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Textos aprobados
Jueves 8 de febrero de 2018 - EstrasburgoEdición definitiva
Rusia, el caso de Oyub Titiev y la organización de derechos humanos Memorial
 Ejecuciones en Egipto
 Esclavitud infantil en Haití
 Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores ***I
 Concesión al Banco Europeo de Inversiones de una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión ***I
 Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
 Situación actual de los derechos humanos en Turquía
 Situación en Venezuela
 Situación del OOPS
 Disposiciones sobre el cambio de hora

Rusia, el caso de Oyub Titiev y la organización de derechos humanos Memorial
PDF 174kWORD 49k
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, sobre Rusia, el caso de Oyub Titiev y la organización de derechos humanos Memorial (2018/2560(RSP))
P8_TA(2018)0034RC-B8-0096/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos sus anteriores resoluciones sobre Rusia, en particular sus Resoluciones de 13 de junio de 2013, sobre el Estado de Derecho en Rusia(1), de 13 de marzo de 2014, sobre Rusia: condena de manifestantes que participaron en los sucesos de la plaza Bolótnaya(2), de 23 de octubre de 2014, sobre el cierre de la ONG «Memorial» (galardonada con el Premio Sájarov 2009) en Rusia(3), de 12 de marzo de 2015, sobre el asesinato del líder opositor ruso Borís Nemtsov y la situación de la democracia en Rusia(4); de 24 de noviembre de 2016, sobre el caso de Ildar Dadin, preso de conciencia en Rusia(5), y 6 de abril de 2017, sobre Rusia: la detención de Alexei Navalny y otros manifestantes(6),

–  Vista la declaración realizada por los presidentes de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento, de 12 de enero de 2018, en la que pedían la inmediata liberación del defensor de los derechos humanos Oyub Titiev,

–  Vistos el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que disponen que ninguna persona puede ser sometida a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y de los que la Federación de Rusia es parte,

–  Vista la declaración de la Unión, de 19 de enero de 2018, sobre las violaciones de los derechos humanos en relación con la organización de derechos humanos Memorial en Rusia y la declaración del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, de 11 de enero de 2018, sobre la detención del director de la organización de derechos humanos Memorial, Oyub Titiev, en la República de Chechenia,

–  Vista la visita del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa a la República de Chechenia de la Federación de Rusia en los meses de noviembre y diciembre de 2017,

–  Visto el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

–  Vista la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1998,

–  Visto el Acuerdo de colaboración y cooperación en vigor por el que se establece una colaboración entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Federación de Rusia, por otra, así como las negociaciones suspendidas sobre un nuevo Acuerdo entre la Unión y Rusia,

–  Visto el séptimo informe periódico de la Federación de Rusia, examinado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en sus 3136.ª y 3137.ª reuniones celebradas los días 16 y 17 de marzo de 2015,

–  Vistas las Directrices del Consejo Europeo, adoptadas el 24 de junio de 2013, para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI),

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la Federación de Rusia, como miembro de pleno derecho del Consejo de Europa y signataria de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se ha comprometido con los principios de la democracia, del Estado de Derecho y de respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos; que Rusia tiene la obligación y dispone de los medios para investigar los delitos cometidos por las autoridades chechenas; y que la Federación de Rusia ha ratificado once de los dieciocho tratados internacionales en materia de derechos humanos;

B.  Considerando que Oyub Titiev, director de la oficina chechena de la organización de defensa de los derechos humanos Memorial, galardonada con el Premio Sájarov 2009, fue detenido el 9 de enero de 2018 por la policía chechena y acusado de posesión de estupefacientes; que estas acusaciones han sido desmentidas por el Sr. Titiev y denunciadas como invenciones por organizaciones no gubernamentales y otros defensores de los derechos humanos;

C.  Considerando que, el 25 de enero de 2018, el Tribunal Supremo de la República de Chechenia confirmó el auto de prisión preventiva durante dos meses dictado por el Tribunal Municipal de Shalinsky contra Oyub Titiev;

D.  Considerando que se ha reformado el Código Penal ruso y se ha introducido un nuevo artículo 212.1, en virtud del cual se puede acusar a una persona por violación de la ley sobre reuniones públicas, a pesar de que esta ley limita la libertad de expresión y de reunión;

E.  Considerando que las autoridades rusas muestran una tendencia a no respetar el derecho a la libertad de reunión, y que detuvieron solo en la ciudad de Moscú a más de 1 000 manifestantes, y a muchos más en otras ciudades de la Federación de Rusia después de las manifestaciones pacíficas celebradas el 26 de marzo de 2017;

F.  Considerando que el número de presos políticos en el país ha aumentado considerablemente en los últimos años, ascendiendo a 102 personas en 2016, según la organización de derechos humanos Memorial;

G.  Considerando que la ley sobre las ONG de 2012 ha restringido gravemente la capacidad de las ONG para trabajar de forma independiente y operar de manera eficaz; que, con arreglo a dicha ley, Memorial ha sido designado «agente extranjero» por el Ministerio de Justicia ruso;

H.  Considerando que Yuri Dmitriev, un historiador de Memorial, formaba parte del equipo que encontró una fosa común de más de 9 000 personas en Sandarmoj, muchas de ellas miembros de la intelligentsia soviética; que, en los últimos años, Memorial ha pasado a ser la última organización independiente de defensa de los derechos humanos que continúa trabajando en la República de Chechenia; que es muy probable que los ataques contra los defensores de los derechos humanos en la República de Chechenia, incluidas las acusaciones penales inventadas contra Oyub Titiev y los incendios provocados en repúblicas vecinas, estén orquestados como represalia contra Memorial por desvelar y buscar justicia para las violaciones de los derechos humanos en Chechenia;

I.  Considerando que el Parlamento concedió en 2009 el Premio Sájarov a la libertad de conciencia al grupo de defensa de los derechos humanos Memorial;

J.  Considerando que en el índice de democracia de 2017 de The Economist Rusia aparece en el puesto 135 de 167 países, lo que supone un descenso importante en comparación con el puesto 102 del país en 2006;

K.  Considerando que existe un alto grado de inquietud por las violaciones de los derechos humanos de las personas LGBTI en Chechenia; que la Federación de Rusia es signataria de diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos y, en su calidad de miembro del Consejo de Europa, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por lo tanto, tiene la obligación de garantizar la seguridad de todas las personas que puedan estar en peligro; que la Unión ha ofrecido reiteradamente más asistencia y asesoramiento a Rusia para ayudarla a modernizar y respetar su ordenamiento constitucional y jurídico, en consonancia con las normas del Consejo de Europa; que Rusia tiene la obligación y dispone de los medios para investigar los delitos cometidos por las autoridades chechenas; que la homosexualidad fue despenalizada en la Federación de Rusia en 1993;

1.  Pide la liberación inmediata del director de la organización de derechos humanos Memorial en la República de Chechenia, Oyub Titiev, que fue detenido el 9 de enero de 2018 y posteriormente acusado formalmente y enviado a prisión preventiva por acusaciones falsas de adquisición y tenencia ilegal de estupefacientes; insta a las autoridades rusas a que garanticen el pleno respeto de los derechos humanos y legales del Sr. Titiev, incluido el acceso a un abogado y a asistencia médica, a la integridad física y la dignidad, y a la protección ante el acoso judicial, la criminalización y la detención arbitraria;

2.  Lamenta la declaración realizada por las autoridades chechenas en la que denuncian la labor de las organizaciones y defensores de derechos humanos; observa con inquietud que la detención se ha producido poco después de unos comentarios públicos de Magomed Daudov, presidente del Parlamento de Chechenia, quien parece tolerar la violencia contra los defensores de los derechos humanos;

3.  Opina que la detención del Sr. Titiev forma parte de una tendencia preocupante de detenciones, ataques, intimidaciones y desprestigio de los periodistas independientes y los defensores de los derechos humanos que trabajan en Chechenia; señala que otros casos que forman parte de esta preocupante tendencia incluyen las detenciones del presidente de la delegación de la Asamblea de los Pueblos del Cáucaso, Ruslan Kutaev, y del periodista Yalaudi Geriev, que fueron condenados por motivos dudosos relacionados con estupefacientes en 2014 y 2016, respectivamente;

4.  Expresa su profunda preocupación por el hecho de que nadie haya sido llevado ante la justicia por el asesinato de la predecesora de Oyub Titiev en Memorial y activista de los derechos humanos en Chechenia, Natalia Estemírova, quien fue secuestrada en su domicilio en Grozny en julio de 2009 y fue hallada muerta por disparos el mismo día cerca de la localidad de Gazi-Yurt en la vecina Ingushetia; insta a las autoridades rusas a que investiguen verdaderamente este crimen; recuerda, en este sentido, que otro abogado y activista de derechos humanos, Stanislav Markelov, conocido por su trabajo sobre los abusos en Chechenia, fue asesinado a tiros en 2009 en el centro de Moscú;

5.  Insta a las autoridades rusas a que pongan fin de inmediato a la preocupante tendencia de detenciones, ataques, intimidaciones y desprestigio de periodistas independientes y defensores de los derechos humanos en esa región de la Federación de Rusia, en vulneración del derecho a la libertad de expresión; condena los ataques a los defensores de los derechos humanos por parte de las autoridades chechenas e insta a Moscú a poner fin a estos ataques y a fomentar un clima de trabajo normal para los defensores de los derechos humanos y sus organizaciones en Chechenia y otras partes de la Federación de Rusia;

6.  Manifiesta su profunda preocupación por la degradación de la situación de la sociedad civil crítica en Rusia, en particular las organizaciones que trabajan en el ámbito de los derechos humanos y las libertades democráticas y son críticas con las políticas estatales al respecto; subraya que Memorial, galardonado con el Premio Sájarov de 2009, sigue siendo una de las voces más autorizadas de Rusia en materia de derechos humanos actualmente y se ha convertido en la última organización independiente de defensa de los derechos humanos que sigue trabajando en la República de Chechenia, y expresa su solidaridad y firme apoyo a su entregado trabajo;

7.  Pide a las autoridades rusas que protejan a todos los ciudadanos rusos de abusos ilegales; pide a las autoridades rusas que pongan fin inmediatamente a la represión de la libertad de expresión en Chechenia, y que den garantías efectivas de seguridad a las víctimas y a los testigos de abusos y que lleven ante la justicia a sus responsables; destaca que Rusia y su Gobierno son los responsables últimos de investigar estos actos, de llevar a sus autores ante la justicia y de proteger a todos los ciudadanos rusos frente a este tipo de abusos;

8.  Señala que una muestra más de la persecución y el acoso sufridos por las organizaciones de defensa de los derechos humanos en la región del Cáucaso septentrional fue el incendio provocado el 17 de enero de 2018 en las oficinas de Memorial en la vecina República de Ingushetia, y el ataque perpetrado el 22 de enero de 2018 cuando unos pirómanos desconocidos prendieron fuego a un vehículo perteneciente a la oficina local de Memorial en Daguestán; condena estos ataques e insta a las autoridades rusas a que investiguen de manera eficaz estos y otros ataques contra el patrimonio de Memorial y las amenazas contra su personal, y a que garanticen que los responsables rindan cuentas ante la justicia;

9.  Pide a las autoridades rusas que, con carácter de urgencia, lleven a cabo investigaciones inmediatas, independientes, objetivas y exhaustivas sobre los lamentables acontecimientos en Chechenia; pide a las autoridades chechenas y a las de la Federación de Rusia que cumplan con la legislación nacional y los compromisos internacionales, que respeten el Estado de Derecho y las normas universales de los derechos humanos y que garanticen la seguridad y las libertades democráticas de todas las personas que puedan estar en peligro;

10.  Toma nota de la petición de Memorial de que se investigue el caso de Titiev fuera de Chechenia;

11.  Condena los ataques contra otros grupos de la sociedad civil y ONG en Chechenia, incluidos los ataques y la campaña de difamación contra el Grupo Móvil Conjunto de Defensores de los Derechos Humanos en Chechenia, que dieron lugar a la retirada del grupo de Chechenia por motivos de seguridad en 2016;

12.  Expresa su profunda preocupación por las informaciones sobre casos de detención arbitraria y tortura de personas percibidas como LGBTI en la República de Chechenia; pide a las autoridades que pongan fin a esta campaña de persecución y permitan que las organizaciones internacionales de derechos humanos lleven a cabo una investigación creíble sobre los supuestos delitos; condena asimismo el asesinato de personas por miembros de sus familias en los llamados «crímenes de honor» y lamenta que las autoridades chechenas apoyen y fomenten estos crímenes;

13.  Pide a la Comisión, al SEAE y a los Estados miembros que ayuden a las personas que han huido de Chechenia y que revelen públicamente esta campaña de abusos; acoge con satisfacción que una serie de Estados miembros haya concedido asilo a estas víctimas e insta a todos los Estados miembros a continuar o reforzar los procedimientos de solicitud de asilo para las víctimas, los periodistas y los defensores de los derechos humanos, de conformidad con la legislación europea y nacional;

14.  Pide a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y al SEAE que se aseguren de que todos los casos de personas procesadas por motivos políticos sean abordados en las consultas entre la Unión y Rusia sobre derechos humanos, cuando se reanuden, y que se pida formalmente a los representantes rusos en dichas consultas una respuesta en cada caso y que se informe al Parlamento sobre su diálogo con las autoridades rusas;

15.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, al presidente, al Gobierno y al Parlamento de la Federación de Rusia y a las autoridades chechenas.

(1) DO C 65 de 19.2.2016, p. 150.
(2) DO C 378 de 9.11.2017, p. 250.
(3) DO C 274 de 27.7.2016, p. 21.
(4) DO C 316 de 30.8.2016, p. 126.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0446.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0125.


