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Procedimiento : 2017/2030(INI)
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Ciclo relativo al documento : A8-0059/2018

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A8-0059/2018

Debates :

PV 16/04/2018 - 22
CRE 16/04/2018 - 22

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PV 17/04/2018 - 6.9
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P8_TA(2018)0100

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Martes 17 de abril de 2018 - Estrasburgo Edición definitiva
Aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente
P8_TA(2018)0100A8-0059/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre la aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (2017/2030(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»(1) («Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente» o «VII PMA»),

–  Vistos los artículos 191 y 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativos a la preservación, la protección y la mejora de la calidad de la salud humana y el medio ambiente,

–   Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP.21 y la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21) de la CMNUCC, celebrada en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,

–   Vistos los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y su naturaleza interconectada e integrada,

–  Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente de diciembre de 2016, titulado «Environmental indicator report 2016 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme» (Informe de indicadores medioambientales 2016 – En apoyo al seguimiento del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente),

–   Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente de noviembre de 2017, titulado «Environmental indicator report 2017 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme» (Informe de indicadores medioambientales 2017 – En apoyo al seguimiento del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2017, titulada «Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados» (COM(2017)0063), y vistos los veintiocho informes por país que la acompañan,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2016, titulada «Hacer efectivos los beneficios de las políticas ambientales de la UE mediante la revisión periódica de su aplicación» (COM(2016)0316),

–   Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental (EIR)(2),

–   Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular(3),

–   Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2016, sobre la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad(4),

–   Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía(5),

–   Vista su Recomendación, de 4 de abril de 2017, al Consejo y la Comisión, a raíz de la investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil(6),

–   Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado «El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2015» (SOER 2015),

–   Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de 19 de mayo de 2015, titulado «Estado de la naturaleza en la Unión Europea»,

–  Visto el estudio de evaluación de la aplicación europea, de noviembre de 2017, relativo la revisión intermedia de la aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (2014-2020), elaborado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, incluido el estudio que figura como anexo,

–  Vista su Resolución, de 20 de abril de 2012, sobre la revisión del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y el establecimiento de prioridades para el Séptimo Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente – Un medio ambiente mejor para una vida mejor(7),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible: acción europea en favor de la sostenibilidad» (COM(2016)0739),

–   Visto el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos» (COM(2011)0571),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de noviembre de 2017, titulada «El futuro de los alimentos y de la agricultura» (COM(2017)0713),

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0059/2018),

A.  Considerando que el VII PMA establece objetivos jurídicamente vinculantes en los ámbitos del medio ambiente y el cambio climático que tendrán que haberse alcanzado en 2020; que también propone una visión a largo plazo para 2050;

B.  Considerando que el VII PMA no incluye una cláusula de revisión intermedia; que el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria sobre la aplicación del VII PMA brinda la oportunidad de evaluar el progreso de este PMA y formular recomendaciones basadas en constataciones de hecho para la aplicación del actual PMA en lo que le queda de vigencia y de futuros PMA; que este informe no debe limitarse a reiterar problemas ya conocidos, sino que debe centrarse en proponer soluciones para alcanzar los objetivos establecidos en el VII PMA;

C.  Considerando que la Comisión está trabajando en un informe de evaluación que se centrará en la estructura del VII PMA y en la función estratégica que este desempeña; que con ese informe se pretende, entre otros fines, comprobar si el marco acordado está contribuyendo a hacer realidad los nueve objetivos prioritarios de forma inteligente;

D.  Considerando que la Unión cuenta con una sólida legislación medioambiental, pero que su aplicación laxa e ineficaz viene siendo un problema desde hace largo tiempo; que estas deficiencias en la aplicación son una amenaza para el desarrollo sostenible, tienen efectos transfronterizos adversos en el medio ambiente y la salud humana, y conllevan importantes costes socioeconómicos; y que, además, estas deficiencias dañan la credibilidad de la Unión;

E.  Considerando que hasta el momento el progreso hacia los objetivos de 2020 ha sido desigual: no es probable que se cumpla el objetivo 1 (proteger el capital natural), pero sí lo es que se alcancen algunos de los subobjetivos del objetivo 2 (economía hipocarbónica y eficiencia en el uso de los recursos), y no se tiene la certeza de que se vaya a lograr el objetivo 3 (reducción de las presiones y riesgos para la salud humana);

