Índice 
Textos aprobados
Jueves 6 de julio de 2017 - EstrasburgoEdición definitiva
Informe de 2016 sobre Turquía
 Constitución de una comisión especial sobre terrorismo y establecimiento de sus competencias, composición numérica y mandato
 Los casos del galardonado con el Premio Nobel Liu Xiaobo y de Li Ming-che
 Eritrea, en particular los casos de Abune Antonios y Dawit Isaak
 Burundi
 Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) y establecimiento de la garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS ***I
 Usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso ***I
 Intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso ***I
 Mecanismos de resolución de los litigios de doble imposición en la UE *
 Acción de la UE en favor de la sostenibilidad
 El fomento de la cohesión y el desarrollo en las regiones ultraperiféricas de la UE

Informe de 2016 sobre Turquía
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Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre Turquía (2016/2308(INI))
P8_TA(2017)0306A8-0234/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones, y en particular las de 24 de noviembre de 2016 sobre las relaciones entre la Unión Europea y Turquía(1) y de 27 de octubre de 2016 sobre la situación de los periodistas en Turquía(2),

–  Vistas su Resolución, de 13 de noviembre de 2014, sobre las tensiones generadas por las acciones turcas en la zona económica exclusiva de Chipre(3) y su Resolución, de 15 de abril de 2015, sobre el centenario del genocidio armenio(4),

–  Vistos la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 9 de noviembre de 2016, sobre la política de ampliación de la UE (COM(2016)0715) y el Informe 2016 sobre Turquía (SWD(2016)0366),

–  Vistas las conclusiones de la Presidencia, de 13 de diciembre de 2016, y las conclusiones previas pertinentes del Consejo y del Consejo Europeo,

–  Visto el marco de negociación con Turquía, y en particular el apartado 5 de los principios que rigen las negociaciones, de 3 de octubre de 2005,

–  Vistas la Decisión 2008/157/CE del Consejo, de 18 de febrero de 2008, relativa a los principios, prioridades y condiciones contemplados en la Asociación para la adhesión con la República de Turquía(5) («Asociación para la adhesión»)y las decisiones previas del Consejo de 2001, 2003 y 2006 sobre la Asociación para la adhesión,

–  Vistos la Declaración conjunta tras la Cumbre entre la UE y Turquía, de 29 de noviembre de 2015, y el Plan de acción entre la UE y Turquía,

–  Vistas la Declaración de la Comunidad Europea y de sus Estados miembros, de 21 de septiembre de 2005, que incluye una disposición según la cual el reconocimiento de todos los Estados miembros es un elemento esencial del proceso de adhesión, y la necesidad de que Turquía aplique plena y efectivamente el Protocolo Adicional del Acuerdo de Ankara en relación con todos los Estados miembros, eliminando todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías sin prejuicios ni discriminación,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que establece que las partes contratantes se comprometen a acatar y aplicar las sentencias definitivas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en los litigios en que sean partes,

–  Vistos los dictámenes de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, y en particular los de 10 y 11 de marzo de 2017, sobre las modificaciones de la Constitución que deben someterse a un referéndum nacional, sobre las medidas adoptadas al amparo de decretos-ley de emergencia en relación con la libertad de los medios de comunicación y con los derechos, las competencias y el funcionamiento de los juzgados de paz en materia penal, de 9 y 10 de diciembre de 2016 sobre los decretos-ley de emergencia n.º 667-676, adoptados tras el golpe de Estado fallido de 15 de julio de 2016, y de 14 y 15 de octubre de 2016, sobre la suspensión del apartado 2 del artículo 83 de la Constitución (inviolabilidad parlamentaria),

–  Vista la declaración del comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 26 de julio de 2016, sobre las medidas adoptadas en el marco del estado de excepción en Turquía,

–  Vista la declaración UE-Turquía de 18 de marzo de 2016,

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 2 de marzo de 2017, sobre el primer informe anual sobre el Mecanismo para los Refugiados en Turquía (COM(2017)0130), así como el Quinto informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo, de 2 de marzo de 2017, sobre los progresos realizados en la aplicación de la Declaración UE-Turquía (COM(2017)0204),

–  Visto que Turquía se ha comprometido a cumplir los criterios de Copenhague, llevar a cabo unas reformas adecuadas y efectivas, mantener relaciones de buena vecindad y alinearse progresivamente con la Unión, y que estos esfuerzos deberían haberse considerado una oportunidad para que Turquía fortalezca sus instituciones y continúe su proceso de democratización y modernización,

–  Vista la recomendación de la Comisión, de 21 de diciembre de 2016, para una decisión del Consejo por la que se autorice la apertura de las negociaciones con Turquía sobre un acuerdo relativo a la ampliación de las relaciones comerciales bilaterales preferenciales y a la modernización de la unión aduanera,

–  Visto que el respeto del Estado de Derecho, y en particular la separación de poderes, la democracia, la libertad de expresión y de los medios de comunicación, los derechos humanos, los derechos de las minorías y la libertad de religión, así como la libertad de asociación y de manifestación pacífica, constituyen el núcleo del proceso de negociación, según los criterios de Copenhague para la adhesión a la Unión Europea,

–  Visto el hecho de que se ha situado a Turquía en el puesto número 155 de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, publicada el 26 de abril de 2017, la posición más baja que ha obtenido nunca, y que también se considera que es uno de los países en los que los periodistas sufren más amenazas, ataques físicos y acoso judicial, como detenciones y penas de prisión,

–  Visto que en noviembre de 2016 el Parlamento instó a la Comisión y a los Estados miembros a que congelaran temporalmente las negociaciones de adhesión con Turquía y se comprometieran a revisar su posición una vez hubieran sido revocadas las medidas desproporcionadas adoptadas en el marco del estado de excepción, de forma que dicha revisión se basara en determinar si el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos han sido restablecidos en todo el país,

–  Vista la crisis en Siria y teniendo en cuenta los esfuerzos desplegados para conseguir el alto el fuego y llegar a una solución pacífica, así como las obligaciones asumidas por Turquía en el sentido de reforzar la estabilidad y promover unas relaciones de buena vecindad mediante esfuerzos sostenidos dirigidos a resolver las cuestiones bilaterales, las disputas y los conflictos pendientes con los países vecinos en relación con las fronteras terrestres y marítimas y el espacio aéreo, de conformidad con los acuerdos internacionales, incluidas la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y la Carta de las Naciones Unidas,

–  Vista la participación rusa en Siria, entre otros apoyando el uso de armas químicas del ejército sirio, que desestabiliza aún más el país y aumenta el número de refugiados que buscan protección en Turquía y la Unión,

–  Vista la situación de Turquía en materia de seguridad, que se ha deteriorado tanto a nivel interno como externo, y teniendo en cuenta los ataques terroristas perpetrados en el país,

–  Visto que Turquía acoge a la mayor población de refugiados del mundo, con casi tres millones de refugiados registrados procedentes de Siria, Irak y Afganistán, de acuerdo con los datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),

–  Vista la situación económica y financiera de Turquía, consecuencia en parte de la reciente oleada de atentados y de la inestabilidad política, aunque también de problemas más profundos en su economía,

–  Visto el Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), titulado «The human rights situation in South-East Turkey» (La situación de los derechos humanos en el sudeste de Turquía), de febrero de 2017,

–  Vista la admirable hospitalidad con la que Turquía ha acogido al gran número de refugiados que viven en el país,

–  Vista la declaración de resultados y conclusiones preliminares de la Misión internacional de observación del referéndum, emitida el 17 de abril de 2017,

–  Vista la Resolución 2156 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa titulada «The functioning of democratic institutions in Turkey» (El funcionamiento de las instituciones democráticas en Turquía), de 25 de abril de 2017, que dio lugar a la reapertura del procedimiento de control,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0234/2017),

A.   Considerando que millones de personas turcas y de origen turco viven desde hace décadas en los Estados miembros y contribuyen a su prosperidad;

Introducción

1.  Destaca que 2016 fue un año difícil para la población turca como consecuencia de la continuación de la guerra en Siria, el elevado número de refugiados, el conflicto en el sudeste, una serie de atroces atentados terroristas y un violento intento de golpe de Estado en el que perdieron la vida 248 personas; reitera su enérgica condena del intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016 y expresa su solidaridad con el pueblo turco; reconoce el derecho y la responsabilidad del Gobierno turco de adoptar medidas dirigidas a llevar a los autores de este acto ante la justicia garantizando el respeto del Estado de Derecho y el derecho a un juicio imparcial;

2.  Destaca, no obstante, que las medidas adoptadas en el marco del estado de excepción tienen efectos negativos a gran escala, desproporcionados y duraderos en un gran número de ciudadanos así como en la protección de las libertades fundamentales en el país; condena el despido colectivo de funcionarios y agentes de policía, la masiva liquidación de medios de comunicación, las detenciones de periodistas, personal académico, jueces, defensores de los derechos humanos, representantes electos y no electos, miembros de los servicios de seguridad y ciudadanos en general y el decomiso de sus propiedades y activos y la retirada de sus pasaportes, el cierre de numerosas escuelas y universidades y la prohibición de viajar impuesta a miles de ciudadanos turcos, llevados a cabo al amparo de decretos-ley de emergencia sin decisiones individualizadas y sin la posibilidad de un control jurisdiccional oportuno; manifiesta su preocupación por el decomiso, y en algunos casos la nacionalización, de compañías y empresas privadas turcas; pide la liberación incondicional e inmediata de todos los presos que se encuentran detenidos sin pruebas de participación individual en la comisión de delitos; lamenta, en este contexto, que las prerrogativas legislativas de la Gran Asamblea Nacional se hayan visto gravemente mermadas;

3.  Destaca la importancia estratégica de unas buenas relaciones entre la Unión Europea y Turquía y del gran valor añadido de la cooperación a la hora de afrontar los desafíos a los que ambas partes se enfrentan; reconoce que tanto Turquía como la Unión han seguido sus propios procesos de transformación interna desde el inicio de las negociaciones de adhesión, en 2004; lamenta que los instrumentos de adhesión no se hayan utilizado al máximo, y que se haya producido un retroceso en los ámbitos del Estado de Derecho y los derechos humanos, que ocupan un lugar central en los criterios de Copenhague, y que, a lo largo de los años, el apoyo de la opinión pública a la plena integración de Turquía en la Unión se haya debilitado en ambas partes; reitera su compromiso de cooperar y mantener un diálogo abierto y constructivo con el Gobierno turco con el fin de hacer frente a los desafíos comunes y a prioridades compartidas tales como la estabilidad regional, la situación en Siria, la migración y la seguridad;

4.  Toma nota del resultado del referéndum del 16 de abril de 2017, que fue organizado en el marco del estado de excepción y en circunstancias que impidieron el desarrollo de una campaña justa y una elección con conocimiento de causa, dado que ambas partes de la campaña no estaban en pie de igualdad en lo que a oportunidades se refiere y que se vulneraron los derechos de los que se oponían a la reforma constitucional; muestra preocupación por las acusaciones de irregularidades y fraude electoral generalizado que se han identificado en las conclusiones de la Misión de observación de la Oficina de Instituciones Democráticas y de Derechos Humanos de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE/OIDDH), publicadas el 17 de abril de 2017, que suscitan serias dudas en lo que respecta a la validez y legitimidad de los resultados; respalda una investigación independiente de todas las denuncias relativas a irregularidades que figuran en la declaración de la OSCE/OIDDH; toma nota de la decisión de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de reabrir el procedimiento de control para Turquía;

5.  Señala que Turquía debe cumplir sus compromisos como miembro del Consejo de Europa; pide a Turquía que siga respetando los compromisos contraídos con el Consejo de Europa y que aplique los cambios y reformas judiciales y constitucionales en colaboración con la Comisión de Venecia y conforme a los criterios de esta;

6.  Condena enérgicamente el apoyo a la reintroducción de la pena de muerte declarado en reiteradas ocasiones por el presidente turco y varios otros políticos; recuerda que un rechazo inequívoco de la pena de muerte constituye un requisito esencial para la adhesión a la Unión, y subraya que la reintroducción de la pena de muerte vulneraría los compromisos internacionales suscritos por Turquía, pondría en tela de juicio su pertenencia al Consejo de Europa y conduciría al cese inmediato de las negociaciones de adhesión a la Unión y de la ayuda de preadhesión; subraya que, de organizarse en Turquía un referéndum sobre la reintroducción de la pena de muerte, los Estados miembros tienen derecho a negarse a permitir que se facilite dicha votación en sus respectivos territorios;

7.  Recuerda su posición, de noviembre de 2016, de suspender el proceso de adhesión con Turquía;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros, de conformidad con el marco de negociación, que suspendan oficialmente y sin demora las negociaciones de adhesión con Turquía si el paquete de reformas constitucionales se aplica sin modificaciones; subraya, teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión de Venecia sobre la reforma constitucional, que la propuesta de revisión constitucional no respeta los principios fundamentales de la separación de poderes, no prevé los contrapoderes adecuados y no es conforme a los criterios de Copenhague; invita a la Comisión, a los Estados miembros y a Turquía a que celebren un debate abierto y honesto sobre los ámbitos de interés mutuo para los que sería posible una cooperación más intensa; subraya que cualquier compromiso político entre la Unión y Turquía debe basarse en disposiciones de condicionalidad relativas al respeto de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

Derechos humanos y libertades fundamentales

9.  Constata con pesar que las desproporcionadas medidas adoptadas a raíz de la declaración del estado de excepción han tenido como objetivo, mediante detenciones, despidos, privaciones de libertad y confiscaciones de propiedades, no solo a miles de personas que son supuestos miembros y simpatizantes del movimiento Gülen, sino también a los disidentes en general y los partidos políticos de la oposición en particular; sigue a la espera de pruebas convincentes por lo que se refiere a los autores del intento de golpe de Estado; condena firmemente el encarcelamiento de once diputados del Partido Democrático Popular (HDP), incluidos sus copresidentes, Figen Yuksekdag y Selahattin Demirtas, de un diputado del Partido Popular Republicano (CHP) y de 85 alcaldes kurdos; insta al Gobierno turco a que levante de inmediato el estado de excepción; advierte del abuso de las medidas antiterroristas para legitimar la represión de los derechos humanos; pide al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que admita inmediatamente los primeros casos ejemplares y que concluya los primeros procedimientos lo antes posible, ya que no parece que existan vías de recurso efectivas a nivel nacional;

10.  Solicita a las autoridades turcas que lleven a cabo una investigación exhaustiva de las acusaciones de maltrato grave a los presos, de las que han informado varias organizaciones de derechos humanos, y pide la plena rendición de cuentas y que se castigue a los culpables de cometer violaciones de los derechos humanos; expresa su profunda preocupación por las condiciones de detención; pide la publicación inmediata de los últimos informes del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa e insta a las autoridades turcas a que permitan que observadores nacionales e internacionales supervisen los centros de detención;

11.  Pide al Gobierno turco que brinde a todas las personas sujetas a medidas restrictivas vías de recurso y reparación apropiadas y efectivas, así como un control jurisdiccional en consonancia con el Estado de Derecho; destaca que la presunción de inocencia es un principio fundamental en cualquier Estado de Derecho; señala que, bajo el estado de excepción actual, los ciudadanos privados de libertad no tienen derecho a asistencia jurídica durante los primeros cinco días de su detención y lamenta las graves restricciones de que es objeto el acceso de los detenidos a un abogado; subraya que desde julio de 2016 se han interpuesto más de 100 000 denuncias ante el Tribunal Constitucional turco, que se declaró no competente en asuntos pertenecientes al ámbito de aplicación del decreto de emergencia; pide a Turquía que revise con carácter de urgencia la Comisión de investigación sobre las prácticas del estado de excepción, de forma que se convierta en una comisión sólida, independiente y plenamente dotada del mandato adecuado para garantizar el tratamiento individualizado de todos los casos y el tratamiento efectivo del enorme volumen de solicitudes que recibirá, y para garantizar que el control jurisdiccional no sufra un retraso indebido;

12.  Condena firmemente el grave retroceso y las violaciones de la libertad de expresión, así como las graves vulneraciones de la libertad de los medios de comunicación, incluidas las prohibiciones desproporcionadas de sitios web de los medios de comunicación y las redes sociales; toma nota con preocupación del cierre de aproximadamente 170 medios de comunicación —incluidos casi todos los medios en lengua kurda— y del encarcelamiento de más de 150 periodistas; hace hincapié en que la decisión de Turquía de bloquear el acceso a Wikipedia constituye un grave ataque a la libertad de información; señala el continuo descenso de Turquía en la clasificación de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, que sitúa a Turquía ahora en el puesto 155 de una lista de 180 países; recuerda que una prensa libre y plural, incluida una internet libre y abierta, constituye un elemento esencial de toda democracia, e insta al Gobierno turco a que ponga en libertad de forma inmediata a todos los periodistas detenidos de forma ilegal; pide al Gobierno turco que permita al antiguo diputado al Parlamento Europeo y presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta, Joost Lagendijk, volver con su familia en Turquía;

13.  Expresa su profunda preocupación por el continuo deterioro de la situación en el sudeste de Turquía, especialmente en las zonas en las que se ha decretado el toque de queda, se ha hecho un uso excesivo de la fuerza y se han aplicado castigos colectivos a todos los habitantes, y en las que, según la información disponible, unas 2 000 personas perdieron la vida en el marco de operaciones de seguridad y aproximadamente medio millón de personas se vieron desplazadas entre julio de 2015 y diciembre de 2016; observa que los fiscales locales se han negado repetidamente a abrir investigaciones sobre los asesinatos denunciados y que se ha denegado a los observadores independientes el acceso a la zona en cuestión; recuerda la responsabilidad del Gobierno turco de proteger a todos sus ciudadanos, independientemente de sus orígenes culturales o religiosos y sus creencias; lamenta la práctica extendida de la expropiación, también de propiedades pertenecientes a municipios, además de propiedades eclesiásticas, que constituye una violación de los derechos de las minorías religiosas; expresa su convicción de que solo una solución política justa de la cuestión kurda puede aportar una estabilidad y prosperidad duraderas tanto a la zona afectada como a Turquía en su conjunto, por lo que pide a ambas partes que vuelvan a la mesa de negociación; señala que la promulgación de una serie de leyes, incluida la Ley n.o 6722 sobre la protección jurídica de las fuerzas de seguridad que participan en la lucha contra las organizaciones terroristas, aprobada en 2016, ha creado un clima de «impunidad sistemática» entre las fuerzas de seguridad;

14.  Condena la decisión del Parlamento de Turquía de suspender de forma anticonstitucional la inmunidad parlamentaria de los diputados, entre ellos 55 de un total de 59 parlamentarios del HDP, facilitando así las detenciones de políticos de la oposición y perjudicando gravemente la imagen del Parlamento como institución democrática; subraya que la Gran Asamblea Nacional turca debe ser la institución central de la democracia turca y representar a todos los ciudadanos en igualdad de condiciones; lamenta el elevado umbral electoral;

15.  Expresa su preocupación por el hecho de que los jueces y fiscales sigan sometidos a una fuerte presión política, y por el hecho de que 4 000 de ellos, lo que representa casi la cuarta parte de la magistratura, hayan sido cesados o detenidos y en algunos casos sus propiedades hayan sido confiscadas; pide a Turquía que restablezca y haga efectivas todas las garantías jurídicas que aseguren el pleno respeto de la independencia del poder judicial, en particular modificando la Ley sobre el Consejo Superior de Jueces y Fiscales, con el fin de reducir la influencia del ejecutivo en dicho Consejo; expresa una especial preocupación por el hecho de que la institución de los jueces de paz en materia penal, creada en junio de 2014 por el Gobierno en funciones, se haya convertido aparentemente en un instrumento para reprimir a la oposición y controlar la información disponible al público en general;

16.  Expresa su profunda preocupación por la falta de respeto de la libertad de religión, la discriminación contra las minorías religiosas, en particular los cristianos y los alevíes, y la violencia por motivos religiosos, incluidos los ataques verbales y físicos, la estigmatización y la presión social en los centros escolares y los problemas relacionados con la implantación legal de un lugar de culto; insta a las autoridades turcas a impulsar reformas positivas y eficaces en el ámbito de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, permitiendo que las comunidades religiosas obtengan personalidad jurídica, dejando que las fundaciones caritativas designen a sus órganos de gobierno, eliminando todas las restricciones relativas a la formación, nombramiento y sucesión de clérigos, cumpliendo así las sentencias pertinentes del TEDH y las recomendaciones de la Comisión de Venecia y eliminando todas las formas de discriminación o barreras basadas en la religión; pide a Turquía que respete el carácter particular y la importancia del patriarca ecuménico y que reconozca su personalidad jurídica; reitera la necesidad de permitir la reapertura del seminario de Halki y levantar todos los obstáculos a su buen funcionamiento; expresa su preocupación por la reciente apropiación de las iglesias de la región de Diyarbakir; insta al gobierno a que las devuelvan a sus legítimos propietarios; insta a las autoridades turcas, a luchar seriamente contra todas las manifestaciones de antisemitismo en la sociedad;

17.  Pide a Turquía que proteja los derechos de los grupos más vulnerables y las personas pertenecientes a minorías; lamenta la prohibición por tercer año consecutivo de las manifestaciones de LGBTI en Ankara y Estambul y que sean objeto de represión y violencia policial; expresa su profunda preocupación por la violencia de carácter sexista, la discriminación, la incitación al odio contra las minorías, los delitos motivados por el odio y las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI; Solicita a Turquía que tome las medidas adecuadas para prevenir y castigar la incitación al odio o los delitos contra las minorías; pide a Turquía que armonice su legislación nacional con el Convenio de Estambul del Consejo de Europa, que ratificó en 2014; acoge con satisfacción la estrategia nacional y el plan de acción del Gobierno para la población romaní y pide al Gobierno turco que ponga en marcha la aplicación de la estrategia y establezca un mecanismo de control y evaluación; alienta a las autoridades a abordar los principales obstáculos a la inclusión social de dicha población; solicita a Turquía que vele por la igualdad plena de todos los ciudadanos y resuelva los problemas a los que se enfrentan los miembros de las minorías, en particular en lo que se refiere a los derechos de propiedad; señala que, conforme a los criterios de Copenhague, las minorías también deberían tener derecho a recibir una educación en su lengua nativa en las escuelas públicas; recuerda la importancia de la aplicación de la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre Imbros y Tenedos y pide a Turquía que contribuya en la repatriación de las familias de minorías que deseen regresar a las islas; acoge con satisfacción la apertura de la escuela para la minoría griega en la isla de Imbros, lo cual constituye un paso positivo;

18.  Insta al Gobierno turco a que respete y aplique plenamente las obligaciones jurídicas que ha contraído en relación con la protección del patrimonio cultural, y, en particular, que elabore de buena fe un inventario integral del patrimonio griego, armenio, asirio y de otros orígenes, destruido o arruinados durante el siglo pasado; solicita a Turquía que ratifique la Convención de la Unesco sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales; pide a Turquía que coopere con las organizaciones internacionales pertinentes, en particular con el Consejo de Europa, para prevenir y combatir el tráfico ilícito y la destrucción deliberada del patrimonio cultural;

19.  Acoge con satisfacción la iniciativa de algunos Estados miembros particulares, que han acelerado los procedimientos de asilo para los ciudadanos turcos perseguidos en virtud de decretos de emergencia;

Relaciones entre la Unión y Turquía

20.  Aboga por la profundización de las relaciones entre la Unión y Turquía en ámbitos importantes de interés común, como la lucha contra el terrorismo, la cuestión de los flujos migratorios, la energía, la economía y los asuntos relativos al comercio e insiste en que tanto el diálogo como la cooperación deben mantenerse y fomentarse; considera que la cooperación entre la Unión y Turquía en esos ámbitos representa una inversión en la estabilidad y la prosperidad, tanto en Turquía como en la Unión Europea, siempre y cuando se base en el respeto por ambas partes de sus compromisos en cuanto a los derechos fundamentales y las libertades básicas; cree que la cooperación entre miembros de la sociedad civil es de vital importancia e insta a que se intensifiquen esos contactos;

21.  Insta a Turquía a que continúe alineando su política exterior con la de la Unión; pide una cooperación y una coordinación más estrechas de los objetivos de política exterior entre la Unión y Turquía; opina que debería invitarse al ministro de Asuntos Exteriores turco a asistir a las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores en función de cada caso concreto, cuando resulte pertinente; recomienda que el Consejo invite al Gobierno turco a una cumbre en la que se traten las relaciones entre la Unión y Turquía;

22.  Considera que la consolidación de las relaciones comerciales puede aportar beneficios concretos a los ciudadanos de Turquía y de la Unión; y apoya, por tanto, ante los actuales incumplimientos de la unión aduanera, la propuesta de la Comisión de emprender negociaciones sobre la modernización de la unión aduanera; reitera que la Unión es el principal socio comercial de Turquía y que dos tercios de la inversión extranjera directa en Turquía proceden de Estados miembros de la Unión; subraya asimismo la importancia económica para la Unión de Turquía como mercado en crecimiento; considera que la participación de los interlocutores sociales en las negociaciones reviste una importancia crucial; pide a la Comisión que incluya una cláusula sobre derechos humanos y libertades fundamentales en la unión aduanera mejorada entre Turquía y la Unión que imponga el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales como una condición básica; recuerda que la unión aduanera únicamente podrá desarrollar todo su potencial cuando Turquía aplique en su integridad e Protocolo Adicional respecto a todos los Estados miembros; toma nota de la conclusión de la Comisión sobre el hecho de que la eliminación de las trabas al funcionamiento de la unión aduanera por parte de Turquía impulsaría una mayor integración comercial en la Unión;

23.  Señala que la liberalización del régimen de visados reviste una especial importancia para la población turca, en particular para los empresarios y para las personas de origen turco en la Unión, y considera que incentivará los contactos interpersonales; alienta al Gobierno turco a cumplir íntegramente los últimos criterios todavía pendientes, tal como se señala en la hoja de ruta para la liberalización de visados; subraya que la revisión de su legislación antiterrorista es una condición fundamental para garantizar los derechos y libertades fundamentales y que la liberalización de visados solo será posible cuando se hayan cumplido todos los criterios;

24.  Destaca la importancia de combatir la corrupción y recuerda las conclusiones de la Comisión sobre el hecho de que la corrupción sigue prevaleciendo en muchas zonas y sigue siendo un grave problema; muestra su preocupación por el hecho de que el historial de instrucción, enjuiciamiento y condena en casos de corrupción de alto nivel sigue siendo bajo;

25.  Insta a la Comisión a que tenga en cuenta la evolución reciente en Turquía a la hora de realizar la revisión intermedia de los fondos del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) en 2017, y a que ponga fin a todos los fondos de preadhesión, especialmente una vez que finalicen las negociaciones de adhesión; pide a la Comisión que, en caso de que la situación persista, utilice estos fondos para prestar ayuda a la sociedad civil turca e invierta más en los programas de intercambio interpersonal, como el programa Erasmus+ para estudiantes, académicos y periodistas;

26.  Condena con la máxima firmeza todos los atentados terroristas perpetrados en Turquía, al tiempo que respalda decididamente a la población turca en nuestra lucha común contra el terrorismo; toma nota de las relaciones bilaterales entre los Estados miembros de la Unión y Turquía en el ámbito de la cooperación en la lucha contra el terrorismo, en lo que se refiere a los «combatientes extranjeros»; destaca que la cooperación sólida entre Europol y los cuerpos y fuerzas de seguridad de Turquía es fundamental para combatir eficazmente el terrorismo; reitera su condena del retorno a la violencia por parte del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), que figura en la lista de organizaciones terroristas de la UE desde 2002 y le insta a que deponga las armas y recurra a medios pacíficos y legales para expresar sus expectativas; subraya que una solución pacífica de la cuestión kurda es también necesaria para el futuro democrático de Turquía, que solo se logrará implicando a todas las fuerzas democráticas y partes interesadas; pide la reanudación de las negociaciones a fin de alcanzar una solución global y sostenible para la cuestión kurda; insta a los Estados miembros a que apliquen medidas legislativas que prohíban el uso de signos y símbolos de las organizaciones que figuran en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea;

27.  Lamenta la decisión del Gobierno turco de impedir que diputados alemanes efectuaran una visita al Ejército alemán estacionado en Incirlik, con lo que estará ahora reubicado en un país no perteneciente a la OTAN, lo que supone un importante retroceso para una cooperación efectiva entre los aliados de la OTAN en la lucha contra el terrorismo;

28.  Elogia el compromiso asumido por el Gobierno turco y las ONG sobre el terreno así como la hospitalidad de la población para acoger a alrededor de tres millones de refugiados; toma nota de la declaración UE-Turquía sobre migración, al tiempo que insta a los Estados miembros a que pongan en marcha el sistema voluntario de reasentamiento para los refugiados más vulnerables en Turquía; pide a la Comisión que garantice las inversiones a largo plazo en favor de los refugiados y de sus comunidades de acogida en Turquía, así como el gasto adecuado de los fondos; alienta al Gobierno turco a que conceda permisos de trabajo y asistencia sanitaria a todos los refugiados sirios, y a que facilite el acceso a la educación a todos los menores sirios; solicita a Ankara y a la Unión que mantengan sus esfuerzos de patrulla en el mar Egeo, que intensifiquen los esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de migrantes y que apliquen plenamente y de forma efectiva el Acuerdo de readmisión UE-Turquía y los acuerdos bilaterales de readmisión firmados con Grecia y Bulgaria;

29.  Condena enérgicamente las declaraciones del presidente Erdogan en las que acusaba de «prácticas nazis» a algunos dirigentes de la Unión y calificaba de «nazis» a sus ciudadanos; señala que el mantenimiento de tales afirmaciones injustificadas socavan la credibilidad de Turquía como socio político y que la exportación de sus conflictos internos supone una amenaza para la coexistencia pacífica de las sociedades de los Estados miembros con una gran comunidad de origen turco; subraya que el Gobierno turco debe abstenerse de realizar esfuerzos sistemáticos para movilizar a la diáspora turca en los Estados miembros para sus propios fines; toma nota con preocupación de las informaciones acerca de supuestas presiones sobre los miembros de la diáspora turca residentes en los Estados miembros, y condena la vigilancia por las autoridades turcas de ciudadanos con doble nacionalidad residentes en el extranjero; expresa su preocupación por la revocación de un gran número de pasaportes, que convierte a los afectados en apátridas, lo que contraviene la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas y la Convención de 1961 de las Naciones Unidas para Reducir los Casos de Apatridia, así como por las denuncias contra los consulados turcos por negarse a prestar servicios a algunos de sus ciudadanos;

30.  Insiste en la importancia de mantener buenas relaciones de vecindad; solicita a Turquía que redoble sus esfuerzos por resolver, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y con el Derecho internacional, cuestiones bilaterales pendientes así como obligaciones legales no resueltas y conflictos con sus vecinos más cercanos por cuestiones de fronteras terrestres y marítimas y de espacio aéreo; pide al Gobierno turco que firme y ratifique la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar; insta al Gobierno de Turquía a que ponga fin a las reiteradas violaciones del espacio aéreo y las aguas territoriales de Grecia, y respete la integridad territorial y la soberanía de todos sus vecinos; lamenta que no se haya retirado la amenaza de casus belli emitida por la Gran Asamblea Nacional turca contra Grecia;

31.  Insta a Turquía y a Armenia a que trabajen para la normalización de sus relaciones; subraya que la apertura de la frontera turco-armenia podría contribuir a la mejora de las relaciones, en especial en lo relativo a la cooperación transfronteriza y la integración económica;

