Índice 
Textos aprobados
Martes 12 de septiembre de 2017 - EstrasburgoEdición definitiva
Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marie-Christine Boutonnet
 Designación de Simon Busuttil como miembro del comité creado en virtud del artículo 255 del TFUE
 Acuerdo UE-Islandia sobre la protección de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios ***
 Acuerdo UE-Islandia sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas ***
 Aplicación de la Directiva sobre la mediación
 Funcionamiento de las franquicias en el sector minorista
 Una Estrategia Espacial para Europa
 Formación universitaria continua y a distancia como parte de la estrategia europea de aprendizaje permanente
 Derogación de legislación obsoleta en los sectores de la navegación interior y del transporte de mercancías por carretera ***I
 Fomento de la conectividad a Internet de las comunidades locales ***I
 Medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas ***I
 La caza de ballenas en Noruega
 Adhesión de la Unión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica
 Impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales

Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marie-Christine Boutonnet
PDF 164kWORD 44k
Decisión del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marie-Christine Boutonnet (2017/2063(IMM))
P8_TA(2017)0317A8-0259/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marie-Christine Boutonnet, transmitido por el Ministerio de Justicia de la República francesa , con fecha de 14 de abril de 2017, sobre la base de una solicitud presentada por el fiscal general del Tribunal de Apelación de París, y comunicado al Pleno del 26 de abril de 2017 en el marco de un asunto que están conociendo los jueces de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de París («pôle financier») relativo a una investigación judicial por, entre otros motivos, abuso de confianza en relación con los fondos recibidos en virtud del contrato de un determinado asistente parlamentario,

–  Previa audiencia a Jean-François Jalkh, en sustitución de Marie-Christine Boutonnet, de conformidad con el artículo 9, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Visto el artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 de marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013(1),

–  Visto el artículo 26 de la Constitución de la República Francesa,

–  Vistos el artículo 5, apartado 2, el artículo 6, apartado 1, y el artículo 9 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0259/2017),

Α.  Considerando que los jueces de instrucción del Tribunal de Primera Instancia de París han solicitado la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Marie-Christine Boutonnet con el fin de tomarle declaración en relación con una presunta infracción penal;

Β.  Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo n.º 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

C.  Considerando que, con arreglo al artículo 26 de la Constitución francesa, ningún miembro del Parlamento podrá ser detenido ni sujeto a ninguna otra medida privativa o restrictiva de libertad como consecuencia de delitos o faltas sin autorización de la Asamblea a la que pertenezca, salvo si ha cometido un delito grave, en el caso de flagrante delito o si se ha dictado una condena firme;

D.  Considerando que los jueces de instrucción estiman que las investigaciones llevadas a cabo durante la investigación preliminar y la investigación judicial sugieren que las sospechas iniciales suscitadas por el Parlamento Europeo en cuanto a cierto número de asistentes parlamentarios de los diputados al Parlamento Europeo afiliados al Front National pueden estar justificadas;

E.  Considerando que, en particular, parece que en el organigrama del Front National publicado en febrero de 2015 figuraban quince diputados al Parlamento Europeo, veintiún asistentes parlamentarios locales y cinco asistentes parlamentarios acreditados; que un determinado número de asistentes parlamentarios declararon que su lugar de trabajo era la sede central del Front National sita en Nanterre indicando, en algunos casos, que estaban empleados a tiempo completo; que la mayor parte de los contratos de trabajo de los asistentes parlamentarios describen tareas idénticas y generales, sin entrar en ningún detalle;

F.  Considerando que la investigación reveló asimismo tres situaciones en las que parece poco probable que los asistentes en cuestión estuvieran realmente trabajando en tareas relacionadas con el Parlamento Europeo:

   contratos de trabajo como asistentes parlamentarios europeos intercalados entre dos contratos de trabajo para el Front National;
   contratos de trabajo como asistentes parlamentarios europeos en el Parlamento Europeo y contratos de trabajo para el Front National en vigor de manera simultánea;
   contratos de trabajo para el Front National por períodos inmediatamente posteriores a períodos cubiertos por contratos de trabajo como asistentes parlamentarios europeos;

G.  Considerando que durante un registro efectuado en la sede central del Front National en febrero de 2016, se incautaron varios documentos en la oficina de su tesorero que atestiguaban la voluntad de dicho partido de realizar «ahorros» gracias a la cobertura del Parlamento Europeo de las remuneraciones de empleados del partido valiéndose de su condición de asistentes parlamentarios;

H.  Considerando que los jueces de instrucción estiman necesario oír las explicaciones de Marie-Christine Boutonnet sobre los fondos recibidos en virtud del contrato de un determinado asistente parlamentario; que, el 6 de marzo de 2017, dicho asistente fue acusado de encubrimiento de abuso de confianza entre septiembre de 2014 y febrero de 2015; que, al ser interrogado por los dos jueces de instrucción, el asistente se acogió al derecho a no declarar;

I.  Considerando que Marie-Christine Boutonnet se ha negado a comparecer en respuesta a las citaciones de los investigadores y jueces de instrucción, emitidas para establecer si debía ser acusada de abuso de confianza entre septiembre de 2014 y febrero de 2015;

J.  Considerando que, desde entonces, Marie-Christine Boutonnet ha prestado declaración ante los jueces de instrucción en París;

K.  Considerando que, no obstante, resulta oportuno suspender la inmunidad parlamentaria de la diputada mencionada, puesto que solo el Parlamento está facultado para suspender la inmunidad de un diputado;

L.  Considerando que en este caso concreto procede claramente acceder al suplicatorio de suspensión de la inmunidad y que no existen indicios de fumus persecutionis, habida cuenta, en particular, de que otros procesos están en curso basados en acusaciones similares contra diputados pertenecientes a otros grupos políticos y de otras nacionalidades;

1.  Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Marie-Christine Boutonnet;

2.  Encarga a su presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente a las autoridades competentes de la República francesa y a Marie-Christine Boutonnet.

(1) Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner/Fohrmann y Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot/Faure y otros, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra/De Gregorio y Clemente, C-200/07 y C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sentencia del Tribunal General de 17 de enero de 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 y T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Designación de Simon Busuttil como miembro del comité creado en virtud del artículo 255 del TFUE
PDF 143kWORD 40k
Decisión del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, por la que se propone el nombramiento de Simon Busuttil como miembro del comité a que se refiere el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (2017/2132(INS))
P8_TA(2017)0318B8-0503/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el párrafo segundo del artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 120 de su Reglamento interno,

–  Vista la propuesta de su Comisión de Asuntos Jurídicos (B8-0503/2017)

A.  Considerando que Simon Busuttil cumple las condiciones establecidas en el párrafo segundo del artículo 255 del TFUE;

1.  Propone el nombramiento de Simon Busuttil como miembro del comité;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente decisión al presidente del Tribunal de Justicia.


Acuerdo UE-Islandia sobre la protección de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios ***
PDF 235kWORD 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre el proyecto de decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea e Islandia sobre la protección de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios (11782/2016 – C8-0123/2017– 2016/0252(NLE))
P8_TA(2017)0319A8-0254/2017

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11782/2016),

–  Visto el proyecto de Acuerdo entre la Unión Europea e Islandia sobre la protección de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas y alimenticios (12124/2016),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 4, párrafo primero, así como con el artículo 218, apartado 6, letra a), inciso v), y el artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0123/2017),

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0254/2017),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Islandia.


Acuerdo UE-Islandia sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas ***
PDF 235kWORD 42k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea e Islandia sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas (12146/2016 – C8-0129/2017 – 2016/0293(NLE))
P8_TA(2017)0320A8-0256/2017

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12146/2016),

–  Visto el proyecto de Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea e Islandia sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas (12147/2016),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 4, párrafo primero, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0129/2017),

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0256/2017),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de Islandia.


Aplicación de la Directiva sobre la mediación
PDF 177kWORD 48k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (Directiva sobre la mediación) (2016/2066(INI))
P8_TA(2017)0321A8-0238/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (Directiva sobre la mediación)(1),

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles (COM(2016)0542),

–  Vista la recopilación de análisis en profundidad a cargo de su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión, titulada «The implementation of the Mediation Directive – 29 November 2016» (La aplicación de la Directiva de mediación — 29 de noviembre de 2016)’(2),

–  Visto el estudio de la Comisión titulado «Study for an evaluation and implementation of Directive 2008/52/EC – the “Mediation Directive”» (Estudio para la evaluación y aplicación de la Directiva 2008/52/CE — la «Directiva sobre la mediación»)(3),

–  Visto el estudio realizado por su Dirección General de Políticas Interiores de la Unión, titulado «Rebooting the Mediation Directive: Assessing the limited impact of its implementation and proposing measures to increase the number of mediations in the EU» («Relanzamiento» de la Directiva sobre la mediación: evaluación del impacto limitado de su aplicación y propuesta de medidas destinadas a aumentar el número de mediaciones en la Unión)(4),

–  Vista la evaluación europea de la aplicación de la Directiva sobre la mediación, llevada a cabo por la Unidad de Evaluación de Impacto Ex Post del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo(5),

–  Visto el estudio a cargo de la Dirección General de Políticas Interiores de la Unión, titulado «Quantifying the cost of not using mediation – a data analysis» (Cuantificación de los costes de no utilizar la mediación — un análisis de datos)(6),

–  Vistos el artículo 67 y el artículo 81, apartado 2, letra g), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0238/2017),

A.  Considerando que la Directiva 2008/52/CE ha supuesto una referencia extremadamente importante en lo relativo a la creación y el recurso al procedimiento de mediación en la Unión; y que, no obstante, su aplicación ha variado considerablemente en función del Estado miembro, dependiendo en la existencia anterior o no de sistemas nacionales de mediación, ya que algunos han optado por una aplicación relativamente literal, otros han preferido revisar exhaustivamente otras vías alternativas para la resolución de litigios (como Italia, por ejemplo, que recurre a la mediación seis veces más que el resto de Europa) y otros han considerado que sus disposiciones jurídicas vigentes ya estaban en consonancia con la Directiva sobre la mediación;

B.  Considerando que la mayoría de los Estados miembros han ampliado el ámbito de aplicación de sus medidas nacionales de transposición a los asuntos nacionales y que solo tres de los Estados miembros han optado por transponer la Directiva exclusivamente en lo relativo a los litigios transfronterizos(7), lo que ha tenido una repercusión decididamente positiva en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y en las categorías afectadas;

C.  Considerando que las dificultades surgidas en la fase de transposición de la norma reflejan en gran medida las diferencias de cultura jurídica de los distintos ordenamientos jurídicos nacionales; y que las redes europeas de profesionales del Derecho han planteado en numerosas ocasiones (desde la génesis de la norma europea y, posteriormente, en sus transposiciones por los Estados miembros) la necesidad de otorgar la prioridad a un cambio de mentalidad en lo jurídico mediante la adopción de una cultura de la mediación y la resolución amistosa de conflictos;

D.  Considerando que la aplicación de la Directiva sobre la mediación ha aportado valor añadido de la UE al sensibilizar a los legisladores nacionales respecto de las ventajas de la mediación, aportando una cierta aproximación del Derecho procesal y de las diversas prácticas seguidas en los Estados miembros;

E.  Considerando que, como procedimiento extrajudicial alternativo, voluntario y confidencial, la mediación puede ser un instrumento útil para aliviar los sobrecargados sistemas judiciales en determinados casos, y sujeta a las necesarias salvaguardias, ya que puede permitir la resolución extrajudicial rápida y barata de litigios entre personas físicas o jurídicas, teniendo en cuenta que la duración excesiva de los procedimientos judiciales puede constituir una violación de la Carta de los Derechos Fundamentales, al tiempo que garantiza un mejor acceso a la justicia y contribuye al crecimiento económico;

F.  Considerando que es obvio que los objetivos establecidos en el artículo 1 de la Directiva sobre la mediación, a saber: promover el uso de la mediación y, en particular, lograr «una relación equilibrada entre la mediación y el proceso judicial», no han sido alcanzados, ya que, en la mayoría de los Estados miembros, la mediación se utiliza en menos del 1 % de los casos llevados ante los tribunales(8);

G.  Considerando que la Directiva sobre la mediación no ha creado un sistema de la Unión para la resolución extrajudicial de litigios en el sentido más estricto del término, con la excepción de la introducción de disposiciones específicas en el campo de la expiración de los plazos de caducidad y prescripción en procedimientos judiciales cuando se intente la mediación y en el ámbito de las obligaciones de confidencialidad para los mediadores y su personal administrativo;

Conclusiones principales

1.  Acoge con satisfacción el hecho de que en muchos Estados miembros los sistemas de mediación han sido objeto recientemente de modificaciones y revisiones, y en otros Estados miembros se han previsto enmiendas a la legislación aplicable(9);

2.  Lamenta que solo tres Estados miembros hayan optado por transponer la Directiva solamente en lo que se refiere a los casos transfronterizos y constata la existencia de dificultades relativas al funcionamiento en la práctica de los sistemas nacionales de medicación, vinculadas principalmente a la tradición del proceso contradictorio y a la falta de una cultura de mediación en los Estados miembros, el bajo nivel de conocimiento de la mediación en la mayoría de ellos y el insuficiente conocimiento del modo de tratar asuntos transfronterizos y el funcionamiento de los mecanismos de control de calidad aplicables a la mediación(10);

3.  Hace hincapié en que todos los Estados miembros prevén la posibilidad de que los tribunales insten a las partes en un litigio a recurrir a la mediación o, al menos, a participar en sesiones informativas sobre la mediación; observa que, en algunos Estados miembros, la participación en estas sesiones informativas de este tipo es obligatoria, ya sea por iniciativa del juez(11), o por disposición legal en el caso de determinados litigios, como los litigios de familia(12); indica, asimismo, que en algunos Estados miembros es obligatorio que los abogados informen a sus clientes sobre la posibilidad de recurrir a la mediación o que las solicitudes presentadas a los tribunales confirmen que se ha intentado la mediación o que hay motivos que lo impiden; toma nota, no obstante, de que el artículo 8 de la Directiva relativa a la mediación garantiza que el hecho de que las partes opten por la mediación con ánimo de solucionar un litigio no les impida posteriormente recurrir a los tribunales debido al tiempo dedicado a la mediación; pone de relieve que no parece que los Estados miembros hayan planteado cuestiones específicas en relación con este punto;

4.  Toma nota, asimismo, de que numerosos Estados miembros ofrecen incentivos económicos para que las partes recurran a la mediación, ya sea en forma de reducción de costes, asistencia jurídica o sanciones en caso de negativa injustificada a considerar la mediación; observa que los resultados obtenidos en estos Estados demuestran que la mediación puede proporcionar una resolución extrajudicial rentable y rápida de los litigios a través de procedimientos adaptados a las necesidades de las partes;

5.  Considera que la adopción de códigos de conducta constituye un instrumento importante para asegurar la calidad de la mediación; observa, a este respecto, que el Código de conducta europeo para los mediadores es utilizado directamente por las partes interesadas o ha constituido una inspiración para los códigos nacionales o sectoriales; observa, asimismo, que la mayoría de los Estados miembros dispone de procedimientos de acreditación para los mediadores y/o lleva registros de mediadores;

6.  Lamenta la dificultad de obtener datos estadísticos completos sobre la mediación, incluidos el número de casos de mediación, la duración media y las tasas de éxito de los procedimientos de mediación; toma nota de que, sin una base de datos fiable, resulta muy difícil seguir fomentando la mediación y aumentar la confianza de la opinión pública en su eficacia; subraya, por otra parte, la creciente importancia de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil por lo que respecta a la mejora de la recopilación de datos nacionales sobre la aplicación de la Directiva sobre la mediación;

7.  Acoge con satisfacción la especial importancia de la mediación en el ámbito del Derecho de familia (en particular, en lo relativo a las modalidades de custodia de los hijos, el derecho de visita y la sustracción parental de menores), pues la mediación puede crear un clima constructivo para las negociaciones y garantizar un trato justo entre los padres; constata, asimismo, que es probable que las soluciones amistosas sean duraderas y en interés de los menores ya que pueden abordar, además de la residencia principal del menor, también las modalidades de visita o los acuerdos relativos a la pensión alimenticia del menor; hace hincapié en este contexto en el importante papel de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil en lo relativo a la elaboración de recomendaciones encaminadas a aumentar la tasa de utilización de la mediación familiar en contextos transfronterizos, en particular en caso de sustracción de menores;

8.  Subraya la importancia de la creación y el mantenimiento de una sección específica en el Portal Europeo de Justicia en línea dedicada a la mediación transfronteriza en asuntos familiares y que proporcione información sobre los sistemas nacionales de mediación;

9.  Celebra, por tanto, que la Comisión asigne cofinanciación a diversos proyectos destinados a la promoción de la mediación y la formación de jueces y profesionales de la justicia en los Estados miembros;

10.  Destaca que, pese al carácter voluntario de la mediación, es preciso adoptar nuevas medidas para garantizar el carácter ejecutorio de los acuerdos de mediación de manera rápida y asequible, dentro del pleno respeto de los derechos fundamentales, así como de la legislación nacional y de la Unión; recuerda a este respecto que la aplicación a escala nacional de un acuerdo alcanzado por las partes en un Estado miembro está, por regla general, sujeta a homologación por una autoridad pública, lo que origina costes adicionales, es lenta para las partes del acuerdo y, por lo tanto, podría afectar negativamente a la circulación de acuerdos de mediación extranjeros, especialmente en el caso de litigios menores;

Recomendaciones

11.  Pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para fomentar el recurso a la mediación en litigios civiles y mercantiles, también mediante campañas de información adecuadas, ofreciendo a los ciudadanos y a las personas jurídicas información adecuada y completa en relación con el objeto del procedimiento y sus ventajas en términos de ahorro de tiempo y dinero así como para mejorar la cooperación entre los profesionales de la justicia con este fin; subraya, en este contexto, la necesidad de intercambiar las mejores prácticas en las diferentes jurisdicciones nacionales, con el apoyo de medidas adecuadas a escala de la Unión, para favorecer la concienciación en relación con la utilidad de la mediación;

12.  Pide a la Comisión que estudie la necesidad de desarrollar normas de calidad a escala de la Unión para la prestación de servicios de mediación, en particular normas mínimas que garanticen la coherencia, teniendo en cuenta al mismo tiempo el derecho fundamental de acceso a la justicia, así como las diferencias locales respecto a la cultura de la mediación, como medio para seguir fomentando el uso de la mediación;

13.  pide, asimismo, a la Comisión que estudie la necesidad de que los Estados miembros creen y mantengan registros nacionales de procedimientos de mediación, que podrían ser una fuente de información para la Comisión y que también podrían ser utilizados por los mediadores nacionales para beneficiarse de buenas prácticas en toda Europa; subraya que todo registro debe crearse respetando plenamente el Reglamento general de protección de datos (Reglamento (UE) 2016/679)(13);

14.  Solicita a la Comisión que realice un estudio detallado sobre los obstáculos que dificultan la libre circulación de los acuerdos de mediación extranjeros en la Unión y sobre las diversas opciones para fomentar el uso de la mediación como una manera sólida, asequible y eficaz de resolver los litigios internos y transfronterizos en la Unión, teniendo en cuenta el principio del Estado de Derecho y la continua evolución internacional en este ámbito;

15.  Pide a la Comisión que, en el marco de la revisión de la normativa, busque soluciones que permitan ampliar eficazmente el ámbito de la mediación también a otras cuestiones civiles o administrativas, si procede; hace hincapié, no obstante, en que debe prestarse atención especial a las repercusiones que pudiera tener la mediación sobre ciertas cuestiones de carácter social, como el Derecho de familia; recomienda, en este contexto, a la Comisión y a los Estados miembros, que establezcan y apliquen salvaguardas adecuadas en los procedimientos de mediación a fin de limitar los riesgos para las partes más débiles y protegerlas contra todo posible abuso de procedimiento o posición por las partes más poderosas, así como a facilitar datos estadísticos relevantes exhaustivos; subraya, además, la importancia de garantizar el respeto de los criterios de equidad en materia de costes, en particular para proteger los intereses de los colectivos desfavorecidos; señala, no obstante, que la mediación puede perder su atractivo y valor añadido en caso de introducirse normas demasiado estrictas para las partes;

o
o   o

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 136 de 24.5.2008, p.3.
(2) PE 571.395.
(3) http://bookshop.europa.eu/en/study-for-an-evaluation-and-implementation-of-directive-2008-52-ec-the-mediation-directive--pbDS0114825/
(4) PE 493.042.
(5) PE 593.789.
(6) PE 453.180.
(7) COM(2016)0542, p.5.
(8) PE 571.395, p.25.
(9) Croacia, Eslovaquia, España, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Lituania, los Países Bajos, Polonia y Portugal.
(10) COM(2016)0542, p.4.
(11) Por ejemplo, en la República Checa.
(12) Por ejemplo, en Lituania, Luxemburgo, Inglaterra y País de Gales.
(13) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.


Funcionamiento de las franquicias en el sector minorista
PDF 184kWORD 50k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre el funcionamiento de las franquicias en el sector minorista (2016/2244(INI))
P8_TA(2017)0322A8-0199/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 11 de diciembre de 2013, sobre el Plan de Acción Europeo para el Comercio Minorista en beneficio de todos los agentes(1), en particular su apartado 29,

–  Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario(2),

–  Visto el estudio de abril de 2016 sobre la franquicia(3) elaborado por encargo de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,

–  Visto el estudio de septiembre de 2016 titulado «Legal Perspective of the Regulatory Framework and Challenges for Franchising in the EU»(4) [Visión jurídica del marco regulador de la franquicia en la Unión y los desafíos a los que esta se enfrenta], elaborado por encargo de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,

–  Visto el briefing titulado «Future Policy Options in Franchising in the EU: Confronting Unfair Trading Practices»(5) [Futuras opciones de actuación en el ámbito de la franquicia en la Unión: la lucha contra las prácticas comerciales desleales],

–  Visto el seminario del 12 de julio de 2016 titulado «Relations between franchisors and franchisees: regulatory framework and current challenges» [Relaciones entre los franquiciadores y los franquiciados: marco regulador y actuales desafíos], organizado por encargo de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0199/2017),

A.  Considerando que, si bien no hay una definición común europea de la franquicia y los acuerdos de franquicia difieren entre empresas, uno de sus rasgos principales es la relación contractual concluida de manera voluntaria entre emprendedores o personas físicas o jurídicas financiera y jurídicamente independientes entre sí, en la que una de las partes (el franquiciador) concede a la otra (el franquiciado) el derecho a utilizar su sistema de franquicia, su nombres y sus marcas comerciales y comparte con ella sus conocimientos técnicos, de modo que el franquiciado se beneficia de su experiencia técnica y organizativa y su asistencia por el periodo de validez del acuerdo, con la intención por parte tanto del franquiciado como del franquiciador de adquirir rápidamente nuevos mercados con una inversión limitada y mayores posibilidades de éxito;

B.  Considerando que, en su Resolución de 11 de diciembre de 2013, el Parlamento acogió favorablemente la franquicia como modelo de negocio que apoya a nuevas empresas y la propiedad de pequeños negocios, observando no obstante la existencia de cláusulas contractuales abusivas en ciertos casos y pidiendo transparencia y justicia en las cláusulas contractuales; que, por otra parte, el Parlamento llamaba especialmente la atención de la Comisión y de los Estados miembros sobre los problemas a los que se enfrentan los franquiciados que quieren vender sus negocios o modificar su fórmula empresarial y permanecer activos en el mismo sector, y solicitaba a la Comisión que examinara la prohibición de mecanismos de fijación de precios en los sistemas de franquicias, así como los efectos de las cláusulas de competencia a largo plazo, las opciones de compra y la prohibición de la plurifranquicia;

C.  Considerando que la franquicia podría ser un modelo de negocio que contribuya a la realización del mercado único en el sector minorista, pues puede ser un medio adecuado para establecer un negocio a través de una inversión compartida entre el franquiciador y el franquiciado; expresa su decepción al observar que en estos momentos no está dando buenos resultados en la Unión, donde únicamente representa un 1,89 % del PIB, frente al 5,95 % en los EE. UU. y el 10,83 % en Australia, y que un 83,5 % del volumen de negocios de las franquicias se concentra en solo siete Estados miembros(6), razón por la cual es importante alentar una mayor difusión de este modelo de negocio en toda la Unión;

D.  Considerando que la franquicia tiene una dimensión transfronteriza significativa y es importante para que funcione el mercado interior, por lo que puede dar lugar a la creación de empleo, al desarrollo de pymes y a emprendimiento, así como a la adquisición de nuevas destrezas y capacidades;

