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Procedimiento : 2018/2562(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclos relativos a los documentos :

Textos presentados :

RC-B8-0100/2018

Debates :

PV 08/02/2018 - 8.3
CRE 08/02/2018 - 8.3

Votaciones :

PV 08/02/2018 - 12.3

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0036

Textos aprobados
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Jueves 8 de febrero de 2018 - Estrasburgo Edición definitiva
Esclavitud infantil en Haití
P8_TA(2018)0036RC-B8-0100/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, sobre la esclavitud infantil en Haití (2018/2562(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Haití,

–  Vista la declaración conjunta de 12 de junio de 2017 de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y del comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo con ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil,

–  Visto el informe anual del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas en el que se destacan los progresos y los retos de Haití en materia de derechos humanos en 2017,

–  Visto el estudio de la Acción ACP-UE para la Migración, de 20 de julio de 2017, sobre la trata de seres humanos en Haití,

–  Visto el informe de aplicación de Haití examinado por el Comité de los Derechos del Niño el 15 de enero de 2016,

–  Visto el examen periódico universal sobre Haití del CDH que tuvo lugar del 31 de octubre al 11 de noviembre de 2016,

–  Visto el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,

–  Vista la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

–  Vista la Convención Suplementaria de las Naciones Unidas sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, de 7 de septiembre de 1956, y en particular su artículo 1, letra d),

–  Vistos los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) n.º 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y n.º 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo,

–  Vista la 34.ª sesión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, celebrada en diciembre de 2017 en Puerto Príncipe (Haití),

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vistos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Haití es uno de los países más pobres del mundo y que las principales causas de la pobreza que atenaza al país son la grave corrupción, las infraestructuras deficientes, la falta de atención sanitaria, los bajos niveles de educación y una inestabilidad política histórica;

B.  Considerando que el uso de niños como trabajadores domésticos, a los que se suele denominar con el término criollo restaveks, es sistemático en todo Haití y que se debe a las difíciles condiciones económicas y a las actitudes culturales hacia los niños;

C.  Considerando que el uso de restaveks es una forma de trata de trabajadores domésticos y de esclavitud moderna que afecta aproximadamente a 400 000 niños en Haití, de los cuales un 60 % son niñas; que muchos niños haitianos carecen de certificado de nacimiento y están expuestos a la trata y los abusos; que, según UNICEF, la exposición de niños a la violencia y los abusos, incluidos el castigo corporal y la violencia de género, es un problema sustancial; que una de cada cuatro mujeres y uno de cada cinco hombres han sido objeto de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años; que el 85 % de los niños de entre 2 y 14 años son víctimas de formas violentas de disciplina en el hogar, el 79 % son víctimas de castigos corporales y el 16 % sufren castigos corporales extremos; que se estima en 30 000 el número de niños que viven en los aproximadamente 750 orfanatos, la mayoría de los cuales son de gestión y financiación privadas;

D.  Considerando que los niños restaveks suelen haber nacido en familias pobres del medio rural con escasas o ninguna fuente de ingresos que venden a sus hijos a otra familia a cambio de comida o dinero;

E.  Considerando que el Gobierno de Haití ha realizado algunos esfuerzos para atajar la explotación de los niños restaveks, como la adopción de una ley global para combatir la trata de seres humanos, medidas para detectar y ayudar a los niños sometidos a servidumbre doméstica y campañas de sensibilización; que el Estado tiene la obligación de apoyar a los padres para que puedan asumir sus responsabilidades;

F.  Considerando que la educación y la escolarización de muchos niños haitianos son insuficientes; que, según la UNICEF, en Haití el 18 % de los niños de entre 6 y 11 años no reciben enseñanza primaria; que aproximadamente la mitad de los haitianos que han cumplido 15 años son analfabetos, ya que el 85 % de las escuelas son gestionadas por entidades privadas y son demasiado caras para las familias con bajos ingresos; que el huracán Matthew afectó de forma considerable al acceso a la educación, al producir daños en 1 633 de las 1 991 escuelas de las zonas más castigadas;

G.  Considerando que más de 175 000 personas, incluidas decenas de miles de niños, que fueron desplazadas tras el paso del huracán Matthew en octubre de 2013 siguen viviendo en una precariedad y una inseguridad extremas; que el terremoto de 2010 se cobró más de 220 000 vidas y desplazó a unos 800 000 niños, abocando a muchos de ellos a la esclavitud;

H.  Considerando que Haití es país de origen, tránsito y destino para el trabajo forzado y la trata de niños; que el fenómeno de los restaveks también tiene una dimensión internacional, ya que muchos niños haitianos son objeto de trata en la vecina República Dominicana;

I.  Considerando que el reciente bloqueo electoral y político tras las elecciones presidenciales de 2016 afectó gravemente a la capacidad de Haití de aprobar textos legislativos fundamentales y un presupuesto nacional que pudieran hacer frente a los urgentes retos sociales y económicos;

J.  Considerando que la impunidad se ha visto alimentada en Haití por la falta de rendición de cuentas de los cargos públicos y, en particular, por la falta de investigaciones sistemáticas del uso de la fuerza y de las detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas por parte de la policía; considerando que Haití ocupa el puesto 159 en la lista de 176 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparency International;

