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Textos aprobados
Miércoles 25 de octubre de 2017 - EstrasburgoEdición definitiva
No objeción a un acto delegado: requisitos de control y gobernanza de los productos aplicables a las empresas de seguros y los distribuidores de seguro
 No objeción a un acto delegado : requisitos de información y normas de conducta aplicables a la distribución de productos de inversión basados en seguros
 No objeción a un a acto delegado : normas técnicas de regulación relativas a los acuerdos de compensación indirecta (por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 600/2014)
 No objeción a un acto delegado: normas técnicas de regulación relativas a los acuerdos de compensación indirecta (por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 149/2013)
 Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones
 Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Consejo Europeo y Consejo
 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos ***I
 Establecimiento de un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de la UE ***I
 Modificación del Código de Fronteras de Schengen en lo que respecta a la utilización del Sistema de Entradas y Salidas ***I
 Aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo

No objeción a un acto delegado: requisitos de control y gobernanza de los productos aplicables a las empresas de seguros y los distribuidores de seguro
PDF 240kWORD 42k
Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión de 21 de septiembre de 2017 por el que se completa la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de control y gobernanza de los productos aplicables a las empresas de seguros y los distribuidores de seguro (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA))
P8_TA(2017)0404B8-0572/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2017)06218),

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión de 16 de octubre de 2017,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros(1), y en particular su artículo 25, apartado 2, y su artículo 39, apartado 5,

–  Vista la recomendación de Decisión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

–  Visto el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Visto que no se ha manifestado oposición alguna en el plazo señalado en el artículo 105, apartado 6, tercer y cuarto guion, de su Reglamento interno, que venció el 24 de octubre de 2017,

A.  Considerando que el Reglamento Delegado debe aplicarse a partir del 23 de febrero de 2018, fecha de aplicación de la Directiva (UE) 2016/97, y que el agotamiento del período de control de tres meses de que dispone el Parlamento no dejaría tiempo suficiente al sector para aplicar los cambios técnicos y organizativos necesarios;

B.  Considerando que la rápida publicación del Reglamento Delegado en el Diario Oficial permitiría una aplicación a tiempo y ofrecería seguridad jurídica respecto de las disposiciones aplicables al control y la gobernanza de los productos;

C.  Considerando que el Parlamento considera que el plazo para la transposición de la Directiva (UE) 2016/97 debe seguir siendo el 23 de febrero de 2018, pero pide a la Comisión que adopte una propuesta legislativa en la que se fije como fecha de aplicación el 1 de octubre de 2018;

1.  Declara que no formulará objeciones al Reglamento Delegado;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 26 de 2.2.2016, p. 19.


No objeción a un acto delegado : requisitos de información y normas de conducta aplicables a la distribución de productos de inversión basados en seguros
PDF 239kWORD 41k
Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión de 21 de septiembre de 2017 por el que se completa la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos de información y las normas de conducta aplicables a la distribución de productos de inversión basados en seguros (C(2017)06229 – (2017/2855(DEA))
P8_TA(2017)0405B8-0575/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2017)06229)),

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión de 16 de octubre de 2017,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de enero de 2016, sobre la distribución de seguros(1), y en particular su artículo 28, apartado 4, su artículo 30, apartado 6, y su artículo 39, apartado 5,

–  Vista la recomendación de Decisión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

–  Visto el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Visto que no se ha manifestado oposición alguna en el plazo señalado en el artículo 105, apartado 6, tercer y cuarto guion, de su Reglamento interno, que venció el 24 de octubre de 2017.

A.  Considerando que el Reglamento Delegado debe aplicarse a partir del 23 de febrero de 2018, fecha de aplicación de la Directiva (UE) 2016/97, y que el agotamiento del período de control de tres meses de que dispone el Parlamento no dejaría tiempo suficiente al sector para aplicar los cambios técnicos y organizativos necesarios;

B.  Considerando que la rápida publicación del Reglamento Delegado en el Diario Oficial permitiría una aplicación a tiempo y ofrecería seguridad jurídica respecto de las disposiciones aplicables a los productos de inversión basados en seguros;

C.  Considerando que el Parlamento considera que el plazo para la transposición de la Directiva (UE) 2016/97 debe seguir siendo el 23 de febrero de 2018, pero pide a la Comisión que adopte una propuesta legislativa en la que se fije como fecha de aplicación el 1 de octubre de 2018;

1.  Declara que no formulará objeciones al Reglamento Delegado;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 26 de 2.2.2016, p. 19.


No objeción a un a acto delegado : normas técnicas de regulación relativas a los acuerdos de compensación indirecta (por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 600/2014)
PDF 243kWORD 42k
Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión de 22 de septiembre de 2017 por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a los acuerdos de compensación indirecta (C(2017)06268 – (2017/2860(DEA))
P8_TA(2017)0406B8-0574/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2017)06268),

–  Vista la carta de la Comisión, de 28 de septiembre de 2017, por la que le solicita que declare que no formulará objeciones al Reglamento Delegado,

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión de 16 de octubre de 2017,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE) n.° 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012(1), y en particular su artículo 30, apartado 2,

–  Visto el artículo 13 y el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión(2),

–  Visto el proyecto de normas técnicas de regulación sobre acuerdos de compensación indirecta con arreglo a los Reglamentos EMIR y MiFIR, presentado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) el 26 de mayo de 2016, en virtud del artículo 30, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 600/2014,

–  Vista la recomendación de Decisión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

–  Visto el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Visto que no se ha manifestado oposición alguna en el plazo señalado en el artículo 105, apartado 6, tercer y cuarto guion, de su Reglamento interno, que venció el 24 de octubre de 2017.

A.  Considerando que la Comisión no dio su respaldo al proyecto de norma técnica de regulación hasta pasados 16 meses de haberlo recibido de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) el 26 de mayo de 2016; que durante este período no consultó formalmente a la AEVM acerca de sus modificaciones al proyecto de norma técnica de regulación y no informó a los colegisladores ni al sector de los motivos de retrasar su respaldo más allá del plazo de tres meses establecido en el Reglamento (UE) n.º 1095/2010; considerando que es inaceptable que la Comisión haya superado el plazo para adoptar el proyecto de norma técnica de regulación en más de un año sin informar a los colegisladores;

B.  Considerando que el Parlamento estima que la norma técnica de regulación no es «igual» al proyecto presentado por la AEVM habida cuenta de las modificaciones de la Comisión, y que dispone de tres meses para formular objeciones a la norma técnica de regulación («período de control»); que la Comisión ha confirmado este período de control de tres meses en su carta de 28 de septiembre de 2017;

C.  Considerando que el Reglamento Delegado debe aplicarse a partir del 3 de enero de 2018, fecha de aplicación de la Directiva 2014/65/UE (MiFiD II) y el Reglamento (UE) n.° 600/2014 («Reglamento MiFIR), y que el agotamiento del período de control de tres meses de que dispone el Parlamento no dejaría tiempo suficiente al sector para aplicar los cambios;

D.  Considerando que la rápida publicación del Reglamento Delegado en el Diario Oficial permitiría una aplicación a tiempo y ofrecería seguridad jurídica respecto de las disposiciones aplicables a la compensación indirecta;

1.  Declara que no formulará objeciones al Reglamento Delegado;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 173 de 12.6.2014, p. 84.
(2) DO L 331 de 15.12.2010, p. 84.


No objeción a un acto delegado: normas técnicas de regulación relativas a los acuerdos de compensación indirecta (por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.° 149/2013)
PDF 245kWORD 42k
Decisión del Parlamento Europeo de no formular objeciones al Reglamento Delegado de la Comisión de 22 de septiembre de 2017 por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) n.º 149/2013 de la Comisión en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a los acuerdos de compensación indirecta (C(2017)06270 – (2017/2859(DEA))
P8_TA(2017)0407B8-0573/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento Delegado de la Comisión (C(2017)06270),

–  Vista la carta de la Comisión, de 28 de septiembre de 2017, por la que le solicita que declare que no formulará objeciones al Reglamento Delegado,

–  Vista la carta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios al presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión de 16 de octubre de 2017,

–  Visto el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones(1), y en particular su artículo 4, apartado 4,

–  Visto el artículo 13 y el artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados), se modifica la Decisión n.º 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión(2),

–  Visto el proyecto de normas técnicas de regulación sobre acuerdos de compensación indirecta con arreglo a los Reglamentos EMIR y MiFIR, presentado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) el 26 de mayo de 2016, en virtud del artículo 4, apartado 4, del Reglamento (UE) n.º 648/2012,

–  Vista la recomendación de Decisión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios,

–  Visto el artículo 105, apartado 6, de su Reglamento interno,

–  Visto que no se ha manifestado oposición alguna en el plazo señalado en el artículo 105, apartado 6, tercer y cuarto guion, de su Reglamento interno, que venció el 24 de octubre de 2017,

A.  Considerando que la Comisión no dio su respaldo al proyecto de norma técnica de regulación hasta pasados 16 meses de haberlo recibido de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) el 26 de mayo de 2016; que durante este período no consultó formalmente a la AEVM acerca de sus modificaciones al proyecto de norma técnica de regulación y no informó a los colegisladores ni al sector de los motivos de retrasar su respaldo más allá del plazo de tres meses establecido en el Reglamento (UE) n.º 1095/2010; considerando que es inaceptable que la Comisión haya superado el plazo para adoptar el proyecto de norma técnica de regulación en más de un año sin informar a los colegisladores;

B.  Considerando que el Parlamento estima que la norma técnica de regulación no es «igual» al proyecto presentado por la AEVM habida cuenta de las modificaciones de la Comisión, y que dispone de tres meses para formular objeciones a la norma técnica de regulación («período de control»); que la Comisión ha confirmado este período de control de tres meses en su carta de 28 de septiembre de 2017;

C.  Considerando que el Reglamento Delegado debe aplicarse a partir del 3 de enero de 2018, fecha de aplicación de la Directiva 2014/65/UE («MiFiD II») y el Reglamento (UE) n.° 600/2014 («Reglamento MiFIR»), y que el agotamiento del período de control de tres meses de que dispone el Parlamento no dejaría tiempo suficiente al sector para aplicar los cambios;

D.  Considerando que la rápida publicación del Reglamento Delegado en el Diario Oficial permitiría una aplicación a tiempo y ofrecería seguridad jurídica respecto de las disposiciones aplicables a la compensación indirecta;

1.  Declara que no formulará objeciones al Reglamento Delegado;

2.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 201 de 27.7.2012, p. 1.
(2) DO L 331 de 15.12.2010, p. 84.


Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 - todas las secciones
PDF 497kWORD 71k
Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, sobre la Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 (11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD))
P8_TA(2017)0408A8-0299/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Vista la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea(1),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(2),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(3) (Reglamento MFP),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(4) (AI de 2 de diciembre de 2013),

–  Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2017, sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto(5),

–  Vista su Resolución, de 5 de abril de 2017, sobre el estado de previsiones de ingresos y gastos del Parlamento Europeo para el ejercicio 2018(6),

–  Visto el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018, adoptado por la Comisión el 29 de junio de 2017 (COM(2017)0400),

–  Vista la Posición sobre el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018 adoptada por el Consejo el 4 de septiembre de 2017 y transmitida al Parlamento Europeo el 13 de septiembre de 2017 (11815/2017 – C8-0313/2017),

–  Vista su Resolución, de 5 de julio de 2017, sobre el mandato para la negociación tripartita del proyecto de presupuesto 2018(7),

–  Visto el artículo 88 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0299/2017),

Sección III

Presentación general

1.  Subraya que la lectura del Parlamento del presupuesto para 2018 refleja plenamente las prioridades políticas aprobadas por una inmensa mayoría en sus Resoluciones anteriormente citadas de 15 de marzo de 2017 y de 5 de julio de 2017; recuerda que el crecimiento sostenible, el empleo —en particular el empleo juvenil—, la seguridad y el cambio climático están en la base de dichas prioridades;

2.  Destaca que la Unión sigue enfrentándose a numerosos desafíos y manifiesta su convencimiento de que, al mismo tiempo que se mantiene la disciplina presupuestaria, deben movilizarse los recursos financieros necesarios con cargo al presupuesto de la Unión, para atender a las prioridades políticas y permitir a la Unión actuar y dar respuestas concretas a estos desafíos; hace hincapié en que el gasto de la Unión debe regirse por el principio del valor añadido europeo y respetar el principio de subsidiariedad;

3.  Reafirma su compromiso con la financiación de las políticas de la Unión que mejoran el empleo y el crecimiento en todas sus regiones mediante la inversión en investigación, educación, infraestructuras, pymes y empleo, en particular el empleo juvenil; no entiende cómo la Unión puede avanzar en esos ámbitos, teniendo en cuenta los recortes propuestos por el Consejo en la subrúbrica 1a; decide, en su lugar, reforzar adicionalmente los programas de investigación e innovación que tienen una tasa de ejecución muy alta y que, debido al exceso de candidaturas, se enfrentan a una tasa de éxito para las solicitudes especialmente baja;

4.  Mantiene su compromiso con las promesas realizadas por el Parlamento durante las negociaciones del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas (FEIE), en particular para minimizar el impacto de los recortes relacionados con el FEIE en Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) en el marco del procedimiento presupuestario anual; propone, en consecuencia, compensar esos recortes restableciendo el perfil anual original de esos dos programas, con el fin de permitirles alcanzar plenamente los objetivos acordados durante la adopción de la legislación correspondiente;

5.  Manifiesta su apoyo político a la creación del Cuerpo Europeo de Solidaridad (CES) y acoge con satisfacción la propuesta legislativa presentada a este respecto por la Comisión; considera, no obstante, que, a la espera de una decisión sobre la financiación del CES y la adopción del Reglamento correspondiente en el marco del procedimiento legislativo ordinario, no debe consignarse ninguna disposición financiera a tal efecto en el presupuesto de 2018; decide, por tanto, que los créditos y reasignaciones correspondientes, consignados por la Comisión en el proyecto de presupuesto para 2018, deben anularse por el momento, ya que la decisión sobre el presupuesto para 2018 no debe en ningún caso prejuzgar el resultado de las negociaciones legislativas; se compromete plenamente a integrar inmediatamente la decisión sobre la financiación del CES en el presupuesto del próximo ejercicio a través de un presupuesto rectificativo, en caso de que las negociaciones sobre el Reglamento correspondiente no hayan concluido antes del fin del procedimiento presupuestario de 2018;

6.  Muestra su preocupación por que el empleo juvenil se mantenga en niveles sin precedentes y manifiesta su convencimiento de que, para no comprometer el futuro de toda una generación de jóvenes europeos, es necesario emprender acciones adicionales; decide, por ello, reforzar la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) más allá del nivel propuesto por la Comisión para 2018; destaca que dicho refuerzo debe considerarse adicional a la asignación general respaldada políticamente para la IEJ en el marco de la revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP) y no como una mera consignación anticipada en el presupuesto de 2018;

