Índice 
Textos aprobados
Miércoles 13 de septiembre de 2017 - EstrasburgoEdición definitiva
Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: fondos en régimen de gestión directa del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
 Acuerdo Multilateral sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA) ***
 Sometimiento del acriloilfentanilo a medidas de control *
 Relaciones políticas de la Unión con la India
 Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE para prestar asistencia a Italia
 Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2017 que acompaña a la propuesta de movilizar el Fondo de Solidaridad de la UE para prestar asistencia a Italia
 Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2017/002 FI/Microsoft 2, de Finlandia
 Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las limitaciones actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparación de la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 ***I
 Inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030 ***I
 Modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países ***I
 Soja modificada genéticamente DAS-68416-4
 Importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima
 Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2017: aumento de los recursos presupuestarios de la Iniciativa de Empleo Juvenil y actualización de las plantillas de personal de ACER y SESAR2
 Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
 Relaciones políticas de la Unión con América Latina
 Corrupción y derechos humanos en terceros países

Decisión de no formular objeciones a un acto delegado: fondos en régimen de gestión directa del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
PDF 241kWORD 42k
Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión, de 12 de junio de 2017, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la distribución de los fondos en régimen de gestión directa entre los objetivos de la Política Marítima Integrada y de la Política Pesquera Común (C(2017)03881 – 2017/2743(DEA))
P8_TA(2017)0331B8-0496/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2017)03881),

–  Vista la carta de la Comisión, de 1 de septiembre de 2017, por la que le solicita que declare que no formulará objeciones al Reglamento Delegado,

–  Vista la carta de la Comisión de Pesca al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, de 5 de septiembre de 2017,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el Reglamento (UE) n.º 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2328/2003, (CE) n.º 861/2006, (CE) n.º 1198/2006 y (CE) n.º 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.º 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo(1), y en particular su artículo 14, apartado 4, y su artículo 126, apartado 5,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 1954/2003 y (CE) n.º 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 2371/2002 y (CE) n.º 639/2004 y la Decisión 2004/585/CE del Consejo(2),

–  Vista la recomendación de Decisión de la Comisión de Pesca,

–  Visto el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Visto que no se ha manifestado oposición alguna en el plazo señalado en el artículo 105, apartado 6, tercer y cuarto guion, de su Reglamento interno, que expiró el 12 de septiembre de 2017,

1.  Declara que no formulará objeciones al Reglamento Delegado;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 149 de 20.5.2014, p. 1.
(2) DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.


Acuerdo Multilateral sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA) ***
PDF 154kWORD 43k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo sobre la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo Multilateral entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, la República de Albania, Bosnia y Herzegovina, la República de Bulgaria, la República de Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, la República de Islandia, la República de Montenegro, el Reino de Noruega, Rumanía, la República de Serbia y la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo(1), sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (ZECA) (15654/2016 - C8-0098/2017 - 2006/0036(NLE))
P8_TA(2017)0332A8-0260/2017

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (15654/2016),

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo sobre la firma y aplicación provisional del Acuerdo Multilateral entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, la República de Albania, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, la República de Bulgaria, la República de Croacia, la República de Islandia, la República de Montenegro, el Reino de Noruega, Rumanía, la República de Serbia y la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo(2), sobre la creación de una Zona Europea Común de Aviación (08823/2/2006),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 100, apartado 2, y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0098/2017),

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0260/2017),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Albania, de Bosnia y Herzegovina, de la República de Bulgaria, de la República de Croacia, de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, de la República de Islandia, de la República de Montenegro, del Reino de Noruega, de Rumanía y de la República de Serbia, así como a la Misión de Administración Provisional de las Naciones Unidas en Kosovo.

(1)*Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.
(2)* Esta denominación se entiende sin perjuicio de las posiciones sobre su estatuto y está en consonancia con la Resolución 1244 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con el Dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo.


Sometimiento del acriloilfentanilo a medidas de control *
PDF 239kWORD 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre el proyecto de decisión de ejecución del Consejo por la que se somete al N-(1-fenetilpiperidin-4-il)-N-fenilacrylamida (acriloilfentanilo) a medidas de control (08858/2017 – C8-0179/2017 – 2017/0073(NLE))
P8_TA(2017)0333A8-0284/2017

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto del Consejo (08858/2017),

–  Vistos el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, en su versión modificada por el Tratado de Ámsterdam, y el artículo 9 del Protocolo n.º 36 sobre las disposiciones transitorias, conforme a los cuales ha sido consultado por el Consejo (C8‑0179/2017),

–  Vista la Decisión 2005/387/JAI del Consejo, de 10 de mayo de 2005, relativa al intercambio de información, la evaluación del riesgo y el control de las nuevas sustancias psicotrópicas(1), y en particular su artículo 8, apartado 3,

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0284/2017),

1.  Aprueba el proyecto del Consejo;

2.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

3.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente el texto aprobado por el Parlamento;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 127 de 20.5.2005, p. 32.


Relaciones políticas de la Unión con la India
PDF 191kWORD 51k
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre las relaciones políticas de la Unión con la India (2017/2025(INI))
P8_TA(2017)0334A8-0242/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Asociación Estratégica UE-India, creada en 2004, y el Plan de Acción Conjunta para la Cooperación Estratégica UE-India, de 7 de septiembre de 2005,

–  Vistos el Plan de Acción 2020 UE-India y la Declaración Conjunta adoptados en la 13.ª Cumbre UE-India,

–  Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, de junio de 2016,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de septiembre de 2001, titulada «Un marco estratégico para consolidar las asociaciones entre Europa y Asia» (COM(2001)0469),

–  Visto el Reglamento (UE) n.° 234/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Colaboración para la cooperación con terceros países(1),

–  Vista su recomendación al Consejo, de 28 de octubre de 2004, sobre las relaciones UE-India(2),

–  Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2005, sobre la cooperación estratégica entre la UE y la India(3),

–  Vista su Resolución, de 24 de septiembre de 2008, sobre la preparación de la Cumbre UE-India (Marsella, 29 de septiembre de 2008)(4),

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre la India, incluidas las relativas a los casos de violación de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho,

–  Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2012, sobre la política exterior de la UE frente a los países BRICS y otras potencias emergentes: objetivos y estrategias(5),

–  Vista su Resolución, de 13 de abril de 2016, sobre la Unión en un entorno mundial en mutación: un mundo más conectado, disputado y complejo(6),

–  Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2012, sobre la piratería marítima(7),

–  Vista su Resolución, de 27 de octubre de 2016, sobre seguridad nuclear y no proliferación(8),

–  Vista la misión de su Comisión de Asuntos Exteriores en la India, los días 21 y 22 de febrero de 2017,

–  Vistas la 11.ª Cumbre Asia-Europa (ASEM), celebrada en Ulán Bator los días 15 y 16 de julio de 2016, y la 9.ª reunión de la Asociación Parlamentaria Asia-Europa (ASEP), celebrada en Ulán Bator los días 21 y 22 de abril de 2016, así como las correspondientes declaraciones adoptadas en ambas reuniones,

–  Visto el artículo 52 del Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0242/2017),

A.  Considerando que la UE y la India son las dos democracias mayores del mundo, que ambas se basan en un extenso pasado cultural y están conjuntamente comprometidas con el fomento de la paz, la estabilidad y la seguridad, la prosperidad, el desarrollo sostenible y la justicia social, así como con el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de derecho y la buena gobernanza;

B.  Considerando que, a lo largo de los dos últimos decenios, la UE y la India han forjado una Asociación Estratégica basada en valores e intereses compartidos, dado que ambas constituyen socios naturales y factores de estabilidad en el actual mundo multipolar; que se debe profundizar en esta Asociación Estratégica, dado que posee un elevado potencial a la hora de aportar una nueva dinámica a escala internacional, incluso en la Naciones Unidas, y de abordar cuestiones como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los contactos personales;

C.  Considerando que en la 13.ª Cumbre UE-India, celebrada el 30 de marzo de 2016 tras un lapso de cuatro años, se aprobó una hoja de ruta para la Asociación Estratégica para los próximos cinco años;

D.  Considerando que en la 13.ª Cumbre UE-India se aprobaron varias Declaraciones Conjuntas: sobre un programa común sobre migración y movilidad, sobre una asociación para el agua India-UE, sobre una asociación en materia de energía limpia y clima y sobre la lucha contra el terrorismo;

E.  Considerando que la UE y la India, como importantes socios económicos, comerciales y en materia de inversión que son, y siendo la Unión el primer socio comercial de la India, llevan desde 2007 manteniendo negociaciones para un ambicioso acuerdo de libre comercio e inversión, que deberá concluirse cuanto antes; que el Plan de Acción 2020 UE-India reafirma el compromiso de ambas partes de establecer un clima económico estable que sea favorable a la expansión del comercio y la cooperación económica;

F.  Considerando que una mayor coordinación entre la UE y sus Estados miembros en su relación con la India permitiría seguir reforzando la Asociación Estratégica;

G.  Considerando que la India es una democracia dinámica y abierta con medios de comunicación libres y una activa sociedad civil; que la UE y la India han mantenido regularmente intercambios de las mejores prácticas en materia de derechos humanos y democracia, incluidas las cuestiones de la libertad de expresión y de asociación y el Estado de Derecho, así como sobre el trato a los migrantes, el respeto a las minorías y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, a las que se ha comprometido la Unión;

Unas bases sólidas para una asociación valiosa

1.  Expresa su total apoyo a una asociación más sólida y profunda entre la UE y la India, fundamentada en sus fuertes vínculos políticos, económicos, sociales y culturales, en los valores compartidos de democracia, respeto de los derechos humanos y pluralismo y en el respeto mutuo y el interés común;

2.  Estima que el estrechamiento de las relaciones políticas entre ambos socios podría contribuir positivamente al fomento de la cooperación regional e internacional en un mundo enfrentado a numerosos desafíos globales, como por ejemplo las tensiones en la seguridad, el desprecio al derecho internacional, el terrorismo, el extremismo y la radicalización, la delincuencia transnacional organizada y la corrupción, la migración irregular y la trata de seres humanos, los efectos del cambio climático, la pobreza, la desigualdad y el desprecio de los derechos humanos, así como el creciente populismo;

3.  Destaca que, siendo las dos mayores democracias del mundo, la Unión y la India tienen la responsabilidad común de promover la defensa de la paz, el Estado de Derecho y los derechos humanos en todo el mundo, también mediante la intensificación de la cooperación a escala de las Naciones Unidas;

4.  Considera que la relación entre la UE y la India ha ganado significativamente en calidad y extensión desde la Declaración Política Conjunta de 1993; destaca la importancia de la Asociación Estratégica UE-India creada en 2004 y pensada para reconocer la estrecha vinculación entre ambos países y llevar sus relaciones a un nivel superior y más intenso;

5.  Destaca que la asociación entre la UE y la India todavía no ha desarrollado todo su potencial; considera que es preciso un compromiso político más sólido por ambas partes para conferir a la relación un mayor dinamismo y fortalecerla de cara a los desafíos que afrontan ambos socios tanto a nivel regional como internacional; pide que se incremente la inversión para reforzar los vínculos entre la Unión de los Veintisiete y la India; subraya la importancia de realizar una evaluación completa del funcionamiento de la asociación estratégica para generar ideas en cuanto a las posibilidades de desarrollarla;

Una asociación más sólida en beneficio de ambas partes

6.  Acoge con satisfacción la celebración de la 13.ª Cumbre UE-India en Bruselas el 30 de marzo de 2016; insta a la UE y a la India a que celebren cumbres con carácter anual, tal y como se comprometieron, dado que estas reuniones de alto nivel contribuyen muy positivamente a la mejora de la cooperación, el entendimiento mutuo y la visibilidad recíproca;

7.  Celebra el espaldarazo al Plan de Acción 2020 UE-India, que constituye una hoja de ruta para la intensificación de la Asociación Estratégica a lo largo de los próximos cinco años; valora positivamente la reanudación de la cooperación en 2016 en numerosos ámbitos, como por ejemplo la seguridad, la lucha antiterrorista, la migración y la movilidad, el comercio, la transferencia de tecnología y la cultura, el cambio climático, el desarrollo, la energía y el agua; pide la aplicación eficaz del Plan con etapas y plazos claros;

8.  Reitera su apoyo a la celebración de un acuerdo de libre comercio ambicioso y global entre la UE y la India, que debería ser económica, social y políticamente beneficioso para ambas partes; recuerda que la Unión es el principal bloque comercial del mundo y que la India tiene una de las mayores tasas de crecimiento del PIB a nivel mundial; recuerda igualmente, que la Unión es el principal socio de la India en cuanto a comercio e inversión y que los flujos de importación y exportación entre ambas partes están relativamente equilibrados;

9.  Valora positivamente la reanudación del debate entre la UE y la India sobre el modo de proceder con las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio, también conocido como Acuerdo Amplio de Comercio e Inversión (BTIA, por sus siglas en inglés); insta a ambas partes, con vistas a concluir cuanto antes el acuerdo de libre comercio, a que procedan con las negociaciones en un espíritu de reciprocidad y beneficio mutuo y teniendo en cuenta las normas internacionales a las que ambas partes se han comprometido, incluidas las establecidas en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como el principio de la responsabilidad social corporativa; reconoce que un acuerdo como este, al estar equilibrado entre las preocupaciones de ambas partes, puede garantizar que las medidas beneficien tanto a los ciudadanos europeos como a los indios, por ejemplo combatiendo la pobreza y promoviendo el respeto de los derechos humanos;

10.  Recomienda que se adopte a nivel de la UE una estrategia coherente para las relaciones con la India, con prioridades claramente definidas; llama la atención sobre la importancia de que dicha estrategia se aplique, tanto por las instituciones de la UE como por los Estados miembros, de manera coherente y coordinada; considera que las prioridades de la UE con respecto a la India podrían también definirse en el marco de una estrategia actualizada para las relaciones UE-Asia;

11.  Celebra el compromiso del Banco Europeo de Inversiones (BEI) de favorecer las inversiones a largo plazo en la India en infraestructuras esenciales para el desarrollo económico, social y sostenible desde el punto de vista medioambiental; pide al BEI que materialice este compromiso e intensifique su apoyo a las inversiones sostenibles en la India;

12.  Destaca la importancia que reviste el diálogo interparlamentario estructurado para el funcionamiento de la Asociación Estratégica; anima a la presidenta del Parlamento indio a que constituya un Grupo de Amistad India-Europa formado por parlamentarios de la Lok Sabha y la Rajya Sabha que actúe como homólogo de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con la India;

Una amplia agenda para la cooperación en política exterior y de seguridad

13.  Reitera que, en el entorno internacional actual, tanto la Unión como la India se enfrentan a desafíos de seguridad acuciantes que requieren una respuesta diplomática que vaya acompañada de una acción disuasoria reforzada, el respeto del Derecho internacional y la cooperación entre los Estados democráticos;

14.  Hace hincapié en el considerable potencial de incremento de las sinergias entre la UE y la India en relación con la política exterior y de seguridad; se muestra convencido de que un diálogo regular y coherente puede allanar el camino al entendimiento mutuo y, por ende, también a una mayor coordinación entre las agendas de asuntos exteriores de la UE y de la India a nivel tanto regional como internacional, incluyendo los asuntos en los que anteriormente se han adoptado enfoques diferentes por una y otra parte;

15.  Celebra el compromiso adoptado en el Plan de Acción 2020 UE-India de crear foros de consultas en materia de política exterior y de seguridad; subraya el valor añadido que supone incrementar la frecuencia y el peso de los intercambios de alto nivel en política exterior y de seguridad;

16.  Pide tanto a la UE y a sus Estados miembros como a la India que redoblen sus esfuerzos por promover un multilateralismo efectivo y reglamentado de alcance mundial; insta a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al Consejo a que apoyen la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, incluida la candidatura de la India para ser miembro permanente; alienta asimismo a la Unión y la India a que coordinen, en la medida de lo posible, sus posturas e iniciativas en las Naciones Unidas en aquellas cuestiones en que su cooperación pueda suponer una diferencia, así como en otros foros internacionales como la OMC;

17.  Reconoce la intensificación y valía de los intercambios sobre temas que preocupan a nivel mundial que tienen lugar en el marco de la Reunión Asia-Europa, un foro de cooperación multilateral que incluye tanto a la Unión como a la India; apoya los procesos de integración en Asia, tanto a nivel político como económico, puesto que pueden contribuir positivamente a reducir el número de conflictos y a la prosperidad de la región;

18.  Destaca el importante valor añadido de la cooperación entre la UE y la India en el apoyo a los procesos democráticos en Asia; destaca asimismo la importancia de que la UE y la India coordinen sus políticas de ayuda humanitaria y desarrollo, en vista del gran nivel de actividades de desarrollo que han realizado ambas partes en Asia, a fin de contribuir positivamente a los avances políticos, económicos y sociales en los países en cuestión, incluidas las minorías o las personas apátridas, como los rohinyás; pide que se intensifique el diálogo a este fin;

19.  Toma nota de la Declaración Conjunta UE-India sobre la lucha antiterrorista, de 30 de marzo de 2016, destinada a reforzar la cooperación para prevenir y combatir la radicalización, el extremismo violento y el terrorismo; destaca la importancia de la continuidad de la cooperación entre los órganos judiciales y policiales de la UE y de la India con arreglo al acuerdo vigente en el marco de Europol; recomienda que se facilite el intercambio de información y mejores prácticas entre la India y la UE, incluidos los Estados miembros de esta; alienta a ambas partes a que defiendan conjuntamente la adopción de un convenio global sobre terrorismo internacional en el foro de las Naciones Unidas y el refuerzo de la eficacia de las calificaciones de organización terrorista por parte de esta institución;

20.  Destaca la importancia de una mayor cooperación entre la UE y la India para Afganistán, a saber: contribuir a la implantación en Afganistán de un proceso de reconciliación y de paz que pertenezca a los afganos y esté liderado por ellos, a la creación de instituciones estables y de un Estado que funcione, así como de un entorno político y económico que permita la consolidación de la paz y la seguridad; anima, en particular, a reforzar la coordinación política en los ámbitos militar y de seguridad, la ayuda al desarrollo y las medidas relativas al contexto regional; hace hincapié en que el proceso «Corazón de Asia» representa un foro importante para la generación de confianza y la cooperación política a nivel regional;

21.  Pide un mayor esfuerzo de acercamiento y de restablecimiento de las relaciones de buena vecindad entre la India y Pakistán a través de un diálogo exhaustivo y, posiblemente, mediante un enfoque de paso a paso, comenzando por un debate sobre las cuestiones técnicas y medidas de creación de confianza, que conduzcan en última instancia a reuniones políticas de alto nivel; subraya la importancia de la dimensión bilateral en el trabajo por el establecimiento de una paz y una cooperación duraderas entre la India y Pakistán, lo que contribuiría positivamente a la seguridad y el desarrollo económico de la región; subraya, además, que, como potencias nucleares, la responsabilidad por lo que respecta a la paz incumbe a ambos Estados; pide a la UE que promueva y apoye el proceso de reconciliación entre India y Pakistán; subraya la suma importancia que reviste la lucha contra el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, incluido el terrorismo subvencionado por el Estado;

22.  Recomienda que se avance en la cooperación sobre el desarme mundial, la no proliferación de armas destrucción masiva y la seguridad nuclear, objetivos con los que tanto la UE como la India están comprometidas; pide a todos los Estados miembros, en este contexto, que apoyen la candidatura de la India para acceder a los regímenes de control de las exportaciones como el Grupo de Suministradores Nucleares, el Régimen de Control de la Tecnología de Misiles, el Arreglo de Wassenaar y el Grupo Australia; celebra que la India haya ratificado el Protocolo Adicional del OIEA;

23.  Se congratula de la firmeza de las posturas de la UE y la India sobre los programas ilegales de misiles nucleares y balísticos desarrollados por la República Popular Democrática de Corea (RPDC), programas que suponen una amenaza a la paz de la región y del mundo, y anima a seguir cooperando para garantizar una aplicación generalizada de las sanciones de las Naciones Unidas contra la RPDC;

24.  Toma nota de las preocupaciones de la India con respecto a China, en particular teniendo en cuenta la política tajante de esta última en el mar de la China Meridional, la notable modernización militar, la relación estratégica con Pakistán y las cuestiones fronterizas sin resolver; considera que solo un verdadero diálogo basado en los principios del Derecho internacional puede contribuir a superar estas diferencias y a generar confianza;

25.  Valora positivamente el apoyo expresado en la 13.ª Cumbre UE-India por ambas partes a la plena aplicación por todas las partes del Acuerdo de Minsk sobre el conflicto en Ucrania oriental; recuerda que la UE ha condenado enérgicamente los actos de agresión de Rusia y sostiene una política de no reconocimiento de la anexión ilegal de Crimea y Sebastopol; confía en que la UE y la India puedan seguir alineando sus posturas a través del diálogo;

26.  Anima a la UE y a la India a seguir intercambiando sus puntos de vista, tanto durante las cumbres como en sus consultas periódicas en materia de asuntos exteriores y seguridad, sobre la situación en Oriente Próximo y los ámbitos de posible cooperación susceptibles de mejorar la estabilización de la región, inclusive a través de medidas a nivel internacional; llama la atención, en particular, sobre la importancia de la cooperación para garantizar una solución política duradera en Siria con arreglo a lo establecido por las Naciones Unidas en consonancia con el Comunicado de Ginebra, de 30 de junio de 2012, y para apoyar la reconstrucción y la reconciliación tras el acuerdo, una vez iniciada una transición política creíble que pertenezca a los sirios y esté liderada por ellos;

27.  Subraya que la Unión y la India podrían intensificar su cooperación y el intercambio de mejores prácticas con respecto a los países africanos, a fin de velar por que su labor de desarrollo sea complementaria;

28.  Destaca los importantes beneficios que tanto la UE como la India podrían extraer de un refuerzo de su cooperación en ámbitos como la seguridad marítima, la ciberseguridad, la protección de datos, la migración y la movilidad;

29.  Señala que la Unión y la India comparten intereses fundamentales, y subraya que deberían intensificar su cooperación en el ámbito de la seguridad marítima, concretamente con respecto a la lucha contra la piratería, así como el mantenimiento de la paz y la estabilidad y la protección de la línea marítima de comunicación en el mar de la China Meridional y en el océano Índico; recomienda, por tanto, que se desarrollen procedimientos operativos normalizados conjuntos en el ámbito de la seguridad marítima y la lucha contra la piratería, así como el desarrollo de una interpretación común de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que tiene en cuenta la libre navegación, resuelve todos los asuntos pendientes e identifica las medidas conjuntas más adecuadas para cooperar en el marco de la Convención;

30.  Celebra la adopción de una Declaración común de la Unión y la India sobre una asociación en materia de energía limpia y clima con ocasión de la 13.ª Cumbre UE-India de marzo de 2016; subraya el impacto positivo de la India y la Unión en las negociaciones para llegar al Acuerdo de París sobre el cambio climático y el liderazgo mundial de ambos socios; insta a ambos socios a que redoblen sus esfuerzos para garantizar que todos los signatarios apliquen el acuerdo; pide, en este sentido, que se intensifique la cooperación entre la Unión y la India en el ámbito energético, y en particular en el ámbito de las energías renovables;

31.  Observa con interés la adopción de una Declaración común sobre una asociación para el agua India-UE con ocasión de la 13.ª Cumbre UE-India de marzo de 2016; pide, por lo tanto, a la Unión que intensifique su cooperación con la India y su apoyo a los proyectos indios de gestión sostenible del agua, como «Clean Ganga»;

32.  Toma nota con satisfacción de la Declaración común relativa a un programa común sobre migración y movilidad, que tiene por objeto proporcionar un marco para la cooperación a fin de promover la migración regular, impedir la migración irregular y la trata de seres humanos y maximizar la repercusión de la movilidad en el desarrollo;

33.  Considera que los intercambios entre personas deben ser una de las principales dimensiones de la asociación estratégica entre la Unión y la India; subraya, en particular, la importancia de mejorar los intercambios en el ámbito de la educación, la cultura y la investigación científica, incluidas las TI, y celebra, por consiguiente, el aumento de los intercambios entre estudiantes en el marco del programa Erasmus +, que debe seguir ampliándose; asimismo, valora positivamente las perspectivas de cooperación en cuanto al desarrollo de competencias y en el marco de la iniciativa «Fabricar en la India», tal como se recoge en el Plan de Acción 2020, y subraya su importancia para intensificar las relaciones comerciales y sociales; pide que se garantice la inclusión en pie de igualdad en estos programas de las mujeres estudiantes, científicas, investigadoras y profesionales;

Un intercambio reforzado sobre la dimensión de derechos humanos de la Asociación

34.  Celebra el compromiso renovado de intensificar los intercambios sobre la dimensión de derechos humanos de la Asociación Estratégica UE-India, puesto que los ciudadanos de ambas partes pueden beneficiarse de una mayor cooperación en numerosas cuestiones relacionadas con los derechos humanos; subraya, en particular, la necesidad de reforzar el intercambio y la coordinación entre los dos socios en el marco de las Naciones Unidas, también a la hora de aplicar las recomendaciones formuladas en el marco del examen periódico universal sobre derechos humanos; del mismo modo, destaca la importancia de los Diálogos sobre Derechos Humanos; constata que no se ha producido ningún intercambio desde 2013, e insta a que se mantenga un diálogo lo antes posible;

35.  Recuerda su tradicional oposición a la pena capital en todos los casos y cualquiera que sea la circunstancia; reitera su petición de una moratoria inmediata de todas las ejecuciones en la India;

36.  Recuerda que las libertades de expresión y de asociación son parte integrante de una sociedad democrática viva; entiende la necesidad de tomar medidas para incrementar la transparencia de las actividades financiadas por agentes extranjeros que puedan suponer un riesgo para la paz y la estabilidad o para la seguridad interna, así como de introducir limitaciones al respecto; manifiesta, no obstante, su preocupación por los efectos sobre la libertad de expresión y de asociación de la ley india vigente sobre participación extranjera en la financiación de las ONG (Ley de contribuciones extranjeras);

37.  Reconoce los notables esfuerzos realizados por las autoridades indias para combatir todas las formas de discriminación, incluida la discriminación por razón de casta; observa con preocupación, no obstante, que esta última forma de discriminación sigue siendo fuente de abusos, por lo que anima a las autoridades indias a que redoblen sus esfuerzos para erradicar esta violación de los derechos humanos; alienta asimismo a la India a que garantice la plena protección de las minorías, en especial de las religiosas y étnicas, y subraya la importancia de promover la tolerancia de la diversidad para impedir la violencia entre las comunidades; celebra que el Tribunal Supremo de la India ordenase volver a investigar los casos de violencia contra los cristianos de 2008 e indemnizar debidamente a las víctimas;

38.  Insta a la India a que ratifique la Convención contra la Tortura y su Protocolo facultativo y la Convención para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas;

39.  Considera que, en el contexto del compromiso reafirmado por la Unión y la India de fortalecer la cooperación en asuntos relacionados con los derechos humanos, deberían incluirse los derechos de las mujeres en el orden del día del diálogo entre ambos socios sobre los derechos humanos; celebra el compromiso del Gobierno indio de mejorar los derechos de las mujeres e introducir la igualdad entre mujeres y hombres en la programación de políticas, y anima a las autoridades indias a que tomen medidas adicionales para investigar y prevenir la violencia de género y promover la igualdad de género; acoge, además, con satisfacción que la Unión esté financiando proyectos en la India que abordan la violencia contra las mujeres y los niños, y recomienda que se mantenga esta financiación; pide que se mejoren los derechos del colectivo LGBTIQ y se derogue el artículo 377 del Código penal indio;

o
o   o

40.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, y al Gobierno y al Parlamento de la India.

(1) DO L 77 de 15.3.2014, p. 77.
(2) DO C 174 E de 14.7.2005, p. 179.
(3) DO C 227 E de 21.9.2006, p. 589.
(4) DO C 8 E de 14.1.2010, p. 69.
(5) DO C 239 E de 20.8.2013, p. 1.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0120.
(7) DO C 261 E de 10.9.2013, p. 34.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0424.


Movilización del Fondo de Solidaridad de la UE para prestar asistencia a Italia
PDF 244kWORD 43k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Italia (COM(2017)0540 – C8-0199/2017 – 2017/2101(BUD))
P8_TA(2017)0335A8-0280/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0540 – C8-0199/2017),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo, de 11 de noviembre de 2002, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea(1),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2), y en particular su artículo 10,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3), y en particular su apartado 11,

–  Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0280/2017),

1.  Toma nota de que esta Decisión representa la mayor movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea que se haya producido nunca de una sola vez;

2.  Observa que el umbral máximo del anticipo contemplado en el artículo 4 bis del Reglamento n.º 2012/2002 modificado por el Reglamento (UE) n.º 661/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo(4) podría suponer una medida de ayuda insuficiente en el caso de las catástrofes clasificadas como «catástrofe grave de carácter natural»; subraya la necesidad de tomar en consideración un umbral más elevado para esas primeras contribuciones financieras específicas, al objeto de hacer frente con eficacia y rapidez a los daños causados por dicho tipo de catástrofes;

3.  Acoge con satisfacción la Decisión como muestra de solidaridad de la Unión para con los ciudadanos y las regiones de la Unión afectados por las catástrofes naturales;

4.  Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;

5.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

6.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Italia

(No se reproduce el texto del presente anexo ya que es el que corresponde al del acto definitivo, la Decisión (UE) 2017/1599.)

(1) DO L 311 de 14.11.2002, p. 3.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(4) Reglamento (UE) n.° 661/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 2012/2002 del Consejo, por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (DO L 189 de 27.6.2014, p. 143)


Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2017 que acompaña a la propuesta de movilizar el Fondo de Solidaridad de la UE para prestar asistencia a Italia
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2017 de la Unión Europea para el ejercicio 2017, que acompaña a la propuesta de movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Italia (11813/2017 – C8-0304/2017 – 2017/2109(BUD))
P8_TA(2017)0336A8-0281/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(1), y en particular su artículo 41,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, adoptado definitivamente el 1 de diciembre de 2016(2),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(3) (Reglamento del MFP),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(4),

–  Vista la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea(5),

–  Visto el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2017, adoptado por la Comisión el 26 de junio de 2017 (COM(2017)0541),

–  Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2017, adoptada por el Consejo el 4 de septiembre de 2017 y transmitida al Parlamento Europeo ese mismo día (11813/2017 – C8‑0304/2017),

–  Vistos los artículos 88 y 91 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0281/2017),

A.  Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2017 se refiere a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) por un importe de 1 196 797 579 EUR en relación con los terremotos que se produjeron entre agosto de 2016 y enero de 2017 en las regiones de los Abruzos, Lacio, Las Marcas y Umbría;

B.  Considerando el importe de 30 000 000 EUR ya abonado como anticipo para este caso del FSUE en el presupuesto la Unión para el ejercicio 2016,

C.  Considerando que esa movilización representa la mayor movilización del FSUE jamás realizada;

D.  Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4/2017 tiene por objeto introducir oficialmente el correspondiente ajuste presupuestario en el presupuesto de la Unión para el ejercicio 2017;

E.  Considerando que, en consecuencia, la Comisión propone la modificación del presupuesto de la Unión para el ejercicio 2017 y un incremento en el artículo 13 06 01, «Asistencia a los Estados miembros en caso de catástrofe grave de carácter natural que tenga repercusiones importantes en las condiciones de vida, el medio natural o la economía», de 1 166 797 579 EUR, en créditos tanto de compromiso como de pago;

F.  Considerando que, aunque al importe total disponible para la movilización del FSUE en esta fase del año le faltan 293 971 080 EUR para poder cubrir el importe propuesto, la Comisión propone cubrir esta diferencia con el importe anual disponible para 2018, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento del MFP; que nunca antes se ha hecho uso de esta posibilidad;

G.  Considerando que el FSUE es un instrumento especial, tal como se define en el Reglamento del MFP, y que los créditos de compromiso y de pago correspondientes se consignarán en el presupuesto al margen de los límites máximos establecidos en el MFP;

H.  Considerando que la Comisión propone reasignar totalmente los créditos de pago necesarios en el presupuesto de la Unión para el ejercicio 2017 y reponer la reserva negativa activada en el presupuesto rectificativo n.º 1/2017 (70 402 434 EUR) a partir de las líneas presupuestarias de los programas de los Fondos Estructurales para 2007-2013;

1.  Subraya la imperiosa necesidad de liberar una ayuda financiera a través del FSUE para las regiones afectadas por las catástrofes naturales; observa que reviste suma importancia generar sinergias entre todos los instrumentos de los que dispone la Unión, de modo que se garantice el uso eficaz de los recursos en los trabajos de reconstrucción y en el resto de las actividades que resulten necesarias;

2.  Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo n.° 4/2017 presentado por la Comisión;

3.  Aprueba la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.° 4/2017;

4.  Encarga a su presidente que declare que el presupuesto rectificativo n.º 4/2017 ha quedado definitivamente adoptado y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

5.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(2) DO L 51 de 28.2.2017.
(3) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(4) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(5) DO L 168 de 7.6.2014, p. 105.


Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización: solicitud EGF/2017/002 FI/Microsoft 2, de Finlandia
PDF 262kWORD 46k
Resolución
Anexo
Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (solicitud de Finlandia - EGF/2017/002 FI/Microsoft 2) (COM(2017)0322 – C8-0193/2017 – 2017/2098(BUD))
P8_TA(2017)0337A8-0278/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0322 – C8-0193/2017),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1927/2006(1) (Reglamento del FEAG),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(2), y en particular su artículo 12,

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(3) (Acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 2013), y en particular su apartado 13,

–  Visto el procedimiento de negociación tripartita contemplado en el apartado 13 del Acuerdo interinstitucional de 2 de diciembre de 2013,

–  Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

–  Vista la carta de la Comisión de Desarrollo Regional,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0278/2017),

A.  Considerando que la Unión ha creado instrumentos legislativos y presupuestarios para prestar ayuda adicional a los trabajadores que sufren las consecuencias de cambios estructurales importantes en los patrones del comercio mundial o de la crisis económica y financiera mundial, así como para prestarles ayuda en su reincorporación al mercado laboral;

B.  Considerando que la ayuda financiera de la Unión a los trabajadores despedidos debe ser dinámica y ponerse a su disposición de la manera más rápida y eficaz posible;

C.  Considerando que Finlandia presentó la solicitud EGF/2017/002 FI/Microsoft 2 de contribución financiera del FEAG con arreglo al criterio de intervención del artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento FEAG, en relación con 1 248 despidos en Microsoft Mobile Oy y en 11 de los proveedores y transformadores de productos en Finlandia, que operan en el sector económico clasificado en la división 62 de la NACE, revisión 2 (Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática);

1.  Conviene con la Comisión en que se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento del FEAG y en que Finlandia tiene derecho a una contribución financiera de 3 520 080 EUR en virtud del citado Reglamento, lo que representa el 60 % del coste total de 5 559 300 EUR;

2.  Observa que Finlandia presentó la solicitud el 1 de febrero de 2017 y que, tras la información adicional facilitada por Finlandia, la Comisión finalizó su evaluación el 21 de junio de 2017;

3.  Recuerda que Microsoft adquirió el negocio de telefonía móvil de Nokia y que Microsoft Mobile Oy fue constituida en 2014; señala que aproximadamente 4 700 empleados de Nokia fueron transferidos a Microsoft Mobile Oy en Finlandia;

4.  Observa que el principal motivo de los despidos en Microsoft Mobile Oy es la competencia mundial en el sector de la telefonía móvil y la consiguiente pérdida de cuota de mercado por parte de Microsoft Mobile Oy y su sistema operativo basado en Windows; constata que la reducción se produjo a pesar de que Microsoft Mobile Oy lanzara nuevos dispositivos móviles e invirtiera en diseño, componentes y mercadotecnia;

5.  Reconoce, con preocupación, los desafíos a los que se enfrentan los fabricantes de teléfonos móviles de la Unión; considera necesario brindar un apoyo adecuado de manera que los trabajadores afectados puedan reciclarse a fin de estar en mejores condiciones para encontrar un empleo en sectores industriales relacionados o en expansión;

6.  Concluye que los despidos están vinculados al traslado de los fabricantes de dispositivos móviles a países con salarios más bajos; observa que los ganadores de la pugna en el sector de los teléfonos inteligentes han sido los fabricantes establecidos en los EE. UU. y Asia que utilizan el sistema operativo de Android o iOS;

7.  Reconoce que las regiones afectadas de Helsinki-Uusimaa, Länsi-Suomi y Etelä-Suomi ya han padecido importantes despidos por parte de empresas de los sectores de la electrónica y la programación, y que Länsi-Suomi y Etelä-Suomi presentan un elevado índice de desempleo regional (14,6 % y 17,5 % de la población activa, respectivamente); observa que se prevé que se beneficien de las medidas 1 000 de los 1 248 trabajadores despedidos que pueden optar a la contribución del FEAG;

8.  Observa que el 92,5 % de los beneficiarios tienen entre 30 y 54 años y que muchos de los trabajadores despedidos están altamente cualificados; señala que las tasas de desempleo de las personas altamente cualificadas han aumentado considerablemente en las tres regiones; manifiesta su preocupación por la ya difícil situación laboral de la mano de obra altamente cualificada y formada cuyas perspectivas de empleo serían, en otro contexto, tradicionalmente buenas;

9.  Observa que Finlandia está planeando seis tipos de medidas: i) medidas de asesoramiento y otras medidas preparatorias, ii) servicios destinados al empleo y a las empresas, iii) formación, iv) subvenciones para la creación de empresas, v) subsidios salariales, y vi) asignaciones por gastos de viaje y alojamiento; señala que esas medidas constituyen medidas activas del mercado de trabajo; toma nota de que se asignan fondos suficientes para el control y la presentación de informes;

10.  Señala que las medidas de apoyo a la renta corresponderán al 26,74 % del paquete global de medidas personalizadas, por debajo del importe máximo del 35 % que establece el Reglamento FEAG, y que estas acciones se supeditan a la participación activa de los beneficiarios en cuestión en la búsqueda de empleo o en actividades de formación;

11.  Destaca la importancia de las medidas activas de empleo financiadas por el FEAG; apunta que, en ocasiones anteriores, los servicios presenciales prestados por el FEAG a los trabajadores despedidos resultaron ser sumamente útiles;

12.  Se felicita del uso de los servicios de la red EURES para hacer llegar a los solicitantes de empleo finlandeses anuncios de puestos de trabajo en el extranjero; acoge con satisfacción estas medidas y que las autoridades finlandesas estén alentando a los trabajadores despedidos a que se beneficien plenamente de su derecho a la libertad de circulación;

13.  Comprende que las medidas de formación financiadas por el FEAG completarán las financiadas por un fondo creado por la empresa a fin de ayudar a los anteriores trabajadores a crear pequeñas empresas en el sector de las TI y en otros sectores; celebra esta iniciativa;

14.  Celebra que las autoridades finlandesas empezaran a prestar servicios personalizados a los posibles beneficiarios el 12 de julio de 2016, con bastante antelación a la solicitud de ayuda del FEAG para el paquete coordinado propuesto;

15.  Acoge con satisfacción que se hayan mantenido consultas con partes interesadas, incluidos representantes de los Centros para el Desarrollo Económico (Centros ELY), las Oficinas de Empleo y Desarrollo Económico (TE) de las regiones afectadas, Microsoft, las industrias tecnológicas de Finlandia, el sindicato Pro, la Unión de Ingenieros Profesionales de Finlandia y la Agencia finlandesa de Financiación de la Innovación;

16.  Recuerda que el diseño del paquete coordinado de servicios personalizados financiados por el FEAG debe anticipar las futuras perspectivas del mercado laboral y las cualificaciones requeridas, y debe ser compatible con el cambio hacia una economía que utilice eficientemente los recursos y sea sostenible;

17.  Reconoce que la presente solicitud es la continuación de una serie de solicitudes anteriores de las autoridades finlandesas a resultas del declive de Nokia (EGF/2007/003 FI/Perlos, EGF/2012/006 FI/Nokia Salo, EGF/2013/001 FI/Nokia, EGF/2015/001 FI/Broadcom, EGF/2015/005 FI/Computer Programming, EGF/2016/001 FI/Microsoft y EGF/2016/008 FI/Nokia Network Systems);

18.  Observa que el FEAG está interviniendo actualmente (EGF/2016/001 FI/Microsoft) para apoyar a los trabajadores despedidos de Microsoft anteriormente; destaca que los beneficiarios previstos en la presente propuesta son distintos de los beneficiarios de dicha intervención;

19.  Observa que las autoridades finlandesas han confirmado que las acciones propuestas no recibirán apoyo financiero de otros fondos o instrumentos financieros de la Unión, que se impedirá toda doble financiación y que complementarán las acciones financiadas por los Fondos Estructurales;

20.  Recuerda la importancia que reviste la mejora de las perspectivas de empleo de todos los trabajadores mediante medidas de formación adaptadas y el reconocimiento de las capacidades y las competencias adquiridas a lo largo de la carrera profesional del trabajador; espera que la formación ofrecida en el paquete coordinado se adapte no solo a las necesidades de los trabajadores despedidos, sino también al entorno empresarial real;

21.  Reitera que la ayuda del FEAG no debe sustituir a otras actuaciones que son responsabilidad de las empresas en virtud de la legislación nacional o de convenios colectivos, ni tampoco a las medidas de reestructuración de empresas o sectores; observa que Finlandia ha confirmado que la contribución del FEAG no las sustituirá;

22.  Pide a la Comisión que garantice el acceso público a los documentos relacionados con las intervenciones del FEAG;

23.  Aprueba la Decisión adjunta a la presente Resolución;

24.  Encarga a su Presidente que firme esta Decisión, conjuntamente con el Presidente del Consejo, y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

25.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución, incluido su anexo, al Consejo y a la Comisión.

ANEXO

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en respuesta a una solicitud de las autoridades finlandesas – EGF/2017/002 FI/Microsoft 2

(No se reproduce el texto del presente anexo ya que es el que corresponde al del acto definitivo, la Decisión (UE) 2017/1600.)

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 855.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(3) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.


Régimen de comercio de derechos de emisión de la UE: mantenimiento de las limitaciones actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparación de la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 ***I
PDF 512kWORD 68k
Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, el 13 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica la Directiva 2003/87/CE con objeto de mantener las limitaciones actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparar la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 (COM(2017)0054 – C8-0028/2017 – 2017/0017(COD))(1)
P8_TA(2017)0338A8-0258/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)
(2 bis)  La protección del medio ambiente es uno de los retos más importantes que afronta la Unión.
Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Considerando 3
(3)  El Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014 estableció el objetivo vinculante de reducir internamente por lo menos en un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores de la economía para 2030 con respecto a los valores de 1990. La reunión del Consejo de 6 de marzo de 2015 aprobó oficialmente esta aportación de la Unión y los Estados miembros como su contribución prevista determinada a nivel nacional de conformidad con el Acuerdo de París. Las conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014 anunciaron que el objetivo tendrá que alcanzarse de manera colectiva en la Unión, de la forma más rentable posible, con reducciones, para 2030, del 43 % en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), y del 30 % en los sectores no sujetos a él con respecto a los valores de 2005. Para llevar a cabo esas reducciones es necesaria la contribución de todos los sectores de la economía.
(3)  El Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014 estableció el objetivo vinculante de reducir internamente por lo menos en un 40 % las emisiones de gases de efecto invernadero de todos los sectores de la economía para 2030 con respecto a los valores de 1990. La reunión del Consejo de 6 de marzo de 2015 aprobó oficialmente esta aportación de la Unión y los Estados miembros como su contribución prevista determinada a nivel nacional de conformidad con el Acuerdo de París. Las conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2014 anunciaron que el objetivo tendrá que alcanzarse de manera colectiva en la Unión, de la forma más rentable posible, con reducciones, para 2030, del 43 % en el régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE), y del 30 % en los sectores no sujetos a él con respecto a los valores de 2005. Para llevar a cabo esas reducciones es necesaria la contribución de todos los sectores de la economía y, a tal fin, la Comisión debe constituir, entre otras cosas, una plataforma para el intercambio de mejores prácticas y experiencias entre los Estados miembros en el ámbito de la movilidad de bajas emisiones.
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
(3 bis)  Un RCDE UE reformado que funcione correctamente, con un instrumento mejorado para estabilizar el mercado, será el principal instrumento europeo para alcanzar el objetivo de reducción del 40 % con un factor lineal y la asignación gratuita de derechos de emisión a partir de 2020. La cuota sometida a subasta debe expresarse en forma de porcentaje en el acto legislativo con el fin de aumentar la seguridad de la planificación en lo que respecta a las decisiones de inversión, incrementar la transparencia, minimizar las fugas de carbono y simplificar el régimen en general y facilitar su comprensión. Estas disposiciones deben ser coherentes con los objetivos climáticos de la Unión y sus compromisos en virtud del Acuerdo de París, y estar en consonancia con el diálogo facilitador de 2018, el primer balance mundial en 2023 y los balances mundiales posteriores que se realizarán cada cinco años a partir de entonces, a fin de brindar información para las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN).
Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  Desde 1997 la Unión y los Estados miembros se están esforzando por sacar adelante un acuerdo internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la aviación y, desde 2008, cuentan con legislación para limitar los efectos en el cambio climático de las actividades de la aviación a través del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) que funciona desde 2005. Para impulsar el proceso en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Unión ha adoptado dos veces excepciones temporales al RCDE UE con objeto de limitar la obligación de cumplimiento a las emisiones de los vuelos entre aeródromos situados en el Espacio Económico Europeo (EEE), con igualdad de trato a los operadores de aeronaves independientemente de dónde tengan su sede. La excepción más reciente del RCDE UE, el Reglamento (UE) n.º 421/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, limita las obligaciones a los vuelos dentro del EEE entre 2013 y 2016 y prevé posibles modificaciones del ámbito de aplicación del sistema respecto a los vuelos con origen o destino en aeródromos situados fuera del EEE a partir del 1 de enero de 2017 en función de la revisión prevista en el mismo.
(4)  Desde 1997 la Unión y los Estados miembros se están esforzando por sacar adelante un acuerdo internacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la aviación y, desde 2008, cuentan con legislación para limitar los efectos en el cambio climático de las actividades de la aviación a través del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) que funciona desde 2005. En su sentencia de 21 de diciembre de 20111 bis, el Tribunal de Justicia dictaminó que la inclusión de los vuelos de fuera del EEE en el RCDE UE no vulnera el Derecho internacional. Además, los Estados miembros se han comprometido desde 2004, y nuevamente desde 2008, a aplicar el cielo único europeo, que toma en consideración la creciente intensidad del tráfico aéreo en los próximos años. Para progresar en la gestión del tráfico aéreo, ha de acelerarse la aplicación de SESAR y deben promoverse las tecnologías innovadoras en el marco del proyecto Clean Sky. La adopción de la medida de mercado mundial por medio de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) debería contribuir a avanzar más en la reducción de las emisiones de la aviación. Para impulsar el proceso en la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Unión ha adoptado dos veces excepciones temporales al RCDE UE con objeto de limitar la obligación de cumplimiento a las emisiones de los vuelos entre aeródromos situados en el Espacio Económico Europeo (EEE), con igualdad de trato a los operadores de aeronaves independientemente de dónde tengan su sede. La excepción más reciente del RCDE UE, el Reglamento (UE) n.º 421/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, limita las obligaciones a los vuelos dentro del EEE entre 2013 y 2016 y prevé posibles modificaciones del ámbito de aplicación del sistema respecto a los vuelos con origen o destino en aeródromos situados fuera del EEE a partir del 1 de enero de 2017 en función de la revisión prevista en el mismo.
_________________
1 bis Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2011, Air Transport Association of America y otros / Secretary of State for Energy and Climate Change, C-366/15, ECLI:EU:C:2011:864.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 5
(5)  A la luz de la Resolución adoptada en la 39.ª asamblea de la OACI en octubre de 2016, sobre la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 para compensar las emisiones de la aviación internacional por encima de los niveles de 2020, se considera oportuno mantener la excepción existente en espera del avance de la elaboración y la aplicación de la medida de mercado mundial. A este respecto, está previsto adoptar en 2018 normas y prácticas recomendadas por la OACI para complementar la Resolución y aplicar el sistema mundial. No obstante, su aplicación concreta requerirá una actuación de las partes de la OACI a escala nacional. Asimismo, la OACI debe elaborar mecanismos de gobernanza, incluido un sistema de registro. En este contexto, debe prorrogarse la actual excepción de las obligaciones del RCDE UE para los vuelos con origen o destino en terceros países, sujeta a la revisión de la aplicación del régimen de la OACI, a fin de apoyar a esta y facilitar la aplicación de su régimen. Como resultado de la prórroga de la excepción, la cantidad de derechos de emisión que deberá subastarse y expedirse gratuitamente, incluso de la reserva especial, debe ser la misma que la de 2016 y proporcional a la reducción de la obligación de entrega.
(5)  A la luz de la Resolución adoptada en la 39.ª Asamblea de la OACI en octubre de 2016, sobre la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021 para compensar las emisiones de la aviación internacional por encima de los niveles de 2020, está previsto adoptar en 2018 normas y prácticas recomendadas por la OACI para complementar la Resolución y aplicar el sistema mundial. No obstante, su aplicación concreta requerirá una actuación de las partes de la OACI a escala nacional. Asimismo, la OACI debe elaborar mecanismos de gobernanza, incluido un sistema de registro. En este contexto, debe prorrogarse hasta 2021 la actual excepción de las obligaciones del RCDE UE para los vuelos con origen o destino en terceros países, a fin de apoyar a la OACI y facilitar la aplicación de su régimen. Como resultado de la prórroga de la excepción, la cantidad de derechos de emisión que deberá subastarse y expedirse gratuitamente, incluso de la reserva especial, debe ser la misma que la de 2016 y proporcional a la reducción de la obligación de entrega.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)  Debe subastarse el 50 % de los derechos de emisión a partir del 1 de enero de 2021, al tiempo que la cantidad total de derechos de emisión asignados debe estar sujeta a la aplicación del factor de reducción lineal, de conformidad con el artículo 9 de la Directiva 2003/87/CE.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)
(5 ter)  Los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión, o su equivalente financiero, deben utilizarse para hacer frente al cambio climático en la Unión y en terceros países con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a las consecuencias del cambio climático en la Unión y en terceros países —especialmente en los países en desarrollo—, financiar la investigación y el desarrollo en materia de mitigación y adaptación, también en los sectores de la aeronáutica, el transporte aéreo y los combustibles alternativos sostenibles para la aviación, reducir las emisiones mediante el transporte de bajo nivel de emisiones y sufragar los costes de administración del RCDE UE, entre otros objetivos. Se debe tener especialmente en cuenta a los Estados miembros que utilicen dichos ingresos para la cofinanciación de programas de investigación e innovación o de iniciativas en el marco del Noveno Programa Marco de Investigación (9.º PM). La transparencia en el uso de los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión en el marco de la Directiva 2003/87/EC es fundamental para respaldar los compromisos de la Unión.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quater (nuevo)
(5 quater)  Las compensaciones de emisiones en virtud de la medida de mercado mundial constituyen uno de los elementos del conjunto de medidas de la OACI para alcanzar el ambicioso objetivo del crecimiento neutro en carbono a partir de 2020 y deben complementarse con avances en las tecnologías de fuselaje y propulsión. La financiación continua para las estrategias y los programas de investigación, como las iniciativas tecnológicas conjuntas Clean Sky, Galileo, SESAR y Horizonte 2020, será fundamental para la innovación tecnológica y las mejoras operativas con el fin de ir más allá del crecimiento neutro en carbono para 2020 y conseguir reducciones de las emisiones en términos absolutos en todo el sector. Además, es importante que la legislación de la Unión, como el cielo único europeo, cuyo objetivo es evitar la fragmentación del espacio aéreo europeo y el consecuente aumento en las emisiones de CO2 de la aviación, se aplique de manera rápida y plena por los Estados miembros.
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
(6)  Como las características principales de la medida de mercado mundial deben establecerse aún y su aplicación depende de la legislación nacional y regional, se considera oportuno efectuar una revisión una vez estén claros el carácter y el contenido de esos instrumentos jurídicos antes de aplicar la medida de mercado mundial de la OACI y presentar un informe al Parlamento Europeo y al Consejo. Dicho informe debe considerar todas las normas y demás instrumentos adoptados a través de la OACI, las medidas tomadas por los terceros países para aplicar la medida de mercado mundial a las emisiones a partir de 2021 y otros elementos internacionales pertinentes (por ejemplo normas con arreglo a la CMNUCC y al Acuerdo de París sobre los mercados y la contabilidad del carbono). El informe debe considerar la manera de aplicar dichos instrumentos en la legislación de la Unión mediante una revisión del RCDE UE. También debe considerar, cuando proceda, las normas aplicables a los vuelos dentro del EEE. Debe acompañar al informe, si procede, una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo coherente con la garantía de la contribución de la aviación al compromiso de la Unión para 2030 de reducción de los gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía.
(6)  Como las características principales de la medida de mercado mundial deben establecerse aún y su aplicación depende de la legislación de los Estados y regiones participantes, la Comisión debe informar periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo de los avances en las negociaciones de la OACI, especialmente por lo que respecta a los instrumentos adoptados a través de la OACI, las medidas tomadas por los terceros países para aplicar la medida de mercado mundial a las emisiones durante el período 2021-2035, los esfuerzos para establecer medidas ambiciosas y vinculantes con vistas a alcanzar el objetivo a largo plazo del sector de la aviación de reducción a la mitad del nivel de emisiones de CO2 de 2005 para 2050, y otros elementos internacionales pertinentes (por ejemplo normas con arreglo a la CMNUCC y al Acuerdo de París sobre los mercados y la contabilidad del carbono). Una vez que está clara la naturaleza y el contenido de los instrumentos de la OACI y antes de que se lleve a efecto la medida de mercado mundial de la OACI, la Comisión presentará un informe en el que debe considerar la manera de aplicar dichos instrumentos en la legislación de la Unión y acompasarlos con la misma mediante una revisión del RCDE UE. Dicho informe debe seguir teniendo en consideración, cuando proceda, las normas aplicables a los vuelos dentro del EEE. Debe acompañar al informe, si procede, una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo coherente con la garantía de la contribución de la aviación al compromiso de la Unión para 2030 de reducción de los gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía.
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
(6 bis)  Con el fin de garantizar el respeto de las normas internas de la Unión relativas al clima, tanto vigentes como futuras, y sin perjuicio de la revisión a la que hace referencia el artículo 28 ter de la Directiva 2003/87/CE, el CORSIA debe aplicarse en el marco de la legislación de la Unión y de forma coherente con esta mediante el RCDE UE.
Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)
(6 ter)  Se han adoptado varios actos legislativos a escala de la Unión que tienen por objeto prevenir la fragmentación del espacio aéreo europeo a fin de aumentar el flujo de tráfico y el control de la utilización del espacio aéreo, reduciendo así las emisiones. Dentro de la Unión, el mecanismo Corsia debe considerarse parte del denominado «conjunto de medidas» de la OACI, junto con la plena aplicación por los Estados miembros de la legislación sobre el cielo único europeo, SESAR, el uso del GNSS para la navegación por satélite e iniciativas tecnológicas conjuntas como Clean Sky I y Clean Sky II. La Comisión también debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las acciones emprendidas por los Estados miembros con miras a la aplicación de la medida de mercado mundial destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la aviación, incluida la notificación sobre la utilización de los ingresos presentada por los Estados miembros de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 525/2013.
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quater (nuevo)
(6 quater)  Aunque el Consejo de la OACI todavía no ha aprobado las normas técnicas para la medida de mercado mundial de la OACI, es importante que se informe cuanto antes a las autoridades reguladoras y a los operadores de aeronaves sobre los requisitos de seguimiento, notificación y comprobación, así como sobre las unidades de emisiones que pueden acogerse al régimen de la OACI, con el fin de facilitar la preparación de la aplicación del régimen de la OACI y el seguimiento de las emisiones de CO2 a partir del 1 de enero de 2019. Los requisitos de seguimiento, notificación y comprobación deben tener un nivel de rigor que sea coherente con los requisitos para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero con arreglo al Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión, y deben garantizar que se comprueben los informes de emisiones presentados de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 600/2012 de la Comisión.
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quinquies (nuevo)
(6 quinquies)  Si bien debe reconocerse el carácter confidencial de los trabajos técnicos de la OACI, es asimismo importante que los Estados miembros de la OACI, los operadores de aeronaves y la sociedad civil sigan participando en las actividades de la OACI con vistas a aplicar la medida de mercado mundial, y que la OACI se ponga en contacto con todos los interesados para informarles en el momento oportuno acerca de los progresos y las decisiones. Para lograrlo, podría resultar necesaria una revisión de los protocolos de confidencialidad de los miembros y observadores del Comité de la OACI sobre la Protección del Medio Ambiente y la Aviación (CAEP).
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 7
(7)  Con vistas a adoptar actos no legislativos de aplicación general para complementar o modificar algunos elementos no esenciales de un acto legislativo, la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado debe delegarse a la Comisión a fin de que pueda adoptar medidas de seguimiento, notificación y comprobación de las emisiones aplicables a los operadores de aeronaves a efectos de la medida de mercado mundial elaborada en la OACI. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
(7)  Con vistas a adoptar actos no legislativos de aplicación general para complementar o modificar algunos elementos no esenciales de un acto legislativo, la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado debe delegarse a la Comisión a fin de que pueda adoptar medidas de seguimiento, notificación y comprobación de las emisiones aplicables a los operadores de aeronaves a efectos de la medida de mercado mundial elaborada en la OACI. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en especial con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos deben tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados, al objeto de aumentar la transparencia y la eficiencia en el proceso de toma de decisiones.
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)  Si bien el objetivo a largo plazo debe ser lograr un único régimen de reducción mundial para hacer frente a las emisiones de carbono de la aviación antes de que empiece la segunda fase del régimen de la OACI en 2024, en caso de que la medida de mercado mundial de la OACI no baste para alcanzar los objetivos climáticos de la Unión y los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, deben barajarse otras opciones de reducción del carbono.
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)
(7 ter)  La aviación también repercute en el clima a causa de las emisiones de óxidos de nitrógeno, vapor de agua y partículas de sulfato y de hollín a gran altura. El Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático calculó que el impacto total de la aviación es en la actualidad entre dos y cuatro veces superior al provocado solamente por sus emisiones de dióxido de carbono en el pasado. A la espera de avances científicos, deben tenerse en cuenta todos los efectos de la aviación en la medida de lo posible. Debe fomentarse asimismo la investigación sobre la formación de estelas de condensación y su transformación en cirros, sobre los efectos directos menores de los aerosoles de sulfato, del hollín, del vapor de agua, de las estelas de condensación y de los cirros, así como sobre medidas paliativas eficaces, incluidas las medidas operativas y técnicas.
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)
(9 bis)  Es innegable que las emisiones perjudiciales para el clima procedentes del tráfico aéreo van más allá de los meros efectos del CO2. Ya en la Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis, la Comisión se comprometió a presentar en el año 2008 una propuesta relativa a los óxidos de nitrógeno. Pese a las dificultades técnicas y políticas en este ámbito, la Comisión debe agilizar las labores a este respecto.
__________________
1 bis Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (Texto pertinente a efectos del EEE) (DO L 8 de 13.1.2009, p. 3).
Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quater – apartado 3 bis (nuevo)
-1)  En el artículo 3 quater, se añade el siguiente apartado :
«3 bis. La cantidad total de derechos de emisión asignada a los operadores de aeronaves en 2021 será un 10 % menor que el promedio de las asignaciones durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2016 y, posteriormente, decrecerá anualmente al mismo ritmo que el límite máximo total para el RCDE UE a que se refiere el párrafo segundo del artículo 9, de modo que el límite máximo del sector de la aviación sea más acorde con el de los otros sectores cubiertos por el RCDE UE a más tardar en 2030.
Para las actividades de aviación con procedencia o destino en aeródromos situados en países fuera del EEE, la cantidad de derechos de emisión que se asignará de 2021 en adelante podrá ajustarse teniendo en cuenta la medida de mercado mundial de la OACI, que se aplicará a partir de 2021 para compensar las emisiones de la aviación internacional por encima de los niveles de 2020.».
Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quinquies – apartado 2
-1 bis) En el artículo 3 quinquies, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
2.  A partir del 1 de enero de 2013, se subastará el 15 % de los derechos de emisión. Este porcentaje podrá aumentarse, siendo esta posibilidad una parte de la revisión general de la presente Directiva.
2.  «A partir del 1 de enero de 2021, se subastará el 50 % de los derechos de emisión. Este porcentaje podrá aumentarse, siendo esta posibilidad una parte de la revisión general de la presente Directiva.»
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 ter (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quinquies – apartado 3 – párrafo 1
-1 ter) En el artículo 3 quinquies, apartado 3, el párrafo primero se sustituye por el texto siguiente:
«Se adoptará un Reglamento por el que se establecerán disposiciones de aplicación en relación con la subasta por los Estados miembros de los derechos de emisión que no es obligatorio expedir gratuitamente, de conformidad con los apartados 1 y 2 del presente artículo o con el apartado 8 del artículo 3 septies. El número de derechos de emisión que serán subastados en cada período por cada Estado miembro será proporcional a su parte en el total de las emisiones de la aviación atribuidas a todos los Estados miembros para el año de referencia, notificadas de conformidad con el apartado 3 del artículo 14, y verificadas de conformidad con el artículo 15. Para el período mencionado en el apartado 1 del artículo 3 quater, el año de referencia será 2010, y para cada período subsiguiente mencionado en el artículo 3 quater, el año de referencia será el año natural que finalice 24 meses antes del comienzo del período a que se refiere la subasta.»
«La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo [23] a fin de completar la presente Directiva mediante el establecimiento de disposiciones de aplicación en relación con la subasta por los Estados miembros de los derechos de emisión que no es obligatorio expedir gratuitamente, de conformidad con los apartados 1 y 2 del presente artículo o con el apartado 8 del artículo 3 septies. El número de derechos de emisión que serán subastados en cada período por cada Estado miembro será proporcional a su parte en el total de las emisiones de la aviación atribuidas a todos los Estados miembros para el año de referencia, notificadas de conformidad con el apartado 3 del artículo 14, y verificadas de conformidad con el artículo 15. Para el período mencionado en el apartado 1 del artículo 3 quater, el año de referencia será 2010, y para cada período subsiguiente mencionado en el artículo 3 quater, el año de referencia será el año natural que finalice 24 meses antes del comienzo del período a que se refiere la subasta.».
Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 quater (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quinquies – apartado 3 – párrafo 2
-1 quater) En el artículo 3 quinquies, apartado 3, se suprime el párrafo segundo.
Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 quinquies (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 3 quinquies – apartado 4 – párrafo 1
-1 quinquies) En el artículo 3 quinquies, apartado 4, el primer párrafo se sustituye por el texto siguiente:
Corresponderá a los Estados miembros determinar el uso que deba hacerse de los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión. Dichos ingresos deberían utilizarse con el fin de luchar contra el cambio climático en la Unión Europea y en terceros países, entre otras cosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a las consecuencias del cambio climático en la Unión Europea y en terceros países —especialmente países en desarrollo—, financiar la investigación y el desarrollo en materia de atenuación y adaptación, incluyendo, en particular, los sectores de la aeronáutica y el transporte aéreo, reducir las emisiones mediante el transporte de bajo nivel de emisiones, y sufragar los costes de administración del régimen comunitario. Los ingresos de las subastas deben utilizarse también para financiar las contribuciones al Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables y las medidas destinadas a evitar la deforestación. «
Todos los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión se utilizarán con el fin de luchar contra el cambio climático en la Unión Europea y en terceros países, entre otras cosas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, adaptarse a las consecuencias del cambio climático en la Unión Europea y en terceros países —especialmente países en desarrollo—, financiar la investigación y el desarrollo en materia de atenuación y adaptación, incluyendo, en particular, los sectores de la aeronáutica y el transporte aéreo, reducir las emisiones mediante el transporte de bajo nivel de emisiones, y sufragar los costes de administración del régimen de la Unión y para financiar proyectos comunes destinados a de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la aviación, como la Empresa Común SESAR y las iniciativas tecnológicas conjuntas Clean Sky, así como cualquier iniciativa que permita el uso generalizado del GNSS para la navegación por satélite y el desarrollo de capacidades interoperables en todos los Estados miembros, en particular de aquellas que mejoren las infraestructuras de navegación aérea, la prestación de servicios de navegación aérea y el uso del espacio aéreo. Los ingresos de las subastas podrán utilizarse también para financiar las contribuciones al Fondo Mundial para la Eficiencia Energética y las Energías Renovables y las medidas destinadas a evitar la deforestación. Se tendrá especialmente en cuenta a los Estados miembros que utilicen dichos ingresos para la cofinanciación de programas de investigación e innovación o de iniciativas en el marco del Noveno Programa Marco de Investigación (9.º PM). La transparencia en el uso de los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión en el marco de la presente Directiva es fundamental para respaldar los compromisos de la Unión.
Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 sexies (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 12 – apartado 3
-1 sexies) En el artículo 12, el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente:
3.  Los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 30 de abril de cada año, el titular de cada instalación entregue un número de derechos de emisión, distintos de los derechos de emisión expedidos en virtud del capítulo II, equivalente a las emisiones totales de esa instalación durante el año natural anterior, verificadas de conformidad con el artículo 15, y por que dichos derechos se cancelen a continuación.
«3. Los Estados miembros velarán por que, a más tardar el 30 de abril de cada año, el titular de cada instalación entregue un número de derechos de emisión, equivalente a las emisiones totales de esa instalación durante el año natural anterior, verificadas de conformidad con el artículo 15, y por que dichos derechos se cancelen a continuación.».
Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 – punto -1 sexies (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 12 – apartado -3 bis (nuevo)
-1 sexies) En el artículo 12, se inserta el siguiente apartado antes del apartado 3 bis:
-3 bis. Al objeto de proteger la integridad medioambiental del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión, los operadores de la aviación y otros operadores del RCDE UE no podrán utilizar los derechos de emisión emitidos a partir del 1 de enero de 2018 por un Estado miembro respecto del cual existan obligaciones que caduquen para los operadores de la aviación y otros operadores. El acto jurídico al que se refiere el artículo 19 aplicará el presente apartado.
Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 octies (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 21 – apartado 2 bis (nuevo)
-1 octies) En el artículo 21, se añade el apartado siguiente:
«2 bis. El informe a que se refiere el apartado 2 incluirá, utilizando los datos facilitados en virtud de la cooperación a que se refiere el artículo 18 ter, una lista de los operadores de aeronaves sujetos a los requisitos de la presente Directiva que no han abierto una cuenta del registro.».
Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a – inciso i
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – letra a
a)  todas las emisiones de vuelos con destino u origen en aeródromos situados en países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) durante cada año civil desde el 1 de enero de 2013, supeditado a la revisión a que se refiere el artículo 28 ter.
a)  todas las emisiones de vuelos con destino u origen en aeródromos situados en países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE) durante cada año civil desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020, supeditado a la revisión a que se refiere el artículo 28 ter.
Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a – inciso i
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – letra b
b)  todas las emisiones de vuelos entre un aeródromo situado en una región ultraperiférica en el sentido del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y un aeródromo situado en otra región del EEE durante cada año civil desde el 1 de enero de 2013, supeditado a la revisión a que se refiere el artículo 28 ter».
b)  todas las emisiones de vuelos entre un aeródromo situado en una región ultraperiférica en el sentido del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y un aeródromo situado en otra región del EEE durante cada año civil desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020, supeditado a la revisión a que se refiere el artículo 28 ter.
Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra a – inciso i bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 1 – letra b bis (nueva)
i bis.  Se inserta la letra siguiente:
«b bis) todas las emisiones de vuelos entre aeródromos situados en el EEE operados a raíz del desvío de un vuelo a que se refieren las letras a) o b) del presente apartado a un aeródromo situado en el EEE en cada año natural a partir del 1 de enero de 2017, supeditado a la revisión a que se refiere el artículo 28 ter.»
Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b – inciso i
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 1
A partir del 1 de enero de 2017, no obstante lo dispuesto en los artículos 3 quinquies a 3 septies y hasta que entren en vigor las modificaciones subsiguientes a la revisión a que se refiere el artículo 28 ter, los operadores de aeronaves recibirán cada año el número de derechos de emisión que corresponda al año 2016. A partir de 2021 el número de derechos de emisión estará sujeto a la aplicación del factor lineal a que se refiere el artículo 9.
A partir del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020, no obstante lo dispuesto en los artículos 3 quinquies a 3 septies y hasta que entren en vigor las modificaciones subsiguientes a la revisión a que se refiere el artículo 28 ter, los operadores de aeronaves recibirán cada año el número de derechos de emisión que corresponda al año 2016. A partir de 2021 el número de derechos de emisión estará sujeto a la aplicación del factor lineal a que se refiere el artículo 9.
Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra b – inciso ii
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 2 – párrafo 3
ii.   Se suprime el párrafo tercero.
ii.   Se sustituye el párrafo tercero por el texto siguiente:
«Por lo que respecta a las actividades del período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020, los Estados miembros publicarán el número de derechos de emisión del sector de la aviación asignados a cada operador de aeronaves a más tardar el 1 de septiembre de 2018.».
Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra c
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 4
«4. No obstante lo dispuesto en el artículo 3 quinquies, apartado 3, el número de derechos de emisión que subastará cada Estado miembro a partir del 1 de enero de 2013 se reducirá para ajustarse a su parte de emisiones de la aviación atribuidas a vuelos a los que no se apliquen las excepciones contempladas en el apartado 1, letras a) y b), del presente artículo.».
«4. No obstante lo dispuesto en el artículo 3 quinquies, apartado 3, el número de derechos de emisión que subastará cada Estado miembro por lo que respecta al período a partir del 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2020 se reducirá para ajustarse a su parte de emisiones de la aviación atribuidas a vuelos a los que no se apliquen las excepciones contempladas en el apartado 1, letras a) y b), del presente artículo.».
Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 1 – letra d bis (nueva)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 bis – apartado 8
d bis)  Se suprime el apartado 8.
Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 ter – apartado 1
1.  La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de las normas pertinentes u otros instrumentos jurídicos de la OACI, de las medidas nacionales adoptadas por terceros países para llevar a efecto la medida de mercado mundial que deberá aplicarse a las emisiones a partir de 2021 y de otras novedades internacionales pertinentes.
1.  La Comisión, a más tardar el 1 de enero de 2019 y periódicamente a partir de esa fecha, informará al Parlamento Europeo y al Consejo de las normas y los métodos recomendados de la OACI (SARP), así como de las recomendaciones aprobadas por el Consejo de la OACI pertinentes para la medida de mercado mundial u otros instrumentos jurídicos de la OACI, de las medidas nacionales adoptadas por terceros países para llevar a efecto la medida de mercado mundial que deberá aplicarse a las emisiones a partir de 2021, de las implicaciones de las reservas de terceros países y de otras novedades internacionales pertinentes. La Comisión también informará periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la creación de un registro mundial y la evolución de las normas y métodos recomendados (SARP), de conformidad con los procedimientos de elaboración de normas de la OACI. Con arreglo al «Balance mundial» de la CMNUCC, la Comisión también informará de los esfuerzos de la OACI para cumplir el objetivo ideal del sector de la aviación a largo plazo de reducción de sus emisiones de CO2 de 2005 a la mitad para 2050.
Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 ter – apartado 2
2.  El informe deberá plantear las maneras en que deban incorporarse dichos instrumentos de la OACI en la legislación de la Unión mediante una revisión de la presente Directiva. El informe considerará asimismo, cuando proceda, las normas aplicables a los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).
2.  A más tardar el 1 de marzo de 2020, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de la idoneidad de dichos instrumentos y opciones de la OACI para que se incorporen en la legislación de la Unión mediante una revisión de la presente Directiva. El informe considerará asimismo, cuando proceda, las normas aplicables a los vuelos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE). En el informe se examinará, asimismo, el nivel de ambición y la integridad medioambiental general de la medida de mercado mundial, incluidos el nivel de ambición general en relación con los objetivos del Acuerdo de París, el nivel de participación, la aplicabilidad, la transparencia, las sanciones en caso de incumplimiento, los procesos de participación pública, la calidad de los créditos de compensación, el seguimiento, la notificación y la verificación de emisiones, los registros y las normas sobre el uso de los biocarburantes. Además, el informe examinará si el acto delegado adoptado de conformidad con el artículo 28 quater, apartado 2, debe ser objeto de revisión.
Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 ter – apartado 3
3.  El informe podrá acompañarse de propuestas, si procede al Parlamento Europeo y al Consejo, de modificar, suprimir, ampliar o sustituir las excepciones establecidas en el artículo 28 bis, acordes con el compromiso de la Unión para 2030 de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía.
3.  El informe mencionado en el apartado 2 del presente artículo vendrá acompañado de propuestas, si procede al Parlamento Europeo y al Consejo, de modificar, suprimir, ampliar o sustituir las excepciones establecidas en el artículo 28 bis, acordes con el compromiso de la Unión para 2030 de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía con objeto de garantizar la efectividad e integridad medioambiental plenas de la acción climática de la Unión y reducir cualquier ambigüedad antes de que se lleve a efecto el CORSIA.
Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2
Directiva 2003/87/CE
Artículo 28 quater – apartado 1
1.  La Comisión adoptará disposiciones para el seguimiento, la notificación y la comprobación adecuados de las emisiones a efectos de la aplicación de la medida de mercado mundial elaborada en la OACI. Dichas disposiciones se basarán en los mismos principios que el Reglamento a que se refiere el artículo 14, apartado 1, y garantizarán que los informes presentados sobre las emisiones se comprueben con arreglo al artículo 15.
1.  La Comisión adoptará disposiciones para el seguimiento, la notificación y la comprobación adecuados de las emisiones a efectos de la aplicación de la medida de mercado mundial elaborada en la OACI. Dichas disposiciones serán plenamente coherentes con los principios recogidos en el Reglamento a que se refiere el artículo 14, apartado 1, y garantizarán que los informes presentados sobre las emisiones se comprueben con arreglo al artículo 15.
Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)
Directiva 2003/87/CE
Artículo 30 – apartado 4 bis (nuevo)
2 bis)  En el artículo 30, se añade el apartado siguiente:
«4 bis. A más tardar el 1 de enero de 2020, la Comisión presentará un análisis actualizado de los efectos de la aviación no relacionados con el CO2, junto con una propuesta legislativa, cuando proceda, relativa a la mejor forma de afrontar dichos efectos.»

