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Procedimiento : 2017/2039(INI)
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A8-0406/2017

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PV 17/01/2018 - 17
CRE 17/01/2018 - 17

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PV 18/01/2018 - 6.6
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P8_TA(2018)0018

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Jueves 18 de enero de 2018 - Estrasburgo Edición definitiva
Aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en los Estados miembros
P8_TA(2018)0018A8-0406/2017

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de enero de 2018, sobre la aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en los Estados miembros (2017/2039(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) 2015/779 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 en lo que se refiere al importe de la prefinanciación inicial adicional abonada para los programas operativos apoyados por la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ)(2),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 22 de abril de 2013, sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil,(3)

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de octubre de 2016, titulada «La Garantía Juvenil y la Iniciativa sobre Empleo Juvenil, situación al cabo de tres años» (COM(2016)0646),

–  Visto el Informe Especial n.º 3/2015 del Tribunal de Cuentas, de marzo de 2015, titulado «Garantía juvenil de la UE: Se han dado los primeros pasos pero la aplicación del programa presenta riesgos»,

–  Visto el Informe Especial n.º 5/2017 del Tribunal de Cuentas, de marzo de 2017, titulado «¿Han sido determinantes las políticas de la UE en cuanto al desempleo juvenil? Evaluación de la Garantía Juvenil y de la Iniciativa de Empleo Juvenil»,

–  Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el control del gasto y el seguimiento de los sistemas de garantía juvenil y su rentabilidad(4),

–  Visto el análisis en profundidad de su Departamento Temático de Asuntos Presupuestarios, de 3 de febrero de 2016, que incluye una evaluación de la IEJ,

–  Vista la propuesta de la Comisión, de 10 de junio de 2016, con una propuesta de Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía de Capacidades (COM(2016)0382),

–  Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, sobre la Iniciativa de Oportunidades para la Juventud(5),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 10 de marzo de 2014, sobre un marco de calidad para los períodos de prácticas,

–  Vistos la Carta Social Europea, su Protocolo Adicional y su versión revisada, que entró en vigor el 1 de julio de 1999,

–  Vistos los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 (ODS), y en particular el objetivo 8 «Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos», que fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 y son aplicables en todo el mundo, incluida la Unión Europea,

–  Visto el informe elaborado por Jean-Claude Juncker en estrecha colaboración con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi y Martin Schulz, 22 de junio de 2015, sobre «Realizar la Unión Económica y Monetaria europea» (el llamado «informe de los cinco presidentes»), así como los documentos de reflexión de la Comisión de 26 de abril de 2017 sobre la dimensión social de Europa y de 31 de mayo de 2017 sobre la profundización de la Unión Económica y Monetaria, así como el Libro Blanco de 1 de marzo de 2017 sobre el futuro de Europa,

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 26 de abril de 2017, titulada «Establecimiento de un pilar europeo de derechos sociales» (COM(2017)0250), y la Recomendación de la Comisión (UE) 2017/761, de 26 de abril de 2017, sobre el pilar europeo de derechos sociales(6),

–  Vistos los trabajos y estudios de Eurofound, Cedefop, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y el Instituto Sindical Europeo (ETUI), la Confederación de Empresas Europeas (BusinessEurope), la Unión Europea del Artesanado y de la Pequeña y Mediana Empresa (UEAPME), el Centro Europeo de la Empresa Pública y de Empresas de Interés Económico General (CEEP), Eurociudades y el Foro Europeo de la Juventud;

–  Vistos el discurso pronunciado el 13 de septiembre de 2017 por el presidente Juncker sobre el estado de la Unión; la Hoja de ruta hacia una Europa más unida, más fuerte y más democrática (Proyecto de programa de trabajo de la Comisión hasta el final de 2018) y la carta de intenciones dirigida por la Comisión al presidente Antonio Tajani y al primer ministro estonio Jüri Ratas el 13 de septiembre de 2017,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, de la Comisión de Control Presupuestario, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0406/2017),

A.  Considerando que la crisis económica y financiera provocaron que el desempleo juvenil aumentara del 15 % en 2008 hasta un máximo del 24 % a principios de 2013, y que esta media oculta grandes divergencias entre los Estados miembros y las regiones; que los índices de desempleo juvenil en 2013 se mantuvieron en torno al 10 % en Alemania, Austria y los Países Bajos, y en cambio se acercaron al 40 % o lo superaron en Italia, España, Croacia y Grecia

B.  Considerando que las medidas destinadas a reducir el gasto público han demostrado tener un impacto negativo directo, sobre todo en los jóvenes, debido a los recortes en la educación, la formación, la creación de empleo y los servicios asistenciales;

C.  Considerando que las políticas que afectan a los jóvenes se han elaborado sin la participación de los jóvenes interesados ni de sus representantes;

D.  Considerando que los periodos de desempleo juvenil prolongado pueden ocasionar a los jóvenes problemas de marginación y exclusión social, sentimientos de aislamiento y «efectos permanentes», o dicho de otros modo, que existe una mayor probabilidad de que vuelvan a estar desempleados y tengan menos perspectivas de carrera y menores ganancias durante sus vidas laborales; que relegar a los jóvenes supone una pérdida de la inversión pública y privada que se traduce en inseguridad laboral generalizada y erosión de competencias, habida cuenta de las competencias no utilizadas y debilitadas que comporta;

E.  Considerando que, en 2012, uno de cada tres empleados europeos tenía una cualificación excesiva o insuficiente para su trabajo(7), y que es más probable que los empleados jóvenes tengan un exceso de cualificaciones oficiales, teniendo también más probabilidades que los trabajadores de más edad de ocupar puestos menos adaptados a sus competencias;

F.  Considerando que los trabajadores jóvenes corren un mayor riesgo de encontrarse en una posición de empleo precario; que las posibilidades de encontrarse en una ocupación con múltiples desventajas se duplican para los trabajadores de menos de 25 años en comparación con los trabajadores de 50 años o más(8);

G.  Considerando que una transición satisfactoria del sistema educativo al mundo laboral y de la inactividad al empleo, así como lograr un primer empleo auténtico que empodere y motive a los jóvenes, les ayuda a desarrollar sus competencias personales y profesionales para ser ciudadanos independientes y con confianza en sí mismos y empezar sus carreras con buen pie;