E.  Considerando que la legislación vigente en cuanto a la franquicia como modelo de negocio es muy diversa entre los distintos Estados miembros, lo que crea barreras técnicas y puede desalentar tanto a franquiciadores como a franquiciados de expandir sus actividades transfronterizas; considerando, en cambio que ello puede repercutir en los consumidores finales limitando sus posibilidades de elección;

F.  Considerando que no son lo mismo las franquicias «duras» que las «blandas» en lo que respecta a las condiciones del acuerdo de franquicia; que, por otra parte, hay modelos de negocio alternativos con características específicas, como las asociaciones de minoristas independientes, que únicamente deberían verse afectados por las normas relativas a la franquicia en la medida en que encajen con la definición de esta;

G.  Considerando que falta información en cuanto al funcionamiento de las franquicias en todos los sectores, dado que la información pertinente no se pone por escrito o suele encontrarse únicamente en las cartas adjuntas al acuerdo de franquicia, que son confidenciales y, por tanto, no se hacen públicas, y que no hay mecanismo alguno al nivel de la Unión para recabar información sobre cláusulas potencialmente abusivas o la ejecución de contratos que también pueda serlo, por lo que es necesaria una plataforma que contenga esta importante información a fin de proporcionar a franquiciadores y a franquiciados un mayor conocimiento de sus derechos y sus obligaciones;

H.  Considerando que el comercio electrónico se está expandiendo y que los consumidores lo están usando cada vez más, por lo que debe reflejarse mejor en acuerdos de franquicia; que, como parte de la realización del mercado único digital, debe prestarse una especial atención a las tensiones que surjan entre franquiciadores y franquiciados en lo que respecta al comercio electrónico, por ejemplo en relación con el derecho de exclusividad del franquiciado para una zona geográfica determinada y la creciente relevancia de los datos de los consumidores para el éxito de los modelos de negocio de franquicia, en particular habida cuenta de que los acuerdos de franquicia no comprenden actualmente disposiciones al respecto, lo que deja innecesariamente margen para incertidumbre y conflictos;

I.  Considerando que la Comisión ha definido las prácticas comerciales desleales como «prácticas que se apartan manifiestamente de la buena conducta comercial, que son contrarias a la buena fe y a la lealtad comercial, y que son impuestas de manera unilateral por un socio comercial en relación con otro»(7);

1.  Considera que, habida cuenta de su infrautilización actual en la Unión en comparación con otras economías desarrolladas, la franquicia puede desempeñar un papel importante para la plena realización del mercado único en el sector minorista;

2.  Considera importante que los Estados miembros apliquen medidas efectivas contra toda práctica desleal en el ámbito de las franquicias, pero señala que persiste un grado elevado de divergencia y diversificación entre los Estados miembros a este respecto; considera importante, por lo tanto, que se establezcan unas directrices homogéneas no legislativas, que se hagan eco de las mejores prácticas, sobre el funcionamiento de las franquicias en el sector minorista;

3.  Solicita a la Comisión que elabore directrices sobre los contratos de franquicia para una mejor configuración del entorno normativo en este sentido al garantizar el respeto tanto de las normas laborales como de la dignidad y calidad del servicio;

4.  Considera que, en vista de la importancia del elemento transfronterizo de la franquicia, es aconsejable un enfoque uniforme para corregir las prácticas comerciales desleales a nivel de la Unión;

5.  Reconoce que a nivel nacional se ha aprobado legislación tendente a proteger a los franquiciados, pero se ha puesto el énfasis en la fase precontractual al objeto de imponer obligaciones en materia de divulgación de la información al franquiciador; lamenta que en los sistemas nacionales no se hayan establecido mecanismos de ejecución que garanticen de manera eficaz la continuidad de la relación de franquicia;

6.  Observa que los franquiciados suelen ser la parte más débil en el acuerdo de franquicia, en especial cuando se trata de pymes, ya que la fórmula de franquicia es elaborada habitualmente por el franquiciador, y el franquiciado acostumbra a ser más débil en el plano financiero y, por consiguiente, a estar peor informado que el franquiciador, por lo que depende en gran medida de los conocimientos específicos de este; destaca que los sistemas de franquicia dependen en gran medida del buen funcionamiento de la cooperación entre el franquiciador y los franquiciados, pues el sistema de franquicia depende de su buena aplicación por todas las partes;

7.  Recuerda que la franquicia es una relación contractual entre dos negocios jurídicamente independientes;

8.  Destaca que el Reglamento debe mantener y reforzar la confianza del mercado en las franquicias en cuanto modelo de negocio, puesto que fomentan el emprendimiento no solo en las microempresas y las pymes que se convierten en franquiciadores, sino también en el caso de las personas que se convierten en franquiciados;

9.  Señala que los franquiciadores están organizados a nivel nacional y también a nivel europeo al objeto de defender sus intereses, mientras que los franquiciados suelen carecer de estas organizaciones representativas que defiendan sus intereses colectivos y continúan operando principalmente de manera individual;

10.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que alienten el diálogo entre los franquiciadores, los franquiciados y los responsables de la adopción de decisiones, que impulsen la creación de asociaciones representativas de los franquiciados y velen por que su voz sea oída siempre que se estén preparando políticas o legislación que puedan afectarlos, a fin de asegurar que las partes disfruten de una representación más igualitaria, pero destaca que la adhesión a esas organizaciones debe seguir siendo optativa;

11.  Subraya que sigue sin darse solución a la sempiterna falta de información en cuanto al funcionamiento de las franquicias en el sector minorista y pide a los Estados miembros que designen, junto con la Comisión, puntos de contacto para información sobre los problemas a los que se enfrentan franquiciadores y franquiciados, siempre que esté disponible, y pide a la Comisión que mejore la recopilación de información, sobre la base, entre otras fuentes, de la información de estos puntos de contacto, garantizando al mismo tiempo la confidencialidad de la información así obtenida;

12.  Pide a la Comisión que investigue atentamente el funcionamiento de las franquicias en el sector minorista, también en lo relativo a la existencia de cláusulas contractuales abusivas u otras prácticas comerciales desleales, y que solicite a Eurostat que preste atención a este modelo de negocio cuando recabe información estadística sobre el sector, sin que ello añada cargas administrativas o de otro tipo para los empresarios;

13.  Toma nota del Código europeo de deontología sobre actividades relacionadas con la franquicia, redactado por la Federación Europea de la Franquicia como un instrumento que puede ser eficaz para promover mejores práctica en el sector de la franquicia, pero observa asimismo que dicho Código ha recibido críticas fundamentales por parte de los franquiciados, centradas, entre otras cosas, en que, antes de la revisión de 2016, el Código estaba redactado en términos mucho más enérgicos en lo relativo a los compromisos por parte del franquiciador; anima a franquiciadores y franquiciados a que velen por una representación equilibrada y justa de ambas partes, con miras a hallar una solución adecuada;

14.  Lamenta, no obstante, que el Código solo abarque una pequeña minoría de franquicias que operan en la Unión, dado que la mayoría de las franquicias no pertenecen ni a la Federación Europea de la Franquicia ni a las asociaciones nacionales que la han adoptado y que muchos Estados miembros no cuentan con una asociación nacional de franquicia;

15.  Observa que existe preocupación ante la ausencia de un mecanismo de cumplimiento independiente que acompañe al Código europeo de deontología sobre actividades relacionadas con la franquicia y observa que en algunos Estados miembros tal ausencia ha provocado la implantación de legislación para prevenir y combatir las prácticas comerciales desleales en la franquicia;

16.  Recuerda que el Código de deontología está formado por un conjunto de reglas aceptadas por los franquiciadores además de las reglas impuestas por la ley; considera que el Código de deontología siempre debe ser un valor añadido para quien esté dispuesto a acatar estas reglas;

17.  Plantea la necesidad de evaluar la eficacia del marco de autorregulación y la Iniciativa de la Cadena de Suministro de la Unión, habida cuenta de que para poder participar en dicha Iniciativa resulta obligatoria la pertenencia a asociaciones nacionales de franquicias;

18.  Afirma que en los acuerdos de franquicia se deben respetar plenamente los principios de asociación equilibrada, en virtud de los cuales tanto el franquiciado como el franquiciador han de tratarse mutuamente de manera razonable y justa y solventar mediante un diálogo franco, transparente, cabal y directo las reclamaciones, disputas y diferencias que puedan surgir;

19.  Pide a los Estados miembros que remitan a la Comisión las reclamaciones y otras informaciones relevantes que reciban a través de un punto de contacto o por otras vías; pide a la Comisión que, sobre la base de esta información, elabore un listado no exhaustivo de prácticas comerciales desleales que deberá publicarse y ser accesible para todas las partes interesadas; pide asimismo a la Comisión que, en caso necesario, cree una plataforma de expertos para recabar más información sobre las prácticas de franquicia en el sector minorista, especialmente sobre todo tipo de práctica comercial desleal;

20.  Señala en concreto la necesidad de contar con principios específicos para asegurar el equilibrio de los derechos y obligaciones contractuales entre las partes, tales como la información precontractual completa, clara y veraz, en particular la relativa al rendimiento del sistema de franquicia correspondiente, con carácter, además de general, específico a la ubicación prevista por el franquiciado, y límites claros respecto de los requisitos de confidencialidad, que estén disponibles por escrito con suficiente antelación a la firma del acuerdo y que se introduzca un plazo de reflexión de cinco días tras la firma del acuerdo, si procede; señala asimismo que, en caso necesario, el franquiciador debe prestar una asistencia comercial y técnica permanente al franquiciado durante el período de vigencia del acuerdo;

21.  Subraya la necesidad de que el franquiciador imparta al franquiciado una formación inicial especializada cuando sea necesario, lo oriente adecuadamente y le facilite información durante el periodo de vigencia del acuerdo;

22.  Recuerda la obligación por parte de los franquiciados de poner todo su empeño en impulsar el crecimiento del negocio de la franquicia y proteger la identidad y reputación comunes de su red, para lo que ha de colaborar de manera leal con todos los socios de dicha red y respetar los derechos de propiedad industrial e intelectual propios del correspondiente sistema de franquicia, así como las normas de competencia;

23.  Añade no obstante que los franquiciadores exigen en ocasiones a los franquiciados que adquieran productos y servicios que no guardan relación con el sistema de franquicia en cuestión; señala que tal exigencia no solo no debe considerarse parte de la obligación de los franquiciados en cuanto a la protección de la identidad y reputación comunes de la red de franquicia, sino que además es probable que sea una práctica comercial desleal;

24.  Hace hincapié en que las cláusulas inhibitorias de la competencia deben estar claramente formuladas, ser razonables y proporcionadas y no ser aplicables durante un periodo de tiempo superior al estrictamente necesario, especialmente teniendo en cuenta la necesidad que pueden tener los franquiciados de cambiar el sistema de franquicia si su zona y, por consiguiente, la demanda de productos o servicios, se transforman;

25.  Observa los problemas que surgen en relación con las ventas en línea, pues constituyen una parte cada vez más importante del modelo de negocio de franquicia pero no están amparadas en los acuerdos de franquicia tradicionales, que no tienen en cuenta las consecuencias que las ventas en línea pueden tener para sus estipulaciones; propone, por consiguiente, la inclusión de estipulaciones relativas a las ventas en línea en los acuerdos de franquicias cuando resulte conveniente, en particular en los casos en los que el poder del franquiciador y del franquiciado no están equilibrados;

26.  Pide a la Comisión que inicie una consulta pública a fin de obtener información no sesgada sobre la situación real en el sistema de franquicias y que elabore directrices no legislativas que se hagan eco de las mejores prácticas respecto del funcionamiento de las franquicias en el sector minorista, en particular en relación con las más recientes evoluciones tecnológicas y de mercado, como las ventas en línea; propone a la Comisión en este sentido que lleve a cabo un análisis de los instrumentos de autorregulación existentes y de la práctica legislativa de los distintos Estados miembros en el ámbito de las franquicias en el sector minorista, así como que presente sus conclusiones al Parlamento, en particular sus recomendaciones sobre el modo de continuar desarrollando el sector de las franquicias en la Unión;

27.  Hace hincapié en que debe buscarse la participación activa del Parlamento Europeo en toda la labor relativa a la franquicia en el sector minorista, en particular a la hora de adaptar reglamentos y directivas relativos a la franquicia al objeto de reforzar la estabilidad y coherencia del marco regulador;

Derecho de la competencia

28.  Hace hincapié en que debe aplicarse de manera uniforme en los Estados miembros el Reglamento (UE) n.º 330/2010 de la Comisión, de 20 de abril de 2010, relativo a la aplicación del artículo 101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas(8) y deplora la falta de información en cuanto a su aplicación;

29.  Opina que la Comisión debería comprobar si la escasa homogeneidad de la aplicación del Reglamento en los distintos Estados miembros ha ido en menoscabo de su eficacia y si el Reglamento está en consonancia con los recientes cambios en el mercado, en particular las condiciones de compra y las cláusulas poscontractuales exentas;

30.  Considera que la Comisión debería comprobar en qué medida podría mejorarse la aplicación del Reglamento mediante un mecanismo de evaluación en el marco de la Red Europea de Competencia; hace hincapié en que las incoherentes medidas de seguimiento por parte de la Comisión impiden las actividades minoristas transfronterizas y no logran implantar la igualdad de condiciones en el mercado único;

31.  Considera que la mejora de la aplicación del Reglamento a nivel nacional resultaría positiva para la distribución, daría mayor acceso al mercado a las empresas de otros Estados miembros y finalmente proporcionaría unas mejores condiciones al consumidor final;

32.  Opina que la Comisión debe asimismo estudiar las consecuencias imprevistas que entraña el Derecho de la competencia en cada uno de los Estados miembros;

33.  Insta a la Comisión a que inicie consultas públicas e informe al Parlamento de la idoneidad del modelo que sirve de base al futuro reglamento de exención por categorías;

34.  Pide asimismo a la Comisión que vele por la recuperación de las todas las ayudas públicas ilegales obtenidas mediante beneficios fiscales en el ámbito de la franquicia y que se muestre firme al llevar a cabo las investigaciones en curso; subraya por otra parte que la legislación de la Unión en materia de resoluciones fiscales ha de ser más clara; pide a la Comisión que remedie toda infracción que pueda darse en el ámbito de la franquicia al objeto de garantizar que la competencia leal impera en el mercado único;

35.  Pide a la Comisión que corrija los fallos de mercado y vele por la eficacia de la lucha contra la evasión y la elusión fiscales en el ámbito de la franquicia;

36.  Pide a la Comisión que compruebe si resulta necesario revisar el Reglamento y, en este sentido, que estudie, e informe al Parlamento al respecto, 1) la repercusión del enfoque horizontal sobre el funcionamiento de las franquicias; 2) si el modelo de franquicia por el que se opta en el Reglamento refleja la realidad del mercado; 3) en qué medida las denominadas «restricciones verticales admitidas», es decir, las condiciones en las que los franquiciados pueden adquirir, vender o revender determinados bienes o servicios, resultan proporcionadas y afectan negativamente al mercado y los consumidores; 4) a qué nuevos desafíos se enfrentan los franquiciadores y los franquiciados en un contexto general de comercio electrónico y digitalización, y 5) que recabe información sobre el mercado en lo que respecta a las nuevas tendencias y a la evolución del mercado en relación con la organización de las redes y los avances tecnológicos;

37.  Pide a la Comisión que revise las normas sobre la puesta en ejecución por parte de los Estados miembros del Reglamento, cuya aplicación debe por otra parte ajustarse proporcionalmente para la consecución de su objetivo;

o
o   o

38.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 468 de 15.12.2016, p. 140.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0250.
(3) IP/A/IMCO/2015-05, PE 578.978.
(4) IP/A/IMCO/2016-08, PE 587.317.
(5) PE 587.325.
(6) «Legal perspective of the regulatory framework and challenges for franchising in the EU», estudio elaborado para la Comisión IMCO, septiembre de 2016, p. 12.
(7) «Sobre prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro alimentario», COM(2014)0472.
(8) DO L 102 de 23.4.2010, p. 1.


Una Estrategia Espacial para Europa
PDF 220kWORD 56k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre una Estrategia Espacial para Europa (2016/2325(INI))
P8_TA(2017)0323A8-0250/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 4 y el artículo 189 del título XIX del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—  Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de octubre de 2016, titulada «Estrategia Espacial para Europa» (COM(2016)0705),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de febrero de 2013, titulada «Política de la UE sobre industria espacial» (COM(2013)0108),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de abril de 2011, titulada «Hacia una estrategia espacial de la Unión Europea al servicio del ciudadano» (COM(2011)0152),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, titulada «La conectividad para un mercado único digital competitivo – hacia una sociedad europea del Gigabit» (COM(2016)0587), así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña (SWD(2016)0300),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, titulada «La 5G para Europa: un plan de acción» (COM(2016)0588), así como el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña (SWD(2016)0306),

–  Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada por la Comisión el 14 de septiembre de 2016, por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (COM(2016)0590),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de junio de 2010, titulada «Plan de acción sobre aplicaciones basadas en el sistema mundial de navegación por satélite (GNSS)» (COM(2010)0308),

–  Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP.21 y la vigesimoprimera Conferencia de las Partes (CP21) en la CMNUCC y la undécima Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP11), celebradas en París (Francia), del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 377/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, por el que se establece el programa Copernicus y se deroga el Reglamento (UE) n.º 911/2010(1),,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1285/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo al establecimiento y la explotación de los sistemas europeos de radionavegación por satélite y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º 876/2002 del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 683/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo(2),

—  Vista la Decisión n.º 541/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se establece un marco de apoyo a la vigilancia y el seguimiento espacial(3),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 512/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 912/2010, por el que se crea la Agencia del GNSS Europeo(4),

–  Vistas las correspondientes Conclusiones del Consejo y la Declaración ministerial de Ámsterdam, de 14 de abril de 2016, sobre cooperación en el ámbito de la conducción conectada y automatizada,

–  Visto el Manifiesto de La Haya de Política Espacial, de junio de 2016,

–  Vista la Declaración conjunta de la Unión Europea y de la Agencia Espacial Europea sobre una visión y objetivos comunes en relación con el futuro de Europa en el espacio, firmada por la Comisión y la Agencia el 26 de octubre de 2016,

–  Vista su Resolución, de 8 de junio de 2016, sobre las capacidades espaciales para la seguridad y la defensa europeas(5),

—  Vista su Resolución, de 8 de junio de 2016, sobre la implantación de mercado del sector espacial(6),

–  Vista su Resolución, de 10 de diciembre de 2013, sobre la política de la UE sobre industria espacial — Aprovechar el potencial de crecimiento económico en el sector espacial(7),

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2012, sobre una estrategia espacial de la Unión Europea al servicio del ciudadano(8),

–  Vista su Resolución, de 7 de junio de 2011, sobre las aplicaciones del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) en el ámbito del transporte – Política de la UE a corto y medio plazo(9),

–  Visto el estudio de enero de 2016 sobre la implantación de mercado del sector espacial en Europa(10),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de Pesca (A8-0250/2017),

A.  Considerando que el espacio ofrece múltiples beneficios para la sociedad, que pueden impulsar la competitividad de la economía europea al estimular el desarrollo de numerosos productos y servicios nuevos y servir de apoyo a la agricultura, la silvicultura, la pesca y el transporte marítimo; que las tecnologías por satélite pueden contribuir a lograr un mejor acceso a las tecnologías de la comunicación, sistemas de observación de la Tierra de alta resolución que permitan el intercambio de información en tiempo real, una respuesta rápida a los desastres naturales y controles fronterizos y de seguridad más eficaces;

B.  Considerando que las tecnologías, los datos y los servicios espaciales pueden servir para sustentar diferentes políticas públicas y prioridades políticas fundamentales de la Unión, como la promoción del mercado único digital, la reactivación de la economía europea y la lucha contra el cambio climático;

C.  Considerando que el espacio no constituye un coste para la ciudadanía europea, sino una inversión, y que una estrategia espacial ambiciosa puede garantizar la autonomía y el posicionamiento de la Unión en el ámbito estratégico del espacio, impulsando, al mismo tiempo, el crecimiento, la competitividad y la creación de empleo en la industria espacial, las operaciones espaciales y los servicios derivados;

D.  Considerando que las decisiones políticas adoptadas por el Parlamento y el Consejo en 2007 dieron lugar a la asignación de presupuesto para los programas europeos de navegación por satélite, como el sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario (EGNOS) y Galileo, y que en ellas se preveía un acuerdo sobre la estructura de gobernanza de los programas;

1.  Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia Espacial para Europa» y respalda el compromiso pleno de la Comisión de maximizar los beneficios que ofrece el espacio para la sociedad y la economía, incrementar el uso de tecnologías y aplicaciones espaciales para respaldar las políticas públicas, fomentar un sector espacial europeo innovador y competitivo, incrementar la autonomía de Europa en el espacio y reforzar el papel de Europa como actor mundial y la cooperación internacional en el ámbito espacial;

2.  Recuerda a la Comisión que es fundamental garantizar la continuidad de los programas espaciales de la Unión y reflexionar sobre la futura evolución de Galileo y Copernicus, en particular para generar un entorno predecible y favorable a la inversión en el sector derivado; estima que ello solo se puede lograr si se garantiza a largo plazo la financiación pública de los programas espaciales emblemáticos y una infraestructura de datos descendente y reconoce la necesidad de un grado elevado de participación del sector privado;

3.  Destaca los progresos realizados en el ámbito espacial por los Estados miembros, la Agencia Espacial Europea (AEE) y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT) gracias al uso de nuevas tecnologías, misiones de exploración, sistemas de observación de la Tierra y capacidades meteorológicas;

4.  Opina que es necesario evaluar los programas Galileo y Copernicus antes de que la Comisión presente sus nuevas propuestas legislativas en el marco del próximo MFP; estima que en la evaluación correspondiente se deberían abordar, entre otros aspectos, el futuro papel de la Agencia del GNSS Europeo (GSA) en Galileo y su posible papel en Copernicus, el modo de simplificar la relación de la GSA con la AEE y la actual separación entre las tareas centrales de la Agencia y las delegadas; insta a la Comisión, a este respecto, a que, antes de atribuir nuevas funciones a la GSA, se asegure de que esta tiene la capacidad necesaria para asumirlas;

5.  Pone de relieve que el resultado de la evaluación debería integrarse también en los futuros debates acerca de la relación entre la Unión y la AEE teniendo en cuenta la Declaración conjunta UE-AEE firmada el 26 de octubre de 2016; pide a la Comisión que, en cooperación con la AEE, estudie las diferentes opciones para simplificar el complejo panorama institucional de gobernanza del espacio europeo, a fin de mejorar el reparto de responsabilidades en aras de una mayor eficacia y rentabilidad;

6.  Hace hincapié en que la GSA debe disponer de una dotación de personal adecuada con objeto de garantizar un buen funcionamiento y explotación de los programas del GNSS europeo; pide a la Comisión que evalúe si los recursos asignados a la GSA son suficientes, tomando en consideración sus tareas actuales y futuras; considera que el procedimiento y la política de personal deberían adaptarse a las nuevas tareas asignadas a la GSA, en cumplimiento del Acuerdo Interinstitucional de 2 de diciembre de 2013;

7.  Subraya que, a fin de responder a los retos actuales y futuros, el próximo presupuesto de la Unión debe incluir un presupuesto para el sector espacial mayor que el actual para respaldar la cadena de valor en su conjunto (los segmentos espacial y terrestre, la observación de la Tierra, la navegación y comunicaciones), y que ello ha de garantizarse durante la próxima revisión del MFP; reitera que el correcto desarrollo de los mercados descendentes depende en particular de la aplicación oportuna y la continua evolución de los programas Galileo y Copernicus, y que dotarlos de la financiación suficiente debe ser una prioridad; hace hincapié en la necesidad de preservar y desarrollar el valor añadido europeo y la excepcional contribución de los programas espaciales de la Unión cuando se tomen decisiones presupuestarias en el próximo MFP;

8.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de aprovechar las sinergias entre los programas espaciales de la Unión a fin de aumentar la eficacia y la rentabilidad; considera asimismo que debe intensificarse el intercambio de información entre las agencias de la Unión implicadas en la política espacial europea con el fin de lograr nuevas sinergias; señala que el grado de convergencia entre los diferentes ámbitos de actividad es cada vez mayor; pide además a la Comisión que publique un informe anual sobre la naturaleza y el alcance de la cooperación de las agencias de la Unión;

9.  Subraya la importancia de detectar y hacer frente a cualquier obstáculo que esté dificultando el funcionamiento del mercado interior en el ámbito de los productos y servicios espaciales;

Maximizar los beneficios que ofrece el espacio para la sociedad y la economía de la Unión