32.  Pide al Gobierno turco que suspenda sus planes de construcción de la central nuclear de Akkuyu; señala que la ubicación prevista se encuentra en una región proclive a terremotos graves, lo que no solo supone una amenaza importante para Turquía, sino también para la región del Mediterráneo; solicita, por consiguiente, al Gobierno turco que se adhiera al Convenio de Espoo, por el que las partes se comprometen a notificarse y consultarse recíprocamente en relación con los grandes proyectos que contemplen y que pudieran tener un importante impacto adverso en el medio ambiente más allá de sus fronteras; a tal efecto, solicita al Gobierno turco que asocie a los Gobiernos de los países limítrofes, o al menos les consulte, en lo concerniente a nuevos avances en el proyecto de Akkuyu;

33.  Destaca que la solución del problema de Chipre tendría efectos positivos en toda la región y beneficiaría en primer lugar y ante todo a los grecochipriotas y turcochipriotas; se congratula de la declaración conjunta de 11 de febrero de 2014, como una base para un acuerdo, y elogia a los dirigentes de las comunidades grecochipriota y turcochipriota por sus importantes progresos en las negociaciones de reunificación; celebra el acuerdo alcanzado por los dos dirigentes de ambas comunidades sobre una serie de medidas de fomento de la confianza y pide que se apliquen todas las medidas acordadas; acoge con satisfacción el intercambio de mapas preferidos, hasta ahora sin precedentes, y la primera conferencia sobre Chipre en Ginebra con las potencias garantes y con la participación de la Unión, y apoya su continuación con el fin de llegar a un acuerdo mutuamente aceptable sobre seguridad y garantías; apoya una solución justa, global y viable basada en una federación de dos comunidades en dos zonas, con una sola personalidad jurídica internacional, una sola soberanía y una sola ciudadanía en pie de igualdad política entre ambas comunidades, en consonancia con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Derecho internacional, el acervo de la Unión, y respetando los principios en los que se fundamenta la Unión; se congratula de que se haya intensificado la colaboración de las partes para resolver el problema de Chipre; espera que Turquía respalde activamente una conclusión rápida y satisfactoria de las negociaciones, al tiempo que reitera que su compromiso y su contribución a una solución global siguen siendo cruciales; pide a todas las partes implicadas que apoyen el proceso de negociación de forma activa, contribuyan a que se obtenga un resultado positivo y aprovechen la oportunidad actual; insta a la Comisión a que utilice todos sus recursos para apoyar plenamente la conclusión con éxito del proceso de reunificación;

34.  Reitera su llamamiento a Turquía para que comience a retirar sus tropas de Chipre, transfiera la zona inaccesible de Famagusta a las Naciones Unidas, de conformidad con la Resolución 550 (de 1984) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU), y se abstenga de realizar acciones que alteren el equilibrio demográfico en la isla gracias a su política de asentamientos ilegales; señala que, desde el momento de la entrada en vigor del acuerdo, debe haberse preparado adecuadamente la aplicación del acervo de la Unión en el futuro Estado constituyente turcochipriota; reconoce, en este sentido, la continuación de la labor de la comisión ad-hoc de dos comunidades sobre la preparación de la Unión; se compromete a intensificar sus esfuerzos para cooperar con la comunidad turcochipriota en su preparación para la plena integración en la Unión, e insta a la Comisión a que haga lo mismo; elogia la importante labor desempeñada por el Comité de personas desaparecidas (CMP), que se ocupa de personas desparecidas tanto turcochipriotas como grecochipriotas, y celebra que se haya concedido un mejor acceso a todos los lugares pertinentes, en particular a las zonas militares; solicita a Turquía que ayude al CMP proporcionándole información de sus archivos militares; pide que se preste especial atención a la labor realizada por el CMP y acoge con satisfacción, a este respecto, la designación de un ponente permanente del Parlamento Europeo sobre personas desaparecidas;

35.  Reconoce el derecho de la República de Chipre a alcanzar acuerdos bilaterales relativos a su zona económica exclusiva; reitera su llamamiento a Turquía para que respete plenamente los derechos soberanos de todos los Estados miembros, incluidos los relativos a la exploración y explotación de los recursos naturales de conformidad con el acervo de la Unión y el Derecho internacional; insta a Turquía a que se comprometa en la resolución pacífica de los conflictos, y se abstenga de cualquier amenaza o acción que pueda tener repercusiones negativas en las relaciones de buena vecindad;

36.  Muestra su convencimiento de que solo una solución política creíble garantizará la estabilidad de Siria y permitirá la derrota decisiva del Estado Islámico y de otros grupos terroristas identificados por las Naciones Unidas en Siria; reafirma la primacía del proceso de Ginebra dirigido por las Naciones Unidas; reconoce los esfuerzos realizados en las reuniones de Astaná para restablecer el cese total de las hostilidades, así como el establecimiento de un mecanismo trilateral para supervisar y garantizar el cumplimiento pleno del alto el fuego; insta a todos los garantes, incluida Turquía, a estar a la altura de sus compromisos para garantizar la aplicación plena del alto el fuego y para avanzar en la garantía del acceso humanitario pleno sin obstáculos en todo el país, el levantamiento de los sitios y la liberación de todas las personas detenidas de forma arbitraria, especialmente mujeres y niños, en consonancia con la Resolución 2268 del CSNU; reitera su llamamiento a Turquía para que respete la soberanía y la integridad territorial de todos sus vecinos;

37.  Solicita la traducción de esta Resolución al turco;

o
o   o

38.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a los Estados miembros.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0450.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0423.
(3) DO C 285 de 5.8.2016, p. 11.
(4) DO C 328 de 6.9.2016, p. 2.
(5) DO L 51 de 26.2.2008, p. 4.


Constitución de una comisión especial sobre terrorismo y establecimiento de sus competencias, composición numérica y mandato
PDF 177kWORD 48k
Decisión del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre la constitución de una comisión especial sobre terrorismo y el establecimiento de sus competencias, composición numérica y mandato (2017/2758(RSO))
P8_TA(2017)0307B8-0477/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Conferencia de Presidentes,

–  Visto el artículo 197 de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la Unión Europea dispone de competencias claras para garantizar un nivel elevado de seguridad, en virtud del artículo 67 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y que las autoridades nacionales tienen competencias en la lucha contra el terrorismo, de conformidad con el artículo 73 del TFUE; que existen obligaciones más amplias respecto a la cooperación transfronteriza, con arreglo al título V del TFUE sobre cooperación judicial y policial, relacionadas con la seguridad interior de la Unión Europea;

B.  Considerando que la comisión especial creada por la presente Decisión tiene por objeto atajar las deficiencias prácticas y legislativas en el ámbito de la lucha contra el terrorismo en la Unión Europea y en el marco de la cooperación con los socios y los actores internacionales, centrándose en particular en la cooperación y el intercambio de información;

C.  Considerando que abordar las deficiencias y lagunas en la cooperación y el intercambio de información entre los servicios de seguridad nacionales, así como en la interoperabilidad de las bases de datos de intercambio de información a escala europea, es de suma importancia para garantizar tanto el buen funcionamiento del espacio Schengen como la protección de las fronteras exteriores de la Unión y debería constituir el núcleo del mandato de la comisión especial;

D.  Considerando que el respeto de los derechos fundamentales es un elemento determinante para el éxito de las políticas de lucha contra el terrorismo;

1.  Decide constituir una Comisión Especial sobre Terrorismo con las siguientes competencias definidas rigurosamente:

   a) estudiar, analizar y evaluar con imparcialidad los datos proporcionados por los servicios de seguridad de los Estados miembros, las agencias de la Unión competentes y los expertos reconocidos, así como el alcance de la amenaza terrorista en suelo europeo, y proponer medidas adecuadas para que la Unión Europea y sus Estados miembros puedan ayudar a prevenir, investigar y perseguir los delitos relacionados con el terrorismo;
   b) determinar y analizar con imparcialidad y con arreglo a un planteamiento basado en las pruebas los posibles fallos y casos de mal funcionamiento que han permitido que se cometiesen los recientes atentados terroristas en distintos Estados miembros, en particular recabando, recopilando y analizando toda la información sobre los autores a disposición de los servicios de inteligencia o las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros antes de la comisión de los delitos de terrorismo;
   c) examinar y evaluar la aplicación de las medidas e instrumentos vigentes en los ámbitos de la gestión de las fronteras exteriores, incluido el mal funcionamiento de los controles en las fronteras exteriores que ha permitido que entrasen en Europa personas con documentos falsos, y evaluar las causas del incumplimiento por parte de algunos Estados miembros de las obligaciones establecidas en el Reglamento (CE) n.º 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo(1) (Reglamento del Sistema de Información de Schengen); recabar y analizar información sobre posibles deficiencias de los Estados miembros y de la Comisión a la hora de garantizar la plena aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo(2) (Código de fronteras Schengen) y proponer medidas adecuadas para colmar las lagunas halladas;
   d) detectar las deficiencias en el intercambio de información judicial, policial y de inteligencia entre los Estados miembros; investigar, en particular, los presuntos casos de incumplimiento generalizados en la recopilación, el análisis y la comunicación de información que podría ayudar a prevenir ataques, en especial mediante las siguientes acciones:
   analizar y evaluar el funcionamiento de bases de datos de la Unión como el Sistema de Información de Schengen (SIS), el Sistema de Información de Visados (VIS) y el Modelo Europeo para el Intercambio de Información (EIXM) común, y los posibles casos de incumplimiento por parte de los Estados miembros en la aplicación de instrumentos jurídicos vigentes tales como la Decisión 2008/615/JAI del Consejo(3) o la Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo(4); analizar, en particular, las causas por las que algunos Estados miembros no contribuyen a alimentar con información estas bases de datos, especialmente en lo que se refiere a sus obligaciones definidas en el Reglamento del Sistema de Información de Schengen y la Decisión 2007/533/JAI del Consejo(5);
   analizar el presunto incumplimiento por los Estados miembros de la obligación impuesta por el artículo 2, apartado 3, de la Decisión 2005/671/JAI del Consejo(6), según la cual se debe transmitir a Europol y Eurojust al menos la información contemplada en los apartados 4 y 5 de dicho artículo, recabada por la autoridad competente;
   recabar información relativa a la obligación impuesta por los artículos 3 y 7 de la Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, y analizar el cumplimiento de dicha obligación por parte de las autoridades de los Estados miembros, en particular velando por que los servicios de seguridad competentes proporcionen a sus homólogos de otros Estados miembros interesados información e inteligencia cuando haya razones de hecho para creer que dicha información o inteligencia podrían contribuir a la detección, prevención o investigación de los delitos enumerados en el artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo(7);
   estudiar si Europol ha cumplido plenamente su obligación de informar, impuesta por el artículo 17 de la Decisión 2009/371/JAI del Consejo(8), derogada por el Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo(9);
   examinar si las unidades nacionales de los Estados miembros han cumplido plenamente la obligación impuesta por el artículo 8, apartado 4, letra a), de la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, derogada por el Reglamento (UE) 2016/794, de suministrar por iniciativa propia a Europol las informaciones y datos necesarios para el desempeño de las funciones de este organismo;
   investigar las posibles deficiencias en el intercambio de información entre las agencias de la Unión, así como los medios jurídicos y la necesidad de estas agencias de acceder al Sistema de Información de Schengen y a otros sistemas de información de la Unión pertinentes;
   evaluar la cooperación informal existente entre los servicios de inteligencia de los Estados miembros y valorar el nivel de eficacia en términos de intercambio de información y cooperación práctica;
   analizar la relación de la Unión Europea con terceros países y organismos internacionales en el marco de la lucha contra el terrorismo, incluida la cooperación y los instrumentos internacionales vigentes en este ámbito, como el intercambio de buenas prácticas, y la eficacia del actual nivel de intercambio de información;
   e) evaluar la repercusión de la legislación antiterrorista de la Unión y su aplicación sobre los derechos fundamentales;
   f) evaluar la disponibilidad y la eficacia de todos los recursos asignados a las autoridades competentes que participan en la lucha contra el terrorismo (policía, ejército, justicia, presupuesto, inteligencia, vigilancia, información, tecnologías de la información, etc.), tanto en los Estados miembros como a escala de la Unión; analizar las posibles deficiencias en la cooperación policial y los obstáculos a la práctica de la cooperación judicial y policial transfronteriza en el marco de las investigaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, determinando las limitaciones técnicas, estructurales y jurídicas de las capacidades de investigación;
   g) investigar las deficiencias de los sistemas judiciales y de la cooperación judicial a escala de la Unión, así como de la cooperación en las investigaciones transfronterizas, sobre todo a través de Eurojust, la Red Judicial Europea, los equipos conjuntos de investigación, la orden de detención europea y la orden europea de investigación; determinar las limitaciones técnicas, estructurales y jurídicas de las capacidades de investigación y enjuiciamiento;
   h) examinar el actual intercambio de buenas prácticas y la colaboración entre las autoridades nacionales y los órganos pertinentes de la Unión en relación con la protección de objetivos vulnerables, incluidas zonas de tránsito como aeropuertos y estaciones de tren, así como la protección de infraestructuras críticas con arreglo a la Directiva 2008/114/CE del Consejo(10);
   i) investigar los mecanismos actuales a disposición de las víctimas del terrorismo, en especial la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(11) y determinar las buenas prácticas existentes que pueden ser objeto de intercambio;
   j) recabar información y analizar el proceso de radicalización y la eficacia de los programas de desradicalización establecidos en un número limitado de Estados miembros; determinar las buenas prácticas que pueden ser objeto de intercambio y verificar si los Estados miembros han tomado las medidas apropiadas al respecto;
   k) evaluar la eficacia de la cooperación entre los Estados miembros, así como la eficacia de la cooperación entre las autoridades competentes, las entidades obligadas y los cuerpos de seguridad, en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de conformidad con la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(12), e intercambiar información con los actores pertinentes del sector bancario, la investigación de fraudes y los servicios de seguridad para detectar nuevas formas de financiación del terrorismo, incluidos sus vínculos con la delincuencia organizada;
   l) formular las recomendaciones que considere necesarias en todos los ámbitos mencionados anteriormente y, a tal fin, establecer los contactos necesarios, realizar visitas y organizar audiencias con las instituciones y las agencias pertinentes de la Unión Europea y las instituciones internacionales y nacionales, los Parlamentos y los Gobiernos nacionales de los Estados miembros y de terceros países, los funcionarios implicados en la lucha diaria contra el terrorismo, como los cuerpos de seguridad, las autoridades policiales, los servicios de inteligencia, los jueces y magistrados, y los representantes de la comunidad científica, las empresas y la sociedad civil, incluidas las organizaciones de víctimas;

2.  Hace hincapié en que las recomendaciones formuladas por la comisión especial serán objeto de seguimiento por parte de las comisiones permanentes competentes;

3.  Decide que no se modifiquen las competencias, el personal y los recursos disponibles de las comisiones permanentes del Parlamento competentes para la adopción, el seguimiento y la aplicación de la legislación de la Unión relativa al ámbito de responsabilidad de la comisión especial;

4.  Decide que, cuando la labor de la comisión especial implique la audición de testigos de carácter reservado, testimonios que incluyan datos personales o secretos, o el intercambio de puntos de vista o audiencias con autoridades y organismos sobre información secreta, confidencial, clasificada o sensible a efectos de la seguridad nacional o la seguridad pública, sus reuniones se celebren a puerta cerrada; decide que los testigos y los expertos puedan acogerse al derecho de declarar o testificar a puerta cerrada;

5.  Decide que los documentos secretos o confidenciales que hayan sido recibidos por la comisión especial sean examinados de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 210 bis de su Reglamento interno para garantizar que solo el presidente, el ponente, los ponentes alternativos, los coordinadores y los funcionarios designados tengan acceso a los documentos, y que dicha información se use exclusivamente a efectos de la elaboración de los informes intermedios y finales de la comisión especial; decide que las reuniones se celebren en lugares debidamente equipados para impedir cualquier escucha por parte de personas no autorizadas;

6.  Decide que, antes de acceder a información clasificada o a audiciones de testigos que puedan poner en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, todos los diputados y funcionarios reciban una habilitación de seguridad de acuerdo con las actuales normas y procedimientos internos;

7.  Decide que la información obtenida por la comisión especial se destine exclusivamente al desempeño de sus funciones y no pueda revelarse a terceros; decide que dicha información no se haga pública si contiene elementos de naturaleza secreta o confidencial o menciona nombres de personas;

8.  Decide que la comisión especial esté formada por treinta miembros;

9.  Decide que la duración del mandato de la comisión especial sea de doce meses, salvo que el Parlamento prorrogue dicho período antes de su expiración, y que su mandato comience a partir de la fecha de su reunión constitutiva; decide que la comisión especial presente al Parlamento un informe intermedio y otro final que contengan constataciones fácticas y recomendaciones sobre las medidas e iniciativas que han de adoptarse.

(1) Reglamento (CE) n.º 1987/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (DO L 381 de 28.12.2006, p. 4).
(2) Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un Código de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (DO L 77 de 23.3.2016, p. 1).
(3) Decisión 2008/615/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008, sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza (DO L 210 de 6.8.2008, p. 1).
(4) Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (DO L 386 de 29.12.2006, p. 89).
(5) Decisión 2007/533/JAI del Consejo, de 12 de junio de 2007, relativa al establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (DO L 205 de 7.8.2007, p. 63).
(6) Decisión 2005/671/JAI del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativa al intercambio de información y a la cooperación sobre delitos de terrorismo (DO L 253 de 29.9.2005, p. 22).
(7) Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (DO L 190 de 18.7.2002, p. 1).
(8) Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (DO L 121 de 15.5.2009, p. 37).
(9) Reglamento (UE) 2016/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativo a la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) y por el que se sustituyen y derogan las Decisiones 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI y 2009/968/JAI del Consejo (DO L 135 de 24.5.2016, p. 53).
(10) Directiva 2008/114/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, sobre la identificación y designación de infraestructuras críticas europeas y la evaluación de la necesidad de mejorar su protección (DO L 345 de 23.12.2008, p. 75).
(11) Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo (DO L 315 de 14.11.2012, p. 57).
(12) Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).


Los casos del galardonado con el Premio Nobel Liu Xiaobo y de Li Ming-che
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Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre los casos del galardonado con el Premio Nobel Liu Xiaobo y de Li Ming-che (2017/2754(RSP))
P8_TA(2017)0308RC-B8-0459/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre la situación en China, en particular la Resolución, de 21 de enero de 2010, sobre las violaciones de los derechos humanos en China, especialmente el caso de Liu Xiaobo(1), la Resolución, de 14 de marzo de 2013, sobre las relaciones UE-China(2), y la Resolución, de 12 de marzo de 2015, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2013) y la política de la Unión Europea al respecto(3),

–  Vista la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Politíca de Seguridad Común, Federica Mogherini, sobre la situación de Liu Xiaobo, de 30 de junio de 2017,

–  Vista la 35.ª ronda del diálogo UE-China sobre derechos humanos, mantenida los días 22 y 23 de junio de 2017 en Bruselas, y la declaración del presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos con motivo del diálogo,

–  Vista la Cumbre UE-China celebrada en Bruselas los días 1 y 2 de junio de 2017,

–  Vista la declaración de la Unión Europea en el 34.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH), de 14 de marzo de 2017,

–  Vista la declaración del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), de 9 de diciembre de 2016, sobre el Día Internacional de los Derechos Humanos,

–  Vistas la asociación estratégica UE-China iniciada en 2003 y la Comunicación conjunta de la Comisión Europea y el SEAE al Parlamento Europeo y al Consejo, de 22 de junio de 2016, titulada «Componentes de una nueva estrategia de la UE respecto a China»,

–  Vista la «Carta 08», manifiesto elaborado por más de 350 activistas políticos académicos y defensores de los derechos humanos chinos, en el que se piden reformas en los planos social, judicial y gubernamental, que fue publicado el 10 de diciembre de 2008 coincidiendo con el 60.º aniversario de la aprobación de la Declaración de Derechos Humanos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Liu Xiaobo, destacado escritor y defensor de los derechos humanos chino, ha estado en prisión condenado formalmente en cuatro ocasiones a lo largo de los últimos treinta años; que Liu Xiaobo fue condenado a once años de prisión en 2009 por «incitación a la subversión de la autoridad del Estado» después de haber colaborado en la redacción del manifiesto conocido como «Carta 08»; que los procedimientos formales iniciados en el marco del enjuiciamiento de Liu Xiaobo no le ha permitido hacerse representar o estar presente personalmente en los procedimientos formales, y que durante la duración del juicio se denegó el acceso al tribunal a diplomáticos de más de doce Estados, incluidos algunos Estados miembros;

B.  Considerando que la esposa de Liu Xiaobo, Liu Xia, aunque no ha sido acusada nunca de ningún delito, se encuentra bajo arresto domiciliario desde que a su esposo le fue concedido el Premio Nobel de la Paz en 2010, y desde entonces se le ha denegado prácticamente todo contacto humano excepto con sus familiares más próximos y algunos amigos;

C.  Considerando que, el 8 de octubre de 2010, el Comité Nobel concedió a Liu Xiaobo el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento de su «prolongada lucha no violenta por los derechos fundamentales en China»;

D.  Considerando que Liu Xiaobo ha sido trasladado recientemente de una prisión en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, a un hospital de Shenyang, capital de la provincia, para recibir tratamiento por su grave estado de salud a raíz de que se le diagnosticase un cáncer de hígado en fase terminal;

E.  Considerando que las autoridades chinas han rechazado las solicitudes de Liu Xiaobo y su esposa de recibir tratamiento médico fuera de China o de traslado a su hogar en Pekín;

F.  Considerando que, el 29 de junio de 2017, 154 galardonados con el Premio Nobel dirigieron una carta conjunta al presidente de la República Popular China instando al Gobierno chino a que permitiera a Liu Xiaobo y su esposa Liu Xia viajar al extranjero para recibir tratamiento médico;

G.  Considerando que Li Ming-che, notorio activista taiwanés en favor de la democracia conocido por su defensa de los derechos humanos a través de las redes sociales, desapareció el 19 de marzo de 2017 tras haber pasado de Macao a Zhuhai, en la provincia china de Guandong; que la Oficina para Asuntos Taiwaneses china confirmó en una conferencia de prensa que las «autoridades competentes» habían detenido a Li, que estaba bajo investigación por sospechas de haber emprendido «actividades peligrosas para la seguridad nacional»;

H.  Considerando que las autoridades chinas no han presentado pruebas creíbles de las graves acusaciones contra Li Ming-che; que la detención de Li se ha producido en una coyuntura en la que se están deteriorando las relaciones entre ambos lados del estrecho; que Li facilitaba información sobre la cultura política democrática de Taiwán a sus amigos en China mediante plataformas en línea que podrían haber estado sometidas a observación por parte del Gobierno chino;

I.  Considerando que China ha progresado en los últimos años en términos de realización de derechos económicos y sociales, reflejando sus prioridades respecto del derecho de la población a la subsistencia, pues desde 2013 se deteriora continuamente la situación en China y el Gobierno está acentuando su hostilidad hacia la disidencia pacífica, el Estado de Derecho, la libertad de expresión y la libertad de religión, como en el reciente caso del obispo Peter Shao Zhumin, que fue «retirado» por la fuerza de su diócesis de Wenzhou el 18 de mayo de 2017;

J.  Considerando que el Gobierno chino ha promulgado nuevas leyes, en particular la Ley de seguridad del Estado, la Ley antiterrorista, la Ley de ciberseguridad y la Ley para la gestión de las ONG extranjeras, que se han utilizado para perseguir el activismo público y la crítica pacífica del Gobierno como amenazas a la seguridad del Estado, reforzar la censura, la vigilancia y el control de personas y grupos sociales y disuadir a las personas de hacer campaña en favor de los derechos humanos y el Estado de Derecho;

K.  Considerando que, el mes pasado, el Gobierno griego rechazó hacer suya una declaración de la Unión Europea en la que se criticaba la represión de activistas y disidentes en China que debía haberse transmitido al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra el día 15 de junio de 2017; que esta ha sido la primera ocasión en la que la Unión no ha presentado una declaración de este tipo ante el órgano principal de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos;

L.  Considerando que la promoción y el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho deben permanecer en el centro de la ya antigua relación entre la Unión Europea y China, de acuerdo con el compromiso de la Unión de defender estos valores en su acción exterior y el interés manifestado por China en adherirse a esos mismos valores en su cooperación para el desarrollo e internacional;

1.  Pide al Gobierno chino que libere inmediata e incondicionalmente al galardonado con el Premio Nobel de la Paz de 2010 Liu Xiaobo y a su esposa Liu Xia de su arresto domiciliario y que le permita recibir tratamiento médico donde lo desee;

2.  Insta a las autoridades chinas a que permitan a Liu Xiaobo acceder sin restricciones a familiares, amigos y asistencia jurídica;

3.  Pide a las autoridades chinas que liberen de inmediato a Li Ming-che, pues no se han aportado pruebas creíbles en el asunto que le afecta, que comuniquen información sobre el lugar exacto donde se encuentra, y que entretanto garanticen que Li Ming-che está protegido frente a torturas y otros malos tratos, y que se le autorice el acceso a su familia, un abogado de su elección y tratamiento médico adecuado;

4.  Expresa su continua preocupación ante los esfuerzos constantes del Gobierno chino por acallar a la sociedad civil, en particular a defensores de los derechos humanos, activistas y abogados;

5.  Recuerda la importancia de que la Unión plantee el problema de las violaciones de los derechos humanos siempre en todos los diálogos políticos y sobre derechos humanos con las autoridades chinas, de acuerdo con el compromiso de hablar con una voz firme, clara y unida en sus relaciones con este país, en particular en los diálogos sobre derechos humanos, periódicos y más orientados a los resultados; recuerda asimismo que, en el contexto del proceso de reformas en curso y su intervención creciente a nivel mundial, China ha optado por incorporarse al marco internacional de derechos humanos, firmando una amplia gama de tratados internacionales de derechos humanos; pide, por consiguiente, que prosiga el diálogo con China para hacer honor a estos compromisos;

6.  Anima a China a ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;

7.  Lamenta que la Unión Europea no hiciera una declaración sobre los derechos humanos en China ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas celebrado en Ginebra en junio de 2017; pide a todos los Estados miembros de la Unión que adopten un enfoque firme, basado en valores, respecto de China, y espera de ellos que no emprendan iniciativas individuales o actos que puedan socavar la coherencia, la eficacia y la coherencia de la acción de la Unión;

8.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión/alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como al Gobierno y al Parlamento de la República Popular China.

(1) DO C 305E de 11.11.2010, p. 9
(2) DO C 36 de 29.1.2016, p. 126.
(3) DO C 316 de 30.8.2016, p. 141.