Ejecuciones en Egipto
PDF 183kWORD 55k
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, sobre las ejecuciones en Egipto (2018/2561(RSP))
P8_TA(2018)0035RC-B8-0109/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Egipto, en especial la de 10 de marzo de 2016, sobre Egipto, en particular el caso de Giulio Regeni(1), la de 17 de diciembre de 2015, sobre la posible condena a muerte de Ibrahim Halawa(2) y la de 15 de enero de 2015, sobre la situación en Egipto(3); sus resoluciones de 16 de febrero de 2017(4), sobre las ejecuciones en Kuwait y Baréin, y de 8 de octubre de 2015, sobre la pena de muerte(5); y su resolución de 7 de octubre de 2010, sobre el Día Mundial contra la pena de muerte(6),

–  Vistas las directrices de la Unión sobre la pena de muerte, sobre la tortura, sobre la libertad de expresión y sobre los defensores de los derechos humanos,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE de agosto de 2013 y de febrero de 2014 sobre Egipto,

–  Vistos el Acuerdo de Asociación UE-Egipto de 2001, que entró en vigor en 2004 y fue reforzado por el Plan de Acción de 2007, vistas asimismo, las Prioridades de la Asociación UE-Egipto 2017-2020, adoptadas el 25 de julio de 2017, y la Declaración común tras el Consejo de Asociación UE-Egipto,

–  Vista la declaración conjunta de 10 de octubre de 2017 de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, (VP/AR), Federica Mogherini, y el secretario general del Consejo de Europa con ocasión del Día Europeo y Mundial contra la Pena de Muerte,

–  Vista la declaración conjunta, de 26 de enero de 2018, de los expertos de las Naciones Unidas, incluido Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, en la que se insta a las autoridades egipcias a que detengan las ejecuciones inminentes,

–  Vista la Constitución de Egipto y, en particular, su artículo 93 (sobre el carácter vinculante del Derecho internacional humanitario),

–  Vistas las Salvaguardias de las Naciones Unidas para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte,

–  Teniendo en cuenta los principios y las directrices africanas relativos al derecho a un juicio justo y a la asistencia jurídica, que prohíben los juicios militares de civiles en cualquier circunstancia,

–  Vista la Declaración final adoptada por el VI Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en Oslo del 21 al 23 de junio de 2016,

–  Vistos el nuevo Marco Estratégico y el Plan de Acción de la Unión sobre Derechos Humanos, que tienen por objeto incorporar la protección y la vigilancia de los derechos humanos al núcleo de todas las políticas de la Unión,

–  Vistos el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus Protocolos 6 y 13,

–  Vistas las seis resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en favor de la adopción de una moratoria sobre la pena de muerte,

–  Vistas la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los derechos del niño y la Carta Árabe de Derechos Humanos, ratificadas por Egipto,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), del que Egipto es parte, y, en particular, su artículo 18 y el segundo protocolo opcional sobre la pena de muerte, así como su artículo 14,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la pena de muerte es un castigo inhumano y degradante por excelencia, que vulnera el derecho a la vida consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos; que la Unión Europea mantiene una posición firme y de principio en contra de la pena de muerte, y en favor de una moratoria universal que preceda a la abolición mundial de la pena capital, como uno de los objetivos fundamentales de su política de derechos humanos;

B.  Considerando que, desde enero de 2014, por lo menos 2 116 personas han sido supuestamente condenadas a la pena de muerte en Egipto; que ninguna condena a muerte fue aprobada por los antiguos presidentes Mohamed Morsi y Adli Mansur; que, como mínimo, se han llevado a cabo 81 ejecuciones desde el 1 de enero de 2014;

C.  Considerando que, al parecer, en 2017 los órganos jurisdiccionales egipcios pronunciaron por lo menos 186 sentencias de pena de muerte y dieciséis personas fueron ejecutadas; que en las últimas semanas y desde finales de diciembre de 2017 se ha producido un alarmante incremento; que todas las últimas ejecuciones se realizaron sin notificación previa a las víctimas o a sus familias; que, en la actualidad, más de veinticuatro egipcios parecen estar en peligro de ejecución inminente, tras haber agotado todas las vías de recurso;

D.  Considerando que, actualmente, unas 891 personas en Egipto están siendo juzgadas o a la espera de un juicio por cargos que podrían conducir a la pena de muerte; que al menos 38 personas eran menores edad en el momento de su presunto delito, han sido procesadas junto con adultos por acusaciones que conllevan la pena de muerte; que, en principio, los órganos jurisdiccionales han solicitado que se dicten sentencias de pena de muerte para al menos siete de dichas personas; que la condena y la ejecución de la pena de muerte contra personas menores de dieciocho años cuando se cometió el delito contraviene el Derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, así como el artículo 111 de la Ley del menor de Egipto; que Egipto es parte en numerosos convenios internacionales sobre los derechos civiles y políticos, la tortura, los derechos de los niños y menores, y la justicia;

E.  Considerando que el Código de Justicia Militar castiga un mayor número de delitos con la pena capital que su homólogo civil, y que la legislación egipcia ha ido ampliando progresivamente las competencias de la jurisdicción militar; que el número de civiles condenados a muerte en Egipto por órganos jurisdiccionales militares se ha disparado de 60 en 2016 a, por lo menos, 112 en 2017; que, como mínimo veintitrés ciudadanos egipcios han sido ejecutados en los últimos meses, incluidos veintidós civiles condenados por órganos jurisdiccionales militares que están lejos de respetar las normas de un juicio justo; que, en total, al menos 15 000 civiles, incluidos numerosos niños, fueron supuestamente remitidos a fiscales militares entre octubre de 2014 y septiembre de 2017;

F.  Considerando que, al parecer, un número preocupante de los testimonios y confesiones utilizados en los juicios, principalmente militares, se obtuvieron después de que el acusado, supuestamente, hubiera desaparecido por la fuerza, o hubiese sido víctima de tortura o malos tratos; que, desde hace tiempo, la lucha contra la tortura constituye una de las prioridades de la UE en materia de derechos humanos y un objetivo común para la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, firmada por Egipto;

G.  Considerando que todas las ejecuciones recientes e inminentes son supuestamente el resultado de procesos en los que no se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva; que las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte prohíben estrictamente que se imponga la pena de muerte tras un juicio injusto; que varios expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas han instado reiteradamente a Egipto a que detenga todas las ejecuciones pendientes a raíz de las acusaciones de juicios sin garantías procesales;

H.  Considerando que es importante que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que los juicios se celebren en condiciones que realmente ofrezcan todas las garantías estipuladas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Egipto es parte; que, en los casos de pena de muerte, los juicios deben satisfacer los más altos estándares de imparcialidad y garantías procesales;

I.  Considerando que el 29 de noviembre de 2017 la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, instó al Gobierno egipcio a que suspendiera inmediatamente las sentencias de pena de muerte en cinco asuntos diferentes; que, no obstante, los acusados en uno de ellos, el asunto Kaf al-Cheij, fueron ejecutados el 2 de enero de 2018;

J.  Considerando que, desde la revolución de 2011, Egipto ha superado varios retos difíciles, y que la comunidad internacional está apoyando a este país a enfrentarse a sus desafíos económicos, políticos y de seguridad;

K.  Considerando que existen graves problemas de seguridad en Egipto, en especial en el Sinaí, donde grupos terroristas han perpetrado ataques contra las fuerzas de seguridad; que en Egipto han tenido lugar una serie de atentados terroristas devastadores, incluido el reciente atentado contra una mezquita sufí en el que perdieron la vida al menos 311 civiles y resultaron heridos otros 128; que, el 9 de abril de 2017, tuvieron lugar dos ataques suicidas con bomba simultáneos, en la iglesia copta de St. George y en la catedral ortodoxa de St. Mark, causando la muerte de al menos 47 personas;

L.  Considerando que en Egipto el estado de excepción actual, en vigor desde abril de 2017 y prorrogado durante tres meses a partir del 13 de enero de 2018, se introdujo, según los medios de comunicación públicos, para ayudar a combatir «los riesgos y la financiación del terrorismo», si bien menoscaba las libertades fundamentales, y otorga al presidente y a quienes actúen en su nombre la facultad de someter a los civiles a los Tribunales de excepción para la Seguridad del estado de durante ese plazo de tres meses;

M.  Considerando que la situación global de los derechos humanos se sigue deteriorando en Egipto; que la represión contra el terrorismo se ha utilizado como justificación por parte de las autoridades egipcias para llevar a cabo una represión a gran escala;

N.  Considerando que la Ley antiterrorista promulgada en 2015 impone la pena de muerte a quien sea declarado culpable de crear o dirigir un grupo terrorista, en el marco de una amplia definición del concepto de terrorismo que incluye la vulneración del orden público, la puesta en peligro de la seguridad o los intereses de la sociedad, la obstrucción de las disposiciones de la Constitución y la legislación, o el daño a la unidad nacional, la paz social, o la seguridad nacional, y, por lo tanto, los civiles, incluidos los defensores de los derechos humanos, corren el riesgo de ser etiquetados como terroristas y condenados a la pena de muerte;

O.  Considerando que los defensores de los derechos humanos egipcios que documentan y denuncian las sentencias de pena de muerte, las torturas y las desapariciones involuntarias han sido objeto de medidas represivas específicas, como el cierre del Centro Al-Nadim en 2017 y el intento de las autoridades egipcias de clausurar la oficina en El Cairo de la Comisión egipcia para los derechos humanos y las libertades; que Egipto inició un frente jurídico contra las ONG durante el último año mediante una ley por la que se requiere que las agencias de seguridad estatales aprueben su financiación, tanto nacional como internacional, lo que en la práctica significa su prohibición; que el 5 de abril de 2018 la más alta instancia judicial de apelación de Egipto se pronunciará sobre el denominado «asunto de la financiación extranjera» en el que se hallan involucradas ONG internacionales;

P.  Considerando que las Prioridades de la Asociación UE-Egipto 2017-2020, adoptadas en julio de 2017, se fundamentan en un compromiso compartido con los valores universales de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, y constituyen un marco renovado para el compromiso político y la cooperación reforzada, también en materia de seguridad, reforma del poder judicial y lucha contra el terrorismo, sobre la base del debido respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; que el Subcomité de Asuntos Políticos, Derechos Humanos y Democracia del Acuerdo de Asociación entre Egipto y la Unión Europea celebró su quinta reunión en El Cairo los días 10 y 11 de enero de 2018, en el que abordó la cooperación en los ámbitos de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho;

Q.  Considerando que la UE es el primer socio económico de Egipto y su principal fuente de inversión extranjera; que la ayuda bilateral de la UE a Egipto en el marco del Instrumento Europeo de Vecindad para el período 2017-2020 asciende a 500 millones EUR aproximadamente; que el 21 de agosto de 2013 el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE encargó a la alta representante la revisión de la ayuda de la Unión a Egipto; que el Consejo decidió que la cooperación de la Unión con Egipto se reajustaría de acuerdo con los acontecimientos que se produjeran sobre el terreno;

R.  Considerando que empresas establecidas en varios Estados miembros de la Unión han seguido exportando a Egipto equipos militares y de vigilancia;

1.  Condena enérgicamente el uso de la pena capital, y pide que se suspendan todas las ejecuciones inminentes en Egipto; apoya decididamente una moratoria inmediata de la pena de muerte en Egipto como un paso previo a su abolición; condena, en este sentido, todas las ejecuciones dondequiera que tengan lugar y hace hincapié una vez más en que la abolición de la pena de muerte contribuye a la mejora de la dignidad humana, tal como se establece en las prioridades políticas de la Unión en materia de derechos humanos; pide a las autoridades egipcias que revisen todas las sentencias de pena de muerte pendientes, con el fin de garantizar que los condenados injustamente sean sometidos a un juicio justo; recuerda que, a pesar de los retos en materia de seguridad en Egipto, las ejecuciones no deben utilizarse como un instrumento de lucha contra el terrorismo;

2.  Pide al Parlamento de Egipto que revise el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la legislación antiterrorista y el Código de Justicia Militar de dicho país, y pide al Gobierno que revise los decretos pertinentes a fin de garantizar que los civiles acusados de delitos castigados con la pena de muerte no son derivados a órganos jurisdiccionales especiales o militares por ningún motivo, ya que dichos órganos no cumplen los requisitos exigidos por las normas en materia de un juicio justo ratificadas por Egipto en sus compromisos internacionales y garantizadas en su Constitución; pide a las autoridades egipcias que dejen de someten a civiles a los órganos jurisdiccionales militares;

3.  Insta a las autoridades egipcias a que garanticen la integridad física y psicológica de todos los acusados durante su estancia en prisión; denuncia el uso de la tortura y de los malos tratos; pide a las autoridades egipcias que velen por que los detenidos reciban toda la atención médica que puedan necesitar; solicita a la Unión que aplique en su integridad los controles de sus exportaciones a Egipto, en particular en relación con productos que pueden usarse para infligir torturas o aplicar la pena de muerte;

4.  Alienta a Egipto a que firme y ratifique el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte, y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; anima al Gobierno egipcio a enviar una invitación abierta a los relatores especiales de las Naciones Unidas pertinentes para que visiten el país;

5.  Manifiesta su profunda preocupación por los juicios masivos ante órganos jurisdiccionales egipcios y el gran número de penas de muerte que han impuesto; pide a las autoridades judiciales egipcias que observen lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Egipto es parte, y, en especial, su artículo 14, relativo al derecho a un juicio justo, sin dilaciones, basado en acusaciones claras y en el que se respeten los derechos de los acusados;

6.  Pide a la VP/AR que condene el alarmante número de ejecuciones recientes en Egipto, e insta al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros a que continúen luchando contra la aplicación de la pena de muerte; insta al SEAE a que aborde los últimos acontecimientos en Egipto, y a que utilice todos los medios de influencia a su disposición para detener las ejecuciones inminentes y alentar a las autoridades egipcias a que respeten sus compromisos con las normas y las leyes internacionales;

7.  Urge a la VP/AR y a los Estados miembros a que velen por que los derechos humanos no se vean socavados por la gestión migratoria o las acciones contra el terrorismo en el marco de las Prioridades de la Asociación UE-Egipto; destaca la importancia que la Unión Europea atribuye a su cooperación con Egipto en su condición de vecino y socio importante; insta enérgicamente a Egipto a que mantenga su compromiso, contraído en las Prioridades de la Asociación UE-Egipto adoptadas el 27 de julio de 2017, en favor de la promoción la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales, de conformidad con su Constitución y las normas internacionales;