7.  Recuerda que la política de cohesión desempeña un papel fundamental para lograr la convergencia económica y social de la Unión y, por ende, para garantizar su desarrollo y crecimiento; señala que cabe esperar que los programas de la política de cohesión recuperen terreno y alcancen en 2018 la velocidad de crucero; destaca el compromiso del Parlamento de garantizar los créditos suficientes para dichos programas, que representan una de las políticas centrales de la Unión; no obstante, expresa su preocupación por los inaceptables retrasos en la ejecución de los programas operativos a nivel nacional; pide a los Estados miembros que velen por que se lleve a cabo la designación de las autoridades de gestión, auditoría y certificación y se agilice la ejecución de dichos programas; pide asimismo a la Comisión que profundice en la simplificación de los procedimientos afines;

8.  Manifiesta su extrema preocupación por el aumento de la inestabilidad y la incertidumbre, tanto dentro como fuera de la Unión; insiste en la necesidad de adoptar un enfoque nuevo con respecto al planteamiento de la Unión en materia de cohesión, integración, paz, desarrollo sostenible y derechos humanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen e impulsen los esfuerzos orientados al mantenimiento de la paz y la prevención de conflictos; recuerda la inspiración que infundió a escala mundial el Acuerdo del Viernes Santo, al tiempo que reconoce los retos y presiones sin precedentes que han surgido tras el referéndum celebrado en el Reino Unido en 2016; pide a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen su apoyo a la reconciliación, con el fin de garantizar la paz y la estabilidad en Irlanda;

9.  Cree que, aunque en la actualidad el pico de la crisis migratoria y de los refugiados parece haber disminuido, la Unión debe estar lista para responder a cualquier acontecimiento futuro imprevisto en este ámbito y adoptar un enfoque más proactivo en el ámbito de la migración; insta, por tanto, a la Comisión a supervisar de forma continua la adecuación de las asignaciones de la rúbrica 3 y a utilizar plenamente todos los instrumentos disponibles en el MFP actual para responder de forma oportuna a cualquier acontecimiento imprevisto que pueda requerir financiación adicional; recuerda que, si bien la Unión logró poner en marcha una serie de mecanismos para ayudar a hacer frente a esta situación, más de cien mil refugiados y migrantes han llegado aun así a Europa por mar en lo que llevamos de 2017, según la ACNUR; decide, en consecuencia, reforzar de forma limitada el Fondo de Asilo, Migración e Integración y el Fondo de Seguridad Interior, así como las agencias con responsabilidades en materia de asilo, como la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), que deben contar con recursos humanos y financieros adecuados; señala de nuevo que el límite máximo de la rúbrica 3 es del todo insuficiente para proporcionar los fondos necesarios para la dimensión interna de la crisis de la migración y de los refugiados así como para otros programas prioritarios, como los programas de cultura y ciudadanía;

10.  Subraya que la rúbrica 3 se ha movilizado ampliamente en los últimos años para abordar la crisis migratoria y de los refugiados y que dichas acciones deben continuar el tiempo que sea necesario; señala, no obstante, que la financiación aportada hasta ahora resulta insuficiente; decide por esta razón reforzar las agencias en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior que, debido al aumento de la carga de trabajo y a las tareas adicionales, han sufrido una falta de personal y de financiación en los últimos años;

11.  Hace hincapié, sin embargo, en que a la luz de los últimos problemas de seguridad en la Unión, la financiación de la rúbrica 3 también debe tener en cuenta medidas que produzcan una mejora de la seguridad de los ciudadanos de la Unión;

12.  Reitera que una parte fundamental de la solución a la crisis migratoria y de los refugiados, así como a las preocupaciones de seguridad de los ciudadanos de la Unión reside en abordar las causas profundas de la migración y dedicar suficientes recursos financieros a instrumentos de financiación exterior destinados a hacer frente a problemas como la pobreza, la falta de empleo, la educación y las oportunidades económicas, la inestabilidad, los conflictos y el cambio climático, que constituye una de las causas subyacentes del aumento de los flujos migratorios; opina que la Unión debe hacer un uso óptimo de los recursos financieros de la rúbrica 4, que han demostrado ser insuficientes para hacer frente por igual a todos los retos exteriores, habida cuenta de que los recursos son a todas luces insuficientes y deben incrementarse de manera más organizada;

13.  Lamenta que, al preparar su posición, el Parlamento no haya contado con suficiente información sobre las repercusiones presupuestarias de una posible decisión política de ampliar el Mecanismo para los refugiados en Turquía; reitera su posición habitual de que las iniciativas nuevas no se deben financiar en detrimento de proyectos exteriores de la Unión existentes; pide, por tanto, a la Comisión que, en caso de prórroga del Mecanismo para los refugiados en Turquía, proponga su financiación mediante recursos nuevos y aumente la participación de ONG locales en su aplicación; toma nota de que el límite máximo de la rúbrica 4 es del todo insuficiente para dar una respuesta sostenible y eficaz a los actuales retos exteriores, incluidos aquellos vinculados a la migración y los refugiados;

14.  Recuerda que el presupuesto de la Unión debe apoyar la consecución de los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos a largo plazo propios de la Unión en materia de clima logrando el objetivo del 20 % de gasto en el ámbito del clima en el MFP 2014-2020; lamenta que la Comisión no haya presentado propuestas concretas y realistas para lograr estos objetivos; propone, por lo tanto, aumentos por encima del nivel del proyecto de presupuesto para las medidas relacionadas con el cambio climático; señala, no obstante, que estos aumentos no son suficientes, y pide a la Comisión que presente todas las propuestas necesarias para alcanzar los objetivos en los próximos proyectos de presupuesto; observa, en este contexto, que el 8,2 % del total de los créditos de compromiso propuestos en el proyecto de presupuesto está relacionado con la protección de la biodiversidad; destaca que el aumento anual del 0,1 % contrasta con el preocupante y acelerado declive de las especies y los hábitats;

15.  Valora positivamente que el nuevo planteamiento del «presupuesto centrado en los resultados» se haya integrado por primera vez en la preparación presupuestaria interna de la Comisión para revisar los gastos sobre la base de la experiencia acumulada e identificar posibles ajustes;

16.  Restablece los recortes propuestos por el Consejo en el proyecto de presupuesto; no comprende el razonamiento tras los recortes propuestos, por ejemplo los de Horizonte 2020 y el Mecanismo MCE, dos programas ya afectados por reasignaciones al FEIE, así como los de las políticas exteriores; rechaza, en cualquier caso, la intención manifestada por el Consejo de recortar las líneas presupuestarias cuyo porcentaje de ejecución o capacidad de absorción sean bajos, puesto que esto no es coherente con los datos reales de ejecución y no tiene en cuenta los variados patrones de aplicación de determinados programas;

17.  Concluye que, con el fin de financiar adecuadamente todas las necesidades más urgentes, y teniendo en cuenta los márgenes muy estrechos del MFP en 2018, habrá que utilizar todos los recursos disponibles en el Reglamento MFP en términos de flexibilidad; espera que el Consejo comparta este enfoque y que se alcance fácilmente un acuerdo en la conciliación, que permita a la Unión estar a la altura de los retos que se presentan y anticiparse a ellos con eficacia; subraya que la desviación en cada ejercicio presupuestario de la programación inicial en el marco del actual MFP es un argumento a favor de una revisión al alza de los límites máximos del MFP posterior a 2020;

18.  Establece el nivel total de créditos para 2018 en 162 597 930 901 EUR en créditos de compromiso y 146 712 004 932 EUR en créditos de pago;

Subrúbrica 1a — Competitividad para el crecimiento y el empleo

19.  Rechaza los recortes injustificados por parte del Consejo de 750 millones EUR en la subrúbrica 1a, que representan por sí solos dos tercios de los recortes totales del Consejo en compromisos de las rúbricas del MFP; señala que dichos recortes contradicen las prioridades políticas declaradas por el propio Consejo;

20.  Insiste en que, con miras a lograr un crecimiento sostenible y la creación de empleo en la Unión, resulta clave estimular las inversiones en investigación, innovación, educación, infraestructuras y microempresas y pymes; advierte que los recortes de este tipo propuestos por el Consejo pondrían en peligro programas con un auténtico valor añadido europeo y un impacto directo en la generación de empleo y crecimiento, como Horizonte 2020 o el MCE; señala, en particular, que una financiación suficiente de Horizonte 2020 es esencial para permitir el desarrollo de la investigación y la innovación, el liderazgo en la digitalización y el apoyo a las pymes en Europa; recuerda que este programa ha demostrado tener un fuerte valor añadido, con un 83 % de los proyectos financiados por Horizonte 2020 que no hubieran salido adelante sin apoyo de la Unión; reitera la importancia del instrumento de financiación del MCE para la finalización de la red RTE-T y para la consecución de un espacio único europeo de transporte; decide, en consecuencia, anular todos los recortes efectuados por el Consejo y, además, restablecer plenamente el perfil original de las líneas de Horizonte 2020 y el MCE que quedaron recortadas para la provisión del Fondo de Garantía del FEIE;

21.  Destaca también la necesidad de reforzar la educación y la formación, así como el componente de juventud de Erasmus+, como parte de la inversión estratégica en la juventud europea;

22.  Hace hincapié en que un apoyo financiero suficiente para las microempresas, los emprendedores y las pymes debería ser una prioridad clave para la Unión, ya que son la principal fuente de creación de empleo en Europa; subraya que garantizar un acceso adecuado a la financiación es fundamental para mantener la competitividad de las pymes y ayudarles a superar los retos relacionados con el acceso al mercado interior, así como al mercado mundial;

23.  Decide, por tanto, reforzar, más allá del proyecto de presupuesto y los perfiles originales previos al FEIE y al CES, esos programas que son clave para estimular el crecimiento y el empleo y que reflejan prioridades de la Unión ampliamente consensuadas, como son Erasmus+, Horizonte 2020 (Marie Curie, Consejo Europeo de Investigación, Instrumento para pymes), COSME y EaSI (Progress y Eures); pide a la Comisión que ofrezca una financiación suficiente para las líneas presupuestarias correspondientes a WIFI4EU y que mantenga su compromiso de inversión entre 2017 y 2020;

24.  Celebra que en el presupuesto para el ejercicio 2018 se haya incluido la línea presupuestaria «Eventos anuales especiales», que permitirá generar un sentimiento de pertenencia a Europa entre los ciudadanos; observa que los eventos anuales especiales deben aportar claramente valor añadido para los ciudadanos europeos en todos los Estados miembros;

25.  Destaca la importancia de estimular la cooperación en materia de investigación en el ámbito de la defensa en Europa para hacer frente a las principales deficiencias de capacidades en un momento en que la evolución de la situación internacional y las incertidumbres exigen cada vez más que Europa redoble sus esfuerzos en materia de defensa; respalda el aumento de la dotación de la acción preparatoria sobre investigación en materia de defensa; pide un programa de investigación en materia de defensa con un presupuesto específico dentro del próximo marco financiero plurianual; reitera, no obstante, su ya antigua posición según la cual las nuevas iniciativas deben financiarse mediante nuevos créditos, y no a costa de los programas actuales de la Unión; subraya también la necesidad de mejorar la competitividad y la innovación en la industria europea de la defensa;

26.  Considera que, en el marco del presupuesto para el ejercicio 2018, deben asignarse más recursos con el fin de realizar una evaluación exhaustiva e independiente del riesgo que presentan terceros países por lo que se refiere a sus deficiencias estratégicas en el ámbito del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo, sobre la base de los criterios definidos en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849(8), y de establecer una lista de jurisdicciones de «alto riesgo»;

27.  Pide a la Comisión que garantice un nivel adecuado de asignaciones que permitan al Laboratorio de referencia de la Unión para los métodos alternativos a las pruebas en animales (EURL ECVAM) realizar eficazmente sus funciones y tareas enumeradas en el anexo VII de la Directiva 2010/63/UE(9), con una referencia particular a la coordinación y la promoción del desarrollo y la utilización de alternativas a las pruebas en animales, también en los ámbitos de la investigación básica y aplicada y los ensayos reglamentarios;

28.  Aumenta, por consiguiente, el nivel de créditos de compromiso de la subrúbrica 1a en 143,9 millones EUR con respecto al proyecto de presupuesto (excluido el restablecimiento previo al FEIE y al CES, proyectos piloto y acciones preparatorias), que se financiarán dentro del margen disponible, así como con una nueva movilización del Margen global para compromisos;

Subrúbrica 1b — Cohesión económica, social y territorial

29.  Desaprueba los recortes de 240 millones de euros propuestos por el Consejo en pagos de la subrúbrica 1b, incluidos los de líneas de apoyo, y los anula, a la espera de previsiones actualizadas de la Comisión;

30.  Señala con preocupación creciente que los retrasos inaceptables en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos han minado su eficacia y puesto bajo presión a las autoridades de gestión y a los beneficiarios; reitera de nuevo el riesgo que los retrasos actuales pueden presentar sobre la acumulación de impagos en el segundo semestre de este MFP y en el comienzo del siguiente; reitera con insistencia su petición a los Estados miembros de que pidan asesoramiento y asistencia a la Comisión para hacer frente a los retrasos en la designación de las autoridades de gestión, certificación y auditoría; manifiesta además su alarma por la tendencia decreciente y la falta de precisión de las estimaciones de los Estados miembros;

31.  Recuerda que las tasas de desempleo juvenil siguen siendo inaceptablemente elevadas en la Unión; hace hincapié en que, para resolver este problema, es importante garantizar la financiación adecuada de los sistemas de Garantía Juvenil a través de la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) y el FSE; acoge con satisfacción el acuerdo sobre la necesidad de aportar nueva financiación para la IEJ y la inclusión de los créditos correspondientes en el proyecto de presupuesto para 2018; considera que, no obstante, dados los desafíos y los riesgos planteados por el empleo juvenil, la IEJ debe beneficiarse de un aumento de los créditos y decide, por tanto, llevar la IEJ hasta 600 millones de euros en compromisos en 2018; considera, por otra parte, que las acciones de formación profesional en favor de la juventud, y en particular los programas de aprendizaje, deben poder optar a financiación en el marco de la política de cohesión;

32.  Acoge favorablemente la nueva dotación financiera de 142,8 millones de euros creada para facilitar la aplicación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017-2020;

Rúbrica 2 — Crecimiento sostenible: recursos naturales

33.  Recuerda que la propuesta de la Comisión de aumentar los créditos destinados a la financiación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) se debe en gran medida a una reducción significativa del importe de los ingresos afectados previsto en 2018; toma nota de los recortes de 275 millones de euros del Consejo, pero considera que la nota rectificativa de la Comisión debe mantenerse como base para toda revisión fiable de los créditos del FEAGA y restablece en consecuencia los niveles del proyecto de presupuesto, a la espera de un examen de esta nota rectificativa en conciliación;