K.  Considerando que Haití ocupa el puesto 163 en el índice de desarrollo humano del PNUD y precisa constantemente de ayuda humanitaria y al desarrollo;

L.  Considerando que en septiembre de 2017 el Parlamento haitiano aprobó un presupuesto nacional para el año 2018 que aumenta los impuestos de manera desproporcionada a una población que ya está empobrecida, lo que provocó manifestaciones violentas y disturbios en la capital, Puerto Príncipe; que el ministro de Economía y Hacienda, Patrick Salomon, presentó un presupuesto que, a modo de ejemplo, da prioridad a la limpieza de las instituciones del Gobierno frente a los programas de salud pública;

M.  Considerando que la Unión ha asignado a Haití 420 millones EUR del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo (FED), poniendo el énfasis en la nutrición infantil y en la educación, al objeto de apoyar el desarrollo infantil;

N.  Considerando que en 2017 la Unión puso en marcha una convocatoria de propuestas con el título en francés de «La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, discrimination, violence et abandon», cuya principal prioridad era devolver a los niños privados de libertad a su familia biológica o proporcionarles una familia de acogida;

1.  Lamenta que en Haití se separe por la fuerza a un gran número de niños de sus familias en el marco del fenómeno de los restaveks para someterlos a trabajo forzoso; pide la eliminación de esta práctica;

2.  Manifiesta su profunda preocupación por la persistencia de las violaciones de derechos humanos, incluida la violencia de género, las detenciones ilegales y el fenómeno de los niños restaveks sometidos a esclavitud en Haití; pide al Gobierno de Haití que dé prioridad a las medidas legislativas, en particular la reforma del Código Penal, para luchar contra estos problemas, restaurando además las instituciones fundamentales del país que han sufrido estancamiento a consecuencia del reciente bloqueo político, con el fin de poner en marcha las reformas urgentes;

3.  Pide al Gobierno de Haití que con carácter urgente aplique medidas para corregir las deficiencias que conducen a los niños a la servidumbre doméstica, por ejemplo protegiendo a los niños que sufren abandono o están sometidos a abusos, violencia o trabajo infantil;

4.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan ayudando a Haití en la aplicación de medidas de protección de los niños, incluidos los programas y colaboraciones de lucha contra la violencia, los abusos y la explotación infantil; pide al Gobierno de Haití que cree y priorice procedimientos dotados de recursos suficientes para poner fin a la práctica de los restaveks, incluida la formación de los servicios sociales para ayudar a separar a los niños restaveks de las familias abusivas y ofrecerles rehabilitación para sus necesidades físicas y psicológicas;

5.  Pide al Gobierno de Haití que instaure un sistema administrativo que garantice el registro de todos los recién nacidos, así como medidas para registrar en el lugar en que residan a los que no fueron inscritos al nacer;

6.  Anima a las autoridades haitianas y a los donantes a que destinen una parte importante de los recursos actualmente empleados en orfanatos costosos pero de escasa calidad a servicios comunitarios que refuercen la capacidad de las familias y las comunidades para ocuparse adecuadamente de sus propios hijos;

7.  Pide al Gobierno de Haití y, en su caso, a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen sin reservas los siguientes convenios, que son esenciales en la lucha contra la trata de niños y la esclavitud infantil:

   Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y aceptación de los procedimientos de investigación e interestatales,
   Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
   Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
   Estatuto de Roma;

8.  Pide que la ayuda al desarrollo de la Unión preste especial atención a la asistencia a la reforma urgente del sistema judicial y la formación de jueces y fiscales para la tramitación de casos de violación y violencia sexual, velando por que la policía y el poder judicial estén formados para tratar con imparcialidad a las mujeres y niñas que denuncien violencia de género;

9.  Observa que el Parlamento haitiano ha aprobado un presupuesto anual en septiembre de 2017; pone de relieve los progresos recientes en materia de derecho a la educación, en particular mediante el programa de Educación Universal, Libre y Obligatoria, que requiere un sistema de supervisión y cumplimiento eficaces y un esfuerzo económico constante del presupuesto nacional haitiano y de la ayuda al desarrollo de la Unión; pide que se preste mayor atención al bienestar y la rehabilitación de los niños restaveks — incluidos los más desfavorecidos, los que sufren discapacidades o dificultades de aprendizaje y los que viven en zonas rurales— en el marco del próximo FED y del programa indicativo nacional de Haití, también mediante un informe de situación conjunto relativo a las medidas adoptadas y su eficacia a la hora de luchar contra el fenómeno de los restaveks;

10.  Espera de la Unión y de sus Estados miembros que cumplan sus promesas de asistencia a Haití tras el huracán Matthew y ayuden al país a superar sus retos a largo plazo;

11.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo de Ministros ACP-UE, a las instituciones del Cariforum, a los Gobiernos y los Parlamentos de Haití y de la República Dominicana y al secretario general de las Naciones Unidas.

Última actualización: 28 de septiembre de 2018Aviso jurídico