa de la población en su conjunto; que la brecha de género en las pensiones parece mostrar una correlación positiva con el número de hijos criados a lo largo de la vida; que la brecha de género en las pensiones es muy superior en el caso de las mujeres casadas y de las madres, en comparación con las mujeres solteras sin hijos, y que, desde este punto de vista, las desigualdades sufridas por las madres —en particular, las madres solteras— pueden agravarse en el momento de su jubilación;

W.  Considerando que el embarazo y el permiso parental tiende a empujar a las madres —que representan el 79,76 % de las personas que reducen su tiempo de trabajo para cuidar a niños menores de ocho años— a la aceptación de empleos poco remunerados o a tiempo parcial, así como a la interrupción de su carrera profesional de forma no deseada para cuidar de los hijos, y que los permisos de maternidad, paternidad y parentales son instrumentos necesarios e indispensables para mejorar el reparto de las tareas relacionadas con los cuidados familiares, con el fin de mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida privada y reducir al mínimo las interrupciones en la carrera profesional de las mujeres;

X.  Considerando que el número de hijos no tiene ninguna repercusión o pueden incluso repercutir positivamente en los niveles de retribución y, por consiguiente, en los derechos de pensión de los padres;

Y.  Considerando que la tasa de desempleo femenino está subestimada, dado que muchas mujeres no están registradas como desempleadas, en particular las que residen en zonas rurales o remotas, muchas de las cuales se dedican en exclusiva a trabajar en el hogar y al cuidado de los niños, y que ello da lugar a disparidades en sus pensiones;

Z.  Considerando que las modalidades denominadas clásicas de organización del trabajo hacen difícil que las parejas con hijos en las que ambos miembros deseen ejercer su actividad profesional a tiempo completo combinen armoniosamente la vida familiar y la vida profesional;

AA.  Considerando que los sistemas de créditos de pensiones para hombres y mujeres en concepto de beneficios por los cuidados prestados a hijos o familiares contribuiría a evitar que los períodos de interrupción de la carrera profesional por motivos relacionados con la prestación de cuidados familiares repercutan negativamente en las pensiones, y que sería deseable que dichos sistemas se extendieran o consolidaran en todos los Estados miembros;

AB.  Considerando que aplicar períodos de cotización asimilados en distintas modalidades de trabajo puede ayudar a todos los trabajadores a percibir una pensión;

AC.  Considerando que, si bien se han desplegado algunos esfuerzos dirigidos a resolver esta situación, la tasa de integración de las mujeres en el mercado laboral sigue siendo inferior a los objetivos de la Estrategia Europa 2020, así como a la correspondiente a los hombres; que la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral contribuye a los esfuerzos dirigidos a reducir la brecha de género en las pensiones en la Unión, dado que existe una relación directa entre la participación en el mercado laboral y el nivel de las pensiones, y que, no obstante, la tasa de empleo no contiene ninguna información sobre la duración o las modalidades de empleo, por lo que tiene un escaso valor informativo en lo que se refiere a los niveles de retribución y los derechos de pensión;

AD.  Considerando que la duración de la carrera tiene repercusiones directas en la brecha de género en las pensiones de jubilación; que la duración media de la carrera de las mujeres es más de 10 años inferior a la de los hombres, y que las mujeres cuya carrera tiene una duración inferior a 14 años son víctimas de una brecha de género en las pensiones de jubilación dos veces mayor (64 %) que la que sufren las mujeres con una carrera más dilatada (32 %);

AE.  Considerando que las mujeres se ven obligadas en mayor medida que los hombres a interrumpir su carrera profesional, a aceptar modalidades atípicas de empleo y a trabajar a tiempo parcial (un 32 % de las mujeres frente a un 8,2 % de los hombres) o sobre una base no remunerativa, especialmente cuando se ocupan de los hijos y de las tareas del hogar debido a la persistencia de las desigualdades de género, todo lo cual redunda en detrimento de sus pensiones;

AF.  Considerando que las inversiones en centros escolares, en la educación preescolar, en la formación universitaria y en el cuidado de las personas de más edad puede contribuir a un mejor equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar y redundar a largo plazo no solo en la creación de empleo, sino también en la generación de empleo de calidad para las mujeres, ofreciéndoles la oportunidad de permanecer más tiempo en el mercado laboral, lo cual a su vez tendrá a largo plazo un efecto positivo en sus pensiones;

AG.  Considerando que los cuidados informales, desempeñados en gran medida por mujeres, son un pilar fundamental de nuestra sociedad y que este desequilibrio tiene también su reflejo en la brecha de género en las pensiones; que esta modalidad de trabajo invisible no está suficientemente reconocida, especialmente a la hora de computar los derechos de pensión;

AH.  Considerando que en la Unión sigue existiendo una gran brecha de género en los salarios; que en 2014 ascendía al 16,3 %, debido en particular a fenómenos de discriminación y segregación, que conllevan una excesiva representación de las mujeres en sectores en los que el nivel de retribución es menor que en otros, dominados principalmente por hombres, y que otros factores, como la interrupción de la carrera o la aceptación de trabajo a tiempo parcial no voluntario para poder compaginar las responsabilidades laborales y familiares, los estereotipos, la infravaloración del trabajo de las mujeres y las diferencias del nivel de educación y la experiencia profesional, también contribuyen a la brecha de género en los salarios;

AI.  Considerando que el objetivo de lograr una protección social adecuada está consagrado en el artículo 151 del TFUE, y que, por consiguiente, la Unión debe apoyar a los Estados miembros mediante recomendaciones que vayan en la línea de mejorar la protección de las personas de más edad que, por su misma edad o por su situación personal, tienen derecho a percibir una pensión;

AJ.  Considerando que la consolidación del vínculo entre las contribuciones y la remuneración, junto con la creciente importancia de los pilares segundo y tercero en la organización de los sistemas de pensiones, está transfiriendo a los actores privados el riesgo de aparición de factores específicos relacionados con el género en la brecha de las pensiones;

AK.  Considerando que no se realizaron evaluaciones de impacto de género ex ante y ex post con motivo de las reformas en los sistemas de pensiones recogidas en el Libro Blanco sobre las pensiones de la Comisión Europea de 2012;

AL.  Considerando que la organización de los sistemas públicos de seguridad social y de los sistemas de pensiones incide en la responsabilidad exclusiva de los Estados miembros, y que incumbe a la Unión una competencia principalmente de apoyo en materia de planes de pensiones, en particular en virtud del artículo 153 del TFUE;

Observaciones generales

1.  Pide a la Comisión que, en estrecha cooperación con los Estados miembros, elabore una estrategia para poner fin a la brecha de género en las pensiones en la Unión Europea;

2.  Aprueba y apoya el llamamiento del Consejo en favor de una nueva iniciativa de la Comisión por la que se establezca una Estrategia para la Igualdad entre Mujeres y Hombres para el periodo 2016-2020 que adopte la forma de comunicación, como se hizo con las estrategias precedentes, y para que se afiance el compromiso estratégico de la Unión con la igualdad de género, que debería estar estrechamente vinculado a la Estrategia Europa 2020;

3.  Considera que dicha estrategia no debería limitarse a abordar la brecha de género en las pensiones a escala de los Estados miembros, en particular entre las personas más vulnerables, sino que también debería ocuparse de su prevención en el futuro abordando las causas subyacentes, como las desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado laboral en términos de retribuciones, desarrollo de la carrera y oportunidades para ejercer una actividad profesional a tiempo completo, así como en lo que se refiere a la segregación en el mercado laboral; alienta, a este respecto, el diálogo intergubernamental y el intercambio de mejores prácticas entre los Estados miembros;

4.  Destaca que, con el fin de llevar a buen puerto esta estrategia, es necesario un planteamiento multidimensional que integre una combinación de actuaciones en los diferentes ámbitos políticos dirigidas a mejorar la igualdad de género, y que dicha estrategia debe comportar un enfoque de las pensiones que integre el ciclo vital en su conjunto y tenga en cuenta toda la vida laboral de las personas, de forma que aborde la desigualdad entre hombres y mujeres en términos de nivel de empleo, desarrollo de la carrera profesional y capacidad contributiva, así como en lo que se refiere a la propia organización de los sistemas de pensiones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen las conclusiones del Consejo, de 18 de junio de 2015, sobre «Igualdad de oportunidades de ingresos para los hombres y mujeres: reducir la brecha de género de las pensiones»;

5.  Recuerda la función primordial que desempeñan los interlocutores sociales en las cuestiones relativas al salario mínimo, respetando asimismo el principio de subsidiariedad; resalta la relevancia del papel de los sindicatos y de la negociación colectiva a fin de garantizar que las personas mayores tengan acceso a unas pensiones públicas acordes con los principios de solidaridad intergeneracional e igualdad de género; destaca la importancia de que se tenga en cuenta debidamente a los interlocutores sociales a la hora de tomar decisiones políticas que cambien aspectos legales significativos de las condiciones de elegibilidad para generar el derecho a una pensión; pide a la Unión y a los Estados miembros que establezcan y apliquen políticas, en colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones de defensa de la igualdad de género, destinadas a reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres; recomienda que los Estados miembros consideren la posibilidad de llevar a cabo evaluaciones comparativas de los salarios periódicamente como complemento de estos esfuerzos;

6.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas respetuosas y que prevengan la pobreza destinadas a los trabajadores cuyo estado de salud no les permita trabajar hasta la edad legal de jubilación; respalda el mantenimiento de la jubilación anticipada para los trabajadores que se exponen a condiciones laborales arduas o de riesgo; considera que la elevación de las tasas de empleo con trabajo de calidad podría ayudar a reducir considerablemente el futuro aumento del número de personas que no pueden trabajar hasta la edad legal de jubilación y, con ello, aliviar la carga económica generada por el envejecimiento de la población;

7.  Muestra su gran preocupación por el impacto de las recomendaciones específicas por país sobre los regímenes de pensiones y su sostenibilidad y sobre el acceso a las pensiones contributivas en un número creciente de Estados miembros, y por los efectos negativos que estas recomendaciones tienen en los niveles de ingresos y en las transferencias sociales necesarias para erradicar la pobreza y la exclusión social;

8.  Destaca que el principio de subsidiariedad debe aplicarse de forma estricta al ámbito de las pensiones;

Evaluación y sensibilización para abordar la brecha de género en las pensiones con mayor eficacia

9.  Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que sigan estudiando la cuestión de la brecha de género en las pensiones, a que colaboren con Eurostat y con el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) con miras a desarrollar indicadores formales y fiables de dicha brecha, detectar los diferentes factores subyacentes a la misma, hacer un seguimiento de su evolución y establecer objetivos de reducción claramente definidos, y a que mantengan informado al Parlamento Europeo al respecto; pide a los Estados miembros que faciliten a Eurostat, con carácter anual, estadísticas sobre la brecha de género en los salarios y sobre la brecha de género en las pensiones, con el fin de evaluar la evolución de las mismas en el conjunto de la Unión y estudiar los medios que permitan abordar esta cuestión;

10.  Insta a la Comisión a que lleve a cabo una evaluación exhaustiva del impacto en los colectivos más vulnerables, y de las recomendaciones del Libro Blanco de 2012 en materia de pensiones, cuyo objetivo era abordar las causas de la brecha de género en las pensiones, así como a que establezca un indicador formal de la brecha de género en las pensiones y lleve a cabo un seguimiento sistemático de su evolución; pide que se proceda a una evaluación adecuada y se haga un seguimiento del impacto de género de las recomendaciones y las medidas adoptadas hasta el momento; pide a la Comisión que apoye la investigación y la elaboración de estadísticas desagregadas por sexos, con el fin de mejorar el seguimiento y la evaluación de los efectos de las reformas de los sistemas de pensiones en la prosperidad y el bienestar de las mujeres;

11.  Insta a los Estados miembros a que promuevan la lucha contra la brecha de género en las pensiones en el marco de sus políticas sociales, sensibilizando a los responsables de la toma de decisiones en este ámbito y desarrollando programas dirigidos a informar mejor a las mujeres acerca de las consecuencias de dicha brecha y a brindarles los instrumentos necesarios para diseñar estrategias de financiación de sus planes de pensiones que sean sostenibles y se adapten a sus necesidades específicas, así como acerca del acceso de las mujeres a las pensiones de los pilares segundo y tercero, especialmente en aquellos sectores más feminizados en los que la adhesión puede ser reducida; pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos dirigidos a sensibilizar a la opinión pública acerca de la igualdad salarial, la brecha de género en las pensiones y la discriminación directa e indirecta de las mujeres trabajadoras;

12.  Reitera la necesidad de que existan definiciones claras y armonizadas que faciliten la comparación a escala de la Unión de conceptos como la «brecha de género en los salarios» y la «brecha de género en las pensiones»;

13.  Pide a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que promuevan estudios sobre los efectos de la brecha de género en las pensiones y la independencia económica de las mujeres, teniendo en cuenta cuestiones como el envejecimiento de la población, las diferencias de género en las condiciones de salud y la esperanza de vida, el cambio de las estructuras familiares y el aumento del número de hogares unipersonales, así como las diferentes situaciones personales de las mujeres; pide, asimismo, a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión que elaboren posibles estrategias dirigidas a suprimir la brecha de género en las pensiones;

Reducción de las desigualdades en la capacidad contributiva a los sistemas de pensiones

14.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por la correcta aplicación de las normativas de la Unión contra la discriminación de género, directa e indirecta, así como por el seguimiento sistemático de su evolución, de forma que se incoen procedimientos de infracción en caso de incumplimiento y se proceda eventualmente a la revisión de dicha normativa, con el fin de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en materia de capacidad contributiva a los sistema de pensiones;

15.  Condena enérgicamente la brecha de género en los salarios y su «inexplicable» componente derivado de la discriminación en el lugar de trabajo, al tiempo que reitera su llamamiento en favor de una revisión de la Directiva 2006/54/CE, que solo ha sido objeto de una transposición clara y suficiente en dos Estados miembros, con el fin de conseguir una mayor igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que respecta al empleo y la remuneración en virtud del principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo igual, un principio que fue consagrado en el Tratado desde el mismo momento de la fundación de la CEE;

16.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por la aplicación del principio de no discriminación e igualdad en el mercado laboral y en el acceso al empleo y, en particular, que adopten medidas de protección social para garantizar que los salarios y los derechos sociales, incluidas las pensiones, de las mujeres estén en consonancia con el principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor; pide a los Estados miembros que establezcan medidas adecuadas para poner fin a las violaciones del principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo o por un trabajo de igual valor entre hombres y mujeres;

17.  Insta a los Estados miembros, los empresarios y los sindicatos a que elaboren y apliquen instrumentos de evaluación del empleo específicos y útiles que permitan definir los trabajos de igual valor, garantizando la igualdad salarial entre mujeres y hombres y, por consiguiente, la igualdad de las pensiones que percibirán en el futuro; alienta a las empresas a llevar a cabo auditorías anuales sobre la igualdad de remuneración, a publicar los datos correspondientes con la máxima transparencia y a reducir la brecha de género en los salarios;

18.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aborden la cuestión de la segregación horizontal y vertical en el mercado laboral suprimiendo las desigualdades y la discriminación de género en el empleo y fomentando, en particular mediante la educación y la promoción de los estudios entre las chicas y las mujeres, que estas últimas opten por profesiones y carreras en los sectores innovadores con potencial de crecimiento, dominados actualmente por los hombres debido a la persistencia de los estereotipos;

19.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan a las mujeres mayores incentivos para trabajar durante más tiempo y con interrupciones más breves, con el fin de aumentar su independencia económica actual y futura;

20.  Reitera, en vista del traspaso cada vez mayor de la responsabilidad de los sistemas de pensiones a planes de financiación personal, la importancia que reviste garantizar que el acceso a los servicios financieros incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2004/113/CE no sea discriminatorio y se base en criterios actuariales fundamentados en la igualdad de trato («unisex»); señala que la aplicación de la norma «unisex» contribuirá a reducir la brecha de género en las pensiones; pide a los Estados miembros y a la Comisión que aumenten la transparencia, promuevan el acceso a la información y velen por la seguridad en favor de los miembros y los beneficiarios de los planes de pensiones de empleo, teniendo en cuenta los principios de la Unión de no discriminación e igualdad de género;

21.  Destaca que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dejado claro que los sistemas de pensiones profesionales deben considerarse una forma de retribución y, por tanto, el principio de igualdad de trato también se aplica a dichos sistemas;

22.  Pide a los Estados miembros que dediquen una atención particular a las mujeres , que en muchos casos no han adquirido derechos de pensión y carecen por tanto de independencia económica, especialmente en caso de divorcio;

Reducción de las desigualdades de género en la carrera profesional

23.  Celebra que la Comisión atendiera a su llamamiento en favor de una mejora de la conciliación entre la vida profesional y la privada mediante propuestas no legislativas y una propuesta legislativa que establece varios tipos de permisos, con vistas a responder a los desafíos del siglo XXI; resalta que las propuestas planteadas por la Comisión son una buena base para satisfacer las expectativas de los ciudadanos europeos; insta a todas las instituciones a que cumplan este paquete lo antes posible;

24.  Pide a los Estados miembros que cumplan y velen por el cumplimiento efectivo de la legislación relativa a los derechos de maternidad, de modo que las mujeres no resulten perjudicadas en materia de pensiones por el hecho de haber sido madres durante su vida laboral;

25.  Pide a los Estados miembros que consideren la posibilidad de que los trabajadores negocien acuerdos voluntarios de trabajo flexible —incluidas las modalidades de «trabajo inteligente»—, en consonancia con las prácticas nacionales y con independencia de la edad de los hijos o la situación familiar, de forma que las mujeres y los hombres consigan conciliar mejor la vida profesional y la vida familiar y no se vean obligados a dar preferencia a una sobre la otra cuando asuman responsabilidades de prestación de cuidados;

26.  Toma nota de la propuesta de la Comisión relativa a las bajas de los cuidadores en la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y recuerda su llamamiento en favor de una remuneración y una protección social adecuadas; alienta a los Estados miembros que, basándose en los intercambios de mejores prácticas, introduzcan —en beneficio tanto de las mujeres como de los hombres— «créditos por cuidados» que compensen las interrupciones en la carrera profesional para prestar cuidados informales a miembros de la familia y los períodos de cuidados formales como los permisos de maternidad, los permisos de paternidad y los permisos parentales, de forma que se valoren equitativamente en el cómputo de los derechos de pensión; considera que estos créditos deberían concederse durante un breve período determinado, con el fin de no consolidar los estereotipos y las desigualdades;

27.  Pide a los Estados miembros que elaboren estrategias dirigidas a reconocer la importancia de la prestación de cuidados informales a los miembros de la familia y otras personas dependientes, al tiempo que señala la necesidad de un reparto equitativo de estas tareas entre mujeres y hombres, en la medida en que la falta de equidad en dicho reparto es una causa potencial de las interrupciones en la carrera profesional y de la precariedad laboral de las mujeres, lo cual redunda a su vez en perjuicio de sus derechos de pensión; destaca, en este mismo contexto, la importancia que revisten los incentivos para que los hombres hagan un uso efectivo de los permisos parentales y de paternidad;

28.  Pide a los Estados miembros que, una vez finalizado el permiso de maternidad o parental, los trabajadores puedan volver a disfrutar de condiciones laborales comparables a las anteriores;

29.  Señala que solo podrá conseguirse un equilibrio adecuado entre la vida profesional y la vida familiar si existen estructuras locales de alta calidad, asequibles y accesibles para la prestación de cuidados a los niños, los ancianos y los miembros de la familia dependientes, y si se alienta el reparto equitativo de las responsabilidades, los costes y la prestación de los cuidados; pide a los Estados miembros que aumenten las inversiones en servicios destinados a los niños, al tiempo que destaca la necesidad de disponer de estructuras de acogida infantil en todas las zonas rurales e insta a la Comisión a que preste apoyo a los Estados miembros en este ámbito, en particular mediante la financiación por parte de la Unión del establecimiento de dichas estructuras de forma que se garantice la accesibilidad para todos; insta a los Estados miembros a que cumplan cuanto antes los objetivos de Barcelona, y en cualquier caso en 2020 como más tarde, así como a que definan objetivos similares para la prestación de servicios de cuidados a largo plazo, ofreciendo al mismo tiempo la libertad de elegir a las familias que prefieren un modelo distinto de crianza de los hijos; felicita a los Estados miembros que ya han alcanzado ambos objetivos;

Impacto de los sistemas de pensiones en la brecha en estas

30.  Solicita a los Estados miembros que evalúen, basándose en datos fiables y comparables, el impacto de sus respectivos sistemas de pensiones en la brecha de género en las pensiones, así como los factores subyacentes, con el fin de combatir la discriminación y conferir una mayor transparencia a los sistemas de pensiones de los Estados miembros;