H.  Considerando que, tras haber alcanzado un máximo del 24 % en 2013, el índice de desempleo juvenil en la UE-28 se ha reducido constantemente hasta caer por debajo del 17 % en 2017; que el nivel de desempleo juvenil sigue siendo elevado, con apenas unos pocos Estados miembros (Austria, Chequia, Países Bajos, Malta, Hungría y Alemania) con tasas por debajo del 11%, y notables disparidades de unos Estados a otros;

I.  Considerando que de un análisis de la distribución por sexos del trabajo a tiempo completo y a tiempo parcial en Europa se desprende que la brecha de género se ha mantenido invariable entre 2007 y 2017, de modo que los hombres siguen representando en torno a un 60 % de los jóvenes de entre 15 y 24 años empleados a tiempo completo y un 40 % de los empleados a tiempo parcial de ese mismo grupo de edad;

J.  Considerando que, como estadística, el índice de desempleo juvenil es, por desgracia, generalmente el doble de la media del desempleo general, tanto durante los periodos de crecimiento económico como durante las recesiones;

Iniciativa de Empleo Juvenil y Garantía Juvenil

K.  Considerando que el 22 de abril de 2013, el Consejo, mediante una Recomendación del Consejo, creó la Garantía Juvenil por la cual los Estados miembros se comprometían a ofrecer a los jóvenes buenas ofertas de empleo, formación continua, aprendizaje o prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación oficial o quedarse en el paro;

L.  Considerando que como hasta el momento la normativa vigente y las posibilidades actuales no les han permitido a muchos Estados miembros alcanzar un éxito contundente en su lucha contra el desempleo juvenil, en dichos Estados miembros se debería poner un mayor énfasis en la utilización más eficaz de los recursos e instrumentos del Fondo Social Europeo (FSE);

M.  Considerando que, en febrero de 2013, el Consejo acordó crear la IEJ, que se puso en marcha como el principal instrumento presupuestario de la Unión, vinculada al FSE, con el fin de ayudar a las regiones de los Estados miembros que padecen niveles especialmente elevados de desempleo juvenil, en especial mediante la introducción de sistemas de Garantía Juvenil;

N.  Considerando que la Garantía Juvenil es un compromiso que abarca a toda la Unión, mientras que la IEJ se destina a aquellos Estados miembros y regiones en los que el desempleo juvenil es superior al 25 %, con un total de veinte Estados miembros que pueden acogerse a ella, totalmente o en parte;

O.  Considerando que se buscaba una movilización rápida de los fondos mediante la distribución anticipada del presupuesto de la IEJ para 2014 y 2015 con objeto de maximizar el impacto de las medidas financiadas por dicha iniciativa; que, a causa de los retrasos experimentados en la aplicación a escala regional y nacional, la distribución anticipada no fue suficiente; que en 2015 la tasa de prefinanciación se aumentó del 1% al 30%, bajo determinadas condiciones, y una mayoría de los Estados miembros admisibles aplicaron esta medida con éxito;

P.  Considerando que una de las principales ambiciones de la IEJ y de la Garantía Juvenil es llegar a aquellos jóvenes sin empleo, educación ni formación (ninis), que corren mayor riesgo de exclusión, aunque hay que tener en cuenta que el término «nini» engloba varios subgrupos de jóvenes con distintas necesidades;

Q.  Considerando que la Garantía Juvenil está diseñada para lograr la integración sostenible de los ninis en el mercado laboral ofreciendo un enfoque individualizado que conduzca a una buena oferta y mejore la empleabilidad de los jóvenes, a la vez que, en un contexto más amplio, facilita la transición de los jóvenes del sistema educativo al mundo laboral y contribuye a abordar la inadecuación de las cualificaciones en el mercado de trabajo; que son necesarias, en este sentido, unas estrategias de divulgación adecuadas por parte de los Estados miembros;

R.  Considerando que en 2015 la OIT estimó que el coste de aplicar la Garantía Juvenil en la UE-28 sería de 45 000 millones de euros; que la IEJ para el periodo de programación 2014-2020 estaba dotada con un presupuesto modesto de 6 400 millones de euros, con el objetivo de completar la financiación nacional y no de sustituirla;

S.  Considerando que la Comisión propuso que el presupuesto de la IEJ se incrementase en 1 000 millones de euros, a los que habrían de corresponder 1 000 millones en compromisos del FSE, en el marco de la revisión del marco financiero plurianual (MFP) para el período 2017-2020; que a raíz de un acuerdo alcanzado entre el Parlamento y la Comisión este importe aumentó a 1 200 millones; que el 5 de septiembre de 2017 el Parlamento aprobó el proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3/2017 con el fin de destinar en 2017 a la IEJ 500 millones de euros adicionales financiados con cargo al margen global para compromisos, aunque también lamentó el retraso del procedimiento presupuestario de 2017 a causa del bloqueo y la aprobación tardía por el Consejo de la revisión intermedia del MFP;

T.  Considerando que en su primer informe especial sobre la Garantía Juvenil, el Tribunal de Cuentas expresó sus dudas acerca de la financiación (tanto de la Unión como nacional) de la iniciativa, la definición de una «buena oferta», la falta de una estrategia con hitos y objetivos claros, y la supervisión y la notificación de los resultados; que asismismo planteó su preocupación por el fracaso en la aplicación del enfoque basado en la asociación, recogido en la Recomendación del Consejo de 22 de abril de 2013, en el desarrollo de la Garantía Juvenil;

U.  Considerando la necesidad de unos mecanismos realmente efectivos para debatir y resolver las dificultades experimentadas al aplicar los sistemas de la Garantía Juvenil, y de un fuerte compromiso por parte de los Estados miembros de aplicarla plenamente, en especial teniendo en cuenta las particularidades locales y permitiendo la mejora de las competencias, así como creando las estructuras de evaluación adecuadas y flexibles;

V.  Considerando que el informe especial del Tribunal de Cuentas sobre la Garantía Juvenil identificó una serie de criterios comunes de lo que constituye una «buena oferta», que según la definición jurídicamente vinculante adoptada en Eslovaquia, engloba la garantía de un período mínimo de tiempo de trabajo y la sostenibilidad del empleo tras el cese de las ayudas con cargo a la IEJ, con la consideración del estado de salud del beneficiario;