10.  Destaca que los programas espaciales y sus servicios son activos fundamentales en los ámbitos políticos y sectores económicos de la energía, el clima, el medio ambiente, la seguridad y la defensa, la salud, la agricultura, la silvicultura, la pesca, el transporte, el turismo, el mercado digital y las comunicaciones móviles, la política regional y la ordenación local; estima que existe un enorme potencial para afrontar retos como las migraciones, la gestión de fronteras y el desarrollo sostenible; subraya asimismo la importancia de una estrategia espacial europea para lograr una política marítima integral de la Unión; señala también que la explotación económica de los satélites y sistemas de teledetección aporta beneficios considerables a la sociedad;

11.  Pide a la Comisión que acelere la plena explotación económica de los programas Galileo, EGNOS y Copernicus mediante: el establecimiento unos objetivos adecuados de incorporación en el mercado; la mejora del acceso a los datos de Copernicus y de su tratamiento a fin de que las empresas, en particular, las pymes y las empresas emergentes, puedan desarrollar aplicaciones basadas en datos espaciales; una mejor integración en otros servicios digitales, como los sistemas de transporte inteligente, el Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario, el servicio de información fluvial, SafeSeaNet y los sistemas de navegación convencionales, y un aumento del potencial de las soluciones espaciales; hace hincapié en los beneficios que la navegación por satélite y los datos y servicios de observación de la Tierra ofrecen a los ciudadanos y las empresas;

12.  Celebra las actuaciones de la Comisión para conseguir plataformas basadas en la nube para los datos de observación de la Tierra, a fin de que Europa aproveche plenamente las ventajas económicas de sus programas espaciales emblemáticos y de conseguir un acceso de los usuarios y un desarrollo de competencias sostenibles; insta a la Comisión a que agilice su labor en este ámbito para que las primeras plataformas de datos puedan estar operativas en 2018; considera que todas las licitaciones en relación con estas plataformas deben estar abiertas a los agentes privados;

13.  Pide a la Comisión que evalúe el funcionamiento de las entidades encargadas de Copernicus, concretamente para simplificar y optimizar sus procedimientos de licitación a fin de facilitar la participación de las pymes;

14.  Hace hincapié en la necesidad de una legislación «apta para el espacio» y reitera su llamamiento a la Comisión, formulado en la mencionada Resolución sobre la implantación de mercado del sector espacial, para que efectúe un «control espacial» sistemático antes de presentar nuevas propuestas legislativas y no legislativas; pide a la Comisión que elimine los obstáculos que dificultan la utilización de las tecnologías espaciales por el sector público, por ejemplo para supervisar el cumplimiento de la legislación europea nueva o ya vigente; considera que las aplicaciones de la tecnología espacial pueden traer consigo mejoras considerables de política pública, partiendo de ejemplos como eCall o el tacógrafo digital; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan la utilización de la tecnología espacial por parte de las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales, por ejemplo mediante la compra de datos o servicios europeos de observación de la Tierra para dar cumplimiento a sus objetivos políticos;

15.  Destaca el proyecto piloto sobre un espacio más limpio a través de sistemas de desorbitado y la utilización de materiales innovadores para los equipos espaciales, cuyo objetivo es comprobar la viabilidad y eficacia de una futura iniciativa tecnológica conjunta sobre el sector espacial; reconoce que disponer de recursos adecuados, tanto públicos como privados, es fundamental para garantizar la sostenibilidad y competitividad del sector espacial europeo y desarrollar el papel de la Unión como actor mundial en el espacio;

16.  Considera que debe seguir desarrollándose la aportación de Copernicus a la lucha contra el cambio climático; pide a la Comisión que establezca lo antes posible las capacidades basadas en Copernicus para llevar un seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero, incluidas las de CO2, que se están desarrollando actualmente en el marco de Horizonte 2020(11) con vistas a atender a las necesidades reconocidas en el Acuerdo de la CP 21 y permitir su aplicación efectiva; apoya el desarrollo de futuros satélites destinados al seguimiento de los niveles de CO2 y metano;

17.  Celebra la puesta en marcha de los primeros servicios de Galileo, anunciada oficialmente el 15 de diciembre de 2016; hace hincapié en que el uso generalizado de la señal de Galileo es un requisito previo para el desarrollo de un mercado descendente sólido para las aplicaciones y los servicios basados en el sector espacial, y en que deben adoptarse las medidas adecuadas —también, si procede, de tipo regulatorio— para que la plena compatibilidad con Galileo y EGNOS sea la norma para los dispositivos vendidos en la Unión y para fomentar el uso de dispositivos compatibles con Galileo y EGNOS en el mercado mundial; pide también a la Comisión que estudie medidas para reforzar la competitividad de la industria derivada del GNSS europeo;

18.  Hace un llamamiento a la Comisión para que garantice que los relojes basados en el GNSS existentes en las infraestructuras críticas estén preparados para su uso con Galileo y EGNOS, lo que es sumamente importante desde la perspectiva de la seguridad;

19.  Destaca la capacidad de los satélites para facilitar una conectividad ininterrumpida de muy alta capacidad, particularmente en las zonas remotas y las regiones ultraperiféricas, lo que resulta esencial para superar la brecha digital, desarrollar las redes de alta velocidad y expandir la internet de las cosas, permitiendo así la implantación de servicios como la conducción autónoma, la gestión inteligente de flotas y del transporte de mercancías, la administración electrónica, el aprendizaje electrónico y las aplicaciones de la sanidad electrónica; hace hincapié en la complementariedad de las tecnologías terrestres y espaciales para ofrecer redes de muy alta capacidad; insiste en que la Comisión reconozca este hecho y tenga debidamente en cuenta el papel de los satélites en este ámbito; subraya además la necesidad de reservar bandas de frecuencia adecuadas para el funcionamiento de esos servicios por satélite; pide que se aborden estos aspectos en el trabajo legislativo en curso sobre redes de telecomunicaciones y que se realicen inversiones suficientes en I+D; considera asimismo que la aplicación de la Estrategia Espacial para Europa debe llevarse a cabo en coordinación con las estrategias digitales de la Comisión, con el apoyo de los Estados miembros y la industria, a fin de promover un uso eficaz y orientado a la demanda de las comunicaciones por satélite y fomentar así la conectividad generalizada en toda la Unión;

20.  Subraya el importante papel que desempeñan los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) a la hora de estimular los mercados espaciales descendentes, fundamentalmente a través de la contratación pública, y también en países que todavía no cuentan con un sector espacial de grandes dimensiones, y señala que se deben abordar esos aspectos en los debates en curso sobre el futuro de la política de cohesión; apoya la introducción de medidas específicas para el desarrollo de capacidades para prestar asistencia a los Estados miembros y las regiones en relación con las capacidades espaciales emergentes; destaca que la dimensión regional es fundamental para que los ciudadanos puedan aprovechar las ventajas del espacio y que la participación de las autoridades locales y regionales puede crear sinergias con las estrategias de especialización inteligente y la agenda urbana para la UE; aboga, por consiguiente, por una mayor participación de las autoridades regionales y locales, incluidas las de las regiones ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar, para que la política espacial de la Unión tenga éxito; subraya que se debe admitir al Comité de las Regiones como miembro del foro de usuarios de Copernicus a fin de reflejar la importancia de los agentes regionales y locales como usuarios de datos de Copernicus;

21.  Destaca que determinados usuarios, como las pymes y las autoridades locales y regionales, no están todavía suficientemente al corriente de las oportunidades de financiación, incluidas las que propone el Banco Europeo de Inversiones, para proyectos que guarden relación con Galileo o Copernicus, y que urge mejorar la divulgación selectiva de información sobre dichas oportunidades;

22.  Reconoce el papel que desempeñan las tecnologías espaciales y los dos programas espaciales emblemáticos de la Unión en la consecución de un transporte terrestre, marítimo, aéreo y espacial más inteligente, seguro y sostenible e integrado en futuros sectores estratégicos, como los vehículos autónomos y conectados y los vehículos aéreos no tripulados; considera que la Estrategia Espacial puede contribuir a satisfacer las nuevas necesidades del sector del transporte: una conectividad segura e ininterrumpida y una localización, intermodalidad e interoperabilidad más sólidas; anima a la Comisión a que incluya a las partes interesadas del sector del transporte en el diálogo con el sector espacial para garantizar la transparencia y facilitar la asimilación de la tecnología espacial europea en el mercado del transporte, con vistas a aumentar la competitividad de los servicios de transporte de la Unión en el mercado europeo y mundial; pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten atención al desarrollo del turismo espacial;

23.  Pide a la Comisión que respalde la implantación de los procedimientos de aterrizaje que utilizan EGNOS tanto en los aeropuertos pequeños como en los grandes; reitera las ventajas económicas y las mejoras en términos de exactitud, resiliencia y seguridad que puede aportar EGNOS para el uso de aplicaciones críticas para la seguridad, como los aterrizajes de aeronaves, y reitera la importancia de ampliar la cobertura de EGNOS a Europa oriental y sudoriental, con carácter prioritario, y también a África y Oriente Próximo; considera asimismo que Galileo podría desempeñar un papel crucial en el control del tráfico aéreo, funcionando como piedra angular de la transición de la vigilancia actual por radar a la vigilancia por satélite;

24.  Resalta además la importancia de equipar las aeronaves con la tecnología basada en el espacio «vigilancia dependiente automática — radiodifusión» (ADS-B) y de disponer que los operadores equipen las aeronaves con ADS-B para garantizar la exactitud y la fiabilidad del seguimiento de las aeronaves en tiempo real y el ahorro de combustible;

25.  Hace hincapié en la importancia de los programas espaciales de la Unión para cuestiones marinas y marítimas, la actividad pesquera y la economía azul en general, como por ejemplo para: luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada; estudiar y valorar el estado y la salud de los océanos y las poblaciones de peces; apoyar la productividad de las piscifactorías; facilitar la investigación marítima; y proporcionar servicios de búsqueda y salvamento y conexiones por satélite para los equipos médicos a bordo; señala, a este respecto, que son necesarias capacidades espaciales para la vigilancia de los océanos y una buena coordinación entre los servicios de Galileo, EGNOS y Copernicus;

Fomentar un sector espacial europeo innovador y competitivo a nivel mundial

26.  Señala que el éxito y la competitividad del sector espacial y el desarrollo de tecnologías revolucionarias dependen en gran medida de la investigación y la innovación; pide que se refuerce y amplíe la partida presupuestaria destinada al espacio en el marco del Noveno Programa Marco; subraya la importancia que reviste la plena colaboración entre la Unión, la AEE y los Estados miembros para asegurar la eficiencia y evitar las duplicaciones, en particular en ámbitos en los que varios actores financian la investigación; considera que debe impulsarse y financiarse la investigación y la innovación en beneficio de una amplia gama de tecnologías espaciales; insta a la Comisión a que amplíe el uso del instrumento para pymes a fin de aumentar las oportunidades de negocio en relación con los productos y servicios espaciales tanto dentro de Horizonte 2020 como en los futuros programas marco;

27.  Hace un llamamiento a la Comisión para que garantice que en la contratación pública se dispense un trato justo a las empresas de la Unión respecto de las empresas de países terceros, concretamente teniendo en cuenta los precios que las empresas aplican a otros clientes en el resto del mundo, a fin de asegurar que se respetan las normas y que los agentes del mercado se atienen a prácticas equitativas, con vistas a garantizar unas condiciones de competencia leal; señala que la industria espacial europea se enfrenta a una competencia internacional cada vez más feroz; celebra la propuesta de la Comisión de reforzar el uso de sistemas de contratación innovadores;

28.  Destaca la importancia de reforzar la base industrial europea y garantizar la autonomía estratégica de la Unión mediante la diversificación de las fuentes de suministro y la optimización del uso de múltiples proveedores de la Unión; considera, por tanto, necesario promover de forma equilibrada la participación de la industria en todos los niveles y pide a la Comisión que apoye al sector espacial europeo a lo largo de toda la cadena de valor; considera que las agrupaciones de empresas espaciales pueden resultar útiles en una estrategia industrial espacial;

29.  Pide a la Comisión que apoye el desarrollo a escala europea de nuevos modelos de negocio y de tecnologías espaciales capaces de revolucionar el sector y reducir los costes (por ejemplo, las tecnologías europeas, como globos o lanzadores reutilizables, que permiten enviar al espacio satélites de pequeño tamaño);

30.  Pide a la Comisión que, cuando determine la duración de los contratos públicos en el ámbito de las infraestructuras y los servicios espaciales, estudie la situación y las necesidades de las pymes a fin de crear condiciones de competencia equitativas para las empresas espaciales;

31.  Hace hincapié en la necesidad de invertir más decididamente en la educación y la formación de los ciudadanos europeos en el ámbito espacial, en particular para estar en condiciones de aprovechar plenamente las oportunidades creadas por el sector espacial en la transición a una sociedad digital; destaca la importancia de los avances en materia de política espacial a la hora de inspirar a las generaciones futuras y fomentar un sentimiento de identidad europea; hace hincapié, por tanto, en la necesidad de mantener y generalizar un enfoque coordinado de la educación espacial europea que motive a los jóvenes a emprender una carrera en el ámbito de la ciencia y la tecnología espaciales;

32.  Subraya que la participación en los programas facultativos de la ESA, en cuyo marco las empresas, las universidades o los institutos de investigación europeos pueden participar en la preparación de tecnologías punteras para su uso en misiones y sistemas espaciales, es una herramienta básica y fundamental para el desarrollo de la capacidad de la industria espacial europea; destaca que la participación en dichos programas puede estimular la actividad empresarial en este ámbito y permitir el acceso a proyectos científicos que exigen altos niveles de tecnología y conocimientos, lo que también puede tener un impacto positivo en el sector del transporte;

Reforzar la autonomía de Europa para acceder al espacio y para utilizarlo en un entorno seguro

33.  Recuerda que los programas espaciales de la Unión son de carácter civil y reitera su compromiso en favor de la no militarización del espacio; reconoce, no obstante, la dimensión estratégica del sector espacial para Europa, así como la necesidad de mejorar las sinergias entre la vertiente civil y la de seguridad y defensa y de utilizar las capacidades espaciales para satisfacer las necesidades de seguridad y protección, teniendo en cuenta también el entorno geopolítico y la política común de seguridad y defensa; considera que la Comisión debe analizar las sinergias entre los programas espaciales europeos y el Plan de Acción Europeo de Defensa propuesto en noviembre de 2016 para garantizar la coherencia general de este ámbito estratégico;

34.  Pide a la Comisión que agregue la demanda de los clientes institucionales de la Unión y de los Estados miembros para velar por un acceso independiente, rentable y fiable al espacio a través del uso de los lanzadores europeos Ariane y Vega y sus sucesores; considera que ello reviste una importancia estratégica crucial para las funciones de gestión de contingencias y crisis y para una política europea de seguridad y defensa resiliente;

35.  Apoya el objetivo de la Comisión de estudiar las diferentes formas de respaldar a las instalaciones de lanzamiento europeas cuando sea necesario para lograr los objetivos de las políticas o dar respuesta a las necesidades de la Unión en lo tocante a autonomía, seguridad y competitividad; destaca, en consecuencia, la importancia estratégica del puerto espacial europeo de Kurú (Guayana Francesa) y la necesidad de prestar una atención especial a los beneficios económicos y sociales para el territorio en que está situado;

36.  Recuerda que el concepto de acceso independiente al espacio está íntimamente ligado a la capacidad independiente de Europa para concebir, desarrollar, lanzar, operar y explotar sistemas espaciales;

37.  Señala una falta de visibilidad en relación con la continuación del programa de lanzadores en Europa más allá de los próximos tres o cuatro años (Ariane 6 y Vega C) y con la situación financiera de dicho programa; manifiesta su preocupación por la ausencia de programas sobre lanzadores con proyección a medio y largo plazo; insta a la Comisión a que presente un programa de trabajo sobre lanzadores en Europa para los próximos veinte años;

38.  Pide a la Comisión que fomente el desarrollo de tecnologías de lanzamiento alternativas y la integración de los principios de diseño ecológico en todos los lanzadores y recursos espaciales;

39.  Considera que en la próxima generación de sistemas por satélite debe desarrollarse adicionalmente la seguridad de la infraestructura de Galileo, incluido el segmento terrestre, y la capacidad de doble uso de Galileo y Copernicus, y mejorarse la precisión y el encriptado; recuerda que el servicio público regulado de Galileo, restringido a los usuarios autorizados por el gobierno, podría desempeñar un papel importante en el futuro para responder a nuevas amenazas, en particular en caso de crisis;

40.  Llama la atención sobre la vulnerabilidad de la infraestructura espacial a interferencias o ataques por parte de actores estatales y no estatales y a otro tipo de amenazas, como colisiones con desechos espaciales u otros satélites; recuerda la importancia de proteger las infraestructuras y comunicaciones críticas, así como el desarrollo de tecnologías resilientes; reconoce el peso cada vez mayor del espacio y de las tecnologías espaciales de doble uso, en particular en los ámbitos de la comunicación, la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento, la respuesta ante catástrofes y el control de armamento, y subraya la importancia vital que revisten las capacidades espaciales en la lucha contra el terrorismo; alienta además las inversiones para acelerar el desarrollo de nuevas capacidades y tecnologías espaciales; considera necesario mejorar las capacidades para hacer frente a las amenazas emergentes en el ámbito espacial, lo que a su vez reforzaría la capacidad del sector espacial europeo de responder a mercados, actores y tecnologías cambiantes;

41.  Hace un llamamiento a la Comisión para que reduzca los riesgos que representan los desechos espaciales mejorando los servicios actuales de vigilancia y seguimiento espacial (VSE), con objeto de establecer un programa para la creación de un sistema independiente capaz de reconocer las amenazas que representan los desechos espaciales para las infraestructuras espaciales europeas, complementar las medidas para evitar colisiones y, a largo plazo, eliminar activamente los desechos; apoya el plan de ampliar el ámbito de aplicación de los servicios VSE a las previsiones meteorológicas basadas en el espacio y propone que se preste más atención a los objetos cercanos a la Tierra para evitar que uno de ellos colisione con ella, con consecuencias posiblemente catastróficas; hace hincapié en que deben desarrollarse y ampliarse las capacidades y los conocimientos especializados en estos ámbitos, incluidos los que posee la AEE; reafirma la necesidad de facilitar la mayor cantidad de datos abiertos posible a fin de fomentar la investigación e innovación;

42.  Recuerda la importancia cada vez mayor de la ciberseguridad para los programas espaciales y señala que este problema es especialmente grave habida cuenta de que gran parte de nuestra economía depende de servicios relacionados con el espacio; pide a la Comisión que mitigue los riesgos a los que se enfrentan los activos espaciales de la Unión a través de la adopción de medidas adecuadas —incluido, cuando proceda, el encriptado— para proteger la infraestructura espacial de las amenazas informáticas; pide asimismo a la Comisión que vele por que todas las agencias pertinentes dispongan de planes de contingencia en caso de posibles ataques informáticos;

43.  Considera que la iniciativa prevista de Govsatcom es una medida muy prometedora para garantizar el acceso de los agentes institucionales europeos a servicios seguros, eficaces y rentables, que responden a las necesidades de los usuarios en un amplio abanico de ámbitos, y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento, la competitividad y la innovación a través de todo el sector europeo de telecomunicaciones por satélite; pide a la Comisión que, si la evaluación de impacto es lo suficientemente satisfactoria, desarrolle la iniciativa prevista de Govsatcom de forma que sea rentable, recurriendo al efecto, por ejemplo, a la puesta en común y utilización compartida de capacidades o a la compra de servicios de satélites de comunicación comerciales certificados, y que garantice que dicha iniciativa cree un valor añadido significativo y no duplique las estructuras existentes;

44.  Subraya la importancia de contar con una política espacial integral para Europa destinada a reforzar de manera efectiva la política exterior y de seguridad común, dotando a las instituciones pertinentes de inteligencia independiente, como conocimiento de la situación en tiempo real;

Reforzar el papel de Europa como actor mundial y promover la cooperación internacional

45.  Pide a la Comisión que promueva los recursos espaciales de la Unión y su capacidad industrial en ese sector en todos los aspectos pertinentes de sus relaciones exteriores;

46.  Opina que para garantizar un entorno espacial pacífico y seguro será necesaria la cooperación con socios internacionales para promover la adopción de normas de comportamiento responsable y sostenibilidad, en particular en relación con la exploración espacial, y pide a la Comisión que trabaje estrechamente con el SEAE y los Estados miembros para conseguirlo;

47.  Destaca la necesidad de que exista una coordinación internacional sobre la gestión del tráfico y los desechos espaciales, que van a incrementarse forzosamente debido a la instalación prevista de las denominadas «megaconstelaciones» y a la congestión en las órbitas cercanas a la Tierra que se puede derivar de la continua reducción de los costes de lanzamiento de los satélites;

48.  Pide a la Comisión que vigile las ambiciones del sector privado en ámbitos como la minería espacial y que analice las repercusiones de estas en el marco jurídico vigente y, en particular, en el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre; considera que deben defenderse los principios básicos del Tratado y que es necesario impedir una carrera espacial en pos de recursos agotables; insta a los Estados miembros a trabajar para lograr un enfoque europeo coordinado y pide a la Comisión que lidere la negociación de un consenso; reconoce que el espacio es patrimonio común de la humanidad;

49.  Acoge muy positivamente la intención expresada por la Comisión de servirse de la diplomacia económica para crear nuevas oportunidades de negocio para el sector espacial europeo; destaca que los actores europeos que participan en mercados de países terceros deberían contar con el apoyo de la Comisión y, cuando proceda, de las autoridades de los Estados miembros, ya sea de forma individual o a través de la AEE, y de organismos como la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA); recomienda que se elaboren por adelantado planes para ese apoyo coordinado;

Garantizar un verdadero funcionamiento

50.  Destaca que el Parlamento debe desempeñar un papel activo en el desarrollo de la política espacial de la Unión y que debe participar en todos los intercambios que mantengan la Comisión, el Consejo, el SEAE y la AEE sobre cuestiones relacionadas con el espacio;

51.  Considera que el apoyo democrático es importante para invertir en el espacio; pide a la Comisión que presente una estrategia de comunicación bien concebida y completa sobre los beneficios de las tecnologías espaciales para los ciudadanos y empresas; insta a la Comisión a que, a la hora de aplicar esta estrategia, la base en los tres pilares siguientes, cada uno de ellos orientado a un grupo importante de destinatarios: a) concienciar al público de la necesidad de invertir en el espacio; b) informar a las pymes y a los emprendedores de las oportunidades que ofrecen los programas espaciales emblemáticos; c) incluir el espacio en la educación para suplir la carencia de competencias; pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo una hoja de ruta para la elaboración de esta estrategia de comunicación lo antes posible;

52.  Pide a la Comisión que elabore un calendario para la aplicación de las medidas propuestas en el marco de la estrategia, presente regularmente informes de aplicación, proponga la legislación necesaria y prevea las acciones adicionales concretas y tangibles que sean necesarias para alcanzar a su debido tiempo los objetivos esbozados en la estrategia;

o
o   o

53.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la Agencia Espacial Europea.

(1) DO L 122 de 24.4.2014, p. 44.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 1.
(3) DO L 158 de 27.5.2014, p. 227.
(4) DO L 150 de 20.5.2014, p. 72.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0267.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0268.
(7) DO C 468 de 15.12.2016, p.12.
(8) DO C 227 E de 6.8.2013, p. 16.
(9) DO C 380 E de 11.12.2012, p. 1.
(10) «Space Market Uptake in Europe» (Implantación de mercado del sector espacial en Europa), estudio para la Comisión ITRE, Dirección General de Políticas Interiores, Departamento Temático A, 2016, ISBN 978-92-823-8537-1.
(11) https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2016_2017/main/h2020-wp1617-leit-space_en.pdf, p. 48.