F.  Considerando que la persistente falta de aplicación de la legislación y de integración de los conocimientos especializados en la elaboración de políticas en ámbitos como la calidad del aire, el ruido ambiental y la exposición a productos químicos conlleva amenazas graves para la salud y reduce la calidad y la esperanza de vida de los ciudadanos de la Unión;

G.  Considerando que los datos más recientes que ha publicado la Agencia Europea de Medio Ambiente confirman las tendencias generales ya descritas para cada objetivo temático, pero también apuntan hacia una ralentización del progreso en algunos ámbitos; que en algunos casos, como la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, las perspectivas de alcanzar los subobjetivos no se ven alteradas por estas nuevas tendencias;

H.  Considerando que en estos momentos no se tiene la certeza de que se vaya a alcanzar el objetivo relativo a las emisiones de amoniaco y que parece improbable que se cumpla el objetivo relativo a la ocupación del suelo;

I.  Considerando que existe una gran incertidumbre sobre la aplicación del VII PMA debido a la falta de indicadores y a las limitaciones de los indicadores existentes; que las lagunas en los conocimientos siguen obstaculizando el progreso en tres niveles: la comprensión del riesgo, la formulación de políticas adecuadas para gestionar y reducir el riesgo, y el seguimiento de la eficacia de las políticas;

J.  Considerando que con frecuencia se dispone de conocimientos, pero estos no se emplean en la definición de las políticas o no se transmiten a los responsables de su aplicación; que esto se debe en muchos casos a la falta de voluntad política y a intereses contrapuestos que no se perciben como coherentes con el PMA o con los objetivos de la política medioambiental en general; que el mantenimiento del crecimiento económico también depende de la calidad del medio ambiente;

K.  Considerando que tiene que mejorarse la sinergia entre el PMA y los instrumentos de alto nivel de las políticas de la Unión, a fin de alcanzar los objetivos del programa;

L.  Considerando que en algunos niveles la financiación no es suficiente para aplicar adecuadamente el VII PMA; que la financiación a nivel de la Unión no siempre ha producido los resultados esperados, lo que en muchos casos se debe a la deficiente administración de la financiación más que a la falta de dinero;

M.  Considerando que el ámbito cubierto por el VII PMA se adecua a las actuales necesidades en materia de política medioambiental, aunque muchas partes interesadas recomiendan añadir nuevos subobjetivos para aumentar la relevancia del programa en el futuro;

N.  Considerando que las partes interesadas también han mostrado su preferencia por un PMA menos complejo y con un enfoque más preciso;

O.  Considerando que existe un apoyo general a un VIII PMA;

Conclusiones principales

1.  Considera que el VII PMA tiene valor añadido e influye positivamente en las políticas medioambientales a nivel de la Unión y de los Estados miembros, beneficiando a los ciudadanos, la naturaleza y los operadores económicos;

2.  Reitera que el VII PMA tiene una visión clara a largo plazo para 2050 a fin de ofrecer un entorno estable para la inversión y el crecimiento sostenibles, dentro de los límites ecológicos del planeta;

3.  Celebra las tendencias positivas registradas respecto de numerosos subobjetivos del VII PMA y las alentadoras perspectivas para varios de los objetivos de 2020;

4.  Insiste, no obstante, en que sigue habiendo un gran potencial de mejora y pide a la Comisión y a las autoridades competentes de los Estados miembros que muestren más voluntad política al más alto nivel para aplicar el VII PMA;

5.  Lamenta que sea improbable alcanzar el objetivo prioritario de proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión; observa con preocupación, por otra parte, que los objetivos de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 y del Convenio sobre la Diversidad Biológica no se cumplirán sin nuevos esfuerzos inmediatos y sustanciales;

