Índice 
Textos aprobados
Miércoles 15 de noviembre de 2017 - EstrasburgoEdición definitiva
Plazo para la adopción de actos delegados ***I
 Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Karel Pinxten
 Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Pietro Russo
 Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Hannu Takkula
 Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Baudilio Tomé Muguruza
 Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Bettina Jakobsen
 Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
 Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Iliana Ivanova
 Defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la UE y contra las importaciones subvencionadas originarias de dichos países ***I
 El Estado de Derecho en Malta
 Negociaciones multilaterales con vistas a la undécima Conferencia Ministerial de la OMC
 La Asociación Oriental: cumbre de noviembre de 2017
 Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía
 Situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia

Plazo para la adopción de actos delegados ***I
PDF 241kWORD 42k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/40/UE en lo que se refiere al plazo para la adopción de actos delegados (COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD))
P8_TA(2017)0429A8-0332/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0136),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0116/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 5 de julio de 2017(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Visto el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 27 de octubre de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0332/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo, a la Comisión y a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de noviembre de 2017 con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/40/UE en lo que se refiere al plazo para la adopción de actos delegados

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Decisión (UE) 2017/2380.)

(1) DO C 345 de 13.10.2017, p. 67.


Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Karel Pinxten
PDF 234kWORD 41k
Decisión del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre la propuesta de nombramiento de Karel Pinxten como miembro del Tribunal de Cuentas (C8-0328/2017 – 2017/0812(NLE))
P8_TA(2017)0430A8-0336/2017

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0328/2017),

–  Visto el artículo 121 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0336/2017),

A.  Considerando que su Comisión de Control Presupuestario evaluó las cualificaciones del candidato propuesto, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 286, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

B.  Considerando que, en su reunión del 19 de octubre de 2017, la Comisión de Control Presupuestario celebró una audiencia con el candidato propuesto por el Consejo como miembro del Tribunal de Cuentas;

1.  Emite dictamen negativo respecto a la propuesta del Consejo de nombramiento de Karel Pinxten como miembro del Tribunal de Cuentas;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y, para información, al Tribunal de Cuentas, así como a las demás instituciones de la Unión Europea y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros.


Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Pietro Russo
PDF 230kWORD 41k
Decisión del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre la propuesta de nombramiento de Pietro Russo como miembro del Tribunal de Cuentas (C8-0329/2017 – 2017/0813(NLE))
P8_TA(2017)0431A8-0337/2017

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0329/2017),

–  Visto el artículo 121 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0337/2017),

A.  Considerando que su Comisión de Control Presupuestario evaluó las cualificaciones del candidato propuesto, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 286, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

B.  Considerando que, posteriormente, dicha comisión celebró, el 19 de octubre de 2017, una audiencia con el candidato;

1.  Emite dictamen favorable respecto a la propuesta del Consejo de nombramiento de Pietro Russo como miembro del Tribunal de Cuentas;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y, para información, al Tribunal de Cuentas, así como a las demás instituciones de la Unión Europea y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros.


Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Hannu Takkula
PDF 232kWORD 41k
Decisión del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre la propuesta de nombramiento de Hannu Takkula como miembro del Tribunal de Cuentas (C8-0330/2017 – 2017/0814(NLE))
P8_TA(2017)0432A8-0338/2017

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0330/2017),

–  Visto el artículo 121 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0338/2017),

A.  Considerando que su Comisión de Control Presupuestario evaluó las cualificaciones del candidato propuesto, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 286, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

B.  Considerando que, posteriormente, dicha comisión celebró, el 19 de octubre de 2017, una audiencia con el candidato;

1.  Emite dictamen favorable respecto a la propuesta del Consejo de nombramiento de Hannu Takkula como miembro del Tribunal de Cuentas;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y, para información, al Tribunal de Cuentas, así como a las demás instituciones de la Unión Europea y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros.


Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Baudilio Tomé Muguruza
PDF 232kWORD 41k
Decisión del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre la propuesta de nombramiento de Baudilio Tomé Muguruza como miembro del Tribunal de Cuentas (C8-0331/2017 – 2017/0815(NLE))
P8_TA(2017)0433A8-0342/2017

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0331/2017),

–  Visto el artículo 121 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0342/2017),

A.  Considerando que su Comisión de Control Presupuestario evaluó las cualificaciones del candidato propuesto, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 286, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

B.  Considerando que, en su reunión del 26 de octubre de 2017, la Comisión de Control Presupuestario celebró una audiencia con el candidato propuesto por el Consejo como miembro del Tribunal de Cuentas;

1.  Emite dictamen favorable respecto a la propuesta del Consejo de nombramiento de Baudilio Tomé Muguruza como miembro del Tribunal de Cuentas;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y, para información, al Tribunal de Cuentas, así como a las demás instituciones de la Unión Europea y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros.


Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Bettina Jakobsen
PDF 233kWORD 41k
Decisión del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre la propuesta de nombramiento de Bettina Jakobsen como miembro del Tribunal de Cuentas (C8-0332/2017 – 2017/0816(NLE))
P8_TA(2017)0434A8-0341/2017

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0332/2017),

–  Visto el artículo 121 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0341/2017),

A.  Considerando que su Comisión de Control Presupuestario evaluó las cualificaciones de la candidata propuesta, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 286, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

B.  Considerando que, en su reunión del 26 de octubre de 2017, la Comisión de Control Presupuestario celebró una audiencia con la candidata propuesta por el Consejo como miembro del Tribunal de Cuentas;

1.  Emite dictamen favorable respecto a la propuesta del Consejo de nombramiento de Bettina Jakobsen como miembro del Tribunal de Cuentas;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y, para información, al Tribunal de Cuentas, así como a las demás instituciones de la Unión Europea y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros.


Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo
PDF 236kWORD 41k
Decisión del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre la propuesta de nombramiento de João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo como miembro del Tribunal de Cuentas (C8-0333/2017 – 2017/0817(NLE))
P8_TA(2017)0435A8-0343/2017

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0333/2017),

–  Visto el artículo 121 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0343/2017),

A.  Considerando que su Comisión de Control Presupuestario evaluó las cualificaciones del candidato propuesto, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 286, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

B.  Considerando que, posteriormente, dicha comisión celebró, el 26 de octubre de 2017, una audiencia con el candidato propuesto por el Consejo;

1.  Emite dictamen favorable respecto a la propuesta del Consejo de nombramiento de João Alexandre Tavares Gonçalves de Figueiredo como miembro del Tribunal de Cuentas;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y, para información, al Tribunal de Cuentas, así como a las demás instituciones de la Unión Europea y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros.


Nombramiento de un miembro del Tribunal de Cuentas - Iliana Ivanova
PDF 230kWORD 41k
Decisión del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre la propuesta de nombramiento de Iliana Ivanova como miembro del Tribunal de Cuentas (C8-0334/2017 – 2017/0818(NLE))
P8_TA(2017)0436A8-0344/2017

(Consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 286, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0334/20170334/2017),

–  Visto el artículo 121 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0344/2017),

A.  Considerando que su Comisión de Control Presupuestario evaluó las cualificaciones de la candidata propuesta, en particular con respecto a las condiciones enunciadas en el artículo 286, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

B.  Considerando que, en su reunión de 26 de octubre de 2017 la Comisión de Control Presupuestario celebró la audiencia del candidato propuesto por el Consejo para desempeñar las funciones de miembro del Tribunal de Cuentas;

1.  Emite dictamen favorable respecto a la propuesta del Consejo de nombramiento de Iliana Ivanova como miembro del Tribunal de Cuentas;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo y, para información, al Tribunal de Cuentas, así como a las demás instituciones de la Unión Europea y a las entidades fiscalizadoras de los Estados miembros.


Defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la UE y contra las importaciones subvencionadas originarias de dichos países ***I
PDF 248kWORD 48k
Resolución
Texto
Anexo
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1036, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea, y el Reglamento (UE) 2016/1037, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea (COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD))
P8_TA(2017)0437A8-0236/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0721),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 207, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0456/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2016, sobre la condición de economía de mercado de China(1),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 11 de octubre de 2017, de aprobar la posición del Parlamento Europeo, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0236/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Toma nota de las declaraciónes de la Comisión adjuntas a la presente resolución.

3.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

4.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de noviembre de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2017/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) 2016/1036, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Unión Europea, y el Reglamento (UE) 2016/1037, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2017/2321.)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN LEGISLATIVA

Declaración de la Comisión sobre la transición

La Comisión recuerda que el objetivo de la nueva metodología es mantener la continuidad de la protección de la industria de la Unión contra las prácticas comerciales desleales, en particular las resultantes de distorsiones del mercado significativas. A este respecto, la Comisión velará por que la industria de la Unión no se vea sometida a una carga adicional a la hora de solicitar protección en virtud del instrumento antidumping, en particular en el contexto de posibles solicitudes de reconsideración por expiración presentadas tras la entrada en vigor de la nueva metodología.

Declaración de la Comisión sobre el artículo 23 e interacción con el Parlamento Europeo y el Consejo

La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo cuando tenga intención de elaborar o actualizar un informe con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base. Si el Parlamento Europeo o el Consejo comunican a la Comisión que, a su juicio, se reúnen las condiciones para elaborar o actualizar un informe con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base, la Comisión tomará las medidas oportunas e informará de ello al Parlamento Europeo y al Consejo.

Declaración de la Comisión sobre los informes contemplados en el artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base

La Comisión hará rápidamente uso de la posibilidad de elaborar informes sobre distorsiones significativas, prevista en el artículo 2, apartado 6 bis, letra c), del Reglamento de base, de forma que las partes interesadas dispongan de dichos informes cuando preparen alegaciones a las que pueda aplicarse el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base. Asimismo, facilitará orientación a las partes interesadas sobre el uso de dichos informes.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0223.


El Estado de Derecho en Malta
PDF 276kWORD 50k
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre el Estado de Derecho en Malta (2017/2935(RSP))
P8_TA(2017)0438B8-0597/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 4, 5, 6, 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos los artículos 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la materia,

–  Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la ciudadanía de la UE en venta(1),

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y los numerosos tratados de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, vinculantes para todos los Estados miembros,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

–  Visto el debate sobre la libertad de los medios de comunicación en Malta celebrado en la sesión plenaria del 24 de octubre de 2017,

–  Vistas las revelaciones de los papeles de Panamá y los Malta Files (archivos de Malta) realizadas por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y la Red de Periodismo de Investigación,

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(2),

–  Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos(3),

–  Vistos el informe y las recomendaciones de la Comisión de Investigación Encargada de Examinar las Alegaciones de Infracción y de Mala Administración en la Aplicación del Derecho de la Unión en relación con el Blanqueo de Capitales y la Elusión y la Evasión Fiscales (Comisión PANA), y el anexo al informe sobre la misión de dicha Comisión en Malta,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la Unión Europea se fundamenta en los valores del respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, y que estos valores son universales y comunes a todos los Estados miembros;

B.  Considerando que la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea forma parte del Derecho primario de la Unión; que la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación están consagrados en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales y en el artículo 10 del CEDH; que, de conformidad con el artículo 2, el artículo 3, apartado 1, y el artículo 7 del TUE, la Unión prevé la posibilidad de actuar para proteger los valores sobre los que se fundamenta; que el mecanismo de Estado de Derecho debe aplicarse con la misma fuerza en todos los Estados miembros;

C.  Considerando que la Unión Europea es un sistema constitucional basado en la presunción de la confianza mutua, es decir, que los Estados miembros actuarán de conformidad con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

D.  Considerando que la independencia del poder judicial se consagra en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 6 del CEDH, y que es un requisito esencial del principio democrático de separación de poderes;

E.  Considerando que la periodista maltesa de investigación sobre la corrupción y bloguera Daphne Caruana Galizia fue asesinada en un atentado con coche bomba el 16 de octubre de 2017;

F.  Considerando que este asesinato dio lugar a manifestaciones callejeras y protestas de la sociedad civil en Malta pidiendo justicia, la rendición de cuentas y el respeto del Estado de Derecho;

G.  Considerando que en el informe de país de 2016 sobre Malta del Media Pluralism Monitor (Observatorio de la pluralidad mediática) se detectaron niveles de riesgo medios —cercanos al nivel alto— por lo que se refiere a la pluralidad del mercado y la independencia política, y se determinaron factores de incremento del riesgo relacionados con la carencia de datos sobre el mercado de los medios, la falta de protección y autorregulación de los periodistas y la independencia editorial, la tenencia política directa de medios de comunicación y la ausencia de una política de alfabetización mediática(4);

H.  Considerando que en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2017 (publicada por Reporteros sin Fronteras) se señala a las leyes maltesas en materia de difamación —que se castiga con multas o penas de prisión y se aplica ampliamente, especialmente por políticos, contra periodistas— como un factor que limita la libertad de expresión en Malta(5);

I.  Considerando que el Parlamento de Malta está debatiendo un proyecto de ley propuesto por el Gobierno de dicho país que aboliría el delito penal de libelo e introduciría una prohibición ad hoc de recurrir a cualquier forma de orden o decisión judicial cautelares en acciones por libelo o difamación en virtud de cualquier ley(6);

J.  Considerando que Daphne Caruana Galizia se enfrentaba a numerosos cargos por libelo interpuestos por representantes políticos de todo el espectro político en Malta;

K.  Considerando que este año se congelaron las cuentas bancarias de la señora Caruana Galizia en virtud de una decisión judicial cautelar por un caso de libelo interpuesto por un ministro del Gobierno antes de que se llegase a la solución del litigio;

L.  Considerando que diversos medios de comunicación en Malta han informado de que estaban siendo presionados por el Pilatus Bank, que se encuentra en el centro de las acusaciones de blanqueo de capitales, a fin de que se retractasen o borrasen artículos sobre dicho banco; que el Pilatus Bank ha interpuesto una acción judicial en los Estados Unidos contra medios de comunicación malteses por dañar su reputación; que la filtración de un informe de conformidad de la Financial Intelligence Analysis Unit (Unidad de análisis de información financiera - FIAU por sus siglas en inglés) revela que los clientes del Pilatus Bank son fundamentalmente personas del medio político procedentes de Azerbaiyán, pero que el banco no aplicó a dichos clientes las medidas reforzadas de diligencia debida que exige la Directiva contra el blanqueo de capitales; que un diputado progubernamental ha solicitado que se abra una investigación sobre dicha filtración en la FIAU;