Formación universitaria continua y a distancia como parte de la estrategia europea de aprendizaje permanente
PDF 301kWORD 54k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre la formación universitaria continua y a distancia como parte de la estrategia europea de aprendizaje permanente (2016/2142(INI))
P8_TA(2017)0324A8-0252/2017

El Parlamento Europeo,

–   Vistos los artículos 8, 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 14,

–  Vista la Declaración de Copenhague, de 30 de noviembre de 2002, sobre una mejor cooperación europea en materia de educación y formación profesionales,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020)(1),

–  Visto el Informe conjunto de 2012 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) – «Educación y formación en una Europa inteligente, sostenible e inclusiva»(2),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre formación eficaz de los docentes,

–  Visto el Informe conjunto de 2015 del Consejo y de la Comisión sobre la aplicación del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020) – «Nuevas prioridades para la cooperación europea en educación y formación»(3),

–  Vista la Resolución del Consejo, de 20 de diciembre de 2011, sobre un plan europeo renovado de aprendizaje de adultos(4),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de noviembre de 2012, titulada «Un nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos» (COM(2012)0669),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 17 de febrero de 2014, sobre la inversión en educación y formación – Respuesta a «Un nuevo concepto de educación: invertir en las competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos» y al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2013(5),

–  Vista la Decisión n.º 1720/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente(6),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Unión en 2010,

–  Vista la Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente(7),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de noviembre de 2010, sobre la educación para el desarrollo sostenible(8),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de diciembre de 2012, sobre la validación del aprendizaje no formal e informal(9),

–  Vista la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a la creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente(10),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre una garantía de calidad como forma de ayuda a la educación y la formación(11),

–  Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre Erasmus+ y otros instrumentos para fomentar la movilidad en la EFP – un enfoque basado en el aprendizaje permanente(12),

–  Vista su Resolución, de 23 de junio de 2016, sobre el seguimiento del marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación (ET 2020)(13),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 31 de enero de 2014, titulado «Apertura de la educación»(14),

–  Vista el estudio de la Comisión relativo al ET 2020: mejora de la política y oferta para el aprendizaje de adultos en Europa(15),

–  Vista su Resolución, de 10 de septiembre de 2015, sobre la creación de un mercado de trabajo competitivo en la UE del siglo XXI: adecuación de las competencias y las cualificaciones a la demanda y las perspectivas de empleo como medio para recuperarse de la crisis(16),

–  Vistas las conclusiones del Consejo sobre el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020)(17),

–  Visto el Proyecto de Conclusiones del Consejo, de 20 de febrero de 2017, sobre la mejora de las capacidades de mujeres y hombres en el mercado de trabajo de la UE(18),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 28 de noviembre de 2011, sobre un plan europeo renovado de aprendizaje de adultos,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0252/2017),

A.  Considerando que los sistemas educativos se están enfrentando a retos importantes como consecuencia de la transformación digital, que están repercutiendo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la necesidad de reforzar la capacidad de inclusión social y participación ciudadana así como el desarrollo personal, y de potenciar los valores democráticos europeos y la tolerancia con el fin de promover una actitud abierta y prevenir todo tipo de intolerancia; que la adquisición de capacidades digitales y la autoconfianza son requisitos esenciales para la construcción de sociedades fuertes y para respaldar los procesos de unidad e integración dentro de la Unión;

B.  Considerando que debe reforzarse la estrategia europea de aprendizaje permanente; que toda persona, en cualquier etapa de su vida, debe contar con oportunidades de aprendizaje permanente para adquirir el conocimiento y las capacidades necesarias para su desarrollo personal y su progreso profesional; que el aprendizaje permanente en contextos formales, no formales e informales, que fomenta la ciudadanía activa y la empleabilidad, es un factor clave de la educación en el que repercuten esos cambios;

C.  Considerando que es necesario realizar esfuerzos adicionales para mejorar las sinergias entre la educación y el empleo, facilitando el acceso al mercado de trabajo y permitiendo que las personas actualicen constantemente sus capacidades o adquieran otras nuevas a lo largo de sus carreras; que los Estados miembros necesitan encontrar modos de proteger o promover la inversión a largo plazo en educación, investigación e innovación;

D.  Considerando que la formación universitaria continua y a distancia contribuye de forma importante al desarrollo personal individual y a la formación de capital humano y debe convertirse en parte integrante de la estrategia europea de aprendizaje permanente;

E.  Considerando que la formación universitaria continua y a distancia está adquiriendo una importancia cada vez mayor a la hora de facilitar la adaptación de los trabajadores a la evolución económica y tecnológica a lo largo de su vida profesional; que en 2025 el 49 % de todas las ofertas de empleo en la Unión (incluidas tanto las nuevas como las de sustitución) requerirán un nivel elevado de cualificación, el 40 % un nivel medio y solo el 11 % un nivel bajo o ningún tipo de cualificación;

F.  Considerando que la formación universitaria continua y a distancia es un instrumento importante importantes a la hora de brindar oportunidades educativas flexibles y personalizadas para todos, sin ningún tipo de discriminación(19); insistiendo, en este sentido, en la importancia de garantizar estrategias de ampliación del acceso;

G.  Considerando que la formación universitaria continua y a distancia y la utilización de nuevas tecnologías pueden ayudar a concienciar a las chicas y a las mujeres sobre nuevas oportunidades de carrera, en particular en campos en los que están poco representadas; que, aunque hay más mujeres con titulaciones avanzadas de educación secundaria y superior, existe la necesidad de aumentar la presencia de mujeres en la formación profesional y en los sectores CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas);

H.  Considerando que, en el marco de la formación universitaria continua, uno de los posibles planteamientos es la formación a distancia, cuya flexibilidad la hace especialmente propicia a la conciliación de estudios, trabajo y familia;

I.  Considerando que la formación a distancia(20) hace referencia a una forma de enseñanza que brinda un alto grado de flexibilidad mediante el uso de tecnologías educativas digitales y que, sin sustituir la formación presencial, brinda una alternativa a los alumnos que no pueden participar en esta;

J.  Considerando que la formación a distancia hace referencia a un método de enseñanza que permite aprender de manera flexible mediante el uso de tecnologías emergentes, y que, sin sustituir la formación presencial, brinda una alternativa a los alumnos que no pueden participar en esta y a los trabajadores que desean compaginar trabajo y formación; que, por tanto, la digitalización podría utilizarse como una herramienta para proporcionar nuevas vías de acceso a la educación superior;

K.  Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión consagrado en los Tratados y constituye uno de los objetivos y cometidos de la Unión; que la igualdad en materia educativa ofrece más oportunidades a las mujeres y contribuye al desarrollo social, cultural y económico de la sociedad; que la educación es una herramienta fundamental para luchar contra los estereotipos de género;

L.  Considerando que la tasa media de empleo de las mujeres está directamente relacionada con su nivel de educación, teniendo las mujeres de entre 25 y 49 años que han finalizado su educación superior tasas de empleo un 20 % más altas que las mujeres con educación preescolar, primaria y secundaria inferior;

M.  Considerando que la formación a distancia puede tener efectos positivos en las competencias informáticas de las mujeres; que la entrada de más mujeres en el sector de las TIC supondría un impulso en un mercado que se prevé que sufra escasez de mano de obra y en el que la participación equitativa de las mujeres redundaría en un aumento anual de unos 9 000 millones EUR en el PIB de la UE; que las mujeres siguen estando muy infrarrepresentadas en los estudios universitarios en TIC, ya que tan solo constituyen alrededor del 20 % de los licenciados en este ámbito y solo un 3 % de todas las mujeres licenciadas tienen un título relacionado con las TIC;

N.  Considerando que un número significativo de mujeres sigue programas de formación a distancia en aquellas sociedades en que las mujeres carecen de una igualdad de oportunidades para participar en las modalidades convencionales de educación y formación, puesto que las mujeres todavía dedican más tiempo que los hombres a las tareas domésticas no remuneradas y al cuidado de la familia; que dichos cursos les ofrecen flexibilidad a la hora de conciliar la vida laboral y familiar, y que la formación a distancia se dirige, en particular, al grupo de los estudiantes no tradicionales;

O.  Considerando que la formación universitaria continua se cuenta entre las tareas de servicio público de la educación superior y que dicha formación hace referencia a los cursos ofrecidos por una institución académica que pueden compaginarse con un empleo a tiempo completo, basándose, por lo general, en la experiencia profesional y presuponiendo normalmente la posesión de un título universitario;

P.  Considerando que la adaptación a la aceleración del cambio económico y tecnológico es un enorme reto para una mano de obra que envejece y que la respuesta a este reto será una de las claves para garantizar la competitividad a largo plazo de la economía de la Unión Europea;

Q.  Considerando que el reconocimiento del aprendizaje previo podría impulsar las políticas de aprendizaje permanente y desarrollo profesional;

R.  Considerando que conceder a las personas tiempo libre para su desarrollo personal y formativo en el contexto del aprendizaje permanente resulta beneficioso para su bienestar y mejora su contribución a la sociedad, al dotarles de unas capacidades personales y profesionales más definidas; que la formación universitaria a distancia ofrece formatos de estudio flexibles que ayudan a mejorar el equilibrio entre la vida privada y profesional de las personas; que la formación universitaria permanente debería formar parte de la estrategia europea de digitalización;

S.  Considerando que la digitalización hace posible la flexibilidad y la interacción en el proceso educativo y que es un factor clave para el desarrollo ulterior de la formación universitaria continua y a distancia;

T.  Considerando que la evolución tecnológica exige establecer vínculos más estrechos y prolongados entre la educación y el empleo;

U.  Considerando que la tendencia al estatismo de las instituciones universitarias dificulta la reforma de los planes de estudio, las normativas académicas y de evaluación y los requisitos de acceso;

V.  Considerando que la formación universitaria continua y a distancia es un sector que se está expandiendo con rapidez y que presenta un potencial significativo en términos de crecimiento económico y creación de empleo;

W.  Considerando que el acceso a los cursos de formación universitaria continua y a distancia sigue presentando un gran número de obstáculos(21);

La formación continua y a distancia para acompañar los cambios sociales y económicos

1.  Reconoce que la formación en línea y abierta está cambiando la manera de dotar de recursos a la formación, así como de impartirla y asimilarla; subraya a este respecto la importancia de unos recursos educativos abiertos que garanticen el acceso de todos a la educación y mejoren las posibilidades de encontrar empleo respaldando el proceso de aprendizaje permanente;

2.  Constata que a muchas instituciones de educación y formación les está costando dar una respuesta adecuada a los profundos y complejos cambios por los que atraviesan nuestras sociedades y economías, y han de acometer cambios en cuanto a gobierno, estructuras organizativas y modos de funcionamiento; hace hincapié en que unas nuevas modalidades de aprendizaje permanente, flexibles, accesibles y adaptadas a las personas de todas las edades pueden servir para dar una respuesta satisfactoria a algunos de esos desafíos, como la exclusión social, el abandono escolar prematuro y la inadecuación de las capacidades;

3.  Reconoce que la digitalización y el establecimiento de plataformas educativas comunes con fines de cooperación e intercambio de mejores prácticas son factores clave para enfrentar estos retos;

4.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen sus acciones al objeto de reducir la brecha tecnológica existente entre las instituciones educativas bien equipadas y las que no lo están, como parte de las estrategias nacionales en materia de capacidades digitales;

5.  Destaca que las medidas de aprendizaje permanente son esenciales para dotar a las mujeres de capacidades que les permitan reincorporarse al mundo laboral o mejorar su empleo, sus ingresos y sus condiciones laborales; hace hincapié en la necesidad de incrementar la presencia de las mujeres en los niveles más altos del ámbito académico;

6.  Subraya la importancia de la educación en la lucha contra los estereotipos de género; pide a la Comisión, por tanto, que fomente iniciativas que apoyen la puesta en práctica de programas de educación profesional a distancia para las mujeres, incluida la enseñanza superior en los ámbitos científicos, tecnológicos y de las tecnologías de la información, el desarrollo de programas de formación en materia de igualdad de género para profesionales de la educación, y la prevención de la transmisión de estereotipos a través de los planes de estudios y del material pedagógico;

7.  Destaca que las instituciones universitarias han de preparar a los ciudadanos para las sociedades del conocimiento y unas economías en constante cambio, y dotarles de las aptitudes y destrezas para el autoaprendizaje y de un espíritu emprendedor y capacidades transversales, como la resolución de problemas y la adaptabilidad, que les permitan explorar sus propios itinerarios y desarrollar plenamente su potencial;

8.  Pone de relieve, asimismo, que las instituciones universitarias desempeñan un importante papel en el fomento de una ciudadanía activa y han de proporcionar a los estudiantes competencias transversales, como las competencias cívicas, sociales y ciudadanas;

9.  Reconoce que los enfoques centrados en el estudiante reducen las tasas de fracaso escolar y permiten a los estudiantes aprovechar al máximo su potencial(22); hace hincapié, a este respecto, en la importancia de facilitar servicios de orientación profesional permanente para todos;

10.  Reconoce el potencial del intercambio de conocimientos para mejorar la participación activa y la comprensión internacional de los ciudadanos en sociedades en permanente cambio;

11.  Reconoce la necesidad de profundizar en la cooperación entre los centros educativos y formativos, las comunidades locales y la economía; resalta la necesidad de lograr unas mejores sinergias entre los proveedores de educación formal, no formal e informal, a fin de impulsar oportunidades de aprendizaje permanente para todos;

12.  Opina que el acceso a las oportunidades de aprendizaje y formación debe ser un derecho de todos en cualquier fase de la vida, con miras a adquirir capacidades transversales, como el razonamiento numérico, la alfabetización digital y mediática, el pensamiento crítico, las habilidades sociales y otras capacidades relevantes para la vida, a fin de poder adaptarse mejor para el futuro;

13.  Resalta la necesidad de prestar un apoyo específico a quienes se forman en el puesto de trabajo, los aprendices y los empleados, al objeto de garantizar la inclusión de todas las personas en el mercado laboral; considera fundamental incorporar nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza y aprendizaje, con el fin de dotar a las personas de las capacidades, las competencias y los conocimientos adecuados que les permitan utilizar las tecnologías digitales de una forma innovadora y creativa;

14.  Solicita una mejor inclusión y permanencia de las personas en el mercado laboral, gracias a las mejoras de sus competencias mediante la formación universitaria continua y a distancia y la formación profesional; destaca la necesidad de aumentar el atractivo y mejorar el acceso a la información sobre las opciones de la formación profesional para los jóvenes y sus familias; recuerda a este respecto que el objetivo de la movilidad con fines de aprendizaje en el sector de la formación profesional del programa Erasmus+ dista de estar conseguido y que debe prestársele una mayor atención;

15.  Subraya la importancia de Erasmus+ y Horizonte 2020 para la mejora del aprendizaje permanente; pide, por tanto, a los Estados miembros que exploren todo el potencial de dichos programas; resalta que debe haber programas adaptados a la formación universitaria continua con fines laborales;

16.  Reconoce que el acceso a una educación de calidad e integradora reviste una importancia vital y que es preciso, por tanto, apoyar la formación abierta y a distancia para satisfacer las necesidades especiales de quienes queden fuera del alcance de los sistemas educativos tradicionales, en particular los grupos desfavorecidos; pide a los Estados miembros que canalicen inversiones a tal efecto;

La importancia de la calidad y la flexibilidad en la formación

17.  Constata que la mejora permanente de la calidad de la educación, tanto formal como no formal, es determinante en el marco de los esfuerzos de la Unión para garantizar la cohesión social, la competitividad y un crecimiento sostenido;

18.  Resalta que para seguir siendo competitivas y proporcionar las mejores posibilidades de éxito a los trabajadores tanto de alta como de baja cualificación, las empresas, junto con los centros educativos y formativos, han de ofrecer formación y educación centrada en la carrera profesional a lo largo de toda la vida laboral;

19.  Destaca la especial importancia de los métodos de calidad en la transmisión de conocimientos y capacidades con vistas a los resultados educativos; hace hincapié en la necesidad de inversiones y de apoyo al desarrollo profesional y reciclaje permanente de los docentes; resalta, en este contexto, la necesidad de asegurar unos altos estándares en la formación a distancia y la importancia de desarrollar nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje, como parte del proceso de innovación y la digitalización gradual de la educación; reconoce, en este contexto, que unas infraestructuras y unos recursos adecuados son elementos vitales para la mejora de la calidad de la enseñanza;

20.  Observa que dicho fin exige la toma en consideración y la valoración del personal docente, una remuneración y unas condiciones laborales atractivas, y un mejor acceso a más formación durante el tiempo de trabajo, especialmente en enseñanza digital;

21.  Pide que las universidades apuesten por la formación a distancia cada vez a mayor escala, y la amplíen para que abarque también los cursos profesionales de corta duración y gratuitos;

22.  Insiste en que se aseguren oportunidades para que los estudiantes que participan en cursos de formación a distancia se comuniquen con los docentes y reciban su asesoramiento, de modo que se garantice que cuentan con el apoyo, la orientación y los incentivos adecuados a lo largo de sus estudios;

23.  Reconoce que los formatos educativos flexibles, como el aprendizaje a distancia y mixto, permiten a las personas con un empleo disfrutar de un mejor equilibrio entre su vida privada y profesional;

24.  Reconoce el papel fundamental de la formación a distancia para las personas que, por sus condiciones físicas, no pueden asistir a clases presenciales;

25.  Promueve la idea de brindar formación a medida y cursos puente diseñados para aquellas personas que quieran matricularse en la universidad y que precisen mejorar sus cualificaciones para cumplir los requisitos de acceso;

26.  Hace hincapié en la necesidad de esforzarse por adoptar un enfoque más flexible y personalizado en relación con el desarrollo profesional y la educación y la formación permanentes durante toda la trayectoria profesional de la persona; valora el papel que pueden desempeñar en este sentido los agentes públicos, en primer lugar, y también los privados, al tiempo que reconoce que una orientación y un asesoramiento que aborden las necesidades y preferencias de cada uno y se centre en la evaluación y la expansión de las competencias individuales deben ser un elemento central de las políticas de educación y capacitación desde una fase temprana;

27.  Destaca la importancia de la interactividad para la mejora de la formación a distancia mediante el uso de modernos métodos de comunicación que permitan ejercicios prácticos, la participación de los alumnos en el proceso pedagógico y el desarrollo de aptitudes de comunicación;

28.  Promueve la idea de garantizar el acceso al aprendizaje permanente, en particular con miras a facilitar la reinserción laboral, también de las mujeres y los cuidadores;

29.  Destaca la necesidad de un seguimiento permanente de la formación a distancia en el marco de la modernización continua de los métodos y las herramientas de enseñanza;

30.  Pone de relieve la necesidad de que los jóvenes desarrollen capacidades de autoaprendizaje (entre ellas, la organización del propio trabajo, el tratamiento de la información, el pensamiento crítico y el mantenimiento de la motivación) para que en el futuro puedan utilizar las nuevas tecnologías a fin de perfeccionar sus competencias mediante la formación a distancia;

La formación continua y a distancia como instrumento para el desarrollo de las universidades

31.  Reconoce que formación universitaria continua y a distancia crea oportunidades de desarrollo para que las universidades puedan ampliar su ámbito de competencias y extender su oferta de programas con miras a llegar a un público más amplio y diversificar sus ingresos, teniendo en cuenta que los costes de la formación a distancia son menores que los de las modalidades presenciales;

32.  Reconoce que la formación a distancia favorece el desarrollo de los ámbitos interdisciplinares y la realización de estudios internacionales;

33.  Pide a las universidades que amplíen su oferta de formación a distancia;

34.  Reconoce la función de la estrategia de especialización inteligente (RIS3) a la hora de desarrollar potenciales regionales clave con arreglo a las necesidades del mercado laboral;

Desafíos tecnológicos

35.  Admite la necesidad de no quedarse a la zaga del rápido cambio tecnológico, en particular en el caso de la formación a distancia, y que no se puede subestimar la importancia y la dependencia de las TIC; es de la opinión de que las TIC son un instrumento mediante el cual los grandes retos del desarrollo y la educación pueden abordarse de manera óptima y rentable; considera que los esfuerzos deberían contar también con el respaldo de una fuerte inversión en educación, por ejemplo mediante la utilización del Fondo Social Europeo, con el fin de desarrollar las capacidades digitales y la alfabetización mediática en todos los niveles;

36.  Toma nota con pesar de que la falta de alfabetización digital constituye en la actualidad un problema importante tanto entre los educadores como entre los alumnos; reitera la importancia de la competencia tecnológica para poder aprovechar el potencial de la formación a distancia y facilitar la aplicación de nuevos métodos de aprendizaje y enseñanza;

37.  Señala la necesidad de abordar la brecha digital y de garantizar la igualdad de oportunidades para todos a la hora de obtener el acceso a las tecnologías digitales, así como a las competencias, las actitudes y la motivación necesarias para una participación digital significativa;

38.  Destaca que solo una cuarta parte de los niños en edad escolar en Europa tiene docentes que dominen las tecnologías digitales, lo que supone un gran escollo para que prosperen nuevos métodos pedagógicos; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que proporcionen a las escuelas un apoyo más firme y oportunidades de refuerzo de las capacidades, también mediante la formación en alfabetización digital y mediática y oportunidades de desarrollo profesional permanente para los educadores;

39.  Resalta la necesidad de invertir y apoyar el desarrollo profesional de los docentes de todos los sectores educativos y de establecer servicios de orientación profesional permanente;

40.  Reconoce la importancia de las nuevas plataformas digitales en el ámbito educativo, al mismo tiempo que hace hincapié en los aspectos de seguridad e intimidad a los que se enfrentan tanto las instituciones universitarias como los estudiantes;

41.  Destaca la importancia de las capacidades en CTIM y deplora de nuevo el desequilibrio de género en este ámbito;

Desafíos financieros

42.  Admite la necesidad de una financiación adecuada destinada a la educación de calidad y a la formación a medida; destaca que la formación a distancia puede facilitar una educación de gran calidad centrada en el alumno a un coste inferior; pone de relieve la relevancia de una mayor participación financiera y práctica de la industria y las empresas en la formación profesional;

43.  Recalca la necesidad de que el gasto educativo se considere una inversión a largo plazo que proporciona beneficios duraderos;

44.  Considera que el coste no ha de suponer una traba a la hora de matricularse y participar en la educación, reconociendo al mismo tiempo los problemas subyacentes que dan lugar a costes elevados y que en algunos Estados miembros les resulta imposible a los ciudadanos pagar las tasas de matrícula; alienta, por tanto, a la Comisión y los Estados miembros a redoblar su apoyo y fomentar la formación a distancia como una opción educativa de calidad, asequible, flexible y personalizada;

Desafíos vinculados con el marco normativo

45.  Reconoce las diferencias entre los marcos normativos de la formación profesional tradicional y de la formación universitaria continua y a distancia; subraya que la formación a distancia debe acreditarse con arreglo a las mismas normas que la educación presencial pero con distintos indicadores y criterios adscritos a la misma;

46.  Reconoce la importancia de la gobernanza activa y la participación de las partes interesadas;

47.  Reconoce la importancia de garantizar la calidad de la formación a distancia y la homologación de sus resultados;

48.  Recuerda que muchos de los instrumentos europeos de transparencia existentes, como el Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) y el Sistema Europeo de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales (ECVET), se han desarrollado de manera aislada; reconoce que para que las personas puedan medir mejor sus progresos y oportunidades y aprovechar los resultados del aprendizaje obtenidos en diferentes contextos, es necesario que dichos instrumentos estén mejor coordinados, se apoyen en sistemas de garantía de calidad y se integren en un marco nacional de cualificaciones, con el fin de reforzar la confianza de los distintos sectores y actores, incluidos los empresarios;

49.  Reconoce la importancia del aprendizaje tanto mixto como en línea, en particular en el ámbito de la EFP; subraya que la combinación de las tecnologías digitales de gran calidad y las oportunidades de aprendizaje presencial da lugar a unos mayores logros por parte de los estudiantes, por lo que alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que redoblen su apoyo y fomenten el aprendizaje mixto;

50.  Pide a la Comisión que refuerce la estrategia europea de aprendizaje permanente y que convierta la formación universitaria continua y a distancia en parte integrante de la misma a fin de fomentar la adaptación de una mano de obra que envejece al cambio económico y tecnológico; solicita, además, a la Comisión que evalúe la posibilidad de incrementar los fondos para la formación universitaria continua y a distancia a través de los programas existentes y futuros;

51.  Reconoce la necesidad de un enfoque global multisectorial y multidisciplinar con respecto a la educación y la formación, incluido el aprendizaje permanente, así como la necesidad de una cooperación transectorial en el desarrollo y la aplicación de las políticas educativas;

Recomendaciones a escala europea

52.  Hace hincapié en la necesidad de alentar la cooperación y el intercambio de las mejores prácticas entre los sistemas educativos; anima, además, a las agencias de garantía de la calidad a que compartan las mejores prácticas a la hora de desarrollar criterios para el reconocimiento de los nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje;

53.  Pide una revisión del Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) para promover la comparabilidad de las cualificaciones entre los países incluidos en el MEC y otros países, en particular, los países vecinos y otros Estados que hayan desarrollado marcos de cualificaciones, con el fin de entender mejor las cualificaciones obtenidas en el extranjero e integrar a las personas de origen migrante y a los refugiados en el aprendizaje permanente y el empleo;

54.  Pide a la Comisión que refuerce considerablemente el apoyo a la formación universitaria continua y a distancia a través de Erasmus+ fomentando el desarrollo de redes europeas y facilitando el intercambio de buenas prácticas, la creación de proyectos que asocien a instituciones con sede en distintos Estados miembros, y una mayor accesibilidad para los estudiantes de otros países europeos y de países terceros;

55.  Aboga por la creación de plataformas en línea de fácil manejo que sirvan de ventanilla única y faciliten el intercambio de las mejores prácticas entre los profesionales de la enseñanza, así como entre el alumnado;

