Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2017/2136(DEC)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0137/2018

Textos presentados :

A8-0137/2018

Debates :

PV 18/04/2018 - 10
CRE 18/04/2018 - 10

Votaciones :

PV 18/04/2018 - 12.16
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0121

Textos aprobados
PDF 358kWORD 138k
Miércoles 18 de abril de 2018 - Estrasburgo Edición definitiva
Aprobación de la gestión 2016: presupuesto general de la Unión – Comisión y agencias ejecutivas
P8_TA(2018)0121A8-0137/2018
Decisión
 Decisión
 Decisión
 Decisión
 Decisión
 Decisión
 Decisión
 Decisión
 Resolución

1. Decisión del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2018, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión (2017/2136(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio presupuestario 2015 (COM(2017)0379),

–  Visto el Informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE para 2016, de la Comisión (COM(2017)0351),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2016 (COM(2017)0497) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho informe (SWD(2017)0306),

–  Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2016, acompañado de las respuestas de las instituciones(3), y los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes(4), presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2016 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de febrero de 2018, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2016 (05940/2018 – C8-0042/2018),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(5) del Consejo, y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0137/2018),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016(6);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de ella al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales y a las entidades fiscalizadoras nacionales y regionales de los Estados miembros, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO L 48 de 24.2.2016.
(2) DO C 323 de 28.9.2017, p. 1.
(3) DO C 322 de 28.9.2017, p. 1.
(4) DO C 322 de 28.9.2017, p. 10.
(5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0122.


2. Decisión del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2018, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2016 (2017/2136(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural relativas al ejercicio 2016(3),

–  Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio presupuestario 2015 (COM(2017)0379),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2016 (COM(2017)0497) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2017)0306),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural correspondientes al ejercicio 2016, acompañado de la respuesta de la Agencia(4),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes(5), presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2016 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de febrero de 2018, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(6) del Consejo, y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(7), y en particular su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(8), y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/776/UE de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural y se deroga la Decisión 2009/336/CE(9),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0137/2018),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva para el ejercicio 2016;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016(10);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L)

(1) DO L 48 de 24.2.2016.
(2) DO C 323 de 28.9.2017, p. 1.
(3) DO C 384 de 14.11.2017, p. 2.
(4) DO C 417 de 6.12.2017, p. 63.
(5) DO C 322 de 28.9.2017, p. 10.
(6) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(7) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(8) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
(9) DO L 343 de 19.12.2013, p. 46.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0122.


3. Decisión del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2018, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2016 (2017/2136(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas relativas al ejercicio 2016(3),

–  Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio presupuestario 2015 (COM(2017)0379),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2016 (COM(2017)0497) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2017)0306),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas correspondientes al ejercicio 2016, acompañado de la respuesta de la Agencia(4),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes(5), presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2016 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de febrero de 2018, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(6) del Consejo, y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(7), y en particular su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(8), y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/771/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se establece la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas y se derogan las Decisiones 2004/20/CE y 2007/372/CE(9)

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0137/2018),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2016;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016(10);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO L 48 de 24.2.2016.
(2) DO C 323 de 28.9.2017, p. 1.
(3) DO C 384 de 14.11.2017, p. 11.
(4) DO C 417 de 6.12.2017, p. 74.
(5) DO C 322 de 28.9.2017, p. 10.
(6) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(7) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(8) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
(9) DO L 341 de 18.12.2013, p. 73.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0122.


4. Decisión del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2018, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación para el ejercicio 2016 (2017/2136(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación relativas al ejercicio 2016(3),

–  Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio presupuestario 2015 (COM(2017)0379),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2016 (COM(2017)0497) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2017)0306),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación correspondientes al ejercicio 2016, acompañado de la respuesta de la Agencia(4),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes(5), presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2016 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de febrero de 2018, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(6) del Consejo, y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(7), y en particular su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(8), y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/770/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación y se deroga la Decisión 2004/858/CE(9),

–  Vista la Decisión de ejecución 2014/927/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Decisión 2013/770/UE con objeto de transformar la «Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación» en la «Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación»(10);

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0137/2018),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión de la directora de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2016;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016(11);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones a la directora de la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO L 48 de 24.2.2016.
(2) DO C 323 de 28.9.2017, p. 1.
(3) DO C 384 de 14.11.2017, p. 2.
(4) DO C 417 de 6.12.2017, p. 52.
(5) DO C 322 de 28.9.2017, p. 10.
(6) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(7) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(8) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
(9) DO L 341 de 18.12.2013, p. 69.
(10) DO L 363 de 18.12.2014, p. 183.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0122.


5. Decisión del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2018, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2016 (2017/2136(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación relativas al ejercicio 2016(3),

–  Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio presupuestario 2015 (COM(2017)0379),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2016 (COM(2017)0497) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2017)0306),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación correspondientes al ejercicio 2016, acompañado de la respuesta de la Agencia(4),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes(5), presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2016 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de febrero de 2018, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(6) del Consejo, y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(7), y en particular su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(8), y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/779/UE de la Comisión, de 17 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación y se deroga la Decisión 2008/37/CE(9),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0137/2018),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2016;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016(10);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO L 48 de 24.2.2016.
(2) DO C 323 de 28.9.2017, p. 1.
(3) DO C 384 de 14.11.2017, p. 9.
(4) DO C 417 de 6.12.2017, p. 171.
(5) DO C 322 de 28.9.2017, p. 10.
(6) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(7) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(8) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
(9) DO L 346 de 20.12.2013, p. 58.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0122.


6. Decisión del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2018, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2016 (2017/2136(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Investigación relativas al ejercicio 2016(3),

–  Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio presupuestario 2015 (COM(2017)0379),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2016 (COM(2017)0497) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2017)0306),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Investigación correspondientes al ejercicio 2016, acompañado de la respuesta de la Agencia(4),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes(5), presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2016 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de febrero de 2018, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(6) del Consejo, y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(7), y en particular su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(8), y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/778/UE de la Comisión, de 13 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Investigación y se deroga la Decisión 2008/46/CE(9),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0137/2018),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva de Investigación en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2016;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016;(10)

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva de Investigación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO L 48 de 24.2.2016.
(2) DO C 323 de 28.9.2017, p. 1.
(3) DO C 384 de 14.11.2017, p. 12.
(4) DO C 417 de 6.12.2017, p. 252.
(5) DO C 322 de 28.9.2017, p. 10.
(6) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(7) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(8) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
(9) DO L 346 de 20.12.2013, p. 54
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0122.


7. Decisión del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2018, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2016 (2017/2136(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes relativas al ejercicio 2016(3),

–  Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio presupuestario 2015 (COM(2017)0379),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2016 (COM(2017)0497) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2017)0306),

–  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes correspondientes al ejercicio 2016, acompañado de la respuesta de la Agencia(4),

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes(5), presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2016 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de febrero de 2018, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(6) del Consejo, y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(7), y en particular su artículo 14, apartado 3,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(8), y en particular su artículo 66, párrafos primero y segundo,

–  Vista la Decisión de Ejecución 2013/801/UE de la Comisión, de 23 de diciembre de 2013, por la que se crea la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes y se deroga la Decisión 2007/60/CE, modificada por la Decisión 2008/593/CE(9),

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0137/2018),

A.  Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;

1.  Aprueba la gestión del director de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes en la ejecución del presupuesto de dicha Agencia para el ejercicio 2016;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016(10);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión, la Decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas Decisiones al director de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO L 48 de 24.2.2016.
(2) DO C 323 de 28.9.2017, p. 1.
(3) DO C 384 de 14.11.2017, p. 11.
(4) DO C 417 de 6.12.2017, p. 247.
(5) DO C 322 de 28.9.2017, p. 10.
(6) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(7) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(8) DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.
(9) DO L 352 de 24.12.2013, p. 65.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0122.


8. Decisión del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2018, sobre el cierre de las cuentas del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión (2017/2136(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016(1),

–  Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2016 (COM(2017)0365 – C8-0247/2017)(2),

–  Visto el informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria para el ejercicio presupuestario 2015 (COM(2017)0379),

–  Visto el informe anual de la Comisión de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE para 2016 (COM(2017)0351),

–  Vistos el Informe Anual de la Comisión a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas efectuadas en 2016 (COM(2017)0497) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicho Informe (SWD(2017)0306),

–  Vistos el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2016, acompañado de las respuestas de las instituciones(3), y los informes especiales del Tribunal de Cuentas,

–  Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes(4), presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2016 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de febrero de 2018, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2016 (05940/2018 – C8-0042/2018),

–  Vista la Recomendación del Consejo, de 20 de febrero de 2018, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2016 (05942/2018 – C8-0043/2018),

–  Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(5) del Consejo, y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios(6), y en particular su artículo 14, apartados 2 y 3,

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0137/2018),

1.  Aprueba el cierre de las cuentas del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016;

2.  Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y agencias ejecutivas, así como en su Resolución, de 18 de abril de 2018, sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el contexto de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016(7);

3.  Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, así como a los Parlamentos nacionales y a las entidades fiscalizadoras nacionales y regionales de los Estados miembros, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

(1) DO L 48 de 24.2.2016.
(2) DO C 323 de 28.9.2017, p. 1.
(3) DO C 322 de 28.9.2017, p. 1.
(4) DO C 322 de 28.9.2017, p. 10.
(5) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(6) DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0122.


9. Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2018, que contiene las observaciones que forman parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión y agencias ejecutivas (2017/2136(DEC))

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección III – Comisión,

–  Vistas sus Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución de los presupuestos de las agencias ejecutivas para el ejercicio 2016,

–  Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A8-0137/2018),

A.  Considerando que el gasto de la Unión es un instrumento importante para la consecución de los objetivos políticos y representa, por término medio, el 1,9 % del gasto total de las administraciones públicas de los Estados miembros;

B.  Considerando que, cuando el Parlamento aprueba la gestión de la Comisión, comprueba si los fondos se han utilizado correctamente o no y si se han alcanzado o no los objetivos políticos;

C.  Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión hace hincapié en la importancia particular que reviste reforzar aún más la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas y la aplicación del concepto de presupuestación basada en el rendimiento y la buena gobernanza de los recursos humanos;

D.  Considerando que los principios presupuestarios de unidad, veracidad presupuestaria, anualidad, equilibrio, universalidad, especificación, buena gestión financiera y transparencia deberán respetarse a la hora de ejecutar el presupuesto de la Unión;

E.  Considerando que el gasto del presupuesto de la Unión tiene por objeto mejorar las condiciones y calidad de vida de sus ciudadanos y, por consiguiente, necesita colmar las lagunas de sus políticas sociales;

F.  Considerando que el presupuesto de la Unión debe tener en cuenta la aplicación de un pilar social;

G.  Considerando que la política de cohesión es una fuente de inversión pública destinada a aportar un claro valor añadido y a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la Unión;

Prioridades políticas

1.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que armonicen los objetivos políticos de la Unión, los ciclos financieros, la legislatura del Parlamento y el mandato de la Comisión;

2.  Pide a la Comisión que facilite al Parlamento una evaluación intermedia del actual período financiero y una evaluación de los anteriores, para identificar aquellos programas que no han presentado un claro valor añadido y poder efectuar así una revisión del gasto;

3.  Recuerda que la Comisión debe tener en cuenta en sus propuestas de nuevo marco financiero plurianual (MFP) que algunos ámbitos políticos, como la cohesión o la investigación, se basan a menudo en una programación a largo plazo y necesitan, para alcanzar sus objetivos políticos, más tiempo que otros; considera, no obstante, la necesidad de mantener una flexibilidad adecuada para responder a situaciones de emergencia;

4.  Insiste en que el presupuesto de la Unión, a raíz de la iniciativa «un presupuesto centrado en los resultados», se debe presentar con arreglo a los objetivos políticos del MFP de la Unión; recuerda, también a la luz del MFP posterior a 2020, que el presupuesto de la Unión debe tener un verdadero valor añadido europeo orientado a los objetivos comunes de la Unión que fomentan el desarrollo económico y social sostenible del conjunto de esta, lo cual no puede ser alcanzado por los Estados miembros por sí solos y, por consiguiente, no debe percibirse meramente como un saldo o beneficio neto de un único Estado miembro.

5.  Considera que es necesario crear un órgano independiente de divulgación, asesoramiento y derivación para ayudar a los denunciantes a utilizar los cauces correctos para divulgar información sobre posibles irregularidades, protegiendo al tiempo su confidencialidad y ofreciéndoles el apoyo y el asesoramiento necesarios;

6.  Pide a la Comisión que se comprometa a revisar radicalmente los regímenes relativos a los jóvenes agricultores y a la ecologización para el próximo MFP a la luz de las conclusiones del Tribunal de Cuentas (en lo sucesivo, «Tribunal»);

7.  Pide a la Comisión que recoja en sus informes de rendimiento evaluaciones sobre la calidad de los datos utilizados y una declaración sobre la calidad de la información relativa al rendimiento;

8.  Pide a la Comisión que facilite al Parlamento y al Tribunal informes más equilibrados, recogiendo en sus informes de rendimiento información más transparente sobre los retos, dificultades y deficiencias;

9.  Pide a la Comisión que acelere la ejecución de los programas de la política de cohesión y los correspondientes pagos con vistas a reducir la duración del período de ejecución, inicialmente hasta el año n+2;

10.  Pide a la Comisión que cumpla el objetivo de gasto inicial del 20 % en la integración de la acción por el clima en los distintos programas de gasto de la Unión;

11.  Insiste en que la Comisión imparta finalmente instrucciones a todas sus direcciones generales para que publiquen sus propuestas de recomendaciones específicas por país en sus respectivos informes anuales de actividad, tal como solicitó el Parlamento;

12.  Pide a la Comisión que mejore la transparencia de la financiación de la política de migración, tal como recomienda el Tribunal en su Informe Anual de 2016, y que supervise activamente los procedimientos de licitación cuando tengan lugar en situaciones de emergencia;

13.  Pide igualmente a la Comisión que mejore la transparencia de las políticas de investigación y desarrollo rural con el objetivo de identificar y corregir las causas de las tasas de error llamativamente altas y persistentes tal y como señala el Tribunal en sus informes anuales;

14.  Pide a la Comisión que mejore la transparencia de los fondos fiduciarios y de los informes sobre la gestión de la ayuda exterior, facilitando periódicamente todos los datos disponibles;

15.  Pide a la Comisión que negocie una reducción de las tasas que cobra el Banco Europeo de Inversiones por la creación y gestión de instrumentos financieros y que presente periódicamente información sobre los beneficiarios y los resultados obtenidos por medio de estos instrumentos;

16.  Pide a la Comisión que acelere la elaboración de las cuentas de la Unión a fin de garantizar que la información fiable procedente de los Estados miembros sobre el gasto en gestión compartida se obtenga de una manera más oportuna, y de presentar la opinión de su dirección sobre el gasto de la Unión con mayor antelación y junto con las cuentas, con vistas a la adopción de una decisión de aprobación de la gestión en el año n+1, garantizando al mismo tiempo una elevada calidad de los datos y una buena gestión financiera;

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal

17.  Celebra que el Tribunal haya emitido una opinión favorable sobre la fiabilidad de las cuentas de 2016, tal como ha venido haciendo desde 2007, y que haya concluido que en 2015 los ingresos estaban exentos de errores significativos; observa con satisfacción que los compromisos correspondientes a las cuentas del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2016 son, en todos sus aspectos significativos, legales y regulares;

18.  Acoge con satisfacción la evolución positiva del porcentaje de error más probable establecido por el Tribunal en comparación con el de los últimos años, ya que en 2016 los pagos presentan un porcentaje de error más probable del 3,1 %; recuerda que el porcentaje de error más probable para los pagos se estimó en un 3,8 % en el ejercicio 2015, en un 4,4 % en el ejercicio 2014, en un 4,7 % en el ejercicio 2013, en un 4,8 % en el ejercicio 2012, en un 3,9 % en el ejercicio 2011, en un 3,7 % en el ejercicio 2010 y en un 3,3 % en el ejercicio 2009, en un 5,2 % en el ejercicio 2008 %, y en un 6,9 % en el ejercicio 2007; dado que el porcentaje de error estimado del Tribunal no es definitivo, considera importante que se tenga en cuenta el porcentaje de error residual de la Comisión a la hora de evaluar la eficiencia de la financiación de la Unión;

19.  Destaca que, debido a la diferente metodología necesaria para su cálculo, el nivel de error estimado para la cohesión no incluye una cuantificación de los desembolsos de 2016 a instrumentos financieros, que asciende a 2 500 millones EUR y que, a juicio del Tribunal, está fuera del período de subvencionabilidad definido en el artículo 56, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo(1); señala que, si el Tribunal hubiera cuantificado esta irregularidad, el porcentaje de error más probable habría sido considerablemente superior; lamenta la decisión unilateral de la Comisión de aceptar gastos hasta el 31 de marzo de 2017; señala que la Comisión debe preparar la propuesta legislativa necesaria para poner fin a estas irregularidades;

20.  Lamenta que el mayor uso de instrumentos financieros, para reducir el valor del presupuesto de la Unión implique mayores riesgos para la rendición de cuentas y la coordinación de las políticas y operaciones de la Unión;

21.  Destaca que no se dispone de suficiente información para evaluar adecuadamente los instrumentos financieros, en particular en lo referente a su impacto social y medioambiental; subraya que los instrumentos financieros pueden complementar las subvenciones pero no deben reemplazarlas;

22.  Observa con satisfacción que, por primera vez en 23 años, el Tribunal ha emitido una opinión con reservas (en vez de una opinión desfavorable) sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas, lo que significa que, en opinión del Tribunal, se ha producido una mejora importante en la gestión de las finanzas de la Unión, y que los errores significativos se limitan principalmente a gastos basados en reembolsos, lo que representa cerca de la mitad de los pagos auditados;

23.  Lamenta que, por vigesimotercer año consecutivo, los pagos estuvieran significativamente afectados por errores atribuibles al hecho de que los sistemas de supervisión y control solo son parcialmente eficaces a la hora de garantizar la buena gestión financiera y la puntualidad de los pagos;

24.  Constata con preocupación que, si no se hubieran aplicado a los pagos auditados por el Tribunal las medidas correctoras adoptadas por los Estados miembros y la Comisión, el nivel general de error estimado habría sido del 4,3 % en vez del 3,1 % (es decir, el mismo nivel que en 2015; véase el Informe Anual 2016 del Tribunal, apartado 1.34);

25.  Observa que el tipo de gestión tiene un impacto limitado en el nivel de error, ya que el Tribunal detecta el mismo nivel de error estimado en los gastos en gestión compartida con los Estados miembros que en todos los otros tipos de gastos operativos gestionados directamente por la Comisión, a saber, el 3,3 %;

26.  Señala que el Tribunal detectó los niveles de error estimados más elevados en los gastos de la subrúbrica desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca (con el 4,9%), «Cohesión económica, social y territorial» (con el 4,8 %) y «Competitividad para el crecimiento y el empleo» (con el 4,1 %), mientras que los gastos en «Administración» presentaban el nivel de error estimado más bajo (con el 0,2 %);

27.  Observa que, según las conclusiones del Tribunal, los diferentes perfiles de riesgo de los regímenes de reembolso y de los regímenes de derechos tuvieron una gran influencia en los niveles de error en los distintos ámbitos de gasto; constata que el nivel de error es del 4,8 % (5,2 % en 2015) cuando la Unión reembolsa los costes admisibles de actividades subvencionables sobre la base de las declaraciones de gastos presentadas por los beneficiarios, mientras que es del 1,3 % (1,9 % en 2015) cuando, en lugar de reembolsarse los costes, los pagos se efectúan si se cumplen determinadas condiciones;

Informe anual de gestión y rendimiento(2): logros en materia de gestión

28.  Señala que, más allá de la apariencia de convergencia de las conclusiones formuladas por la Comisión y el Tribunal, la declaración formulada por el Tribunal en su Informe Anual y el análisis presentado por la Comisión en su Informe anual de gestión y rendimiento 2016 son parcialmente divergentes;

29.  Indica, en particular, que la Comisión señala en su Informe anual de gestión y rendimiento 2016 que las reservas formuladas por los directores generales en sus informes anuales de actividad han aumentado y ascienden a 35 300 millones EUR, que corresponden al 26 % de los pagos (2015: 29 800 millones EUR y 21 % de los pagos);

30.  Señala que, según la Comisión, la repercusión financiera real en términos de importe en situación de riesgo en los informes también se ha incrementado en 2016 hasta los 1 600 millones EUR (1 300 millones EUR en 2015);

31.  Señala que la Comisión pone de manifiesto en su Informe anual de gestión y rendimiento 2016 un deterioro de los indicadores de la gestión financiera en términos de reservas formuladas en los informes anuales de actividad y lo explica por las dificultades a la hora de poner en marcha regímenes nuevos y más exigentes, en particular la ecologización(3), mientras que el Tribunal señala una clara mejora en este ámbito político concreto;

32.  Señala, en particular, que el Tribunal declara que el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) está exento de errores significativos en un 1,7 %, lo que representa una auténtica mejora en comparación con 2015, cuando ese porcentaje era del 2,2 %, y estima que el nivel de error para los gastos basados en derechos es del 1,3 %, al mismo tiempo que la mayor parte del primer pilar de la PAC está incluida en este tipo de gastos;

33.  Toma nota de la afirmación realizada por el Tribunal de que en los gastos el error no es «generalizado» (Informe Anual 2016 del Tribunal, apartado 1.8); pide a la Comisión y al Tribunal que armonicen sus métodos de afirmación basándose en las normas de auditoría internacionales antes de la publicación del próximo informe anual o informe anual de actividad;

34.  Señala que la Comisión considera, en su Informe anual de gestión y rendimiento de 2016, que el gasto está afectado por un nivel significativo de error, dado que se estima que el porcentaje de error medio global de la Comisión se sitúa entre el 2,1 % y el 2,6 % (en 2015 se situó entre el 2,3 % y el 3,1 %) de los gastos relevantes totales y el importe global de pagos estimado en situación de riesgo, entre 2 900 y 3 600 millones EUR (mientras que en 2015 se situó entre 3 300 y 4 500 millones EUR);

35.  Observa que esta disminución se debe fundamentalmente, según la Comisión, a que el riesgo de error inherente a la cohesión para los programas del actual MFP es más bajo; expresa su sorpresa ante esta explicación, dado el bajísimo nivel de ejecución del presupuesto en este ámbito; pide a la Comisión que explique de forma detallada este asunto;

36.  Señala que esta baja tasa de ejecución podría explicarse por el hecho de que en el ámbito de la cohesión no se certificaron gastos en las cuentas anuales presentadas a la Comisión en 2016 ni impuso la Comisión correcciones financieras a raíz de su actividad de fiscalización(4) ;