31.  Destaca que la sostenibilidad de los sistemas de pensiones exige que se tengan en cuenta los desafíos que plantean los cambios demográficos, el envejecimiento de la población, la evolución de la tasa de natalidad y la relación entre las personas económicamente activas y las que se encuentran en edad de jubilación; recuerda que la situación de estas últimas depende en gran medida del número de años trabajados y cotizados;

32.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, a fin de garantizar la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social a la luz del incremento de la esperanza de vida en la Unión, introduzcan con carácter de urgencia los cambios estructurales necesarios en los sistemas de pensiones;

33.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que profundicen en el estudio de las eventuales repercusiones en la brecha de género en las pensiones de la evolución de los sistemas públicos de pensiones hacia mecanismos más flexibles de cotización en los sistemas privados y profesionales, tanto en lo que se refiere al cálculo del tiempo de cotización al sistema de pensiones como a la retirada progresiva del mercado laboral;

34.  Llama la atención sobre los riesgos para la igualdad de género que acompañan a la transición de las pensiones de la seguridad social hacia pensiones financiadas personalmente, puesto que los planes personales de pensiones se basan en las contribuciones individuales y no compensan los periodos dedicados al cuidado de los niños u otros familiares a cargo ni los periodos de desempleo, baja por enfermedad o discapacidad; señala que las reformas de los sistemas de pensiones que vinculan las prestaciones sociales con el crecimiento y con la situación de los mercados laborales y financieros se centran solo en aspectos macroeconómicos y no en el propósito social de las pensiones;

35.  Pide a los Estados miembros que supriman de sus sistemas de pensiones, así como de las reformas que apliquen, aquellos elementos que agraven los desequilibrios en las pensiones (en particular, los desequilibrios de género, como el existente en materia de pensiones) teniendo en cuenta el impacto por motivos de género de toda futura reforma de las pensiones, y que apliquen medidas para eliminar esta discriminación; destaca que cualquier cambio político relativo a las pensiones debe medirse en relación con su impacto en la brecha de género, con un análisis específico que compare los efectos de los cambios propuestos en las mujeres y los hombres, y que este aspecto debe ser un elemento clave en los procesos de planificación, elaboración, aplicación y evaluación de la política pública;

36.  Solicita a la Comisión que favorezca el intercambio de mejores prácticas al objeto de determinar tanto los mecanismos correctores más eficaces como aquellos que puedan abordar los factores que contribuyen a la brecha de género en las pensiones;

37.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan tarifas «unisex» en los planes de pensiones y créditos por cuidados, así como prestaciones derivadas, de tal forma que las mujeres puedan recibir las mismas anualidades de pensión por las mismas contribuciones, incluso si su esperanza de vida es mayor que la de los hombres, y que garanticen que la esperanza de vida de las mujeres no se utilice como un pretexto para la discriminación, muy especialmente en el cómputo de las pensiones;

38.  Pide que se revisen todos los incentivos disponibles en virtud de los sistemas fiscales y de pensiones y su impacto en la brecha de género en materia de pensiones, con especial énfasis en los hogares a cargo de madres solas; pide igualmente la supresión de los incentivos contraproducentes y la individualización de los derechos;

39.  Destaca la importancia de la pensión de supervivencia a la hora de proteger y salvaguardar a muchas mujeres de más edad frente al mayor riesgo de pobreza y exclusión social al que se enfrentan en comparación con los hombres de más edad; solicita a los Estados miembros que reformen, cuando proceda, sus sistemas de pensiones de supervivencia y pensiones de viudedad, con objeto de no penalizar a las mujeres no casadas; pide a los Estados miembros que, con el apoyo de la Comisión, estudien los efectos de los diferentes sistemas que prestan pensiones de supervivencia a la luz de las elevadas tasas de divorcio, la incidencia de la pobreza en las parejas no casadas y la exclusión social de las mujeres de más edad, y que consideren la posibilidad de prever instrumentos jurídicos que garanticen el reparto de los derechos de pensión en caso de divorcio;

40.  Destaca que todas las personas tienen derecho a una pensión pública accesible para todos, al tiempo que recuerda que el artículo 25 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea consagra el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente, y que el artículo 34 de la Carta reconoce el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales que garantizan una protección en casos como la maternidad, la enfermedad, los accidentes laborales, la discapacidad, la dependencia o la vejez, así como en caso de pérdida del empleo; señala la importancia de los sistemas de seguridad social públicos basados en el método de reparto como un elemento importante de un régimen de pensiones digno;

41.  Pide a los Estados miembros que garanticen que tanto los hombres como las mujeres tengan la oportunidad de alcanzar períodos de cotización completos y, de manera similar, que garanticen el derecho de todas las personas a una pensión , con miras a colmar la brecha de género en las pensiones combatiendo la discriminación de género en el empleo, adaptando la educación y la planificación profesional, mejorando el equilibrio entre la vida profesional y la vida familiar y aumentando las inversiones en la prestación de servicios para el cuidado de niños y ancianos; considera que también son importantes la adopción de normas sólidas en materia de salud y seguridad en el trabajo que incluyan los riesgos profesionales asociados al género y los riesgos psicosociales, la inversión en servicios públicos de empleo que puedan orientar a las mujeres de todas las edades en la búsqueda de empleo y la introducción de normas flexibles para la transición hacia la jubilación;

42.  Recuerda que, en su Observación general n.º 16 (2005) sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas definió los requisitos del artículo 3 en relación con el artículo 9 del PIDESC, en particular en el sentido de que la edad de jubilación obligatoria sea la misma para los hombres y las mujeres, de forma que se garantice que las mujeres reciban las mismas prestaciones de los planes de pensiones, tanto públicos como privados;

o
o   o

43.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) 11 de agosto de 2005, E/C.12/2005/4.
(2) 4 de febrero de 2008, E/C.12/GC/19.
(3) XX-3/def/GRC/4/1/EN.
(4) DO L 6 de 10.1.1979, p. 24.
(5) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(6) DO L 373 de 21.12.2004, p. 37.
(7) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
(8) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 9.
(9) DO C 131 E de 8.5.2013, p. 60.
(10) DO C 264 E de 13.9.2013, p. 75.
(11) DO C 36 de 29.1.2016, p. 6.
(12) DO C 316 de 30.8.2016, p. 2.
(13) DO C 407 de 4.11.2016, p. 2.
(14) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0351.
(15) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0338.


Informe de 2016 sobre Serbia
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2017, sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre Serbia (2016/2311(INI))
P8_TA(2017)0261A8-0063/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica, celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003, relativas a las posibilidades de adhesión a la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales,

–  Vista la Decisión 2008/213/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2008, sobre los principios, las prioridades y las condiciones que figuran en la Asociación Europea con Serbia y por la que se deroga la Decisión 2006/56/CE(1),

–  Vistos el dictamen de la Comisión, de 12 de octubre de 2011, sobre la solicitud de adhesión de Serbia a la Unión Europea (SEC(2011)1208), la decisión del Consejo Europeo de 2 de marzo de 2012 de conceder a Serbia el estatuto de país candidato, y la decisión del Consejo Europeo de los días 27 y 28 de junio de 2013 de entablar las negociaciones con Serbia,

–  Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y la República de Serbia, que entró en vigor el 1 de septiembre de 2013,

–  Vistas la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de 22 de julio de 2010, sobre la conformidad con el Derecho internacional de la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo, y la Resolución 64/298 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de septiembre de 2010, que reconoce el contenido de dicha opinión consultiva y acoge con beneplácito la disposición de la Unión Europea a facilitar el diálogo entre Serbia y Kosovo,

–  Vistas la declaración y las recomendaciones adoptadas en la quinta reunión de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Serbia, celebrada los días 22 y 23 de septiembre de 2016,

–  Visto el informe sobre la política empresarial e industrial adoptado el 7 de octubre de 2016 por el Comité Consultivo Mixto de la sociedad civil UE-Serbia,

–  Visto el informe final sobre la misión de observación electoral limitada de la OSCE/OIDDH sobre las elecciones legislativas anticipadas celebradas en Serbia el 29 de julio de 2016,

–  Visto el Informe de 2016 de la Comisión sobre Serbia (SWD(2016)0361), de 9 de noviembre de 2016,

–  Vista la evaluación de la Comisión sobre el programa de reforma económica de Serbia (2016-2018) (SWD(2016)0137),

–  Vistas las conclusiones conjuntas del diálogo económico y financiero entre la Unión y los Balcanes Occidentales y Turquía de 26 de mayo de 2016 (9500/2016),

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia de 13 de diciembre de 2016,

–  Vista la tercera reunión del Consejo de Estabilización y Asociación UE-Serbia celebrada el 13 de diciembre de 2016,

–  Vista su Resolución, de 4 de febrero de 2016, sobre el Informe de 2015 sobre Serbia(2),

–  Visto el artículo 52 del Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0063/2017),

A.  Considerando que Serbia, como todos los países que aspiran a adherirse a la UE, ha de ser juzgada por sus propios méritos en lo que se refiere a cumplimiento, aplicación y conformidad respecto al mismo conjunto de criterios, y que la calidad de las reformas necesarias, así como la dedicación prestada a estas, determina el calendario de adhesión;

B.  Considerando que los avances de Serbia en los capítulos 23 y 24, relativos al Estado de Derecho, así como en el proceso de normalización de las relaciones con Kosovo, contemplado en el capítulo 35, siguen siendo fundamentales para mantener el ritmo global del proceso de negociación, de acuerdo con el marco de negociación;

C.  Considerando que Serbia ha dado pasos importantes hacia la normalización de las relaciones con Kosovo que se han traducido en el Primer acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones, de 19 de abril de 2013, y en los acuerdos de agosto de 2015, aunque queda mucho por hacer a este respecto; que urge adoptar más medidas para abordar todas las cuestiones pendientes entre ambos países, y, haciendo progresos al respecto, resolverlas;

D.  Considerando que Serbia ha mantenido su compromiso de crear una economía de mercado viable y ha seguido aplicando el AEA;

E.  Considerando que es necesario garantizar plenamente la aplicación del marco jurídico relativo a la protección de las minorías, en especial en los ámbitos de la educación, el uso de la lengua, el acceso a medios de comunicación y servicios religiosos en la lengua minoritaria y la representación política adecuada de las minorías nacionales a nivel local, regional y nacional;

1.  Se felicita del inicio de las negociaciones sobre los capítulos 23 (Poder judicial y derechos fundamentales) y 24 (Justicia, libertad y seguridad), principales capítulos de la estrategia de la Unión con respecto a una ampliación basada en el Estado de Derecho, dado que los avances en estos capítulos siguen siendo fundamentales para mantener el ritmo global del proceso de negociación; se felicita de la apertura de los capítulos 32 (Control financiero) y 35 (Otros asuntos), del inicio de las negociaciones sobre el capítulo 5 (Contratación pública) y de la apertura y el cierre provisional del capítulo 25 (Ciencia e investigación), de la apertura de negociaciones sobre el capítulo 20 (Política empresarial e industrial) y de la apertura y el cierre provisional del capítulo 26 (Educación y cultura) ; aguarda con interés la apertura de más capítulos que ya están preparados desde el punto de vista técnico;

2.  Acoge con satisfacción el compromiso continuo de Serbia con la integración en la Unión y su enfoque constructivo y bien preparado de las negociaciones, que es un signo claro de determinación y voluntad política; pide a Serbia que siga promoviendo activamente y comunicando esta decisión estratégica al pueblo serbio, promoviendo también una mayor información de los ciudadanos serbios sobre los fondos del presupuesto de la Unión destinados a Serbia; pide a las autoridades serbias que se abstengan de recurrir a una retórica y unos mensajes dirigidos a la opinión pública contrarios a la Unión; Subraya la necesidad de debates constructivos, transparentes y documentados en torno a la Unión, sus instituciones y lo que entraña ser un Estado miembro; toma nota de la mejora en el diálogo y las consultas públicas con las partes interesadas pertinentes y la sociedad civil, así como de su compromiso con el proceso de integración en Europa;

3.  Subraya que la aplicación rigurosa de las reformas y las políticas sigue siendo un indicador clave del éxito del proceso de integración; se felicita de la adopción de la versión revisada del programa nacional para la adopción del acervo (PNAA); pide a Serbia que mejore la planificación, la coordinación y el seguimiento de la aplicación de la nueva legislación y las nuevas políticas, estableciendo una capacidad administrativa adecuada y eficiente, y que redoble los esfuerzos para garantizar la inclusión sistemática de la sociedad civil en el diálogo político, también en el proceso de adhesión, como un instrumento para mejorar los requisitos de gobernanza democrática; acoge con satisfacción las continuas iniciativas de la Oficina Gubernamental para la Cooperación con la Sociedad Civil con miras a mejorar la cooperación entre el Estado y el sector civil;

4.  Observa demoras en la absorción de la ayuda a la preadhesión, debida en parte a la inadecuación del marco institucional; anima a las autoridades a que busquen ejemplos positivos y buenas prácticas en los Estados miembros; subraya la necesidad de establecer un sistema institucional general efectivo a escala nacional, regional y local para la absorción del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) y otros fondos disponibles;

5.  Celebra los progresos realizados por Serbia en el desarrollo de una economía de mercado eficaz y la mejora de la situación económica general del país; destaca que Serbia ha realizado importante avances en la resolución de algunas de sus deficiencias políticas, en particular en el caso del déficit presupuestario, que es en la actualidad inferior al límite establecido en los criterios de Maastricht; destaca que han mejorado las perspectivas de crecimiento y se han reducido los desequilibrios nacionales y externos; acoge con satisfacción los progresos realizados en la reestructuración de las empresas de propiedad estatal, en particular en el ámbito de la energía y el transporte por ferrocarril, y subraya la importancia de que sean gestionadas con profesionalidad, de modo que ganen en eficacia, competitividad y rentabilidad; subraya la relevancia del empleo del sector público en Serbia y la importancia de respetar los derechos de los trabajadores;

6.  Toma nota de los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 2 de abril de 2017; condena enérgicamente la retórica utilizada durante la campaña presidencial por cargos gubernamentales y medios de comunicación favorables al Gobierno contra los demás candidatos presidenciales; lamenta el acceso desigual de los candidatos a los medios de comunicación durante la campaña electoral y la suspensión de las actividades del Parlamento durante esta, lo que privó a los políticos de la oposición de un foro público; pide a las autoridades que investiguen adecuadamente las denuncias de distintos tipos de irregularidades, violencia e intimidación durante las elecciones; toma nota de las protestas que tuvieron lugar en ese momento en distintas ciudades serbias, y alienta a las autoridades a que tengan en cuenta sus demandas, en consonancia con las normas democráticas y el espíritu de la democracia;

7.  Subraya el papel primordial desempeñado por las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la economía serbia y pide a Serbia que siga mejorando el entorno empresarial del sector privado; pide al Gobierno serbio y a las instituciones de la Unión que amplíen las posibilidades de financiación que ofrecen para las pymes, en particular en el ámbito de las tecnologías de la información y la economía digital; alaba la labor de Serbia en relación con la educación dual y profesional al objeto de luchar contra el desempleo juvenil y subraya la importancia de organizar una formación mejor adaptada a las necesidades del mercado laboral; anima a Serbia a que fomente el emprendimiento, en particular entre los jóvenes; señala las desfavorables tendencias demográficas y el fenómeno de fuga de cerebros, y pide a Serbia que introduzca programas nacionales de promoción del empleo juvenil;

8.  Acoge con satisfacción la celebración de elecciones legislativas el 24 de abril de 2016, que los observadores internacionales evaluaron de manera positiva; pide a las autoridades que apliquen en su totalidad las recomendaciones de la misión de observación electoral de la OSCE/OIDDH, en particular las relativas a una cobertura de los medios tendenciosa, ventajas indebidas para los candidatos que ocupaban cargos, una distinción poco clara entre actividades del Estado y del partido, el proceso de inscripción y la falta de transparencia de la financiación de los partidos políticos y de la campaña electoral; hace hincapié en que la financiación de los partidos políticos ha de respetar las normas internacionales más estrictas; pide a las autoridades que investiguen de manera apropiada las denuncias de irregularidades y de intimidación que se registraron durante el proceso electoral; Pide a Serbia que garantice la celebración de elecciones justas y libres en abril de 2017;

9.  Toma nota de que el primer ministro Aleksandar Vučić obtuvo el 55,08 % de los votos en las elecciones presidenciales del 2 de abril de 2017; subraya que una delegación pluripartidista de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) observó las elecciones y que la OSCE/OIDDH envió una misión de evaluación electoral;

10.  Reitera su petición a Serbia, en consonancia con los requisitos que le impone su condición de Estado candidato, para que adapte progresivamente su política exterior y de seguridad a la de la Unión, incluida su política sobre Rusia; considera lamentable la realización de ejercicios militares conjuntos de Serbia y Rusia; manifiesta su preocupación por la presencia de instalaciones aéreas rusas en Niš; lamenta, en este sentido, que en diciembre de 2016 Serbia estuviera entre los veintiséis países que no apoyaron la Resolución de las Naciones Unidas sobre Crimea en la que se pedía una misión internacional de observación de la situación de los derechos humanos en la península; se felicita de la importante contribución de Serbia a varias misiones y operaciones de la Unión en materia de PCSD (EUTM Mali, EUTM Somalia, EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), así como de su continua participación en las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz; anima encarecidamente a Serbia en lo tocante a la negociación de la adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y expresa su decidido apoyo en este sentido;

11.  Elogia el enfoque constructivo y humanitario de Serbia con respecto a la gestión de la crisis migratoria; pide a Serbia que aplique este enfoque constructivo también con los países vecinos; valora positivamente el hecho de que Serbia haya realizado esfuerzos considerables para garantizar que los ciudadanos de terceros países reciban refugio y ayuda humanitaria con el apoyo internacional y de la Unión; subraya que Serbia debe adoptar y aplicar la nueva legislación sobre el derecho de asilo; pide a las autoridades serbias que sigan suministrando a todos los refugiados y migrantes servicios básicos como alojamiento, alimentos, saneamiento y asistencia sanitaria adecuados; pide a la Comisión y al Consejo que sigan prestando un apoyo continuo a Serbia para que haga frente a los retos que plantea la migración y que sigan de cerca la aplicación de las ayudas financieras para la organización y gestión de los flujos de migrantes; alienta a Serbia a que mantenga la tendencia a la baja en el número de solicitantes de asilo que llegan a la Unión procedentes de este país; pide a Serbia que respete plenamente los derechos de los solicitantes de asilo en Serbia y garantice la identificación y protección de los menores no acompañados y separados de sus familias; pide a la Comisión que siga trabajando en cuestiones ligadas a la migración con todos los países de los Balcanes Occidentales, a fin de garantizar el respeto de los requisitos y normas europeos e internacionales;

Estado de Derecho

12.  Observa que, si bien se han realizado algunos avances en el ámbito del poder judicial, en particular mediante la adopción de medidas para armonizar la jurisprudencia y fomentando aún más un sistema de contratación basado en los méritos, la independencia del poder judicial no está garantizada en la práctica, lo que impide a jueces y fiscales aplicar la legislación aprobada; pide a las autoridades que adecuen el marco jurídico a las normas europeas para reducir la influencia política en la contratación y el nombramiento de jueces y fiscales; destaca que la calidad y la eficiencia del poder judicial y el acceso a la justicia se siguen viendo limitados por una distribución desigual de la carga de trabajo, una importante acumulación de asuntos pendientes y la inexistencia de un sistema de asistencia jurídica gratuita, que es necesario establecer; pide que se apliquen las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

13.  Manifiesta su preocupación por la falta de progresos en la lucha contra la corrupción, e insta a Serbia a que dé muestras de voluntad política y compromiso claros para atajar este problema, en particular reforzando y aplicando en su totalidad el marco jurídico; pide a Serbia que intensifique la aplicación de la estrategia y el plan de acción nacionales de lucha contra la corrupción, y solicita la elaboración de un primer registro de investigaciones, enjuiciamientos y condenas por corrupción de alto nivel; acoge con satisfacción los avances en la finalización del proyecto de ley sobre la Agencia de Lucha contra la Corrupción y la realización de las actividades sobre prevención y lucha contra la corrupción previstas a través del programa de hermanamiento de la Unión, de reciente creación; insta a Serbia a que modifique y aplique la sección del Código Penal sobre delitos económicos y de corrupción con el fin de garantizar un marco penal creíble y previsible; expresa su preocupación por las repetidas filtraciones a medios de comunicación relativas a investigaciones en curso; pide a las autoridades serbias que lleven a cabo una investigación seria sobre los múltiples casos destacados en los que han sido presentadas por periodistas pruebas de presuntas irregularidades; reitera una vez más su petición de una reforma adecuada en cuanto al delito de abuso de poder y abuso de posición responsable, para evitar posibles abusos o interpretaciones arbitrarias; subraya que el recurso excesivo a la disposición sobre abuso de poder en el sector privado resulta perjudicial para el clima empresarial y obstaculiza la seguridad jurídica; pide a Serbia que garantice la neutralidad y la continuidad de la administración pública;