34.  Destaca que los programas de almacenamiento en tiempos de crisis han demostrado ser un instrumento eficaz, y que una reducción de los recursos financieros previstos en el proceso de planificación sería contraproducente;

35.  Subraya que una parte de la solución para atajar el empleo juvenil reside en el apoyo adecuado a los jóvenes en las zonas rurales; propone, por tanto, un incremento de 50 millones de euros por encima del nivel del proyecto de presupuesto para pagos a jóvenes agricultores; subraya que es necesario facilitar el acceso de los jóvenes a las profesiones de la pesca mediante el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y otras fuentes de financiación de la Unión;

36.  Decide, de acuerdo con sus objetivos de la Estrategia Europa 2020 y sus compromisos internacionales para abordar el cambio climático, proponer un incremento de 21,2 millones de euros por encima del nivel del proyecto de presupuesto para medidas relacionadas con el clima; reitera que el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) y el ECOFIN han determinado que el presupuesto de la Unión no está en consonancia con sus objetivos climáticos;

37.  Recuerda que el dinero de los contribuyentes no debe utilizarse para la reproducción o la cría de toros destinados a actividades de lidia; cree que la cría o la reproducción con esos fines no debe optar a pagos básicos y pide a la Comisión que presente una propuesta para modificar la legislación actual sobre esta cuestión;

38.  Aumenta por consiguiente los créditos de compromiso en 78,1 millones de euros, dejando así un margen de 619,7 millones de euros por debajo del límite máximo para compromisos en la rúbrica 2, una vez deducidos los proyectos piloto y acciones preparatorias;

39.  Llama la atención sobre los factores de amenaza que se ciernen sobre numerosos ecosistemas forestales, como, por ejemplo, la proliferación de especies exóticas invasoras, las plagas (como el nematodo del pino y otras) y los incendios forestales; considera que deben preverse recursos financieros suficientes a través de medidas y programas comunitarios de apoyo para evaluar la salud ecológica y la fitosanidad de los bosques y su rehabilitación, incluida la reforestación; señala que dichos recursos son particularmente importantes y urgentes para algunos Estados miembros, concretamente para Portugal y España, a raíz de los sucesivos incendios que han asolado su territorio nacional;

40.  Observa con preocupación que las catástrofes suelen afectar a quienes disponen de menos medios para protegerse, ya sean personas o Estados; estima que la respuesta a las catástrofes naturales o provocadas por el hombre debería ser lo más rápida posible, a fin de minimizar los daños y salvar a las personas y los bienes; hace hincapié en la necesidad de un aumento adicional de los fondos, especialmente en las líneas presupuestarias sobre prevención de catástrofes y preparación para casos de catástrofe en la Unión, teniendo en cuenta, en particular, los incendios en España y Portugal, que han dado lugar a la trágica pérdida de vidas humanas y tienen importantes y dramáticas repercusiones para los afectados;

Rúbrica 3 - Seguridad y ciudadanía

41.  Insiste en que, para el Parlamento, abordar la migración y la seguridad deben seguir siendo prioridades principales de la Unión y reitera su convencimiento de que el límite máximo de la rúbrica 3 se ha mostrado en gran medida insuficiente para financiar adecuadamente la dimensión interior de esos desafíos;

42.  Señala que, mientras el número de puntos de paso de migrantes a la Unión en las rutas del Mediterráneo central y oriental se ha reducido en los ocho primeros meses de 2017, se mantiene la presión en la ruta del Mediterráneo occidental; observa que más de 100 000 migrantes y refugiados han llegado a Europa por mar en los primeros nueve meses de 2017, de los que más del 75 % llegaron a Italia, y el resto, a Grecia, Chipre o España; considera que se necesita financiación adicional para cubrir totalmente las necesidades de la Unión en el ámbito de la migración, en particular a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración, para apoyar a los Estados miembros en la mejora de las medidas y prácticas de integración para las personas que necesitan protección internacional, en particular los menores no acompañados, y, en caso necesario, llevar a cabo operaciones de retorno para quienes no tengan derecho a protección, respetando plenamente al mismo tiempo el principio de no devolución; insiste también, en este contexto, en que la EASO deberá dotarse de recursos financieros y humanos adecuados para permitir que la Agencia desempeñe las tareas que se le han asignado;

43.  Defiende la creación de una nueva línea presupuestaria para un fondo de búsqueda y rescate para ayudar a los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Derecho marítimo internacional; solicita a la Comisión que presente una propuesta legislativa para la creación de un fondo de búsqueda y rescate de la Unión;

44.  Está convencido de que, para tratar eficazmente las preocupaciones de seguridad de los ciudadanos de la Unión, el presupuesto del Fondo de Seguridad Interior necesita fondos adicionales para equipar mejor a los Estados miembros en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada transfronteriza, la radicalización y la ciberdelincuencia; subraya, en particular, que se deben dedicar recursos suficientes al refuerzo de infraestructuras de seguridad y a fomentar el intercambio de información entre servicios de seguridad y autoridades nacionales, también mediante la mejora de la interoperabilidad de los sistemas de información, garantizando al mismo tiempo el respeto de los derechos y libertades individuales;

45.  Destaca el papel esencial desempeñado por las agencias de la Unión en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior al abordar las preocupaciones más acuciantes de los ciudadanos de la Unión; decide, por consiguiente, aumentar los créditos presupuestarios y el personal de la Agencia de la Unión Europea para la cooperación policial (Europol) , incluida la creación de 7 puestos para la nueva unidad operativa llamada Unidad Operativa de Europol para Menores Desaparecidos, así como reforzar la Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea (Eurojust), la EASO y la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL); insiste en la contribución de estas agencias a la mejora de la cooperación entre los Estados miembros en este ámbito;

46.  Solicita a la Comisión, a la luz de los avances realizados en las negociaciones interinstitucionales en curso, que proporcione información actualizada sobre las repercusiones financieras en 2018 de las propuestas legislativas pendientes como parte de la Agenda Europea de Migración, en particular la reforma del sistema de Dublín, el Sistema de Entradas y Salidas, el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes y la EASO, de modo que pueda tomarse en consideración en la fase de conciliación;

47.  Lamenta los recortes arbitrarios del Consejo de más de 30 millones de euros en créditos de compromiso que afectan a numerosos programas en los ámbitos de la cultura, la ciudadanía, la justicia, la salud pública, los derechos de los consumidores y la protección civil, despreciando las excelentes tasas de ejecución de estos programas y a pesar de unos niveles de financiación ya insuficientes que dejan sin financiación muchos proyectos de alta calidad; restablece todas las líneas al nivel del proyecto de presupuesto y propone aumentos adicionales en las líneas pertinentes;

48.  Reitera su convencimiento de que ha llegado el momento de aumentar la financiación para programas importantes de la Unión en los ámbitos de la cultura y la ciudadanía, en particular Europa Creativa y Europa para los Ciudadanos, que desempeñan un papel clave a la hora de apoyar a las industrias culturales y creativas, así como la ciudadanía participativa, especialmente con la perspectiva de las elecciones europeas de 2019; reitera que todas las instituciones deben cumplir el acuerdo político alcanzado sobre la financiación de 2018 para el Año Europeo del Patrimonio Cultural, aportando los créditos suficientes para ello a través del subprograma Cultura del programa Europa Creativa, a falta de una línea presupuestaria específica para dicho Año; pide a la Comisión que revise las iniciativas de la línea presupuestaria relativa a las «Acciones multimedia», con el fin de garantizar que el presupuesto apoya eficazmente una cobertura independiente de calidad de los asuntos de la Unión;

49.  Se muestra a favor de aumentar la transparencia y la visibilidad del objetivo Daphne del Programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía», en cuanto que instrumento esencial de la Unión para luchar contra todas las formas de violencia contra los niños, los jóvenes, las mujeres, las personas LGBTI y otros grupos de riesgo; apoya la creación de un observatorio europeo de la violencia de género en el seno del Instituto Europeo de la Igualdad de Género;

50.  Refuerza la rúbrica 3 con 108,8 millones de euros en créditos de compromiso por encima del proyecto de presupuesto, excluidos proyectos piloto y acciones preparatorias, y propone financiar estos refuerzos con una nueva movilización del Instrumento de Flexibilidad;

Rúbrica 4 – Europa global

51.  Subraya una vez más que la acción exterior de la Unión se enfrenta a necesidades de financiación que no cesan de aumentar y que exceden ampliamente el volumen actual de la rúbrica 4; considera que la movilización del presupuesto de la Unión para responder al reto de la migración seguirá necesitando respuestas dinámicas en los próximos años; hace hincapié en que no puede considerarse suficiente un aumento ad hoc para un ejercicio, como el de 2017, habida cuenta de los complejos desafíos a que se está enfrentando la Unión y la necesidad urgente de reforzar la presencia exterior de la Unión en el mundo global actual;

52.  Opina que se debe dar prioridad a los vecinos inmediatos de la Unión y a medidas destinadas a abordar las principales cuestiones a las que se enfrentan, a saber, la crisis migratoria y de los refugiados y los correspondientes retos humanitarios en los países de la vecindad meridional, y la agresión rusa en los países de la vecindad oriental; cree que la estabilidad y la prosperidad de la vecindad de la Unión son beneficiosas tanto para las regiones en cuestión como para la Unión en su conjunto; reitera su petición de aumentar el apoyo al proceso de paz en Oriente Próximo, la Autoridad Palestina y el OOPS, para hacer frente a las necesidades crecientes, a fin de alcanzar el objetivo declarado de la Unión de fomentar el desarrollo y la estabilidad en la región y apoyar la resiliencia de los palestinos; reitera que el apoyo a los países que están aplicando acuerdos de asociación con la Unión es crucial para facilitar las reformas políticas y económicas, pero subraya que este apoyo debe darse siempre y cuando estos países cumplan los criterios de subvencionabilidad, en particular en lo que se refiere al Estado de Derecho y a la consolidación de las instituciones democráticas; decide, en consecuencia, aumentar los recursos para el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), para el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) y para la ayuda macrofinanciera;

53.  Destaca la importancia del papel que desempeña Europa a escala mundial en la erradicación de la pobreza y para garantizar el desarrollo de las regiones más desfavorecidas, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas; asigna, por lo tanto, recursos financieros adicionales al Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y la ayuda humanitaria; recuerda que, dado que una parte significativa de los migrantes que cruzan el mar Mediterráneo proceden del África subsahariana, la ayuda de la Unión en esta región es clave para atajar las causas profundas de la migración;

54.  Se opone a las reducciones drásticas de las contribuciones financieras de los instrumentos financieros externos (IEV, IAP, IC e ICD) a Erasmus+, a pesar de que los programas de intercambio para jóvenes son una de las inversiones a largo plazo más exitosas en la diplomacia cultural y la comprensión mutua, y decide, por tanto, incrementar estas contribuciones;

55.  Decide, a la vista del preocupante deterioro de la situación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, reducir su apoyo a las reformas políticas en Turquía; decide consignar parte de los créditos en la reserva, que se liberarán cuando Turquía realice mejoras mensurables en el ámbito del Estado de Derecho, la democracia, los derechos humanos y la libertad de prensa, con el fin de reorientar estos fondos hacia los actores de la sociedad civil para que apliquen medidas en favor de estos objetivos;

56.  Opina que, para abordar adecuadamente las campañas de desinformación y favorecer una imagen objetiva de la Unión fuera de sus fronteras, son necesarios recursos financieros adicionales; pide, por lo tanto, que se aumente la financiación destinada a luchar contra las campañas de desinformación y los ciberataques; decide, por lo tanto, aumentar los recursos destinados a las acciones de comunicación estratégica que se llevarán a cabo en los países de la vecindad y en los Balcanes Occidentales; recuerda la importancia de invertir en la visibilidad de la acción exterior de la Unión para reforzar la incidencia de la financiación en este ámbito, así como de mejorar la diplomacia pública de la Unión en consonancia con las ambiciones recogidas en la Estrategia Global;

57.  Considera necesario aumentar los créditos de la línea presupuestaria dedicada a la comunidad turcochipriota al objeto de contribuir de modo decisivo a la continuación y la intensificación de la misión del Comité sobre las Personas Desaparecidas en Chipre, al bienestar de los maronitas que deseen reasentarse y todas las personas de los enclaves, como se pactó en el Tercer Acuerdo de Viena, y de apoyar al Comité Técnico Bicomunal sobre Patrimonio Cultural, promoviendo, de ese modo, la confianza y la reconciliación entre las dos comunidades;

58.  Señala que la tendencia de la Comisión a recurrir a mecanismos presupuestarios satélite, como los fondos fiduciarios y otros instrumentos similares, no ha demostrado tener éxito en todos los casos; manifiesta su preocupación por la posibilidad de que la creación de instrumentos financieros fuera de la Unión pueda amenazar su unidad y eludir el procedimiento presupuestario y por que, al mismo tiempo, socave la gestión transparente del presupuesto y obstaculice el derecho del Parlamento a ejercer un control eficaz sobre el gasto; considera, por lo tanto, que los instrumentos financieros externos que han ido surgiendo en los últimos años deben integrarse en el presupuesto de la Unión, y que el Parlamento debe ejercer un control total sobre la aplicación de estos instrumentos; toma nota de que, a finales de septiembre de 2017, se comprometió un total de 795,4 millones de euros para los fondos fiduciarios de la Unión en el presupuesto de 2017; pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo y al Consejo las dos ramas de la autoridad presupuestaria el importe que tiene la intención de comprometer en 2018 para los fondos fiduciarios; reitera su preocupación por la posibilidad de que las contribuciones de los Estados miembros a estos fondos no se correspondan con sus promesas; toma nota del Informe Especial n.º 11/2017 del Tribunal de Cuentas sobre el Fondo Fiduciario de la UE Bekou para la República Centroafricana; manifiesta su preocupación por las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas, como la falta de evaluación de las necesidades globales y las disfunciones de los mecanismos de coordinación con otros donantes; expresa su intención de evaluar el valor añadido de los fondos fiduciarios de la UE como un instrumento de la política exterior de la Unión;

59.  Recuerda que, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento sobre el MFP, todos los gastos e ingresos de la Unión y de Euratom se incluirán en el presupuesto general de la Unión con arreglo al artículo 7 del Reglamento Financiero; pide a la Comisión que preserve la unidad presupuestaria y que se rija por este principio cuando introduzca nuevas iniciativas;

60.  Destaca la importancia de las misiones de observación electoral para reforzar las instituciones democráticas y fomentar la confianza de los ciudadanos en los procesos electorales, lo que, a su vez, promueve la consolidación de la paz y aporta estabilidad; destaca la necesidad de garantizar unos recursos financiero suficientes para este objetivo;

61.  Señala que la financiación del ICD no debe reasignarse para financiar la nueva iniciativa de desarrollo de capacidades en apoyo de la seguridad y el desarrollo (DCSD) en el marco del instrumento en pro de la estabilidad y de la paz; lamenta la propuesta del proyecto de presupuesto de reasignar 7,5 millones de euros del ICD al DCSD, y destaca la necesidad urgente de encontrar soluciones alternativas para colmar este vacío;