8.  Condena los atentados terroristas en Egipto; expresa sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas del terrorismo; declara su solidaridad con el pueblo egipcio, y reafirma su compromiso con la lucha contra la propagación de ideologías radicales y los grupos terroristas;

9.  Recuerda al Gobierno egipcio que la prosperidad a largo plazo de Egipto y de sus ciudadanos va estrechamente unida a la protección de los derechos humanos universales y al establecimiento y arraigo de instituciones democráticas y transparentes que estén comprometidas con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos;

10.  Respalda la aspiración de la mayoría de ciudadanos egipcios que desean el establecimiento de una nación libre, estable, próspera, integradora y democrática que respete sus compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales;

11.  Expresa su profunda preocupación por las restricciones existentes en la actualidad en relación con los derechos democráticos fundamentales, en particular las libertades de expresión, asociación y reunión, el pluralismo político y el Estado de Derecho en Egipto; pide el fin de todos los actos de violencia, instigación, incitación al odio, hostigamiento, intimidación, desapariciones involuntarias o censura dirigidos contra opositores políticos, manifestantes, periodistas, blogueros, estudiantes, defensoras de los derechos de la mujer, activistas de la sociedad civil, personas LGBTI, ONG y minorías, como los nubios, por parte de las autoridades del Estado, las fuerzas y cuerpos de seguridad, así como por otros grupos en Egipto; condena el uso excesivo de la violencia contra los manifestantes; pide la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos por ejercer de manera pacífica sus derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación, y pide una investigación independiente y transparente de todas las violaciones de los derechos humanos;

12.  Recuerda que sigue indignado ante las torturas infligidas al investigador italiano Giulio Regeni y su muerte, y denuncia, una vez más, la falta de avances en la investigación de este brutal asesinato; hace hincapié en que va a seguir presionando a las autoridades europeas al objeto de que colaboren con sus homólogos egipcios hasta que se establezca la verdad sobre este asunto y los responsables rindan cuentas;

13.  Insta al presidente Sisi y a su Gobierno a que cumplan su compromiso con una verdadera reforma política y el respeto de los derechos humanos; subraya que unas elecciones creíbles y transparentes son esenciales en una democracia, tal como garantiza la Constitución de 2014, y de conformidad con los compromisos internacionales de Egipto;

14.  Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que adopten una posición clara, firme y unificada sobre Egipto en las próximas sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y mientras el país no evidencie mejoras significativas en su historial en materia de derechos humanos;

15.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Egipto.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0084.
(2) DO C 399 de 24.11.2017, p. 130.
(3) DO C 300 de 18.8.2016, p. 34.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0044.
(5) DO C 349 de 17.10.2017, p. 41.
(6) DO C 371 E de 20.12.2011, p. 5.


Esclavitud infantil en Haití
PDF 186kWORD 46k
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, sobre la esclavitud infantil en Haití (2018/2562(RSP))
P8_TA(2018)0036RC-B8-0100/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Haití,

–  Vista la declaración conjunta de 12 de junio de 2017 de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y del comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo con ocasión del Día Mundial contra el Trabajo Infantil,

–  Visto el informe anual del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas en el que se destacan los progresos y los retos de Haití en materia de derechos humanos en 2017,

–  Visto el estudio de la Acción ACP-UE para la Migración, de 20 de julio de 2017, sobre la trata de seres humanos en Haití,

–  Visto el informe de aplicación de Haití examinado por el Comité de los Derechos del Niño el 15 de enero de 2016,

–  Visto el examen periódico universal sobre Haití del CDH que tuvo lugar del 31 de octubre al 11 de noviembre de 2016,

–  Visto el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,

–  Vista la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,

–  Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

–  Vista la Convención Suplementaria de las Naciones Unidas sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, de 7 de septiembre de 1956, y en particular su artículo 1, letra d),

–  Vistos los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) n.º 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y n.º 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo,

–  Vista la 34.ª sesión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, celebrada en diciembre de 2017 en Puerto Príncipe (Haití),

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vistos los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Haití es uno de los países más pobres del mundo y que las principales causas de la pobreza que atenaza al país son la grave corrupción, las infraestructuras deficientes, la falta de atención sanitaria, los bajos niveles de educación y una inestabilidad política histórica;

B.  Considerando que el uso de niños como trabajadores domésticos, a los que se suele denominar con el término criollo restaveks, es sistemático en todo Haití y que se debe a las difíciles condiciones económicas y a las actitudes culturales hacia los niños;

C.  Considerando que el uso de restaveks es una forma de trata de trabajadores domésticos y de esclavitud moderna que afecta aproximadamente a 400 000 niños en Haití, de los cuales un 60 % son niñas; que muchos niños haitianos carecen de certificado de nacimiento y están expuestos a la trata y los abusos; que, según UNICEF, la exposición de niños a la violencia y los abusos, incluidos el castigo corporal y la violencia de género, es un problema sustancial; que una de cada cuatro mujeres y uno de cada cinco hombres han sido objeto de abusos sexuales antes de cumplir los 18 años; que el 85 % de los niños de entre 2 y 14 años son víctimas de formas violentas de disciplina en el hogar, el 79 % son víctimas de castigos corporales y el 16 % sufren castigos corporales extremos; que se estima en 30 000 el número de niños que viven en los aproximadamente 750 orfanatos, la mayoría de los cuales son de gestión y financiación privadas;

D.  Considerando que los niños restaveks suelen haber nacido en familias pobres del medio rural con escasas o ninguna fuente de ingresos que venden a sus hijos a otra familia a cambio de comida o dinero;

E.  Considerando que el Gobierno de Haití ha realizado algunos esfuerzos para atajar la explotación de los niños restaveks, como la adopción de una ley global para combatir la trata de seres humanos, medidas para detectar y ayudar a los niños sometidos a servidumbre doméstica y campañas de sensibilización; que el Estado tiene la obligación de apoyar a los padres para que puedan asumir sus responsabilidades;

F.  Considerando que la educación y la escolarización de muchos niños haitianos son insuficientes; que, según la UNICEF, en Haití el 18 % de los niños de entre 6 y 11 años no reciben enseñanza primaria; que aproximadamente la mitad de los haitianos que han cumplido 15 años son analfabetos, ya que el 85 % de las escuelas son gestionadas por entidades privadas y son demasiado caras para las familias con bajos ingresos; que el huracán Matthew afectó de forma considerable al acceso a la educación, al producir daños en 1 633 de las 1 991 escuelas de las zonas más castigadas;

G.  Considerando que más de 175 000 personas, incluidas decenas de miles de niños, que fueron desplazadas tras el paso del huracán Matthew en octubre de 2013 siguen viviendo en una precariedad y una inseguridad extremas; que el terremoto de 2010 se cobró más de 220 000 vidas y desplazó a unos 800 000 niños, abocando a muchos de ellos a la esclavitud;

H.  Considerando que Haití es país de origen, tránsito y destino para el trabajo forzado y la trata de niños; que el fenómeno de los restaveks también tiene una dimensión internacional, ya que muchos niños haitianos son objeto de trata en la vecina República Dominicana;

I.  Considerando que el reciente bloqueo electoral y político tras las elecciones presidenciales de 2016 afectó gravemente a la capacidad de Haití de aprobar textos legislativos fundamentales y un presupuesto nacional que pudieran hacer frente a los urgentes retos sociales y económicos;

J.  Considerando que la impunidad se ha visto alimentada en Haití por la falta de rendición de cuentas de los cargos públicos y, en particular, por la falta de investigaciones sistemáticas del uso de la fuerza y de las detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas por parte de la policía; considerando que Haití ocupa el puesto 159 en la lista de 176 países incluidos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2016 de Transparency International;

K.  Considerando que Haití ocupa el puesto 163 en el índice de desarrollo humano del PNUD y precisa constantemente de ayuda humanitaria y al desarrollo;

L.  Considerando que en septiembre de 2017 el Parlamento haitiano aprobó un presupuesto nacional para el año 2018 que aumenta los impuestos de manera desproporcionada a una población que ya está empobrecida, lo que provocó manifestaciones violentas y disturbios en la capital, Puerto Príncipe; que el ministro de Economía y Hacienda, Patrick Salomon, presentó un presupuesto que, a modo de ejemplo, da prioridad a la limpieza de las instituciones del Gobierno frente a los programas de salud pública;

M.  Considerando que la Unión ha asignado a Haití 420 millones EUR del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo (FED), poniendo el énfasis en la nutrición infantil y en la educación, al objeto de apoyar el desarrollo infantil;

N.  Considerando que en 2017 la Unión puso en marcha una convocatoria de propuestas con el título en francés de «La promotion des droits des enfants et la protection des enfants victimes d’exploitation, discrimination, violence et abandon», cuya principal prioridad era devolver a los niños privados de libertad a su familia biológica o proporcionarles una familia de acogida;

1.  Lamenta que en Haití se separe por la fuerza a un gran número de niños de sus familias en el marco del fenómeno de los restaveks para someterlos a trabajo forzoso; pide la eliminación de esta práctica;

2.  Manifiesta su profunda preocupación por la persistencia de las violaciones de derechos humanos, incluida la violencia de género, las detenciones ilegales y el fenómeno de los niños restaveks sometidos a esclavitud en Haití; pide al Gobierno de Haití que dé prioridad a las medidas legislativas, en particular la reforma del Código Penal, para luchar contra estos problemas, restaurando además las instituciones fundamentales del país que han sufrido estancamiento a consecuencia del reciente bloqueo político, con el fin de poner en marcha las reformas urgentes;

3.  Pide al Gobierno de Haití que con carácter urgente aplique medidas para corregir las deficiencias que conducen a los niños a la servidumbre doméstica, por ejemplo protegiendo a los niños que sufren abandono o están sometidos a abusos, violencia o trabajo infantil;

4.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que sigan ayudando a Haití en la aplicación de medidas de protección de los niños, incluidos los programas y colaboraciones de lucha contra la violencia, los abusos y la explotación infantil; pide al Gobierno de Haití que cree y priorice procedimientos dotados de recursos suficientes para poner fin a la práctica de los restaveks, incluida la formación de los servicios sociales para ayudar a separar a los niños restaveks de las familias abusivas y ofrecerles rehabilitación para sus necesidades físicas y psicológicas;

5.  Pide al Gobierno de Haití que instaure un sistema administrativo que garantice el registro de todos los recién nacidos, así como medidas para registrar en el lugar en que residan a los que no fueron inscritos al nacer;

6.  Anima a las autoridades haitianas y a los donantes a que destinen una parte importante de los recursos actualmente empleados en orfanatos costosos pero de escasa calidad a servicios comunitarios que refuercen la capacidad de las familias y las comunidades para ocuparse adecuadamente de sus propios hijos;

7.  Pide al Gobierno de Haití y, en su caso, a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen sin reservas los siguientes convenios, que son esenciales en la lucha contra la trata de niños y la esclavitud infantil:

   Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y aceptación de los procedimientos de investigación e interestatales,
   Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
   Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
   Estatuto de Roma;

8.  Pide que la ayuda al desarrollo de la Unión preste especial atención a la asistencia a la reforma urgente del sistema judicial y la formación de jueces y fiscales para la tramitación de casos de violación y violencia sexual, velando por que la policía y el poder judicial estén formados para tratar con imparcialidad a las mujeres y niñas que denuncien violencia de género;

9.  Observa que el Parlamento haitiano ha aprobado un presupuesto anual en septiembre de 2017; pone de relieve los progresos recientes en materia de derecho a la educación, en particular mediante el programa de Educación Universal, Libre y Obligatoria, que requiere un sistema de supervisión y cumplimiento eficaces y un esfuerzo económico constante del presupuesto nacional haitiano y de la ayuda al desarrollo de la Unión; pide que se preste mayor atención al bienestar y la rehabilitación de los niños restaveks — incluidos los más desfavorecidos, los que sufren discapacidades o dificultades de aprendizaje y los que viven en zonas rurales— en el marco del próximo FED y del programa indicativo nacional de Haití, también mediante un informe de situación conjunto relativo a las medidas adoptadas y su eficacia a la hora de luchar contra el fenómeno de los restaveks;

10.  Espera de la Unión y de sus Estados miembros que cumplan sus promesas de asistencia a Haití tras el huracán Matthew y ayuden al país a superar sus retos a largo plazo;

11.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo de Ministros ACP-UE, a las instituciones del Cariforum, a los Gobiernos y los Parlamentos de Haití y de la República Dominicana y al secretario general de las Naciones Unidas.


Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores ***I
PDF 242kWORD 37k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 por el que se crea un fondo de garantía relativo a las acciones exteriores (COM(2016)0582 – C8-0374/2016 – 2016/0274(COD))
P8_TA(2018)0037A8-0132/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0582),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 209 y 212 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0374/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 1 de diciembre de 2017, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Asuntos Exteriores y de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0132/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 8 de febrero de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 del Consejo por el que se crea un Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/409.)


Concesión al Banco Europeo de Inversiones de una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión ***I
PDF 321kWORD 38k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión n.º 466/2014/UE por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión (COM(2016)0583 – C8-0376/2016 – 2016/0275(COD))
P8_TA(2018)0038A8-0135/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0583),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 209 y 212 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta C8-0376/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la revisión intermedia de la aplicación de la Decisión n.º 466/2014/UE por lo que se refiere a la garantía de la UE concedida al Banco Europeo de Inversiones frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión (COM(2016)0584),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 1 de diciembre de 2017, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0135/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 8 de febrero de 2018 con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión n.º 466/2014/UE por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Decisión (UE) 2018/412.)


Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones
PDF 304kWORD 67k
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, sobre el Informe anual sobre las actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones (2017/2071(INI))
P8_TA(2018)0039A8-0013/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 y 309 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y su Protocolo n.º 5 sobre los estatutos del Banco Europeo de Inversiones (BEI),

–  Visto el Plan de Operaciones del Grupo BEI para 2017-2019, publicado en el sitio web del BEI,

–  Visto el Informe anual de 2016 del BEI,

–  Vistos el Informe financiero de 2016 y el Informe estadístico de 2016 del BEI,

–  Visto el informe del BEI sobre la evaluación del funcionamiento del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), de septiembre de 2016,

–  Visto el acuerdo celebrado el 2 de mayo de 2017 por el Parlamento Europeo y el BEI en lo que respecta al intercambio de información en virtud del Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1291/2013 y (UE) n.º 1316/2013 — el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas(1),

–  Visto el Reglamento (UE) 2017/2396 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) 2015/1017 en lo que se refiere a la ampliación de la duración del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas y a la introducción de mejoras técnicas para este Fondo y para el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión(2),

–  Vista la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión n.º 466/2014/UE por la que se concede al Banco Europeo de Inversiones una garantía de la UE frente a las pérdidas que se deriven de operaciones de financiación en favor de proyectos de inversión fuera de la Unión (COM(2016)0583),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE, Euratom) n.º 480/2009 por el que se crea un fondo de garantía relativo a las acciones exteriores (COM(2016)0582),

–  Vista la Iniciativa de Resiliencia Económica del BEI,

–  Visto el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de septiembre de 2017, por el que se establece el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), la Garantía del FEDS y el Fondo de Garantía del FEDS(3),

–  Vista la primera reunión del consejo estratégico del FEDS, celebrada en Bruselas el 28 de septiembre de 2017,

–  Vistos la Cumbre Social en favor del Empleo Justo y el Crecimiento celebrada en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017 y el pilar europeo de derechos sociales,

–  Vista la estrategia del Grupo BEI sobre la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres,

–  Visto el informe sobre la aplicación de la política de transparencia del BEI en 2015 y el informe de 2016 del BEI sobre la gobernanza empresarial,

–  Visto el Manual de prácticas ambientales y sociales del BEI,

–  Vista la revisión actual del mecanismo de reclamaciones del BEI – principios, mandato y reglamento de 2010,

–  Vista la política del BEI respecto de las jurisdicciones insuficientemente reguladas, no transparentes y poco cooperadoras, de 15 de diciembre de 2010, y su adenda de 8 de abril de 2014,

–  Vista la aprobación por el BEI, el 4 de octubre de 2016, de la ratificación del Acuerdo de París por parte de la Unión Europea,

–  Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas,

–  Visto el discurso sobre el estado de la Unión pronunciado por el presidente Juncker el 13 de septiembre de 2017 ante el Pleno del Parlamento en Estrasburgo,

–  Visto el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Presupuestos y las opiniones de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Desarrollo Regional (A8-0013/2018),

A.  Considerando que el BEI está considerado como el «brazo financiero de la Unión» y la institución clave para sostener la inversión pública y privada en la Unión, a la vez que desempeña un importante papel fuera de la Unión a través de sus actividades crediticias exteriores;

B.  Considerando que las actividades financieras del Grupo BEI abarcan tanto los préstamos con cargo a recursos propios como el cumplimiento de los distintos mandatos que se le han conferido con el apoyo del presupuesto de la Unión y terceros, como los Estados miembros de la Unión;

C.  Considerando que debe prestarse una atención continua al desarrollo de las mejores prácticas en relación con la política de resultados y la gestión, la gobernanza y la transparencia del Grupo BEI;

D.  Considerando que en 2016 el BEI mantuvo una sólida capacidad financiera conforme a las previsiones para ese año, alcanzando un superávit anual neto de 2 800 millones de euros;

E.  Considerando que el BEI debe seguir esforzándose por ampliar sus actividades de préstamo de manera eficaz mediante la prestación de asistencia técnica y asesoramiento, especialmente en las regiones con bajos niveles de inversión, con el fin de abordar las discrepancias regionales, reduciendo al mismo tiempo la carga administrativa para los solicitantes;

F.  Considerando que el BEI, como institución responsable de la gestión del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), debe mantener como objetivo disponer de una cartera de activos de alta calidad y equilibrada desde el punto de vista geográfico, junto con unos beneficios económicos a largo plazo que generen empleo de calidad, fijando dicho objetivo como su máxima prioridad en todo el territorio de la Unión;

G.  Considerando que el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) debe desempeñar un papel fundamental a la hora de complementar las intervenciones del BEI en su calidad de instrumento especializado de la Unión para el capital de riesgo y las garantías dirigidas principalmente a respaldar a las pymes, lo que conducirá a una mayor integración y cohesión económica, social y territorial europea;

H.  Considerando que las disposiciones contractuales incluidas en los contratos firmados entre el Grupo BEI y las demás partes contienen salvaguardias contra el fraude, incluidos el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, así como contra los riesgos de financiación del terrorismo; que el Grupo BEI debe exigir que las demás partes cumplan plenamente la legislación en vigor; que el Grupo BEI debe imponer disposiciones contractuales adicionales que aborden cuestiones específicas relacionadas con la transparencia y la integridad, basándose en los resultados de las auditorías sobre diligencia debida;

I.  Considerando que el Grupo BEI está obligado por los Tratados a contribuir a la integración, a la cohesión económica y social y al desarrollo regional de la Unión a través de instrumentos de inversión específicos como préstamos, participaciones en capital, garantías, instrumentos de riesgo compartido y servicios de asesoramiento;

J.  Considerando que el Grupo BEI debe mantener una elevada capacidad crediticia como un activo fundamental de su modelo empresarial, así como una cartera de activos sólidos y de alta calidad, con proyectos viables de inversión en el marco del FEIE y todos los instrumentos financieros en su cartera;

Retos mundiales y principales políticas

1.  Subraya que la crisis económica ha debilitado considerablemente el crecimiento económico de la Unión y que una de las principales repercusiones es la disminución de la inversión en la Unión; hace hincapié en que la caída de la inversión pública y privada ha alcanzado niveles alarmantes en los países más afectados por la crisis, como ponen de manifiesto las conclusiones de Eurostat; expresa su preocupación por los desequilibrios macroeconómicos y la tasa de desempleo, que siguen siendo elevados en algunos Estados miembros;

2.  Espera que el BEI siga colaborando con la Comisión y los Estados miembros a fin de subsanar las deficiencias sistémicas que impiden a determinados países o regiones beneficiarse plenamente de las actividades financieras del BEI;

3.  Acoge con satisfacción la voluntad del Grupo BEI para impulsar la competitividad de la Unión, proporcionar un apoyo real para el crecimiento y la creación de empleo, y contribuir a resolver los retos socioeconómicos dentro y fuera de la Unión, mediante la persecución de objetivos de política pública de carácter general relativos a la innovación, las pymes y las empresas de mediana capitalización, las infraestructuras, el medio ambiente, la cohesión económica y social y el clima; recuerda que estos objetivos requieren asimismo el suministro de bienes públicos; insiste en que, para lograr con éxito los objetivos de la estrategia Europa 2020, todas las actividades del Grupo BEI no solo deben ser sostenibles desde el punto de vista económico, sino que también deben contribuir a una Unión más inteligente, más verde y más integradora; pide al BEI, a este respecto, que colabore con pequeños operadores del mercado y cooperativas a nivel de las comunidades para proceder a la agrupación de proyectos de energías renovables a pequeña escala, a fin de que puedan optar a financiación del BEI; hace hincapié en la necesidad de coherencia entre los instrumentos necesarios para alcanzar estos objetivos;

4.  Acoge favorablemente, a este respecto, la línea de trabajo de la Comisión consistente en combinar diferentes fuentes de financiación, incluidos el FEIE, instrumentos financieros gestionados centralmente a nivel de la Unió y los recursos del programa de los Fondos Europeos Estructurales y de Inversión (EIE), recursos de los Estados miembros y recursos de los bancos y entidades nacionales de fomento, de manera que los proyectos más arriesgados o con un acceso limitado a la financiación puedan recibir apoyo en beneficio de las pymes;

5.  Celebra que el BEI haya reiterado su compromiso de apoyar el cumplimiento del Acuerdo de París; considera que la revisión de los criterios de préstamo energético del BEI prevista para 2018 brindará una oportunidad para que el banco haga balance del apoyo que proporciona al sector de las energías fósiles y publique la información exhaustiva pertinente y conexa; insta al BEI a que, en este contexto, publique los planes de acción concretos que se derivan de su estrategia sobre el clima para 2015 y adapte su cartera al objetivo de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 grados, en consonancia con el Acuerdo de París, descartando rápidamente y por completo los proyectos relacionados con los combustibles fósiles y concediendo prioridad a los proyectos de eficiencia energética y energía renovable; acoge con satisfacción las Conclusiones del Consejo, de 10 de octubre de 2017, sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático(4) y destaca la importancia de disponer de financiación suficiente para inversiones ecológicas sostenibles, incluidas las industrias de base biológica(5); pide al BEI que siga brindando apoyo financiero a las fuentes energéticas sostenibles locales con miras a superar la alta dependencia europea de la energía exterior y garantizar la seguridad del suministro; pide al BEI que se plantee adoptar los marcadores climáticos de Río de la OCDE, utilizados para hacer un seguimiento y supervisar los gastos en materia de cambio climático con cargo a los Fondos EIE, a fin de tener mejor en cuenta las actividades del BEI relacionadas con la política de cohesión en la evaluación del papel de los Fondos EIE en la lucha contra el cambio climático;

6.  Señala que el BEI ha conseguido unos resultados muy diversos en la acción por el clima, a pesar de haber alcanzado su objetivo del 25 % por un escaso margen en términos globales; manifiesta su preocupación por que en dieciséis Estados miembros el apoyo del BEI a la acción por el clima no alcanzara ni siquiera un nivel del 20 % y por que la inversión en la acción por el clima en 2016 se destinara en su mayor parte a las economías más fuertes de la Unión, de forma que el 70 % del apoyo del FEIE a las energías renovables se concentró en un solo país (Bélgica), mientras que el 80 % de las inversiones en eficiencia energética a través del FEIE se asignaron a Francia, Finlandia y Alemania;

7.  Acoge con satisfacción que el BEI haya reaccionado a la crisis con una ampliación sustancial de sus actividades, especialmente en los países más afectados; pide al BEI que siga apoyando a los Estados miembros de la Unión con el fin de contribuir a su recuperación económica;

8.  Recuerda la urgente necesidad de dilucidar la repercusión del brexit sobre el presupuesto actual del BEI y sus actividades, a fin de que esta institución siga estando en disposición de ejercer su cometido; observa que el Reino Unido aportó el 16,11 % del capital del BEI, lo que supone 3 500 millones de euros del capital desembolsado y 35 700 millones de euros del capital exigible del Banco; hace hincapié en la importancia que reviste establecer claramente el importe de la contribución del Reino Unido al presupuesto del BEI, así como la futura participación económica de este país; pide a los Estados miembros que garanticen que la salida del Reino Unido no menoscabará la capacidad del BEI para brindar apoyo a la economía de la Unión; subraya en este sentido la necesidad de aportar lo antes posible seguridad jurídica en lo que respecta a los proyectos en curso cofinanciados por el BEI en el Reino Unido; considera que, si bien el Reino Unido, en términos de inversión, debe ser tratado como cualquier otro Estado miembro hasta el momento de su salida formal de la Unión, el BEI actúa correctamente al supeditar la inversión a la certeza de que los criterios de admisibilidad, especialmente las normas ambientales, se cumplirán durante toda la duración de dicha inversión;

9.  Destaca la importancia de las actividades de financiación del BEI en la vecindad oriental y meridional al apoyar a aquellos países que están aplicando reformas económicas y democráticas difíciles en su camino hacia la Unión; recuerda que las principales actividades de financiación también deben tener por objetivo atender a necesidades urgentes y asimismo a desafíos a más largo plazo, como reconstruir infraestructuras, garantizar una vivienda digna y una infraestructura de respuesta ante emergencias y luchar contra el desempleo juvenil; hace hincapié en la necesidad de que el BEI lleve a cabo operaciones exteriores de modo que sus actividades estén especialmente centradas en zonas de gran importancia para la Unión; subraya al respecto la extensión del mandato de préstamo exterior (MPE) del BEI al objeto de intensificar las actividades en la vecindad meridional, en la región del Mediterráneo, en América Latina y en Asia; destaca asimismo las grandes posibilidades que ofrecen las operaciones del BEI a la hora de mejorar la situación económica de regiones de importancia geopolítica clave, en particular Ucrania, que atraviesa un momento de gran tensión económica a causa del actual conflicto armado en el este del país;

10.  Considera que el BEI, como «banco de la Unión» que está integrado en los Tratados y se rige por ellos y el protocolo adjunto pertinente, debe estar a la altura de este estatus particular, que conlleva derechos y responsabilidades específicos; observa que el BEI desempeña una función clave en la aplicación de un número cada vez mayor de instrumentos financieros que potencian la captación de recursos presupuestarios de la Unión;

11.  Observa que, según el Plan de Operaciones para 2017-2019, está previsto que el valor de los préstamos del BEI concedidos ascienda de nuevo en 2019 (alcanzando los 76 000 millones de euros, tras una caída desde los 77 000 millones de euros en 2014 hasta los 73 000 millones de euros en 2016); señala que el contexto actual debe alentar al BEI a adoptar objetivos más ambiciosos y aumentar los préstamos que concede; recuerda que el BEI debe desempeñar un papel fundamental en la aplicación de la estrategia Europa 2020 a través de instrumentos como Horizonte 2020 y el Mecanismo «Conectar Europa»;

12.  Celebra el compromiso del BEI de luchar contra las causas profundas de la migración y de actuar en los países especialmente afectados por la crisis migratoria, en especial reforzando y complementando la acción humanitaria y prestando apoyo al crecimiento económico, el desarrollo de unas infraestructuras urbanas, sanitarias, educativas y sociales modernas y sostenibles y la cobertura de las correspondientes necesidades de inversión, estimulando actividades económicas para la creación de empleo y promoviendo la cooperación transfronteriza entre Estados miembros y terceros países; espera que, para ello, el Grupo BEI intensifique sus esfuerzos por coordinar su Iniciativa de Resiliencia Económica y el MPE revisado con el Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS); pide que se incremente la asistencia financiera a aquellos proyectos que puedan contribuir a mitigar los costes económicos derivados de la crisis migratoria repercutiendo al mismo tiempo favorablemente sobre los ciudadanos, así como los refugiados y el resto de migrantes, en los Estados miembros que sean en mayor medida receptores de estos flujos;