Eritrea, en particular los casos de Abune Antonios y Dawit Isaak
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Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre Eritrea, en particular los casos de Abune Antonios y Dawit Isaak (2017/2755(RSP))
P8_TA(2017)0309RC-B8-0464/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Eritrea, en particular la de 15 de septiembre de 2011 sobre Eritrea: el caso de Dawit Isaak(1), y la de 10 de marzo de 2016, sobre la situación en Eritrea(2),

–  Visto el informe de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, de 23 de junio de 2017,

–  Vista la declaración de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea en el 35.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, de 14 de junio de 2017,

–  Visto el informe de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Eritrea, de 8 de junio de 2016,

–  Vistas las Resoluciones 751 (1992), 1882 (2009), 1907 (2009), 2023 (2011), 2244 (2015) y 2317 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por las que se prorroga el embargo de armas a Eritrea hasta el 15 de noviembre de 2017,

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo y el Consejo, titulada «Un impulso renovado para la asociación África-UE», de 4 de mayo de 2017,

–  Visto el Acuerdo de Asociación ACP-UE (el Acuerdo de Cotonú), revisado en 2005 y 2010, del que Eritrea es signatario,

–  Vista la Decisión del Consejo 2010/127/PESC, de 1 de marzo de 2010, sobre medidas restrictivas contra Eritrea(3), modificada por la Decisión del Consejo 2010/414/PESC, de 26 de julio de 2010(4), y modificada ulteriormente por la Decisión del Consejo 2012/632/PESC, de 15 de octubre de 2012(5),

–  Visto el procedimiento 428/12 (2012) promovido ante la Comisión Africana de Derechos Humanos en nombre de Dawit Isaak y otros prisioneros políticos,

–  Vista la declaración final del 60.º período de sesiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos sobre los derechos humanos y de los pueblos, de 22 de mayo de 2017;

–  Visto el Informe del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre la asociación entre Eritrea y la Unión, de 2015,

–  Visto el Programa indicativo nacional para Eritrea en el marco del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo, de 3 de febrero de 2016,

–  Vista la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,

–  Vista la Constitución de Eritrea adoptada en 1997, que garantiza las libertades civiles, incluida la libertad religiosa,

–  Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de 1981,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Eritrea presenta uno de los peores resultados a nivel mundial en materia de derechos humanos, con violaciones rutinarias de los derechos humanos que están al orden del día, sin que se haya registrado mejora alguna en los últimos años; que el Gobierno de Eritrea ha emprendido una campaña generalizada, a fin de mantener el control sobre la población y restringir las libertades fundamentales, con el pretexto de defender la integridad del Estado;

B.  Considerando que la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Eritrea concluyó que las violaciones en los ámbitos de las ejecuciones extrajudiciales, la tortura (incluidas la tortura y la esclavitud sexual), el servicio nacional como forma de esclavitud, los trabajos forzosos y la política de disparar a matar en la frontera pueden constituir crímenes de lesa humanidad;

C.  Considerando que, en septiembre de 2001, las autoridades de Eritrea detuvieron a docenas de ciudadanos que habían suscrito una carta abierta en la que pedían reformas democráticas; que a los detenidos no se les imputó ningún delito, ni fueron objeto de procedimiento judicial alguno, y que en su mayoría permanecen encarcelados a día de hoy; que, a pesar de los amplios llamamientos de los grupos de derechos humanos y los observadores internacionales, se ha sabido que algunos de ellos han fallecido en la cárcel; que, sin embargo, el 20 de junio de 2016, el ministro de Asuntos Exteriores de Eritrea, Osman Saleh, se refirió a los detenidos como «prisioneros políticos» e indicó que «todos están vivos» y que serían juzgados «cuando el Gobierno lo decida»;

D.  Considerando que Dawit Isaak, que posee la doble nacionalidad, eritrea y sueca, fue detenido el 23 de septiembre de 2001, después de que el Gobierno de Eritrea prohibiera los medios de comunicación de propiedad privada; que desde 2005 no se han tenido noticias suyas; que el encarcelamiento de Dawit Isaak se ha convertido en un símbolo internacional de la lucha por la libertad de prensa en Eritrea, reconocido recientemente mediante la concesión, por parte de un jurado internacional independiente, del Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO-Guillermo Cano de 2017, en reconocimiento a su valor, resistencia y compromiso con la libertad de expresión;

E.  Considerando que, desde su desaparición, la familia de Dawit Isaak vive un sufrimiento e incertidumbre insoportables, con escasas noticias sobre el estado, paradero y perspectivas de futuro de sus seres queridos;

F.  Considerando que, en las detenciones llevadas a cabo en septiembre de 2001, once políticos — todos antiguos miembros del Consejo Central del partido en el poder, Frente Popular para la Democracia y la Justicia (FPDJ), entre ellos el antiguo ministro de Asuntos Exteriores, Petros Salomón– fueron detenidos después de haber publicado una carta abierta al Gobierno y al presidente Isaias Afwerki en la que pedían reformas y «el diálogo democrático»; que diez periodistas, incluido Dawit Isaak, fueron detenidos durante la semana siguiente;

G.  Considerando que numerosísimos eritreos son detenidos por una serie de motivos injustificables, como la expresión de puntos de vista independientes, o sin justificación explícita, por periodos de tiempo indeterminados; que los reclusos, incluidos los menores, son sometidos a unas condiciones extremadamente duras que, en algunos casos, equivalen a la tortura o a la denegación de asistencia médica; que no se ha dado permiso a las organizaciones internacionales para acceder a las instalaciones penitenciarias, salvo en el caso de la prisión en superficie de Asmara;

H.  Considerando que solo están autorizadas cuatro confesiones religiosas: la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana y el Islam; que el resto de confesiones religiosas están prohibidas y sus miembros, así como sus familiares son detenidos y encarcelados; que desde 2016 se observa un resurgimiento del acoso y la violencia contra quienes practican esos cultos religiosos; que la Christian Solidarity Worldwide (CSW) calcula que, solo en mayo de 2017, ciento sesenta cristianos fueron encarcelados en Eritrea;

I.  Considerando que Abune Antonios, patriarca de la Iglesia Ortodoxa de Eritrea, la mayor comunidad religiosa del país, se halla encarcelado desde 2007, al haberse negado a excomulgar a 3 000 feligreses opuestos al Gobierno; que, desde entonces, se halla en paradero desconocido y se le ha denegado la asistencia médica;

J.  Considerando que en Eritrea no existe un poder judicial independiente ni un parlamento; que debido a la falta de instituciones democráticas en el país, existe un vacío en el ámbito de la buena gobernanza y el Estado de Derecho que ha creado un ambiente de impunidad para los crímenes de lesa humanidad;

K.  Considerando que solamente existe un partido político legalizado, el Frente Popular para la Democracia y la Justicia (FPDJ); que el resto de los partidos políticos ha sido prohibido; que, según Freedom House, el FPDJ y los militares son, en la práctica, las únicas instituciones de relevancia política en Eritrea, y que ambas entidades están estrictamente subordinadas al presidente;

L.  Considerando que en el país no hay libertad de prensa, puesto que los medios de comunicación independientes están prohibidos en Eritrea, y que el país ocupa el último lugar, de los ciento setenta o ciento ochenta evaluados, en el índice de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras desde hace ocho años consecutivos;

M.  Considerando que las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 1997 no se celebraron nunca, y que la Constitución, ratificada ese mismo año, nunca se ha aplicado; que en Eritrea no se han celebrado elecciones desde hace veinticuatro años y que, prácticamente, no existe un poder judicial independiente, ni un parlamento operativo, ni una sociedad civil;

N.  Considerando que Eritrea ocupaba el puesto 179 entre los 188 países que figuraban en el Índice de Desarrollo Humano de 2016, según el Informe Mundial sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 2016;

O.  Considerando que en 2016 los eritreos que abandonaron su país representaban el cuarto grupo más numeroso de personas que realizaban el peligroso viaje a Europa (tras sirios, iraquíes y afganos), que sufren un calvario en manos de personas sin escrúpulos para realizar la peligrosa travesía del Mediterráneo; que la situación en Eritrea afecta por tanto directamente a Europa, ya que si los derechos humanos se respetasen y protegiesen en el país y la gente pudiese vivir allí sin miedo, los eritreos podrían volver a su patria;

P.  Considerando que, según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 400 000 eritreos, es decir, el 9 % de la población total, han huido; que el ACNUR calcula que unos 5 000 eritreos abandonan el país cada mes debido, en gran medida, a la persistencia de las graves violaciones de los derechos humanos; y que en 2015 el 69 % de las solicitudes de asilo de eritreos se saldaron con la concesión del estatuto de refugiado en la Unión, mientras que un 27 % adicional de los solicitantes se beneficiaron de una protección subsidiaria, lo que demuestra la gravedad de las persecuciones en Eritrea;

Q.  Considerando que Eritrea apoya el Proceso de Jartum (iniciativa de la Unión y de la Unión Africana lanzada el 28 de noviembre de 2014 con el fin de abordar la cuestión de la migración y la trata de seres humanos), que abarca la realización de proyectos concretos, entre ellos la creación de capacidades en relación con el poder judicial y la sensibilización;

R.  Considerando que muchos jóvenes han abandonado el país para huir de la represión gubernamental y del reclutamiento militar obligatorio, que a menudo se inicia a una edad muy temprana y se prolonga en el tiempo de manera indefinida para la mayoría de los eritreos; que la mayoría de las personas que prestan el servicio militar se encuentran en una situación de esclavitud, ya que todo trabajo o solicitud de empleo y la posibilidad de tener una vida familiar están sometidos a controles; que se calcula que unas 400 000 personas se encuentran actualmente en situación de servicio nacional forzoso ilimitado, estando muchas de ellas sometidas a trabajo forzoso con remuneración mínima o nula; que las mujeres reclutadas son sometidas a esclavitud doméstica y a abusos sexuales;

S.  Considerando que la discriminación y la violencia contra las mujeres están presentes en todos los ámbitos de la sociedad eritrea; que las mujeres no solo están expuestas a violencia sexual en el ejército y en los campos de entrenamiento militar, sino también en la sociedad en general; que se estima que un 89 % de las niñas eritreas han sufrido mutilación genital femenina; que en marzo de 2007 el Gobierno proclamó, sin embargo, que la mutilación genital femenina era un delito, prohibiendo su práctica e impulsando durante ese año programas educativos que desalentaban su práctica;

T.  Considerando que el régimen extiende su garra totalitaria a la diáspora eritrea mediante un impuesto del 2 % sobre los ingresos de los expatriados y actividades de espionaje diversas, y poniendo en su punto de mira a los familiares de los exiliados que permanecen en el país;

U.  Considerando que desde 2011 el régimen eritreo ha negado que el país se encuentre en riesgo de hambruna; que este año una sequía especialmente severa está afectando a toda la región del África oriental y que la preocupación por la situación en Eritrea va en aumento; que, según datos de UNICEF, 1,5 millones de eritreos sufrían inseguridad alimentaria en enero de 2017, incluidos 15 000 niños afectados por malnutrición;

V.  Considerando que la Unión Europea es un importante donante para Eritrea en términos de ayuda al desarrollo; que en enero de 2016, pese a la viva preocupación y a la oposición del Parlamento, la Unión Europea y Eritrea firmaron, en el marco del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo, un nuevo Programa indicativo nacional que destina a Eritrea 200 millones de euros; que las acciones emprendidas deben centrarse en las energías renovables, la gobernanza y la gestión de las finanzas públicas, en particular en el sector energético;

1.  Condena con la máxima firmeza las violaciones flagrantes, sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos en Eritrea; pide al Gobierno eritreo que ponga fin a las detenciones de opositores, periodistas, líderes religiosos y civiles inocentes; exige que todos los presos de conciencia de Eritrea sean puestos en libertad de manera inmediata e incondicional, en particular Dawit Isaak y demás periodistas encarcelados desde septiembre de 2001 y Abune Antonios; exige que el Gobierno eritreo facilite información detallada sobre la suerte y el paradero de todas las personas privadas de libertad;

2.  Recuerda la decisión de mayo de 2017 de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y exige que Eritrea confirme de inmediato el buen estado de salud de Dawit Isaak, le libere, le permita reunirse con su familia y representantes legales y le indemnice oportunamente por el tiempo pasado en prisión; pide asimismo a Eritrea que levante la prohibición que pesa sobre los medios independientes, en consonancia también con la resolución de la Comisión Africana;

3.  Señala que con su incumplimiento de la resolución de la Comisión Africana, Eritrea sigue mostrando su manifiesto desprecio por las normas internacionales y los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un juicio justo, la prohibición del uso de la tortura, la libertad de expresión y el derecho a la familia, y que todos los países deben respetar la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos;

4.  Pide al Gobierno eritreo que libere a Abune Antonios, permitiéndole recuperar su cargo de patriarca, y que cese en sus injerencias en las prácticas religiosas pacíficas en el país; recuerda que la libertad de religión es un derecho fundamental y condena enérgicamente toda violencia o discriminación por motivos de religión;

5.  Pide un juicio justo para los acusados y la abolición de la tortura y de otros tratos degradantes, como las restricciones de alimentos, agua y atención sanitaria; recuerda al Gobierno de Eritrea su obligación de diligencia debida respecto de la investigación de las ejecuciones extrajudiciales;

6.  Recuerda al Gobierno eritreo que muchas de sus acciones constituyen crímenes contra la humanidad y que si bien Eritrea no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, numerosas disposiciones de éste reflejan el Derecho consuetudinario internacional vinculante para Eritrea; recalca su apoyo a la recomendación de la comisión de investigación de las Naciones Unidas y a una investigación exhaustiva de las acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad supuestamente cometidas por las autoridades eritreas, para que los culpables respondan de sus actos;

7.  Expresa su total apoyo al trabajo de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea; pide a la Unión que, en colaboración con las Naciones Unidas y la Unión Africana, supervise atentamente la situación general en Eritrea y notifique todos los casos de violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales;

8.  Pide a Eritrea que respete plenamente y aplique con carácter inmediato la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y que respete plenamente sus obligaciones en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, tratados en los que se prohíbe la tortura; observa con preocupación que los agentes públicos y privados, incluidas las empresas, están muy limitados por el control ejercido por el Gobierno; reconoce que la ausencia de toda gestión de las finanzas públicas y la falta de un presupuesto nacional hacen imposible el control presupuestario;

9.  Pide al Gobierno eritreo que autorice la creación de otros partidos políticos como instrumento primordial de fomento de la democracia en el país, y pide que se permita a las organizaciones de defensa de los derechos humanos operar libremente en el país;

10.  Recuerda que la asociación de la Unión Europea con Eritrea se rige por el Acuerdo de Cotonú y que todas las partes están obligadas a respetar y aplicar los términos del Acuerdo, en particular el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho; pide a la Unión, por tanto, que fije las condiciones de su ayuda, entre ellas que el Gobierno de Eritrea debe adherirse a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que los presos políticos deben ser puestos en libertad antes de la concesión de cualquier ayuda al país; pide asimismo a la Unión que se sirva de todos los instrumentos disponibles para garantizar que el Gobierno eritreo respete sus obligaciones de proteger y salvaguardar las libertades fundamentales, entre otras vías estudiando la posibilidad de abrir un proceso de consultas con arreglo al artículo 96 del Acuerdo de Cotonú; solicita una evaluación detallada y exhaustiva de los fondos asignados a Eritrea financiados por la Unión y sus Estados miembros;

11.  Denuncia la reanudación de la importante ayuda de la Unión a Eritrea y, en particular, la aprobación del Programa Indicativo Nacional, por valor de 200 millones de euros, para este país; pide a la Comisión que revise sus acuerdos de control con el Parlamento, a fin de examinar a fondo las preocupaciones y las sugerencias manifestadas por el Parlamento, y a fin de garantizar que estas se transmitan al Comité del FED; opina que el Comité del FED debería haber tenido en cuenta las recomendaciones anteriores del Parlamento en el sentido de no aprobar el Programa Indicativo Nacional y de entablar nuevas conversaciones;

12.  Pide a la Comisión que vele por que los fondos asignados no beneficien al Gobierno de Eritrea, sino que se destinen de forma exclusiva y transparente a satisfacer las necesidades de la población de Eritrea en materia de desarrollo, democracia, derechos humanos, buena gobernanza y seguridad y libertad de expresión, prensa y reunión; insta a la Unión a que garantice la condicionalidad de la ayuda acordada recientemente y a que vele también por que el Programa Indicativo Nacional ayude a Eritrea a reorientar sustancialmente su política energética a fin de que la energía sea accesible para todos, en particular en las zonas rurales, que siguen sin tener electricidad; considera, además, que el componente relativo a la gobernanza del Programa Indicativo Nacional debe centrarse especialmente en aplicar las recomendaciones del examen periódico universal sobre los derechos humanos dirigido por las Naciones Unidas;

13.  Exige a la Comisión que obtenga garantías del Gobierno de Eritrea de que va a poner en práctica reformas democráticas y garantizar el respeto de los derechos humanos, incluida la aplicación de las recomendaciones formuladas en el marco de la 18.ª sesión del Grupo de Trabajo sobre el examen periódico universal, que aceptó el 7 de febrero de 2014;

14.  Pide al Consejo que revalúe la relación entre la Unión y Eritrea, así como su ayuda al desarrollo del país, en respuesta al deficiente historial de este en materia de derechos humanos, y que publique los resultados tangibles derivados de los programas de ayuda de los últimos años; pide a la Unión y a los Estados miembros que hagan uso de todas las medidas disponibles, especialmente a través del Acuerdo de Cotonú, para garantizar que las autoridades eritreas cumplan sus compromisos internacionales;

15.  Subraya enérgicamente que Eritrea debe dar a los organismos internacionales y regionales de derechos humanos, entre ellos los relatores especiales, un acceso sin restricciones al país para supervisar cualquier avance; pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que apoye activamente la renovación del mandato de la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea; anima al Gobierno de Eritrea a que adopte reformas urgentes, como la flexibilización del Estado de partido único y la recuperación de la Asamblea Nacional y de las elecciones;

16.  Insta a los Estados miembros de la Unión a que tomen medidas adecuadas contra la aplicación del «impuesto de la diáspora» a los eritreos residentes en su territorio, de acuerdo con la Resolución 2023 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; recuerda al Gobierno de Eritrea que el derecho a abandonar el propio país está reconocido en la legislación internacional de derechos humanos; pide al Gobierno que permita la libre circulación y que deje de recaudar el «impuesto de la diáspora» entre los eritreos residentes en el extranjero; insta al Gobierno a que ponga fin a la política de «culpabilidad por asociación» que se aplica a familiares de quienes eluden el servicio nacional, procuran huir de Eritrea o no pagan el impuesto del 2 % sobre los ingresos que aplica el Gobierno eritreo a los expatriados eritreos;

17.  Pide al Gobierno eritreo que se atenga al periodo de servicio establecido, que ponga fin a la explotación de sus ciudadanos como trabajadores forzosos, que deje de permitir que las empresas extranjeras utilicen a los reclutados a cambio de una tasa, que permita la objeción de conciencia ante el servicio militar y que garantice la protección de los reclutados;

18.  Recuerda a Eritrea sus obligaciones en virtud de los convenios de la OIT, con especial atención al derecho de las organizaciones de la sociedad civil y de los sindicatos a organizarse, manifestarse pacíficamente, participar en los asuntos públicos y promover mejores derechos laborales; pide al Gobierno eritreo que revoque la política que prohíbe las ONG que disponen de menos de dos millones de dólares en sus cuentas bancarias; expresa su preocupación por el vínculo endémico entre empresas, política y corrupción en Eritrea; condena a las empresas extranjeras que son cómplices en el recurso al trabajo forzoso y solicita a todas las que operen en Eritrea que mejoren su rendición de cuentas, su diligencia debida y sus sistemas de información;

19.  Observa los intentos de la Unión de cooperar con Eritrea en materia de migración; destaca los muy altos índices de concesión de asilo y protección subsidiaria a eritreos por los Estados miembros de la Unión, e insta a estos, por consiguiente, a que no repatrien a los eritreos que soliciten asilo en Europa, de conformidad con el Convenio de Ginebra; exige que los Estados miembros de la Unión respeten el principio de no devolución, y les recuerda que es probable que los solicitantes de asilo retornados sean detenidos de manera arbitraria y torturados como consecuencia de su intento de huida;

20.  Anima a Eritrea a que coopere con la comunidad internacional en el ámbito de los derechos humanos; solicita que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas coopere con Eritrea en el desarrollo de capacidades en el sistema judicial, mediante la organización de seminarios y formación de jueces y abogados, como una forma constructiva de avanzar; observa que una delegación de la Oficina del Alto Comisionado del Consejo de Derechos Humanos visitará Eritrea en julio de 2017 y pide a dicha delegación que informe de lo que vea y procure obtener acceso a todas las partes del país, especialmente a las cárceles, donde pueden supervisarse las instalaciones y puede informarse al respecto;

21.  Reitera su profunda preocupación por las devastadoras condiciones climáticas que se registran actualmente en el Cuerno de África, incluida Eritrea, y el grave riesgo de crisis alimentaria y humanitaria que entrañan; pide a la Unión que, junto con sus socios internacionales, redoble su apoyo a la población afectada y garantice que se proporcione la financiación y ayuda necesarias;

22.  Condena la política del Gobierno eritreo de revocar la nacionalidad de manera arbitraria, y exige que todos los ciudadanos reciban un trato justo e igual ante la ley; hace hincapié en que es prioritario abordar el déficit de Eritrea en materia de justicia, la gobernanza democrática y el restablecimiento del Estado de Derecho, poniendo fin a un régimen autoritario basado en el temor a detenciones arbitrarias y en régimen de incomunicación, torturas y otras violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales podrían constituir crímenes de lesa humanidad;

23.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, al Consejo de la Unión Africana, a la Comunidad del África Oriental, al secretario general de las Naciones Unidas, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a las autoridades eritreas.

(1) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 146.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0090.
(3) DO L 51 de 2.3.2010, p. 19.
(4) DO L 195 de 27.7.2010, p. 74.
(5) DO L 282 de 16.10.2012, p. 46.


Burundi
PDF 180kWORD 49k
Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre la situación en Burundi (2017/2756(RSP))
P8_TA(2017)0310RC-B8-0465/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú revisado, y en particular su artículo 96,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos,

–  Vista la Carta Africana de la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2248 (2015), de 12 de noviembre de 2015, y 2303 (2016), de 29 de julio de 2016, sobre la situación en Burundi,

–  Visto el informe de la Comisión de Investigación Internacional presentado el 15 de junio de 2017 al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Visto el primer Informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre Burundi, publicado el 23 de febrero de 2017,

–  Vista la Declaración a la prensa sobre la situación en Burundi realizada por el Consejo de Seguridad el 9 de marzo de 2017,

–  Visto el Informe de la investigación independiente de las Naciones Unidas sobre Burundi, publicado el 20 de septiembre de 2016,

–  Vista la Resolución adoptada el 30 de septiembre de 2016 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Burundi,

–  Visto el Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi, de 28 de agosto de 2000,

–  Vista la Declaración sobre Burundi de la Cumbre de la Unión Africana, de 13 de junio de 2015,

–  Vista la Decisión sobre las actividades del Consejo de Paz y Seguridad y sobre el estado de la paz y la seguridad en África (Assembly/AU/Dec.598(XXVI)) adoptada durante el 26.º período ordinario de sesiones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, celebrado los días 30 y 31 de enero de 2016 en Adís Abeba (Etiopía),

–  Vistas las decisiones y declaraciones de la Asamblea de la Unión Africana (Assembly/AU/Dec.605-620 (XXVII)) adoptadas durante el 27.º período ordinario de sesiones de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, celebrado los días 17 y 18 de julio de 2016 en Kigali (Ruanda),

–  Vista la Resolución, de 4 de noviembre de 2016, de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la situación de los derechos humanos en la República de Burundi,

–  Vista la Declaración, de 31 de mayo de 2015, de la Cumbre de la Comunidad del África Oriental sobre Burundi,

–  Vistas sus Resoluciones sobre Burundi, y en particular las de 9 de julio de 2015(1), 17 de diciembre de 2015(2) y 19 de enero de 2017(3),

–  Vista la Decisión (UE) 2016/394 del Consejo, de 14 de marzo de 2016, relativa a la conclusión del procedimiento de consultas con la República de Burundi al amparo del artículo 96 del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra,

–  Vistos el Reglamento (UE) 2015/1755 del Consejo, de 1 de octubre de 2015, así como las Decisiones (PESC) 2015/1763 y (PESC) 2016/1745 del Consejo, sobre la imposición de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Burundi,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 16 de marzo, 18 de mayo, 22 de junio y 16 de noviembre de 2015 y 15 de febrero de 2016, sobre Burundi,

–  Vistas las Declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) de 28 de mayo de 2015, 19 de diciembre de 2015 y 21 de octubre de 2016,

–  Vista la Declaración del portavoz de la VP/AR, de 6 de enero de 2017, sobre la prohibición de las actividades de Ligue Iteka en Burundi,

–  Vista la Constitución de Burundi, y en particular su artículo 96,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Burundi se ha visto sumido en una grave crisis política y en disturbios civiles desde que su presidente, Pierre Nkurunziza, anunciara en abril de 2015 su decisión de presentarse a su tercer mandato, vulnerando así la Constitución de Burundi, que limita a dos los mandatos presidenciales, y el Acuerdo de Arusha; que la firme oposición con que fue recibida su reelección ha sido reprimida muy severamente por el Gobierno, lo que ha conllevado un preocupante deterioro de la situación de los derechos humanos en el país;

B.  Considerando que, según los observadores internacionales, la oposición a su reelección ha sido reprimida muy severamente por el Gobierno desde julio de 2015; que, según las Naciones Unidas, 500 personas han perdido la vida desde el estallido de la violencia; que, según las organizaciones de defensa de los derechos humanos, más de 1 200 personas han perdido la vida, entre 400 y 900 personas han sido víctimas de desapariciones forzadas, varios centenares o millares de personas han sido torturadas, y más de 10 000 personas siguen privadas de libertad de forma arbitraria;

C.  Considerando que el presidente Pierre Nkurunziza no excluye la posibilidad de modificar la Constitución para presentarse a un cuarto mandato a partir de 2020, y que está en marcha un proceso interno destinado a suprimir la limitación del número de mandatos; que ello sería contrario a las declaraciones anteriores del presidente Pierre Nkurunziza y socavaría los esfuerzos realizados colectivamente para encontrar una solución viable a largo plazo para esta crisis;

D.  Considerando que el Informe de la investigación independiente de las Naciones Unidas sobre Burundi deja constancia de «numerosas pruebas de graves violaciones de los derechos humanos y de graves abusos» en el país, cometidos principalmente por las fuerzas de seguridad y las autoridades; que los casos de incitación a la violencia y al odio han aumentado desde abril de 2017, en particular con ocasión del encuentro de los Imbonerakure, las milicias juveniles del partido en el poder, CNDD-FDD; que las principales víctimas de esos abusos son políticos de la oposición y actores de la sociedad civil, y concretamente los defensores de los derechos humanos, los periodistas y los abogados; que el informe final de la Comisión de Investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos debe ser presentado en septiembre de 2017;

E.  Considerando que entre los actos de violencia de los que se tiene noticia se cuentan asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, actos de tortura, violaciones y detenciones y encarcelamientos arbitrarios; que la corrupción y la inacción de las autoridades públicas perpetúan una cultura de impunidad que impide llevar ante la justicia a los numerosos autores de actos de violencia mortales, entre los que figuran miembros de las fuerzas del orden y de los servicios de inteligencia;

F.  Considerando que, en octubre de 2016, las autoridades burundesas prohibieron las actividades de cinco organizaciones de defensa de los derechos humanos, y que en enero de 2017 se amplió esta prohibición a la más antigua de estas organizaciones en el país, Ligue Iteka; que, en diciembre de 2016, el Parlamento adoptó una ley por la que se establece un control estricto de las ONG internacionales;

G.  Considerando que se han endurecido las restricciones aplicadas a los medios de comunicación y los periódicos independientes; que los medios de comunicación independientes siguen siendo censurados, suspendidos, bloqueados y/o clausurados; que varios periodistas han sido víctimas de desapariciones, amenazas, agresiones físicas y acoso judicial; que han sido suspendidas todas las emisoras de radio independientes; que Burundi ocupa el puesto 160 de una lista de 180 países en la clasificación mundial 2017 de la libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras;

H.  Considerando que los funcionarios de las Naciones Unidas informan de la tendencia de los agentes estatales a sembrar la discordia, lo que hace temer una espiral de violencia y una posible «etnización» de la crisis; que también se informa del recurso generalizado a la violencia y a la intimidación por parte del partido CNDD-FDD (Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensa de la Democracia) y de su sección juvenil, la milicia Imbonerakure;

I.  Considerando que, en octubre de 2016, Burundi puso en marcha un procedimiento de retirada del Estatuto de Roma, poniendo así de manifiesto su intención de abandonar la Corte Penal Internacional (CPI), a raíz de la decisión de esta de iniciar un examen preliminar de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos en Burundi;

J.  Considerando que, en agosto de 2016, el Gobierno de Burundi se negó a permitir el despliegue en el país de agentes policiales de las Naciones Unidas para hacer un seguimiento de la situación; que el Gobierno burundés ha decidido suspender la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y se ha negado a cooperar con la Comisión de Investigación creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;

K.  Considerando que, el 21 de diciembre de 2015, el Parlamento de Burundi rechazó la propuesta de despliegue de una fuerza de mantenimiento de la paz de la Unión Africana, aduciendo que la intervención militar de las tropas de la Unión Africana constituiría una invasión por parte de una fuerza de ocupación;

L.  Considerando que, el 8 de diciembre de 2015, la Unión Europea puso en marcha un procedimiento de consultas con el Gobierno de Burundi al amparo del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, en presencia de representantes del Grupo de los Estados ACP, de la Unión Africana, de la Comunidad del África Oriental y de las Naciones Unidas; que la Unión Europea cerró esas consultas en marzo de 2016, tras llegar a la conclusión de que los compromisos propuestos por el Gobierno burundés en lo tocante a derechos humanos, principios democráticos y Estado de Derecho eran insuficientes;

M.  Considerando que, al término de dicho procedimiento, la Unión Europea definió una serie de medidas específicas que debe adoptar el Gobierno burundés para permitir la reanudación total de la cooperación;

N.  Considerando que la Unión ha suspendido las ayudas financieras directas a la administración de Burundi, incluido el apoyo presupuestario; que la Unión se ha comprometido a mantener el apoyo financiero concedido a la población en concepto de ayuda humanitaria, incluido el destinado a proyectos para garantizar el acceso a los servicios básicos;

O.  Considerando que la Unión ha adoptado sanciones selectivas contra personas, entidades u organismos que menoscaban la democracia u obstaculizan la búsqueda de una solución política en Burundi; que la Unión Africana también está estudiando la adopción de sanciones;

P.  Considerando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estima que el diálogo interburundés auspiciado por la Comunidad del África Oriental, con el apoyo de la Unión Africana y de la Unión Europea, es el único medio viable para encontrar una solución política duradera en Burundi; que este diálogo debe estar abierto a todos, incluidos los partidos de la oposición, la sociedad civil y los miembros de la diáspora;

Q.  Considerando que el bloqueo de la situación política en Burundi y el deterioro de la situación económica tienen graves consecuencias para la población; que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados estima en más de 420 000 el número de personas que han huido de Burundi para buscar refugio en países vecinos; que, según el subsecretario general de las Naciones Unidas, en la actualidad se cuentan 290 000 desplazados internos; que tres millones de personas requieren ayuda humanitaria y 2,6 millones están expuestos a la inseguridad alimentaria aguda; que 700 000 dependen de la ayuda alimentaria de urgencia a pesar de que el Gobierno ha levantado algunas restricciones; que esta situación supone una grave amenaza para la estabilidad de la región;

1.  Se muestra profundamente preocupado por la situación política y de seguridad en Burundi; condena enérgicamente los actos de violencia, las muertes y otras violaciones de los derechos humanos que se vienen perpetrando en Burundi desde 2015; pide una acción eficaz y proporcionada para impedir nuevos episodios de violencia;

2.  Manifiesta su inquietud ante la impunidad generalizada, en particular en relación con los actos de violencia y las violaciones de derechos humanos y con los autores de estos actos; recuerda a las autoridades burundesas que están obligadas, en virtud de la legislación internacional y regional de derechos humanos, a garantizar, proteger y promover los derechos fundamentales, incluidos los derechos civiles y políticos de los ciudadanos; pide, en este contexto, que se realice una investigación independiente y exhaustiva de las muertes y los abusos que se han producido en Burundi en los últimos años, y que se vele por que los responsables respondan de sus actos;

3.  Lamenta profundamente que el Gobierno burundés haya iniciado un procedimiento para retirar al país del Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal Internacional (CPI); pide al Gobierno burundés que reconsidere el procedimiento de retirada y garantice que el país seguirá participando plenamente en la CPI;

4.  Insta al Gobierno burundés a respetar plenamente la Resolución 2303 (2016) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a permitir el despliegue de una unidad de policía de las Naciones Unidas para que proceda al seguimiento de la situación del país en materia de seguridad;

5.  Celebra la creación, en noviembre de 2016, de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Burundi para investigar las violaciones y los abusos de estos derechos perpetrados en el país desde abril de 2015; insta a las autoridades de Burundi a que colaboren plenamente con los miembros de dicha comisión;

6.  Celebra la reciente designación por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, de un nuevo enviado especial para Burundi, en la persona de Michel Kafando, con el fin de facilitar la comprensión del proceso político en curso;

7.  Reitera su compromiso con la libertad de expresión, y reafirma el papel crucial que desempeñan la sociedad civil, los abogados, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y los medios de comunicación en una sociedad democrática; pide a las autoridades burundesas, en este contexto, que levanten las prohibiciones y restricciones impuestas a dichas entidades, reconsideren la nueva legislación relativa a las ONG extranjeras y velen por que los periodistas y los defensores de los derechos humanos puedan ejercer su actividad en el país con toda libertad y seguridad;

8.  Muestra su preocupación por el elevado riesgo de que la situación actual genere divisiones más profundas entre las diferentes etnias; denuncia la «etnización» de la crisis por el recurso a una propaganda basada en una ideología étnica; insta a todas la partes implicadas a abstenerse de cualquier comportamiento o declaración que pueda reavivar la violencia, agravar la crisis o afectar negativamente a la estabilidad regional a largo plazo, y a respetar plenamente el Acuerdo de Arusha;

9.  Condena los actos de incitación al odio y la violencia de los dirigentes de la milicia de jóvenes Imbonerakure contra refugiados y opositores, en particular los llamamientos públicos a la violación de las mujeres de los opositores, y solicita el desarme inmediato de estas milicias; se muestra extremamente preocupado por la adopción de una nueva ley que crea un cuerpo nacional de voluntarios que podría servir para legitimar las acciones de esa milicia;

10.  Insta a todas las partes implicadas a crear las condiciones que permitan restablecer la confianza y favorecer la unidad nacional mediante un diálogo nacional abierto, transparente e inclusivo entre el Gobierno, los partidos de oposición y la sociedad civil, de conformidad con la Constitución de Burundi, el Acuerdo de Arusha y los compromisos internacionales asumidos por el país;

11.  Pone de relieve que la situación de Burundi tiene repercusiones extremadamente negativas en el conjunto de la región; acoge favorablemente, a este respecto, los esfuerzos de negociación realizados bajo los auspicios de la Comunidad del África Oriental, con el apoyo de la Unión Africana, y pide a las autoridades burundesas compromiso y colaboración para llegar a una solución inmediata, viable y duradera de este conflicto, pero se muestra profundamente preocupado por la lentitud con la que avanza dicho diálogo;

12.  Invita a la Unión Europea a apoyar los esfuerzos de los actores regionales en la solución de la crisis; pide que se aplique la hoja de ruta del mediador nombrado por la Comunidad del África Oriental, Benjamin Mkapa, antiguo presidente de Tanzania;

13.  Celebra la decisión del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana de autorizar el despliegue de la Misión Africana de Prevención y Protección en Burundi para propiciar una solución política; insta al Gobierno de Burundi a que cumpla plenamente el compromiso adquirido de facilitar el rápido despliegue de observadores y expertos en materia de derechos humanos, en particular mediante la expedición inmediata de visados y la muy rápida finalización de las demás formalidades requeridas;

14.  Estima que una mayor presencia de observadores internacionales en Burundi podría contribuir considerablemente a mejorar la situación en materia de derechos humanos y seguridad; pide el despliegue de 200 nuevos observadores militares y de los derechos humanos de la Unión Africana para apoyar a los 30 observadores que ya están presentes;

15.  Considera necesario esclarecer, en coordinación con la Unidad Africana, la trazabilidad de los fondos destinados a los soldados burundeses desplegados en el marco de la AMISOM;

16.  Estima que cualquier normalización de las relaciones con la Unión, incluidos los Estados miembros, está supeditada a que las autoridades burundesas apliquen todas las disposiciones de la «matriz de compromisos» relativas a las consultas al amparo del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú;

17.  Toma nota de la Decisión de la Unión Europea, tras las consultas con las autoridades burundesas al amparo del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, de suspender la ayuda financiera directa a la administración de Burundi, y acoge con satisfacción la adopción, por parte de la Unión Europea, de restricciones de viaje y de inmovilización de activos contra los responsables de trabas a los esfuerzos de paz o de violaciones de los derechos humanos; destaca que la Unión mantiene todo su apoyo financiero al pueblo burundés, incluidos los refugiados, en los sectores clave en materia de salud, nutrición y educación, así como la ayuda humanitaria aportada por vías directas; respalda las sanciones selectivas que ha prorrogado la Unión Europea, así como la Decisión del Consejo de la Unión de suspender la ayuda presupuestaria a Burundi tras las consultas al amparo del artículo 96;

18.  Manifiesta su profunda preocupación por la afluencia de refugiados burundeses a los países vecinos y la situación humanitaria alarmante de los desplazados en Burundi, y reafirma su apoyo a las organizaciones humanitarias presentes en la región y en los países vecinos que acogen a los refugiados; insta a las organizaciones internacionales y a los demás donantes a aumentar su apoyo financiero y la ayuda humanitaria a los desplazados y refugiados burundeses; recuerda a los Estados miembros su compromiso de respetar la Convención de Ginebra;

19.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y al Parlamento de Burundi, al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Comisión Europea y al Consejo de Ministros de la Unión Europea, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión Europea, a los Estados miembros y a las instituciones de la Unión Africana, y al secretario general de las Naciones Unidas.