W.  Considerando que en su segundo informe especial sobre la Garantía Juvenil y la IEJ, de reciente publicación, elaborado sobre una muestra de siete Estados miembros, el Tribunal de Cuentas manifestó su preocupación por la dificultad de acceder a los datos de forma completa y ante el avance limitado en la aplicación de la Garantía Juvenil, con resultados por debajo de las expectativas iniciales; considerando asimismo que la IEJ y la Garantía Juvenil siguen representando una de las respuestas políticas más innovadoras y ambiciosas al desempleo juvenil consecuencia de la crisis económica, y que, por tanto, su aplicación debería contar con el apoyo político y financiero continuo por parte de las entidades regionales, nacionales y europeas en los próximos años;

X.  Considerando la relación entre coste y eficacia de la IEJ y que solo es posible alcanzar el objetivo final de la Garantía Juvenil –que los jóvenes accedan al empleo de manera sostenible– si se supervisan las operaciones adecuadas sobre la base de datos fiables y comparables, se orientan los programas al logro de resultados y se introducen ajustes siempre que se detecten medidas ineficaces y costosas;

Y.  Considerando la necesidad de que los Estados miembros redoblen esfuerzos para ayudar de forma directa a los jóvenes que se encuentran más alejados o totalmente desconectados del mercado de trabajo, como por ejemplo los jóvenes con discapacidad;

Z.  Considerando que la IEJ y la Garantía Juvenil están llamadas a desempeñar un papel fundamental en la aplicación de los principios fundamentales del pilar europeo de derechos sociales;

AA.  Considerando que, en su discurso sobre el estado de la Unión de 2017, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, no hizo mención alguna de la todavía alarmante situación del desempleo juvenil en Europa; que en la carta de intenciones que acompaña a dicho discurso se ha reconocido la contribución de la Garantía Juvenil a la creación de puestos de trabajo en la Unión; y que la lucha contra el desempleo, y en particular el juvenil, debe seguir constituyendo un ámbito prioritario de actuación para la Unión;

AB.  Considerando que se han notificado retrasos en los pagos de las medidas financiadas por la IEJ a los jóvenes, a menudo ocasionados por la constitución tardía de las autoridades de gestión o a la insuficiente capacidad administrativa de las autoridades regionales o nacionales;

AC.  Considerando que las medidas contempladas en la IEJ y la Garantía Juvenil, tales como los contratos en prácticas o de becario, deberían contribuir a facilitar la transición al mercado laboral y no sustituir jamás a los contratos de trabajo ordinarios;

AD.  Considerando que, en el caso de las jóvenes de zonas rurales, los acuerdos laborales irregulares o la no inscripción como desempleadas arrojan datos estadísticos imprecisos y provocan disparidades en sus pensiones; que esta práctica influye negativamente en toda la sociedad y especialmente en el bienestar de las mujeres así como en otras formas de cobertura social y cambios profesionales o futuras oportunidades laborales;

AE.  Considerando que 16 millones de ninis se han acogido a sistemas de Garantía Juvenil, y que la IEJ ha proporcionado ayuda directa a más de 1 600 000 jóvenes en la Unión;

AF.  Considerando que en el marco de la IEJ los Estados miembros han aprobado más de 132 medidas del mercado laboral dirigidas a los jóvenes;

AG.  Considerando que los Estados miembros han comprometido el 75 % del presupuesto total de la IEJ y ya han invertido el 19 %, con lo que el porcentaje de ejecución presupuestaria de la IEJ es el más elevado de todos los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE);

AH.  Considerando que diversos informes sobre la ejecución de la IEJ revelan que, pese a las dudas manifestadas acerca de la adecuación de la financiación y las estimaciones de la inversión total necesaria, los recursos disponibles se canalizan satisfactoriamente para atender a la demanda regional al orientarse a regiones y grupos de beneficiarios específicos;

AI.  Considerando que, desde la introducción de la Estrategia Europea de Empleo en 1997, la Comisión ha venido apoyando una serie de medidas destinadas a mejorar las perspectivas educativas y de empleo de los jóvenes(9); que, tras la crisis, los esfuerzos de la Unión se han centrado especialmente en la Garantía Juvenil y la IEJ;

AJ.  Considerando que la Garantía Juvenil se financia con cargo al Fondo Social Europeo (FSE), los presupuestos nacionales y la IEJ, mientras que la IEJ puede financiar la creación directa de puestos de trabajo, la formación de aprendices, las prácticas o la formación permanente para el grupo destinatario de la IEJ en las regiones que pueden acogerse a ella; que la intervención de la IEJ no tiene una duración predefinida, mientras que la Garantía Juvenil exige que se realice una oferta en un plazo de cuatro meses;

AK.  Considerando que la Garantía Juvenil ha conducido a la realización de reformas estructurales en los distintos Estados miembros, para favorecer, en particular, la adecuación de los modelos educativos y formativos al mercado laboral con miras a alcanzar sus objetivos;

AL.  Considerando que factores externos como la situación económica específica o el modelo productivo propio de cada región afectan a la consecución de los objetivos fijados en la Garantía Juvenil;

Introducción

1.  Considera que la Garantía Juvenil debe constituir un primer paso hacia las necesidades de empleo de los jóvenes; recuerda la obligación de los empleadores de participar en el proceso de facilitación de programas de formación profesional, primeras contrataciones y prácticas de calidad accesibles para los jóvenes;

2.  Hace hincapié en que nunca se debe comprometer el aspecto cualitativo del trabajo decente para los jóvenes; subraya que en los esfuerzos realizados deben tenerse especialmente en cuenta las normas laborales básicas y otras normas relativas a la calidad del trabajo, como la ordenación del tiempo de trabajo, el salario mínimo, la seguridad social y la salud y seguridad en el trabajo;

3.  Toma nota de la importante divergencia en los resultados económicos en cuanto al crecimiento económico y del empleo en la UE-28, que exige una respuesta política decidida; reconoce que algunos Estados miembros se están quedando atrás en la introducción de las necesarias reformas estructurales; observa que son las políticas económicas sólidas, y particular las políticas de empleo y de inversión —responsabilidad en último término de los Estados miembros—, las que crean empleo; manifiesta su preocupación por los efectos a largo plazo en el desarrollo económico de las regiones afectadas por una fuga de cerebros de personas altamente cualificadas;