14.  Acoge con satisfacción el activo papel desempeñado por Serbia en la cooperación policial y judicial a escala internacional y regional, los progresos realizados en la lucha contra la delincuencia organizada y la aprobación por Serbia de la primera evaluación nacional de la amenaza que representa la delincuencia grave y organizada (SOCTA); pide a Serbia que redoble sus esfuerzos para investigar las redes delictivas más amplias, mejore las investigaciones financieras y las funciones policiales basadas en la inteligencia, y desarrolle un registro sólido de condenas firmes; insta a Serbia a que aplique en su totalidad la ley de febrero de 2016 relativa a la policía, se adapte a las normas de la Unión sobre la confiscación de los bienes que sean fruto de delitos y establezca una plataforma segura para intercambiar información entre cuerpos y fuerzas de seguridad; acoge con satisfacción las recientes modificaciones de la legislación relativa a la propiedad pública y destaca que debe garantizarse su aplicación transparente y no discriminatoria y que deben adoptarse medidas adicionales en aras del pleno establecimiento de la claridad jurídica en cuanto a los derechos de propiedad; pide que se realicen esfuerzos adicionales para tratar la cuestión del alcance, la aplicación y las implicaciones de la Ley de organización y competencias de las autoridades estatales en los procedimientos por crímenes de guerra; pide a las autoridades que aborden los múltiples casos de uso excesivo de la fuerza por la policía contra ciudadanos; toma nota con preocupación de los actos controvertidos que se produjeron en el barrio de Savamala, en Belgrado, en particular en relación con la demolición de bienes privados; expresa su preocupación por el hecho de que haya transcurrido un año completo sin que se hayan registrado avances en la investigación, y pide su rápida resolución y la plena colaboración con las autoridades judiciales en las investigaciones para enjuiciar a los responsables; pide al ministro serbio del Interior y a las autoridades municipales de Belgrado que cooperen plenamente con el fiscal en relación con este asunto; pide a las autoridades que se abstengan de acusar, presionar y atacar a miembros de la iniciativa cívica «No ahoguemos Belgrado»;

15.  Acoge con satisfacción el papel activo de Serbia en la lucha contra el terrorismo y recuerda que Serbia ya tipificó como delito en 2014 las actividades de los combatientes extranjeros, conforme a la Resolución 2178 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; insta a que se adopte la estrategia nacional para evitar y luchar contra el terrorismo, finalizada en marzo de 2016; pide a Serbia que aplique plenamente las recomendaciones formuladas por el Comité de expertos del Consejo de Europa para la evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (Moneyval), y en particular las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la lucha contra la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales; acoge con satisfacción la cooperación internacional y regional que sigue manteniendo Serbia en la lucha contra la droga, si bien hace hincapié en que se necesitan esfuerzos adicionales para poner al descubierto y perseguir las redes delictivas implicadas en la trata de seres humanos; considera que, con vistas a abordar la corrupción y la delincuencia organizada, resulta fundamental elaborar una estrategia regional y reforzar la cooperación en la región;

Democracia

16.  Acoge con satisfacción las medidas adoptadas para mejorar la transparencia y el proceso de consulta en el Parlamento, incluidas las audiencias públicas y las reuniones y consultas regulares con la Convención Nacional sobre la Integración Europea, en particular al ser parte importante del procedimiento de negociación; reitera su preocupación por el uso generalizado de procedimientos de urgencia para la adopción de legislación; destaca que el uso frecuente de procedimientos de urgencia y de modificaciones de última hora del orden del día del Parlamento socava la eficiencia parlamentaria, la calidad y la transparencia del procedimiento legislativo y no siempre permite un número suficiente de partes interesadas y una amplia consulta pública; subraya la necesidad de intensificar la supervisión del ejecutivo por el Parlamento; pide una mejor coordinación a todos los niveles y la adopción inmediata del Código de Conducta del Parlamento; lamenta que, debido a ciertas perturbaciones, el jefe de la Delegación de la Unión en Serbia no pudiera presentar el informe de la Comisión en la Comisión de Integración Europea del Parlamento serbio; subraya que el jefe de la Delegación de la Unión debe ser capaz de presentar su informe sin obstáculos indebidos, y que esto también permitirá una supervisión adecuada del proceso de adhesión por el Parlamento serbio;

17.  Señala la necesidad de revisar la Constitución con el fin de plasmar en ella plenamente las recomendaciones de la Comisión de Venecia, en particular con respecto al cometido del Parlamento en los nombramientos judiciales, el control ejercido por los partidos políticos sobre el mandato de los diputados al Parlamento, la independencia de las principales instituciones, y la protección de los derechos fundamentales;

18.  Acoge favorablemente la adopción del programa de reforma de la gestión de las finanzas públicas, de la estrategia de administración electrónica, de una estrategia sobre la reforma reglamentaria y la elaboración de políticas, así como de nuevas leyes sobre los procedimientos administrativos generales, los salarios del sector público y los funcionarios públicos a nivel provincial y local; observa que la ejecución del plan de acción de reforma de la administración pública ha sido lento en algunas áreas y que no se ha progresado en la modificación del marco jurídico aplicable a los funcionarios de la administración central; subraya que es necesario un mayor esfuerzo para seguir profesionalizando y despolitizando la administración y lograr que los procedimientos de contratación y despido sean más transparentes;

19.  Reitera la importancia que revisten los organismos reguladores independientes, incluido el Defensor del Pueblo, el Comisionado de Información de Importancia Pública y Protección de Datos Personales, la Entidad Fiscalizadora Superior, la Agencia de Lucha contra la Corrupción y el Consejo Anticorrupción para garantizar la supervisión y la rendición de cuentas del ejecutivo; destaca la necesidad de que las instituciones del Estado sean transparentes y rindan cuentas; pide a las autoridades que protejan plenamente la independencia de estos organismos reguladores, que presten todo su apoyo político y administrativo y que se aseguren de que se da el seguimiento adecuado a sus recomendaciones; pide a las autoridades que se abstengan de dirigir acusaciones y ataques políticos injustificados al Defensor del Pueblo;

20.  Subraya la necesidad de garantizar un sistema educativo accesible con un plan de estudios completo y equilibrado en el que tengan cabida la importancia de los derechos humanos y de la lucha contra la discriminación, de garantizar oportunidades laborales y de formación para los jóvenes y de fomentar programas de estudio europeos, como el programa Erasmus;

Derechos humanos

21.  Destaca que existe un marco legislativo e institucional para el respeto del Derecho internacional en materia de derechos humanos; insiste en que ese marco debe aplicarse de forma coherente en todo el país; observa que es necesario hacer continuos esfuerzos adicionales para mejorar la situación de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, incluidos la población romaní, las personas con discapacidad, las personas con VIH/sida, las personas LGBTI, los migrantes y solicitantes de asilo y las minorías étnicas; subraya la necesidad de que las autoridades serbias, todos los partidos políticos y las figuras públicas propicien un clima de tolerancia e inclusión en Serbia; pide a las autoridades que garanticen la correcta aplicación de la legislación adoptada para luchar contra la discriminación, especialmente la relativa a los delitos motivados por prejuicios; expresa su preocupación por la ley sobre los derechos de las víctimas civiles de la guerra, que excluye a algunos grupos de víctimas de violencia durante los conflictos, y pide a las autoridades que la revisen;

22.  Reitera su preocupación por el hecho de que no se haya progresado en la mejora de la situación de la libertad de expresión y de la autocensura de los medios de comunicación, fenómeno que se está agravando; destaca que la injerencia política, las amenazas, la violencia y la intimidación de que son víctimas los periodistas, y que incluyen ataques físicos, amenazas verbales y por escrito y delitos contra la propiedad, siguen siendo un asunto preocupante; pide a las autoridades que condenen de manera pública e inequívoca todos los ataques, proporcionen los recursos adecuados para investigar más activamente todos los casos de ataques contra periodistas y medios de comunicación y enjuicien rápidamente a los culpables; muestra su preocupación por el número desproporcionado de procesos por difamación abiertos contra medios de comunicación y periodistas y por el posible impacto sobre la libertad de los medios de comunicación de las decisiones del poder judicial en relación con la difamación; expresa su preocupación por la campaña negativa emprendida contra periodistas de investigación que informan sobre la corrupción, y pide a las autoridades gubernamentales que se abstengan de participar en este tipo de campañas; solicita la plena aplicación de las leyes sobre los medios de comunicación; acoge con satisfacción la firma del acuerdo sobre cooperación y protección de los periodistas celebrado entre fiscales, policía, periodistas y asociaciones de medios de comunicación, y espera con sumo interés su puesta en práctica; subraya la necesidad de absoluta transparencia por lo que respecta a la propiedad y la financiación de los medios de comunicación; anima al Gobierno a que garantice la independencia y la sostenibilidad financiera de las dos organizaciones de medios públicos de comunicación y la viabilidad financiera de los contenidos mediáticos en las lenguas de las minorías, y que refuerce el papel de la radiodifusión pública en este sentido;

23.  Muestra su preocupación por que en 2015 se adoptara la Ley sobre la Publicidad sin una consulta pública adecuada, y que en ella se derogaran disposiciones importantes, como las relacionadas con la prohibición de la publicidad de las autoridades públicas y de la publicidad política fuera de las campañas electorales;

24.  Lamenta el requisito que obliga las organizaciones de la sociedad civil a asociarse con el Estado para que sus solicitudes de fondos del IPA puedan prosperar;

25.  Condena las campañas negativas contra las organizaciones de la sociedad civil llevadas a cabo por el Gobierno y los medios gubernamentales; le preocupa que el Gobierno pueda crear organizaciones de la sociedad civil ficticias que se opongan a las organizaciones de la sociedad civil independientes; considera inaceptable que, para poder optar con éxito a los fondos del IPA, las organizaciones de la sociedad civil tengan que asociarse con el Gobierno;

Respeto y protección de las minorías

26.  Reitera que la promoción y protección de los derechos humanos, incluidos los de las minorías nacionales, es un requisito indispensable para entrar en la Unión; celebra la adopción de un plan de acción para la concretización de los derechos de las minorías nacionales, así como la adopción de un decreto relativo a la creación de un fondo para las minorías nacionales que ahora necesita estar operativo; pide que se aplique plenamente el plan de acción de forma global y transparente y con el compromiso constructivo de todas las partes; reitera su llamamiento a Serbia para que garantice la aplicación coherente de la legislación relativa a la protección de las minorías y preste especial atención al trato no discriminatorio de las minorías nacionales en todo el país, en particular en relación con la educación, el uso de las lenguas, la representación adecuado en el poder judicial, la administración pública, el Parlamento nacional y los órganos regionales y locales, y el acceso a los medios de comunicación y los servicios religiosos en las lenguas minoritarias; celebra la adopción de nuevos estándares educativos para la enseñanza del serbio como lengua no materna y los progresos en la traducción de manuales escolares a lenguas minoritarias, y anima a las autoridades serbias a garantizar la sostenibilidad de estos procesos; pide a Serbia que aplique en su totalidad todos los tratados internacionales que guardan relación con los derechos de las minorías;

27.  Observa que la diversidad pluriétnica, multicultural y pluriconfesional de Voivodina también contribuye a la identidad de Serbia; subraya que Voivodina ha mantenido un alto nivel de protección de las minorías y que la situación interétnica sigue siendo satisfactoria; destaca que no debe debilitarse la autonomía de Voivodina y que es necesario aprobar sin demora la ley sobre los recursos de esta región, tal como prescribe la Constitución; celebra que la ciudad serbia de Novi Sad haya sido la primera ciudad de los países candidatos en ser elegida capital europea de la cultura para 2021;

28.  Observa la aprobación de la nueva estrategia 2016-2025 para la integración social de la población romaní, que abarca la educación, la sanidad, la vivienda, el empleo, la protección social, la lucha contra la discriminación y la igualdad de género; pide que se aplique inmediata y plenamente la nueva estrategia para la integración de la población romaní, pues se trata del grupo más débil, marginalizado y discriminado en Serbia, que se apruebe urgentemente el plan de acción y que se cree un organismo para coordinar la aplicación del plan de acción; condena la demolición de asentamientos romaníes ilegales por las autoridades sin notificación y sin ofrecer un alojamiento alternativo; Manifiesta su enorme preocupación por el hecho de que no se expidan documentos de identidad a las personas de etnia romaní, lo que atenta contra sus derechos fundamentales; considera que todo lo anteriormente mencionado explica el gran número de miembros de la población romaní de Serbia que solicitan asilo en la UE;

Cooperación regional y buenas relaciones de vecindad

29.  Celebra que Serbia siga adoptando un enfoque constructivo de cara a las relaciones bilaterales con otros países candidatos y vecinos de los Estados miembros de la Unión; anima a Serbia a que refuerce su diálogo proactivo y positivo con sus vecinos y la región en conjunto, promueva buenas relaciones de vecindad e intensifique los esfuerzos con los países vecinos para resolver los problemas bilaterales de conformidad con la legislación internacional; insta una vez más a las autoridades a que faciliten el acceso a aquellos los referentes a las antiguas repúblicas de Yugoslavia; pide a Serbia que aplique plenamente acuerdos bilaterales con los países vecinos; destaca que los litigios bilaterales pendientes no deberían repercutir negativamente en el proceso de adhesión; anima a Serbia a que mejore la cooperación con los Estados miembros de la UE vecinos, en particular en las regiones fronterizas, para facilitar el desarrollo económico;

30.  Toma nota con satisfacción de que Serbia ha mostrado un compromiso cada vez más constructivo en las iniciativas de cooperación regional, como la Estrategia del Danubio, el Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental, el Consejo de Cooperación Regional, el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio, la Iniciativa Adriático-Jónica, el Proceso de Brdo-Brijuni, la Iniciativa de los Seis Balcanes Occidentales y su agenda de conectividad, y el Proceso de Berlín; celebra la reunión celebrada entre los primeros ministros búlgaro, rumano y serbio sobre cooperación en materia de infraestructuras de transporte y energía, y apoya la idea de un formato permanente de las reuniones del Grupo de Craiova; destaca la importancia de la Oficina Regional de Cooperación Juvenil de los Balcanes Occidentales para promover la reconciliación; pide a Serbia que aplique las medidas de reforma en materia de conectividad que conllevan la agenda de conectividad y las conclusiones de la Conferencia de París sobre los Balcanes Occidentales de 2016 y el Reglamento RTE-T; alaba el papel que ha desempeñado la Cámara de Comercio e Industria de Serbia en la promoción de la cooperación regional al contribuir al establecimiento del Foro de Inversión de las Cámaras de Comercio de los Balcanes Occidentales;

31.  Celebra la adopción de una estrategia nacional para la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes de guerra; pide a Serbia que fomente un clima de respeto y tolerancia y condene todas las formas de incitación al odio, de aprobación pública y negación del genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra; toma nota de que el mandato del anterior fiscal para los crímenes de guerra expiró en diciembre de 2015; subraya que el nombramiento de su sucesor es un asunto muy preocupante; pide que se aplique esta estrategia nacional y se adopte una estrategia operativa de enjuiciamiento conforme a normas internacionales y principios y normas de Derecho internacional reconocidos generalmente; pide que se refuerce la cooperación regional en el tratamiento de los crímenes de guerra y la resolución de todas las cuestiones pendientes a este respecto, en particular a través de la cooperación entre las fiscalías de la región encargadas de los crímenes de guerra sobre cuestiones de interés común; pide una plena cooperación con el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia (TPIY), que sigue siendo esencial; pide que los crímenes de guerra se traten sin discriminaciones, haciendo frente a la impunidad y garantizando la rendición de cuentas; insta a las autoridades a que sigan trabajando para averiguar qué ha sucedido con las personas desaparecidas, localizando fosas comunes y protegiendo los derechos de las víctimas y de sus familias; reitera su apoyo a la iniciativa de establecer una comisión regional para determinar los hechos relativos a crímenes de guerra y otras violaciones graves de los derechos humanos cometidas en la antigua Yugoslavia, e insta al Gobierno serbio a que asuma el liderazgo en cuanto a su establecimiento;

32.  Expresa su preocupación ante la participación de varios altos cargos serbios en las celebraciones del Día de la Republika Srpska el 9 de enero de 2017, que tuvieron lugar en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional de Bosnia y Herzegovina; destaca que Serbia, como país candidato, y Bosnia y Herzegovina, como país candidato potencial, deben defender y promover el Estado de Derecho con sus acciones; pide a las autoridades serbias que apoyen las reformas constitucionales en Bosnia y Herzegovina a fin de reforzar la capacidad del país para funcionar y participar en negociaciones de adhesión;

33.  Alaba la apertura de tres nuevos pasos fronterizos entre Serbia y Rumanía como una evolución positiva, y recomienda que se abran los tres pasos fronterizos con Bulgaria de Salash-Novo Korito, Bankya-Petachinci y Treklyano-Bosilegrad, que sufren retraso;

34.  Felicita a Serbia y Albania por su continuo compromiso en aras de la mejora de las relaciones bilaterales y el refuerzo de la cooperación regional a nivel político y social, por ejemplo a través de la Oficina Regional de Cooperación Juvenil (RYCO), con sede en Tirana; anima a ambos países a que prosigan su buena cooperación con el fin de promover la reconciliación en la región;

35.  Celebra el compromiso continuo de Serbia con el proceso de normalización de las relaciones con Kosovo, así como su compromiso con la aplicación de los acuerdos alcanzados en el diálogo facilitado por la Unión; reitera que los progresos del diálogo deben medirse por su aplicación sobre el terreno; pide a ambas partes, por lo tanto, que avancen en la plena aplicación, de buena fe y de forma oportuna, de todos los acuerdos ya alcanzados y prosigan con determinación el proceso de normalización, incluida la cuestión de la comunidad de municipios serbios; anima a Serbia y a Kosovo a que definan nuevos temas para el diálogo con objeto de mejorar la vida de las personas y de normalizar las relaciones de forma global; pide de nuevo al Servicio Europeo de Acción Exterior que lleve a cabo una evaluación de la actuación de ambas partes en el cumplimiento de sus obligaciones;

36.  Lamenta, no obstante, la decisión de las autoridades serbias de no permitir a la expresidenta de Kosovo, Atifete Jahjaga, asistir al festival «Mirëdita, Dobar Dan» en Belgrado, al que había sido invitada para pronunciar un discurso sobre las víctimas de violencia sexual durante la guerra en Kosovo; lamenta asimismo que, en represalia, las autoridades kosovares prohibieran la entrada del ministro de Trabajo de Serbia, Aleksandar Vulin, en Kosovo; hace hincapié en que tales decisiones constituyen una vulneración del Acuerdo de Bruselas sobre libertad de circulación celebrado por Serbia y Kosovo en el marco del proceso de normalización de las relaciones entre ambos países;

37.  Manifiesta su profunda preocupación por las recientes tensiones entre Serbia y Kosovo en relación con el primer viaje en tren de Belgrado a Mitrovica Norte, en particular por las declaraciones belicistas y la retórica contra la UE; destaca la necesidad de que Belgrado y Pristina se abstengan de toda acción que pueda poner en peligro los progresos registrados hasta ahora en el proceso, y de medidas provocadoras y retóricas contraproducentes que puedan obstaculizar el proceso de normalización;

38.  Acoge con satisfacción el apoyo de las autoridades serbias a Montenegro en su investigación sobre los ataques frustrados planeados para el día de las elecciones celebradas en Montenegro en 2016; observa que las autoridades serbias detuvieron a dos sospechosos tras una orden de detención emitida por Montenegro; anima a las autoridades serbias a que sigan cooperando con Montenegro para disponer la extradición de los sospechosos a Montenegro de acuerdo con los términos del acuerdo bilateral de extradición entre ambos países;

39.  Pide a la Comisión que se esfuerce aún más por apoyar un verdadero proceso de reconciliación en la región, en particular mediante el apoyo a proyectos culturales que traten del pasado reciente y promuevan una comprensión común y compartida de la historia y una cultura pública y política de tolerancia, inclusión y reconciliación;

Energía

40.  Pide a Serbia que aplique plenamente las medidas de reforma en materia de conectividad en el sector de la energía; alienta a Serbia a que desarrolle la competencia en el mercado del gas y a que adopte medidas para mejorar la adaptación al acervo en los ámbitos de la eficiencia energética, las energías renovables y lucha contra el cambio climático, incluida la aprobación de una política climática global; aboga por la ratificación del Acuerdo de París por el Clima; pide que se desarrolle una estrategia hidroeléctrica para el conjunto de los Balcanes Occidentales que sea acorde con la legislación de la UE en materia de medio ambiente, y pide a las autoridades que utilicen los 50 millones de euros de financiación adicional de la Unión para desarrollar el potencial hidroeléctrico de la región; alaba a Serbia por el establecimiento de un sistema de financiación para el medio ambiente a través del Fondo ecológico; destaca que deben desarrollarse las interconexiones de gas y electricidad de Serbia con sus vecinos; anima a Serbia a que acelere la preparación técnica y presupuestaria del interconector de gas entre Bulgaria y Serbia;

41.  Señala que Serbia tiene aún pendiente adoptar oficialmente la estrategia de gestión de aguas y aún no ha revisado la Ley de aguas y el Plan nacional de gestión de la cuenca del Danubio; destaca que estas leyes son de importancia fundamental para continuar la adaptación al acervo de la Unión y para mejorar la aplicación de las directivas de la Unión en el sector del agua;

o
o   o

42.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno y al Parlamento de Serbia.