37.  Observa que la Comisión estima que en los próximos años detectará y corregirá errores por un importe comprendido entre 2 000 y 2 100 millones EUR o entre el 1,5 % y el 1,6 %;

38.  Conviene con el Tribunal en que la metodología de la Comisión para estimar el importe con riesgo de error ha mejorado a lo largo de los años, pero que las estimaciones de las distintas direcciones generales respecto del nivel de gasto irregular no se basan en una metodología coherente; pide a la Comisión que utilice la misma metodología para estimar el importe con riesgo de error para todas las direcciones generales e informe de los avances a la autoridad de aprobación de la gestión;

39.  Observa que, pese a las mejoras introducidas, la Comisión no ha eliminado el riesgo de que se sobrevalore el impacto de las medidas correctoras;

40.  Señala, en particular, que, durante más de tres trimestres de 2016, las direcciones generales de la Comisión basaron su estimación del importe en situación de riesgo en datos facilitados por las autoridades nacionales, cuando, lamentablemente, según los informes anuales de actividad de las direcciones generales de la Comisión correspondientes (en particular la DG AGRI y la DG REGIO), aunque los informes de control de los Estados miembros reflejan el error detectado por el Estado miembro, la fiabilidad de algunos sistemas de gestión y control sigue siendo problemática; destaca la importancia de la fiabilidad de los datos de los Estados miembros;

41.  Señala que, debido a la especificidad de la programación plurianual y puesto que se pueden corregir los errores más de diez años después de que se hayan producido, resulta incompleto y artificial basar el impacto estimado de las correcciones futuras en las correcciones registradas durante los seis últimos años;

42.  Señala que, en el Debate y análisis de los estados financieros (DAEF), la Comisión comunica que las correcciones financieras y recuperaciones aplicadas ascendieron a un total de 3 400 millones EUR (3 900 en 2015), que unos 600 millones EUR (1 200 millones EUR en 2015) de las correcciones y recuperaciones se aplicaron en la fuente (antes de que la Comisión aceptara el gasto) y que unos 600 millones EUR de los 2 800 restantes corresponden a las deducciones aplicadas por los Estados miembros una vez aceptados los gastos, sustituyendo importes no subvencionables por nuevos proyectos de cohesión;

43.  Reitera firmemente su petición a la Comisión y a los Estados miembros de que establezcan procedimientos eficaces para confirmar el calendario, el origen y el importe de las medidas correctoras, y presenten información que concilie en la medida de lo posible el ejercicio en que se efectúa el pago en cuestión, el ejercicio en que se detecta el error correspondiente y el ejercicio de presentación de las recuperaciones o de las correcciones financieras resultantes en las notas que acompañan a las cuentas;

Herramientas de gobernanza interna de la Comisión

44.  Recuerda la opinión que expresó el Tribunal en su Informe Especial n.º 27/2016 en el sentido de que la distinción introducida por la reforma Kinnock-Prodi entre «la responsabilidad política de los comisarios» y la responsabilidad operativa de sus directores generales significa que no siempre ha quedado claro si la «responsabilidad política» incluye la asunción de responsabilidades por la ejecución del presupuesto de las direcciones generales, o si es algo diferente;

45.  Señala que el Colegio de comisarios no elabora una declaración anual sobre gobernanza, en consonancia con las mejores prácticas y las prácticas habituales de los Estados miembros; pide a la Comisión que, para favorecer una mayor transparencia y rendición de cuentas de su Colegio, elabore una declaración anual sobre gobernanza;

46.  Pide a la Comisión que aplique la recomendación n.º 2 del Informe Especial del Tribunal n.º 27/2016 y que acompañe además sus estados financieros con una declaración anual sobre gobernanza y sobre el control interno que cubrirá, en particular:

   a) una descripción de las herramientas de gobernanza interna de la Comisión;
   b) una evaluación de las actividades con riesgo operativo y estratégico llevadas a cabo durante el ejercicio y una declaración sobre la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo;

Reservas políticas

47.  Respalda las reservas formuladas por los directores generales de las DG REGIO, EMPL, MARE, HOME, DEVCO y AGRI, en sus informes anuales de actividad; considera que dichas reservas son la prueba de que los procedimientos de control establecidos en la Comisión y los Estados miembros pueden ofrecer las garantías necesarias en lo que se refiere a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes en los ámbitos políticos correspondientes si se aplican correctamente los procedimientos de corrección necesarios;

Gestión presupuestaria y financiera

48.  Señala que los retrasos en la ejecución de los programas en los tres primeros años del actual MFP, debidos a la aprobación tardía del MFP 2014-2020 y a las importantes novedades introducidas para el período 2014-2020 que generaron problemas administrativos a pesar de los esfuerzos de simplificación, dieron lugar a la transferencia de créditos de compromiso de 2014, principalmente a 2015 y 2016, y a escasos pagos en 2016 (y a la ejecución del 7 % del presupuesto de la Unión en el período 2014-2017 del actual MFP); señala, sin embargo, que 2017 fue el primer año en que se aceleró la ejecución de los programas de los fondos estructurales y de inversión europeos (fondos EIE); espera que esta tendencia continúe en 2018 y 2019; cree que es necesario prever unos niveles suficientes de créditos de pago y de compromiso para que dicha política se aplique correctamente;

49.  Observa con preocupación la compleja red de actuaciones llevadas a cabo en el ámbito del presupuesto de la Unión, ya que ello dificulta la rendición de cuentas, la transparencia, el control público y el control democrático del presupuesto de la Unión y de los acuerdos financieros vinculados a este; lamenta, en este sentido, la falta de la unidad del presupuesto de la Unión y comparte plenamente la preocupación del Tribunal en relación con la complejidad del presupuesto de la Unión;

50.  Lamenta que, a pesar del uso generalizado de los instrumentos especiales (la reserva para ayudas de emergencia, el Fondo de Solidaridad de la Unión, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y el instrumento de flexibilidad) y los márgenes, los importes restantes podrían ser insuficientes para financiar acontecimientos inesperados que aún pueden producirse antes de 2020;

51.  Observa con preocupación que se ha alcanzado un nivel récord de compromisos pendientes, que alcanzaron a finales de 2016 un máximo histórico de 238 millones EUR, un 72 % más que en 2007, equivalente a 2,9 años de los pagos frente a los 2,2 años de 2007; considera que esto ha aumentado las cantidades adeudadas por la Unión y, por consiguiente, la exposición financiera del presupuesto de la Unión;

52.  Lamenta que haya aumentado la exposición financiera general del presupuesto de la Unión, con pasivos a largo plazo, garantías y obligaciones jurídicas de valor considerable que implican que habrá de aplicarse una gestión cuidadosa en el futuro;

53.  Recuerda que la Unión recurre cada vez más a instrumentos financieros y lamenta que la creación del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) implique nuevas disposiciones en materia de gobernanza, con un nivel de control público que sigue siendo insatisfactorio, por lo que se requiere una vigilancia más cuidadosa por parte del Parlamento; destaca que toda propuesta legislativa debe mejorar significativamente la cobertura geográfica del FEIE; recuerda que el FEIE debe seguir siendo una herramienta adicional para impulsar inversiones, ya que la política de cohesión debe seguir siendo la política de inversión de la Unión; señala, no obstante, la correcta ejecución y la elevada cuantía de capital privado movilizada por el Fondo, y reconoce las mejoras adicionales acordadas sobre su transparencia durante las negociaciones para ampliar la duración del FEIE (FEIE 2.0); pide al Tribunal que refuerce su visión global de la planificación y la fase de gasto de los fondos EIE;

54.  Recuerda que la revisión del Reglamento Financiero es un gran avance en este sentido ya que propone, gracias a las aportaciones del Parlamento, una presentación más eficiente de los instrumentos financieros y aporta por primera vez garantías presupuestarias y asistencia financiera en el marco del mismo;

55.  Señala que, en consonancia con los principios de la política de cohesión, la financiación de la Unión representa una proporción significativa del gasto de algunos Estados miembros, y que en nueve Estados miembros en particular (Lituania, Bulgaria, Letonia, Rumanía, Hungría, Polonia, Croacia, Estonia, Eslovaquia) los compromisos pendientes de liquidación correspondientes a los fondos EIE suponen una ayuda financiera de más del 15 % del gasto de las administraciones públicas; pide a la Comisión que prepare también una campaña publicitaria favorable para informar con más detalle a los ciudadanos de estos países acerca de los beneficios directos de su adhesión;

56.  Lamenta que los Estados miembros en los que los fondos EIE representan un porcentaje considerable del gasto de las administraciones públicas pueden encontrar dificultades para identificar proyectos de calidad suficientemente elevada en los que utilizar los fondos de la Unión disponibles o a los que proporcionar cofinanciación; pide a la Comisión y al Tribunal que presten mayor atención a la cuestión de la sostenibilidad de los proyectos de inversión propuestos y evalúen críticamente su idoneidad;

57.  Se preocupa por las razones de que, tres años después del inicio del período 2014-2020, los Estados miembros hubieran designado solo a un 77 % de las autoridades nacionales encargadas de aplicar los fondos EIE; manifiesta su satisfacción, sin embargo, por el hecho de que en la actualidad se ha logrado el 99%; cuestiona la necesidad de modificar los procedimientos al inicio de cada período de programación; pide a la Comisión que analice cuidadosamente los motivos por los que algunas regiones siguen presentando una baja tasa de absorción de los fondos y que tome medidas concretas para resolver los problemas estructurales;

58.  Destaca que el volumen de los fondos de la Unión y el momento de su percepción pueden tener un impacto macroeconómico considerable, en particular en la inversión, el crecimiento y el empleo;

59.  Destaca que la inversión pública es necesaria para cerrar la brecha de inversión, impulsar el empleo y el crecimiento y garantizar estándares sociales dentro de la Unión;

60.  Observa que la Comisión movilizó distintos recursos para responder a la crisis de los refugiados y de la migración, pero lamenta que no creara una estructura de notificación que le permitiera informar globalmente del uso dado a los fondos en cuestión; deplora que en la actualidad sea imposible comprender cuál es el gasto real imputable a cada inmigrante o refugiado;

61.  Señala que, en lo que respecta a los instrumentos financieros de la política de cohesión, se notificaron pagos a los destinatarios finales al cierre (31 de marzo de 2017) por un importe de 15 192,18 millones EUR, 10 124,68 millones de los cuales eran fondos estructurales, alcanzando un porcentaje de desembolso a los beneficiarios finales de los programas operativos de casi el 93 % de los importes de los programas operativos pagados a los instrumentos de ingeniería financiera, es decir, un aumento del 20 % en comparación con lo notificado a finales de 2015;

62.  Señala que los porcentajes de desembolso a los beneficiarios finales que se notificaron variaron ampliamente entre los instrumentos de ingeniería financiera, no solo con variaciones entre Estados miembros que oscilaban entre el 60 % y el 99 %, sino también entre ámbitos de intervención;

63.  Teme que se forme una acumulación de pagos atrasados hacia el final del actual MFP y en los primeros años del siguiente MFP; considera que la financiación del nuevo MFP necesitará unos créditos presupuestarios realistas para cubrir los compromisos previstos pendientes de liquidación;

Medidas que deben adoptarse

64.  Pide a la Comisión que:

   a) tenga en cuenta el aumento de los compromisos pendientes de liquidación en su previsión de créditos de pago para el próximo MFP, a fin de contribuir a garantizar un equilibrio ordenado entre los créditos de compromiso y de pago;
   b) presente propuestas al Parlamento y al Consejo aplicando un enfoque coherente al dilema de si los instrumentos especiales se contabilizan dentro de los límites de los créditos de pago del MFP o no;
   c) establezca, a efectos de gestión y notificación, un modo de registro de los gastos presupuestarios de la Unión que permita informar de toda la financiación relativa a la crisis de los refugiados y de la migración;
   d) facilite al Parlamento, en el marco de la aprobación de la gestión, un informe exhaustivo sobre los recursos presupuestarios de la Unión gestionados y ejecutados indirectamente por el grupo BEI (Banco Europeo de Inversión (BEI) y Fondo Europeo de Inversiones (FEI)) además de su mandato exterior que comienza con el ejercicio 2017;
   e) analice, en el contexto del debate sobre el futuro de Europa, cómo podría reformarse el sistema presupuestario de la Unión para ofrecer un presupuesto suficiente para garantizar la financiación de las políticas previstas, un mejor equilibrio entre previsibilidad y capacidad de respuesta y cómo asegurar mejor que las disposiciones generales de financiación no sean más complejas de lo necesario para cumplir los objetivos de la Unión y garantizar la rendición de cuentas;
   f) considere también la posibilidad de permitir a las autoridades designadas o acreditadas para cumplir las funciones de gestión, certificación y auditoría durante el período 2014-2020, que hayan demostrado su capacidad, que sigan cumpliendo dichas funciones en el próximo período de programación sin interrupción o demora;
   g) fije anualmente una previsión actualizada de flujo de tesorería a largo plazo que abarque un periodo de siete a diez años y que cubra los límites máximos presupuestarios, las necesidades de pago, las limitaciones de la capacidad y posibles liberaciones de compromisos con el fin de ajustar mejor los fondos disponibles a las necesidades de pago;
   h) ayude activamente a los Estados miembros que tienen dificultades para absorber de manera oportuna y correcta los fondos de la Unión disponibles utilizando los recursos disponibles para la asistencia técnica a iniciativa de la Comisión;

Obtención de resultados a partir del presupuesto de la Unión

65.  Señala con preocupación que la Comisión utiliza dos conjuntos de objetivos e indicadores para medir el rendimiento de sus servicios y de los programas de gasto sin apenas referencias, lo cual impide comparar distintos tipos de documentos de rendimiento; lamenta la práctica inexistencia de indicadores de impacto y resultados útiles y eficaces para medir el rendimiento del gasto de la Unión y distribuir información sobre el mismo;

66.  Señala que los informes anuales de actividad de los directores generales informan sobre los pagos anuales de las direcciones generales por tipo de actividad o programa de gasto, mientras que en el caso del rendimiento informan sobre la consecución de objetivos generales y específicos sin indicar el gasto correspondiente; no comparte la explicación de la Comisión de que no es posible estimar cuánto se gastó en intentar alcanzar los objetivos fijados; pide a la Comisión que aplique plenamente el principio de planificación, ejecución e información presupuestaria basadas en el rendimiento, que permitirá elaborar informes ex post sobre los fondos gastados en intentar alcanzar los objetivos fijados; 

67.  Recuerda que, en 2016, la OCDE llevó a cabo una encuesta sobre planificación presupuestaria basada en rendimiento en los países de la OCDE y en la Comisión; en este sentido celebra el reconocimiento por parte de la OCDE de la calidad de los datos y de la ejecución presupuestaria de la UE; recuerda que la OCDE consideró que el marco de rendimiento de la Comisión era el más extenso, lo que puede explicarse en parte por el número de requisitos legales en la Unión;

68.  Señala que el gráfico de la OCDE indica que el uso y las consecuencias del marco de toma de decisiones no reflejan este nivel más elevado de especificación (Informe Anual 2016 del Tribunal, apartado 3.21);

69.  Señala que las fichas de programa para el proyecto de presupuesto general de la Unión para 2017 contienen 294 objetivos y 709 indicadores, cuya concentración es particularmente elevada en las rúbricas 1a, 3 y 4 del MFP, y que a través de la iniciativa «presupuesto orientado hacia los resultados», la Comisión está revisando actualmente sus indicadores para aportar información para la próxima generación de programas de gasto; destaca que la Comisión debe usar principalmente indicadores de resultados que tengan un valor importante de cara al rendimiento;

70.  Insiste en la necesidad de que el proceso de establecer indicadores de rendimiento sea transparente y democrático e implique a todas las instituciones, socios y partes interesadas de la Unión afectados para que los indicadores sean adecuados para evaluar la ejecución del presupuesto de la Unión, así como para responder a las expectativas de los ciudadanos de la Unión;

71.  Pide a la Comisión que consulte a representantes del mundo académico para definir los indicadores de rendimiento adecuados necesarios para realizar las mediciones de la iniciativa «presupuesto orientado hacia los resultados» y poder dar prioridad a la inversión en bienes públicos para dar respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos;

72.  Lamenta que los informes anuales de actividad de los directores generales de la Comisión examinados por el Tribunal contengan poca información sobre las deficiencias de rendimiento y sobre los retos relacionados con los objetivos de las direcciones generales (Informe Anual 2016 del Tribunal, apartado 3.26);

73.  Lamenta que los Informes anuales de gestión y rendimiento correspondientes a 2015 y 2016 no abarcaran de manera exhaustiva el rendimiento y fueran demasiado positivos, ya que las únicas deficiencias a la que hacen referencia son los retrasos de ejecución; lamenta que los informes también:

   a) proporcionen escasa información sobre los resultados de la Estrategia Europa 2020, cuando el Parlamento Europeo lo había pedido en su decisión de aprobación de la gestión de 2014;
   b) no siempre expliquen claramente la influencia de los factores externos en los resultados;
   c) se publicaran demasiado tarde para ser examinados por el Tribunal en su Informe Anual;

74.  Comparte la opinión expresada por el Tribunal (Informe Anual 2016 del Tribunal, apartado 3.38) de que los evaluadores deberán formular recomendaciones para su examen por la Comisión, incluidos planes de acción para abordar las deficiencias;

75.  Lamenta que la Comisión no haya realizado ni encargado un estudio sobre el uso que ha hecho de los resultados de la evaluación desde 2005;

76.  Señala que la Comisión no cuenta con un sistema institucional documentado para el seguimiento periódico de las evaluaciones;

77.  Señala, en particular, que, en la práctica, los planes de gestión de las direcciones generales para 2016 no establecieron una base para controlar el seguimiento de la evaluación;

78.  Lamenta además que, puesto que la Comisión no tiene una visión global de las conclusiones, recomendaciones o planes de acción resultantes de sus evaluaciones, ni hace un seguimiento de su aplicación a nivel institucional o en las direcciones generales, no puede informar a las partes interesadas sobre el impacto positivo de las evaluaciones;

79.  Lamenta que los informes anuales de actividad no incluyan una declaración acerca de la calidad de los datos de rendimiento y que, por lo tanto, al aprobar el Informe anual de gestión y rendimiento, el Colegio de comisarios asume una responsabilidad política general por la gestión del presupuesto de la Unión, pero no por la información sobre el rendimiento y los resultados;

80.  Acoge con satisfacción y toma buena nota de las observaciones del Tribunal sobre los marcos de rendimiento e informes procedentes de entidades pertenecientes y no pertenecientes a la Unión, especialmente en lo relativo a la calidad de los datos de rendimiento y a la declaración sobre dicha calidad;

81.  Señala que no existe un sitio web central sobre rendimiento con información de todos los departamentos de la Comisión sobre cada ámbito del presupuesto de la Unión;

82.  Comparte la opinión del Tribunal de que el marco de información sobre el rendimiento aplicado por la Comisión podría beneficiarse de la adopción de buenas prácticas internacionales;

Medidas que deben adoptarse

83.  Pide a la Comisión que:

   a) racionalice la información sobre el rendimiento mediante:
   la reducción del número de objetivos e indicadores que utiliza para sus diversos informes de rendimiento y se centre en los que permiten medir mejor la ejecución del presupuesto de la Unión; la presentación, cuando elabore el próximo MFP, de propuestas de indicadores de impacto y resultados menos numerosos y más apropiados para el marco jurídico de la próxima generación de programas; el análisis, en este contexto, de la importancia de los indicadores para los que no puede obtenerse información hasta que han transcurrido varios años;
   la presentación de información financiera de una manera que pueda compararse con la información sobre el rendimiento, de forma que esté claro el vínculo entre el gasto y el rendimiento;
   la explicación y la mejora de la coherencia general entre sus dos conjuntos de objetivos e indicadores para programas, por un lado, y para las direcciones generales, por otro;
   b) equilibre mejor los informes de rendimiento, para lo cual debe presentar claramente información acerca de los principales retos que todavía se plantean;
   c) demuestre mejor que los resultados de la evaluación se utilizan correctamente, exigiendo que las evaluaciones incluyan siempre conclusiones o recomendaciones que deberían ser objeto de posterior seguimiento por la Comisión;
   d) asuma en el Informe anual de gestión y rendimiento la responsabilidad política general de la información sobre el rendimiento y los resultados e indique si, hasta donde alcanza su conocimiento, la información facilitada sobre el rendimiento presenta la calidad suficiente;
   e) haga más fácilmente accesible la información sobre rendimiento mediante el desarrollo de un portal web y de un motor de búsqueda específicos;

Presentación del presupuesto de la Unión

84.  Toma nota de que el presupuesto de la Unión se presenta en secciones correspondientes a las actividades desarrolladas por las instituciones (presupuestación por actividades); considera que esta presentación no garantiza una comprensión clara y rápida de los objetivos perseguidos; señala por el contrario que el MFP se presenta por rúbricas correspondientes a los distintos ámbitos políticos;

85.  Señala que los programas operativos que acompañan al proyecto de presupuesto establecen un vínculo entre cada línea presupuestaria y los objetivos políticos perseguidos;

86.  Pide a la Comisión que presente el presupuesto de la Unión con arreglo a los objetivos políticos del MFP;

Ingresos

87.  Celebra que los datos generales de la auditoría del Tribunal indiquen que los ingresos no están afectados por un nivel significativo de error y que los sistemas examinados para los ingresos se consideren, en general, eficaces; pero señala, no obstante, que, en cuanto a los recursos propios tradicionales, los controles internos fundamentales llevados en cabo en algunos Estados miembros visitados por el Tribunal solo fueron eficaces parcialmente;

88.  Observa con preocupación que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) concluyó a principios de 2017 una investigación sobre un caso de fraude en el Reino Unido que implica una posible pérdida de 1 987 millones EUR para el presupuesto de la Unión en derechos de aduana sobre productos textiles y calzado importados de China por el Reino Unido en el período 2013-2016; señala que la investigación también ha revelado la existencia de una importante evasión del IVA en relación con importaciones a través del Reino Unido mediante suspensiones abusivas del pago del IVA (régimen aduanero 42);

89.  Observa con preocupación que, en cuanto a los ingresos para 2016, el director general de la Dirección General de Presupuesto ha emitido una reserva con respecto a los ingresos por recursos propios tradicionales, habida cuenta del caso de fraude revelado por la OLAF en relación con los derechos de aduana del Reino Unido;

90.  Señala que para 2016 los ingresos afectados por la reserva cuantificada son aproximadamente 517 millones EUR frente al importe total de 20 100 millones EUR de recursos propios tradicionales: es decir, el 2,5 % de los recursos propios tradicionales o el 0,38 % de todos los recursos; pide a la Comisión que facilite información precisa sobre este caso de fraude, que podría afectar también indirectamente a la base del impuesto sobre el valor añadido de algunos Estados miembros y, por lo tanto, a los recursos relacionados con el impuesto sobre el valor añadido además de la ponderación por la Comisión a partir de la renta nacional bruta(5);