4.  Recuerda que en las reglas de implementación del YEI los Estados miembros deben elegir entre diferentes tipos de puesta en marcha del programa (un programa exclusivo, ejes prioritarios dentro de un programa operativo existente o ser parte de varios ejes prioritarios); señala que, dadas las diversas opciones de implementación y en base a los resultados obtenidos, se hace necesario un intercambio de buenas prácticas para incorporarlas en futuras etapas del programa;

5.  Observa con preocupación que el Informe Especial del TCE n.º 5/2017 se afirma que existe el riesgo de que la financiación de la UE esté limitándose a reemplazar la financiación nacional en vez de crear valor añadido; recuerda que, de conformidad con el principio de adicionalidad, la IEJ está destinada a complementar la financiación nacional y no a sustituir a las propias políticas de los Estados miembros ni a la financiación para combatir el desempleo juvenil; destaca que el presupuesto de esta Iniciativa no puede respaldar por sí solo la ambición de ofrecer a todos los jóvenes una buena oferta de empleo, formación continuada, aprendizaje o prácticas en un plazo de cuatro meses tras acabar la educación oficial o quedarse en el paro, y no fue concebido para este fin;

6.  Hace hincapié en la necesidad de que la IEJ sea un impulso para la reforma política en particular y para una mejor coordinación en los ámbitos del empleo y la educación, en especial en aquellos Estados miembros que presentan niveles elevados de desempleo juvenil, con miras a garantizar que estos Estados miembros introduzcan enfoques integrados, globales y a largo plazo para hacer frente al desempleo juvenil que mejoren la empleabilidad de los jóvenes, les ofrezcan mejores perspectivas y conduzcan a un empleo sostenible, frente a una serie de políticas fragmentarias (en vigor); considera que la IEJ y la Garantía Juvenil constituyen potentes instrumentos para combatir la exclusión social de los colectivos de jóvenes más marginados; considera importante trabajar por el cumplimiento de los objetivos de la Estrategia Europea 2020 en materia de empleo, abandono escolar y exclusión social.

7.  Recuerda que siguiendo las recomendaciones del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil se establecían seis directrices sobre las que basarse los sistemas de Garantía Juvenil: adopción de enfoques basados en la asociación; intervención y activación tempranas; medidas de apoyo para la integración en el mercado laboral; uso de los Fondos de la Unión; evaluación y mejora continua del sistema; y ejecución rápida de éste; destaca que según los informes de evaluación muy pocos Estados miembros han aportado datos y evaluaciones completas sobre estos aspectos;

8.  Destaca la necesidad de aumentar la inversión tanto en la movilidad interior como en la movilidad transfronteriza con el objetivo de reducir el desempleo juvenil y abordar la inadecuación de las cualificaciones al mercado de trabajo; aboga por adecuar mejor la oferta y las capacidades a la demanda laboral facilitando la movilidad entre las regiones, incluidas las transfronterizas; reconoce que los Estados miembros deben prestar especial atención a mejorar la conexión entre los sistemas educativos y los mercados laborales en las regiones transfronterizas, por ejemplo promoviendo el aprendizaje de lenguas vecinas;

9.  Recuerda que el alto índice de paro juvenil está motivado por: las consecuencias de la crisis económica global sobre los mercados de trabajo, el abandono escolar prematuro sin cualificaciones suficientes, la falta de las capacidades pertinentes y ausencia de experiencia laboral, la generalización de formas de empleo precario de corta duración seguidas de periodos de desempleo, oportunidades de formación limitadas, y programas activos del mercado laboral insuficientes o inadecuados.

10.  Estima que el seguimiento de la IEJ debe estar respaldado con datos fiables; considera que los datos de supervisión y los resultados disponibles por el momento son insuficientes para efectuar una evaluación global de la aplicación y el rendimiento de la IEJ como principal vehículo de financiación para los programas de la Garantía Juvenil, sobre todo a causa de los retrasos iniciales sufridos por los Estados miembros en la elaboración de los programas operativos y del hecho de que se encuentren aún en fases relativamente tempranas de su ejecución; hace hincapié en la necesidad de que el empleo juvenil siga constituyendo una de las prioridades de actuación para la Unión; expresa, sin embargo, su preocupación ante las conclusiones del reciente informe del TCE en cuanto a los efectos de la IEJ y de la Garantía Juvenil como políticas de la Unión destinadas a combatir el desempleo juvenil, teniendo presente su limitado alcance territorial y temporal;

11.  Considera que, para que sea realmente eficaz, una estrategia que permita impulsar el empleo juvenil ha de prever la organización de mesas redondas en las que participen las partes interesadas, tener en cuenta el contexto territorial en el que deberá aplicarse y prever una formación focalizada que responda a las necesidades de las empresas conciliándolas con las aspiraciones y capacidades de los jóvenes; destaca que dicha estrategia deberá garantizar una formación de calidad y plena transparencia en la asignación de los fondos a los organismos de formación, entre otras cosas mediante un atento seguimiento de su uso;

12.  Lamenta que los Estados miembros hayan decidido comprometerse únicamente mediante un instrumento no vinculante, a saber, una Recomendación del Consejo; señala que son muchos los Estados miembros que se encuentran lejos de alcanzar el objetivo de la Garantía Juvenil;

Llegar a los jóvenes más excluidos

13.  Señala el riesgo de que los jóvenes con discapacidad no entren en el ámbito de aplicación de la IEJ ni en el de la Garantía Juvenil; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adapten sus programas operativos de modo que garanticen que todas las personas con discapacidad puedan acceder realmente a las medidas de la IEJ y la Garantía Juvenil, ofreciendo igualdad de acceso a los jóvenes con discapacidad y respondiendo a sus necesidades individuales;

14.  Destaca que para llegar a los ninis es necesario un esfuerzo decidido y continuado por parte de las autoridades nacionales, así como una cooperación intersectorial, pues los ninis son un grupo heterogéneo con necesidades y capacidades diferentes; insiste, por lo tanto, en que es necesario disponer de datos precisos y exhaustivos sobre la totalidad de la población nini, para constituir un registro y llegar a estos jóvenes con mayor eficacia, ya que unos datos más desglosados, en particular por región, podrían servir para identificar los grupos a los que deben dirigirse las medidas, así como para adaptar mejor las iniciativas de empleo a sus destinatarios;