(1) DO L 80 de 19.3.2008, p. 46.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0046.


Informe de 2016 sobre Kosovo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2017, sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre Kosovo (2016/2314(INI))
P8_TA(2017)0262A8-0062/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica, celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003, relativas a las posibilidades de adhesión de los países de los Balcanes Occidentales a la Unión,

–  Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre la Unión Europea y Kosovo, que entró en vigor el 1 de abril de 2016,

–  Vista la firma de un acuerdo marco con Kosovo sobre la participación en los programas de la Unión,

–  Vistos el primer Acuerdo sobre los principios que rigen la normalización de las relaciones, firmado el 19 de abril de 2013 por los primeros ministros Ivica Dačić y Hasim Thaçi, y el plan de acción para su aplicación, de 22 de mayo de 2013,

–  Vista la Decisión (PESC) 2016/947 del Consejo, de 14 de junio de 2016, por la que se modifica la Acción Común 2008/124/PESC sobre la Misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo (EULEX Kosovo),

–  Vistos los informes del secretario general de las Naciones Unidas sobre las actividades en curso de la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) y los avances realizados en este contexto, incluido el último informe publicado el 26 de octubre de 2016, así como el debate del Consejo de Seguridad sobre la UNMIK celebrado el 16 de noviembre de 2016,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2016, sobre la política de ampliación de la Unión (COM(2016)0715),

–  Visto el Informe de 2016 de la Comisión sobre Kosovo, de 9 de noviembre de 2016 (SWD(2016)0363),

–  Vista la evaluación de la Comisión, de 18 de abril de 2016, sobre el programa de reforma económica de Kosovo (2016-2018) (SWD(2016)0134),

–  Vistas las conclusiones conjuntas del diálogo económico y financiero entre la Unión y los Balcanes Occidentales y Turquía, de 26 de mayo de 2016 (9500/2016),

–  Visto el programa europeo de reforma, aprobado el 11 de noviembre de 2016 en Pristina,

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia, de 13 de diciembre de 2016, sobre la ampliación y el proceso de estabilización y asociación,

–  Vistas las conclusiones de las reuniones del Consejo de Asuntos Generales de 7 de diciembre de 2009, 14 de diciembre de 2010 y 5 de diciembre de 2011, en las que se subrayaba y reiteraba, respectivamente, que Kosovo, sin perjuicio de la posición de los Estados miembros con respecto a su estatuto, debería beneficiarse, también, de la perspectiva de la posible liberalización del régimen de visados una vez se cumplan todas las condiciones,

–  Vistos la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre la liberalización del régimen de visados para los ciudadanos de Kosovo, de 1 de junio de 2016 (COM(2016)0277), y el cuarto informe de la Comisión, de 4 de mayo de 2016, sobre el avance de Kosovo en el cumplimiento de los requisitos de la hoja de ruta para la liberalización del régimen de visados (COM(2016)0276),

–  Vistas la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, de 22 de julio de 2010, sobre la conformidad con el Derecho internacional de la declaración unilateral de independencia relativa a Kosovo, y la Resolución 64/298 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de septiembre de 2010, que reconoce el contenido de dicha opinión consultiva y acoge con satisfacción la disposición de la Unión a facilitar el diálogo entre Serbia y Kosovo,

–  Vistas las declaraciones conjuntas de las reuniones interparlamentarias PE-Kosovo celebradas los días 28 y 29 de mayo de 2008, 6 y 7 de abril de 2009, 22 y 23 de junio de 2010, 20 de mayo de 2011, 14 y 15 de marzo de 2012, 30 y 31 de octubre de 2013 y 29 y 30 de abril de 2015, así como las declaraciones y recomendaciones adoptadas en la primera y segunda reuniones de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación UE-Kosovo de los días 16 y 17 de mayo de 2016 y 23 y 24 de noviembre de 2016, respectivamente, y de la primera reunión del Consejo de Estabilización y Asociación, celebrada el 25 de noviembre de 2016,

–  Vistas sus anteriores resoluciones,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0062/2017),

A.  Considerando que 114 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, incluidos 23 de los 28 Estados miembros de la Unión, reconocen la independencia de Kosovo;

B.  Considerando que los países candidatos (potenciales) son juzgados por sus propios méritos y que la rapidez y calidad de las reformas necesarias determinan el calendario para la adhesión;

C.  Considerando que la Unión ha reiterado en distintas ocasiones su voluntad de colaborar en el desarrollo económico y político de Kosovo sobre la base de una perspectiva europea clara, en línea con la perspectiva europea de la región, y que Kosovo ha mostrado su deseo de integrarse en la Unión;

D.  Considerando que la Unión ha colocado el Estado de Derecho, los derechos fundamentales, la consolidación de las instituciones democráticas, incluida la reforma de la administración pública, así como las buenas relaciones de vecindad, el desarrollo económico y la competitividad, en el centro de su política de ampliación;

E.  Considerando que más del 90 % de los kosovares teme al desempleo y más del 30 % recibe entre 0 y 120 euros al mes;

1.  Acoge con satisfacción la entrada en vigor del Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo (AEA), el 1 de abril de 2016, como primera relación contractual y como paso esencial para la continuación del proceso de integración de Kosovo en la Unión; se congratula de la puesta en marcha del programa europeo de reforma, el 11 de noviembre de 2016, y la adopción de la estrategia nacional de para la aplicación del AEA como plataforma para facilitar su aplicación, y pide a Kosovo que continúe mostrando una voluntad y determinación política clara para aplicar la hoja de ruta acordada, incluida la creación del mecanismo de coordinación para la aplicación del AEA, y que aproveche el impulso positivo generado por dicho Acuerdo para aplicar e institucionalizar las reformas y mejorar el desarrollo socioeconómico de Kosovo, establecer la colaboración con la Unión en numerosos ámbitos, que también promovería la integración del comercio y la inversión de Kosovo, y mejorar las relaciones con los países vecinos, así como contribuir a la estabilidad en la región; pide al Gobierno de Kosovo que se centre en la aplicación de las reformas generales necesarias para cumplir sus obligaciones conforme al AEA; aplaude la celebración de la segunda reunión de la Comisión Parlamentaria de Estabilización y Asociación, los días 23 y 24 de noviembre de 2016, y de la primera reunión del Consejo de Estabilización y Asociación UE-Kosovo, el 25 de noviembre de 2016; señala que la celebración de elecciones generales anticipadas y de elecciones municipales libres, justas y transparentes en el segundo semestre de 2017 es fundamental para el futuro democrático de Kosovo, así como para el futuro de su proceso de integración en la Unión;

2.  Acoge con satisfacción el transcurso pacífico y ordenado de las elecciones generales anticipadas del 11 de junio de 2017; lamenta, no obstante, que, en parte debido al poco tiempo disponible, no se hayan aplicado algunas de las recomendaciones de 2014 de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE; manifiesta su preocupación ante los problemas observados por los observadores de la Unión durante la campaña electoral, en particular respecto a la interferencia perjudicial de algunos partidos políticos en la independencia de los medios de comunicación, tanto privados como públicos, y a las amenazas y actos de intimidación contra miembros y candidatos de la comunidad serbia de Kosovo que se presentaban por la candidatura Srpska Lista; insta a las partes a formar rápidamente un gobierno para proseguir el camino de Kosovo hacia la Unión Europea, y a que se comprometan para la ratificación de un acuerdo de delimitación de la frontera con Montenegro y para continuar la formación de un registro de condenas por corrupción a alto nivel y crimen organizado, con objeto de allanar el camino para la exención de visado para los ciudadanos de Kosovo;

3.  Expresa su preocupación por la extrema polarización persistente del panorama político; insta a todas las partes a que den muestras de su grado de responsabilidad y apropiación y creen las condiciones necesarias para un diálogo fructífero, orientado hacia soluciones y resultados, con vistas a suavizar las tensiones alcanzar un compromiso viable para facilitar el progreso del país en su senda europea;

4.  Insta a los dirigentes de la comunidad serbia de Kosovo a que asuman plenamente el lugar y el papel que les corresponden en las instituciones del país, actuando con independencia con respecto a Belgrado y de forma constructiva en beneficio de todo el pueblo de Kosovo, al tiempo que insta a Kosovo a que siga apoyando el acceso de la comunidad serbia de Kosovo a las instituciones del país; celebra, a este respecto, la integración del personal judicial, la policía y los servicios de protección civil de la comunidad serbia de Kosovo en el sistema kosovar; pide a las autoridades kosovares que sigan fomentando la confianza mutua entre comunidades al tiempo que promueven su integración económica;

5.  Condena en los términos más enérgicos la perturbación violenta de las actividades de algunos miembros de la oposición registrada en el Parlamento de Kosovo en el primer semestre de 2016, y se congratula de que la oposición participe de nuevo en las tareas de la Asamblea en relación con la mayor parte de los asuntos, así como de la participación constructiva de todos los miembros en la delegación parlamentaria conjunta del Parlamento Europeo y la Asamblea de Kosovo en la última parte de la legislatura en curso; subraya la importancia del diálogo político, la participación activa y constructiva de todos los partidos políticos en los procesos de toma de decisiones y una actividad parlamentaria libre de obstáculos, como condiciones fundamentales para el avance del proceso de integración en la Unión;

6.  Subraya que la vía hacia la integración en la Unión requiere una visión estratégica a largo plazo y un compromiso sostenido con la adopción y aplicación de las reformas necesarias;

7.  Observa que cinco Estados miembros no han reconocido a Kosovo; subraya que dicho reconocimiento resultaría beneficioso para la normalización de las relaciones entre Kosovo y Serbia y haría aumentar la credibilidad de la Unión en su propia política exterior; acoge con satisfacción el enfoque constructivo adoptado por todos los Estados miembros de la Unión para facilitar y reforzar la relaciones entre la Unión y Kosovo a fin de promover el desarrollo socioeconómico y la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en beneficio del pueblo de Kosovo; alienta un enfoque positivo con respecto a la participación de Kosovo en las organizaciones internacionales;

8.  Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de proceder a la liberalización del régimen de visados, lo que representaría un paso muy positivo para Kosovo en la vía hacia la integración europea; observa con satisfacción la disminución de las solicitudes de asilo de ciudadanos kosovares tanto en la Unión como en los países asociados al espacio Schengen, y celebra la introducción del fondo de reintegración y de los programas de reintegración para los ciudadanos kosovares retornados; expresa su preocupación por el estancamiento registrado en la Asamblea saliente con respecto a la ratificación del acuerdo de demarcación con Montenegro, e insiste en que la liberalización del régimen de visados solo puede realizarse una vez Kosovo haya cumplido todos los criterios, también en lo que se refiere a la creación de un registro de condenas a alto nivel por casos de corrupción y delincuencia organizada, que ha contado con la ayuda significativa del mecanismo informático de seguimiento de asuntos de gran relevancia que tiene Kosovo para delitos de alto nivel, que también debe ampliarse a otras causas penales; pide a las autoridades, por tanto, que redoblen los esfuerzos para abordar los problemas del blanqueo de capitales, el narcotráfico, la trata de seres humanos, el comercio de armas y la posesión ilegal de armas;

9.  Considera fundamental que la política exterior y de seguridad de Kosovo se ajuste a la política exterior y de seguridad común de la Unión;

10.  Acoge con satisfacción los progresos realizados en la aplicación de los diversos acuerdos firmados desde agosto de 2016 en el proceso de normalización con Serbia, tras meses de avances escasos o nulos; destaca que la plena aplicación de los acuerdos es esencial para la futura evolución satisfactoria del diálogo entre Pristina y Belgrado; pide a Kosovo y a Serbia que den muestras de una mayor implicación y de una voluntad política sostenida en lo que se refiere a la normalización de las relaciones, y que se abstengan de emprender acciones que pongan en peligro el progreso logrado hasta el momento en este proceso; recuerda que se trata de una condición necesaria para la adhesión a la Unión; toma nota de algunos avances en relación con otras cuestiones técnicas, como los catastros, los títulos universitarios y las placas de matrícula, y en lo que se refiere a la aplicación del acuerdo sobre el puente de Mitrovica; señala que ha seguido con preocupación los acontecimientos relativos al puente de Mitrovica y apoya el reciente acuerdo; se congratula de que se haya asignado a Kosovo un código telefónico internacional independiente; pide de nuevo al Servicio Europeo de Acción Exterior que lleve a cabo una evaluación periódica de la actuación de las partes en el cumplimiento de sus obligaciones y comunique sus conclusiones al Parlamento Europeo; pone de relieve que los acuerdos alcanzados deben mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie; señala que los beneficios del diálogo no son visibles para los ciudadanos de Kosovo y Serbia y hace hincapié en la necesidad de mostrar la máxima transparencia a la hora de comunicar los resultados del diálogo, en particular en el norte de Kosovo; insiste en la importancia de unas relaciones de buena vecindad con todos los países de los Balcanes Occidentales;

11.  Condena enérgicamente el acto de enviar un tren nacionalista serbio de Belgrado al norte de Kosovo; expresa su profunda preocupación por las declaraciones belicistas y la retórica contra la Unión; toma nota de la decisión de un tribunal de Colmar de no extraditar a Serbia y de poner en libertad a Ramush Haradinaj, absuelto en 2008 y 2012 por el TPIY y detenido en Francia el 4 de enero de 2017 sobre la base de una orden de detención internacional emitida por Serbia en 2004 de conformidad con su ley sobre la organización y las competencias de las autoridades estatales en procesos relacionados con crímenes de guerra; lamenta que hasta el momento esta ley se haya utilizado indebidamente para perseguir a ciudadanos de países que pertenecían a la antigua Yugoslavia, tal como demuestra este caso reciente; insta a ambas partes a que se abstengan de emprender acciones provocadoras y de adoptar una retórica contraproducente que pueda obstaculizar el proceso de normalización; pide a la Unión, a Kosovo y a Serbia que debatan sobre estos asuntos de forma constructiva en el marco de las negociaciones de adhesión a la Unión;

12.  Observa que todavía no se ha creado la asociación de municipios serbios, que aún no se ha redactado el estatuto correspondiente y que la creación de la asociación es responsabilidad del Gobierno de Kosovo; insta a Kosovo a que cree sin más demora la asociación en consonancia con el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo facilitado por la Unión y la decisión del Tribunal Constitucional de Kosovo; anima a las autoridades kosovares, a este respecto, a que designen a un grupo de trabajo de alto nivel con un mandato claro y acotado en el tiempo para proponer un estatuto de consulta pública y revisión parlamentaria; expresa su preocupación por que sigan existiendo estructuras paralelas en Serbia, también debido a su continuo apoyo financiero, y pide su desmantelamiento; anima a todas las partes interesadas a encontrar una solución a largo plazo, aceptable y satisfactoria para todas las partes, en lo que respecta a la situación del complejo minero de Trepča;

13.  Pide a las fuerzas políticas que velen por el respeto de las libertades civiles y la seguridad de la comunidad serbia y sus lugares de culto;

14.  Acoge con satisfacción la creación de las Salas Especializadas para Kosovo y de la Fiscalía Especializada en La Haya como paso fundamental para garantizar la justicia y la reconciliación; subraya que la protección de los testigos es una cuestión crucial para el éxito del Tribunal Especial y, por tanto, pide a las autoridades que permitan que los ciudadanos se beneficien de este sistema sin temor a represalias; pide a la Unión y a los Estados miembros que sigan apoyando al Tribunal, también a través de una financiación adecuada; celebra la disposición de los Países Bajos a ser la sede de este Tribunal;

15.  Pide a Kosovo que aborde la cuestión de las personas desaparecidas, incluyendo lo siguiente: garantizar eficazmente los derechos de propiedad, prohibir la usurpación de propiedades y garantizar el retorno y la reintegración de las personas desplazadas; pide a Kosovo que garantice una compensación efectiva de las víctimas de violaciones de guerra, tal como se recoge en el plan de acción nacional; observa con preocupación los lentos avances realizados en las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas por crímenes de guerra, también en los casos de violencia sexual durante la guerra de Kosovo de 1998-1999, e insta a Kosovo a que redoble sus esfuerzos a este respecto;

16.  Lamenta que en el proceso de toma de decisiones no se consulte con regularidad a la sociedad civil; subraya la necesidad de seguir empoderando a la sociedad civil y pide que se muestre voluntad política de colaboración con la sociedad civil aplicando las normas mínimas en materia de consulta pública;

17.  Pide a las fuerzas políticas que garanticen, respeten y apoyen la mejora del Estado de Derecho, incluida la independencia del poder judicial, y redoblen los esfuerzos a este respecto, y que hagan una distinción clara entre las aspiraciones legítimas del pueblo de Kosovo a la libertad y la justicia y las acciones de las personas que presuntamente hayan cometido crímenes de guerra, que deben ser debidamente enjuiciadas por las autoridades judiciales competentes;

18.  Observa que el Defensor del Pueblo empezó a aplicar la ley sobre el Defensor del Pueblo de 2015 con más y mejor información, e insta a la adopción de Derecho derivado conexo; pide a la Asamblea y al Gobierno de Kosovo que garanticen la independencia financiera, funcional y organizativa del Defensor del Pueblo, en consonancia con las normas internacionales relativas a las instituciones nacionales de derechos humanos; insta al Gobierno a que realice un seguimiento de los informes y recomendaciones de la Oficina del Auditor General y del Defensor del Pueblo;

19.  Hace hincapié en la necesidad de que la institución del Defensor del Pueblo funcione correctamente y de velar por que obtenga todos los recursos necesarios para el desempeño de sus actividades;

20.  Observa que, si bien se han realizado algunos avances en lo que se refiere a la aprobación de medidas legislativas en relación con el correcto funcionamiento del poder judicial, la administración de justicia sigue siendo lenta e ineficaz y se ve obstaculizada por las deficiencias persistentes en la legislación penal, los intereses políticos y económicos, la injerencia política, la falta de rendición de cuentas y unos recursos financieros y humanos limitados, también en el seno de la Fiscalía Especial; anima a Kosovo a que aborde estas cuestiones de manera prioritaria para garantizar la seguridad jurídica en cuanto a los derechos de propiedad de los inversores extranjeros; observa los esfuerzos realizados por la policía y la Fiscalía para hacer frente a la delincuencia organizada; reconoce los esfuerzos de las autoridades competentes a la hora de investigar la muerte en prisión de Astrit Dehari, y les insta a que concluyan dicha investigación;

21.  Acoge con satisfacción la firma del acuerdo marco para la participación de Kosovo en programas de la Unión y aboga por su entrada en vigor lo más rápidamente posible y por su debida aplicación, previa aprobación del Parlamento Europeo;

22.  Manifiesta su profunda preocupación por la falta de progresos realizados en lo que respecta a la protección de la libertad de expresión y de los medios de comunicación y por el aumento de la injerencia política y la presión e intimidación de las que son objeto los medios de comunicación; se muestra sumamente preocupado por el aumento del número de agresiones y amenazas directas a periodistas y por la autocensura generalizada; insta a las autoridades de Kosovo a que reconozcan plenamente y protejan la libertad de expresión en consonancia con las normas de la Unión, a que pongan fin a la impunidad de los ataques a periodistas y a que lleven a los responsables ante la justicia; insta al Gobierno a que garantice la independencia y sostenibilidad del medio de comunicación público RTK y presente un programa de financiación adecuado; pide que se adopte una legislación firme en materia de derechos de autor y que se garantice la transparencia con respecto a la propiedad de los medios de comunicación;

23.  Pide al Gobierno de Kosovo que garantice la rápida investigación de los casos de agresión física contra periodistas y otras formas de presión y que agilice y refuerce la adjudicación de causas por parte del poder judicial, que siga condenando sin ambages todas las agresiones contra periodistas y medios informativos y garantice la transparencia con respecto a la propiedad de los medios de comunicación para combatir el riesgo cada vez mayor de que se presione indebidamente a redactores y periodistas;