(1) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0275.
(2) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2015)0474.
(3) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0004


Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) y establecimiento de la garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS ***I
PDF 239kWORD 46k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) y por el que se establece la garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))
P8_TA(2017)0311A8-0170/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0586),

–  Vistos los artículos 294, apartado 2, 209, apartado 1, y 212, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0377/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 28 de junio de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Presupuestos y la opinión de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0170/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 6 de julio de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/1601.)


Usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso ***I
PDF 243kWORD 46k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre determinados usos permitidos de obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (COM(2016)0596 – C8-0381/2016 – 2016/0278(COD))
P8_TA(2017)0312A8-0097/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0596),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0381/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 25 de enero de 2017(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 19 de mayo de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Peticiones (A8-0097/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 6 de julio de 2017 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Directiva (UE) 2017/1564.)

(1) DO C 125 de 21.4.2017, p. 27.


Intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso ***I
PDF 243kWORD 45k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso (COM(2016)0595 – C8-0380/2016 – 2016/0279(COD))
P8_TA(2017)0313A8-0102/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0595),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0380/2016),

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

–  Visto el artículo 294, apartado 3, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 5 de julio de 2017(1),

–  Visto el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 19 de mayo de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 59 y 39 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Peticiones (A8-0102/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 6 de julio de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a textos impresos

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/1563.)

(1) Pendiente de publicación en el Diario Oficial.


Mecanismos de resolución de los litigios de doble imposición en la UE *
PDF 390kWORD 72k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a los mecanismos de resolución de los litigios de doble imposición en la Unión Europea (COM(2016)0686 – C8-0035/2017 – 2016/0338(CNS))
P8_TA(2017)0314A8-0225/2017

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2016)0686),

–  Visto el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0035/2017),

–  Visto el dictamen motivado presentado por el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Vistas sus Resoluciones, de 25 de noviembre de 2015(1) y de 6 de julio de 2016(2) , sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares,

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0225/2017),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Pide al Consejo que considere la derogación gradual del Convenio de 23 de julio de 1990 relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas(3), tras la adopción de la Directiva propuesta, y que refuerce de este modo el enfoque coordinado de la Unión relativo a la resolución de litigios mediante la Directiva propuesta;

6.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 1
(1)  Las situaciones en que diferentes Estados miembros gravan dos veces la misma renta o capital pueden crear graves obstáculos fiscales para las empresas que operan a escala transfronteriza. Imponen una carga fiscal excesiva a las empresas y pueden dar lugar a distorsiones e ineficiencias económicas e incidir negativamente en el crecimiento y las inversiones transfronterizas.
(1)  Sobre la base del principio de una fiscalidad justa y eficaz, todas las empresas deben pagar su parte justa de impuestos allí donde generen beneficios y valor añadido, aunque se debe evitar la doble imposición y la doble no imposición. Las situaciones en que diferentes Estados miembros gravan dos veces la misma renta o capital pueden crear graves obstáculos fiscales, principalmente para empresas de tamaño pequeño y mediano que operan a escala transfronteriza, ejerciendo de este modo una influencia negativa sobre el buen funcionamiento del mercado único. Imponen una carga fiscal excesiva a las empresas, así como inseguridad jurídica y costes innecesarios, y pueden dar lugar a distorsiones e ineficiencias económicas. Además, inciden negativamente en el crecimiento y las inversiones transfronterizas.
Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)
(1 bis)  El 25 de noviembre de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares, en la que cuestionaba la utilidad del Convenio de 23 de julio de 1990 relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas1 bis (el «Convenio de Arbitraje de la Unión») y consideraba que ese instrumento debía reformularse, reforzando su eficacia, o bien sustituirse por un mecanismo de solución de litigios de la Unión dotado de procedimientos de acuerdo mutuo más eficaces. El 6 de julio de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares, en la que subrayaba que el establecimiento de un plazo claro para los procedimientos de resolución de litigios es clave para mejorar la eficacia de los regímenes.
___________
1 bis DO L 225 de 20.8.1990, p. 10.
Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 1 ter (nuevo)
(1 ter)   El 16 de diciembre de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución con recomendaciones a la Comisión sobre el aumento de la transparencia, la coordinación y la convergencia en las políticas de imposición de las sociedades en la Unión, en la que pedía a la Comisión que mejorara la resolución de litigios en materia de fiscalidad transfronteriza en la Unión, centrándose no solo en los casos de doble imposición, sino también en la doble no imposición. Pedía asimismo normas más claras, plazos más rigurosos y transparencia.
Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 1 quater (nuevo)
(1 quater)   Los intentos de eliminación de la doble imposición han conducido a menudo a la «doble no imposición» en la que, mediante la práctica de la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, las sociedades han conseguido que se graven sus beneficios en aquellos Estados miembros con unos impuestos de sociedades próximos a cero. Esa práctica habitual distorsiona la competencia, perjudica a las empresas nacionales y merma la imposición, en detrimento del crecimiento y el empleo.
Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 2
(2)  Por esta razón, es necesario que mecanismos disponibles en la Unión garanticen la resolución de los litigios de doble imposición y la supresión efectiva de la doble imposición en cada caso concreto.
(2)  Los procedimientos de resolución de litigios existentes en la actualidad son demasiado largos, onerosos y con frecuencia no desembocan en acuerdos, y algunos casos no se reconocen en absoluto. Actualmente, algunas empresas aceptan la doble imposición en lugar de gastar dinero y tiempo en complejos procedimientos para eliminarla. Por esta razón, es esencial que mecanismos disponibles en la Unión garanticen la resolución eficaz, rápida y ejecutable de los litigios de doble imposición y la supresión efectiva y oportuna de la doble imposición en cada caso concreto, con una comunicación regular y eficaz con el contribuyente.
Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 3
(3)  Los mecanismos existentes actualmente previstos en los tratados fiscales bilaterales no permiten resolver plenamente la doble imposición de manera oportuna en todos los casos. El Convenio relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas (90/436/CEE)7 («Convenio de Arbitraje de la Unión») tiene un ámbito de aplicación limitado, ya que solo se aplica a los litigios en materia de precios de transferencia y de atribución de beneficios a los establecimientos permanentes. El ejercicio de seguimiento efectuado en el marco de la aplicación del Convenio de Arbitraje de la Unión ha puesto de manifiesto algunas deficiencias importantes, en particular en lo que se refiere al acceso al procedimiento y a la duración y la conclusión efectiva del procedimiento.
(3)  Los mecanismos existentes actualmente previstos en los tratados bilaterales para evitar la doble imposición no permiten resolverla plenamente de manera oportuna en todos los casos. Los mecanismos previstos en esos tratados son en muchos casos lentos, costosos, difícilmente accesibles y no siempre conducen a un acuerdo. El Convenio de Arbitraje de la Unión tiene un ámbito de aplicación limitado y solo se aplica a los litigios en materia de precios de transferencia y de atribución de beneficios a los establecimientos permanentes. El ejercicio de seguimiento efectuado en el marco de la aplicación del Convenio de Arbitraje de la Unión ha puesto de manifiesto algunas deficiencias importantes, en particular en lo que se refiere al acceso al procedimiento, a una falta de vías de recurso y a la duración y la falta de una conclusión vinculante efectiva del procedimiento. Esas deficiencias representan un obstáculo a la inversión y deben eliminarse.
_________________
7 DO L 225 de 20.8.1990, p. 10.
Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)
(3 bis)   A fin de diseñar un marco fiscal justo, claro y estable y de reducir los litigios en materia de imposición en el mercado interior, se precisa al menos un nivel mínimo de convergencia en las políticas sobre el impuesto de sociedades. La introducción de una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades , como propone la Comisión1 bis, es el modo más eficaz para eliminar el riesgo de doble imposición en la tributación de las sociedades.
______________
1 bis Propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) (COM(2016)0683).
Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 4
(4)  Con el fin de crear un marco fiscal más justo, es preciso mejorar las normas sobre transparencia y reforzar las medidas contra la elusión fiscal. Al mismo tiempo, en aras de un sistema fiscal justo, es preciso velar por que los contribuyentes no paguen impuestos dos veces por las mismas rentas y por que los mecanismos de resolución de litigios sean integradores, eficaces y sostenibles. Es menester asimismo mejorar los mecanismos de resolución de litigios de doble imposición para responder al riesgo de proliferación de litigios por doble o múltiple imposición en los que puedan estar en juego cuantías elevadas como consecuencia de prácticas de auditoría más regulares y específicas establecidas por las administraciones tributarias.
(4)  Con el fin de crear un marco fiscal más justo para las empresas que operan en la Unión, es preciso mejorar las normas sobre transparencia y reforzar las medidas contra la elusión y la evasión fiscales a escala nacional, de la Unión y mundial. Evitar la doble no imposición debe seguir siendo una prioridad para la Unión. Al mismo tiempo, en aras de un sistema fiscal justo, es preciso velar por que los contribuyentes no paguen impuestos dos veces por las mismas rentas y por que los mecanismos de resolución de litigios sean integradores, eficaces y sostenibles. Es esencial asimismo mejorar los mecanismos de resolución de litigios de doble imposición para responder al riesgo de proliferación de litigios por doble o múltiple imposición en los que puedan estar en juego cuantías elevadas como consecuencia de prácticas de auditoría más regulares y específicas establecidas por las administraciones tributarias.
Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 5
(5)  La introducción de un marco efectivo y eficiente para la resolución de litigios en el ámbito tributario que garantice la seguridad jurídica y un entorno empresarial propicio a las inversiones es, por tanto, decisiva para lograr un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión. Los mecanismos de resolución de litigios de doble imposición crearían asimismo un marco armonizado y transparente para resolver los problemas relacionados con la doble imposición, lo que redundaría en beneficio de todos los contribuyentes.
(5)  La introducción de un marco efectivo y eficiente para la resolución de litigios en el ámbito tributario que garantice la seguridad jurídica y respalde las inversiones es, por tanto, decisiva para lograr un sistema de imposición de las sociedades justo y eficaz en la Unión. Los Estados miembros deberán dotar a las autoridades competentes de un nivel adecuado de recursos humanos, técnicos y financieros para este fin.
Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)  La Unión tiene el potencial para convertirse en un modelo y un líder mundial en transparencia fiscal y coordinación. Los mecanismos de resolución de litigios de doble imposición deberán crear también, por consiguiente, un marco armonizado y transparente para resolver los problemas relacionados con la doble imposición y, de ese modo, aportar beneficios a todos los contribuyentes. Salvo que los contribuyentes afectados prueben que alguna información comercial, industrial o profesional sensible de la decisión no deba ser publicada, todas las decisiones finales se publicarán en su integridad y la Comisión las hará accesibles en un formato de datos común y en una página web gestionada de forma centralizada. La publicación de las decisiones finales va en interés del público, ya que ayuda a comprender la interpretación y la aplicación de las normas. La presente Directiva solo podrá desplegar todo su potencial si se aplican normas comparables también en terceros países. Por consiguiente, la Comisión debe defender a nivel internacional la introducción de mecanismos vinculantes de resolución de litigios.
Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo)
(5 ter)   Un marco eficaz y eficiente debe incluir la posibilidad de que los Estados miembros propongan mecanismos alternativos para la resolución de litigios que tengan mejor en cuenta las especificidades de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y conlleven menos costes, menos burocracia, más eficiencia y una supresión más rápida de la doble imposición.
Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Considerando 6
(6)  La supresión de la doble imposición debe alcanzarse mediante un procedimiento que se inicia con la presentación del caso a las autoridades tributarias de los Estados miembros afectados con miras a la resolución del litigio por procedimiento amistoso. De no llegarse a un acuerdo amistoso en un plazo determinado, el caso debe someterse a la comisión consultiva o a la comisión de resolución alternativa de litigios, compuesta de representantes de las autoridades tributarias afectadas y de personalidades independientes. Las autoridades tributarias deben tomar una decisión vinculante definitiva por referencia al dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios.
(6)  La supresión de la doble imposición debe alcanzarse mediante un procedimiento sencillo para las partes interesadas. Como inicio se establece la presentación del caso a las autoridades tributarias de los Estados miembros afectados con miras a la resolución del litigio por procedimiento amistoso. De no llegarse a un acuerdo amistoso en un plazo determinado, el caso debe someterse a una comisión consultiva o a una comisión de resolución alternativa de litigios, compuesta de representantes de las autoridades tributarias afectadas y de personalidades independientes cuyos nombres figuren en una lista de personalidades independientes de acceso público. Las autoridades tributarias deben tomar una decisión vinculante definitiva por referencia al dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios.
Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)   El mecanismo de resolución de litigios de doble imposición previsto en la presente Directiva se incluye entre las opciones de resolución de litigios para los contribuyentes. Esto incluye procedimientos amistosos conforme a los tratados bilaterales para evitar la doble imposición o conforme al Convenio de Arbitraje de la Unión. El mecanismo de resolución de litigios establecido en la presente Directiva debe priorizarse sobre el resto de opciones, puesto que prevé un enfoque coordinado a nivel de la Unión para la resolución de litigios, que incluye normas claras y aplicables, una obligación de suprimir la doble imposición y un marco temporal determinado.
Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Considerando 7 ter (nuevo)
(7 ter)   En este momento no está clara la relación existente entre la presente Directiva y las disposiciones de arbitraje vigentes en los acuerdos fiscales internacionales y el actual Convenio de Arbitraje de la Unión. La Comisión debe aclarar por ello dicha relación al objeto de que los contribuyentes puedan, si procede, elegir el procedimiento que mejor se adapte a sus necesidades.
Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Considerando 7 quater (nuevo)
(7 quater)   Un gran número de casos de doble imposición afectan a terceros países. Por ello, la Comisión debería propugnar la creación de un marco mundial, preferiblemente en el contexto de la OCDE. Hasta que no se cree dicho marco de la OCDE, la Comisión debería aspirar a un procedimiento amistoso obligatorio, en lugar del voluntario actual, y vinculante para todos los casos potenciales de doble imposición transfronteriza.
Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)
(10 bis)   El ámbito de aplicación de la presente Directiva debe ampliarse lo antes posible, pues esta únicamente establece un marco para la resolución de litigios relativos a la doble imposición de los beneficios empresariales. No se han inscrito en dicho ámbito de aplicación los litigios en materia de doble imposición de las rentas, como pensiones y salarios, si bien pueden afectar considerablemente a las personas. Una interpretación diferente de un acuerdo fiscal por parte de los Estados miembros puede dar lugar a la doble imposición económica, por ejemplo, si un Estado miembro interpreta que una fuente de renta constituye un salario mientras que otro Estado miembro considera la misma fuente de renta como un beneficio. Por ello, las diferencias de interpretación entre los Estados miembros en relación con la imposición de las rentas también deben inscribirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.
Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Considerando 11
(11)  Conviene que la Comisión reexamine la aplicación de la Directiva una vez transcurrido un periodo de cinco años y que los Estados miembros la asistan facilitándole todos los recursos adecuados a tal fin.
(11)  Conviene que la Comisión reexamine la aplicación de la Directiva una vez transcurrido un periodo de cinco años, incluida la determinación de si debe seguir aplicándose o modificarse. Los Estados miembros deberán asistirla facilitándole todos los recursos adecuados a tal fin. Al final de la revisión, la Comisión deberá presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que se incluya una evaluación de la ampliación del ámbito de aplicación de la presente Directiva para cubrir todas las situaciones de doble imposición y doble no imposición de carácter transfronterizo y, si procede, una propuesta legislativa de modificación.
Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – párrafo 4
La presente Directiva no será óbice para la aplicación de la legislación nacional o de las disposiciones de acuerdos internacionales cuando ello sea necesario para impedir la evasión fiscal, el fraude fiscal o las prácticas abusivas.
La presente Directiva no será óbice para la aplicación de la legislación nacional o de las disposiciones de acuerdos internacionales cuando ello sea necesario para impedir la evasión y la elusión fiscales, el fraude fiscal o las prácticas abusivas.
Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1
1.  Cualquier contribuyente sujeto a doble imposición tendrá derecho a presentar una reclamación en la que solicite la resolución de la doble imposición a cada una de las autoridades competentes de los Estados miembros afectados en el plazo de tres años a partir de la recepción de la primera notificación de la acción origen de la doble imposición, independientemente de que utilice o no a las vías de acción judicial disponibles en el Derecho nacional de alguno de los Estados miembros afectados. En su reclamación, el contribuyente deberá indicar a cada autoridad competente cuáles son los otros Estados miembros afectados.
1.  Cualquier contribuyente sujeto a doble imposición tendrá derecho a presentar una reclamación en la que solicite la resolución de la doble imposición a cada una de las autoridades competentes de los Estados miembros afectados en el plazo de tres años a partir de la recepción de la primera notificación de la acción origen de la doble imposición, independientemente de que recurra o no a las vías de acción judicial disponibles en el Derecho nacional de alguno de los Estados miembros afectados. El contribuyente deberá presentar la reclamación ante ambas autoridades competentes de los Estados miembros afectados al mismo tiempo y, en su reclamación, deberá indicar a cada autoridad competente cuáles son los otros Estados miembros afectados. La Comisión albergará un punto central de contacto en todas las lenguas oficiales de la Unión, de fácil acceso para el público, con información de contacto actualizada para cada autoridad competente y un resumen completo de la legislación de la Unión y los acuerdos tributarios aplicables.
Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 2
2.  Las autoridades competentes acusarán recibo de la reclamación en el plazo de un mes a partir de su recepción. Informarán asimismo de la recepción de la reclamación a las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados.
2.  Cada autoridad competente acusará recibo por escrito de la reclamación e informará a las autoridades competentes de los demás Estados miembros afectados en el plazo de dos semanas a partir de la recepción de la reclamación.
Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 – letra a
a)  nombre, dirección, número de identificación fiscal y demás datos necesarios para identificar al contribuyente o contribuyentes que presentaron la reclamación a las autoridades competentes, así como a cualquier otro contribuyente directamente afectado;
a)  nombre, dirección, número de identificación fiscal y demás datos necesarios para identificar al contribuyente o contribuyentes que presentaron la reclamación a las autoridades competentes, así como a cualquier otro contribuyente directamente afectado hasta donde tenga conocimiento el autor de la reclamación;
Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 – letra d
d)   las normas nacionales y los tratados de doble imposición aplicables;
suprimida
Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 – letra e – inciso iii
iii)  el compromiso por parte del contribuyente de responder lo más completa y rápidamente posible a todas las solicitudes formuladas por una autoridad competente y de facilitar cualquier documentación que soliciten las autoridades competentes;
iii)  el compromiso por parte del contribuyente de responder lo más completa y rápidamente posible a todas las solicitudes formuladas por una autoridad competente y de facilitar cualquier documentación que soliciten las autoridades competentes, teniendo debidamente en cuenta las autoridades competentes las limitaciones de acceso a los documentos solicitados y las demoras externas;
Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 3 – letra f
f)  cualquier información adicional específica solicitada por las autoridades competentes.
f)  cualquier información adicional específica solicitada por las autoridades competentes pertinente para el litigio de imposición.
Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 5
5.  Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados adoptarán una decisión sobre la aceptación y la admisibilidad de la reclamación del contribuyente en el plazo de seis meses a partir de la recepción de la misma. Las autoridades competentes informarán de su decisión a los contribuyentes y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros.
5.  Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados adoptarán una decisión sobre la aceptación y la admisibilidad de la reclamación del contribuyente en el plazo de tres meses a partir de la recepción de la misma e informarán por escrito de su decisión al contribuyente y a las autoridades competentes de los demás Estados miembros en un plazo de dos semanas.
Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 1
Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados decidan aceptar la reclamación de conformidad con el artículo 3, apartado 5, procurarán suprimir la doble imposición mediante el procedimiento amistoso en el plazo de dos años a partir de la última notificación de la decisión de uno de los Estados miembros relativa a la aceptación de la reclamación.
Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados decidan aceptar la reclamación de conformidad con el artículo 3, apartado 5, procurarán suprimir la doble imposición mediante el procedimiento amistoso en el plazo de un año a partir de la última notificación de la decisión de uno de los Estados miembros relativa a la aceptación de la reclamación.
Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2
El plazo de dos años a que se refiere el párrafo primero podrá prorrogarse por un periodo de hasta seis meses a petición de una autoridad competente de un Estado miembro afectado, si la autoridad competente solicitante lo justifica por escrito. Esta prórroga estará sujeta a su aceptación por los contribuyentes y las demás autoridades competentes.
El plazo de un año a que se refiere el párrafo primero podrá prorrogarse por un periodo de hasta tres meses a petición de una autoridad competente de un Estado miembro afectado, si la autoridad competente solicitante lo justifica por escrito. Esta prórroga estará sujeta a su aceptación por los contribuyentes y las demás autoridades competentes.
Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3
3.  Una vez que las autoridades competentes de los Estados miembros hayan alcanzado un acuerdo para suprimir la doble imposición dentro del plazo previsto en el apartado 1, cada autoridad competente de los Estados miembros afectados remitirá el acuerdo al contribuyente como decisión vinculante para la autoridad y ejecutables por el contribuyente, siempre que este renuncie al derecho a utilizar las vías de acción judicial nacionales. Esta decisión se aplicará con independencia de cualquier plazo fijado por el Derecho interno de los Estados miembros afectados.
3.  Una vez que las autoridades competentes de los Estados miembros hayan alcanzado un acuerdo para suprimir la doble imposición dentro del plazo previsto en el apartado 1, cada autoridad competente de los Estados miembros afectados remitirá en un plazo de cinco días el acuerdo al contribuyente como decisión vinculante para la autoridad y ejecutables por el contribuyente, siempre que este renuncie al derecho a utilizar las vías de acción judicial nacionales. Esta decisión se aplicará sin demora con independencia de cualquier plazo fijado por el Derecho interno de los Estados miembros afectados.
Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4
4.  Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados no hayan alcanzado un acuerdo para suprimir la doble imposición dentro del plazo previsto en el apartado 1, cada autoridad competente de los Estados miembros afectados informará al respecto a los contribuyentes indicando los motivos de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo.
4.  Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados no hayan alcanzado un acuerdo para suprimir la doble imposición dentro del plazo previsto en el apartado 1, cada autoridad competente de los Estados miembros afectados informará al respecto a los contribuyentes en el plazo de dos semanas indicando los motivos de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo e informando a los contribuyentes de sus opciones para interponer un recurso, con los datos de contacto pertinentes de las instancias de recurso.
Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1
1.  Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados podrán decidir desestimar la reclamación cuando esta sea inadmisible, no exista doble imposición o no se respete el periodo de tres años establecido en el artículo 3, apartado 1.
1.  Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados podrán decidir desestimar la reclamación cuando esta sea inadmisible, no exista doble imposición o no se respete el periodo de tres años establecido en el artículo 3, apartado 1. Las autoridades competentes informarán a los contribuyentes sobre los motivos de la desestimación de la reclamación.
Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2
2.  Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados no hayan tomado una decisión sobre la reclamación en un plazo de seis meses a partir de la recepción de una reclamación de un contribuyente, la reclamación se considerará desestimada.
2.  Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados no hayan tomado una decisión sobre la reclamación en un plazo de tres meses a partir de la recepción de una reclamación de un contribuyente, la reclamación se considerará desestimada y se notificará la decisión al contribuyente en un plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de tres meses.
Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3
3.  En caso de que se desestime la reclamación, el contribuyente tendrá derecho a interponer un recurso contra la decisión de las autoridades competentes de los Estados miembros afectados con arreglo a la normativa nacional.
3.  En caso de que se desestime la reclamación, el contribuyente tendrá derecho a interponer un recurso contra la decisión de las autoridades competentes de los Estados miembros afectados con arreglo a la normativa nacional. El contribuyente tendrá derecho a interponer un recurso ante las autoridades competentes. La autoridad competente ante la que se interponga el recurso deberá informar a la otra autoridad competente de la existencia del recurso y ambas autoridades competentes deberán coordinarse cuando tramiten el recurso. En el caso de las pymes, si el recurso prospera, la carga financiera será asumida por la autoridad competente que hubiera rechazado inicialmente la reclamación.
Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 1
La comisión consultiva adoptará una decisión sobre la admisibilidad y la aceptación de la reclamación en el plazo de seis meses a partir de la fecha de notificación de la última decisión por la que se desestima la reclamación en virtud del artículo 5, apartado 1, por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros afectados. De no notificarse una decisión en el plazo de seis meses, la reclamación se considerará desestimada.
La comisión consultiva adoptará una decisión sobre la admisibilidad y la aceptación de la reclamación en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación de la última decisión por la que se desestima la reclamación en virtud del artículo 5, apartado 1, por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros afectados. De no notificarse una decisión en el plazo de tres meses, la reclamación se considerará desestimada.
Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – párrafo 2
Cuando la comisión consultiva confirme la existencia de doble imposición y la admisibilidad de la reclamación, se iniciará el procedimiento amistoso previsto en el artículo 4 a solicitud de cualquiera de las autoridades competentes. La autoridad competente afectada notificará dicha solicitud a la comisión consultiva, a las demás autoridades competentes afectadas y a los contribuyentes. El plazo de dos años previsto en el artículo 4, apartado 1, se contará a partir de la fecha de la decisión adoptada por la comisión consultiva sobre la aceptación y la admisibilidad de la reclamación.
Cuando la comisión consultiva confirme la existencia de doble imposición y la admisibilidad de la reclamación, se iniciará el procedimiento amistoso previsto en el artículo 4 a solicitud de cualquiera de las autoridades competentes. La autoridad competente afectada notificará dicha solicitud a la comisión consultiva, a las demás autoridades competentes afectadas y a los contribuyentes. El plazo de un año previsto en el artículo 4, apartado 1, se contará a partir de la fecha de la decisión adoptada por la comisión consultiva sobre la aceptación y la admisibilidad de la reclamación.
Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1
La comisión consultiva será establecida por las autoridades competentes de los Estados miembros afectados cuando no hayan logrado alcanzar un acuerdo para suprimir la doble imposición en virtud del procedimiento amistoso en el plazo previsto en el artículo 4, apartado 1.
Cuando las autoridades competentes de los Estados miembros afectados no hayan logrado alcanzar un acuerdo para suprimir la doble imposición en virtud del procedimiento amistoso en el plazo previsto en el artículo 4, apartado 1, la comisión consultiva emitirá un dictamen sobre la supresión de la doble imposición de conformidad con el artículo 13, apartado 1.
Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1
Si se establece de conformidad con el apartado 1, la comisión consultiva deberá constituirse en el plazo de cincuenta días naturales después de la expiración del plazo de seis meses previsto en el artículo 3, apartado 5.
Si se establece de conformidad con el apartado 1, la comisión consultiva deberá constituirse en el plazo de un mes después de la expiración del plazo de tres meses previsto en el artículo 3, apartado 5.
Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 2
Si se establece de conformidad con el apartado 2, la comisión consultiva deberá constituirse en el plazo de cincuenta días naturales después de la expiración del plazo previsto en el artículo 4, apartado 1.
Si se establece de conformidad con el apartado 2, la comisión consultiva deberá constituirse en el plazo de un mes después de la expiración del plazo previsto en el artículo 4, apartado 1.
Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 2
Cuando la autoridad competente de un Estado miembro no haya nombrado al menos a una personalidad independiente y a su suplente, el contribuyente podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente en ese Estado miembro que nombre a una persona independiente y a su suplente de la lista mencionada en el artículo 8, apartado 4.
Cuando la autoridad competente de un Estado miembro no haya nombrado al menos a una personalidad independiente y a su suplente, el contribuyente podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente en ese Estado miembro que nombre a una persona independiente y a su suplente de la lista mencionada en el artículo 8, apartado 4 en el plazo de tres meses.
Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 3
Si las autoridades competentes de todos los Estados miembros afectados no lo hubieran hecho, el contribuyente podrá solicitar a los órganos jurisdiccionales competentes de cada Estado miembro que nombren a las dos personalidades independientes de conformidad con los párrafos segundo y tercero. Las personalidades independientes así designadas nombrarán al presidente por sorteo a partir de la lista de personas independientes que reúnen las condiciones para ser presidente de conformidad con el artículo 8, apartado 4.
Si las autoridades competentes de todos los Estados miembros afectados no lo hubieran hecho, el contribuyente podrá solicitar a los órganos jurisdiccionales competentes de cada Estado miembro que nombren a las dos personalidades independientes de conformidad con el artículo 8, apartado 4, párrafos segundo y tercero. La Comisión facilitará claramente los datos de contacto de los órganos jurisdiccionales de cada Estado miembro en un punto central de información de su sitio web en todas las lenguas oficiales de la Unión. Las personalidades independientes así designadas nombrarán al presidente por sorteo a partir de la lista de personas independientes que reúnen las condiciones para ser presidente de conformidad con el artículo 8, apartado 4.
Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2
2.  El nombramiento de las personas independientes y sus suplentes con arreglo al apartado 1 solo se someterá a un órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro una vez expirado el plazo de cincuenta días contemplado en el artículo 6, apartado 4, y en el plazo de dos semanas a partir del final de dicho periodo.
2.  El nombramiento de las personas independientes y sus suplentes con arreglo al apartado 1 solo se someterá a un órgano jurisdiccional competente de un Estado miembro una vez expirado el plazo de un mes contemplado en el artículo 6, apartado 4, y en el plazo de dos semanas a partir del final de dicho periodo.
Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 3
3.  El órgano jurisdiccional competente adoptará una decisión de conformidad con el apartado 1 y la notificará al solicitante. El procedimiento aplicable para el nombramiento por el órgano jurisdiccional competente de las personas independientes cuando no las hayan nombrado los Estados miembros será el mismo aplicable en virtud de la normativa nacional en materia de arbitraje civil y mercantil, cuando sean los órganos jurisdiccionales quienes nombren a los árbitros por no haber llegado las partes a un acuerdo a este respecto. El órgano jurisdiccional competente también informará a las autoridades competentes que inicialmente no hayan creado la comisión consultiva. Este Estado miembro tendrá derecho a recurrir una decisión del órgano jurisdiccional, a condición de que tengan derecho a hacerlo en virtud de su Derecho interno. En caso de denegación, el solicitante tendrá derecho a interponer recurso contra la decisión del órgano jurisdiccional de conformidad con las normas procedimentales nacionales.
3.  El órgano jurisdiccional competente adoptará una decisión de conformidad con el apartado 1 y la notificará al solicitante en el plazo de un mes. El procedimiento aplicable para el nombramiento por el órgano jurisdiccional competente de las personas independientes cuando no las hayan nombrado los Estados miembros será el mismo aplicable en virtud de la normativa nacional en materia de arbitraje civil y mercantil, cuando sean los órganos jurisdiccionales quienes nombren a los árbitros por no haber llegado las partes a un acuerdo a este respecto. El órgano jurisdiccional competente también informará a las autoridades competentes que inicialmente no hayan creado la comisión consultiva. Este Estado miembro tendrá derecho a recurrir una decisión del órgano jurisdiccional, a condición de que tengan derecho a hacerlo en virtud de su Derecho interno. En caso de denegación, el solicitante tendrá derecho a interponer recurso contra la decisión del órgano jurisdiccional de conformidad con las normas procedimentales nacionales.
Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 1 – letra c
c)  una o dos personalidades independientes que serán nombradas por cada autoridad competente a partir de la lista de personas a que se refiere el apartado 4.
c)  una o dos personalidades independientes que serán nombradas por cada autoridad competente a partir de la lista de personas a que se refiere el apartado 4, excluidas las personas propuestas por su propio Estado miembro.
Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 3 bis (nuevo)
Los Estados miembros podrán decidir designar de forma permanente a los representantes a que se refiere la letra b) del párrafo primero.
Enmienda 44
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 3 – letra b
b)  cuando dicha persona tenga o haya tenido una amplia participación o haya estado empleada en o haya sido asesor de uno de los contribuyentes o de cada uno de ellos.
b)  cuando dicha persona o algún miembro de su familia tenga o haya tenido una amplia participación o haya estado empleada en o haya sido asesor de uno de los contribuyentes o de cada uno de ellos.
Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 2
Las personalidades independientes deberán poseer la nacionalidad de un Estado miembro y ser residentes en la Unión. Deberán ser competentes e independientes.
Las personalidades independientes deberán poseer la nacionalidad de un Estado miembro y ser residentes en la Unión, preferiblemente funcionarios y empleados públicos que trabajen en el ámbito del derecho fiscal o miembros de un tribunal administrativo. Deberán ser competentes, independientes e imparciales y contar con un elevado nivel de integridad.
Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 3
Los Estados miembros notificarán a la Comisión los nombres de las personalidades independientes a las que hayan nominado. En la notificación podrán especificar cuál de las cinco personas nominadas podrá ser nombrada presidente. Asimismo, facilitarán a la Comisión información completa y actualizada sobre sus antecedentes académicos y profesionales, competencias, conocimientos técnicos y conflictos de intereses. Los Estados miembros informarán sin demora a la Comisión de cualquier cambio introducido en la lista de personas independientes.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión los nombres de las personalidades independientes a las que hayan nominado. En la notificación especificarán cuál de las cinco personas nominadas podrá ser nombrada presidente. Asimismo, facilitarán a la Comisión información completa y actualizada sobre sus antecedentes académicos y profesionales, competencias, conocimientos técnicos y conflictos de intereses. Dicha información se actualizará si se producen cambios en el currículum vitae de las personas independientes. Los Estados miembros informarán sin demora a la Comisión de cualquier cambio introducido en la lista de personas independientes.
Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 3 bis (nuevo)
La Comisión verificará la información contemplada en el párrafo tercero relativa a las personalidades independientes designadas por los Estados miembros. Dichas verificaciones se llevarán a cabo en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la información de los Estados miembros. Si la Comisión tiene dudas acerca de la independencia de las personas designadas, puede solicitar a un Estado miembro que facilite información adicional y si persisten las dudas, puede solicitar al Estado miembro que retire a esa persona de la lista y designe a otra.
Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 4 – párrafo 3 ter (nuevo)
La lista de personalidades independientes deberá ser pública.
Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1
1.  Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados podrán convenir en la creación, en lugar de la comisión consultiva, de una comisión de resolución alternativa de litigios que deberá emitir un dictamen sobre la supresión de la doble imposición de conformidad con el artículo 13.
1.  Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados podrán convenir en la creación, en lugar de la comisión consultiva, de una comisión de resolución alternativa de litigios que deberá emitir un dictamen sobre la supresión de la doble imposición de conformidad con el artículo 13. La utilización de la comisión de resolución alternativa de litigios será, no obstante, lo más excepcional posible.
Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2
2.  La comisión de resolución alternativa de litigios podrá diferir en cuanto a su composición y forma de la comisión consultiva y aplicar la conciliación, la mediación, la pericia, la adjudicación o cualesquiera otros procesos o técnicas de resolución de litigios.
2.  La comisión de resolución alternativa de litigios podrá diferir en cuanto a su composición y forma de la comisión consultiva y aplicar la conciliación, la mediación, la pericia, la adjudicación o cualesquiera otros procesos o técnicas de resolución de litigios eficaces y reconocidos.
Enmienda 51
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4
4.  Los artículos 11 a 15 se aplicarán a la comisión de resolución alternativa de litigios, con excepción de las reglas de mayoría establecidas en el artículo 13, apartado 3. Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados podrán acordar otras reglas de mayoría en las normas de funcionamiento de la comisión de resolución alternativa de litigios.
4.  Los artículos 11 a 15 se aplicarán a la comisión de resolución alternativa de litigios, con excepción de las reglas de mayoría establecidas en el artículo 13, apartado 3. Las autoridades competentes de los Estados miembros afectados podrán acordar otras reglas de mayoría en las normas de funcionamiento de la comisión de resolución alternativa de litigios, siempre que se garanticen la independencia de las personas nombradas para la resolución de los litigios y la ausencia de conflictos de intereses.
Enmienda 52
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – parte introductoria
Los Estados miembros dispondrán que en el plazo de cincuenta días naturales previsto en el artículo 6, apartado 4, cada autoridad competente de los Estados miembros afectados notifique a los contribuyentes lo siguiente:
Los Estados miembros dispondrán que en el plazo de un mes previsto en el artículo 6, apartado 4, cada autoridad competente de los Estados miembros afectados notifique a los contribuyentes lo siguiente:
Enmienda 53
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 1 – párrafo 2
La fecha a que se refiere la letra b) del párrafo primero se fijará a más tardar seis meses después de la constitución de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios.
La fecha a que se refiere la letra b) del párrafo primero se fijará a más tardar tres meses después de la constitución de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios.
Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3
3.  En caso de que no se notifiquen a los contribuyentes las normas de funcionamiento o que la notificación sea incompleta, los Estados miembros velarán por que las personas independientes y el presidente completen las normas de funcionamiento de conformidad con el anexo II y las remitan al contribuyente en el plazo de dos semanas a partir de la fecha de expiración del plazo de cincuenta días naturales previsto en el artículo 6, apartado 4. Cuando las personas independientes y el presidente no se pongan de acuerdo sobre las normas de funcionamiento o no las notifiquen a los contribuyentes, estos podrán dirigirse al órgano jurisdiccional competente de su Estado de residencia o de establecimiento con el fin de extraer todas las consecuencias jurídicas y de implementar las normas de funcionamiento.
3.  En caso de que no se notifiquen a los contribuyentes las normas de funcionamiento o que la notificación sea incompleta, los Estados miembros velarán por que las personas independientes y el presidente completen las normas de funcionamiento de conformidad con el anexo II y las remitan al contribuyente en el plazo de dos semanas a partir de la fecha de expiración del plazo de un mes previsto en el artículo 6, apartado 4. Cuando las personas independientes y el presidente no se pongan de acuerdo sobre las normas de funcionamiento o no las notifiquen a los contribuyentes, estos podrán dirigirse al órgano jurisdiccional competente de su Estado de residencia o de establecimiento con el fin de extraer todas las consecuencias jurídicas y de implementar las normas de funcionamiento.
Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria
1.  A efectos del procedimiento contemplado en el artículo 6, el contribuyente o contribuyentes afectados podrán facilitar a la comisión consultiva o a la comisión de resolución alternativa de litigios cualesquiera información, pruebas o documentos que puedan ser pertinentes para la decisión. El contribuyente o contribuyentes y las autoridades competentes de los Estados miembros afectados facilitarán cualesquiera información, pruebas o documentos a petición de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios. Sin embargo, las autoridades competentes de cualquiera de dichos Estados miembros podrán negarse a facilitar información a la comisión consultiva en cualquiera de los casos siguientes:
1.  A efectos del procedimiento contemplado en el artículo 6, el contribuyente o contribuyentes afectados deberán facilitar a la comisión consultiva o a la comisión de resolución alternativa de litigios cualesquiera información, pruebas o documentos que puedan ser pertinentes para la decisión. El contribuyente o contribuyentes y las autoridades competentes de los Estados miembros afectados facilitarán cualesquiera información, pruebas o documentos a petición de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios. Sin embargo, las autoridades competentes de cualquiera de dichos Estados miembros podrán negarse a facilitar información a la comisión consultiva en cualquiera de los casos siguientes:
Enmienda 56
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1
1.  La comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios emitirá, a más tardar seis meses después de la fecha de su creación, un dictamen dirigido a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados.
1.  La comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios emitirá, a más tardar tres meses después de la fecha de su creación, un dictamen dirigido a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados.
Enmienda 57
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2
2.  Al elaborar su dictamen, la comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios tendrán en cuenta las normas nacionales aplicables y los tratados de doble imposición. A falta de un tratado o acuerdo para evitar la doble imposición entre los Estados miembros afectados, la comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios, al elaborar su dictamen, podrán remitirse a la práctica internacional en materia fiscal, como el último modelo de Convenio Fiscal de la OCDE.
2.  Al elaborar su dictamen, la comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios tendrán en cuenta las normas nacionales aplicables y los tratados de doble imposición. A falta de un tratado o acuerdo para evitar la doble imposición entre los Estados miembros afectados, la comisión consultiva o la comisión de resolución alternativa de litigios, al elaborar su dictamen, podrán remitirse a la práctica internacional en materia fiscal, como el último modelo de Convenio Fiscal de la OCDE y la versión más reciente de la Convención Modelo de las Naciones Unidas sobre la Doble Tributación.
Enmienda 58
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1
1.  Las autoridades competentes se pondrán de acuerdo sobre la supresión de la doble imposición en el plazo de seis meses a partir de la notificación del dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios.
1.  Las autoridades competentes se pondrán de acuerdo sobre la supresión de la doble imposición en el plazo de tres meses a partir de la notificación del dictamen de la comisión consultiva o de la comisión de resolución alternativa de litigios.
Enmienda 59
Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3
3.  Los Estados miembros dispondrán que la decisión definitiva por la que se suprime la doble imposición sea transmitida por cada autoridad competente a los contribuyentes en los treinta días naturales siguientes a la fecha de su adopción. Cuando no hayan recibido la notificación de la decisión en el plazo de treinta días naturales, los contribuyentes podrán presentar recurso en su Estado miembro de residencia o de establecimiento de conformidad con la normativa nacional.
3.  Los Estados miembros dispondrán que la decisión definitiva por la que se suprime la doble imposición sea transmitida por cada autoridad competente a los contribuyentes en los treinta días naturales siguientes a la fecha de su adopción. Cuando un contribuyente no haya recibido la notificación de dicha decisión en el plazo de treinta días naturales, dicho contribuyente podrá presentar recurso en su Estado miembro de residencia o de establecimiento de conformidad con la normativa nacional.
Enmienda 60
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 2
2.  El sometimiento del litigio al procedimiento amistoso o al procedimiento de resolución de litigios no será óbice para que un Estado miembro pueda emprender o proseguir acciones judiciales o procedimientos encaminados a la aplicación de sanciones administrativas y penales en relación con los mismos hechos.
2.  El sometimiento del litigio al procedimiento amistoso o al procedimiento de resolución de litigios impedirá que un Estado miembro pueda emprender o proseguir acciones judiciales o procedimientos encaminados a la aplicación de sanciones administrativas y penales en relación con los mismos hechos.
Enmienda 61
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra a
a)  seis meses, como se contempla en el artículo 3, apartado 5;
a)  tres meses, como se contempla en el artículo 3, apartado 5;
Enmienda 62
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 3 – letra b
b)  dos años, como se contempla en el artículo 4, apartado 1;
b)  un año, como se contempla en el artículo 4, apartado 1;
Enmienda 63
Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 6
6.  No obstante lo dispuesto en el artículo 6, los Estados miembros afectados podrán denegar el acceso al procedimiento de resolución de litigios en caso de fraude fiscal, impago deliberado o negligencia grave.
6.  No obstante lo dispuesto en el artículo 6, los Estados miembros afectados podrán denegar el acceso al procedimiento de resolución de litigios en caso de fraude fiscal probado mediante una sentencia firme en un procedimiento penal o administrativo, impago deliberado o negligencia grave en el mismo asunto.
Enmienda 64
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2
2.  Las autoridades competentes publicarán la decisión definitiva a que hace referencia el artículo 14 previo consentimiento de cada uno de los contribuyentes afectados.
2.  Las autoridades competentes publicarán la decisión definitiva a que hace referencia el artículo 14 en su integridad. No obstante, en el supuesto de que los contribuyentes alegaran que algunos puntos concretos de la decisión constituyen información comercial, industrial o profesional sensible, las autoridades competentes deberán tener en cuenta estas alegaciones y publicar la mayor parte de la decisión que sea posible, suprimiendo las partes sensibles. Al tiempo que protegen los derechos constitucionales de los contribuyentes, en particular por lo que se refiere a información cuya publicación pudiera revelar a competidores de forma clara y evidente información sensible de carácter industrial y comercial, las autoridades competentes procurarán garantizar la mayor transparencia posible con la publicación de la decisión final.
Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1
Cuando un contribuyente afectado no hubiera dado su consentimiento a la publicación íntegra de la decisión definitiva, las autoridades competentes publicarán un resumen de la misma en el que se describirán la temática y el objeto, la fecha y los periodos de liquidación, la base jurídica, el sector, y una breve sumario del resultado final.
suprimido
Enmienda 67
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4
4.  La Comisión establecerá formularios normalizados para la comunicación de la información a que se refieren los apartados 2 y 3 mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 18, apartado 2.
4.  La Comisión establecerá formularios normalizados para la comunicación de la información a que se refiere el apartado 2 mediante actos de ejecución. Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento a que se refiere el artículo 18, apartado 2.
Enmienda 68
Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 5
5.  Las autoridades competentes notificarán sin demora a la Comisión la información que haya de publicarse de conformidad con el apartado 3.
5.  Las autoridades competentes notificarán sin demora a la Comisión la información que haya de publicarse de conformidad con el apartado 3. La Comisión facilitará dicha información, en un formato de datos comúnmente utilizado, a través de una página web gestionada de forma centralizada.
Enmienda 69
Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1
1.  La Comisión pondrá a disposición en línea y mantendrá actualizada la lista de personalidades independientes a que se refiere el artículo 8, apartado 4, indicando cuáles de ellas pueden ser nombradas presidente. Dicha lista incluirá únicamente los nombres de esas personas.
1.  La Comisión pondrá a disposición en línea en formato de datos abiertos y mantendrá actualizada la lista de personalidades independientes a que se refiere el artículo 8, apartado 4, indicando cuáles de ellas pueden ser nombradas presidente. Dicha lista incluirá los nombres, afiliaciones y currículum vitae de esas personas y la información correspondiente a sus cualificaciones y experiencia práctica, junto con las declaraciones sobre posibles conflictos de intereses.
Enmienda 70
Propuesta de Directiva
Artículo 21 bis (nuevo)
Artículo 21 bis
Revisión
El ... [cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva], la Comisión, sobre la base de consultas públicas y tras mantener conversaciones con las autoridades competentes, llevará a cabo una revisión de la aplicación y el ámbito de aplicación de la presente Directiva. La Comisión también analizará si la efectividad y eficiencia de los procedimientos de resolución de litigios se verían incrementadas con la creación de una comisión consultiva de carácter permanente («comisión consultiva permanente»).
La Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo en el que incluirá, si procede, una propuesta legislativa de modificación.
Enmienda 71
Propuesta de Directiva
Anexo I – epígrafe 5 – línea 2 bis (nuevo)
Gewerbesteuer
Enmienda 72
Propuesta de Directiva
Anexo I – epígrafe 12 – línea 2 bis (nuevo)
Imposta regionale sulle attività produttive