M.  Considerando que, antes del asesinato de Daphne Caruana Galizia, un denunciante de irregularidades clave en las acusaciones de corrupción y blanqueo de capitales que involucran a personas del medio político en Malta huyó del país;

N.  Considerando que el Gobierno maltés ha aplicado la Ley de 2013 de protección de los denunciantes de irregularidades(7), y forma parte de una minoría de Estados miembros de la UE que han incluido medidas específicas de protección de los denunciantes en su legislación;

O.  Considerando que en virtud de la Constitución y la legislación de Malta, el Jefe de Policía es nombrado por el Primer Ministro, el Fiscal General es nombrado por el Presidente de acuerdo con el dictamen del Primer Ministro, y los miembros del poder judicial son nombrados desde 2017 después de que un comité haya examinado a los candidatos con anterioridad a su nombramiento(8); que la independencia de las fuerzas de seguridad y el poder judicial en Malta puede verse comprometida por el hecho de que el Gobierno esté facultado para nombrar al Jefe de Policía, al responsable del FIAU y al Fiscal General;

P.  Considerando que varios informes de medios de comunicación señalan que se crearon un gran número de puestos de trabajo en las empresas públicas de Malta pocas semanas antes de las elecciones de junio de 2017, lo que plantea dudas en cuanto a si se crearon por motivos electorales;

Q.  Considerando que Malta ha rechazado unirse a la Fiscalía Europea, el órgano de la Unión independiente con competencias para investigar y enjuiciar los delitos de fraude y de otra índole a escala de la Unión que atenten contra los intereses financieros de la Unión;

R.  Considerando que las revelaciones de los papeles de Panamá de abril de 2016 mostraron que un total de 714 empresas vinculadas a Malta figuran en la base de datos de los papeles de Panamá del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación; que estos documentos incluían revelaciones acerca de un ministro en ejercicio y un antiguo ministro de la administración anterior y funcionarios de alto nivel;

S.  Considerando que el Parlamento Europeo organizó la visita de una delegación a Malta en febrero de 2017 en el marco de su investigación sobre los papeles de Panamá; que dicha delegación concluyó en su informe de misión que hay motivos para creer que la Policía maltesa no está bien equipada para cumplir su cometido de manera óptima, lo que sugiere posiblemente un caso de mala administración; que la delegación observó que el número de condenas y embargos en relación con el blanqueo de capitales en Malta resulta ser extremadamente bajo comparado con el promedio del número de informes enviados a la Policía por el FIAU; que un funcionario gubernamental y un antiguo ministro rechazaron la solicitud de reunirse con la Comisión PANA en el transcurso de esta misión;

T.  Considerando que en dos informes confidenciales del FIAU en Malta, fechados en 2016 y publicados en mayo de 2017, se concluía que no existía una sospecha razonable de blanqueo de capitales en relación con un funcionario gubernamental; que un tercer informe, publicado al mismo tiempo, detallaba la inspección in situ realizada por el FIAU en el Pilatus Bank, y que supuestamente descubrió que el banco violaba la legislación maltesa contra el blanqueo de capitales; que el proceso de concesión de licencias al Pilatus Bank ha sido rápido en comparación con el tiempo medio necesario para garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en la Directiva sobre Requisitos de Capital;

U.  Considerando que el responsable del FIAU y el jefe de la Policía, cargos cuyo nombramiento es competencia directa del Gobierno, dimitieron poco después de la conclusión de dichos informes; que no se inició investigación policial alguna sobre estas graves acusaciones de blanqueo de capitales por parte de personas del medio político, entre ellas, un miembro del Gobierno; que se nombraron magistrados para los casos anteriormente mencionados; que dos miembros del personal del FIAU fueron despedidos tras la filtración de los informes del FIAU a la prensa;

V.  Considerando que la Comisión Europea fue informada de estas acusaciones, al menos en junio de 2017, con una solicitud para organizar una investigación complementaria sobre Malta y el respeto y la adecuada aplicación por parte de dicho país de la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales y la Directiva sobre Requisitos de Capital;

W.  Considerando que la ciudadanía de la UE es uno de los mayores logros de la Unión y que, de conformidad con los Tratados, los asuntos relacionados con la residencia y la nacionalidad son competencia exclusiva de los Estados miembros; que la UE tiene la competencia de supervisión de las prácticas anticorrupción de los Estados miembros;

X.  Considerando que la jurisprudencia consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma que corresponde a cada Estado miembro establecer, teniendo debidamente en cuenta el Derecho de la Unión, las condiciones para la adquisición y la pérdida de la nacionalidad; que, desde la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, la concesión de la nacionalidad de un Estado miembro implica también la concesión de la ciudadanía de la UE y, en consecuencia, de importantes derechos adicionales, lo que significa que las decisiones de naturalización tomadas por un Estado miembro no son neutras en lo que respecta a otros Estados miembros y a la UE;

Y.  Considerando que el Gobierno de Malta estableció un programa de inversores individuales en 2014 que vende la ciudadanía maltesa y de la UE a nacionales de terceros países por un precio de 650 000 EUR; que la lista de beneficiarios de esta ciudadanía sigue siendo confusa, ya que no se les identifica en la lista publicada de ciudadanos naturalizados; que en un informe del FIAU de 2016 filtrado se manifiesta la preocupación por los posibles casos de corrupción en la administración de este programa;

Z.  Considerando que el programa de inversores individuales fue asignado por el Gobierno a Nexia BT, un intermediario nombrado en los papeles de Panamá como iniciador de fideicomisos y sociedades extraterritoriales para personas del medio político de Malta, entre ellas, un miembro del Gobierno; que los papeles de Panamá sugieren que Nexia BT ha actuado sin la debida diligencia a la hora de facilitar toda la información necesaria para determinar la titularidad real;

AA.  Considerando que el informe del Grupo de Inteligencia Financiera de Europol, titulado «From suspicion to action – converting financial intelligence into greater operational impact» (De la sospecha a la acción — obtener de la inteligencia financiera un mayor impacto operativo), destaca que algunas de las partes, incluidas organizaciones delictivas, han abusado de aspectos de la industria de internet maltesa con el fin de blanquear productos del delito; que dicha afirmación no debe interpretarse como representativa de la industria en su conjunto;

1.  Condena enérgicamente el asesinato de Daphne Caruana Galizia, e insta al Gobierno de Malta a que despliegue todos los recursos necesarios para que sus asesinos sean llevados ante la justicia;

2.  Pide una investigación internacional independiente del asesinato de Daphne Caruana Galizia; reconoce los pasos en este sentido de las autoridades maltesas, solicitando la participación de organismos policiales internacionales, incluido el FBI de los EE. UU. y especialistas forenses neerlandeses; pide la participación plena de Europol en la investigación durante su período de vigencia;

3.  Señala que la protección de los periodistas de investigación y los denunciantes de irregularidades reviste un interés vital para la sociedad; pide a las autoridades maltesas y a todos los Estados miembros de la UE que garanticen la protección de la seguridad personal y los medios de subsistencia de los periodistas y los denunciantes de irregularidades;

4.  Pide a la Conferencia de Presidentes que cree un «Premio Europeo de periodismo de investigación Daphne Caruana Galizia», que distinga anualmente un trabajo destacado de periodismo de investigación en Europa;

5.  Lamenta que los acontecimientos de los últimos años en Malta hayan suscitado inquietudes graves sobre el Estado de Derecho, la democracia y los derechos fundamentales, incluidas la libertad de los medios de comunicación y la independencia de los órganos policiales y judiciales;

6.  Pide a la Comisión que entable un diálogo con el Gobierno de Malta sobre el funcionamiento del Estado de Derecho en dicho país y que garantice el respeto de los valores europeos; pide a la Comisión que mantenga informado al Parlamento de su evaluación; reitera la necesidad de establecer un proceso periódico de vigilancia y diálogo en el que participen todos los Estados miembros con el fin de salvaguardar los valores fundamentales de la Unión, a saber, la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, con la participación del Consejo, la Comisión y el Parlamento, tal como se propone en su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (Pacto sobre la Democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Fundamentales);

7.  Lamenta que varias denuncias graves de corrupción y violación de las obligaciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y supervisión bancaria no hayan sido investigadas por la Policía en Malta, lo que representa una amenaza para el Estado de Derecho en este Estado miembro; reconoce que existen diversas investigaciones judiciales en curso acerca de algunas de dichas denuncias; lamenta, concretamente, que no se haya realizado hasta la fecha investigación policial alguna en Malta sobre las revelaciones relacionadas con los papeles de Panamá y las personas del medio político en los informes del FIAU filtrados, y señala que algunas de las personas mencionadas en los informes del FIAU siguen formando parte del Gobierno; pide al jefe de la Policía de Malta que abra dicha investigación;

8.  Toma nota de las observaciones realizadas por presidente del Tribunal Supremo de Malta respecto al Estado de Derecho y respalda su afirmación en el sentido de que sin un cumplimiento adecuado de las leyes no puede salvaguardarse el Estado de Derecho(9);

9.  Manifiesta su preocupación por el informe elaborado por la Comisión PANA tras su visita a Malta, en el que se afirma que las instituciones públicas encargadas del cumplimiento de la legislación, la lucha contra el fraude y la delincuencia financiera están altamente politizadas;

10.  Pide a la Comisión que verifique si Malta cumple la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales y la Directiva sobre los Requisitos de Capital; observa que Malta es uno de los Estados miembros contra los que la Comisión inició un procedimiento por incumplimiento al no haber transpuesto la cuarta Directiva contra el blanqueo de capitales antes del 26 de junio de 2017; reconoce que dicha transposición está en curso;

11.   Pide a las autoridades maltesas que se adhieran a la Fiscalía Europa, al objeto de colaborar con los otros Estados miembros participantes en la lucha contra los delitos de fraude y de otra índole a escala de la Unión que atenten contra los intereses financieros de la Unión;

12.  Pide a las autoridades de supervisión y judiciales maltesas que investiguen el proceso de concesión de licencias al Pilatus Bank, en particular en relación con el cumplimiento de los requisitos de idoneidad y adecuación en los órganos de gestión de las entidades financieras, como se indica en la Directiva sobre los Requisitos de Capital, y que investiguen el cumplimiento de la Directiva contra el blanqueo de capitales por parte de Nexia BT;

13.  Reitera su preocupación general —expresada con frecuencia por diputados de esta Institución— acerca de los regímenes de obtención de la ciudadanía mediante inversiones, también en Malta y en otros Estados miembros de la UE; pide a Malta que clarifique quién ha comprado un pasaporte maltés y todos los derechos que conlleva, y qué salvaguardias existen al objeto de garantizar que todos los nuevos ciudadanos han permanecido realmente un año en Malta antes de la compra; pide a la Comisión que vigile este tipo de programas de obtención de la ciudadanía en los Estados miembros, ya que estos últimos deben tener debidamente en cuenta el Derecho de la UE cuando ejercen sus competencias en el ámbito de la nacionalidad;

14.  Pide a Malta y a todos los demás Estados miembros que velen por que se conceda prioridad a la lucha contra la evasión fiscal y que se dediquen todos los recursos necesarios a dicha tarea;

15.  Lamenta la decisión de la Comisión de no publicar el informe anticorrupción de la UE en 2017;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa y al presidente de la República de Malta.

(1) DO C 482 de 23.12.2016, p. 117.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0409.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0402.
(4) Nenadic, Iva, 2016. «Media Pluralism Monitor 2016 Monitoring Risks for Media Pluralism in the EU and Beyond. Country report: Malta» (Observatorio de la pluralidad mediática 2016 - Supervisión de los riesgos para el pluralismo mediático en la UE y fuera de ella. Informe de país: Malta). Centre for Media Pluralism and Media Freedom. Disponible para su descarga en http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/
(5) Véase https://rsf.org/es/malta
(6) Gobierno de Malta; artículo 26, apartado 6, del proyecto de ley titulado «AN ACT to provide for the updating of the regulation of media and defamation matters and for matters consequential or ancillary thereto» (Una ley para poner al día la regulación de los medios y los asuntos de difamación y sus asuntos consiguientes o secundarios). Véase http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1
(7) Véase http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1
(8) Ley n.º XLIV de 2016, artículo 5 (96A) http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1
(9) http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695


Negociaciones multilaterales con vistas a la undécima Conferencia Ministerial de la OMC
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre las negociaciones multilaterales en vista de la undécima Conferencia Ministerial de la OMC, que se celebrará en Buenos Aires del 10 al 13 de diciembre de 2017 (2017/2861(RSP))
P8_TA(2017)0439B8-0593/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración Ministerial de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de 14 de noviembre de 2001(1),

–  Vista la Declaración Ministerial de Hong Kong de la OMC, de 18 de diciembre de 2005(2),

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre el Programa de Doha para el Desarrollo y, en particular, las de 9 de octubre de 2008(3), 16 de diciembre de 2009(4), 14 de septiembre de 2011(5), 21 de noviembre de 2013(6) y 26 de noviembre de 2015(7),

–  Vistos los resultados de la novena Conferencia Ministerial, celebrada en Bali en diciembre de 2013 y, en particular, el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio(8),

–  Vistos los resultados de la décima Conferencia Ministerial, celebrada en Nairobi en diciembre de 2015, y la Declaración Ministerial adoptada el 19 de diciembre de 2015(9),

–  Visto el documento de resultados aprobado por consenso el 14 de junio de 2016 en la sesión anual de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC celebrada en Ginebra(10),

–  Vistos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas(11),

–  Visto el sexto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, que tuvo lugar en Ginebra del 11 al 13 de julio de 2017(12),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, desde su creación, la OMC ha desempeñado un papel crucial en la consolidación del multilateralismo y la promoción de un orden económico mundial inclusivo y de un sistema de comercio multilateral abierto, basado en normas y no discriminatorio; que la Ronda de Doha se inició en 2001 con los objetivos de crear nuevas oportunidades comerciales, reforzar las normas comerciales multilaterales y hacer frente a los actuales desequilibrios del sistema comercial, situando en el centro de las negociaciones las necesidades y los intereses de los países en desarrollo, y en particular de los países menos adelantados (PMA);