24.  Acoge con satisfacción el acuerdo firmado por Kosovo y Serbia el 30 de noviembre de 2016 sobre las últimas etapas en relación con la aplicación del acuerdo en materia de justicia, alcanzado en el marco del diálogo celebrado el 9 de febrero de 2015, que permitirá que las instituciones judiciales del país sean operativas en todo el territorio de Kosovo;

25.  Subraya que la corrupción sistémica es contraria a la transparencia e independencia del poder judicial, valores fundamentales de la Unión; reitera su preocupación por la gran lentitud de los avances en la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada y pide que se redoblen los esfuerzos y una voluntad política clara de atajar estos problemas, que constituyen un obstáculo al progreso económico significativo futuro; lamenta que la corrupción y la delincuencia organizada permanezcan impunes en algunas zonas de Kosovo, en particular en el norte; expresa su preocupación por que los resultados de las investigaciones, acciones judiciales y condenas firmes sigan siendo insatisfactorios y rara vez se recurra al decomiso y la confiscación de activos delictivos, pese a tratarse de un instrumento fundamental para combatir la corrupción, por lo que recomienda que se congelen de inmediato los activos y se aumente el número de decomisos definitivos; anima a la Agencia de Lucha contra la Corrupción de Kosovo a que adopte un enfoque más proactivo en las investigaciones; manifiesta su preocupación por que la financiación de los partidos políticos y sus campañas electorales no sea objeto de una adecuada supervisión reguladora; considera que la ley relativa a los conflictos de intereses ha de ponerse en consonancia con la normativa europea y que debe ejecutarse la destitución efectiva de funcionarios públicos acusados o condenados por delitos graves o relacionados con la corrupción; manifiesta su preocupación por la falta de coordinación eficaz entre las instituciones responsables de detectar, investigar y enjuiciar los casos de corrupción; expresa su honda preocupación por la participación de grupos armados delictivos en actividades delictivas transfronterizas, y pide una cooperación directa y efectiva entre Kosovo y Serbia, así como entre todos los países de la región, en la lucha contra la delincuencia organizada; hace hincapié en que la adhesión de Kosovo a Interpol y la cooperación con Europol facilitarían esta labor;

26.  Expresa su preocupación por que Kosovo siga siendo un país de almacenamiento y tránsito de drogas duras; observa con preocupación la falta de seguridad a la hora de almacenar drogas incautadas antes de su destrucción; manifiesta su gran inquietud por la baja tasa de condenas en los casos de trata de seres humanos, pese a que Kosovo es un país de origen, tránsito y destino para las mujeres y los niños objeto de la trata; observa con preocupación la existencia de grupos armados y su participación en actividades delictivas organizadas, como el tráfico de armas, y la aparente impunidad con la que operan a través de las fronteras;

27.  Pide a Kosovo que redoble sus esfuerzos para poner fin a la violencia de género y que vele por que las mujeres disfruten plenamente de sus derechos; insta a las instituciones de Kosovo a que asignen fondos adecuados a la aplicación de la estrategia nacional sobre la violencia doméstica, que incluye mecanismos internacionales como el Convenio de Estambul; acoge con satisfacción el apoyo político expresado a alto nivel a los derechos de las personas LGBTI; acoge con satisfacción la celebración del segundo desfile del orgullo gay, pero insiste en que el miedo sigue estando muy extendido en la comunidad LGBTI;

28.  Insta a las autoridades de Kosovo a que aborden la integración de la perspectiva de género con carácter prioritario y velen por que los órganos de gobierno y las autoridades prediquen con el ejemplo; expresa su preocupación por los retos estructurales que obstaculizan la aplicación de la ley sobre igualdad de género, y señala que sigue preocupado por la escasa representación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones; insta a Kosovo a que anime a las mujeres a aspirar a puestos de alto nivel; expresa su preocupación por el bajo nivel de derechos de propiedad entre las mujeres y pide a las autoridades que velen activamente por el respeto de los derechos de propiedad de las mujeres, incluidos los derechos de herencia; celebra la adopción de una estrategia nacional sobre la violencia doméstica y pide que se aplique plenamente para conseguir avances en la lucha contra la violencia doméstica y de género; insiste en la relación entre la violencia sexual durante la guerra y los conflictos y, de no abordase debidamente estas cuestiones, la normalización y los niveles altos de violencia de género en los países tras un conflicto; insta a las autoridades a alentar públicamente y establecer mecanismos de protección y medidas en materia de acogida en beneficio de las mujeres que rompen su silencio y denuncian la violencia doméstica; alienta la labor de las ONG al respecto;

29.  Observa que se requieren mayores esfuerzos para proteger los derechos de todas las minorías de Kosovo, incluidas las comunidades romaní, ashkalí, egipcia y gorani, mediante la plena aplicación de la legislación pertinente y la asignación de recursos suficientes, si bien celebra al mismo tiempo la creación del Grupo de Coordinación Interministerial sobre Derechos Humanos en 2016; pide a las autoridades nacionales y locales competentes que adopten con carácter prioritario todas las medidas prácticas y legislativas necesarias para poner límite a la discriminación y afirmar los derechos de las diversas minorías étnicas, incluidos los derechos culturales, lingüísticos y de propiedad, para contribuir al desarrollo de una sociedad multiétnica; pide a Kosovo que garantice que los refugiados retornados, muchos de los cuales son romaníes, se integren plenamente y recuperen sus derechos como ciudadanos, poniendo así fin a la apatridia; pide a Kosovo que adopte una nueva estrategia y plan de acción para la integración de las comunidades romaní, ashkalí y egipcia;

30.  Acoge con satisfacción la intensificación de los esfuerzos para contrarrestar, prevenir y combatir el extremismo violento y la radicalización, y reconoce la importante labor llevada a cabo por Kosovo en este ámbito; señala que un gran número de combatientes extranjeros ha regresado a Kosovo y pide a las autoridades que aseguren su control y su enjuiciamiento, y que adopten un enfoque integral con políticas efectivas en materia de prevención, desradicalización y, en su caso, reintegración; pide una mayor identificación, prevención e interrupción del flujo de combatientes extranjeros y de dinero imposible de rastrear destinado a la radicalización; subraya la necesidad de contar con programas comunitarios eficaces para abordar los agravios que alimentan el extremismo violento y la radicalización, y entablar relaciones que promuevan la tolerancia y el diálogo;

31.  Acoge con satisfacción la mejora de la situación económica y el aumento de los ingresos fiscales, que ponen más recursos a disposición del Gobierno para llevar a cabo sus políticas; expresa, no obstante, su preocupación en cuanto a la sostenibilidad del presupuesto de Kosovo por lo que respecta al importe de las prestaciones concedidas a los veteranos de guerra, y pide, en este sentido, que se reforme la legislación pertinente tal y como se acordó con el Fondo Monetario Internacional; reitera que la reformas estructurales socioeconómicas son fundamentales para respaldar el crecimiento a largo plazo; hace hincapié en la necesidad de impulsar la industria local con carácter de urgencia, centrándose al mismo tiempo en la competitividad de los productos fabricados localmente para que puedan cumplir las normas de importación de la Unión; expresa su preocupación por la dependencia de las remesas de los migrantes; muestra su inquietud por la adopción de decisiones de financiación ad hoc que socavan la estabilidad que necesitan las empresas; reitera la necesidad de acelerar el registro de nuevas empresas, que en la actualidad se ven obstaculizadas por la falta de responsabilidad de la administración, infraestructuras infradesarrolladas, un Estado de Derecho débil y la corrupción; insta a Kosovo a que siga las recomendaciones de la evaluación de la «Small Business Act» para Europa e introduzca evaluaciones de impacto periódicas para reducir la carga administrativa de las pymes, y pide a la Comisión que incremente la ayuda a las pymes; pide a Kosovo que aplique plenamente las recomendaciones del programa de reforma económica 2016-2018 y del programa europeo de reforma, puesto en marcha el 11 de noviembre de 2016;

32.  Observa con preocupación la alta tasa de desempleo, especialmente entre los jóvenes, y expresa su inquietud por la discriminación de las mujeres en el mercado laboral, sobre todo en el proceso de contratación; pide a Kosovo que redoble sus esfuerzos para elevar la tasa de empleo y mejorar las condiciones del mercado laboral; destaca la necesidad de centrarse en mejorar la calidad de la educación, mejorando también la formación de los docentes, respaldando la transición de la vida escolar a la vida laboral y adecuando las competencias educativas a las necesidades laborales, que es algo esencial para hacer frente a la altísima tasa de desempleo juvenil; pide que se siga trabajando para aumentar la educación conjunta de todos los integrantes de la sociedad de Kosovo; subraya la necesidad de mejorar los mecanismos de ejecución, sobre todo las inspecciones y los tribunales de trabajo, y reforzar el diálogo entre las instituciones públicas y los interlocutores sociales, a través del Comité Económico y Social de Kosovo; celebra las conclusiones de la Cumbre de París de 2016 y la creación de la primera Oficina Regional de Cooperación Juvenil;

33.  Lamenta la lentitud con la que Kosovo está estableciendo una capacidad administrativa adecuada y eficiente, lo que impide que el país aplique plenamente las leyes adoptadas y utilice eficazmente los fondos de la Unión; lamenta la corrupción endémica, la injerencia política y la politización del personal en la administración pública a todos los niveles, así como los nombramientos en diversas instituciones y agencias independientes basados en la afiliación política y no lo suficiente en criterios profesionales; pide que se intensifiquen los esfuerzos para garantizar una contratación basada en los méritos, necesaria para velar por la eficacia, la eficiencia y la independencia profesional de la administración pública; pide que se investiguen las recientes acusaciones de injerencia política en los procesos de contratación y de toma de decisiones en los organismos públicos;

34.  Señala que los pliegos de condiciones para la licitación de todo tipo de contratos en el marco de la financiación del Instrumento de Ayuda Preadhesión son tan exigentes que las empresas kosovares o de la región a menudo no pueden participar y, en este sentido, pide que se preste especial atención a orientar e instruir a las partes interesadas; insta a las autoridades a que dirijan el resto de la ayuda que todavía no se ha programado a proyectos con una repercusión más directa en la economía de Kosovo;

35.  Acoge con satisfacción la prórroga del mandato de la EULEX KOSOVO, e insta a Kosovo a que siga cooperando activamente para que la EULEX lleve a cabo su mandato de forma plena y sin obstáculos; pide que la Unión siga reforzando unos sistemas judicial, policial y aduanero independientes más allá de 2018, con vistas a la plena asunción de estas funciones por Kosovo; pide una transición armoniosa y eficaz de los asuntos judiciales tramitados por los fiscales de la EULEX a los fiscales nacionales con las debidas garantías para velar por que las víctimas de violaciones en el pasado puedan acceder a la verdad, la justicia y la reparación;

36.  Toma nota de la conclusión de la investigación penal sobre las acusaciones de corrupción en el seno de la misión EULEX; expresa su satisfacción por que los funcionarios implicados de la Unión fueran exonerados de toda culpa; pide a la EULEX que vele por un incremento de la eficacia, la total transparencia y una mayor responsabilidad de la misión durante el tiempo que dure su mandato, y que aplique en su integridad todas las recomendaciones formuladas por el experto independiente Jean Paul Jacqué en su informe de 2014;

37.  Señala que, hasta el momento, Kosovo no se ha convertido en una ruta de tránsito importante para los refugiados y migrantes que viajan a lo largo de la ruta de los Balcanes Occidentales; insta a las autoridades kosovares a que garanticen que quienes transiten por esta zona sean tratados de conformidad con el Derecho europeo e internacional, incluidas la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; reitera que la financiación, en el marco de la rúbrica correspondiente al IPA II, entre otros, debe estar disponible y lista para su movilización y ejecutarse con rapidez y eficacia en época de crisis y necesidad;

38.  Celebra que varios lugares del patrimonio cultural y religioso serbio destruidos lamentablemente en 2004 se hayan renovado con financiación pública de Kosovo, como la catedral ortodoxa; reconoce el compromiso de Kosovo de proteger los lugares del patrimonio cultural y pide a las autoridades que apliquen todos los convenios de las Naciones Unidas en el ámbito del patrimonio cultural a todos los niveles, independientemente del estatuto de Kosovo en relación con la UNESCO, adoptando legislación nacional y una estrategia adecuada, y que garanticen una protección y gestión adecuadas de los lugares del patrimonio cultural de Kosovo; acoge con satisfacción, a este respecto, el programa financiado por la Unión destinado a proteger y reconstituir pequeños espacios del patrimonio cultural con miras a fomentar el diálogo entre culturas y religiones en todos los municipios integrados por varias etnias; reitera que es necesario adoptar el proyecto de ley sobre la libertad de religión y que este debe incluir las recomendaciones de la Comisión de Venecia al respecto;

39.  Acoge con satisfacción la decisión del Consejo de Europa de conceder a Kosovo el estatuto de observador en la Asamblea Parlamentaria a partir de enero de 2017 en las sesiones relacionadas con Kosovo; respalda los esfuerzos realizados por Kosovo con miras a integrarse en la comunidad internacional; pide, en este sentido, que Kosovo participe en todas las organizaciones regionales e internacionales pertinentes, e insta a Serbia a que ponga fin a las injerencias en este proceso;

40.  Insta a las autoridades de Kosovo a que adopten una estrategia energética fiable a largo plazo y un marco legislativo sobre la base de la eficiencia energética, la diversificación de las fuentes de energía y el desarrollo de las fuentes de energía renovables; destaca la necesidad de seguir trabajando para conseguir redes eléctricas fiables y aumentar la sostenibilidad del sector energético, tanto en cuanto a la seguridad como a las normas medioambientales; pide a las autoridades que firmen el Memorándum de Acuerdo de los seis países de los Balcanes Occidentales sobre el desarrollo de un mercado regional de la electricidad y el establecimiento de un marco para la futura colaboración con otros países; destaca que, en 2017, Kosovo ocupará la presidencia del Tratado de la Comunidad de la Energía, y recuerda a las autoridades la obligación jurídica de Kosovo, en virtud de este Tratado, de garantizar que el 25 % de toda la electricidad se obtenga a partir de energías renovables para 2020; pide al Gobierno que respete el acuerdo de desmantelar la central eléctrica de Kosovo A y renovar la central eléctrica de Kosovo B, haciendo uso de los 60 millones de euros asignados a tal fin por la Unión en el marco de los fondos del Instrumento de Ayuda Preadhesión; pide una estrategia en materia de energía hidroeléctrica para el conjunto de los Balcanes Occidentales;

41.  Expresa su preocupación por el alarmante nivel de contaminación atmosférica en Kosovo, en particular en la zona urbana de Pristina, y pide a las autoridades locales y estatales que tomen medidas adecuadas de inmediato para hacer frente a esta situación de emergencia; destaca que la estrategia nacional sobre la calidad del aire debe aplicarse debidamente; muestra su inquietud por el hecho de que el problema de la gestión de los residuos siga siendo uno de los más visibles en Kosovo y por que la legislación vigente no aborde plenamente el desafío;

42.  Celebra la puesta en marcha del nuevo proyecto de conectividad ferroviaria para el corredor Oriente/Mediterráneo oriental, que incluye nuevas vías y estaciones ferroviarias en Kosovo y constituye la única conexión de Kosovo con el resto de la región; pide al Gobierno de Kosovo que respalde plenamente la ejecución del proyecto;

43.  Celebra el trabajo de la Comisión para desbloquear la red de interconexión eléctrica entre Albania y Kosovo, red que ha bloqueado Serbia durante meses, y pide una cooperación constructiva entre las autoridades eléctricas de Serbia y Kosovo; recuerda a Serbia que el plazo fijado por la Comunidad de la Energía para levantar el bloqueo finalizaba, como muy tarde, el 31 de diciembre de 2016;

44.  Pide a la Comisión que siga trabajando en las cuestiones relacionadas con la migración con todos los países de los Balcanes Occidentales, para garantizar el respeto de las normas y reglas europeas e internacionales; celebra el trabajo realizado hasta la fecha a este respecto;

45.  Pide a la Comisión que se esfuerce aún más por apoyar un verdadero proceso de reconciliación en la región, en particular mediante el apoyo a proyectos culturales que traten del pasado reciente y promuevan una comprensión común y compartida de la historia y una cultura pública y política de tolerancia, inclusión y reconciliación;

46.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior, así como al Gobierno y a la Asamblea Nacional de Kosovo.


Informe de 2016 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2017, sobre el informe de 2016 de la Comisión sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia (2016/2310(INI))
P8_TA(2017)0263A8-0055/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Salónica, celebrado los días 19 y 20 de junio de 2003, relativas a las posibilidades de adhesión a la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales,

–  Visto el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra(1),

–  Visto el Acuerdo Marco celebrado en Ohrid y firmado en Skopie el 13 de agosto de 2001 («Acuerdo Marco de Ohrid»),

–  Vista la Decisión del Consejo Europeo, de 16 de diciembre de 2005, de conceder al país el estatuto de país candidato a la adhesión a la Unión Europea, las Conclusiones del Consejo Europeo de junio de 2008, las Conclusiones del Consejo de diciembre de 2008, diciembre de 2012, diciembre de 2014, y diciembre de 2015, así como las Conclusiones de la Presidencia de 13 de diciembre de 2016, que recibieron el apoyo de la gran mayoría de las delegaciones y reiteraron su compromiso inequívoco con el proceso de adhesión a la Unión,

–  Vista la 13.ª reunión del Consejo de Estabilización y Asociación entre el país y la Unión, celebrada en Skopie el 15 de junio de 2016,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de noviembre de 2016, titulada «Estrategia de ampliación de la UE» (COM(2016)0715), a la que acompaña el documento de trabajo de la Comisión titulado «Informe de 2016 relativo a la Antigua República Yugoslava de Macedonia» (SWD(2016)0362),

–  Visto el Informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo de junio de 2016 sobre la Antigua República Yugoslava de Macedonia,

–  Vistas las prioridades de reforma urgentes para la Antigua República Yugoslava de Macedonia, de la Comisión, de junio de 2015,

–  Vistas las recomendaciones del Grupo de expertos de alto nivel sobre cuestiones sistémicas del Estado de Derecho relativas a la interceptación de comunicaciones revelada en la primavera de 2015,

–  Visto el acuerdo político («Acuerdo de Pržino») alcanzado entre los cuatro principales partidos políticos en Skopie el 2 de junio y el 15 de julio de 2015, y el acuerdo cuatripartito sobre su aplicación de 20 de julio y 31 de agosto de 2016,

–  Vistas la declaración final de la Presidencia de la Cumbre de los Balcanes Occidentales de París, de 4 de julio de 2016, y las recomendaciones de las organizaciones de la sociedad civil para la Cumbre de París de 2016,

–  Vistas las observaciones y conclusiones preliminares de la OSCE/OIDDH en relación con las elecciones parlamentarias anticipadas del 11 de diciembre de 2016, así como el informe final correspondiente,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 817 (1993) y 845 (1993), así como la Resolución 47/225 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Acuerdo Provisional del 13 de septiembre de 1995,

–  Vista la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación del Acuerdo Provisional, de 13 de septiembre de 1995,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre el país,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0055/2017),

A.  Considerando que, después de haber sido pospuestas en dos ocasiones, las elecciones legislativas anticipadas en la Antigua República Yugoslava de Macedonia se celebraron el 11 de diciembre de 2016, en un ambiente normal y tranquilo, de conformidad con las normas internacionales y en consonancia con las recomendaciones de la OSCE/OIDDH; se llevaron a cabo sin mayores incidentes, en general, estuvieron bien organizadas y la participación electoral fue elevada;

B.  Considerando que las reformas y la preparación para la adhesión se ven obstaculizadas por la polarización política, el acentuado clima de desconfianza mutua y la falta de un verdadero diálogo entre las partes; que se observa de continuo una regresión en algunos ámbitos importantes; que la democracia y el Estado de Derecho se han visto amenazados por constantes desafíos, en particular como consecuencia de la captura del Estado, que afecta al funcionamiento de las instituciones democráticas y a sectores clave de la sociedad;

C.  Considerando que el 27 de abril de 2017 Talat Xhaferi fue elegido nuevo presidente de la Asamblea de la Antigua República Yugoslava de Macedonia; que el 17 de mayo de 2017 el presidente de la Antigua República Yugoslava de Macedonia encomendó la formación de un nuevo Gobierno a Zoran Zaev, dirigente del partido SDSM; que la Asamblea de la Antigua República Yugoslava de Macedonia aprobó en votación el 31 de mayo de 2017 el nuevo Gobierno del primer ministro Zoran Zaev;

D.  Considerando que entre las cuestiones prioritarias del proceso de reforma figuran la reforma del poder judicial, la administración pública y los medios de comunicación, el desempleo juvenil y la revisión de la aplicación del Acuerdo Marco de Ohrid;