91.  Lamenta que la Comisión concluyera que, en octubre de 2017, las autoridades del Reino Unido no habían introducido medidas correctoras para prevenir continuas pérdidas de recursos propios tradicionales; observa que, desde el 12 de octubre de 2017, las autoridades del Reino Unido empezaron a aplicar temporalmente umbrales de valores en el momento del despacho a determinados comerciantes (medida especial conocida como «Customs Operation Swift Arrow») con el resultado inmediato de que las pérdidas de recursos propios tradicionales sufridas en el Reino Unido disminuyeron drásticamente;

92.  Lamenta las discrepancias observadas en materia de control aduanero entre los distintos Estados miembros; resalta la importancia de armonizar los controles en todos los puntos de entrada en la Unión aduanera y pide a los Estados miembros que procedan a una aplicación coordinada, uniforme y eficiente del sistema de fronteras que desaliente las prácticas divergentes entre Estados miembros a fin de reducir las lagunas existentes en los sistemas de control aduanero; pide a la Comisión que examine, a este respecto, las distintas prácticas de control aduanero en la Unión y su impacto en la desviación del comercio, centrándose en particular en las aduanas de la Unión en las fronteras exteriores y en elaborar análisis de referencia e información sobre las operaciones aduaneras y los procedimientos de los Estados miembros;

93.  Pide a la Comisión que desarrolle un plan de acción que garantice la aplicación plena y a tiempo del Reglamento del IVA en todos y cada uno de los Estados miembros para afianzar esta fuente de recursos propios de la Unión;

94.  Recuerda que la nueva Decisión sobre el sistema de recursos propios de la Unión(6), que entró en vigor el 1 de octubre de 2016, con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2014, establece que al tener en cuenta la RNB para calcular los recursos propios, se debe utilizar el marco contable del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC 2010), y que este prevé que los gastos de investigación y desarrollo deben considerarse una inversión (y no como gastos corrientes con arreglo al anterior sistema SEC 95); señala que en el caso de otros programas con alto valor añadido para la UE como el CEF, etc. debería aplicarse esta misma consideración;

95.  Observa que la RNB notificada con respecto a Irlanda aumentó considerablemente en 2015, debido a la transferencia de activos de I+D a este país por empresas multinacionales;

96.  Señala que la Comisión debe llevar a cabo trabajos adicionales para determinar las potenciales implicaciones de las actividades multinacionales en las cuentas nacionales, tanto desde el punto de vista de la metodología como del proceso de verificación, y que esto podría desencadenar ajustes en las contribuciones de los Estados miembros basadas en la RNB;

97.  Señala que, en lo que se refiere a la gestión de los recursos propios tradicionales, el Tribunal y la Comisión detectaron deficiencias en la gestión de los títulos de crédito (conocidos como «contabilidad B») en algunos Estados miembros;

98.  Destaca que el Tribunal observó que en Bélgica los controles a posteriori se seleccionaron con arreglo a las características de operaciones individuales y no según los perfiles de riesgo de las empresas, y que en general no se efectuaban fiscalizaciones a posteriori (Informe anual 2016 del Tribunal, apartado 4.18);

99.  Lamenta que la Comisión observó que seis Estados miembros —Bélgica, Estonia, Italia, Portugal, Rumanía y Eslovenia— no llevaron a cabo auditorías a posteriori o no proporcionaron información sobre estas auditorías;

Medidas que deben adoptarse

100.  Pide a la Comisión que:

   a) tome todas las medidas necesarias para garantizar la recuperación de los recursos propios de la Unión que no hayan podido recaudar las autoridades del Reino Unido en lo que respecta a la importación de productos textiles y calzado procedentes de China, y que ponga fin a la evasión del IVA;
   b) considere la posibilidad de poner en marcha a su debido tiempo los procedimientos correspondientes al fraude relativo a los derechos aduaneros del Reino Unido;
   c) analice, en cooperación con los Estados miembros, todas las implicaciones potenciales de las actividades multinacionales en la estimación de la RNB y les facilite orientaciones sobre el modo de tratar dichas actividades al elaborar las cuentas nacionales;
   d) confirme, durante el ciclo de verificación de la RNB, que el inmovilizado I+D se ha contabilizado correctamente en las cuentas nacionales de los Estados miembros, prestando particular atención a la valoración de dicho inmovilizado y al criterio de residencia en los casos en que se haya cambiado la localización de actividades multinacionales;
   e) formule propuestas de nuevos recursos propios para garantizar la estabilidad del presupuesto de la Unión;

Competitividad para el crecimiento y el empleo

Conclusiones del Tribunal.

101.  Observa que el Tribunal emitió por primera vez una opinión con reservas sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas; destaca que los regímenes de reembolso siguen siendo más proclives a la producción de errores que los regímenes de derechos; señala, no obstante, que los datos registrados en la rúbrica «Competitividad para el crecimiento y el empleo» no han cambiado fundamentalmente con respecto a ejercicios anteriores;

102.  Recuerda que la investigación y la innovación representan el 59 % del gasto, efectuado a través del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico 2007-2013 (en lo sucesivo, el «7PM») y de Horizonte 2020 - Programa Marco de Investigación e Innovación 2014-2020 (en lo sucesivo, «Horizonte 2020»);

103.  Observa que el Tribunal estimó el porcentaje de error en el 4,1 %; los costes directos de personal no subvencionables representaron el 44 %; otros gastos directos no subvencionables, el 12 %; los costes indirectos, un 16 %; y los proyectos o beneficiarios no subvencionables, el 16 %; observa, no obstante, que en los 19 casos de errores cuantificables cometidos por los beneficiarios, la Comisión o los auditores independientes disponían de suficiente información para evitar los errores, o detectarlos y corregirlos, antes de aceptar los gastos;

104.  Observa que, si toda esta información de la que disponían hubiese sido adecuadamente utilizada por la Comisión o los auditores independientes, el nivel de error estimado para este capítulo habría sido un 1,2 % menor;

105.  Valora positivamente que la Comisión haya dedicado considerables esfuerzos a una simplificación dirigida a reducir la complejidad administrativa mediante la introducción de una nueva definición de remuneración adicional para los investigadores, la racionalización del programa de trabajo de Horizonte 2020 para 2018-2020, la prestación de un apoyo específico a las empresas emergentes e innovadoras, y un mayor uso de las opciones de costes simplificados; señala no obstante que el Tribunal considera que seguir simplificando el marco jurídico brinda oportunidades, pero también comporta riesgos;

106.  Reconoce que el Tribunal analizó los aspectos del rendimiento en los proyectos de investigación e innovación; considera, no obstante, que los resultados, basados en los resultados, costes y difusión, deben considerarse preliminares;

El informe anual de actividad de la Dirección General de Investigación e Innovación (DG R&I)

107.  Señala que, en consonancia con la Estrategia Europa 2020, según el «Plan Estratégico 2016-2020» la DG R&I persigue cuatro objetivos:

   a) un nuevo impulso para el empleo, el crecimiento y la inversión;
   b) un mercado único digital conectado;
   c) una unión de la energía resistente con una política climática prospectiva; y
   d) hacer de Europa un actor más potente en la escena mundial;

108.  Acoge con satisfacción el hecho de que en la búsqueda de estos objetivos, el comisario Moedas haya establecido tres prioridades, a saber, la «innovación abierta», la «ciencia abierta» y la «apertura al mundo»;

109.  Señala que, para medir los progresos en la vía hacia los objetivos fijados, la DG R&I utiliza cinco indicadores clave de rendimiento;

   a) el porcentaje de fondos asignados a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Horizonte 2020 para hacer frente a los retos sociales y promover tecnologías industriales y de capacitación, asignando el porcentaje de contribución financiera de la Unión mediante el instrumento para las pymes;
   b) el porcentaje de nuevos candidatos entre los seleccionados en Horizonte 2020;
   c) los gastos relacionados con el clima y la sostenibilidad en Horizonte 2020;
   d) el porcentaje de terceros países participantes en Horizonte 2020;
   e) el porcentaje de subvenciones firmadas con un plazo para la concesión de subvenciones de 245 días;

110.  Reconoce que, en sus respuestas a preguntas escritas, la DG R&I publicó una lista de países a los que se refieren sus recomendaciones específicas por país; insta a la DG R&I a que publique directamente propuestas de recomendaciones específicas por país de la Dirección en su informe anual de actividad, de acuerdo con las reiteradas solicitudes del Parlamento;

111.  Recuerda que la evaluación del 7° Programa Marco de Investigación se abordó en la anterior resolución sobre la aprobación de la gestión(7);

112.  Se congratula de los progresos realizados en la consecución de los indicadores clave de rendimiento de la Dirección General para Horizonte 2020:

   a) el 23,9 % de contribución financiera de la Unión fue a parar a las pymes (el objetivo para 2020 es del 20 %);
   b) el 55 % de los solicitantes seleccionados eran nuevos (el objetivo para 2020 es del 70 %);
   c) el 26 % de las contribuciones financieras de la Unión guardaban relación con el cambio climático (el objetivo para 2020 es del 25 %);
   d) el 54,9 % de las contribuciones financieras de la Unión estaban relacionadas con la sostenibilidad (el objetivo para 2020 es del 60 %);
   e) terceros países participan en el 3,6 % de los proyectos de Horizonte 2020 (el objetivo para 2020 es del 4,73 %);
   f) en el 91 % de los casos la DG R&I respetó el plazo de concesión de subvenciones de 245 días (el objetivo para 2020 es del 100 %);

113.  Señala concretamente que la distribución territorial de Horizonte 2020 es llamativamente limitada puesto que el 72,5% (casi 121 000 millones EUR) de la financiación de Horizonte 2020 va a Alemania (3 464 millones EUR), el Reino Unido (3 083 millones EUR), Francia (2 097 millones EUR), España (1 813 millones EUR) e Italia (1 664 millones EUR);

114.  Señala que en 2016 se firmaron 183 convenios de subvención para Horizonte 2020 con participantes de terceros países; señala que se han asignado 299,5 millones EUR a participantes de Suiza en convenios de subvención firmados en 2016, mientras que la contribución de Suiza a Horizonte 2020 ascendió a 180,9 millones EUR; se niega a atribuir la condición de «beneficiario neto» a uno de los países más ricos del mundo; pide a la Comisión que presente un Reglamento que compense dicho desequilibrio;

115.  Reconoce el éxito del centro común de apoyo y su contribución a la consecución de simplificación y de asesoría jurídica y técnica; pregunta a la Dirección General de R&I qué medidas de simplificación piensa proponer para el período posterior a 2020;

116.  Toma nota de los créditos de pago para la DG R&I en 2016:

Créditos de pago para la DG R&I, incluida la aportación de la AELC

Modo de gestión

Ejecución

En millones EUR

Puntos porcentuales

Codelegados o subdelegados en otras DG

161,20

5,34

DG R&I directamente

1 878,28

62,17

DG R&I a organismos del artículo 185

86,40

2,86

DG R&I al BEI

312,72

10,35

DG R&I a Empresas Comunes

582,37

19,28

Total

3 020,97

100 %

117.  Destaca que el 14,39 % del presupuesto, lo que equivale a casi 444 millones EUR, se ejecutó por medio de instrumentos financieros;

118.  Destaca también que el 39,36 % (frente al 28,14 % en 2015) del presupuesto de la DG R&I se confío a otras entidades fuera de la Comisión, sobre todo para aplicar partes de los programas marco en el ámbito de la gestión (indirecta) de las subvenciones y de los sistemas de control de los instrumentos financieros;

119.  Tenía interés en saber si la DG R&I había establecido una estrategia de supervisión de los instrumentos financieros y le gustaría saber, por lo tanto, cómo determina la DG R&I si se han alcanzado los objetivos financieros y los relacionados con la investigación;

120.  Señala que la DG R&I estimó el porcentaje de error detectado en el 4,42 %, con un porcentaje de error residual del 3,03 %;

121.  Observa que la Comisión ha estimado el importe global en situación de riesgo al cierre entre 73,5 y 104 millones EUR;

122.  Acoge con satisfacción el análisis por la DG R&I de la relación coste/eficacia de la gestión directa e indirecta de las subvenciones;

123.  Lamenta que la DG R&I haya emitido de nuevo una reserva horizontal sobre el porcentaje de error residual en las declaraciones de costes del 7PM, ejecutado directamente por ella;

124.  Recuerda su petición, expresada en el apartado 76 de su Resolución sobre la aprobación de la gestión de la Comisión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2015, de que la Comisión «adopte por fin un enfoque más pertinente y basado en los riesgos y recurra a reservas específicas cuando sea necesario»;

Medidas que deben adoptarse

125.  Pide a la DG R&I que publique las propuestas de recomendaciones específicas por país de la DG R&I en su informe anual de actividad;

126.  Pide a la DG R&I que aplique las recomendaciones del Servicio de Auditoría Interna (SAI) que detectó deficiencias a la hora de garantizar un enfoque coherente de seguimiento del proyecto en los organismos de ejecución de Horizonte 2020;

127.  Pide a la DG R&I que informe sobre los progresos realizados por el Servicio Común de Auditoría en cuanto a la madurez de sus procedimientos internos;

128.  Pide a la DG R&I que informe a la comisión competente del Parlamento sobre su estrategia de supervisión para los instrumentos financieros y sobre la manera en que la DG R&I determina si se han alcanzado los objetivos financieros y los relacionados con la investigación;

129.  Pide a la DG R&I que explique a la comisión competente del Parlamento qué medidas ha tomado para evitar reservas horizontales respecto de la tasa de error residual en las declaraciones de gastos;

130.  Considera que en los proyectos de investigación e innovación, así como en las medidas de coordinación y apoyo, las normativas y la normalización apoyan el impacto de los resultados de la investigación en distintos niveles de preparación tecnológica, dado que mejoran la negociabilidad y transferibilidad de los productos y soluciones innovadores; observa, además, que las normas y las actividades relacionadas apoyan la divulgación de los resultados de los proyectos de Horizonte 2020 mediante la difusión de información incluso tras la finalización de los proyectos, haciéndola públicamente disponible; pide a la Comisión que refuerce el grado de normalización en las próximas convocatorias y desarrolle indicadores clave de rendimiento que tengan en cuenta actividades de normalización;

Cohesión económica, social y territorial

Introducción

131.  Toma nota, en el «Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial» (COM(2017)0583) de que, por una parte, la convergencia es un proceso frágil que pueden detener y revertir fácilmente las crisis económicas, pero que, por otro lado, la inversión pública puede reducir el impacto de las crisis;

132.  Se congratula de que en 2016 la tasa de empleo alcanzó de nuevo el nivel del 71 % anterior a la crisis de 2008, pero la situación varía notablemente en toda la Unión y esta tasa está muy por debajo del objetivo del 75 % de Europa 2020; observa con preocupación que las tasas de desempleo siguen siendo demasiado elevadas, en particular entre los jóvenes y los desempleados de larga duración;

133.  Se congratula de que la DG REGIO detallara, en respuesta a preguntas del Parlamento, sus recomendaciones específicas por país;

134.  Es consciente de que algunas disposiciones del Reglamento Financiero revisado relativas a la política de cohesión deben entrar en vigor con carácter retroactivo;

135.  Manifiesta su preocupación por que dichos cambios puedan convertirse en una fuente de errores adicionales, ya que los programas y proyectos se seleccionaron sobre la base de normativas que entraron en vigor el 1 de enero de 2014;

Conclusiones del Tribunal.

136.  Observa que el Tribunal emitió por primera vez una opinión con reservas sobre la legalidad y regularidad de los pagos subyacentes a las cuentas; destaca que los regímenes de reembolso siguen siendo más proclives a la producción de errores que los regímenes de derechos; señala, no obstante, que los datos registrados en la rúbrica «Cohesión económica, social y territorial» no han cambiado fundamentalmente con respecto al ejercicio anterior;

137.  Recuerda que, en 2016, el importe disponible en la rúbrica «Cohesión económica y social» ascendió a 51 250 millones EUR, lo que representa el 33 % del presupuesto de la Unión;

138.  Observa que el Tribunal estimó el nivel de error en este ámbito político en el 4,8 %; y además que el Tribunal observó que el nivel de error estimado para la cohesión no incluye una cuantificación de los desembolsos de 2016 a instrumentos financieros, que ascienden a 2 500 millones EUR, que, a juicio del Tribunal se sitúan fuera del período de subvencionabilidad definido en el artículo 56, apartado 1, del Reglamento (CE) n.° 1083/2006 del Consejo ((Informe Anual 2016 del Tribunal, apartados 6.20 y 6.21); observa que «estos desembolsos podrían representar un nivel de error estimado del 2,0 % del conjunto del gasto de la Unión» (Informe Anual 2016 del Tribunal, recuadro 1.2, nota 1);

139.  Señala que los errores en el ámbito de la cohesión contribuyeron al 43 % del nivel de error general estimado, que fue del 3,1 %; observa que uno de los motivos del elevado porcentaje de error es la complejidad de la reglamentación de la Unión y de los Estados miembros;

140.  Observa que el Tribunal analizó una muestra de 180 operaciones relativas a 54 pagos intermedios del período 2007-2013 y correspondientes a 92 proyectos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 36 proyectos del Fondo de Cohesión (FC), 40 proyectos del Fondo Social Europeo (FSE), 11 instrumentos financieros del FEDER y un instrumento financiero del FSE;

141.  Pide a la Comisión que tenga debidamente en cuenta las observaciones del Tribunal, que encontró inexactitudes en el análisis del rendimiento de al menos cuatro de los doce instrumentos financieros del FEDER y del FSE que se examinaron en el informe del Tribunal de 2016; comparte la preocupación del Tribunal, que subraya que estos errores producen una sobrevaloración del rendimiento y, si no se corrigen, podrían incrementar de forma artificial el importe declarado de gastos subvencionables al cierre, sobre todo en el caso de los fondos de garantía;

142.  Señala también que el 42 % de los errores se debieron a gastos no subvencionables incluidos en las declaraciones de gastos, el 30 % se referían a graves incumplimientos de las normas de contratación pública, y el 28 %, a proyectos, actividades o beneficiarios no subvencionables;

143.  Observa con pesar que una de las principales fuentes de error en el gasto para el conjunto de la rúbrica «Cohesión económica, social y territorial» sigue siendo el incumplimiento de las normas en materia de contratación pública; señala que entre las graves infracciones de las normas sobre contratación pública figuran la adjudicación directa injustificada de contratos, o de trabajos o servicios adicionales, la exclusión ilegal de licitadores, los casos de conflictos de intereses y los criterios de selección discriminatorios; considera fundamental una política de absoluta transparencia en cuanto a la información relativa a los contratistas y subcontratistas con vistas a abordar errores y abusos de las normas;

144.  Acoge con satisfacción el hecho de que el Tribunal recalcara que los proyectos en los que se utilizan opciones de costes simplificados tienden a contener menos errores que los reembolsos de los costes reales;

145.  Manifiesta su preocupación por que la muestra incluía también tres «grandes proyectos» que requieren la aprobación de la Comisión y con respecto a los cuales las autoridades de los Estados miembros no habían presentado la solicitud necesaria antes del plazo de cierre del 31 de marzo de 2017; señala que, por lo tanto, la Comisión debería recuperar esos gastos;

146.  Manifiesta su insatisfacción porque, como en años anteriores, el error podría haber sido 3,7 puntos porcentuales más bajo, si los Estados miembros hubieran utilizado la información de que disponían para prevenir, o detectar y corregir, los errores en los controles de primer nivel antes de declarar los gastos a la Comisión;

147.  Manifiesta su preocupación por que, años después del inicio del período 2014-2020, los Estados miembros han designado solo a un 77 % de las autoridades nacionales encargadas de los fondos de la política de cohesión; el 1 de marzo de 2017, la Comisión recibió las cuentas definitivas en las que los gastos tan solo absorbían el 0,7 % del presupuesto asignado para el conjunto del período de programación; a mediados de 2017, los retrasos en la ejecución del presupuesto eran mayores que los registrados en el mismo punto del período 2007-2013; señala que, por lo tanto, los compromisos pendientes de liquidación al final del actual período de financiación podrían ser incluso mayores que en el anterior;

148.  Valora que el capítulo relativo a la «Cohesión económica, social y territorial» también incluya una sección relativa al rendimiento de los proyectos; lamenta, sin embargo, que esta sección se centre sobre todo en información cuantitativa, es decir, en el número de sistemas de medición del rendimiento en funcionamiento;

Instrumentos de ingeniería financiera

149.  Recuerda que el resumen de los datos sobre los progresos efectuados en materia de financiación y aplicación de los instrumentos de ingeniería financiera en 2016 no se publicó hasta el 20 de septiembre de 2017 y que, por lo tanto, el Tribunal no pudo pronunciarse sobre el documento;

150.  Señala que las principales cifras para 2016 son las siguientes:

   a) hay 25 Estados miembros que utilizan instrumentos de ingeniería financiera, y 25 que los utilizan para ayudar a las empresas, 11 para el desarrollo urbano y 9 para eficiencia energética y energías renovables;
   b) existen 1 058 instrumentos de ingeniería financiera en toda la Unión, que constan de 77 fondos de cartera y 981 fondos específicos;
   c) el 89 % de estos instrumentos de ingeniería financiera prestan ayuda a empresas, el 7 % al desarrollo urbano, el 4 % a la eficiencia energética y las energías renovables;
   d) los pagos a los instrumentos de ingeniería financiera ascienden a 16 400 millones EUR, incluidos 11 300 millones EUR en fondos estructurales;
   e) los pagos a los destinatarios finales se elevan a 15 200 millones EUR, incluidos 10 100 millones EUR en fondos estructurales, es decir, el 93 % del total de los pagos a instrumentos de ingeniería financiera;
   f) sobre la base del 81 % de los instrumentos de ingeniería financiera de los que se presentaron datos, los costes y las tasas de gestión ascendieron a 900 millones EUR, es decir, el 6,7 % del total de los pagos a los instrumentos de ingeniería financiera interesados;
   g) se devolvieron recursos por un valor de 8 500 millones EUR;
   h) se prestó ayuda a 314 000 beneficiarios finales;

151.  Señala que, a lo largo de los años y los periodos de financiación, el uso de los instrumentos de ingeniería financiera ha aumentado drásticamente, lo que hace más compleja la financiación de los fondos estructurales y genera, por tanto, riesgos para la rendición de cuentas democrática; observa que se espera que para finales de 2020 se entreguen 20 100 millones EUR del FEDER y del FC a través de los instrumentos financieros;