6.  Observa que ha habido cierto progreso en determinadas áreas del objetivo prioritario n.º 2, en particular en las metas relacionadas con el clima y la energía; señala, sin embargo, que se debe hacer un esfuerzo mayor en lo que atañe a la eficiencia en el uso de los recursos; reitera el potencial de la Directiva sobre el diseño ecológico(8) y el Reglamento sobre la etiqueta ecológica(9) a la hora de mejorar el rendimiento medioambiental y la eficiencia en el uso de los recursos de los productos a lo largo de su ciclo vital, abordando, entre otros aspectos, la durabilidad de los productos, las posibilidades de reparación, reutilización y reciclado, así como el contenido reciclado y la vida útil del producto;

7.  Lamenta que el subobjetivo consistente en lograr un buen estado de calidad de las masas de agua superficiales para 2020 no se vaya a alcanzar debido a la presión ejercida por la contaminación, las intervenciones en la morfología de los cursos de agua y el consumo excesivo debido a las importantes captaciones con fines de generación de energía hidroeléctrica;

8.  Subraya que los objetivos del VII PMA son objetivos mínimos y que se requieren nuevos e importantes esfuerzos para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS);

9.  Recuerda que tanto la Unión como todos sus Estados miembros han firmado el Acuerdo de París y que, por tanto, se han comprometido con sus objetivos, y que propusieron una contribución determinada a nivel nacional consistente en reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la Unión en un 40 % para 2030; destaca la necesidad de integrar plenamente el objetivo de 2030 y el objetivo a largo plazo de llegar al nivel de cero emisiones netas en todas las políticas y los programas de financiación de la Unión; solicita a la Comisión que someta a examen los objetivos del marco para 2030 en materia de energía y clima en el contexto del diálogo facilitador de 2018 y el balance mundial quinquenal, y que prepare una estrategia de la Unión de cero emisiones para mediados de siglo que ofrezca un itinerario rentable hacia la consecución del objetivo de cero emisiones netas adoptado en el Acuerdo de París;

10.  Observa que existe una considerable incertidumbre sobre el progreso en los objetivos relativos a la salud y el bienestar humanos; subraya que las lagunas en los conocimientos y las limitaciones de los indicadores obstaculizan el desarrollo y el seguimiento de las políticas;

11.  Acoge con satisfacción las iniciativas actuales que contribuyen a colmar las lagunas en los conocimientos, tales como: el modelo DPSEEA (fuerzas impulsoras, presión, estado, exposición, efecto, acción) destinado a entender los factores que alteran los servicios ecosistémicos, la «biovigilancia humana» para calcular la exposición de las poblaciones humanas a los contaminantes y sus posibles efectos sobre salud, y la Plataforma de información para el seguimiento de productos químicos (IPCheM);

12.  Muestra su preocupación por el hecho de que los conocimientos especializados y las constataciones científicas no siempre se tengan debidamente en cuenta en la definición de las políticas o no se transmitan a los responsables de su aplicación; destaca la bioenergía, el aceite de palma, los productos fitosanitarios, los alteradores endocrinos, la producción y el consumo de alimentos, los organismos modificados genéticamente, la planificación y el diseño urbanísticos, la contaminación atmosférica y acústica y el desperdicio de alimentos en centros urbanos como ejemplos de ámbitos en los que la constatación científica de riesgos para la salud humana y el medio ambiente no se ha tenido en cuenta en el debate público y político; considera que la adopción de decisiones políticas debe guiarse por sólidos conocimientos científicos, y por la observancia del principio de precaución cuando no existan suficientes datos científicos; recuerda la importancia, en este contexto, del asesoramiento científico de las agencias de la Unión; subraya que entre los principios rectores en la política y legislación medioambientales de la Unión también se cuentan el principio de que quien contamina paga, la acción preventiva y la corrección en su origen de los daños medioambientales;

13.  Condena el incumplimiento por parte de la Comisión de los plazos legales para elaborar criterios armonizados basados en el riesgo y destinados a la identificación de alteradores endocrinos y para revisar el Reglamento (CE) n.º 1223/2009(10) (Reglamento sobre los productos cosméticos) en lo que se refiere a los alteradores endocrinos; solicita a la Comisión que, sin más demora, revise inmediatamente el Reglamento sobre los productos cosméticos en lo que respecta a los alteradores endocrinos; lamenta que la falta de progresos suficientes sobre los alteradores endocrinos implique riesgos para la salud de los ciudadanos y dificulte la consecución del objetivo prioritario n.º 3 del VII PMA;