56.  Pide a la Comisión que desarrolle una plataforma de aprendizaje segura e integrada diseñada para las instituciones educativas europeas y que se les ofrezca de forma gratuita, potenciando de este modo el recurso al aprendizaje electrónico en toda la Unión;

57.  Reconoce la necesidad de seguir desarrollando la plataforma de hermanamiento electrónico («eTwinning») y el portal educativo de la Comisión «School Education Gateway» para fomentar los intercambios constructivos entre los docentes y otros profesionales;

58.  Alienta la creación de vínculos más estrechos entre la formación universitaria continua (que no está orientada exclusivamente a la investigación) y la educación y formación profesionales para la adquisición de capacidades, y acciones que aseguren que ambas se puedan cursar y solicitar en cualquier momento;

59.  Recomienda la confirmación de los esfuerzos en lo que se refiere al aprendizaje permanente a través de la estrategia europea de digitalización y la preparación de una evaluación de impacto en materia de género de las medidas propuestas;

60.  Acoge con satisfacción el ambicioso plan para facilitar una conexión ultrarrápida a internet a los centros de enseñanza primaria y secundaria y las bibliotecas antes de 2025, porque una conectividad mejor y más rápida brinda grandes oportunidades para mejorar los métodos de enseñanza, promover la investigación y desarrollar servicios educativos en línea de gran calidad; destaca que el despliegue de esas tecnologías crea mejores oportunidades para la formación a distancia, especialmente en las zonas rurales y las regiones ultraperiféricas; hace hincapié en que esas oportunidades incrementarán las capacidades digitales y la alfabetización mediática de los niños y los estudiantes;

61.  Subraya que la adaptación de los sistemas educativos y de formación es vital para responder a la demanda creciente de profesionales con capacidades digitales en la Unión; destaca que, para lograr un verdadero mercado único digital en Europa, se requieren mayores esfuerzos a fin de mejorar la alfabetización mediática de los ciudadanos y particularmente de los menores;

62.  Resalta la importancia de que se redoblen los esfuerzos a escala europea de modo que la estrategia europea de aprendizaje permanente sea una realidad al alcance de todos, junto con el objetivo de facilitar también una serie de oportunidades de aprendizaje que puedan aprovecharse para el desarrollo y la realización personal; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan e inviertan en el aprendizaje permanente, en especial en países con un índice de participación inferior al nivel de referencia del 15 %;

63.  Hace un llamamiento a los Estados miembros para que fomenten la cooperación y refuercen las sinergias entre los proveedores de educación formal, no formal e informal, con el fin de llegar a un grupo más amplio de personas y tener más en cuenta sus necesidades específicas;

64.  Recomienda que los docentes que impartan cursos a distancia cuenten con una formación específica certificada;

Recomendaciones a escala de Estado miembro

65.  Solicita a los Estados miembros que apliquen un planteamiento holístico a la educación y ofrezcan a los estudiantes oportunidades de formación reales, diversas y equitativas que promuevan el desarrollo de sus aspiraciones y de las capacidades necesarias para prosperar tanto en una economía global que cambia sin cesar como en una sociedad democrática;

66.  Anima a los Estados miembros a utilizar los sistemas de validación existentes para evaluar y certificar las capacidades adquiridas mediante itinerarios de mejora de capacidades y a garantizar su reconocimiento con vistas a la obtención de una cualificación, de conformidad con el marco y los sistemas nacionales de cualificaciones;

67.  Hace hincapié en que un mayor despliegue de las infraestructuras digitales, en particular en las zonas menos densamente pobladas, fomenta la integración social y cultural, los procesos modernos de educación e información y una economía de la cultura regional;

68.  Hace un llamamiento a los Estados miembros para que prevean oportunidades de formación en el ámbito de las TIC y el desarrollo de las capacidades digitales y la alfabetización mediática en todos los niveles educativos;

69.  Reitera la importancia de que las instituciones universitarias y educativas respondan con rapidez a los cambios en la sociedad y el mercado laboral, y adecuen y modernicen sus métodos de trabajo y permitan a los estudiantes desarrollar sus capacidades en consecuencia; subraya que la educación es un proceso de capacitación permanente que debe ayudar a los ciudadanos a alcanzar su desarrollo, creatividad y bienestar personales;

70.  Insta a las instituciones universitarias a anticipar los cambios en la sociedad y el mercado laboral, y a adecuar su funcionamiento de manera acorde; observa que el desarrollo de los sectores orientados al futuro, en concreto la economía verde y circular, desempeña un papel determinante en cuanto al tipo de capacidades necesarias;

71.  Invita además a las instituciones universitarias a ofrecer cursos multilingües adecuados a las competencias de los migrantes, permitiendo un acceso más sencillo a los programas educativos;

72.  Destaca la necesidad de una mayor flexibilidad en los sistemas educativos de los Estados miembros a fin de permitir un uso más eficaz de los métodos de enseñanza abiertos y en línea;

73.  Insta a los Estados miembros a mejorar la disponibilidad de los datos relativos al empleo y la situación social de los titulados («seguimiento de los titulados»), incluidos los datos de la formación profesional y el sector de la formación;

74.  Invita a la Unión Europea y a los Estados miembros a desarrollar y poner en marcha «corredores educativos» mediante el impulso a acuerdos con las universidades europeas, como la Unión de Universidades del Mediterráneo (Unimed) o las redes de universidades de enseñanza a distancia, para hospedar a estudiantes refugiados procedentes de zonas en conflicto, incluso mediante programas de formación académica a distancia;

75.  Destaca la importancia de la formación especializada para los docentes en el ámbito de la enseñanza universitaria continua y a distancia, en aras de satisfacer las necesidades de sus estudiantes;

76.  Hace hincapié en la necesidad de un sistema de garantía de calidad y homologación para reconocer las competencias y capacidades adquiridas al margen del sistema educativo formal, especialmente con vistas a la capacitación de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad o desventaja, como los refugiados o los adultos poco cualificados; insiste en la importancia de la validación del aprendizaje no formal e informal para contactar con los alumnos y capacitarlos;

o
o   o

77.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 119 de 28.5.2009, p. 2.
(2) DO C 70 de 8.3.2012, p. 9.
(3) DO C 417 de 15.12.2015, p. 25.
(4) DO C 372 de 20.12.2011, p. 1.
(5) DO C 64 de 5.3.2013, p. 5.
(6) DO L 327 de 24.11.2006, p. 45.
(7) DO L 394 de 30.12.2006, p. 10.
(8) DO C 327 de 4.12.2010, p. 11.
(9) DO C 398 de 22.12.2012, p. 1.
(10) DO C 111 de 6.5.2008, p. 1.
(11) DO C 183 de 14.6.2014, p. 30.
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0107.
(13) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0291.
(14) DO C 126 de 26.4.2014, p. 20.
(15) http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/reports/policy-provision-adult-learning_en.pdf
(16) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0321.
(17) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/119628.pdf
(18) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6268-2017-INIT/es/pdf
(19) Como se establece en el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(20) En los países de habla alemana, por ejemplo, se distingue entre la formación a distancia no universitaria y la que sí es universitaria.
(21) A distance learning curriculum on pervasive computing (Un currículo de aprendizaje a distancia para la computación ubicua): https://www.researchgate.net/publication/312312226_A_distance_learning_curriculum_on_pervasive_computing
(22) Economics of Education Editors: Dominic J. Brewer, Patrick J. McEwan Equity and Quality in Education Supporting disadvantaged students and schools (Equidad y calidad en la educación en apoyo de los estudiantes desfavorecidos y las escuelas) https://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf


Derogación de legislación obsoleta en los sectores de la navegación interior y del transporte de mercancías por carretera ***I
PDF 239kWORD 44k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1101/89 del Consejo y los Reglamentos (CE) n.º 2888/2000 y (CE) n.º 685/2001 (COM(2016)0745 – C8-0501/2016 – 2016/0368(COD))
P8_TA(2017)0325A8-0228/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0745),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0501/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 29 de marzo de 2017(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 5 de julio de 2017, de aprobar la Posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0228/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de septiembre de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2888/2000 y (CE) n.º 685/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CEE) n.º 1101/89 del Consejo

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/1952.)

(1) DO C 209 de 30.06.2017, p. 58.


Fomento de la conectividad a Internet de las comunidades locales ***I
PDF 249kWORD 41k
Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento de la conectividad a Internet de las comunidades locales (COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD))
P8_TA(2017)0326A8-0181/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0589),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0378/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen motivado presentado por el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.° 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 26 de enero de 2017(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 8 de febrero de 2017(2),

–  Visto el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 7 de junio de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Transportes y Turismo y la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0181/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Aprueba la Declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de septiembre de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento de la conectividad a internet de las comunidades locales

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/1953.)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

DECLARACIÓN CONJUNTA DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión coinciden en que la iniciativa WiFi4EU debe tener una repercusión y una escalabilidad importantes. Con este fin, señalan que, en caso de no lograrse en su integridad el incremento de 25 000 000 EUR a 50 000 000 EUR de la dotación financiera destinada a la implementación del Mecanismo «Conectar Europa» en el sector de las telecomunicaciones, la Comisión podría proponer reasignaciones dentro de dicha dotación para facilitar una financiación global de 120 000 000 EUR para la promoción de la conectividad a internet de las comunidades locales.

(1) DO C 125 de 21.4.2017, p. 69.
(2) DO C 207 de 30.6.2017, p.87.


Medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas ***I
PDF 248kWORD 50k
Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 994/2010 (COM(2016)0052 – C8-0035/2016 – 2016/0030(COD))
P8_TA(2017)0327A8-0310/2016

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0052),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0035/2016),

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

–  Visto el artículo 294, apartado 3, y el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por el Consejo Federal austríaco y por el Parlamento búlgaro, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 22 de septiembre de 2016(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 10 de mayo de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 59 y 39 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0310/2016),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Toma nota de la declaración de la Comisión adjunta a la presente Resolución;

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 12 de septiembre de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 994/2010

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/1938.)

Anexo a la resolución legislativa

Declaración de la Comisión con respecto al artículo 16 del Reglamento

La Comisión se congratula de los mecanismos de cooperación establecidos en el artículo 16 de la propuesta de Reglamento como una herramienta importante para garantizar la coherencia de los planes de acción preventivos y los planes de emergencia con las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía.

La Comisión subraya la importancia de velar de manera efectiva por que las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía no adopten ninguna medida que pueda afectar negativamente a la situación de seguridad del suministro en la UE y sus Estados miembros y viceversa.

A este respecto, la Comisión, sin perjuicio de su propuesta inicial de 16 de febrero de 2016, estudiará la posibilidad de proponer al Consejo en el momento oportuno una recomendación con arreglo al artículo 218 del TFUE para las negociaciones sobre las modificaciones del Tratado de la Comunidad de la Energía, con vistas al establecimiento de un marco jurídico adecuado y mecanismos que permitan la aplicabilidad de determinadas disposiciones del Reglamento y otras partes pertinentes del acervo comunitario en el ámbito de la energía entre la UE y sus Estados miembros, por una parte, y las Partes contratantes de la Comunidad de la Energía, por otra, con el fin de garantizar la aplicación eficaz de un marco reforzado de seguridad del suministro de gas.

(1) DO C 487 de 28.12.2016, p.70.


La caza de ballenas en Noruega
PDF 169kWORD 45k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre la caza de ballenas en Noruega (2017/2712(RSP))
P8_TA(2017)0328B8-0499/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el acuerdo de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) sobre los límites de captura cero para la caza comercial de ballenas, que entró en vigor en 1986 («la moratoria»),

–  Vista la Resolución 2016-3 de la CBI sobre los cetáceos y su contribución al funcionamiento de los ecosistemas,

–  Vista la Resolución 2014-2 de la CBI sobre los cetáceos altamente migratorios,

–  Vistos los Objetivos de Aichi sobre Biodiversidad, acordados en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica,

–  Vista la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres(1),

–  Vistos el Reglamento (CE) n.º 865/2006 de la Comisión, de 4 de mayo de 2006(2), y el Reglamento (UE) n.º 791/2012 de la Comisión, de 23 de agosto de 2012(3),

–  Visto el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 792/2012 de la Comisión, de 23 de agosto de 2012, por el que se establecen disposiciones sobre el diseño de los permisos, certificados y otros documentos previstos en el Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio, y se modifica el Reglamento (CE) n.º 865/2006 de la Comisión(4),

–  Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2016, sobre los Objetivos estratégicos de la UE para la Decimoséptima reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES)(5),

–  Vista su Resolución, de 19 de febrero de 2009, sobre la acción comunitaria en relación con la caza de ballenas(6),

–  Visto el Plan de acción de la UE de 2016 contra el tráfico de especies silvestres,

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre la caza de ballenas en Noruega (O‑000058/2017 – B8‑0324/2017),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que en 1982 la Comisión Ballenera Internacional (CBI) introdujo una moratoria sobre la totalidad de la caza comercial de ballenas, moratoria que entró en vigor en 1986 y sigue hoy vigente, con el fin de proteger las poblaciones y las especies frente a su posible extinción y de permitirles su recuperación;

B.  Considerando que Noruega, pese a esta prohibición internacional, ha proseguido con sus actividades balleneras, retomando plenamente en 1993 sus capturas comerciales a través de una objeción formal a la moratoria, y formulando y manteniendo reservas frente a las listas de la CITES;

C.  Considerando que el 19 de diciembre de 1979 Noruega se convirtió en Estado parte de la CITES, siendo uno de los primeros países en obligarse a dicho instrumento legal;

D.  Considerando que, según diversos medios de información, alrededor de un 90% de las ballenas cazadas por Noruega son hembras, la mayoría de ellas preñadas, debido a su menor capacidad de reacción;

E.  Considerando que Noruega ha matado más de 13 000 ballenas desde la entrada en vigor de la moratoria en 1986(7);

F.  Considerando que la caza de ballenas provoca sufrimiento en los animales, lo que perjudica tanto las complejas estructuras sociales de estos mamíferos inteligentes como el estado de conservación de las poblaciones en su conjunto;

G.  Considerando que todas las especies de grandes ballenas están enumeradas en el anexo A del Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, lo que refleja su riesgo de extinción y pone de manifiesto que cualquier grado de comercio amenazaría la supervivencia de las especies; que el artículo 8, apartado 21 del citado Reglamento prohíbe la compra, la oferta de compra, la adquisición y la exposición al público con fines comerciales, así como la utilización con fines lucrativos y la venta, la puesta en venta, el transporte o la tenencia para su venta, de especímenes de las especies que figuran en el anexo A;

H.  Considerando que existen cada vez más pruebas científicas de que las ballenas mejoran la productividad de los ecosistemas y pueden desempeñar un papel regulador de los niveles de CO2 en la atmósfera;

I.  Considerando que Noruega establece unilateralmente sus propios límites de capturas, y que para la campaña ballenera de 2017 aumentó su cuota de ballenas enanas hasta 999, frente a las 880 de 2016;

J.  Considerando que las exportaciones noruegas de carne de ballena han experimentado un fuerte repunte en los últimos años y que parte de estas exportaciones transita por los puertos de la Unión;

K.  Considerando que solo en octubre de 2016 se exportaron al Japón 2 948 kg de productos balleneros noruegos que transitaron por al menos tres puertos de la Unión(8);

L.  Considerando que el tránsito de la carne de ballena por los puertos de la Unión está permitido, siempre y cuando los cargamentos vayan acompañados de documentación CITES válida, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo;

M.  Considerando que el objetivo primario de la CITES es la protección de la biodiversidad, en particular la conservación de las especies; que la Directiva sobre los hábitats, que define la posición de la Unión en lo tocante a la caza de ballenas (y delfines), no permite la reanudación de la caza comercial de ballenas en las poblaciones situadas en aguas de la Unión;

N.  Considerando que Noruega está estrechamente asociada a la Unión y las políticas de esta a través de su pertenencia al Espacio Económico Europeo; que este hecho ha asegurado que los pueblos y los Gobiernos de Noruega y de la Unión hayan mantenido estrechos vínculos culturales, una sana relación comercial y un compromiso con la conservación del medio ambiente;

1.  Pide a Noruega que cese todas sus operaciones balleneras comerciales y que se atenga a la moratoria de la CBI;

2.  Pide a Noruega que retire sus reservas frente a los listados del apéndice I de la CITES de especies de grandes ballenas y que suspenda todo el comercio de carne y de productos de ballena;

3.  Lamenta que Noruega esté subvencionando a la industria ballenera y promoviendo el consumo y uso de productos procedentes de la caza de ballenas; insta a Noruega a que ponga fin a estas subvenciones;

4.  Respalda decididamente la continuidad de la moratoria general sobre la caza comercial de ballenas y la prohibición del comercio internacional de productos balleneros;

5.  Observa que los Estados miembros han suscrito el Plan de Acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres; recuerda la acción 9 del citado Plan, que pide a los Estados miembros y a la Comisión que desarrollen estrategias para mejorar el cumplimiento a escala nacional de la legislación de la UE sobre especies silvestres;

6.  Lamenta que, en el debate que el Parlamento celebró en su Pleno del 6 de julio de 2017, la Comisión no pudiera o quisiera facilitar a éste información sobre el volumen de carne de ballena expedida a través de puertos de la Unión; insta a la Comisión a que recopile y facilite los datos necesarios;

7.  Pide a la Comisión que estudie todas las posibilidades de garantizar que la carne de ballena no pueda transitar legalmente a través de puertos de la Unión, incluyendo mediante la recomendación de una prohibición de este tipo de tránsitos como medida excepcional;

8.  Lamenta que, hasta la fecha, Noruega no haya revisado su decisión a pesar de las gestiones diplomáticas y de las protestas internacionales generalizadas pasadas y actuales; Pide a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y al Consejo que se sirvan de los canales bilaterales y multilaterales para instar a Noruega a poner fin a todas las actividades balleneras comerciales;

9.  Insta al Consejo y a la Comisión a que, en las próximas reuniones de la CBI-67, adopten frente a la caza de ballenas una postura común que como mínimo sea igual de precautoria que la actual, y a que cooperen con terceros países para lograr un apoyo mayoritario a la creación de santuarios de ballenas;

10.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Noruega.

(1) DO L 206 de 22.7.1992, p. 7.
(2) DO L 166 de 19.6.2006, p. 1.
(3) DO L 242 de 7.9.2012, p. 1.
(4) DO L 242 de 7.9.2012, p. 13.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0356.
(6) DO C 76 E de 25.3.2010, p. 46.
(7) https://iwc.int/table_objection
(8) http://www.maritime-executive.com/article/norways-whaling-comes-under-fire


Adhesión de la Unión al Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica
PDF 352kWORD 58k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (COM(2016)01092016/0062(NLE))
P8_TA(2017)0329A8-0266/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de Decisión del Consejo (COM(2016)0109),

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que quedó abierto a la firma el 11 de mayo de 2011 en Estambul (en adelante, «Convenio de Estambul»),

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y, en particular, sus artículos 8, 19, 157 y 216 y su artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a),

–  Vistos los artículos 21, 23, 24, 25 y 26 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los documentos finales posteriores aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas Beijing+5 (2000), Beijing+10 (2005), Beijing+15 (2010) y Beijing+20 (2015),

–  Vistas las disposiciones de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular los que se refieren a los derechos de las mujeres, como la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacionales de Derechos Civiles y Políticos así como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo facultativo, y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados y el principio de no devolución y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la que es parte la Unión, incluidas las Observaciones finales de 2015 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas a la Unión, en las que se pide a la Unión que se adhiera al Convenio de Estambul como forma de proteger mejor de la violencia a las mujeres y niñas con discapacidad,

–  Visto su informe sobre la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que se aboga por que la Unión se adhiera al Convenio de Estambul como un paso más para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas con discapacidad,

–  Vista la Observación general (General Comment) de 26 de agosto de 2016 del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en relación con el artículo 6 («Mujeres y niñas con discapacidad») de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,

–  Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015(1),

–  Vistas sus Resoluciones, de 26 de noviembre de 2009, sobre la eliminación de la violencia contra la mujer(2), de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres(3), y de 6 de febrero de 2013, sobre el 57.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas: Eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas(4),

–  Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2014, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres(5) y la evaluación del valor añadido europeo,

–  Vista su Resolución, de 24 de noviembre de 2016, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica(6),

–  Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), adoptado por el Consejo de la Unión Europea en marzo de 2011,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la capacitación de las jóvenes a través de la educación en la Unión Europea(7),

–  Vista la declaración del Trío de Presidencias del Consejo de la Unión Europea constituido por los Países Bajos, Eslovaquia y Malta, de 7 de diciembre de 2015, sobre la igualdad de género,

–  Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo(8),

–  Vista la Directiva 2011/99/UE, de 13 de diciembre de 2011, sobre la orden europea de protección(9) y el Reglamento (UE) n.º 606/2013, de 12 de junio de 2013, relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil(10),

–  Vista la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI(11) y la Directiva 2011/93/UE, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo(12),

–  Vistas la Directiva 2006/54/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, y la Directiva 2004/113/CE, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro, en las que se definen los términos «acoso» y «acoso sexual » y se condenan los actos conexos,

–  Vista la hoja de ruta de la Comisión sobre la posible adhesión de la Unión al Convenio de Estambul, publicada en octubre de 2015,

–  Visto el tercer informe trimestral de actividad del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 16 de noviembre de 2016, en particular sus reflexiones en relación con la definición de violencia por razones de género en el Convenio de Estambul,

–  Vista la declaración conjunta de la Presidencia del Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo adoptada en Malta el 3 de febrero de 2017, en la que se pide la rápida adhesión de la Unión al Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica,

–  Vistas su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015(13), y su Resolución, de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013(14),

–  Visto el estudio de 2016 de su Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales sobre el papel de la defensa personal en la prevención de la violencia contra las mujeres («Knowledge and Know-How: The Role of Self-Defence in the Prevention of Violence against Women», Conocimiento y pericia: el papel de la autodefensa en la prevención de la violencia contra las mujeres), en particular en relación con la pregunta de hasta qué punto puede contribuir la formación en defensa personal a la aplicación del artículo 12 del Convenio de Estambul,

–  Visto el artículo 99, apartado 5, de su Reglamento interno,

–  Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, así como la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0266/2017),

A.  Considerando que la igualdad de género es uno de los valores fundamentales de la Unión; que el derecho a la igualdad de trato y la no discriminación es un derecho fundamental consagrado en los Tratados y en la Carta de los Derechos Fundamentales y debe respetarse, promoverse y aplicarse en su integridad tanto en la legislación como en la práctica, la jurisprudencia y la vida cotidiana; que hasta ahora no se ha alcanzado plenamente la igualdad entre hombres y mujeres en ningún país de la Unión, según el índice de igualdad de género; que la violencia de género es tanto causa como consecuencia de las desigualdades entre mujeres y hombres;

B.  Considerando que la trata de seres humanos y las formas modernas de esclavitud, que afectan principalmente a las mujeres, todavía persisten en la Unión;

C.  Considerando que los Estados miembros deben reconocer que, una vez que se ha recurrido a la violencia, la sociedad no ha cumplido su primera y principal obligación, es decir, la protección y que, a partir de ese momento, la única alternativa posible consiste en medidas reactivas, como una compensación a las víctimas y el enjuiciamiento de los agresores;

D.  Considerando que la Unión debe adoptar todas las medidas necesarias, en cooperación con los Estados miembros, para promover y proteger el derecho de las mujeres a vivir a salvo de la violencia física y psicológica tanto en el ámbito público como en el privado;

E.  Considerando que el problema de la violencia de género, que afecta solo en la Unión Europea a 250 millones de mujeres, no debe tomarse a la ligera ni postergarse, debido a su enorme repercusión en la sociedad por el aumento consiguiente del miedo y la polarización, así como del estrés y las enfermedades mentales, tanto más cuanto amenaza la seguridad de la mitad de la población; que el EIGE estima que el coste para la sociedad provocado por la violencia de género en la Unión es de 226 000 millones EUR anuales;

F.  Considerando que la violencia contra las mujeres(15) y la violencia de género —física y psicológica— sigue siendo un fenómeno muy extendido en la Unión y que debe calificarse como una forma extrema de discriminación y una violación de los derechos humanos, que afecta a mujeres de todos los estratos de la sociedad, con independencia de su edad, nivel educativo, ingresos, posición social y país de procedencia o residencia, y que representa un impedimento de primer orden a la igualdad entre mujeres y hombres, también desde el punto de vista económico y político; que es necesario adoptar medidas adicionales que alienten a las mujeres víctimas de la violencia a denunciar estas experiencias y buscar ayuda, y que garanticen que reciben un apoyo adecuado y acorde a sus necesidades e información sobre de sus derechos, que les permitan acceder a la justicia a fin de que los agresores sean enjuiciados;