13.  Acoge con satisfacción, en este sentido, la iniciativa del BEI de respuesta a las crisis y resiliencia, cuyo objetivo es aumentar en 6 000 millones de euros el importe de la ayuda concedida a los países de la Vecindad Meridional de Europa y los Balcanes; pide que esta iniciativa genere una verdadera adicionalidad por lo que respecta a las actividades en curso del BEI en la región;

14.  Toma nota de la propuesta del BEI de constituir en el seno del Grupo una filial —tomando el FEI como modelo— dedicada a la financiación fuera de Europa; espera recibir información oportunamente sobre las novedades en relación con este asunto;

15.  Acoge con satisfacción la estrategia del Grupo BEI sobre la igualdad de género y el empoderamiento económico de las mujeres, publicada en 2017; considera que la perspectiva de género debe aplicarse a todas las operaciones financieras del Grupo BEI; espera que se lleve a la práctica con rapidez un plan de acción en materia de género que establezca unos objetivos ambiciosos y vaya acompañado de indicadores concretos;

16.  Acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado sobre la prórroga y el ajuste del FEIE y espera que el Fondo revisado y el Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión mejorado permitan resolver los problemas detectados en el sistema actual, principalmente en relación con la adicionalidad, la sostenibilidad, la acción en favor del clima, el equilibrio geográfico y las actividades de la plataforma de asesoramiento; destaca la importancia de evitar los desequilibrios geográficos en la actividad de préstamo del BEI a fin de garantizar una asignación geográfica y sectorial más amplia sin comprometer la alta calidad de los proyectos; pide al BEI que siga fortaleciendo su trabajo con los bancos y entidades nacionales de fomento para mejorar su radio de acción y desarrollar más las actividades de asesoría y asistencia técnica para abordar la cuestión del equilibrio geográfico a largo plazo; toma nota de la amplia gama de experiencias en lo que respecta a los proyectos del FEIE; apoya y alienta un mayor intercambio de buenas prácticas entre el BEI y los Estados miembros al objeto de garantizar la eficiencia económica y una adecuada captación de fondos en relación con el plan Juncker, lo que supondrá una diferencia en las vidas de los ciudadanos de la Unión;

17.  Observa que, en el sector social, el BEI concede préstamos de 1 000 millones de euros al año por término medio para proyectos de viviendas sociales —que han experimentado un fuerte aumento en los últimos años, además de una mayor diversificación de los promotores y los prestatarios—, 1 500 millones de euros para infraestructuras de salud y 2 400 millones de euros para proyectos de infraestructuras de educación; subraya que el desarrollo ulterior de la financiación del BEI en este sector debe reflejar los progresos actualmente realizados en apoyo del pilar europeo de derechos sociales y garantizar, de acuerdo con las expectativas, que el Grupo BEI conceda prioridad a los proyectos que tienen mayor impacto en la creación de empleo local sostenible;

18.  Acoge con satisfacción que, a tenor de la nota del Departamento de Asuntos Económicos del BEI de 28 de septiembre de 2017, las inversiones acumuladas aprobadas por el Grupo BEI en 2015 y 2016 entrañen un incremento del 2,3 % del PIB de la Unión para 2020 y supongan la creación de 2,25 millones de puestos de trabajo más, lo que refleja la notable repercusión macroeconómica del BEI; anima al BEI a que siga ampliando su capacidad de análisis macroeconómico, en particular las investigaciones relativas a la repercusión macroeconómica de sus actividades, así como su labor de análisis general y sus estudios sectoriales y el alcance de sus publicaciones y estudios empíricos, de modo que se convierta también en un «banco del conocimiento»; pide al BEI que siga mejorando en lo que respecta a la evaluación de proyectos mediante el uso de indicadores de impacto más elaborados, precisos y depurados;

19.  Reconoce la importancia del papel anticíclico desempeñado por el BEI estos últimos años; considera que una de las prioridades fundamentales del BEI una vez que la economía haya vuelto al nivel de inversiones previo a la crisis debe ser centrarse en contribuir a colmar el déficit de inversiones en aquellos ámbitos en los que los mercados no dan resultado, por ejemplo a causa de su persistente enfoque a corto plazo y su incapacidad para calcular adecuadamente el valor de las externalidades a largo plazo, a fin de impulsar unas inversiones y una innovación y un progreso tecnológicos sostenibles y que den lugar a un crecimiento sostenible; subraya la necesidad de dar prioridad a los proyectos basados en la innovación con un claro valor añadido europeo y a aquellos que contribuyan al desarrollo regional, como la revitalización de zonas de poca accesibilidad y desarrollo, en particular las rurales;

20.  Destaca que el BEI ha desempeñado un importante cometido de reducción del déficit de inversión pública y lo sigue haciendo; subraya que la inversión, unas reformas estructurales responsables y sostenibles y unas políticas presupuestarias sólidas deben formar parte de una estrategia global; pide la coordinación entre las actividades del BEI en los Estados miembros y las actividades, las políticas y los objetivos de los Gobiernos establecidos tanto en los programas nacionales de reformas como en las recomendaciones específicas por país, siempre que dicha coordinación resulte posible;

21.  Subraya que al nivel de la Unión hay razones estructurales mayores para el aumento de las brechas de inversión entre Estados miembros; pide al BEI que impulse su asistencia técnica al objeto de subsanar la escasa capacidad de generación de proyectos de determinados Estados miembros; solicita al BEI que proporcione información más detallada sobre los puestos de trabajo directos e indirectos que se crean con cada proyecto financiado;

22.  Destaca que el Banco Europeo de Inversiones (BEI) está obligado por los Tratados a contribuir al desarrollo equilibrado y constante del mercado interior a través de su actividad crediticia principal, y a apoyar proyectos para el desarrollo de las regiones menos favorecidas y proyectos de naturaleza transfronteriza, en sinergia con los Fondos EIE; subraya, por consiguiente, el potencial del importante papel complementario del BEI en la aplicación de la política de cohesión, que debería siempre basarse en el rendimiento y orientarse a los resultados, incluso a través de actividades destinadas a reforzar las capacidades de preparación de los proyectos, los servicios de consultoría y análisis, y los préstamos para la cofinanciación nacional de los Fondos EIE; pide a la Comisión y al BEI que coordinen mejor sus esfuerzos con vistas a seguir promoviendo el intercambio de mejores prácticas y de difundir las oportunidades de inversión en todas las regiones europeas, incluidas las que no están cubiertas por el Fondo de Cohesión, con el fin de lograr mejor los objetivos de cohesión económica, social y territorial;

23.  Subraya que el BEI, como institución financiera pública que financia proyectos destinados al cumplimiento de las políticas y prioridades de la Unión, debería contribuir a la cohesión económica, social y territorial, también en las regiones menos desarrolladas, tal y como establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; observa con preocupación, no obstante, que, según la distribución geográfica de los préstamos por países en los que se llevan a cabo los proyectos, cinco Estados miembros que representan las mayores economías de la Unión recibieron el 54,11 % del total de los préstamos concedidos en 2016; pide al BEI y a la Comisión que examinen las razones que han conducido a esta situación y que informen al respecto al Parlamento para mediados de 2018; hace hincapié en la necesidad de una distribución territorial más amplia de los fondos, también en lo que se refiere al FEIE, que debería ser siempre complementario de los Fondos EIE, a fin de alcanzar el objetivo de reducción de las disparidades regionales; subraya la necesidad de un papel más destacado del BEI a la hora de financiar el emprendimiento social y las empresas emergentes, la aceleración del crecimiento de las infraestructuras sociales, las energías renovables, la eficiencia energética y los proyectos de la economía circular; recuerda, en este contexto, que el BEI es también un inversor importante en países no pertenecientes a la Unión;

24.  Toma nota de la evaluación intermedia de todos los instrumentos financieros (InnovFin) de Horizonte 2020 gestionados por el Grupo BEI y de las quince recomendaciones que en ella se formulan; espera que el Grupo BEI elabore una estrategia detallada sobre la senda que piensa seguir para aplicar estas recomendaciones;

Cumplimiento

25.  Reitera su posición de que el marco normativo europeo, a saber: los Estatutos del BEI, al Reglamento del FEIE, los cuatro Reglamentos de la política agrícola común (PAC) y los cinco Fondos EIE (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca), debe prohibir que la utilización de fondos de la Unión llegue a beneficiarios o intermediarios financieros con antecedentes de fraude o evasión fiscales;

26.  Recuerda que la política del BEI respecto de las jurisdicciones no cooperadoras tiene que ser ambiciosa; señala que basarse en la lista común de la Unión relativa a las jurisdicciones de terceros países que no cumplen las normas de buena gobernanza fiscal, aprobada por el Consejo de la UE el 5 de diciembre de 2017 y que en caso de conflicto prevalecerá sobre las otras listas de organizaciones destacadas es un paso positivo pero insuficiente, y pide que la información desglosada por países, sin excepciones, se convierta en un elemento de la estrategia de responsabilidad social empresarial del BEI; pide al BEI que: cumpla las normas pertinentes y la legislación aplicable en materia de prevención del blanqueo de capitales, la lucha contra el terrorismo y el fraude y la evasión fiscales; no haga uso ni participe en estructuras de elusión fiscal, en particular en programas de planificación fiscal agresiva o prácticas que no cumplan los criterios de buena gobernanza fiscal establecidos en los actos jurídicos de la Unión, las conclusiones del Consejo, las comunicaciones de la Comisión o cualquier notificación formal de la Comisión; y no mantenga relaciones comerciales con entidades constituidas o establecidas en jurisdicciones que no cooperen con la Unión en relación con la aplicación de las normas fiscales acordadas internacionalmente en materia de transparencia e intercambio de información; pide al BEI que, previa consulta con la Comisión y con las partes interesadas, revise y actualice su política relativa a las jurisdicciones no cooperadoras a la luz de la adopción de dicha lista de la Unión de jurisdicciones no cooperadoras; pide a la Comisión que, por su parte, presente cada año al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la ejecución de dicha política;

27.  Observa que la Comisión bloqueó en su momento determinados proyectos que presentaron las instituciones financieras internacionales(6)porque entrañaban mecanismos tributarios de una complejidad injustificable que se servían del carácter pernicioso o la inexistencia de regímenes fiscales en terceros países; pide a la Comisión y al BEI que incluyan en su informe anual información sobre aquellos proyectos en los que se hayan transferido fondos a jurisdicciones extraterritoriales; hace hincapié en la necesidad de que estas instituciones financieras internacionales eliminen el riesgo de que los fondos de la Unión contribuyan directa o indirectamente a la elusión y el fraude fiscales;

28.  Observa que se han planteado motivos de inquietud acerca de proyectos financiados por el BEI con participación de jurisdicciones extraterritoriales y no cooperadoras; pide a la Comisión que publique un informe anual sobre la utilización de fondos de la Unión en relación con estructuras extraterritoriales y sobre las transferencias de importes del BEI y del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) a dichas estructuras, en el que se señalarán el número y la naturaleza de los proyectos bloqueados y se facilitarán explicaciones sobre las razones para bloquear los proyectos y sobre las medidas de seguimiento adoptadas para garantizar que ningún fondo de la Unión contribuya directa o indirectamente a la elusión y al fraude fiscales;

29.  Celebra que el BEI tenga en cuenta el impacto fiscal en los países en los que se realiza la inversión y la manera en que esta inversión contribuye al desarrollo económico, a la creación de empleo y a la reducción de las desigualdades;

30.  Considera que, como banco de la Unión, el BEI debería redoblar sus esfuerzos para velar por que los intermediarios financieros con los que colabora no hagan uso de estructuras de elusión fiscal, ni participen en dichas estructuras, particularmente en regímenes de planificación fiscal abusiva, o prácticas que no cumplan los criterios de buena gobernanza fiscal, según se establecen en la legislación de la Unión, incluidas las recomendaciones y comunicaciones de la Comisión; subraya que el BEI debería asegurarse asimismo de que los intermediarios financieros no estén involucrados en corrupción, blanqueo de capitales, delincuencia organizada o terrorismo;

31.  Subraya la necesidad de que el BEI disponga de información fiable y completa en cuanto a la titularidad real de los beneficiarios finales de los fondos del BEI, en particular en aquellos casos en los que la financiación se base en fondos de capital privados; insta por tanto al BEI a que refuerce su procedimiento de diligencia debida y la transparencia a la hora de trabajar con intermediarios financieros; considera que utilizar criterios de selección para los intermediarios financieros y disponer de datos actualizados sobre la propiedad real de las empresas, incluidos los fondos fiduciarios, las fundaciones y los paraísos fiscales, constituyen buenas prácticas que deben seguirse en todo momento; observa que el BEI identifica a los titulares reales de dichas empresas durante el proceso de diligencia debida; pide al Grupo BEI que siga fortaleciendo sus condiciones contractuales mediante la integración de una cláusula o una referencia relativa a la buena gobernanza con el fin de mitigar los riesgos para su integridad y reputación; insiste en la necesidad de que el BEI se dote de una lista pública y rigurosa de los criterios de selección de los intermediarios financieros, a fin de reforzar el compromiso de la Unión con la lucha contra los abusos fiscales y prevenir de un modo más eficaz el riesgo de corrupción e infiltración de la delincuencia organizada;

32.  Acoge con satisfacción los esfuerzos del BEI para actuar con la diligencia debida respecto de los homólogos y las operaciones del Grupo BEI, incluidas las actividades de seguimiento y los controles en curso, con el fin de garantizar que el BEI no facilite involuntariamente la corrupción, el fraude, la colusión, la coacción, el blanqueo de dinero, el fraude fiscal, las prácticas fiscales perjudiciales o la financiación del terrorismo, en particular mediante la publicación de informes de actividad periódicos por parte de la Oficina de Conformidad del BEI (OCCO) y su estrecha colaboración con la Inspección General del BEI; pide que el BEI se ajuste al nuevo sistema de alerta rápida y exclusión previsto por la Comisión;