(1) De conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno, el asunto se devuelve a la comisión competente para negociaciones interinstitucionales (A8-0258/2017).


Inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030 ***I
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Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo, el 13 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))(1)
P8_TA(2017)0339A8-0262/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando –1 (nuevo)
(–1) Es necesario tener en cuenta el Protocolo n.º 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando –1 bis (nuevo)
(–1 bis) Es necesario tener en cuenta el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea .
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 3
(3)  El 10 de junio de 2016 la Comisión presentó una propuesta para que la UE ratificara el Acuerdo de París. Esta propuesta legislativa forma parte de la ejecución del compromiso de la Unión de reducir las emisiones en el conjunto de la economía, tal y como se recoge en el compromiso de reducción prevista determinada a nivel nacional de la Unión y sus Estados miembros presentado a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 6 de marzo de 201510.
(3)  El 5 de octubre de 2016, el Consejo ratificó el Acuerdo de París en nombre de la Unión, tras la aprobación concedida por el Parlamento Europeo el 4 de octubre de 2016. El Acuerdo de París entró en vigor el viernes 4 de noviembre de 2016. El presente Reglamento forma parte, en este sentido, de la ejecución del compromiso de la Unión de reducir las emisiones en el conjunto de la economía, tal como se establece en el compromiso de reducción prevista determinada a nivel nacional de la Unión y sus Estados miembros presentado a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) el 6 de marzo de 201510. La Unión debe seguir dando ejemplo y aumentar sus esfuerzos en materia de clima a niveles acordes con el objetivo del Acuerdo de París.
__________________
__________________
10 http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx
10 http://www4.unfccc.int/ndcregistry/pages/Party.aspx?party=EUU
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 4
(4)  El Acuerdo de París establece, entre otras cuestiones, una meta a largo plazo en consonancia con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 ºC en relación con los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos para que permanezca en 1,5 °C por encima de esos niveles. Para lograr este objetivo, las Partes deben preparar, comunicar y mantener sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional. El Acuerdo de París reemplaza el enfoque adoptado en virtud del Protocolo de Kioto de 1997, que se extinguirá a partir de 2020. El Acuerdo de París también insta a lograr un equilibrio entre las emisiones antropogénicas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de este siglo, e invita a las Partes a que adopten medidas para preservar y mejorar, según proceda, los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, incluidos los bosques.
(4)  El Acuerdo de París establece, entre otras cuestiones, una meta a largo plazo en consonancia con el objetivo de mantener el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 2 °C en relación con los niveles preindustriales y de proseguir los esfuerzos para que permanezca en 1,5 °C por encima de esos niveles, por lo que es preciso iniciar, a escala mundial, un período de niveles negativos de emisiones, en el que los bosques, los terrenos agrícolas y los humedales, incluidas las turberas, desempeñen una función crucial. El Acuerdo de París tiene igualmente como objetivo reforzar la respuesta global ante la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, entre otras cosas, aumentando la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promoviendo la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos. En el Acuerdo de París, las Partes reconocen la prioridad fundamental de salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el hambre, y la particular vulnerabilidad de los sistemas de producción de alimentos a los efectos adversos del cambio climático. Para lograr el objetivo del Acuerdo de París, es necesario que las Partes redoblen sus esfuerzos por mitigar el cambio climático y limitar el calentamiento global. Las Partes deben preparar, comunicar y mantener sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional. El Acuerdo de París reemplaza el enfoque adoptado en virtud del Protocolo de Kioto de 1997, que se extinguirá a partir de 2020. El Acuerdo de París también insta a lograr un equilibrio entre las emisiones antropogénicas por las fuentes y la absorción por los sumideros de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de este siglo, e invita a las Partes a que adopten medidas para preservar y mejorar, según proceda, los sumideros y depósitos de gases de efecto invernadero, incluidos los bosques. En el Acuerdo de París, las Partes reconocen asimismo que la acción de adaptación debe seguir un enfoque completamente transparente, que tenga en cuenta los ecosistemas, y estar basado en la mejor ciencia disponible y guiarse por ella.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)
(4 bis)  Es fundamental que los bosques se gestionen de manera sostenible, de conformidad con el principio de gestión forestal sostenible desarrollado en el marco del proceso Forest Europe. Dicho proceso define la gestión sostenible de los bosques como la administración y el uso de los bosques y tierras forestales de forma e intensidad tales que mantengan su biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y potencial para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y global, y de manera que no causen daño a otros ecosistemas. Dicha gestión requiere igualmente que se reconozca el papel de la forestación en este contexto.
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)
(4 ter)  A fin de lograr las emisiones negativas necesarias para cumplir las metas del Acuerdo de París, el sistema de contabilidad en relación con el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) ha de ser robusto. Como las absorciones a través de UTCUTS son reversibles, deben tratarse como un pilar independiente en el marco de actuación en materia de clima de la Unión.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Considerando 5
(5)  El Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014 también reconoció los diferentes objetivos del sector agrícola y del uso de la tierra, con su menor potencial de mitigación, así como la necesidad de garantizar la coherencia entre los objetivos de seguridad alimentaria y de cambio climático de la Unión. El Consejo Europeo invitó a la Comisión a evaluar los mejores medios de fomentar la intensificación sostenible de la producción alimentaria, optimizando al mismo tiempo la contribución del sector a la mitigación y la captura de los gases de efecto invernadero (incluido mediante la forestación), y a establecer políticas acerca de cómo incluir el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS, o bien LULUCF, por sus siglas en inglés) en el marco de actuación hasta 2030 para la mitigación de los gases de efecto invernadero, tan pronto como las condiciones técnicas lo permitan y en todo caso antes de 2020.
(5)  El Consejo Europeo de los días 23 y 24 de octubre de 2014 también reconoció los diferentes objetivos del sector agrícola y del uso de la tierra, con su menor potencial de mitigación, así como la necesidad de garantizar la coherencia entre los objetivos de seguridad alimentaria y de cambio climático de la Unión. Además, la aplicación de soluciones tecnológicas en los sectores agrícola y forestal contribuye a reforzar la producción y reducir el impacto medioambiental. El Consejo Europeo invitó a la Comisión a evaluar los mejores medios de fomentar la intensificación sostenible de la producción alimentaria, optimizando al mismo tiempo la contribución del sector a la mitigación y la captura de los gases de efecto invernadero (incluido mediante la forestación), y a establecer políticas acerca de cómo incluir el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS, o bien LULUCF, por sus siglas en inglés) en el marco de actuación hasta 2030 para la mitigación de los gases de efecto invernadero, tan pronto como las condiciones técnicas lo permitan y en todo caso antes de 2020.
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Considerando 6
(6)  El sector UTCUTS puede contribuir a la mitigación del cambio climático de diversas maneras, por ejemplo reduciendo las emisiones, o manteniendo y mejorando los sumideros y las reservas de carbono. Para que las medidas específicamente encaminadas a incrementar la captura de carbono sean eficaces, es esencial la estabilidad y la adaptabilidad a largo plazo de los almacenes de carbono.
(6)  El sector UTCUTS tiene un elevado grado de exposición y es muy vulnerable a los cambios climáticos. Al mismo tiempo, el sector abriga un enorme potencial para ofrecer beneficios climáticos a largo plazo y contribuir de forma significativa a la consecución de los objetivos climáticos a largo plazo, tanto de la Unión como a nivel internacional. El sector UTCUTS contribuye a la mitigación del cambio climático de diversas maneras, por ejemplo reduciendo las emisiones, o manteniendo y mejorando los sumideros y las reservas de carbono. El sector proporciona igualmente materiales biológicos que, hasta cierto punto, pueden sustituir a los materiales fósiles o intensivos en carbono por biomasa renovable y baja en carbono procedente de bosques. Por lo que respecta a dicha sustitución, debe tenerse en cuenta el ciclo de vida completo de esos materiales, desde la producción de la materia prima a las etapas de transformación y fabricación. La bioeconomía, incluida la sustitución de materiales como en la construcción, e incluida la bioenergía, desempeña un papel importante en la transición a una economía sin combustibles fósiles. Para que las medidas encaminadas en particular a incrementar la captura de carbono sean eficaces y se ajusten al Acuerdo de París, son esenciales la gestión sostenible de los recursos y los bosques y la estabilidad y adaptabilidad a largo plazo de los almacenes de carbono. Dado que el sector UTCUTS se caracteriza por largos períodos de tiempo, se necesitan estrategias a largo plazo que faciliten las inversiones sostenibles a largo plazo.
Enmienda 9
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
(6 bis)   La Unión debe asumir el liderazgo mundial en la promoción y exportación de la investigación y la inversión en prácticas, técnicas e ideas sostenibles, avanzadas e innovadoras en el sector UTCUTS, así como en la difusión de tecnologías ecológicas, con objeto de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al tiempo que se protege la producción de alimentos, dando así ejemplo a sus socios internacionales, incluidos los países en desarrollo. En este contexto es necesario reforzar la cooperación y la asociación efectivas con los agentes del sector privado, y especialmente las pequeñas y medianas empresas.
Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)
(6 ter)  Conceder prioridad a la financiación destinada a la investigación sobre el cambio climático reforzaría el papel desempeñado por el sector UTCUTS en materia de mitigación del cambio climático y adaptación al mismo. En particular, el refuerzo del programa de investigación e innovación de la Unión previsto para el período 2021-2028 en el sector UTCUTS contribuiría, entre otras cosas, a profundizar y difundir el conocimiento por parte de los científicos y las comunidades locales sobre el comportamiento del sector, así como a la aceleración de las innovaciones sostenibles, el fomento de la transición a la era digital, la modernización de la formación y la educación, el refuerzo de la resiliencia del sector, y la vigilancia de la biodiversidad y de la actividad humana.
Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quater (nuevo)
(6 quater)  Debe reforzarse la investigación de la función de la madera muerta, en concreto los residuos gruesos de madera superficiales y la madera muerta enterrada, tanto en bosques gestionados como no gestionados, con el fin de mejorar la exactitud en la contabilidad forestal de carbono y en el cálculo del equilibrio de carbón neto ecosistémico. Las pruebas disponibles son limitadas, pero indican que la madera muerta puede constituir una gran reserva de carbón, y dejar madera muerta in situ podría, entre otras cosas, desempeñar un papel significativo en materia de biodiversidad y considerarse un agente importante en la estrategia para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si se tiene en cuenta que la gestión forestal puede favorecer el aprovechamiento de madera muerta, por ejemplo para fines energéticos, esa indicación resulta significativa y cualquier decisión relativa a la mitigación y la adaptación correctas debe adoptarse con conocimiento de causa y estar científicamente fundada. Se deben asignar recursos específicos a dicha investigación a lo largo del período 2017-2020.
Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 quinquies (nuevo)
(6 quinquies)   La Unión ha asumido compromisos con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas que solo podrán alcanzarse mediante una gestión adecuada de los bosques y con el compromiso de detener e invertir la deforestación e impulsar la reforestación.
Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 sexies (nuevo)
(6 sexies)   Debe garantizarse un enfoque holístico de la deforestación tropical que tenga en cuenta todos los factores de la deforestación, así como el objetivo, incluido en una declaración de la Comisión en las negociaciones en el marco de la CMNUCC, de detener la pérdida mundial de cobertura forestal para 2030, a más tardar, y de reducir la deforestación tropical bruta en al menos un 50 % para 2020 en comparación con los niveles actuales.
Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 septies (nuevo)
(6 septies)   La silvicultura y los bosques deben gestionarse de forma responsable, contribuir de forma efectiva al desarrollo económico de los países y ofrecer oportunidades económicas viables a los agricultores, siempre que no se produzca una deforestación de ecosistemas sensibles ni se desarrollen plantaciones en turberas, que las plantaciones se gestionen empleando técnicas agroecológicas modernas para minimizar los efectos medioambientales y sociales adversos, y que se respeten los derechos de la tierra, los derechos de las comunidades indígenas, y los derechos humanos y de los trabajadores.
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 octies (nuevo)
(6 octies)  Las prácticas de gestión avanzada y sostenible pueden contribuir considerablemente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector UTCUTS. El desarrollo de las prácticas innovadoras y la utilización por parte de los propietarios agrícolas de métodos de gestión avanzados, como la agricultura y la silvicultura de precisión y la digitalización del sector agrícola deben promoverse. El control por información geográfica y la observación terrestre, así como el intercambio de mejores prácticas son posibles formas de ayudar a los Estados miembros a alcanzar sus objetivos, por lo que conviene fomentarlos.
Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Considerando 6 nonies (nuevo)
(6 nonies)  La agroecología facilita el paso de sistemas alimentarios lineares a sistemas circulares, los cuales imitan los ciclos naturales y pueden reducir la huella de carbono y ecológica de los alimentos y la agricultura. Es importante promover la agroecología al igual que la agrosilvicultura dada su contribución a la mitigación del cambio climático.
Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Considerando 7
(7)  La Decisión n.º 529/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo11 estableció, como primer paso, normas contables aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero procedentes del sector UTCUTS, con lo que contribuyó al desarrollo de políticas orientadas a la inclusión de este sector en el compromiso de reducción de las emisiones de la Unión. El presente Reglamento debe desarrollar las normas contables existentes, y actualizarlas y mejorarlas para el período 2021-2030. Además, debe fijar la obligación de los Estados miembros de implementar dichas normas contables y la obligación de garantizar que el conjunto del sector del UTCUTS no genere emisiones netas. No procede establecer obligaciones contables o de información para las entidades privadas.
(7)  La Decisión n.º 529/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo11 estableció, como primer paso, normas contables aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero procedentes del sector UTCUTS, con lo que contribuyó al desarrollo de políticas orientadas a la inclusión de este sector en el compromiso de reducción de las emisiones de la Unión. El presente Reglamento debe desarrollar las normas contables existentes, y actualizarlas y mejorarlas para el período 2021-2030. Además, debe en cualquier caso fijar la obligación de los Estados miembros de implementar dichas normas contables y la obligación de garantizar que el conjunto del sector del UTCUTS no genere emisiones netas. No procede establecer obligaciones contables o de información para las entidades privadas incluidos los agricultores y los silvicultores y es necesario que los Estados miembros eviten esas obligaciones al aplicar el presente Reglamento.
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11 Decisión n.º 529/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre normas contables aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes de actividades relativas al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura y sobre la información relativa a las acciones relacionadas con dichas actividades (DO L 165 de 18.6.2013, p. 80).
11 Decisión n.º 529/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre normas contables aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes de actividades relativas al uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura y sobre la información relativa a las acciones relacionadas con dichas actividades (DO L 165 de 18.6.2013, p. 80).
Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)
(7 bis)  La agricultura y el uso de la tierra son sectores que tienen un impacto directo y considerable en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de la Unión. Por este motivo, un objetivo importante de las políticas que afectan a esos sectores es garantizar la coherencia con los objetivos de la estrategia de la Unión en materia de biodiversidad. Además, existen otras políticas de la Unión que pueden incentivar prácticas que van más allá de los requisitos legales mínimos y de las buenas prácticas habituales y contribuyen a una adaptación al cambio climático y una mitigación del mismo efectivas, y el mantenimiento de la reserva de carbono como prestación de bienes públicos. Se deben adoptar medidas para aplicar y apoyar las actividades agrícolas relacionadas con enfoques de mitigación y adaptación para la gestión integral y sostenible de bosques y terrenos agrícolas. Pese al reconocido potencial limitado de reducción de sus emisiones distintas del CO2, la agricultura debe colaborar con una contribución adecuada a la mitigación del cambio climático. Esto se puede conseguir, entre otras cosas, mediante la mejora de los cultivos con el fin de aumentar el contenido de carbono orgánico del suelo. Los Estados miembros y la Comisión deben garantizar la coherencia entre la PAC y el presente Reglamento.
Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Considerando 7 ter (nuevo)
(7 ter)  Los humedales son los ecosistemas más eficientes en almacenar CO2. Por lo tanto, la degradación de los humedales en la Unión no representa solo un problema para la biodiversidad, sino también un grave problema climático. Por el contrario, la protección y la recuperación de los humedales podría reforzar los esfuerzos de conservación y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector UTCUTS. También ha de tomarse en cuenta el perfeccionamiento de las Directrices del IPCC de 2006 previsto para 2019.
Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Considerando 8
(8)  A fin de que las cuentas de las emisiones y las absorciones sean precisas, de acuerdo con las Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero («Directrices del IPCC»), deben emplearse los valores notificados anualmente en virtud del Reglamento (UE) n.º 525/2013 para las categorías de uso de la tierra y la conversión entre categorías de uso de la tierra, racionalizando así los enfoques adoptados en el marco de la CMNUCC y el Protocolo de Kioto. La tierra que cambia a otra categoría de uso de la tierra debe considerarse en transición hacia dicha categoría durante el período de 20 años predeterminado en las Directrices del IPCC.
(8)  A fin de que las cuentas de las emisiones y las absorciones sean precisas, de acuerdo con las Directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero («Directrices del IPCC»), deben emplearse los valores notificados anualmente en virtud del Reglamento (UE) n.º 525/2013 para las categorías de uso de la tierra y la conversión entre categorías de uso de la tierra, racionalizando así los enfoques adoptados en el marco de la CMNUCC y el Protocolo de Kioto. La tierra que cambia a otra categoría de uso de la tierra debe considerarse en transición hacia dicha categoría durante el período de 20 años predeterminado en las Directrices del IPCC. Dada la posición de liderazgo de la Unión en la lucha contra el cambio climático, los Estados miembros deben contemplar una excepción para este período predeterminado únicamente con respecto a los suelos forestados y solo en circunstancias muy limitadas justificadas en virtud de las Directrices del IPCC. La posibilidad de aplicar excepciones tiene en cuenta las diferentes circunstancias naturales y ecológicas de cada Estado miembro, y por consiguiente las diferentes características de sus tierras forestales.
Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Considerando 9
(9)  Las emisiones y absorciones resultantes de la gestión forestal dependen de una serie de circunstancias naturales, de la estructura de clases por edad, y de las prácticas de gestión pasadas y presentes. El uso de un año de referencia no permite reflejar estos factores ni los efectos cíclicos resultantes en las emisiones y absorciones o su variación interanual. En su lugar, las normas contables pertinentes deben prever el uso de unos niveles de referencia para que se excluyan los efectos de las particularidades naturales y de cada país. En ausencia de una revisión internacional amparada por la CMNUCC y el Protocolo de Kioto, debe establecerse un procedimiento de revisión a fin de garantizar la transparencia y mejorar la calidad de la contabilidad en esta categoría.
(9)  Las emisiones y absorciones resultantes de la gestión forestal dependen de una serie de circunstancias naturales, de la estructura de clases por edad, y de las prácticas de gestión pasadas y presentes que difieren sustancialmente entre los distintos Estados miembros. El uso de un año de referencia no permite reflejar estos factores ni los efectos cíclicos resultantes en las emisiones y absorciones o su variación interanual. En su lugar, las normas contables pertinentes deben prever el uso de unos niveles de referencia para que se aborden los efectos de las particularidades naturales y de cada país, por ejemplo, la imposibilidad de gestionar los bosques en la República de Croacia a causa de la ocupación de su territorio, su guerra por la independencia y las circunstancias de la guerra y la posguerra. Las normas contables pertinentes deben prever también la coherencia y los requisitos en materia de gestión sostenible de los bosques de Forest Europe (Conferencia Ministerial para la Protección de los Bosques en Europa). En ausencia de una revisión internacional amparada por la CMNUCC y el Protocolo de Kioto, debe establecerse un procedimiento transparente para que los Estados miembros mejoren las posibilidades de auditoría y la calidad de la contabilidad en esta categoría.
Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)
(9 bis)  Las emisiones procedentes de la madera aprovechada en el sector UTCUTS tienen el potencial de reemplazar las emisiones en los sectores RCDE y de reparto del esfuerzo, y el presente Reglamento puede destacarlo y tenerlo en cuenta.
Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Considerando 10
(10)  Cuando, de conformidad con la Decisión de la Comisión (C(2016)3301), la Comisión opta por contar con la ayuda de un equipo de revisión constituido por expertos para el examen de los planes contables forestales nacionales, ha de tomar como punto de partida las buenas prácticas y la experiencia de las revisiones de los expertos en el marco de la CMNUCC (incluido en lo relativo a la participación de los expertos nacionales y las recomendaciones), y seleccionar a un número suficiente de expertos de los Estados miembros.
(10)  De conformidad con la Decisión de la Comisión (C(2016)3301), debe solicitarse la creación de un equipo de revisión constituido por expertos para el examen de los planes contables forestales nacionales. El equipo de revisión debe tomar como punto de partida las buenas prácticas y la experiencia de las revisiones de los expertos en el marco de la CMNUCC (incluido en lo relativo a la participación de los expertos nacionales y las recomendaciones), y debe seleccionarse a un número suficiente de expertos de los Estados miembros. El equipo de revisión debe consultar al Comité forestal permanente creado por la Decisión 89/367/CEE del Consejo, así como a los interesados y a la sociedad civil, sobre la revisión de los planes nacionales de contabilidad forestal.
Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Considerando 12
(12)  El creciente uso sostenible de productos de madera aprovechada puede limitar de forma sustancial las emisiones y favorecer las absorciones de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Debido a la necesidad de crear incentivos para que se incremente el uso de productos de madera aprovechada con ciclos de vida prolongados, las normas contables han de garantizar que los Estados miembros recojan con exactitud en su contabilidad el momento en que tengan lugar los cambios en el depósito de productos de madera aprovechada. La Comisión ha de ofrecer pautas sobre las cuestiones metodológicas relativas a la contabilidad de los productos de madera aprovechada.
(12)  El creciente uso sostenible de productos de madera aprovechada puede limitar de forma sustancial las emisiones mediante el efecto de sustitución (considerando la energía y la intensidad de CO2 de otros sectores, por ejemplo, la producción de cemento apenas supone el 8 % de las emisiones mundiales de CO2), y favorecer las absorciones de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Las normas contables han de garantizar que los Estados miembros recojan con exactitud en su contabilidad el momento en que tengan lugar los cambios en el depósito de productos de madera aprovechada, con el fin de reconocer e incentivar un mayor uso de productos de madera aprovechada con ciclos de vida prolongados frente al uso para fines energéticos. A fin de promover e integrar mejor el efecto de sustitución positivo, la Comisión debe incluir mediante un acto delegado más productos en el cálculo de los productos de madera aprovechada. La Comisión ha de ofrecer pautas sobre las cuestiones metodológicas relativas a la contabilidad de los productos de madera aprovechada.
Enmienda 25
Propuesta de Reglamento
Considerando 13
(13)  Las perturbaciones naturales, como los incendios, las infestaciones por insectos y enfermedades, los fenómenos meteorológicos extremos o las alteraciones geológicas que escapan al control de un Estado miembro y no están sometidas a una influencia sustancial por parte del mismo pueden dar lugar en el sector del uso de la tierra, del cambio de uso de la tierra y de la silvicultura a emisiones de gases de efecto invernadero de carácter temporal o pueden invertir la tendencia de anteriores absorciones. Ahora bien, dado que esas inversiones de tendencia pueden ser también el resultado de decisiones de gestión (como, por ejemplo, la de recolectar árboles o, por el contrario, la de plantarlos), el presente Reglamento debe garantizar que las inversiones que registren las absorciones por causa de la actividad humana se reflejen siempre con exactitud en la contabilidad sobre dicho sector. Es más, el presente Reglamento debe ofrecer a los Estados miembros una posibilidad limitada de excluir de sus cuentas del UTCUTS las emisiones originadas por perturbaciones que escapan de su control. No debe admitirse, sin embargo, que la forma en que los Estados miembros hagan uso de esa posibilidad desemboque en una infracontabilización indebida.
(13)  Las perturbaciones naturales, como los incendios, las infestaciones por insectos y enfermedades, los fenómenos meteorológicos extremos o las alteraciones geológicas que escapan al control de un Estado miembro y no están sometidas a una influencia sustancial por parte del mismo pueden dar lugar en el sector del uso de la tierra, del cambio de uso de la tierra y de la silvicultura a emisiones de gases de efecto invernadero de carácter temporal o pueden invertir la tendencia de anteriores absorciones. Ahora bien, dado que esas inversiones de tendencia pueden ser también el resultado de decisiones de gestión (como, por ejemplo, la de recolectar árboles o, por el contrario, la de plantarlos), el presente Reglamento debe garantizar que las inversiones que registren las absorciones por causa de la actividad humana se reflejen siempre con exactitud en la contabilidad sobre dicho sector. Debe alentarse a los Estados miembros a que inviertan en medidas preventivas, como las prácticas de gestión sostenible, con el fin de reducir los riesgos asociados a las perturbaciones naturales, evitando así el impacto negativo sobre los sumideros de carbono forestales. Es más, el presente Reglamento debe ofrecer a los Estados miembros una posibilidad limitada de excluir de sus cuentas del UTCUTS las emisiones originadas por perturbaciones que escapan de su control. No debe admitirse, sin embargo, que la forma en que los Estados miembros hagan uso de esa posibilidad desemboque en una infracontabilización indebida.
Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Considerando 14
(14)  En función de los intereses nacionales, los Estados miembros han de poder determinar cuáles son las políticas nacionales adecuadas para cumplir con sus compromisos en el sector del UTCUTS, incluida la posibilidad de compensar las emisiones de una categoría de tierra con las absorciones de otra categoría de tierra. También han de poder acumular las absorciones netas a lo largo del período 2021-2030, y el comercio entre Estados miembros debe continuar siendo una opción adicional para contribuir al cumplimiento. Siguiendo la práctica del segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto, además debe existir la posibilidad de que un Estado miembro use su cumplimiento superior a lo esperado en virtud del Reglamento [] sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático, a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos recogidos en el presente Reglamento.
(14)  En función de los intereses nacionales, los Estados miembros han de poder determinar cuáles son las políticas nacionales adecuadas para cumplir con sus compromisos en el sector del UTCUTS, incluida la posibilidad de compensar las emisiones de una categoría de tierra con las absorciones de otra categoría de tierra. También han de poder acumular las absorciones netas a lo largo del período 2021-2030, y el comercio entre Estados miembros debe continuar siendo una opción adicional para contribuir al cumplimiento. Siguiendo la práctica del segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto, además debe existir la posibilidad de que un Estado miembro use su cumplimiento superior a lo esperado en virtud del Reglamento [] sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático, a fin de garantizar el cumplimiento de los compromisos recogidos en el presente Reglamento sin comprometer el nivel general de ambición de los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la Unión. Los Estados miembros deben poder igualmente utilizar hasta 289 millones de toneladas del total de las absorciones netas derivadas de las categorías contables combinadas de tierras deforestadas, tierras forestadas, tierras de cultivo gestionadas, pastos gestionados y humedales gestionados, cuando proceda y sobre la base del acto delegado que se adopte de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) [2017/... ] sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030, tierras forestales gestionadas para garantizar el cumplimiento de sus compromisos en virtud del Reglamento (UE) [2017/... ].
Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Considerando 15
(15)  Con el objetivo de garantizar la eficacia, transparencia y rentabilidad de la notificación y verificación de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, y de toda otra información necesaria para evaluar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus compromisos, mediante el presente Reglamento deben incluirse los requisitos de notificación en el Reglamento (UE) n.º 525/2013, y las comprobaciones de cumplimiento que figuran en el presente Reglamento deben tener en cuenta dichos informes. Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 525/2013 en consecuencia. Se podrán seguir racionalizando estas disposiciones para tomar en consideración todo cambio pertinente relativo a la gobernanza integrada de la Unión de la Energía. Para ello, el programa de trabajo de la Comisión prevé una propuesta para finales de 2016.
(15)  Con el objetivo de garantizar la eficacia, transparencia y rentabilidad de la notificación y verificación de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, y de toda otra información necesaria para evaluar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de sus compromisos, mediante el presente Reglamento deben incluirse los requisitos de notificación en el Reglamento (UE) n.º 525/2013, y las comprobaciones de cumplimiento que figuran en el presente Reglamento deben tener en cuenta dichos informes. Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.º 525/2013 en consecuencia. Se podrán seguir racionalizando estas disposiciones para tomar en consideración todo cambio pertinente relativo a la propuesta de Reglamento sobre la gobernanza de la Unión de la Energía que la Comisión presentó el 30 de noviembre de 2016.
Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)
(15 bis)   En virtud de la CMNUCC se obliga a la Unión y a sus Estados miembros a elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes inventarios nacionales de las emisiones antropógenas por las fuentes y de la absorción por los sumideros de todos los gases de efecto invernadero, utilizando metodologías comparables acordadas por la Conferencia de las Partes. Los inventarios de gases de efecto invernadero son fundamentales para el seguimiento de la implementación de la dimensión de la descarbonización y para evaluar el cumplimiento de la legislación en materia de clima. Las obligaciones de los Estados miembros para el establecimiento y la gestión de los inventarios nacionales están recogidas en la propuesta de la Comisión de Reglamento relativo a la gobernanza de la Unión de la Energía.
Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Considerando 17
(17)  Para facilitar la mejora de la recolección de datos y de la metodología, el uso de la tierra tiene que inventariarse y notificarse utilizando el seguimiento geográfico de cada superficie de tierra, correspondiente a los sistemas de recolección de datos nacionales y de la UE. Se aprovecharán al máximo los programas y estudios de la Unión y los Estados miembros, como el estudio marco LUCAS sobre uso y cobertura del suelo o el Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus) para la recolección de datos. La gestión de los datos, incluida su puesta en común para su reutilización y difusión, debe ser conforme a la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire).
(17)  Para facilitar la mejora de la recolección de datos y de la metodología, el uso de la tierra tiene que inventariarse y notificarse expresamente utilizando el seguimiento geográfico de cada superficie de tierra, correspondiente a los sistemas de recolección de datos nacionales y de la UE. Se aprovecharán al máximo los programas y estudios de la Unión y los Estados miembros, como el estudio marco LUCAS sobre uso y cobertura del suelo, el Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus), en particular su Sentinel-2, para la recolección de datos, y los sistemas europeos de navegación por satélite Galileo y EGNOS, que pueden utilizarse para un mejor estudio del uso de la tierra. La gestión de los datos, incluida su puesta en común para su reutilización y difusión, debe ser conforme a la Directiva 2007/2/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2007, por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad Europea (Inspire).
Enmienda 30
Propuesta de Reglamento
Considerando 18
(18)  A fin de ofrecer una contabilidad adecuada de las transacciones que figuran en el presente Reglamento, incluido el uso de la flexibilidad y el seguimiento del cumplimiento, debe delegarse en la Comisión el poder de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en lo que respecta a la adaptación técnica de las definiciones, los valores, las listas de almacenes de carbono y gases de efecto invernadero, la actualización de los niveles de referencia, la contabilidad de las transacciones y la revisión de los requisitos de metodología e información. Esas medidas deben tener en cuenta las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 389/2013 de la Comisión, por el que se establece el Registro de la Unión. Las disposiciones necesarias han de figurar en un único instrumento jurídico que combine las disposiciones contables de conformidad con la Directiva 2003/87/CE, con el Reglamento (UE) n.º 525/2013, con el Reglamento [] sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con el presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión realice las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, también a nivel de expertos, de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación en pie de igualdad en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión encargados de la preparación de actos delegados.
(18)  A fin de ofrecer una contabilidad adecuada de las transacciones que figuran en el presente Reglamento, incluido el uso de la flexibilidad y el seguimiento del cumplimiento, debe delegarse en la Comisión el poder de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en lo que respecta a la adaptación técnica de las definiciones, los valores, las listas de almacenes de carbono y gases de efecto invernadero, la contabilidad de las transacciones, la revisión de los métodos sobre la base de las Directrices del IPCC más recientes, incluido el Suplemento de 2013 de las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero, y los requisitos de información y orientación de la CMNUCC. Esas medidas deben tener en cuenta las disposiciones del Reglamento (UE) n.º 389/2013 de la Comisión, por el que se establece el Registro de la Unión. Las disposiciones necesarias han de figurar en un único instrumento jurídico que combine las disposiciones contables de conformidad con la Directiva 2003/87/CE, con el Reglamento (UE) n.º 525/2013, con el Reglamento (UE) n.º.../... sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con el presente Reglamento. Reviste especial importancia que la Comisión realice las consultas apropiadas durante sus trabajos preparatorios, también a nivel de expertos, de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación en pie de igualdad en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión encargados de la preparación de actos delegados.
Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Considerando 19
(19)  El presente Reglamento debe revisarse en 2024 y cada cinco años de ahí en adelante, a fin de evaluar su funcionamiento global. Esta revisión también podrá contar con información sobre los resultados de la evaluación global del Acuerdo de París.
(19)  En un plazo de seis meses a partir del diálogo facilitador de 2018 en el marco de la CMNUCC, la Comisión debe publicar una comunicación con la evaluación de la coherencia de los actos legislativos de la Unión en materia de clima y energía con respecto a los objetivos del Acuerdo de París. El presente Reglamento debe revisarse en 2024 y cada cinco años de ahí en adelante, a fin de evaluar su funcionamiento global. Esta revisión también podrá contar con información sobre los resultados de la evaluación global del Acuerdo de París.
Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
El presente Reglamento no establece obligaciones contables o de notificación para particulares, incluidos agricultores y silvicultores.
Enmienda 33
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 ter (nuevo)
Este Reglamento contribuye al logro por parte de la Unión de los objetivos del Acuerdo de París.
Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e bis (nueva)
e bis)  a partir de 2026, humedales gestionados: tierras cuyo uso notificado es el de humedales que se mantienen como humedales, y asentamientos, otras tierras convertidas en humedales, o humedales convertidos en asentamientos y otras tierras.
Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2
2.  Un Estado miembro podrá optar por incluir los humedales gestionados, definidos como tierras cuyo uso notificado es el de humedales que se mantienen como humedales, y asentamientos y otras tierras convertidos en humedales, y humedales convertidos en asentamientos y otras tierras, en el ámbito de aplicación de su compromiso en virtud del artículo 4. Cuando el Estado miembro opte por hacer esto, deberá contabilizar las emisiones y absorciones de los humedales gestionados de acuerdo con el presente Reglamento.
2.  Durante el período comprendido entre 2021 y 2025, un Estado miembro podrá optar por incluir los humedales gestionados en virtud del artículo 4. Cuando el Estado miembro opte por hacer esto, deberá contabilizar las emisiones y absorciones de los humedales gestionados de acuerdo con el presente Reglamento.
Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra f bis (nueva)
f bis)  «nivel de referencia forestal», estimación de la media anual de emisiones o absorciones netas derivadas de las tierras forestales gestionadas en el territorio del Estado miembro en los períodos comprendidos entre 2021 y 2025, y entre 2026 y 2030.
Enmienda 37
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 bis (nuevo)
Para el período posterior a 2030, los Estados miembros procurarán aumentar sus absorciones de manera que superen sus emisiones. La Comisión propondrá un marco para los objetivos posteriores a 2030 que incluya este aumento de absorciones, en consonancia con los objetivos de la Unión a largo plazo y los compromisos climáticos adquiridos en el marco del Acuerdo de París.
Enmienda 38
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1
1.  Todo Estado miembro elaborará y mantendrá cuentas que reflejen con exactitud las emisiones y las absorciones resultantes de las categorías contables de tierras recogidas en el artículo 2. Los Estados miembros garantizarán la exactitud, exhaustividad, coherencia, comparabilidad y transparencia de sus cuentas y de otros datos facilitados en virtud del presente Reglamento. Los Estados miembros señalarán las emisiones con un signo positivo (+) y las absorciones con un signo negativo (-).
1.  Todo Estado miembro elaborará y mantendrá cuentas que reflejen con exactitud las emisiones y las absorciones resultantes de las categorías contables de tierras recogidas en el artículo 2 con arreglo a las directrices de notificación adoptadas por los organismos de la CMNUCC y del Acuerdo de París para el período 2021-2030. Los Estados miembros garantizarán la exactitud, exhaustividad, coherencia, comparabilidad y transparencia de sus cuentas y de otros datos facilitados en virtud del presente Reglamento. Los Estados miembros señalarán las emisiones con un signo positivo (+) y las absorciones con un signo negativo (-).
Enmienda 39
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4
4.  Los Estados miembros incluirán en sus cuentas, para cada categoría contable de tierra, todo cambio acontecido en las reservas de carbono de los almacenes de carbono enumerados en el anexo I, sección B. Los Estados miembros podrán optar por no incluir en sus cuentas los cambios acontecidos en las reservas de carbono de los almacenes de carbono cuando el almacén de carbono no sea una fuente, salvo en el caso de la biomasa aérea y otros productos de madera aprovechada de tierras forestales gestionadas.
4.  Los Estados miembros incluirán en sus cuentas, para cada categoría contable de tierra, todo cambio acontecido en las reservas de carbono de los almacenes de carbono enumerados en el anexo I, sección B. Los Estados miembros podrán optar por no incluir en sus cuentas los cambios acontecidos en las reservas de carbono de los almacenes de carbono cuando el almacén de carbono no sea una fuente, salvo en el caso de la biomasa aérea, la madera muerta (madera muerta superficial y enterrada) de tierras forestales gestionadas y otros productos de madera aprovechada de tierras forestales gestionadas.
Enmienda 40
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2
2.  A pesar del requisito de aplicar el valor predeterminado establecido en el artículo 5, apartado 3, los Estados miembros podrán cambiar los cultivos, pastos, humedales, asentamientos y otras tierras de la categoría de tales tierras convertidas en tierras forestales a la categoría de tierras forestales que siguen siendo tierras forestales treinta años después de la fecha de conversión.
2.  A pesar del requisito de aplicar el valor predeterminado establecido en el artículo 5, apartado 3, los Estados miembros podrán cambiar los cultivos, pastos, humedales, asentamientos y otras tierras de la categoría de tales tierras convertidas en tierras forestales a la categoría de tierras forestales que siguen siendo tierras forestales treinta años después de la fecha de conversión, si ello está debidamente justificado de conformidad con las Directrices del IPCC.
Enmienda 41
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.  Las acciones de forestación que tengan lugar en el período 2017-2030 en los humedales, incluidas las turberas, la red Natura 2000 y los hábitats listados en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE, en particular las formaciones herbosas naturales y seminaturales y las turberas altas («bogs») y turberas bajas («mires» y «fens»), y otros humedales, incluidas las turberas, a los que se apliquen las normas contables bruto-neto no deberán aparecer en la contabilidad nacional de los Estados miembros. Dichas áreas solo se tendrán en cuenta, si procede, para las absorciones o las emisiones de la categoría de tierras forestales después de su transición a tierras forestales gestionadas de acuerdo con el artículo 5, apartado 3.
Enmienda 42
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3
3.  Cuando un Estado miembro decida incluir los humedales gestionados en el ámbito de aplicación de su compromiso en virtud del artículo 2, deberá notificar su decisión a la Comisión no más tarde del 31 de diciembre de 2020 para el período 2021-2025 y del 31 de diciembre de 2025 para el período 2026-2030.
3.  Cuando un Estado miembro decida incluir los humedales gestionados en el ámbito de aplicación de su compromiso en virtud del artículo 2 durante el período 2021-2025 deberá notificar su decisión a la Comisión no más tarde del 31 de diciembre de 2020.
Enmienda 43
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4
4.  Los Estados miembros que hayan decidido incluir los humedales gestionados en el ámbito de aplicación de sus compromisos en virtud del artículo 2, contabilizarán las emisiones y las absorciones resultantes de los humedales gestionados, que se calcularán como emisiones y absorciones en los períodos comprendidos entre 2021 y 2025 y/o entre 2026 y 2030, menos el valor obtenido al multiplicar por cinco la media anual de las emisiones y absorciones resultantes de los humedales gestionados en los Estados miembros durante el período de referencia 2005-2007.
4.  Los Estados miembros contabilizarán las emisiones y las absorciones resultantes de los humedales gestionados, que se calcularán como emisiones y absorciones en los períodos comprendidos entre 2026 y 2030, menos el valor obtenido al multiplicar por cinco la media anual de las emisiones y absorciones resultantes de los humedales gestionados en los Estados miembros durante el período de referencia 2005-2007.
Enmienda 44
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)
Los Estados miembros que hayan decidido incluir los humedales gestionados en el ámbito de aplicación de sus compromisos en virtud del artículo 2 durante el período 2021-2025 contabilizarán las emisiones y las absorciones resultantes de los humedales gestionados, que se calcularán como emisiones y absorciones en el período comprendido entre 2021 y 2025 menos el valor obtenido al multiplicar por cinco la media anual de las emisiones y absorciones resultantes de los humedales gestionados en los Estados miembros durante el período de referencia 2005-2007.
Enmienda 45
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)
4 bis.  Durante el período comprendido entre 2021 y 2025, los Estados miembros que no hayan optado por incluir los humedales gestionados en el ámbito de aplicación de sus compromisos en virtud del artículo 2, deberán de todos modos informar a la Comisión de las emisiones y las absorciones de los humedales gestionados.
Enmienda 46
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1
1.  Los Estados miembros contabilizarán las emisiones y las absorciones resultantes de las tierras forestales gestionadas, que se calcularán como emisiones y absorciones en los períodos comprendidos entre 2021 y 2025 y entre 2026 y 2030, menos el valor obtenido al multiplicar por cinco su nivel de referencia forestal. El nivel de referencia forestal es una estimación de la media anual de emisiones o absorciones netas derivadas de las tierras forestales gestionadas en el territorio del Estado miembro en los períodos comprendidos entre 2021 y 2025, y entre 2026 y 2030.
1.  Los Estados miembros contabilizarán las emisiones y las absorciones resultantes de las tierras forestales gestionadas, que se calcularán como emisiones y absorciones en los períodos comprendidos entre 2021 y 2025 y entre 2026 y 2030, menos el valor obtenido al multiplicar por cinco su nivel de referencia forestal.
Enmienda 47
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2
2.  Cuando el resultado del cálculo referido en el apartado 1 sea negativo con respecto a su nivel de referencia forestal, el Estado miembro tendrá que incluir en sus cuentas de las tierras forestales gestionadas un total de absorciones netas que no sobrepase el equivalente al 3,5 % de sus emisiones en el año o período de referencia establecido en el anexo III, multiplicado por cinco.
2.  Cuando el resultado del cálculo referido en el apartado 1 sea negativo con respecto a su nivel de referencia forestal, el Estado miembro tendrá que incluir en sus cuentas de las tierras forestales gestionadas un total de absorciones netas que no sobrepase el equivalente al 3,5 % de sus emisiones en el año o período de referencia establecido en el anexo III, multiplicado por cinco. Los Estados miembros podrán añadir a ese 3,5 % la cantidad de absorciones netas para la contabilidad de tierras forestales gestionadas de los paneles de madera, madera aserrada y madera muerta en las condiciones establecidas en los párrafos segundo, tercero y cuarto del presente apartado.
Enmienda 48
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)
Las absorciones netas de los paneles de madera, mencionados en el artículo 9, letra b), y de la madera aserrada, mencionada en el artículo 9, letra c), podrán contabilizarse de manera independiente y adicional respecto al número de absorciones netas para la contabilidad de tierras forestales gestionadas, hasta alcanzar el nivel del 3 % de las emisiones del Estado miembro en el año o período de referencia establecido en el anexo III multiplicado por cinco.
Enmienda 49
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 ter (nuevo)
Las absorciones netas de la categoría de almacén de carbono de madera muerta podrán contabilizarse de manera independiente y adicional respecto al número de absorciones netas para la contabilidad de tierras forestales gestionadas, hasta alcanzar el nivel del 3 % de las emisiones del Estado miembro en el año o período de referencia establecido en el anexo III multiplicado por cinco.
Enmienda 50
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1 quater (nuevo)
La suma de las absorciones netas de un 3,5 % del párrafo primero, más las absorciones netas de las cuentas de tierras forestales gestionadas procedentes de paneles de madera, madera aserrada y madera muerta no debe exceder en total el 7 % de las emisiones del Estado miembro en su año o período de referencia indicado en el anexo III, multiplicado por cinco.
Enmienda 65
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2
El plan nacional de contabilidad forestal contendrá todos los elementos enumerados en el anexo IV, sección B, e incluirá la propuesta de un nuevo nivel de referencia forestal basado en la continuación de las prácticas y la intensidad de gestión forestal actuales, indicadas entre 1990 y 2009, por tipo forestal y por clase de edad en los bosques nacionales, expresado en millones de toneladas equivalentes de CO2 al año.
El plan nacional de contabilidad forestal contendrá todos los elementos enumerados en el anexo IV, sección B, e incluirá un nuevo nivel de referencia forestal basado en la continuación de las prácticas de gestión forestal actuales, de acuerdo con los mejores datos disponibles indicadas entre 2000 y 2012, por tipo forestal y por clase de edad en los bosques nacionales, expresado en millones de toneladas equivalentes de CO2 al año.
Un aumento del aprovechamiento por parte de un Estado miembro, sobre la base de las prácticas de gestión forestal sostenible y de las políticas nacionales adoptadas hasta la fecha de la presentación del nivel de referencia forestal, deberá respetar las siguientes condiciones:
a)  que las tierras forestales gestionadas sigan siendo un sumidero de gases de efecto invernadero; y
b)  que se definan en una estrategia a largo plazo de bajo nivel de emisiones las formas de mantener y ampliar los sumideros y los depósitos de gases de efecto invernadero para 2050, con el fin de cumplir el objetivo definido en el artículo 4, apartado 1, del Acuerdo de París de alcanzar un equilibrio entre las emisiones antropogénicas por las fuentes y las absorciones por los sumideros de gases de efecto invernadero en la segunda mitad de este siglo.
La Comisión puede conceder una excepción para el período de referencia 2000-2012 a un Estado miembro si este presenta una solicitud motivada que demuestre que una excepción como esta es absolutamente necesaria por motivos de disponibilidad de datos, como el calendario de inventarios forestales.
Enmienda 52
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)
No obstante lo dispuesto en el párrafo segundo, podrá calcularse el nivel de referencia forestal para Croacia con el fin de tener en cuenta la ocupación de parte del territorio en el período de 1991 a 1998 y las consecuencias de la guerra en los años siguientes para las prácticas de gestión forestal en su territorio, excluyendo al mismo tiempo la repercusión de las políticas sobre el desarrollo de sumideros forestales.
Enmienda 53
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 – párrafo 3
El plan nacional de contabilidad forestal se publicará y estará sujeto a consulta pública.
El plan nacional de contabilidad forestal se hará público, también mediante su publicación a través de internet, y estará sujeto a consulta pública.
Enmienda 54
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4
4.  Los Estados miembros demostrarán la coherencia entre los métodos y los datos utilizados para establecer el nivel de referencia forestal en el plan nacional de contabilidad forestal y los empleados para la elaboración de informes de las tierras forestales gestionadas. A fin de garantizar la coherencia, cuando sea necesario, los Estados miembros enviarán a la Comisión una corrección técnica de su nivel de referencia al final de los períodos comprendidos entre 2021 y 2025 y entre 2026 y 2030 a más tardar.
4.  Los Estados miembros demostrarán la coherencia entre los métodos y los datos utilizados para establecer el nivel de referencia forestal en el plan nacional de contabilidad forestal y los empleados para la elaboración de informes de las tierras forestales gestionadas. Los datos utilizados serán las cuentas verificadas más recientes relativas al uso de la tierra y al estado del bosque. A fin de garantizar la coherencia, cuando sea necesario, los Estados miembros enviarán a la Comisión una corrección técnica de su nivel de referencia a más tardar al final de los períodos comprendidos entre 2021 y 2025 y entre 2026 y 2030, que tendrá asimismo por objeto informar de las modificaciones positivas que resulten de la política de gestión forestal sostenible vigente en el momento en que se estableció dicho nivel.
Enmienda 55
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5
5.  La Comisión examinará los planes nacionales de contabilidad forestal y las correcciones técnicas, y evaluará hasta qué punto los niveles de referencia forestal nuevos o corregidos propuestos se han establecido de conformidad con los principios y requisitos establecidos en los apartados 3 y 4, así como en el artículo 5, apartado 1. En la medida en que esto sea necesario para garantizar el cumplimiento de los principios y requisitos establecidos en los apartados 3 y 4, y en el artículo 5, apartado 1, la Comisión podrá recalcular los niveles de referencia forestal nuevos o corregidos propuestos.
5.  Un equipo de expertos creado de conformidad con la Decisión de la Comisión (C(2016)3301), incluidos representantes de la Comisión y de los Estados miembros examinará, previa consulta con el Comité forestal permanente y el Grupo de diálogo civil de la silvicultura y la producción de corcho, los planes nacionales de contabilidad forestal y las correcciones técnicas, y evaluará hasta qué punto los niveles de referencia forestal nuevos o corregidos establecidos por los Estados miembros han sido definidos de conformidad con los principios y requisitos establecidos en los apartados 3 y 4 del presente artículo, así como en el artículo 5, apartado 1. La Comisión solo podrá recalcular los niveles de referencia forestal nuevos o corregidos cuando no se hayan cumplido los principios y requisitos establecidos en los apartados 3 y 4 del presente artículo, así como en el artículo 5, apartado 1. La Comisión elaborará un informe de síntesis y lo pondrá a la disposición del público.
Enmienda 56
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)
Los Estados miembros facilitarán a la Comisión todos los datos y la información solicitados para llevar a cabo el examen y la evaluación a los que hace referencia el párrafo primero.
Enmienda 57
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 6
6.  La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 14 para modificar el anexo II a la luz del examen realizado según los establecido en el apartado 5 a fin de actualizar los niveles de referencia forestales de los Estados miembros a partir de los planes nacionales de contabilidad forestal o de las correcciones técnicas presentadas, así como de todo nuevo cálculo realizado en el marco del examen. Hasta la entrada en vigor del acto delegado, los niveles de referencia forestales de los Estados miembros indicados en el anexo II continuarán siendo aplicables para el período 2021-2025 y/o 2026-2030.
6.  La Comisión adoptará actos delegados de conformidad con el artículo 14 para modificar el anexo II a la luz del examen y de la evaluación realizados por el equipo de expertos según los establecido en el apartado 5 del presente artículo a fin de actualizar los niveles de referencia forestales de los Estados miembros a partir de los planes nacionales de contabilidad forestal o de las correcciones técnicas presentadas, así como de todo nuevo cálculo realizado en el marco del examen.
Hasta la entrada en vigor de los actos delegados, los niveles de referencia forestales de los Estados miembros indicados en el anexo II continuarán siendo aplicables para el período 2021-2025 y/o 2026-2030.
Enmienda 58
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 bis (nuevo)
La Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 14 con el fin de modificar el presente Reglamento actualizando las categorías de los productos de madera aprovechada añadiendo productos adicionales que tengan un efecto de captura de carbono, sobre la base de las Directrices del IPCC y garantizando la integridad medioambiental, y actualizando los valores de semivida por defecto contemplados en el anexo V con el fin de adaptarlos al progreso tecnológico.
Enmienda 59
Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1
1.  Al final de los períodos comprendidos entre 2021 y 2025, y entre 2026 y 2030, los Estados miembros podrán excluir de sus cuentas relativas a las tierras forestadas y tierras forestales gestionadas aquellas emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de perturbaciones naturales que excedan la media de las emisiones causadas por perturbaciones naturales en el período 2001-2020, sin incluir los valores estadísticos atípicos («nivel de fondo») calculados en virtud del presente artículo y del anexo VI.
1.  Al final de los períodos comprendidos entre 2021 y 2025, y entre 2026 y 2030, los Estados miembros podrán excluir de sus cuentas relativas a las tierras forestales gestionadas aquellas emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de perturbaciones naturales que excedan la media de las emisiones causadas por perturbaciones naturales en el período 2001-2020, sin incluir los valores estadísticos atípicos («nivel de fondo») calculados en virtud del presente artículo y del anexo VI.
Enmienda 60
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)
5 bis.  El informe a que se hace referencia en el artículo 15 contendrá una evaluación de las repercusiones del mecanismo de flexibilidad establecido en virtud del presente artículo.
Enmienda 61
Propuesta de Reglamento
Artículo 12 bis (nuevo)
Artículo 12 bis
La Comisión informará en 2027 y en 2032 sobre el saldo acumulado de emisiones y absorciones procedentes de tierras forestales gestionadas en la Unión con respecto al promedio de emisiones y absorciones en el período comprendido entre 1990 y 2009. Si el saldo acumulado es negativo, la Comisión elaborará una propuesta para compensar y eliminar el importe correspondiente de las asignaciones de emisiones de los Estados miembros con arreglo al Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo1 bis.
__________________
1 bis Reglamento (UE) .../... del Parlamento Europeo y del Consejo, de ... sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático (DO L ... de ..., p. ...).
Enmienda 62
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2
2.  Se otorgará a la Comisión el poder para adoptar los actos delegados mencionados en los artículos 3, 5, 8, 10 y 13 por un período de tiempo indefinido a partir del [fecha de entrada en vigor].
2.  Se otorgará a la Comisión el poder para adoptar los actos delegados mencionados en los artículos 3, 5, 8, 9, 10 y 13 por un período de tiempo indefinido a partir del [fecha de entrada en vigor].
Enmienda 63
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo -1 (nuevo)
En un plazo de seis meses a partir del diálogo facilitador de 2018 en el marco de la CMNUCC, la Comisión publicará una comunicación con la evaluación de la coherencia de los actos legislativos de la Unión en materia de clima y energía respecto a los objetivos del Acuerdo de París.
Enmienda 64
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – párrafo 1
Como tarde el 28 de febrero de 2024 y cada cinco años a partir de entonces, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento del presente Reglamento, su contribución al objetivo global de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE para 2030 y su contribución a los objetivos del Acuerdo de París, y podrá formular propuestas según proceda.
Como tarde el 28 de febrero de 2024 y cada cinco años a partir de entonces, la Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el funcionamiento del presente Reglamento, su contribución al objetivo global de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE para 2030 y su contribución a los objetivos del Acuerdo de París. El informe irá acompañado, si procede, de propuestas legislativas.