14.  Lamenta que no se haya avanzado en la definición de una estrategia de la Unión para un entorno no tóxico, en la promoción de ciclos no tóxicos para los materiales y en la reducción de la exposición a sustancias nocivas, incluidos los productos químicos presentes en los productos; destaca que son necesarios nuevos esfuerzos para garantizar que en 2020 todas las sustancias extremadamente preocupantes que lo requieran, incluidas las sustancias con propiedades de alteración endocrina, sean incluidas en la lista de sustancias candidatas de REACH, como se prevé en el VII PMA; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que toda la legislación pertinente de la Unión dé una respuesta efectiva a los efectos combinados de los productos químicos lo antes posible, prestando especial atención a los riesgos para los niños que se derivan de la exposición a sustancias peligrosas; se congratula por la estrategia de la Comisión para los plásticos y pide su rápida aplicación; reitera, en este contexto, que la promoción de ciclos no tóxicos para los materiales es esencial para el buen desarrollo de un mercado de materias primas secundarias que funcione correctamente;

15.  Subraya que la falta de integración de las cuestiones medioambientales en otros ámbitos de actuación es una de las causas fundamentales de las lagunas en la aplicación de la legislación y la política medioambientales; considera que las sinergias entre otros instrumentos de alto nivel de las políticas de la Unión (como la política agrícola común (PAC), la política pesquera común (PPC), los fondos estructurales y la política de cohesión) y una mayor coherencia entre las prioridades políticas de alto nivel siguen siendo fundamentales para lograr los objetivos del VII PMA; pide a la Comisión y al Consejo, en todas sus formaciones, que mejoren la coordinación de las políticas y la integración de los objetivos del VII PMA; subraya asimismo la necesidad de integrar todos los aspectos pendientes del VII PMA en los instrumentos de alto nivel, incluido el Semestre Europeo;

16.  Subraya que la posibilidad de crear nuevos mecanismos financieros para la conservación de la biodiversidad a fin de cumplir los objetivos de 2020 es limitada debido al calendario del actual marco financiero plurianual (MFP); solicita, a este respecto, que se aprovechen al máximo los recursos del MFP en vigor, incluyendo LIFE, la PAC y los fondos estructurales, y pide que en el próximo MFP se incluyan nuevos mecanismos financieros para la conservación de la biodiversidad;

17.  Acoge favorablemente las mejoras en la PPC y la política de cohesión, que han incrementado su coherencia con el VII PMA; lamenta, no obstante, que, a pesar de estas mejoras, el marco normativo de la PPC siga adoleciendo de una aplicación deficiente; recuerda la importancia de la salud de las poblaciones de peces;

18.  Reconoce que la PAC ha ido integrando progresivamente las cuestiones medioambientales, pero sigue planteando desafíos a la consecución de los objetivos del PMA, en especial en lo que respecta a la biodiversidad y al uso intensivo de recursos para la producción; recuerda que la PAC tiene asignada la difícil labor de evitar la degradación medioambiental causada por las prácticas agrícolas inapropiadas (como los biocombustibles no sostenibles), la intensificación agrícola no sostenible y el abandono de tierras, teniendo que aportar al mismo tiempo alimentos y materias primas agrícolas en mayor cantidad y de mayor calidad a una población mundial que no deja de crecer; destaca que son esenciales más iniciativas y más apoyo para los métodos agrícolas sostenibles desde el punto de vista medioambiental, incluida la rotación de cultivos y las plantas fijadoras de nitrógeno, y que hay que considerar que la agricultura y los agricultores sean parte de la solución;

19.  Subraya que la protección y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria a largo plazo mediante la prevención de los daños medioambientales y la transición a un sistema alimentario sostenible que abastezca de alimentos a los consumidores a precios razonables deben ser prioridades fundamentales de la PAC después de su reforma; pone de relieve que estos objetivos solo se pueden lograr con una gestión sostenible de los recursos naturales y una intervención de las políticas que garantice la protección de los ecosistemas;