62.  Reitera su petición de que la línea presupuestaria correspondiente a los representantes especiales de la Unión se transfiera, con neutralidad presupuestaria, del presupuesto correspondiente a la PESC al presupuesto administrativo del SEAE, con miras a seguir consolidando las actividades diplomáticas de la Unión;

63.  Decide, por consiguiente, anular prácticamente todos los recortes efectuados por el Consejo y aumentar la rúbrica 4 en 299,7 millones de euros por encima del nivel del proyecto de presupuesto en créditos de compromiso (exceptuando los proyectos piloto y las acciones preparatorias, las transferencias de los representantes especiales de la Unión y los recortes adoptados);

Rúbrica 5 - Administración; Otras rúbricas - gastos de apoyo administrativo y a la investigación

64.  Considera que los recortes efectuados por el Consejo no reflejan las necesidades reales y que, por lo tanto, ponen en peligro los gastos administrativos, ya racionalizados considerablemente; restablece, por lo tanto, el proyecto de presupuesto para el conjunto de los gastos administrativos de la Comisión, incluidos los gastos de apoyo administrativo y a la investigación de las rúbricas 1 a 4;

65.  Decide, de acuerdo con las conclusiones del «dictamen conjunto de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre tres aspectos de la relación entre la OLAF y su Comité de Vigilancia», de 12 de septiembre de 2016, mantener el 10 % de los créditos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) hasta que se conceda al Comité de Vigilancia acceso a los expedientes de la OLAF, incrementando ligeramente su presupuesto, habida cuenta de sus mayores responsabilidades;

66.  Toma nota de que, a principios de 2017, la OLAF investigó un caso grave de fraude aduanero en el Reino Unido debido a la infravaloración de productos importados y que ocasionó una pérdida de ingresos por valor de casi 2 000 millones euros para el presupuesto de la Unión en el periodo 2013-2016; le preocupa que todavía no se haya puesto fin a este fraude y que se sigan produciendo pérdidas para la Unión; pide a la Comisión que tenga en cuenta la lentitud con la que ha reaccionado la administración del Reino Unido a sus recomendaciones a este respecto a la hora de negociar el brexit; pide a los Estados miembros que cuestionaron el marco jurídico de la Unión para las infracciones y las sanciones aduaneras que reconsideren su posición para permitir que este problema se solucione rápidamente;

Agencias descentralizadas

67.  Apoya, como principio general, las estimaciones de la Comisión con respecto a las necesidades presupuestarias de las agencias; considera, por consiguiente, que cualquier nuevo recorte propuesto por el Consejo pondría en peligro el buen funcionamiento de las agencias y les impediría llevar a cabo las tareas que les han sido encomendadas; opina que los nuevos puestos adoptados en su posición son necesarios para realizar las tareas adicionales derivadas de la nueva evolución de las políticas y la nueva legislación; reitera su compromiso de salvaguardar los recursos y proporcionar, cuando sea necesario, recursos adicionales para garantizar el buen funcionamiento de las agencias;

68.  Decide aumentar los créditos destinados a Europol, Eurojust, la CEPOL, la OEAA y la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA), habida cuenta de los retos a que se sigue enfrentando la Unión en materia de migración y seguridad y teniendo en cuenta la necesidad de una respuesta coordinada a escala europea;

69.  Recuerda la importancia de que la Unión se centre en la competitividad para el crecimiento y el empleo; reitera la importancia estratégica que reviste para la Unión el desarrollo y la aplicación en su totalidad de los proyectos Galileo y EGNOS, para los que es en parte responsable la Agencia del GNSS Europeo (GSA); recuerda que la GSA carece de recursos suficientes para la ciberseguridad y el servicio público regulado y decide, por lo tanto, aumentar su nivel de créditos;

70.  Considera que la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) necesita disponer de créditos y personal adicionales para cumplir su cometido ampliado relacionado con la aplicación de los códigos y las orientaciones relativos a las redes de gas y electricidad y su seguimiento;

71.  Recuerda, en particular, que la Agencia Europea del Medioambiente (AEMA) contribuye a que la Unión tome decisiones con conocimiento de causa sobre la mejora del medio ambiente, la incorporación de consideraciones medioambientales en las políticas económicas y el avance hacia la sostenibilidad, y que, en el marco de la política de la Unión en materia de clima y energía para 2030, la Comisión ha propuesto nuevas tareas para la AEMA sobre la gobernanza de la Unión de la Energía sin ningún aumento correspondiente en su organigrama;

72.  Subraya que, si bien los recursos presupuestarios y el número de puestos para la Guardia Europea de Fronteras y Costas parecen suficientes por el momento, será necesario seguir de cerca las necesidades futuras de la agencia en términos de recursos operativos y de personal;

73.  Acoge con satisfacción la inclusión de recursos suficientes en el presupuesto de 2018 para apoyar a las Autoridades Europeas de Supervisión (AES); destaca que el cometido de las AES es esencial para fomentar la aplicación coherente de la legislación de la Unión y una mejor coordinación entre las autoridades nacionales, así como para garantizar la estabilidad financiera, una mejor integración de los mercados financieros, la protección de los consumidores y la convergencia en materia de supervisión; subraya que, en aras del uso prudencial de sus presupuestos, las AES deben ceñirse a las funciones y al mandato que les asigne el legislador de la Unión;

74.  Reitera que, tal y como se acordó en el AI de 2 de diciembre de 2013, 2018 será el último año en que se aplique la reducción del 5 % del personal y la reserva de redistribución para el personal de las agencias; reitera su oposición a cualquier tipo de mantenimiento de un enfoque global sobre los recursos de las agencias a partir de 2018; reafirma su disposición a conseguir mejoras de eficiencia entre las agencias mediante un aumento de la cooperación administrativa o incluso fusiones, cuando proceda, y a través de la puesta en común de determinadas funciones con la Comisión u otra agencia; se felicita, en este sentido, de la iniciativa destinada a coordinar mejor las actividades de las agencias mediante la creación de la secretaría permanente de la Red de Agencias de la UE (denominada ahora «Oficina de apoyo común»), y apoya la creación de un puesto adicional en el cuadro de efectivos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, cuyo coste se mutualizará a partir de los presupuestos actuales de las agencias de la Unión y que será destinado a esa oficina;

Proyectos piloto y acciones preparatorias

75.  Decide aprobar, después de llevar a cabo un análisis pormenorizado de los proyectos piloto y las acciones preparatorias presentados, en lo que respecta al porcentaje de éxito de los actualmente vigentes, excluyendo las iniciativas ya cubiertas por bases jurídicas existentes y teniendo plenamente en cuenta la evaluación llevada a cabo por la Comisión sobre la viabilidad de los proyectos, un paquete de transacción constituido por un número limitado de proyectos piloto y acciones preparatorias, atendiendo también a los limitados márgenes disponibles y los límites máximos para los proyectos piloto y las acciones preparatorias;

76.  Destaca, así pues, los esfuerzos realizados por el Parlamento en este sentido, y pide a la Comisión que dé muestras de buena voluntad en la aplicación de los proyectos piloto y las acciones preparatorias aprobados al final del procedimiento presupuestario, independientemente de la evaluación de su viabilidad, así como para cualquier decisión del Parlamento Europeo y del Consejo;

Instrumentos especiales

77.  Recuerda la utilidad de los instrumentos especiales para ofrecer flexibilidad más allá de los límites sumamente estrictos del MFP, y se felicita de las mejoras obtenidas con la revisión intermedia del Reglamento sobre el MFP; pide que se recurra con más frecuencia al Instrumento de Flexibilidad, al Margen global para compromisos y al Margen para imprevistos, con vistas a financiar el amplio abanico de nuevos retos y responsabilidades adicionales a que se enfrenta el presupuesto de la Unión;

78.  Pide un incremento de la Reserva para Ayuda de Emergencia (RAE) y del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) a la luz de las trágicas catástrofes acaecidas en fecha reciente, a saber los incendios y la extrema sequía en Portugal y en España;

79.  Recuerda, asimismo, la importancia del FEAG, la RAE y el FSUE; respalda la intención de la Comisión de permitir una movilización más rápida del Fondo de Solidaridad consignando la mayor parte de su importe anual en una reserva en el presupuesto de la Unión, además del importe ya presupuestado para anticipos; lamenta el recorte efectuado por el Consejo a este respecto y restablece parcialmente el nivel del proyecto de presupuesto, a excepción del importe presupuestado anticipadamente en 2017 a través del Presupuesto Rectificativo n.º 4/2017 y la movilización del Fondo de Solidaridad para Italia; pide que se amplíe el ámbito de aplicación del Fondo de Solidaridad de la Unión para prestar ayuda a las víctimas de actos terroristas y a sus familias;

Pagos

80.  Manifiesta su preocupación por la actual tendencia a la infrautilización de los pagos en todo el presupuesto de la Unión, y ello no solo en la subrúbrica 1 b, sino también en las rúbricas 3 y 4, a pesar de la necesidad de dar una respuesta a la aparición de nuevos retos y al establecimiento de unos mecanismos de financiación flexibles; recuerda que en los dos últimos años el nivel de pagos del presupuesto de la Unión ha disminuido considerablemente, fenómeno que ha ido acompañado de un elevado nivel de excedente presupuestario; expresa, por lo tanto, su preocupación por el hecho de que el proyecto de presupuesto siga dejando un margen sin precedentes de 10 000 millones de euros por debajo del límite de los pagos, lo que pone de manifiesto la tendencia a una escasa utilización que podría dar lugar a una importante presión sobre los pagos a finales del actual MFP;

81.  Insiste en la necesidad de restablecer el proyecto de presupuesto en lo que se refiere a los pagos en todas las líneas en las que el Consejo ha efectuado recortes, y aumenta de forma específica los créditos de pago, sobre todo en aquellas líneas en las que se modifican los créditos de compromiso;

Otras secciones

82.  Lamenta la práctica reiterada del Consejo de aumentar la reducción a tanto alzado estándar para las instituciones de la Unión; considera que ello distorsiona especialmente los presupuestos de las instituciones con unas reducciones a tanto alzado históricamente precisas; considera que este planteamiento no constituye ni una reducción específica ni un ejemplo de buena gestión financiera; restablece por lo tanto la reducción a tanto alzado al nivel del proyecto de presupuesto;

Sección I – Parlamento Europeo

83.  Mantiene el nivel global de su presupuesto para 2018, aprobado en su mencionada resolución de 5 de abril de 2017, en 1 953 483 373 EUR; incorpora algunos ajustes técnicos neutros desde el punto de vista presupuestario para reflejar información actualizada de la que no se disponía al principio de este ejercicio;

84.  Toma nota de que el nivel del estado de previsiones para 2018 corresponde al 18,88 %, porcentaje inferior al alcanzado en 2017 (19,25 %) y el más bajo de la rúbrica 5 en los últimos quince años; insiste, no obstante, que el afán de lograr para el Parlamento Europeo el nivel más reducido posible de gasto no debe ir en detrimento de la capacidad del Parlamento de llevar a cabo su labor legislativa ordinaria;

85.  Reitera la prioridades del Parlamento para el próximo ejercicio financiero, en particular la consolidación de las medidas de seguridad ya adoptadas y la mejora de la resiliencia del Parlamento ante los ciberataques; la mejora de la transparencia del propio procedimiento presupuestario interno del Parlamento; y la orientación del presupuesto del Parlamento hacia sus funciones clave, a saber legislar, actuar como una de las ramas de la autoridad presupuestaria, representar a los ciudadanos y supervisar el trabajo de las otras instituciones;

86.  Se felicita de la creación del Grupo de trabajo de la Mesa del Parlamento sobre las Dietas para Gastos Generales; recuerda las expectativas de una mayor transparencia en cuanto a las dietas para gastos generales y la necesidad de definir normas más precisas sobre la contabilización de los gastos autorizados con cargo a estas dietas, sin que ello suponga gastos adicionales para el Parlamento;

87.  Pide a la Mesa que realice los siguientes cambios concretos en relación con la dieta de gastos generales:

   la dieta de gastos generales deberá gestionarse en todos los casos en una cuenta bancaria distinta;
   los diputados deberán conservar todos los recibos correspondientes a la dieta para gastos generales;
   el importe de la dieta para gastos generales no utilizado será devuelto al final del mandato;

88.  Reduce el cuadro de efectivos de su Secretaría General para 2018 en 60 puestos (objetivo de reducción del personal en un 1 %), de conformidad con el Acuerdo de 14 de noviembre de 2015 alcanzado con el Consejo sobre el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016; recuerda que los 35 puestos concedidos al Parlamento en 2016 estaban relacionados con las nuevas actividades de refuerzo de la seguridad y, en este sentido, exentos del objetivo de reducción de personal, tal y como quedó confirmado en la aprobación de la nota rectificativa n.º 3/2016 y el presupuesto general para 2017(10); pide a la Comisión que adapte consecuentemente sus cuadros de seguimiento con el fin de proporcionar al Parlamento Europeo y al Consejo información precisa durante todas las fases del procedimiento;

89.  Se felicita del intercambio de puntos de vista sobre la política inmobiliaria del Parlamento celebrado el 11 de julio de 2017 entre la Comisión de Presupuestos, el secretario general y los vicepresidentes responsables de la política inmobiliaria del Parlamento; considera que este diálogo debe ser un proceso continuo, en especial a la vista de las próximas negociaciones de la Mesa sobre la renovación del edificio Paul Henri-Spaak;

90.  Reitera la posición que ya expresó en su Resolución de 5 de abril de 2017 anteriormente mencionada de que queda margen de maniobra para mejorar los mecanismos de control relativos a los partidos políticos europeos y a las fundaciones políticas europeas; toma nota, a este respecto, de la propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014(11), y se felicita de cualquier esfuerzo destinado a mejorar la rendición de cuentas y la transparencia del gasto;

91.  Recuerda el análisis de 2014 del TCE, en el que se estimaba que los costes de la dispersión geográfica del Parlamento ascendían a 114 millones de euros anuales; toma nota, además, de la constatación que figura en su Resolución, de 20 de noviembre de 2013, sobre la fijación de las sedes de las instituciones de la Unión Europea(12), según la cual el 78 % de todas las misiones del personal estatutario del Parlamento son consecuencia directa de su dispersión geográfica; hace hincapié en que en el informe también se calcula que el impacto ambiental de la dispersión geográfica se sitúa entre 11 000 y 19 000 toneladas de emisiones de CO2; reitera que la opinión pública tiene una percepción negativa a causa de esta dispersión, y pide, por consiguiente, una hoja de ruta para el establecimiento de una sede única y una reducción de las líneas presupuestarias pertinentes;