(1) De conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno, el asunto se devuelve a la comisión competente para negociaciones interinstitucionales (A8-0262/2017).


Modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países ***I
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Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 1030/2002, por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países (COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD))
P8_TA(2017)0340A8-0065/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0434),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 79, apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0247/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, de su Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 15 de junio de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0065/2017),

1.  Aprueba la posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 13 de septiembre de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo de modificación del Reglamento (CE) n.º 1030/2002 del Consejo por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/1954.)


Soja modificada genéticamente DAS-68416-4
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente DAS-68416-4 con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (D051451 – 2017/2780(RSP))
P8_TA(2017)0341B8-0498/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente DAS-68416-4, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (D051451),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente, y en particular sus artículos 7, apartado 3; 9, apartado 2; 19, apartado 3, y 21, apartado 2(1),

–  Vista la votación en el Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal a la que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, celebrada el 12 de junio de 2017, en la que no se emitió ningún dictamen;

–  Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión(2),

–  Visto el dictamen adoptado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) el 26 de enero de 2017 y publicado el 16 de marzo de 2017(3),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de febrero de 2017, que modifica el Reglamento (UE) n.º 182/2011 por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución de la Comisión (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

–  Vistas sus anteriores Resoluciones de objeción a la autorización de organismos modificados genéticamente(4),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el 25 de enero de 2011 Dow AgroSciences Europe presentó a la autoridad competente de los Países Bajos una solicitud, de conformidad con los artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, para la comercialización de alimentos, ingredientes alimentarios y piensos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de soja modificada genéticamente DAS-68416-4; que dicha solicitud se refiere asimismo a la comercialización de productos que estén compuestos de soja modificada genéticamente DAS-68416-4 o lo contengan, para cualquier uso que no sea como alimento o pienso al igual que otros tipos de soja, a excepción del cultivo;

B.  Considerando que, el 26 de enero de 2017, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) adoptó un dictamen favorable de conformidad con los artículos 6 y 18 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003 publicado más adelante, el 16 de marzo de 2017(5);

C.  Considerando que el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 establece que los alimentos y piensos modificados genéticamente no deberán tener efectos negativos sobre la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente y que la Comisión deberá tener en cuenta al redactar el proyecto de decisión cualesquiera disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria y otros factores legítimos relativos al asunto considerado;

D.  Considerando los numerosos comentarios críticos presentados por los Estados miembros durante los tres meses del período de consultas(6); que los juicios más preocupantes fueron, por ejemplo, que la solicitud actual y los datos presentados relativos a la evaluación de riesgos no ofrecen información suficiente para descartar inequívocamente los efectos adversos sobre la salud humana y animal, que los datos facilitados hasta ahora por el solicitante no bastan para completar la evaluación de la solicitud, y que unos estudios limitados hacen difícil llevar a cabo una evaluación de riesgos completa;

E.  Considerando que, los Estados miembros han criticado, entre otras cosas: la falta de estudios sobre los efectos de la soja modificada genéticamente en la salud humana y animal, que impide la conclusión de la evaluación de los riesgos para el medio ambiente; la selección y la ubicación de las parcelas para la evaluación comparativa; el hecho de que no fuera posible concluir la evaluación del riesgo toxicológico por falta de una prueba adecuada de toxicidad con material vegetal de soja DAS-68416-4; la falta de información sobre los herbicidas complementarios que pueden utilizarse en el cultivo modificado genéticamente y sus metabolitos; el hecho de que la evaluación nutricional se funde en un estudio del sector que no permite extraer conclusiones científicas; y el hecho de que la propuesta del solicitante de plan de seguimiento medioambiental no cumple los objetivos establecidos en el anexo VII de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente(7);

F.  Considerando que en la soja DAS-68416-4 se expresa la proteína ariloxialcanoato dioxigenasa 12 (AAD-12), que confiere tolerancia al ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) y otros herbicidas de fenoxi afines; que también se expresa la proteína fosfinotricina acetiltransferasa (PAT), que confiere tolerancia a los herbicidas a base de glufosinato de amonio;

G.  Considerando que una investigación independiente ha expresado su preocupación por los riesgos del ingrediente activo 2,4-D por lo que respecta al desarrollo embrionario, defectos de nacimiento y alteraciones endocrinas(8); que aunque la aprobación de la sustancia activa 2,4-D fue renovada en 2015, aún no se dispone de la información del solicitante por lo que se refiere a sus propiedades endocrinas potenciales(9);

H.  Considerando que el glufosinato está clasificado como sustancia tóxica para la reproducción, por lo que es objeto de los criterios de exclusión establecidos en el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios(10); que la aprobación del glufosinato vence el 31 de julio de 2018(11);

I.  Considerando que varios expertos han expresado su inquietud acerca de un producto de degradación de 2,4-D, 2,4-Diclorofenol, que podría estar presente en la soja DAS-68416-4 importada; que el 2,4-Diclorofenol es un alterador endocrino conocido con efectos tóxicos para la reproducción;

J.  Considerando que, debido a su alta solubilidad en grasas y aceites, es previsible que el 2,4-Diclorofenol se acumule en el aceite de soja durante la transformación de la soja; que el principal producto derivado de la soja para uso humano es el aceite de soja, que es además un ingrediente, junto con otros muchos productos, de algunos preparados para lactantes(12);

K.  que la cantidad de 2,4-Diclorofenol presente en un producto puede ser superior a la cantidad de residuo de 2,4-D; que en la Unión no existe un límite máximo de residuos aplicable al 2,4-Diclorofenol;

L.  Considerando que, en un informe reciente de las Naciones Unidas, se afirma que, según estimaciones, los plaguicidas son la causa de 200 000 muertes por intoxicación aguda cada año, de las que el 99 % se producen en países en desarrollo; que la Unión ha suscrito los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que figura el compromiso de reducir notablemente para 2030 el número de muertes y enfermedades debidas a sustancias químicas peligrosas y a la contaminación de la atmósfera, el agua y el suelo (ODS 3, meta 3.9), uno de cuyos indicadores es la tasa de mortalidad atribuida a las intoxicaciones involuntarias(13); que se ha demostrado que los cultivos modificados genéticamente para hacerlos tolerantes a los herbicidas dan lugar a una mayor utilización de herbicidas que sus equivalentes convencionales(14);

M.  Considerando que la Unión está comprometida con la coherencia de las políticas en favor del desarrollo, que aspira a reducir al mínimo las contradicciones y a establecer sinergias entre las diferentes políticas de la Unión, en particular en los ámbitos del comercio, el medio ambiente y la agricultura(15), con el fin de beneficiar a los países en desarrollo e incrementar la eficacia de la cooperación para el desarrollo(16);

N.  Considerando que la autorización de importación de soja DAS-68416-4 en la Unión conducirá indudablemente a un aumento de su cultivo en terceros países, en particular en países en desarrollo, y al correspondiente aumento del uso de los herbicidas 2,4-D y glufosinato;

O.  Considerando que el desarrollo de cultivos modificados genéticamente tolerantes a varios herbicidas selectivos se debe principalmente a la resistencia al glifosato desarrollada rápidamente por las plantas adventicias en los países que han adoptado a gran escala los cultivos modificados genéticamente;

P.  Considerando que en la votación del 12 de junio de 2017 del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal al que se refiere el artículo 35 del Reglamento (CE) n.º 1829/2003 no se emitió ningún dictamen; que quince Estados miembros votaron en contra, mientras que solo votaron a favor once, que representan tan solo el 36,57 % de la población de la Unión, y dos Estados miembros se abstuvieron;

Q.  Que la Comisión ha deplorado en varias ocasiones que desde la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.º 1829/2003 ha tenido que adoptar decisiones de autorización sin el apoyo del Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, y que la devolución del expediente a la Comisión para su decisión definitiva, que es claramente excepcional en el conjunto del procedimiento, se ha convertido en la norma para la adopción de decisiones respecto de las autorizaciones de alimentos y piensos modificados genéticamente; que el presidente Juncker también ha deplorado esta práctica por no considerarla democrática(17);

R.  Considerando que, el 28 de octubre de 2015, el Parlamento rechazó en primera lectura la propuesta legislativa de 22 de abril de 2015 por la que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1829/2003(18) y solicitó a la Comisión que la retirase y presentara una nueva;

S.  Considerando que, de conformidad con el considerando 14 del Reglamento (UE) n.º 182/2011, la Comisión debe actuar en la medida de lo posible de manera que se evite ir contra cualquier posición predominante que pueda surgir en el comité de apelación contraria a la adecuación del acto de ejecución, en particular en relación con sectores particularmente sensibles, como la salud de los consumidores, la seguridad de los alimentos y el medio ambiente;

1.  Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión excede de las competencias de ejecución previstas en el Reglamento (CE) nº 1829/2003;

2.  Considera que el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión no es coherente con la legislación de la Unión, al ser incompatible con el propósito del Reglamento (CE) n.º 1829/2003, que es, con arreglo a los principios generales establecidos en el Reglamento (CE) n.º 178/2002(19), proporcionar la base para poder asegurar un elevado nivel de protección de la vida y la salud humanas, de la salud y el bienestar de los animales, del medio ambiente y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos y piensos modificados genéticamente, garantizando al mismo tiempo el funcionamiento eficaz del mercado interior;

3.  Pide a la Comisión que retire su proyecto de Decisión de Ejecución;

4.  Pide a la Comisión que suspenda toda decisión de ejecución relativa a las solicitudes de autorización de organismos modificados genéticamente hasta que se haya revisado el procedimiento de autorización de modo que se aborden todas las deficiencias del procedimiento actual, que ha demostrado ser inadecuado;

5.  Pide a la Comisión que no autorice cultivos modificados genéticamente para hacerlos tolerantes a herbicidas sin una evaluación completa de los residuos de la pulverización con los herbicidas complementarios y sus fórmulas comerciales aplicadas en los países de cultivo;

6.  Pide a la Comisión que no autorice cultivos modificados genéticamente para hacerlos tolerantes a herbicidas sin una evaluación completa de los efectos acumulativos de los residuos de la pulverización con la combinación de herbicidas complementarios y sus fórmulas comerciales aplicadas en los países de cultivo;

7.  Pide a la Comisión que solicite pruebas mucho más detalladas de los riesgos para la salud derivados de eventos acumulados como DAS-68416-4;

8.  Pide a la Comisión que desarrolle estrategias para la evaluación del riesgo para la salud y la toxicología, así como para el control posterior a la comercialización, que cubran toda la cadena de los alimentos y los piensos y sus combinaciones presentes en la cadena de los alimentos y los piensos en condiciones prácticas;

9.  Pide a la Comisión que integre plenamente la evaluación de riesgos que presentan la aplicación de los herbicidas complementarios y sus residuos en la evaluación de riesgos de los cultivos modificados genéticamente para hacerlos tolerantes a herbicidas con independencia de que la planta modificada genéticamente esté destinado al cultivo en la Unión o a la importación para alimento o pienso;

10.  Pide a la Comisión que haga honor a su obligación derivada de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo en el sentido del artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

11.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.
(2) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
(3) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
(4)–––––––––––––– – Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la comercialización para su cultivo, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de un producto de maíz (Zea mays L., línea 1507) modificado genéticamente para hacerlo resistente a algunas plagas de lepidópteros (DO C 482 de 23.12.2016, p. 110)Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2279 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2015, por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente NK603 x T25 (Textos Aprobados, P8_TA(2015)0456).Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87705 × MON 89788 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0040).Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0039).Resolución, de 3 de febrero de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente FG72 (MST-FGØ72-2) (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0038).Resolución, de 8 de junio de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21, y de maíces modificados genéticamente que combinan dos o tres de esos eventos (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0271),Resolución, de 8 de junio de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la comercialización de un clavel modificado genéticamente (Dianthus caryophyllus L., línea SHD-27531-4) (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0272.)Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la renovación de la autorización de comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente MON 810 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0388),Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos a base de maíz modificado genéticamente MON 810 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0389),Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente Bt11 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0386).Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la comercialización para el cultivo de semillas de maíz modificado genéticamente 1507 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0387).Resolución, de 6 de octubre de 2016, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Textos Aprobados, P8_TA(2016)0390).Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21, y de maíces modificados genéticamente que combinan dos, tres o cuatro de los eventos Bt11, 59122, MIR604, 1507 y GA21 (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0123),Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de mayo de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente DAS-40278-9) (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0215).Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de mayo de 2017, sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente GHB119 (BCS-GHØØ5-8) (Textos Aprobados, P8_TA(2017)0214).
(5) https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4719
(6) Anexo G - Observaciones de los Estados miembros y respuestas de la Comisión Técnica de Organismos Modificados Genéticamente http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052.
(7) DO L 106 de 17.4.2001, p. 1.
(8) http://www.pan-europe.info/sites/pan-europe.info/files/public/resources/reports/pane-2014-risks-of-herbicide-2-4-d.pdf
(9) Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2015/2033 de la Comisión, de 13 de noviembre de 2015, por el que se renueva la aprobación de la sustancia activa 2,4-D, con arreglo al Reglamento (CE) n.° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.° 540/2011 de la Comisión (DO L 298 de 14.11.2015, p. 8).
(10) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(11) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0404&from=ES.
(12) Documento de consulta de los Estados miembros, pp. 31-32. http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2011-00052
(13) https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3
(14) https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7
(15) Comunicación de la Comisión, de 12 de abril de 2015, al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo titulada «Coherencia de las Políticas en favor del Desarrollo - Acelerar el avance para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio» (COM(2005)0134).
(16) https://ec.europa.eu/europeaid/policies/policy-coherence-development_en
(17) Véanse, por ejemplo, la declaración inaugural ante el Pleno del Parlamento en el marco de las orientaciones políticas para la Comisión entrante (Estrasburgo, 15 de julio de 2014) y el discurso sobre el estado de la Unión de 2016 (Estrasburgo, 14 de septiembre de 2016).
(18) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0379.
(19) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.


Importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre el proyecto de reglamento de ejecución de la Comisión por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/6 de la Comisión relativo a piensos y alimentos sujetos a condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima (D051561/01 – 2017/2837(RSP))
P8_TA(2017)0342B8-0502/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de reglamento de ejecución de la Comisión por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/6 de la Comisión relativo a piensos y alimentos sujetos a condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima (D051561/01),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria(1), y, en particular, su artículo 53, apartado 1, letra b), inciso ii),

–  Vistos los artículos 11 y 13 del Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión(2),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria,

–  Visto el artículo 106, apartados 2 y 3, de su Reglamento interno,

Observaciones generales

A.  Considerando que el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/6 exige actualmente que los envíos de determinados productos alimenticios (como hongos, pescado y productos de la pesca, arroz o soja) originarios o procedentes de cualquier parte de Japón vayan acompañados de una declaración válida de las autoridades japonesas que acredite que los productos respetan los límites máximos de contaminación vigentes en Japón (artículo 5, apartados 1 y 2); que el proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión (en lo sucesivo «proyecto de propuesta») ahora únicamente requiere que una limitada lista de alimentos y piensos procedentes de doce prefecturas, enumeradas en el anexo II, vayan acompañadas de dicha declaración; que el proyecto de propuesta también elimina una serie de categorías de alimentos y piensos del anexo II;

B.  Considerando que, del mismo modo, en virtud del artículo 10 del proyecto de propuesta, los controles oficiales, a saber, controles documentales de todos los envíos, controles de identidad aleatorios y controles físicos aleatorios, incluidos los análisis de laboratorio para detectar la presencia de cesio-134 y cesio-137, ahora solo serían obligatorios en el caso de los alimentos y piensos enumerados en el anexo II; que el proyecto de propuesta mantiene una baja frecuencia de los controles a la importación (considerando 12);

C.  Considerando que el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/6, una vez modificado según lo propuesto por la Comisión, dejará de exigir que los Estados miembros informen a la Comisión cada tres meses de todos los resultados analíticos a través del Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos;

D.  Considerando que el proyecto de propuesta mantiene inalterado el actual anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/6, que establece las tolerancias máximas autorizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación japonesa para diferentes categorías de alimentos y piensos(3); que la verificación del cumplimiento de los límites máximos para las categorías de alimentos y piensos recogidas en el anexo I no es obligatoria en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/6 ni del proyecto de propuesta para su modificación, ya sea mediante documentación aportada por las autoridades japonesas o mediante controles y muestreos en las fronteras de la Unión; que, por consiguiente, no hay ninguna garantía de que estos alimentos y piensos respeten los límites máximos de contaminación radiactiva;

E.  Considerando que el proyecto de propuesta se basa en datos de presencia facilitados por las autoridades japonesas para 2014, 2015 y 2016 (más de 132 000 datos sobre la presencia de radiactividad en piensos y alimentos distintos de la carne de vacuno, y más de 527 000 datos sobre la presencia de radiactividad en la carne de vacuno); que, si bien los cambios que introduce el proyecto de propuesta se basan en un análisis detallado de estos datos, el texto no incluye ni este análisis ni un enlace a los datos brutos;

F.  Considerando que, por lo tanto, es muy difícil verificar si las medidas propuestas son suficientes para proteger la salud de los ciudadanos de la Unión;

G.  Considerando que, sin embargo, incluso sin el análisis en el que la Comisión ha basado su propuesta, existen motivos suficientes para creer que la propuesta podría dar lugar a un aumento de la exposición a alimentos con un elevado índice de contaminación radiactiva, con el correspondiente impacto en la salud humana;

H.  Considerando que el presidente de la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) ha solicitado oficialmente la autorización del Gobierno japonés para verter en el Océano Pacífico alrededor de un millón de toneladas de agua altamente radiactiva que ha sido utilizada para enfriar los reactores deteriorados de la central nuclear; que, en caso de que se autorice, esto podría tener consecuencias extremadamente negativas en los niveles de seguridad alimentaria de los productos de la pesca procedentes de las costas de Japón;

Observaciones específicas en relación con el anexo II

I.  Considerando que las prefecturas de Japón actualmente contempladas en el anexo II (Fukushima, Miyagi, Akita, Yamagata, Nagano, Gunma, Ibaraki, Iwate, Chiba, Yamanashi, Shizuoka y Niigata) están todas ellas expuestas a precipitaciones radiactivas como consecuencia del accidente nuclear que tuvo lugar en la central de Fukushima en 2011;

J.  Considerando que, sin ninguna justificación, el proyecto de propuesta suprime del anexo II el arroz y sus productos derivados procedentes de la prefectura de Fukushima; que esto significa que ya no será obligatorio realizar muestreos y análisis de estos productos antes de su entrada en la Unión y que las autoridades japonesas no estarán obligadas a certificar el cumplimiento de los niveles máximos de contaminación radiactiva; que uno de los productos derivados del arroz suprimido del anexo II es el arroz que se utiliza en la fabricación de alimentos para bebés y niños de corta edad(4); que para este grupo específico de la población, dada su especial vulnerabilidad a la exposición a las radiaciones, no puede tolerarse ningún nivel de contaminación; que, en virtud del Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón, las exportaciones de arroz procedentes de Japón podrían aumentar; que, dado que recientemente se han levantado las órdenes de evacuación, es probable que se reanude el cultivo de arroz en arrozales contaminados;

K.  Considerando que, pese a que en el considerando 7 del proyecto de propuesta se afirma que solo el arroz y sus productos derivados originarios de la prefectura de Fukushima serán suprimidos del anexo II, este también ha sido modificado con el fin de permitir la importación a la Unión, sin llevar a cabo controles, muestreos o análisis previos, de siete especies de peces (incluido el atún rojo del Atlántico y el Pacífico y la caballa), así como de crustáceos y moluscos, que son capturados o criados en las aguas de Fukushima;