152.  Manifiesta su preocupación, en este contexto, por que las autoridades nacionales de auditoría no cubrieran suficientemente la ejecución de los instrumentos de ingeniería financiera;

153.  Determina que el 63 % (675) de los instrumentos de ingeniería financiera se iniciaron en Polonia (247), Francia (152), Hungría (139) e Italia (137);

154.  Lamenta que el 6,7 % del total de los pagos a los instrumentos de ingeniería financiera (900 millones EUR) se destinara a gastos y tasas de gestión; considera que este importe es excesivamente elevado;

155.  Señala que se siguen produciendo errores y discrepancias en la notificación de los datos; estos incluyen pequeñas pero importantes cantidades de recursos de los programas operativos comprometidas en los acuerdos de financiación pero no pagadas a los instrumentos de ingeniería financiera en el momento del cierre, un incremento tanto en los importes comprometidos como en los pagos a varios instrumentos de ingeniería financiera después del 31 de diciembre de 2015 y, en algunos casos, unos importes abonados a los beneficiarios finales superiores a los instrumentos de ingeniería financiera(8);

El informe anual de actividad de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO)

156.  Toma nota también de que la evaluación ex post del FEDER/FC indica que, aunque la convergencia regional durante el período de programación 2007-2013 fue insuficiente, sin política de cohesión habría habido divergencia, ya que la crisis financiera de 2007-2008 creó un entorno poco propicio para la inversión y la convergencia;

157.  Subraya que toda conclusión en lo que respecta al rendimiento sigue siendo limitada, dado que requeriría una revisión más exhaustiva de los datos de rendimiento comunicados por los programas 2007-2013, de los que no se esperaba disponer hasta agosto de 2017; Pide a la Comisión que informe a la Comisión de Control Presupuestario sobre el resultado de la revisión;

158.  Observa que, según la Comisión, a efectos de ejecución del período de financiación 2014-2020, se seleccionaron más de 50 000 proyectos que sumaban 64 100 millones EUR del total de inversiones, se crearon 45 000 proyectos de cooperación de las empresas con centros de investigación y más de 380 000 pymes recibieron ayuda de los fondos de cohesión, lo que se traduce en más de 1 000 000 puestos de trabajo;

159.  Observa que la Comisión notifica también, para el mismo período de financiación, que más de 75 000 millones EUR del FEDER y del FC apoyan los objetivos de la unión energética y las adaptaciones al cambio climático; además, se seleccionaron más de 5 000 proyectos sobre el terreno para apoyar la economía hipocarbónica;

160.  Señala que el cuadro que figura a continuación muestra el total de créditos de compromiso y de pago autorizados en 2016:

en millones EUR 2016

Créditos de compromiso autorizados

Créditos de pago autorizados

Gastos administrativos del ámbito político de la política regional y urbana

16,75

24,52

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otras operaciones regionales

27 163,16

22 911,83

Fondo de Cohesión

8 775,98

7 456,71

Instrumento de Ayuda Preadhesión — Desarrollo regional y cooperación territorial y regional

54,14

522,95

Fondo de Solidaridad

81,48

68,48

Total

36 091,51

30 984,47

161.  Señala, sin embargo, que estos datos estadísticos aportan poca información sobre la sostenibilidad y el rendimiento de estos proyectos;

162.  Recuerda la gran importancia que se concede a las condiciones ex ante para establecer condiciones horizontales y sectoriales que garanticen la eficacia de los gastos de los fondos EIE; considera que, una vez que se cumplan las condiciones ex ante y se retenga el 10 % de los pagos previstos por el reglamento revisado, la ejecución de los proyectos debería ser más fácil y menos proclive a contener errores; señala, sin embargo, que en el Informe Especial n.º 15/2017 del Tribunal se pregunta hasta qué punto esto se ha traducido en cambios sobre el terreno;

163.  Lamenta que solo el 87 % de las autoridades de certificación (181 de 209) hayan sido designadas antes de finales de 2016, y que no se haya designado ninguna autoridad para 28 programas generales (en Austria, solo se designó una autoridad para 1 programa, en Bélgica, solo para 2, en Alemania, solo para 8, en Finlandia solo para 1, en Francia, solo para 2, en Irlanda, solo para 2, en Italia, solo para 6, en Rumanía, solo para 4, en Eslovaquia, solo para 1, en el Reino Unido, solo para 1);

164.  Constata con asombro que las principales dificultades detectadas en el proceso de designación están relacionadas con la creación de sistemas informáticos para mostrar los nuevos elementos del período 2014-2020 en lo que respecta a la notificación y el diseño de procedimientos para garantizar una supervisión sólida de las autoridades de gestión en los organismos intermedios;

165.  Lamenta, por otra parte, que, en general, solo se seleccionara el 26,1 % de los proyectos, y solo se absorbiera el 3,7 % de los fondos estructurales disponibles a finales de 2016, a pesar de que el proceso de selección se aceleró en 2017; considera que la lentitud inicial podría dar lugar a un elevado número de compromisos pendientes de liquidación al final del actual período de financiación; pide a la Comisión que se esfuerce más por reforzar la capacidad administrativa de las autoridades nacionales, regionales y locales;

166.  Hace hincapié en que la selección de los proyectos fue especialmente lenta en España, Chipre, Rumanía, Austria, la República Checa, Croacia y Eslovaquia;

167.  Observa que, en consecuencia, para la mayoría de los programas operativos (247 de un total de 295) no se certificaron importes en las cuentas («cuentas cero»), ya que no se declararon gastos hasta el 31 de julio de 2016;

168.  Manifiesta su satisfacción por que la Comisión, sobre la base de los dictámenes de auditoría preliminares sobre los paquetes de garantía recibidos, no encontró incoherencias significativas;

169.  Le preocupa, no obstante, que 7 de las 9 auditorías efectuadas por la Comisión sobre los programas operativos o las zonas de alto riesgo revelaron deficiencias importantes (en Hungría, el transporte, los programas operativos de aplicación y administración electrónica; en Italia, la prioridad 3, Reti e mobilità istruzione, y los programas operativos de asistencia técnica; en Rumanía, los programas operativos sobre competitividad y medio ambiente);

170.  Observa que 278 de los 322 sistemas de gestión y control obtuvieron una opinión sin reservas o una opinión con reservas con impacto moderado; considera que la Comisión emitió una opinión con reservas con impacto significativo en 40 casos;

171.  Señala que la Comisión calculó que el importe global en situación de riesgo en el momento del pago se situaba entre 644,7 y 1 257,3 millones EUR, y que en 2016 la Comisión aplicó correcciones financieras, como resultado de su papel de supervisión, por un valor de 481 millones EUR;

172.  Observa que la Comisión estimó que el porcentaje medio de error general en los pagos de 2016 para los programas 2007-2013 del FEDER/Fondo de Cohesión se situaba entre el 2,2 % y el 4,2 %, y que el porcentaje de error residual al cierre era del 0,4 % aproximadamente; resalta que, una vez más, se puede imputar a la «cohesión» el mayor porcentaje de error estimado para 2016, seguida por las rúbricas «recursos naturales», «competitividad» y «una Europa global»; pide a la Comisión que siga trabajando con los Estados miembros para mejorar los sistemas de gestión y control y que continúe usando las herramientas de supervisión jurídicas disponibles para garantizar que todos los errores materiales se corrijan;

173.  Señala que la Comisión registró 68 reservas para el período de financiación anterior y 2 reservas para el actual;

Cuestiones específicas

Grecia

174.  Acoge con satisfacción los esfuerzos desplegados por la DG REGIO para avanzar con la lista de proyectos prioritarios en Grecia;

175.  Acoge con satisfacción, en este contexto:

   a) la creación de cuatro concesiones de autopistas (Atenas-Salónica, Corinto-Trípoli-Kalamata, Corinto-Patras y Patras-Ioánnina; que cubren entre todas más de 1 000 km de carretera), que ya están operativas y son muy apreciadas por los usuarios,
   b) el programa «ahorro energético en los hogares» (combinación de los instrumentos de ingeniería financiera con subvenciones), que mejoró la eficiencia energética en 46 000 hogares y creó 6 000 puestos de trabajo; la demanda fue tan elevada que se creó inmediatamente un programa sucesor para el período 2014-2020,
   c) los instrumentos financieros, sobre todo JEREMIE, que permitieron la creación o el mantenimiento de más de 20 000 puestos de trabajo,
   d) el proyecto de receta electrónica de medicamentos, que gestiona cada mes más de 5,5 millones de recetas y 2,4 millones de remisiones para diagnóstico con la participación de 13 000 oficinas de farmacia y 50 000 médicos, y ha dado lugar a un considerable ahorro de costes para el presupuesto griego en salud pública;

176.  Lamenta, por otra parte, que:

   a) los proyectos de metro en Atenas (línea 3, ampliación al Pireo) y Salónica (línea de base) hayan sufrido graves retrasos que han obligado a prolongarlos durante el período de programación 2014-2020;
   b) algunos de los principales proyectos en los sectores energético, digital y ferroviario se cancelaran o se retrasaran, y que, como consecuencia, se hayan ido retirando o transfiriendo en su totalidad al período de programación 2014-2020;
   c) una gran parte de las infraestructuras de gestión de las aguas residuales y los residuos sólidos sigan sin completarse;

177.  Acoge con satisfacción el hecho de que la OLAF haya concluido su investigación administrativa sobre el proyecto checo denominado «Stork Nest»; toma nota de que el expediente de la OLAF se ha publicado en los medios de comunicación checos; lamenta que la OLAF detectara graves irregularidades;

178.  Pide a la DG REGIO que recupere la cofinanciación de la Unión en juego, a saber 1,67 millones EUR, e imponga las sanciones necesarias;

179.  Toma nota de que el proyecto «Stork Nest» fue excluido de la financiación de la Unión por la República Checa desde el 25 de enero de 2018, y de que, respetando el principio de subsidiariedad, el proyecto está ya bajo control judicial en la República Checa;

180.  Manifiesta su preocupación por la observación de la Comisión de que el porcentaje de contratos adjudicados que recibieron una única oferta en Hungría es del 36 %; observa que la media de la Unión es del 17 %; pide a la Comisión que promueva la competencia en los procesos de licitación;

181.  Acoge con satisfacción la evaluación positiva del Mecanismo de Cooperación y Verificación para Bulgaria y Rumanía desarrollado en los últimos diez años(9); muestra su preocupación por los recientes retrocesos en la lucha contra la gran corrupción en Bulgaria y Rumanía; pide a la Comisión que apoye y aliente a los servicios de seguridad y a las autoridades competentes en la lucha contra la corrupción en ambos Estados miembros; destaca el impresionante historial de la agencia de lucha contra la corrupción en Rumanía en términos de resolución de casos de corrupción de nivel alto y medio; subraya que mantener este esfuerzo es de suma importancia para consolidar la lucha contra la corrupción;

182.  Condena el reciente atentado contra un periodista eslovaco, que podría estar relacionado con su trabajo de investigación; insta a la Comisión a que informe al Parlamento sobre los fondos agrícolas de la Unión en Eslovaquia;

183.  Observa que la OLAF ha concluido también una investigación administrativa sobre un préstamo concedido al Grupo Volkswagen por el Banco Europeo de Inversiones (BEI);

184.  Toma nota de la declaración realizada por el presidente del BEI, Werner Hoyer, en la que señala que todavía no se puede excluir que uno de sus préstamos, el de «Volkswagen Antrieb RDI», por un valor de 400 millones EUR, estuviera relacionado con las tecnologías de control de emisiones desarrolladas cuando se diseñó y utilizó el programa informático de desactivación; añade que ahora se revisarán las conclusiones de la OLAF y se considerarán todas las medidas posibles y apropiadas, y que se sienten decepcionados por la afirmación de la investigación de la OLAF de que Volkswagen engañó al BEI en cuanto al uso del dispositivo de desactivación;

El informe anual de actividad de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL)

185.  Señala que la DG EMPL expone su contribución a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 como sigue:

   a) la tasa de empleo de la Unión en la franja de edad comprendida entre los 20 y los 64 años alcanzó el 71,2 % en el tercer trimestre de 2016; este porcentaje es ahora superior al observado en 2008 (70,3 %) por primera vez y el objetivo de porcentaje de la Estrategia Europa 2020 puede alcanzarse si continúa la tendencia;
   b) el desempleo total sigue disminuyendo y es ahora inferior al 10 %, tanto para la Unión como para la zona del euro; no obstante, el desempleo juvenil y el desempleo de larga duración siguen representando retos importantes para la Unión, a pesar de las respectivas disminuciones observadas del 19,5 % en diciembre de 2015 al 18,6 % en diciembre de 2016, y del 4,3 % en el tercer trimestre de 2015 al 3,8 % en el tercer trimestre de 2016;
   c) la recuperación económica que comenzó en 2013 también ha ido acompañada de una reducción continuada, aunque insuficiente, de la pobreza, medida en función de la tasa de personas en riesgo de pobreza, que ha pasado del 24,7 % en 2012 al 23,7 % en 2015; si bien la recuperación no ha llegado aún a todos las sectores de la sociedad y hay 118 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social en 2016 (1,7 millones más que en 2008), lo cual está muy lejos del objetivo de pobreza y exclusión social de Europa 2020;
   d) las inversiones para mejorar las condiciones de movilidad geográfica y profesional, y combatir al mismo tiempo los riesgos de distorsiones y abusos, han contribuido a un aumento progresivo de la tasa de movilidad dentro de la Unión, que alcanzó el 3,6 % de la población en 2015;

186.  Lamenta, no obstante, que la desigualdad en la distribución de ingresos aumentara entre 2013 y 2014 y, si bien en general se ha mantenido estable desde entonces, se encuentran algunos casos en los que dicha desigualdad se ha seguido agravando; manifiesta su preocupación por que el 20 % más rico de la población poseyera ingresos disponibles aproximadamente cinco veces superiores a los del 20 % más pobre en 2016, con grandes diferencias entre países (y un aumento en la desigualdad en algunos);

187.  Acoge con satisfacción la evaluación ex post del período de programación 2007-2013 del FSE, que concluyó el 12 de diciembre de 2016; señala que llegó a la conclusión de que, a finales de 2014, al menos 9,4 millones de residentes europeos habían encontrado un puesto de trabajo con el apoyo del FSE, 8,7 millones habían obtenido una cualificación o un certificado y 13,7 millones de participantes habían comunicado haber conseguido otros resultados positivos, como una mejora de su nivel de competencias; toma nota de que, según las simulaciones macroeconómicas, el FSE también ha tenido un impacto positivo en el Producto Interior Bruto (PIB) y la productividad de los 28 Estados miembros (incremento del 0,25 %);

188.  Señala que estos datos cuantitativos muestran de hecho una tendencia positiva, pero no dicen mucho sobre el rendimiento y la sostenibilidad de las medidas;

189.  Critica severamente a la DG EMPL por no haber publicado las propuestas de recomendaciones específicas por país, a pesar de que el Parlamento le ha pedido en repetidas ocasiones que lo haga;

190.  Señala que el cuadro que figura a continuación muestra el total de créditos de compromiso y de pago autorizados en 2016:

en millones EUR 2016

Créditos de compromiso autorizados

Créditos de pago autorizados

Fondo Social Europeo (FSE) (incluida la Iniciativa de Empleo Juvenil, IEJ)

12 438,2

8 132

Fondo de Ayuda Europea para los Más Necesitados (FEAD)

534,7

278

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

27,6

27,6

Instrumento de ayuda Preadhesión (IPA) — Desarrollo de los recursos humanos

0

82,3

Gestión directa (Programa para el Empleo y la Innovación Social, Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía, Erasmus +) y agencias

289

275

Total

13 290

8 795

191.  Acoge con satisfacción el hecho de que la DG EMPL haya elaborado una metodología para evaluar anualmente el rendimiento de los programas, pero tiene dudas sobre el valor informativo de criterios como «bueno», «aceptable» o «insuficiente»;

192.  Manifiesta su preocupación por que, en marzo de 2017, solo se había sido designado al 87 % de los organismos de certificación;

193.  Acoge con satisfacción el hecho de que la DG EMPL recibiera el 15 de febrero de 2017 un paquete de fiabilidad completo, incluidas las cuentas, el informe de control anual y los dictámenes de auditoría de las cuentas, el sistema de control y gestión y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes, la declaración de fiabilidad y el resumen anual para todos los programas; toma nota de que, en general, la DG EMPL solo presentó observaciones menores y aceptó las cuentas anuales;

194.  Acoge con satisfacción el hecho de que, a finales de 2016, la DG EMPL había finalizado su plan de auditoría plurianual, como consecuencia del cual 89 de las 92 autoridades de auditoría habían sido auditadas y se habían cubierto 115 de los 118 programas operativos;

195.  Señala que, en 2016, la DG EMPL aplicó correcciones financieras por un importe de 255,8 millones EUR; que el importe total acumulado aceptado o aprobado de las correcciones financieras para el período de programación 2007-2013 se elevaba a finales de 2016 a 1 454 millones EUR; y que, en ese mismo período, los Estados miembros notificaron correcciones financieras por valor de 2 253,8 millones EUR;

196.  Lamenta que la DG EMPL haya mantenido o emitido las siguientes reservas, relativas a:

   a) los sistemas de gestión y control de un programa operativo del FSE en Italia para el período de programación 2000-2006 (reserva de reputación);
   b) los sistemas de gestión y control de 23 programas operativos específicos del FSE para el periodo de programación 2007-2013; y
   c) los sistemas de gestión y control para 3 programas operativos del FSE y 1 de la IEJ para el período de programación 2014-2020;

197.  Señala que el importe global estimado en situación de riesgo para los gastos pertinentes de 2016 es de 279 millones EUR;

Cuestiones específicas

Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ)

198.  Ha sido informado de los primeros resultados de un estudio sobre la aplicación de la IEJ, según el cual:

   a) antes de finales de 2016, el número de jóvenes que no trabajaban, seguían estudios ni recibían formación (ninis) que habían participado en proyectos apoyados por la IEJ que han mejorado sus capacidades o les han permitido tener una experiencia laboral se triplicó con respecto a finales de 2015 (1,3 frente a 0,5 millones de personas);
   b) entre ellos, 712 000 participantes desempleados e inactivos que no seguían estudios ni recibían formación completaron una intervención financiada por la IEJ; más de la mitad de ellos, unos 346 000 participantes desempleados e inactivos que no seguían estudios ni recibían formación habían obtenido un resultado positivo puesto que se habían orientado hacia la educación o la formación o habían obtenido una cualificación o conseguido un empleo, incluido por cuenta propia, tras su participación en la intervención;
   c) en Italia, una evaluación contrafactual puso de manifiesto que las nuevas políticas innovadoras ampliamente apoyadas por la IEJ aumentaron en gran medida las posibilidades profesionales de los jóvenes, en un 7,8 %, a pesar de importantes diferencias regionales, registrándose más dificultades en los ámbitos en los que el desempleo juvenil presenta las tasas más altas;

199.  Observa, además, que:

   a) Italia y España han movilizado un número significativo de «ninis» a través de las medidas de la IEJ a pesar de las todavía elevadas tasas de desempleo juvenil en estos países;
   b) Eslovaquia ha desplazado la atención de los planes de obras públicas para jóvenes hacia medidas más eficaces, como una mayor oferta de formación profesional;
   c) en Italia, una evaluación contrafactual puso de manifiesto que las nuevas políticas innovadoras ampliamente apoyadas por la IEJ aumentaron en gran medida las posibilidades profesionales de los jóvenes, en un 7,8 %, a pesar de importantes diferencias regionales;
   d) en Portugal, los programas de emprendimiento cofinanciados por la IEJ demostraron ser más eficaces que las medidas de educación superior;
   e) Grecia ha determinado que debe revisar su sistema de bonos para el empleo y la formación juveniles;
   f) en Polonia, el 62 % de los participantes en la IEJ recibieron una oferta de empleo, formación o educación, con un elevado nivel general de satisfacción de los participantes;

200.  Lamenta, no obstante, que se ha utilizado apenas el 30 % de los fondos disponibles, lo que refleja la prefinanciación inicial y los pagos intermedios;

201.  Se congratula de que, a finales de octubre de 2017, todos los Estados miembros a los que se aplica la condición ex ante relativa a la población romaní (Austria, Bélgica, Bulgaria, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Lituania, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y España) la hubieran cumplido y contaran, por tanto, con una estrategia nacional de integración de los romaníes;

202.  Toma nota de que, para el período de programación 2014-2020, dos prioridades de inversión del FSE abordan directamente la no discriminación y la integración de la población romaní (véase el siguiente cuadro);

Prioridad de inversión

Estados miembros que han elegido la prioridad de inversión

Asignación financiera

(millones EUR)

Lucha contra todas las formas de discriminación y promoción de la igualdad de oportunidades

11 Estados miembros (BE, CY, CZ, DE, ES, FR, GR, IE, PL, PT y SK)

447

Integración socioeconómica de comunidades marginadas tales como la población romaní

12 Estados miembros (AT, BE, BG, CZ, ES, FR, GR, HU, IT, PL, RO y SK)

1 600

La mayor parte de la financiación (1,2 millones EUR) se concentra en los siguientes países: BG, CZ, HU y RO

203.  Observa que, pese a tener un presupuesto anual máximo de 150 millones EUR, en 2016 el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización movilizó solo 28 millones EUR para compromisos de la reserva, beneficiando a ocho Estados miembros;

Medidas que deben adoptarse

204.  Pide, por tanto, a los Estados miembros y a la Comisión que, en el marco del período de financiación posterior a 2020, presten más atención a:

   a) la creación de valor añadido de la Unión con la política de cohesión;
   b) el desarrollo de una coordinación más estrecha entre la política de cohesión, la gobernanza económica y el Semestre Europeo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, incentivos positivos para fortalecer la consecución de los objetivos de la política de cohesión dirigidos a superar las diferencias y desigualdades, como se contempla en los Tratados, en sus tres dimensiones: económica, social y territorial;
   c) el diseño de un sistema que permita concentrar la financiación de la cohesión en las regiones que más lo necesitan;
   d) la prestación de un apoyo administrativo estratégico a las regiones que tienen dificultades para absorber la financiación;
   e) la elaboración de un conjunto único de normas para los Fondos Estructurales;
   f) la realización de progresos hacia la puesta en práctica del principio de auditoría única;
   g) la aceleración de la ejecución de los programas y proyectos, con el fin de respetar el período financiero de siete años (n+3);
   h) la posibilidad de que las autoridades de auditoría nacionales auditen los instrumentos financieros del presupuesto de la Unión, reduzcan el número de instrumentos financieros e introduzcan normas más estrictas en materia de elaboración de informes por parte de los gestores de los fondos, incluidos el grupo BEI y otras entidades financieras internacionales, en lo referente al rendimiento y los resultados logrados, reforzando así la transparencia y la rendición de cuentas;
   i) la consideración de las conclusiones extraídas del actual período y la necesidad de una mayor simplificación con objeto de establecer un sistema equilibrado que garantice la consecución de resultados y la buena gestión financiera sin una carga administrativa excesiva que desalentara a los beneficiarios potenciales y diera lugar a un mayor número de errores;
   j) el equilibrio geográfico y social de modo que las inversiones se implementen donde más se necesiten;