Sección IV – Tribunal de Justicia

92.  Restablece el proyecto de presupuesto en todas las partidas presupuestarias recortadas por el Consejo que son esenciales para el funcionamiento del Tribunal, y restablece asimismo el estado de previsiones para dos partidas presupuestarias con el fin de aumentar la capacidad del Tribunal para responder a la creciente demanda de traducciones;

93.  Expresa su incredulidad ante la declaración unilateral del Consejo y el correspondiente apéndice sobre la reducción del personal en un 5 % que figura en la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto de 2018, según los cuales el Tribunal debe aún reducir su plantilla de personal en diecinueve puestos; subraya que esos diecinueve puestos corresponden a los doce y los siete puestos debidamente concedidos por el Parlamento y el Consejo en los procedimientos presupuestarios de 2015 y 2016, respectivamente, para hacer frente a las necesidades adicionales, e insiste, por consiguiente, en que esos diecinueve puestos no deben devolverse, pues el Tribunal ya ha cumplido debidamente su obligación de reducción del personal en un 5 % con la supresión de 98 puestos durante el período 2013-2017;

Sección V - Tribunal de Cuentas

94.  Restablece el proyecto de presupuesto en todas las partidas recortadas por el Consejo para aplicar el programa de trabajo del Tribunal de Cuentas y presentar los informes de auditoría previstos;

95.  Consigna una reserva en la partida «Consultas, estudios y encuestas de carácter limitado», a la espera del resultado de las negociaciones en curso sobre la revisión del Reglamento Financiero y de la entrada en vigor de la revisión en 2018;

Sección VI - Comité Económico y Social Europeo

96.  Restablece el proyecto de presupuesto en todas las partidas recortadas por el Consejo;

97.  Aumenta dos líneas presupuestarias por encima del nivel del proyecto de presupuesto en relación con el trabajo de los grupos consultivos nacionales en los acuerdos comerciales;

Sección VII - Comité Europeo de las Regiones

98.  Restablece el proyecto de presupuesto en todas las partidas recortadas por el Consejo;

99.  Aumenta algunas líneas presupuestarias por encima del nivel del proyecto de presupuesto con arreglo al estado de previsiones del propio Comité Europeo de las Regiones;

Sección VIII - Defensor del Pueblo Europeo

100.  Se felicita del trabajo llevado a cabo por el Defensor del Pueblo Europeo para conseguir aumentar la eficiencia de su propio presupuesto en comparación con ejercicios anteriores;

Sección IX - Supervisor Europeo de Protección de Datos

101.  Se pregunta por qué querría el Consejo reducir el presupuesto del Supervisor Europeo de Protección de Datos, habida cuenta de las tareas adicionales que le han sido atribuidas a esta institución por el Parlamento y el Consejo; restablece, por consiguiente, todas las líneas presupuestarias recortadas por el Consejo, para permitir al Supervisor Europeo de Protección de Datos cumplir sus compromisos y obligaciones;

Sección X - Servicio Europeo de Acción Exterior

102.  Restablece todas las líneas que han sido objeto de un recorte por parte del Consejo;

103.  Crea una partida presupuestaria para la Capacidad de Comunicación Estratégica, en consonancia con las Conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2015 y para dotar al SEAE de herramientas y personal adecuados para afrontar el reto de la desinformación procedente de terceros países y actores no estatales;

104.  Decide además transferir a los representantes especiales de la Unión Europea del capítulo correspondiente a la PESC al presupuesto del SEAE para reforzar la coherencia de la acción exterior de la Unión;

105.  Prevé un importe adicional por encima del nivel del estado de previsiones del SEAE para el personal en prácticas de las delegaciones de la Unión, en respuesta a las conclusiones de la investigación llevada a cabo por el Defensor del Pueblo Europeo sobre las prácticas no remuneradas(13);

o
o   o

106.  Toma nota de la declaración unilateral de Francia y Luxemburgo anexa a la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2018, adoptada el 4 de septiembre de 2017; recuerda que, en la negociación presupuestaria tripartita de primavera celebrada el 27 de marzo de 2017, los representantes del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llegaron a un acuerdo sobre un calendario pragmático para el desarrollo del procedimiento presupuestario, incluidas fechas para el periodo de conciliación; recuerda que el Consejo de Asuntos Generales aprobó el calendario pragmático en su reunión de 25 de abril de 2017, con pleno conocimiento del calendario de los periodos parciales del Parlamento para 2017; observa, además, que el procedimiento presupuestario se está desarrollando con arreglo al calendario pragmático acordado entre las tres instituciones;

107.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución, acompañada de las enmiendas al proyecto de presupuesto general, al Consejo, a la Comisión, a las demás instituciones y a los órganos interesados, así como a los Parlamentos nacionales.

(1) DO L 168 de 7.6.2014, p. 105.
(2) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(3) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(4) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(5) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0085.
(6) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0114.
(7) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0302.
(8) Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, p. 73).
(9) Directiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2010 relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos (DO L 276 de 20.10.2010, p. 33).
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0401 / P8_TA(2016)0411.
(11) COM(2017)0481.
(12) DO C 436 de 24.11.2016, p. 2.
(13) Defensor del Pueblo Europeo, 454.2014/PMC.


Aprobación de la gestión 2015: presupuesto general de la Unión - Consejo Europeo y Consejo
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Decisión
Resolución
1. Decisión del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección II – Consejo Europeo y Consejo (2016/2153(DEC))
P8_TA(2017)0409A8-0291/2017

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8‑0271/2016)(2),

–  Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2015, acompañado de las respuestas de las instituciones(3),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas(4) y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistas su Decisión de 27 de abril de 2017(5) por la que se aplaza la decisión de aprobación de la gestión para el ejercicio 2015, y la Resolución que la acompaña,

–  Vistos el artículo 314, apartado 10, y los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(6), y en particular sus artículos 55, 99, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento interno,

–  Visto el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0291/2017),

1.  Deniega al Secretario General del Consejo la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo para el ejercicio 2015;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma al Consejo Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, al Defensor del Pueblo Europeo, al Supervisor Europeo de Protección de Datos y al Servicio Europeo de Acción Exterior, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección II – Consejo Europeo y Consejo (2016/2153(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección II – Consejo Europeo y Consejo,

–  Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento interno,

–  Visto el segundo informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0291/2017),

A.  Considerando que todas las instituciones de la Unión deben ser transparentes y plenamente responsables ante los ciudadanos de la Unión de los fondos que se les confían en tanto que instituciones de la Unión;

B.  Considerando que el efecto combinado de una administración de la Unión abierta y transparente y la necesidad de proteger los intereses financieros de la Unión requieren un procedimiento de aprobación de la gestión que sea abierto y transparente en el que cada institución de la Unión sea responsable del presupuesto que ejecuta;

C.  Considerando que el Consejo Europeo y el Consejo, como instituciones de la Unión, deberían estar sometidos a responsabilidad democrática frente a los ciudadanos de la Unión en la medida en que son beneficiarios del presupuesto general de la Unión Europea;

1.  Recuerda la función que le atribuyen al Parlamento el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») y el Reglamento (UE, Euratom) n.° 966/2012 (en lo sucesivo, Reglamento Financiero) en lo que se refiere a la aprobación de la gestión presupuestaria;

2.  Señala que, de conformidad con el artículo 335 del TFUE, «[...] la Unión estará representada por cada una de las instituciones, en virtud de la autonomía administrativa de estas, para las cuestiones relacionadas con el funcionamiento de las mismas» y que, en consecuencia, teniendo en cuenta el artículo 55 del Reglamento Financiero, las instituciones son responsables a título individual de la ejecución de sus presupuestos;

3.  Toma nota del papel del Parlamento y de otras instituciones en el procedimiento de aprobación de la gestión de conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, en particular sus artículos 162 a 166;

4.  Toma nota de que, de conformidad con el artículo 94 de su Reglamento interno, «las disposiciones relativas al procedimiento de aprobación de la gestión de la Comisión, de conformidad con el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a la ejecución del presupuesto, se aplicarán asimismo al procedimiento de aprobación de la gestión a [...] las personas responsables de la ejecución de los presupuestos de otras instituciones y órganos de la Unión Europea, tales como el Consejo [...]»;

5.  Lamenta que el Consejo siga guardando silencio en relación con las observaciones formuladas por el Parlamento en su Resolución sobre la aprobación de la gestión, de 27 de abril de 2017(7), sobre la tendencia de ejercicios anteriores;

6.  Toma nota con satisfacción de que, por primera vez, el Consejo ha proporcionado al Parlamento los informes anuales de actividades de 2015 de la Dirección General de Administración, del Servicio Jurídico y de la Dirección General de Comunicación y Gestión de Documentos; toma nota de que las demás direcciones no cuentan con ordenadores delegados para la ejecución de la sección II – Consejo Europeo y Consejo – del presupuesto general de la Unión Europea;

7.  Señala que, en marzo de 2017, los coordinadores de la Comisión de Control Presupuestario decidieron crear un grupo de trabajo con representación de todos los grupos políticos, para elaborar una propuesta sobre el procedimiento de aprobación de la gestión del Consejo; subraya que esa propuesta ha sido aprobada por la Comisión de Control Presupuestario y enviada a la Conferencia de presidentes, que es el órgano del Parlamento competente para las relaciones interinstitucionales;

Cuestiones pendientes

8.  Lamenta que todavía no se hayan separado los presupuestos del Consejo Europeo y del Consejo, como recomienda el Parlamento en varias de sus recientes resoluciones sobre la aprobación de la gestión;

9.  Señala que la información sobre la política inmobiliaria del Consejo disponible en su página web no incluye detalles sobre los costes incurridos en relación con los edificios del Consejo; es consciente de que, en ocasiones, los departamentos del Parlamento y del Consejo encargados de los edificios intercambian información; propone que ese intercambio se haga periódico y que se proporcione información detallada al Parlamento en el informe financiero anual del Consejo;

10.  Reitera su petición de que se presenten informes de evolución sobre los proyectos inmobiliarios y un desglose pormenorizado de los gastos en los que se ha incurrido hasta la fecha; pide información sobre los gastos derivados de los retrasos en la finalización del edificio Europa;

11.  Toma nota de las nuevas directrices éticas para el Consejo publicadas en 2015 y que deberán seguirse mediante actividades de sensibilización sobre ética e integridad; lamenta que las normas del Consejo sobre denuncia de irregularidades sigan no estando disponibles públicamente;

12.  Celebra las mejoras logradas por el Consejo por lo que respecta a las políticas empresariales, en particular la política de transparencia; lamenta, no obstante, que el Consejo no participe todavía en el registro de transparencia de la Unión;

13.  Insta al Consejo a que elabore en el seno de sus estructuras directrices detalladas y políticas independientes en materia de lucha contra la corrupción;

14.  Lamenta las continuas dificultades que han surgido en los procedimientos de aprobación de la gestión hasta la fecha, que se han debido a una falta de cooperación por parte del Consejo; señala que el Parlamento se negó a aprobar la gestión del Secretario General del Consejo en la ejecución de los presupuestos para los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 por las razones mencionadas en sus Resoluciones de 10 de mayo de 2011(8), 25 de octubre de 2011(9), 10 de mayo de 2012(10), 23 de octubre de 2012(11), 17 de abril de 2013(12), 9 de octubre de 2013(13), 3 de abril de 2014(14), 23 de octubre de 2014(15), 29 de abril de 2015(16), 27 de octubre de 2015(17), 28 de abril de 2016(18) y 27 de octubre de 2016(19), y aplazó su decisión relativa a la aprobación de la gestión del Secretario General del Consejo en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2015 por las razones mencionadas en su Resolución de jueves, 27 de abril de 2017;

15.  Señala que la falta de aprobación de la gestión no ha tenido consecuencia alguna; considera, no obstante, que esta situación debe remediarse cuanto antes, principalmente en interés de los ciudadanos de la Unión;

16.  Insiste en que un ejercicio de control presupuestario eficaz requiere la cooperación del Parlamento y del Consejo, tal y como se establece en la Resolución del Parlamento de 27 de abril de 2017; confirma que no le es posible adoptar una decisión con conocimiento de causa sobre la aprobación de la gestión;

17.  Recuerda al Consejo la opinión expresada por la Comisión en enero de 2014 de que todas las instituciones deben formar parte integral del proceso de seguimiento de las observaciones realizadas por el Parlamento durante el procedimiento de aprobación de la gestión y han de cooperar para garantizar el correcto funcionamiento de dicho procedimiento;

18.  Observa que la Comisión ha declarado que no supervisará la ejecución presupuestaria de las otras instituciones y que dar respuesta a las preguntas dirigidas a otra institución supondría un menoscabo en la autonomía de esta en lo relativo a la ejecución de su sección del presupuesto;

19.  Lamenta que el Consejo siga sin responder a las preguntas del Parlamento;

20.  Insiste en que el gasto del Consejo se ha de controlar de la misma manera que el de las demás instituciones y que los elementos fundamentales de dicho examen figuran en sus resoluciones sobre la aprobación de la gestión de ejercicios anteriores;

21.  Hace hincapié en la prerrogativa del Parlamento para conceder la aprobación de la gestión de conformidad con los artículos 316, 317 y 319 del TFUE, en consonancia con la interpretación y la práctica actuales, en particular la concesión de la aprobación de la gestión para cada partida del presupuesto individualmente a fin de mantener la transparencia y la rendición de cuentas democrática ante los contribuyentes de la Unión;

22.  Considera que la falta de cooperación del Consejo Europeo y el Consejo con la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria envía una señal negativa a los ciudadanos de la Unión.

(1) DO L 69 de 13.3.2015.
(2) DO C 380 de 14.10.2016, p. 1.
(3) DO C 375 de 13.10.2016, p. 1.
(4) DO C 380 de 14.10.2016, p. 147.
(5) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0147.
(6) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(7) Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2017)0147.
(8) DO L 250 de 27.9.2011, p. 25.
(9) DO L 313 de 26.11.2011, p. 13.
(10) DO L 286 de 17.10.2012, p. 23.
(11) DO L 350 de 20.12.2012, p. 71.
(12) DO L 308 de 16.11.2013, p. 22.
(13) DO L 328 de 7.12.2013, p. 97.
(14) DO L 266 de 5.9.2014, p. 26.
(15) DO L 334 de 21.11.2014, p. 95.
(16) DO L 255 de 30.9.2015, p. 22.
(17) DO L 314 de 1.12.2015, p. 49.
(18) DO L 246 de 14.9.2016, p. 21.
(19) DO L 333 de 8.12.2016, p. 51.


Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos ***I
PDF 242kWORD 45k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 2004/37/CE, relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo (COM(2016)0248 – C8-0181/2016 – 2016/0130(COD))
P8_TA(2017)0410A8-0064/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0248),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 153, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0181/2016),

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 21 de septiembre de 2016(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 11 de julio de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

–  Vistos los artículos 59 y 39 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0064/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de octubre de 2017 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Directiva (UE) 2017/2398.)

(1) DO C 487 de 28.12.2016, p. 113.