15.  Considera que la Garantía Juvenil y la IEJ no pueden reemplazar la utilización de instrumentos macroeconómicos y de otras políticas para fomentar el empleo juvenil; señala que, para evaluar la aplicación y los efectos de la Garantía, es importante tener en cuenta las diferentes condiciones macroeconómicas y presupuestarias de los Estados miembros; considera importante delinear un programa de reforma estructural de la Garantía a largo plazo en caso de que se prolongue su duración; manifiesta la clara necesidad de una mayor coordinación entre los diferentes Estados;

16.  Apoya la creación de ventanillas únicas que permitan garantizar que todos los servicios y orientaciones sean fácilmente accesibles, gratuitos y estén disponibles para los jóvenes en una sola ubicación;

17.  Expresa su preocupación por las observaciones iniciales que ponen de relieve la necesidad de mejorar el registro y la sensibilización de todos los ninis, en particular los ninis inactivos y aquellos cuya reintegración está resultando difícil; pide a los Estados miembros que desarrollen estrategias de comunicación adecuadas y adaptadas para llegar a todos los ninis y que adopten un enfoque integrado para poner a disposición de los jóvenes que se enfrentan a múltiples barreras una asistencia y servicios más personalizados; insta a los Estados miembros a que presten especial atención a las necesidades de los ninis vulnerables y a que eliminen los prejuicios y las actitudes negativas hacia ellos;

18.  Destaca que es preciso adaptar las medidas a las necesidades locales para que tengan un mayor impacto; pide a los Estados miembros que apliquen medidas especiales en apoyo del empleo juvenil en las zonas rurales;

19.  Pide a los Estados miembros que mejoren cuanto antes la comunicación de los programas de ayuda vigentes dirigidos a los jóvenes, en especial a los grupos más alejados del mercado de trabajo, a través de campañas de sensibilización, usando canales de comunicación tanto tradicionales como modernos, como las redes sociales;

Garantizar la calidad de las ofertas en el marco de la Iniciativa de Empleo Juvenil

20.  Toma nota del llamamiento para definir qué constituye una «buena oferta» en el ámbito de la IEJ; destaca que es necesario elaborar una definición exhaustiva y comúnmente aceptada que tenga en cuenta la labor llevada a cabo por el Comité de Empleo en colaboración con la Comisión, la OIT y las partes interesadas pertinentes; señala que una buena oferta es una medida pluridimensional que conduce a la integración sostenible y adecuada de los participantes en el mercado de trabajo a través del desarrollo de capacidades y que debe corresponder al nivel de cualificación y el perfil de los participantes, así como tener en cuenta la demanda del mercado de trabajo; insta a los Estados miembros a que garanticen la aplicación de la protección social, las normas relativas a las condiciones de trabajo y los niveles de retribución pertinentes a los participantes; destaca las normas de calidad enunciadas en las orientaciones para la evaluación de la IEJ publicadas por la Comisión en 2015, que establecen como indicadores válidos para la evaluación de la calidad del empleo las características de las ofertas de empleo, su adecuación a las necesidades de los participantes, la repercusión de las ofertas en el mercado de trabajo y el porcentaje de ofertas rechazadas o abandonadas prematuramente;

21.  Recuerda que la OIT define «trabajo decente» como «un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres», y que esta norma mínima sigue sin cumplirse en el caso del empleo juvenil;

22.  Considera que los jóvenes también deberían participar en la supervisión de la calidad de las ofertas;

23.  Destaca que un contrato de calidad referente a unas prácticas debe respetar un marco de calidad en el que se ofrezcan las siguientes garantías: un periodo de prácticas debe basarse en un contrato escrito que proporcione información transparente sobre los derechos y obligaciones de las partes contratadas, establezca objetivos concretos y defina un contenido de aprendizaje de calidad; debe asignarse un tutor o supervisor que evalúe el rendimiento de la persona en prácticas al final del periodo; las prácticas deben tener una duración específica, debe establecerse un límite de prácticas con el mismo empleador, deben clarificarse las disposiciones de cobertura en los sistemas de seguridad social y la remuneración debe estar especificada en el contrato;

24.  Alienta a los Estados miembros a que actualicen y revisen progresivamente sus programas operativos de la IEJ en colaboración con los interlocutores sociales y las organizaciones juveniles al objeto de ajustar las medidas previstas en función de las necesidades reales de los jóvenes y del mercado de trabajo;

25.  Subraya que solo es posible determinar si se ha gastado correctamente el presupuesto de la IEJ y si esta ha alcanzado su objetivo final de ayudar a los jóvenes en paro a acceder a un empleo sostenible si se supervisan de forma atenta y transparente las operaciones sobre la base de datos fiables y comparables y si se adopta una actitud más ambiciosa con respecto a los Estados miembros que no han progresado en este ámbito; pide a los Estados miembros que mejoren urgentemente el seguimiento, la comunicación y la calidad de los datos y que garanticen que se recopilan datos y cifras fiables y comparables sobre la aplicación de la IEJ y que estos se ponen a disposición cuando corresponde, con mayor frecuencia, en todo caso, que la exigida en virtud de la obligación de presentación anual de informes prevista en el artículo 19, apartado 2, del Reglamento del FSE; pide a la Comisión que revise sus orientaciones sobre recopilación de datos en consonancia con la recomendación del Tribunal de Cuentas Europeo a fin de minimizar el riesgo de sobrevaloración de los resultados;

26.  Toma nota de las propuestas y diferentes tipos de programas desarrollados por los Estados miembros en el marco de la IEJ; considera que en varios Estados miembros la normativa nacional ha sido vaga en sus objetivos y planteamientos, así como poco nítida en su formulación, y no ha incluido un amplio abanico de posibilidades de promoción del empleo; estima que el amplio margen de discrecionalidad y la falta de mecanismos claros de supervisión han llevado en ocasiones a la sustitución de puestos de trabajo por ofertas al amparo de la IEJ;