B.  Considerando que la Unión siempre ha defendido un enfoque firmemente multilateral del comercio basado en normas, reconociendo al mismo tiempo que los enfoques complementarios como los acuerdos bilaterales, regionales y multilaterales también pueden fomentar la apertura del comercio y el desarrollo económico, especialmente desbloqueando la liberalización y mejorando las normas y disciplinas en ámbitos políticos abordados con menor intensidad por la OMC, así como respaldar el sistema multilateral, siempre que dichos acuerdos sean compatibles con los principios de la OMC, se basen en unas normas comunes y creen las condiciones para una posible multilateralización futura;

C.  Considerando que los resultados de la novena Conferencia Ministerial de 2013 tuvieron una importancia sistémica, en particular la conclusión del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, que constituye el acuerdo comercial multilateral más significativo desde la creación de la OMC en 1995;

D.  Considerando que determinados miembros de la OMC están intentando socavar el actual modelo de solución de diferencias comerciales internacionales; que el Órgano de Apelación de la OMC está rozando el número mínimo de jueces que necesita para funcionar; que recientemente los Estados Unidos rechazaron propuestas de la Unión Europea y de algunos países de América Latina para comenzar un proceso de selección destinado a cubrir el creciente número de vacantes; que este bloqueo, que ya ha dejado vacantes dos de los siete puestos en el Órgano de Apelación, podría provocar el colapso de un sistema que resulta fundamental para tratar las diferencias entre las principales potencias comerciales a escala mundial;

E.  Considerando que los resultados alcanzados en la décima Conferencia Ministerial, celebrada en 2015, también fueron de gran importancia, ya que dieron lugar a un conjunto de seis decisiones ministeriales sobre agricultura, algodón y cuestiones relacionadas con los PMA, incluido el que probablemente sea el resultado más relevante en materia de agricultura obtenido hasta ahora en el marco de la OMC, que es el compromiso de eliminar las subvenciones a la exportación para los productos agrícolas;

F.  Considerando que los recientes debates sobre cómo impulsar el Programa de Doha para el Desarrollo han puesto claramente de manifiesto que los miembros de la OMC tienen diferentes puntos de vista sobre la manera de proceder con las negociaciones, lo que demuestra que es necesario revisar el nivel de ambición con el fin de lograr resultados realistas en todos los pilares de las negociaciones, y que en esa revisión debe tenerse plenamente en cuenta la realidad del entorno comercial actual;

G.  Considerando que la transformación digital de la economía abre nuevas vías para el comercio, lo que facilita la participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el comercio mundial a través del comercio electrónico; que este hecho se ve cada vez más como un asunto en el que la OMC podría desempeñar un papel importante;

H.  Considerando que la undécima Conferencia Ministerial de la OMC (CM11) se celebrará en Buenos Aires, Argentina, del 10 al 13 de diciembre de 2017;

1.  Reitera su pleno compromiso con el valor perdurable del multilateralismo y reclama la elaboración de un programa para el comercio sobre la base de un comercio libre, justo y basado en normas, que redunde en beneficio de todos y que apoye la agenda de desarrollo sostenible, dando mayor importancia a los derechos humanos, sociales y medioambientales, y velando por que las normas armonizadas y acordadas de forma multilateral se apliquen de manera uniforme para todos;

2.  Destaca la necesidad de tomar como base los resultados acordados en las Conferencias Ministeriales novena y décima a fin de realizar y garantizar progresos significativos en la CM11, que se celebrará en Buenos Aires en diciembre de 2017, con vistas a mantener y reforzar la arquitectura del comercio multilateral; hace hincapié en que, no obstante, las partes deben perseguir nuevos objetivos políticos en ámbitos como el comercio digital y la facilitación de la inversión;

3.  Insta a todos los miembros de la OMC a sacar partido del impulso originado por los recientes logros, teniendo en cuenta el objetivo estratégico de reforzar el sistema de comercio multilateral y la necesidad de consolidar la OMC como el centro de las negociaciones comerciales, reconociendo al mismo tiempo que serán necesarios nuevos enfoques para afrontar los actuales desafíos; reconoce que la flexibilidad, la apertura, la capacidad integradora y el compromiso político serán claves para avanzar de forma global, equilibrada y realista en las cuestiones pendientes del Programa de Doha para el Desarrollo; considera que, desde el inicio de la Ronda de Doha en 2001, el mundo ha cambiado radicalmente en materia económica, política y tecnológica, y que los nuevos retos, tales como el comercio electrónico, el comercio digital, la transparencia de las inversiones, las subvenciones y el exceso de capacidad, las cadenas de valor mundiales, la contratación pública, la reglamentación nacional de los servicios, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como el aumento de la compatibilidad entre los programas de comercio, trabajo y medio ambiente que trascienden el Programa de Doha para el Desarrollo deben ser objeto de debate, lo que puede hacerse sin perjuicio de las cuestiones pendientes en el marco del Programa de Doha para el Desarrollo; insiste en la necesidad de permitir a los países en desarrollo que definan sus propios enfoques para seguir garantizando la igualdad de oportunidades en estos nuevos sectores;

4.  Subraya la importancia de que la OMC funcione como un foro de negociación eficiente y eficaz de todas las cuestiones de interés para sus miembros y sirva de plataforma para debatir abiertamente sobre las cuestiones relativas al comercio mundial;

5.  Destaca que es necesario acudir a Buenos Aires con propuestas de textos bien avanzadas a fin de garantizar unas negociaciones comerciales más transparentes e inclusivas, ya que la Conferencia Ministerial debe prepararse en profundidad por medio de negociaciones a escala de las comisiones; celebra, en este sentido, el avance de las negociaciones sobre cuestiones como las subvenciones en el sector pesquero como medio para luchar contra la sobrepesca y la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada;

6.  Toma nota de las propuestas formuladas en materia de ayudas nacionales en el sector agrícola, incluida la propuesta conjunta de la Unión Europea y Brasil; considera que hacer avanzar el debate en este ámbito podría suponer un logro decisivo de la CM11; reitera, en este contexto, la necesidad de encontrar una solución permanente en relación con la provisión de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria, la ayuda al sector del algodón y las subvenciones, en consonancia con la Decisión Ministerial de Nairobi; subraya que las negociaciones en este ámbito y sus posibles resultados no deben anteponerse a los debates sobre el futuro de la política agrícola común;

7.  Reafirma la importancia de avanzar en las negociaciones y alcanzar resultados en otras cuestiones planteadas por los miembros, a saber, la reglamentación nacional de los servicios, el comercio electrónico, la facilitación de la inversión, las subvenciones horizontales y la mejora de la transparencia y las buenas prácticas reglamentarias en beneficio de las pymes;

8.  Considera que los resultados de la Conferencia Ministerial de 2017 deberían reconocer claramente la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 y de los compromisos del Acuerdo de París en materia de lucha contra el cambio climático, así como el papel que el comercio puede desempeñar para lograr su consecución, y que deberían definir medidas concretas para tal fin, dado que desarrollar unas normas globales y garantizar una igualdad de condiciones multilateral beneficia al comercio mundial;

9.  Reitera el vínculo existente entre la igualdad de género y el desarrollo inclusivo, recalcando que el empoderamiento de la mujer es indispensable para erradicar la pobreza y que la eliminación de los obstáculos a la participación de la mujer en el comercio es crucial para el desarrollo económico; reconoce la necesidad de desarrollar intervenciones que aborden todos los tipos de obstáculos que limitan las oportunidades de las mujeres en la economía; pide a los miembros de la OMC que incluyan entre los resultados de la Conferencia Ministerial de 2017 un programa de trabajo que garantice la introducción de la dimensión de género en la política comercial;

10.  Destaca el sexto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, que tuvo lugar en julio de 2017 en Ginebra, con el título «Promover el comercio inclusivo y la conectividad para el desarrollo sostenible», y que se centró, entre otras cosas, en la necesidad de acabar con la brecha digital;

11.  Opina que dicho examen debe traducirse en acciones concretas con objeto de facilitar el comercio electrónico y transformar las oportunidades digitales en realidades comerciales; destaca que una mejor conectividad ofrece más oportunidades comerciales al hacer más fácil y menos costoso el acceso a los mercados, también para los empresarios de las pymes en los países en desarrollo; señala, en este sentido, que la inversión en infraestructura sigue siendo un reto crucial y que resulta fundamental para realizar avances en este ámbito; pide, por tanto, a los miembros de la OMC que promuevan la inversión en infraestructuras, alentando, entre otras iniciativas, las asociaciones público-privadas;

12.  Destaca la importancia de debatir posibles medidas en términos de política comercial para dar respuesta al fenómeno creciente de la terciarización en el ámbito del comercio de bienes («modo 5»);

13.  Pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos para desarrollar un conjunto de disciplinas multilaterales vinculantes en materia de comercio electrónico en la OMC; apoya la Comunicación de la Unión titulada «Un entorno propicio para facilitar las transacciones en línea», presentada a los miembros del Consejo del Comercio de Servicios en junio de 2017, que ofrece de manera oportuna un conjunto de principios comunes muy necesarios sobre la protección de los consumidores, los mensajes no solicitados, la autenticación y los servicios de confianza, y los contratos electrónicos, que deberían contribuir a reforzar la confianza de los consumidores en línea y a crear un entorno propicio para el comercio digital;

14.  Anima a que se retomen las negociaciones comerciales plurilaterales en torno al Acuerdo sobre Bienes Ambientales;

15.  Acoge con satisfacción la entrada en vigor, el 22 de febrero de 2017, del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio; considera que este Acuerdo beneficiará de forma notable a todos los miembros de la OMC, en particular a los países en desarrollo y a los agentes económicos pertinentes, gracias al aumento de la transparencia y de la seguridad jurídica y a la reducción de los costes administrativos y de la duración de los procedimientos aduaneros;

16.  Subraya la importancia de que todos los miembros de la OMC respeten las decisiones adoptadas tanto en Nairobi como en Bali, incluidas la creación de nuevas oportunidades de exportación para los proveedores de servicios en los PMA en el marco de la exención aplicada a los PMA en materia de servicios y la simplificación de las reglamentaciones que regulan las normas de origen; toma nota del creciente interés entre los miembros de la OMC en un acuerdo de facilitación de servicios; pide que se redoblen los esfuerzos a escala multilateral para simplificar y armonizar considerablemente las normas de origen;

17.  Destaca la vital importancia de la OMC para el sistema de comercio basado en normas y considera fundamental la necesidad de garantizar la aplicación de sus decisiones, la ejecución de los compromisos vinculantes y la solución de diferencias comerciales, así como su contribución excepcional a la hora de promover una mayor transparencia y una revisión inter pares, en particular por medio del Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales (MEPC); expresa su gran preocupación por el hecho de que varios puestos del Órgano de Apelación permanezcan vacantes, lo que dificulta seriamente la labor de este organismo fundamental y amenaza con socavar el correcto funcionamiento actual del mecanismo de solución de diferencias, e insiste en que es necesario adoptar rápidamente una decisión con el fin de cubrir esas vacantes;

18.  Destaca la necesidad de una declaración final de la CM11 en la que los miembros puedan especificar los ámbitos nuevos y aquellos enumerados en el Programa de la Ronda de Doha sobre los que comenzarán y proseguirán las negociaciones;

19.  Pide a la Comisión y al Consejo que velen por que el Parlamento siga participando estrechamente en la preparación de la CM11, reciba información actualizada y puntual, y sea consultado durante la Conferencia Ministerial de 2017; pide a la Comisión que siga defendiendo ante el resto de los miembros de la OMC la necesidad de aumentar la importancia de la dimensión parlamentaria de dicha organización;

20.  Pide a los miembros de la OMC que garanticen la legitimidad democrática y la transparencia mediante el fortalecimiento de la dimensión parlamentaria de dicha organización; destaca, a este respecto, la necesidad de garantizar que los diputados dispongan de un mejor acceso a las negociaciones comerciales y participen en la formulación y la aplicación de las decisiones de la OMC, y que las políticas comerciales se sometan a un control adecuado en interés de los ciudadanos;

21.  Lamenta que la miniconferencia ministerial celebrada en Marrakech los días 9 y 10 de octubre de 2017 no culminase en avances significativos en vista de la CM11; pide a todas las partes que asuman plenamente sus responsabilidades y que transformen la voluntad que se desprende de las declaraciones políticas en acciones concretas en las negociaciones, a fin de lograr resultados positivos en la CM11 de Buenos Aires y crear una base sólida para las acciones y decisiones adicionales que trasciendan la Conferencia Ministerial de 2017;

22.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, y al director general de la OMC.

(1) Declaración Ministerial de Doha (WT/MIN(01)/DEC/1), de 14 de noviembre de 2001. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_s.htm
(2) Declaración Ministerial de Hong Kong (WT/MIN(05)/DEC), de 18 de diciembre de 2005. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min05_s/final_text_s.htm
(3) DO C 9 E de 15.1.2010, p. 31.
(4) DO C 286 E de 22.10.2010, p. 1.
(5) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 84.
(6) DO C 436 de 24.11.2016, p. 6.
(7) DO C 366 de 27.10.2017, p. 140.
(8) Declaración Ministerial de Bali (WT/MIN(13)/DEC), de 7 de diciembre de 2013. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc9_s/balideclaration_s.htm
(9) Declaración Ministerial de Nairobi (WT/MIN(15)/DEC), de 19 de diciembre de 2015. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/mc10_s/nairobipackage_s.htm
(10) http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf.
(11) http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/.
(12) https://www.wto.org/spanish/tratop_s/devel_s/a4t_s/gr17_s/gr17programme_s.htm.