L.  Considerando que, con arreglo a la propuesta, también se suprimirán del anexo II siete especies de peces (incluido el atún rojo del Atlántico y el Pacífico y la caballa), crustáceos (como las cigalas y los camarones) y moluscos (como las almejas y los mejillones) procedentes de otras seis prefecturas, a saber, Miyagi, Iwate, Chiba Gunma, Ibaraki y Tochigi; que no se proporciona ninguna razón o explicación que justifique esta reducción de los controles ni por qué, por ejemplo, estas especies se consideran ahora lo suficientemente seguras como para importarlas a la Unión sin llevar a cabo controles, mientras que otras no;

M.  Considerando que, con arreglo a la propuesta, el anexo II ya no incluirá ningún producto procedente de la prefectura de Akita (actualmente incluye cinco productos procedentes de Akita: hongos, Aralia, brotes de bambú, helechos reales japoneses y koshiaburas —una planta silvestre comestible—, así como todos sus productos derivados); que no se proporciona ninguna razón o explicación que justifique esta reducción de los controles;

N.  Considerando que el anexo II ya no incluirá la Aralia, el bambú y el helecho real japonés procedentes de Yamagata; que no se proporciona ninguna razón o explicación que justifique esta reducción de los controles;

O.  Considerando que el anexo II ya no incluirá el helecho real japonés, el helecho y el helecho avestruz procedentes de las cinco prefecturas de Gunma, Ibaraki, Iwate, Chiba y Tochigi; que no se proporciona ninguna razón o explicación que justifique esta reducción de los controles;

P.  Considerando que la única incorporación al anexo II es el pescado y los productos de la pesca procedentes de la prefectura de Nagano; que no se proporciona ninguna justificación en relación con el refuerzo de los controles en este caso; que, en diciembre de 2011, se suprimieron los controles sistemáticos para esta prefectura; que, en marzo de 2014, determinadas plantas silvestres comestibles se añadieron de nuevo al anexo II;

Observaciones específicas en relación con el anexo I

Q.  Considerando que el proyecto de propuesta mantiene inalterado el actual anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/6, que establece las tolerancias máximas autorizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación japonesa; que la verificación del cumplimiento de los límites máximos para las categorías de alimentos y piensos recogidas en el anexo I no es obligatoria en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/6 ni del proyecto de propuesta para su modificación, ya sea mediante documentación aportada por las autoridades japonesas o mediante controles y muestreos en las fronteras de la Unión; que, por consiguiente, no hay ninguna garantía de que estos alimentos y piensos no superen los límites máximos de contaminación radiactiva;

R.  Considerando que, desde el 1 de abril de 2012, los límites máximos vigentes en Japón, y, por lo tanto, los enumerados en el anexo I, no han sido revisados a la baja; que estos límites deberían reducirse, en particular en lo que respecta a los productos alimenticios destinados a los grupos vulnerables, como la leche y los alimentos para lactantes y recién nacidos;

S.  Considerando que, seis años después del accidente, es muy cuestionable si la Unión debería permitir que se introduzcan en su cadena alimentaria (ni siquiera en teoría, dado que no existe una obligación legal para llevar a cabo controles en las fronteras de la Unión) productos con las siguientes tolerancias máximas de cesio-134 y cesio-137: 50 Bq/kg para los alimentos destinados a lactantes y recién nacidos (como preparados para lactantes, preparados de continuación y alimentos infantiles), así como para la leche y las bebidas a base de leche, 10 Bq/kg para el agua mineral, las bebidas similares y el té preparado con hojas sin fermentar, y 100 Bq/kg para todos los demás productos alimenticios;

1.  Considera que el proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión excede de las competencias de ejecución previstas en el Reglamento (CE) n.º 178/2002;

2.  Considera que el proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión no es coherente con la legislación de la Unión al ser incompatible con el objetivo y los principios generales establecidos en el Reglamento (CE) n.º 178/2002 de proporcionar la base para asegurar un elevado nivel de protección de la vida y la salud de las personas, de la salud y el bienestar de los animales, del medio ambiente y de los intereses de los consumidores;

3.  Pide a la Comisión que retire su proyecto de Reglamento de Ejecución y presente un nuevo proyecto a la comisión a finales de 2017 a más tardar;

4.  Pide a la Comisión que, al elaborar su nueva propuesta, se asegure, en particular, de:

   garantizar que todos los alimentos y piensos importados de Japón a la Unión, incluidas las categorías enumeradas en el anexo I, estén sujetos a controles y verificaciones;
   revisar a la baja los límites máximos establecidos en el anexo I; y
   tener en cuenta el reciente levantamiento de las órdenes de evacuación en las prefecturas afectadas y garantizar que ello no impacte negativamente en los niveles de contaminación radiactiva de los alimentos y los piensos importados a la Unión;

5.  Insta a la Comisión, a la espera de que elabore su nueva propuesta, a que ponga en marcha medidas de emergencia, de conformidad con el artículo 53 del Reglamento (CE) n.º 178/2002, para garantizar el máximo nivel posible de protección de la salud humana;

6.  Insta a la Comisión a que ponga inmediatamente a disposición del público, así como en el Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos de la Unión, los análisis en los que se basa su proyecto de propuesta, así como los detalles del sistema de control adoptado por las autoridades japonesas, explicando los motivos que justifican su pertinencia y su eficacia;

7.  Pide a la Comisión que proporcione una visión actualizada de la situación radiológica en Japón desde 2011, así como resúmenes anuales globales para el periodo 2011-2017 del material radiactivo liberado por la central nuclear de Fukushima tanto en la atmósfera como en el océano Pacífico, con el fin de poder realizar un análisis en profundidad sobre la seguridad alimentaria;

8.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.
(2) DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
(3) «Alimentos para lactantes y niños de corta edad», «leche y bebidas a base de leche», «agua mineral y bebidas similares y té preparado con hojas sin fermentar» y «otros alimentos», así como piensos para vacas, caballos, cerdos, aves de corral y peces.
(4) Clasificado en el código NC 1901.


Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2017: aumento de los recursos presupuestarios de la Iniciativa de Empleo Juvenil y actualización de las plantillas de personal de ACER y SESAR2
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2017 de la Unión Europea para el ejercicio 2017 por el que se aumentan los recursos presupuestarios de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) con el fin de reducir el desempleo juvenil en la Unión Europea y por el que se actualizan las plantillas de personal de la agencia descentralizada ACER y de la empresa común SESAR2 (11812/2017– C8-0303/2017 – 2017/2078(BUD))
P8_TA(2017)0343A8-0282/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(1), y en particular su artículo 41,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2017, adoptado definitivamente el 1 de diciembre de 2016(2),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(3) (Reglamento del MFP),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(4),

–  Visto el Informe Especial n.° 5/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo «¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil? Evaluación de la Garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil»,

–  Vista la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea(5),

–  Visto el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2017 adoptado por la Comisión el 30 de mayo de 2017 (COM(2017)0288),

–  Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2017, adoptada por el Consejo el 4 de septiembre de 2017 y transmitida al Parlamento Europeo ese mismo día (11812/2017 – C8‑0303/2017),

–  Vistos los artículos 88 y 91 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0282/2017),

A.  Considerando que el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2017 se refiere a la provisión de 500 millones EUR de créditos de compromiso adicionales para la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ), según lo acordado por el Parlamento Europeo y el Consejo en su acuerdo sobre el presupuesto 2017, así como a una modificación de las plantillas de personal de la agencia descentralizada ACER y de la empresa común SESAR 2 que no tiene incidencia en el presupuesto total ni en el número total de puestos;

B.  Considerando que el Parlamento Europeo y el Consejo pidieron a la Comisión que presentara en 2017 un presupuesto rectificativo con el fin de destinar a la IEJ en 2017 500 millones EUR, financiados con cargo al margen global para compromisos, tan pronto como se adoptasen los ajustes técnicos previstos en el artículo 6 del Reglamento del MFP;

C.  Considerando que, tras la adopción de los ajustes técnicos, la Comisión propone, en consecuencia, que se modifique el presupuesto de la Unión para 2017 y se incremente el artículo 04 02 64 «Iniciativa de Empleo Juvenil»;

D.  Considerando que, en el contexto de la revisión intermedia del MFP, el Parlamento Europeo y el Consejo han acordado un complemento de 1 200 millones EUR para la IEJ durante el período 2017-2020, y que el Parlamento Europeo subrayó en su declaración vinculada a la revisión intermedia del MFP que dicho límite es de carácter político y no tiene efectos jurídicos;

E.  Considerando que, en el contexto de la revisión intermedia del MFP, la Comisión también subrayó en su declaración que se debería considerar la posibilidad de aumentar la financiación de la IEJ más allá del importe de 1 200 millones EUR acordado utilizando los márgenes disponibles en el margen global para compromisos, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento del MFP;

F.  Considerando que la exigencia del ejercicio de reclasificación de 2017 resulta necesaria tanto para la agencia descentralizada ACER como para la empresa común SESAR 2;

1.  Destaca con carácter prioritario la urgente necesidad de volver a elevar el compromiso financiero de la Unión en la lucha contra el paro juvenil aportando financiación adicional a la Iniciativa de Empleo Juvenil;

2.  Lamenta que, debido al bloqueo y la aprobación tardía por el Consejo de la revisión intermedia del MFP, se haya retrasado la modificación del presupuesto de la Unión para 2017 destinada a incrementar la dotación para la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) según lo acordado durante el procedimiento presupuestario anual de 2017;

3.  Toma nota del proyecto de presupuesto rectificativo n.° 3/2017 presentado por la Comisión;

4.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una rápida reprogramación de los programas operativos pertinentes, con el fin de garantizar que la totalidad de la dotación adicional de la IEJ, 500 millones EUR, esté plena y eficazmente comprometida de aquí a finales de 2017; pide, asimismo, a los Estados miembros que lleven a cabo evaluaciones de las divergencias y análisis de mercado antes de establecer los regímenes, a fin de optimizar los beneficios de la Iniciativa de Empleo Juvenil;

5.  Toma nota de las modificaciones de las plantillas de personal de la agencia descentralizada ACER y de la empresa común SESAR2; toma nota de que esas modificaciones no cambian el número total de puestos y de que pueden financiarse con el presupuesto anual de los organismos para este año; está de acuerdo en que la reclasificación del puesto AD 15 para la empresa común SESAR2 es ad personam y concluirá al final del mandato del actual director ejecutivo;

6.  Aprueba la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2017;

7.  Encarga a su Presidente que declare que el presupuesto rectificativo n.° 3/2017 ha quedado definitivamente adoptado y disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea;

8.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(2) DO L 51 de 28.2.2017.
(3) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(4) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(5) DO L 168 de 7.6.2014, p. 105.


Exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre las exportaciones de armas: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC (2017/2029(INI))
P8_TA(2017)0344A8-0264/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los principios consagrados en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea (TUE), en particular, la promoción de la democracia y el Estado de Derecho, el mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional,

–  Vista la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (1) (en lo sucesivo, «la Posición Común»),

–  Vistos el 17.º informe anual de la UE(2) y el 18.º informe anual de la UE(3), elaborados con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la Posición Común,

–  Vistas la Decisión (PESC) 2015/2309 del Consejo, de 10 de diciembre de 2015, sobre la promoción de controles eficaces de las exportaciones de armas(4), y la Decisión (PESC) 2017/915 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, sobre las actividades de sensibilización de la Unión en apoyo de la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas(5),

–  Vista la Lista Común Militar de la Unión Europea actualizada, adoptada por el Consejo el 6 de marzo de 2017(6),

–  Vista la Guía del usuario de la Posición Común por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares,

–  Vistos el Marco estratégico y el Plan de acción de la UE sobre derechos humanos y democracia, de 25 de junio de 2012, y, en particular, su punto 11, letra e), así como el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2015-2019), de 20 de julio de 2015, y, en particular, su punto 21, letra d),

–  Visto el Tratado sobre el Comercio de Armas (TCA), adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2 de abril de 2013(7), que entró en vigor el 24 de diciembre de 2014,

–  Vista la Decisión 2013/768/PESC del Consejo, de 16 de diciembre de 2013, sobre las actividades de la UE en apoyo de la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas, en el marco de la Estrategia europea de seguridad(8),

–  Vista la Directiva 2009/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad(9),

–  Vistos el Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso(10), modificado por el Reglamento (UE) n.º 599/2014, de 16 de abril de 2014, y la lista de bienes y tecnologías de doble uso recogida en su anexo I (en lo sucesivo, «el Reglamento sobre productos de doble uso»),

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/2134 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2016, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes(11),

–  Vistas sus Resoluciones anteriores sobre este tema, en particular, la de 17 de diciembre de 2015 sobre la aplicación de la Posición Común(12), la de 25 de febrero de 2016 sobre la situación humanitaria en Yemen(13), la de 14 de diciembre de 2016 sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la UE al respecto (2015)(14), y la de 27 de febrero de 2014 sobre el uso de drones armados(15),

–  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre las empresas de seguridad privada(16),

–  Vistos el artículo 52 y el artículo 132, apartado 2, de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0264/2017),

A.  Considerando que el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, está consagrado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas;

B.  Considerando que los últimos datos(17) indican que las transferencias internacionales de armas en el período 2012-2016 alcanzaron el volumen más alto con respecto a cualquier período de cinco años desde el final de la Guerra Fría, y que superaron en un 8,4 % la cifra correspondiente al período 2007-2011;

C.  Considerando que las exportaciones y las transferencias de armas afectan a la seguridad de las personas, los derechos humanos, la democracia, la buena gobernanza y el desarrollo socioeconómico; que las exportaciones de armas también se añaden a las circunstancias que obligan a las personas a huir de sus países; que esto requiere un sistema de control de armas estricto, transparente, eficaz y comúnmente aceptado y definido;

D.  Considerando que las últimas cifras(18) muestran que las exportaciones desde la UE-28 representaron el 26 % del total mundial en 2012-2016, lo que convierte a la UE-28 en su conjunto en el segundo mayor proveedor de armas del mundo, por detrás de los Estados Unidos (33 %) y seguido de Rusia (23 %); que, según el informe más reciente del Grupo «Exportación de Armas Convencionales», los países de la Unión recibieron licencias de exportación de armas por un valor total de 94 400 millones EUR en 2014;

E.  Considerando que las últimas cifras(19) muestran que las exportaciones de armas a Oriente Próximo aumentaron un 86 % y representaron el 29 % de las exportaciones mundiales en el período 2012-2016;

F.  Considerando que los últimos datos oficiales de la Unión indican que Oriente Próximo fue la región más importante en términos de exportaciones de armas para la UE-28 en 2015, con un total de 78 800 millones EUR en licencias de exportación de armas autorizadas;

G.  Considerando que algunas transferencias de armas de los Estados miembros de la Unión a regiones y países inestables y propensos a las crisis se han utilizado en conflictos armados o para la represión interna; que algunas de estas transferencias se habrían desviado a grupos terroristas, por ejemplo, en Siria e Irak; que en algunos casos las armas exportadas a determinados países, como Arabia Saudí, se han utilizado en conflictos como el de Yemen; que dichas exportaciones violan claramente la Posición Común, lo que subraya la necesidad de un mejor control y transparencia;

H.  Considerando que no existe un sistema de verificación y notificación normalizado que indique si las exportaciones de los distintos Estados miembros suponen una violación de los ocho criterios y la medida en que esto es así, así como que tampoco hay mecanismos de sanción para el caso de que un Estado miembro realice exportaciones que a todas luces son incompatibles con los ocho criterios;

I.  Considerando que las investigaciones del Centro Internacional para la Conversión de Bonn (BICC) han revelado, por ejemplo, que solo en Alemania, en 2015, se expidieron 4 256 licencias de exportación de armas a 83 países, calificadas como problemáticas con arreglo a la Posición Común(20);

J.  Considerando que el entorno de seguridad, tanto a escala mundial como regional, ha cambiado radicalmente, en particular en la vecindad meridional y oriental de la Unión, lo que pone de relieve la urgente necesidad de mejorar y hacer más seguros los métodos de producción de información para las evaluaciones de riesgos relativas a la concesión de licencias de exportación;

K.  Considerando que algunos Estados miembros han firmado recientemente acuerdos estratégicos en materia de cooperación militar, incluidas transferencias de gran cantidad de tecnología militar de alta calidad, con países no democráticos de la región de Oriente Próximo y África del Norte;

L.  Considerando que, tal como estipula el Tratado de Lisboa, la erradicación de la pobreza es el objetivo prioritario de la política de desarrollo de la Unión, así como una de las prioridades de su acción exterior en su búsqueda de un mundo más estable y próspero; que el suministro de armas a países en conflicto, además de posibilitar la perpetración de actos violentos a mayor escala, incide negativamente en las posibilidades de desarrollo de esos países;

M.  Considerando que el panorama industrial en materia de defensa en Europa representa un sector de importancia capital y se caracteriza al mismo tiempo por la sobrecapacidad, la duplicación y la fragmentación, lo que actúa como freno de la competitividad de la industria de defensa y ha llevado a políticas de exportación expansivas;

N.  Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 25 de febrero de 2016 sobre la situación humanitaria en Yemen, pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que ponga en marcha una iniciativa destinada a imponer un embargo de la Unión a la venta de armas a Arabia Saudí;

O.  Considerando que la situación en Yemen se ha deteriorado desde entonces debido también a la actuación militar llevada a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudí; que algunos Estados miembros han dejado de facilitar armas a Arabia Saudí debido a su actuación en Yemen, mientras que otros han continuado proporcionando tecnología militar en contra de los criterios 2, 4, 6, 7 y 8;

P.  Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 14 de diciembre de 2016 sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo y la política de la Unión al respecto (2015), destaca que los derechos humanos deben ser una prioridad y pide a los Estados miembros que accedan a avanzar hacia una política de exportación más moderna, flexible y fundamentada en los derechos humanos, sobre todo cuando se trate de países con una trayectoria demostrada de represión interna violenta y de violaciones de los derechos humanos;

Q.  Considerando que la Estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea debe servir para mejorar la coherencia política sobre el control de la exportación de armas;

1.  Toma nota de que los Estados tienen el derecho legítimo de adquirir tecnología militar con fines de autodefensa; subraya que el mantenimiento de una industria de defensa sirve como parte de la autodefensa de los Estados miembros; recuerda que uno de los motivos de la elaboración de la Posición Común era impedir el uso de armamento europeo contra las fuerzas armadas de los Estados miembros, así como evitar las violaciones de los derechos humanos y la prolongación de los conflictos armados; reitera que la Posición Común es un marco jurídicamente vinculante que establece requisitos mínimos que los Estados miembros han de aplicar en el ámbito del control de las exportaciones de armas, y que incluye la obligación de evaluar cada solicitud de licencia de exportación con arreglo a los ocho criterios que en ella se enumeran;

2.  Observa que el desarrollo del equipamiento de defensa es un instrumento importante para la industria de defensa y que aún está por desarrollar una base industrial y tecnológica de la defensa europea competitiva e innovadora que sirva como instrumento para garantizar la seguridad y la defensa de los Estados miembros y de los ciudadanos de la Unión y para contribuir a la política exterior y de seguridad común (PESC) y, en particular, a la política común de seguridad y defensa (PCSD); pide a los Estados miembros que subsanen la actual falta de eficiencia en el gasto en defensa debido a la duplicación, la fragmentación y la falta de interoperabilidad y que tengan como objetivo que la Unión se convierta en un proveedor de seguridad, por ejemplo mediante un mejor control de las exportaciones de armas; reitera que el artículo 10 de la Posición Común dispone que la consideración de intereses económicos, comerciales e industriales por parte de los Estados miembros no debe afectar a la aplicación de los ocho criterios que regulan la exportación de armas;

3.  Observa, no obstante, que en ocasiones la tecnología militar llega a destinos y usuarios finales que no cumplen los criterios de la Posición Común; manifiesta su preocupación por que la proliferación de sistemas de armas en tiempos de guerra y en situaciones de tensión política significativa puede afectar a los civiles de manera desproporcionada; está alarmado ante el recurso a las carreras armamentistas mundiales y a los enfoques militares para resolver conflictos políticos y otras situaciones conflictivas; subraya que los conflictos deben resolverse, de manera prioritaria, con medios diplomáticos;

4.  Insta a los Estados miembros y al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) a que mejoren significativamente la coherencia de la aplicación de la Posición Común con el fin de reforzar la seguridad de los civiles afectados por los conflictos y las violaciones de los derechos humanos en terceros países, así como la seguridad de la Unión y de sus ciudadanos, y de establecer condiciones de competencia equitativas para las empresas de la Unión; insiste, en este sentido, en que la aplicación coherente de la Posición Común resulta esencial para la credibilidad de la Unión como actor global basado en valores;

5.  Anima a los países que se encuentran en el proceso de alcanzar el estatuto de país candidato, o a los países que de otro modo deseen entrar en la vía de la adhesión a la Unión, que apliquen las disposiciones de la Posición Común; celebra que Albania, Bosnia y Herzegovina, Canadá, Georgia, Islandia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro y Noruega se hayan alineado con los criterios y principios de la Posición Común y que, de esta forma, también estén persiguiendo un mayor alineamiento con la PESC y la PCSD; pide a los Estados miembros que cooperen estrechamente con los terceros países que se han comprometido formalmente a respetar los criterios y principios de la Posición Común, en particular con vistas a mejorar el intercambio de información y garantizar una mayor transparencia en la concesión de licencias; pide además al SEAE que anime especialmente a los países europeos a alinearse con la Posición Común para garantizar un espacio europeo más amplio y seguro;

6.  Pide a los Estados miembros y al SEAE que colaboren estrechamente para prevenir los riesgos derivados de las desviaciones y el almacenamiento de armas, tales como el tráfico ilegal de armas y el contrabando; subraya el riesgo de que armas exportadas a terceros países sean reintroducidas en la Unión a través precisamente del contrabando y del tráfico de armas;

7.  Observa el alto nivel de responsabilidad de la Unión en términos de riesgo para la seguridad debido a la ausencia de un mayor apoyo y compromiso por su parte con respecto al desmantelamiento de los numerosos arsenales de armas que aún existen en Bosnia y Herzegovina, Albania y Ucrania;

8.  Considera que la metodología de evaluación de riesgos para la concesión de licencias de exportación debe incorporar un principio de cautela y que los Estados miembros, además de evaluar si una tecnología militar específica podría utilizarse para la represión interna o para otros fines no deseados (planteamiento funcional), también deben evaluar los riesgos en función de la situación general del país de destino (planteamiento basado en principios);

9.  Observa que, en el contexto del brexit, sería importante que el Reino Unido quedase vinculado a la Posición Común y que aplicase sus disposiciones operativas al igual que otros terceros países europeos;

10.  Pide a los Estados miembros y al SEAE que se desarrolle una estrategia específica para proteger formalmente a los individuos que denuncien prácticas llevadas a cabo por entidades y compañías de la industria armamentística que vayan en contra de los criterios y principios de la Posición Común;

11.  Hace hincapié en la importancia de la coherencia entre todos los regímenes de control de las exportaciones de la Unión, especialmente en lo relativo a la interpretación de los criterios de control; reitera asimismo la importancia de la coherencia entre el control de las exportaciones y otros instrumentos de la política exterior, así como de los instrumentos comerciales, como el Sistema Generalizado de Preferencias y el Reglamento sobre minerales originarios de zonas de conflicto;

12.  Reitera el efecto perjudicial que puede tener la exportación incontrolada de tecnologías de cibervigilancia por parte de empresas de la Unión en la seguridad de la infraestructura digital de la Unión y en los derechos humanos; insiste, en este sentido, en la importancia de llevar a cabo una actualización rápida, eficaz y exhaustiva del Reglamento de la Unión sobre los productos de doble uso, y pide al Consejo que establezca un calendario ambicioso a este respecto;

13.  Hace hincapié en la importancia de limitar eficazmente las exportaciones de armamento a empresas de seguridad privadas en calidad de usuarios finales, y de que dichas licencias se expidan únicamente cuando se determine, tras controles minuciosos de diligencia debida, que la empresa de seguridad privada en cuestión no ha participado en violaciones de los derechos humanos; subraya que deben introducirse mecanismos de rendición de cuentas para garantizar que las empresas de seguridad privadas utilizan las armas de manera responsable;

Aplicación de los criterios de la Posición Común

14.  Toma nota de que, según los informes anuales, el criterio 1 motivó 81 denegaciones en 2014 y 109 en 2015;

15.  Reitera su petición a la VP/AR para que ponga en marcha una iniciativa destinada a imponer un embargo de la Unión a la venta de armas a los países acusados de violaciones graves del Derecho internacional humanitario, en especial de ataques deliberados contra infraestructuras civiles; insiste, una vez más, en que la continua expedición de licencias de venta de armas a dichos países constituye una violación de la Posición Común;

16.  Toma nota de que, según los informes anuales, el criterio 2 motivó 72 denegaciones en 2014 y 89 en 2015; lamenta que los datos pongan de manifiesto la falta de un enfoque común con respecto a la situación en Siria, Irak y Yemen, en particular; anima a los Estados miembros y al SEAE a que mantengan un debate sobre la posibilidad de ampliar el criterio 2 de forma que incluya indicadores de gobernanza democrática, dado que este tipo de criterios de evaluación podría contribuir a establecer salvaguardias adicionales contra las consecuencias negativas involuntarias de las exportaciones; considera, asimismo, que adoptar un enfoque más basado en principios para la evaluación de riesgos permitiría centrarse en el respeto general del Derecho internacional humanitario y de la legislación en materia de derechos humanos por parte del destinatario;

17.  Opina que las exportaciones a Arabia Saudí no son conformes, como mínimo, con el criterio 2, en lo que se refiere a la participación del país en violaciones graves del Derecho humanitario, tal y como establecen las autoridades competentes de las Naciones Unidas; reitera su petición de 26 de febrero de 2016 sobre la necesidad urgente de imponer un embargo a la venta de armas a Arabia Saudí;

18.  Toma nota de que, según los informes anuales, el criterio 3 motivó 99 denegaciones en 2014 y 139 en 2015; subraya la necesidad, en el contexto del criterio 3, de evaluar las recientes transferencias de armas de los Estados miembros a agentes no estatales, incluida la prestación de asistencia técnica y formación, con arreglo a la Acción Común 2002/589/PESC sobre la contribución de la Unión Europea para combatir la acumulación desestabilizadora y la proliferación de armas ligeras y de pequeño calibre;

19.  Toma nota de que, según los informes anuales, el criterio 4 motivó 57 denegaciones en 2014 y 85 en 2015; lamenta que se esté utilizando tecnología militar exportada por los Estados miembros en el conflicto de Yemen; insta a los Estados miembros a que respeten la Posición Común de forma coherente sobre la base de una exhaustiva evaluación de los riesgos a largo plazo;

20.  Toma nota de que, según los informes anuales, el criterio 5 motivó 7 denegaciones en 2014 y 16 en 2015; recuerda que este criterio se refiere a los intereses relativos a la seguridad de los Estados miembros y las naciones aliadas, y reconoce al mismo tiempo que estos intereses no pueden influir en la consideración de los criterios de respeto de los derechos humanos y de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales;

21.  Toma nota de que, según los informes anuales, el criterio 6 motivó 6 denegaciones en 2014 y 0 en 2015; expresa su preocupación por las informaciones sobre casos de desvío de exportaciones de armamento por parte de los Estados miembros a agentes no estatales, incluidos grupos terroristas, y advierte de que estas armas podrían ser utilizadas contra la población civil, tanto dentro como fuera del territorio de la Unión; resalta la importancia de un control más riguroso de estas exportaciones a fin de cumplir los compromisos internacionales de lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada;

22.  Expresa su preocupación por los posibles desvíos de exportaciones a Arabia Saudí y Qatar a agentes no estatales armados de Siria que cometen graves violaciones de la legislación en materia de derechos humanos y del Derecho humanitario, y pide al Grupo «Exportación de Armas Convencionales» que aborde este asunto con carácter urgente; reconoce que la mayoría de las armas en manos de los grupos de insurgentes y terroristas proceden de fuentes no europeas;

23.  Toma nota de que, según los informes anuales, el criterio 7 motivó 117 denegaciones en 2014 y 149 en 2015; manifiesta su preocupación, entre otras cosas, por los supuestos desvíos de exportaciones de armas ligeras y de pequeño calibre desde países europeos a determinados destinos desde los que se desviaron estas exportaciones para abastecer a agentes no estatales y a otros usuarios finales que no cumplen la Posición Común en países como Siria, Irak, Yemen y Sudán del Sur; señala la urgente necesidad de que las evaluaciones del riesgo de desvío se basen en algo más que una simple aceptación de los compromisos que contrae el Estado destinatario en una certificación de usuario final; subraya, asimismo, la necesidad de establecer mecanismos efectivos de verificación posterior al envío para garantizar que las armas no se reexporten a usuarios finales no autorizados; pone de relieve que el SEAE podría desempeñar un potencial papel de apoyo a los esfuerzos de los Estados miembros en este ámbito;

24.  Toma nota de que, según los informes anuales, el criterio 8 motivó 1 denegación en 2014 y 0 en 2015; reconoce que una mejor aplicación del criterio 8 contribuiría de forma decisiva a lograr los objetivos de coherencia de las políticas de la Unión en favor del desarrollo y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, en particular el ODS 16.4; pide a los Estados miembros y al SEAE que actualicen la Guía del usuario de la Posición Común 2008/944/PESC en este sentido y que presten atención a los daños que puede provocar el uso de armas al desarrollo;

25.  Pide a los Estados miembros y al SEAE que se añada un nuevo criterio a la Posición Común a fin de garantizar que, al conceder las licencias, se tenga debidamente en cuenta el riesgo de corrupción en relación con las exportaciones correspondientes;

Impulsar el intercambio de información entre los Estados miembros

26.  Pide a los Estados miembros y al SEAE que mejoren la coherencia de la aplicación de la Posición Común y refuercen los mecanismos de intercambio de información poniendo a disposición más información y de mejor calidad para las evaluaciones de riesgos de las licencias de exportación sobre la base de una digitalización segura y amplia del sistema actual, de la siguiente manera:

   a) facilitando más información sobre las licencias de exportación y las exportaciones reales, y compartiéndola de forma sistemática y oportuna, en particular, información sobre los usuarios finales que sean motivo de preocupación, los casos de desvíos, las certificaciones de usuario final falsificadas o que sean objeto de preocupación y las empresas de transporte o los intermediarios que sean sospechosos, de conformidad con la legislación nacional;
   b) elaborando una lista de las entidades y las personas condenadas por infringir la legislación relativa a la exportación de armas, de los casos de desvío de armas que hayan sido detectados y de las personas que se sepa o se sospeche que han participado en el comercio ilegal de armas o en actividades que constituyan una amenaza para la seguridad internacional y nacional;
   c) intercambiando las mejores prácticas adoptadas para la aplicación de los ocho criterios;
   d) convirtiendo la Guía del usuario actual en un recurso en línea;
   e) transformando el Informe anual de la Unión en una base de datos que pueda consultarse en línea, a finales de 2018 a más tardar, y aplicando el nuevo formato a los datos de 2016;
   f) incentivando procedimientos claros y bien definidos de colaboración entre las fuerzas del orden y las autoridades fronterizas basados en el intercambio de información a fin de reforzar la cooperación en materia de seguridad y erradicar el fenómeno del tráfico ilícito de armas, que constituye un elemento de riesgo para la seguridad de la Unión y sus ciudadanos;

27.  Acoge con satisfacción la intención del Grupo «Exportación de Armas Convencionales» de contar con el SEAE de forma más sistemática cuando prepare debates sobre la situación en los países de destino y sobre los posibles usuarios finales; insiste en la importancia de consultar periódicamente al Grupo «Derechos Humanos» en este proceso;

28.  Observa que la cooperación y el intercambio de información eficaces también requieren reuniones del personal encargado de la política, la expedición de licencias y la aplicación, y anima a facilitar recursos suficientes a tal fin; cree que un factor crucial para reforzar la aplicación de la Posición Común es la ampliación de las capacidades pertinentes de los Estados miembros; pide a los Estados miembros y al SEAE que aumenten la dotación del personal que trabaja en cuestiones relacionadas con las exportaciones, tanto a nivel nacional como de la Unión; anima al establecimiento de fondos de la Unión destinados al refuerzo de capacidades de los funcionarios encargados de la expedición de licencias y de la aplicación en los Estados miembros;

29.  Hace hincapié en la necesidad de desarrollar un enfoque para abordar aquellas situaciones en las que los Estados miembros realizan una interpretación diferente de los ocho criterios de la Posición Común para las exportaciones de productos esencialmente similares, a destinos y usuarios finales parecidos, con el fin de mantener unas condiciones de competencia equitativas y la credibilidad de la Unión fuera de su territorio; cree que ha llegado el momento de estudiar que las instituciones de la Unión tengan un papel más significativo con respecto al proceso de expedición de licencias a escala de Estado miembro, en particular en relación con ese tipo de situaciones; pide a los Estados miembros que apoyen la creación de un órgano de supervisión del control de armas bajo los auspicios de la VP/AR; considera que debe emitirse un dictamen para los Estados miembros que tengan la intención de expedir una licencia que haya sido denegada por otro u otros Estados miembros;

30.  Insiste en la acuciante necesidad de mejorar el papel que desempeñan las Delegaciones de la Unión en la asistencia a los Estados miembros y al SEAE con sus evaluaciones de riesgos de las licencias de exportación y con la aplicación de controles a los usuarios finales, de verificaciones posteriores a los envíos y de inspecciones sobre el terreno;

31.  Insta a los Estados miembros a que incluyan una disposición en la Posición Común que garantice que un embargo de la Unión contra un tercer país revocaría automáticamente las licencias que ya se hubieran expedido para bienes comprendidos en el embargo;

32.  Insta a todos los Estados miembros a que sigan asistiendo a países no pertenecientes a la Unión en la elaboración, actualización y aplicación, según proceda, de las medidas legislativas y administrativas destinadas a garantizar un sistema de controles de las exportaciones de armamento y tecnología militar;

Mejorar el cumplimiento de las obligaciones de notificación

33.  Lamenta que el 17.º Informe anual de la Unión no se publicara hasta por lo menos diecisiete meses después de que se expidieran las licencias o se realizaran las exportaciones; lamenta, asimismo, que el 18.º Informe anual de la Unión no se hiciese público hasta marzo de 2017;

34.  Reprueba los incumplimientos de los ocho criterios por los Estados miembros; considera que debe promoverse una aplicación uniforme y coherente de los ocho criterios; observa la falta de disposiciones en materia de sanciones para aquellos Estados miembros que incumplan los ocho criterios al expedir las licencias y aconseja a los Estados miembros que prevean disposiciones para la realización de controles independientes; opina que es el momento de poner en marcha un proceso encaminado a establecer un mecanismo de sanciones a aquellos Estados miembros que no cumplan lo dispuesto en la Posición Común;

35.  Recuerda que, con arreglo al artículo 8, apartado 2, de la Posición Común, todos los Estados miembros están obligados a informar sobre sus exportaciones de armas, y pide a todos los Estados miembros que cumplan sus obligaciones; lamenta que solo 21 Estados miembros hicieran aportaciones completas al 17.º Informe anual de la Unión a través de datos desglosados sobre las licencias y las exportaciones reales, y que solo 20 las hicieran al 18.º Informe anual; pide a todos los Estados miembros, incluidos los tres Estados miembros que constituyen los principales exportadores de armas (Francia, Alemania y el Reino Unido), que no hayan hecho aportaciones completas que proporcionen datos completos sobre sus exportaciones pasadas de cara al próximo informe anual;

36.  Pide que se garantice un procedimiento de notificación y presentación más normalizado y oportuno, estableciendo un plazo estricto para la presentación de datos que finalice, a más tardar, en enero del año siguiente a aquel en el que hayan tenido lugar las exportaciones, y determinando una fecha de publicación fija, a más tardar, en marzo del año siguiente a las exportaciones;

37.  Considera que la Posición Común debe complementarse con una lista pública que se actualice periódicamente acompañada de razones detalladas y que facilite información sobre la medida en que las exportaciones destinadas a determinados países receptores respetan o no los ocho criterios;

38.  Considera necesario establecer un sistema de control y de información normalizado que indique si las exportaciones de los distintos Estados miembros de la Unión incumplen los ocho criterios;

39.  Insta a todos los Estados miembros a que cumplan plenamente sus obligaciones de notificación, establecidas en la Posición común; subraya que es esencial disponer de datos de gran calidad sobre las entregas reales para comprender cómo se aplican los ocho criterios; pide a los Estados miembros y al SEAE que estudien la manera de utilizar los datos generados por las autoridades aduaneras, en particular creando códigos aduaneros específicos para los bienes militares;

40.  Reconoce que todos los Estados miembros de la Unión han firmado el Tratado sobre el Comercio de Armas; pide la universalización del Tratado y que se preste más atención a aquellos países no signatarios, incluidas Rusia y China; alaba asimismo los esfuerzos de sensibilización en relación con el Tratado y respalda su aplicación efectiva;

Modernizar las herramientas conexas

41.  Insta a que se revise la Lista Común Militar y las listas anejas al Reglamento sobre productos de doble uso, a fin de garantizar la cobertura completa de todos los sistemas no tripulados pertinentes; recuerda su Resolución de 27 de febrero de 2014 sobre los drones armados y, en particular su apartado 2, letra c), en el que se pide que se incluyan los drones armados en los regímenes de control de armas correspondientes;

42.  Anima a los Estados miembros a que acometan un examen en mayor profundidad de la producción con licencia por parte de terceros países y a que garanticen mayores salvaguardias frente los usos no deseados; exige la aplicación estricta de la Posición Común en relación con la producción con licencia en terceros países; anima a los Estados miembros a que tengan en cuenta la actitud y la posición del tercer país con respecto al TCA a la hora de tomar decisiones en relación con las transferencias que pudieran fomentar la fabricación o la capacidad de exportación de ese país en lo que se refiere a los equipos militares;

43.  Considera que la aplicación de la Directiva 2009/43/CE sobre la simplificación de los términos y las condiciones de las transferencias de productos relacionados con la defensa dentro de la Comunidad debe ser coherente con la aplicación de la Posición Común, en particular en lo que se refiere a los recambios y los componentes; observa que la Posición Común no tiene un límite en lo que a su ámbito de aplicación se refiere, por lo que los ocho criterios también se aplican a las exportaciones dentro de la Unión;

44.  Expresa su preocupación por los retos de la ciberseguridad, en particular los avances en los métodos de pirateo informático usados para acceder a información y datos de las autoridades nacionales competentes para expedir licencias; insta a los Estados miembros y a la Comisión a que inviertan fondos suficientes en tecnología y recursos humanos para formar a personas en programas y métodos de ciberseguridad específicos con el fin de prevenir y abordar esos retos de ciberseguridad;

El papel de los Parlamentos y la opinión pública

45.  Observa que no todos los Parlamentos nacionales de la Unión supervisan las decisiones gubernamentales en materia de concesión de licencias, por ejemplo, mediante la elaboración de informes anuales relativos a la exportación de armas y anima, en este sentido, a aumentar de manera general la supervisión parlamentaria y pública; alude al Reglamento interno del Parlamento Europeo, que prevé la posibilidad de reaccionar periódicamente a los Informes anuales de la Unión relativos a la exportación de armas;

46.  Acoge con satisfacción las consultas periódicas con los Parlamentos nacionales, las autoridades de control de la exportación de armas, las asociaciones de la industria y la sociedad civil como elemento central de una verdadera transparencia; pide al Grupo «Exportación de Armas Convencionales», a todos los Estados miembros y al SEAE que intensifiquen el diálogo con la sociedad civil y las consultas con los Parlamentos nacionales y las autoridades de control de la exportación de armas; anima a los Parlamentos nacionales, a la sociedad civil y a los círculos académicos a que ejerzan un control independiente del comercio de armas, y pide a los Estados miembros y al SEAE que apoyen dichas actividades, también con medios financieros;

o
o   o

47.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 335 de 13.12.2008, p. 99.
(2) DO C 163 de 4.5.2016, p. 1.
(3) DO C 153 de 16.5.2016, p. 1.
(4) DO L 326 de 11.12.2015, p. 56.
(5) DO L 139 de 30.5.2017, p. 38.
(6) DO C 97 de 28.3.2017, p. 1.
(7) Tratado sobre el Comercio de Armas, Naciones Unidas, 13-27217.
(8) DO L 341 de 18.12.2013, p.56
(9) DO L 146 de 10.6.2009, p. 1.
(10) DO L 134 de 29.5.2009, p. 1.
(11) DO L 338 de 13.12.2016, p. 1.
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0472.
(13) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0066.
(14) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0502.
(15) DO C 285 de 29.8.2017, p. 110.
(16) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0289.
(17) Trends in international arms transfers, 2016 («Tendencias en las transferencias internacionales de armas», 2016), SIPRI Fact Sheet, febrero de 2017.
(18) Ibidem.
(19) Ibidem.
(20) Informe de 2016 sobre la exportación de armas, Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) (Conferencia conjunta sobre Iglesia y Desarrollo), p. 54.