E.  Considerando que es necesario un compromiso serio de todas las fuerzas políticas para que el país se mantenga en la senda euroatlántica y de integración en la Unión; que un nuevo Gobierno debe adoptar y aplicar plenamente reformas sólidas, caracterizadas por unos resultados tangibles, especialmente en lo que se refiere a los ámbitos del Estado de Derecho, la justicia, la corrupción, los derechos fundamentales, los asuntos de interior y las buenas relaciones de vecindad;

F.  Considerando que existe un consenso entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento en el sentido de que el mantenimiento de la recomendación positiva para la apertura de negociaciones de adhesión con el país está condicionado por o depende del progreso en la aplicación del Acuerdo de Pržino y de que se realicen avances notables en la aplicación de las prioridades de reforma urgentes;

G.  Considerando que el Consejo ha bloqueado el proceso a causa de la cuestión de la denominación del país que está pendiente de solución con Grecia; que no deben utilizarse las cuestiones bilaterales como pretexto para bloquear un rápido comienzo de las negociaciones con la Unión;

H.  Considerando que los conflictos bilaterales no deberían utilizarse para obstaculizar el proceso de adhesión a la Unión, ni la apertura de las negociaciones de adhesión, sino que deberían abordarse con espíritu constructivo y de conformidad con las normas de la Unión y las Naciones Unidas; que debe hacerse todo lo posible por mantener las buenas relaciones interétnicas y de vecindad;

I.  Considerando que los países candidatos (potenciales) son juzgados por sus propios méritos y que la rapidez y calidad de las reformas necesarias determinan el calendario para la adhesión; que la iniciación de las negociaciones de adhesión deberían garantizarse cuando se cumplan las condiciones necesarias; que el país ha sido considerado durante muchos años uno de los países candidatos a la Unión más avanzados en cuanto a la adopción del acervo;

J.  Considerando que el proceso de adhesión a la Unión es un incentivo importante para llevar a cabo mayores reformas, en particular en lo tocante al Estado de Derecho, la independencia del poder judicial, la lucha contra la corrupción y la libertad de prensa; que la cooperación regional y las buenas relaciones de vecindad son elementos esenciales del proceso de ampliación, el Proceso de Estabilización y Asociación y el proceso de adhesión del país;

K.  Considerando que el 20 de julio y el 31 de agosto de 2016, los líderes de los cuatro principales partidos políticos llegaron a un consenso acerca de la aplicación del Acuerdo de Pržino, que incluía el establecimiento del 11 de diciembre de 2016 como fecha para celebrar elecciones parlamentarias anticipadas, así como una declaración para expresar su apoyo a la labor de la fiscal especial; que reiteraron también su compromiso de aplicar las «prioridades de reforma urgentes»;

L.  Considerando que la reciente crisis política ha mostrado la falta de un sistema eficaz de controles y equilibrios en las instituciones macedonias y la necesidad de incrementar la transparencia y la rendición pública de cuentas;

M.  Considerando que la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción sigue siendo fundamental para contrarrestar la infiltración de delincuentes en los sistemas político, jurídico y económico;

1.  Expresa su satisfacción por la formación de un nuevo Gobierno el 31 de mayo de 2017; insta a todos los partidos políticos a que actúen con espíritu de reconciliación en el interés común del conjunto de la ciudadanía y colaboren con el Gobierno al objeto de restablecer la confianza en el país y sus instituciones, en particular mediante la plena aplicación del Acuerdo de Pržino y las prioridades de reforma urgentes;

2.  Acoge con satisfacción el respeto de las libertades fundamentales mostrado en las elecciones anticipadas del 11 de diciembre de 2016, que fueron bien administradas, se celebraron de manera transparente e integradora, y se desarrollaron sin mayores incidentes; toma nota de que la OSCE/OIDDH considera que las elecciones parlamentarias anticipadas fueron plurales; acoge con satisfacción el hecho de que todos los partidos políticos hayan aceptado los resultados en aras de la estabilidad nacional, y destaca su responsabilidad a la hora de garantizar que no se producen regresiones que lleven a una crisis política; pide a todos los partidos que se abstengan de entorpecer de forma alguna el funcionamiento efectivo del Parlamento; insta al nuevo Gobierno a que lleve a cabo sin dilación las reformas necesarias para garantizar la integración euroatlántica del país y avanzar en su perspectiva europea en beneficio de los ciudadanos; considera esencial la cooperación pluripartidista e interétnica para afrontar los apremiantes retos nacionales y relacionados con la Unión, y para mantener la recomendación positiva de las negociaciones de adhesión a la Unión;

3.  Acoge con satisfacción las mejoras en el proceso electoral, en particular en lo referente al marco jurídico, las listas electorales y la cobertura de los medios de comunicación; celebra la presencia de representantes de la sociedad civil para la observación de las elecciones en una amplia mayoría de las mesas electorales; pide a las autoridades competentes que aborden eficazmente las supuestas irregularidades y deficiencias, en especial la intimidación a los votantes, la compra de votos, el uso indebido de los recursos administrativos, la presión política sobre los medios de comunicación, así como los enfrentamientos y ataques verbales contra periodistas, también de cara a las elecciones locales de mayo de 2017; insta a las autoridades competentes a que cumplan las recomendaciones de la OSCE/OIDDH y la Comisión de Venecia, y creen un registro creíble del control efectivo de la financiación de los partidos políticos y de las campañas electorales; hace hincapié en la necesidad de una mayor transparencia y despolitización de la administración electoral, a fin de aumentar la confianza de la población en futuras elecciones;

4.  Considera importante realizar un censo de población (el último censo se llevó a cabo en 2002), a condición de que haya un amplio consenso a nivel nacional sobre la metodología que se aplicará, para obtener un panorama actualizado y realista de la composición de la población macedonia, y de ese modo ofrecer mejores servicios a los ciudadanos macedonios y mejores respuestas a sus necesidades, y para seguir actualizando las listas electorales y minimizar cualquier irregularidad o deficiencia en el futuro;

5.  Confía en que el nuevo Gobierno, en colaboración con otros partidos, acelere las reformas en relación con la Unión, otorgándoles la máxima prioridad; reitera su apoyo a la apertura de las negociaciones de adhesión, siempre y cuando se produzcan progresos en la aplicación del Acuerdo de Pržino, para garantizar su ejecución plena, tangible y sostenible, así como avances sustanciales en la aplicación de las prioridades de reforma urgentes relativas a las reformas sistémicas; pide al Consejo que aborde la cuestión de las negociaciones de adhesión lo antes posible; sigue estando convencido de que las negociaciones pueden generar unas reformas muy necesarias, crear una nueva dinámica, revitalizar la perspectiva europea e influir positivamente en la resolución de conflictos bilaterales, a fin de no obstaculizar el proceso de adhesión a la Unión;

6.  Subraya la importancia estratégica de seguir avanzando en el proceso de adhesión a la Unión y pide una vez más que todas las partes hagan gala de voluntad política para la plena aplicación de las prioridades de reforma urgentes y el Acuerdo de Pržino; destaca que la aplicación del Acuerdo de Pržino resulta asimismo vital, más allá de las elecciones, para asegurar la estabilidad política y la sostenibilidad de cara al futuro; pide a la Comisión que evalúe lo antes posible, y en cualquier caso antes de que finalice 2017, los avances del país en su aplicación y que informe al Parlamento y al Consejo al respecto; apoya, recordando la necesidad de poner en marcha y aplicar las reformas necesarias desde hace tiempo, la continuación del Diálogo de Alto Nivel sobre la Adhesión (DANA) para ayudar de forma sistemática al país en este empeño; lamenta que no se haya celebrado ninguna reunión bajo el patrocinio del DANA y que se hayan hecho escasos avances en el cumplimiento de los objetivos previos; llama la atención sobre las potenciales consecuencias sociales, políticas y económicas negativas de nuevos retrasos en el proceso de integración euroatlántica del país; pide asimismo a la Comisión y al SEAE que aumenten la visibilidad de los proyectos financiados por la Unión en el país, para acercar la Unión a los ciudadanos del país;

7.  Destaca los notables avances que ha hecho el país en su proceso de integración en la Unión y subraya las consecuencias negativas de nuevos retrasos en el proceso de integración, especialmente la amenaza para la credibilidad de la estrategia de ampliación de la Unión y el riesgo de inestabilidad en la región;

8.  Señala que los actuales cambios que afronta la Unión (el «Brexit», la migración, el radicalismo, etc.) no deben impedir el proceso de ampliación, sino que, por el contrario, han demostrado la necesidad de integrar plenamente los Balcanes Occidentales en las estructuras de la Unión, de modo que la alianza se vea reforzada y profundizada para superar las crisis internacionales;

9.  Acoge con satisfacción el alto grado de armonización legislativa con respecto al acervo comunitario y reconoce que se ha dado prioridad a la aplicación y ejecución efectivas de los marcos jurídico y político, como sucede en el caso de los países que ya están en fase de negociaciones para su adhesión;

10.  Felicita al país por seguir cumpliendo con sus compromisos suscritos en el ámbito del AEA; pide al Consejo que adopte la propuesta de la Comisión en 2009 de pasar a la segunda fase del AEA, de conformidad con las disposiciones pertinentes;

11.  Insta a todos los partidos a demostrar voluntad política y responsabilidad para superar el ambiente de división política, la polarización, la falta de cultura de compromiso y para reanudar el diálogo; subraya el papel esencial del Parlamento del país en el desarrollo democrático y como foro para el diálogo y la representación a nivel político; pide que se refuercen sus funciones de supervisión y que se establezcan límites a la práctica de realizar cambios legislativos frecuentes a las leyes y usar procedimientos abreviados para su aprobación, sin celebrar suficientes consultas o realizar evaluaciones de impacto; pide un buen funcionamiento de las comisiones parlamentarias sobre la interceptación de las comunicaciones y sobre seguridad y contraespionaje, y su acceso sin restricciones a los datos y testimonios necesarios, con el fin de aportar credibilidad al control parlamentario de los servicios pertinentes; reconoce el papel constructivo que desempeña la sociedad civil en el fomento y la mejora de los procesos democráticos;

12.  Observa algunos progresos en la reforma de la administración pública, como las medidas para poner en práctica el nuevo marco jurídico sobre la gestión de los recursos humanos; insta a un mayor grado de compromiso para la aplicación de las recomendaciones de la Comisión; reitera su preocupación por la politización de la administración pública y por que los funcionarios estén sometidos a presiones políticas; insta al nuevo Gobierno a demostrar un firme compromiso político a fin de mejorar la profesionalidad, la neutralidad y la independencia a todos los niveles, mediante la aplicación del nuevo procedimiento de contratación basado en los méritos y el procedimiento de evaluación; hace hincapié en la necesidad de completar la estrategia de reforma de la administración pública 2017-2022, previendo una dotación presupuestaria suficiente para su aplicación, y de reforzar la capacidad administrativa pertinente; insta al Gobierno entrante a establecer líneas transparentes y eficaces de rendición de cuentas entre instituciones y dentro de las mismas; recomienda que todas las comunidades estén representadas de forma equitativa en todos los niveles de la administración pública;

13.  Recomienda el desarrollo por parte del Gobierno entrante de una estrategia global de gobernanza electrónica, acompañada de un mayor desarrollo de los servicios electrónicos para los ciudadanos y las empresas, de forma que disminuya la carga burocrática del Estado, los ciudadanos y las empresas; destaca que la gobernanza electrónica y los servicios electrónicos mejorarían el desempeño económico del país y aumentarían la transparencia y la eficiencia de la administración y los servicios públicos; hace hincapié en el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública e insta a realizar mayores esfuerzos para garantizar que este derecho no se vea limitado de forma alguna; anima a encontrar soluciones electrónicas innovadoras para garantizar un fácil acceso a la información pública y reducir la burocracia asociada;

14.  Lamenta el retroceso en la reforma del poder judicial, que debería poder tener un funcionamiento independiente; deplora las constantes injerencias políticas en su trabajo, en particular en la designación y la promoción de jueces y fiscales, así como la ausencia de rendición de cuentas y los casos de justicia selectiva; exhorta una vez más a las autoridades competentes a abordar de forma efectiva las cuestiones pendientes identificadas en las prioridades de reforma urgentes y a demostrar la voluntad política de avanzar en la reforma judicial, en particular mediante la mejora, tanto de hecho como de Derecho, de la transparencia en los procedimientos de nombramiento y promoción, y reduciendo la duración de los procesos judiciales; reconoce que se han hecho algunos esfuerzos por mejorar la transparencia; pide, asimismo, a las autoridades que garanticen la profesionalidad de los consejos de la Judicatura y la Fiscalía, así como la independencia funcional del sistema judicial en su conjunto;

15.  Hace hincapié en la importancia de investigar con exhaustividad, independencia y sin impedimentos los presuntos actos ilícitos que han salido a la luz en las comunicaciones intervenidas y los correspondientes fallos de supervisión; recuerda la importancia del mandato y la labor de la fiscal especial y de la comisión parlamentaria de investigación a la hora de examinar, respectivamente, la rendición de cuentas ante la justicia y la responsabilidad política; observa que la fiscal especial ha procedido a la primera imputación penal en relación con irregularidades en escuchas telefónicas;

16.  Manifiesta su preocupación por los ataques políticos, los obstáculos administrativos y judiciales al trabajo de la Fiscalía Especial, así como por la falta de cooperación por parte de otras instituciones; recuerda a los tribunales penales que no responden a las peticiones de la Fiscalía Especial que tienen la obligación legal de prestar asistencia a la Fiscalía Especial; considera esencial para el proceso democrático que la Fiscalía Especial pueda desempeñar todas sus funciones y llevar a cabo investigaciones exhaustivas con total independencia, sin impedimentos y con los medios necesarios; insta a que la Fiscalía Especial disponga de un apoyo total, de las condiciones y el tiempo necesarios para llevar a cabo su importante labor; pide que se ponga fin a las obstrucciones en los tribunales para impedir la transmisión de elementos de prueba a la fiscal especial, y que se apoyen las modificaciones de la legislación de modo que la fiscal especial pueda garantizar su autoridad independiente en materia de protección de los testigos en los asuntos de los que conoce; reitera su opinión de que el resultado de las investigaciones constituye un paso importante en la restitución de la confianza en las instituciones nacionales; asimismo, pone de relieve la necesidad de realizar enmiendas a la Ley de protección de testigos;

17.  Sigue preocupado por el hecho de que la corrupción constituye todavía un grave problema y porque la lucha contra la corrupción se ve obstaculizada por las injerencias políticas; pone de relieve la necesidad de una firme voluntad política de atajarla; destaca la necesidad de afianzar la independencia de la policía, la fiscalía y la Comisión Estatal para la Prevención de la Corrupción; pide medidas para aumentar la transparencia y asegurar que la selección y el nombramiento de los miembros de dicha comisión se basen en méritos; pide, con carácter de urgencia, que se trabaje por una prevención y sanción efectivas de los conflictos de intereses, así como por hacer un balance creíble de la corrupción a alto nivel, incluida la aplicación de un marco jurídico eficaz para la protección de los denunciantes de acuerdo con las normas europeas, las prioridades de reforma urgentes y las recomendaciones de la Comisión de Venecia; anima una vez más a las organizaciones de la sociedad civil independientes y a los medios de comunicación a que revelen la corrupción y apoyen investigaciones independientes e imparciales; pide a las autoridades que apoyen la labor del Defensor del Pueblo con una dotación de personal y unas medidas presupuestarias adecuadas;

18.  Expresa su preocupación por la fusión de las actividades mediáticas, políticas y gubernamentales, en particular en relación con el gasto público; condena enérgicamente la existencia de vínculos económicos, políticos y familiares ilícitos en relación con el gasto de los fondos públicos; pide al Gobierno que adopte un marco legislativo que regule los conflictos de intereses y que haga públicos los bienes de personas que ocupan altos cargos estatales como medida adicional para luchar contra la corrupción;

19.  Acoge con satisfacción el hecho de que existan un marco legislativo y unas estrategias para luchar contra la delincuencia organizada; acoge con satisfacción el desmantelamiento de redes de delincuencia y de rutas relacionadas con la trata de seres humanos y el tráfico de drogas, e insta a seguir incrementando los esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada; anima a seguir mejorando la cooperación entre los cuerpos de seguridad tanto dentro del país como con los países vecinos y a reforzar las competencias y los recursos de los tribunales; considera esencial seguir desarrollando la capacidad policial y judicial para investigar los delitos financieros y decomisar activos;

20.  Elogia los continuados esfuerzos en la lucha contra la radicalización islámica y los combatientes terroristas extranjeros; acoge con satisfacción la adopción de la estrategia 2013-2019 para luchar contra el terrorismo, que define asimismo los conceptos de extremismo violento, radicalización, prevención y reintegración; pide su aplicación mediante una mayor cooperación entre los cuerpos de seguridad y las organizaciones de la sociedad civil, los dirigentes religiosos, las comunidades locales y otras instituciones públicas en los sectores de la educación, la sanidad y los servicios sociales a la hora de abordar las distintas fases del proceso de radicalización y de desarrollar mecanismos para la reintegración y la rehabilitación; pide, asimismo, un seguimiento permanente por los servicios de seguridad de los combatientes extranjeros que regresan al país y un intercambio constante de información con las autoridades de la Unión y de los Estados vecinos;

21.  Manifiesta su preocupación por las señales enviadas por las organizaciones de la sociedad civil, que reflejan un empeoramiento del clima en el que se desenvuelven; continúa preocupado por los ataques públicos radicales contra las organizaciones de la sociedad civil y los representantes extranjeros por parte de los políticos y los medios de comunicación; reconoce y alienta el importante papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil en el seguimiento, el fomento y la mejora de los procesos democráticos, incluido el proceso electoral, y en garantizar un sistema de contrapoderes; manifiesta su preocupación por el escaso compromiso del Gobierno y su insuficiente cooperación con las organizaciones de la sociedad civil a todos los niveles; pone de relieve la importancia de un diálogo periódico y constructivo y de la cooperación con las organizaciones de la sociedad civil e insta a las autoridades competentes a que incluyan a estas organizaciones en la elaboración de políticas de forma regular y estructurada; pide a las autoridades que no discriminen a las organizaciones de la sociedad civil por motivos como la afiliación política, las ideas religiosas o la composición étnica; opina que la libertad de reunión y asociación no debería negarse a ningún grupo de personas sin una justificación de peso;

22.  Alienta a las autoridades a que reanuden la elaboración del censo interrumpida con objeto de obtener datos estadísticos exactos sobre la población que puedan utilizarse como base para los programas gubernamentales de desarrollo y para una planificación presupuestaria adecuada;

23.  Recuerda al Gobierno y a los partidos políticos la responsabilidad que tienen a la hora de perfilar, en la legislación y en la práctica, una cultura de integración y tolerancia; acoge con satisfacción la adopción de la estrategia nacional para la igualdad y la no discriminación 2016-2020; teme por la imparcialidad y la independencia de la Comisión para la Protección contra la Discriminación y reclama transparencia en el proceso de selección de sus miembros; reitera su condena de la incitación al odio contra grupos discriminados; expresa su preocupación por que persistan la intolerancia, la discriminación y los ataques contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI); reitera su llamamiento a adaptar al acervo la Ley de Lucha contra la Discriminación en lo que respecta a la discriminación por motivos de orientación sexual; subraya una vez más la necesidad de combatir los prejuicios y la discriminación contra la población romaní y de facilitar su integración y su acceso al sistema educativo y al mercado laboral; le preocupan las condiciones inhumanas y el hacinamiento en las cárceles, pese al significativo incremento del presupuesto para prisiones; pide que se respeten las recomendaciones del Defensor del Pueblo;

24.  Pide que se realicen mayores esfuerzos para fomentar la igualdad de género y aumentar la participación de las mujeres en la vida política y en el mercado laboral, mejorar su situación socioeconómica y reforzar sus derechos en general; pide a las autoridades competentes que mejoren la aplicación de la legislación sobre la igualdad de oportunidades, para afrontar la insuficiente representación de las mujeres en puestos de decisión fundamentales a todos los niveles y reforzar la efectividad de los mecanismos institucionales para promover la igualdad de género; insta a las autoridades competentes a que realicen las asignaciones presupuestarias necesarias para su aplicación; manifiesta su preocupación por la falta de acceso de las mujeres a algunos servicios básicos de salud y por la alta tasa de mortalidad infantil;

25.  Insta al Gobierno a que tome medidas de revisión de la Ley sobre la prevención de la violencia doméstica y la protección de las víctimas y de otras leyes pertinentes para proporcionar una protección adecuada a todas las víctimas de la violencia doméstica y la violencia de género y mejorar los servicios de apoyo a las víctimas de la violencia doméstica, incluyendo el establecimiento de un número adecuado de refugios para víctimas; insta, además, al Gobierno a que garantice que los casos de violencia doméstica se investiguen a fondo y que los autores comparezcan ante la justicia, y a que continúe la sensibilización sobre la violencia doméstica;