27.  Manifiesta su preocupación por los informes que apuntan a una utilización inapropiada de las medidas financiadas por la IEJ, en particular retrasos en los pagos a los jóvenes o el abuso de los contratos de prácticas, por ejemplo, mediante su uso excesivo; expresa su voluntad de combatir tales prácticas; considera que una utilización recurrente de la Garantía Juvenil no debe atentar contra el principio de activación del mercado ni contra el objetivo de una integración más permanente en el mercado de trabajo;

28.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que determinen, intercambien y difundan las mejores prácticas de cara a un aprendizaje mutuo en este ámbito y a contribuir a la elaboración y aplicación de políticas basadas en datos probados; subraya que, en vista de los cambios operados en el mercado de trabajo y de la digitalización de la economía, es necesario un nuevo enfoque con respecto a las políticas de empleo juvenil; señala que es necesario que la IEJ recurra a herramientas eficaces para reducir el desempleo juvenil y no recicle políticas de empleo que se han revelado ineficaces;

29.  Reitera que la Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la Garantía Juvenil considera fundamental adoptar enfoques basados en la asociación a la hora de aplicar los sistemas de Garantía Juvenil y sensibilizar a los ninis; pide a los Estados miembros que persigan un enfoque basado en la asociación gracias a una identificación e implicación activas de las partes interesadas pertinentes y que refuercen la promoción de la Garantía Juvenil entre las empresas, en especial las pymes y las empresas familiares de menor tamaño; destaca que el ejemplo de los Estados miembros que ya habían adoptado planteamientos similares a la Garantía Juvenil antes de la introducción del programa demuestra que un enfoque adecuado basado en la participación de las partes interesadas es importante para el éxito de su aplicación;

30.  Subraya el importante papel de las organizaciones juveniles como intermediarias entre los jóvenes y los servicios públicos de empleo; anima a los Estados miembros, en este contexto, a que trabajen en estrecha colaboración con las organizaciones juveniles de ámbito nacional, regional y local a la hora de comunicar, planificar, aplicar y evaluar la IEJ;

31.  Recalca la importancia de contar con unos servicios públicos de empleo modernos y competentes por lo que respecta a la prestación de servicios adaptados a los ninis; pide a los Estados miembros que, al aplicar la IEJ, mejoren la coordinación de sus servicios públicos de empleo dentro de la Unión en el marco de la Red Europea de Servicios Públicos de Empleo; insta al desarrollo de mayores sinergias entre los proveedores de empleo públicos y privados, las empresas y los sistemas de enseñanza; aboga por un uso generalizado de la administración electrónica para reducir la burocracia;

32.  Pide a la Comisión que ofrezca una estimación específica por país del coste anual que supone para cada Estado miembro una aplicación eficaz de la Garantía Juvenil, teniendo en cuenta los cálculos efectuados por la OIT;

33.  Subraya que se debe potenciar la oferta de puestos de aprendiz en el marco de la Garantía Juvenil, ya que solo representan el 4,1 % de las ofertas que se han aceptado hasta ahora;

Observaciones finales

34.  Destaca que es necesario contar con una estrategia de transformación de la IEJ de un instrumento anticrisis en un instrumento de financiación de la Unión de carácter más estable que permita combatir el desempleo juvenil después de 2020, al tiempo que se garantiza un despliegue rápido y sin complicaciones de los fondos, y que determine un requisito de cofinanciación a fin de acentuar la responsabilidad primaria de los Estados miembros; señala que la prórroga de la IEJ debe tener en cuenta las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas Europeo; subraya que el objetivo general del programa es la integración sostenible de los jóvenes en el mercado laboral; destaca la necesidad de fijar objetivos claros y mensurables; subraya que estos elementos deben ser objeto de debate en el contexto del próximo marco financiero plurianual a fin de garantizar la continuidad, la rentabilidad y el valor añadido;

35.  Reitera su apoyo a la IEJ; destaca la imperiosa necesidad de redoblar esfuerzos y mantener un compromiso político y financiero continuo en la lucha contra el desempleo juvenil; recuerda, en particular, la importancia de garantizar una financiación de, como mínimo, 700 millones EUR para la IEJ durante el periodo 2018-2020, tal como se acordó en la revisión intermedia del marco financiero plurianual; pide asimismo que se asignen créditos de pago suficientes para asegurar una correcta ejecución de la IEJ según el calendario previsto;

36.  Destaca que es necesario mejorar la calidad de las ofertas vinculadas a la IEJ y la Garantía Juvenil y pide que se abra un debate futuro sobre el grupo de edad que puede acogerse a las ayudas;

37.  Considera que para hacer efectivo este marco de calidad del empleo juvenil es preciso avanzar en la adopción de una recomendación con base jurídica en los artículos 292 y 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como poner en marcha un abanico de medidas informativas como, por ejemplo, la creación de una página web de fácil acceso que se actualice con información relevante sobre la regulación de las prácticas en cada Estado miembro;

38.  Reconoce que la IEJ es un instrumento de financiación concebido para complementar las medidas adoptadas por los Estados miembros para combatir los altos niveles de desempleo juvenil y que son necesarios mayores esfuerzos de los Estados miembros para mejorar la conexión entre los sistemas educativos y los mercados laborales, a fin de integrar a los jóvenes en el mercado de trabajo de manera sostenible; acoge con satisfacción las medidas y políticas en vigor encaminadas a resolver el desajuste existente entre la oferta y la demanda de capacidades; es consciente de que el aprovechamiento de las capacidades sigue siendo un reto en toda Europa y considera necesario, por lo tanto, asegurar una mejor correspondencia entre las capacidades que se demandan y las que se ofrecen;

39.  Considera que la IEJ y la Garantía Juvenil resultan fundamentales para la aplicación eficaz de los principios básicos del pilar europeo de derechos sociales, en particular los principios n.º 1, relativo a la educación, la formación y el aprendizaje permanente, n.º 4, sobre apoyo activo para el empleo, n.º 5, relativo a un empleo seguro y adaptable, n.º 6, sobre salarios, n.º 8, sobre diálogo social y participación de los trabajadores, n.º 10, relativo a un entorno de trabajo saludable, seguro y adaptado y la protección de datos, n.º 12, sobre protección social, n.º 13, relativo a las prestaciones por desempleo y n.º 14, sobre la renta mínima;