La Asociación Oriental: cumbre de noviembre de 2017
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Recomendación del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre la Asociación Oriental en la fase previa a la cumbre de noviembre de 2017 (2017/2130(INI))
P8_TA(2017)0440A8-0308/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 3 y 8 y el título V, en particular los artículos 21, 22, 36 y 37, del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como la quinta parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la puesta en marcha de la Asociación Oriental en Praga, el 7 de mayo de 2009, como un empeño común de la Unión y de sus socios orientales, a saber, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia y Ucrania,

–  Vistas las Declaraciones comunes de las cumbres de la Asociación Oriental celebradas en 2011 en Varsovia, en 2013 en Vilna y en 2015 en Riga,

–  Vista la Declaración de los dirigentes de los veintisiete Estados miembros y del Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, adoptada el 25 de marzo de 2017 en Roma,

–  Vistas las recomendaciones y actividades de la Asamblea Parlamentaria Euronest, del Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental y del Comité de las Regiones y la Conferencia de Entes Regionales y Locales de la Asociación Oriental (Corleap),

–  Vistas las Comunicaciones de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) sobre la Política Europea de Vecindad (PEV), en particular el informe de 2017 sobre la aplicación de la revisión de la Política Europea de Vecindad (JOIN(2017)0018) y el documento de trabajo revisado de 2017 titulado «Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results» (Asociación Oriental – 20 objetivos para 2020: Centrarse en las prioridades clave y los resultados tangibles) (SWD(2017)0300), así como la Comunicación de 2016 sobre la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre la PEV y la Asociación Oriental,

–  Vista su Recomendación, de 5 de julio de 2017, sobre el 72.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas(1), sus Resoluciones, en particular las de 15 de junio de 2017, sobre el caso de Afgan Mujtarli y la situación de los medios de comunicación en Azerbaiyán(2), de 6 de abril de 2017(3) y 24 de noviembre de 2016(4), sobre la situación en Bielorrusia, de 16 de marzo de 2017, sobre las prioridades de la Unión para los periodos de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 2017(5), de 13 de diciembre de 2016, sobre los derechos de la mujer en los Estados de la Asociación Oriental(6), de 21 de enero de 2016, sobre Acuerdos de Asociación / Zonas de libre comercio de alcance amplio y profundo con Georgia, Moldavia y Ucrania(7), y de 9 de julio de 2015, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad(8),

–  Vista la Declaración común, de 3 de julio de 2017, de los Parlamentos de Georgia, Moldavia y Ucrania,

–  Visto el artículo 113 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0308/2017),

A.  Considerando que la Asociación Oriental se basa en el compromiso compartido por Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, Moldavia, Ucrania y la Unión Europea de profundizar sus relaciones y adherirse al Derecho internacional y respetar los valores fundamentales tales como la democracia, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de género, así como en favor de la economía social de mercado, el desarrollo sostenible y la buena gobernanza;

B.  Considerando que la Asociación Oriental persigue los objetivos comunes de fomento de la estabilidad, la confianza y la cooperación, de apoyo a las reformas democráticas, a unas buenas relaciones de vecindad, a la resolución pacífica de conflictos y a la cooperación regional, de mejora de las relaciones interpersonales y de impulso del comercio, a fin de intensificar el diálogo político y la asociación, así como la cooperación económica y la integración;

C.  Considerando que, a través de su Estrategia Global y de la PEV revisada, la Unión intenta lograr un mayor acercamiento de sus socios a través de una asociación política y una integración económica aceleradas con la Unión, a la vez que aspira a promover la estabilización política, la resiliencia de la sociedad y la prosperidad económica en su vecindad, y a posibilitar unas relaciones políticas y económicas privilegiadas en consonancia con el nivel de ambición de cada país socio;

D.  Considerando que, dado que la Unión estima que la cooperación es un valor en sí mismo y cree firmemente que redunda en beneficio de todas las partes interesadas, existe el compromiso por parte de la Unión de seguir trabajando con todos los países de la Asociación Oriental, siempre y cuando no se cuestionen ni se menoscaben los valores europeos fundamentales;

E.  Considerando que la Unión y sus socios deben adaptar los recursos y los instrumentos a los compromisos contraídos, y que han de conceder mayor prioridad a la aplicación de estos acuerdos;

F.  Considerando que los participantes en la Cumbre de Riga de 2015 hicieron un llamamiento para que hasta la próxima cumbre se avance en los ámbitos de (1) la consolidación de las instituciones y la buena gobernanza, (2) la movilidad y los contactos interpersonales, (3) el desarrollo económico y las oportunidades de mercado, y (4) la conectividad, la eficiencia energética, el medio ambiente y el cambio climático;

G.  Considerando que desde la última cumbre se ha avanzado significativamente, concretamente con la celebración y entrada en vigor de tres Acuerdos de Asociación que incluyen el establecimiento de una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo (ZLCAP) con Georgia, Moldavia y Ucrania, así como los regímenes de exención de visado con Georgia y Ucrania a partir de 2017 (y con Moldavia a partir de 2014), la conclusión de las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación global y reforzado con Armenia, que sirve de ejemplo del modo en que pueden coexistir la adhesión a la Unión Económica Euroasiática y la participación en las estrategias de vecindad de la Unión, la puesta en marcha de las negociaciones sobre un nuevo acuerdo global con Azerbaiyán y la adopción de una serie de reformas de primer orden en varios de esos países con la asistencia política, técnica y financiera de la Unión, y la continuación de la política de «compromiso crítico» con respecto a Bielorrusia;

H.  Considerando que, desde la puesta en marcha de la Asociación Oriental en Praga, algunos miembros fundadores han experimentado un deterioro global de la situación de los derechos humanos y un retroceso de las tendencias de democratización; que uno de los principales retos consistirá en facilitar la transición en curso hacia unas democracias integradoras, responsables, estables y viables;

I.  Considerando que el aumento de la movilidad y el refuerzo de los contactos interpersonales entre los países socios y la Unión siguen siendo un instrumento indispensable para promover los valores europeos;

J.  Considerando que con el nuevo plan de trabajo estratégico que han propuesto la Comisión Europea y el SEAE y que combina la cooperación bilateral y la regional se pretende orientar la futura labor de la Unión y los seis países socios, centrándose en veinte objetivos para 2020;

K.  Considerando que la independencia, la soberanía y la integridad territorial de los socios orientales de la Unión siguen bajo la amenaza que entrañan los conflictos regionales aún no resueltos, incluyendo algunos que fueron iniciados y siguen siendo activamente apoyados por la Federación de Rusia, lo que está en contradicción con sus compromisos internacionales de defensa del orden jurídico internacional; Considerando que la Unión debería desempeñar un papel más activo en la resolución pacífica de conflictos en su vecindad; que la agresión rusa contra Ucrania, la anexión ilegal de Crimea y la ocupación continuada de dos regiones de Georgia, así como las amenazas híbridas de Rusia, en particular las actividades de desestabilización y propaganda, son una amenaza para la seguridad europea en su conjunto;

L.  Considerando que la política de la Asociación Oriental se basa en el derecho soberano de cada socio a elegir el nivel de ambición al que aspira en sus relaciones con la Unión; que los socios que buscan estrechar sus relaciones con la Unión deberían poder contar con más apoyo y asistencia para alcanzar los objetivos establecidos mutuamente si cumplen los compromisos de reforma establecidos, conforme al principio de «más por más»;