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0408.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0310.
(3) DO L 225 de 20.8.1990, p. 10.


Acción de la UE en favor de la sostenibilidad
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Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre la acción de la UE en favor de la sostenibilidad (2017/2009(INI))
P8_TA(2017)0315A8-0239/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Resolución de las Naciones Unidas titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», adoptada por la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015 en Nueva York(1),

–  Visto el acuerdo adoptado en la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21) en París el 12 de diciembre de 2015 (Acuerdo de París),

–   Visto el artículo 3, apartados 3 y 5, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que reafirma que la Unión «velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos», así como el artículo 11 del TFUE,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible: acción europea en favor de la sostenibilidad» (COM(2016)0739),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por la Unión en enero de 2011,

–  Visto el Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020, titulado «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»(2),

–   Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) n.º 30/2016, titulado «Environmental indicator report 2016» (Informe de indicadores medioambientales 2016),

–  Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre el seguimiento y examen de la Agenda 2030(3),

–   Vista la nota estratégica del Centro Europeo de Estrategia Política de la Comisión, de 20 de julio de 2016, titulada «Sustainability Now! A European Voice for Sustainability» (Sostenibilidad ya: un llamamiento europeo a la sostenibilidad)(4),

–  Vistas la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020(5), su revisión intermedia(6) y la Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2016, sobre su revisión intermedia(7),

–   Vistos los informes del Panel Internacional de Recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) titulados «Policy Coherence of the Sustainable Development Goals (2015)» (Coherencia de las políticas de los objetivos de desarrollo sostenible —2015—), «Global Material Flows and Resource Productivity (2016)» (Flujos de materiales y productividad de los recursos a escala mundial —2016—) y «Resource Efficiency: Potential and Economic Implications (2017)» (Eficiencia de los recursos: implicaciones potenciales y económicas —2017—),

–   Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 10 de noviembre de 2016, titulada «Gobernanza internacional de los océanos: una agenda para el futuro de nuestros océanos» (JOIN(2016)0049),

–   Visto el acuerdo de Hábitat III sobre la Nueva Agenda Urbana, adoptado en Quito el 20 de octubre de 2016,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0239/2017),

A.  Considerando que la Unión Europea y sus Estados miembros han adoptado la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (en lo sucesivo «la Agenda 2030»), que incluye los objetivos de desarrollo sostenible (ODS);

B.  Considerando que los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas representan un modelo para una sociedad y un mundo mejores, pueden alcanzarse mediante acciones prácticas y mesurables y cubren una serie de aspectos, como por ejemplo, la obtención de resultados mejores y más equitativos en el ámbito de la salud, la mejora del bienestar y la educación de los ciudadanos y de la prosperidad en general, las acciones contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente para las generaciones futuras, y que, precisamente por esa razón deben conceptuarse siempre de manera transversal en todos los ámbitos de actuación de la Unión;

C.  Considerando que el futuro crecimiento económico solo será posible si se respetan plenamente los límites del planeta, a fin de garantizar una vida digna para todos;

D.  Considerando que la Agenda 2030 puede llegar a ser transformadora y establece objetivos universales, ambiciosos, amplios, indivisibles e interconectados, destinados a erradicar la pobreza, luchar contra la discriminación y promover la prosperidad, la responsabilidad medioambiental, la inclusión social y el respeto de los derechos humanos, así como a consolidar la paz y la seguridad; que estos objetivos precisan una actuación inmediata con vistas a su aplicación plena y efectiva;

E.  Considerando que la Comisión no ha definido aún una estrategia global para aplicar la Agenda 2030 que englobe las áreas de las políticas interiores y exteriores, con un calendario detallado hasta 2030, tal y como solicitó el Parlamento en su Resolución de 12 de mayo de 2016 sobre el seguimiento y examen de la Agenda 2030, ni ha asumido plenamente todavía un papel de coordinación general para las acciones adoptadas a escala nacional; que una estrategia de aplicación y un mecanismo de seguimiento y de examen eficaces son esenciales para lograr los ODS;

F.  Considerando que los diecisiete ODS y las 169 metas subyacentes abarcan todos los aspectos de la política de la Unión;

G.  Considerando que muchos de los ODS conciernen directamente las competencias de la Unión, así como las de las autoridades nacionales, regionales y locales, y, por consiguiente, para su aplicación son necesarios un verdadero enfoque de gobernanza multinivel y la participación general y activa de la sociedad civil;

H.  Considerando que el cambio climático no es una cuestión medioambiental aislada, sino que, según las Naciones Unidas(8), representa uno de los principales retos de nuestro tiempo y supone una seria amenaza para el desarrollo sostenible, y que sus efectos amplios y sin precedentes afectan de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables y aumentan la desigualdad dentro de los países y entre ellos; que la actuación urgente para combatir el cambio climático es esencial para lograr la aplicación satisfactoria de los ODS;

I.  Considerando que los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de cambio climático y sostenibilidad energética son: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 %, para cubrir el 20 % de la demanda energética de la Unión mediante energías renovables, y elevar la eficiencia energética en un 20 %; que la Unión está comprometida con una reducción mínima del 40 % de las emisiones internas de gases de efecto invernadero para 2030, con respecto a los niveles de 2005, aplicando el mecanismo de ajuste establecido en el Acuerdo de París; que el Parlamento Europeo ha pedido un objetivo vinculante de eficiencia energética del 40 % para 2030 y un objetivo vinculante de como mínimo el 30 % referente a las fuentes de energías renovables, y que ha subrayado que tales objetivos deben alcanzarse a través de objetivos nacionales individuales;

J.  Considerando que la Unión y sus Estados miembros son todos signatarios del Acuerdo de París y que, como tales, se han comprometido a cooperar con otros países para limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C, y a esforzarse por seguir limitándolo a 1,5 °C, para intentar así contener los peores riesgos del cambio climático, que minan la capacidad para lograr el desarrollo sostenible;

K.  Considerando que es esencial disponer de mares y océanos en buen estado para contribuir a la abundante biodiversidad y velar por la seguridad alimentaria y unos medios de vida sostenibles;

L.  Considerando que, en el marco del séptimo programa de acción en materia de medio ambiente (PAM), la Comisión tiene que evaluar el impacto medioambiental, en un contexto mundial, del consumo de alimentos y de productos no alimentarios de la Unión;

M.  Considerando que toda evaluación de la eficacia presente y futura de la agenda de los ODS en Europa no solo debe presentar los éxitos actuales, sino contemplar también los esfuerzos y sistemas futuros, y debe basarse en un análisis exhaustivo de las brechas entre las políticas de la Unión y los ODS, incluyendo ámbitos en los que la Unión no cumple dichos objetivos, la deficiente aplicación de las políticas actuales y las posibles contradicciones entre las áreas políticas;

N.  Considerando que, según la AEMA, es bastante probable que once de los treinta objetivos prioritarios del PAM no se alcancen en 2020;

O.  Considerando que la financiación de los ODS plantea un enorme desafío que requiere una asociación sólida y a escala mundial y el uso de todas las formas de financiación (nacional, internacional, pública y privada, así como fuentes de financiación innovadoras) y de medios no financieros; que la financiación privada puede complementar a la financiación pública, pero no sustituirla;

P.  Considerando que la movilización eficaz de recursos internos es un factor indispensable para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030; que los países en desarrollo se ven especialmente afectados por la evasión y la elusión fiscales del impuesto sobre sociedades;

Q.  Considerando que la promoción del desarrollo sostenible precisa de resiliencia, lo que debería fomentarse mediante un enfoque polifacético de la acción exterior de la Unión y defendiendo el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo; que las políticas de los Estados miembros y de la Unión tienen efectos previstos e imprevistos en los países en desarrollo y que los ODS constituyen una oportunidad única para lograr más coherencia y unas políticas más justas respecto de los países en desarrollo;

R.  Considerando que el comercio internacional puede ser un poderoso motor de desarrollo y crecimiento económico y que una gran parte de las importaciones de la Unión proviene de países en desarrollo; que la Agenda 2030 reconoce que el comercio es un medio para alcanzar los ODS;

S.  Considerando que, para lograr el desarrollo sostenible, es esencial abordar el desafío de la migración y las exigencias de una población mundial cada vez mayor; que la Agenda 2030 hace hincapié en el papel de la migración como motor potencial de desarrollo; que el artículo 208 del TFUE establece que la erradicación de la pobreza es el principal objetivo de las políticas de desarrollo de la Unión;

1.  Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre una acción de la UE en favor de la sostenibilidad, que recoge las iniciativas e instrumentos políticos actuales a escala europea y constituye una respuesta a la Agenda 2030; destaca, no obstante, la necesidad de llevar a cabo una evaluación exhaustiva, incluido el análisis de las carencias, tendencias, incoherencias y deficiencias de ejecución, así como los posibles beneficios secundarios y sinergias, de todas las políticas y la legislación de la Unión en todos los sectores; subraya la necesidad de una acción coordinada para llevar a cabo dicha evaluación tanto a escala de la Unión como de los Estados miembros; pide, por tanto, a la Comisión, al Consejo, en todas sus formaciones, y a las agencias y los organismos de la Unión que prosigan esta labor sin demora;

2.  Destaca que el objetivo de la Agenda 2030 es lograr un mayor bienestar para todos y que los tres pilares iguales del desarrollo sostenible, a saber: el desarrollo social, económico y medioambiental, son esenciales para alcanzar los ODS; subraya que el desarrollo sostenible es un objetivo fundamental de la Unión, tal como se establece en el artículo 3, apartado 3, del TUE, y debe desempeñar un papel central en el debate sobre el futuro de Europa;

3.  Celebra el compromiso de la Comisión de integrar los ODS en todas las políticas e iniciativas de la Unión sobre la base de los principios de universalidad e integración; pide a la Comisión que desarrolle, sin demora, una estrategia marco exhaustiva, a corto, medio y largo plazo, coherente, coordinada y global, sobre la aplicación de los diecisiete ODS y sus 169 metas en la Unión, en la que se reconozcan la interrelación y la igualdad de los diferentes ODS empleando un enfoque de gobernanza multinivel e intersectorial; subraya, además, la necesidad de integrar todos los aspectos de la Agenda 2030 en el Semestre Europeo y de velar por la plena participación del Parlamento Europeo en el proceso; pide a la vicepresidenta primera, que tiene responsabilidad transversal con respecto al desarrollo sostenible, que tome la iniciativa en este sentido; subraya el hecho de que la Unión y sus Estados miembros se hayan comprometido a aplicar plenamente todos los ODS y metas, tanto en espíritu como en la práctica;

4.  Recuerda la importancia del principio subyacente de la Agenda 2030 de «no excluir a nadie»; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas firmes para abordar las desigualdades dentro de los países y entre ellos, ya que dichas desigualdades magnifican los efectos de otros desafíos mundiales y obstaculizan el progreso en materia de desarrollo sostenible; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la investigación y el desglose de los datos en sus políticas a fin de garantizar que se incluya a los más vulnerables y marginados y que se les dé prioridad;

5.  Se felicita por el compromiso de la Comisión de integrar los ODS en su programa «Legislar mejor» y subraya el potencial de utilizar los instrumentos de este programa de manera estratégica para evaluar la coherencia de las políticas de la Unión con respecto a la Agenda 2030; pide a la Comisión que establezca un control de los ODS en todas las nuevas políticas y legislación y que garantice la plena coherencia de las políticas en la ejecución de dichos objetivos, promoviendo a la vez las sinergias, aprovechando los beneficios secundarios y evitando las compensaciones a escala tanto de la Unión como de los Estados miembros; subraya la necesidad de incluir el desarrollo sostenible como parte integral del marco general de las evaluaciones de impacto y no como una evaluación de impacto independiente, como es el caso actual según los instrumentos del programa «Legislar mejor» de la Comisión; pide, además, que se mejoren los instrumentos diseñados para medir y cuantificar los resultados medioambientales a medio y largo plazo en las evaluaciones de impacto; pide, asimismo, a la Comisión que garantice que en las evaluaciones y controles de adecuación realizados en el marco del programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) se analice si determinadas políticas o actos legislativos contribuyen a la ambiciosa ejecución de los ODS o en realidad la obstaculizan; insta a que se determine y diferencie claramente el nivel de gobernanza en el que se deben aplicar los objetivos, destacando al mismo tiempo que es preciso respetar el principio de subsidiariedad; pide el establecimiento de vías de desarrollo sostenible claras y coherentes en el plano nacional y, en caso necesario, a escala subnacional o local para aquellos Estados miembros que no lo hayan hecho ya; subraya que la Comisión debe orientar este proceso a fin de velar por el establecimiento de un formato armonizado;

6.  Subraya que el 7.º PAM es, en sí mismo, un instrumento clave para la aplicación de los ODS, aunque las medidas adoptadas en algunos sectores no sean aún suficientes para asegurar que los ODS se cumplen; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten todas las medidas necesarias para la aplicación plena del 7. PAM, incorporen a la evaluación del 7. PAM un análisis de hasta qué punto sus objetivos se corresponden con los ODS y, teniendo en cuenta esos resultados, elaboren una recomendación para el programa posterior; pide a la Comisión que proponga a su debido tiempo un programa de acción de la Unión en materia de medio ambiente para el período posterior a 2020, como exige el artículo 192, apartado 3, del TFUE, puesto que dicho programa contribuirá a la consecución de los ODS en Europa;

7.  Insta encarecidamente a la Comisión a que se sume al programa de gobernanza acordado en la Declaración de Río y en la Agenda 2030, así como en el Plan de aplicación de Johannesburgo de 2002 y el documento final de Río+20 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible celebrada en 2012;

8.  Considera que la Comisión debe animar a los Estados miembros a promover el establecimiento o la mejora de consejos de desarrollo sostenible en el ámbito nacional y local, y a intensificar la participación y colaboración eficaz de la sociedad civil y de otras partes interesadas pertinentes en los foros internacionales correspondientes y, en este sentido, promover la transparencia y una amplia participación pública, así como asociaciones para llevar a la práctica el desarrollo sostenible;