Relaciones políticas de la Unión con América Latina
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre las relaciones políticas de la Unión con América Latina (2017/2027(INI))
P8_TA(2017)0345A8-0268/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su título V relativo a la acción exterior de la UE,

–  Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su quinta parte, títulos I a III y V (política comercial común; cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria; y acuerdos internacionales),

–  Vistas las conclusiones del Consejo de 17 de octubre de 2016 sobre la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2009, titulada «La Unión Europea y América Latina: Una asociación de actores globales» (COM(2009)0495),

–  Vistos los fuertes lazos culturales, lingüísticos, políticos e históricos que existen entre los Estados miembros de la Unión y los de América Latina y el Caribe (ALC), debidos entre otras cosas a los intensos procesos migratorios registrados durante decenios,

–  Visto el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo en 2015 (cuestiones nacionales y regionales),

–  Vistas las declaraciones de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe y la Unión Europea celebradas hasta la fecha, y en particular la declaración de la segunda Cumbre UE-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Bruselas los días 10 y 11 de junio de 2015 sobre el tema «Modelar nuestro futuro común: trabajar por unas sociedades prósperas, cohesionadas y sostenibles para nuestros ciudadanos», en la que se adoptó la Declaración política titulada «Una asociación para la próxima generación»,

–  Vista la declaración del Foro de la Sociedad Civil UE-CELAC de 11 de mayo de 2015 titulada «Igualdad, derechos y participación democrática para los pueblos de Europa y América Latina y el Caribe»,

–  Visto el comunicado conjunto de la primera reunión ministerial intercumbres UE-CELAC, celebrada en Santo Domingo (República Dominicana) los días 25 y 26 de octubre de 2016,

–  Vista la declaración adoptada con ocasión de la XXV Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Cartagena de Indias (Colombia) los días 28 y 29 de octubre de 2016 y titulada «Juventud, emprendimiento y educación»,

–  Vista la declaración política de la V Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, celebrada en Punta Cana (República Dominicana) el 25 de enero de 2017,

–  Vista su Resolución, de 20 de enero de 2016, en apoyo al proceso de paz en Colombia(1),

–  Vistas sus resoluciones sobre Venezuela, en particular las Resoluciones, de 8 de junio de 2016(2) y de 27 de abril de 2017(3), sobre la situación en Venezuela,

–  Vista su Resolución no legislativa, de 5 de julio de 2017, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por un lado, y la República de Cuba, por otro(4),

–  Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2014, sobre la desaparición de 43 estudiantes de Magisterio en México(5),

–  Vistas las resoluciones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), en particular las resoluciones de 22 de septiembre de 2016 sobre aspectos comerciales de las diversas negociaciones UE-ALC en curso(6), sobre la lucha contra la pobreza en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible(7), sobre la financiación de los partidos políticos en la Unión Europea y América Latina(8) y sobre las relaciones económicas y financieras con la República Popular China desde la perspectiva de la Asociación Estratégica Birregional UE-ALC(9); y de 29 de marzo de 2014 sobre el Feminicidio en la Unión Europea y América Latina(10),

–  Vista la recomendación de EuroLat, de 22 de septiembre de 2016, sobre migración, desarrollo y crisis económica(11),

–  Vista su Resolución, de 5 de mayo de 2010, sobre la Estrategia de la UE para las relaciones con América Latina(12),

–  Vista la Declaración del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre el artículo 5, apartado 2, letra b), inciso ii), del Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 233/2014, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020,

–  Visto el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, en particular el artículo 14 relativo al derecho de propiedad y de posesión de los pueblos interesados sobre las tierras que tradicionalmente ocupan,

–  Vista su Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre el papel de la UE en la promoción de una asociación transatlántica más amplia(13),

–  Vistas las recomendaciones formuladas en el Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «La eficacia de la combinación de subvenciones regionales del mecanismo de inversión con préstamos de las instituciones financieras para apoyar las políticas exteriores de la UE»,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0268/2017),

A.  Considerando que la región de Latinoamérica y el Caribe es un socio clave para la UE cuando se trata de hacer frente a los actuales desafíos mundiales, tales como la erradicación de la pobreza, el acceso al agua potable, el respeto universal de los derechos humanos, la paz y la seguridad, el desarrollo socioeconómico, la falta de buena gobernanza, la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático, la transformación digital y la gestión de la migración;

B.  Considerando que la asociación UE-ALC se basa en estrechos lazos históricos y culturales, amplios intercambios entre pueblos, flujos de comercio e inversión sólidos y crecientes, y valores compartidos como la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho;

C.  Considerando que los treinta y tres países que conforman la región ALC presentan realidades políticas, económicas y culturales distintas que requieren enfoques diferentes dentro de un marco coherente y congruente en el contexto de la acción exterior de la UE, defendiendo siempre al mismo tiempo los valores de la Unión relativos a la democracia y los derechos humanos;

D.  Considerando que la asociación perdurable entre la Unión y los países ALC se basa en lazos históricos, culturales, humanos y económicos, que no deben darse por sentados y deben orientarse de manera más horizontal; principios y valores comunes, entre ellos el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, el Estado de Derecho, y la paz y la seguridad internacionales; y el apoyo compartido a un sistema multilateral de gobernanza mundial basado en normas comunes y en el diálogo;

E.  Considerando que la Unión y los países ALC en conjunto conforman un tercio de la población total de los miembros de las Naciones Unidas y representan alrededor del 25 % del PIB mundial;

F.  Considerando que la intensificación del diálogo político y la cooperación en materia de migración, cambio climático, energía y lucha contra la delincuencia organizada, así como la inversión en lazos socioeconómicos más profundos a través de la facilitación de visados, los intercambios de estudiantes y la cooperación en materia de investigación, son prioridades para la acción exterior de la Unión con los países ALC;

G.  Considerando que aún no ha logrado afianzarse la realización de la Asociación Estratégica Birregional entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe que se puso en marcha en junio de 1999 para reforzar las relaciones entre ambas regiones;

H.  Considerando que la región ALC ha experimentado cambios significativos en las últimas décadas, como por ejemplo el ascenso de una parte importante de la población a la clase media gracias a las reformas económicas y las políticas sociales, una mayor redistribución de la riqueza generada en los países —permitiendo un mayor acceso a la educación, la salud y un alojamiento digno—, y la consolidación global de la democracia, así como el fin del superciclo de materias primas que expuso a millones de personas al riesgo de volver a la pobreza;

I.  Considerando que, tras una década de considerable crecimiento económico, la llegada a su fin del ciclo de precios altos de las materias primas, de las que dependen la mayoría de países ALC, junto con la desaceleración económica de China, que es hoy el segundo socio comercial después de los Estados Unidos, ha provocado el estancamiento e incluso la recesión económica en varios países de la región, poniendo en entredicho muchos de los avances logrados y dejando a millones de personas en riesgo de volver a caer en la pobreza;

J.  Considerando que en algunos países de América Latina una parte de la opinión pública reclama enérgicamente niveles más altos de democracia y participación y políticas económicas sostenibles;

K.  Considerando que el Estado de Derecho, reflejado en un marco jurídico estable con garantía de seguridad jurídica, resulta crucial para atraer las inversiones necesarias para fomentar la recuperación económica;

L.  Considerando que el respeto del Estado de Derecho y de un marco jurídico y político estable permite a ambas regiones disfrutar de un entorno de libertad de empresa que preste apoyo a la inversión e incluya garantías del principio de seguridad jurídica;

M.  Considerando que los altos niveles de inflación obstaculizan el crecimiento y, por lo tanto, deben atajarse inmediatamente; que la fiabilidad de los tipos de cambio resulta esencial para el desarrollo económico de un país, y que es fundamental aplicar una política industrial que aumente la productividad, diversifique la economía y atraiga inversiones;

N.  Considerando que los acuerdos de asociación entre la Unión y los países ALC ayudan a mejorar tanto el diálogo político y comercial como el clima de inversión, abriéndose el sector servicios y los mercados de contratación pública y resultando posible la ejecución de proyectos de infraestructuras;

O.  Considerando que reviste gran importancia que América Latina y la Unión Europea elaboren un programa común;

P.  Considerando que la UE ha experimentado cambios importantes estos últimos años, a saber, la crisis económica, los desafíos relacionados con el brexit y la crisis de refugiados;

Q.  Considerando que los principales cambios geopolíticos actuales en los países de la región ALC, marcados, entre otras cosas, por la cada vez mayor presencia de los Estados de Asia, que buscan establecer acuerdos de asociación económica en la región, requieren que la UE refuerce su posición de verdadero aliado de sus socios en la región ALC no solo en términos de intercambios económicos, sino también como socio en el progreso social y en la defensa de valores comunes;

R.  Considerando que el Acuerdo Global UE-México, el Acuerdo de Asociación UE-Chile y el Acuerdo Marco Interregional de cooperación UE-Mercosur entraron en vigor en 1997, 2003 y 1999 respectivamente, y que, debido a la importancia que revisten para la Unión y los países ALC, hay que dar a las negociaciones en curso para la actualización de estos acuerdos un ambicioso impulso al objeto de conseguir los resultados más modernos y avanzados;

S.  Considerando que la UE es la principal fuente de ayuda al desarrollo de la región ALC, como se refleja en el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) 2014-2020, así como el principal inversor y unos de los principales socios comerciales, y que la cooperación europea es importante debido a la cooperación financiera y triangular;

T.  Considerando que la Comisión Europea está formulando un nuevo programa de desarrollo en el marco de la Agenda 2030 y que la noción de desarrollo sostenible se debe aplicar e incluir a todos los países de América Latina (incluidos los países de renta media), y que en este nuevo enfoque deben tomarse en consideración otros criterios además de la renta per cápita;

U.  Considerando que los países ALC han ocupado sistemáticamente un segundo plano a la hora de definir las principales prioridades de la política exterior de la Unión, a pesar de los notorios lazos culturales y lingüísticos que la unen históricamente a dichos países y la necesidad de encontrar nuevos aliados ante su creciente pérdida de influencia geopolítica en el mundo;

V.  Considerando la relevancia de la cuenca atlántica en su conjunto —que incluye la Unión Europea, América del Norte, Centroamérica, América del Sur y los países de la fachada atlántica de África—, así como la necesidad de una cooperación entre las regiones y los países que la componen, a fin de permitirles a todos ellos abordar los desafíos comunes a ese amplio espacio;

W.  Considerando que la próxima Conferencia Ministerial de la OMC se celebrará en la ciudad de Buenos Aires en diciembre de 2017 y que en su marco se reunirán también delegaciones parlamentarias de los países miembros;

X.  Considerando que la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible asegura el acceso universal a la información y la protección de la libertad de expresión;

Y.  Considerando que los diez mejores países en lo que a gobernanza energética respecta y el 20 % de las reservas de petróleo mundiales se encuentran en América Latina;

Z.  Considerando que dos países de América Latina, México y Brasil, han sido identificados como socios estratégicos de la Unión Europea;

1.  Recalca que la asociación birregional UE-ALC está fundamentada en unos principios, valores e intereses comunes, como la democracia, los derechos humanos, la paz y la solidaridad, el Estado de Derecho, y la independencia del poder judicial, así como en el compromiso de defenderlos en una relación horizontal, y se ha vuelto indispensable para el avance del intercambio birregional y de cooperación; destaca que, a raíz de la crisis económica, la UE y los países ALC se enfrentan a desafíos comunes en materia de crecimiento económico sostenible y lucha contra el desempleo, transformación digital, inclusión social, e igualdad de género, al mismo tiempo que comparten valores comunes;

2.  Subraya que el nuevo escenario geopolítico refuerza la región ALC como prioridad y oportunidad estratégica para la política exterior de la UE, pues ambas regiones comparten una misma visión del mundo fundada en el multilateralismo, el diálogo, la sostenibilidad, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y las sociedades abiertas e integradoras; es consciente de la rica y beneficiosa diversidad de actores en las relaciones entre la Unión y los países ALC, entre los que se incluyen los Estados, las ciudades y los entes locales, así como las universidades, la sociedad civil, las empresas y el Comité Económico y Social Europeo; pide una mayor coordinación de los acuerdos, las acciones de cooperación y los contactos políticos a alto nivel;

3.  Considera que la ampliación de la cooperación política y económica y la construcción de asociaciones más fuertes con los países ALC son fundamentales en cuanto acciones complementarias desde un punto de vista birregional, subregional y bilateral; hace hincapié en la necesidad de que esta cooperación contribuya eficazmente a la consolidación del crecimiento económico a través de políticas de desarrollo socioeconómico sostenible, garantizando al mismo tiempo la inclusión social, las libertades civiles y los derechos humanos, y la reducción de la pobreza; considera que la asociación UE-ALC y los acuerdos de asociación deben tener en cuenta las diferencias económicas entre las regiones y tener cuidado de no agravar las asimetrías ya existentes; señala que la presencia de empresas europeas es de alta importancia para las economías nacionales de los países de América Latina, y hace hincapié en que su actividad debe ser sometida a los procesos de supervisión y las normas vigentes;

4.  Recalca la importancia de las cumbres UE-CELAC como un instrumento de la asociación estratégica birregional en cuanto nuevo marco para el diálogo político; pide a la UE y a la CELAC que refuercen esta asociación y el diálogo político en el marco de sus diálogos temáticos y de las principales iniciativas, como la Iniciativa Conjunta UE-ALC de Investigación e Innovación, el Diálogo Comprensivo y Estructurado UE-ALC sobre migración y el Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de Drogas, así como trabajando en intereses comunes claramente identificados al objeto de afrontar conjuntamente los desafíos mundiales más destacados en materia de buena gobernanza, crecimiento económico, cohesión social, cultura, innovación y medio ambiente en foros multilaterales como las Naciones Unidas, el G-20 y la OMC;

5.  Reitera el compromiso de la UE y ALC de reforzar la cooperación con respecto a la agenda global y defiende un enfoque multilateral de la OMC como base de un sistema comercial abierto, basado en normas predecibles, más inclusivas, eficaces en los objetivos de reducción de la pobreza y promoción del desarrollo sostenible, que sean asimismo transparentes y democráticas y tengan una dimensión parlamentaria reforzada;

6.  Reitera su apoyo a la integración regional en ALC y recalca la necesidad de una mayor coordinación entre los distintos programas de integración regional que existen en la región, respetando al mismo tiempo los distintos ritmos de integración; recomienda reforzar el diálogo, la cooperación y el intercambio de mejores prácticas con la CELAC, el Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la Alianza del Pacífico para profundizar el diálogo en ámbitos de interés común y hacer más sólido su marco institucional; aboga por reforzar las iniciativas regionales de diálogo político, cooperación e intercambio de mejores prácticas, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comunidad del Caribe (Caricom), a fin de impulsar la democracia en América del Sur; resalta la importancia de reforzar la cooperación interparlamentaria entre la Unión y ALC, en particular entre el Parlamento Europeo y los distintos parlamentos regionales, con la puesta en común de experiencias y conocimientos tanto políticos como institucionales; celebra el diálogo entablado recientemente entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico con miras a una convergencia gradual y un aumento de escala en un marco de consulta en lo que respecta a los retos regionales y globales futuros;

7.  Destaca que la estabilidad política, las normas económicas y la fortaleza institucional, mediante las cuales quedan garantizados el respeto del Estado de Derecho y la transparencia, son pilares de un entorno que resulte atractivo para las inversiones a largo plazo por su seguridad jurídica; subraya que un marco jurídico de este tipo exige instituciones democráticas fuertes y una planificación económica responsable, así como actuar para reforzar el diálogo político y las asociaciones económicas dentro de la propia región y con los socios externos; recuerda, en este contexto, que la asociación con la Unión desempeña un papel fundamental;

8.  Destaca el dinamismo de la Alianza del Pacífico —que agrupa a Chile, Colombia, México y Perú— y pide a la alta representante y vicepresidenta de la Comisión (VP/AR) que estudie la conveniencia de que la Unión Europea participe como observador en dicha Alianza, como ya hacen numerosos Estados miembros de la Unión;

9.  Destaca que los desafíos mundiales actuales, entre los cuales se incluyen los derechos humanos, la paz, la seguridad, la lucha contra la corrupción y la impunidad, la falta de buena gobernanza, el desarrollo socioeconómico sostenible, la erradicación de la pobreza, la transformación digital, la migración masiva, la igualdad entre los sexos, la seguridad informática, el terrorismo y la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, el cambio climático, los cambios geopolíticos, las desigualdades tanto dentro de un país como entre distintos países, el trabajo sumergido y el aumento del desempleo, abren la puerta a nuevas posibilidades y canales de cooperación para un funcionamiento estratégico de la asociación UE-ALC en el que convendría compartir una visión y un programa comunes;

10.  Subraya que, incluso tras haber experimentado un desarrollo económico importante en los últimos años, que ha provocado un descenso de los niveles de pobreza y de desigualdad, esta sigue siendo un obstáculo importante para el desarrollo de la región ALC, en la que 175 millones de personas viven en la pobreza y son objeto de exclusión, en particular mujeres y menores; hace hincapié en que el crecimiento económico, el desarrollo económico inclusivo, la distribución justa de la riqueza y la prestación universal de servicios públicos esenciales son la clave para abordar esta cuestión;

11.  Recuerda que hay que abordar el objetivo de erradicar la pobreza y reducir las desigualdades a través de políticas económicas y de cohesión e inclusión sociales, el aumento de las oportunidades de empleo, y el acceso a la educación, y pone de relieve la necesidad de proteger a toda la ciudadanía y ampliar la clase media, con independencia de los efectos de los ciclos económicos, así como la de consolidar los avances en la mejora de las condiciones de vida, entre otras cosas a través del establecimiento de niveles mínimos de protección social, y la de respetar los valores democráticos y los derechos humanos;

12.  Subraya la necesidad tanto de integrar las economías en las cadenas de valor mundiales, basadas en un modelo económico circular, como de reconocer la importancia de elaborar acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales en cuanto herramientas eficaces que pueden ayudar a hacer frente a los desafíos mundiales comunes, promoviendo al mismo tiempo el trabajo decente y el diálogo social, entre otras cosas, como motores del desarrollo sostenible; resalta la importancia de crear las condiciones para la diversificación de las economías de ambas regiones, a fin de hacerlas menos dependientes de las variaciones cíclicas mundiales y menos sensibles a estas; destaca la importancia de promover la transferencia de conocimientos científicos y tecnológicos, mejorar el capital humano y diversificar el empleo, para lo cual es imprescindible un aumento de la inversión en educación, formación y cualificación;

13.  Acoge favorablemente el protocolo del 11 de noviembre de 2016 que, en relación con la adhesión de Ecuador al Acuerdo de Libre Comercio de la UE con Colombia y Perú, suscribieron la Unión, sus Estados miembros, Ecuador, Colombia y Perú; recuerda que este acuerdo suprime elevados aranceles aduaneros y barreras técnicas al comercio, liberaliza los mercados de servicios, abre los mercados de contratación pública e incluye obligaciones relativas a mecanismos de solución de controversias rápidos y eficientes;

14.  Señala que la Unión es el mayor inversor extranjero en los países ALC y su segundo mayor socio comercial, lo que crea una relación económica bidireccional basada en los valores de la calidad, la responsabilidad social, la creación de empleo, la transferencia de tecnología, y la investigación e innovación;

15.  Alienta la creación de más colaboraciones público-privadas para fomentar el desarrollo económico, el emprendimiento, el crecimiento y la inversión extranjera; destaca la necesidad de luchar contra la economía informal y el subdesarrollo y la baja competitividad de las pymes; pide que se facilite y mejore la movilidad entre las regiones, garantizando a su vez una coherencia mutua en relación con los derechos laborales y mejorando la coordinación de los sistemas de seguridad social;

16.  Destaca la necesidad de desarrollar regímenes fiscales sostenibles y eficaces en ambas regiones, así como una cultura fiscal adecuada, incluida la creación de oficinas contables generales eficaces que puedan fomentar el crecimiento económico y el desarrollo de Estados del bienestar que suministren y garanticen a todos los ciudadanos bienes y servicios públicos como el acceso a educación pública, sanidad, protección social, infraestructuras y seguridad, y reafirma que los paraísos fiscales y la elusión fiscal afectan negativamente al desarrollo económico y social, al progreso y la prosperidad, y al correcto funcionamiento de las políticas redistributivas económicas y sociales;

17.  Insiste en que el crecimiento económico y el comercio son elementos fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible, pero que no bastan para reducir la pobreza, la desigualdad y la exclusión; aboga por políticas eficaces que contribuyan a reducir estos problemas mediante un crecimiento diversificado, sostenible e inclusivo, con un marcado enfoque en relación con cuestiones sociales, el apoyo institucional y el respeto de los derechos humanos;

18.  Estima que la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) ha de ser el principal fin de la cooperación entre América Latina y el Caribe y la Unión; insta a la Unión a reforzar los programas de ayuda presupuestaria;

19.   Apoya el nuevo programa de desarrollo de la Comisión en el marco de la Agenda 2030; insiste en que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible deben ser los principales instrumentos para la cooperación UE-ALC, en todas las vertientes de desarrollo económico, social y sostenible, sin ceñirse únicamente a la erradicación de la pobreza; recalca que la UE debe seguir proporcionando ayuda oficial al desarrollo a todos los países ALC, incluidos aquellos de renta media y alta que ya no cumplen los requisitos para la cooperación bilateral para el desarrollo según el principio de diferenciación, sobre la base de un nuevo enfoque que vaya más allá de la renta per cápita; pide encarecidamente a la Comisión que, con carácter excepcional y de conformidad con el Reglamento ICD, siga ofreciendo cooperación bilateral a los países de renta media y alta durante toda la validez del Instrumento de Cooperación al Desarrollo 2014-2020 y en los años posteriores, al objeto de apoyar los esfuerzos desplegados por dichos países para hacer frente a los actuales desafíos;

20.  Insta a una mayor coordinación entre políticas y programas de ayuda a la región ALC, así como a las regiones ultraperiféricas y los países y territorios de ultramar; pide que se cumplan los compromisos políticos adquiridos en las cumbres regionales UE-ALC y que se aporten los recursos financieros necesarios;

21.  Solicita a la Comisión que indique los instrumentos disponibles y los dote de medios suficientes, adoptando medidas adecuadas para alinearlos con los principios de eficacia, adecuación, armonización, responsabilidad mutua, rendición de cuentas y alineamiento con las estrategias de desarrollo de los Estados ALC, para apoyar a la región a la hora de encarar los retos a los que debe enfrentarse y de prepararse para una hipotética reducción futura de la ayuda oficial al desarrollo; aboga por que estos instrumentos incorporen la transferencia de conocimientos y formación y que presten apoyo a las reformas en materia de gestión presupuestaria y de las finanzas públicas que contribuyan a reforzar el crecimiento y la prestación de servicios públicos de alta calidad;

22.  Pide a la Comisión que aplique en sus programas de financiación combinada criterios ejecutables en lo que a principios de eficacia del desarrollo respecta, en particular en términos de propiedad, armonización con los países socios, desarrollo y adicionalidad financiera, transparencia, y rendición de cuentas;

23.  Recuerda que ALC es muy vulnerable a las catástrofes naturales como consecuencia de sus características geográficas y geológicas y que esta situación se agrava como resultado del cambio climático, que debe abordarse globalmente de conformidad con el principio de responsabilidad común, si bien diferenciada; pide a la Comisión y a los países ALC que hagan frente a las causas subyacentes y que adopten medidas de resistencia en relación con el clima, así como estrategias y protocolos en materia de prevención de riesgos de cara a una movilización rápida de la ayuda humanitaria en caso de emergencia;

24.  Insta a que se implante de manera efectiva la igualdad entre los sexos, el empoderamiento de la mujer y las políticas en favor de la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida política, económica y social, a fin de potenciar su participación activa en la sociedad, contribuir enérgicamente a la lucha contra los feminicidios, garantizar la seguridad física y psicológica de las mujeres, facilitar su acceso en igualdad de condiciones al mercado de trabajo, a la propiedad de tierras y al empleo, y velar por su salud sexual y reproductiva y los derechos aparejados a esta; hace hincapié en la importancia de mejorar la vida de las mujeres y las niñas; destaca que, por lo tanto, el acceso a la educación es fundamental y podría generar una transformación social y económica; se felicita de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), de 1994, y pide dar a su Secretaría, el Mesecvi, un papel más preponderante; celebra la entrada en vigor del Convenio de Estambul, del Consejo de Europa, en 2016, y pide a los países de ambas regiones que no lo hayan hecho que se adhieran a dicho Convenio;

25.  Considera fundamentales las políticas públicas, en particular en materia de salud, educación y formación, y las iniciativas privadas que brindan oportunidades para los casi 30 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan; hace hincapié en que los programas de desarrollo deben abordar los elevados niveles de conflicto, violencia, delincuencia organizada y homicidios que afectan a los jóvenes y adolescentes, en particular, y que son uno de los mayores retos para los Estados ALC;

26.  Insiste en la importancia de que los jóvenes tengan oportunidades laborales y educativas de calidad, puesto que ellos encarnan la esperanza de que haya estabilidad política a largo plazo en el continente y son una pieza clave para su consecución; promueve una mayor cooperación con fondos económicos en cuanto a la participación de las universidades en acuerdos bilaterales, becas, el intercambio de conocimiento y la movilidad internacional entre estudiantes de la UE y de ALC, en particular con el refuerzo del programa Erasmus+ en el marco de la asociación con la CELAC a nivel de la enseñanza superior, lanzada en 2015; observa con satisfacción que en 2015 se puso en marcha con éxito el programa Erasmus+, que ofrece 6 200 oportunidades de movilidad y 3 500 becas, sobre todo a estudiantes de la CELAC, hasta 2020; señala la necesidad de fomentar el reconocimiento total y mutuo de las titulaciones universitarias, así como de reforzar la cooperación birregional en lo relativo a los sistemas de calidad y acreditación;

27.  Señala el papel central de la cooperación entre la Unión y la CELAC en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, y la importancia de la creación de un espacio común de investigación UE-CELAC para reforzar la cooperación en materia de movilidad de investigadores y profesores;

28.  Subraya la importancia fundamental que revisten los derechos del niño y la necesidad de un cumplimiento estricto, por parte de todos los países de la Unión y ALC, de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas;

29.  Alienta una mayor cooperación a la hora de promover el desarrollo tecnológico y aumentar el acceso de la población a las tecnologías de la información y la comunicación, a fin de adaptar nuestras sociedades a la transformación digital;

30.  Recalca la tendencia general y los desafíos comunes de esta última década en cuanto a los avances en materia de libertades y de derechos sociales, así como los grandes esfuerzos llevados a cabo para elaborar políticas públicas inclusivas al objeto de proteger a los grupos vulnerables y distribuir la riqueza y el crecimiento económico de manera equitativa, lo que ha contribuido de forma decisiva a rescatar de la pobreza a casi 60 millones de latinoamericanos en los últimos quince años; pide a las autoridades que respeten y garanticen los principios democráticos, los derechos fundamentales, las libertades y la seguridad de todos los ciudadanos, incluidos las minorías religiosas, los grupos indígenas, los ecologistas, la comunidad LGTBI, los ciudadanos con discapacidad, los desplazados forzosos y los apátridas, y las poblaciones de las zonas rurales; subraya la importancia de garantizar la libertad de reunión, asociación y expresión tanto en el mundo virtual como en el mundo real;

31.  Remarca la necesidad de garantizar los derechos y la seguridad de las minorías religiosas y la comunidad LGTBI; insta a los Gobiernos de América Latina y el Caribe a que aprueben leyes y adopten medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos y los periodistas de las persecuciones, amenazas, campañas de difamación, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y homicidios de los que con frecuencia son víctimas; pide que se salvaguarden los derechos e intereses de los pueblos indígenas y las poblaciones de las zonas rurales frente a proyectos de desarrollo de gran impacto ambiental y operaciones de la industria extractiva mediante la implantación en tales casos de mecanismos de consulta y consentimiento previos;

32.  Lamenta los ataques contra líderes de la oposición elegidos democráticamente, periodistas, defensores de los derechos humanos, en particular los que trabajan en cuestiones medioambientales, y sus abogados; pide a las autoridades que tomen todas las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica y que garanticen investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales para llevar a los responsables ante la justicia de conformidad con las normas internacionales;

33.  Reitera que deben garantizarse la participación activa y la consulta de la sociedad civil y las ONG durante el proceso de negociación y aplicación de acuerdos de comercio o asociación;

34.  Destaca la necesidad de mencionar en los acuerdos el derecho a la libertad de expresión y reunión en los países ALC;

35.  Alienta a los Estados miembros de la Unión a que se planteen promulgar legislación que prevea la posibilidad de congelar los activos y restringir los visados de las personas implicadas en violaciones graves de los derechos humanos;

36.  Reitera que las políticas y prácticas en materia de migración deben garantizar el respeto de los derechos humanos y prestar una especial atención a las mujeres y a los grupos vulnerables, como los menores, los ancianos y las personas con discapacidad, teniendo presentes los desafíos relativos a la protección de las fronteras y la no criminalización de los migrantes; destaca la necesidad de un enfoque integral tendente a reconocer la contribución económica y social de los trabajadores migrantes en los países de acogida, la relevancia de los países de tránsito y la importancia de establecer vías legales para la obtención de la ciudadanía en los países de acogida, así como a tener en cuenta especialmente a los desplazados que necesitan asilo; pide que se adopten medidas para facilitar y mejorar la movilidad entre los países, garantizando a la vez una coherencia en relación con los derechos laborales y mejorando la coordinación de los sistemas de seguridad social;

37.  Insta a los países ALC a que velen por que se respeten plenamente los derechos sociales, medioambientales y laborales; pide la aplicación plena y eficaz de los convenios de la OIT y el respeto de las normas básicas del trabajo, las cuales incluyen, entre otras cosas, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; destaca, además, la necesidad de garantizar la eliminación de todas las formas de trabajo forzado u obligatorio;

38.  Pone de relieve los desafíos a los que ambas regiones se enfrentan en materia de seguridad y defensa, como el terrorismo y la lucha contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, y anima a que se realicen esfuerzos continuados a fin de reforzar la cooperación en materia de seguridad y defensa a través de la coordinación policial y militar, prestando especial atención al intercambio de información; anima a los países de América Latina a la participación en misiones de gestión de crisis y de mantenimiento de la paz de la UE, como ya hacen Colombia y Chile; insta a impulsar una mayor cooperación militar para desarrollar cuerpos especiales de ayuda de emergencia contra desastres naturales y humanitarios; pide una mayor cooperación en materia de seguridad marítima, desarme, no proliferación y control de armas;

39.  Pide que se respete inequívocamente el principio de la integridad territorial de los Estados;

40.  Lamenta los recortes en la ayuda humanitaria y rechaza que estos recortes se sigan produciendo en las zonas más necesitadas de esta ayuda (Triángulo del Norte Centroamericano, Haití y Colombia), así como en las especialmente afectadas por los efectos del cambio climático y los desastres naturales;

41.  Condena la actuación de los Gobiernos de algunos países por negarse a aceptar ayuda humanitaria internacional, impidiendo así que se puedan atender las necesidades más básicas de dichos países; solicita a la VP/AR que inste a las autoridades pertinentes a que permitan la entrada de dicha ayuda y que proponga un plan de asistencia para cada país;

42.  Pide a la Unión que se esfuerce por apoyar a los países ALC afectados por la violencia endémica, con cifras inaceptables de homicidios, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, ya que sin seguridad no existe verdadera prosperidad, dignidad ni felicidad; insta a los países ALC a que adopten medidas para combatir el hacinamiento en las prisiones y mejorar las condiciones de reclusión, garantizar la salvaguardia de la integridad física y psicológica de los reclusos, investigar y castigar las prácticas de torturas y malos tratos, y promover un trato más humano de los presos, a fin de evitar los frecuentes motines carcelarios, en los que se producen víctimas mortales;

43.  Destaca la necesidad de reforzar la cooperación entre todos los países de la cuenca atlántica en la lucha contra el tráfico de drogas, asociando también a los países concernidos del África occidental, que constituyen una relevante vía de conexión para los flujos de estupefacientes entre América Latina y Europa;

44.  Pide a la Unión que apoye a los países centroamericanos afectados por la delincuencia organizada, la cual amenaza sus estructuras sociales y políticas;

45.  Subraya la necesidad de que la Unión Europea continúe apoyando la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA) y la Estrategia de Seguridad del Caribe;

46.  Hace hincapié en la necesidad urgente de que se intensifique la lucha contra la corrupción, el fraude fiscal y la impunidad, ya que son algunos de los principales obstáculos al desarrollo; se garanticen el respeto del Estado de Derecho, la celebración de elecciones libres y transparentes, la separación de poderes, y el acceso en igualdad de condiciones a un sistema judicial independiente, imparcial y profesionalizado; se apoye la buena gobernanza; se combata la debilidad institucional, y se refuerce la Administración; es consciente de la actividad llevada a cabo por EUROsociAL en este ámbito;