33.  Acoge con satisfacción la cooperación y los intercambios del Grupo BEI con los distintos servicios de la Comisión sobre las medidas contenidas en el paquete de lucha contra la elusión fiscal, con el fin de aclarar el ámbito de aplicación y los elementos principales del paquete legislativo, el papel y la participación del Grupo BEI, así como el mantenimiento de un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil sobre estas cuestiones, tanto en el ámbito del Consejo de Administración del Grupo BEI como de los servicios del BEI, entre ellos la OCCO; pide al BEI que aborde mejor la elusión fiscal en sus revisiones de diligencia debida;

Rendición de cuentas

34.  Considera que el refuerzo de las funciones económicas del Grupo BEI, el aumento de su capacidad de inversión y el uso del presupuesto de la Unión para garantizar sus operaciones deben ir acompañados de una mayor transparencia y una rendición de cuentas de mayor calado, de modo que se garantice un auténtico control público de sus actividades, de la selección de proyectos y de las prioridades de financiación;

35.  Es consciente de que el BEI presenta todos los años tres informes sobre sus actividades al Parlamento y que el presidente y el personal del BEI asisten regularmente a audiencias a petición del Parlamento y sus comisiones; recuerda, no obstante, su petición en el sentido de un nivel más elevado de rendición de cuentas y transparencia parlamentarias por parte del BEI; reitera su llamamiento, a este respecto, para que se firme un acuerdo interinstitucional entre el BEI y el Parlamento por lo que se refiere al intercambio de información, incluida la posibilidad de que los diputados al Parlamento Europeo formulen preguntas escritas al presidente del BEI;

36.  Recuerda que la transparencia en la aplicación de las políticas de la Unión no solo favorece el fortalecimiento de la responsabilidad corporativa y la credibilidad generales del BEI, con una visión clara del tipo de intermediarios financieros y beneficiarios finales, sino que también contribuye a mejorar la eficacia y la sostenibilidad de los proyectos financiados y garantiza un enfoque de tolerancia cero frente al fraude y la corrupción en su cartera de préstamos;

37.  Celebra que la política de transparencia del Grupo BEI se base en el principio de divulgación y en que cualquier persona pueda acceder a los documentos y a la información de dicho órgano; recuerda su recomendación de que se publiquen en el sitio web del Grupo BEI documentos no confidenciales, como los acuerdos interinstitucionales y los memorandos, e insta al Grupo BEI a que vaya más allá y siga buscando vías de mejora;

38.  Propone que el Grupo BEI siga el ejemplo de la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo del Banco Mundial y empiece a divulgar información sobre los proyectos secundarios de alto riesgo que financia a través de bancos comerciales (los principales intermediarios y vehículos financieros utilizados por el Grupo BEI para financiar a las pymes);

39.  Celebra la divulgación, previa solicitud, de todos los documentos de proyectos que obren en poder del Grupo BEI; pide que el Grupo BEI defina directrices para la información básica y no sensible que pueda divulgarse en relación con requisitos para una divulgación proactiva a nivel de proyecto;

40.  Pide que la política de divulgación de información del Grupo BEI garantice un nivel de transparencia cada vez más elevado en lo que se refiere a los principios que rigen su política de precios y órganos de gobernanza; acoge con satisfacción, a este respecto, la publicación de las actas de las reuniones del Consejo de Administración del Grupo BEI de enero de 2017, el registro público de documentos y la publicación de datos sobre proyectos a través de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda(7); pide que se publiquen las actas de las reuniones del comité de dirección;

41.  Toma nota de las revisiones en curso de la política de denuncia de irregularidades del Grupo BEI; insta al Grupo BEI a que refuerce la independencia, legitimidad, accesibilidad, previsibilidad, equidad y transparencia de su mecanismo de denuncia, involucrando también a directores y reforzando la protección de los denunciantes; considera que tales medidas redundan claramente en el interés del banco, las partes interesadas y las instituciones de la Unión;

42.  Señala que fueron los trabajadores del Grupo BEI los que informaron del 53 % de los 120 casos notificados en 2016 a la División de Investigación de Fraudes de la Inspección General; acoge con satisfacción que el mecanismo de denuncia de fraudes del sitio web del BEI esté en la actualidad disponible en treinta lenguas(8); considera que el BEI debe hacer un atento seguimiento de los trabajos en curso en materia de protección de los denunciantes de irregularidades a nivel de la Unión y obrar en consecuencia para mejorar las posibilidades de denuncia;

43.  Pide al Grupo BEI que ponga un énfasis continuo en la supervisión de sus resultados a través de las evaluaciones del rendimiento y la comprobación del impacto; anima al Grupo BEI a que siga perfeccionando sus indicadores de seguimiento, más concretamente sus indicadores de adicionalidad, con el fin de evaluar el impacto tan pronto como sea posible en la fase de elaboración de los proyectos y de proporcionar al Consejo de Administración información suficiente sobre el impacto previsto, especialmente en lo que se refiere a la contribución de los proyectos a las políticas de la Unión, por ejemplo su efecto sobre el empleo, tanto en la fase de ejecución como en la fase operativa; señala, por otra parte, que el rendimiento de la financiación del Grupo BEI no puede evaluarse solamente sobre la base de una valoración de su impacto financiero y, por lo tanto, pide que se mantenga un equilibrio adecuado entre los objetivos operativos definidos en términos de volumen de negocio y los objetivos no financieros en materia de personal del Grupo BEI; insta, por ejemplo, a que las evaluaciones del rendimiento precisen qué objetivos específicos en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas (ODS) abarca el proyecto y en qué medida este ha contribuido a su consecución; considera esencial que la población residente en las zonas limítrofes a los proyectos de infraestructuras financiados participe de forma activa en la evaluación de los mismos;

44.  Celebra que el BEI siga afinando su metodología para la elaboración de informes de impacto, por ejemplo para reflejar exactamente la inversión movilizada a través de diversas estructuras intermediarias de préstamos y nuevos productos, así como las acciones conjuntas adoptadas junto con otros bancos multilaterales de desarrollo para la armonización de los aspectos esenciales de los informes de impacto, como en el informe recientemente elaborado sobre la financiación para el clima y el informe que se está elaborando sobre la concesión de préstamos en todos los sectores;

45.  Celebra que la medición de resultados (ReM+) esté llevando gradualmente a un «cambio de cultura» en el Grupo BEI; aboga por la armonización y la generalización de este ejercicio, integrando además, en la medida de lo posible, los indicadores de Adís Abeba y de París; considera que adaptar estos indicadores integrando asimismo la opinión local podría reducir su lejanía sin que ello afecte a su independencia;

46.  Pide al BEI que tenga en cuenta el contexto local al realizar inversiones en terceros países; recuerda que las inversiones en terceros países no pueden basarse únicamente en un enfoque de maximización de beneficios, sino que también deben aspirar a generar un crecimiento económico a largo plazo, sostenible e impulsado por el sector privado, y a reducir la pobreza a través de la creación de empleo y de un mayor acceso a los recursos de producción;

47.  Señala que en muchos países en los que opera el BEI los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, de reunión y de asociación, están siendo atacados mediante prácticas que abarcan desde la represión violenta de protestas y la criminalización de la libertad de expresión hasta las detenciones y los arrestos arbitrarios de defensores de derechos humanos, así como la imposición de restricciones a las organizaciones de la sociedad civil; pide al BEI que adopte un Plan de Acción para los Derechos Humanos con el fin de aplicar los objetivos del Marco Estratégico y el Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, al objeto de anticipar las repercusiones negativas de los proyectos del BEI en los derechos humanos, garantizar que sus proyectos contribuyen a la mejora y el respeto de los derechos humanos, y proporcionar soluciones en los casos de violaciones de los derechos humanos;

48.  Celebra la publicación de su marco metodológico ReM, pero considera que deben divulgarse los resultados de dichas evaluaciones para todas las operaciones, incluido el impacto medioambiental y social a nivel de proyecto o de proyecto secundario; acoge con satisfacción la revisión intermedia del mandato de préstamo exterior, como consecuencia del cual el BEI, previa solicitud, comunicará ahora al Parlamento las fichas ReM de los proyectos cubiertos por la garantía del presupuesto de la UE; pide al BEI, no obstante, que publique más fichas ReM de los proyectos individuales fuera de la Unión y las hojas de evaluación de Tres Pilares para los proyectos dentro de la Unión con el fin de reforzar la transparencia del BEI;

49.  Pide al BEI que publique toda la documentación pertinente relativa a los préstamos concedidos a la industria del automóvil para el desarrollo de la tecnología diésel, incluidos el respectivo informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y sus recomendaciones sobre los préstamos del BEI a la empresa Volkswagen y, de manera más general, que explique en qué medida se han concedido préstamos a compañías de automóviles responsables de haber manipulado los valores de las emisiones y que proporcione una visión general sobre cuántos de estos préstamos se han contabilizado como acciones de cambio climático; pide, en este contexto, una aclaración sobre el sistema de controles y contrapesos existente para garantizar una orientación para una tecnología verdaderamente ecológica por lo que respecta a los contratos de préstamos más recientes con compañías automovilísticas como las que respaldan las actividades de investigación y desarrollo en los ámbitos de la conectividad, de los motores híbridos a gasolina y eléctricos eficientes, de los vehículos eléctricos con mayor autonomía y de los sistemas avanzados de conducción asistida;

50.  Celebra la adopción por parte del Grupo BEI de normas estrictas de transparencia y de rendición de cuentas para su actividad de préstamo a las pymes, y que la obligatoriedad de notificación para los intermediarios financieros sobre cada pyme que se benefició de apoyo del Grupo BEI tenga en cuenta estos resultados a la hora de estudiar futuras transacciones con el mismo intermediario;

51.  Destaca que, a raíz de la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal(9), y del Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea(10), la Fiscalía Europea examinará las operaciones del BEI en los Estados miembros, siempre que las autoridades nacionales o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) tengan motivos para sospechar que se ha cometido una infracción penal en este contexto;

52.  Toma nota de la escasa información existente sobre el grado en que las actividades de préstamo del BEI contribuyen a la consecución de los objetivos de la política de cohesión; pide por tanto al BEI que, en su informe anual, presente capítulos especiales, según proceda, consagrados a la evaluación del impacto de las actividades del BEI destinadas a respaldar la aplicación de la política de cohesión, incluidas las actividades relacionadas con la iniciativa Interreg, y que facilite información pormenorizada sobre el uso de los préstamos en los proyectos y programas de la política de cohesión, haciendo referencia también a la distribución geográfica de la ayuda, a su contribución efectiva a los objetivos de la política de cohesión, incluidos los principios horizontales y los objetivos de la Estrategia Europa 2020, y a la capacidad concreta para movilizar la inversión privada; subraya, en este contexto, la responsabilidad del BEI de proporcionar al Parlamento Europeo, al Tribunal de Cuentas y a otros organismos datos suficientes, en particular sobre los gastos y la gestión de sus productos, y toma asimismo en consideración el valor añadido de los datos agregados a nivel de la Unión sobre la combinación de las inversiones relacionadas con la política de cohesión y el BEI;

Actividades financieras del Grupo BEI

53.  Pide al Grupo BEI que colabore activamente con la Comisión en un proceso de racionalización del número y de los tipos de instrumentos financieros en el próximo marco financiero plurianual (MFP) y anticipe el proceso haciendo hincapié, como primer paso, en cualquier duplicación o solapamiento existente, sobre la base de su propia experiencia;

54.  Considera que los instrumentos financieros del Grupo BEI deben utilizarse para proyectos seleccionados en virtud de sus propios méritos, su potencial para generar valor añadido para la Unión en su conjunto y una verdadera adicionalidad, especialmente en ámbitos en los que los mercados no financian y apoyan proyectos, logrando el equilibrio adecuado entre un perfil de riesgo potencialmente más alto y la necesidad primordial de mantener su elevada capacidad crediticia;

55.  Advierte, en este sentido, de que con unos instrumentos orientados al mercado se corre el riesgo de que en el presupuesto de la Unión ya no se preste atención a los bienes comunes de la Unión y anima al Grupo BEI a que informe en mayor medida a la Comisión sobre la calidad frente a la cantidad de su financiación en el contexto de los instrumentos financieros;

56.  Observa que, con objeto de aprovechar plenamente la nueva capacidad de absorción de riesgos, el Grupo BEI ha desarrollado nuevos productos que permiten asumir mayores riesgos (por ejemplo, deuda subordinada, participaciones en capital, riesgo compartido con los bancos) y ha revisado su política en materia de riesgo de crédito y los criterios de admisión a fin de lograr una mayor flexibilidad;

57.  Pide al Grupo BEI que siga desarrollando su cultura del riesgo, a fin de mejorar su eficacia y la complementariedad y las sinergias entre sus intervenciones y las distintas políticas de la Unión, en particular mediante el apoyo a las empresas innovadoras, los proyectos de infraestructura y las pymes que asumen riesgos o que operan en regiones económicamente desfavorecidas o que carecen de estabilidad, en consonancia con el objetivo recurrente y a largo plazo de un acceso más fácil a la financiación para las pymes, pero sin renunciar a los principios de buena gestión o poner en riesgo la elevada capacidad crediticia del BEI; recuerda que, si lo que se pretende es que contribuyan al desarrollo económico de la Unión, así como a la cohesión económica, social y territorial, los instrumentos de transferencia del riesgo no pueden estar exentos de este; hace hincapié en que tanto el BEI como sus accionistas han de ser plenamente conscientes de este hecho; anima al BEI a que se plantee ofrecer como posibilidad la compra directa de bonos del BEI;

58.  Señala que el apoyo del Grupo BEI a pymes y empresas de capitalización media ascendió a un récord de 33 600 millones EUR y apoyó la creación de 4,4 millones de empleos en 2016; destaca la importancia de que el Grupo BEI proporcione un apoyo constante a las pymes y las empresas de capitalización media mediante la mejora de su acceso a la financiación; hace hincapié en que las pymes constituyen la columna vertebral de la economía europea y deben seguir siendo los destinatarios principales de las actividades de préstamo del Grupo BEI mediante el ulterior refuerzo de los instrumentos financieros para pymes y empresas de capitalización media;