9.  Reconoce que la consecución de los ODS exigirá el compromiso de múltiples partes interesadas tanto de la Unión como de las autoridades locales y regionales de los Estados miembros, la sociedad civil, los ciudadanos, las empresas y terceros; pide a la Comisión que garantice que la plataforma multilateral anunciada en su Comunicación se convierta en un modelo de mejores prácticas para la planificación, aplicación, supervisión y revisión de la Agenda 2030; destaca que la plataforma debe movilizar la experiencia de diferentes sectores fundamentales, promover la innovación y contribuir a garantizar vínculos eficaces con las partes interesadas, alentando la promoción ascendente del desarrollo sostenible; recalca, asimismo, que la plataforma debe tener un alcance mucho más amplio que el aprendizaje entre iguales y permitir una verdadera participación de las partes interesadas en la planificación y el seguimiento de la ejecución de los ODS; pide a la Comisión que promueva sinergias con otras plataformas relacionadas, como la plataforma REFIT, la Plataforma sobre la economía circular, el Grupo de Alto Nivel «Competitividad y Crecimiento» y el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Finanzas Sostenibles, y que informe al Parlamento y al Consejo de cómo se dará seguimiento a las recomendaciones de la plataforma;

10.  Pide a la Comisión que intensifique los esfuerzos dirigidos a facilitar la gobernanza de los ODS para que:

   i) sea multisectorial: estableciendo una estructura de coordinación nacional que sea responsable del seguimiento de la Agenda 21, que se beneficiaría de la experiencia de las ONG;
   ii) sea multinivel: estableciendo un marco institucional eficaz para el desarrollo sostenible a todos los niveles;
   iii) sea multilateral: facilitando y fomentando la concienciación y la participación públicas mediante la puesta a disposición de información para todos;
   iv) se centre en mejorar la interfaz ciencia-política;
   v) tenga un calendario claro que combine el pensamiento a corto y largo plazo;

pide, por tanto, a la Comisión que vele por que la plataforma multilateral no solo tenga como resultado la agrupación de conocimientos prácticos sobre los ODS, sino también su difusión, y que garantice la influencia de la plataforma en la agenda política; pide, así, que la Comisión, con la participación del Parlamento y del Consejo, cree una plataforma multilateral que implique a agentes de todo un espectro de sectores; indica que las empresas y la industria, las asociaciones de consumidores, los sindicatos, las ONG sociales y medioambientales, las ONG de cooperación para el desarrollo, el Gobierno local y las ciudades deben contar con representación en un foro de no menos de treinta interesados; añade que las reuniones deben estar abiertas al mayor número de agentes posible y poder ampliarse si el interés aumenta con el tiempo; señala que, en sus reuniones trimestrales, la plataforma debe determinar las cuestiones que constituyan un impedimento para la consecución de los ODS; apunta que el Parlamento debe considerar la creación de un grupo de trabajo sobre los ODS para garantizar el trabajo horizontal sobre la cuestión en el seno del Parlamento; observa que este foro debe constar de diputados al Parlamento que representen el mayor número de comisiones posible; indica que tanto la Comisión como el Parlamento deben participar activamente en las reuniones de la plataforma multilateral; señala que la Comisión debe proporcionar cada año información actualizada a la plataforma sobre sus futuros planes para contribuir a la ejecución de los ODS, así como un documento que estará disponible a todos los niveles y en todos los Estados miembros sobre las mejores prácticas para lograr los ODS antes de las reuniones de alto nivel de las Naciones Unidas sobre los ODS de junio o julio; destaca que el Comité de las Regiones debe actuar de puente entre los agentes locales y nacionales;

11.  Celebra el aumento de capital institucional y privado destinado a financiar los ODS e invita a la Comisión y a los Estados miembros a elaborar criterios de desarrollo sostenible para el gasto institucional de la Unión, determinar las posibles barreras reglamentarias e incentivos para la inversión en los ODS y estudiar las posibilidades de convergencia y cooperación entre las inversiones públicas y privadas;

12.  Acoge con satisfacción la posible contribución de la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental a la consecución de los ODS a través de una mejor aplicación del acervo en los Estados miembros; advierte, no obstante, de que dicha revisión no sustituye a otros instrumentos, como los procedimientos de infracción;

13.  Insta a la Comisión a que desarrolle mecanismos de supervisión, seguimiento y revisión eficaces para la aplicación e integración de los ODS y de la Agenda 2030, y pide a la Comisión que, en colaboración con Eurostat, establezca un conjunto de indicadores de progreso específicos para la aplicación interna de los ODS en la Unión; pide a la Comisión que elabore informes anuales acerca de los avances de la Unión en la aplicación de los ODS; pone de relieve que la Comisión debe ayudar a los Estados miembros para que sus informes sean coherentes; pide que el Parlamento se convierta en un actor del proceso, especialmente en la segunda línea de trabajo a partir de 2020, y pide, asimismo, un diálogo y un intercambio de información anuales entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión que den lugar a la elaboración de un informe; insta a que los resultados sean tanto transparentes como fácilmente comprensibles y transmisibles para una amplia gama de audiencias; destaca la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas democrática en la supervisión de la Agenda 2030 y, en consecuencia, pone de relieve el papel de los colegisladores en este proceso; considera que la celebración de un acuerdo interinstitucional vinculante en virtud del artículo 295 del TFUE proporcionaría una estructura de cooperación adecuada a este respecto;

14.  Recuerda que los Estados miembros tienen que informar a las Naciones Unidas de sus resultados en relación con los ODS; hace hincapié en que estos informes de los Estados miembros deben elaborarse en colaboración con las autoridades locales y regionales competentes; subraya que en los Estados miembros con niveles de gobierno federales o con competencias transferidas es necesario detallar los retos y obligaciones específicos en la consecución de los ODS para estos niveles de gobierno descentralizados;

15.  Pide a la Comisión que promueva cadenas de valor mundiales sostenibles con la introducción de sistemas de diligencia debida para las empresas centrados en sus cadenas completas de suministro, que animarían a las empresas a invertir de manera más responsable y estimularían la aplicación más eficaz de capítulos de sostenibilidad en los acuerdos de libre comercio, en particular en los ámbitos de la lucha contra la corrupción, la transparencia, la lucha contra la evasión fiscal y la buena conducta empresarial;

16.  Considera que toda visión de futuro de Europa debe contemplar los ODS como un principio fundamental y que, al hacerlo, los Estados miembros deben avanzar hacia modelos económicos sostenibles, y que el papel de la Unión en su consecución debe ser, por lo tanto, una de las principales reflexiones del Libro Blanco de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, sobre el futuro de Europa (COM(2017)2025), en el que se necesita dar mayor cabida a la dimensión de la sostenibilidad en el marco del crecimiento económico; considera que cumplir los ODS y la Agenda 2030 resulta crucial para la Unión y que la consecución de los ODS debería constituir el legado de Europa para las futuras generaciones; reconoce que la agenda 2030 está en consonancia con los principios y valores de la Unión y, por tanto, su consecución es una consecuencia natural de los planes de la Unión para crear un futuro mejor, más sano y más sostenible para Europa;

17.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen las capacidades para favorecer la evaluación integrada, la innovación tecnológica e institucional y la movilización financiera para la consecución de los ODS;

18.  Reconoce que la mayoría de los países europeos, pertenecientes o no a la Unión, son signatarios del acuerdo sobre los ODS; considera que, en el contexto del debate sobre el Futuro de Europa, debe tenerse en cuenta el desarrollo de un marco paneuropeo para la consecución de los ODS entre los Estados miembros de la Unión, la AEMA, los acuerdos de asociación de la Unión, los países candidatos a la UE y, después de su salida, el Reino Unido;

19.  Destaca el papel del Foro Político de Alto Nivel en el seguimiento y el examen de los ODS, y pide a la Comisión y al Consejo que respeten el liderazgo de la Unión en el diseño y la aplicación de la Agenda 2030, acordando posiciones conjuntas de la Unión y la elaboración coordinada de informes por parte de la Unión basados en los informes coordinados de los Estados miembros y las instituciones de la Unión, antes del Foro Político de Alto Nivel bajo los auspicios de la Asamblea General; invita a la Comisión a que haga balance de las acciones existentes durante el próximo Foro Político de Alto Nivel y de los ODS específicos que serán objeto de examen;

20.  Considera que la Unión debe encabezar a nivel mundial la transición a una economía con bajas emisiones de carbono y un sistema sostenible de producción y consumo; invita a la Comisión a que oriente sus políticas sobre ciencia, tecnología e innovación a la consecución de los ODS y le pide que elabore una comunicación sobre ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo sostenible, tal como recomendó el Grupo de expertos de la Comisión «Seguimiento de Río+20, en particular de los ODS», para formular y apoyar la coordinación y cohesión de las políticas a largo plazo;

21.  Insiste en que la ciencia, la tecnología y la innovación son herramientas especialmente importantes para la aplicación de los ODS; destaca la necesidad de que Horizonte 2020 y los futuros programas marco de investigación integren mejor el concepto de desarrollo sostenible y los desafíos sociales;

22.  Recuerda que, como se recoge en su Resolución, de 12 de mayo de 2016, el Parlamento debe tener un papel evidente en la aplicación de la Agenda 2030 por parte de la Unión;

23.  Acoge con satisfacción las recientes iniciativas para fomentar un uso eficiente de los recursos, entre otras cosas mediante la promoción de la prevención de residuos, la reutilización y el reciclado, limitando la recuperación de energía a materiales no reciclables y eliminando progresivamente el vertido de residuos reciclables o recuperables, tal y como propone el plan de acción para la economía circular y la propuesta de nuevos y ambiciosos objetivos de la Unión en materia de residuos, lo que contribuirá, en particular, a la consecución del ODS 12 y a la reducción de los desechos marinos; reconoce que alcanzar los ODS y cumplir de forma rentable los objetivos en materia de cambio climático pasa por mejorar la utilización eficiente de los recursos y reducirá, para 2050, las emisiones anuales de gases de efecto invernadero un 19 % en todo el mundo y hasta el 25 % en los países del G-7; señala que doce de los diecisiete ODS dependen del uso sostenible de los recursos naturales; destaca la importancia de lograr un consumo y una producción sostenibles mediante el aumento de la eficiencia y la reducción de la contaminación, la demanda de recursos y los residuos; subraya la necesidad de desvincular el crecimiento, el uso de recursos y las repercusiones medioambientales; pide a la Comisión que elabore informes periódicos sobre la economía circular, en los que se informe de su situación y tendencias, y que permitan modificar las políticas actuales sobre la base de información objetiva, fiable y comparable; pide a la Comisión, asimismo, que vele por que la economía circular produzca una reducción significativa del uso de materiales vírgenes, una reducción de los residuos materiales, productos más duraderos y la utilización de subproductos de la fabricación y de materiales sobrantes previamente considerados como flujos de residuos; pide a la Comisión que presente una estrategia ambiciosa y completa en materia de plásticos, cumpliendo a la vez el objetivo de 2020 sobre la gestión ecológicamente racional de las sustancias químicas, y teniendo en cuenta el objetivo de desarrollar ciclos de materiales no tóxicos contemplado en el séptimo PAM; considera que, para cumplir el ODS 2, resulta fundamental una acción coordinada a escala europea contra el desperdicio de alimentos; subraya el objetivo de la Unión de reducir en un 50 % los residuos alimentarios para 2030;

24.  Resalta que la Decisión n.º 1386/2013/UE indica que los actuales sistemas despilfarradores de producción y consumo de la economía mundial, junto con el aumento de la demanda de bienes y servicios hasta agotar los recursos, están haciendo aumentar el precio de materias primas, minerales y energía básicos, lo cual genera más contaminación y más residuos, intensifica las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo y agrava la degradación del suelo y la deforestación, por lo que es necesario que la Unión y los Estados miembros se esfuercen al máximo por garantizar el análisis del ciclo de vida (LCA) de los productos y servicios para valorar así su impacto real en términos de sostenibilidad;

25.  Recuerda que separar el crecimiento económico del consumo de recursos es esencial para limitar la repercusión en el medio ambiente, mejorar la competitividad de Europa y reducir su dependencia de los recursos;

26.  Hace hincapié en que para que la Unión alcance los objetivos de la Agenda 2030 es esencial que estos queden reflejados en el Semestre Europeo de forma integral, también mediante la creación de empleos ecológicos, la eficiencia en el uso de los recursos y el fomento de inversiones sostenibles y de la innovación; observa que una economía eficiente en el uso de los recursos tiene un gran potencial de creación de empleo y crecimiento económico, puesto que en 2050 añadiría un importe de 2 billones de dólares estadounidenses a la economía mundial y aportaría más de 600 000 millones de dólares estadounidenses adicionales al PIB de los países del G7;

27.  Pide a la Comisión que haga hincapié ante todas las partes interesadas, incluidos los inversores, los sindicatos y los ciudadanos, en los beneficios de la transformación de las producciones no sostenibles en actividades que permitan lograr los objetivos de desarrollo sostenible y en las ventajas de la formación continua de los trabajadores en aras de crear empleos verdes, limpios y de alta calidad;

28.  Pone de relieve la importancia que reviste el ODS 2 sobre agricultura sostenible y los ODS sobre prevención de la contaminación y el uso excesivo de agua (6.3 y 6.4), mejora de la calidad del suelo (2.4 y 15.3) y detención de la pérdida de biodiversidad (15) a escala de la Unión;

29.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que atajen las demoras significativas en la consecución de un buen estado de las aguas, de conformidad con la Directiva marco sobre el agua, y que garanticen la realización del ODS 6; toma nota de la evaluación de la AEMA, según la cual más de la mitad de las masas de agua de los ríos y lagos de Europa no se encuentran en un buen estado ecológico y en los ecosistemas acuáticos todavía se observa un importante deterioro y pérdida de biodiversidad; pide a la Comisión que apoye los enfoques innovadores en materia de gestión sostenible del agua, desarrollando todo el potencial de la reutilización de aguas residuales y aplicando los principios de la economía circular en la gestión del agua, así como adoptando medidas para promover la reutilización de las aguas residuales en los sectores agrícola, industrial y municipal; hace hincapié en que aproximadamente 70 millones de europeos se ven afectados por la escasez de agua durante los meses de verano; recuerda que, además, en torno a un 2 % de la población total de la Unión no tiene pleno acceso al agua potable, lo cual afecta de manera desproporcionada a los grupos vulnerables y las comunidades marginadas; recuerda, asimismo, que cada día mueren diez personas en Europa debido al agua contaminada y las malas condiciones de saneamiento y de higiene;

30.  Celebra la Comunicación conjunta de la Comisión sobre el futuro de nuestros océanos, que propone cincuenta acciones para garantizar océanos seguros, protegidos, limpios y gestionados de manera sostenible en Europa y en todo el mundo, a fin de cumplir el ODS 14, un objetivo apremiante dada la necesidad de una rápida recuperación de los mares europeos y de los océanos del mundo;

31.  Destaca la importancia medioambiental y los beneficios socioeconómicos de la biodiversidad y señala que, de acuerdo con el último informe sobre los «límites del planeta», los actuales valores de la pérdida de biodiversidad han superado el límite del planeta, mientras que la integridad de la biosfera se considera un límite principal que cuando se altera significativamente modifica el estado del Sistema Terrestre; observa con preocupación que no se cumplirán los objetivos de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 y del Convenio sobre la Biodiversidad Biológica sin un gran esfuerzo adicional; recuerda que en torno al 60 % de las especies animales y el 77 % de los hábitats protegidos se encuentran en condiciones que distan de ser óptimas(9); pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen sus esfuerzos para lograr estos objetivos, en particular aplicando plenamente las Directivas de protección de la naturaleza y reconociendo el valor añadido de los ecosistemas y de la biodiversidad del medio ambiente europeo mediante la asignación de recursos suficientes, también en los presupuestos futuros para la conservación de la biodiversidad, especialmente para la red Natura 2000 y el programa LIFE; reitera la necesidad de adoptar una metodología de seguimiento común que tenga en cuenta todo el gasto directo e indirecto relacionado con la biodiversidad y la eficiencia de dicho gasto, y destaca que el gasto total de la Unión no debe repercutir negativamente en la biodiversidad, sino que debe apoyar la consecución de los objetivos europeos en materia de biodiversidad;

32.  Destaca que una aplicación y una ejecución plenas y una financiación adecuada de las directivas relativas a la naturaleza son condiciones previas esenciales para garantizar el éxito de la estrategia sobre la biodiversidad en su conjunto y para alcanzar su objetivo fundamental; celebra la decisión de la Comisión Europea de no revisar las directivas relativas a la naturaleza;

33.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que completen con rapidez la red ecológica Natura 2000 y la refuercen, intensificando sus esfuerzos para garantizar que se designe un número suficiente de zonas especiales de conservación (ZEC) con arreglo a la Directiva sobre los hábitats y que dicha designación vaya acompañada de medidas eficaces de protección de la biodiversidad en Europa;

34.  Señala que los estudios demuestran que la agricultura insostenible es uno de los principales factores que favorecen la pérdida de carbono orgánico y biodiversidad del suelo; pide a la Unión que promueva métodos que mejoren la calidad del suelo, como las rotaciones con legumbres y ganado, y contribuya de esta forma a la consecución de los ODS 2.4 y 15.3;

35.  Considera que la Unión debe hacer mucho más por contribuir al logro del ODS 15; pide a la Comisión, en particular, que aborde de forma prioritaria la cuestión de la descontaminación medioambiental, proponiendo normas armonizadas contra el uso y la degradación de los suelos y presentando cuanto antes el plan de acción contra la deforestación y la degradación de los bosques, anunciado en varias ocasiones, y su calendario de ejecución;

36.  Reconoce que los cambios en la biodiversidad del suelo y el carbono orgánico se han visto impulsados en su mayor parte por las prácticas de gestión y el cambio en el uso de la tierra, así como por el cambio climático, que ha perjudicado de manera grave a ecosistemas enteros y a la sociedad; pide, por tanto, a la Comisión que preste especial atención a los problemas relacionados con el suelo en el futuro 8.º PAM;

37.  Pone de relieve que las importaciones de la Unión de harina de soja para la alimentación animal contribuyen a la deforestación de América del Sur y, por tanto, socavan los ODS relativos a la deforestación, el cambio climático y la biodiversidad;

38.  Pide a la Comisión que, como actor a nivel mundial, redoble los esfuerzos para proteger la valiosa ecología y el entorno del Ártico; insta encarecidamente a la Comisión a que no permita ninguna política que incentive la explotación del Ártico en busca de combustibles fósiles;

39.  Se felicita por la atención prestada a la biodiversidad, los recursos naturales y los ecosistemas, y por el reconocimiento del vínculo entre estos elementos y la salud y el bienestar humanos; destaca la necesidad de un concepto de «una sola salud», que englobe tanto la salud humana, como la animal y la medioambiental, y recuerda que la inversión en investigación e innovación con vistas al desarrollo de nuevas tecnologías sanitarias es una condición previa esencial si se quieren cumplir los ODS; insta a la Comisión a que realice con rapidez un análisis que responda a la publicación de la OCDE «EU Health at a Glance» (Panorama de la salud en la UE), que indica que la esperanza de vida no ha aumentado en muchos Estados miembros de la Unión; señala que el acceso igualitario a servicios sanitarios de gran calidad es la clave para lograr unos sistemas de salud sostenibles, puesto que tiene el potencial de reducir las desigualdades; subraya que es necesario redoblar los esfuerzos para hacer frente a las barreras multidimensionales que obstaculizan el acceso a nivel personal, de los proveedores y del sistema sanitario, y para seguir invirtiendo en innovación e investigación médica y en el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), con miras a desarrollar soluciones sanitarias que sean accesibles, sostenibles y orientadas a la lucha contra el azote mundial del VIH/SIDA, la tuberculosis, la meningitis, la hepatitis C y otras enfermedades infecciosas desatendidas, que suelen estar vinculadas a la pobreza; recuerda que invertir en la investigación y el desarrollo médicos a escala mundial reviste una importancia crucial de cara a responder a los retos sanitarios emergentes, como las epidemias y la resistencia a los antibióticos;

40.  Subraya que la economía de los océanos, o «economía azul», ofrece importantes oportunidades para la utilización sostenible y la conservación de los recursos marinos, y que una ayuda adecuada a la creación de capacidades para el desarrollo y la aplicación de herramientas de planificación y sistemas de gestión puede permitirles a los países en desarrollo aprovechar estas oportunidades; pone de relieve el papel destacado que debe desempeñar la Unión Europea a tal efecto;

41.  Admite el nexo entre la extracción de recursos pesqueros y la conservación y el comercio; reconoce, asimismo, que el coste de oportunidad de no actuar para resolver los efectos nocivos de las subvenciones al sector de la pesca es extremadamente elevado, ya que si no se toma ninguna acción, se agotarán los recursos, se favorecerá la inseguridad alimentaria y se destruirán las fuentes de empleo que se pretendía proteger;

42.  Recuerda que la Unión Europea y sus Estados miembros son todos signatarios del Acuerdo de París y, por tanto, se han comprometido a perseguir sus objetivos, lo que requiere una acción mundial; subraya la necesidad de integrar el objetivo de descarbonización a largo plazo a fin de limitar el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C y de esforzarse por seguir limitándolo a 1,5 °C.

43.  Recuerda que la propuesta de la Comisión para el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 establece tres objetivos clave para 2030: una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de, al menos, el 40 %, un mínimo de un 27 % de la demanda energética de la UE cubierta con las energías renovables, y una mejora de la eficiencia energética de, al menos, el 30 %; recuerda la postura adoptada por el Parlamento con respecto a estos objetivos; hace hincapié en la necesidad de seguir revisando dichos objetivos y de preparar una estrategia de la Unión para la reducción de las emisiones a cero a mediados de siglo que prevea un itinerario rentable, teniendo en cuenta las especificidades regionales y nacionales dentro de la Unión, para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas aprobado en el Acuerdo de París;

44.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que integren de manera eficaz la atenuación del cambio climático y la adaptación al mismo en las políticas en favor del desarrollo; resalta la necesidad de impulsar las transferencias de tecnología para la eficiencia energética y las tecnologías limpias, y de apoyar las inversiones en proyectos de energía renovable a pequeña escala, sin conexión a la red y descentralizados; pide a la Unión que redoble su asistencia a la agricultura sostenible para hacer frente al cambio climático, dirigiendo su apoyo específicamente a las pequeñas explotaciones, la diversificación de los cultivos, la agrosilvicultura y las prácticas agroambientales;

45.  Observa que la degradación del medio ambiente y el cambio climático plantean riesgos significativos para el establecimiento y mantenimiento de la paz y la justicia; reconoce la necesidad de conferir un mayor protagonismo al rol que el clima y el cambio climático están desempeñando en la migración a nivel mundial, así como en la pobreza y el hambre; pide a la Unión y a los Estados miembros que continúen considerando el cambio climático como una prioridad estratégica en los diálogos diplomáticos a nivel internacional, así como en los diálogos bilaterales y birregionales de alto nivel con los países del G-7, del G-20, en las Naciones Unidas y con los países socios, como China, a fin de proseguir un diálogo activo y positivo que acelere la transición mundial hacia una energía limpia y evite un cambio climático peligroso;

46.  Reconoce la labor del Center for Climate and Security (Centro para el clima y la seguridad), con sede en los Estados Unidos, a la hora de determinar los vínculos críticos entre el cambio climático y la seguridad internacional, y que califica el cambio climático como un «multiplicador de la amenaza» que podría exigir una mayor intervención humanitaria o militar y generar tormentas más violentas que pondrían en peligro las ciudades y bases militares;

47.  Resalta que la pobreza energética, que a menudo se define como una situación en la que los individuos o las familias no pueden calentar debidamente ni utilizar otros servicios energéticos necesarios en sus hogares a un coste asequible, constituye un problema en muchos Estados miembros; destaca que la pobreza energética tiene su origen en el aumento de los precios de la energía, los efectos de la recesión en las economías nacionales y regionales, y la existencia de viviendas con una baja eficiencia energética; recuerda que, según la encuesta comunitaria sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC), se calcula que 54 millones de ciudadanos europeos (el 10,8 % de la población de la Unión) no podían calentar debidamente su hogar en 2012, y que se han comunicado cifras similares en relación con el pago tardío de las facturas de gas o electricidad o con las malas condiciones de la vivienda; pide a los Estados miembros que reconozcan y aborden este problema, puesto que garantizar los servicios energéticos básicos es fundamental para las comunidades no sufran efectos negativos en la salud, no se suman aún más en la pobreza y puedan mantener una buena calidad de vida, así como para asegurar que el desembolso financiero en favor de los hogares que precisan ayuda no resulte demasiado oneroso; pone de relieve la importancia de unos servicios energéticos modernos para el bienestar del ser humano y el desarrollo económico de un país; pese a esa relevancia, 1 200 millones de personas en todo el mundo no tienen todavía acceso a la electricidad y más de 2 700 millones carecen de unas instalaciones limpias donde cocinar; recuerda, además, que más del 95 % de estas personas vive en el África Subsahariana o en países en desarrollo de Asia, y en torno al 80 % habita en zonas rurales; subraya que la energía es clave en prácticamente cualquier oportunidad o reto al que se enfrente el mundo hoy en día; hace hincapié en que el acceso a la energía es fundamental tanto para el empleo, la seguridad, el cambio climático, la producción de alimentos o el aumento de la renta, y que la energía sostenible constituye una oportunidad, puesto que transforma vidas, economías y el planeta;

48.  Recomienda la plena integración de la acción en favor del clima en el presupuesto de la Unión y que se garantice que las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se integren en todas las decisiones en materia de inversión en Europa;

49.  Pide a la Comisión que, en el plazo de seis meses a partir del diálogo facilitador de 2018 en el marco de la CMNUCC y luego cada cinco años, elabore un informe sobre la legislación de la Unión en materia de clima, que incluya el Reglamento de reparto del esfuerzo y la Directiva sobre el RCDE, a fin de determinar si dicha legislación es eficaz a la hora de aportar la contribución esperada a los esfuerzos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión y establecer si la tendencia actual de las reducciones bastará para cumplir los ODS y los objetivos del Acuerdo de París; solicita, además, a la Comisión que revise y mejore el marco de actuación en materia de clima y energía hasta el año 2030 y la contribución de la Unión determinada a nivel nacional a más tardar antes de 2020, de modo que estén suficientemente en consonancia con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y los ODS; insta a la Comisión a que incentive el potencial de la absorción de gases de efecto invernadero mediante el fomento del desarrollo de políticas que respalden la forestación con prácticas de gestión forestal adecuadas, habida cuenta de que la Unión, en el marco de la Agenda 2030, se ha comprometido a impulsar la aplicación de una gestión forestal sostenible, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar la forestación y la repoblación en el mundo de aquí a 2020;

50.  Subraya que la labor para mitigar el calentamiento global no obstaculiza el crecimiento económico ni la creación de empleo y que, por el contrario, la descarbonización de la economía debe considerarse una fuente principal de un crecimiento nuevo y sostenible de la economía y del empleo; reconoce, no obstante, que, al avanzar hacia cualquier nuevo modelo económico y social, es probable que las comunidades centradas en las industrias tradicionales se encuentren con dificultades; destaca la importancia de respaldar esa transición y pide a la Comisión y a los Estados miembros que canalicen fondos procedentes de fuentes como el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión ( RCDE) al objeto de financiar la modernización y una transición justa que ayude a dichas comunidades e impulsar la adopción de las mejores tecnologías y prácticas productivas para garantizar las mejores normas medioambientales así como unos puestos de trabajo seguros, estables y sostenibles;

51.  Señala que la continua pérdida de biodiversidad, los efectos negativos de la deforestación y el cambio climático pueden contribuir a que aumente la competencia por recursos como los alimentos y la energía, la pobreza y la inestabilidad política en todo el mundo y al desplazamiento de la población y la creación de nuevos tipos de migración a nivel internacional; insiste en que la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y los Estados miembros deberían tener en cuenta dichos efectos en todos los aspectos de las relaciones exteriores y de la diplomacia internacional, garantizando al mismo tiempo un sustancial aumento de la financiación destinada a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD); pide que la Comisión Europea, el SEAE y los Estados miembros realicen, en todas las acciones e interacciones con terceros países, esfuerzos encaminados a reducir las emisiones mediante el fomento de las fuentes de energía renovables, la eficiencia en el uso de los recursos, la biodiversidad y la protección de los bosques, así como a través de la promoción de la atenuación del cambio climático y la adaptación al mismo;

52.  Pide a la Comisión que vele por que las políticas exteriores de la Unión sean compatibles con los ODS y que determine los ámbitos en los que sea necesaria una mayor acción o ejecución para asegurar que las políticas exteriores de la Unión respaldan la aplicación efectiva de los ODS y no entran en conflicto ni con los ODS ni con su aplicación en otras regiones, especialmente en los países en desarrollo; pide a la Comisión, a tal fin, que ponga en marcha un proceso fiable que se inicie con un método de alerta temprana para las nuevas iniciativas y propuestas, incluida la revisión de la legislación existente, y que presente una propuesta en favor de una estrategia de desarrollo sostenible global exterior; pone de relieve los instrumentos y foros existentes, como el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), el Foro Regional sobre Desarrollo Sostenible de la CEPE, el Foro Político de Alto Nivel, y la plataforma central de las Naciones Unidas; pide una revisión voluntaria en el Foro Político de Alto Nivel en consonancia con la Agenda 2030, que alienta a los Estados miembros a llevar a cabo revisiones periódicas e integradoras de los avances; hace hincapié en la función que desempeña en este sentido la realización de evaluaciones de impacto ex ante periódicas y adecuadas; recuerda la obligación contemplada en el Tratado de tener en cuenta los objetivos de cooperación para el desarrollo en todas las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo;

53.  Subraya la importancia de la AOD como instrumento fundamental para lograr la Agenda 2030, erradicar la pobreza en todas sus formas y luchar contra las desigualdades, al tiempo que reitera que la ayuda al desarrollo no basta por sí sola para que los países en desarrollo salgan de la pobreza; destaca la necesidad de fomentar instrumentos que favorezcan una mayor rendición de cuentas, como el apoyo presupuestario; pide a la Unión y a sus Estados miembros que vuelvan a confirmar a la mayor brevedad su compromiso con el objetivo del 0,7 % de la renta nacional bruta y que presenten unas propuestas de calendario detalladas para aumentar gradualmente la AOD en aras de alcanzar ese objetivo; recuerda el compromiso de la Unión de asignar, como mínimo, el 20 % de la AOD al desarrollo humano y a la inclusión social, y pide un compromiso renovado a este fin; pide a la Comisión que aplique la recomendación del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE de alcanzar un componente de subvención medio correspondiente al 86 % del total de los compromisos al respecto; pide que se proteja a la AOD de las desviaciones y que se respeten los principios de eficacia del desarrollo internacionalmente acordados, manteniendo el objetivo fundamental de erradicación de la pobreza y centrándose, en particular, en los países menos adelantados y en los contextos de fragilidad; recuerda la necesidad de superar la relación donante/beneficiario en una agenda de desarrollo ampliada;

54.  Hace hincapié en que garantizar la justicia fiscal y la transparencia, luchar contra la evasión de impuestos, erradicar los flujos financieros ilegales y los paraísos fiscales, así como la mejora de la gestión de las finanzas públicas, el crecimiento económico sostenible y el aumento de la movilización de recursos internos, es fundamental para la financiación de la Agenda 2030; pide a la Unión que cree un programa de financiación europeo (DEVETAX 2030) para asistir específicamente en el establecimiento de estructuras impositivas en las economías de mercado emergentes y ayudar a los países en desarrollo a crear nuevas oficinas fiscales a nivel regional; reitera su llamamiento en favor de un impuesto mundial sobre las transacciones financieras para acometer los desafíos globales de la pobreza, de una investigación de los efectos indirectos en los países en desarrollo de todas las políticas fiscales nacionales y de la Unión, y del respeto del principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo a la hora de legislar en este ámbito;