1.  Recomienda al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior:

Sobre el futuro de la Asociación Oriental

Sobre la puesta en práctica de la Asociación Oriental

   a) que velen por que la Cumbre de noviembre de 2017 mire hacia adelante, inyectando un nuevo dinamismo y fijando una clara visión política para el futuro de la Asociación Oriental como política a largo plazo; que garanticen que, por lo respecta a los resultados de esta Cumbre, la prioridad fundamental consistirá en proporcionar la base para la defensa de los valores fundamentales de la Unión, en particular el respeto de la democracia, las libertades fundamentales, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la buena gobernanza, los derechos fundamentales, la lucha contra la discriminación y la igualdad de género, en los que se funda la Asociación Oriental, destacando que esos valores constituyen el núcleo de los Acuerdos de Asociación y reconociendo el compromiso de los socios en favor de la aplicación y la promoción de dichos valores;
   b) que estén a la altura de las grandes expectativas de los ciudadanos en todos los países socios en lo que se refiere a la erradicación de la corrupción, la lucha contra la delincuencia organizada y el fortalecimiento del Estado de Derecho y la buena gobernanza; que, por tanto, procuren que los países socios asuman un nuevo compromiso para adoptar y aplicar plenamente las reformas relativas al poder judicial, la administración pública y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada con arreglo a programas adecuados, dotados de objetivos y plazos establecidos con claridad;
   c) que refuercen la sociedad civil en los países socios y su papel fundamental dentro de la Asociación Oriental, tanto de agente indispensable en el proceso de consolidación democrática como de plataforma para la cooperación regional, oponiéndose sin concesiones a toda legislación y todas las medidas con las que se pretenda limitar sus actividades legítimas y fomentando su mayor participación en la concepción, el control y el seguimiento de la aplicación de las reformas relacionadas con la Asociación, así como promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas;
   d) que favorezcan las reformas electorales que garanticen que los marcos jurídicos se ajusten a los estándares internacionales, las recomendaciones de las misiones internacionales de observación lideradas por la OSCE y los dictámenes de la Comisión de Venecia, y que se establezcan mediante un proceso transparente y sean objeto de una consulta amplia y, en la medida de lo posible, de consenso con la oposición y la sociedad civil, con el fin de mejorar los marcos electorales sin ningún sesgo a favor de los partidos gobernantes; que garanticen la estricta aplicación por la Unión de la condicionalidad establecida en relación con las reformas electorales;
   e) que garanticen que los resultados de la cumbre de noviembre de 2017 partan de lo ya conseguido, insistan en la necesidad de cumplir todos los compromisos ya asumidos e impriman un nuevo impulso para el futuro de la Asociación Oriental, en particular con resultados tangibles para los ciudadanos, especialmente en los ámbitos del empleo, la reducción de las disparidades socioeconómicas, el transporte, la conectividad, la independencia energética, la movilidad y la educación, teniendo presente que un nuevo Plan Europeo de Inversiones Exteriores (PEIE) es un instrumento importante a ese respecto;
   f) que prosigan sus esfuerzos en favor de la lucha contra el desempleo, particularmente el desempleo juvenil, por ejemplo mediante un paquete de medidas de apoyo para los jóvenes como el Programa EU4Youth, y del desarrollo de las capacidades que se requieren en el mercado laboral, por ejemplo mediante la formación profesional, el fomento del espíritu empresarial, el apoyo a la agricultura sostenible, el desarrollo de la economía digital, la ampliación de las infraestructuras y del sector de los servicios públicos y privados, entre otros, en el ámbito de la salud y la atención, y el turismo;
   g) que promuevan y apoyen activamente la aplicación de políticas de lucha contra la discriminación en todos los sectores de la sociedad; que garanticen la integración de la igualdad de género en las políticas públicas y el apoyo a la empleabilidad y el espíritu empresarial de las mujeres, asegurando la continuidad de las políticas más allá de la fecha objetivo de 2020;
   h) que se comprometan a colaborar en favor de una mayor movilidad entre la Unión y los países socios; que ayuden a Moldavia, Georgia y Ucrania a aplicar el acuerdo de liberalización de visados y garanticen que en el futuro no se activen los mecanismos de suspensión, en particular, a través de una estrecha cooperación en los ámbitos policial y de aduanas como medio de protección contra las amenazas para la seguridad, la delincuencia y el incumplimiento de la duración autorizada para los periodos de estancia; que entablen diálogos sobre visados con Armenia, apoyen los progresos de Azerbaiyán en la aplicación de los Acuerdos de readmisión y de facilitación de visados con miras a entablar un diálogo sobre visados en el futuro, y concluyan las negociaciones sobre los Acuerdos de readmisión y de facilitación de visados con Bielorrusia en provecho de sus ciudadanos, en caso de que esos países realicen avances importantes en el ámbito de los valores fundamentales y cumplan las condiciones definidas minuciosamente en los planes de acción para la liberalización de los regímenes de visado;
   i) que faciliten en mayor medida el establecimiento de una cooperación más estrecha en los ámbitos de la educación, la investigación y la innovación, particularmente facilitando la participación en programas como Erasmus+ y EU4Innovation, así como de la concesión de garantías crediticias por el Grupo del Banco Europeo de Inversiones como parte de su Programa InnovFin; que presten apoyo a la reforma de la educación para hacer frente a la brecha de investigación e innovación;
   j) que garanticen que los resultados de la cumbre de noviembre de 2017 también generen un nuevo impulso para promover las oportunidades en materia de crecimiento económico sostenible, modernización de los sectores existentes y oportunidades de comercio e inversión, en particular las oportunidades intrarregionales de cooperación transfronteriza, con una atención especial al emprendimiento y las pymes;
   k) que soliciten que la Unión reajuste el apoyo que da a los planes de la Asociación y las reformas estructurales conexas, concretamente las que permiten una mayor competitividad, un entorno más favorable para las empresas y un acceso adecuado a las fuentes de financiación, por ejemplo a través de la iniciativa EU4business; que supervisen estrechamente la aplicación de las ZLCAP con el fin de evitar el dumping social y medioambiental; que elaboren una asistencia específica para las pymes a fin de ayudarlas a absorber plenamente el potencial de las ZLCAP; que promocionen y apoyen una reforma genuina del sistema económico con el objetivo de eliminar los monopolios, limitando el papel de los oligarcas a través del establecimiento de leyes adecuadas sobre el conflicto de intereses, y de una profunda reforma de los sectores bancarios y financieros destinada a combatir el blanqueo de dinero y la evasión fiscal;
   l) que apoyen el desarrollo de las infraestructuras de transporte y conectividad necesarias, por ejemplo a través de un ambicioso plan de inversiones para la red básica de la RTE-T, y que también promuevan el comercio intrarregional; que apoyen proyectos de infraestructuras que proporcionen nuevas oportunidades para el comercio y permitan un incremento de la comunicación y los intercambios entre la Unión y los países socios, así como entre los socios;
   m) que incrementen la independencia y la eficiencia energéticas a través de inversiones específicas y de la diversificación de las fuentes de energía, en particular lo que respecta a las energías renovables y reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles, mediante una cooperación reforzada en todas las áreas prioritarias cubiertas por la Unión de la Energía de la UE y una integración más estrecha de los mercados de la energía de los países socios con el mercado europeo de la energía, atendiendo especialmente a la interconectividad y las infraestructuras; que garanticen que todas las infraestructuras de oleoductos de la región, en tierra y en el mar, incluido el gasoducto Nord Stream 2, sean plenamente conformes con la legislación de la Unión y con la Estrategia de la Unión de la Energía y no menoscaben la seguridad energética de la región; que trabajen con los socios orientales para apoyar a los hogares más afectados por el aumento de los precios de la energía;
   n) que garanticen el pleno respeto de los acuerdos y obligaciones internacionales en materia de seguridad nuclear y de protección del medio ambiente; que redoblen los esfuerzos para el cumplimiento de los compromisos relativos al cambio climático, por ejemplo a través de la sensibilización de la opinión pública y del cierre progresivo y sostenible de las centrales de energía obsoletas de Armenia y Ucrania; que sigan atentamente el desarrollo de nuevos proyectos, como la central nuclear bielorrusa de Ostrovets;
   o) que garanticen que los resultados de la cumbre de noviembre de 2017 también respondan a las amenazas para la seguridad y a los conflictos que afectan a la independencia, la soberanía, la integridad territorial, los derechos humanos fundamentales y la estabilidad y el desarrollo políticos, sociales y económicos de los países socios y del conjunto de la región;
   p) que se comprometan a apoyar la unidad de acción entre los Estados miembros de la Unión con miras al mantenimiento de la presión colectiva sobre Rusia, cuya presencia militar en la región, no obstante, ha aumentado en los últimos años, en particular reforzando las medidas restrictivas selectivas; a solucionar el conflicto en el este de Ucrania a través de la aplicación cabal de los Acuerdos de Minsk y del mantenimiento de la misión de observación de la OSCE; a resolver el conflicto entre Rusia y Georgia a través de resultados tangibles en las conversaciones internacionales de Ginebra y de la plena aplicación por parte de Rusia del acuerdo de alto el fuego de 2008; a restablecer la plena soberanía de Ucrania en Crimea, de Georgia en sus territorios ocupados de Abjasia y Osetia del Sur y de Moldavia en Transnistria; a prestar una atención adecuada a la peligrosa situación ecológica del este de Ucrania, y a poner término a las amenazas adicionales que constituyen los asesinatos, la guerra cibernética, la desinformación y otros tipos de desestabilización patrocinados por Estados;
   q) que insistan en que es inadmisible la participación de un socio oriental en ejercicios militares dirigidos a la Unión y/o a algunos de sus socios, como el ejercicio «Zapad» dirigido por Rusia en 2017 en Bielorrusia; que velen por que ningún socio vuelva a participar en tales ejercicios en el futuro;
   r) que exhorten a que cesen de inmediato las hostilidades militares entre fuerzas armenias y azerbaiyanas, que se cobran innecesariamente las vidas de civiles y soldados al tiempo que obstaculizan el desarrollo socioeconómico; que reiteren su apoyo a los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE en sus esfuerzos para resolver el conflicto de Nagorno-Karabaj y a sus Principios básicos de 2009, en particular la integridad territorial, la autodeterminación y la renuncia al uso de la fuerza; que insten a Armenia y Azerbaiyán a relanzar las negociaciones de buena fe con miras a aplicar estos principios para resolver el conflicto, que no tiene una solución militar; que pidan a los Gobiernos de Armenia y Azerbaiyán que celebren conversaciones de alto nivel y que se comprometan a aplicar medidas auténticas de creación de confianza y de diálogo entre las sociedades civiles armenia y azerbaiyana; que supediten la ratificación de nuevos acuerdos entre la Unión y cada una de las partes a la condición de que se asuman compromisos sustanciales y se realicen avances significativos para solucionar el conflicto, como el mantenimiento del alto el fuego y el apoyo a la aplicación de los Principios básicos de 2009;
   s) que hagan un llamamiento en favor del apoyo continuado a la labor realizada por la misiones de la Unión y la OSCE en Georgia, Moldavia y Ucrania oriental por tratarse de operaciones esenciales para garantizar la paz y la seguridad en beneficio ante todo de los ciudadanos in situ; que aseguren la ejecución efectiva de los mandatos de estas misiones y que insten a Rusia a garantizar su acceso sin restricciones; que consideran la posibilidad de apoyar el despliegue de una misión policial armada de la OSCE en Ucrania oriental; que reflexionen, junto con los países socios, sobre las perspectivas de refuerzo del papel de la Unión en la resolución de esos conflictos mediante, por ejemplo, el despliegue de misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) ambiciosas y plenamente habilitadas con el cometido de incrementar la seguridad y la estabilidad;
   t) que pidan a los socios de la Unión que cooperen plena y efectivamente con la Unión para atajar desafíos como la migración ilegal, el terrorismo, la ciberdelincuencia, el tráfico de seres humanos, el contrabando y el comercio ilícito;
   u) que estudien, dentro de la política de la Asociación Oriental, un modelo de Asociación Oriental + que sea atractivo a más largo plazo para los países asociados que hayan realizado avances considerables en la aplicación de las reformas relacionadas con los Acuerdos de Asociación y las ZLCAAP, que puedan llevar finalmente a la adhesión a la unión aduanera, la Unión de la Energía, la unión digital y el espacio Schengen, un mayor acceso al mercado interior de la Unión, la integración en las redes de transporte de la Unión o en asociaciones industriales, una mayor participación en otros programas de la Unión, una mayor cooperación en el ámbito de la PESD y medidas más inmediatas, como preferencias arancelarias unilaterales adicionales, un calendario concreto para la supresión de las tarifas de itinerancia entre los países socios y la Unión, y el desarrollo de la banda ancha de gran capacidad; que abran el modelo de Asociación Oriental + a otros países de la Asociación Oriental una vez estén preparados para asumir esos mayores compromisos y hayan realizado avances considerables en la aplicación de las reformas acordadas mutuamente;
   v) que consideren, para los países no asociados, nuevos medios para apoyar a la sociedad civil, las empresas, el mundo académico y las comunidades de medios de comunicación independientes y los jóvenes, por ejemplo a través de financiación adicional y de asociaciones de movilidad;
   w) que aseguren que, en ambos casos, los objetivos comunes se entienden, si es necesario, tanto a medio como a largo plazo, animando a algunos de los países socios a superar la lógica de los ciclos electorales en favor de planteamientos de carácter más estratégico;
   x) que reafirmen el principio de diferenciación y reiteren que el alcance y la profundidad de la cooperación con la Unión están determinados por las ambiciones de la Unión y las de los países socios, así como por el ritmo y la calidad de las reformas, que se evaluarán en base a su aplicación plena y efectiva, en particular por lo que se refiere al respeto de la democracia, los derechos humanos, las libertades fundamentales, el Estado de Derecho y la buena gobernanza;
   y) que subrayen que la Asociación Oriental aspira a crear las condiciones necesarias para establecer una asociación política y una integración económica estrechas, incluyendo la participación en los programas de la Unión; que reiteren que los Acuerdos de Asociación con Georgia, Moldavia y Ucrania no constituyen el objetivo final de sus relaciones con la Unión; que reconozcan una vez más las aspiraciones europeas de estos países; que señalen que, de conformidad con el artículo 49 del TUE y de acuerdo con la Declaración de Roma, de 25 de marzo de 2017, cualquier Estado europeo puede solicitar el ingreso como miembro de la Unión siempre que se adhiera a los criterios de Copenhague y los principios de la democracia, respete las libertades fundamentales y los derechos humanos, en particular los de las minorías, y defienda el Estado de Derecho; insta a los Estados miembros, a este respecto, a que acuerden una declaración ambiciosa para la cumbre de 2017 que fije objetivos pertinentes a largo plazo;
   z) que pidan a Georgia, Moldavia y Ucrania que se centren en la aplicación de los programas de asociación, a fin de aprovechar todas las oportunidades que ofrecen los Acuerdos de Asociación, participando también en los debates conjuntos sobre los avances, las oportunidades y los retos relacionados con las reformas en el ámbito de los Acuerdos de Asociación y las ZLCAAP; que reiteren la importancia de la aplicación efectiva de dichas reformas para la estabilidad y el desarrollo futuros de los países y el bienestar de sus sociedades; que reafirmen que la profundización de las relaciones dentro del modelo de Asociación Oriental +, así como la perspectiva de adhesión a la Unión, requiere avances considerables por lo que respecta a la aplicación de esas reformas, en particular en relación con el Estado de Derecho, el respeto de los derechos humanos y la buena gobernanza;
   aa) que garanticen que siempre se asocie una condicionalidad estricta a los niveles actuales y posteriores de cooperación y apoyo para los socios, y que también se cumpla; que subrayen que el apoyo financiero de la Unión a sus socios estará condicionado a la realización de reformas concretas y a su aplicación efectiva, y que el enfoque de la Unión basado en incentivos seguirá beneficiando a los socios que más se involucren en reformas ambiciosas; que consideren la posibilidad de abonar las subvenciones en tramos más reducidos, a fin de que la Unión pueda responder mejor ante crisis inesperadas o ante la ausencia de reformas que pongan de relieve, en particular, que no se ratificará ningún acuerdo global con un país que manifiestamente no respete los valores de la Unión, concretamente, no aplicando las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y acosando, intimidando y persiguiendo a defensores de los derechos humanos, ONG y periodistas; que también destaquen que se han de alcanzar unos valores de referencia claros antes de iniciarse y concluirse un nuevo diálogo sobre regímenes de exención de visado; que reiteren que cualquier retroceso respecto de logros ya alcanzados se traducirá sistemáticamente en la suspensión de los acuerdos, también en el ámbito de los regímenes de exención de visado y la financiación de la Unión;
   ab) que apoyen la dimensión multilateral de la Asociación Oriental como medio para reforzar la creación de confianza a nivel multilateral, en particular en zonas en conflicto, y generar oportunidades de cooperación regional, también mediante plataformas transnacionales de la sociedad civil, cooperación entre autoridades regionales y locales y proyectos transfronterizos, como programas de contacto interpersonal con un diálogo intercultural y participación de la joven generación como factores para el cambio;
   ac) que destaquen la importancia de las políticas de comunicación relativas a la Asociación Oriental de forma coherente y eficaz, a nivel tanto interno como externo, y de prever actividades de comunicación adaptadas a las distintas regiones, en particular para subsanar las lagunas de conocimientos sobre la Unión y sus relaciones con sus socios; que reconozcan el excelente trabajo realizado hasta la fecha por el Grupo de Trabajo East StratCom y que apoyen sus actividades con financiación adicional; que aborden el desafío que entraña informar mejor sobre los beneficios concretos y los objetivos de la Asociación Oriental, y afronten la desinformación facilitando información factual, accesible y de calidad en todas las lenguas de los países socios y garantizando el pleno respeto de la libertad de expresión;
   ad) que sostengan que la ayuda de la Unión debe configurarse a medida para responder al nivel de ambición común respecto de la cooperación con cada uno de los países socios, según los principios de «más por más» y «menos por menos»; que pidan, en particular, que la Unión ajuste los instrumentos presupuestarios, como el Instrumento Europeo de Vecindad y el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, a las tareas políticas y las estrategias de aplicación, especialmente en el marco de sus procedimientos presupuestarios anuales y plurianuales;
   ae) que acojan favorablemente las propuestas de la Comisión para proporcionar a los países socios ayuda macrofinanciera, insistiendo al mismo tiempo en la condicionalidad estricta y efectiva asociada a las propuestas, concretamente en relación con la defensa del Estado de Derecho (incluido un poder judicial independiente y un sistema parlamentario multipartidista), la garantía de una buena gobernanza (incluida la lucha eficaz contra la corrupción) y la defensa de los derechos humanos y de la libertad de los medios de comunicación; que cada seis meses faciliten al Parlamento Europeo y al Consejo un informe por escrito y detallado sobre los avances logrados en esos tres ámbitos por los países socios que ya se benefician de ese tipo de ayuda; que pidan a la Comisión que elabore nuevos programas de ayuda macrofinanciera para países socios que hayan concluido con éxito programas anteriores y que prevea sistemáticamente esta condicionalidad en futuras propuestas de este tipo de ayuda y que garantice su estricta aplicación, en particular en el caso de Moldavia;
   af) que soliciten a la Comisión, al Banco Europeo de Inversiones y a otras instituciones financieras multilaterales que trabajen con miras a la aplicación con éxito del Plan Europeo de Inversiones y de un mecanismo específico de apoyo para los países de la Asociación Oriental comprometidos con la aplicación de los Acuerdos de Asociación; que soliciten el establecimiento de un fondo fiduciario para Ucrania, Georgia y Moldavia basado en las mejores prácticas de los instrumentos de donantes múltiples, insistiendo en que dicho fondo fiduciario debería centrarse en inversiones públicas y privadas, particularmente en las destinadas a infraestructuras sociales y económicas y a impulsar la capacidad de absorción de inversiones, y en la coordinación de las instituciones financieras internacionales y la ayuda de los donantes internacionales sobre el terreno; que consideren la posibilidad de organizar una conferencia de donantes para Ucrania en apoyo de las necesidades humanitarias originada por el conflicto en la parte oriental y la anexión de Crimea; que garanticen que el uso de estos fondos sea controlado estrictamente con el fin de evitar cualquier uso indebido de los mismos;
   ag) que reiteren su firme apoyo a la contribución y el control parlamentarios en relación con la política de la Asociación Oriental, en particular por lo que se refiere al impacto de la política en las vidas de los ciudadanos; que refuercen a ese respecto el papel de la Asamblea Parlamentaria Euronest dentro de la nueva configuración multilateral de la Asociación Oriental, y también el papel de las Comisiones Parlamentarias de Asociación o de Cooperación en el seno de los Consejos de Asociación o de Cooperación; que acojan favorablemente los programas del planteamiento integral de apoyo a la democracia que se están aplicando; que inviten a parlamentarios de los países socios a trabajar conjuntamente a fin de llevar un control de la aplicación y el intercambio de las mejores prácticas; que aumenten la participación del Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental en este proceso;
   ah) que tomen nota del propósito del Parlamento de intensificar su seguimiento de la aplicación de los acuerdos internacionales con los socios orientales y de aumentar su control de las ayudas proporcionadas por la Unión en ese ámbito; que respondan al llamamiento dirigido por el Parlamento a los países socios y a la Comisión en favor de una mayor transparencia de todos los beneficiarios de la financiación de la Unión; que insten a la Comisión y al SEAE a transmitir cada seis meses al Parlamento Europeo y al Consejo un informe por escrito detallado sobre la aplicación de esos acuerdos;
   ai) que tomen nota del propósito del Parlamento de incrementar su control de las negociaciones de futuros acuerdos internacionales con los países socios orientales; que insten al Consejo a facilitar sin demora al Parlamento todas las directrices de negociación pertinentes en consonancia con el Acuerdo Interinstitucional correspondiente(9); que acojan favorablemente la cooperación efectiva de la Comisión y del SEAE con el Parlamento a la hora de proporcionar información sobre dichas negociaciones, pero que les pidan que también faciliten sin demora los proyectos de textos de negociación y los acuerdos rubricados, en consonancia con el Acuerdo marco correspondiente(10);

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo, a la Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior y, para información, al Representante Especial de la Unión Europea para el Cáucaso Meridional y la Crisis en Georgia, a la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y a los Gobiernos y los Parlamentos de los países miembros de la Asociación Oriental.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0304.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0267.
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0126.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0456.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0089.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0487.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0018.
(8) DO C 265 de 11.8.2017, p. 110.
(9) DO C 95 de 1.4.2014, p. 1.
(10) DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.


Plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía (2017/2819(RSP))
P8_TA(2017)0441B8-0589/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía» (COM(2017)0198),

–  Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2016, sobre la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad(1),

–  Visto el control de adecuación de la legislación de la UE sobre la naturaleza (Directivas relativas a las aves y a los hábitats) (SWD(2016)0472),

–  Visto el Informe Especial n.º 1/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Es necesario dedicar más esfuerzo a la plena implantación de la Red Natura 2000»,

–  Visto el informe de la Comisión titulado «State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2007–2012» [Información en virtud de las Directivas relativas a la naturaleza entre 2007 y 2012: estado de la naturaleza en la Unión Europea],

–  Vistas las estadísticas de Eurostat sobre biodiversidad de noviembre de 2016,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de junio de 2017, sobre el Plan de acción de la UE en pro de la naturaleza, las personas y la economía(2),

–  Vista la pregunta al Consejo sobre un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía (O-000067/2017 – B8‑0608/2017),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que solo presentan actualmente un buen nivel de conservación alrededor de la mitad de las aves y una proporción menor de las demás especies y hábitats protegidos de la Unión, y que solo dispone de planes de gestión con medidas y objetivos de conservación el 50 % de los espacios Natura 2000;

B.  Considerando que las directivas relativas a la naturaleza desempeñan un importante papel para contribuir a lograr los objetivos del Plan Estratégico para la biodiversidad 2011‑2020 del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre cambio climático;

C.  Considerando que en la evaluación del estado de la naturaleza en la Unión Europea de 2015, realizada por la Agencia Europea de Medio Ambiente, se afirma que, según la información facilitada por los Estados miembros, las principales presiones y amenazas para los ecosistemas terrestres son la agricultura y la modificación de las condiciones naturales, y para los ecosistemas marinos, la explotación de los recursos vivos (pesca) y la contaminación; que todas estas actividades son actividades humanas con repercusiones profundas y dañinas para la naturaleza;

D.  Considerando que las estadísticas de Eurostat sobre biodiversidad de 2016 reflejan el declive generalizado de las 167 especies de aves comunes de la Unión entre 1990 y 2014(3);

Observaciones generales

1.  Acoge favorablemente el plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía, como un paso en la dirección correcta para cumplir los objetivos de las Directivas relativas a la naturaleza;

2.  Observa con preocupación, no obstante, que los objetivos de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 y del Convenio sobre la Diversidad Biológica no se cumplirán sin un considerable esfuerzo adicional inmediato; subraya que no se han cumplido los Estrategia de la UE sobre la biodiversidad para 2010;

3.  Observa que los ecosistemas sanos y resilientes presentan más capacidad para mitigar los efectos del cambio climático y adaptarse a él, limitando así el calentamiento global; señala que estos ecosistemas resisten y se recuperan más fácilmente frente a condiciones meteorológicas extremas, además de ofrecer numerosas ventajas de las que dependen las poblaciones;

4.  Observa que, en Europa, prácticamente una cuarta parte de las especies silvestres se encuentran actualmente en peligro de extinción y que la mayoría de los ecosistemas están degradados hasta el punto de no poder ya desarrollar sus valiosas funciones; considera que esto está causando enormes perjuicios sociales y económicos para la Unión, pues se están agravando las causas principales de la pérdida de biodiversidad, como la modificación de los hábitats, la explotación excesiva de los recursos naturales, la introducción y propagación de especies exóticas invasoras y el cambio climático, lo cual anula los efectos positivos de las medidas destinadas a frenar la pérdida de biodiversidad;

5.  Toma nota de que el plan de acción tiene por objeto «acelerar el progreso hacia el objetivo de la UE para 2020 de detener e invertir la pérdida de biodiversidad y de servicios ecosistémicos»; considera lamentable que no se hagan más referencias a la Estrategia sobre la biodiversidad hasta 2020 o a las conclusiones de su revisión intermedia;

6.  Reitera la necesidad de que se hagan esfuerzos adicionales, considerables y continuados para alcanzar los objetivos fijados para 2020, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que den una mayor prioridad política a ese aspecto;

7.  Subraya la necesidad de velar por la aplicación plena y estricta de la legislación de la Unión sobre la naturaleza;

8.  Hace hincapié en que los notables avances en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, contaminantes atmosféricos y contaminantes de otro tipo, así como la mejora de la eficiencia energética y en el consumo de materiales, han de verse complementados con más medidas por parte de los Estados miembros a fin de aplicar plenamente las políticas acordadas para una mejor protección de la biodiversidad, los recursos naturales y la salud pública;

9.  Destaca que es necesaria una mayor integración de las políticas y los conocimientos para lograr el objetivo de «vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta», que es la perspectiva a largo plazo que propugna el Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente;

10.  Lamenta lo limitado del calendario del plan de acción y pide a la Comisión que inicie sin demora los trabajos sobre la próxima Estrategia sobre la biodiversidad para el periodo siguiente a 2020;

Participación de todos los agentes

11.  Acoge favorablemente los cuatro ámbitos prioritarios establecidos en el plan de acción y hace hincapié en la necesidad de que todos los agentes pertinentes a los niveles nacional, regional y local participen activamente de modo que todas las medidas concretas que se tomen pongan remedio efectivamente a las deficiencias constatadas en la aplicación de las directivas relativas a las aves y a los hábitats;

12.  Recuerda que el Tribunal de Cuentas afirmó en su Informe Especial n.º 1/2017 que no estaba suficientemente desarrollada la coordinación entre las autoridades competentes y otras partes interesadas en los Estados miembros;

13.  Pide a la Comisión que preste un apoyo efectivo a los agentes nacionales y regionales en lo que respecta a la aplicación de la legislación sobre la naturaleza y a la mejora de las inspecciones medioambientales, en particular con el fomento de las competencias y la capacitación y con una asignación más adecuada de los recursos;

14.  Acoge con satisfacción que la Comisión tenga el propósito de actualizar y completar documentos de orientación en todas las lenguas oficiales de la Unión al objeto de promover una mejor comprensión de la normativa sobre el terreno y de ayudar a las autoridades públicas a aplicarla correctamente, y pide a la Comisión, a este respecto, que busque la participación de todas las partes interesadas y las consulte durante el proceso en cuestión;

15.  Destaca el papel de la sociedad civil a la hora de garantizar una mejor aplicación de la legislación de la Unión sobre la naturaleza, y la importancia de las disposiciones del Convenio de Aarhus a este respecto;

16.  Pide a la Comisión que presente una nueva propuesta legislativa sobre normas mínimas para el acceso al control jurisdiccional, así como una revisión del Reglamento sobre la aplicación del Convenio de Aarhus a la acción de la Unión, a fin de tener en cuenta la reciente recomendación del Comité de Cumplimiento de dicho Convenio;

17.  Celebra que, sin comprometer los objetivos de conservación y los requisitos establecidos en las Directivas relativas a la naturaleza, mediante enfoques flexibles para aplicación que tienen en cuenta las circunstancias nacionales específicas se esté contribuyendo a la reducción y la eliminación progresiva de conflictos y problemas innecesarios surgidos entre la protección de la naturaleza y algunas actividades socioeconómicas, así como a abordar los desafíos prácticos derivados de la aplicación de los anexos de dichas directivas;

18.  Solicita a la Comisión que aclare la función del Comité Europeo de las Regiones en relación con el aumento de la concienciación y la promoción de la participación local y los intercambios de conocimientos;

Especies y hábitats protegidos

19.  Subraya que los Estados miembros deben garantizar que no se deterioren las zonas Natura 2000 y deben adoptar medidas de conservación para mantener o restablecer un nivel de conservación satisfactorio de las especies y los hábitats protegidos;

20.  Pide que se apliquen plenamente las directivas relativas a la naturaleza para garantizar que se adopten medidas de conservación con arreglo a los últimos avances técnicos y científicos;

21.  Lamenta que en el plan de acción no se establezcan una estrategia prioritaria y acciones concretas para mejorar la protección de los insectos polinizadores, sobre todo en la lucha contra los riesgos para la salud y las especies de parásitos (en particular, el varroa), la coordinación de las labores de investigación, la armonización de los métodos de análisis y el intercambio de datos científicos sobre los polinizadores a escala europea, como ya se solicitaba en una resolución anterior del Parlamento Europeo;

22.  Pide una vez más a la Comisión que presente una estrategia de la Unión para proteger y conservar los insectos polinizadores que aborde de manera exhaustiva y transversal la cuestión fundamental de sus inquietantes tasas de mortalidad en Europa, en particular de las abejas, cuya labor en términos medioambientales y económicos es sumamente valiosa;

23.  Propone que la lucha contra el varroa sea obligatoria a escala de la Unión, que se apoye la formación de los apicultores en materia de métodos de protección de las abejas, y que se anime a las autoridades locales y regionales, a los agricultores y a toda la ciudadanía a fomentar el desarrollo de especies vegetales, en particular de plantas floríferas, en zonas rurales y urbanas con objeto de aumentar la disponibilidad de plantas melíferas;

24.  Recuerda que sigue siendo motivo de preocupación la matanza ilegal de aves y especialmente de especies migratorias en el Mediterráneo, como también de aves rapaces en algunos Estados miembros; Subraya la necesidad de un plan coordinado a escala europea, sobre la base de datos científicos, para la gestión de las especies de aves migratorias que atraviesan más de un Estado miembro;

25.  Pide la aplicación plena y efectiva del Reglamento relativo a las especies exóticas invasoras, así como su adecuada financiación en el marco del presupuesto de la Unión; destaca que la inclusión de especies en la lista de la Unión de especies exóticas invasoras debe estar basada en una evaluación de riesgo normalizada y armonizada; considera que la gestión de las especies exóticas invasoras es una prioridad urgente, especialmente por lo que respecta a los espacios Natura 2000; acoge positivamente la plataforma en línea de la Red europea de información sobre las especies exóticas (EASIN), que facilita el acceso a datos sobre las especies exóticas;

26.  Subraya que la protección de nuestro entorno natural común en Europa es esencial tanto para nuestra economía como para nuestro bienestar, que se calcula que la red Natura 2000 tiene un valor económico anual comprendido entre los 200 000 y los 300 000 millones de euros y puede generar ingresos para las comunidades locales a través del turismo y los servicios recreativos, y que los ecosistemas saludables ofrecen servicios ecológicos esenciales, como agua dulce, almacenamiento de carbono, insectos polinizadores y protección contra las inundaciones, las avalanchas y la erosión costera(4); señala, por consiguiente, que invertir en la red Natura 2000 es muy juicioso desde el punto de vista económico;

27.  Recuerda que los espacios marinos de la red Natura 2000 están notablemente menos determinados que los lugares terrestres; pide a los Estados miembros afectados que aborden este asunto y pide a la Comisión que facilite la cooperación necesaria con terceros países para mejorar la protección medioambiental en las zonas marinas;

28.  Acoge con satisfacción la acción destinada a integrar los servicios de los ecosistemas en la toma de decisiones; lamenta, no obstante, que el plan de acción no incluya una iniciativa concreta de «pérdida neta cero de biodiversidad»;

Vínculos con otras políticas

29.  Subraya la urgente necesidad de actuar para afrontar los principales factores de la pérdida de biodiversidad, que son la destrucción y la degradación de los hábitats, causadas sobre todo por el uso excesivo de la tierra, la contaminación, la agricultura intensiva, el uso de plaguicidas químicos de síntesis, la difusión de especies exóticas y el cambio climático, y destaca también la necesidad de garantizar la coherencia entre las diversas políticas de la Unión;

30.  Destaca que el control de la adecuación subraya la necesidad de mejorar la coherencia con la política agrícola común (PAC), y pone de relieve el preocupante declive de las especies y los hábitats ligado a la agricultura; pide a la Comisión que evalúe el impacto de la PAC en la biodiversidad;

31.  Reitera que una de las seis prioridades clave para el desarrollo rural de la Unión es la restauración, preservación y mejora de los ecosistemas relacionados con la agricultura y la silvicultura, incluidos los espacios Natura 2000; recuerda los numerosos esfuerzos realizados por los agentes del sector agrícola, en particular en el marco de la aplicación de las medidas de ecologización introducidas con motivo de la revisión de la PAC en 2013;

32.  Reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que velen por que los fondos de la PAC se reorienten de la subvención de actividades asociadas al declive de la biodiversidad a la financiación de prácticas agrícolas sostenibles desde el punto de vista medioambiental y a mantener la biodiversidad conexa;