Establecimiento de un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de la UE ***I
PDF 246kWORD 53k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines coercitivos y se modifican el Reglamento (CE) n.º 767/2008 y el Reglamento (UE) n.º 1077/2011 (COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD))
P8_TA(2017)0411A8-0057/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0194),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, el artículo 77, apartado 2, letras b) y d), el artículo 87, apartado 2, letra a), y el artículo 88, apartado 22, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0135/2016),

–  Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos sobre la base jurídica propuesta,

–  Visto el artículo 294, apartado 3, el artículo 77, apartado 2, letras b) y d) y el artículo 87, apartado 2, letra a) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de septiembre de 2016(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 12 de julio de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 59 y 39 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A8-0057/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de octubre de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y salida y de denegación de entrada relativos a nacionales de terceros países que crucen las fronteras exteriores de los Estados miembros, se determinan las condiciones de acceso al SES con fines policiales y se modifican el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y los Reglamentos (CE) n.º 767/2008 y (UE) n.º 1077/2011

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/2226.)

(1) DO C 487 de 28.12.2016, p. 66.


Modificación del Código de Fronteras de Schengen en lo que respecta a la utilización del Sistema de Entradas y Salidas ***I
PDF 243kWORD 41k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a la utilización del Sistema de Entradas y Salidas (COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(COD))
P8_TA(2017)0412A8-0059/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0196),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 77, apartado 2, letra b), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0134/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 21 de septiembre de 2016(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 12 de julio de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A8-0059/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 25 de octubre de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/399 en lo que respecta a la utilización del Sistema de Entradas y Salidas

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/2225.)

(1) DO C 487 de 28.12.2016, p. 66.


Aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, sobre los aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo (2017/2038(INI))
P8_TA(2017)0413A8-0294/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el preámbulo del TUE, y en particular su párrafo segundo y sus párrafos cuarto a séptimo,

–  Vistos, entre otros, el artículo 2, el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, y el artículo 6 del TUE,

–  Vistos, entre otros, el artículo 10 y el artículo 19, apartado 1, del TFUE,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 7 de diciembre de 2000 (en lo sucesivo, «la Carta»), proclamada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, que entró en vigor junto con el Tratado de Lisboa en diciembre de 2009,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, aprobada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989, y en particular su artículo 3,

–  Vista la Resolución de las Naciones Unidas A/RES/70/1, adoptada por su Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 con el título «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible»,

–  Vista la Resolución de las Naciones Unidas A/RES/60/7, adoptada por su Asamblea General el 1 de noviembre de 2005 con el título «Recordación del Holocausto»,

–  Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

–  Visto el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales, del Consejo de Europa,

–  Vista la Declaración del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre el auge del antigitanismo y la violencia racista contra los gitanos, adoptada el 1 de febrero de 2012,

–  Vista la Recomendación de política general n.º 13 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) sobre la lucha contra el antigitanismo y las discriminaciones contra los romaníes/gitanos,

–  Vista la Carta de los partidos políticos europeos por una sociedad no racista, adoptada por el Congreso de Poderes Locales y Regionales de Europa del Consejo de Europa en su 32.ª sesión, de marzo de 2017,

–  Vistas la Resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa n.º 1985 (2014) sobre la situación y los derechos de las minorías nacionales en Europa, y la Resolución n.º 2153 (2017) sobre el fomento de la inclusión de los gitanos y travellers,

–  Vista la declaración del secretario general del Consejo de Europa Thorbjørn Jagland, de 11 de abril de 2017, sobre los diez objetivos para los próximos diez años,

–  Visto el Convenio de la OIT relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, de 1958 (n.º 111),

–  Vista la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico(1),

–  Vista la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación(2),

–  Vista la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo(3),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social(4),

–  Vista la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal(5),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros, así como las conclusiones del Consejo de 8 de diciembre de 2016 sobre la aceleración del proceso de integración de los gitanos, y de 13 de octubre de 2016 sobre el Informe especial n.º 14/2016 del Tribunal de Cuentas,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 15 de junio de 2011, sobre educación infantil y atención a la infancia,

–  Vistas las comunicaciones de la Comisión sobre la integración de los gitanos (COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424), incluida la Comunicación sobre un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020 (COM(2011)0173),

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La Garantía Juvenil y la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, situación al cabo de tres años» (COM(2016)0646),

–  Vista la Recomendación 2013/112/UE de la Comisión, de 20 de febrero de 2013, titulada «Invertir en la infancia: romper el ciclo de las desventajas»,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre los gitanos(6),

–  Vista su Resolución, de 15 de abril de 2015, con ocasión del Día Internacional del Pueblo Gitano – antigitanismo en Europa y reconocimiento por la UE del día de conmemoración del genocidio del pueblo gitano durante la Segunda Guerra Mundial(7),

–  Vista su Resolución, de 13 de diciembre de 2016, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en 2015(8), y en particular sus apartados 117 a 122, relativos a los derechos de la población romaní,

–  Visto el Informe sobre los derechos fundamentales 2016 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos los informes EU-MIDIS I y II de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y otros estudios e informes sobre la población romaní,

–  Visto el Informe Especial n.º 14/2016 del Tribunal de Cuentas titulado «Iniciativas y ayuda financiera de la UE para la integración de los gitanos: pese a los avances significativos de la última década, aún son necesarios esfuerzos adicionales sobre el terreno»,

–  Vista la encuesta del Eurobarómetro «Discriminación en la UE en 2015»,

–  Vistos los informes y las recomendaciones de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y entre otros, su plan de acción sobre la mejora de la situación de la población romaní y sinti en el ámbito de la OSCE,

–  Vistos los informes y las recomendaciones de las organizaciones de vigilancia y de la sociedad civil, en especial los del Centro Europeo de Derechos Romaníes, la Fundación Secretariado Gitano, OSF, ERGO y Amnistía Internacional,

–  Visto el documento de referencia sobre antigitanismo elaborado por la Alianza contra el antigitanismo,

–  Visto el informe del Centro de Estudios Políticos Europeos titulado «Combating Institutional Anti-Gypsyism: Responses and promising practices in the EU and selected Member States» (la lucha contra el antigitanismo institucional:respuestas y prácticas prometedoras en la Unión y en determinados Estados miembros),

–  Visto el recientemente establecido Instituto Europeo de Arte y Cultura Gitana (ERIAC) en Berlín, que tiene por objeto establecer la presencia artística y cultural de los doce millones de gitanos que viven en Europa, permitiendo su expresión personal y contribuyendo así a la lucha contra el antigitanismo,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0294/2017),

A.  Considerando que la población gitana se sigue viendo privada de sus derechos humanos en Europa;

B.  Considerando que la población gitana forma parte de la cultura y los valores de Europa y que ha contribuido a la riqueza cultural, la diversidad, la economía y la historia común de la Unión;

C.  Considerando que «el antigitanismo es una forma específica de racismo, una ideología basada en la superioridad racial, una forma de deshumanización y de racismo institucional alimentado por una discriminación histórica, que se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso del miedo, la explotación y la discriminación en su forma más flagrante»(9);

D.  Considerando que, a pesar de los esfuerzos realizados a nivel nacional, europeo e internacional, puede detectarse a diario un antigitanismo estructural y persistente(10) en todos los niveles de la sociedad europea, que se manifiesta, por ejemplo, en forma de abandono individual e institucional, discriminación, desigualdad, desempoderamiento, denigración, alterización, búsqueda de chivos expiatorios, estigmatización o incitación al odio, y que convierte a los gitanos en víctimas de la violencia, de una pobreza extrema y una exclusión social profunda; que el antigitanismo va en aumento y que los partidos políticos ganan popularidad al expresar abiertamente su hostilidad contra los gitanos;

E.  Considerando que pueden detectarse diferentes formas de antigitanismo en el trabajo y el funcionamiento de las autoridades públicas e instituciones de todas las esferas y a todos los niveles en los Estados miembros, que se manifiestan por regla general en la falta de acceso o de igualdad de acceso a infraestructuras y servicios públicos, la denegación de la igualdad de derechos y de trato, la falta de presencia de gitanos en la formulación de políticas y en procesos de producción de conocimientos, su infrarrepresentación en organismos oficiales en todos los niveles de la sociedad, la creación de programas discriminatorios y el uso indebido de oportunidades de financiación para mejorar la vida de la población romaní;

F.  Considerando que puede incluso observarse un antigitanismo involuntario en las actividades de las instituciones de la Unión, pues muchos de sus programas y fondos que podrían tener efectos positivos en las condiciones de vida y perspectivas de futuro de los gitanos no llegan a estos o no tienen en cuenta la realidad que viven ni la discriminación a la que se enfrentan, a pesar de que sí que los designan de forma simbólica como unos de sus beneficiarios;

G.  Considerando que el antigitanismo, por muy inconsciente que sea, está presente en el acervo de la Unión, ya que este no suele tener en cuenta las realidades y los retos de la población romaní, que, sometida a múltiples discriminaciones durante siglos, no puede disfrutar de los mismos derechos y oportunidades ni del mismo nivel de protección que el acervo de la Unión otorga a otros ciudadanos de la Unión;

H.  Considerando que nuestra sociedad sigue tratando a los gitanos de forma paternalista, lo que se percibe tanto en el lenguaje como en los actos, que no hacen sino insistir en la necesidad de «incluir» o «integrar» a la población romaní, cuando lo que se necesita en realidad es un cambio radical de enfoque; que es preciso que nuestra sociedad les garantice el acceso a sus derechos fundamentales y el pleno disfrute de estos y de su ciudadanía;

I.  Considerando que se hace referencia continuamente a la población romaní como población vulnerable, cuando el hecho de privarla de sus derechos humanos inalienables y de negarle la igualdad de trato y de acceso al bienestar, los servicios, la información, la justicia, la educación, la atención sanitaria, el empleo, etc., sugiere que son las estructuras discriminatorias creadas y mantenidas por los que están en el poder las que convierten en vulnerable a la población gitana; que esto demuestra que las autoridades pertinentes han ignorado sus responsabilidades en materia de derechos humanos;

Pertenencia y participación

1.  Hace hincapié en que, con miras a combatir el consenso social inconsciente de excluir a la población gitana, luchar contra su discriminación y exclusión social, y destruir estereotipos creados y afianzados por la literatura popular, los medios de comunicación social, las artes y el lenguaje a lo largo de los siglos, es fundamental educar a las sociedades mayoritarias sobre la diversidad de la población gitana, su historia, su cultura y el alcance y la gravedad del antigitanismo a que se enfrenta en su vida cotidiana, así como las distintas formas que este adquiere; pide, en ese sentido, a los Estados miembros que asuman todas sus responsabilidades para con sus ciudadanos romaníes y lancen campañas de concienciación y de sensibilización interseccional a largo plazo;

2.  Considera que la participación activa y significativa de la población romaní a nivel social, económico, político y cultural resulta clave a la hora de atajar el antigitanismo de forma efectiva y de generar la indispensable confianza mutua en beneficio de toda la sociedad; toma nota de la responsabilidad conjunta de la Comisión y de los Estados miembros a este respecto; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que diseñen estrategias que presenten medidas de carácter proactivo y reactivo sobre la base de consultas verdaderas y sistemáticas con los representantes de la población gitana y las ONG, y que los involucren en el desarrollo, la supervisión y la evaluación de los programas y proyectos generales iniciados a todos los niveles, incluido a nivel local; pide a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la creación de organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas romaníes independientes, así como el empoderamiento de una juventud gitana dirigente progresista;

Reconciliación y creación de confianza

3.  Insta a la Comisión a que, en aras de instaurar una confianza mutua que resulta fundamental, cree una comisión de la verdad y la reconciliación a escala de la Unión (ya sea dentro de las estructuras existentes o como organismo independiente) con objeto de reconocer la persecución, exclusión y repudio de los gitanos a lo largo de los siglos, a que documente esta situación en un libro blanco oficial, y a que cuente con la participación del Parlamento Europeo y de expertos romaníes en la realización de esta labor;

4.  Pide a los Estados miembros que creen (bien dentro de las estructuras existentes, bien como organismos independientes) comisiones nacionales de la verdad y la reconciliación, con objeto de reconocer la persecución, exclusión y repudio de los gitanos a través de los siglos, contando para ello con la participación de miembros del Parlamento, funcionarios de la Administración, abogados, representantes de la población gitana, ONG y organizaciones de base, y que documenten estas cuestiones en un libro blanco oficial, y anima asimismo a los Estados miembros a incluir la historia del pueblo romaní en los planes de estudios de las escuelas;

5.  Pide a los Estados miembros que conmemoren a las víctimas del holocausto gitano, que marquen el 2 de agosto como Día de Conmemoración del Holocausto Gitano y que concedan una compensación adecuada e inmediata a los supervivientes del holocausto mediante un procedimiento simplificado, acompañado de una campaña de sensibilización; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan a las víctimas romaníes en las conmemoraciones celebradas el 27 de enero de cada año con motivo del día conmemorativo del holocausto y que organicen cursos de formación voluntaria para los funcionarios sobre el holocausto gitano;

Controles de resultados

6.  Manifiesta su preocupación por que, pese a la aplicación de varios programas específicos en los Estados miembros, la mayoría de los programas generales, incluidos los financiados con cargo a los Fondos Estructurales, no logran llegar a los más desfavorecidos, en especial a la población romaní; pide, por consiguiente, al Tribunal de Cuentas que, de una manera más exhaustiva y regular, compruebe los resultados de los programas de la Unión, como los programas de empleo y educación tales como, por ejemplo, el programa Erasmus + y la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ);

7.  Pide a la Comisión que:

   evalúe los programas y las oportunidades de financiación de la Unión a fin de determinar si cumplen el requisito de no discriminación y de participación y, cuando proceda, que adopte medidas correctoras sin demora,
   ponga en marcha un plan de contabilidad financiera y de seguimiento sólido, basado en la calidad y a largo plazo, para comprobar la actuación de los Estados miembros en lo que respecta a la utilización de los programas de la Unión,
   implique a los gitanos destinatarios de los proyectos en los procesos de seguimiento y evaluación de los mismos, de forma eficaz y transparente,
   garantice que el mecanismo de quejas existente se vuelve más accesible y transparente para los residentes, las ONG y las autoridades, a fin de permitirles que informen sobre fondos y programas de la Unión discriminatorios;
   suspenda la financiación en casos de uso indebido de fondos de la Unión,
   reforme los Fondos EIE de manera que ofrezcan apoyo financiero a la lucha contra el antigitanismo de una manera más proactiva, y
   amplíe los programas de financiación «Europa con los Ciudadanos» y «Derechos, Igualdad y Ciudadanía», reconociendo la importante función de las organizaciones de vigilancia de la sociedad civil y otras partes interesadas en la supervisión del antigitanismo, y garantizando el respeto de los derechos fundamentales;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que:

   garanticen que las intervenciones pertinentes financiadas por la Unión y que puedan repercutir en la comunidad gitana sean inclusivas y luchen contra la segregación,
   garanticen que las prácticas segregacionistas se describan claramente y se excluyan de manera explícita de la financiación;
   mejoren las oportunidades de financiación a fin de garantizar que las oportunidades creadas en materia de educación y empleo brindan una salida real y duradera al desempleo de larga duración, salida que resulta necesaria para vivir con dignidad;
   velen por la utilización efectiva de todos los recursos disponibles, y
   aumenten la tasa de absorción de los fondos de la Unión, en consonancia con las prioridades establecidas en las estrategias nacionales de integración de los gitanos;