G.  Considerando que, según el informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea titulado «Violence against women: an EU-wide survey» (Violencia contra las mujeres: un estudio a escala de la UE), publicado en marzo de 2014, un tercio de las mujeres en Europa ha sufrido actos de violencia física o sexual al menos una vez durante su vida adulta, el 20 % ha sido objeto de acoso por internet, una de cada veinte ha sido violada y más de una de cada diez ha padecido violencia sexual;

H.  Considerando que una de cada diez mujeres ha sido objeto de acoso sexual o acecho a través de las nuevas tecnologías y que el 75 % de las mujeres en puestos de toma de decisiones tienen que soportar el acoso sexual; que queda claro entonces que ninguna mujer, independientemente de su edad o posición social, está a salvo de la violencia sexual;

I.  Considerando que deben adoptarse medidas para abordar el nuevo fenómeno de la violencia de género en línea, incluido el hostigamiento, el acoso y la intimidación, en particular de mujeres jóvenes y niñas, así como de personas LGBTI;

J.  Considerando que los ciudadanos y residentes de la Unión no gozan del mismo nivel de protección contra la violencia de género debido a la falta de una estrategia europea, incluido un acto jurídico, y a divergencias en los conceptos y las legislaciones de los distintos Estados miembros en lo que se refiere, entre otros aspectos, a la definición de los delitos y el alcance de la legislación, por lo que cuentan con una protección más limitada contra la violencia; que también existen diferencias en materia de información, oferta de alojamientos seguros y acceso a los mismos, así como de servicios de ayuda y derechos;

K.  Considerando que la violencia contra las mujeres está vinculada directamente al desigual reparto del poder entre mujeres y hombres, al sexismo y a los estereotipos de género, que han provocado la dominación de las mujeres y su discriminación por parte de los hombres e impedido el progreso de las mujeres en todos los aspectos;

L.  Considerando que la violencia contra las mujeres contribuye a perpetuar las desigualdades de género, al impedir el acceso de las víctimas al empleo, con los consiguientes efectos negativos en su independencia económica y en la economía en general;

M.  Considerando que un factor importante por el que las mujeres no denuncian la violencia sexual es su dependencia económica del agresor;

N.  Considerando que la extrema pobreza incrementa el riesgo de violencia y otras formas de explotación que impiden la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida y el logro de la igualdad de género;

O.  Considerando que se necesitan mayores esfuerzos para facilitar e impulsar la participación de las mujeres en la vida política, económica y social y aumentar la visibilidad de las mujeres en posiciones de liderazgo, a fin de combatir la cosificación y la cultura de la violencia de género;

P.  Considerando que en el Convenio de Estambul se establece que la aplicación por las Partes de todas las disposiciones del Convenio, en particular las medidas para proteger los derechos de las víctimas, deberá asegurarse sin discriminación alguna, basada en particular en el sexo, el género, la raza, el color, la lengua, la religión, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, la orientación sexual, la identidad de género, la edad, el estado de salud, la discapacidad, el estado civil, el estatuto de emigrante o de refugiado, o cualquier otra situación;

Q.  Considerando que las mujeres con discapacidad corren un peligro entre 1,5 y 10 veces superior de ser víctimas de la violencia de género y que, debido a su relación de dependencia, les resulta especialmente difícil denunciar los actos de violencia; que las mujeres y las niñas con discapacidad no constituyen un grupo homogéneo, sino un grupo de mujeres en situaciones dispares y con estatus diferentes que padecen deficiencias diversas, que pueden ser de naturaleza física, psicosocial, psíquica o sensorial, y con o sin limitaciones funcionales; que, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Estados parte están obligados a adoptar medidas para que las mujeres con discapacidad puedan disfrutar plenamente de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad;

R.  Considerando que determinados grupos de mujeres y niñas, como las mujeres migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, las mujeres y las niñas con discapacidad, las mujeres LBTI y las mujeres romaníes, corren el riesgo de padecer discriminación múltiple y por tanto, un mayor peligro de ser objeto de la violencia sexista por motivos relacionados con el racismo, la xenofobia, la homofobia, la transfobia e intersexfobia, así como de sufrir discriminación por motivos relacionados con la edad, la discapacidad, el origen étnico o la religión; que las mujeres en Europa se enfrentan a discriminación múltiple, y a veces interseccional, que les impide acceder a la justicia y a los servicios de apoyo y protección y disfrutar de sus derechos fundamentales; que debe garantizársele a las mujeres el acceso a la asistencia especializada en el marco de la aplicación de las medidas de protección;

S.  Considerando que la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, se estima demasiado a menudo un asunto privado y se tolera con demasiada facilidad; que, de hecho, constituye una violación de los derechos fundamentales producida por el sistema y una forma grave de delincuencia que debe condenarse como tal; que debe ponerse fin a la impunidad, garantizando el enjuiciamiento de los autores y un apoyo y reconocimiento adecuados por parte del sistema judicial a las mujeres y niñas que hayan sobrevivido a la violencia, a fin de romper el círculo vicioso de silencio y soledad de quienes son víctimas de la violencia, con independencia de su origen geográfico o su clase social;

T.  Considerando que existen importantes diferencias culturales entre los Estados miembros en relación con la probabilidad de que las mujeres denuncien violaciones o agresiones sexuales y que dicha probabilidad se refleja mejor en las estadísticas oficiales que en las cifras objetivas de violaciones o agresiones sexuales cometidas en un país;

U.  Considerando que la mayoría de los asesinatos de mujeres son perpetrados por sus maridos, exmaridos, parejas o exparejas, quienes no aceptan el final de un matrimonio o una relación;

V.  Considerando que quien perpetra la violencia de género es a menudo una persona conocida de la víctima y que esta se encuentra muchas veces en una posición de dependencia, lo que acrecienta su miedo a denunciar los actos de violencia;

W.  Considerando que los estereotipos de género y el sexismo, incluido el discurso de odio sexista, que tienen lugar en todo el mundo, en el ámbito en línea y fuera de línea, en la esfera pública y en la vida privada, constituyen una de las causas principales de todas las formas de violencia contra las mujeres;

X.  Considerando que la exposición a la violencia o a abusos físicos, sexuales o psicológicos afecta gravemente a las víctimas y puede conllevar daños físicos, sexuales, emocionales o psicológicos, y perjuicios económicos; que también las familias y la sociedad en su conjunto sienten esos efectos; que los menores no tienen que verse expuestos directamente a la violencia para ser considerados víctimas, ya que la violencia doméstica también genera consecuencias traumáticas en quien la presencia;

Y.  Considerando que en el artículo 3 del Convenio de Estambul se define claramente «violencia contra las mujeres por razones de género» como «toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada» y se define «género» como «los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta estima propios de mujeres o de hombres»;

Z.  Considerando que, al objeto de reducir el número estimado de casos no denunciados, los Estados miembros deben contar con instituciones adecuadas suficientes para que las mujeres se sientan seguras y capaces de denunciar la violencia de género;

AA.  Considerando que solo se logrará reducir de forma drástica la violencia contra las mujeres y la violencia de género así como sus consecuencias mediante una combinación de medidas legislativas y no legislativas, por ejemplo en ámbitos como las infraestructuras, el derecho, la justicia, la cultura, la educación, la atención social y la salud, y con medidas que faciliten el acceso de las víctimas a la vivienda y el empleo, incluida la concesión de refugio a las víctimas y la participación igualitaria de las mujeres en todos los espacios de la sociedad; que la sociedad civil, y las organizaciones de mujeres en particular, contribuyen de manera muy importante a la lucha y la prevención de todas las formas de violencia, y que es preciso reconocer, impulsar y apoyar su trabajo para que puedan llevar a cabo su labor del mejor modo posible;

AB.  Considerando que la educación y la formación de las niñas y las mujeres es un importante valor europeo, un derecho humano fundamental y un elemento esencial para la capacitación de las niñas y las mujeres en los ámbitos social, cultural y profesional, así como para que disfruten plenamente de todos los demás derechos sociales, económicos, culturales y políticos y, en consecuencia, para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas;

AC.  Considerando que solo los Estados pueden asegurar una enseñanza universal, obligatoria y gratuita, condición indispensable para garantizar la igualdad de oportunidades entre géneros;

AD.   Considerando que en el Convenio de Estambul también se hace hincapié en la importancia de promover un cambio de mentalidad y de actitud para romper el círculo vicioso de la violencia por razones de género; que a tal fin son necesarias, por tanto, medidas formativas a todos los niveles y para todos los grupos de edad sobre la igualdad entre mujeres y hombres, la desaparición de los papeles estereotipados de los géneros y el respeto de la integridad personal; que los cursos de defensa personal son uno de los instrumentos eficaces para la reducción de la victimización y sus consecuencias negativas, ya que de este modo se cuestionan los estereotipos de género y se refuerzan los derechos de las mujeres y las niñas;

AE.  Considerando que la adhesión de todos los Estados miembros al Convenio de Estambul contribuirá a la configuración de una política integrada y a la promoción de la cooperación internacional en el ámbito de la lucha contra todas las formas de violencia contra las mujeres;

AF.  Considerando que la Unión debe trabajar por promover la lucha para eliminar la violencia de género en sus países vecinos y en todo el mundo, como parte de los esfuerzos mundiales encaminados a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluido el uso de la violencia sexual como arma de guerra;

AG.  Considerando que el Convenio de Estambul es un acuerdo mixto que permite la adhesión de la Unión en paralelo a la adhesión de los Estados miembros;

AH.  Considerando que todos los Estados miembros han firmado el Convenio de Estambul, pero que solo catorce de ellos lo han ratificado; que la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul no exime a los Estados miembros de la ratificación nacional de este instrumento;

AI.  Considerando que la ratificación del Convenio de Estambul requiere una aplicación adecuada, una implementación eficaz y la asignación de los recursos humanos y económicos necesarios;

1.  Se congratula de que, el 4 de marzo de 2016, la Comisión propusiese la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul, el primer instrumento completo jurídicamente vinculante sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género, incluida la violencia doméstica(16), a escala internacional;

2.  Celebra que el Consejo firmase el 13 de junio de 2017 el instrumento de adhesión de la Unión al Convenio de Estambul; lamenta, no obstante, que la limitación a dos aspectos, a saber, las cuestiones relativas a la cooperación judicial en materia penal así como al asilo y la no devolución, provoque inseguridad jurídica sobre el ámbito de la adhesión de la Unión, así como inquietud acerca de la aplicación del Convenio;

3.  Condena toda forma de violencia contra las mujeres y lamenta que, a menudo, las mujeres y las niñas estén expuestas a formas graves de violencia doméstica, acoso sexual, violencia física y psicológica, acecho, violencia sexual, violaciones, matrimonios forzados, mutilación genital, abortos forzados, esterilizaciones forzadas, explotación sexual y trata de seres humanos, entre otros tipos de violencia, que constituyen una violación grave de los derechos humanos y de la dignidad de las mujeres y las niñas; destaca que en virtud del Convenio de Estambul no pueden argüirse la cultura, la costumbre, la religión, la tradición o el supuesto «honor» para justificar actos de violencia contra las mujeres; denuncia el hecho de que cada vez más mujeres y niñas son víctimas de la violencia de género en internet y en los medios sociales de comunicación; pide a los Estados miembros que adopten medidas concretas para abordar estas nuevas formas de delincuencia, que incluyen la extorsión sexual, el acoso sexual de menores, el voyerismo y la pornografía de venganza, y para proteger a las víctimas, quienes sufren graves traumas que, a veces, las llevan incluso al suicidio;

4.  Reafirma enérgicamente que la denegación de la salud sexual y reproductiva y los derechos y servicios ligados a ella, incluida la interrupción segura y legal del embarazo, constituye una forma de violencia contra las mujeres y las niñas; pone de relieve una vez más en que solo las mujeres y las niñas han de poder disponer de su propio cuerpo y sexualidad; pide a los Estados miembros que faciliten una educación sexual exhaustiva y el acceso de las mujeres a la planificación familiar y a toda la gama de servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los métodos anticonceptivos modernos y de interrupción legal y segura del embarazo;

5.  Hace hincapié en que, en el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 17 de julio de 1998, se define el embarazo forzado como un crimen de lesa humanidad y una forma de violencia de género contra las mujeres que constituye una violación grave de los derechos humanos y de la dignidad de mujeres y niñas;

6.  Hace hincapié en que el Convenio de Estambul adopta un enfoque integral, exhaustivo y coordinado, centrado en los derechos de las víctimas, al abordar la cuestión de la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia de género, incluida la violencia doméstica, desde un amplio abanico de perspectivas y al prever medidas como la prevención de la violencia, la lucha contra la discriminación, las medidas penales contra la impunidad, la protección y el apoyo a las víctimas, la protección de los menores y de las mujeres solicitantes de asilo y las mujeres refugiadas, la introducción de mejoras en la recogida de datos y campañas o programas de concienciación, también en cooperación con autoridades nacionales de derechos humanos y organismos que trabajan por la igualdad, organizaciones de la sociedad civil y ONG;

7.  Destaca que el Convenio de Estambul ofrece una buena base para cambiar las estructuras sociales que crean, legitiman y perpetúan la violencia contra las mujeres, y proporciona herramientas para introducir medidas a tal efecto; resalta que el Convenio aborda simultáneamente la prevención, la protección y el enjuiciamiento (un enfoque de tres niveles) y adopta un enfoque exhaustivo y coordinado derivado del principio de la diligencia debida, que establece la obligación positiva para los Estados de responder de manera eficaz a todos los actos de violencia (artículo 5 del Convenio);

8.  Destaca que la adhesión de la Unión proporcionará un marco normativo europeo coherente para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género, y para proteger y apoyar a las víctimas en el contexto de las políticas interiores y exteriores de la Unión, y que mejorará la supervisión, interpretación y aplicación de la legislación y de los programas y fondos de la Unión, que suponen una ayuda a la Convención, así como la recogida de datos comparables y desglosados a nivel de la Unión; considera que, mediante su adhesión al Convenio, la Unión se convertirá en un actor mundial más eficiente en el ámbito de los derechos de la mujer;

9.  Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

   a) instar a los Estados miembros a que aceleren las negociaciones sobre las ratificaciones y la aplicación del Convenio de Estambul; condenar categóricamente los intentos de retirar medidas ya adoptadas en aplicación del Convenio de Estambul para la lucha contra la violencia contra las mujeres;
   b) pedir a la Comisión que entable sin demora ni aplazamientos un diálogo constructivo con el Consejo y los Estados miembros, en cooperación con el Consejo de Europa, a fin de abordar a las reservas, objeciones e inquietudes de los Estados miembros y, en especial, aclarar las interpretaciones engañosas del Convenio de Estambul por lo que respecta a las definiciones de género y de violencia contra las mujeres por razones de género que figuran en el artículo 3, letras c) y d), de conformidad con las observaciones generales del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa;
   c) mantener al Parlamento plenamente informado sobre los aspectos relevantes de las negociaciones en todas sus fases, a fin de que pueda ejercer debidamente los derechos que le han sido conferidos en virtud de los Tratados, en particular del artículo 218 del TFUE;
   d) garantizar, pese a la firma del instrumento de adhesión de la Unión al Convenio de Estambul, una adhesión amplia y sin restricción alguna de la Unión a dicho Convenio;
   e) asegurar que los Estados miembros aplican correctamente el Convenio de Estambul y que asignan recursos humanos y financieros suficientes a la prevención y la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género, incluida la violencia doméstica, la capacitación de las mujeres y las niñas, y la protección de las víctimas, al objeto de que puedan recibir una compensación, en especial quienes viven en zonas donde los servicios de protección son limitados o inexistentes;
   f) invitar a la Comisión a que elabore una estrategia global de la Unión en materia de lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de género, que incluya un plan exhaustivo para la lucha contra toda forma de desigualdad por razón de género y concentre los esfuerzos realizados a escala de la Unión para eliminar la violencia contra las mujeres;
   g) designar un coordinador de la Unión que represente a la Unión ante el Comité de las Partes del Consejo de Europa tan pronto como la Unión haya ratificado el Convenio de Estambul; dicho coordinador será responsable de la coordinación, aplicación, seguimiento y evaluación de las estrategias y medidas de prevención y lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres y las niñas;
   h) velar por que el Parlamento participe plenamente en el proceso de supervisión de la aplicación del Convenio de Estambul tras la adhesión de la Unión a este instrumento; acordar a la mayor brevedad un código de conducta para la cooperación entre la Unión y sus Estados miembros en cuanto a la aplicación del Convenio, en el que deben participar asimismo organizaciones de la sociedad civil, en especial las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer;
   i) instar a la Comisión y a los Estados miembros a que elaboren directrices prácticas y estrategias para la aplicación del Convenio de Estambul, con vistas a facilitar su correcta puesta en marcha y ejecución en aquellos Estados miembros que ya lo han ratificado, así como responder a las inquietudes de los que aún no lo han hecho y animarles a hacerlo;
   j) garantizar que todos los profesionales que tratan con las víctimas de todos los tipos de violencia comprendidos en el ámbito de aplicación del Convenio reciben una formación adecuada, y que disponen de protocolos y directrices al objeto de evitar toda discriminación o una nueva victimización en el marco de los procedimientos judiciales, médicos y policiales;
   k) asegurar que se adoptan medidas preventivas que respondan a las necesidades específicas de las personas vulnerables, por ejemplo las mujeres con discapacidad, las refugiadas, las víctimas menores de edad, las mujeres embarazadas, las mujeres LBTI y las personas con necesidades de apoyo adicionales, en especial, servicios de ayuda accesibles especializados junto con servicios de salud adecuados y alojamientos seguros para las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género y sus hijos;
   l) tener en cuenta los casos graves de violencia contra las mujeres y la violencia de género, incluida la violencia doméstica, en la definición de los derechos de custodia y visita; tomar en consideración asimismo los derechos y las necesidades de los niños, que se convierten en testigos de la violencia, a la hora de prestar servicios de protección y ayuda a las víctimas;
   m) promover activamente un cambio de actitud y de comportamiento y luchar contra el sexismo y los estereotipos de género también mediante el fomento de un lenguaje no sexista, con una acción concertada que aborde el papel central que desempeñan los medios de comunicación y la publicidad en este ámbito, y anime a todas las personas, incluidos hombres y niños, a colaborar activamente en la prevención de todas las formas de violencia; pedir a los Estados miembros que adopten y apliquen políticas activas en materia de inclusión social, diálogo intercultural, formación en el ámbito de la sexualidad y las relaciones, educación en derechos humanos y lucha contra la discriminación, así como formación en materia de igualdad de género para los profesionales de los cuerpos y fuerzas de seguridad y del poder judicial; recomendar a los Estados miembros que eliminen de sus sistemas educativos todos los obstáculos a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y que impulsen plenamente este objetivo;
   n) alentar a los Estados miembros a que adopten medidas destinadas a construir una sociedad libre de violencia en todos los sentidos, y utilizar de este modo el Convenio de Estambul;
   o) velar por que, en el marco de las medidas preventivas contra la violencia reconocida como relacionada con el género, se ponga de manifiesto que, en realidad, la gran mayoría de los agresores son hombres; animar a los Estados miembros a que desplieguen tácticas de reducción de la violencia basadas en hechos, a fin de atajar este problema;
   p) adoptar las medidas necesarias de conformidad con los artículos 60 y 61 del Convenio, que se refieren a la migración y el asilo, y tomar en consideración que las mujeres migrantes, dispongan o no de los documentos pertinentes, y las solicitantes de asilo tienen derecho, tanto en la esfera pública como en la privada, a vivir a salvo de la violencia, y que son especialmente vulnerables a la violencia de género, al tiempo que recuerda que la violencia de género, incluida la mutilación genital femenina, debe reconocerse como una forma de persecución y que, por tanto, permite a las víctimas solicitar la protección que ofrece la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951; velar por que los Estados miembros apliquen un enfoque con perspectiva de género en todos los procedimientos de asilo y acogida y respeten el principio de no devolución;
   q) promover la presupuestación con perspectiva de género en los ámbitos políticos pertinentes como instrumento para prevenir y combatir la violencia de género, y garantizar recursos y financiación para que las víctimas y supervivientes de la violencia puedan acceder a la justicia;
   r) mejorar la recogida de datos pertinentes desglosados y comparables sobre casos de todas las formas de violencia contempladas en el Convenio de Estambul, en cooperación con el EIGE, incluidos datos desglosados por edad y sexo del agresor y en función de la relación entre el agresor y la víctima, e impulsar el desarrollo de una metodología común para comparar bases y análisis de datos que permita una mejor comprensión de problema y un aumento de la concienciación acerca de las medidas de los Estados miembros encaminadas a prevenir y combatir la violencia contra las mujeres y la violencia de género, y evaluar y mejorar dichas medidas;

10.  Destaca que, al objeto de ser más eficaces, las medidas para combatir la violencia contra las mujeres deben ir acompañadas de acciones que aborden las desigualdades económicas en función del sexo y que promuevan la independencia económica de las mujeres;

11.  Pide a la Comisión que presente un acto legislativo que apoye la prevención y persecución en los Estados miembros de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y de violencia de género;

12.  Pide al Consejo que active la «cláusula pasarela» mediante la adopción a este fin de una decisión unánime que defina la violencia contra las mujeres y las niñas (así como otras formas de violencia de género) como uno de los ámbitos delictivos previstos en el artículo 83, apartado 1, del TFUE;

13.  Insta a la Comisión a que revise la vigente Decisión marco de la Unión relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones del racismo y la xenofobia mediante el Derecho penal, a fin de incluir en ella el sexismo, los delitos motivados por prejuicios y la incitación al odio por motivos de orientación sexual, identidad de género y características sexuales;

14.  Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva 2011/99/UE sobre la orden europea de protección, el Reglamento (UE) n.° 606/2013 relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil, y la Directiva 2012/29/UE sobre protección de las víctimas, así como la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, y la Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores;

15.  Pide a la Comisión, una vez más, que establezca un observatorio europeo de la violencia de género (en la línea del actual Instituto Europeo de la Igualdad de Género);

16.  Insta a la Presidencia estonia a que acelere la ratificación del Convenio de Estambul por parte de la Unión Europea;

17.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros y a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

(1) DO C 407 de 4.11.2016, p. 2.
(2) DO C 285 E de 21.10.2010, p. 53.
(3) DO C 296 E de 2.10.2012, p. 26.
(4) DO C 24 de 22.1.2016, p. 8.
(5) DO C 285 de 29.8.2017, p.2.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0451.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0312.
(8) DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.
(9) DO L 338 de 21.12.2011, p. 2.
(10) DO L 181 de 29.6.2013, p. 4.
(11) DO L 101 de 15.4.2011, p. 1.
(12) DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.
(13) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0073.
(14) DO C 316 de 30.8.2016, p. 2.
(15) A los efectos del Convenio de Estambul, el término “mujer” incluye a las niñas menores de 18 años (artículo 3).
(16) Véanse las definiciones recogidas en el artículo 3 del Convenio de Estambul.


Impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales
PDF 244kWORD 62k
Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre el impacto del comercio internacional y las políticas comerciales de la Unión en las cadenas de valor mundiales (2016/2301(INI))
P8_TA(2017)0330A8-0269/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Comercio para todos: Hacia una política de comercio e inversión más responsable» (COM(2015)0497),

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre una nueva estrategia innovadora y orientada al futuro en materia de comercio e inversión(1),

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2016, sobre la aplicación de las recomendaciones del Parlamento del año 2010, relativas a los estándares sociales y medioambientales, los derechos humanos y la responsabilidad civil de las empresas(2),

–  Vista su Resolución, de 16 de mayo de 2017, sobre sobre la evaluación de los aspectos externos del funcionamiento y la gestión de los servicios de aduanas como herramienta para facilitar el comercio y luchar contra el comercio ilícito(3),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional(4),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(5),

–  Vista su Resolución, de 27 de abril de 2017, sobre la iniciativa emblemática de la Unión en el sector de la confección(6),

–  Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre el aceite de palma y la deforestación de las selvas tropicales(7),

–  Vista su Resolución, de 3 de febrero de 2016, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión sobre las negociaciones relativas al Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS)(8),

–  Vista su Resolución, de 8 de julio de 2015, que contiene las recomendaciones del Parlamento Europeo a la Comisión Europea relativas a las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)(9),

–  Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la situación actual de la aplicación del Pacto de Sostenibilidad en Bangladés(10),

–  Vista la propuesta de Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establece un sistema de la Unión para la autocertificación de la diligencia debida en la cadena de suministro de los importadores responsables de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto y de alto riesgo(11) (Reglamento sobre minerales de guerra),

–  Vistos el Plan de Acción sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales (COM(2003)0251) y los acuerdos de asociación voluntarios FLEGT,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera(12) (Reglamento sobre la madera),

–  Visto el Reglamento (UE) n.° 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas (13) (Reglamento SPG),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (14) (Reglamento «Bruselas I»),

–  Vista la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos (15) (Directiva sobre información no financiera),

–  Vista la Estrategia conjunta de la Unión y sus Estados miembros de 2007, titulada «Ayuda al comercio: Aumento del apoyo de la UE para las necesidades del sector del comercio en los países en desarrollo»,

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 24 de abril de 2017, titulado «Sustainable garment value chains through EU development action» (Cadenas de valor sostenibles en el sector de la confección mediante la acción para el desarrollo de la Unión) (SWD(2017)0147),

–  Vista la Declaración tripartita de principios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las empresas multinacionales y la política social,

–  Visto el Informe IV de la 105.ª Conferencia de la OIT sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro,

–  Vistos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2030,

–  Vistos los Convenios fundamentales de la OIT sobre trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación y libertad de asociación y negociación colectiva,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2016, sobre la UE y las cadenas de valor mundiales responsables,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681),

–  Vistas la Ley británica de 2015 sobre la esclavitud moderna y la Ley francesa sobre el deber de diligencia de las empresas multinacionales,

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas,

–  Vista la Convención internacional de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares,

–  Visto el nuevo Protocolo de la OIT sobre el trabajo forzoso,

–  Vista la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 26 de junio de 2014, en la que este decidió establecer un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos,

–  Vistas las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y varias directrices sectoriales de la OCDE (sector financiero, agricultura, minerales, confección y calzado),

–  Vistos los informes de 2013 y 2016 de la UNCTAD sobre el comercio y el desarrollo,

–  Visto el Marco de Políticas de Inversión para el Desarrollo Sostenible de la UNCTAD de 2015,

–  Visto el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre Obstáculos Técnicos al Comercio,

–  Visto el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de la OMC,

–  Vistos la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, los Derechos del Niño y Principios Empresariales desarrollados por Unicef, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y Save the Children(16),

–  Vistas las asociaciones específicas voluntarias con varios países, como el Pacto de Sostenibilidad con Bangladés y la iniciativa sobre los derechos laborales con Myanmar/Birmania,

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 20 de junio de 2016, sobre el trabajo infantil,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Desarrollo, y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0269/2017),

A.  Considerando que el artículo 207 del TFUE establece que la política comercial común se llevará a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión; que el artículo 208 del TFUE establece el principio de coherencia de las políticas de desarrollo y fija como objetivo principal la erradicación de la pobreza; Considerando que la Comunicación de la Comisión titulada «Comercio para todos» basa la política comercial de la Unión en tres principios fundamentales, a saber, la eficacia, la transparencia y los valores; Considerando que dicha Comunicación dedica una sección a dar respuesta al ascenso de las cadenas de valor mundiales (CVM) y a la gestión responsable de las cadenas de suministro, que asimismo recuerda su complejidad, la necesidad fundamental de una reflexión prospectiva y de participación de una serie de actores públicos, privados y de la sociedad civil, además de la utilización de un conjunto de instrumentos indicativos e innovadores y de cambios legislativos;

B.  Considerando que últimamente el libre comercio está siendo objeto de un control público creciente y que las preocupaciones suscitadas por la injusta distribución de los beneficios y las cargas del comercio han puesto de relieve la opinión ampliamente compartida de que la política comercial debe centrarse en los valores sociales y medioambientales, así como en la transparencia y la rendición de cuentas;

C.  Considerando que las CVM, constituyen una realidad compleja, impulsada por la tecnología y que evoluciona rápidamente, y se han convertido en un elemento clave de la economía mundial actual, y pueden ayudar a los países en desarrollo a integrarse mejor en la economía global y a reducir la pobreza y crear empleo, aumentando al mismo tiempo la capacidad de producción; que, por un lado, las CVM ofrecen nuevas perspectivas de crecimiento económico, desarrollo sostenible, participación de organizaciones de la sociedad civil, de trabajadores y empresariales y creación de empleo para las empresas de la cadena de producción al permitirles centrarse en tareas específicas, aumentando paralelamente su interdependencia; que, por el otro lado, su complejísima naturaleza, la falta de transparencia y la disolución de las responsabilidades podrían entrañar un mayor riesgo de que se cometan violaciones de los derechos humanos y laborales, la impunidad de hecho por delitos medioambientales y la elusión y el fraude fiscal a gran escala;

D.  Considerando que la política comercial debe contribuir a garantizar un proceso de producción transparente a lo largo de la cadena de valor, así como el respeto de las normas ambientales, sociales y de seguridad fundamentales;

E.  Considerando que la política comercial y de inversiones de la Unión debe mantener el sistema multilateral como su piedra angular y reforzar la posición de Europa en las cadenas de suministro equitativas mundiales, pero también debe proporcionar instrumentos para establecer unas normas y unas responsabilidades claras para Gobiernos y empresas con el fin de garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; que la sostenibilidad y la transparencia no son solamente una cuestión de valores sino que deben considerarse auténticos motores de un mayor valor añadido en el comercio y las inversiones a escala mundial en el contexto de las CVM;

F.  Considerando que las pymes(17) constituyen una parte importante de las CVM y desempeñan una importante función en la promoción del crecimiento económico, el desarrollo sostenible y el empleo de calidad, además de evitar que la población abandone sus regiones;

G.  Considerando que la participación en las CVM es beneficiosa para las pymes en términos de crecimiento e internacionalización; que, conforme a la encuesta de Eurobarómetro de 2015 sobre la internacionalización de la pequeñas y medidas empresas, solo el 31 % de las pymes de la Unión participaron en operaciones fuera del mercado interior en los tres años anteriores; que numerosas pymes se enfrentan a dificultades para obtener acceso a CVM internacionales y basadas en la Unión; que la política y los acuerdos comerciales pueden contribuir a salvar las barreras existentes y los desafíos a los que se enfrentan las pymes en la actualidad para acceder a las CVM;

H.  Considerando que los interlocutores económicos y sociales y las ONG utilizan y promueven a escala mundial sistemas voluntarios de diligencia debida y de transparencia de las CVM, lo que genera resultados importantes y positivos;

I.  Considerando que, en sus Conclusiones de mayo de 2016, el Consejo subraya la necesidad de proseguir la defensa del uso de los principios, las directrices e iniciativas acordados a escala internacional en materia de responsabilidad social de las empresas o conducta empresarial responsable, como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, incluidas aquellas de países que no son miembros de la OCDE pero que también contribuyen a los esfuerzos de lucha contra la corrupción mediante la creación de entornos empresariales más abiertos y transparentes;

J.  Considerando que la gestión global responsable de las CVM es esencial para armonizar la política comercial con los valores europeos consagrados en los Tratados; que tanto la Comisión como los Estados miembros han estado en la vanguardia de estos debates a escala mundial;

K.  Considerando que diversos convenios, directrices y normas internacionales tienen como fin evitar las violaciones de los derechos humanos; que los países productores en particular tienen la obligación de aplicarlos y de crear las condiciones jurídicas y económicas adecuadas para que puedan operar las empresas y encontrar un lugar en las cadenas mundiales de suministro; que, los países productores también deben estar en condiciones de aplicar pautas y normas internacionales, lo que incluye preparar, aplicar y hacer cumplir la legislación pertinente, especialmente en el ámbito de la construcción del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción;

L.  Considerando que la Unión debe dar una respuesta aún más eficaz al dumping social y medioambiental y a la competencia desleal y las prácticas comerciales desleales, así como garantizar la igualdad de condiciones;

M.  Considerando que la Unión es el mayor exportador e importador de bienes y servicios del mundo en su conjunto, el mayor inversor extranjero directo y el destino más importante de inversión extranjera directa (IED); que la Unión debe utilizar esta fortaleza en beneficio tanto de sus propios ciudadanos como de los de otras partes del mundo, en particular los de los países más pobres;

N.  Considerando que la Unión ha elaborado normativas vinculantes en materia de diligencia debida de las empresas en determinados sectores en los que se registra un riesgo elevado de violaciones de los derechos humanos, como la madera y los minerales procedentes de zonas de conflicto; que algunos Estados miembros también han adoptado actos legislativos al respecto, como la Ley británica sobre la esclavitud moderna y la Ley francesa sobre el deber de diligencia de las empresas multinacionales, que se aplica a las empresas francesas de mayor tamaño (con más de 5 000 trabajadores) y la Ley neerlandesa sobre diligencia debida sobre el trabajo infantil; que la Unión ha desarrollado iniciativas para fomentar la diligencia debida y que en varias Resoluciones del Parlamento Europeo se pedía a la Unión que elaborase legislación vinculante a este respecto;

O.  Considerando que la Unión ya ha dado pasos importantes hacia una gestión más responsables de las CVM a escala mundial desarrollando asociaciones específicas, como el Pacto de Sostenibilidad con Bangladés y la Iniciativa sobre Derechos Laborales con Myanmar, y sobre cuestiones concretas, como los minerales originarios de zonas de conflicto, normativas sobre la tala ilegal, criterios de sostenibilidad para los biocarburantes, información de las empresas sobre cuestiones relacionadas con las cadenas de suministro, y sobre la transparencia de las empresas respecto a los pagos hechos por las industrias extractivas y de explotación maderera a los Gobiernos, tal y como se subraya en la Comunicación «Comercio para todos»;

P.  Considerando que en la Comunicación «Comercio para todos» se declara que la Comisión impulsará capítulos ambiciosos dedicados al comercio y desarrollo sostenible en todos los acuerdos comerciales y de inversión; que acuerdos comerciales y de inversión celebrados recientemente por la Unión contienen capítulos que piden a las partes del acuerdo que asuman compromisos en materia de protección de los derechos humanos, normas sociales y medioambientales y responsabilidad social de las empresas; que dichos capítulos han puesto de manifiesto diferencias en cuanto al grado de ambición de sucesivos acuerdos comerciales con la Unión; que las normas laborales y medioambientales no se limitan a los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible, sino que deben ser eficaces en todos los ámbitos de los acuerdos comerciales; que un enfoque basado en el diálogo no ha evitado violaciones graves de la libertad de asociación en algunos acuerdos de libre comercio;

Q.  Considerando que la particular situación de las zonas francas industriales es tal que en algunos países están exentas de la legislación laboral local y en ellas se prohíbe o limita la actividad sindical y los trabajadores no pueden recurrir a las vías de reparación jurídica, siendo todo ello claras violaciones de las normas de la OIT;

R.  Considerando que la falta de ética en los negocios es también consecuencia de la falta de buena gobernanza y la impotencia o la inexistencia de autoridades públicas imparciales que actúen al servicio del interés general de los ciudadanos; que la corrupción, la falta de transparencia de las CVM y las excepciones a la legislación laboral y la fiscalidad en zonas francas industriales pueden tener consecuencias negativas para los derechos humanos, en particular por ser perjudiciales para el trabajo digno y los sindicatos;

S.  Considerando que, según la OIT, 21 millones de personas son víctima de trabajos forzosos en todo el mundo, y que muchas de ellas son explotadas en el marco de CVM; que los trabajos forzosos en la economía privada generan 150 000 millones de dólares estadounidenses en beneficios ilegales anuales;

T.  Considerando que, por su mandato a escala mundial, sus conocimientos y su experiencia, la OIT, en colaboración con sus miembros, está en buena situación para liderar una acción mundial en favor del trabajo decente en las cadenas de suministro mundiales; que la Comisión de la OIT sobre el trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro pedía que se evalúen las deficiencias que causan déficits en materia de trabajo decente en las cadenas de suministro mundiales, y que se reflexione sobre las iniciativas y normas necesarias para promover el trabajo decente y facilitar la reducción de los déficits en materia de trabajo decente en las cadenas de suministro mundiales;

U.  Considerando que, en el contexto del comercio mundial y, en particular, de las CVM, es necesario adoptar un enfoque multilateral, global y holístico en materia de responsabilidad de las empresas por las violaciones de los derechos humanos y de la sostenibilidad medioambiental; que es importante, por consiguiente, que la Unión siga liderando esos debates a escala mundial; que la Unión se ha se ha situado en la vanguardia de la reforma del mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados, en particular mediante el desarrollo de un sistema multilateral de tribunales; que se esperan progresos similares en otros ámbitos de interés críticos como la creación de un mecanismo para la ejecución de las obligaciones de los inversores en relación con los derechos humanos;

V.  Considerando que la producción en las CVM tiene lugar en diferentes jurisdicciones, con diferentes niveles de protección de los derechos humanos y de observancia de la legislación en materia social, laboral y medioambiental; que las víctimas de violaciones de los derechos humanos en que están implicadas empresas transnacionales se enfrentan a muchos obstáculos para acceder a reparación judicial;

W.  Considerando que la igualdad de género en todas las políticas de la Unión está consagrada en el artículo 8 del TFUE; que los acuerdos comerciales y de inversión afectan de forma diferente a las mujeres y a los hombres debido a desigualdades estructurales de género; que, en el análisis de las CVM, a menudo se pasa por alto la perspectiva de la igualdad de género; que, según la OIT, en 2012 fueron víctimas de trabajos forzosos 21 millones de personas en todo el mundo (un 55 % de las cuales eran mujeres y niñas), y que un 90 % de estas personas fueron objeto de explotación en la economía privada por particulares o por empresas;

X.  Considerando que las mujeres son la mayoría de los trabajadores en determinados segmentos de las cadenas de suministro mundiales de la confección, la horticultura, la telefonía móvil y el turismo, pero tienden a concentrarse más que los hombres en modalidades de empleo mal remuneradas o poco reconocidas, lo cual da lugar a una segregación por géneros en tipos de ocupaciones y actividades, a brechas de género en materia salarial y en las condiciones laborales, y a limitaciones específicas de género en el acceso a recursos productivos, infraestructuras y servicios;

Y.  Considerando que, de conformidad con el artículo 3, apartado 3, del TUE, la Unión protegerá los derechos del niño; que todos los Estados miembros han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño;

Z.  Considerando que los servicios desempeñan un papel más importante en las CVM, en particular en la fabricación; que una mayor integración de los servicios en las CVM exigirá acuerdos en apoyo de la economía digital, incluidos los flujos de datos;

AA.  Considerando que el desarrollo de CVM contribuye en mayor medida a la integración de servicios en la producción de bienes; que gran parte del valor añadido de los bienes importados ha sido creado por los servicios de los países importadores;

AB.  Considerando que los Estados miembros de la Unión son los mayores exportadores de servicios financieros del mundo, y que este sector reviste una importancia estratégica para la política comercial de la Unión; que la inclusión de disposiciones relativas a los servicios financieros en los acuerdos exteriores de la Unión, incluidos los acuerdos de libre comercio, ha suscitado algunas preocupaciones por sus posibles efectos negativos en términos de blanqueo de capitales y evasión y elusión fiscales y además pone de relieve la importancia de tomar en consideración el uso de instrumentos para abordar estos problemas; que los acuerdos comerciales y de inversión ofrecen una buena oportunidad para aumentar la cooperación en materia de lucha contra la corrupción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal y la evasión y la elusión fiscales;

AC.  Considerando que un etiquetado transparente e informativo puede ser un instrumento útil para que los consumidores de la Unión puedan elegir de manera más informada y más adecuadamente; que, además del precio y del origen, también se deberían ofrecer a los consumidores criterios sociales y medioambientales; que dichos criterios pueden elaborarse técnicamente de forma coherente con el Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, que establece las condiciones aplicables al proceso de producción para permitir la venta de un producto;

AD.  Considerando que el pleno cumplimiento de los derechos humanos en la cadena de producción y el pleno respeto de las normas en materia de seguridad de los alimentos despachados a libre práctica en el mercado europeo deben ser respetados por los Estados y por las empresas; que la carga de la responsabilidad no debe recaer solamente sobre los consumidores, cuya capacidad de elección está limitada tanto por recursos individuales (economía, tiempo, conocimientos) como por elementos externos (información, oferta);

AE.  Considerando que las normas de origen son cada vez más importantes en el contexto de las CVM, en las que la producción se extiende por diversos países; que unas normas de origen laxas pueden crear trabas adicionales al establecimiento de plena transparencia y responsabilidad a lo largo de las cadenas de suministro;

AF.  Considerando que unos procedimientos aduaneros mejores, armonizados y más eficientes en Europa y fuera de ella contribuyen a facilitar el comercio, a cumplir los requisitos pertinentes de facilitación del comercio y a impedir las falsificaciones y la entrada en el mercado único de mercancías falsificadas e ilegales y a precios de dumping, lo que debilita gravemente el crecimiento económico de la Unión y deja muy desprotegidos a sus consumidores; que ampliar la accesibilidad a los datos aduaneros sobre las importaciones que entran en la Unión reforzaría la transparencia y la responsabilidad de las CVM;

AG.  Considerando que, en un contexto de redes de producción fragmentadas, se diluye la distinción entre importaciones y exportaciones, ya que los insumos importados representan un porcentaje significativo de las exportaciones y se acumulan aranceles siempre que se comercia con insumos intermedios a través de las fronteras; que unos procedimientos fronterizos y aduaneros eficientes revisten una importancia especial en este contexto;

AH.  Considerando que los incentivos comerciales en el marco del SPG y el SPG+ ofrecen a los países en desarrollo un mejor acceso al mercado a cambio del respeto de las normas laborales, medioambientales y sociales;

AI.  Considerando que el SPG+ es un instrumento clave de la política comercial de la Unión, que ofrece un mejor acceso al mercado y está acompañado de un estricto mecanismo de control destinado a promover los derechos humanos y laborales, la protección del medio ambiente y la buena gobernanza en los países en desarrollo vulnerables;

AJ.  Considerando que la protección y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual pueden impulsar una mayor y efectiva integración en las CVM;

Posición de la Unión en las CVM

1.  Insiste en que la política comercial y en materia de inversiones debe aspirar a servir de incentivo, a crear unas condiciones de competencia equitativas para las empresas europeas, a promover la competitividad europea y a facilitar una convergencia al alza en lo tocante a las normas; pide a la Comisión que garantice la coherencia entre las políticas medioambiental, de salud pública, comercial, industrial y en materia de inversiones de la Unión y promueva la estrategia de reindustrialización europea y la transición hacia una economía hipocarbónica;

2.  Considera que una mayor integración de la Unión en las CVM pasa por la salvaguardia del modelo social y normativo europeo y la promoción de un crecimiento sostenible;

3.  Pide a la Comisión que apoye la sensibilización con respecto a los regímenes de comercio justo existentes y su aceptación, como se indica en la estrategia «Comercio para todos» de la Unión, en el marco del plan de desarrollo sostenible de la Unión y en el del Consenso Europeo sobre Desarrollo;

4.  Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que adopten instrumentos de defensa comercial reforzados a fin de combatir las prácticas comerciales injustas, teniendo en cuenta el dumping social y medioambiental;

5.  Pide a la Comisión que evalúe las consecuencias de la utilización de los instrumentos de defensa comercial tanto por parte de la Unión como por parte de terceros países en la integración efectiva de las empresas de la Unión en CVM;

6.  Destaca la necesidad de una normativa armonizada y de una mayor coordinación y supervisión por parte de la Unión en cuanto a la aplicación de los derechos de importación por los Estados miembros (incluidos los derechos de aduana convencionales, los derechos antidumping y los derechos compensatorios) a todo tipo de mercancías y bienes, sobre todo las falsas declaraciones de origen (tanto en regímenes preferenciales como no preferenciales), las infravaloraciones y las descripciones incorrectas de los bienes;

Las CVM y el multilateralismo

7.  Pide a la Comisión que trabaje activamente en el seno de la OMC para promover la transparencia y que defina y promueva normas multilaterales aplicables al comercio, en particular la gestión sostenible de las CVM, que deben comprender lo siguiente:

   requisitos obligatorios en materia de transparencia y diligencia debida para la cadena de suministro, basados en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos;
   normas mínimas en materia de salud y seguridad, por las que se reconozca especialmente el derecho de los trabajadores a establecer comités de seguridad;
   un nivel mínimo de protección social y el respeto de las normas laborales fundamentales de la OIT;
   el derecho de negociación colectiva;

8.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que sigan participando activamente en todos los foros multilaterales mundiales sobre empresas, CVM, derechos humanos y laborales, crecimiento económico y desarrollo sostenible, promoviendo los valores europeos consagrados en los Tratados y teniendo presente la necesidad de proteger las particulares características de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas;

9.  Celebra las negociaciones en curso sobre un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y los derechos humanos; pide a la Unión y a los Estados miembros que participen de forma constructiva en esas negociaciones y desempeñen un papel activo contribuyendo al desarrollo de propuestas concretas, incluido el acceso a vías de recurso, esforzándose al máximo para lograr un resultado positivo e instando a los socios comerciales a que también participen; pide a la Comisión, en este contexto, que considere la posibilidad de introducir un sistema de diligencia debida obligatorio ampliado, incluso a escala mundial;

10.  Pide a los Estados miembros que agilicen la aplicación e incrementen la eficacia de los planes de acción nacionales por los que se aplican los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; subraya que ocho de los trece planes de acción nacionales aprobados son de Estados miembros de la Unión y acoge con satisfacción el hecho de que se estén elaborando otros once planes de acción nacionales de la Unión; solicita a la Comisión que promueva y preste asistencia en la aplicación de estos Principios Rectores de las Naciones Unidas;

11.  Celebra la convergencia de las normas internacionales sobre empresas y derechos humanos, especialmente entre los Principios Rectores de las Naciones Unidas y las Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales;

12.  Celebra la inclusión integral del trabajo digno y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT en los ODS de las Naciones Unidas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen efectivamente estas normas y que trabajen en el marco de la OIT con miras a la adopción de una nueva norma laboral internacional relativa al trabajo digno en las CVM, que exija en particular a todas las empresas que lleven a cabo una gestión continua del riesgo del impacto de sus actividades en los derechos humanos de los trabajadores y las comunidades y que adopten las medidas oportunas para prevenir, mitigar y dar solución a los afectados por estas actividades;

13.  Apoya todas las iniciativas mundiales de lucha contra la corrupción, como la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE), el proceso de Kimberley, la Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), los principios enunciados en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas con las empresas, las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y las Directrices de la OCDE sobre la diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos y de alto riesgo; recuerda la obligación que tienen los países productores en particular de aplicar y hacer cumplir la legislación pertinente, también en el ámbito de la construcción del Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción;

14.  Recuerda que en este ámbito, además de la importación y la exportación de minerales y metales, la transparencia de los derechos de explotación y de los derechos de aduana obtenidos es esencial para el desarrollo de las zonas afectadas por conflictos y las zonas de alto riesgo; señala, en este sentido, la necesidad de recapitular las medidas que aplican en la actualidad las empresas europeas en materia de responsabilidad social, y de mejorar la coordinación y el intercambio de informaciones y mejores prácticas, con el fin de poder identificar con más eficacia las buenas prácticas, así como de contribuir a la creación de un marco común de acción a escala europea; pide a la Comisión que refuerce las iniciativas en el ámbito de la responsabilidad social de las empresas y de la diligencia debida en la totalidad de la cadena de suministro;

15.  Recuerda que un acceso fiable a las materias primas es importante para la competitividad a escala mundial;

16.  Destaca la importancia que revisten la introducción, el cumplimiento y la transposición de la legislación existente a nivel regional, nacional e internacional en materia de CVM;

Responsabilidad de las empresas

17.  Hace hincapié en que el comercio y los derechos humanos se refuerzan mutuamente y en que la comunidad empresarial debe desempeñar un papel importante a la hora de ofrecer incentivos positivos en términos de promoción de los derechos humanos, democracia y responsabilidad social de las empresas;

18.  Celebra las numerosas iniciativas prometedoras adoptadas por el sector privado, como por ejemplo códigos de conducta, sistemas de etiquetado, autoevaluaciones y auditorías sociales, que en los últimos años han repercutido positivamente en la situación de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores en las cadenas de suministro mundiales;

19.  Expresa su profunda preocupación por los casos de violaciones de los derechos humanos y las amenazas a la sostenibilidad medioambiental, que se han producido como consecuencia de algunas de las decisiones de gestión adoptadas por las empresas;