20.  Recuerda que en un contexto de cambio climático e incremento de la población mundial, la creciente demanda de dietas ricas en proteína animal está ejerciendo presiones medioambientales significativas en el suelo dedicado a la agricultura y en unos ecosistemas cada vez más vulnerables; subraya asimismo que cada vez es mayor la vinculación entre las dietas con cantidades excesivas de grasa animal y la carga que suponen las enfermedades no contagiosas;

21.  Recuerda el compromiso adquirido por la Comisión en 2016 de integrar los ODS en las políticas e iniciativas de la Unión; reconoce que este compromiso carece de una estrategia clara y de propuestas concretas sobre estructuras institucionales y un marco de gobierno que garanticen una integración de los ODS en las políticas, las propuestas legislativas, la aplicación y el control del cumplimiento; considera importante que la Unión, como pionera, esté plenamente comprometida a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible; destaca, además, que el VII PMA es un instrumento fundamental para la aplicación de los ODS;

22.  Pone de relieve la gran calidad del agua de la Unión destinada al consumo humano; confía en que la revisión de la Directiva 98/83/CE (11) («Directiva sobre el agua potable») aporte las actualizaciones necesarias a este marco jurídico; alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que, en el marco del PMA, logren una mayor integración de los objetivos de la Unión en el ámbito del agua en otras políticas sectoriales, en particular la PAC;

23.  Celebra las mejoras aportadas por algunos proyectos financiados por la Unión, pero lamenta las oportunidades perdidas de conseguir mejores resultados que ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE); subraya que el MFP posterior a 2020 debe orientarse al desarrollo sostenible y a la integración de la política medioambiental en todos los mecanismos de financiación y todas las líneas presupuestarias; destaca la necesidad de aumentar la inversión ecológica, la innovación y el crecimiento sostenible mediante nuevos instrumentos de financiación, tanto públicos como privados, y diferentes enfoques a la actual política de inversiones, como la supresión gradual de las subvenciones perniciosas para el medioambiente, con el fin de alcanzar la visión a largo plazo del VII PMA; considera que se deben aplicar criterios de sostenibilidad claramente definidos y objetivos basados en el rendimiento a todos los fondos estructurales y de inversión de la Unión; pide un uso más eficiente y selectivo del actual MFP y los fondos de las políticas de cohesión y desarrollo regional, y que se dé respuesta con urgencia a los mencionados problemas que ha puesto de manifiesto el TCE: pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen el mantenimiento y un posible incremento de la asignación de recursos presupuestarios de la Unión a la acción en materia de medio ambiente y cambio climático;

24.  Lamenta los persistentes deficiencias en el tratamiento de las aguas residuales urbanas en varias regiones de Europa; destaca el potencial del tratamiento y la reutilización de las aguas residuales para aliviar las situaciones de escasez de agua, reducir las extracciones directas de agua, producir biogás y garantizar una mejor gestión de los recursos hídricos, en particular a través de la irrigación agrícola; muestra su expectación ante la propuesta legislativa sobre la reutilización de las aguas residuales que presentará la Comisión a principios de 2018;

25.  Señala que las mayores amenazas medioambientales a la salud son más patentes en las zonas urbanas, pero también afectan a zonas periféricas y a las aglomeraciones suburbanas, y que se estima que en 2020 un 80 % de la población vivirá en zonas urbanas y suburbanas; destaca que las emisiones de contaminantes atmosféricos, combinadas con una planificación y unas infraestructuras inadecuadas, tienen consecuencias dramáticas de carácter económico, social, sanitario y medioambiental; señala que la contaminación atmosférica ya causa más de 400 000 muertes prematuras en la Unión(12) y que los costes sanitarios externos se calculan entre 330 000 y 940 000 millones de euros;

26.  Observa que en la Unión se producen al menos diez mil muertes prematuras por patologías relacionadas con el ruido y que una cuarta parte de la población de la Unión estaba expuesta en 2012 a niveles de ruido superiores a los valores límite; pide a los Estados miembros que den prioridad al seguimiento de los niveles de ruido de conformidad con la Directiva 2002/49/CE(13), para garantizar el respeto de los valores límite en entornos exteriores e interiores;