40.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que renueven los esfuerzos conjuntos con la OIT para proveer información a medida y mejorar las capacidades nacionales para entregar y evaluar los sistemas de Garantía Juvenil en los siguientes aspectos: asegurarse de la implementación total y sostenible de la Iniciativa, mejorar su capacidad para llegar a los ninis no registrados y los jóvenes con baja cualificación, fortalecer las capacidades y mejorar la calidad de las ofertas;

41.  Observa que, a la espera de la publicación por parte de la Comisión de las cifras finales aportadas por los Estados miembros, el número de jóvenes que habían completado un programa de la IEJ al final de 2015 se estimó en 203 000, lo que equivale al 4 % de los participantes; expresa su preocupación ante el elevado número de participantes en la IEJ que no han finalizado el programa en algunos Estados miembros; considera importante reforzar los estímulos para evitar que los jóvenes consideren la IEJ como un programa poco útil;

42.  Recuerda que la IEJ debe prestar apoyo financiero a medidas que fomenten la integración de los ninis en el mercado de trabajo, entre ellas las prácticas y los programas de aprendizaje remunerados, pero no ha de convertirse en un sustituto del empleo remunerado propiamente dicho;

43.  Propone la creación de una línea directa de la Unión contra la violación de los derechos de los jóvenes, para que estos últimos puedan comunicar directamente a la Comisión toda experiencia negativa relacionada con su participación en medidas de la IEJ o la Garantía Juvenil, lo que permitiría la recopilación de información y la investigación de posibles prácticas abusivas en la aplicación de políticas financiadas por la Unión;

44.  Acoge con satisfacción la referencia que hace la carta de intenciones adjunta al discurso del presidente Juncker sobre el estado de la Unión 2017 a una propuesta de establecer una Autoridad Laboral Europea para reforzar la cooperación entre las autoridades responsables del mercado de trabajo en todos los niveles y gestionar mejor las situaciones transfronterizas, así como nuevas iniciativas en apoyo de una movilidad justa;

45.  Reconoce el éxito de la IEJ a la hora de reducir las tasas de desempleo juvenil y, en particular, de garantizar el equilibrio de género, habiendo ayudado a alrededor de un 48 % de hombres y un 52 % de mujeres;

46.  Pide la plena aplicación en el ámbito de la IEJ de la Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación y de la Directiva 2010/41/UE sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma;

47.  Considera necesario que la Comisión y los Estados miembros presenten medidas positivas a fin de garantizar que las jóvenes reciban ofertas de empleo de calidad y no trabajen o queden atrapadas en empleos precarios, mal remunerados y temporales con derechos limitados o inexistentes como trabajadoras;

48.  Pide a los Estados miembros que recopilen datos estadísticos desglosados por sexos, a fin de que la Comisión realice una evaluación de impacto de la IEJ y su repercusión sobre el equilibrio de género de modo que sea posible evaluar y analizar a fondo su aplicación;

49.  Pide a los Estados miembros que hallen la manera de apoyar la reinserción de las jóvenes en el mercado de trabajo o el sistema educativo o de formación garantizando la igualdad de género en el acceso al empleo, la progresión en la trayectoria profesional y la conciliación de la vida privada y profesional, así como una oferta de servicios de cuidado de niños y adultos, y fomentando la igualdad de retribución entre hombres y mujeres por un trabajo igual o de igual valor;

50.  Insta a los Estados miembros a que, en el contexto del sistema educativo, pongan mayor empeño en mejorar las medidas que contribuyen a proteger a los jóvenes en situación de riesgo;

51.  Observa con preocupación que los últimos informes de evaluación(10) han señalado que, durante la primera fase de su aplicación, la IEJ tendió a centrarse especialmente en los ninis con un nivel educativo elevado, en lugar de en aquellos con un nivel bajo de capacidades, inactivos o no inscritos en los servicios públicos de empleo;

52.  Pide a los Estados miembros que aborden esta considerable deficiencia en la aplicación de la IEJ desarrollando, entre otras, medidas específicas de seguimiento con miras a la aplicación de políticas en el ámbito de la juventud con una mayor base empírica y más eficaces y sostenibles;

53.  Pide a los Estados miembros que se aseguren de que su legislación permite que todos los jóvenes comprendidos en el grupo de edad objetivo se inscriban y participen de forma efectiva en la IEJ(11);

54.  Pone de manifiesto la falta de regulación de las ofertas de prácticas en el mercado abierto por lo que respecta a la transparencia en la contratación, la duración y el reconocimiento, y señala que solo algunos Estados miembros han establecido unos criterios mínimos de calidad, también con fines de seguimiento de la Garantía Juvenil y la IEJ;

55.  Reconoce que las inversiones del presupuesto de la Unión canalizadas a través de la IEJ han resultado fructíferas y han acelerado la expansión del mercado laboral para los jóvenes; considera que la IEJ aporta un claro valor añadido europeo, ya que muchos programas de empleo juvenil no habrían podido aplicarse sin el compromiso de la Unión en este ámbito;

56.  Observa que la dotación financiera original para la IEJ en el marco financiero plurianual 2014-2020 fue de 6 400 millones EUR, de los cuales 3 200 millones provenían de una línea presupuestaria específica y la otra mitad del Fondo Social Europeo (FSE);

57.  Subraya que, en el contexto de la revisión intermedia del marco financiero plurianual, se aprobó políticamente una dotación adicional de 1 200 millones EUR para la IEJ para el período 2017-2020, que debía acompañarse de un importe idéntico procedente del FSE; destaca, sin embargo, que la dotación final para este programa se determinará en los procedimientos presupuestarios anuales venideros;

58.  Se congratula de que, ante la insistencia del Parlamento, el procedimiento de conciliación sobre el presupuesto de la Unión para 2018 haya dado como resultado un aumento de la dotación específica propuesta inicialmente para la IEJ con nuevos créditos por valor de 116,7 millones EUR, con lo que su importe en 2018 se elevará a 350 millones EUR; señala el compromiso unilateral de la Comisión de proponer un nuevo aumento de la financiación de la IEJ a través de un presupuesto rectificativo en caso de que la capacidad de absorción de la IEJ lo permita;