59.  Recuerda que más del 90 % de las pymes de la Unión son microempresas, las cuales generan casi un 30 % del empleo del sector privado; señala que las microempresas son más vulnerables a las conmociones económicas que las empresas más grandes y pueden encontrarse en una situación de falta de crédito, especialmente si tienen su sede en regiones con entornos económicos y bancarios adversos; pide al BEI que plantee una estrategia destinada a paliar las dificultades que encuentran las pymes en dichas circunstancias para acceder a la financiación de proyectos;

60.  Es consciente de que el acceso a la financiación sigue siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento de las industrias culturales y creativas; subraya la urgente necesidad de iniciativas de financiación para reforzar estos sectores; hace hincapié en el potencial del BEI y el FEIE a la hora de apoyar al sector creativo, en especial a través de la financiación de las pymes; pide al BEI que dé solución a la falta de financiación procedente del FEIE para las industrias culturales y creativas estudiando la posibilidad de interactuar con Europa Creativa;

61.  Pide al Grupo BEI que recurra más a intermediarios sólidos desde el punto de vista financiero, como los bancos y las instituciones nacionales de fomento, para la instrucción de determinados tipos de proyectos, lo cual no pondría en peligro su elevada capacidad crediticia;

62.  Considera que muchas normas de gobernanza del Grupo BEI han sido concebidas para garantizar su elevada capacidad crediticia, pero que existe muy poca información disponible sobre cuán cerca se encuentra el Grupo BEI de una calificación más baja;

63.  Subraya que la diligencia debida en los proyectos de inversión financiados por el Grupo BEI debe basarse tanto en factores relacionados con el rendimiento financiero como en factores no relacionados con el rendimiento financiero, sino con la consecución de objetivos de otro tipo, como la contribución del proyecto a una mayor convergencia y cohesión económicas de la Unión, o a la consecución de los objetivos de la estrategia Europa 2020 o los ODS; considera que el Grupo BEI debe explicar estos criterios no financieros a los inversores institucionales y privados (por ejemplo, los fondos de pensiones y las compañías de seguros) de forma adecuada, favoreciendo así una mayor atención a las repercusiones socioeconómicas y medioambientales en el sector financiero;

64.  Considera que, en aquellos casos en que las situaciones de tensión del mercado financiero impidan la realización de un proyecto viable o cuando sea necesario facilitar la creación de plataformas de inversión o la financiación de proyectos en sectores o zonas que sufren una importante deficiencia del mercado o situaciones de inversión por debajo del nivel óptimo, el Grupo BEI debe aplicar y documentar los cambios, en especial los que afecten a la remuneración de la garantía de la UE al BEI, a fin de contribuir a una reducción del coste de financiación de la operación asumido por el beneficiario de la financiación del Grupo BEI a través de instrumentos financieros, con el fin de facilitar la ejecución de los proyectos; opina que, cuando sea necesario, deben realizarse esfuerzos similares para garantizar el apoyo de los instrumentos financieros a los proyectos pequeños y que, cuando el recurso a intermediarios locales o regionales permita reducir el coste del instrumento financiero para la financiación de proyectos pequeños, también se tenga en cuenta esta forma de movilización;

65.  Acoge con satisfacción la estrategia recientemente aprobada de financiación con fondos propios, que implica una mayor valoración de las operaciones con fondos propios para hacer frente a la brecha en la financiación con fondos propios en los ámbitos prioritarios de la innovación y las infraestructuras en la Unión, en particular en dos sectores del mercado: financiación indirecta con fondos propios (inversiones en capital para fondos de infraestructuras y programas de coinversión) y financiación directa con fondos propios (préstamos de cuasicapital a grandes empresas y préstamos de cuasicapital a empresas de capitalización media) con una combinación de instrumentos directos e indirectos (fondos de capital y préstamos participativos);

66.  Acoge con satisfacción el apoyo brindado por el FEI a las plataformas de microfinanciación colectiva dentro del ámbito de las actividades existentes, la voluntad de mantener su apoyo a las plataformas de manera selectiva dentro del ámbito de aplicación de los programas existentes o a través de su ampliación, y el trabajo realizado conjuntamente con la Comisión sobre un posible proyecto piloto de microfinanciación colectiva mediante participaciones de capital y deuda; propone que el FEI encuentre la manera de detectar y llegar a los intermediarios financieros del ámbito de la tecnología financiera que necesiten apoyo;

67.  Solicita a la Comisión que evalúe y supervise atentamente el coste que entraña el número de mandatos otorgados al BEI; recuerda que, habida cuenta del actual nivel de recursos financieros y humanos, los costes administrativos asociados pueden repercutir sobre su rendimiento general;

68.  Destaca que el BEI desempeña un papel cada vez mayor en la política de cohesión, en especial debido a un uso reforzado de los instrumentos financieros combinados con subvenciones; subraya, no obstante, que su accesibilidad para los beneficiarios finales sigue siendo muy reducida, y que los Estados miembros y las regiones señalan la complejidad de los procedimientos establecidos en el Reglamento Financiero y en el Reglamento sobre disposiciones comunes (RDC), junto con unas tasas y costes desproporcionados, así como la competencia de otros instrumentos nacionales y regionales más atractivos; acoge con satisfacción, en este sentido, el establecimiento de la plataforma fi-compass como ventanilla única de los servicios de asesoramiento sobre instrumentos financieros en el marco de la política de cohesión; pide, no obstante, que se ofrezca una mayor asistencia técnica y se simplifiquen los procedimientos actuales, así como que se preste mayor atención a la creación de capacidades respecto de los intermediarios financieros, y apunta a la necesidad de mejorar el vínculo entre los costes y las tasas de gestión y los resultados del administrador de los fondos de los instrumentos financieros en el marco de los Fondos EIE; recuerda, sin embargo, que, al ser las subvenciones una forma eficaz de apoyo en múltiples ámbitos de intervención pública, deben mantenerse como el instrumento principal de la política de cohesión, y que los instrumentos financieros deberían concentrarse en aquellos sectores en los que generan un valor añadido superior al de las subvenciones, quedando su uso a la libre discreción de las autoridades de gestión; señala que debe promoverse un marco más sólido de compromiso del BEI con el Parlamento Europeo, a fin de permitir un mejor control de las actividades del BEI;

Actividades de comunicación y asesoramiento del Grupo BEI

69.  Lamenta que, por lo general, los beneficiarios potenciales de la financiación del Grupo BEI no estén suficientemente informados de los productos desarrollados por este; se pregunta si la cadena de suministro del Grupo BEI es suficientemente diversa e inclusiva;

70.  Considera que la comunicación del Grupo BEI, en colaboración con sus correspondientes socios nacionales, debe mejorarse al objeto tanto de que las pymes tomen conciencia de sus posibilidades de financiación como de informar mejor a los ciudadanos de los proyectos locales y concretos financiados por la Unión;

71.  Acoge favorablemente, en este sentido, las asociaciones que se están llevando a cabo con instituciones nacionales e internacionales a fin de garantizar la complementariedad con los servicios de asesoramiento del BEI;

72.  Lamenta la falta de datos disponibles sobre la función del BEI en cada etapa del ciclo de aplicación de la política de cohesión, así como la escasa información existente sobre el grado en que las actividades de préstamo del BEI contribuyen a la consecución de los objetivos de la política de cohesión; destaca la necesidad de lograr una mayor transparencia y una mejor comunicación, y pide que se redoblen los esfuerzos a tal fin, con miras a garantizar que la información llegue a los beneficiarios finales a escala regional y local y aumentar la visibilidad de los proyectos;

73.  Espera que la Comisión, el Grupo BEI y las autoridades nacionales, regionales y locales sigan trabajando y reforzando su cooperación, en un espíritu de complementariedad, con los bancos y las instituciones nacionales de fomento, a fin de crear más sinergias entre los Fondos EIE y los instrumentos y los préstamos de financiación del BEI, así como de reducir la carga administrativa, simplificar los procedimientos, aumentar la capacidad administrativa, impulsar el desarrollo y la cohesión territoriales y mejorar el entendimiento de los Fondos EIE y la financiación del BEI, ya que dichos bancos e instituciones disponen de un buen conocimiento de sus territorios respectivos y tienen la capacidad de aplicar instrumentos financieros adaptados a nivel local;

o
o   o

74.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al BEI y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 128 de 19.5.2017, p.1.
(2) DO L 345 de 27.12.2017, p. 34.
(3) DO L 249 de 27.9.2017, p. 1.
(4) http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2017/10/10/conclusions-climate-change/pdf
(5) Por ejemplo, los proyectos sólidos y con buena calificación que no obtengan financiación de la Empresa Común para las Bioindustrias.
(6) El BEI, el FEI, y el Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables.
(7) Resolución del Parlamento Europeo, de 28 de abril de 2016, sobre el Banco Europeo de Inversiones (BEI) – Informe anual 2014. Textos Aprobados, P8_TA(2016)0200.
(8) http://www.eib.org/attachments/general/reports/ig_fraud_investigations_activity_report_2016_en.pdf
(9) DO L 198 de 28.7.2017, p. 29.
(10) DO L 283 de 31.10.2017, p. 1.


Situación actual de los derechos humanos en Turquía
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Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, sobre la situación actual de los derechos humanos en Turquía (2018/2527(RSP))
P8_TA(2018)0040RC-B8-0082/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Turquía y, en particular, la de 27 de octubre de 2016 sobre la situación de los periodistas en Turquía(1),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre el Informe de 2016 de la Comisión sobre Turquía(2),

–  Vistas la declaración de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante, Federica Mogherini, y del comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, Johannes Hahn, de 2 de febrero de 2018, sobre los últimos acontecimientos en Turquía, su declaración de 14 de julio de 2017 un año después del intento de golpe de Estado en Turquía, así como su declaración de 13 de marzo de 2017 sobre el dictamen de la Comisión de Venecia acerca de las enmiendas a la Constitución de Turquía y los acontecimientos recientes,

–  Vistas las declaraciones del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de 8 de junio de 2017 sobre la noticia de la detención del presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, de 8 de julio de 2017 sobre la detención de defensores de los derechos humanos en la isla de Büyükada en Turquía, y de 26 de octubre de 2017 sobre los constantes casos de violaciones de los derechos humanos en Turquía,

–  Visto el Diálogo Político de Alto Nivel, de 25 de julio de 2017, entre la Unión y Turquía,

–  Vistas las observaciones escritas que el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa presentó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el 2 de noviembre de 2017 en relación con un grupo de doce solicitudes sobre la libertad de expresión y el derecho a la libertad y a la seguridad de los parlamentarios en Turquía, y el 10 de octubre de 2017 en relación con un grupo de diez solicitudes sobre la libertad de expresión y el derecho a la libertad de los periodistas en Turquía,

–  Vista la Resolución 2156 (2017) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el funcionamiento de las instituciones democráticas en Turquía,

–  Vistos los valores fundacionales de la Unión, que incluyen el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, valores que se aplican además en todos los países candidatos a la adhesión,

–  Vistos el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), de los que Turquía es Estado parte,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el Parlamento condenó con firmeza el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016; que el 18 de enero de 2018 el Parlamento turco prorrogó el estado de excepción en el país durante otros tres meses; que actualmente se utiliza el estado de excepción para silenciar el disenso sobrepasando cualquier medida legítima de lucha contra las amenazas a la seguridad nacional; que, de conformidad con el Derecho internacional, las medidas de excepción deben ser necesarias y proporcionadas en alcance y duración;

B.  Considerando que Turquía es un importante socio de la Unión y que se espera de él que, como país candidato, muestre el máximo nivel de exigencia en materia de democracia, incluido el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, las libertades fundamentales y el derecho universal a un juicio justo;

C.  Considerando que 148 firmantes de la petición de Académicos por la Paz se enfrentan a acusaciones de difusión de «propaganda terrorista» y se encuentran a la espera de juicio, previsto para mayo de 2018;

D.  Considerando que, según la Federación Europea de Periodistas, tras el intento de golpe de Estado, al menos 148 periodistas permanecen en prisión; que continúa la represión de la disidencia política a través de las redes sociales; que 449 personas fueron detenidas por publicar comentarios en las redes sociales críticos con la intervención militar del Gobierno turco en el enclave sirio de Afrín; que, según Amnistía Internacional, las autoridades turcas han disuelto centenares de organizaciones de la sociedad civil y han clausurado las oficinas de más de 160 organismos de radiodifusión, periódicos, revistas, editoriales y distribuidoras;

E.  Considerando que las autoridades turcas han despedido a 107 000 personas de sus puestos de trabajo desde julio de 2016; que la «Comisión de investigación sobre las prácticas en el estado de excepción» establecida por la recomendación del Consejo de Europa ha recibido 104 789 solicitudes desde el 18 de enero de 2018 y ha dictado decisiones hasta la fecha únicamente en 3 110 asuntos, que no se han hecho públicas;

F.  Considerando que en los últimos años se ha producido la ampliación del control del ejecutivo sobre el poder judicial y la fiscalía, de las detenciones generalizadas, el despido y el traslado arbitrario de jueces y fiscales, y de los ataques persistentes contra abogados;

G.  Considerando que según Human Rights Association, en los 11 primeros meses de 2017 un total de 2 278 personas padecieron torturas y malos tratos;

H.  Considerando que la situación en el sudeste del país sigue siendo extremamente preocupante; que unas 2 500 personas han sido presuntamente asesinadas en el contexto de operaciones de seguridad y en torno a medio millón se han convertido en desplazados desde julio de 2015; que 68 alcaldes kurdos siguen encarcelados;

I.  Considerando que entre los periodistas detenidos figuran, entre otros, el periodista germano-turco Deniz Yücel, el académico y columnista Mehmet Altan, y el periodista Şahin Alpay, así como numerosos periodistas y empleados del diario Cumhuriyet, incluido Ahmet Şık;