20.  Reconoce la importancia de la existencia de normas internacionales claras sobre responsabilidad social de las empresas, CVM y diligencia debida; acoge favorablemente la inteligente combinación de medidas legislativas y voluntarias, que ha dado algunos resultados positivos en los últimos años y ha permitido a las empresas encontrar sus propias medidas dinámicas e innovadoras; insiste en que la coordinación y el intercambio de información y de buenas prácticas pueden contribuir a aumentar la eficiencia de las iniciativas privadas y públicas de la cadena de valor y lograr resultados positivos; recuerda, no obstante, que la responsabilidad social de las empresas voluntaria puede dar lugar a una competencia desleal para los proveedores que han optado por respetar las normas internacionales en materia laboral y medioambiental y no es suficiente por sí misma para garantizar que las empresas cumplan plenamente las normas y obligaciones internacionales implantando una política de diligencia debida; destaca, por lo tanto, la necesidad de trazar una panorámica de las acciones existentes promovidas por las empresas europeas en materia de responsabilidad social de las empresas con el fin de poder identificar mejor las buenas prácticas, así como de contribuir a la creación de un marco común de acción a nivel europeo; cree firmemente que la UE debe desarrollar rápidamente estrategias y normas de transparencia de las CVM, tomando incluso en consideración acciones inmediatas con miras al desarrollo de normas vinculantes y exigibles, las correspondientes vías de recurso y mecanismos de supervisión independientes con participación de las instituciones de la Unión, los Estados miembros y la sociedad civil; destaca que estas obligaciones deben seguir los pasos que requieren los Principios Rectores de las Naciones Unidas y las directrices de la OCDE relativas a la identificación proactiva de riesgos para los derechos humanos, la elaboración de planes de acción rigurosos y demostrables para prevenir o mitigar estos riesgos, la respuesta adecuada ante violaciones conocidas y la transparencia;

21.  Pide a la Comisión que dé más importancia a tales disposiciones y fomente también la asimilación de las directrices sectoriales de la OCDE y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos; insiste en la necesidad de implicar formalmente a la sociedad civil de manera en el proceso de implantación a través de estructuras establecidas en virtud de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible; pide a la Comisión que apoye la labor de organismos internacionales de normalización tales como la Organización Internacional de Normalización (ISO 26000) y la Iniciativa mundial de presentación de informes, a fin de animar a las empresas a informar sobre la sostenibilidad y la creación de valor a lo largo de toda la cadena de suministro;

22.  Pide a la Comisión que garantice el cumplimiento por parte de las empresas europeas e internacionales de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y las directrices sectoriales de la OCDE, como las directrices sobre diligencia debida para la gestión responsable de las cadenas de suministro de minerales procedentes de zonas afectadas por conflictos; recomienda que se refuerce el papel que desempeñan los puntos de contacto nacionales de la OCDE y su cooperación con las instituciones independientes nacionales y regionales de derechos humanos con miras a mejorar la gobernanza de las CVM;

23.  Pide a la Comisión Europea que actualice su estrategia en materia de responsabilidad social de las empresas con el objetivo de reforzar las normas sociales y medioambientales y, en particular, insistir en que se tome en consideración la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos comerciales y de inversión negociados por la Unión;

24.  Destaca que la coordinación y el intercambio de información y de mejores prácticas puede contribuir a aumentar la eficacia de las iniciativas públicas y privadas relativas a las cadenas de valor;

25.  Recuerda que el Parlamento solicitó en 2010 que las empresas publicaran sus balances en materia de responsabilidad social de las empresas, la introducción de requisitos en materia de diligencia debida para todas las empresas y la consolidación del concepto de responsabilidad social de las empresas, sobre la base de una definición armonizada de las relaciones entre las sociedades matrices a fin de establecer la responsabilidad jurídica de cada una de ellas; observa con satisfacción, por tanto, que a partir 2017 se exigirá a las grandes empresas que divulguen información no financiera e información sobre diversidad, de conformidad con la Directiva sobre divulgación de información no financiera; observa que aún no se ha extendido la obligación de divulgación de información no financiera por parte de las grandes empresas a todos los agentes que operan en las CVM;

26.  Señala la iniciativa de la «tarjeta verde» puesta en marcha por algunos Parlamentos nacionales a raíz de la adopción de la Ley francesa sobre el deber de diligencia de las empresas multinacionales; pide a la Comisión que contemple propuestas relativas a la diligencia debida de las empresas de la Unión que operan tanto dentro como fuera de la Unión, teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional francés sobre la ley francesa, concretamente respecto de la proporcionalidad de las sanciones;

27.  Recuerda que las políticas en materia de responsabilidad social de las empresas deben tener presentes las características especiales de las pymes y ser lo suficientemente flexibles como para garantizar que no les sean impuestas cargas desproporcionadas; pide a la Comisión, por tanto, que cree un servicio de asistencia específico para pymes que dedique una atención especial a pequeñas empresas y microempresas, y que les preste ayuda con programas de capacitación a la medida;

28.  Subraya que las CVM no acaban cuando el producto llega al consumidor, sino que incluyen también los residuos y su tratamiento; insta a que se tenga en cuenta todo el ciclo de vida de los productos y a que se amplíe la perspectiva sobre las CVM incorporando disposiciones jurídicas relativas a la eliminación de los residuos sin dañar a las personas ni al medio ambiente; pide a la Unión que aliente la cooperación internacional y la coherencia legislativa respecto del final del ciclo de vida de los productos y materiales y que ayude a los países socios a reforzar las normas nacionales y las capacidades de garantía del cumplimiento; pide a la Unión que garantice que la trazabilidad se aplique a este aspecto del ciclo de vida de los productos;

29.  Insta a la Comisión a que actúe con rapidez, a raíz de las propuestas pormenorizadas que figuran en la Resolución del Parlamento, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países;

Refuerzo del papel de las iniciativas del sector privado

30.  Destaca los logros obtenidos gracias al empeño del sector privado; destaca que el sector privado debe aplicar estrategias de sostenibilidad no solo para evitar daños a su reputación, sino también porque ello ofrece nuevas oportunidades y reduce su dependencia de recursos escasos;

31.  Subraya el papel fundamental de los consumidores (y los efectos de la mala publicidad); recuerda que ningún consumidor desea seguir comprando productos fabricados por niños u hombres y mujeres explotados, o productos que hayan causado daños ambientales graves;

32.  Pide a la Comisión que encuentre nuevas formas de apoyar los esfuerzos del sector privado por lograr una mayor sostenibilidad de las CVM y desarrollar modelos empresariales más incluyentes y asociaciones de múltiples partes interesadas del sector privado;

33.  Hace hincapié en que para promover unas CVM sostenibles es necesaria una combinación inteligente de financiación privada y pública, considera que deben tomarse como base las estructuras y los programas existentes que hayan demostrado ser eficaces a la hora de promover una conducta empresarial responsable;

34.  Celebra las numerosas iniciativas prometedoras adoptadas por el sector privado, como códigos de conducta, sistemas de etiquetado, autoevaluaciones y auditorías sociales, y reconoce la importancia del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la norma ISO 26000 sobre responsabilidad social, la Declaración tripartita de principios de la OIT sobre las empresas multinacionales y la política social y las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales como instrumentos que pueden hacer avanzar la responsabilidad en la actividad de las empresas; pide a las empresas, europeas o no europeas, que apliquen la diligencia debida en materia de derechos humanos e incorporen sus conclusiones en las políticas y los procedimientos internos, y que atribuyan en consecuencia recursos y responsabilidades y velen por su aplicación en la práctica; subraya que para ello es necesaria la asignación de recursos suficientes; destaca que la transparencia y la divulgación de las medidas adoptadas para evitar las violaciones de los derechos humanos en terceros países son fundamentales para permitir una supervisión democrática adecuada y que los consumidores puedan hacer elecciones factuales;

Los acuerdos de libre comercio de la Unión y las CVM

35.  Acoge con satisfacción la nueva estrategia de comercio e inversión para la Unión Europea, titulada «Comercio para todos»; pide a la Comisión que, en su política comercial y de inversión y en los acuerdos de libre comercio (ALC), aborde los retos que conlleva el desarrollo de las CVM tomando en consideración las medidas siguientes:

   a) el refuerzo de las evaluaciones ex ante del impacto del comercio en la sostenibilidad con la incorporación de requisitos de evaluación en materia de derechos humanos y de género, y haciendo las evaluaciones ex post, con aportaciones de la sociedad civil, de carácter obligatorio y públicas;
   b) la plena aplicación de las recomendaciones del Parlamento de 2010 y 2016 relativas a los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible de los ALC, que deben comprender capítulos exigibles y ambiciosos sobre comercio y desarrollo sostenible y tomar en consideración los aspectos siguientes;
   i) el compromiso de cada una de las partes de ratificar y aplicar los ocho convenios fundamentales y los cuatro convenios prioritarios de la OIT, así como los acuerdos internacionales multilaterales en materia de medio ambiente;
   ii) la cobertura de las cláusulas en materia de derechos humanos y los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible por la resolución general de litigios, en pie de igualdad con las demás partes del acuerdo;
   iii) la posibilidad de recurrir y exigir reparación a través de un procedimiento de presentación de reclamaciones para los interlocutores sociales y la sociedad civil;
   iv) medidas disuasorias eficaces, incluso en forma de reparaciones económicas, en caso de incumplimiento grave y demostrado de las disposiciones de los capítulos sobre comercio y desarrollo sostenible;
   c) la inclusión de disposiciones exigibles en materia de lucha contra la corrupción y protección de denunciantes de irregularidades, en el marco de las competencias de la Unión Europea, en todos los futuros ALC; insiste, a este respecto, en que las partes signatarias de los acuerdos comerciales y de inversión deberían adoptar medidas para promover la participación activa del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos consultivos internos para la aplicación de los programas de lucha contra la corrupción y las cláusulas de los acuerdos de comercio internacional y de inversión;
   d) la inclusión de cláusulas de mantenimiento del statu quo que fijen normas mínimas en materia social, medioambiental y de seguridad en todos los ALC de la Unión, evitando así que las Partes reduzcan sus normas sociales, medioambientales y de seguridad para promover las exportaciones y atraer la inversión;
   e) la inclusión de disposiciones sobre transparencia fiscal (como las normas clave de la OCDE en materia de transparencia) y la intensificación de la cooperación en la lucha contra el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la evasión y la elusión fiscales en los ALC, que están debidamente reflejadas en los criterios de apertura del mercado para los servicios financieros;
   f) el acompañamiento de todas estas disposiciones con medidas de apoyo para los países en desarrollo y la rigurosa supervisión de su aplicación, en particular mediante aportaciones de los Parlamentos nacionales y las partes interesadas, especialmente de la sociedad civil;
   g) la mayor vinculación entre las prioridades acordadas bilateralmente para la aplicación de los capítulos sobre desarrollo sostenible de los ALC y el apoyo financiero a través de los programas de la Unión de cooperación para el desarrollo;

36.  Recuerda, por una parte, el papel esencial que pueden desempeñar las pymes en las CVM y, por otra, las ventajas de una mayor integración de las pymes en las CVM; pide a la Comisión que incluya capítulos sobre las pymes en todos los futuros acuerdos comerciales; pide asimismo a la Comisión que, en este contexto, evalúe las estructuras de apoyo existentes para las pymes que desean acceder a las CVM y que revise y, en su caso, actualice la estrategia «Pequeñas empresas en un mundo grande» establecida en 2011 para facilitar en mayor medida la participación de las pymes en las CVM;

37.  Subraya que las CVM incluyen a menudo producción y servicios en zonas francas industriales, en las que los derechos laborales y medioambientales son diferentes del resto del país y a menudo están restringidos; pide a la Comisión que vele por que las normas sociales y ambientales suscritas en los ALC se apliquen a todo el territorio de los socios comerciales, incluidas las zonas francas industriales;

Etiquetado, trazabilidad y datos aduaneros

38.  Pide a la Unión que trabaje para hallar soluciones adecuadas y eficaces con miras a la introducción de un sistema de etiquetado obligatorio, transparente y eficaz de la «trazabilidad social y medioambiental» a lo largo de toda la cadena de producción, de conformidad con el Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, y que paralelamente promueva una acción similar a nivel internacional;

39.  Pide a la Comisión que considere la posibilidad de introducir legislación relativa a normas de etiquetado del origen de los productos que entran en el mercado de la Unión o que proponga normas que garanticen una trazabilidad efectiva;

40.  Pide a la Comisión que busque vías para capacitar a las partes para acceder, con una justificación adecuada y previa solicitud por motivos de interés público, a los datos de aduanas correspondientes a las partes que comercian con productos o bienes importados a la Unión, y anima a los Estados miembros a que hagan lo mismo;

Competencia judicial y acceso a vías de recurso

41.  Reitera la necesidad urgente de luchar eficazmente contra las violaciones de los derechos humanos cometidas por empresas transnacionales en cuanto se produzcan, y de abordar los problemas jurídicos derivados de la dimensión extraterritorial de las empresas, principalmente a través del establecimiento de responsabilidades jurídicas compartidas a lo largo de las cadenas de suministro; pide a los Estados miembros que tomen las medidas adecuadas para hacer frente a los obstáculos financieros y procesales a los que se enfrentan las víctimas en los contenciosos civiles;

42.  Reitera su petición a la Comisión de que reflexiones sobre la ampliación de las normas sobre competencia judicial contempladas en el Reglamento «Bruselas I» a los inculpados de terceros países en las demandas contra empresas que tienen un claro vínculo con un Estado miembro o contra empresas para las que la Unión es un mercado de salida esencial, y le pide que, si procede, presente rápidamente una propuesta al Parlamento y al Consejo;

43.  Recuerda que las empresas deben instaurar mecanismos de reclamación a nivel operativo en favor de los trabajadores que sufren las consecuencias de su actuación, también en las zonas francas industriales; reitera su llamamiento a la Unión y a los Estados miembros para que adopten las medidas pertinentes para encarar los obstáculos legales, procesales e institucionales para acceder a vías de recurso efectivas;

Igualdad de género y derechos del niño

44.  Recuerda que la igualdad de género está firmemente instituida en todas las políticas de la Unión, tal como se establece en el artículo 8 del TFUE; lamenta que en la estrategia «Comercio para todos» no se mencione el género y pide a la Comisión que tome en consideración la cuestión del género y el empoderamiento de las mujeres en la revisión intermedia de la estrategia; pide a la Comisión que garantice la integración de la perspectiva de género en la política comercial y de inversión, en la estrategia «Ayuda al comercio», y en todos los futuros ALC y evaluaciones de impacto; pide a la Comisión que prosiga sus conversaciones y negociaciones en el seno de la OMC para que se tome en consideración el género en la política comercial y de inversiones de la OMC; pide a la Comisión que recopile datos desglosados por género sobre las CVM, especialmente relativos al sector agrícola, teniendo presente el empoderamiento de las mujeres más allá de cuestiones salariales, los factores que conducen a la violencia contra las mujeres y factores sociales como el permiso parental y la salud, con miras a establecer formas jurídicas que permitan subsanar los efectos colaterales negativos de las CVM; se congratula de que se incluya la cuestión de la igualdad de género en las negociaciones para la actualización del Acuerdo UE-Chile y de que vaya a figurar en el futuro acuerdo actualizado;

45.  Pide que se efectúe un análisis global de las diferencias y desigualdades en el marco de las CVM, en relación con: i) las diferencias de género en la gestión del tiempo, derivadas principalmente de la responsabilidad primaria de la mujer en la labor reproductiva; ii) las diferencias de género en el acceso a los insumos y recursos productivos, en particular las tierras, el crédito, la formación y las redes; y iii) las diferencias de género derivadas de disfunciones y discriminaciones en el mercado y las instituciones;

46.  Subraya que las mujeres tienden a ser quienes más sufren y que en el caso de las mujeres, con harta frecuencia el tráfico de mano de obra discurre en paralelo con el tráfico sexual y los feminicidios;

47.  Propone que en el comercio internacional y en las políticas comerciales de la Unión relativas a las CVM se incluya y desarrolle una estrategia específica de protección formal de las personas que denuncien prácticas de feminicidio, tráfico de mano de obra y tráfico sexual y de defensa de las víctimas; destaca que estos denunciantes en el ámbito del comercio internacional y de la Unión deben contar con un reconocimiento y una protección similares a los exigidos en el caso de los denunciantes de irregularidades;

48.  Recuerda que las mujeres tienen una presencia creciente en el trabajo, pero aún están sobrerrepresentadas en los puestos con menos cualificación y peor remunerados, no disponen de un acceso suficiente a las medidas de protección social, entre ellas la protección de la maternidad, y con harta frecuencia sufren discriminación y acoso sexual;

49.  Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que promuevan una contratación pública sostenible mediante la aplicación de requisitos específicos en materia de derechos humanos y cumplimiento del Derecho internacional, en especial en lo que atañe al fomento de la igualdad de género y a las normas europeas en materia de competencia, así como la transparencia para los proveedores y sus cadenas de suministro internacionales;

50.  Destaca la importancia de la ratificación de los Convenios de la OIT n.º 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y n.º 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y al trabajo por que los países que todavía no lo han hecho; recuerda que la Unión se ha comprometido a erradicar las peores formas de trabajo infantil a escala mundial, de acuerdo con sus valores, consagrados en el artículo 21 del TUE, que incluye en particular la prohibición del trabajo infantil en el marco de la acción exterior de la Unión; reitera su llamamiento a favor de la armonización y el refuerzo de los controles de las importaciones y las cadenas de suministro con el fin de garantizar que solo entren en el mercado de la Unión productos que no procedan del trabajo infantil ni del trabajo forzoso ni de la esclavitud moderna; destaca su apoyo a las iniciativas existentes destinadas a apoyar a las pymes y las pequeñas organizaciones de agricultores para que adquieran un mayor porcentaje de valor en las CVM, tales como el comercio justo; subraya la importancia de integrar la lucha contra el trabajo forzado y el trabajo infantil en todos los ALC de la Unión a través de los capítulos consagrados al desarrollo sostenible, a fin de velar por que los socios comerciales compartan dicho objetivo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que defiendan enérgicamente esta propuesta en todos los foros internacionales, como la OIT, la OCDE, las Naciones Unidas y la OMC, a fin de hacer progresos en la lucha contra el trabajo forzoso y el trabajo infantil; hace hincapié, en este contexto, en que el objetivo de permitir únicamente productos que no procedan del trabajo infantil solo puede alcanzarse si se combina con el establecimiento de salarios mínimos dignos para los miembros de la familia del menor;

Países en desarrollo

51.  Subraya que las CVM ofrecen a las empresas de los países en desarrollo, en particular a las pymes, una oportunidad importante para establecer vínculos con la economía mundial; subraya que es esencial adoptar políticas específicas y medidas de acompañamiento para lograrlo y para ampliar las ventajas potenciales a todos los trabajadores de nuestros países socios, en particular, políticas destinadas a hacer más eficientes los procedimientos administrativos o a ayudar a las empresas afectadas a incrementar su valor añadido y ampliar su participación en las CVM, mejorando asimismo sus normas sociales y medioambientales; señala que la revisión del SPG y el SPG + debe incluir normas vinculantes sobre derechos humanos y laborales y protección del medio ambiente; observa que muchos países en desarrollo cuentan con una capacidad y unos recursos limitados para garantizar efectivamente el cumplimiento de las normas y disposiciones sociales y medioambientales; pide a la Unión que refuerce el desarrollo de capacidades y proporcione a los Gobiernos de los países en desarrollo socios asistencia técnica siempre que sea posible y necesario;

52.  Recuerda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus enfoques en materia de producción sostenible, consumo sostenible y trabajo digno, y pide a la Comisión que en sus informes indique de forma transparente la referencia a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible de que se trate; reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que utilicen el comercio para promover el desarrollo sostenible y la buena gobernanza, en consonancia con el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo; insiste en que los acuerdos comerciales y de inversión que la Unión celebre con países en desarrollo deben ser coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible; reitera el derecho de los países en desarrollo a regular la inversión a fin de garantizar obligaciones y deberes para todos los inversores, incluidos los extranjeros, con objeto de proteger las normas en materia de derechos humanos, laborales y medioambientales;

53.  Acoge con satisfacción la entrada en vigor del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio que, ejecutado correctamente, simplificará y modernizará los procedimientos aduaneros, facilitando a los países en desarrollo, que por lo general tienen mayores barreras aduaneras, su integración en el sistema comercial mundial;

54.  Pide a la Comisión que apoye la participación efectiva de las pymes en las CVM apoyando el establecimiento de asociaciones entre pymes y pequeños colectivos de agricultores de países en desarrollo cuyo objetivo consista en alcanzar un mayor porcentaje de valor para los productores, garantizando al mismo tiempo un elevado nivel de protección social, medioambiental y de los derechos humanos, como ocurre en el caso del comercio justo;

55.  Pide a la Comisión que vele por la aplicación y el control efectivos de los requisitos relativos a los derechos humanos vinculados a las preferencias comerciales unilaterales en virtud del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), y por la aplicación, en el pleno respeto del Reglamento SPG, de los procedimientos previstos para el caso del posible incumplimiento de estos requisitos;

56.  Confía en que la revisión intermedia del SPG aclare las definiciones y prevea una evaluación en profundidad del sistema actual; considera que la política comercial debe ser una vía para animar a los socios comerciales de la Unión a adoptar normas sociales, laborales y medioambientales más exigentes, lo que podría lograrse mediante incentivos como preferencias arancelarias adicionales para los productos elaborados de forma sostenible; opina que este objetivo exige una revisión del Reglamento SPG y sugiere que se incluyan requisitos en materia de responsabilidad social de las empresas dentro de su ámbito de aplicación a fin de garantizar que las empresas transnacionales cumplan las obligaciones legales nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, normas laborales y normas medioambientales; pide que se dedique una especial atención a la situación de los derechos humanos y sindicales en las zonas francas industriales, e insta a la Comisión a que aborde esta cuestión, en estrecha cooperación con la OIT, en la revisión del SPG;

57.  Pide a la Comisión que garantice que todos los proyectos de desarrollo financiados por la Unión, incluidos los proyectos de financiación combinada, se ajusten totalmente a los principios de eficacia del desarrollo acordados a escala internacional y asimismo respeten plenamente el principio de consentimiento libre, previo y con pleno conocimiento de causa, establecido en el Convenio n.º 169 de la OIT;

Normas de origen

58.  Observa que unas normas de origen simplificadas, eficaces y preferenciales son cruciales en el contexto de las CVM; reconoce que la rigidez y la complejidad de las normas de origen pueden obstaculizar la eficiencia de las pautas comerciales;

59.  Pide a la Comisión que, en la medida de lo posible, haga uso de normas de origen multilaterales como normas de origen preferenciales en los ALC; pide, asimismo, a la Comisión que, a la hora de diseñar normas de origen preferenciales específicas en los ALC, rebaje los requisitos de valor añadido y permita el cambio de subpartida arancelaria y la «transformación única» como normas de origen;

60.  Pide a la Comisión que, concretamente en el caso de las negociaciones sobre ALC con países que actualmente se benefician de las preferencias del SPG y el TMA, garantice que la elaboración de normas de origen no provoque desviaciones de los procesos económicos;

61.  Considera que el aumento de la acumulación en los ALC no debe considerarse como un instrumento de liberalización encubierta, sino como un medio para permitir que los países se especialicen en actividades económicas siguiendo la lógica de la ventaja comparativa;

Derechos de propiedad intelectual y flujos de datos

62.  Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de proteger todo el espectro de los derechos de propiedad intelectual, a saber, las patentes, las marcas registradas, los derechos de autor, los dibujos y modelos, las indicaciones geográficas, las marcas de origen y los productos farmacéuticos, garantizando al mismo tiempo el acceso a medicamentos asequibles, tanto a nivel de la OMC como a través de los ALC; pide a la Comisión que adopte medidas adicionales sobre la posible ampliación de la protección de las indicaciones geográficas a productos no agrícolas, como ocurre ya en varios terceros países a través de diversos sistemas jurídicos; pide un proceso abierto e incluyente para mejorar la cooperación con terceros socios con el fin de combatir el fraude y la falsificación de bienes, que se aprovecha de la confianza que transmiten algunas marcas;

63.  Reconoce que la innovación digital y los flujos de datos son los principales motores de la economía de servicios y un elemento esencial de la CVM de las empresas manufactureras tradicionales y que, por tanto, convendría limitar los requisitos de localización obligatoria en la medida de lo posible dentro y fuera de Europa, permitiendo al mismo tiempo el establecimiento de las exenciones necesarias por objetivos legítimos de política pública como la protección de los consumidores y de los derechos fundamentales; recuerda que la protección de los flujos de datos y el derecho a la vida privada no constituyen obstáculos para el comercio sino que son derechos fundamentales consagrados en el artículo 39 del TUE, en los artículos 7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;

o
o   o

64.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior, a la Organización Mundial del Comercio y a la UNCTAD.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0299.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0298.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0208.
(4) DO C 99 E de 3.4.2012, p. 101.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0405.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0196.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0098.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0041.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0252.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0265.
(11) DO L 130 de 19.5.2017, p. 1.
(12) DO L 295 de 12.11.2010, p. 23.
(13) DO L 303 de 31.10.2012, p. 1.
(14) DO L 351 de 20.12.2012, p. 1.
(15) DO L 330 de 15.11.2014, p. 1.
(16) http://childrenandbusiness.org.
(17) Véase la definición de pyme: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=ES

Aviso jurídico