9.  Pide a los Estados miembros que aumenten la coordinación entre las autoridades locales y nacionales con vistas a eliminar los obstáculos administrativos y políticos, y que utilicen de manera efectiva los fondos de la Unión para mejorar la situación de los gitanos, en especial la de los niños;

10.  Recuerda la Recomendación del Consejo de 2013, en la que se señala que el fomento de la integración social y la lucha contra la pobreza y la discriminación, incluida, entre otras, la integración socioeconómica de comunidades marginadas como la de los gitanos, deben facilitarse mediante la asignación del 20 % como mínimo de los recursos totales del FSE en cada Estado miembro, para invertir en las personas;

Garantizar la igualdad de derechos y luchar contra el antigitanismo gracias a la formación

11.  Recuerda que los derechos de las minorías y la prohibición de la discriminación forman parte integrante de los derechos fundamentales y que, como tales, entran en el ámbito de aplicación de los valores de la Unión que han de respetarse conforme al artículo 2 del TUE; recuerda que, en virtud del artículo 7 del TUE, la Unión puede adoptar medidas si existe un riesgo claro de violación grave de dichos valores por parte de un Estado miembro;

12.  Pide a los Estados miembros que, sobre la base de los preocupantes informes de las ONG y las organizaciones de vigilancia:

   apliquen y hagan cumplir la Directiva 2000/43/CE a fin de impedir y eliminar eficazmente todas las formas de discriminación contra los gitanos, y velen por que las reglamentaciones administrativas nacionales, regionales y locales no sean discriminatorias y no den lugar a prácticas segregacionistas;
   apliquen y hagan cumplir la Decisión Marco 2008/913/JAI ya que proporciona los medios necesarios para combatir con éxito la retórica del antigitanismo y la violencia ejercida contra la población romaní;

13.  Pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros en la transposición y aplicación de las Directivas sobre la igualdad de trato y que siga incoando procedimientos de infracción contra todos los Estados miembros, sin excepción, que infrinjan dichas Directivas o que no las transpongan o apliquen, como por ejemplo la Directiva sobre igualdad racial (2000/43/CE), la Directiva sobre libre circulación y residencia (2004/38/CE)(11), la Directiva sobre los derechos de las víctimas (2012/29/UE), la Decisión Marco sobre el racismo y la xenofobia (2008/913/JAI), la Directiva de servicios de comunicación audiovisual (2010/13/UE)(12), la Directiva del Consejo sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres (2004/113/CE)(13) o la relativa a la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (2000/78/CE);

14.  Pide a la Comisión y al Consejo que superen el bloqueo en que se halla la Directiva contra la discriminación y que reanuden las negociaciones al respecto;

15.  Condena la negativa de determinados Estados miembros a reconocer que su población gitana sufre desigualdades, su falta de voluntad política para subsanar su incapacidad a la hora de asegurar a dicha población el acceso a sus derechos fundamentales y su disfrute, y el hecho de culparla de su exclusión social, causada por un racismo estructural;

16.  Pide a los Estados miembros que:

   condenen y sancionen de forma contundente la negación del holocausto gitano, la incitación al odio y la búsqueda de chivos expiatorios por parte de políticos y cargos públicos en todos los niveles y en todos los medios de comunicación social, dado que refuerzan directamente el antigitanismo en la sociedad,
   adopten medidas adicionales para evitar, condenar y combatir la incitación al odio contra los gitanos, recurriendo también al diálogo cultural;

17.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que intensifiquen su labor con las ONG a fin de ofrecer una formación sobre las mejores prácticas en materia de lucha contra los prejuicios, así como sobre campañas eficaces de lucha contra la incitación al odio mediante una descripción de las necesidades y demandas específicas en este sentido de las ONG colaboradoras; pide a la Comisión que haga un llamamiento a la sociedad civil para que vigile y denuncie la incitación al odio, los delitos motivados por el odio y la negación del holocausto en los Estados miembros;

18.  Pide a su presidente que condene y sancione a los diputados al Parlamento que utilicen un lenguaje difamatorio, racista o xenófobo, o que se comporten de este modo en el Parlamento;

19.  Lamenta la violación del derecho a la libre circulación de la población romaní; pide a los Estados miembros que reconozcan que los principios fundamentales de la Unión deben aplicarse a todos sus ciudadanos, y que la Directiva sobre la libre circulación no permite las expulsiones colectivas ni ningún tipo de control policial con sesgo racista; pide a los Estados miembros de origen que asuman su responsabilidad en la lucha contra la pobreza y exclusión de todos sus ciudadanos, y a los Estados miembros de destino que aumenten la colaboración transfronteriza para combatir la discriminación y la explotación e impedir que la exclusión continúe en el país de destino.

20.  Pide a los Estados miembros que aborden los prejuicios contra los refugiados y solicitantes de asilo romaníes en el contexto migratorio; recuerda que los Estados miembros reciben a solicitantes de asilo de países de los Balcanes Occidentales, que el grueso de ellos lo constituyen gitanos procedentes de Serbia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, y que este hecho puede guardar correlación con los factores específicos que afectan a las comunidades romaníes de esos países; aboga por que se incluya un capítulo específico sobre la persecución derivada del antigitanismo en la información relativa a los países de origen para los Estados en cuestión;

21.  Muestra su gran preocupación por el número de gitanos apátridas en Europa, lo que conlleva una denegación total de su acceso a servicios sociales, educativos y sanitarios y los relega a los márgenes de la sociedad; pide a los Estados miembros que pongan fin a la apatridia y garanticen que todas las personas pueden disfrutar de los derechos humanos fundamentales;

22.  Pide a los Estados miembros que apliquen una política de registro de nacimientos que no sea discriminatoria y que garanticen la identificación de todos sus ciudadanos con el fin de evitar que se niegue el acceso a los servicios básicos esenciales a la población gitana; pide a los Estados miembros que adopten medidas correctoras inmediatas para poner fin al registro de nacimientos discriminatorio y que, a través de sus autoridades locales, tomen medidas activas para garantizar la inscripción en el registro de cada niño; pide a la Comisión que supervise y evalúe la situación en los Estados miembros, que comparta las mejores prácticas en materia de identificación y protección de las personas cuya nacionalidad no ha sido reconocida y que no tiene acceso a documentos de identidad, y que inicie una campaña de sensibilización sobre la importancia del registro de nacimientos;

23.  Manifiesta su profunda preocupación por la desigualdad de acceso de los gitanos a la información, los servicios y la atención sanitarios, por la gran escasez de tarjetas sanitarias que se da en esta población y por los abusos raciales que padece; pide a los Estados miembros que adopten medidas eficaces para eliminar cualquier obstáculo al acceso al sistema sanitario; pide a los Estados miembros que, en caso necesario, aseguren la financiación destinada a los programas de mediación sanitaria para la población romaní, aumenten la concienciación en materia sanitaria y mejoren el acceso a la vacunación y a la asistencia sanitaria preventiva en las comunidades gitanas;

24.  Se muestra alarmado por la discriminación que padecen las mujeres romaníes, a quienes se atiende con frecuencia en maternidades segregadas y de baja calidad, quienes se enfrentan a abusos físicos, desamparo y maltrato o trato deficiente por parte del personal sanitario cuando intentan acceder a servicios sanitarios sexuales y reproductivos, y quienes no suelen tener acceso a unidades móviles para exámenes médicos; insta a los Estados miembros a que establezcan un mecanismo de control y correctivo a tal efecto de forma inmediata, y a que garanticen que el personal médico que infrinja las normas de ética profesional responda de sus actos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen los esfuerzos destinados a fomentar una capacitación amplia y sostenible de las mujeres romaníes, que creen estructuras especializadas como puntos de información para ofrecer material de información sanitaria convenientemente adaptado y que faciliten el apoyo necesario a las iniciativas sanitarias comunitarias;

25.  Pide a los Estados miembros que concedan prioridad a los niños en la aplicación del marco europeo de estrategias nacionales sobre los gitanos, en particular proporcionando a los niños gitanos acceso a la sanidad, a unas condiciones de vida dignas y a la educación; subraya que la lucha contra el analfabetismo de los niños gitanos resulta clave para una mayor integración e inclusión del pueblo gitano, ya que permitirá que las próximas generaciones mejoren su acceso al empleo;

26.  Insta a los Estados miembros a que condenen la esterilización forzada, proporcionen una compensación a las mujeres romaníes sometidas a esterilizaciones sistémicas apoyadas por el Estado, y a que pidan disculpas públicas a las víctimas de este crimen contra la humanidad;

27.  Expresa su gran inquietud ante el fenómeno de la sustracción ilícita de niños romaníes a sus progenitores; pide a los Estados miembros que investiguen estos casos sin dilación y que adopten las medidas adecuadas para impedir que se produzcan;

28.  Condena el hecho de que los Estados miembros no hayan logrado garantizar la igualdad de acceso a la justicia y la igualdad ante la ley de la población romaní, lo que se refleja en lo siguiente:

   la ausencia total o la lentitud excesiva de los procedimientos destinados a rendir justicia a las víctimas de delitos motivados por el odio, especialmente los cometidos por agentes de policía,
   la criminalización desproporcionada de los gitanos,
   el exceso de control policial (utilización de perfiles basados en el origen étnico, procedimientos de detención y registro excesivos, asaltos injustificados a asentamientos romaníes, confiscación arbitraria y destrucción de propiedad, uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, ataques, amenazas, humillaciones, abuso físico y denegación de derechos durante la custodia y los interrogatorios policiales),
   y una actuación policial insuficiente en los delitos cometidos contra los gitanos, ofreciendo una asistencia, protección (como en los casos de trata o de violencia doméstica) e investigación escasas o nulas en los delitos denunciados por los gitanos;

29.  Pide a los Estados miembros que:

   garanticen que todos los ciudadanos son iguales ante la ley y velen por que todo el mundo disfrute de igualdad de acceso a la justicia y a los derechos procesales,
   proporcionen una formación obligatoria en el puesto de trabajo, basada en los derechos humanos y orientada al servicio, a los agentes de los cuerpos de seguridad y los funcionarios del sistema judicial, en todos sus niveles,
   investiguen y persigan los delitos motivados por el odio y establezcan las mejores prácticas para detectar e investigar estos delitos de intolerancia, incluidos aquellos motivados específicamente por el antigitanismo,
   doten a las fuerzas de seguridad de unidades contra los delitos de intolerancia sensibilizadas en materia de antigitanismo,
   fomenten una actuación policial adecuada y, en caso de abusos policiales, apliquen sanciones,
   contraten a profesionales en materia de resolución de litigios para que colaboren con la policía,
   fomenten la contratación activa de gitanos en los cuerpos de seguridad,
   garanticen que los programas de apoyo a las víctimas abordan las necesidades específicas de los gitanos y que se les presta asistencia cuando presentan reclamaciones o denuncias,
   prosigan con el programa Justrom, un programa conjunto de la Comisión y el Consejo de Europa sobre el acceso a la justicia de las mujeres romaníes, y amplíen su ámbito geográfico,
   apliquen plenamente la Directiva de la UE sobre la lucha contra la trata de seres humanos y refuercen su cooperación policial y judicial para combatir esta trata, y
   apliquen plenamente la Directiva 2011/93/UE(14) para prevenir y combatir el abuso y la explotación sexual de los niños y proteger a las víctimas;

30.  Pide a la Escuela Europea de Policía (CEPOL) que siga proponiendo formaciones en materia de derechos fundamentales y de sensibilización interseccional de las fuerzas de seguridad en este ámbito;

31.  Expresa su profunda preocupación por la discriminación generalizada contra los gitanos en materia de vivienda, caracterizada por un mercado del alquiler y de la propiedad inmobiliaria y un sistema de vivienda social discriminatorios, por desalojos forzosos y demoliciones de los hogares de los gitanos sin proporcionarles una vivienda alternativa adecuada, por el traslado de gitanos a campamentos y refugios de emergencia separados y carentes de servicios básicos, por el levantamiento de muros en torno a los asentamientos romaníes y por la incapacidad de las autoridades públicas para asegurar a la población gitana un acceso total y cotidiano a agua corriente potable y sistemas de alcantarillado;

32.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas efectivas para garantizar un trato equitativo a los gitanos en el acceso a la vivienda, y que utilicen al máximo los fondos de la Unión para mejorar la situación de la vivienda de esta población, en particular mediante el fomento de la desegregación, la eliminación de cualquier segregación territorial, la promoción del desarrollo local dirigido por la comunidad y la inversión territorial integrada respaldada por los Fondos EIE, así como mediante una política coherente en materia de vivienda pública; insta a los Estados miembros a que garanticen el acceso a los servicios (agua, electricidad y gas) e infraestructuras públicos para las viviendas, de conformidad con la legislación nacional;

33.  Pide a la Comisión que reconozca su competencia en el ámbito de los desalojos forzosos por motivos raciales; pide a los Estados miembros que garanticen que, en los casos de desalojos forzosos, se respeten plenamente, además del Derecho de la Unión, las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, como las derivadas del Convenio Europeo de Derechos Humanos; aboga, además, por aumentar el número y la disponibilidad de expertos en desegregación en los Estados miembros más afectados a fin de apoyar a las autoridades a la hora de garantizar que los Fondos EIE fomenten eficazmente la desegregación, y pide que el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FSE-FEDER) se destinen a medidas contra la segregación espacial;

34.  Acoge con satisfacción las iniciativas proactivas que pretenden mejorar la situación de los gitanos en el ámbito de la vivienda en las ciudades; toma nota de la iniciativa «Eurociudades», que reúne datos mediante un ejercicio de cartografiado que analiza las características de las comunidades romaníes en las ciudades, los retos a los que se enfrentan y las respuestas de la ciudad a dichos retos;

35.  Lamenta la pervivencia de la segregación escolar, en particular la representación desproporcionada de niños romaníes en «escuelas especiales», escuelas exclusivas para romaníes, clases separadas, «escuelas de contenedores», etc.; pide a los Estados miembros que elaboren y adopten medidas específicas contra la segregación escolar y otras medidas eficaces para garantizar un trato equitativo y el pleno acceso a una educación general y de alta calidad para los niños gitanos, y que garanticen que todos ellos completen, como mínimo, la enseñanza obligatoria; destaca, en este sentido, la importancia de analizar las causas del abandono escolar prematuro, en particular el papel del antigitanismo en este fenómeno; alienta, además, a los Estados miembros a que exploren nuevas formas para cerrar la brecha educativa existente mediante el aprendizaje de adultos, la educación y formación profesional y el aprendizaje no formal e informal; insiste en que esto debería llevarse a cabo prestando atención asimismo a la discriminación interseccional, con la participación de expertos y mediadores escolares romaníes, y garantizando los recursos adecuados para ello;