205.  Insiste en que la DG REGIO y la DG EMPL publiquen sus propuestas de recomendaciones específicas por país en sus respectivos informes anuales de actividad, como ha solicitado reiteradamente el Parlamento;

206.  Pide a la DG REGIO:

   a) que informe a la comisión competente del Parlamento sobre los distintos expedientes de la OLAF pendientes cuando hayan concluido los correspondientes procedimientos judiciales;
   b) que, en el seguimiento de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2016, informe a la comisión competente del Parlamento sobre los progresos realizados con todos los proyectos anteriormente mencionados;

207.  Pide al BEI que revise urgentemente las conclusiones de la OLAF y extraiga las conclusiones necesarias; pide al BEI que informe al Parlamento Europeo de sus conclusiones y de las medidas adoptadas;

208.  Pide a la Comisión que fomente el uso de las opciones de costes simplificados introducidas por la revisión del Reglamento Financiero;

209.  Pide a la DG EMPL que ponga en práctica la recomendación del SAI en relación con la rápida aplicación de la estrategia de control de los fondos EIE e informe al Parlamento sobre su ejecución;

210.  Pide a la Comisión que prevea una mayor simplificación de las normas y una reducción de la carga administrativa a fin de reducir todavía más el porcentaje de error;

Recursos naturales

Indicadores clave de rendimiento y PAC justa

211.  Señala que, según el informe anual de actividad de la DG AGRI (página 15 - indicador clave de rendimiento 1: renta de los factores agrícolas por trabajador a tiempo completo), el valor añadido y la productividad del sector volvieron a descender ligeramente en 2016 y que, para la DG AGRI, es difícil determinar qué provocó exactamente el descenso general de la renta de los factores de producción desde 2013;

212.  Recuerda que el indicador clave de rendimiento 4 relativo a la tasa de empleo en el desarrollo rural no es pertinente, ya que la tasa de empleo en el desarrollo rural no está influida únicamente por las medidas de la PAC;

213.  Lamenta que la Comisión no haya dado curso a las recomendaciones formuladas por el Parlamento en su Resolución que acompaña a la aprobación de la gestión para el ejercicio 2015 de redefinir el indicador clave de rendimiento 4 para acentuar el impacto específico de las medidas de la PAC en el empleo en estos sectores;

214.  Señala que en 2016 se concedió al 51 % de los beneficiarios de los pagos directos menos de 1 250 EUR, importe correspondiente a un total del 4 % de los pagos directos totales(10);

215.  Recuerda sus observaciones(11) sobre la estructura insostenible de los gastos de la PAC: un 44,7 % de todas las explotaciones agrícolas de la Unión tuvo un ingreso anual inferior a 4 000 EUR, y en 2016, en promedio, el 10 % superior de los beneficiarios de la ayuda directa de la PAC recibió alrededor del 60 % de los pagos(12); señala que la distribución del pago directo refleja en gran parte la concentración de tierras, al poseer también el 20 % de los agricultores el 80 % de las tierras; (respuesta a la pregunta escrita n.º 17 durante la audiencia de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento con el Sr. Hogan el 28 de noviembre de 2017); manifiesta su preocupación por la elevada concentración de beneficiarios y destaca la necesidad de encontrar un mejor equilibrio entre grandes y pequeños beneficiarios;

216.  Señala que en torno al 72 % de la ayuda se paga a explotaciones de entre 5 y 250 hectáreas de superficie, que suelen ser explotaciones familiares;

217.  Pide que la DG AGRI fije objetivos acompañados de indicadores para reducir las desigualdades de renta entre las explotaciones en el próximo MFP;

218.  Reitera su opinión de que los pagos directos podrían no desempeñar plenamente su papel como red de seguridad para estabilizar la renta agrícola, especialmente en el caso de las explotaciones más pequeñas, habida cuenta de la distribución desequilibrada de los pagos;

219.  Opina que los ingresos de las explotaciones más grandes no necesitan forzosamente el mismo grado de apoyo para estabilizar la renta agrícola que las explotaciones pequeñas en épocas de volatilidad de los ingresos, pues pueden beneficiarse de economías de escala que pueden hacerlas más resistentes y recomienda, por lo tanto, que la Comisión recurra a una escala móvil para subsanar este desequilibrio, con subvenciones decrecientes a medida que aumente el tamaño de la explotación;

220.  Pide a la Comisión que proceda a una simplificación real del procedimiento y la documentación solicitada para acceder a la financiación, sin por ello socavar los principios de control y seguimiento; pide que se preste especial atención al apoyo administrativo a los pequeños productores, para los que la financiación es un requisito previo vital para su supervivencia económica;

Porcentaje de error

221.  Señala que el Tribunal ha estimado que el nivel de error del capítulo de recursos naturales en su conjunto es del 2,5 % (2,9 % en 2015 y 3,6 % en 2014); acoge con satisfacción la evolución positiva del porcentaje de error, al tiempo que observa que la cifra de 2016 es superior al nivel significativo;

222.  Se congratula de que la evaluación por el Tribunal del FEAGA llegue a la conclusión de que los pagos de ayudas al mercado y de ayudas directas estuvieran exentos de errores significativos en 2016, siendo el porcentaje de error más probable estimado por el Tribunal el 1,7 % (2,2 % en 2015);

223.  Señala que el Tribunal observó un menor número de errores debidos a la sobrevaloración o a la declaración de tierras no subvencionables por el agricultor, lo que se debe a la introducción de una nueva definición más flexible de pastos permanentes, la realización de planes de acción destinados a mejorar la calidad de los datos en los sistemas de identificación de parcelas agrícolas y el nuevo sistema de geoposicionamiento en línea para presentar solicitudes;

224.  Observa que los pagos para ecologización han sido una fuente de errores llamativa que supone el 17 % del nivel de error estimado por el Tribunal, y que los errores se detectaron principalmente en relación con los requisitos relativos a las superficies de interés ecológico, aunque el porcentaje de error para el FEAGA fue inferior al umbral de importancia relativa; acoge con satisfacción, en este sentido, la disminución del porcentaje de error para el FEAGA hasta el 1,7 %;

225.  Señala que el Tribunal detectó asimismo insuficiencias en la protección de los pastos permanentes, al no contar la República Checa y Polonia con los datos históricos necesarios para comprobar el cumplimiento de la obligación de tener tierras cultivables cubiertas de hierba durante cinco años consecutivos, mientras que Alemania, Francia, Italia, Portugal y el Reino Unido no habían clasificado los pastos permanentes de una manera plenamente fiable;

226.  Subraya la tendencia positiva en los porcentajes de error emitidos por el Tribunal pese a la evolución de los importes en riesgo indicados por la DG AGRI en sus informes anuales de actividad, que pasaron del 1,38 % en 2015 al 1,996 % en 2016 (sin incluir las medidas de mercado, con un porcentaje de error del 2,85 %) y fueron del 4 % para ambos ejercicios en el desarrollo rural; entiende que esto no refleja desviaciones estadísticamente considerables;

227.  Lamenta que los pagos relativos al desarrollo rural, medio ambiente, acción por el clima y pesca no estén exentos de errores significativos en 2016, con el porcentaje de error más probable estimado en el 4,9 % (5,3 % en 2015); señala que, si todas las informaciones en poder de las autoridades nacionales se hubiesen utilizado para corregir los errores, el nivel de error estimado habría sido 1,5 puntos porcentuales más bajo;

228.  Señala que en materia de desarrollo rural tres de los principales errores de subvencionabilidad atañían a beneficiarios que no habían revelado su relación con empresas conexas, que bien los controlaban, presentaban solicitudes conjuntamente con ellos o les suministraban, lo que contraviene la normativa nacional o de la Unión (véase el Informe Anual 2016 del Tribunal, apartado 7.26);

Sistemas de gestión y control

229.  Señala que, en su informe anual de actividad, el director general de la DG AGRI emitió una reserva sobre los pagos directos referidos a dieciocho organismos pagadores de doce Estados miembros y que el importe de las contribuciones gestionadas por los organismos pagadores sometidas a una reserva y a un control reforzado asciende a 13 618,6 millones EUR, siendo el importe real en situación de riesgo para los gastos objeto de reserva de 541,2 millones EUR;

230.  Señala que las insuficiencias se detectaron en particular en el sistema de gestión y control de Hungría (retrasos en la declaración de fiabilidad por el organismo pagador y deficiencias en los pagos de ecologización), Bulgaria (relativas a la ecologización y al carácter ecológico de los agricultores), Polonia (relativas a los pagos de ecologización) e Italia (relativas a las deficiencias en la correcta determinación de la subvencionabilidad de las tierras y del estatus de agricultor activo);

231.  Lamenta los recientes casos de fraude relacionados con los organismos pagadores en Italia; pide a la Comisión que supervise atentamente la situación y aporte información detallada al Parlamento sobre el seguimiento del procedimiento de aprobación de la gestión;

232.  Pide a la Comisión que acelere el procedimiento de liquidación de conformidad iniciado el 8 de enero de 2016 para obtener información precisa y detallada sobre el riesgo de que se produzcan conflictos de intereses en relación con el Fondo Estatal de Intervención Agrícola de la República Checa; toma nota de que la falta de solución a un conflicto de intereses puede conducir en última instancia a la retirada de la acreditación del organismo pagador por parte de la autoridad competente o a la imposición de correcciones financieras por parte de la Comisión; pide a la Comisión que informe sin demora al Parlamento si, al final del procedimiento de liquidación de conformidad, la OLAF transmite a la DG AGRI información relativa a posibles casos de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión;

Fiabilidad de los datos comunicados por los Estados miembros

233.  Señala que, puesto que los sistemas de gestión y control de algunos Estados miembros acusan deficiencias, la DG AGRI ajusta las estadísticas de control comunicadas basándose principalmente en las auditorías de la Comisión y del Tribunal realizadas en los tres últimos años, así como en la opinión del organismo de certificación del ejercicio contable en cuestión;

234.  Señala que, a pesar del hecho de que desde 2015, los organismos de certificación de los Estados miembros tienen el deber de comprobar la legalidad y regularidad de las operaciones:

   a) en cuanto a las medidas de mercado, la DG AGRI ha realizado ajustes en un total de 32 regímenes (es decir, menos del 20 % del número total de regímenes para los que se declararon gastos en 2016);
   b) en cuanto a los pagos directos, se realizaron ajustes en 52 casos (de un total de 69), de los cuales la mayoría fueron inferiores al 1 %, 7 se situaron entre el 1 % y el 2 % y 9 supusieron más del 2 %;
   c) en cuanto al desarrollo rural, se aportaron financiaciones complementarias a 39 organismos pagadores de un total de 72, con 21 ajustes de más del 1 % y 16 por encima del 2 %;

Cuestiones relativas al rendimiento en el desarrollo rural

235.  Acoge con satisfacción el hecho de que el Tribunal examinara las cuestiones relativas al rendimiento en la muestra de operaciones en el ámbito del desarrollo rural durante los tres últimos años; toma nota con satisfacción de que el 95 % de los proyectos finalizados en el momento de la auditoría se había llevado a cabo según lo previsto, pero lamenta que no existieran suficientes pruebas de que los costes fueran razonables;

236.  Destaca que casi todos los proyectos auditados por el Tribunal utilizaron un sistema que reembolsa los gastos resultantes, y señala que en el período de programación 2014-2020 los Estados miembros podrán utilizar, como alternativa, un sistema de opciones de costes simplificados con baremos estándares de costes unitarios, importes a tanto alzado y financiaciones a tipo fijo, lo que limita efectivamente el riesgo de precios excesivos;

Ecologización

237.  Observa que, en su Informe Anual 2016 (apartado 7.17), el Tribunal comunica en relación con los pagos de ecologización abonados a 63 explotaciones visitadas que:

   a) todas las que estaban sometidas al requisito de diversificación de cultivos eran conformes;
   b) la mayoría de los errores referentes a la ecologización se referían al incumplimiento de los requisitos relativos a las superficies de interés ecológico;
   c) las parcelas estaban correctamente registradas en el sistema de identificación de parcelas en lo que se refiere al mantenimiento de los pastos permanentes existentes;
   d) no todos los pastos permanentes se habían registrado correctamente como tales;

238.  Se muestra, no obstante, particularmente afectado por las primeras conclusiones extraídas por la Comisión en su documento de trabajo sobre la revisión de las medidas de ecologización tras un año (SWD (2016)218, segunda parte, página 14), en el sentido de que, globalmente, los agricultores tendrán que cambiar de cultivos en menos del 1 % de la superficie total cultivable de la Unión con el fin de cumplir con el requisito de diversificación de cultivos y, puesto que la gran mayoría de las tierras cultivables de la Unión está sujeta a la obligación de diversificación de cultivos, este impacto limitado parece reflejar las prácticas actuales de los agricultores que ya cumplen este requisito;

239.  Destaca que el Tribunal confirma en su Informe Anual (apartados 7.43 a 7.54) el análisis de la Comisión en el que esta señala que la diversificación de cultivos y el régimen de superficies de interés ecológico no dieron lugar a ninguna modificación para la mayor parte de las explotaciones que se visitaron (el 89 % para la diversificación de cultivos y el 67 % para las superficies de interés ecológico);

240.  Se muestra especialmente preocupado porque, según el Informe Especial del Tribunal n.º 21/2017, titulado «La ecologización: un régimen de ayuda a la renta más complejo que todavía no es eficaz desde el punto de vista medioambiental», «además, es poco probable que la ecologización aporte beneficios importantes en materia de clima y medioambiente [...] se debe principalmente al hecho de que los requisitos de ecologización son generalmente poco exigentes y reflejan en gran medida las prácticas agrícolas habituales.»;

241.  Señala, además, que, según el Tribunal, debido a las amplias exenciones, la mayoría de los agricultores (el 65 %) pueden beneficiarse del pago de ecologización sin estar realmente sujetos a las obligaciones correspondientes; que, por consiguiente, la ecologización propicia un cambio positivo en las prácticas agrícolas solo en un porcentaje muy limitado de las tierras de cultivo de la Unión;

242.  Lamenta que los regímenes de ecologización sean más un instrumento de apoyo a la renta de los agricultores que de mejora del rendimiento medioambiental y climático de la PAC; considera que, para que los programas agrícolas aborden las necesidades medioambientales y climáticas, deben incluir objetivos de rendimiento y financiación que reflejen los costes contraídos y los ingresos perdidos como consecuencia de actividades que van más allá de los requisitos medioambientales;

243.  Lamenta el hecho de que, ya que forman parte de los regímenes de ayudas por superficie, los regímenes de ecologización en la configuración concreta del programa podrían aumentar los desequilibrios en la distribución de las ayudas de la PAC; pide en este sentido a la Comisión que considere seguir las recomendaciones realizadas por el Tribunal en el Informe Especial n.º 21/2017;

244.  Observa que, según la Comisión, las repercusiones concretas (de los regímenes de ecologización) sobre los resultados medioambientales dependen de las opciones elegidas por los Estados miembros y los agricultores y que, hasta la fecha, pocos Estados miembros han hecho uso de la posibilidad de limitar la utilización de plaguicidas y fertilizantes en las superficies de interés ecológico;

245.  Hace hincapié en que, para la administración pública, la carga de la ecologización radica esencialmente en el desarrollo de nuevos instrumentos de gestión, como la adición de una capa relativa a las superficies de interés ecológico al sistema de identificación de parcelas, lo que explica en parte por qué la DG AGRI ha aumentado sus reservas y los planes de acción impuestos a los Estados miembros;

246.  Toma nota del hecho de que la ecologización añade una gran complejidad a la PAC debido a los solapamientos con otros instrumentos medioambientales de la PAC (la condicionalidad y las medidas medioambientales del pilar II); toma nota a este respecto del Informe Especial n.º 21/2017 del Tribunal relativo a la ecologización, que señala que «la Comisión y los Estados miembros mitigan el riesgo consiguiente de peso muerto y de doble financiación»;

Régimen para jóvenes agricultores

247.  Señala que, con grandes disparidades en el desarrollo del sector agrícola en toda la Unión, uno de los principales problemas es el reto demográfico, lo que requiere políticas para abordar la escasez de jóvenes agricultores con el fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo de la agricultura de la Unión;

248.  Señala que los jóvenes agricultores se enfrentan a dificultades específicas para acceder a la financiación y a la escasa rotación en los primeros años de su actividad, junto a la lentitud de la renovación generacional y la dificultad en el acceso a tierras agrícolas;

249.  Señala que la reducción del número de jóvenes en el sector hace más difícil la renovación generacional y puede conllevar la pérdida de valiosas cualificaciones y conocimientos conforme se jubila el personal experimentado de más edad; insiste, en consecuencia, en que es necesario apoyar tanto a los agricultores que se jubilan como a los jóvenes sucesores que se hacen cargo de una explotación;

250.  Se muestra especialmente preocupado por el hecho de que, en su Informe Especial n.º 10/2017 sobre el apoyo a los jóvenes agricultores, el Tribunal observa que, con respecto a los pagos directos, la ayuda para jóvenes agricultores:

   a) no se basa en una evaluación objetiva de las necesidades;
   b) no refleja el objetivo general de fomentar el relevo generacional;
   c) ni siquiera se presta siempre a los jóvenes agricultores que la necesitan; y
   d) se presta en ocasiones a explotaciones en las que los jóvenes agricultores desempeñan un papel secundario;

251.  Lamenta que, en lo que respecta a la ayuda a los jóvenes agricultores a través de programas de desarrollo rural, el Tribunal llegó a la conclusión de que las medidas se basan en general en una vaga evaluación de las necesidades y de que no existe una verdadera coordinación entre los pagos del primer pilar y la ayuda del segundo pilar a los jóvenes agricultores;

Medidas que deben adoptarse

252.  Pide:

   a) a la Comisión que analice detenidamente las causas de la disminución global de la renta de los factores desde 2013 y que defina un nuevo objetivo clave de rendimiento para el próximo MFP, acompañados de indicadores de impacto y resultados, con vistas a atenuar las desigualdades de renta entre los agricultores;
   b) a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos por incluir datos más fiables y actualizados en sus bases de datos del sistema de identificación de parcelas;
   c) a la Comisión que revise el enfoque adoptado por los organismos pagadores para clasificar y actualizar las categorías de tierras en sus sistemas de identificación de parcelas y para practicar los controles cruzados necesarios para reducir el riesgo de error en los pagos de ecologización;
   d) a la Comisión que adopte las medidas pertinentes para exigir que los planes de acción de los Estados miembros en el ámbito del desarrollo rural incluyan medidas correctoras para atajar los casos de error frecuentes;
   e) a la Comisión que proporcione orientaciones y divulgue las mejores prácticas entre las autoridades nacionales, así como entre los beneficiarios y sus asociaciones, para garantizar que sus controles permitan identificar los vínculos entre los solicitantes y otras partes interesadas que participan en los proyectos de desarrollo rural financiados;
   f) a la Comisión que siga vigilante en relación con los controles efectuados y los datos comunicados por las autoridades de los Estados miembros, y que tenga en cuenta esta información a la hora de asignar su carga de auditoría sobre la base de las evaluaciones del riesgo;
   g) a los Estados miembros, así como a los beneficiarios y sus asociaciones, que aprovechen plenamente las posibilidades que ofrece el sistema de opciones de costes simplificados en el desarrollo rural;
   h) a la Comisión que prepare y desarrolle, para la próxima reforma de la PAC, una lógica de intervención completa para las actuaciones medioambientales y climáticas de la Unión en relación con la agricultura, incluyendo objetivos específicos y basándose en conocimientos científicos actualizados de los fenómenos en cuestión;

253.  Pide a la Comisión que se guíe por los siguientes principios en la elaboración de una nueva propuesta sobre la ecologización:

   a) los agricultores deben beneficiarse de los pagos de la PAC si cumplen una serie de normas medioambientales básicas que incluyan los requisitos de buenas condiciones agrarias y medioambientales de la tierra (BCAM) y de la ecologización, que se supone deben ir más allá de los requisitos de la legislación medioambiental; acoge con satisfacción, en este sentido, la lógica del enfoque del «presupuesto centrado en los resultados» de la Comisión; considera que un futuro sistema de ejecución debe, por tanto, estar más orientado a los resultados;
   b) las necesidades medioambientales y climáticas locales específicas se pueden abordar adecuadamente a través de una acción programada más eficaz y específica en relación con la agricultura;
   c) cuando se ofrezcan a los Estados miembros diferentes opciones para ejecutar la PAC, deben demostrar, antes de su aplicación, que las opciones que han escogido son eficaces y eficientes en relación con la consecución de los objetivos políticos, en particular los relativos a la seguridad alimentaria, la calidad de los alimentos y su función para la salud, la ecologización, la gestión del territorio y la lucha contra la despoblación en la Unión;

254.  Pide a la Comisión que:

   a) lleve a cabo una evaluación exhaustiva de todas las políticas e instrumentos existentes de la PAC que puedan combinarse para ayudar a los jóvenes agricultores e identificar los obstáculos para el acceso a explotaciones ya existentes y/o la creación de explotaciones para jóvenes agricultores que puedan abordarse en la futura revisión de la PAC;
   b) garantice que, en el ámbito de la reforma agrícola, se continúe mejorando las condiciones marco para el desarrollo rural, tal y como se recoge, entre otros, en la Declaración de Cork 2.0 de 2016, con el fin de garantizar el éxito de los programas de ayuda a los jóvenes agricultores;
   c) incluya en la legislación para la PAC posterior a 2020 (o exija a los Estados miembros que indiquen, con arreglo a las disposiciones sobre gestión compartida) una lógica de intervención clara para los instrumentos políticos dedicados al relevo generacional en la agricultura; la lógica de intervención debería incluir:
   una buena evaluación de las necesidades de los jóvenes agricultores;
   una evaluación de las necesidades que podrían ser abordadas por los instrumentos políticos de la Unión y de las que pueden ser o ya son mejor atendidas por las políticas de los Estados miembros, así como un análisis de las formas de apoyo (por ejemplo, pagos directos, cantidades fijas únicas e instrumentos financieros) que mejor se adecuan a las necesidades identificadas;
   medidas de sensibilización para las autoridades, los beneficiarios y sus asociaciones sobre los diferentes tipos de ayuda posibles en caso de transferencia anticipada de una explotación a un sucesor, junto con servicios de asesoramiento u otras medidas, como un régimen de jubilación satisfactorio basado en los ingresos/rentas nacionales o regionales en el sector de la agricultura, la alimentación y la silvicultura;
   una definición de objetivos SMART que explicite y cuantifique los resultados esperados de los instrumentos políticos en cuanto a la tasa prevista de relevo generacional y la contribución a la viabilidad de las explotaciones subvencionadas; en particular, la aclaración de si los instrumentos políticos deben ir encaminados a apoyar el mayor número posible de jóvenes agricultores o dirigirse a un tipo específico de jóvenes agricultores;
   d) la garantía de que, por medio de la legislación propuesta para la PAC posterior a 2020, la Comisión y los Estados miembros (en consonancia con las disposiciones sobre gestión compartida) mejoren el sistema de seguimiento y evaluación;