47.  Pide a la UE y a los países ALC que aborden y combatan el problema de la corrupción a través de medidas que van desde la prevención hasta la aplicación de las leyes y el enjuiciamiento penal, así como la aplicación eficaz de las convenciones multilaterales e internacionales contra la corrupción, y señala que la existencia de corrupción no solo debilita el bienestar social y económico y la igualdad social, sino que también afecta a la legitimidad política y a la buena gobernanza; destaca que la ausencia de un sistema judicial y una Administración pública independientes fomenta la desconfianza en las instituciones públicas, debilita el Estado de Derecho y alimenta la violencia; subraya que la transparencia, la libertad de los medios de comunicación y la participación ciudadana resultan necesarias para reforzar la lucha contra la corrupción; considera que deben establecerse nuevas provisiones internacionales para intentar poner fin a los paraísos fiscales, como el intercambio automático de información fiscal y el levantamiento del secreto bancario;

48.  Pide mayor cooperación en materia de medio ambiente, de gran interés para ambos, haciendo especial hincapié en la transición energética y en el proceso de descarbonización, que tendrán repercusión en las economías de ambos países; subraya la necesidad de apoyar la investigación en materia de energías renovables y el uso de las mismas, la protección de la naturaleza, la gestión forestal y políticas para abordar las causas y consecuencias del cambio climático en una región que se ve gravemente afectada por los efectos del mismo, teniendo al mismo tiempo en cuenta los derechos de las comunidades indígenas y locales en aquellas zonas de las que se extraen recursos naturales; destaca la necesidad de seguir apoyando iniciativas como Euroclima o la RIOCC, en consonancia con la Agenda de Lima sobre desarrollo sostenible, medio ambiente, cambio climático y energía; reconoce la necesidad común de llevar a cabo una transición energética para que se cumpla de manera satisfactoria el Acuerdo de París; subraya la necesidad de una mayor inversión y cooperación entre las instituciones y las empresas de la Unión y los países ALC para abordar de manera común la transición energética, la descarbonización y la mejora de las infraestructuras básicas; destaca la importancia de mejorar la gobernanza y los procedimientos judiciales para proteger los bosques y expandir las prácticas agroecológicas;

49.  Considera crucial acelerar las negociaciones entre la Unión y el Mercosur para que se celebre un acuerdo de asociación completo, equilibrado y mutuamente beneficioso, como se manifestó en las conclusiones del Consejo Europeo de 9 de marzo de 2017, de tal manera que pueda completar la red de acuerdos existentes entre la UE y América Latina; hace hincapié en la necesidad de culminar las negociaciones y alcanzar un acuerdo final para su ratificación por parte del Parlamento Europeo antes del término de la legislatura actual de este, lo que contribuirá positivamente al crecimiento económico y la creación de empleo en ambas zonas económicas, reforzando también las relaciones históricas, culturales, políticas y de cooperación, así como la confianza, entre nuestros pueblos;

50.  Subraya la importancia de acelerar las negociaciones en curso en aras de modernizar el Acuerdo Global UE-México, y pide que este acuerdo se celebre antes de que concluya 2017; señala la importancia de finalizar la actualización del Acuerdo de Asociación UE-Chile antes del primer trimestre de 2018; pide a los parlamentos de los Estados miembros que no lo hayan hecho todavía que ratifiquen el Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica;

51.  Destaca la importancia de la reciente adhesión de Ecuador al Acuerdo multipartes con Colombia y Perú, y recuerda que Bolivia también puede unirse si así lo desea; celebra la ejecución del acuerdo sobre la exención de visados Schengen para estancias de corta duración para Perú y Colombia; solicita, en este sentido, la misma exención de visados para Ecuador; observa que estas medidas contribuyen a mejorar los vínculos económicos y culturales de la UE con estos países;

52.  Insiste en que es de vital importancia incluir de forma sistemática en los acuerdos de asociación, comercio e inversión entre la Unión y los países ALC normas sobre responsabilidad empresarial y cláusulas de salvaguardia de los derechos humanos y sociales;

53.  Señala que México y Brasil han sido identificados como socios estratégicos de la Unión Europea, y pide que se le conceda a Argentina esta condición en cuanto destacado actor de la región y del Mercosur, y miembro del G-20, así como que se modernice el marco de relaciones institucionales;

54.  Reconoce la importancia de las Cumbres Iberoamericanas —cuyos mecanismos de funcionamiento han sido reforzados en los últimos años— al tiempo que destaca el papel de apoyo a la Presidencia pro tempore que desempeña la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); subraya el valor añadido que ello aporta a la asociación de las dos regiones en general como foro para el diálogo, la coordinación y la cooperación; pide, en este sentido, que se establezca un mecanismo de cooperación, que podría revestir la forma de un memorándum de entendimiento o de un acuerdo marco de cooperación entre la Comisión y/o el SEAE y la SEGIB, que pueda optimizar y situar la relación dentro de un esquema más estructurado, ordenado y sistemático entre ambas instancias; celebra que en la última Cumbre se haya prestado especial atención a ámbitos tan relevantes como la juventud, la educación y la empresa;

55.  Reitera que la Asamblea EuroLat y las delegaciones parlamentarias son foros muy útiles y fructíferos para la dimensión parlamentaria de la asociación estratégica y para el diálogo político entre la UE y los países ALC que incluyen a la sociedad civil, cuyo papel debe reforzarse, además de la importancia que revisten a la hora de transmitir las exigencias de los ciudadanos a las cumbres UE-CELAC; destaca la importancia de garantizar la visibilidad y la difusión de sus debates y conclusiones, tanto a través de la interacción con las cumbres UE-CELAC como por medio de las vías institucionales nacionales y regionales;

56.  Recalca el papel de la Fundación UE-América Latina y el Caribe en cuanto organización internacional, pide a sus sesenta y dos miembros la pronta ratificación del acuerdo por el que se establece, lo que desempeñaría un importante papel en apoyo de la asociación birregional, y solicita que se creen canales permanentes de cooperación entre dicha Fundación y la Asamblea EuroLat;

57.  Respalda un incremento del mandato de préstamo exterior del Banco Europeo de Inversiones para América Latina, a fin de mantener y desarrollar operaciones para responder a la necesidad de financiación en ámbitos prioritarios como la mitigación del cambio climático, el desarrollo de infraestructuras sociales, económicas y medioambientales, y el apoyo a las pymes;

58.  Pide una mejor coordinación multilateral de los Estados miembros de la Unión en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) para maximizar su repercusión económica en los programas de desarrollo para los países ALC;

59.  Reitera su apoyo al proceso de paz en Colombia, que es decisivo para el futuro de los colombianos y para la estabilización de la región en la que se inscribe este país, y se compromete a apoyar al Gobierno colombiano en su aplicación; hace hincapié, a este respecto, en la importancia tanto de la participación del conjunto de la sociedad colombiana, en especial, de las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil, así como de los desplazados forzosos, como de que los dirigentes gubernamentales garanticen la seguridad y la protección de los defensores de los derechos humanos y los líderes de las comunidades; insta a la UE y a sus Estados miembros a mantener su apoyo político y financiero, también a través del Reglamento ICD, en particular su artículo 5, apartado 2, y del Fondo Fiduciario de la UE para Colombia, y apoya la labor del enviado especial para Colombia de la vicepresidenta / alta representante; manifiesta su deseo de que el Ejército de Liberación Nacional se comprometa también con el proceso de paz en curso; acoge con satisfacción que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hayan finalizado, bajo supervisión de las Naciones Unidas, la entrega de las armas personales; expresa su apoyo a la nueva misión creada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para ayudar a los miembros de las FARC a reintegrarse en la sociedad; acoge con satisfacción el acuerdo de alto el fuego bilateral entre el Ejército de Liberación Nacional y el Gobierno de Colombia;

60.  Expresa su profunda preocupación por el grave deterioro de la situación en lo que se refiere a la democracia, los derechos humanos y la situación socioeconómica en Venezuela, con un clima de creciente inestabilidad política y social; insta al Gobierno de Venezuela a que preserve la separación y la independencia de los poderes y restablezca la plena autoridad constitucional de la Asamblea Nacional; pide por otra parte al Gobierno venezolano que garantice la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y presente lo antes posible un calendario electoral que permita la celebración de procesos electorales libres y transparentes; solicita a la comunidad internacional, a los actores regionales y a la VP/AR que impulsen y apoyen un gran acuerdo nacional como única solución posible; pide a la VP/AR que analice activamente otras medidas tendentes a promover con ánimo constructivo la estabilización política del país; rechaza, en estas circunstancias, los intentos por desviar los poderes constitucionalmente reconocidos de la Asamblea Nacional a otros órganos; condena firmemente las elecciones a la Asamblea Constituyente celebradas el 30 de julio de 2017, ya que constituyen una violación de la separación de poderes y del respeto del derecho de los ciudadanos a expresar libremente sus opiniones políticas a través de instituciones democráticamente elegidas y legítimas; recuerda que el Parlamento Europeo, al igual que numerosos actores internacionales, no reconoce estas elecciones ni las acciones o decisiones que adopte la Asamblea constituida recientemente debido a su falta de legitimidad y lamenta el contexto de violencia, que se ha saldado en numerosos muertos y heridos; expresa su profunda preocupación por la persecución ilegal y la represión de los miembros democráticamente elegidos de la Asamblea Nacional; rechaza la destitución y la persecución política de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, junto a la de la totalidad de los miembros del Tribunal Supremo designados por la Asamblea Nacional legítima de Venezuela; apoya plenamente las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre los numerosos delitos y actos de represión perpetrados por el régimen venezolano e insta a la Unión a que desempeñe un papel activo a este respecto; pide a la VP/AR y al Consejo Europeo que examinen la posibilidad de congelar los bienes de todas las personas que estén implicadas en las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela, incluidos los miembros de la Asamblea Constituyente no reconocida, así como de restringir su acceso al territorio de la Unión;

61.   Celebra la firma del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre la UE y Cuba en diciembre de 2016; destaca la importancia de acelerar su aplicación, que podría tener un efecto positivo en la asociación UE-CELAC en general; señala que el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación debe contribuir a mejorar las condiciones de vida y los derechos sociales de los ciudadanos cubanos, los progresos hacia la democracia, y el respeto y fomento de las libertades fundamentales; hace hincapié en que la validez de dicho Acuerdo dependerá de la aplicación efectiva por parte del Gobierno cubano de las disposiciones en materia de derechos humanos que en él se establecen y se basará en resoluciones del Parlamento Europeo;

62.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los países de la CELAC.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0016.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0269.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0200.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0297.
(5) DO C 274 de 27.7.2016, p. 28.
(6) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/trade_es.pdf
(7) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/poverty_es.pdf
(8) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/pparties_es.pdf
(9) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/china_es.pdf
(10) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/athens2014/adopted_docs/femicide/1026102es.pdf
(11) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/montevideo_2016/adopted_docs/migration_es.pdf
(12) DO C 81 E de 15.3.2011, p. 54.
(13) DO C 65 de 19.2.2016, p. 120.


Corrupción y derechos humanos en terceros países
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Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2017, sobre la corrupción y los derechos humanos en terceros países (2017/2028(INI))
P8_TA(2017)0346A8-0246/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), que entró en vigor el 14 de diciembre de 2005(1),

–  Vistas la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Vista la Carta de las Naciones Unidas,

–  Vistos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Recomendación del Consejo de la OCDE, de 2009, para fortalecer la lucha contra el cohecho, la Recomendación de 2009 sobre la deducibilidad fiscal de los pagos por cohecho de servidores públicos extranjeros, y otros instrumentos relacionados(2),

–  Vistos el Marco estratégico de la UE sobre derechos humanos y democracia, aprobado en 2012, y el Plan de Acción para los Derechos Humanos y la Democracia 2015-2019, aprobado por el Consejo de Asuntos Exteriores el 20 de julio de 2015,

–  Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre el apoyo a los defensores de los derechos humanos, adoptadas en la 2941.ª sesión del Consejo de Asuntos Generales de 8 de diciembre de 2008(3),

–  Vista la Resolución de las Naciones Unidas titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015(4),

–  Visto el informe del Banco Europeo de Inversiones (BEI) titulado «Política para la prevención y disuasión de prácticas prohibidas dentro de las actividades del Banco Europeo de Inversiones» («Política Antifraude del BEI»), adoptado el 8 de noviembre de 2013(5),

–  Vistos los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para «proteger, respetar y remediar»(6),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de junio de 2016, sobre las empresas y los derechos humanos(7),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(8),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la lucha contra la corrupción y el seguimiento de la Resolución de la Comisión CRIM(9),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares(10),

–  Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2015, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares(11),

–  Vista su Resolución, de 8 de julio de 2015, sobre la elusión fiscal y la evasión fiscal como obstáculos a la gobernanza, la protección social y el desarrollo en los países en desarrollo(12),

–  Vista su Resolución, de 11 de junio de 2015, sobre las recientes revelaciones en relación con casos de corrupción de alto nivel en la FIFA(13),

–  Vista su Resolución, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo(14),

–  Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2013, sobre corrupción en los sectores público y privado: su impacto en los derechos humanos en terceros países(15),

–  Vistos el Convenio Penal sobre la Corrupción y el Convenio Civil sobre la Corrupción del Consejo de Europa, y las Resoluciones (98) 7 y (99) 5 aprobadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 5 de mayo de 1998 y el 1 de mayo de 1999, respectivamente, por las que se establece el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO),

–  Vista la Declaración de Yakarta sobre los principios para los órganos de lucha contra la corrupción, aprobada los días 26 y 27 de noviembre de 2012(16),

–  Vista la Declaración de Panamá, aprobada en la Séptima Conferencia Anual y Reunión General de la Asociación Internacional de Autoridades Competentes Anticorrupción (IAACA, por sus siglas en inglés), celebrada del 22 al 24 de noviembre de 2013,

–  Vistas la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, aprobada el 17 de diciembre de 2015, y la Resolución del Consejo de Derechos Humanos sobre las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, aprobada el 29 de septiembre de 2016(17),

–  Visto el Informe final del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre las consecuencias negativas de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos, de 5 de enero de 2015(18),

–  Vista la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción (AUCPCC)(19),

–  Vista la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, consistente en basar las estrategias y medidas en principios universales relativos a los derechos humanos, al trabajo, al medio ambiente y a la lucha contra la corrupción(20),

–  Visto el Índice Anual de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y las opiniones de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0246/2017),

A.  Considerando que la corrupción es un complejo fenómeno global que afecta tanto al Norte como al Sur, que puede definirse como el abuso del poder encomendado para perseguir un beneficio propio, ya sea particular, colectivo, directo o indirecto, y que representa una grave amenaza para el interés público, la estabilidad social, política y económica y la seguridad al socavar la confianza de los ciudadanos y la eficiencia y eficacia de las instituciones, así como los valores de la democracia, los derechos humanos, la ética, la justicia, el desarrollo sostenible y la buena gobernanza;

B.  Considerando que la corrupción puede ir desde pequeños esfuerzos para tratar de influir en individuos o funcionarios o en la implantación de servicios públicos hasta intentos a gran escala de subvertir los sistemas políticos, económicos o judiciales, con objeto de promover y financiar el terrorismo, fomentar el extremismo, reducir los ingresos fiscales y apoyar a redes de delincuencia organizada;

C.  Considerando que la corrupción es el resultado de la incapacidad de los sistemas políticos, económicos y judiciales para establecer un sistema de control y rendición de cuentas sólido e independiente;

D.  Considerando que reducir la corrupción es vital para el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la creación de riqueza, la educación, el bienestar, la salud pública, el desarrollo de infraestructuras y la resolución de conflictos, así como para generar confianza en las instituciones, las empresas y la política;

E.  Considerando que, en muchos países, la corrupción no solo constituye un importante obstáculo sistémico para la realización de la democracia, el respeto del Estado de Derecho, la libertad política y el desarrollo sostenible, así como de todos los derechos humanos —civiles, políticos, económicos, sociales y culturales—, sino que también puede ser la causa de numerosas violaciones de los derechos humanos; que la corrupción es una de las causas de violaciones de los derechos humanos a la que menos importancia se atribuye, pese a que favorece la injusticia, la desigualdad —también por lo que respecta a los recursos financieros y económicos—, la impunidad, la arbitrariedad, los extremismos políticos y religiosos y los conflictos;

F.  Considerando que, al poner en peligro la consolidación de la democracia y el respeto de los derechos humanos y socavar el poder de las autoridades estatales, la corrupción puede conducir a la agitación social, incluida la violencia, a protestas civiles y a una importante inestabilidad política; que la corrupción sigue siendo un catalizador de conflictos en los países en desarrollo que se pasa sistemáticamente por alto y que conduce a violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluido el Derecho internacional humanitario, y a la impunidad de los autores; que la actual situación de corrupción y enriquecimiento ilícito de los cargos del Estado ha llevado al acaparamiento de poder y a la perpetuación de los cleptócratas en el poder;

G.  Considerando que, en muchos países, los altos índices de corrupción conducen a bajos índices de desarrollo humano, social y económico, bajos niveles de educación y de otros servicios públicos, derechos civiles y políticos limitados, una oposición política y una libertad de los medios de comunicación, tanto en línea como tradicionales, reducidas o inexistentes, y deficiencias en el Estado de Derecho;

H.  Considerando que la corrupción repercute en el disfrute de los derechos humanos, tiene consecuencias negativas específicas y afecta de forma desproporcionada a los grupos de la sociedad más desfavorecidos, marginados y vulnerables, como las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, las personas de edad avanzada, los pobres, la población indígena o las personas pertenecientes a minorías, concretamente excluyéndolos del acceso igualitario a la participación política, los programas y servicios públicos y sociales, la justicia, la seguridad, los recursos naturales, incluida la tierra, el empleo, la educación, la sanidad y la vivienda; que la corrupción también afecta a los progresos para acabar con la discriminación y favorecer la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, limitando la capacidad de las mujeres para reclamar sus derechos; que la corrupción distorsiona el volumen y la composición del gasto público y socava gravemente la capacidad de los Estados para aprovechar plenamente todos los recursos de los que disponen para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, el correcto funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho, y el desarrollo de una ética común;

I.  Considerando que el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 16 de las Naciones Unidas está dedicado a la paz, la justicia, la construcción de instituciones sólidas y la lucha contra la corrupción; que, para alcanzar el ODS 16 de manera universal, la Unión debe afrontar de forma urgente y directa varios asuntos en los que la corrupción desempeña una función clave, desde las violaciones de los derechos humanos hasta la pobreza, el hambre y la injusticia;

J.  Considerando que para hacer frente a la corrupción se requieren esfuerzos combinados que permitan abordar tanto la corrupción de alto nivel como la corrupción menor en los terceros países y en los Estados miembros de la Unión, teniendo en cuenta, caso por caso, el favoritismo jerárquico, los sistemas de recompensa y el clientelismo en las estructuras de poder, que a menudo vinculan los delitos de corrupción y la impunidad de mayor nivel con la corrupción menor que afecta directamente a las vidas de la población y a su acceso a servicios básicos;

K.  Considerando que no se puede hacer frente a la corrupción sin un compromiso político firme al más alto nivel, independientemente de la pericia, competencia y disposición de los organismos nacionales de supervisión y de los servicios de seguridad;

L.  Considerando que las consecuencias económicas de la corrupción son nefastas, especialmente por lo que respecta a su impacto sobre el aumento de la pobreza y las desigualdades entre la población, la calidad de los servicios públicos, la seguridad, el acceso a una asistencia sanitaria completa y una educación de calidad, las infraestructuras, las oportunidades socioeconómicas de emancipación individual y económica, en particular el crecimiento económico, la creación de empleo y las oportunidades de empleo, así como en la medida en que desalienta el emprendimiento y provoca una pérdida de inversiones;

M.  Considerando, por ejemplo, que la corrupción cuesta a la Unión entre 179 000 millones EUR y 990 000 millones EUR en términos del PIB anual(21);

N.  Considerando que, según el Banco Mundial, cada año se paga en torno a un billón de dólares en sobornos en todo el mundo y se calcula que la pérdida económica total derivada de la corrupción es mucho mayor que esa cifra;

O.  Considerando que la delincuencia organizada, que constituye un grave problema en muchos países y tiene una dimensión transfronteriza, suele estar relacionada con la corrupción;

P.  Considerando que los actos de corrupción y las violaciones de los derechos humanos suelen implicar el abuso de poder, la falta de rendición de cuentas, la obstrucción de la justicia, el uso de influencia indebida, la institucionalización de diversas formas de discriminación, el clientelismo y la distorsión de los mecanismos de mercado; que la corrupción muestra una fuerte correlación con las deficiencias en el Estado de Derecho y la buena gobernanza y que suele minar la eficacia de las instituciones y entidades encargadas de garantizar el sistema de contrapoderes institucionales y el respeto de los principios democráticos y los derechos humanos, como los parlamentos, las fuerzas y cuerpos de seguridad, el sistema judicial y la sociedad civil; que en los países donde la corrupción debilita el Estado de Derecho la existencia de jueces, abogados, fiscales, policías, investigadores y auditores corruptos impide tanto la aplicación como el refuerzo de los marcos jurídicos;

Q.  Considerando que la corrupción y las violaciones de los derechos humanos son un fenómeno que denota la existencia de un comportamiento no íntegro y de una administración deficiente, y que la credibilidad y la legitimidad de los organismos públicos y privados solo pueden garantizarse con una gestión corriente basada en una cultura de estricta integridad;

R.  Considerando que prácticas como el fraude electoral, la financiación ilegal de los partidos políticos, el nepotismo o la influencia desproporcionada del dinero en la política erosionan la confianza y fiabilidad respecto de los partidos políticos y los representantes elegidos, el proceso electoral y los gobiernos, minan la legitimidad democrática y la confianza de los ciudadanos en la política, y pueden debilitar significativamente los derechos civiles y políticos; que la regulación insuficiente y la falta de transparencia y supervisión de la financiación de los partidos políticos pueden crear oportunidades de influencia indebida e injerencia en la gestión de los asuntos públicos; que las acusaciones de corrupción también se pueden utilizar como instrumento político para dañar la reputación de los políticos;

S.  Considerando que la corrupción en el sector judicial infringe los principios de igualdad, no discriminación, acceso a la justicia y derecho a un proceso equitativo y a un recurso efectivo, que son fundamentales para el respeto de todos los demás derechos humanos y para prevenir la impunidad; que la ausencia de un sistema judicial y una administración pública independientes fomenta la desconfianza en las instituciones públicas, debilita el respeto del Estado de Derecho y en ocasiones alimenta la violencia;

T.  Considerando que no es fácil medir el nivel de corrupción, dado que esta implica, en general, prácticas ilegales deliberadamente encubiertas, si bien se han desarrollado y aplicado algunos mecanismos para detectar, vigilar, medir y combatir la corrupción;

U.  Considerando que las nuevas tecnologías, como los registros distribuidos o las técnicas y metodologías de investigación de fuente abierta, ofrecen nuevas posibilidades para incrementar la transparencia de las actividades gubernamentales;

V.  Considerando que el refuerzo de la protección de los derechos humanos, y en particular del principio de no discriminación, constituye un instrumento valioso en la lucha contra la corrupción; que la lucha contra la corrupción a través del Derecho penal y del Derecho privado implica adoptar medidas represivas y correctoras; que la promoción y el fortalecimiento de los derechos humanos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza son componentes esenciales de una estrategia contra la corrupción sostenible y satisfactoria;

W.  Considerando que, en el marco de la lucha contra la corrupción, la creación de sinergias entre el planteamiento basado en la justicia penal y el enfoque basado en los derechos humanos podría permitir abordar los efectos generales y colectivos de la corrupción y evitar una erosión sistémica de los derechos humanos como consecuencia directa o indirecta de este fenómeno;

X.  Considerando que los esfuerzos internacionales de lucha contra la corrupción se desarrollan en un marco institucional y jurídico en evolución, pero que existe un importante desfase de aplicación debido a la falta de voluntad política o de sólidos mecanismos de ejecución; que la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos a la lucha contra la corrupción conllevaría un cambio de paradigma y podría ayudar a corregir ese desfase de aplicación empleando los actuales mecanismos nacionales, regionales e internacionales para supervisar el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos;

Y.  Considerando que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es el único instrumento universal contra la corrupción jurídicamente vinculante y abarca cinco ámbitos principales: medidas preventivas, penalización y aplicación de la ley, cooperación internacional, recuperación de activos, y asistencia técnica e intercambio de información;

Z.  Considerando que las actuales obligaciones internacionales constituyen mecanismos idóneos para adoptar medidas adecuadas y razonables a fin de impedir o sancionar la corrupción en los sectores público y privado, en particular en el marco del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, así como de otros instrumentos de derechos humanos pertinentes;

AA.  Considerando que el poder judicial, los defensores del pueblo y las instituciones nacionales de derechos humanos, así como las organizaciones de la sociedad civil, desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la corrupción, y que se puede impulsar su potencial por medio de una estrecha cooperación con los organismos nacionales e internacionales de lucha contra la corrupción;

AB.  Considerando que es necesario actuar para combatir la corrupción, aumentando la transparencia, la rendición de cuentas y las medidas para luchar contra la impunidad a escala nacional, y otorgando prioridad al desarrollo de estrategias y políticas específicas que no solo combatan la corrupción sino que también ayuden a desarrollar o reforzar las políticas públicas en este sentido;

AC.  Considerando que tanto la sociedad civil como el sector privado pueden desempeñar un papel determinante a la hora de configurar las reformas institucionales para reforzar la transparencia y la rendición de cuentas; que se pueden aprender lecciones de la experiencia de los movimientos de derechos humanos a la hora de concienciar a la sociedad civil sobre las consecuencias adversas de la corrupción y de desarrollar alianzas con las instituciones estatales y el sector privado para apoyar la lucha contra la corrupción;

AD.  Considerando que la falta de libertad de los medios de comunicación, tanto en línea como tradicionales, no solo limita el derecho fundamental a la libertad de expresión, sino que también favorece el desarrollo de prácticas opacas, la corrupción y conductas indebidas; que los medios de comunicación independientes y un panorama mediático diverso y plural desempeñan un papel importante cuando se trata de garantizar la transparencia y el control, al informar, investigar y sacar a la luz la corrupción y concienciar a la población respecto de la relación entre la corrupción y las violaciones de los derechos humanos; que en varios países, incluidos algunos Estados miembros de la Unión, existen leyes relativas a la difamación, como la penalización de actos considerados «difamación», que pueden restringir la libertad de expresión y de los medios de comunicación, además de disuadir a los denunciantes de irregularidades y periodistas de denunciar actividades corruptas;

AE.  Considerando que muchas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas asociaciones de lucha contra la corrupción y asociaciones de defensa de los derechos humanos, así como sindicatos, periodistas de investigación, blogueros y denunciantes de irregularidades sacan a la luz casos de corrupción, fraude, mala gestión y violación de los derechos humanos, pese al elevado riesgo que corren, exponiéndose a medidas de represalia, también en el lugar de trabajo, a acusaciones de difamación o calumnia y a amenazas a la seguridad personal; que la falta de protección frente a las represalias, las leyes sobre difamación y calumnia, y la ausencia de un proceso de investigación independiente y creíble pueden disuadir a las personas de hablar; que la Unión tiene el deber de protegerlas, especialmente ofreciendo apoyo público, observando y asistiendo a los juicios de los defensores de los derechos humanos, y utilizando del modo más eficaz posible instrumentos como el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH); que es indispensable garantizar el cumplimiento y la debida aplicación de la legislación vigente; que quienes revelan casos de corrupción deben tener derecho a que su identidad sea confidencial, conforme a las garantías que aseguran un proceso equitativo; que se debe conceder a los denunciantes de irregularidades protección internacional frente a la persecución;

AF.  Considerando que la lucha contra la corrupción también debe englobar medidas para erradicar la delincuencia organizada, los paraísos fiscales, el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, así como los regímenes que permiten estas prácticas, puesto que suponen un obstáculo para el desarrollo sostenible, el progreso, la prosperidad y la rendición de cuentas de los países;

AG.  Considerando que muchos terceros países aún no tienen capacidades para intercambiar información fiscal con los Estados miembros de la Unión y, por consiguiente, no reciben información alguna de los Estados miembros sobre la posible evasión de impuestos de sus ciudadanos;

AH.  Considerando que es necesario controlar debidamente los fondos de la Unión destinados a terceros países, también en situaciones de emergencia, con un sistema de contrapoderes institucionales claro en los países beneficiarios, a fin de evitar toda oportunidad de corrupción que pueda surgir, sacar a la luz los abusos y descubrir a los funcionarios corruptos;

AI.  Considerando que la lucha contra la corrupción y los flujos financieros ilícitos es una cuestión política que debe abordarse mediante un enfoque global, mundial y transfronterizo (G-20, Naciones Unidas, OCDE, Banco Mundial, FMI);

AJ.  Considerando que en el Foro Internacional para la Integridad del Deporte (IFSI), celebrado en Lausana (Suiza) en febrero de 2017, se alentó la colaboración entre los gobiernos, los organismos deportivos internacionales y otras organizaciones a fin de atajar la corrupción en el deporte;

1.  Pide que se lleve a cabo una acción colectiva a escala nacional e internacional con el fin de prevenir y combatir la corrupción, ya que se trata de un fenómeno que traspasa fronteras y que es necesario fomentar una cooperación reforzada entre países y entre regiones, paralelamente a la labor de las organizaciones de la sociedad civil, en la lucha contra la corrupción; pide a los Estados que participen activamente en los foros internacionales para debatir y adoptar decisiones comunes en materia de buenas prácticas y políticas adaptadas a la situación específica de cada región, con miras a abordar la corrupción como un complejo fenómeno interrelacionado y transversal que frena el desarrollo político, económico y social y alimenta la delincuencia internacional, incluidas las actividades terroristas;

2.  Decide elaborar un informe periódico actualizado sobre la corrupción y los derechos humanos en cada legislatura;

3.  Considera que la lucha contra la corrupción debe incluir un enfoque de colaboración entre el sector público y el sector privado, y advierte de que de lo contrario se afianzarán la pobreza, la desigualdad y los daños a la reputación, se reducirá la inversión exterior, se socavarán las perspectivas para los jóvenes y no se romperá el vínculo entre las prácticas corruptas y el terrorismo;

4.  Expresa su preocupación por la deficiente aplicación y observancia de los actuales instrumentos nacionales e internacionales de lucha contra la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (Principios de Ruggie), el Convenio Penal sobre la Corrupción del Consejo de Europa y el Convenio de la OCDE de Lucha contra la Corrupción; pide a los países signatarios que los apliquen íntegramente a fin de proteger mejor a sus ciudadanos; se compromete a trabajar con los socios internacionales para incrementar el número de Estados que optan por consolidar los procesos democráticos y crear instituciones responsables;

5.  Expresa su preocupación por el acoso, las amenazas, la intimidación y las represalias de que son objeto los miembros de organizaciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones de lucha contra la corrupción y los movimientos en defensa de los derechos humanos, y los periodistas, blogueros y denunciantes de irregularidades que revelan y denuncian casos de corrupción; pide a las autoridades que adopten todas las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica y que se realicen investigaciones imparciales, exhaustivas e inmediatas a fin de llevar a los responsables ante la justicia con arreglo a las normas internacionales;

6.  Insta a los participantes de la Cumbre contra la Corrupción celebrada en Londres en 2016 a que cumplan los compromisos contraídos para abordar las causas de la corrupción y examinar los métodos necesarios para promover la transparencia, así como para brindar apoyo a los más afectados;

7.  Recuerda que es fundamental elaborar una estrategia anticorrupción exterior de la Unión con objeto de combatir eficazmente la corrupción y los delitos financieros;

8.  Hace hincapié en que los Estados están obligados a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud de lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y anima a los países que todavía no lo hayan hecho a que se adhieran a esta Convención; subraya que los Estados tienen la responsabilidad de prevenir y, en última instancia, reaccionar ante cualquier efecto negativo de la corrupción que se observe en su jurisdicción;

9.  Reconoce que los actores políticos y los operadores económicos tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y atajar la corrupción; destaca la necesidad de integrar una perspectiva basada en los derechos humanos en las estrategias de lucha contra la corrupción, a fin de aplicar políticas preventivas, obligatorias y eficaces en asuntos como la transparencia, las leyes de acceso a la información pública, la protección de los denunciantes de irregularidades y los controles externos;

10.  Recomienda que la Unión refuerce el apoyo a los instrumentos internacionales para mejorar la transparencia en los sectores económicos más propensos a las violaciones de los derechos humanos y la corrupción;

11.  Apoya el establecimiento de marcos normativos y jurídicos modernos, transparentes y efectivos para la gestión de los recursos naturales, y considera que dichas medidas pueden constituir un instrumento eficaz contra la corrupción; acoge con satisfacción, en este contexto, la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas (ITIE), y pide a la Unión que ayude en mayor medida a los países ricos en recursos a aplicarla como poderoso instrumento global para promover la transparencia y la responsabilidad en relación con la gestión de los ingresos procedentes de los recursos naturales; considera que el establecimiento de un marco jurídico eficaz para garantizar la debida aplicación de los principios de la ITIE por parte de las empresas y otras partes interesadas implicadas en las cadenas de suministro de los sectores del petróleo, el gas y la minería es una medida fundamental que la Unión debe fomentar;

12.  Recomienda que, con el fin de abordar y reprimir los flujos financieros ilícitos procedentes de África, se preste especial atención a los flujos de capitales producto de la extracción de menas y minerales procedentes de explotaciones mineras en zonas de conflicto;

13.  Observa que la corrupción es un fenómeno complejo, arraigado en un amplio abanico de factores económicos, políticos, administrativos, sociales y culturales, así como en las relaciones de poder; recuerda, por lo tanto, que, para que la política de desarrollo contribuya a la lucha contra la corrupción, al mismo tiempo que persigue la reducción de la pobreza y las desigualdades y una mejor integración, también debe promover los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y los servicios sociales públicos para impulsar la buena gobernanza y fomentar el capital, la inclusión y la cohesión sociales, teniendo en cuenta las particularidades culturales y regionales;

14.  Subraya que una de las formas más eficaces para impedir la corrupción consiste en reducir la intervención estatal y la intermediación burocrática y en proponer normativas más sencillas;

Consideraciones sobre la corrupción y los derechos humanos en las relaciones bilaterales de la Unión

15.  Subraya la necesidad de integrar el principio de la apropiación local y democrática de los proyectos financiados en el marco de los programas de ayuda de la Unión para garantizar un nivel mínimo de transparencia; hace hincapié en que los instrumentos financieros exteriores de la Unión deben basarse en las normas de lucha contra la corrupción, en una condicionalidad basada, entre otros factores, en los resultados y que incluya hitos e indicadores claros y un informe de progreso anual, así como en los compromisos asumidos por los países socios a fin de mejorar la absorción de la ayuda económica de la Unión;

16.  Recuerda la necesidad de efectuar un control permanente de los proyectos financiados por la Unión y de responsabilizar a las autoridades de los países beneficiarios si estos fondos no se utilizan debidamente, y subraya la necesidad de implicar a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos locales en la supervisión de la ejecución de los contratos; destaca asimismo que cualquier contratista que reciba fondos de la Unión debe revelar completamente toda la información que se le solicite, incluidos sus titulares reales y su estructura corporativa;

17.  Recomienda que la Unión y otros proveedores internacionales de subvenciones y préstamos auditen las subvenciones, préstamos y paquetes de asistencia y apliquen una diligencia debida rigurosa en relación con las organizaciones y los gobiernos beneficiarios, a fin de no proporcionar «rentas» a autoridades y organizaciones cleptocráticas controladas por estos y sus asociados; opina, en este contexto, que también deben promoverse las revisiones entre homólogos;

18.  Destaca la importancia crucial del programa de lucha contra la corrupción durante las negociaciones de adhesión de la Unión;

19.  Pide a la Unión que en los acuerdos con terceros países introduzca una cláusula anticorrupción que se añada a las cláusulas de derechos humanos y que requiera el seguimiento, las consultas y, como último recurso, la imposición de sanciones o la suspensión de tales acuerdos en caso de corrupción grave o sistémica que conlleve graves violaciones de los derechos humanos;

20.  Pide a la Unión que formule principios para luchar contra la gran corrupción como delito en el Derecho nacional e internacional, aborde los actuales casos de impunidad por actos de gran corrupción aplicando con mayor firmeza las leyes anticorrupción, y aplique reformas para eliminar los vacíos sistémicos en los marcos jurídicos nacionales que permiten que la gran corrupción traspase fronteras y eluda la supervisión de los reguladores financieros y las autoridades fiscales nacionales;

21.  Destaca la necesidad de prestar una atención especial al control y la evaluación, continuos y estructurados, de la aplicación efectiva de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en los Estados miembros de la Unión y en los países con los que la Unión tiene acuerdos o tiene previsto celebrarlos;

22.  Pide a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior y a los Estados miembros que, habida cuenta del acervo de la Unión en materia de lucha contra la corrupción, asuman el liderazgo a escala internacional y promuevan la lucha contra la corrupción entre los Estados socios de la Unión;