36.  Considera que la discriminación de la población gitana en el ámbito del trabajo —que se suele caracterizar por un desempleo de larga duración, contratos de cero horas, condiciones de empleo precarias sin seguro ni pensión médica o social, obstáculos en el mercado laboral (existentes incluso para los gitanos con educación superior) y falta de posibilidades de reciclaje profesional— resulta alarmante e inaceptable; insta, por consiguiente, a los Estados miembros a que adopten medidas eficaces para garantizar a la población gitana un trato equitativo en su acceso al mercado laboral y a las oportunidades de empleo, y a que eliminen los obstáculos directos e indirectos para ello, incluida la discriminación;

37.  Pide a los Estados miembros que colaboren con el sector privado al objeto de apoyar las oportunidades de formación, empleo y negocio para los gitanos, en especial en sectores tecnológicos en crecimiento; pide a los Estados miembros que exploren de manera ambiciosa de qué modo pueden las nuevas tecnologías ayudar y contribuir a la inclusión social y económica de la población romaní y a la lucha contra el antigitanismo; destaca la importancia del desarrollo regional en la creación de empleo sostenible en las regiones menos desarrolladas;

38.  Pide a los Estados miembros que fomenten políticas que hayan demostrado tener un efecto positivo, como la formación profesional y en el puesto de trabajo, los servicios de asesoramiento personalizado, el trabajo por cuenta propia o los programas de emprendimiento social y de apoyo al primer empleo, con el fin de fomentar la participación de los gitanos en el mercado laboral y de impedir la transmisión intergeneracional de la pobreza en las comunidades gitanas;

39.  Condena las formas múltiples e interseccionales de discriminación de los gitanos, que suelen darse de manera oculta o encubierta; hace hincapié en que las políticas que se centran en un solo motivo de discriminación deberían tener en consideración la situación de grupos específicos susceptibles de ser objeto de discriminación múltiple; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que presten especial atención a la mejora del nivel educativo, la participación, el acceso al empleo, la vivienda, la sanidad y la prevención de la discriminación en el caso de los gitanos que se enfrentan a una discriminación múltiple e interseccional, y a que prevean programas específicos para ellos en el Marco europeo de estrategias nacionales de integración de los gitanos más allá de 2020;

40.  Observa con preocupación que las mujeres romaníes están expuestas a una discriminación múltiple e interseccional por ser mujeres y por pertenecer a la minoría étnica romaní, por lo que se encuentran en posición de desventaja a la hora de participar en la sociedad a todos los niveles y de acceder a los servicios y recursos básicos; subraya que la discriminación es todavía mayor en el caso de las mujeres y niñas gitanas que no disponen de documento de identidad; hace hincapié en que la mejora de la situación de las mujeres y las niñas gitanas pasa por políticas no discriminatorias adaptadas y específicas que permitan un acceso equitativo al empleo y a la educación, incluido el aprendizaje permanente, y que garanticen una vivienda de calidad, aspecto este clave para mejorar sus condiciones de vida y luchar contra la pobreza y la exclusión;

41.  Pide a los Estados miembros que garanticen la introducción de un capítulo específico dedicado a los derechos de las mujeres y la igualdad de género en sus estrategias nacionales de integración de los gitanos, y que en cada una de las secciones de esas estrategias, en particular en la asignación de créditos, se apliquen medidas de integración de la perspectiva del género destinadas a promover los derechos de la mujer y la perspectiva de la igualdad de género, en consonancia con las Conclusiones del Consejo sobre el Marco europeo para las estrategias nacionales de integración de la población gitana, según las cuales «deberá aplicarse una perspectiva de género a todas las políticas y acciones destinadas a impulsar la inclusión de la población gitana»; pide a los Gobiernos de los Estados miembros y a las autoridades locales que impliquen a las mujeres gitanas en la preparación, aplicación, evaluación y seguimiento de las estrategias nacionales de integración de los gitanos; subraya la necesidad de recopilar sistemáticamente y analizar regularmente los datos desglosados por género, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen si las políticas están logrando las mejoras deseadas para las mujeres y las niñas romaníes, y que tomen medidas en caso de que no se observen progresos; pide a la Comisión que apoye el fomento de la igualdad de género en la aplicación de todas las vertientes de la Estrategia Europa 2020, en consonancia con la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015;

42.  Pide a los Estados miembros que tengan en cuenta los retos particulares a que se enfrentan las mujeres y las niñas romaníes en relación con los matrimonios precoces y forzados y los ataques a su integridad física, y anima a los Estados miembros a promover y respaldar la recopilación y difusión de datos relativos a las medidas jurídicas y de otro tipo adoptadas a nivel nacional para impedir y combatir la violencia perpetrada contra las mujeres y las niñas romaníes;

43.  Alienta a las empresas y a las autoridades locales a que creen planes de formación y oportunidades laborales para las mujeres romaníes;

44.  Pide a los Gobiernos que promuevan y respalden la participación efectiva de las mujeres romaníes en la vida pública y política;

45.  Considera que los organismos de promoción de la igualdad resultan vitales para informar a los gitanos sobre sus derechos, ayudarles a la hora de ejercerlos y denunciar la discriminación; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan normas para garantizar que los organismos de promoción de la igualdad cuentan con las competencias y los recursos adecuados para llevar a cabo un seguimiento del antigitanismo y actuar contra este; pide a los Estados miembros que contribuyan al trabajo y la capacidad institucional de los organismos de promoción de la igualdad, concediéndoles para ello los recursos adecuados que les permitan proporcionar una asistencia jurídica y judicial eficaz, y que refuercen su labor con asesores jurídicos romaníes para facilitar la denuncia de abusos;

46.  Manifiesta su preocupación por el bajo nivel de participación de los gitanos como interlocutores o representantes electos de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como por la incapacidad de los gobiernos para garantizarles el pleno ejercicio de su ciudadanía; reconoce el papel fundamental de la sociedad civil en este ámbito; aboga por una colaboración más amplia entre las autoridades competentes a nivel nacional y local, la Unión, el Consejo de Europa y las ONG; alienta a las instituciones y los partidos políticos de la Unión y de sus Estados miembros a promover activamente la participación y el empoderamiento de la población gitana a nivel político, así como su contratación en las administraciones públicas; aboga por programas de empoderamiento de la población gitana, incluidos aquellos destinados a aumentar y garantizar la participación a largo plazo de los gitanos, desde una perspectiva interseccional, en cuanto representantes de los gobiernos locales, regionales y nacionales; pide a la Comisión y a los Estados miembros que tomen medidas para garantizar el refuerzo de la participación de las mujeres romaníes en la elaboración de políticas y la toma de decisiones;

47.  Pide a los Estados miembros que ofrezcan formaciones obligatorias, prácticas e interseccionales en materia de derechos fundamentales y no discriminación a todos los funcionarios públicos garantes de derechos cuyo cometido resulte clave a la hora de aplicar correctamente la legislación de la Unión y de los Estados miembros, a fin de dotarlos de los conocimientos y capacidades necesarios para poder servir a todos los ciudadanos desde una perspectiva basada en los derechos humanos;

48.  Pide a los Estados miembros que, habida cuenta del poder de los medios de comunicación a la hora de influir en la percepción que el público en general tiene de las minorías étnicas:

   ofrezcan una formación obligatoria a las personas que trabajan en los servicios públicos de radiodifusión y en los medios de comunicación para concienciarlos en mayor medida sobre los retos y la discriminación a que se enfrenta la población romaní, así como sobre los estereotipos perjudiciales,
   fomenten la contratación de gitanos en los medios de comunicación públicos,
   promuevan la representación romaní en los consejos de administración de los medios de comunicación públicos;

49.  Alienta a los Estados miembros a que, para poner fin con éxito a la perpetuación del antigitanismo, incluyan en sus programas escolares contenidos obligatorios en materia de derechos humanos, ciudadanía democrática y cultura política a todos los niveles, al objeto de acabar con la inseguridad de la identidad de la población romaní y de reforzar su autoconfianza y su capacidad para ejercer y exigir sus derechos en igualdad;

50.  Manifiesta su honda preocupación por los recortes en el sector público, que han afectado gravemente a las actividades llevadas a cabo por el Estado y las ONG financiadas por este para promover la igualdad de la población romaní, y han limitado el alcance de sus proyectos en este ámbito; subraya que el Estado y sus instituciones desempeñan un papel fundamental e irreemplazable a la hora de promover la igualdad;

Estrategias nacionales de integración de los gitanos

51.  Observa con preocupación que los esfuerzos realizados y los medios financieros invertidos, así como los numerosos programas y fondos europeos y nacionales dirigidos a la comunidad romaní no han contribuido de forma significativa a mejorar sus condiciones de vida ni han hecho que se avance en su integración, en particular a escala local; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que, a fin de luchar contra la marginación, discriminación y exclusión de los gitanos, de avanzar en su proceso de integración y de combatir el antigitanismo:

   sean ambiciosos a la hora de establecer sus estrategias nacionales de integración de los gitanos, lleven a cabo más investigaciones sobre prácticas y programas locales fructíferos que cuenten con la participación activa de la población romaní, a fin de mostrar la situación en la que se hallan y las realidades y los retos a que se enfrentan, y presten una atención especial al antigitanismo y sus consecuencias para desarrollar un enfoque mejorado, integral y holístico al respecto, abordando así no solo el aspecto social y económico, sino luchando también contra el racismo y generando a la vez una confianza mutua,
   apliquen plenamente las estrategias nacionales de integración de los gitanos,
   evalúen la eficacia de dichas estrategias y las actualicen regularmente, definan acciones claras y medidas específicas, y establezcan objetivos e hitos mensurables,
   colaboren estrechamente con todas las partes interesadas, incluidas las entidades regionales y locales, el sector académico y el sector privado, las organizaciones de base y las ONG, y hagan participar activamente a los gitanos,
   sigan avanzando en la recopilación de datos y en las metodologías de seguimiento y elaboración de informes basadas en el trabajo sobre el terreno, la calidad y el rendimiento financiero, dado que sirven para apoyar unas políticas efectivas basadas en pruebas y pueden contribuir a mejorar la eficacia de las estrategias, acciones y medidas adoptadas, así como a determinar por qué los programas y estrategias no permiten obtener los resultados esperados desde hace tiempo;
   empoderen los puntos de contacto nacionales para la integración de los gitanos, asegurándose de que cuentan con el mandato adecuado, con los recursos necesarios y con unas condiciones de trabajo óptimas para llevar a cabo sus labores de coordinación;

Priorización del antigitanismo en una estrategia mejorada para después de 2020

52.  Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por la Comisión y el amplio abanico de mecanismos y fondos de utilidad desarrollados por esta para fomentar la inclusión económica y social de la población romaní, así como la puesta en marcha por su parte de un Marco europeo de estrategias nacionales de integración de los gitanos hasta 2020, en el que se pedía a los Estados miembros que adoptaran estrategias nacionales;

53.  Pide a la Comisión que:

   amplíe el Marco europeo de estrategias nacionales de integración de los gitanos más allá de 2020, basándose en las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas, la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), las ONG, las organizaciones de vigilancia y todas las partes interesadas, para disponer de un enfoque mejorado, actualizado y aún más completo,
   preste especial atención al antigitanismo en el Marco europeo para después de 2020, así como a la inclusión social, e introduzca indicadores para luchar contra la discriminación en los ámbitos de la educación, el empleo, la vivienda, la sanidad, etc., dado que el antigitanismo socava la aplicación satisfactoria de las estrategias nacionales de integración de los gitanos;
   aborde el antigitanismo como un problema transversal y elabore, en colaboración con los Estados miembros, la FRA y las ONG, un repertorio de medidas concretas para que los Estados miembros combatan el antigitanismo,
   complete el Grupo de trabajo sobre los gitanos de los servicios competentes de la Comisión estableciendo, a nivel de comisarios, un equipo de proyecto sobre las cuestiones relativas a la población romaní, que reúna a todos los comisarios pertinentes que trabajan en el ámbito de la igualdad de derechos y la no discriminación, la ciudadanía, los derechos sociales, el empleo, la educación y la cultura, la sanidad, la vivienda y su dimensión exterior, al objeto de garantizar la creación de fondos y programas de la Unión de carácter no discriminatorio y complementario,
   refuerce y complemente la labor de la Unidad de no discriminación y coordinación de la población romaní de la Comisión reforzando su equipo, dotándolo de los recursos adecuados y contratando a más personal a fin de disponer de los medios suficientes para luchar contra el antigitanismo, concienciar acerca del holocausto gitano y promover su conmemoración;

54.  Pide a las instituciones de la Unión que incorporen los derechos de la población gitana en el contexto de las relaciones exteriores; insiste firmemente en la necesidad de luchar contra el antigitanismo y de promover los derechos de la población romaní en los países candidatos y los países candidatos potenciales;

55.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen y divulguen activamente la definición operativa de antigitanismo que ofrece la ECRI, a fin de proporcionar una orientación clara a las autoridades estatales;

56.  Pide a todos los grupos políticos del Parlamento, así como a los partidos políticos de los Estados miembros, que respeten la versión revisada de la Carta de los partidos políticos europeos por una sociedad no racista, y les pide que renueven su compromiso periódicamente y que condenen y sancionen la incitación al odio;

57.  Solicita a la FRA que elabore un estudio sobre el antigitanismo en la Unión y en los países candidatos, que preste especial atención al antigitanismo al abordar las cuestiones relativas a la población romaní y que haga un seguimiento de este en todos los ámbitos pertinentes;

o
o   o

58.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, al Consejo de Europa y a las Naciones Unidas.

(1) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
(2) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(3) DO L 315 de 14.11.2012, p. 57.
(4) DO L 166 de 30.4.2004, p. 1.
(5) DO L 328 de 6.12.2008, p. 55.
(6) DO C 4 E de 7.1.2011, p. 7; DO C 308 E de 20.10.2011, p. 73; DO C 199 E de 7.7.2012, p. 112; DO C 468 de 15.12.2016, p. 36; DO C 468 de 15.12.2016, p. 157.
(7) DO C 328 de 6.9.2016, p. 4.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0485.
(9) Recomendación de política general n.º 13 de la ECRI sobre la lucha contra el antigitanismo y las discriminaciones contra los romaníes/gitanos.
(10) El antigitanismo u hostilidad hacia los gitanos se expresa por medio de distintos términos según los Estados miembros, como «Antiziganismus» en alemán.
(11) DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
(12) DO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
(13) DO L 373 de 21.12.2004, p. 37.
(14) DO L 335 de 17.12.2011, p. 1.

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