26.  Reitera que el equilibrio entre las distintas etnias sigue siendo frágil; insta a todos los partidos políticos y a las organizaciones de la sociedad civil a que promuevan activamente una sociedad multiétnica, multicultural y pluriconfesional incluyente y tolerante y refuercen la coexistencia y el diálogo; opina que se necesitan medidas específicas para lograr la cohesión social entre las distintas comunidades étnicas, nacionales y religiosas; recuerda al Gobierno y a los dirigentes de los partidos su compromiso de aplicar plenamente y de manera transparente el Acuerdo Marco de Ohrid, finalizar sin más demora su revisión esperada desde hace tiempo, incluidas las recomendaciones políticas, y asegurar un presupuesto suficiente para su aplicación; condena todas las formas de irredentismo y todos los intentos de desintegrar a los distintos grupos sociales; resalta la importancia de poner en marcha sin demora la elaboración del censo tan esperado;

27.  Pide a la Comisión que se esfuerce aún más por apoyar un verdadero proceso de reconciliación en la región, en particular mediante el apoyo a proyectos culturales que traten del pasado reciente y promuevan una comprensión común y compartida de la historia y una cultura pública y política de tolerancia, inclusión y reconciliación;

28.  Reitera que las autoridades y la sociedad civil deben adoptar medidas adecuadas para lograr una reconciliación histórica a fin de superar la división entre los distintos grupos étnicos y nacionales y en el seno de dichos grupos, incluidos los ciudadanos de etnia búlgara;

29.  Insta al Gobierno a que envíe señales inequívocas a la opinión pública y a los medios de comunicación de que en el país no se tolera la discriminación por motivos de identidad nacional, tampoco en relación con el sistema judicial, los medios de comunicación, el empleo o las oportunidades sociales; subraya la importancia de estas acciones para la integración de las distintas comunidades étnicas y la estabilidad y la integración europea del país;

30.  Anima a las autoridades a que recuperen de Serbia los archivos pertinentes del servicio secreto yugoslavo; opina que una gestión transparente del pasado totalitario, incluida la apertura de los archivos de los servicios secretos, es un avance hacia la democratización, la rendición de cuentas y la consolidación institucional;

31.  Reitera la importancia de la libertad e independencia de los medios de comunicación como uno de los valores fundamentales de la Unión y piedra angular de toda democracia; mantiene su preocupación en relación con la libertad de expresión y los medios de comunicación, la incitación al odio, los casos de intimidación y autocensura, las injerencias políticas sistémicas en las políticas editoriales y la presión sobre las mismas, la inexistencia de un periodismo de investigación objetivo y preciso y la parcialidad en la cobertura informativa de las actividades del Gobierno; pide una vez más que las diferentes opiniones puedan expresarse en los principales medios de comunicación, especialmente en el servicio público de radiodifusión;

32.  Pide al nuevo Gobierno que vele por que se impida la intimidación o la violencia contra los periodistas y se investiguen debidamente estos hechos, y por que los responsables comparezcan ante la justicia; subraya la necesidad de sostenibilidad y autonomía política y financiera del servicio público de radiodifusión para garantizar su independencia financiera y editorial y el derecho de acceso a una información imparcial; aboga por unos órganos incluyentes de representación de los intereses de los medios de comunicación; pide que se establezca un código de conducta profesional aceptado por los medios de comunicación tanto públicos como privados; anima a un trabajo conjunto de funcionarios gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de periodistas para la reforma de los medios de comunicación;

33.  Sigue preocupado por el hecho de que la situación política pone seriamente en riesgo la economía macedonia; continúa preocupado por la deficiente ejecución de los contratos, la dimensión que ha adquirido la economía informal y la dificultad de acceso a la financiación; subraya que la magnitud de la economía sumergida representa un obstáculo importante para la actividad empresarial; hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas que fomenten la competitividad y la creación de empleo en el sector privado; pide a las autoridades competentes que aborden también la eficiencia judicial;

34.  Celebra el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, la reducción de la tasa de desempleo y el mantenimiento del compromiso del Gobierno de fomentar el crecimiento y el empleo a través de políticas económicas basadas en el mercado, pero expresa su preocupación por la sostenibilidad de la deuda pública y por el hecho de que el desempleo siga siendo elevado y la participación en el mercado de trabajo muy baja, sobre todo entre los jóvenes, las mujeres y las personas con discapacidad; insta asimismo a las autoridades competentes a que aborden el desempleo de larga duración y estructural, promuevan la cooperación en materia de política económica, adapten mejor la educación a las demandas del mercado de trabajo y desarrollen una estrategia específica para integrar mejor a los jóvenes y a las mujeres en el mercado laboral; expresa su preocupación por el éxodo de profesionales jóvenes con elevado nivel educativo y pide encarecidamente al Gobierno que cree programas que permitan el regreso de los profesionales jóvenes con elevado nivel educativo y su participación en los procesos políticos y de toma de decisiones; pide medidas para mejorar la transparencia y la disciplina fiscales y aumentar la capacidad de planificación del presupuesto; aboga por el principio de presupuestos equilibrados; toma nota de que un marco reglamentario fiable y predecible para las empresas conduce a un aumento de la estabilidad y el crecimiento macroeconómicos; pide a este respecto que se realicen consultas adecuadas con todas las partes interesadas;

35.  Celebra los progresos logrados en la modernización de las redes de transporte, energía y telecomunicaciones, y en particular los esfuerzos por completar el corredor X(2); celebra, a la vista de la importancia de las conexiones ferroviarias en el marco de un sistema sostenible de transporte, la intención del Gobierno de mejorar o ampliar las conexiones ferroviarias entre Skopie y las capitales de los países vecinos, y pide más avances, en especial la finalización de las conexiones ferroviarias y por carretera en el corredor VIII(3);

36.  Encomia el buen nivel de preparación en el ámbito de las comunicaciones electrónicas y la sociedad de la información; insta a realizar mayores avances en el área de la seguridad cibernética y hace hincapié en la necesidad de desarrollar y adoptar una estrategia nacional de seguridad cibernética para aumentar la resistencia ante ataques cibernéticos;

37.  Muestra su preocupación por las importantes deficiencias en el ámbito del medio ambiente, en particular la contaminación industrial y la del aire y del agua; toma nota de las malas condiciones en que se encuentra actualmente el sistema de abastecimiento de agua en general, lo que provoca elevadas pérdidas de agua y problemas de calidad de la misma; destaca la necesidad de desarrollar y aplicar una política de residuos sostenible, y pide que se desarrollen una política y una estrategia globales en materia de acción por el clima de acuerdo con el marco de política climática de la Unión para 2030, y la ratificación y aplicación del Acuerdo de París sobre el Clima;

38.  Celebra el enfoque constructivo del país en la cooperación regional, en especial en la iniciativa de los Balcanes Occidentales de los Seis y en la agenda para la conectividad; señala, sin embargo, que las conexiones de las infraestructuras de transporte y energía con los Estados vecinos de la región y la conexión con la RTE-T son aún escasas; celebra los progresos logrados en cuanto a seguridad del abastecimiento, así como en el ámbito de los interconectores de transporte de electricidad y las interconexiones de gas; toma nota del acuerdo firmado con los países de los Balcanes Occidentales para el desarrollo de un mercado eléctrico regional; hace hincapié en la necesidad de realizar progresos en la apertura del mercado de la electricidad y de desarrollar la competencia en los mercados del gas y la energía en pos de una desagregación de los servicios de acuerdo con el tercer paquete energético de la Unión; insta a realizar mejoras sustanciales en cuanto a eficiencia energética, producción de energías renovables y lucha contra el cambio climático; aboga por la ratificación del Acuerdo de París por el Clima;

39.  Insta a las autoridades a que refuercen las capacidades administrativas y de financiación para garantizar un régimen de contratación pública transparente, eficiente y eficaz, evitar cualquier irregularidad, ejecutar los fondos de la Unión de forma adecuada y oportuna y proporcionar, al mismo tiempo, informes periódicos detallados sobre la programación y la utilización de los fondos comunitarios; observa con preocupación que la Comisión ha reducido una vez más la asistencia financiera del IPA en aproximadamente 27 millones EUR como consecuencia de la falta de compromiso político para llevar a cabo las reformas necesarias en la gestión de las finanzas públicas; pide a la Comisión que incluya información sobre las ayudas del IPA al país y la eficacia de las medidas aplicadas en sus informes, en particular sobre las ayudas del IPA asignadas a la realización de las prioridades clave y de los proyectos correspondientes;

40.  Felicita al país por su constructivo papel y cooperación y sus enormes esfuerzos a la hora de abordar los retos de la crisis migratoria, de manera que ha contribuido sustancialmente a la seguridad y la estabilidad de la Unión; pide a la Comisión, en este sentido, que proporcione al país todas las herramientas necesarias para mitigar la crisis; recomienda nuevas medidas y acciones de conformidad con el Derecho humanitario internacional para mejorar su sistema de asilo, garantizar la capacidad necesaria para prevenir y combatir la trata de seres humanos y el tráfico de migrantes, incluidos acuerdos de cooperación con los Estados vecinos en la lucha contra la delincuencia, y garantizar la eficacia de la gestión de las fronteras;

41.  Toma nota de que el país está situado en la llamada «ruta de los Balcanes Occidentales» y de que hasta ahora lo han recorrido aproximadamente 600 000 refugiados y migrantes, incluidos grupos vulnerables como niños y ancianos, en su camino hacia Europa; insta a sus autoridades a que se aseguren de que los migrantes y los refugiados que piden asilo en el país o viajan por su territorio son tratados conforme al Derecho internacional y europeo, empezando por la Convención de Ginebra de 1951 y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

42.  Pide a la Comisión que siga trabajando en los asuntos relativos a la migración con todos los países de los Balcanes Occidentales, con el fin de garantizar que se respeten las normas europeas e internacionales;

43.  Subraya la importancia de la cooperación regional como mecanismo para impulsar el proceso de integración en la Unión y felicita al país por sus esfuerzos constructivos y su contribución proactiva a la promoción de las relaciones bilaterales con todos los países de la región;

44.  Está convencido de que la cooperación regional es un elemento esencial en el proceso de adhesión a la Unión y de que traerá estabilidad y prosperidad a la región, por lo que debe ser una prioridad para el Gobierno; celebra que el país siga adoptando un enfoque constructivo y contribuciones proactivas hacia la cooperación bilateral, regional e internacional y participe en las operaciones civiles y militares de gestión de crisis; elogia el elevado nivel de armonización con la política exterior de la Unión (73 %); insta a las autoridades macedonias a que hagan también suyas las medidas restrictivas de la Unión contra Rusia como consecuencia de la anexión ilegal de Crimea; reitera la importancia de concluir las negociaciones sobre un tratado de amistad y buena vecindad con Bulgaria; pide a las autoridades que respeten los derechos políticos, sociales y culturales de los ciudadanos del país que se identifican como búlgaros;

45.  Anima a la constitución de comités conjuntos de expertos sobre historia y educación con países vecinos, con el fin de contribuir a una interpretación objetiva y factual de la historia, reforzando la cooperación académica y promoviendo una actitud positiva hacia los vecinos entre las jóvenes generaciones;

46.  Acoge con satisfacción los resultados tangibles de la iniciativa en favor de las medidas de creación de confianza entre este país y en Grecia, lo que podría contribuir a una mejor comprensión y a reforzar las relaciones bilaterales, allanando el camino para una solución mutuamente aceptable a la cuestión de la denominación, y reconoce la evolución positiva de su aplicación; subraya la importancia de evitar gestos, acciones y declaraciones controvertidas que pudieran afectar negativamente a las relaciones de buena vecindad; reitera con firmeza su petición a la vicepresidenta / alta representante (VP/AR) y a la Comisión de que desarrollen nuevas iniciativas para superar las diferencias que aún persisten y que trabajen, en cooperación con los dos países y con el representante especial de las Naciones Unidas, en favor de una solución mutuamente aceptable para la cuestión de la denominación, e informen de ello al Parlamento;

47.  Acoge con agrado las actividades desarrolladas en el marco del Proceso de Berlín, que demuestran un fuerte respaldo político de la perspectiva europea para los países de los Balcanes Occidentales; señala la importancia de este Proceso para el fomento del desarrollo económico de los países de la región mediante inversiones en redes esenciales y proyectos bilaterales en materia de infraestructuras, economía e interconectividad; reitera la importancia de una participación activa en las iniciativas regionales sobre juventud, como la Oficina regional de cooperación juvenil de los Balcanes Occidentales; acoge con satisfacción la creación del Fondo de los Balcanes Occidentales y pide a la Comisión que tenga en cuenta las iniciativas y proyectos propuestos;

48.  Felicita al país por su presidencia de la Comisión Electoral Independiente, cuando, a lo largo de 2015, se puso el foco en la cooperación económica y las oportunidades comerciales, las infraestructuras y el desarrollo económico global, incluido el desarrollo rural y el turismo, así como en establecer puentes entre macrorregiones;

49.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la VP/AR, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y el Parlamento del país.

(1) DO L 84 de 20.3.2004, p. 13.
(2) El corredor X es uno de los corredores de transporte paneuropeos y va desde Salzburgo (Austria) hasta Salónica (Grecia).
(3) El corredor VIII es uno de los corredores de transporte paneuropeos y va desde Durrës (Albania) a Varna (Bulgaria). También pasa por Skopie.


Situación en la República Democrática del Congo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2017, sobre la situación en la República Democrática del Congo (2017/2703(RSP))
P8_TA(2017)0264RC-B8-0397/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones, en particular las relativas a la República Democrática del Congo (RDC) de 23 de junio de 2016(1), 1 de diciembre de 2016(2) y 2 de febrero de 2017(3),

–  Vistas las Declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, y de su portavoz sobre la situación en la RDC,

–  Vistas las Declaraciones de la Delegación de la UE en la RDC sobre la situación de los derechos humanos en el país,

–  Visto el acuerdo político alcanzado en la RDC el 31 de diciembre de 2016,

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, de 15 de junio de 2016, sobre la situación en el período previo a las elecciones y en materia de seguridad en la RDC,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de octubre de 2016 y 6 de marzo de 2017, sobre la RDC,

–  Visto el Informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 10 de marzo de 2017, sobre la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la RDC, en particular la Resolución 2293 (2016) sobre la renovación del régimen de sanciones a la RDC y el mandato del Grupo de Expertos, y la Resolución 2348 (2017) sobre la renovación del mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la RDC (MONUSCO),

–  Vista la Declaración conjunta, de 16 de febrero de 2017, de la Unión Africana, las Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización Internacional de la Francofonía, sobre la RDC,

–  Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de junio de 1981,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Vista la Constitución de la RDC, aprobada el 18 de febrero de 2006,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento,

A.  Considerando que la RDC ha sufrido ciclos continuados de conflicto y brutal represión política; que la crisis humanitaria y en materia de seguridad en la RDC se ha deteriorado aún más a consecuencia de la crisis política provocada por el incumplimiento por el presidente Joseph Kabila del límite constitucional de dos mandatos;

B.  Considerando que el conflicto se produce en el contexto de una crisis política en la RDC; que el acuerdo alcanzado el 31 de diciembre de 2016 bajo los auspicios de la Conferencia Episcopal Nacional del Congo (CENCO) prevé una transición política que desemboque en unas elecciones presidenciales libres y justas que se celebrarán a finales de 2017 sin modificar la Constitución; que hasta la fecha no se han registrado progresos en la aplicación del acuerdo;

C.  Considerando que en agosto de 2016 se produjeron enfrentamientos armados entre el ejército congoleño y milicias locales en la provincia de Kasai Central y que estos choques se extendieron a las provincias vecinas de Kasai Oriental, Lomami y Sankuru, generando una crisis humanitaria y provocando el desplazamiento interno de más de un millón de civiles; que los informes de las Naciones Unidas han documentado violaciones masivas de los derechos humanos, incluidos la matanza de más de 500 civiles y el descubrimiento de más de 40 fosas comunes; que, según las Naciones Unidas, unos 400 000 niños están a punto de morir de inanición, que 165 organizaciones de la sociedad civil congoleña y defensores de los derechos humanos han pedido una investigación internacional independiente de las violaciones masivas de los derechos humanos en las provincias de Kasai y Lomami, destacando que tanto las fuerzas gubernamentales como los milicianos están implicados en esos crímenes;

D.  Considerando que dos expertos de las Naciones Unidas fueron secuestrados y asesinados, junto con miembros del personal de apoyo, en la provincia de Kasai en marzo de 2017;

E.  Considerando que en abril de 2017 la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó un llamamiento para conseguir 64,5 millones de dólares estadounidenses para ayuda humanitaria urgente en la región de Kasai;

F.  Considerando que las organizaciones de defensa de los derechos humanos informan continuamente del deterioro de la situación en el país en relación con los derechos humanos y las libertades de expresión, de reunión y manifestación, el aumento de los juicios políticos y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, periodistas y opositores políticos, en particular a manos del ejército y las milicias; que las mujeres y los niños son las primeras víctimas del conflicto y que la violencia sexual y de género, utilizada a menudo como una táctica bélica, está muy extendida;

G.  Considerando que, en el marco de su mandato, renovado por un año más en abril de 2017, la MONUSCO debe contribuir a la protección de la población civil en medio de esta intensificación de la violencia, y apoyar la aplicación del acuerdo político de 31 de diciembre de 2016, y que el contingente de la MONUSCO también debe desplegarse teniendo debidamente en cuenta las prioridades humanitarias y en materia de seguridad;

H.  Considerando que la UE adoptó, el 12 de diciembre de 2016, medidas restrictivas contra siete personas en respuesta a la obstrucción del proceso electoral y a las violaciones de los derechos humanos, y el 29 de mayo de 2017 contra otras nueve personas que ocupan puestos de responsabilidad en la administración del Estado y en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad de la RDC;

1.  Sigue profundamente preocupado por el deterioro de la situación política, de seguridad y humanitaria en la RDC; condena enérgicamente todas las violaciones de los derechos humanos, incluidos los actos de violencia cualesquiera que sean sus autores, los secuestros, los asesinatos, la tortura, la violencia sexual y los encarcelamientos arbitrarios y detenciones ilegales;

2.  Pide que se cree una comisión de investigación independiente y exhaustiva que incluya a expertos de las Naciones Unidas, para arrojar luz sobre la violencia en la región de Kasai y garantizar que los autores de estas matanzas rindan cuentas de sus acciones; pide a los Estados miembros que den apoyo político y financiero a dicha comisión de investigación;

3.  Recuerda que sobre el Gobierno de la RDC recae la responsabilidad primaria de proteger a los civiles que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, incluida la de su protección frente a los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra;

4.  Lamenta profundamente el retraso en la organización de las próximas elecciones presidenciales y legislativas en la RDC, lo que constituye una violación de la Constitución del país; lamenta asimismo la falta de avances en la aplicación del acuerdo político de 31 de diciembre de 2016 por lo que respecta a las disposiciones transitorias; recuerda el compromiso del Gobierno de la RDC de celebrar de manera creíble antes de finales de 2017 unas elecciones transparentes, libres y justas, garantizando la protección de las libertades y derechos políticos y de conformidad con el acuerdo político, que conduzcan a una transferencia pacífica del poder; reitera la importancia de la publicación de un calendario electoral detallado y acoge con satisfacción al mismo tiempo el proceso de inscripción en las listas electorales; pide que se apliquen rápidamente los compromisos recogidos en el acuerdo, en particular la modificación y la adopción de las disposiciones legislativas necesarias en el Parlamento congoleño antes del final de la legislatura; pide que se modifique la legislación electoral para garantizar la representación de las mujeres a través de unas medidas adecuadas;

5.  Subraya que la Comisión Electoral Nacional Independiente tiene la responsabilidad de ejercer el papel de institución imparcial e integradora en el desarrollo de un proceso electoral democrático y fiable; pide la creación inmediata de un consejo nacional encargado del seguimiento del acuerdo y del proceso electoral, de conformidad con el acuerdo político de 2016;

6.  Recuerda la obligación del Gobierno de respetar, proteger y promover las libertades fundamentales como base de la democracia; insta a las autoridades congoleñas a que restablezcan un entorno propicio al libre y pacífico ejercicio de las libertades de expresión, asociación y reunión y a la libertad de prensa; exige la inmediata liberación de todos los detenidos ilegalmente, incluidos periodistas, opositores y representantes de la sociedad civil; pide a todos los interlocutores políticos que entablen un diálogo político;

7.  Condena todas las violaciones del Derecho humanitario internacional perpetradas por las autoridades y los servicios de seguridad nacionales; manifiesta también su preocupación por las informaciones sobre graves violaciones de los derechos humanos cometidas por milicias locales, incluidos el reclutamiento y la utilización ilegales de niños soldados, que podrían constituir crímenes de guerra de conformidad con el Derecho internacional; considera que poner fin al fenómeno de los niños soldado debe constituir una prioridad para las autoridades y la comunidad internacional;

8.  Reitera su profunda preocupación por la alarmante situación humanitaria en la RDC, que incluye desplazamientos forzosos, inseguridad alimentaria, epidemias y catástrofes naturales; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que aumenten la ayuda financiera y humanitaria a través de organizaciones fiables para satisfacer las necesidades urgentes de la población, en particular en la provincia de Kasai; condena enérgicamente todos los ataques contra el personal y los medios humanitarios, e insiste en que las autoridades congoleñas garanticen la entrega correcta y puntual de ayuda a la población por las organizaciones humanitarias;

9.  Celebra la renovación del mandato de la MONUSCO y la labor realizada por el representante especial del secretario general para la RDC para proteger a los civiles y defender los derechos humanos en el contexto electoral; destaca que el mandato original y actual, aplicable a todas las tropas de las Naciones Unidas en el país, es «neutralizar a los grupos armados»; pide que la MONUSCO intervenga con todas sus fuerzas y proteja a la población contra los grupos armados, proteja a las mujeres contra las violaciones y otros actos de violencia sexual, y no permita ninguna restricción basada en mandos nacionales;

10.  Observa con preocupación el riesgo de desestabilización de la región; reitera su apoyo a las Naciones Unidas, la Organización Internacional de la Francofonía y la Unión Africana para facilitar el diálogo político; pide una mayor intervención en la región de los Grandes Lagos para evitar una mayor desestabilización;

11.  Recuerda la importancia de que los responsables rindan cuentas de las violaciones de los derechos humanos y otras acciones que menoscaban una solución consensuada y pacífica en la RDC; apoya el uso de sanciones selectivas de la Unión Europea contra los responsables de violaciones graves de los derechos humanos; pide que se lleven a cabo más investigaciones de los responsables y que se amplíen las sanciones, al más alto nivel del gobierno, por la violencia y los crímenes cometidos en la RDC, así como por el saqueo de sus recursos naturales, de conformidad con las investigaciones realizadas por el grupo de Expertos de las Naciones Unidas; destaca que las sanciones han de incluir la congelación de bienes y la prohibición de entrar en la Unión Europea;

12.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, al Parlamento Panafricano, al Consejo de Ministros y la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, al secretario general de las Naciones Unidas, y al presidente, el primer ministro y el Parlamento de la República Democrática del Congo.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0290.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0479.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0017.