27.  Toma nota del progreso en la reducción de determinados contaminantes atmosféricos, en especial en las zonas urbanas, pero lamenta los problemas persistentes en la calidad del aire, a los que contribuyen de manera significativa las emisiones del transporte por carretera y de la agricultura; toma nota del paquete «movilidad limpia» presentado por la Comisión en noviembre de 2017 y la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones presentada en 2016, que podrían allanar el camino a una movilidad de bajas emisiones en el seno de la Unión;

28.  Acoge con satisfacción los avances en la legislación del paquete sobre economía circular; insta a todas las partes a que se esfuercen por alcanzar un acuerdo con objetivos ambiciosos;

Recomendaciones

29.  Pide a los Estados miembros que evalúen sus progresos en la consecución de los objetivos del VII PMA y reorienten sus acciones cuando sea necesario; insta a los Estados miembros a que pongan sus resultados a disposición del público;

30.  Solicita a la Comisión que garantice que toda nueva propuesta legislativa aplique íntegramente los objetivos y medidas del VII PMA;

31.  Pide a la Comisión que garantice la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en la evaluación de la aplicación de la legislación medioambiental de la Unión;

32.  Solicita a las instituciones y organismos competentes de la Unión que den prioridad a la investigación y colmen las lagunas en los conocimientos que existen en los siguientes ámbitos: los umbrales medioambientales (puntos de inflexión), el paradigma de la economía circular, los efectos combinados de los productos químicos, los nanomateriales, los métodos de detección de riesgos, los efectos de las micropartículas de plástico, la interacción entre los riesgos sistémicos y otros determinantes de la salud, el suelo y su uso, y las especies exóticas invasoras;

33.  Acoge con satisfacción la revisión de la aplicación de las políticas medioambientales, por ser un mecanismo que mejora la aplicación de la legislación y las políticas en este ámbito y que puede contribuir al seguimiento de la aplicación del VII PMA, como ya destacó en su Resolución de 16 de noviembre de 2017 sobre la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE; considera que en dicha revisión deben participar todas las partes interesadas pertinentes, incluida la sociedad civil, y debe abarcar todo el espectro de los objetivos prioritarios temáticos del PMA;

34.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que abandonen rápida y definitivamente las subvenciones perniciosas para el medio ambiente;

35.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen y coordinen los esfuerzos para fomentar el desarrollo y la validación de métodos alternativos a la experimentación animal, de modo que contribuyan a la realización del objetivo prioritario n.º 5 del VII PMA;

36.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se esfuercen más por mejorar la base cognitiva y científica de las políticas medioambientales de la Unión, mejorando el acceso a los datos para los ciudadanos y favoreciendo la participación del público en la investigación científica;

37.  Pide a las instituciones de la Unión, así como, en su caso, a los Gobiernos nacionales y regionales, que en la elaboración y el seguimiento de las políticas hagan pleno uso de los conocimientos especializados disponibles en materia de riesgos para el medio ambiente y la salud humana;

38.  Pide una sistema mejorado de autorización de plaguicidas en la Unión que se base en estudios científicos evaluados por pares y en la total transparencia sobre el grado de exposición de los humanos y el medio ambiente y los riesgos para la salud; pide normas mejoradas para la vigilancia de los plaguicidas y objetivos para reducir su uso; toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, sobre la Iniciativa Ciudadana Europea «Prohibición del glifosato y la protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos» (C(2017)8414);

39.   Pide que se faciliten suficientes recursos materiales y humanos a las agencias de la Unión para que puedan llevar a cabo sus misiones y ofrecer datos científicos, análisis y pruebas de la mejor calidad;

40.  Solicita a la Comisión que garantice que de aquí a 2020 se definan medidas a largo plazo con vistas a lograr el objetivo de lograr un entorno no tóxico;

41.  Pide a la las agencias pertinentes de la UE y a la Comisión que aumenten la cantidad y la calidad de los indicadores usados para evaluar los avances; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen en la producción y recopilación de datos nuevos para crear indicadores nuevos y mejorar los existentes;