33.  Pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que, en cooperación con los propietarios y usuarios de las tierras, examinen la posibilidad de que se ofrezcan los llamados «servicios verdes y azules» (gestión del paisaje, del medio ambiente y de los recursos hídricos) a cambio de una remuneración conforme a las condiciones del mercado;

34.  Señala que las especies designadas como de protección especial con arreglo a la Directiva sobre hábitats han alcanzado en algunas regiones de Europa un buen estado de conservación y que, por tanto, pueden poner en peligro a otras especies y a animales domésticos, alterando así el equilibrio natural del ecosistema; pide a la Comisión que desarrolle un procedimiento de evaluación que permita modificar el estado de protección de las especies en determinadas regiones tan pronto como se haya alcanzado el estado de conservación deseado;

35.  Recuerda que la coexistencia entre personas y grandes carnívoros, en particular los lobos, puede tener en ciertas regiones efectos negativos para el desarrollo sostenible de los ecosistemas y de las zonas rurales habitadas, en particular en relación con la agricultura tradicional y el turismo sostenible, y para otras actividades socioeconómicas; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas para afrontar esas cuestiones a fin de no comprometer el desarrollo sostenible de las zonas rurales, teniendo en cuenta la flexibilidad que ofrece la Directiva relativa a los hábitats;

36.  Pide a la Comisión que respalde la adopción de medidas, como la formación para agricultores en relación con la protección del ganado contra los grandes carnívoros y la puesta en común de las mejores prácticas sobre protección del ganado entre los Estados miembros;

37.  Lamenta que la PAC no haya sido desarrollada para proteger la práctica agrícola tradicional del pastoreo, actualmente en vías de desaparición, que constituye una herramienta histórica importante para la gestión de los hábitats y la conservación de la naturaleza; pide que el plan de acción apoye un marco para el desarrollo del pastoreo en la red Natura 2000;

38.  Pide a la Comisión que considere en particular la gestión adaptativa de las cosechas como una buena práctica para administrar de forma sostenible las poblaciones de aves acuáticas de la Unión que sean suficientemente abundantes y conservar las que estén en declive;

39.  Subraya que se observan pérdidas significativas de biodiversidad en las zonas marinas y considera que la política pesquera común debe promover la biodiversidad y modelos sostenibles de producción y consumo; pide que se evalúe el impacto de la política pesquera común en la biodiversidad;

Financiación

40.  Acoge con satisfacción el Informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la red Natura 2000, y coincide con su análisis en el sentido de que no se han movilizado suficientemente los fondos de la Unión para apoyar la gestión de la red;

41.  Subraya que la responsabilidad principal en materia de financiación de las zonas Natura 2000 recae en los Estados miembros, y hace hincapié en que es probable que la falta de financiación haya contribuido sobremanera a la deficiente aplicación de las Directivas relativas a la naturaleza, como se afirma en el control de adecuación;

42.  Subraya que las posibilidades de creación de nuevos mecanismos financieros para la conservación de la biodiversidad a fin de cumplir los objetivos de 2020 son limitadas debido al calendario del actual marco financiero plurianual (MFP); pide que se utilicen al máximo los recursos existentes, como el Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (L’Instrument Financier pour l’Environnement, LIFE), la PAC y los Fondos Estructurales;

43.  Acoge con satisfacción la próxima propuesta de la Comisión de aumentar la dotación para la naturaleza y la biodiversidad en un 10 % en el marco del programa LIFE;

44.  Afirma que es necesario realizar más trabajos preparatorios con vistas al próximo MFP por lo que respecta tanto a la revisión como a la previsión, a fin de garantizar una financiación adecuada para la conservación de la naturaleza, la biodiversidad y la agricultura sostenible en los espacios Natura 2000; considera que, a ese respecto, será determinante realizar una revisión exhaustiva del gasto pasado, haciendo hincapié en las lecciones extraídas de los resultados obtenidos con las medidas aplicadas;

45.  Pide que en el próximo marco financiero plurianual se incluyan nuevos mecanismos financieros para la conservación de la biodiversidad; pide a la Comisión que garantice que los futuros instrumentos financieros para la agricultura y el desarrollo rural y regional contienen dotaciones específicas para la biodiversidad y la gestión de la red Natura 2000, que gestionan conjuntamente las autoridades medioambientales nacionales y regionales;

46.  Pide a la Comisión que adapte más eficazmente los regímenes de financiación a los objetivos de Natura 2000 y establezca indicadores de rendimiento transversales de la red Natura 2000 para todos los fondos de la Unión que corresponda; pide asimismo a la Comisión que establezca un mecanismo de seguimiento del gasto de Natura 2000 a fin de mejorar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficacia, y que integre esos aspectos en el próximo marco financiero plurianual;

47.  Reitera que, por regla general, para financiar el programa Natura 2000 se recurre a la financiación conjunta; pide a los Estados miembros que aumenten sustancialmente su financiación de la red Natura 2000 a fin de que los porcentajes de cofinanciación sean más atractivos y permita incrementar el nivel de absorción de los fondos, y que adopten medidas para reducir las cargas administrativas que recaen en los solicitantes y los beneficiarios de los proyectos;

48.  Destaca el potencial que presenta la financiación público-privada para desarrollar los servicios de los ecosistemas, la infraestructura verde y otras áreas relacionadas con el capital natural, y celebra que el Mecanismo de Financiación del Capital Natural (MFCN) siga apoyando proyectos relativos a la biodiversidad durante el periodo de aplicación 2017-2019;

49.  Pide a la Comisión que promueva y proponga medios para la financiación y el desarrollo de planes de gestión transfronteriza de las especies de grandes carnívoros y pide asimismo que se estudie detalladamente la función de los grandes carnívoros y la posible introducción de medidas de ajuste para garantizar el mantenimiento de la biodiversidad, el paisaje agrícola y la práctica centenaria de dejar que el ganado paste en las regiones montañosas;

Infraestructura verde

50.  Acoge con satisfacción el compromiso asumido en el plan de acción de proporcionar orientación en favor del desarrollo de la infraestructura verde para mejorar la conectividad de las zonas Natura 2000, pero reitera su llamamiento en favor de una auténtica propuesta de desarrollo de una red transeuropea de infraestructura verde (RTE-V);

51.  Afirma que es importante que las autoridades competentes de los Estados miembros, contando con la participación de todas las partes interesadas pertinentes, utilicen mejor los procesos de ordenación territorial integrada, mejoren la comprensión horizontal de las RTE-V con conocimientos sectoriales específicos y posibiliten la financiación de una mayor conectividad y, en general, de una infraestructura verde, a través de los fondos de desarrollo rural y regional; señala que estos criterios deben servir de orientación para el MFP posterior a 2020 en lo concerniente a la planificación de obras de infraestructura; observa que el concepto de infraestructura verde también contribuye a crear una economía sostenible al mantener los servicios de los ecosistemas y mitigar los efectos perjudiciales de las infraestructuras de transporte y energía;

52.  Considera que debe examinarse el papel de la infraestructura verde a la hora de mitigar el impacto de los desastres naturales relacionados con los cambios meteorológicos y climáticos, ya que contribuye a paliar los efectos perjudiciales de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos que figuran entre los desastres naturales más devastadores y que se han cobrado más vidas en Europa y en el mundo;

o
o   o

53.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0034.
(2) http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf
(3) http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Biodiversity_statistics
(4) http://ec.europa.eu/environment/nature/pdf/state_of_nature_en.pdf


Situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2017, sobre la situación del Estado de Derecho y de la democracia en Polonia (2017/2931(RSP))
P8_TA(2017)0442B8-0595/2017

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los Tratados, y en particular los artículos 2, 3, 4, 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Constitución de la República de Polonia,

–  Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la materia,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, titulada «Un nuevo marco de la UE para reforzar el Estado de Derecho» (COM(2014)0158),

–  Vista su Resolución, de 13 de abril de 2016, sobre la situación en Polonia(1),

–  Vista su Resolución, de 14 de septiembre de 2016, sobre los últimos acontecimientos en Polonia y su incidencia sobre los derechos fundamentales establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(2),

–  Vista la Recomendación de la Comisión sobre el Estado de Derecho, de 21 de diciembre de 2016(3), que complementa su Recomendación de 27 de julio de 2016 tomando en consideración los recientes acontecimientos en Polonia a la luz del nombramiento del nuevo presidente del Tribunal Constitucional,

–  Vista la tercera Recomendación de la Comisión sobre el Estado de Derecho, de 26 de julio de 2017(4), en la que expresa su profunda inquietud acerca de la prevista reforma del poder judicial en Polonia, que, a juicio de la Comisión, amplía la amenaza sistémica al Estado de Derecho en Polonia ya señalada en el procedimiento para reforzar el Estado de Derecho iniciado por la Comisión en enero de 2016,

–  Vista la respuesta del Gobierno polaco, de 20 de febrero de 2017, que rechaza la idea de que exista una amenaza sistémica al Estado de Derecho en Polonia, y la respuesta del Gobierno polaco, de 29 de agosto de 2017, que rechaza las objeciones de la Comisión a las reformas del poder judicial e impugna su competencia para analizar el sistema judicial,

–  Vistos los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión contra Polonia, en particular el procedimiento de 29 de julio de 2017 y el dictamen motivado de 12 de septiembre de 2017 relativo a la Ley sobre la organización de los tribunales ordinarios, en el que se afirmaba que la ley polaca era incompatible con el Derecho de la Unión, en particular con el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Directiva 2006/54/CE sobre igualdad de género en el empleo y el artículo 19, apartado 1, del TUE en combinación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales,

–  Vistos los intercambios de puntos de vista mantenidos en su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior con el vicepresidente primero de la Comisión, Frans Timmermans, el 22 de marzo, el 31 de agosto y el 6 de noviembre de 2017,

–  Vistos los intercambios de puntos de vista celebrados en el Consejo de Asuntos Generales los días 16 de mayo y 25 de septiembre de 2017 sobre el Estado de Derecho en Polonia,

–  Vistos el dictamen de 14 de octubre de 2016 de la Comisión de Venecia sobre la Ley relativa al Tribunal Constitucional y la declaración de 24 de enero de 2017 del presidente de la Comisión de Venecia, que expresó su profunda inquietud ante el empeoramiento de la situación en Polonia,

–  Vista la supresión el 18 de mayo de 2017 del sitio web del Tribunal Constitucional y de su base de datos jurídicos de las tres sentencias relativas a los asuntos siguientes: de 9 de marzo de 2016, K 47/15, (por la que se declaran inconstitucionales las modificaciones de la Ley relativa al Tribunal Constitucional adoptadas por el Parlamento polaco), de 11 de agosto de 2016, K 39/16, (por la que se impugna la legalidad de las disposiciones principales de la segunda Ley de modificación del funcionamiento del Tribunal Constitucional), y de 7 de noviembre de 2016, K 44/16, (sobre la legalidad del nombramiento del presidente y el vicepresidente del Tribunal Constitucional),

–  Vista la aprobación en junio y julio de 2017 por el Parlamento polaco de cuatro leyes de reforma del poder judicial, a saber: la Ley que modifica la Ley sobre la Escuela Nacional de la Judicatura y la Fiscalía, la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios y algunas otras leyes (en lo sucesivo, «Ley sobre la Escuela Nacional de la Judicatura»); la Ley que modifica la Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial y algunas otras leyes (en lo sucesivo, «Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial»); la Ley que modifica la Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios (en lo sucesivo, «Ley sobre la Organización de los Tribunales Ordinarios»); y la Ley sobre el Tribunal Supremo, que suscitaron profunda inquietud acerca de la conculcación de la separación de poderes y el final de la independencia del poder judicial,

–  Vista la carta del presidente del Parlamento Europeo, de 18 de julio de 2017, en la que se expresa la inquietud de la gran mayoría de los líderes de los grupos políticos del Parlamento en relación con las leyes aprobadas para la reforma del poder judicial,

–  Vista la decisión, de 27 de julio de 2017, del presidente polaco de vetar dos leyes controvertidas aprobadas ese mismo mes por el Parlamento polaco y que amenazaban gravemente la independencia judicial en Polonia,

–  Vistas las dos propuestas del presidente polaco relativas al Consejo Nacional del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, que suscitan inquietud en cuanto a su conformidad con la Constitución polaca y que no abordan los problemas relativos a la separación de poderes o la independencia del poder judicial;

–  Vista la decisión del Tribunal Constitucional polaco, de 24 de octubre de 2017, que declara inconstitucionales las normas relativas a la elección de los presidentes del Tribunal Supremo y de la Asamblea General de Jueces del Tribunal Supremo,

–  Vista la resolución provisional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de julio de 2017, en el asunto C-441/17 relativa a la suspensión inmediata de la tala a gran escala en el bosque de Bialowieza, no ejecutada por el Gobierno polaco, y los temores de que la continuación de la tala cause «daños graves e irreversibles» al bosque mientras el tribunal se ocupa del asunto,

–  Vistas las resoluciones provisionales de 8 de junio de 2017 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con miras al cese de las devoluciones sumarias a Bielorrusia; vistas las propuestas de enero de 2017 formuladas con miras a la modificación de la Ley de extranjería por el ministro del Interior polaco, que suscitan inquietud acerca de su compatibilidad con el Derecho europeo e internacional,

–  Vista la Ley sobre reuniones públicas, modificada en diciembre de 2016, que autoriza unas restricciones excesivas del derecho de reunión, como la prioridad concedida a las llamadas «reuniones periódicas / cíclicas» dedicadas a acontecimientos patrióticos, religiosos e históricos y la posibilidad de que las autoridades prohíban las contramanifestaciones,

–  Vista la Ley sobre el instituto nacional para la libertad - centro para el desarrollo de la sociedad civil, de 15 de septiembre de 2017, que sitúa el acceso a financiación pública para las organizaciones de la sociedad civil, incluida la procedente de fondos de la Unión, bajo el control del Gobierno, lo que suscita inquietud en cuanto a la adecuación de la financiación de ONG, entre otras, de las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer,