Situación actual de la aplicación del Pacto de Sostenibilidad en Bangladés
PDF 186kWORD 50k
Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2017, sobre la situación actual de la aplicación del Pacto de Sostenibilidad en Bangladés (2017/2636(RSP))
P8_TA(2017)0265B8-0396/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 26 de noviembre de 2015, sobre la libertad de expresión en Bangladés(1),

–  Vista su Resolución, de 29 de abril de 2015, sobre el segundo aniversario del derrumbamiento del edificio Rana Plaza y los progresos del Pacto de Sostenibilidad con Bangladés(2),

–  Vista su Resolución, de 18 de septiembre de 2014, sobre las violaciones de los derechos humanos en Bangladés(3),

–  Vista su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección(4),

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Bangladés, en particular la de 16 de enero de 2014(5), la de 21 de noviembre de 2013(6) y la de 14 de marzo de 2013(7),

–  Vistas sus Resoluciones, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales(8) y sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional(9),

–  Vistas sus Resoluciones, de 6 de febrero de 2013, sobre responsabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y transparente de las empresas y crecimiento sostenible(10), y sobre la responsabilidad social de las empresas: promover los intereses de la sociedad y un camino hacia la recuperación sostenible e integradora(11),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 24 de abril de 2017, titulado «Sustainable garment value chains through EU development action» (Cadenas de valor sostenibles en el sector de la confección mediante la acción para el desarrollo de la Unión) (SWD(2017)0147),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681) y los resultados de la consulta pública sobre el trabajo de la Comisión relativo a la dirección de su política de responsabilidad social de las empresas a partir de 2014,

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre una nueva estrategia innovadora y orientada al futuro en materia de comercio e inversión(12),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2015, titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497),

–  Visto el Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y la República Popular de Bangladés sobre colaboración y desarrollo,

–  Visto el Pacto de Sostenibilidad para la mejora continua de los derechos en el trabajo y la seguridad de las fábricas en el sector de la confección y la industria textil en Bangladés,

–  Vistos los informes técnicos de situación de la Comisión, de julio de 2016 y de 24 de abril de 2015, sobre el Pacto de Sostenibilidad con Bangladés,

–  Visto el informe elaborado por su Comisión de Comercio Internacional, de 23 de enero de 2017, a raíz de la visita de una delegación ad hoc a Daca (Bangladés) del 15 al 17 de noviembre de 2016,

–  Visto el programa Better Work (Mejor Trabajo) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), puesto en marcha en octubre de 2013,

–  Vistos el Informe de la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT y las observaciones de 2017 de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT sobre los Convenios 87 y 98,

–  Vistos el apartado especial de la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT de la Conferencia de la OIT de 2016,

–  Vista la queja presentada en 2017 ante el Comité de Libertad Sindical de la OIT en relación con la represión del Gobierno contra los trabajadores del sector de la confección en Ashulia en diciembre de 2016 y la queja presentada ante los mandatos especiales de las Naciones Unidas, también en relación con la represión en Ashulia,

–  Vista la Declaración de Johannesburgo de las Naciones Unidas sobre el consumo y la producción sostenibles para promover el desarrollo económico y social,

–  Visto el Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD (2015),

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que establecen un marco para los gobiernos y las empresas en el ámbito de la protección y el respeto de los derechos humanos, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2011,

–  Visto el Pacto Mundial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción,

–  Vistas las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales,

–  Visto el Informe trimestral agregado sobre los progresos en las reparaciones relacionadas con las fábricas del sector de la confección cubiertas por el Acuerdo del 31 de octubre de 2016,

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre la situación actual de la aplicación del Pacto de Sostenibilidad en Bangladés (O-000037/2017 — B8‑0217/2017),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Comercio Internacional,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento,

A.  Considerando que Bangladés se ha convertido en el segundo mayor fabricante mundial de prendas de vestir y que el sector textil representa casi el 81 % de sus exportaciones totales; que el 60 % de su producción textil se exporta a la Unión, que es el principal mercado de exportación de Bangladés;

B.  Considerando que el sector de la confección proporciona empleo actualmente a 4,2 millones de personas repartidas en nada menos que 5 000 fábricas y permite indirectamente la subsistencia de hasta 40 millones de personas (alrededor de una cuarta parte de la población de Bangladés); que el sector de la confección ha contribuido de manera notable a la reducción de la pobreza y a la capacitación de las mujeres; que las mujeres, procedentes principalmente de zonas rurales, representan el 80 % del sector de la confección en Bangladés; que, sin embargo, el 80 % de los trabajadores todavía trabajan en la economía informal; que la compleja naturaleza de las cadenas de suministro del sector de la confección y su escaso nivel de transparencia facilitan las violaciones de los derechos humanos y aumentan la explotación; que, no obstante, el salario mínimo en el sector de la confección se ha mantenido por debajo del umbral de la pobreza del Banco Mundial;

C.  Considerando que la igualdad de género es un motor del desarrollo; que los derechos de las mujeres pertenecen al ámbito de los derechos humanos; que en el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se establece de manera clara que «[e]n todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad» y, por tanto, la Unión tiene el deber de integrar la igualdad de género en todas sus políticas, velando por que mujeres y hombres se beneficien por igual de los cambios sociales, el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo dignos, eliminando la discriminación y promoviendo el respeto por los derechos de las mujeres en el mundo;

D.  Considerando que aproximadamente el 10 % de la mano de obra del sector de la confección trabaja en zonas francas industriales; que la Ley del Trabajo en las Zonas Francas Industriales no concede derechos básicos suficientes a los trabajadores en comparación con los que se disfrutan en el resto de Bangladés; que está prevista una gran expansión de las zonas francas industriales;

E.  Considerando que las generosas preferencias comerciales unilaterales de la Unión en el marco de la iniciativa «Todo menos armas» para los países menos adelantados, consagradas en el Reglamento SPG de la Unión, que conceden un acceso exento de aranceles a los productos textiles procedentes de Bangladés con arreglo a normas de origen flexibles, han contribuido significativamente al notable éxito de las exportaciones y al crecimiento del empleo en el sector de la confección de Bangladés;

F.  Considerando que esas preferencias comerciales están consagradas en el principio de la Unión de promoción del comercio libre y justo y, por tanto, permiten a la Unión suspender los beneficios del SPG en los casos más graves de violaciones de los derechos humanos en virtud del capítulo V, artículo 19, apartado 1, letra a) del Reglamento SPG, que establece que los regímenes preferenciales podrán retirarse temporalmente por una serie de razones, entre las que se encuentra la violación grave y sistemática de los principios establecidos en los convenios enumerados en la parte A del anexo VIII, entre ellos, los ocho convenios fundamentales de la OIT;

G.  Considerando que, sobre la base de estas disposiciones, la Comisión y el SEAE pusieron en marcha, a principios de 2017, un diálogo reforzado en materia de derechos laborales y humanos, con el objetivo de lograr un mejor cumplimiento de los principios de esos convenios;

H.  Considerando que la OIT dedicó un apartado especial a Bangladés en el informe de su Comisión de Aplicación de Normas de la OIT de su Conferencia de 2016, en el que indica que el país incumplía gravemente sus obligaciones en virtud del Convenio 87 (libertad de asociación); que en 2015, la OIT señaló que el 78 % de las solicitudes de registro de sindicatos fueron rechazadas debido a una combinación entre la hostilidad de los directores de las fábricas y algunos políticos hacia los sindicatos, y una incapacidad administrativa para registrarlos;

I.  Considerando que, según diversos informes, cientos de trabajadores del sector de la confección han muerto en incendios de fábricas en Bangladés desde 2006, cuyos dueños y directores, pese a su gran número, nunca han sido llevados ante la justicia, lamentablemente; que se estima en 11 700 el número de trabajadores que fallece cada año en accidentes, y que otros 24 500 mueren por enfermedades relacionadas con el trabajo en todos los sectores;

J.  Considerando que el salario mínimo mensual actual de 5 300 takas (67 dólares estadounidenses) no ha sido aumentado desde 2013 y que no se ha convocado al comité salarial;

K.  Considerando que, desde el 21 de diciembre de 2016 y a raíz de las huelgas y manifestaciones en las que los trabajadores bangladesíes del sector de la confección reclamaban salarios más elevados, las autoridades detuvieron y encarcelaron arbitrariamente a, al menos, 35 dirigentes sindicales y abogados, cerraron oficinas de sindicatos y ONG o las pusieron bajo vigilancia policial, y suspendieron o despidieron a 1 600 trabajadores por protestar contra los bajos salarios del sector de la confección;

L.  Considerando que Bangladés ocupa el puesto 145 de 177 en el Índice de Transparencia; que la corrupción es un mal endémico en la cadena mundial de suministro del sector de la confección y afecta tanto a la clase política como a las administraciones locales;

M.  Considerando que una serie de prometedoras iniciativas lideradas por el sector privado, como el Acuerdo sobre la seguridad de los edificios y la protección contra los incendios en Bangladés (en lo sucesivo, «el Acuerdo»), ha contribuido moderada y positivamente a mejorar las normas relativas a la cadena de suministro y la seguridad de los trabajadores en los últimos veinte años desde el punto de vista del aumento los derechos de los trabajadores en la cadena de suministro del sector de la confección;

N.  Considerando que las conclusiones de las sucesivas revisiones del Pacto, efectuadas en 2014, 2015 y 2016, indican que las autoridades bangladesíes han logrado mejoras tangibles en algunos aspectos, y reconocen la contribución del Pacto a una modesta mejora de la salud y la seguridad en las fábricas, así como de las condiciones laborales en el sector de la confección; que ha sido más difícil, en cambio, avanzar en cuanto a los derechos de los trabajadores, y que en los últimos años no se ha registrado una evolución significativa en este ámbito; que, según la OIT, la incapacidad para modificar y aplicar la Ley del Trabajo de Bangladés de 2013 se está traduciendo en la aparición de obstáculos importantes a la hora de ejercer el derecho de libertad de asociación y de registrar sindicatos, sobre todo en el sector de la confección en las zonas francas industriales; que se ha denegado a los trabajadores de las zonas francas industriales el derecho de afiliación sindical;

O.  Considerando que, tras la catástrofe, se ha observado una demanda sin precedentes por parte de los consumidores europeos de más información acerca del origen de los productos y las condiciones de producción; que los ciudadanos europeos han presentado innumerables peticiones y han organizado campañas para solicitar una mayor responsabilidad de las marcas de ropa a la hora de garantizar que sus productos se fabrican de una manera ética;

Conducta empresarial responsable en Bangladés, esencialmente una tarea interna

1.  Destaca que, pese a su impresionante historial en materia de crecimiento y desarrollo en los últimos años, Bangladés debe realizar esfuerzos considerables a largo plazo para lograr un crecimiento económico sostenible y más integrador; subraya que, en este sentido, es esencial llevar a cabo reformas estructurales que se traduzcan en un aumento de la productividad, una mayor diversificación de las exportaciones, justicia social, derechos de los trabajadores, protección medioambiental y lucha contra la corrupción;

2.  Insta al Gobierno de Bangladés a que refuerce su compromiso por mejorar la seguridad, las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores en el sector de la confección con carácter prioritario y a que mejore la aplicación de la legislación en materia de seguridad de los edificios y las fábricas, a que siga aumentando la financiación gubernamental destinada a la inspección laboral, a que continúe contratando y formando a más inspectores de fábricas, a que instaure las condiciones necesarias para reducir la rotación de los inspectores de trabajo, a que elabore un plan de trabajo anual para el seguimiento de las inspecciones de las fábricas que necesitan aplicar medidas correctivas y a que amplíe a otros sectores las inspecciones de los edificios y las fábricas;

3.  Pide al Gobierno de Bangladés que modifique la Ley del Trabajo de 2013 con el fin de abordar de forma eficaz la libertad de asociación y la negociación colectiva, que promueva el diálogo social, que garantice un registro rápido y no arbitrario de los sindicatos, que vele por la eficacia de la investigación y enjuiciamiento de los casos de presunta discriminación contra los sindicatos y de las prácticas laborales abusivas, y que garantice que el marco legislativo laboral respete plenamente las normas internacionales —en particular los Convenios 87 y 98 de la OIT relativos a la libertad de asociación y la negociación colectiva— y se aplique debidamente; insta, asimismo, al Gobierno a que garantice que las disposiciones que regulan las zonas francas industriales permitan la plena libertad de asociación, en consonancia con las normas internacionales de este tipo, y a que investigue activamente y con carácter de urgencia todos los actos de discriminación contra los sindicatos;

4.  Insta al Gobierno de Bangladés, a las asociaciones del sector y a los propietarios de fábricas a que lleven a cabo obras de rehabilitación en todas las fábricas del sector de la confección orientadas a la exportación, y a las autoridades públicas correspondientes a que hagan un seguimiento de las reparaciones y las inspecciones y a que las supervisen de forma transparente, reconociendo la utilidad de los fondos movilizados por los donantes y la importancia de una ayuda financiera eficaz;

5.  Insta al Gobierno de Bangladés a convocar de forma inmediata al comité salarial y a fijar una periodicidad más corta para la revisión de los salarios;

Iniciativas del sector privado, una contribución eficaz y valiosa

6.  Pide a las marcas y los distribuidores internacionales y al sector privado de Bangladés que sigan comprometidos con el respeto de la legislación laboral y que pongan en marcha medidas de responsabilidad social de las empresas y mejoren sus prácticas en materia de responsabilidad empresarial, por ejemplo garantizando unas condiciones de trabajo dignas para los trabajadores bangladesíes del sector de la confección, además de facilitar información clara sobre qué fábricas están produciendo los bienes y unos mecanismos de coordinación entre las iniciativas pertinentes; anima a las marcas y los distribuidores mundiales a seguir trabajando por la adopción de un código de conducta unificado para las auditorías de las fábricas en Bangladés;

7.  Destaca los logros alcanzados por el compromiso del sector empresarial privado, en colaboración con el Gobierno de Bangladés y las organizaciones internacionales en el país, gracias al Acuerdo sobre la Seguridad de los Edificios y la Protección contra Incendios; señala que, pese a los avances registrados en la seguridad de los edificios y la protección contra incendios, los firmantes del Acuerdo siguen preocupados por la lentitud con la que se están subsanando problemas fundamentales de seguridad; pide a las partes que prolonguen durante cinco años más el Acuerdo y el compromiso adquirido con él antes de que este venza el 12 de mayo de 2018; pide al Gobierno y al sector empresarial de Bangladés que reconozcan la utilidad del compromiso adquirido por los distribuidores en Bangladés a través del Acuerdo y que apoyen la prórroga del mandato otorgado a las partes del Acuerdo en Bangladés;

8.  Pide al Gobierno de Bangladés y al sector privado que den continuidad a las iniciativas destinadas a la compensación financiera y la rehabilitación de las víctimas, que elaboren estrategias de reinserción laboral efectivas y que apoyen el desarrollo de capacidades emprendedoras y de subsistencia;

La Unión y la comunidad internacional: una responsabilidad compartida

9.  Apoya las actividades de seguimiento del Pacto de Sostenibilidad con Bangladés, así como el diálogo reforzado de la Comisión y el SEAE con Bangladés en materia de derechos laborales y humanos para lograr un mejor cumplimiento de los principios de los convenios enumerados en el Reglamento SPG;

10.  Apoya la intención de la Comisión de estudiar una posible iniciativa a escala de la Unión en el sector de la confección cuyos principios fundamentales sean las iniciativas voluntarias y unos estrictos códigos de conducta; toma nota del documento de trabajo de la Comisión, de 24 de abril de 2017, titulado «Sustainable garment value chains through EU development action» (Cadenas de valor sostenibles en el sector de la confección mediante la acción para el desarrollo de la Unión), y reitera su petición de no limitarse al documento de trabajo sino de incluir el posible estudio de la legislación vinculante sobre diligencia debida; subraya, asimismo, que la coordinación, el intercambio de información y de buenas prácticas y el compromiso de los gobiernos de establecer las condiciones marco adecuadas pueden contribuir a aumentar la eficacia de las iniciativas públicas y privadas relacionadas con la cadena de valor y lograr resultados positivos en materia de desarrollo sostenible; resalta la importancia de sensibilizar a los consumidores para aumentar la transparencia, así como de apoyar los esfuerzos destinados a mejorar los estándares laborales y medioambientales, la seguridad de los productos y el consumo sostenible;

11.  Considera que el Pacto de Sostenibilidad con Bangladés, uno de cuyos principales actores es la Unión, podría servir de base para otras acciones similares de asociación con terceros Estados; anima a la Unión a que prosiga y ahonde su cooperación en el ámbito internacional en materia de desarrollo sostenible y responsabilidad social de las empresas con organismos como la OIT, la OCDE y las Naciones Unidas;

12.  Apoya los esfuerzos del grupo de trabajo de composición abierta de las Naciones Unidas, creado para elaborar un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que participen activamente en las negociaciones resultantes;

13.  Subraya que la incapacidad de mejorar la situación de la seguridad y de hacer frente sistemáticamente a las amenazas que plantean los extremistas en Bangladés repercutirá directamente en la inversión en el país, lo que en última instancia supondrá un freno para el desarrollo a largo plazo y las vidas de los ciudadanos;

Conclusiones

14.  Subraya que el sector de la confección de alta calidad es fundamental para el desarrollo económico y social de Bangladés, y que su expansión ha permitido la transición de muchos trabajadores, especialmente mujeres, de la economía informal a la formal; advierte de la posibilidad de que algunas iniciativas puedan llevar a empresas de la Unión y de otros países a desvincularse de Bangladés, lo que sería perjudicial no solo para su reputación sino, lo que es más importante, para las perspectivas de desarrollo futuro del país;

15.  Destaca que es un deber compartido del Gobierno de Bangladés, el sector privado local, la comunidad internacional y los socios comerciales contribuir al objetivo general de conseguir una conducta empresarial responsable;

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16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al Gobierno y al Parlamento de Bangladés y al director general de la OIT.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0414.
(2) DO C 346 de 21.9.2016, p. 39.
(3) DO C 234 de 28.6.2016, p. 10.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0196.
(5) DO C 482 de 23.12.2016, p. 149.
(6) DO C 436 de 24.11.2016, p. 39.
(7) DO C 36 de 29.1.2016, p. 145.
(8) DO C 99 E de 3.4.2012, p. 31.
(9) DO C 99 E de 3.4.2012, p. 101.
(10) DO C 24 de 22.1.2016, p. 28.
(11) DO C 24 de 22.1.2016, p. 33.
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0299.

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