42.  Pide que la cuestión de la aplicación figure como punto recurrente de las prioridades y los programas del Trío de Presidencias, que se trate en el Consejo de Medio Ambiente al menos una vez al año, posiblemente en el marco de un Consejo específico sobre la aplicación, y que se complemente con otro foro en el que participen también el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones; pide que se celebren reuniones conjuntas del Consejo para tratar la aplicación de las cuestiones transectoriales y horizontales y los desafíos comunes, así como las cuestiones emergentes con posibles repercusiones transfronterizas;

43.  Pide que se acelere sin demora la plena aplicación de la Estrategia de la Unión sobre la Biodiversidad;

44.  Pide que en los proyectos de infraestructuras, en especial los relativos a la RTE-T, se tenga plenamente en cuenta el impacto medioambiental a escala regional y a nivel de proyecto; señala que también es importante la coherencia entre las diferentes políticas medioambientales; señala la importancia de que se tenga en cuenta el medio ambiente y la biodiversidad en los proyectos de infraestructuras para la producción de energía renovable, hidroeléctrica y marina;

45.  Pide a los Estados miembros que se esfuercen más por preservar el uso y la integridad de las reservas de agua dulce, dada la incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar el subobjetivo incluido a este respecto en el VII PMA; pide a los Estados miembros que pongan remedio, con carácter prioritario, al deficiente estado de las aguas superficiales, dado que es probable que los objetivos en este sector no se alcancen en 2020; pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que alivien las presiones a las que están sometidas las masas de agua, eliminando en su origen las fuentes de contaminación, estableciendo zonas prohibidas a las derivaciones hidroeléctricas y garantizando el mantenimiento de los flujos ecológicos a lo largo de los cursos de agua; pide a la Comisión que no demore la evaluación de la conformidad del segundo ciclo de planes de gestión de las cuencas hidrográficas, adoptados por los Estados miembros con arreglo a la Directiva marco sobre el agua;

46.  Insta a nuevas reformas de la PAC que aúnen la producción sostenible de alimentos y los objetivos de la política medioambiental, incluidos los objetivos en materia de biodiversidad, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria en la actualidad y en el futuro; subraya la necesidad de una política agrícola inteligente con el firme compromiso de proporcionar bienes públicos y servicios ecosistémicos relacionados con el suelo, el agua, la biodiversidad, la calidad del aire, la acción por el clima y la riqueza del paisaje; pide una política integrada con un enfoque más selectivo y ambicioso, pero también más flexible, en que el apoyo al sector agrícola se vincule a la consecución de resultados medioambientales; pide a los Estados miembros que reconozcan la agrosilvicultura como superficie de interés ecológico, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013(14); solicita a la Comisión que garantice que las prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente reciban el apoyo necesario en la próxima revisión de la PAC;

47.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que incrementen la adopción de soluciones a los problemas medioambientales, sobre todo cuando existan soluciones técnicas que no se hayan aplicado plenamente, como la reducción del amoniaco en la agricultura;

48.  Pide a la Comisión que mejore significativamente el volumen, uso y administración de los fondos de la Unión destinados a los objetivos del PMA; pide que se mejoren el seguimiento, la transparencia y la rendición de cuentas; pide la integración transversal de las cuestiones climáticas y demás cuestiones medioambientales en el presupuesto de la Unión;

49.  Pide a la Comisión que desarrolle sin demora una estrategia marco completa y global sobre la aplicación de los ODS en la Unión que abarque todos los ámbitos de actuación y que incluya un mecanismo de revisión que evalúe el progreso de la aplicación; solicita a la Comisión que instaure un control de todas las políticas y toda la legislación de nueva creación en relación con los ODS y que garantice la plena coherencia de las políticas en la aplicación de los ODS;

50.  Solicita a la Comisión que garantice el cumplimiento de la vigente legislación de la Unión y que vele por la plena conformidad de los Estados miembros con los objetivos del VII PMA utilizando para ello todas las herramientas a su disposición, como los procedimientos por incumplimiento;