59.  Considera que el presupuesto global de la IEJ no basta para satisfacer la demanda real ni los recursos necesarios para garantizar que el programa alcance sus objetivos; recuerda que tan solo se ha podido llegar a una media del 42 % de los ninis, y, en algunos Estados miembros, el porcentaje no alcanza ni el 20 %; pide, por consiguiente, un aumento significativo de la dotación de la IEJ en el próximo marco financiero plurianual y que los Estados miembros den cabida en sus presupuestos nacionales a programas de empleo juvenil;

60.  Pide a la Comisión que vele por la coherencia de las inversiones en empleo juvenil mediante el fomento de las sinergias entre las fuentes disponibles y la creación de normas homogéneas recopiladas en una guía de carácter global, a fin de lograr un mayor impacto, sinergias, eficacia y simplificación en la práctica; recuerda la prioridad de reducir la carga administrativa que soportan las autoridades de gestión; destaca la importancia de los informes específicos de cada país sobre la financiación de los sistemas de Garantía Juvenil, que sirven también para llevar un seguimiento de las sinergias entre los presupuestos nacionales y el presupuesto de la Unión, así como la necesidad de una mejor coordinación y una cooperación más estrecha entre las principales partes interesadas del proceso;

61.  Pide a la Comisión que mejore la planificación de las inversiones en empleo juvenil para el período posterior a 2020 mediante la plena aplicación del planteamiento utilizado en la programación de los Fondos EIE, en los que la financiación está sujeta a una planificación preliminar global y una evaluación ex ante, seguida de la celebración de acuerdos de asociación; considera que un enfoque de estas características incrementa la repercusión del presupuesto de la Unión; toma nota de la aplicación satisfactoria de la IEJ en Estados miembros con programas operativos específicos y contribuciones significativas de los presupuestos nacionales y regionales;

62.  Pide, además, a la Comisión que rediseñe el actual mecanismo de evaluación, centrándose en criterios de resultados y auditorías de rendimiento unificados en los informes anuales y finales, con vistas a realizar un mejor seguimiento del impacto del presupuesto de la Unión; pide la aplicación a escala de la Unión de indicadores tales como la proporción de participantes en la IEJ que acceden al mercado laboral primario gracias a medidas financiadas por la Unión;

63.  Destaca, no obstante, que la reforma de la planificación y la presentación de informes no debe demorar la ejecución del presupuesto ni generar una carga administrativa excesiva para las autoridades de gestión y los beneficiarios finales en particular;

64.  Reconoce que la actual carga administrativa socava la capacidad de inversión del presupuesto de la Unión, especialmente por lo que respecta a instrumentos con períodos de ejecución más breves, como la IEJ; pide, por tanto, una racionalización de los procedimientos de licitación que haga especial hincapié en una preparación más rápida de las ofertas y en unos procedimientos más cortos de apelación de las decisiones; constata el efecto positivo de la utilización de opciones de costes simplificadas en los gastos de la IEJ; pide la introducción en toda la Unión de opciones de costes simplificadas en los proyectos de la IEJ a fin de reducir considerablemente la burocracia y acelerar la ejecución del presupuesto;

65.  Subraya que en la actualidad la IEJ presenta el mejor rendimiento de todos los Fondos EIE en términos de ejecución financiera;

66.  Se felicita de que las medidas de la IEJ hayan brindado ayuda a más de 1,6 millones de jóvenes y hayan supuesto que los Estados miembros consolidaran operaciones por un importe superior a 4 000 millones EUR;

67.  Observa que la falta de información sobre el coste potencial de la aplicación de un programa en un Estado miembro puede acarrear una financiación inadecuada para la aplicación de dicho programa y la consecución de sus objetivos; pide a los Estados miembros que lleven a cabo un análisis ex ante y que elaboren un resumen de los costes derivados de la aplicación de la Garantía Juvenil;

68.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para la implantación de unos sistemas de seguimiento menos burocráticos y más actualizados para los fondos restantes de la IEJ;

69.  Pide que se preste especial atención a los resultados de la IEJ mediante la definición de indicadores concretos en relación con nuevos servicios y medidas de apoyo en el mercado laboral introducidos gracias al programa en los Estados miembros, y el número de contratos indefinidos que se han ofrecido;

70.  Considera necesario, al objeto de evaluar la eficacia del programa, que se valoren todos los aspectos, incluida la relación coste/beneficio del programa; toma nota de las estimaciones previas de la OIT y Eurofound y pide a la Comisión que confirme o actualice estas proyecciones;

71.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan objetivos realistas y alcanzables, evalúen las divergencias, analicen el mercado antes de aplicar los programas y mejoren los sistemas de supervisión y notificación;

o
o   o

72.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 470.
(2) DO L 126 de 21.5.2015, p. 1.
(3) DO C 120 de 26.4.2013, p. 1.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0390.
(5) DO C 264 E de 13.9.2013, p. 69.
(6) DO L 113 de 29.4.2017, p. 56.
(7) Informe de la Comisión de diciembre de 2013 titulado «Evolución del empleo y de la situación social en Europa 2013»,
(8) Informe Eurofound de agosto de 2014 titulado «Occupational profiles in working conditions: Identification of groups with multiple disadvantages» (Perfiles profesionales en las condiciones laborales: Identificación de los grupos con múltiples desventajas)
(9) que, entre otras medidas cabe citar la iniciativa «Juventud en Movimiento», emprendida en septiembre de 2010, la «Iniciativa de Oportunidades para la Juventud», que se puso en marcha en diciembre de 2011, y la iniciativa «Equipos de acción para la juventud», iniciados en enero de 2012;
(10) Informe Especial n.º 5/2017 del Tribunal de Cuentas Europeo relativo a la aplicación de la Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil; Informe final de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, de junio de 2016, sobre los primeros resultados de la Iniciativa de Empleo Juvenil; Comunicación de la Comisión, de 4 de octubre de 2016, titulada «La Garantía Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil, situación al cabo de tres años» (COM(2016)0646); Análisis en profundidad del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, de junio de 2016, titulado «Youth Employment Initiative: European Implementation Assessment» (Iniciativa de Empleo Juvenil: evaluación de la aplicación a escala europea).
(11) El marco legislativo de algunos países califica a algunos jóvenes, especialmente aquellos con discapacidades graves, como «no aptos para trabajar». Estos jóvenes no pueden inscribirse en los servicios públicos de empleo y, por tanto, no pueden beneficiarse de la IEJ.

Última actualización: 27 de septiembre de 2018Aviso jurídico