55.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reajusten su planteamiento de la migración con vistas a desarrollar una política de migración en consonancia con el ODS n.º 10 y una percepción objetiva de los migrantes y solicitantes de asilo que contrarreste la xenofobia y la discriminación contra ellos, así como de cara a invertir en motores clave para el desarrollo humano; reitera su preocupación por que las nuevas políticas y los instrumentos financieros dirigidos a abordar las causas subyacentes de la migración irregular y forzada puedan aplicarse en detrimento de los objetivos de desarrollo, y pide que se atribuya al Parlamento Europeo una función de control más estricta en este sentido, a fin de garantizar que los nuevos instrumentos de financiación son compatibles con la base jurídica, los principios y los compromisos de la Unión, en especial con la Agenda 2030; recuerda que los principales objetivos de la cooperación al desarrollo son la erradicación de la pobreza y el desarrollo económico y social a largo plazo;

56.  Celebra el énfasis puesto en la inversión en los jóvenes, ya que son los principales ejecutores de los ODS; insiste en la necesidad de aprovechar el dividendo demográfico de los países en desarrollo a través de políticas públicas adecuadas de inversión en la salud —incluida la salud y la educación sexual y reproductiva— y en la educación de los jóvenes; destaca la oportunidad de hacer avanzar finalmente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como un elemento esencial del principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo, e insta a la Unión a que integre estos elementos en todos los ámbitos de la acción exterior; reconoce que, a fin de garantizar el desarrollo sostenible, es necesario conceder prioridad a estos habilitadores clave para el desarrollo y el capital humanos;

57.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que apliquen los recursos y el impulso político necesarios para garantizar que el principio de igualdad de género y la capacitación de las mujeres y niñas sean centrales en la aplicación de la Agenda 2030;

58.  Urge a la Comisión y a los Estados miembros a que velen por que los presupuestos públicos no entren en conflicto con los ODS; considera que es necesario agilizar de manera notable la inversión, la innovación y el crecimiento ecológicos en la Unión para poder aplicar con éxito y de forma oportuna la Agenda 2030 y reconoce que se precisan nuevos instrumentos de financiación y diferentes enfoques en la actual política de inversión, como la eliminación progresiva de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y los proyectos con altas emisiones; pide una estrategia para la integración de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) por parte de las empresas y multinacionales en sus modelos de negocio y por parte de los inversores institucionales en sus estrategias de inversión, a fin de reorientar los fondos de los combustibles fósiles hacia las finanzas sostenibles;

59.  Pide que el MFP posterior a 2020 redirija el presupuesto de la Unión hacia la realización de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, garantizando una financiación adecuada para la consecución de los ODS; pide la mejora de la integración del desarrollo sostenible en todos los mecanismos de financiación y las líneas presupuestarias, y reitera que la coherencia política a largo plazo desempeña un papel importante en la reducción del coste al mínimo; destaca la relevancia de la política de cohesión como principal política de inversión de la Unión, y recuerda que se precisa una aplicación horizontal de los criterios de sostenibilidad y de los objetivos basados en los resultados en todos los fondos estructurales y de inversión de la Unión, incluido el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), a fin de lograr una completa transición a un crecimiento económico sostenible e inclusivo;

60.  Pide al Banco Europeo de Inversiones (BEI) que asegure que está a la altura de los valores de Europa al aplicar criterios de sostenibilidad estrictos en sus actividades de préstamo y, en particular, que los préstamos a los sectores del transporte y la energía se destinan a proyectos sostenibles y con bajas emisiones de carbono;

61.  Pide al BEI que comprometa el 40 % de su cartera de préstamos al crecimiento con bajas emisiones de carbono y resistente al cambio climático para 2030;

62.  Pide al BEI que destine más fondos a la iniciativa ELENA para conceder subvenciones con fines de asistencia técnica centradas en la implantación de la eficiencia energética, la distribución de energías renovables y los proyectos y programas de transporte urbano;

63.  Reconoce que unas infraestructuras sólidas y sostenibles son un principio clave para la consecución de un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono, y que aportan una serie de beneficios secundarios como la durabilidad y una mejor protección frente a los incendios y las inundaciones; considera que puede lograrse una transición hacia una sociedad sostenible si se sigue el principio de «primero, la eficiencia energética» y se continúa mejorando la eficiencia de los aparatos, las redes eléctricas y los edificios, al tiempo que se desarrollan sistemas de almacenamiento; reconoce que el mayor potencial de eficiencia energética se encuentra en los edificios y pide a la Unión que se comprometa a un objetivo de lograr edificios totalmente sostenibles, descarbonizados y eficientes desde el punto de vista energético para 2050, que tengan una demanda energética prácticamente igual a cero y donde cualquier demanda residual se abastezca a partir de una amplia gama de fuentes renovables; pide acelerar el aumento de la cuota de energías renovables en la combinación energética de la Unión; advierte de los peligros de depender de infraestructura no sostenible y pide a la Comisión que proponga medidas para realizar una transición ordenada a una economía sostenible con bajas emisiones de carbono, y una reorientación completa del desarrollo de infraestructuras, a fin de mitigar los riesgos económicos sistémicos asociados a los activos financieros con altas emisiones de carbono;

64.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a la movilidad sostenible, mejorando los sistemas de transporte público a escala local, dentro del respeto de las peculiaridades de los territorios y sobre la base de las necesidades reales de los ciudadanos; considera que el apoyo financiero de la Unión al desarrollo del sector del transporte y las infraestructuras debe perseguir objetivos que aporten un valor añadido real a los Estados miembros;

65.  Hace hincapié en que la corrupción tiene unas graves repercusiones en el medio ambiente, y que el tráfico de especies salvajes en peligro de extinción, minerales y piedras preciosas, así como de productos forestales, como la madera, también está inextricablemente ligado a la corrupción; subraya que el tráfico de fauna silvestre puede amenazar aún más la supervivencia de especies en peligro de extinción, mientras que la explotación forestal ilegal puede conducir a una pérdida de biodiversidad e incrementar las emisiones de carbono, lo que contribuye al cambio climático; resalta que para los grupos de delincuencia organizada los beneficios son notables y se obtienen sin apenas riesgos, ya que los delitos forestales raras veces se persiguen y las sanciones no suelen corresponder a la gravedad del delito; recuerda que la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, que se ocupa de manera exhaustiva en la prevención de la corrupción, el cumplimiento efectivo de la ley, la cooperación internacional y la recuperación de activos, puede ser un instrumento eficaz para combatir la corrupción en el sector medioambiental; pide a los Estados que integren las estrategias anticorrupción, como la transparencia y la rendición de cuentas, en la legislación y las políticas medioambientales y que refuercen la democracia y la buena gobernanza; destaca que hacer frente a la corrupción en el sector medioambiental contribuirá a crear un acceso equitativo a recursos esenciales como el agua y un medio ambiente limpio, y es esencial para proteger nuestro medio ambiente y garantizar el desarrollo sostenible;

66.  Reconoce la importancia de la cultura y de la participación cultural para la aplicación de la agenda de los ODS, así como el papel desempeñado por la cultura en las relaciones exteriores y en la política de desarrollo; pide que se apoye adecuadamente a las instituciones y organizaciones culturales en la aplicación de la agenda de los ODS, y que se sigan estrechando los lazos entre investigación, ciencia, innovación y artes;

67.  Recuerda que la participación cultural mejora la salud física y mental y el bienestar, repercute positivamente en el rendimiento escolar y profesional, ayuda a las personas con un mayor riesgo de exclusión social a integrarse en el mercado laboral y contribuye con ello enormemente a la consecución de muchos ODS;

68.  Expresa su profunda preocupación por las diferencias en el rendimiento de los sistemas educativos de los distintos Estados miembros, según ponen de manifiesto los últimos informes PISA; destaca que contar con sistemas públicos de educación y formación adecuadamente financiados y accesibles para todos es fundamental para la igualdad y la inclusión social, así como para alcanzar los objetivos establecidos en el ODS 4, y que la educación de calidad tiene el poder de capacitar a las personas vulnerables, a las minorías, a las personas con necesidades especiales y a las mujeres y las niñas; lamenta el persistente problema del elevado índice de desempleo juvenil; señala que la educación es fundamental para el desarrollo de sociedades autosostenibles; pide a la Unión que, como requisito previo esencial para fomentar la capacidad de inserción profesional de los jóvenes y su acceso a empleos cualificados, establezca vínculos entre la educación y la formación técnica y profesional de calidad, por un lado, y la cooperación con la industria, por otro;

69.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que protejan las lenguas regionales, minoritarias y menos usadas, así como la diversidad lingüística, y que velen por que no se tolere la discriminación lingüística en el momento de incorporar los ODS al marco político europeo y a las prioridades presentes y futuras de la Comisión;

70.  Considera que la diversidad cultural y la protección del patrimonio natural debe promoverse en la totalidad del marco político europeo, en particular, a través de la educación;

71.  Pide a los Estados miembros que encaren de forma prioritaria la reconversión medioambiental y económica de las zonas industriales que en distintas regiones de Europa ocasionan altos niveles de contaminación del medio ambiente y exponen a la población local a considerables riesgos para la salud;

72.  Subraya el papel que la Agenda Urbana para la UE desempeñará en la ejecución de la «Nueva Agenda Urbana» mundial y celebra la evolución de las políticas que capacita a las ciudades y regiones para realizar inversiones ecológicas sinérgicas; se felicita asimismo por iniciativas como el premio «Green Leaf» (Hoja Verde) y el Pacto mundial entre alcaldes sobre energía y clima, y hace hincapié en la importancia indispensable de las ciudades y regiones para la consecución de los ODS, puesto que la sostenibilidad requiere planteamientos colaborativos y a largo plazo en todos los niveles de gobernanza y sectores;

73.  Recuerda que la Agenda 2030 reconoce que ya no podemos considerar por separado los alimentos, los medios de vida y la gestión de los recursos naturales; subraya que hacer hincapié en el desarrollo rural y la inversión en la agricultura (los cultivos, el ganado, la silvicultura, la pesca y la acuicultura) es una forma muy eficaz de poner fin a la pobreza y el hambre y contribuir al desarrollo sostenible; señala que la agricultura tiene una importante función que desempeñar en la lucha contra el cambio climático; destaca que la gran ambición de los ODS solo se podrá lograr a través de la cooperación (norte-sur, sur-sur y triangular) y las asociaciones internacionales entre múltiples actores y en una amplia gama de ámbitos;

74.  Acoge favorablemente la intención de integrar transversalmente una política de comercio e inversión que a su vez integre el desarrollo sostenible, y pide que se aborden mejor las repercusiones de la adquisición de materias primas y recursos naturales dentro y fuera de la Unión en la formulación de políticas europeas; pide que se reconsidere la política de inversión y un mayor uso de instrumentos financieros innovadores para la consecución de los ODS; pide a la Comisión que vele por que los controles en relación con el desarrollo sostenible de los futuros acuerdos comerciales sean transparentes;

75.  Pide a la Comisión que, con la participación de las partes interesadas pertinentes, diseñe y proporcione ayuda específica y adaptada a los hogares y grupos marginados y de rentas bajas, como la población romaní, para velar por que lleven una vida sana y garantizar el acceso a servicios básicos y recursos naturales seguros y limpios como el aire, el agua, una energía asequible y moderna y una alimentación sana, lo que contribuirá también a la consecución de los ODS 1, 10 y 15, esto es, poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y promover sociedades pacíficas e inclusivas;

76.  Reconoce, al igual que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que las personas con discapacidad están expuestas a un riesgo de pobreza muy elevado y carecen de acceso adecuado a derechos básicos como la educación, la salud y el empleo;

77.  Considera que las iniciativas de la Unión encaminadas a diseñar un futuro sostenible no pueden prescindir de una amplia reflexión sobre el papel de los animales como seres conscientes y su bienestar, a menudo negado por los sistemas de producción y consumo dominantes; destaca que es preciso que la Unión colme lo antes posible las lagunas políticas y legislativas existentes en materia de bienestar animal, tal como demandan también un número cada vez mayor de ciudadanos europeos;

78.  Pide a la Comisión que redoble los esfuerzos y la financiación destinada a la concienciación, las campañas educativas específicas y el refuerzo del nivel de compromiso e incitativa de la ciudadanía en favor del desarrollo sostenible;

79.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que eliminen a más tardar en 2020 los incentivos a los biocombustibles a base de aceite de palma y soja, que conducirán a la deforestación y al deterioro de las turberas; solicita asimismo la introducción de un régimen único de certificación para el aceite de palma que entre en el mercado de la Unión que certifique el origen socialmente responsable de los productos;

80.  Insta encarecidamente a la Comisión a que prosiga la intensificación de acciones eficaces para hacer frente a la mala calidad del aire, que es responsable de más de 430 000 muertes prematuras en la Unión cada año; insta a la Comisión a que vele por el cumplimiento de la legislación tanto nueva como vigente, que agilice las medidas legales contra los Estados miembros que no cumplan la legislación sobre la contaminación del aire, y proponga legislación nueva y eficaz, también a nivel sectorial, a fin de abordar las diferentes fuentes de contaminación y hacer frente a las emisiones de metano; subraya que la Unión sigue estando lejos de alcanzar los niveles de calidad del aire fijados para la Unión, muy inferiores a los recomendados por la OMS;

81.  Observa que la Comisión Europea ha afrontado el problema de la escasa calidad del aire incoando una serie de procedimientos de infracción, en particular en casos de reiterada superación de los valores límite de NO2 establecidos por la Directiva 2008/50/CE;

82.  Recuerda que una reducción de la contaminación acústica es uno de los parámetros de calidad que no se alcanzarán en 2020; destaca que en la Unión la exposición al ruido provoca como mínimo diez mil muertes prematuras anuales vinculadas con enfermedades coronarias, y que una cuarta parte de la población europea estaba expuesta en 2012 a niveles de ruido superiores a los límites; pide a los Estados miembros que concedan prioridad al seguimiento de los niveles de ruido y que garanticen el respeto de los valores límite en espacios exteriores e interiores; solicita, además, medidas destinadas a abordar la contaminación acústica;

83.  Pone de relieve que los datos de la Comisión indican que más del 50 % de los cereales de la Unión se utiliza para alimentar a los animales; observa que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha advertido de que si se siguen utilizando los cereales como pienso animal se podría poner en peligro la seguridad alimentaria y reducir el cereal disponible para el consumo humano;

84.  Subraya la contribución de la ganadería a la agricultura sostenible, en particular cuando se integra en los sistemas de producción de cultivos; destaca el potencial de la gestión activa del ciclo de los nutrientes en la ganadería para reducir el impacto ambiental de las emisiones de CO2, amoniaco y nitratos; destaca asimismo el potencial de la agricultura integrada para contribuir a un mejor funcionamiento del ecosistema agrario y a una agricultura más respetuosa del clima;

85.  Señala que en los países en desarrollo las mujeres podrían aumentar en un 20-30 % el rendimiento de las explotaciones agrícolas si dispusiesen del mismo acceso a los recursos que los hombres; destaca que gracias a ese rendimiento se podría reducir el número de personas hambrientas en el mundo en un 12-17 %;

86.  Destaca, en particular, el papel fundamental que desempeñan las mujeres como miembros de las explotaciones familiares, principal célula socioeconómica de las zonas rurales, ocupándose de la producción de alimentos, la preservación de los conocimientos y las capacidades tradicionales, la identidad cultural y la protección del medio ambiente, sin olvidar que las disparidades salariales y en materia de pensiones también afectan a las mujeres en las zonas rurales;

87.  Recuerda que, en el marco del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, la Comisión tiene que evaluar el impacto medioambiental, en un contexto mundial, del consumo de la Unión; destaca el impacto positivo que los estilos de vida sostenibles pueden tener sobre la salud humana y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero; recuerda a la Comisión que el ODS 12.8 requiere que la opinión pública esté informada y concienciada sobre el desarrollo y los estilos de vida sostenibles; insta, en consecuencia, a la Comisión y a los Estados miembros a que conciban programas para concienciar al público sobre las consecuencias de los diferentes tipos de consumo para la salud humana, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el cambio climático; pide a la Comisión que publique sin demora la comunicación sobre un sistema alimentario europeo sostenible;

88.  Señala que el ODS 12.8 requiere que los Gobiernos velen por que todo el mundo esté suficientemente informado y concienciado en relación con el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza; insta, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros a que conciban programas para concienciar al público sobre las consecuencias de los niveles de consumo para la salud humana, el medio ambiente, la seguridad alimentaria y el cambio climático;

89.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren un marco político europeo integral para abordar los problemas de salud a nivel mundial, como el VIH/sida, la tuberculosis, la hepatitis C y la resistencia antimicrobiana, teniendo en cuenta las diferentes situaciones y problemas específicos de los Estados miembros de la Unión y sus países vecinos donde la carga sanitaria del VIH y la tuberculosis multirresistente es mayor; pide a la Comisión y al Consejo que ejerzan un papel de liderazgo político en el diálogo con los países con una elevada carga sanitaria, así como con los países vecinos de África, Europa Oriental y Asia Central, que velen por la puesta en práctica de planes para una transición sostenible hacia modelos de financiación nacionales a fin de garantizar la eficacia, la continuidad y la ampliación de los programas de lucha contra el VIH y la tuberculosis tras la retirada del apoyo de los donantes internacionales, y que sigan colaborando estrechamente con estos países para velar por que se responsabilicen de su respuesta al VIH y la tuberculosis y la asuman como propia;

90.  Reconoce la eficacia a la hora de facilitar la profilaxis preexposición para prevenir el VIH/sida; pide, además, a la Comisión y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) que reconozcan que el tratamiento del VIH/sida también es preventivo;

91.  Reconoce que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son un factor clave con potencial transformador para erradicar la pobreza multidimensional y deben reconocerse siempre como una condición previa para lograr tanto vidas sanas como la igualdad de género; destaca que, en este contexto, debe prestarse mayor atención a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, que, desafortunadamente, siguen abordándose como una cuestión aislada cuando son primordiales para la igualdad de género, la capacitación de los jóvenes y el desarrollo humano y, en última instancia, la erradicación de la pobreza; subraya que esto supone un progreso mínimo con respecto a los anteriores enfoques de la Unión, y que se sigue sin reconocer que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son factores clave para el desarrollo sostenible; señala que la posición de la Unión a este respecto ha sido incoherente, tal como se demuestra en este paquete: la Comisión reconoce la acción de la Unión en este ámbito únicamente bajo el epígrafe «salud» en su Comunicación sobre la Agenda 2030 y solo bajo el epígrafe «igualdad de género» en la Comunicación sobre el consenso; pide, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que sigan pidiendo a los Estados Unidos que se replanteen su postura con respecto a la llamada «ley mordaza global»;

92.  Subraya la necesidad de seguir promoviendo la investigación médica para desarrollar soluciones médicas nuevas y mejoradas, accesibles, asequibles y adecuadas para hacer frente al VIH/sida, la tuberculosis y otras enfermedades desatendidas y relacionadas con la pobreza, las epidemias emergentes y las resistencias a los antimicrobianos;

93.  Hace hincapié en que el sector agrario de la Unión ya contribuye a la sostenibilidad; señala, sin embargo, que la política agrícola común (PAC) debe poder responder mejor a los problemas actuales y futuros; pide a la Comisión que estudie la manera en que la PAC y los sistemas de agricultura sostenible mejor pueden contribuir a los ODS para garantizar unos alimentos estables, seguros y nutritivos, así como para proteger y potenciar los recursos naturales haciendo al mismo tiempo frente al cambio climático; pide a la Comisión que, en el marco de la próxima comunicación sobre PAC posterior a 2020, presente propuestas a fin de mejorar aún más la eficacia de las medidas de ecologización y para garantizar la consecución de los ODS 2, 3, 6, 12, 13, 14 y 15; pide asimismo a la Comisión que promueva los alimentos producidos localmente y de forma ecológica con bajas emisiones de carbono y poco impacto en el suelo y el agua; destaca la importancia de los agroecosistemas y de la gestión forestal sostenible, así como de ofrecer incentivos para la recuperación sostenible de zonas agrícolas en desuso; hace hincapié en la necesidad de velar por que todas las políticas de la Unión contribuyan de manera eficaz a la consecución de los objetivos establecidos a través del cumplimiento estricto y de una mayor coherencia entre los ámbitos políticos; destaca que ello es especialmente importante en relación con la gestión sostenible de los recursos naturales y los instrumentos destinados a este fin en el marco de la PAC;

94.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que favorezcan esta transición agroecológica, limitando al mínimo el uso de plaguicidas nocivos para la salud y el medio ambiente, y adoptando medidas de protección y apoyo de la agricultura ecológica y biodinámica en el ámbito de la PAC;

95.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reformen lo antes posible las normas de la Unión relativas a la aprobación de los plaguicidas, estableciendo al mismo tiempo objetivos vinculantes de reducción de su utilización;

96.  Destaca que millones de puestos de trabajo en el ámbito rural —tanto en la agricultura como en otros sectores— dependen del sector agrícola de la Unión, que garantiza el abastecimiento de alimentos y la seguridad alimentaria y hace de las zonas rurales un lugar atractivo para vivir, trabajar y relajarse; señala asimismo que los paisajes con una elevada biodiversidad y un alto valor natural promueven el atractivo de las zonas rurales, aportándoles valor añadido; señala el gran valor del desarrollo rural para crear comunidades y economías rurales viables, sólidas y dinámicas; señala que un mejor acceso de los agricultores a los recursos es esencial para lograr este objetivo;

97.  Pide que la agricultura se desarrolle centrándose en la empresa familiar gracias a un mejor uso de los fondos europeos, como el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), y prestando especial atención a las pequeñas y medianas explotaciones, compartiendo y transfiriendo conocimientos especializados y aprovechando las ventajas de las cadenas de valor y de producción locales y regionales y del empleo regional, poniendo un mayor énfasis en los vínculos periurbanos y las ventas directas, que constituyen un modelo satisfactorio en muchas partes de la Unión; considera que la capacidad de los agricultores para obtener una remuneración justa de su trabajo es una condición previa para la sostenibilidad de la agricultura europea, así como una garantía del bienestar de los agricultores;

98.  Recuerda la importancia de unos servicios públicos adecuados, en particular la atención a niños y personas de edad avanzada, habida cuenta de la especial importancia que revisten para las mujeres, ya que ellas son las que tradicionalmente más se han ocupado de los cuidados a los miembros más jóvenes y de mayor edad de la familia;

99.  Destaca el importante papel de los conocimientos y alimentos tradicionales, especialmente en regiones remotas, zonas montañosas y zonas desfavorecidas de la Unión, y la contribución económica que los regímenes europeos de calidad, como la indicación geográfica protegida (IGP), aportan a las zonas locales; recuerda el apoyo unánime del Parlamento a la ampliación de dicha protección a una gama más amplia de bienes producidos a escala regional; destaca, en este contexto, el papel de los regímenes europeos de calidad (DOP/IGP/ETG) en la creación y retención de los medios de vida en estas regiones; reconoce que esos regímenes son más conocidos en algunos Estados miembros y pide que se den mejor a conocer sus ventajas en toda la Unión;

100.  Destaca la contribución a los objetivos de sostenibilidad y conservación de la biodiversidad que realizan tanto el bosque mediterráneo como el sistema agrosilvopastoral de la dehesa, que integra de manera impecable el mantenimiento de ganaderías extensivas con el aprovechamiento forestal y agrario, para los que reclama un adecuado reconocimiento y apoyo de la PAC;

101.  Señala la importancia de la bioenergía para las explotaciones agrícolas y la bioeconomía y de las instalaciones para la producción, el almacenamiento, la distribución y el uso de energías renovables en las explotaciones, ya que contribuyen a garantizar los ingresos de los agricultores proporcionándoles un producto comercializable adicional y crean y mantienen puestos de trabajo de calidad elevada en zonas rurales; destaca que el desarrollo de las bioenergías debe obedecer a un enfoque sostenible y no obstaculizar las producciones destinadas a la alimentación humana y animal; destaca que las necesidades energéticas se deberían satisfacer mediante el empleo de residuos y subproductos que no sean útiles en ningún otro proceso;

102.  Observa que el cultivo de leguminosas en rotación puede resultar beneficiosa para las necesidades de agricultores, animales, biodiversidad y clima; pide a la Comisión que presente un plan de proteínas que incluya cultivos de leguminosas en rotación;

103.  considera necesario avanzar en la agricultura de precisión, la informatización, el uso racional de la energía, la mejora vegetal y animal y la fitosanidad integrada, ya que una mayor eficiencia basada en los ODS y la biodiversidad puede contribuir a reducir las necesidades de suelo y los impactos medioambientales de la agricultura; considera que conseguir que la biodiversidad redunde en beneficio de los agricultores podría contribuir a mejorar las rentas, la salud del suelo y su rendimiento y servir de ayuda para el control de plagas y mejorar la polinización; destaca, por lo tanto, la importancia de mejorar el marco legislativo a fin de garantizar unos procedimientos de toma de decisiones oportunos, eficientes y eficaces; destaca que estas soluciones «inteligentes» deben seguir incentivando y apoyando iniciativas hechas a la medida de las necesidades de las pequeñas explotaciones sin economías de escala para que aprovechen las nuevas tecnologías;

104.  Considera esencial mantener y desarrollar el rendimiento de las variedades tradicionales y locales, dada su capacidad para adaptarse a las características de su entorno nativo y que se respete el derecho de los agricultores a obtener plantas de manera autónoma y a almacenar e intercambiar semillas de diferentes especies y variedades, con el fin de garantizar la diversidad genética de la agricultura europea; rechaza cualquier tentativa de patentar la vida, las plantas y los animales, el material genético o procesos biológicos esenciales, en especial en lo que respecta a cepas, variedades y características autóctonas,

105.  pide a la Comisión que presente un plan de acción y cree un grupo de expertos con el fin de conseguir un sistema más sostenible de gestión de plagas; destaca la necesidad de un sistema de gestión de plagas que mejore la interacción entre los esfuerzos de mejora vegetal, los sistemas de defensa natural y el uso de plaguicidas;

106.  Cree en la necesidad de promover la llegada de banda ancha y la mejora de las conexiones en las zonas rurales en el ámbito del transporte para poder contribuir no solo a los objetivos de sostenibilidad ambiental, sino también para fomentar un crecimiento en las zonas rurales que favorezca la sostenibilidad integral en los ámbitos medioambiental, económico y social;

107.  Pone de relieve que es necesario lograr que la cultura sea una parte integral de la actuación de la Comisión en favor de la sostenibilidad, destacando claramente el papel que desempeña en el desarrollo económico, la creación de empleo, la promoción de la democracia, la justicia social y la solidaridad, el fomento de la cohesión, la lucha contra la exclusión social, la pobreza y las desigualdades generacionales y demográficas; pide a la Comisión que integre la cultura en los objetivos, definiciones, instrumentos y criterios de evaluación de su estrategia para la consecución de los ODS;

108.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) A/RES/70/1.
(2) Decisión n.° 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013. (DO L 354 de 28.12.2013, p. 171).
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0224.
(4) https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/strategic_note_issue_18.pdf
(5) Comunicación de la Comisión, de 3 de mayo de 2011, titulada «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural» (COM(2011)0244).
(6) Informe de la Comisión, de 2 de octubre de 2015, sobre la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 (COM(2015)0478).
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0034.
(8) https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-13/
(9) Informe de la AEMA n.o 30/2016, Environmental indicator report 2016 (Informe de indicadores medioambientales 2016), en apoyo al seguimiento del séptimo programa de acción en materia de medio ambiente: https://www.eea.europa.eu/publications/environmental-indicator-report-2016


El fomento de la cohesión y el desarrollo en las regiones ultraperiféricas de la UE
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Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de julio de 2017, sobre el fomento de la cohesión y el desarrollo en las regiones ultraperiféricas de la UE: aplicación del artículo 349 del TFUE (2016/2250(INI))
P8_TA(2017)0316A8-0226/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 52 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que establece, en el apartado 1, que los Tratados se aplicarán a los Estados miembros y, en el apartado 2, que el ámbito de aplicación territorial de estos Tratados se especifica en el artículo 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 355, párrafo primero, punto 1, del TFUE, en su versión modificada por la Decisión del Consejo Europeo, de 29 de octubre de 2010 , por la que se modifica el estatuto respecto de la Unión de la isla de San Bartolomé (2010/718/UE) y la Decisión del Consejo Europeo, de 11 de julio de 2012 , por la que se modifica el estatuto de Mayotte respecto de la Unión Europea (2012/419/UE), que establece que las disposiciones de los Tratados se aplicarán a las regiones ultraperiféricas, de conformidad con el artículo 349 del TFUE,

–  Visto el artículo 349 del TFUE, en el que se reconoce un estatuto particular para las regiones ultraperiféricas (RUP) y se prevé la adopción de «medidas específicas orientadas, en particular, a fijar las condiciones para la aplicación de los Tratados en dichas regiones, incluidas las políticas comunes», y se establece que estas se refieren en particular, aunque no exclusivamente, «a las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales de la Unión»,

–  Visto el artículo 107, apartado 3, letra a), del TFUE, que prevé que las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de las regiones ultraperiféricas pueden ser compatibles con el mercado interior,

–  Visto el título XVIII del TFUE, que fija como objetivo la cohesión económica, social y territorial y define los instrumentos financieros estructurales para alcanzarla,

–  Visto el artículo 7 del TFUE, que establece que la Unión velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos y observando el principio de atribución de competencias,

–  Vista la totalidad de las comunicaciones de la Comisión Europea sobre las regiones ultraperiféricas,

–  Vistos la totalidad de sus Resoluciones sobre las regiones ultraperiféricas y, en particular, su resolución de 18 de abril de 2012 sobre el papel de la política de cohesión en las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea en el contexto de la Estrategia «Europa 2020»(1), y su resolución de 26 de febrero de 2014, sobre la optimización del desarrollo del potencial de las regiones ultraperiféricas mediante la creación de sinergias entre los Fondos Estructurales y los demás programas de la Unión Europea(2),

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de diciembre de 2015(3),

–  Visto el Informe de la Comisión, de 15 de diciembre de 2016, sobre la aplicación del régimen de medidas específicas en el sector agrícola en favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión (POSEI) (COM(2016)0797).