Una Europa global

Porcentajes de error

255.  Señala que, según las conclusiones del Tribunal, el gasto en «Una Europa Global» está afectado por un nivel significativo de error estimado en el 2,1 % (el 2,8 % en 2015 y el 2,7 % en 2014); acoge con satisfacción la tendencia positiva del porcentaje de error en este ámbito político;

256.  Lamenta que, una vez excluidas las operaciones con donantes múltiples y las operaciones de apoyo presupuestario, el porcentaje de error para las operaciones específicas gestionadas directamente por la Comisión se haya estimado en un 2,8 % (3,8 % en 2015; 3,7 % en 2014);

257.  señala que la Comisión y sus socios ejecutivos cometieron más errores en las operaciones correspondientes a subvenciones y a acuerdos de contribución con organizaciones internacionales que en otras formas de apoyo; Señala, en particular, que las operaciones de apoyo presupuestario examinadas por el Tribunal estaban exentas de errores relativos a la legalidad o regularidad;

258.  Señala que, si se hubiese utilizado toda la información de que disponía la Comisión —y los auditores nombrados por la Comisión— para corregir los errores, el porcentaje de error estimado para el capítulo «Una Europa Global» habría sido un 0,9 % inferior, es decir el 1,4 %, inferior por lo tanto al umbral de materialidad;

259.  Señala que:

   a) el 37 % del nivel de error estimado se puede atribuir a gastos cuyos justificantes esenciales no se aportaron;
   b) el 28 % del porcentaje estimado de error correspondía a dos casos en los que la Comisión aceptó gastos que realmente no se habían efectuado; lamenta que esta situación ya se hubiera detectado el año anterior y señala que la verificación de las operaciones por el Tribunal puso de manifiesto algunas insuficiencias de control en los sistemas de la Comisión;
   c) el 26 % del nivel de error estimado corresponde a gastos no subvencionables: es decir, gastos relacionados con actividades no reguladas por contrato o que se efectuaron fuera del período de subvencionabilidad, incumplimiento de la norma de origen, impuestos no subvencionables y gastos indirectos imputados erróneamente como gastos directos;

Declaración de fiabilidad

260.  Se muestra profundamente preocupado por el hecho de que, según el Tribunal, los auditores de la DG NEAR detectaron insuficiencias en la gestión del segundo Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IAP II) y, en concreto, en las autoridades de auditoría de tres países beneficiarios de dicho instrumento (Albania, Turquía y Serbia); ello, a pesar de que las autoridades de auditoría de Albania y Serbia habían introducido cambios para resolver los problemas detectados; y, en el caso de Turquía, hay importantes ámbitos de los sistemas de las autoridades de auditoría que todavía podrían limitar la garantía que estas pueden proporcionar a la Comisión (Informe Anual 2016 del Tribunal, apartado 9.24);

261.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que el Tribunal estimó que la capacidad correctora de la DG NEAR se había sobreevaluado y que, por consiguiente, el importe total en situación de riesgo en el momento del pago, también;

Rendimiento

262.  Observa que, en su informe de actividad anual, la DG DEVCO ha definido los indicadores clave de resultados relativos al desarrollo humano, el cambio climático, las cuestiones de género y el porcentaje de error, pero deplora que ninguno de estos indicadores sea capaz de medir el rendimiento de la política de cooperación para el desarrollo, ya que solo indican la parte de la ayuda asignada a cada uno de los objetivos en lugar de medir las repercusiones concretas y los avances realizados para alcanzar los objetivos;

263.  Manifiesta su preocupación por que el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de la Comisión señaló que, en lo relativo a la notificación, el tipo de información sobre el rendimiento de la DG DEVCO facilitado por los diferentes informes sobre programación y planificación estratégica (informe anual de actividad, informe de los ordenadores subdelegados, informe sobre la gestión de la ayuda exterior) es limitado y no aporta una valoración real de si se han cumplido o no los objetivos;

Informes sobre la gestión de la ayuda exterior

264.  Lamenta una vez más que los informes sobre la gestión de la ayuda exterior presentados por los jefes de las delegaciones de la Unión no se hayan adjuntado a los informes anuales de actividad de la DG DEVCO y la DG NEAR, conforme a lo establecido en el artículo 67, apartado 3, del Reglamento Financiero; lamenta que estos informes se consideren confidenciales sistemáticamente, pese a que, de conformidad con el artículo 67, apartado 3, del Reglamento Financiero, «se pondrán a disposición del Parlamento Europeo y del Consejo, teniendo debidamente en cuenta, si procede, su confidencialidad»;

265.  Toma nota de que en las repuestas del comisario Ottinger a la carta del ponente la Comisión informa de que está explorando un nuevo formato de informe que podría transmitirse al Parlamento sin necesidad de procedimientos de confidencialidad, evitando en todo caso los riesgos de perjudicar a la política diplomática de la Unión;

266.  Acoge con satisfacción el hecho de que la DG DEVCO hiciera pública la lista de las delegaciones participantes en los informes sobre la gestión de la ayuda exterior y presentara en su informe anual de actividad un análisis de los indicadores clave de rendimiento de la DG DEVCO; insiste, no obstante, en que el Reglamento Financiero debe respetarse plenamente;

Fondos fiduciarios

267.  Recuerda que la posibilidad de que la Comisión cree y gestione fondos fiduciarios de la Unión tendría por objeto:

   a) reforzar el papel internacional de la Unión Europea, así como reforzar la visibilidad y eficacia de su acción exterior y de la ayuda al desarrollo;
   b) establecer un proceso decisorio acelerado para la elección de las medidas que deban aplicarse, lo cual es crucial en las acciones de emergencia y postemergencia;
   c) garantizar el efecto multiplicador de los recursos adicionales destinados a la acción exterior; y
   d) aumentar, mediante la puesta en común de recursos, la coordinación entre los distintos donantes de la Unión en determinados ámbitos de intervención;

268.  Expresa algunas preocupaciones, a la luz de recientes experiencias, en cuanto a la consecución de los principales objetivos perseguidos por la creación de los fondos fiduciarios y señala, en particular, que:

   a) el efecto multiplicador de este nuevo instrumento no está necesariamente garantizado, ya que la contribución de otros donantes es en determinados casos muy limitada;
   b) la visibilidad de la acción exterior de la Unión no ha mejorado, a pesar de la existencia de distintos acuerdos con las partes interesadas, y no está necesariamente garantizada una mejor coordinación de la actuación de todas las partes interesadas;
   c) la preferencia a priori por las agencias de los Estados miembros en algunos de los contratos constitutivos de los fondos fiduciarios genera un conflicto de intereses en lugar de un incentivo para que los Estados miembros presten más recursos financieros;

269.  Recuerda, en particular, que el Fondo Fiduciario para África tiene un valor de más de 3 200 millones EUR, con más de 2 900 millones EUR procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) y 228,667 millones EUR de otros donantes; considera inaceptable que la participación del FED en los fondos fiduciarios limite aún más la posibilidad del Parlamento de examinar el gasto de la Unión;

270.  Señala que la puesta en común de los recursos procedentes del FED, el presupuesto de la Unión y otros donantes no debería tener como consecuencia que el dinero destinado a los países ACP no llegue a sus beneficiarios normales;

271.  Destaca que el creciente recurso a otros mecanismos financieros como los fondos fiduciarios para llevar a cabo las políticas de la Unión al margen del presupuesto de la Unión puede rebajar el nivel de rendición de cuentas y transparencia al no estar armonizados la información, la fiscalización y el control público (Informe Anual 2016 del Tribunal, apartado 2.31); subraya, por lo tanto, la importancia del compromiso de la Comisión de informar periódicamente a la Autoridad Presupuestaria sobre la financiación y las operaciones previstas y en curso de los fondos fiduciarios, incluidas las contribuciones de los Estados miembros;

Fondos para la Autoridad Palestina

272.  Insiste en que los programas de formación y estudio financiados con fondos de la Unión, como PEGASE, deben reflejar valores comunes como la paz, la libertad, la tolerancia y la no discriminación en la educación, de conformidad con lo acordado por los ministros de Educación de la Unión el 17 de marzo de 2015 en París;

Medidas que deben adoptarse:

273.  Pide a la DG NEAR (Informe Anual 2016 del Tribunal, apartado 9.37) que:

   a) trabaje junto con las autoridades de auditoría de los países beneficiarios del IPA II para mejorar sus competencias;
   b) elabore índices de riesgo para mejorar la evaluación basada en modelos de control interno que la Dirección General introdujo oportunamente con la finalidad de mejorar la medición del impacto de los errores;
   c) presente en su próximo informe anual de actividad el alcance del estudio del porcentaje de error residual y los límites inferior y superior estimados;
   d) mejore el cálculo de la capacidad correctora de 2017 mediante la resolución de las deficiencias señaladas por el Tribunal;

274.  Pide a la DG DEVCO y la DG NEAR que, en cooperación con la DG HOME, consideren la posibilidad de definir un indicador de rendimiento clave relativo a la eliminación de las causas profundas y subyacentes de la migración irregular;

275.  Pide a la Comisión que tome las medidas necesarias para corregir las deficiencias detectadas por su propio Servicio de Auditoría Interna en lo que respecta a la notificación de rendimiento de la DG DEVCO y que transforme el informe sobre la gestión de la ayuda exterior en un documento fiable y totalmente público que corrobore de manera adecuada la declaración de fiabilidad de los jefes de delegación y del director general de la DG DEVCO; pide a la DG DEVCO que defina las claves de rendimiento de manera que permitan medir el rendimiento de la política de cooperación al desarrollo, sin por ello perjudicar la política diplomática de la Unión a través de sus delegaciones;

276.  Considera fundamental que sea posible suspender los fondos de preadhesión no solo en caso de malversación comprobada de los mismos, sino también en caso de que países en fase de preadhesión infrinjan de alguna manera los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos;

277.  Destaca que los fondos fiduciarios deben crearse solo cuando su uso esté justificado y la acción requerida no sea posible a través de otros canales financieros existentes; pide, en este sentido, a la Comisión que, a la hora de crear fondos fiduciarios, establezca principios rectores para llevar a cabo una evaluación concisa y estructurada de las ventajas comparativas de los fondos fiduciarios en relación con otros vehículos de ayuda y que analice, asimismo, cuáles son los déficits específicos que deben cubrir los fondos fiduciarios; pide a la Comisión que considere poner fin a los fondos fiduciarios que no consiguen atraer una contribución significativa de otros donantes o que no aportan un valor añadido en comparación con los instrumentos exteriores de la Unión «tradicionales»;

278.  Lamenta profundamente los casos reconocidos de violencia, abusos sexuales y comportamientos totalmente impropios por parte del personal en tareas de ayuda humanitaria a población civil en situaciones de conflicto y post-conflicto; toma nota de que la Comisión ha manifestado su compromiso de revisar y, en caso necesario, suspender la financiación de los socios que no cumplan con los altos estándares éticos requeridos; exhorta a la Comisión a que, a fin de erradicar esta lacra y evitar que se repita, refuerce los mecanismos de prevención en los procedimientos de selección de personal y, además, imparta formación inicial y continua a este respecto; solicita, asimismo, una política de protección de los denunciantes de irregularidades de estos casos;

279.  Pide a la Comisión que elabore de forma más esmerada sus documentos de estrategia, a fin de proporcionar una evaluación más amplia y rigurosa de los requisitos de financiación y de los mejores instrumentos que han de utilizarse;

280.  Insta a la Comisión a que garantice que los fondos de la Unión se conceden con arreglo a los estándares de paz y tolerancia de la Unesco;

281.  Considera esencial que la capacidad administrativa de los países que reciben financiación cuente con el respaldo activo de la Comisión a través de una adecuada asistencia técnica;

Migración y seguridad

282.  Señala que en el capítulo 8 de su informe anual relativo a la «seguridad y ciudadanía»(13), el Tribunal no calcula un porcentaje de error sobre la base de las quince operaciones examinadas, ya que no se previó que esta muestra fuera representativa del gasto en esta rúbrica del MFP;

283.  Toma nota con preocupación de la conclusión del Tribunal según la cual «transcurridos dos años del período de programación de siete años, el ritmo de los pagos del FAMI(14) y el FSI en gestión compartida era lento» (Informe Anual 2016 del Tribunal, recuadro 8.2.º);

284.  Señala que el Tribunal detectó una serie de insuficiencias sistémicas relativas a SOLID, el FAMI y el FSI en la Comisión y los Estados miembros;

285.  Lamenta, en particular, que:

   a) el Tribunal destacara el elevado número de proyectos de programas del FAMI o del FSI elaborados por los Estados miembros y revisados por la Comisión antes de su aprobación, lo que puede retrasar su ejecución;
   b) la evaluación por la Comisión de los sistemas de los Estados miembros para el FAMI y el FSI se han basado a menudo, según el Tribunal, en información insuficientemente detallada, sobre todo en el ámbito de las estrategias de auditoría;
   c) se produjeran retrasos en la notificación de las auditorías de conformidad ex post de los programas SOLID y hubiera procedimientos de control de la calidad de los trabajos de auditoría externalizados insuficientemente documentados;

286.  Lamenta que el Tribunal constatara también las siguientes deficiencias en los Estados miembros: controles sobre el terreno insuficientemente documentados, ausencia de una herramienta informática específica para la gestión y el control de los fondos y algunas deficiencias en la auditoría llevada a cabo por las autoridades de auditoría de los Estados miembros;

287.  Lamenta que el Tribunal señalara en su Informe Anual que «la Comisión no notificó el importe global de fondos movilizados en respuesta a la crisis de los refugiados y de la migración en 2016, y es difícil hacer una estimación» (Informe Anual 2016 del Tribunal, apartado 2.28);

288.  Lamenta que el Tribunal concluya en cuanto a los puntos críticos (Informe Especial n.º 6/2017) que:

   a) a pesar de un considerable apoyo de la Unión, a finales de 2016 las instalaciones de acogida en Grecia e Italia todavía no eran adecuadas;
   b) faltaran todavía instalaciones apropiadas para alojar a los menores no acompañados y efectuar sus trámites de conformidad con las normas internacionales;
   c) el enfoque de puntos críticos exige además que se oriente a los migrantes hacia los procedimientos de seguimiento apropiados, es decir, a una solicitud de asilo nacional, o al retorno a su país de origen, y que la aplicación de estos procedimientos de seguimiento es a menudo lenta y está sujeta a diversos obstáculos que pueden tener repercusiones sobre el funcionamiento de los puntos críticos;

289.  Lamenta que, según Human Rights Watch, las mujeres hayan comunicado frecuentes casos de acoso sexual en puntos críticos en Grecia;

290.  Comparte la evaluación del Tribunal relativa a la falta de transparencia sobre la distribución de la financiación entre los recursos públicos y los recursos de los migrantes en la cuestión de la ayuda de urgencia para el transporte de migrantes de países terceros desde las islas griegas a la Grecia continental, a la que se refiere el Tribunal en su Informe Anual (Informe Anual 2016 del Tribunal, recuadro 8.4); recuerda que la legislación de la Unión no permite que los beneficiarios de subvenciones de la Unión obtengan beneficios de la ejecución de un proyecto; considera que este caso plantea algunas cuestiones de reputación para la Comisión y cuestiona su tratamiento desde un punto de vista ético;

Medidas que deben adoptarse

291.  Pide:

   a) a la DG HOME que, en cooperación con la DG DEVCO y la DG NEAR, considere la posibilidad de definir un indicador de rendimiento clave relativo a la eliminación de las causas profundas y en origen de la migración irregular;
   b) a la Comisión que reagrupe las líneas presupuestarias que financian la política migratoria en una sola rúbrica, con el fin de mejorar la transparencia;
   c) a la Comisión que defina estrategias específicas con los equipos de apoyo de la Unión para garantizar la seguridad de las mujeres y los menores acompañados en los puntos críticos;
   d) a la Comisión y a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para proporcionar servicios de acogida adecuados en Grecia e Italia;
   e) a la Comisión y a los Estados miembros que subsanen las deficiencias sistémicas detectadas por el Tribunal en la gestión de los fondos FAMI y FSI;
   f) a la Comisión que facilite una estimación de los costes pagados por migrante o solicitante de asilo por país;
   g) a la Comisión que prevea un sistema de control del respeto de los derechos humanos de los refugiados y los solicitantes de asilo;
   h) a la Comisión que intensifique los controles sobre los fondos para los refugiados, a menudo concedidos por los Estados miembros en situaciones de emergencia sin respetar las normas que se aplican habitualmente;

Código de Conducta de los comisarios y procedimientos de nombramiento de altos funcionarios

292.  Valora positivamente que sus peticiones a la Comisión para que revise el Código de Conducta de los comisarios antes de finales de 2017, en particular definiendo lo que constituye un conflicto de intereses e introduciendo criterios de evaluación de la compatibilidad de los puestos de trabajo ocupados después del cese de su mandato y ampliando el período de incompatibilidad a tres años para el presidente de la Comisión, haya recibido la respuesta exigida; toma nota de que el nuevo código entró en vigor el uno de febrero de 2018;

293.  Recuerda la promesa del presidente de la Comisión Juncker a la Defensora del Pueblo Europea de que el expresidente de la Comisión Barroso sería recibido exclusivamente como representante de intereses; recuerda la opinión del Comité de Ética ad hoc sobre el nuevo empleo del Sr. Barroso como asesor de Goldman Sachs de que ello sería admisible solamente si el Sr. Barroso se comprometía a no representar los intereses de Goldman Sachs;

294.  Señala la incoherencia creada por varios de los miembros de la Comisión al describir sus reuniones con el Sr. Barroso como reuniones con Goldman Sachs International en su registro de reuniones; concluye que o bien las reuniones con el Sr. Barroso no fueron consideradas reuniones con un grupo de interés, en cuyo caso se ha incumplido la promesa hecha al Defensor del Pueblo Europeo y el registro de reuniones de la Comisión no constituye un verdadero registro de transparencia, o bien las reuniones con el Sr. Barroso sí fueron consideradas reuniones con el representante de un grupo de interés, en cuyo caso se incumplió una de las condiciones establecidas por el Comité de Ética ad hoc;

295.  Recuerda que la inexistencia de conflicto de intereses debe ser también un requisito previo para que se lleven a cabo las audiencias de los comisarios y que, por lo tanto, los formularios para la declaración de los intereses financieros deben cumplimentarse y ser accesibles antes de la audiencia del comisario por la comisión competente del Parlamento, y que deberán ser actualizados como mínimo una vez al año y cada vez que se produzca una modificación de la información;

296.  Opina que la Comisión debe incrementar la rendición de cuentas de los asesores especiales de los comisarios y la transparencia y apertura al control público de sus vínculos y antecedentes profesionales para evitar sus conflictos de intereses potenciales, ya que tienen acceso ilimitado a la Comisión; considera que estas medidas ayudarán a limitar la posible actividad de los grupos de presión a la mayor escala «por la puerta trasera»;

297.  Pide, en este sentido, que los comisarios declaren todos sus intereses (accionariales, pertenencia a consejos de administración, labores de asesoramiento y consejo, pertenencia a fundaciones próximas...) de todas las empresas de las que hayan formado parte incluyendo los intereses de familiares próximos, así como los cambios que se hayan producido a partir del momento de conocerse su candidatura;

298.  Señala que la ampliación del período de incompatibilidad a tres años debe aplicarse a todos los miembros de la Comisión, como ha solicitado el Parlamento en varias ocasiones; insiste en que los dictámenes del Comité de Ética deben publicarse cuando se emitan;

299.  Teme que los procedimientos de nombramiento del Comité de Ética Independiente no garanticen su independencia, y destaca que expertos independientes no deberían haber sido ellos mismos miembros de la Comisión ni funcionarios de alto nivel de esta; pide a la Comisión que apruebe nuevas normas para el Comité de Ética Independiente con arreglo a esta observación;

300.  Pide a la Comisión que facilite y publique un informe anual elaborado por el Comité de Ética ad hoc; reitera que el Comité de Ética Independiente puede formular recomendaciones para mejorar el código de conducta o su aplicación;

301.  Muestra su gran preocupación por la falta de transparencia, la ausencia de una oposición abierta al personal elegible y una posible aplicación indebida del Estatuto de los funcionarios de la Unión en el reciente nombramiento del jefe de gabinete del presidente de la Comisión como nuevo secretario general de la Comisión; observa que la respuesta de la Comisión a la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento no justificaba adecuadamente el nombramiento del secretario general, recurriendo al artículo 7 del Estatuto de los funcionarios para llevar a cabo el traslado sin abrir la vacante y sin que el personal elegible fuera invitado a postular; espera que el presidente de la Comisión presente al Parlamento su plan para reparar el perjuicio causado a la imagen pública de la Comisión tras el reciente nombramiento del secretario general;

302.  Pide a la Comisión que, de cara al reciente nombramiento del secretario general de la Comisión y en aras de una administración pública europea independiente, antes de finales de 2018 presente una propuesta de procedimiento para el nombramiento de altos funcionarios que garantice la selección de los mejores candidatos en el marco de la máxima transparencia e igualdad de oportunidades y que sea lo suficientemente amplia para que se pueda aplicar a todas las instituciones de la Unión, incluidos el Parlamento y el Consejo;

303.  Pide a la Comisión que, de cara al futuro, considere la introducción de las siguientes mejoras:

   a) la prohibición de la aceptación de donaciones de donantes de los Estados miembros (artículo 6, apartado 4 del Código de Conducta para los Miembros de la Comisión Europea);
   b) la suspensión de la participación de los comisarios en la política nacional durante su mandato, o su limitación a una militancia pasiva;
   c) la aclaración de la referencia a «uso diplomático o de cortesía» (artículo 6, apartados 2 y 5), que adolece de falta de claridad y de precisión y puede dar lugar a abusos;
   d) el requisito de que la participación de los comisarios en campañas electorales nacionales se ajuste a la participación en la campaña electoral europea (artículos 9 y 10); la obligación, en ambos casos, de que los comisarios soliciten un permiso no retribuido por motivos electorales;
   e) la necesidad de una mayor claridad sobre los criterios para una posible remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con arreglo al artículo 245 o 247 del TFUE;
   f) los comisarios deben declarar todos sus intereses relevantes (como accionistas, miembros de consejos de administración de empresas, asesores y consultores, miembros de fundaciones asociadas, etc.) en lugar de seleccionar solo aquellos que creen que podrían considerarse capaces de dar lugar a un conflicto de intereses;
   g) las declaraciones de intereses deben ser mejoradas con arreglo a la Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de diciembre de 2016, sobre las declaraciones de intereses de los comisarios – Directrices(15);

Administración

Conclusiones del Tribunal

304.  Observa que las instituciones han reducido colectivamente el número de puestos de la plantilla de personal en un 4,0 % durante el período comprendido entre 2013 y 2017 (de 39 649 a 38 072 puestos), y que las instituciones redujeron el personal (puestos realmente ocupados por un miembro del personal) en un 1,4 % entre 2013 y 2017 (de 37 153 a 36 657 puestos);

305.  Toma nota asimismo de las conclusiones adicionales del Tribunal:"

«30. Durante el mismo período, sin embargo, la Autoridad Presupuestaria concedió nuevos puestos a las instituciones, órganos y organismos de la Unión en el marco del procedimiento presupuestario anual. La mayoría de estos puestos se dispusieron para el desarrollo de sus actividades (lo que explica el aumento significativo del número de puestos asignados a las agencias), la adhesión de Croacia y para los grupos políticos en el Parlamento Europeo.