51.  Recibe con satisfacción los informes especiales y las auditorías operativas del Tribunal de Cuentas (TCE) e invita al TCE a seguir analizando otros ámbitos pertinentes para el PMA que aún no estén incluidos en su programa de trabajo;

52.  Pide a la Comisión y a las autoridades competentes en los Estados miembros que ofrezcan una orientación adecuada, de modo que los fondos de la Unión sean más accesibles, también para proyectos locales, en particular en lo relativo a las infraestructuras verdes, la biodiversidad y las Directivas sobre las aves y los hábitats;

53.  Pide a los Estados miembros que garanticen la plena aplicación de la legislación sobre calidad del aire; pide a las autoridades regionales que establezcan un marco de apoyo, en particular para la planificación urbanística y la toma de decisiones a escala local, para mejorar los resultados sanitarios en todas las zonas, pero sobre todo en las más afectadas;

54.  Pide a las autoridades nacionales y regionales competentes que adopten planes con medidas creíbles para poner fin al problema del rebasamiento de los valores límite diarios y anuales fijados por la normativa de la Unión sobre partículas finas y ultrafinas en los núcleos urbanos con baja calidad del aire; pone de manifiesto que todo ello es esencial para alcanzar los objetivos prioritarios n.os 2, 3 y 8 del VII PMA;

55.  Propone las siguientes medidas para mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas: creación de zonas de bajas emisiones; fomento de infraestructuras y servicios de coche compartido y transporte compartido; eliminación gradual del tratamiento fiscal favorable para los vehículos muy contaminantes; instauración de «presupuestos de movilidad» para empleados como alternativa a los vehículos de empresa; aplicación de políticas de aparcamiento que reduzcan el volumen de tráfico en las zonas congestionadas; mejora de las infraestructuras que fomenten el uso de la bicicleta y aumenten las conexiones multimodales y que mejoren la seguridad de los ciclistas; creación de zonas peatonales;

56.  Pide que se refuerce la planificación y el desarrollo urbanísticos en los niveles correspondientes de gobernanza para adaptar las infraestructuras a los vehículos eléctricos y limpios lo antes posible —por ejemplo, instalando infraestructuras de carga de vehículos— y para lograr beneficios para el medio ambiente y la salud, como reducir el efecto de isla térmica y aumentar la actividad física —por ejemplo, incrementando las infraestructuras verdes y recuperando zonas industriales abandonadas o degradadas—; señala que estas medidas mejorarían la calidad del aire, reducirían las patologías y la mortalidad prematura causadas por la contaminación y permitirían avanzar hacia una movilidad de emisiones cero;

57.  Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una competencia intermodal justa y la transición a modos de transporte sostenibles;

58.  Pide a la Comisión que presente, en 2019 a más tardar, un programa de acción global de la Unión en materia de medio ambiente para el periodo posterior a 2020, tal y como exige el artículo 192, apartado 3, del TFUE; destaca la importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas democrática en el control de las políticas de la Unión; subraya, por consiguiente, que el próximo PMA debe incluir hitos intermedios cuantificables y basados en los resultados;

59.  Pide a la próxima Comisión que dedique un ámbito prioritario de la próxima legislatura al desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y del clima en general y a los objetivos del VII PMA, y, en particular, al próximo VIII PMA;

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60.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo, a la Agencia Europea de Medio Ambiente y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1). DO L 354 de 28.12.2013, p. 171.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0450.
(3) DO C 265 de 11.8.2017, p. 65.
(4) DO C 35 de 31.1.2018, p. 2.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0441.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0100.
(7) DO C 258 E de 7.9.2013, p. 115.
(8) Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (DO L 285 de 31.10.2009, p. 10).
(9) Reglamento (CE) no 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE (DO L 27 de 30.1.2010, p. 1).
(10) Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos (DO L 342 de 22.12.2009, p. 59).
(11) Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998, p. 32).
(12) Informe de la AEMA n.º 13/2017 de 11 de octubre de 2017 sobre la calidad del aire en Europa 2017.
(13) Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (DO L 189 de 18.07.2002, p. 12).
(14) Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).

Última actualización: 3 de diciembre de 2018Aviso jurídico