–  Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la modernización de las ayudas estatales en la UE (COM(2012)0209 final),

–   Visto el Memorándum de las regiones ultraperiféricas firmado en Cayena (5 de marzo de 1999), complementado con el Memorándum conjunto de España, Francia, Portugal y las regiones ultraperiféricas firmado en mayo de 2010, que dispone que la Unión debe promover el desarrollo sostenible de las regiones ultraperiféricas aprovechando los numerosos activos naturales y culturales de dichas regiones, a la vez que promueve los principios de igualdad de oportunidades, colaboración, proporcionalidad y coherencia de las políticas de la Unión,

–  Vistos la Declaración final de la XXI Conferencia de Presidentes de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión Europea celebrada los días 22 y 23 de septiembre de 2016 y el Memorándum conjunto de las regiones ultraperiféricas firmado con ocasión del IV Foro de las Regiones Ultraperiféricas de la Unión celebrado los días 30 y 31 de marzo de 2017, en Bruselas,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado(4),

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0226/2017),

A.  Considerando que en el artículo 349 del TFUE se reconoce la particular situación económica y social de las regiones ultraperiféricas, que se ve agravada por factores estructurales (lejanía, insularidad, pequeña superficie, relieve y clima difíciles, dependencia de un reducido número de pocos productos, etc.), cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo;

B.  Considerando que, en su sentencia doctrinal de 15 de diciembre de 2015, el Tribunal de Justicia, constituido en Gran Sala, presentó una interpretación exhaustiva del artículo 349 del TFUE;

C.  Considerando que, en dicha sentencia, el Tribunal confirma, en particular, que los actos que tienen por objeto establecer medidas específicas para las RUP pueden adoptarse tomando como base jurídica el artículo 349, que permite establecer excepciones respecto tanto del Derecho primario como del derivado, y que la lista de los ámbitos cubiertos en el artículo 349 no es exhaustiva, ya que «los autores del Tratado FUE no pretendieron establecer una lista exhaustiva de los tipos de medidas que pueden adoptarse sobre la base de este artículo»;

D.  Considerando que, cuando se trata de la aplicación de los Tratados europeos a las regiones ultraperiféricas, el artículo 52 del TUE y los artículos 349 y 355 del TFUE están relacionados entre sí, que, en virtud del artículo 355, párrafo primero, punto 1, del TFUE, las disposiciones de los Tratados se aplican a las regiones ultraperiféricas, de conformidad con el artículo 349 del TFUE, y que la referencia a «los Tratados» incluye el Derecho derivado;

E.  Considerando que el artículo 349 del TFUE debe leerse en conjunción con otros artículos del Tratado, en particular su artículo 7, que dispone que «la Unión velará por la coherencia entre sus diferentes políticas y acciones, teniendo en cuenta el conjunto de sus objetivos»;

F.  Considerando que los principios de igualdad y no discriminación justifican un trato diferenciado para situaciones diferentes a fin de garantizar, en última instancia, la igualdad en la aplicación del Derecho europeo;

G.  Considerando que el objetivo del artículo 349 del TFUE es garantizar el desarrollo de las regiones ultraperiféricas y su inserción en el espacio europeo y en su espacio geográfico propio, permitiéndoles beneficiarse de políticas y, cuando corresponda, de medidas específicas adaptadas a sus realidades y necesidades;

H.  Considerando que las RUP ocupan posiciones privilegiadas desde el punto de vista geoestratégico y en ámbitos de la investigación relacionados con el cambio climático y la biodiversidad;

I.  Considerando que, según las estimaciones de la Comisión, la economía azul de la Unión representa cerca de 5,4 millones de empleos y un valor añadido bruto de alrededor de 500 000 millones EUR al año;

1.  Recuerda que el artículo 7 del TUE confiere a la Comisión el papel de guardiana de los Tratados; subraya que las regiones ultraperiféricas están plenamente integradas en la Unión e incorporadas en su ordenamiento jurídico, y su situación específica está reconocida por los Tratados, en particular el artículo 349 del TFUE, en el que se establece un principio y un derecho de adaptación respecto de diferentes políticas de la Unión;

2.  Destaca que, pese a la gran desventaja que entraña su alejamiento geográfico de la Unión, las regiones ultraperiféricas también se benefician de activos importantes como el potencial de crecimiento de las actividades relacionadas con el turismo, el crecimiento azul, la explotación de considerables recursos energéticos renovables, el desarrollo de una economía circular y la valorización de su rico patrimonio natural y gran biodiversidad;

3.  Considera que el artículo 349 del TFUE se ha utilizado de manera limitada y podría interpretarse de manera más innovadora y positiva, en particular para la elaboración de programas ad hoc y nuevas políticas específicas, basándose en los puntos fuertes de las regiones ultraperiféricas, a fin de darles los medios para explotarlos, particularmente en ámbitos como las energías renovables, el crecimiento azul, la investigación y el desarrollo, el turismo sostenible, la protección de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático; recuerda a ese respecto el papel que la Unión está desempeñando a fin de capacitar a las regiones ultraperiféricas para superar sus desafíos y desarrollar sus activos, pero destaca al mismo tiempo la necesidad de que los Estados miembros pertinentes asuman más responsabilidades en relación con el uso de los instrumentos de la Unión que puedan ayudarles a garantizar un desarrollo sostenible de sus regiones ultraperiféricas;

Situación de la aplicación del artículo 349 del TFUE

4.  Muestra su preocupación por el hecho de que los artículos de los Tratados relativos a las regiones ultraperiféricas todavía no se han ejecutado en la mayor medida posible, lo que limita la capacidad de dichas regiones para aprovechar plenamente su pertenencia a la Unión y aumentar su competitividad en sus zonas geográficas particulares;

5.  Considera que una aplicación ampliada del artículo 349 del TFUE favorecería una mejor integración de las RUP en la Unión, así como su desarrollo y su propio potencial en la toma en consideración plena de sus especificidades y condicionantes estructurales y también de sus puntos fuertes;

6.  Recuerda la voluntad política de los legisladores al redactar el artículo 299, párrafo segundo, y posteriormente el artículo 349 del TFUE, de establecer una estrategia global respaldada por medidas específicas en virtud de diferentes políticas e instrumentos;

7.  Recuerda que el Programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad (POSEI) es un programa que tiene plenamente en cuenta las especificidades de las RUP mediante un reglamento específico basado tanto en el artículo 349 del TFUE como en el artículo 42, párrafo primero, y el artículo 43, apartado 2, y que reconoce el doble principio de la pertenencia de las RUP a la Unión y la plena adaptación de una política europea común a la realidad de esas regiones, por lo que es crucial que se mantenga dicho programa y que se establezcan nuevos programas POSEI relativos a otras políticas de la Unión;

8.  Estima que el éxito de POSEI es un punto a favor del mantenimiento de las disposiciones específicas de las regiones ultraperiféricas y no de su disolución en programas europeos horizontales;

9.  Señala que la Comisión ha adoptado varias comunicaciones sobre las RUP; lamenta que hasta ahora esas distintas estrategias europeas para las regiones ultraperiféricas solo se hayan aplicado y concretado de forma parcial;

10.  Pide ahora a la Comisión que proponga un plan de acción acompañado, en su caso, de iniciativas legislativas que permitan la aplicación de una estrategia coherente y eficaz con respecto a las RUP, aprovechando plenamente las posibilidades que ofrece el artículo 349 del TFUE, especialmente para la elaboración de programas y políticas específicos, particularmente por lo que respecta a la innovación y las inversiones a largo plazo, y adaptados a sus necesidades de desarrollo sostenible; insiste en la necesidad de trabajar en estrecha colaboración con las autoridades regionales de las RUP y las partes interesadas; pide por tanto a las instituciones de la Unión que, de común acuerdo con las administraciones regionales de las RUP, inicien un nuevo capítulo en las relaciones UE-RUP;

11.  Acoge con satisfacción el trabajo de la Comisión sobre una estrategia renovada para las regiones ultraperiféricas que se adoptará a finales de 2017 a más tardar; pide a la Comisión que incluya en esa estrategia un enfoque pormenorizado de las RUP y marcos estratégicos centrados en las necesidades en materia de inversión, acompañados de objetivos precisos, alcanzables y evaluables; anima a Francia, España y Portugal a prestar más apoyo a sus regiones ultraperiféricas;

12.  Recuerda que el artículo 349 del TFUE permite a las RUP disponer de ayudas de funcionamiento no limitadas en el tiempo ni decrecientes, sobre la base de procedimientos flexibles, a fin de compensar los sobrecostes a los que han de hacer frente; recuerda asimismo que esas excepciones se aplican tanto a los instrumentos financieros de la Unión como a las ayudas públicas;

13.  Insiste en la necesidad de garantizar la durabilidad de los dispositivos, disposiciones y excepciones establecidos para preservar una estabilidad propicia para el desarrollo estructural de las regiones ultraperiféricas teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas;

14.  Pide a la Comisión que lleve a cabo un balance preciso del enfoque RUP y examine la situación económica y social de cada región ultraperiférica para garantizar una mejor realización de los objetivos de la política de desarrollo regional europea, particularmente en relación con la recuperación de los retrasos y el desarrollo sostenible, con el fin de que las RUP puedan acercarse a niveles de desarrollo medios europeos;

15.  Pide a la Comisión que intensifique la coordinación entre sus distintas direcciones generales por lo que respecta a los asuntos que atañen a las RUP, a fin de tratar de forma idónea los problemas de las RUP en las políticas y estrategias europeas; destaca a ese respecto el decisivo papel de la Secretaría General a la hora de garantizar una buena aplicación del artículo 349 del TFUE, dado que la adaptación de las políticas de la Unión a las peculiaridades de las RUP requiere la adopción de decisiones al más alto nivel político;

Política agrícola

16.  Se congratula por el reciente informe de la Comisión (COM(2016)0797), que concluye que el rendimiento global de los programas POSEI (2006-2014) es positivo, considera que este programa parece fundamental para mantener las producciones de las RUP y se ajusta a los nuevos objetivos de la política agrícola común (PAC), y recomienda mantener el Reglamento de base actual pero teniendo presente que podrían ser necesarias adaptaciones presupuestarias tras la entrada en vigor de acuerdos de libre comercio que afecten o puedan afectar seriamente a las producciones de las RUP;

17.  Considera que el POSEI ha sido un auténtico éxito desde su creación;

18.  Apoya la conclusión del informe de la Comisión donde se pide que se refuerce la configuración inicial del POSEI con objeto de evitar el riesgo de abandono de la producción agrícola y los efectos perjudiciales que ello tendría para el empleo, el medio ambiente y la dimensión territorial de las regiones ultraperiféricas;

19.  Considera necesario prestar más apoyo a la diversificación de las producciones en las RUP e introducir acciones orientadas a resolver las crisis de mercado a las que se enfrentan determinados sectores, en particular el del tomate y la ganadería, y a facilitar el desarrollo de pequeñas producciones, como las relativas a los productos lácteos;

20.  Recuerda que las sucesivas reformas de la organización común de los mercados agrícolas (OCM) no han tenido suficientemente en cuenta las especificidades de las RUP, y pide que, en el futuro, se tengan mejor en cuenta;

21.  Reconoce que la desaparición de las cuotas y los precios garantizados iniciada por la reforma de la OCM del azúcar de 2005 debilita a los productores de caña de azúcar de las regiones ultraperiféricas; insiste en la necesidad de dar carácter permanente a todos los dispositivos específicos establecidos en virtud del artículo 349 del TFUE para garantizar la competitividad sostenible de esta industria; pide la creación de un mecanismo de apoyo a los cultivadores de caña en caso de disminución de los precios mundiales del azúcar;

22.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta la importancia crucial de la producción lechera en las Azores, mantenga el apoyo a los productores y prevea medidas adicionales en caso de crisis de mercado;

23.  Recuerda que la producción de plátanos desempeña un papel crucial en el tejido socioeconómico de determinadas RUP; pide, por tanto, que se mantenga y, si procede, se incremente el apoyo a los productores;

24.  Pide a la Comisión que introduzca, en sus instrumentos de gestión y detección de crisis de mercado en los distintos sectores agrícolas, como los del plátano, el azúcar, el ron, la pesca o la leche, con el Observatorio del Mercado de la Leche, una definición clara de la noción de crisis de mercado en las RUP y que adapte sus indicadores a la realidad de esas regiones;

25.  Deplora que la diferencia de régimen aplicable a la certificación «ecológica» entre terceros países y Estados miembros de la Unión genere una distorsión de la competencia en ese mercado, en detrimento tanto de los productores europeos que ejercen en las RUP como de los consumidores europeos, que se ven engañados sobre las condiciones reales de producción; pide, por tanto, que en el marco de las negociaciones en curso sobre las futuras normas europeas en materia de producción y etiquetado de productos biológicos, se sustituya el régimen de equivalencia actualmente en vigor por la conformidad, a fin de garantizar una competencia equitativa entre las RUP y terceros países;

26.  Considera necesario adoptar, sobre la base del artículo 349 del TFUE, un marco jurídico para las producciones amparadas por la etiqueta ecológica y un marco jurídico en materia sanitaria y fitosanitaria que tengan en cuenta las características de la agricultura de las RUP en el contexto tropical;

27.  Pide a la Comisión que anime a los agricultores de las RUP a promover sus productos de alta calidad apoyando la utilización del logotipo RUP, así como otras formas de certificación de calidad;

28.  Pone de relieve que la diferenciación y la especialización pueden estimular y promover aún más la producción local, la transformación y la comercialización de productos alimenticios y reducir por ese medio las disparidades existentes entre las regiones ultraperiféricas y las demás regiones de la Unión;

29.  Resalta, en aras de la coherencia de las políticas, que los esfuerzos realizados en las RUP en favor de la modernización y del refuerzo de la competitividad de sus sectores no deben ponerse en entredicho con los acuerdos de libre comercio celebrados entre la Unión y terceros países;

Política comercial de la Unión

30.  Recuerda que el artículo 207, apartado 3, del TFUE obliga a que «los acuerdos negociados con terceros países sean compatibles con las políticas y normas internas de la Unión»;

31.  Observa que la proliferación de acuerdos comerciales con terceros países, entre ellos los mayores productores mundiales de plátano y azúcar, modifica el reparto del mercado, genera una presión sobre los precios y amenaza la competitividad de los productores comunitarios de esos productos;

32.  Considera, por ello, que la política comercial de la Unión no debería poner en peligro los sectores de las RUP, ya que desempeñan un papel crucial en términos económicos, sociales y medioambientales;

33.  Aboga por que las negociaciones comerciales de la Unión tengan en adelante en cuenta las particularidades y las producciones sensibles de las regiones ultraperiféricas, y en particular el plátano, el azúcar, el ron, el tomate y también los productos de la pesca;

34.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se mantengan atentos y vigilantes a la hora de defender los intereses de las RUP en las negociaciones relativas al brexit;

35.  Exhorta a la Comisión a que, conforme al compromiso contraído en su comunicación de 20 de junio de 2012, acompañe las propuestas de acuerdos comerciales, como los acuerdos de asociación económica, de análisis de impacto que deberían tener en cuenta, cuando proceda, la dimensión ultraperiférica y abarcar las repercusiones en los planos ambiental, social, económico y territorial en las RUP; pide que en esos análisis de impacto se midan asimismo los efectos acumulados de los acuerdos comerciales sobre las RUP;

36.  Deplora que hasta ahora no se haya realizado ningún estudio sobre las consecuencias de los acuerdos de libre comercio en los sectores agrícolas de las RUP; deplora asimismo que no se haya tenido en cuenta a las RUP en el informe de la Comisión sobre el impacto acumulado de los acuerdos comerciales, de 15 de diciembre de 2016, contrariamente a las disposiciones reglamentarias previstas por POSEI;

37.  Pide que las políticas comerciales de la Unión tengan en cuenta las desventajas competitivas de las regiones ultraperiféricas; pide que, si procede, se mantengan las barreras arancelarias y no arancelarias indispensables para proteger las diferentes producciones de las RUP, y se activen efectivamente cláusulas de salvaguardia y mecanismos de estabilización en caso de que dichas producciones resulten afectadas o puedan serlo;

38.  Resalta las limitaciones del principio de equivalencia, en particular para los productos procedentes de la agricultura ecológica, que permite la entrada en la Unión de productos procedentes de terceros países que no cumplen todas las exigencias europeas; pide la aplicación inmediata del principio de conformidad y el refuerzo de las medidas de control;

39.  Insta a que se fomente el papel de las RUP en la política exterior de la Unión con los países vecinos, a fin de reforzar dicha política en los ámbitos de la lucha contra la pobreza, la sostenibilidad medioambiental, el fortalecimiento de la democracia, los intercambios culturales y la igualdad de género;

Política marítima, pesca y crecimiento azul sostenibles

40.  Recuerda que el artículo 349 del TFUE prevé que la Comisión pueda proponer medidas específicas para las regiones ultraperiféricas, también en lo que atañe a las políticas en el ámbito de la pesca;

41.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de establecer un sistema de apoyo a la pesca sostenible en las RUP sobre la base del artículo 349 del TFUE, a la luz de lo que se está haciendo en el sector agrícola en el marco del programa POSEI;

42.  Anima a la Comisión y al Consejo a poner en práctica todas las recomendaciones formuladas en la Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre la gestión de las flotas pesqueras en las regiones ultraperiféricas(5);

43.  Pide a la Unión que configure con las RUP una potencia marítima mundial;

44.  Destaca que tanto la riqueza que constituyen los océanos, como los avances tecnológicos en curso y por venir, pueden crear oportunidades inéditas de crecimiento para las RUP; considera que el crecimiento azul sostenible brinda la oportunidad de atenuar las desigualdades estructurales entre las RUP y Europa continental y puede contribuir a hacer de las regiones ultraperiféricas el epicentro de una política europea de futuro;

45.  Recuerda que, por su localización, las RUP ocupan una posición importante en la gobernanza marítima, la supervisión de las aguas costeras, la lucha contra la pesca ilegal y la mejora de la seguridad del transporte;

46.  Anima a la Unión y a los Estados miembros interesados a invertir más en el ámbito del mar y de los océanos, sobre todo en las regiones ultraperiféricas, con vistas a garantizar un desarrollo económico sostenible y eficiente en sus zonas económicas exclusivas;

47.  Acoge con satisfacción el estudio iniciado por la Comisión sobre el potencial del crecimiento azul sostenible en las regiones ultraperiféricas, y hace votos para que se ponga en marcha un verdadero programa europeo dirigido a las RUP, abordando también los desafíos en materia de seguridad alimentaria, investigación marina y marítima, y bioeconomía; destaca, no obstante, que algunas actividades, como la extracción de petróleo y gas bajo el lecho marino y la búsqueda de minerales en depósitos en aguas profundas, pueden tener consecuencias graves sobre zonas marítimas sensibles y alterar las especies y los ecosistemas vulnerables;

48.  Recuerda la importancia que revisten las zonas marinas protegidas en las RUP;

Política de cohesión

49.  Recuerda que en el artículo 349 del TFUE se prevé un acceso específico de las regiones ultraperiféricas a los fondos estructurales, en virtud de lo cual todas las regiones ultraperiféricas deberían ser consideradas «regiones menos desarrolladas»; celebra y acoge con satisfacción las medidas de la Comisión en favor de las regiones ultraperiféricas incluidas en una serie de cuatro comunicaciones sobre las regiones ultraperiféricas (2004, 2007, 2008 y 2012); subraya la importancia del apoyo financiero de la Unión para todas las regiones ultraperiféricas, que asciende a 13 000 millones EUR para el periodo 2014-2020;

50.  Reitera que la política de cohesión debe seguir siendo uno de los principales instrumentos de la acción europea después de 2020, sobre todo en lo que atañe a las RUP, en las que todavía son patentes las disparidades regionales;

51.  Hace un llamamiento a los Estados miembros para que, habida cuenta del principio de subsidiariedad y de las responsabilidades que recaen sobre ellos, apliquen plenamente las condiciones previas, particularmente en términos de inversión en los ámbitos de su competencia, para garantizar los mejores resultados posibles de los fondos y las políticas europeas en las RUP;

52.  Considera que para la próxima programación se podría prever una mayor flexibilidad en la concentración temática en el caso de las regiones ultraperiféricas por lo que respecta a la definición de algunos de sus ejes prioritarios para la utilización de los fondos estructurales, en la medida en que se persigue un desarrollo sostenible; pide que se mantengan las dotaciones presupuestarias asignadas a las regiones ultraperiféricas, la compensación de los costes adicionales y la totalidad de las medidas excepcionales debidamente justificadas y destinadas a compensar sus desventajas estructurales;

53.  Pide que, en el contexto del próximo marco financiero plurianual (MFP), se apliquen estrictamente criterios definidos por el Reglamento general de los fondos para determinar las dotaciones financieras;

54.  Reitera el objetivo compartido de la doble integración de las regiones ultraperiféricas; pide que se refuercen y se pongan en funcionamiento todos los mecanismos destinados a la cooperación transfronteriza entre las regiones ultraperiféricas, los países y territorios de ultramar (PTU) y los países terceros pertenecientes a su zona geográfica, en particular mediante el mantenimiento y la mejora de las sinergias de los dispositivos jurídicos y financieros de los Reglamentos del FED y del FEDER;

55.  Destaca la importancia de adaptar las estrategias de cooperación territorial europea a fin de reducir el impacto negativo en las regiones debido a su carácter ultraperiférico y de promover el trabajo en red;

56.  Recomienda que, en la aplicación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), se preste más atención a las RUP, las regiones menos desarrolladas y las más aisladas;

57.  Recuerda, por lo que respecta a las tasas de desempleo juvenil en las regiones ultraperiféricas, la necesidad de intensificar las acciones de la Unión destinadas al apoyo y la formación de los jóvenes en las RUP, especialmente a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil;

58.  Recuerda que el fondo más importante para la formación y el empleo es el Fondo Social Europeo (FSE); pide a la Comisión que, dadas las críticas tasas de desempleo en las RUP y su carácter estructural, y sobre la base del artículo 349 del TFUE, que reconoce a estas el derecho a un acceso específico a los Fondos Estructurales, instituya una dotación adicional en el marco del FSE para apoyar la empleabilidad, la movilidad y la formación en las RUP;

59.  Resalta la importancia de una apuesta constante por estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3) en las RUP, como elemento central de la materialización de la política de cohesión;

60.  Recuerda la importancia de los instrumentos de desarrollo local, como el desarrollo local participativo (DLP) y la inversión territorial integrada (ITI), como un enfoque ascendente para responder a los desafíos estructurales locales a la vez que se promueve la participación de los entes locales; solicita, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros afectados que estudien vías para reforzar el uso del DLP como una respuesta flexible e innovadora a la necesidad de adaptación expresada por las regiones ultraperiféricas;

61.  Resalta la necesidad de tener en cuenta los cambios demográficos en las RUP como factor decisivo para la definición de sus políticas, en especial en los ámbitos de la educación, la formación y el empleo;

Política de competencia y ayudas públicas

62.  Recuerda que el artículo 349 del TFUE prevé que la Comisión pueda proponer medidas específicas para las RUP, especialmente en lo que atañe a las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales y las ayudas públicas;

63.  Recuerda además que, en el artículo 107, apartado 3, del TFUE, se dispone que pueden considerarse compatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de las RUP, habida cuenta de su situación estructural, económica y social;

64.  Pide a la Comisión que tome como base en mayor medida el artículo 107, apartado 3, letra a), y el artículo 349 del TFUE, en las directrices relativas a las ayudas estatales de finalidad regional (AEFR) y el régimen RGEC (Reglamento general de exención por categorías), a fin de contribuir al desarrollo económico y social de las regiones ultraperiféricas y de aspirar a tomarlas mejor en consideración;

65.  Destaca que, dados la lejanía y el reducido tamaño de los mercados de las RUP, una ampliación de las excepciones al derecho de la competencia sobre la base de los artículos 349 y 42 del TFUE no puede afectar a los intercambios entre los Estados miembros, ni desestabilizar el mercado interior;

66.  Lamenta que en las propuestas iniciales relativas a la simplificación del RGEC y de las AEFR no se haya contemplado, desde el principio y en las fases previas, la adaptación de las normas para las RUP con el fin de garantizar de un modo efectivo su desarrollo económico y social;

67.  Exhorta a la Comisión a que intensifique su acción para luchar contra los grandes monopolios en las RUP, pues contribuyen a que aumente el coste de la vida para las poblaciones locales, en especial en los sectores de las importaciones que compiten con el desarrollo de la economía local, la energía, los transportes y las telecomunicaciones;

68.  Pide a la Comisión que se prolonguen después de 2020 los regímenes fiscales por los que se establecen excepciones para las RUP, sobre la base de una evaluación exhaustiva de su situación, a la vez que se vela por que se avance hacia unos sistemas fiscales justos y eficaces y se intensifique la lucha contra el fraude fiscal en la Unión y en los terceros países;

69.  Alerta contra prácticas comerciales como la venta de productos a precios inferiores a los del mercado, lo que puede desestabilizar los micromercados insulares de las economías locales;

Investigación, medio ambiente, educación, cultura, transporte, energía y telecomunicaciones

70.  Recuerda que en el artículo 349 del TFUE se prevé que la Comisión pueda proponer medidas específicas para las RUP, también sobre sus condiciones de acceso a los programas horizontales de la Unión;

71.  Estima que los programas horizontales de la Unión deberían prever condiciones de acceso específicas para las RUP para que se garantice una participación efectiva y se puedan valorizar los puntos fuertes de esas regiones, concretamente en el marco de Horizonte 2020, LIFE, COSME, Europa Creativa, etc.;

72.  Pide a la Comisión que integre de manera efectiva las regiones ultraperiféricas en las redes transeuropeas de transporte, energía y telecomunicaciones;

73.  Recuerda la necesidad de convertir la autonomía energética sostenible de las regiones ultraperiféricas en una prioridad; destaca que las regiones ultraperiféricas se benefician de numerosas ventajas en lo relativo al desarrollo de las energías renovables, la eficiencia energética y la economía circular;

74.  Destaca el potencial considerable del fomento de actividades de investigación e innovación en favor de un desarrollo sostenible sólido; hace un llamamiento para que se optimice el acceso de las RUP a los Fondos EIE y Horizonte 2020, con el fin de conectar mejor sus respectivas universidades, centros de investigación y empresas innovadoras, y de permitir que esas regiones se conviertan en territorios atractivos y capaces de promover un mejor intercambio entre los ciudadanos y las instituciones, no solo dentro de las RUP, sino también con el continente europeo, los PTU y los terceros países;

75.  Recuerda el papel crucial desempeñado por las pymes en las RUP por lo que respecta al desarrollo económico y social; pide, por tanto, a la Comisión que tenga más en cuenta la situación de las RUP en el marco de los programas COSME o incluso del Programa de la Unión Europea por el Empleo y la Innovación Social (EaSI);

76.  Considera que los intercambios y la cooperación entre las regiones ultraperiféricas y los terceros países vecinos en los ámbitos de la investigación y la innovación, la cultura y la educación deberían promoverse más para fomentar su integración regional;

77.   Acoge con satisfacción que el nuevo programa Erasmus+ fomente la movilidad de estudiantes y empresarios jóvenes de las regiones ultraperiféricas ofreciéndoles el importe máximo de la ayuda; pide que en el programa Europa Creativa se incluyan las mismas disposiciones; manifiesta, no obstante, su deseo de que se tengan más en cuenta las características comunes de las RUP en el programa Erasmus, en particular promoviendo los intercambios entre dichas regiones; lamenta que, a pesar del considerando 37 del Reglamento relativo a Erasmus+, que establece que «deben tenerse en cuenta en la ejecución del Programa las limitaciones derivadas de la lejanía de las regiones ultraperiféricas de la Unión y los países y territorios de ultramar», los importes de las dietas de movilidad Erasmus suelen ser insuficientes para cubrir los costes reales de un desplazamiento a la metrópoli de los estudiantes beneficiarios procedentes de las RUP;

78.  Pide a la Comisión que amplíe el nuevo mecanismo de movilidad dirigido a los jóvenes «Move2Learn, Learn2Move» a los ciudadanos europeos que residen en las RUP, y que adapte los importes concedidos para el desplazamiento a los costes reales de un desplazamiento entre las RUP y Europa continental; celebra la decisión de la Comisión de no limitar este mecanismo al transporte ferroviario, que marginaría de hecho a los jóvenes de ultramar;

79.  Toma nota de que el programa Natura 2000 no es aplicable a las regiones ultraperiféricas francesas, pese a que estas poseen una biodiversidad extraordinaria pero fragilizada en particular por los efectos del cambio climático; exhorta por ello a que se utilicen dispositivos específicos de protección y se dé carácter permanente a la acción preparatoria BEST creando un mecanismo duradero para financiar los proyectos de biodiversidad, valorización de los servicios ecosistémicos y adaptación al cambio climático en el área ultramar europea;

80.  Propone que se realice un estudio de impacto sobre las posibilidades de aplicación del programa Natura 2000 en las RUP francesas, a fin de definir los instrumentos más adecuados para la protección de la biodiversidad y el medio ambiente en esas regiones;

81.  Recuerda que, en la evaluación intermedia de la estrategia sobre biodiversidad de la Unión publicada por la Comisión en octubre de 2015 y mencionada por el Tribunal de Cuentas Europeo en el Informe Especial n.º 01/2017, se llegaba a la conclusión de que «si bien se había avanzado mucho desde 2011 en la ejecución de las acciones del objetivo 1, los desafíos más importantes seguían siendo la culminación del elemento marino de la red Natura 2000, la consecución de una gestión eficaz de los lugares Natura 2000, y la obtención de los recursos necesarios para financiar la red Natura 2000», factores todos ellos importantes para las RUP;

82.  Recuerda que, en su Informe Especial n.º 1/2017, el Tribunal de Cuentas Europeo considera que «es necesario que los Estados miembros realicen progresos significativos y que la Comisión intensifique sus esfuerzos a fin de contribuir en mayor medida a los ambiciosos objetivos de la estrategia de biodiversidad de la Unión Europea hasta 2020»;

83.  Recuerda que, en su Informe Especial n.º 01/2017, el Tribunal de Cuentas Europeo considera que «es necesario dedicar más esfuerzo a la plena implantación de la Red Natura 2000»;

84.  Reitera el papel que la mejora de la conectividad de internet debe desempeñar obligatoriamente en la cohesión territorial, la promoción de la igualdad de oportunidades, la creación de empleo y la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones de las RUP;

85.  Pide encarecidamente a la Comisión que tenga en cuenta las especificidades de las RUP cuando aborde las cuestiones relativas a la cobertura de la red digital;

86.  Pide que para los transportes se cree un programa específico similar al POSEI, a fin de promover la cohesión territorial, social y económica de las RUP y reducir la insularidad y la doble insularidad de algunas de ellas; destaca que ese programa debería apoyar el transporte de personas y mercancías entre las RUP y el continente, dentro de las propias RUP y entre RUP cercanas, como las Azores, Madeira y Canarias; destaca que ese programa debería fomentar asimismo el comercio entre esas regiones;

87.  Destaca que las RUP son regiones turísticas privilegiadas y que es fundamental invertir en una red de transportes de calidad y a precios asequibles, principalmente por lo que respecta al mercado interior;

88.  Exhorta a la Unión a comprometerse con determinación a internacionalizar la accesibilidad de las RUP mediante la creación de infraestructuras y rutas de transporte, con el fin de conectar dichas regiones con el continente europeo, los terceros países vecinos y el resto del mundo;

89.  Pide que se despliegue en las RUP una auténtica estrategia industrial europea que cree puestos de trabajo no deslocalizables y se base en la capacidad de las empresas para consolidar su anclaje local;

90.  Considera que las RUP pueden convertirse en espacios privilegiados para la realización de proyectos piloto de medidas que deban aplicarse de forma transversal en los distintos Estados miembros;

o
o   o

91.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros y sus regiones, así como al Comité Europeo de las Regiones.

(1) DO C 258 E de 7.9.2013, p. 1.
(2) Textos Aprobados de esa fecha, P7_TA(2014)0133.
(3) Sentencia del Tribunal de Justicia, de 15 de diciembre de 2015, Parlamento y Comisión/Consejo, C-132/14 a C-136/14, ECLI:EU:C:2015:813.
(4) DO L 187 de 26.6.2014, p. 1.
(5) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0195.

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