   31. Como consecuencia de ello, el número de puestos en la plantilla de personal se redujo en un 1,1 % entre 2012 y 2017, con variaciones significativas entre las instituciones (- 3,5 %), las agencias descentralizadas (+ 13,7 %) y las agencias ejecutivas (+ 42,9 %). El número de puestos realmente ocupados entre el 1 de enero de 2013 y el 1 de enero de 2017 aumentó en un 0,4 % durante el período (– 1,3 % en las instituciones y organismos comunitarios y + 11,3 % en las agencias, con el 9,6 % en las agencias descentralizadas y un 33,7 % en las agencias ejecutivas). La tasa media de puestos vacantes se redujo de un 6,9 % a 1 de enero de 2013 a un 4,5 % a 1 de enero de 2017 y alcanzó un nivel situado por debajo del 2 % en algunas instituciones y organismos.»(16);
"

306.  Toma nota con preocupación de la discriminación que sufren los agentes de la Unión destinados en Luxemburgo a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de octubre de 2000 en el asunto Ferlini (C-411/98) y de la Directiva 2011/24/UE, que condenan dicha práctica; resalta asimismo que se siguen practicando tarifas excesivas al amparo de dos acuerdos con la Federación de Hospitales (FH) de Luxemburgo y la Asociación de Médicos y Dentistas (AMD), que establecen un máximo de tarificación en exceso del 15 %, pero que permiten un 500 % para los tratamientos realizados en centros hospitalarios; lamenta el hecho de que no solo los acuerdos sino también una serie de operadores nacionales de asistencia infringen la sentencia del Tribunal de Justicia de 2000 y la Directiva 2011/24/UE; pide a la Comisión que, en primer lugar, calcule el coste adicional anual del exceso de tarificación para el presupuesto de la Unión (RCSE) y lo justifique; en segundo lugar, que incoe un procedimiento de infracción o interponga una acción jurídica similar contra el Gran Ducado de Luxemburgo; en tercer lugar, que informe al Parlamento del curso dado a la petición pública n.º 765 presentada ante la Cámara de Diputados de Luxemburgo y del debate público celebrado el 19 de octubre de 2017; y, en cuarto lugar, que proteste contra los dos acuerdos celebrados con la Federación de Hospitales de Luxemburgo y la Asociación de Médicos y Dentistas;

307.  Celebra las declaraciones del comisario Oettinger sobre el final de las restricciones a la política de personal con el fin de evitar que se perjudique gravemente el buen funcionamiento de las instituciones europeas y con ello la calidad del servicio público que presta la Unión a los ciudadanos europeos; insiste en la importancia de contar con una función pública europea sólida, al servicio del ciudadano y capaz de responder a los retos que encara la Unión y de aplicar sus políticas con los más elevados niveles de profesionalidad y excelencia posibles así como de prestar este servicio con todos los recursos legales y presupuestarios necesarios; subraya la importancia de conseguir de nuevo que la función pública europea sea una propuesta atractiva para los jóvenes profesionales de la Unión; pide a la Comisión que elabore un informe sobre las consecuencias de las restricciones para el atractivo de la función pública de la Unión y sobre su actual insuficiencia en materia de recursos y que plantee soluciones para acercarla y mejorar el interés de los ciudadanos europeos por formar parte de la misma;

308.  Hace hincapié en la importancia de encontrar una solución al problema de la tarificación excesiva —y en muchos casos abusiva— de los gastos médicos del personal y de los diputados del Parlamento en algunos Estados miembros; pide a la Comisión que busque soluciones a este problema que, en algunos países, como Luxemburgo, supone un coste anual del orden de dos millones EUR (por ejemplo, negociaciones con los sistemas de seguridad social, públicos o privados, de los Estados miembros, creación de una tarjeta similar a la tarjeta sanitaria europea para los desplazamientos, etc.);

Los edificios Jean Monnet (JMO I, JMO II) en Luxemburgo

309.  Reconoce que la construcción del nuevo edificio Jean Monnet (JMO II) ha sufrido un considerable retraso, asociado a costes adicionales;

310.  Lamenta el hecho de que la Comisión y las autoridades luxemburguesas tardaran quince años (1994-2009) en ponerse de acuerdo sobre las futuras disposiciones para alojar a los servicios de la Comisión en Luxemburgo;

311.  Espera recibir el historial completo de los edificios JMO I/JMO II entre 1975 y 2011, de acuerdo con lo prometido por la Comisión en sus respuestas escritas en preparación de la audiencia con el comisario Oettinger el 23 de enero de 2018;

312.  Deplora el hecho de que, a pesar de que en 1997 ya se estableció un inventario completo de los materiales que contenían amianto en el JMO I, la Comisión no abandonara el edifico hasta enero de 2014 y que AIB-Vinçotte Luxembourg no revisara sus conclusiones hasta 2013; constata que las láminas de amianto del JMO I eran de una densidad inferior a lo que se pensaba previamente y, por lo tanto, eran más sensibles al impacto mecánico (siendo una simple fricción suficiente para la liberación de fibras al aire y su inhalación); considera que la Comisión, dado los graves riesgos para la salud derivados de la inhalación de amianto, debiera haber contado con el informe pericial y la opinión cualificada de otros expertos en la materia, especialmente tras lo ocurrido en el edificio Berlaymont en Bruselas; pide a la Comisión que informe al Parlamento de si se informó debidamente a todos los trabajadores de la situación y de los graves riesgos para la salud en los que se había incurrido, de si se detectó algún caso de enfermedad que pudiera derivarse de la inhalación de partículas de amianto, de qué medidas se tomaron en esos casos y de si se adoptaron medidas preventivas (tests de cribado y de detección precoz, etc.); pide igualmente a la Comisión que le informe de si ha iniciado algún tipo de acción contra AIB-Vinçotte Luxembourg por esta causa;

313.  Toma nota de que, en diciembre de 2015, la Comisión y las autoridades luxemburguesas llegaron a un acuerdo sobre el reparto de los costes asociados al abandono anticipado del JMO I; señala que originalmente estaba previsto que el JMO II estuviera disponible para el 31 de diciembre de 2014;

314.  Pide a la Comisión que le informe detalladamente sobre el coste del alquiler de los seis edificios ocupados mientras tanto por la Comisión (ARIA, LACC, HITEC, DRB, BECH y T2), derivado del retraso en la entrega del edificio JMO II, así como sobre las consecuencias de la prolongación de los contratos de arrendamiento; pide a la Comisión que, en estrecha cooperación con el CSHT, vele por la mejora de las condiciones de trabajo en estos seis edificios y que negocie rápidamente con las autoridades luxemburguesas la mejora de las condiciones de movilidad y acceso a los mismos; le recuerda igualmente que, de conformidad con la legislación luxemburguesa, se deben establecer servicios médicos en cada edificio;

315.  Ha sabido recientemente que la primera fase de construcción del JMO II se entregará probablemente a principios de 2020 y la segunda a principios de 2024; toma nota de las explicaciones que da la Comisión sobre las causas los retrasos:

   a) el consorcio de arquitectos KSP solicitó revisar determinadas cláusulas del contrato de gestión;
   b) un procedimiento de licitación para los trabajos de movimientos de tierras arrostró problemas administrativos;
   c) cambios importantes en relación con las medidas de seguridad;

y le pide que le haga llegar documentos justificativos de estas explicaciones así como el detalle de los costes derivados del retraso en la entrega del edificio:

316.  Desea recibir los documentos justificativos de estas explicaciones a más tardar para el 30 de junio de 2018;

Escuelas Europeas

317.  Recuerda que en 2016 la Comisión abonó el 61 % (177,8 millones EUR) del presupuesto de las Escuelas Europeas;

318.  Lamenta que, después de más de quince años(17), todavía no exista un sistema de gestión financiera sana de las Escuelas Europeas;

319.  Señala, en este contexto, el informe anual del Tribunal sobre las cuentas anuales de las Escuelas Europeas para el ejercicio 2016, que pone de manifiesto las siguientes deficiencias(18):"“27. El Tribunal constató insuficiencias significativas en la aplicación de la contabilidad de devengo en las cuentas de la Oficina Central y las Escuelas de Alicante y Karlsruhe, en particular en el cálculo y la contabilización de provisiones para prestaciones a empleados y el registro de los importes pendientes de pago o de cobro. Los errores significativos se corrigieron durante el procedimiento de consolidación. [...] 30. Aunque los sistemas de control interno de las Escuelas de Alicante y Karlsruhe mostraron pocas deficiencias, siguen existiendo importantes deficiencias en el sistema de control interno de la Oficina Central. Los informes de auditoría del auditor externo independiente revelaron asimismo deficiencias significativas en los procedimientos de selección, contratación y pagos. Así pues, el Tribunal no puede confirmar que la gestión financiera se llevara a cabo de conformidad con el Marco general.»;"

320.  Reconoce que, en consecuencia, el director general no hizo sino actuar de manera congruente al limitar su declaración de fiabilidad: «El Director General, en su condición de ordenador delegado, ha firmado la Declaración de fiabilidad si bien matizada por una reserva por motivos de reputación sobre la gestión eficaz de algunos de los fondos de la Comisión asignados a las Escuelas Europeas.»(19);

321.  Lamenta que el informe anual del Tribunal sobre las cuentas anuales de las Escuelas Europeas para el ejercicio 2016 revelaran numerosas deficiencias; considera que la responsabilidad financiera del sistema de las Escuelas Europeas debería elevarse a un nivel adecuado mediante un procedimiento de aprobación de la gestión para los 177,8 millones EUR de los que dispone;

322.  Reitera la opinión del Parlamento de que es urgentemente necesaria una «revisión exhaustiva» del sistema de Escuelas Europeas que tenga en cuenta la «reforma, incluidos los aspectos administrativos, financieros, organizativos y pedagógicos» y recuerda su solicitud de que «la Comisión presente un informe anual con su evaluación del estado» al Parlamento;

323.  Pregunta a la Comisión cuándo espera contar con un buen sistema de gestión financiera para las Escuelas Europeas; pide a la Comisión que tome todas las medidas necesarias para que se pueda aplicar cuanto antes un buen sistema de gestión financiera para las Escuelas Europeas;

Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

324.  Manifiesta su sorpresa porque el desarrollo de un nuevo sistema de gestión de casos, elaborado internamente, vaya a costar 12,2 millones EUR; se pregunta si la OLAF llevó a cabo algún estudio de mercado sobre soluciones más baratas antes de acometer este gasto; espera que la Comisión y la OLAF expliquen de manera exhaustiva a la autoridad responsable de la aprobación de la gestión los costes estimados y las medidas adoptadas para encontrar una solución más económica;

325.  Manifiesta su gran preocupación por:

   a) la creación de puestos con la única finalidad de servir de trampolín para una comisión de servicios,
   b) la posibilidad de que un alto funcionario no respete un período de «incompatibilidad» antes de aceptar un puesto estrechamente relacionado con su anterior empleo,
   c) el riesgo de que un alto funcionario pueda verse involucrado en un conflicto de intereses entre la lealtad debida a su anterior empleador y la debida al actual;

Grupos de expertos

326.  Pide a la Comisión que garantice una composición equilibrada de los grupos de expertos; toma nota del informe del Observatorio de las Corporaciones Europeas, de 14 de febrero de 2017, titulado «Corporate interests continue to dominate key expert groups» (Los intereses corporativos siguen dominando los principales grupos de expertos)(20); muestra su preocupación por su conclusión, en especial por la del desequilibrio en los grupos de expertos GEAR2030, Intercambio automático de información sobre cuentas financieras, Foro conjunto sobre precios de transferencia, Plataforma sobre la Buena Gobernanza Fiscal y el Grupo de Trabajo de vehículos de motor (subgrupo Emisiones en condiciones reales de conducción – Vehículos ligeros); considera que el Parlamento no ha recibido todavía una respuesta formal a su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre el control del Registro y la composición de los grupos de expertos de la Comisión(21); insta a la Comisión a que responda de manera exhaustiva y sin demora;

Periodismo de investigación y lucha contra la corrupción

327.  Condena el asesinato del periodista de investigación eslovaco Ján Kuciak y su prometida, Martina Kušnírová, el 22 de febrero de 2018; muestra su gran preocupación por la información según la cual este asesinato podría estar relacionado con el pago fraudulento de fondos de transferencia de la Unión a una persona residente en Eslovaquia y con presuntos vínculos con el grupo delictivo organizado ‘Ndràngheta; pide a la Comisión y a la OLAF que analicen minuciosamente este expediente y elaboren un informe sobre él en el marco del seguimiento de la gestión de la aprobación de la Comisión;

328.  Lamenta que en su segundo informe sobre la lucha contra la corrupción en la Unión (ARES (2017)455202) la Comisión ya no proporcione información específica por país; pide a la Comisión que vuelva a proporcionar información, al margen del semestre económico, sobre la situación en materia de corrupción en los Estados miembros, incluida una evaluación de la eficacia de los esfuerzos de lucha contra la corrupción respaldados por la Unión; insta encarecidamente a la Comisión a que no evalúe los esfuerzos de lucha contra la corrupción solo en términos de pérdidas económicas;

329.  Pide a la Comisión que reanude sus esfuerzos para que la Unión se convierta en miembro del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO);

Indemnizaciones transitorias

330.  Toma nota de las conclusiones y recomendaciones del estudio del Departamento Temático D del Parlamento titulado «Transitional allowances for former EU office holders - too few conditions?» (Indemnizaciones transitorias para ex cargos de la Unión: ¿muy pocas condiciones?); pide a la Comisión que tenga en cuenta estas recomendaciones e inicie una revisión de las indemnizaciones transitorias para ex cargos de la Unión con el fin de reforzar la transparencia de las indemnizaciones y la rendición de cuentas del presupuesto de la Unión ante los ciudadanos; pide, en particular, a quienes haya ocupado cargos en la Unión que, mientras reciban una indemnización transitoria, se abstengan de dedicarse a actividades de representación de intereses en las instituciones de la Unión;

Agencias ejecutivas

331.  Pide a las agencias ejecutivas interesadas que:

   a) sigan y apliquen las recomendaciones del Servicio de Auditoría Interna;
   b) eviten las prórrogas en la medida de lo posible y recurran a la introducción de créditos presupuestarios disociados a fin de reflejar mejor el carácter plurianual de las operaciones;
   c) lleven registros detallados y completos sobre contratación pública y procedimientos de contratación;

Opinión de las comisiones parlamentarias

Comisión de Asuntos Exteriores

332.  Toma nota del Informe final sobre la evaluación externa del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) publicado en junio de 2017; acoge con satisfacción los indicios que apuntan a que la observación electoral está contribuyendo a los objetivos generales y específicos del IEDDH; subraya la importancia de garantizar un apoyo continuo a las poblaciones locales en relación con las misiones de observación electoral; llama la atención, a tal efecto, sobre la necesidad de garantizar una buena relación coste-eficacia y de introducir la proporcionalidad entre los recursos utilizados para las misiones de observación electoral y el seguimiento de sus recomendaciones; pide a la Comisión que tenga en cuenta las propuestas del Informe final sobre la evaluación externa del IEDDH a fin de reforzar el seguimiento de las recomendaciones que son fruto de la observación de elecciones;

333.  Observa que, a pesar de considerar positivos los progresos realizados, cuatro de las diez misiones civiles llevadas a cabo en el marco de la política común de seguridad y defensa (PCSD) aún no han obtenido el reconocimiento de la Comisión en cuanto a su conformidad con el artículo 60 del Reglamento Financiero; insta a la Comisión a que intensifique sus trabajos con el fin de acreditar todas las misiones civiles de la PCSD, de conformidad con la recomendación del TCE, permitiendo que se encarguen de tareas de ejecución presupuestaria en gestión indirecta;

Comisión de Desarrollo y Cooperación

334.  Manifiesta su gran preocupación por la clara tendencia de recientes propuestas de la Comisión de ignorar disposiciones jurídicamente vinculantes del Reglamento (UE) n.º 233/2014(22) en lo que respecta a los gastos elegibles a efectos de la ayuda oficial al desarrollo y a los países que pueden optar a financiación del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD); recuerda que la legalidad del gasto de la Unión es un principio clave de una buena gestión financiera y que las consideraciones políticas no deben prevalecer sobre disposiciones jurídicas claras; recuerda que el ICD es, en primer lugar y ante todo, un instrumento destinado a la lucha contra la pobreza;

335.  Respalda el uso del apoyo presupuestario, pero insta a la Comisión a que defina mejor y evalúe claramente los resultados que deben alcanzarse en cada caso en el ámbito del desarrollo y, sobre todo, a que mejore los mecanismos de control por lo que respecta a la actuación, en materia de corrupción, respeto de los derechos humanos, Estado de Derecho y democracia, de los Estados beneficiarios; expresa su profunda preocupación por el posible uso del apoyo presupuestario en países que carecen de control democrático debido a la falta de una democracia parlamentaria que funcione y de libertad para la sociedad civil y los medios de comunicación o a la falta de capacidad de los órganos de control;

336.  Manifiesta su preocupación por la afirmación del Tribunal de que existe un riesgo importante de que la Unión no cumpla su objetivo de integrar el cambio climático en todo el presupuesto de la Unión y no alcance la meta de destinar un 20 % de su presupuesto a la acción por el clima;

337.  Expresa su preocupación por la conclusión del Tribunal de que el sistema de certificación de la Unión para la sostenibilidad de los biocarburantes no es totalmente fiable(23); destaca las posibles consecuencias negativas de ello para los países en desarrollo, como indicó el Tribunal: «La Comisión no previó que con arreglo a los regímenes voluntarios fuera necesario verificar que la producción de biocarburantes que certifican no entraña riesgos significativos de efectos socioeconómicos negativos, como conflictos por la tenencia de tierras, trabajo forzado o infantil, malas condiciones de trabajo para los agricultores o riesgos para la salud y la seguridad»; insta a la Comisión a que aborde este problema;

338.  Confía en que se le informe y consulte plenamente sobre la revisión intermedia del ICD, que se espera tome en consideración la Agenda 2030 y un nuevo consenso europeo sobre desarrollo;

339.  Pide a la Comisión que incorpore un enfoque sobre el desarrollo basado en incentivos mediante la introducción del principio de «más por más», tomando como ejemplo la política europea de vecindad; considera que cuanto más rápido y en mayor medida avance un país en sus reformas internas para la construcción y consolidación de las instituciones democráticas, la erradicación de la corrupción, el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho, más apoyo debe recibir de la Unión; destaca que con este enfoque de «condicionalidad positiva», junto con un fuerte énfasis en la financiación de pequeños proyectos para las comunidades rurales, puede lograrse el verdadero cambio y garantizarse que el dinero de los contribuyentes de la Unión se gaste de forma más sostenible; condena firmemente, por otra parte, todo intento de condicionar la ayuda al control de fronteras;

Comisión de Empleo y Asuntos Sociales

340.  Observa con preocupación que del examen efectuado por el Tribunal de 168 proyectos finalizados en el sector de gastos de la «Cohesión económica, social y territorial», resultó que solo un tercio contaba con un sistema de medición del rendimiento con indicadores de realizaciones y resultados vinculados a los objetivos del programa operativo y que el 42 % no disponía de ningún indicador de resultados u objetivos, lo cual impidió evaluar la contribución específica de esos proyectos a los objetivos generales del programa;

341.  Toma nota de la recomendación del Tribunal de que, cuando revise el mecanismo de diseño y entrega de los fondos EIE después de 2020, la Comisión refuerce la atención que presta el programa al rendimiento y simplifique el mecanismo de pago favoreciendo, según proceda, la introducción de nuevas medidas que vinculen el nivel de los pagos al rendimiento en lugar de limitarse a reembolsar los gastos;

342.  Acoge con satisfacción los resultados obtenidos con arreglo a los tres ejes del Programa de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social (EaSI) en 2016; atrae la atención sobre la importancia del apoyo del EaSI, y, en particular, de su programa Progress y su Red europea de servicios de empleo (EURES), para la aplicación del pilar europeo de derechos sociales; toma nota con preocupación de que la sección temática de emprendimiento social dentro del eje «Microfinanciación y emprendimiento social» del EaSI sigue registrando resultados poco satisfactorios; pide a la Comisión que insista en que el Fondo Europeo de Inversiones se comprometa con miras a la plena utilización de los recursos en el marco de la sección temática de emprendimiento social;

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

343.  Destaca que en 2016 se puso en marcha un plan de acción a raíz de las observaciones formuladas por el Tribunal, con objeto de reducir los retrasos en los pagos realizados en el marco del programa LIFE; constata que el porcentaje de pagos atrasados alcanzó el 3,9 % en 2016;

344.  Lamenta que no exista un marco de notificación específico gestionado por la Comisión con respecto a la identificación y medición de las repercusiones no deseadas de las políticas de la Unión que contribuyen negativamente al cambio climático, así como en lo que respecta a la cuantificación de estos gastos en el presupuesto total de la Unión;

345.  Subraya que las auditorías internas también pusieron de manifiesto el retraso existente en la aplicación de una recomendación muy importante sobre seguridad informática (relacionada con la gestión de la seguridad del sistema informático del RCDE de la Unión), como consecuencia de lo cual los servicios de la Comisión están expuestos al riesgo de fallos en materia de seguridad;