23.  Pide a la Unión que promueva medidas contra la corrupción y mecanismos eficaces de participación y rendición de cuentas públicas, incluidos el derecho a acceder a la información y la aplicación de los principios de datos abiertos, en todos los diálogos y consultas pertinentes en materia de derechos humanos con terceros países, y que financie proyectos que tengan por objeto el establecimiento, la aplicación y la ejecución de estas medidas;

24.  Subraya la importancia de las investigaciones de fuente abierta en relación con las pesquisas para combatir la corrupción; pide a la Unión que proporcione fondos suficientes a las organizaciones que trabajan en investigaciones de fuente abierta y en la recopilación digital de pruebas de corrupción a fin de exponer a los funcionarios corruptos y garantizar la rendición de cuentas;

25.  Pide a la Unión que financie la investigación de aplicaciones de registros distribuidos que podría utilizarse para mejorar la transparencia de las ventas de activos gubernamentales, localizar y hacer un seguimiento del dinero de los donantes de ayuda exterior de la Unión y contribuir a solucionar el fraude electoral;

26.  Celebra los constantes esfuerzos realizados para establecer y consolidar instituciones independientes y eficaces contra la corrupción en el marco del Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo y del Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación;

27.  Pide al SEAE y a la Comisión que elaboren una programación conjunta sobre derechos humanos y lucha contra la corrupción, y concretamente iniciativas para mejorar la transparencia, luchar contra la impunidad y reforzar los organismos de lucha contra la corrupción; considera que entre estos esfuerzos debe incluirse el apoyo a las instituciones nacionales de derechos humanos con una independencia e imparcialidad demostrada para actuar también en los casos de corrupción, también con medios de investigación que permitan establecer vínculos entre la corrupción y las violaciones de los derechos humanos, la cooperación con los organismos de lucha contra la corrupción y las remisiones a las fuerzas y cuerpos judiciales y de seguridad; pide asimismo a la Unión y a los Estados miembros que refuercen sus programas de cooperación judicial con terceros países a fin de promover el intercambio de buenas prácticas y herramientas eficaces en la lucha contra la corrupción;

28.  Pide a la Unión que siga apoyando a las instituciones de lucha contra la corrupción establecidas en terceros países que hayan demostrado su independencia e imparcialidad, como la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y solicita iniciativas con miras al intercambio de información y mejores prácticas y al refuerzo del desarrollo de las capacidades; insta a estos países a que faciliten a las instituciones todos los instrumentos necesarios, incluido el poder para investigar, a fin de que puedan desempeñar eficazmente su cometido;

29.  Pide a la Comisión y al SEAE que canalicen más fondos a fin de apoyar la adopción y la aplicación de programas de protección dirigidos a los miembros de organizaciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones de lucha contra la corrupción y los movimientos en defensa de los derechos humanos, y a los periodistas, blogueros y denunciantes de irregularidades que revelan y denuncian casos de corrupción y violaciones de los derechos humanos; insiste en que, en cualquier futura actualización de las Directrices de la Unión Europea sobre defensores de los derechos humanos, de la ayuda al desarrollo o de la nota de orientación sobre su aplicación, se deben incluir referencias expresas y medidas para promover la protección de los derechos humanos y combatir la corrupción, a fin de que sea más fácil denunciar actos sospechosos de corrupción sin temor a ser objeto de represalias y de apoyar a las comunidades que las han padecido; acoge con satisfacción el proceso de consulta iniciado recientemente por la Comisión sobre la protección de los denunciantes de irregularidades; subraya que los centros de referencia en materia de derechos humanos de las delegaciones de la Unión también deben prestar especial atención a estos grupos específicos y mantener un estrecho contacto con las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos locales, garantizando su visibilidad internacional y su protección y creando también de ese modo canales seguros para denunciar irregularidades;

30.  Subraya que los organismos de supervisión, los funcionarios de la policía y los fiscales locales que hayan demostrado su independencia e imparcialidad, así como los denunciantes de irregularidades y los testigos de casos específicos deben beneficiarse de la asistencia y el apoyo de la Unión a través de las representaciones sobre el terreno y ser invitados a participar en programas de formación en Europa; hace hincapié en que, cuando proceda, este apoyo debe hacerse público;

31.  Pide a las delegaciones de la Unión que utilicen las gestiones diplomáticas y la diplomacia pública a nivel local e internacional para denunciar los casos de corrupción e impunidad, en particular cuando conlleven graves violaciones de los derechos humanos; pide asimismo a las delegaciones de la Unión y a las embajadas de los Estados miembros que incluyan informes sobre la corrupción (ya se trate de análisis sistémicos o de casos específicos) en los informes al SEAE y a los Estados miembros;

32.  Recomienda que el SEAE y las delegaciones de la Unión incluyan, cuando proceda, un marco de referencia específico sobre el vínculo entre la corrupción y los derechos humanos en los documentos de estrategia nacional en materia de derechos humanos y democracia, y que este tema se incluya entre las prioridades de los representantes especiales de la Unión en el ejercicio de su mandato; pide a la Unión, concretamente, que aborde la corrupción directamente en los documentos de programación y estrategia nacional y que asocie el apoyo presupuestario a terceros países a reformas concretas en relación con la transparencia y otras medidas anticorrupción;

33.  Recomienda que la Dotación Europea para la Democracia y el mecanismo general de la Unión para la protección de los defensores de los derechos humanos (protectdefenders.eu) se centren en programas específicos sobre la protección de los activistas de la lucha contra la corrupción que también contribuyen a defender los derechos humanos;

34.  Invita a la Unión a instaurar mecanismos de reclamación que permitan a los afectados por su acción exterior denunciar abusos en materia de derechos humanos y casos de corrupción;

35.  Reitera su llamamiento formulado en anteriores resoluciones para que la Unión presente cuanto antes la lista de sanciones Magnitsky contra los treinta y dos funcionarios rusos responsables de la muerte del denunciante ruso Sergei Magnitsky ante el Consejo para su adopción e imponga sanciones específicas contra ellos, como la prohibición del visado para acceder a la Unión y la inmovilización de los activos financieros que posean dentro de la Unión;

36.  Alienta a los Estados miembros de la Unión a que sopesen la posibilidad de adoptar legislación que establezca criterios claros que permitan la elaboración de listas negras y la imposición de sanciones similares contra los ciudadanos de terceros países, y sus familiares, que hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos o sean responsables o cómplices de actos de corrupción importantes, o que hayan ordenado, controlado o dirigido de otro modo estos actos, incluida la expropiación de activos privados o públicos en su propio beneficio, de actos de corrupción relacionados con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, de cohecho o de la facilitación o transferencia de activos ilícitos a jurisdicciones extranjeras; destaca que los criterios para la inclusión en la lista deben elaborarse sobre la base de fuentes debidamente documentadas, convergentes e independientes y de pruebas convincentes, previendo mecanismos de recurso para los implicados; subraya la importancia de que dicha lista sea pública para que se incluya en la información que necesitan las entidades obligadas a aplicar, entre otras, medidas de diligencia debida con respecto al cliente, de conformidad con la Directiva relativa a la prevención del blanqueo de capitales(22);

37.  Invita a la Unión a cumplir con el principio de coherencia política en materia de desarrollo (artículo 208 del TFUE) y a contribuir activamente a la reducción de la corrupción, así como a luchar contra la impunidad de forma directa y expresa mediante sus políticas exteriores;

38.  Pide a la Unión que mejore la transparencia y la rendición de cuentas de su ayuda oficial al desarrollo para cumplir efectivamente con las normas establecidas por la Iniciativa Internacional de Transparencia de la Ayuda y los principios de eficacia del desarrollo acordados a nivel internacional; pide a la Unión que también establezca un sistema sólido de gestión integral del riesgo tendente a evitar que la ayuda al desarrollo favorezca la corrupción en los países beneficiarios, es decir, que vincule el apoyo presupuestario a unos objetivos anticorrupción claros; destaca, con este fin, la necesidad de establecer mecanismos sólidos para controlar la ejecución del apoyo presupuestario;

39.  Pide a la Comisión que, con el fin de erradicar la corrupción de alto nivel, en el contexto del apoyo presupuestario preste atención a la transparencia de las operaciones que conlleven la privatización y transacciones de bienes públicos, especialmente terrenos, y que participe en los programas de la OCDE de apoyo a los países en desarrollo en lo relativo a la gobernanza empresarial de las empresas públicas;

40.  Invita a la Comisión a que apoye a los países en desarrollo que luchan contra la evasión y la elusión fiscales de manera que puedan dotarse de sistemas fiscales equilibrados, eficientes, justos y transparentes;

41.  Sostiene que la Unión, principal donante a escala mundial, debe fomentar que la concesión de la ayuda exterior de la Unión esté vinculada de alguna manera a reformas presupuestarias destinadas a incrementar la transparencia, mejorar la accesibilidad de los datos y promover enfoques conjuntos con otros donantes;

42.  Hace hincapié en las profundas repercusiones negativas de la corrupción en el comercio y sus beneficios, así como en el desarrollo económico, la inversión y los procedimientos de contratación pública, e insta a la Comisión a que tenga en cuenta este vínculo en todos los acuerdos comerciales y a que incluya en ellos cláusulas vinculantes sobre derechos humanos y lucha contra la corrupción;

43.  Señala que la política comercial contribuye a la protección y el fomento de los valores defendidos por la Unión y contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y los derechos y libertades fundamentales y la igualdad; destaca el imperativo de coherencia entre las políticas exteriores e interiores de la Unión, en particular en materia de lucha contra la corrupción; subraya, en este sentido, que los legisladores europeos deben desempeñar un papel especial en la facilitación de las relaciones comerciales, ya que han de evitar que estas sirvan de pasarela a prácticas de corrupción;

44.  Considera que los acuerdos comerciales son un mecanismo clave en la promoción de las medidas contra la corrupción y de la buena gobernanza; saluda las medidas que la Unión ya ha adoptado en su política comercial en el ámbito de la lucha contra la corrupción, por ejemplo a través del SPG+, los capítulos de desarrollo sostenible y la inclusión de compromisos para la ratificación de los convenios internacionales de lucha contra la corrupción con los socios comerciales; reafirma el objetivo definido en la estrategia «Comercio para todos» de incluir disposiciones ambiciosas en materia de lucha contra la corrupción en todos los acuerdos comerciales futuros; pide, a este respecto, que en los acuerdos comerciales futuros se incluyan, como parte de un planteamiento global, compromisos con respecto al respeto de los convenios multilaterales de lucha contra la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Convenio de la OCDE de Lucha contra la Corrupción, y disposiciones horizontales, y que se integren en los acuerdos comerciales existentes durante su revisión;

45.  Insiste en que las partes signatarias de los acuerdos comerciales deben adoptar medidas para fomentar la participación activa del sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y los grupos consultivos internos en la implantación de programas contra la corrupción y de cláusulas en los acuerdos internacionales de comercio e inversión; estima que ha de sopesarse la inclusión de la protección de los denunciantes de irregularidades en los acuerdos comerciales futuros una vez que se ponga en marcha un sistema en toda la Unión;

46.  Reconoce la importancia de proporcionar a las empresas orientaciones claras y apoyo para la creación de procedimientos efectivos de cumplimiento en lo que se refiere a la lucha contra la corrupción en sus operaciones, y en particular a las pymes, a través de disposiciones especiales en los acuerdos comerciales que les permitan hacer frente a la corrupción; reitera que no existe un planteamiento único sobre dicho cumplimiento; pide a la Comisión que examine la posibilidad de crear ayudas para los proyectos de creación de capacidades de lucha contra la corrupción, como el intercambio de buenas prácticas y la formación, con objeto de ayudar a los Estados miembros y las empresas a superar las dificultades que puedan encontrar en este ámbito;

47.  Acoge con satisfacción la entrada en vigor en febrero de 2017 del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la OMC, que contempla medidas en el ámbito de la lucha contra la corrupción en el comercio mundial; considera, no obstante, que la mera adopción o reforma de legislación resulta insuficiente en sí misma y que la ejecución es esencial; señala que la reforma legislativa debe ir acompañada de la formación del poder judicial, el acceso público a la información y medidas de transparencia, y pide a los Estados miembros de la Unión que cooperen en estos aspectos de su lucha contra la corrupción; observa asimismo que los acuerdos comerciales podrían contribuir a la supervisión de las reformas nacionales en relación con las políticas de lucha contra la corrupción;

48.  Insta a la Comisión a que negocie disposiciones aplicables en materia de lucha contra la corrupción y el blanqueo de capitales en todos los acuerdos comerciales futuros, con una supervisión efectiva de la puesta en marcha de las disposiciones de lucha contra la corrupción; pide a los Estados miembros, en este sentido, que apoyen la inclusión de disposiciones de lucha contra la corrupción en los mandatos de negociación, como propone la Comisión en los proyectos de mandatos que somete a su apreciación; celebra la inclusión de disposiciones de lucha contra la corrupción en el mandato de negociación para la modernización del Acuerdo entre la Unión y México; exhorta a la Comisión a que prosiga sus esfuerzos en la lucha contra la corrupción a través de una mayor transparencia en las negociaciones de los acuerdos comerciales y de la inclusión de disposiciones dirigidas a la mejora de la cooperación en materia de regulación y la integridad de los procedimientos aduaneros y las cadenas de valor mundial; considera que deben implantarse cláusulas de cooperación para combatir la corrupción, como el intercambio de información y la asistencia administrativa y técnica, con el fin de compartir y fomentar las mejores prácticas que contribuyan al fortalecimiento del Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos; alienta a la Comisión a que establezca unas condiciones claras y pertinentes e indicadores de cumplimiento que permitan una mejor evaluación y demostración de los resultados;

49.  Recuerda la importancia de mantener un diálogo continuo y regular con los socios comerciales de la Unión durante la aplicación de los acuerdos, a fin de garantizar una supervisión y aplicación apropiadas de los mismos, en general, y de las disposiciones de lucha contra la corrupción; recuerda que en su estrategia «Comercio para todos» la Comisión propuso establecer mecanismos de consulta en los casos de corrupción sistémica y mala gobernanza, y pide a la Comisión que prevea la suspensión de los beneficios de un acuerdo en esos casos de corrupción sistémica o de deficiencias en el cumplimiento de los compromisos de lucha contra la corrupción o de las normas internacionales en dicho ámbito, como el Estándar Común de Comunicación de Información de la OCDE, el Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios de la OCDE, el registro central de titularidad real y las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI); pide a la Comisión que establezca unas condiciones claras y pertinentes e indicadores de cumplimiento que permitan una mejor evaluación y demostración de los resultados; pide asimismo a la Comisión que responda de manera firme, proporcionada y rápida cuando el gobierno beneficiario no respete lo acordado; insta a la Comisión a que establezca mecanismos de consulta con los socios comerciales en los casos de corrupción sistémica y que facilite los intercambios de conocimientos para ayudar a los países a poner en marcha medidas contra la corrupción;

50.  Observa que los acuerdos comerciales han de contener cláusulas de derechos humanos de carácter obligatorio y ejecutivo para garantizar que las empresas privadas y las autoridades estatales respeten los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales más estrictas, que son fundamentales para luchar contra la corrupción;

Desarrollo de la inteligencia de la Unión en relación con los intermediarios y las redes de corrupción

51.  Pide al SEAE que dirija la formación de grupos de trabajo entre las embajadas de los Estados miembros y las delegaciones de la Unión en terceros países, a través de los cuales los diplomáticos pueden analizar e intercambiar información sobre la estructura y el funcionamiento de las redes de corrupción locales hasta las más altas esferas del poder, así como desarrollar inteligencia suficiente para evitar la connivencia de la Unión con respecto a los regímenes cleptocráticos; considera que esta información debe transmitirse a las instituciones de la Unión a través de canales diplomáticos y seguros; sugiere, asimismo, que las delegaciones de la Unión y las embajadas de los Estados miembros fomenten un contacto directo con la población local, concretamente a través del diálogo sistemático con organizaciones de la sociedad civil auténticas e independientes, periodistas y defensores de los derechos humanos, a fin de recopilar información fiable sobre la corrupción local, los facilitadores cruciales y los funcionarios detenidos;

52.  Opina que las empresas también deben informar a los órganos de la Unión cuando se les soborne o se les exija invertir en terceros países a través de intermediarios locales o sociedades fantasma;

53.  Subraya que, en vista de la información recopilada, las orientaciones específicas por país deben compartirse con las movilizaciones civiles y despliegues militares y los organismos donantes de la Unión para concienciar sobre los riesgos que conlleva negociar con contratistas, empresas de seguridad privada y proveedores de servicios locales cuyos titulares reales pueden estar vinculados a violaciones de los derechos humanos y a redes corruptas;

Coherencia interna y externa

54.  Considera que la Unión solo puede convertirse en un líder creíble e influyente de la lucha contra la corrupción si aborda adecuadamente los problemas de la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero dentro de sus propias fronteras; lamenta, en este contexto, que la Comisión haya decidido no dar curso a su Informe sobre la lucha contra la corrupción en la UE de 2014 proporcionando un nuevo análisis de la corrupción en los Estados miembros de la Unión, que también habría reforzado la credibilidad de la Unión en cuanto a la promoción de un ambicioso programa anticorrupción en sus políticas exteriores; subraya que la Comisión y otras instituciones de la Unión deben elaborar informes y realizar autoevaluaciones periódicos, ambiciosos y rigurosos en consonancia con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y sus mecanismos de revisión, y pide a la Comisión que presente nuevas iniciativas políticas y legislativas para luchar contra la corrupción y promover una mayor integridad y transparencia en los Estados miembros;

55.  Toma nota de que la despenalización de la corrupción en cualquier Estado miembro de la Unión reduciría la credibilidad de las políticas públicas y socavaría, asimismo, la capacidad de la Unión para impulsar un ambicioso programa de lucha contra la corrupción en todo el mundo; apoya una cooperación más estrecha entre los Estados miembros de la Unión y el Tribunal de Cuentas Europeo;

56.  Reitera su llamamiento a los Estados miembros para que enmienden su legislación penal, cuando proceda, para establecer la jurisdicción de los fiscales y órganos jurisdiccionales nacionales para investigar y juzgar delitos de soborno o malversación de fondos públicos, independientemente del lugar en que se haya cometido el delito, siempre y cuando el producto de dichas actividades delictivas se encuentre en el Estado miembro en cuestión o se haya blanqueado allí, o la persona tenga una «estrecha relación» con el Estado miembro, a saber, a través de la nacionalidad, residencia o propiedad de una empresa con sede o filiales en el Estado miembro;

Contribución de la Unión al enfoque de la lucha contra la corrupción basado en los derechos humanos en los foros multilaterales

57.  Pide a los Estados miembros de la Unión que inicien un debate a escala de las Naciones Unidas acerca del fortalecimiento de las normas sobre la independencia y los mandatos de los organismos de lucha contra la corrupción, sobre la base de la experiencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos y los órganos de las Naciones Unidas, en particular el Consejo de Derechos Humanos (CDH), por lo que respecta a las instituciones nacionales de derechos humanos (Principios de París);

58.  Destaca la necesidad de reforzar los vínculos entre los organismos de lucha contra la corrupción y las instituciones nacionales de derechos humanos sobre la base del mandato de estas últimas, a fin de abordar la corrupción como una fuente potencial de violaciones directas e indirectas de los derechos humanos;

59.  Reitera su llamamiento a los Estados miembros de la Unión para que apoyen la creación de un relator especial de las Naciones Unidas sobre la delincuencia financiera, la corrupción y los derechos humanos, dotado de un amplio mandato que comprenda un plan orientado a los objetivos y una evaluación periódica de las medidas anticorrupción adoptadas por los Estados; pide a los Estados miembros de la Unión que asuman la iniciativa a la hora de movilizar el apoyo entre los Estados miembros del CDH y que promuevan conjuntamente una resolución por la que se establezca su mandato;

60.  Insta a las Naciones Unidas a que aprueben, en aras de la eficacia, un instrumento normativo relativo a los flujos financieros ilícitos;

61.  Hace hincapié en la necesidad de intensificar la comunicación nacional e internacional en relación con la corrupción y las campañas de sensibilización dirigidas a la participación de los ciudadanos, a fin de hacer hincapié en que la corrupción repercute negativamente en los derechos humanos y acarrea, entre otras cosas, desigualdades sociales, la falta de justicia social y el aumento de la pobreza; alienta a la Unión a que elabore e implante programas específicos en lo relativo a las legislaciones en materia penal y procesal y los mecanismos de reclamación vigentes; subraya, asimismo, que la educación y la información pública imparcial e independiente desempeñan un papel fundamental en la aportación de competencias sociales y principios de integridad que favorecen el interés general y contribuyen al respeto del Estado de Derecho y al desarrollo social y económico de una sociedad;

62.  Recomienda que se integre en el examen periódico universal el estudio de la cuestión de la corrupción como causa de violaciones de los derechos humanos y como consecuencia de violaciones de los derechos humanos y de la debilidad del Estado de Derecho, a fin de hacer frente a la corrupción y promover la transparencia y las mejores prácticas; destaca la función que podría desempeñar la sociedad civil con su contribución a este proceso;

63.  Insta a que se refuercen los compromisos internacionales para que hacer frente a la corrupción sea una parte central de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas como mecanismo para combatir la pobreza mundial;

La corrupción y la trata de seres humanos

64.  Muestra su preocupación por el hecho de que la trata de seres humanos se pueda ver facilitada por la corrupción de agentes que ocupan distintos niveles de poder, como la policía, los funcionarios de aduanas, las autoridades encargadas del control fronterizo y los servicios de inmigración, que pueden pasar por alto, tolerar, organizar y participar en la trata de seres humanos;

65.  Subraya, a este respecto, la importancia de las medidas contra la corrupción, como promover la transparencia y la rendición de cuentas en las administraciones mediante la introducción de un mecanismo general para combatir la corrupción y garantizando una mejor coordinación de las estrategias de lucha contra la trata de seres humanos;

66.  Subraya el destacado papel que pueden desempeñar los enfoques de género a la hora de formular políticas para luchar contra la corrupción en el ámbito de la trata de personas;

Empresas y derechos humanos

67.  Alienta a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, y en particular a los Estados miembros de la Unión, a que apliquen plenamente los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos y a que incluyan compromisos específicos sobre medidas contra la corrupción en su plan de acción nacional en materia de derechos humanos (tal como se exige en el Plan de Acción para los Derechos Humanos y la Democracia de la Unión) o adopten legislación específica sobre la lucha contra la corrupción;

68.  Celebra que algunos de los planes de acción nacionales de los Estados miembros de la Unión hagan referencia a la corrupción y sugiere, a este respecto, que se adopten medidas específicas para prevenir y sancionar las prácticas corruptas y el cohecho, que pueden acarrear violaciones de los derechos humanos; recomienda que la Unión apoye medidas adicionales para promover la adopción y aplicación de códigos y normas de cumplimiento y contra la corrupción y el cohecho en las empresas, y que aquellas que participan en procesos de licitación de contratos públicos dispongan de códigos estrictos contra el cohecho y la corrupción, así como de principios en materia de buena gobernanza en el ámbito fiscal; opina que la malversación de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito o el cohecho deben ser punibles con sanciones específicas adicionales con arreglo al Derecho penal, especialmente si el acto de corrupción conlleva directamente violaciones de los derechos humanos;

69.  Acoge favorablemente la revisión de la Directiva contable sobre la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad(23) en lo que respecta a los requisitos de notificación de grandes empresas y grupos, incluidos sus esfuerzos relacionados con los derechos humanos y la lucha contra la corrupción; anima a las empresas a que divulguen toda la información pertinente en consonancia con la próxima nota de orientación que emitirá la Comisión;

70.  Reitera su llamamiento a todos los Estados y a la Unión para que participen de forma activa y constructiva en la actual labor del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, a fin de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para prevenir, investigar, obtener reparación y tener acceso a un recurso jurídico cuando se produzcan violaciones de los derechos humanos, incluidas las que sean fruto de la corrupción; pide a los Estados que adopten todas las medidas necesarias para que sea posible iniciar una acción legal en procedimientos civiles por daños y perjuicios contra aquellos que hayan cometido actos de corrupción, de conformidad con el artículo 35 de la Convención contra la Corrupción;

71.  Invita a la Unión y a sus Estados miembros a que apliquen las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales;

Acaparamiento de tierras y corrupción

72.  Reitera su preocupación ante la situación del acaparamiento de tierras resultante de las prácticas corruptas de empresas, inversores extranjeros, agentes estatales nacionales e internacionales, funcionarios y autoridades; subraya que la corrupción permite el acaparamiento de tierras, en muchos casos con desahucios forzados, entre otros medios garantizando a terceros el control desvirtuado de la tierra sin el consentimiento de la población que vive en ella;

73.  Hace hincapié en que los estudios señalan que la corrupción está muy extendida en la ordenación del territorio y que su efecto ponzoñoso se va haciendo notar en mayor medida en todas y cada una de las fases de las transacciones de tierras, lo que deriva en una amplia gama de consecuencias negativas en materia de derechos humanos, que van desde el desplazamiento forzoso de comunidades sin una indemnización adecuada hasta el asesinato de defensores de la tierra(24); observa con preocupación, por otra parte, que se corre el riesgo de que las violaciones de derechos humanos se agraven en un contexto de aumento de la demanda de alimentos, combustibles y materias primas y de aumento de las inversiones en tierras a gran escala en los países en desarrollo;

74.  Recuerda que el sector financiero desempeña una función fundamental en la prevención de las prácticas corruptas que facilitan concretamente el acaparamiento de tierras; insiste en que los bancos y las entidades financieras deben ejercer la «diligencia debida con respecto al cliente» con objeto de luchar contra el blanqueo de capitales vinculado a la corrupción y velar por que los inversores a los que brindan apoyo adopten medidas efectivas en lo que respecta a la debida diligencia en materia de derechos humanos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que exijan que se revele información sobre las adquisiciones de terrenos en terceros países por parte de empresas y que brinden un mayor apoyo a los países en desarrollo para velar por la aplicación efectiva de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en cuanto instrumento en la lucha contra la corrupción en las transacciones de tierras;

Elecciones y funcionamiento de los órganos elegidos democráticamente

75.  Hace hincapié en que uno de los objetivos de la lucha contra la corrupción debe ser poner fin a graves abusos que distorsionan la democracia y los procesos políticos, así como promover un sistema judicial independiente, imparcial y eficaz; pide que se equipe con eficacia a los partidos políticos para reforzar su papel como canales de representación democrática y participación política; observa, en este sentido, que la regulación de la financiación de los partidos políticos, así como la identificación de los donantes y otras fuentes financieras, es por tanto fundamental para preservar la democracia;

76.  Observa con preocupación que el fraude electoral y la corrupción vinculada a los procesos electorales y al funcionamiento de asambleas y órganos representativos electos socavan gravemente la confianza en las instituciones democráticas y debilitan los derechos civiles y políticos al impedir una representación equitativa y justa y poner en entredicho el Estado de Derecho; toma nota del efecto positivo de las misiones de observación electoral, que contribuyen al correcto desarrollo de las elecciones y apoyan las reformas de la ley electoral; insta a que se refuerce la cooperación en este ámbito con los organismos internacionales especializados, como el Consejo de Europa o la OSCE;

77.  Subraya la necesidad especial de defender las normas éticas más estrictas y la mayor transparencia en el funcionamiento de las organizaciones internacionales y las asambleas regionales encargadas de proteger y promover la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, mediante el establecimiento de un vínculo entre las instituciones y profesiones de todo el mundo para desarrollar las capacidades y fomentar una cultura de integridad común; hace hincapié en la necesidad de promover prácticas transparentes mediante la elaboración de códigos de conducta y medidas de transparencia específicas para prevenir e investigar cualquier fraude o conducta indebida;

78.  Subraya la necesidad de prever un control estricto de la actividad de los grupos de presión basado en los principios de publicidad y transparencia, a fin de garantizar a todos los grupos de interés un acceso equitativo a los responsables de la elaboración de políticas así como la eliminación de la corrupción y del riesgo de que se produzcan violaciones de los derechos humanos; pide a la Unión y a los Estados miembros que adopten medidas para detectar y condenar todas las formas de actividad de los grupos de presión encubiertas, poco éticas e ilegales; pide a la Unión que promueva un proceso legislativo y de toma de decisiones transparente tanto en los Estados miembros como en las relaciones con terceros países;

79.  Condena firmemente, a raíz de las recientes revelaciones en relación con la «lavandería azerbaiyana», los intentos por parte de Azerbaiyán y otros regímenes autocráticos de terceros países de ejercer influencia sobre los responsables políticos europeos por medios ilícitos; solicita que haya una investigación parlamentaria a fondo de estas acusaciones en concreto y, en general, de la influencia que ejercen estos regímenes; pide que el Parlamento apruebe medidas enérgicas tendentes a impedir la presencia de este tipo de corrupción, la cual socavaría la credibilidad y legitimidad de la labor que lleva a cabo, especialmente en materia de derechos humanos;

Grandes acontecimientos deportivos y sus vínculos con las violaciones de los derechos humanos y la corrupción

80.  Reitera su preocupación por las graves violaciones de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, y la corrupción de alto nivel en relación con grandes acontecimientos deportivos internacionales y sus correspondientes proyectos de infraestructuras a gran escala; alienta la cooperación entre los órganos rectores del deporte y las ONG y los organismos internacionales de lucha contra la corrupción con el fin de establecer compromisos transparentes y verificables en materia de derechos humanos que deban cumplir los organizadores de grandes acontecimientos deportivos y los que compiten por organizarlos; subraya que estos criterios deben formar parte de los requisitos de adjudicación para acoger tales acontecimientos;

81.  Considera que las grandes federaciones deportivas internacionales no estatales también deben contribuir a la lucha contra la corrupción y su contención y redoblar sus esfuerzos al respecto, y que esas federaciones deben reconocer su responsabilidad en cuanto al respeto de los derechos humanos, por lo que deberían reforzarse las competencias de los organismos estatales de lucha contra la corrupción para investigar los casos de corrupción, y aplicar las sanciones pertinentes, en el ámbito de las grandes federaciones deportivas internacionales no estatales;

82.  Considera que el alto nivel de corrupción en la gestión deportiva, el amaño de partidos, la contratación pública, los contratos de patrocinio, la selección de sedes, las apuestas ilegales y el dopaje, así como la participación de la delincuencia organizada, han dañado la credibilidad de los organismos deportivos;

83.  Considera que la integridad en el deporte puede contribuir a la agenda de desarrollo mundial y a la buena gobernanza a escala internacional;

Los paraísos fiscales

84.  Aboga por la aplicación de políticas de tolerancia cero frente a los paraísos fiscales y el blanqueo de capitales y por el refuerzo de las normas internacionales de transparencia, e insta a que se refuerce la cooperación internacional para determinar la titularidad real de los fideicomisos y las sociedades fantasma secretos utilizados como conductos para la evasión de impuestos, el fraude, el comercio ilícito, los flujos de capitales y el blanqueo de capitales y para beneficiarse de la corrupción;

85.  Defiende con firmeza la aplicación de las normas de información pública por país en Europa y en terceros países, por las que las empresas multinacionales tendrán que presentar informes con información financiera básica para cada jurisdicción en la que operen a fin de prevenir la corrupción y la evasión fiscal;

86.  Recuerda que la Unión es responsable de luchar contra la evasión fiscal de las empresas y los sujetos transnacionales y la lacra de los flujos financieros ilícitos procedentes de los países en desarrollo, que perjudican sumamente su capacidad para utilizar recursos suficientes para satisfacer las obligaciones en materia de derechos humanos;

87.  Acoge con satisfacción las iniciativas europeas para desarrollar un intercambio mundial de información relativa a la titularidad real con el fin de reforzar la eficacia de los estándares comunes de comunicación de información que pueden ayudar a sacar a la luz las irregularidades financieras;

88.  Insta a que se establezca una cooperación mundial para localizar los activos robados y devolverlos de forma segura a sus legítimos propietarios; reitera que la Unión tiene el deber de ayudar a los terceros países a repatriar los activos ilícitos escondidos en los sistemas financieros y bienes inmuebles de los Estados miembros de la Unión, así como de perseguir a los autores, facilitadores e intermediarios; insta a la Unión a que conceda prioridad a este tema de gran importancia en los terceros países que están viviendo procesos de democratización, abordando en particular los obstáculos jurídicos y la falta de voluntad de cooperación por parte de los centros financieros; subraya, a este respecto, la importancia de desvincular el embargo de activos de la condena en el Estado demandante a fin de proporcionar asistencia judicial mutua y proceder con el enjuiciamiento cuando existan pruebas suficientes de irregularidad;

89.  Recuerda que la corrupción está estrechamente relacionada con actividades como el blanqueo de capitales, la evasión fiscal y el comercio ilícito; subraya en este sentido que la transparencia debe ser la piedra angular de toda estrategia contra la corrupción;

90.  Destaca que la Unión debe promover con carácter prioritario en todos los foros internacionales pertinentes la lucha contra los paraísos fiscales, el secreto bancario y el blanqueo de capitales, el levantamiento del secreto profesional excesivo, la elaboración de informes públicos país por país por parte de las empresas multinacionales y los registros públicos de titulares reales de las empresas; señala que la mayoría de los instrumentos que permiten combatir la elusión y la evasión fiscales son adecuados para luchar contra la corrupción y el blanqueo de capitales;

Libertad de los medios de comunicación

91.  Subraya la gran importancia que revisten los medios de comunicación independientes, tanto en línea como tradicionales, en la lucha contra la corrupción y la denuncia de las violaciones de los derechos humanos; pide a la Comisión que aborde y contrarreste las posibles repercusiones negativas de las leyes sobre difamación en terceros países, y reitera su llamamiento a todos los Estados miembros para que sopesen la despenalización de la difamación y se limiten a recurrir a las demandas civiles como medio para proteger la reputación; destaca que la seguridad digital es un factor importante para la protección de los activistas; recomienda encarecidamente que se garantice la transparencia de la propiedad y el patrocinio de los medios de comunicación mediante la legislación nacional;

92.  Pide que en las relaciones internacionales de la Unión con terceros países se conceda mayor importancia al respeto de la libertad de los medios de comunicación, habida cuenta de su importancia; considera que el diálogo político y la cooperación entre terceros países y la Unión con miras a la realización de reformas en materia de medios de comunicación deben llevarse a cabo de manera pública y transparente e incluir mecanismos de control; pide a la Unión, en este contexto, que vele por que sus proyectos en terceros países permitan, entre otros aspectos, defender la libertad de los medios de comunicación e involucrar a organizaciones de la sociedad civil; pide que la Unión condene públicamente la introducción de leyes que restrinjan la libertad de los medios de comunicación y las actividades de la sociedad civil;

93.  Promueve los valores de una internet abierta y segura para concienciar sobre las prácticas corruptas por parte de sujetos, organizaciones y gobiernos, y expresa su preocupación por que quienes buscan restringir las libertades en línea lo hacen a fin de no rendir cuentas;

94.  Insiste en que la contratación pública debe ser justa, responsable, abierta y transparente con el fin de impedir y sacar a la luz el robo o la malversación del dinero de los contribuyentes;

95.  Recuerda que, en todos los foros de diálogo con terceros países, incluidos los foros bilaterales, la Unión debe insistir en la importancia de defender el derecho al acceso a la información pública; subraya especialmente la necesidad de elaborar normas que garanticen el acceso más completo y rápido posible a dicha información, dado que la rapidez para obtener dicho acceso es fundamental para la protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción; insta a la Unión a que fomente el acceso a la información pública tanto en los Estados miembros como en los terceros países;

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96.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y al Banco Central Europeo.

(1) https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
(2) https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ConvCombatBribery_Spanish.pdf
(3) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV%3Al33601
(4) http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/spanish/&Lang=S
(5) http://www.eib.org/attachments/strategies/anti_fraud_policy_20130917_es.pdf
(6) http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_SP.pdf
(7) http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-business-human-rights-conclusions/
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0405.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0403.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0310.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2015)0408.
(12) DO C 265 de 11.8.2017, p. 59.
(13) DO C 407 de 4.11.2016, p. 81.
(14) DO C 208 de 10.6.2016, p. 89.
(15) DO C 181 de 19.5.2016, p. 2.
(16) https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf
(17) http://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/Governance/Resolutions/A.HRC.RES.33.15%20SP.pdf
(18) http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Documents/A_HRC_28_73_SPA.doc
(19) http://www.eods.eu/library/AU_Convention%20on%20Combating%20Corruption_2003_EN.pdf
(20) https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
(21) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579319/EPRS_STU%282016%29579319_EN.pdf
(22) DO L 141 de 5.6.2015, p. 73.
(23) DO L 330 de 15.11.2014, p. 1.
(24) De Schutter, Olivier: «Tainted Lands: Corruption in Large-Scale Land Deals» [Tierras emponzoñadas: corrupción en las transacciones de tierras a gran escala], en International Corporate Accountability Roundtable y Global Witness (noviembre de 2016). https://www.globalwitness.org/en/campaigns/land-deals/tainted-lands-corruption-large-scale-land-deals/

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