–  Vistos los informes de ONG internacionales sobre el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en Polonia, en particular el informe de Amnistía Internacional, de 19 de octubre de 2017, titulado «Poland: On the streets to defend human rights» (Polonia: En la calle en defensa de los derechos humanos) y el de Human Rights Watch, de 24 de octubre de 2017, titulado «Eroding Checks and Balances – Rule of Law and Human Rights Under Attack in Poland» (Erosión de contrapoderes y equilibrios – El Estado de Derecho y los derechos humanos atacados en Polonia),

–  Vistos los dictámenes de la OSCE/OIDDH, de 5 de mayo de 2017, sobre los proyectos de enmienda a la Ley sobre el Consejo Nacional del Poder Judicial y algunas otras leyes de Polonia; de 22 de agosto de 2017, sobre el proyecto de ley de Polonia relativo al Instituto Nacional de la Libertad – Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil; de 30 de agosto de 2017, sobre determinadas disposiciones del proyecto de Ley sobre el Tribunal Supremo de Polonia, que señala que las disposiciones previstas eran intrínsecamente incompatibles con las normas internacionales y los compromisos de la OSCE,

–  Vistas las observaciones finales del séptimo informe periódico sobre Polonia, aprobado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 31 de octubre de 2016, que instaba a Polonia a tomar medidas para proteger la independencia del Tribunal Constitucional y el poder judicial y a definir con más precisión el delito de terrorismo, a fin de establecer salvaguardas contra posibles abusos,

–  Vistas la intervención de Canadá del 9 de mayo de 2017 ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el contexto del examen periódico universal de Polonia y la carta de 23 de octubre de 2017 remitida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Polonia,

–  Vistas las observaciones preliminares de la visita oficial a Polonia realizada el 27 de octubre de 2017 por el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, en la que se expresaba una inquietud particular ante la situación de la independencia del poder judicial en Polonia,

–  Vista la Resolución 2188(2017), de 11 de octubre de 2017, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre nuevas amenazas al Estado de Derecho en los Estados miembros del Consejo de Europa: ejemplos selectos,

–  Vistas las reiteradas protestas masivas en oposición a las políticas y la legislación establecidas por el Gobierno, en particular la «Protesta Negra» de octubre de 2016, que evitó la modificación de la vigente ley del aborto, la «Marcha por la Libertad» del 6 de mayo de 2017, y las protestas de julio de 2017 a raíz de la adopción de leyes de reforma del poder judicial,

–  Vista la ley de junio de 2017 que limita el acceso de mujeres y niñas a la píldora anticonceptiva de emergencia; vista la Nota descriptiva de junio de 2017 de la OMS, en la que se indica que se considera segura la píldora anticonceptiva de emergencia y se recomienda que esté disponible como parte de la necesaria atención en el ámbito de la salud reproductiva; vista la Decisión de Ejecución de la Comisión, de 7 de enero de 2015, por la que se modifica la autorización de comercialización del medicamento para uso humano «ellaOne – acetato de ulipristal» concedida por la Decisión C(2009)4049,

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías; que estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres; que el pueblo polaco aprobó la adhesión a estos valores mediante un referéndum celebrado en 2003;

B.  Considerando que el artículo 9 de la Constitución polaca establece que la República de Polonia debe respetar el Derecho internacional vinculante;

C.  Considerando que la Unión opera sobre la base de la presunción de la confianza mutua, es decir, que los Estados miembros actuarán en consonancia con la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, consagrados en el CEDH y en la Carta de los Derechos Fundamentales;

D.  Considerando que el Estado de Derecho es uno de los valores comunes sobre los que se fundamenta la Unión, y que la Comisión, junto con el Parlamento Europeo y el Consejo, es responsable en virtud de los Tratados de velar por el respeto del Estado de Derecho como uno de los valores fundamentales de la Unión, así como de garantizar que se respetan la legislación, los valores y los principios de la Unión;

E.  Considerando que estos principios incluyen: la legalidad, que implica un procedimiento legislativo transparente, responsable, democrático y pluralista; la seguridad jurídica; la prohibición de actuaciones arbitrarias de los poderes ejecutivos; unos tribunales independientes e imparciales; un control judicial efectivo (incluido el pleno respeto de los derechos fundamentales); así como la igualdad ante la ley;

F.  Considerando que el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales y el artículo 6 del CEDH consagran la independencia del poder judicial, y que esta constituye un requisito esencial del principio democrático de separación de poderes, que tiene también su reflejo en el artículo 10 de la Constitución polaca;

G.  Considerando que es necesario proteger la libertad de asociación; que una sociedad civil dinámica y unos medios de comunicación pluralistas desempeñan un papel crucial en el fomento de una sociedad abierta y plural, la participación de los ciudadanos en el proceso democrático y el fortalecimiento de la rendición de cuentas de los Gobiernos; que las ONG deben gozar de una financiación adecuada;

H.  Considerando que la negativa del Gobierno polaco a aplicar la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa a la tala del bosque de Bialowieza y su negativa a respetar las resoluciones provisionales del TEDH sobre las devoluciones a Bielorrusia son signos manifiestos de que Polonia no respeta los Tratados de la Unión;

I.  Considerando que docenas de manifestantes se han enfrentado a procesos con arreglo al Código de delitos menores y, en algunos casos, al Código Penal; que más de 300 personas habrían sido citadas por la policía en relación con su participación en las protestas de octubre de 2017;

J.  Considerando que, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales, el CEDH y la jurisprudencia del TEDH, la salud sexual y reproductiva de las mujeres está relacionada con varios derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la dignidad, la libertad frente a tratos inhumanos y degradantes, el derecho al acceso a la atención sanitaria, el derecho a la intimidad, el derecho a la educación y la prohibición de la discriminación, tal como refleja también la Constitución polaca;

K.  Considerando que la denegación de acceso a servicios en el ámbito de los derechos y la atención sanitaria sexual y reproductiva, en particular el aborto seguro y legal, representa una violación de los derechos fundamentales de la mujer; que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha pedido a Polonia que se abstenga de adoptar reformas legislativas que supongan un retroceso con respecto a una legislación ya restrictiva en materia de acceso de las mujeres al aborto seguro y legal; que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado sentencia en contra de Polonia en varios casos por la interpretación restrictiva dada por Polonia a este derecho;

1.  Destaca que reviste una importancia fundamental respetar plenamente los valores europeos comunes enumerados en el artículo 2 del TUE y en la Constitución polaca, así como garantizar los derechos fundamentales consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

2.  Reitera su posición expresada en sus resoluciones de 13 de abril de 2016 y 14 de septiembre de 2016; insiste, en especial, en su preocupación por la rápida evolución legislativa que se produce en numerosos ámbitos sin consultas apropiadas ni la posibilidad de una revisión constitucional independiente y legítima, con lo que se corre el riesgo de menoscabo sistemático de los derechos humanos, del control y el equilibrio democráticos, y del Estado de Derecho; reitera, en particular, su preocupación relativa a cambios de esta naturaleza en los ámbitos de los medios de comunicación públicos, el Derecho penal, la legislación sobre la policía, el Derecho de la función pública, la ley sobre la lucha contra el terrorismo, la ley sobre las ONG, la legislación en materia de asilo, la libertad de reunión y los derechos de las mujeres;

3.  Lamenta profundamente y con creciente preocupación que no se haya alcanzado una solución de compromiso para el problema fundamental del correcto funcionamiento del Tribunal Constitucional (su independencia y legitimidad, y la publicación y aplicación de la totalidad de sus resoluciones), lo que socava gravemente la Constitución polaca, así como la democracia y el Estado de Derecho en el país; recuerda su profundo pesar por que el Gobierno polaco se niegue a tener en cuenta la crítica constructiva procedente de la población polaca y de las instituciones nacionales, internacionales y de la Unión, y por que no se hayan anunciado medidas para abordar estas preocupaciones;

4.  Manifiesta su profunda preocupación ante la nueva legislación relativa al poder judicial polaco, especialmente en cuanto a su potencial para socavar de manera estructural la independencia judicial y debilitar el Estado de Derecho en Polonia;

5.  Señala que el 27 de julio de 2017, el presidente Duda vetó dos leyes controvertidas aprobadas por el Parlamento polaco al considerarlas incompatibles con la Constitución del país, afirmando que amenazaban gravemente la independencia judicial en Polonia; aboga por un amplio debate de ámbito nacional con todas las partes interesadas pertinentes en relación con la reforma judicial, que debería preservar el Estado de Derecho y respetar el Derecho de la Unión y las normas europeas en materia de independencia judicial; pide al presidente polaco que no firme nuevas leyes a menos que estas garanticen plenamente la independencia del poder judicial;

6.  Apoya las recomendaciones relativas al Estado de Derecho publicadas por la Comisión, así como el procedimiento de infracción que ha iniciado contra Polonia por violaciones del Derecho de la Unión; reconoce la determinación de la Comisión de supervisar, como guardiana de los Tratados, la situación en Polonia y la actuación de las autoridades polacas como consecuencia de sus recomendaciones, al tiempo que sigue ofreciendo su pleno apoyo a Polonia para encontrar soluciones apropiadas que permitan consolidar el Estado de Derecho;

7.  Insta al Gobierno y al Parlamento polacos a que apliquen plenamente todas las recomendaciones de la Comisión y de la Comisión de Venecia, y a que se abstengan de llevar a cabo cualquier reforma que pueda poner en peligro el respeto del Estado de Derecho, en especial la independencia judicial; pide, en este sentido, que se aplace la aprobación de leyes hasta que la Comisión y la Comisión de Venecia hayan realizado una evaluación adecuada;

8.  Pide al Gobierno polaco que cumpla la resolución provisional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de julio de 2017, en el asunto C-441/17 y que suspenda inmediatamente la tala a gran escala en el bosque de Bialowieza, que puede causar un daño grave e irreversible a este lugar patrimonio mundial de la Unesco; pide al Gobierno polaco que detenga las devoluciones sumarias a Bielorrusia con el fin de cumplir con las resoluciones provisionales vinculantes del TDEH, de 8 de junio de 2017, y que garantice que toda persona que exprese la intención de solicitar asilo o protección internacional en las fronteras de Polonia disfrute de pleno acceso al procedimiento de asilo polaco en consonancia con las obligaciones internacionales y el Derecho de la Unión;

9.  Solicita al Gobierno polaco que respete el derecho a la libertad de reunión eliminando de la actual legislación sobre reuniones las disposiciones que dan prioridad a las reuniones «cíclicas» con aprobación gubernamental; insta a las autoridades a que se abstengan de aplicar sanciones penales a quienes participen en reuniones o contramanifestaciones pacíficas y a que retiren los cargos penales contra los manifestantes pacíficos;

10.  Pide al Gobierno polaco que derogue la ley sobre la creación de un instituto nacional para la libertad - centro para el desarrollo de la sociedad, que dificulta el acceso a la financiación del Estado para grupos críticos de la sociedad civil, y que vele por que la distribución de la financiación pública entre la sociedad civil se lleva a cabo de forma justa, imparcial y transparente, garantizando una representación pluralista;

11.  Expresa su preocupación por los informes de los medios de comunicación relativos a la vigilancia policial de la oposición y de líderes de la sociedad civil, e insta a las autoridades polacas a que investiguen estas denuncias y respeten plenamente la privacidad de todos los ciudadanos;

12.  Pide al Gobierno polaco que adopte una posición firme sobre los derechos de mujeres y niñas ofreciendo sin discriminaciones anticonceptivos gratuitos y accesibles y haciendo accesibles sin receta médica los medios anticonceptivos de emergencia; pide, en este contexto, que se derogue la ley que restringe el acceso de mujeres y niñas a la píldora anticonceptiva de emergencia;

13.  Critica enérgicamente toda propuesta legislativa encaminada a prohibir el aborto en casos de malformación fetal grave o mortal; insiste en que el acceso universal a la atención sanitaria, en particular a la salud sexual y reproductiva y a los derechos afines, es un derecho humano fundamental; reitera firmemente su apoyo a las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, pues han sido objeto recientemente de acciones judiciales;

14.  Pide al Gobierno polaco que cumpla todas las disposiciones relativas al Estado de Derecho y los derechos fundamentales incluidas en los Tratados, la Carta de los Derechos Fundamentales, el CEDH y las normas internacionales de derechos humanos, y que entable un diálogo directo con la Comisión;

15.  Pide a la Comisión que le informe de forma regular, puntual y transparente sobre los progresos realizados y las medidas adoptadas;

16.  Considera que la situación actual en Polonia constituye un claro riesgo de violación grave de los valores contemplados en el artículo 2 del TUE; encarga a su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que elabore un informe específico sobre Polonia de conformidad con el artículo 83, apartado 1, letra a), de su Reglamento interno, con el objetivo de votar en el Pleno una propuesta motivada en la que se pida al Consejo que actúe con arreglo al artículo 7, apartado 1, del TUE;

17.  Reitera la necesidad de establecer un proceso periódico de vigilancia y diálogo en el que participen todos los Estados miembros con el fin de salvaguardar los valores fundamentales de la Unión, a saber, la democracia, los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, con la participación del Consejo, la Comisión y el Parlamento, tal como se propone en su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con las recomendaciones a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(5) ;

18.  Pide al Gobierno polaco que tome las medidas adecuadas con respecto a la marcha xenófoba y fascista que tuvo lugar en Varsovia el sábado 11 de noviembre de 2017 y la condene enérgicamente;

19.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo, al presidente, al Gobierno y al Parlamento de Polonia, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa y a la OSCE.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0123.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0344.
(3) Recomendación de la Comisión (UE) 2017/146 de 21 de diciembre de 2016 sobre el Estado de Derecho en Polonia que complementa la Recomendación (UE) 2016/1374 (DO L 22 de 27.1.2017, p. 65)
(4) Recomendación de la Comisión (UE) 2017/1520 de 26 de julio de 2017 por lo que respecta al Estado de Derecho en Polonia complementaria a las Recomendaciones (UE) 2016/1374 y (UE) 2017/146 (DO L 228 de 2.9.2017, p. 19).
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0409.

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