346.  Toma nota de que la evaluación ex post del segundo Programa de Salud, iniciada en julio de 2016, concluyó que, si bien el programa ha arrojado resultados positivos claramente relacionados con las prioridades de las políticas sanitarias nacionales y de la Unión, existe aún un margen de mejora en relación con la difusión de los resultados de las acciones y las sinergias con otros instrumentos de financiación de la Unión, como los Fondos Estructurales;

Comisión de Transportes y Turismo

347.  Lamenta que, coincidiendo con los preparativos del MFP, el Tribunal no facilitara una información exhaustiva sobre las auditorías efectuadas para el sector del transporte en el ámbito «Competitividad para el crecimiento y el empleo», especialmente en lo que se refiere al MCE;

348.  Señala que, a finales de 2016, el MCE había prestado apoyo a 452 proyectos de transporte, cuyo importe total ascendió a 19 400 millones EUR en inversiones en toda Europa; reitera la importancia del instrumento de financiación del MCE para la finalización de la red RTE-T y para la consecución de un espacio único europeo de transporte; destaca que los recortes presupuestarios aplicados al MCE en el pasado, como consecuencia de la financiación de la iniciativa del FEIE, deben evitarse en el futuro;

349.  Observa que, en 2016, el FEIE destinó 3 640 millones EUR a la financiación de 29 operaciones: 25 proyectos de transporte y 4 fondos multisectoriales con una inversión total prevista de 12 650 millones EUR; lamenta que la Comisión y el BEI no facilitaran información completa, sector por sector y con carácter anual de los proyectos respaldados por el FEIE;

350.  Toma nota de la puesta en marcha en 2016 del Programa de Garantía de Transporte Marítimo Ecológico a través del nuevo producto financiero denominado Instrumento de Deuda del MCE y del FEIE, que podría movilizar 3 000 millones EUR de inversión en el equipamiento de buques con tecnología limpia; pide a la Comisión que facilite información detallada sobre la ejecución de este programa, incluidos los aspectos financieros y tecnológicos, así como los efectos medioambientales y económicos;

351.  Constata que el número de instrumentos financieros ha aumentado considerablemente, creando nuevas posibilidades de financiación combinada en el sector del transporte y, al mismo tiempo, un complejo entramado de acuerdos en torno al presupuesto de la Unión; manifiesta su preocupación por el hecho de que estos instrumentos, junto con el presupuesto de la Unión, pudieran menoscabar el nivel de rendición de cuentas y transparencia, ya que la comunicación de información, la auditoría y el control público no están armonizados; lamenta además que, debido a la utilización de los fondos del FEIE, las competencias de ejecución se deleguen en el BEI, lo que conlleva un control público más limitado respecto a otros instrumentos respaldados por el presupuesto de la Unión;

352.  Insta a la Comisión a presentar con claridad para el sector del transporte una evaluación del impacto del FEIE en otros instrumentos financieros, en particular en relación con el Mecanismo «Conectar Europa», así como sobre la coherencia del Instrumento de Deuda del MCE con otras iniciativas de la Unión, con suficiente antelación respecto de la propuesta para el próximo MFP y para el próximo MCE; pide que esta evaluación muestre un análisis nítido del equilibrio geográfico de las inversiones en el sector del transporte; recuerda, no obstante, que el importe de los fondos utilizados en el marco de un instrumento financiero no debe considerarse el único criterio pertinente que deba utilizarse al evaluar su rendimiento; pide, por tanto, a la Comisión que profundice en su evaluación de los resultados obtenidos en el contexto de los proyectos de transporte financiados por la Unión y que mida su valor añadido;

353.  Reitera su petición de que, habida cuenta de las múltiples fuentes de financiación, la Comisión proporcione un acceso fácil a los proyectos —en forma de ventanilla única—, a fin de que los ciudadanos puedan llevar a cabo un seguimiento claro de la evolución y la financiación de las infraestructuras cofinanciadas con fondos de la Unión y por el FEIE;

354.  Pide a la Comisión que evalúe la eficacia financiera del acuerdo con Eurocontrol relativo al Organismo de Evaluación del Rendimiento (OER) y agilice la propuesta de creación de dicho organismo como órgano europeo de regulación económica bajo la supervisión de la Comisión; pide, además, a la Comisión que, habida cuenta de la necesidad de aplicar cuanto antes el Cielo Único Europeo y con miras a incrementar la competitividad del sector de la aviación, agilice la propuesta de designación del gestor de la red como proveedor de servicios independiente, constituido en forma de consorcio del sector;

355.  Pide a la Comisión que presente una evaluación del impacto de los proyectos financiados por los Estados miembros en el ámbito del transporte en el marco de la Estrategia del Danubio y que formule una propuesta orientada a incrementar el valor añadido de los proyectos futuros, a fin de contribuir a la realización de este importante corredor de transporte;

356.  Lamenta profundamente que, debido a la carencia de una línea presupuestaria específica para el turismo, haya falta de transparencia en lo que respecta a los fondos de la Unión utilizados para apoyar acciones en favor del turismo; reitera su petición de que en los futuros presupuestos de la Unión se añada una línea presupuestaria dedicada al turismo;

Comisión de Desarrollo Regional

357.  Atrae la atención sobre el papel que desempeñan las capacidades administrativas en el uso habitual de los fondos EIE; considera que un intercambio de buenas prácticas podría contribuir eficazmente a mejorar las capacidades de los Estados miembros en este ámbito;

358.  Muestra su profunda preocupación por el hecho de que el gran retraso a la hora de aplicar las políticas de cohesión económica, social y territorial ha acentuado las múltiples desigualdades en toda la Unión y dentro de los Estados miembros y regiones, poniendo en peligro, de este modo, la integridad de la Unión;

359.  Toma nota del informe estratégico de 2017 sobre la aplicación de los fondos EIE(24) y destaca que la selección de proyectos de estos fondos ha alcanzado un total de 278 000 millones EUR, o el 44 % de la inversión total prevista para 2014-2020, valor que ha llegado a la economía real europea desde el inicio del periodo de financiación; considera que la ejecución de los programas del periodo 2014-2020 ha alcanzado ahora su velocidad de crucero, lo que demuestra el valor añadido de las inversiones de la política de cohesión para todas las regiones de la Unión, pero también la necesidad de realizar más esfuerzos para fortalecer la capacidad administrativa de las autoridades nacionales, regionales y locales;

Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural

360.  Se congratula de que se hayan efectuado mejoras en el sistema de identificación de parcelas agrarias y de que haya aumentado su precisión, lo que lo convierte en un instrumento muy útil para reducir el porcentaje de error y la carga administrativa que recae sobre los agricultores y los organismos pagadores;

361.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que vigilen la considerable volatilidad de los precios de los productos agrícolas, que tiene efectos adversos en los ingresos de los agricultores, y que reaccionen con rapidez y eficacia cuando sea necesario;

362.  Señala que, aparentemente, el primer año de plena aplicación de la «ecologización» no ha tenido repercusiones en el porcentaje de error, lo que puede considerarse un logro importante por parte de los agricultores y los organismos pagadores habida cuenta de la complejidad de las normas de ecologización; comparte la opinión de la Comisión de que aún es demasiado pronto para sacar conclusiones de los resultados medioambientales concretos; señala que, además de la ecologización, existen en particular otros factores que influyen asimismo en el rendimiento ambiental del sector agrario; subraya que la ecologización constituye un ejemplo de la mayor necesidad de efectuar auditorías de rendimiento también en el ámbito agrario;

363.  Acoge con satisfacción el régimen de ecologización y su objetivo de conseguir que las explotaciones agrarias de la Unión sean más respetuosas con el medio ambiente mediante prácticas como la diversificación de cultivos, el mantenimiento de los pastos permanentes existentes y la creación de superficies de interés ecológico en las tierras de cultivo, tal y como figura en el informe anual del Tribunal;

364.  Recuerda que existen tipos y grados de error muy diferentes, es decir, entre las omisiones no intencionadas, de carácter administrativo, y los casos de fraude, y que, por regla general, las omisiones no causan ningún perjuicio financiero al contribuyente, lo que también debe tenerse en cuenta a la hora de estimar el porcentaje de error real; recuerda a la Comisión que, en última instancia, son los beneficiarios quienes sufren las consecuencias de los errores involuntarios debidos a la complejidad de la reglamentación; lamenta que el Tribunal siga considerando que, en caso de errores cometidos en la contratación pública, el 100 % de los gastos son no subvencionables, aunque la inversión haya sido efectiva; subraya, por tanto, que es deseable una mayor racionalización del método de cálculo de los errores;

365.  Señala que resulta esencial contar con acceso a datos y efectuar un buen seguimiento, en especial de los aspectos ambientales, habida cuenta de que ciertos recursos naturales, como el suelo y la biodiversidad, constituyen la base de la productividad agrícola a largo plazo;

366.  Espera que el Tribunal proceda a ajustar su enfoque en materia de supervisión a fin de otorgar la misma importancia al uso de los fondos que a su asignación;

Comisión de Pesca

367.  Insta al Tribunal a que, en sus próximos informes, presente un porcentaje de error separado para la pesca y para los asuntos marítimos a fin de eliminar las distorsiones derivadas de la inclusión de ámbitos diferentes en la misma rúbrica; señala que el ámbito de los asuntos marítimos y de la pesca no está suficientemente detallado en el informe anual del Tribunal, lo que dificulta una evaluación correcta de la gestión financiera;

368.  Felicita a la Comisión por el índice de ejecución particularmente elevado del título 11 de la sección III del presupuesto 2016 (Asuntos marítimos y pesca), tanto por lo que se refiere a los créditos de compromiso (99,2 %) como a los créditos de pago (94,7 %); recuerda que, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 508/2014(25), los recursos presupuestarios se reparten en función del ámbito al que se asignan y que, por tanto, sería conveniente que, en su informe, la Comisión detalle el índice de ejecución con arreglo a las líneas presupuestarias;

369.  Toma nota de la reserva formulada en el informe de actividad de la DG MARE, que afecta a ocho Estados miembros, por lo que se refiere a los gastos no subvencionables detectados en el Fondo Europeo de Pesca (FEP);

370.  Alienta a la DG MARE en sus esfuerzos por controlar los créditos en régimen de gestión compartida, en particular en las medidas relacionadas con el FEP y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP);

371.  Constata que el riesgo de pérdida de fondos es de 5,9 millones EUR y que la Comisión ha tomado las medidas necesarias para evaluar los gastos en 2017 y, en su caso, recuperar los fondos asignados;

372.  Constata que el nivel de ejecución del FEMP para el período 2014-2020 sigue siendo insatisfactorio tres años después de su aprobación el 15 de mayo de 2014, dado que en septiembre de 2017 solo se había utilizado el 1,7 % de la dotación de 5 700 millones EUR disponibles en régimen de gestión compartida; toma nota de que la utilización del FEMP es responsabilidad de los Estados miembros; recuerda que, de conformidad con el artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 508/2014, los recursos presupuestarios se reparten en función del ámbito de asignación y que, por tanto, sería conveniente que, en su informe, la Comisión detalle el índice de ejecución con arreglo a las líneas presupuestarias;

373.  Considera necesario brindar todo el apoyo posible a los Estados miembros con el fin de garantizar un uso pleno y adecuado de los recursos del FEMP, con elevados índices de ejecución, en consonancia con sus respectivas prioridades y necesidades, en particular en lo que se refiere al desarrollo sostenible del sector de la pesca;

Comisión de Cultura y Educación

374.  Celebra que Erasmus+ haya permitido estudiar, formarse o realizar actividades de voluntariado en el extranjero a 500 000 personas en 2016 y que esté en vías de alcanzar su objetivo de 4 millones de participantes de aquí a 2020; subraya que los estudiantes de Erasmus+ tienden a desarrollar una amplia variedad de capacidades, competencias y conocimientos transferibles y gozan de mejores perspectivas de carrera profesional que los estudiantes que no se acogen a la movilidad, y que el programa supone una inversión estratégica en la juventud europea; señala, no obstante, la necesidad de garantizar una mayor accesibilidad al programa, en particular para los jóvenes con menos oportunidades;

375.  Acoge favorablemente la puesta en línea de gran parte del procedimiento de solicitud de financiación de Erasmus+; considera, no obstante, que dicho procedimiento puede simplificarse aún más si se suprime el requisito de que las cartas de acreditación de los socios en los proyectos se firmen a mano;

376.  Señala que persisten problemas de acceso a la financiación de Erasmus+ en el sector «juvenil», ya que el programa es gestionado de forma descentralizada por las agencias nacionales; pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias, por ejemplo centralizar una parte de la financiación en la agencia ejecutiva; pide además que la Comisión facilite los medios necesarios para una mayor participación de todos los beneficiarios del programa, por ejemplo la constitución de subcomités sectoriales permanentes, como prevé el Reglamento (UE) n.º 1288/2013(26);

377.  Sostiene que, hasta la fecha, los intercambios universitarios han sido la clave del éxito de Erasmus+ y que, para evitar su debilitamiento, no debe destinarse ni un ápice de su financiación a otro programa, ni ampliarse su ámbito al objeto de acoger a otros beneficiarios, como, por ejemplo, los migrantes;

378.  Manifiesta su inquietud por los bajos porcentajes crónicos de éxito de los proyectos en el marco del programa Europa para los Ciudadanos y del subprograma Cultura del programa Europa Creativa (16 % y 11 % respectivamente en 2016); destaca que estos bajos porcentajes de éxito generan frustración entre los solicitantes y son sintomáticos de unos niveles inadecuados de financiación, lo cual no se corresponde con los ambiciosos objetivos de los programas;

379.  Subraya que la propia Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural de la Comisión Europea (EACEA) afirma que el programa Europa para los Ciudadanos alcanzó su plena madurez en 2016, en su tercer año de ejecución; pide, por tanto, a la Comisión y al Consejo que tengan debidamente en cuenta los largos plazos que se han revelado necesarios para la plena aplicación de los nuevos programas en el MFP 2014-2020, a fin de evitar que retrasos similares se repitan en el marco financiero que se establecerá después de 2020;

380.  Elogia el papel de la EACEA en la aplicación de los tres programas de cultura y educación, como demuestra la evaluación positiva de la labor de la agencia efectuada en 2016; acoge con satisfacción el mayor uso por parte de la EACEA de la presentación electrónica de informes sobre los proyectos financiados, lo cual debería mejorar la recopilación de datos y el seguimiento de los proyectos, ayudar a integrarlos en el trabajo político de la Comisión y favorecer a los beneficiarios; observa con satisfacción que la EACEA efectúa el 92 % de sus pagos dentro de los plazos fijados por el Reglamento Financiero; pide a la EACEA que, habida cuenta de que los beneficiarios de los programas de cultura y educación son, a menudo, organizaciones muy pequeñas, trate de lograr mejores resultados, posiblemente a través de un indicador de los plazos medios de pago;

381.  Toma nota de la puesta en marcha en 2016 del Instrumento de Garantía de los Sectores Cultural y Creativo, dotado con un presupuesto de 121 millones EUR hasta 2022, así como el interés inicial mostrado por el sector y los intermediarios financieros; pide que se ejecute rápidamente el anticipo previsto del Instrumento por un importe de 60 millones EUR con cargo al FEIE; recuerda que los préstamos complementan otras fuentes de financiación esenciales del sector, como las subvenciones;

382.  Manifiesta su preocupación por el muy reducido nivel de financiación del FEIE que ha llegado a los sectores educativo y cultural y creativo en 2016; considera que un apoyo a medida y específico para cada sector resulta esencial para garantizar que el sector cultural y creativo se beneficie de los préstamos del FEIE;

383.  Reitera su apoyo a una cobertura mediática independiente de los asuntos europeos, en concreto a través de ayuda presupuestaria para la televisión, la radio y las redes en línea; acoge con satisfacción el mantenimiento de la subvención para Euranet+ hasta 2018 e insta a la Comisión a que encuentre un modelo de financiación más sostenible para dicha red;

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

384.  Recuerda que en 2016 se utilizaron de manera generalizada instrumentos especiales para responder a la situación humanitaria de los solicitantes de asilo en la Unión y que, por lo tanto, cabe el riesgo de que los importes restantes hasta el final del actual MFP puedan no ser suficientes para financiar acontecimientos inesperados que puedan producirse antes de 2020; pide a la Comisión que solucione este problema estructural en el próximo MFP e informe debidamente al Parlamento;

385.  Insta a que se elabore una estrategia coherente y sistemática que incluya prioridades políticas y operativas más claras, más sólidas y a largo plazo para la protección de los derechos y las libertades fundamentales, garantizando al mismo tiempo su aplicación efectiva, también mediante la concesión de fondos suficientes con este fin.

Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género

386.  Destaca que la igualdad entre mujeres y hombres debe quedar garantizada en todas las políticas; reitera, por lo tanto, su llamamiento a que se presupueste con perspectiva de género en todas las fases del proceso presupuestario, incluidas la ejecución del presupuesto y la evaluación de su ejecución;

387.  Lamenta que las líneas presupuestarias del programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» 2014‑2020 no especifiquen los recursos asignados a cada uno de los objetivos del programa relacionados con la igualdad de género; celebra que la Women against Violence Network (Red de Mujeres contra la Violencia) y el Lobby Europeo de Mujeres recibieran en 2016 subvenciones en el ámbito de la lucha contra la violencia contra las mujeres y la igualdad de género;

388.  Reitera su llamamiento para que se mantenga una línea presupuestaria separada para el objetivo específico del programa Daphne, con recursos suplementarios al objeto de invertir la reducción de los fondos dedicados a dicho programa durante el periodo 2014‑2020;

389.  Lamenta que el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas no incluya una perspectiva de género y hace hincapié en que no se puede lograr un proceso satisfactorio de recuperación sin abordar los efectos de las crisis sobre las mujeres;

390.  Destaca que la integración de la perspectiva de género es asimismo uno de los principios fundamentales del FAMI; lamenta no obstante la falta de acciones específicas en materia de igualdad de género, con líneas presupuestarias concretas, pese a las reiteradas peticiones del Parlamento en el sentido de que la perspectiva de género sea asimismo tenida en cuenta en las políticas de migración y asilo;

391.  Reitera su solicitud de que en el conjunto común de indicadores de resultados sobre la ejecución del presupuesto de la Unión se incluyan también indicadores específicos de género, respetando siempre el principio de buena gestión financiera, es decir, de acuerdo con los principios de economía, eficiencia y eficacia;

392.  Pide que la evaluación del impacto de género se incluya entre las condiciones ex ante generales para acceder a los fondos de la Unión, y que se recopilen datos sobre los beneficiarios y los participantes desglosándolos, cuando sea posible, por sexo;

393.  Acoge con satisfacción la participación relativamente equilibrada por sexo (52 % de mujeres y 48 % de hombres) en las intervenciones del FSE de 2016;

394.  Pide que en el próximo MFP el Parlamento, el Consejo y la Comisión renueven su compromiso con la igualdad de género mediante una declaración conjunta anexa al MFP, en particular comprometiéndose a aplicar la presupuestación con perspectiva de género y con un seguimiento efectivo de la aplicación de dicha declaración en los procedimientos presupuestarios anuales a través de la introducción de una disposición en una cláusula de revisión del nuevo Reglamento del MFP.

(1) Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1260/1999 (DO L 210 de 31.7.2006, p. 25).
(2) COM(2017)0351, Sección 2.2.
(3) Informe anual de gestión y rendimiento 2016, Sección 2.2, DG AGRI, informe anual de actividad, anexo 10, p. 140.
(4) Informe anual de gestión y rendimiento de 2016, anexo 4, página 20.
(5) Véase el Informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE para 2016, de la Comisión, Sección 2.2.
(6) Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea (DO L 168 de 7.6.2014, p. 105).
(7) Apartados 120 y 121 de su Resolución de 27 de abril de 2017 que contiene las observaciones que forman parte integrante de las Decisiones sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión y agencias ejecutivas (DO L 252 de 29.9.2017, p. 28).
(8) «Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006» (Resumen de datos sobre los progresos realizados en la financiación y aplicación de los instrumentos de ingeniería financiera notificados por las autoridades de gestión de conformidad con el artículo 67, apartado 2, letra j), del Reglamento del Consejo (CE) n.° 1083/2006), página 11.
(9) Estudio titulado «Assessment of the 10 years’ Cooperation and Verification Mechanism for Bulgaria and Romania» (Evaluación de los 10 años del Mecanismo de Cooperación y Verificación para Bulgaria y Rumanía); encargado por la DG IPOL, Departamento Temático D: Asuntos Presupuestarios.
(10) Véase el Informe anual de actividad 2016 de la DG AGRI, p. 17.
(11) Véase el apartado 207 de la Resolución del Parlamento Europeo de 27 de abril de 2017.
(12) Véanse las cifras indicativas sobre la distribución de las ayudas, por nivel de ayuda, recibidas en el contexto de las ayudas directas a los productores de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Consejo (ejercicio 2016).
(13) La rúbrica 3 del MFP cubre una amplia gama de políticas; el ámbito de gasto más significativo es el relativo a migración y seguridad, pero también se financian «alimentos y piensos», actividades culturales y creativas y programas que abarcan la justicia, los derechos, la igualdad y la ciudadanía y los consumidores y la salud.
(14) El Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) sustituye al programa «Solidaridad y Gestión de los flujos migratorios» (SOLID).
(15) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0477.
(16) Tribunal de Cuentas Europeo «Rapid case review on the implementation of the 5 % reduction of staff posts», p. 27.
(17) Apartados 276, 281 y 282 de la Resolución del Parlamento de 27 de abril de 2017.
(18) Informe sobre las cuentas anuales de las Escuelas Europeas para el ejercicio 2016, acompañado de las respuestas de las Escuelas, de 29 de noviembre de 2017.
(19) DG HR, informe anual de actividad, p. 6.
(20) https://corporateeurope.org/expert-groups/2017/02/corporate-interests-continue-dominate-key-expert-groups.
(21) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0021
(22) Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020 (DO L 77 de 15.3.2014, p. 44).
(23) Informe Especial n.° 18/2016: El sistema de la UE para la certificación de los biocarburantes sostenibles.
(24) http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report/.
(25) Reglamento (UE) n.° 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 2328/2003, (CE) n.° 861/2006, (CE) n.° 1198/2006 y (CE) n.° 791/2007 del Consejo, y el Reglamento (UE) n.° 1255/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 de 20.5.2014, p. 1).
(26) Reglamento (UE) n.º 1288/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se crea el programa «Erasmus+», de educación, formación, juventud y deporte de la Unión y por el que se derogan las Decisiones n.º 1719/2006/CE, 1720/2006/CE y 1298/2008/CE (DO L 347 de 20.12.2013, p. 50).

Última actualización: 1 de julio de 2019Aviso jurídico