J.  Considerando que, a raíz de la suspensión de la inmunidad parlamentaria de un gran número de diputados, muchos diputados de la oposición han tenido que hacer frente a procedimientos judiciales y detenciones; que diez diputados siguen detenidos, entre quienes se encuentran los copresidentes del HDP, Figen Yüksekdağ y Selahattin Demirtaş, y el diputado del CHP Enis Berberoğlu, y que se ha privado de su mandato parlamentario a seis diputados, entre ellos, a Leyla Zana, galardonada con el Premio Sájarov, a raíz de una votación en el Parlamento turco;

K.  Considerando que en julio de 2017 las autoridades turcas detuvieron a diez defensores de los derechos humanos (los «diez de Estambul»), que posteriormente fueron puestos en libertad bajo fianza; que el órgano jurisdiccional de Estambul revocó su propia decisión de liberar a Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, el 1 de febrero de 2018, manteniéndole detenido mientras dure su juicio;

L.  Considerando que uno de los líderes de la sociedad civil de Turquía, Osman Kavala, fue detenido el 18 de octubre de 2017 y permanece en prisión desde entonces bajo la acusación de que intentó derrocar al Gobierno al apoyar las protestas del parque Gezi en diciembre de 2013;

M.  Considerando que, el 19 de noviembre de 2017, la Oficina del Gobernador de Ankara decidió imponer una prohibición indefinida de cualquier acto organizado por las asociaciones de LGBTI;

N.  Considerando que, a pesar de que la Constitución turca prevé la libertad de creencias y de culto, así como la difusión privada de ideas religiosas, y prohíbe la discriminación por motivos religiosos, las minorías religiosas siguen haciendo frente a ataques físicos y verbales, a la estigmatización y a la presión social en los centros escolares y en la vida pública, a la discriminación y a problemas relacionados con la capacidad de constituir legalmente un lugar de culto;

O.  Considerando que, habida cuenta de la situación de Turquía en lo que respecta a la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y la libertad de prensa, sus fondos de preadhesión se han reducido en 105 millones de euros con respecto a la propuesta inicial de la Comisión para el presupuesto de 2018, y se han mantenido 70 millones de euros más en la reserva hasta que el país realice «mejoras mensurables suficientes» en estos ámbitos;

P.  Considerando que el Parlamento pidió, en noviembre de 2016, que se congelara el proceso de adhesión de Turquía y, en julio de 2017, que se suspendiera si se aplicaban los cambios constitucionales sin modificaciones;

1.  Reitera su enérgica condena del intento de golpe de Estado de 16 de julio de 2016, y expresa su solidaridad con los ciudadanos de Turquía; reconoce el derecho y la responsabilidad del Gobierno turco a la hora de adoptar medidas dirigidas a llevar a los autores ante la justicia, garantizando al mismo tiempo el respeto del Estado de Derecho y el derecho a un juicio justo; hace hincapié, no obstante, en que el fallido golpe de Estado militar está siendo utilizado para reprimir aún más a la oposición legítima y pacífica e impedir a la sociedad civil el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión a través de acciones y medidas desproporcionadas e ilegales;

2.  Manifiesta su profunda preocupación por el continuo deterioro de los derechos y las libertades fundamentales y el Estado de Derecho en Turquía y la falta de independencia del poder judicial; condena el uso de las detenciones arbitrarias, así como del acoso judicial y administrativo para perseguir a decenas de miles de personas; insta a las autoridades turcas a que liberen de forma inmediata e incondicional a todos quienes han sido detenidos únicamente por realizar su trabajo legítimo y ejercer su libertad de expresión y asociación, y que están detenidos sin pruebas convincentes de actividad delictiva; pide el levantamiento del estado de excepción en el país y la derogación de los decretos de emergencia;

3.  Pide a las autoridades turcas que respeten el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que implica un claro rechazo de la pena capital, y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incluido el principio de presunción de inocencia;

4.  Pide al Gobierno turco que ofrezca a todas las personas objeto de medidas restrictivas las vías de recurso, también judiciales, adecuadas y efectivas que corresponden a un Estado de Derecho; destaca que la presunción de inocencia es un principio básico en cualquier Estado constitucional; pide a Turquía que revise con carácter de urgencia la Comisión de investigación sobre las prácticas en el estado de excepción, de forma que se convierta en una comisión sólida e independiente capaz de tratar de manera individual todos los asuntos, de tramitar eficazmente el gran número de solicitudes que recibe, y de asegurar que la vía judicial no sufre un retraso indebido; insta a la Comisión de investigación a hacer públicas sus decisiones; pide a las autoridades turcas que permitan a los sindicatos ejercer sus actividades sindicales legítimas;

5.  Resalta que el terrorismo sigue constituyendo una amenaza directa para los ciudadanos de Turquía; reitera, no obstante, que el amplio margen de la legislación antiterrorista turca no debe emplearse para castigar a los ciudadanos y los medios de comunicación por ejercer su derecho a la libertad de expresión; condena, a este respecto, la detención y el enjuiciamiento de al menos 148 profesores de universidades públicas y privadas que firmaron la petición de Académicos por la Paz, y condena igualmente las detenciones más recientes de periodistas, activistas, médicos y ciudadanos de a pie por expresar su oposición a la intervención militar turca en Afrín; expresa su profunda preocupación por las consecuencias humanitarias de la intervención militar en esta región siria de mayoría kurda, y alerta frente a la continuación de acciones desproporcionadas;

6.  Manifiesta su honda preocupación por las acusaciones de malos tratos y torturas a los presos, y pide a las autoridades turcas que investiguen exhaustivamente estas denuncias; reitera su llamamiento en favor de la publicación del informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (informe CPT);

7.  Condena firmemente la decisión de la Gran Asamblea Nacional Turca de suspender de forma anticonstitucional la inmunidad parlamentaria de un gran número de diputados, allanando el camino para la reciente detención de diez diputados de la oposición, incluidos los copresidentes del Partido Democrático Popular (HDP), Figen Yüksekdağ y Selahattin Demirtaş, y la revocación del mandato de seis diputados de la oposición, entre ellos y más recientemente, el de Leyla Zana, galardonada con el Premio Sájarov; condena el encarcelamiento de 68 alcaldes kurdos; condena la sustitución arbitraria de representantes locales elegidos, que socava aún más la estructura democrática de Turquía;

8.  Expresa su profunda preocupación por el cierre de más de 160 medios de comunicación por decreto ejecutivo en virtud del estado de excepción; condena la presión política sobre los periodistas; manifiesta su grave inquietud ante el control de las plataformas de redes sociales y el cierre de las cuentas en los medios sociales por las autoridades turcas; insta a la liberación inmediata e incondicional de todos los detenidos sin pruebas, incluidos ciudadanos de la Unión como el periodista alemán Deniz Yücel, que ha permanecido en prisión durante un año, nueve meses del cual en régimen de aislamiento, aunque todavía no se haya presentado una acusación formal contra él; insta a Turquía a que retire los cargos contra una periodista turco-finlandesa, Ayla Albayrak, que ha sido condenada en rebeldía por un tribunal turco; acoge con satisfacción que algunos periodistas y miembros del personal del periódico opositor Cumhuriyet fueran liberados tras meses de cárcel, y pide asimismo la liberación inmediata de los cuatro periodistas de dicho rotativo que siguen encarcelados;

9.  Manifiesta su honda preocupación por la represión masiva contra las organizaciones de la sociedad civil turca y, más concretamente, la detención de uno de los dirigentes de la principal ONG, Osman Kavala; insta al Gobierno turco a que libere inmediatamente a Kavala puesto que su detención está politizada y es arbitraria;

10.  Toma nota con preocupación del deterioro de los principios y valores laicos defendidos durante largo tiempo por Turquía; manifiesta su grave inquietud ante la falta de respeto de la libertad de religión y por la creciente discriminación contra los cristianos y otras minorías religiosas; condena la confiscación de cincuenta iglesias, monasterios y cementerios arameos en Mardin; pide a la Comisión que aborde urgentemente estas cuestiones con las autoridades turcas; insta al Gobierno de Turquía a que ponga en libertad al pastor Andrew Brunson y le permita regresar a su hogar;

11.  Recuerda asimismo el principio de no discriminación de las minorías, incluida la romaní, que tienen igual derecho a expresar su cultura y a acceder a la asistencia social;

12.  Condena la declaración de la Oficina del Gobernador de Ankara, de 19 de noviembre de 2017, sobre la decisión de imponer una prohibición indefinida de cualquier acto organizado por las asociaciones de LGBTI, tras tres prohibiciones consecutivas de la marcha Pride Estambul; pide a las autoridades turcas que revoquen la prohibición; celebra la liberación del destacado activista LGBTI Ali Erol; y pide a las autoridades turcas, a este respecto, que liberen a los activistas LGBTI detenidos arbitrariamente y velen por el estado de salud de Diren Coşkun, quien se encuentra en huelga de hambre;

13.  Manifiesta su honda preocupación por la situación en el sudeste de Turquía, especialmente en las zonas en las que se ha impuesto el toque de queda, se utiliza una fuerza desproporcionada y se aplican castigos colectivos; insta a Turquía a que presente un plan para la reinserción efectiva del medio millón de desplazados internos; reitera su condena de la vuelta a la violencia por parte del PKK, que figura en la lista de terroristas de la Unión desde 2002, y le insta a que deponga las armas y utilice medios pacíficos y democráticos para expresar sus expectativas; recuerda la responsabilidad del Gobierno turco de proteger a todos sus ciudadanos; lamenta la práctica extendida de las expropiaciones, también de propiedades pertenecientes a los municipios; expresa su convicción de que solo una solución política justa de la cuestión kurda puede aportar una estabilidad y prosperidad duraderas tanto a la zona afectada como a Turquía en su conjunto, por lo que pide a ambas partes que regresen a la mesa de negociación;

14.  Expresa su grave preocupación por el funcionamiento del sistema judicial en Turquía después de la decisión del tribunal penal de Estambul de mantener en prisión a dos periodistas, Mehmet Altan y Şahin Alpay, tras la petición del Tribunal Constitucional de que fueran liberados al haberse violado sus derechos durante su detención; señala que ello comporta un deterioro ulterior del Estado de Derecho; lamenta profundamente la reciente nueva detención del presidente de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, considerada por muchos una parodia de la justicia, y pide que los cargos contra él y los demás acusados (los «diez de Estambul») sean retirados, puesto que no se ha presentado todavía ninguna prueba concreta contra ellos;

15.  Reitera su posición de noviembre de 2017 en la que el Parlamento pidió que los fondos destinados a las autoridades turcas en el marco del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II) se supediten a mejoras en el ámbito de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho y, en la medida de lo posible, se reasignen en favor de las organizaciones de la sociedad civil; reitera su llamamiento a la Comisión para que tenga en cuenta la evolución de la situación en Turquía durante la revisión de los fondos del IAP así como que presente propuestas concretas sobre cómo aumentar el apoyo a la sociedad civil turca;

16.  Insta a la alta representante, al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros a que sigan planteando a sus interlocutores turcos la situación de los defensores de los derechos humanos, activistas políticos, abogados, periodistas y profesores universitarios detenidos, y que les faciliten apoyo diplomático y político, incluida la observación de juicios y supervisión de los casos;

17.  Pide que la presente Resolución se traduzca al turco;

18.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, así como al presidente, al Gobierno y a la Gran Asamblea Nacional Turca.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0423.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0306.


Situación en Venezuela
PDF 174kWORD 47k
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, sobre la situación en Venezuela (2018/2559(RSP))
P8_TA(2018)0041RC-B8-0078/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Venezuela es parte,

–  Vista la Constitución de Venezuela,

–  Vistas sus numerosas resoluciones sobre Venezuela, en particular las de 27 de febrero de 2014, sobre la situación en Venezuela(1), de 18 de diciembre de 2014, sobre la persecución de la oposición democrática en Venezuela(2), de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela(3), de 8 de junio de 2016, sobre la situación en Venezuela(4), de 27 de abril de 2017, sobre la situación en Venezuela(5), y de 13 de septiembre de 2017, sobre las relaciones políticas de la Unión con América Latina(6),

–  Vista la declaración de los presidentes de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Delegación para las Relaciones con Mercosur y la Asamblea Parlamentaria Euro‑Latinoamericana sobre la situación actual en Venezuela, de 12 de julio de 2017,

–  Vista la Carta Democrática Interamericana, adoptada el 11 de septiembre de 2001,

–  Vista la declaración, de 31 de marzo de 2017, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Huseín, sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de asumir los poderes legislativos de la Asamblea Nacional,

–  Vista la declaración del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la que se condena la detención de Enrique Aristeguieta el 2 de febrero de 2018,

–  Vistas las advertencias contenidas en los informes de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de 30 de mayo de 2016 y 14 de marzo de 2017, sobre Venezuela, y vistos los llamamientos del secretario general de la OEA en favor de una convocatoria urgente del Consejo Permanente, de conformidad con el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, para examinar la crisis política de Venezuela,

–  Vista la carta, de 27 de marzo de 2017, de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre el deterioro y la grave crisis política, económica y humanitaria de Venezuela,

–  Vista la declaración de la OEA, firmada por catorce de sus Estados miembros el 13 de marzo de 2017, en la que se solicita que Venezuela convoque inmediatamente elecciones, libere a los presos políticos y reconozca la separación de poderes consagrada en su Constitución, entre otras medidas,

–  Vista la Resolución del Consejo Permanente de la OEA, de 3 de abril de 2017, sobre los sucesos recientes en Venezuela,

–  Vista la declaración del Grupo de Lima, de 23 de enero de 2018, sobre la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de convocar elecciones presidenciales,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 13 de noviembre de 2017 y de 22 de enero de 2018, sobre Venezuela, en concreto, sobre la imposición de un embargo de armas y de sanciones,

–  Vista la Declaración de la VP/AR, en nombre de la Unión Europea, sobre la adhesión de determinados terceros países a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela, de 7 de diciembre de 2017,

–  Vista la Declaración de la VP/AR, en nombre de la Unión Europea, sobre los últimos acontecimientos en Venezuela, de 26 de enero de 2018, en la que se condena la decisión de las autoridades venezolanas de expulsar al embajador de España en Caracas,

–  Vista su decisión de conceder el Premio Sájarov 2017 a la oposición democrática de Venezuela,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, carente de reconocimiento tanto internacional como de la Unión Europea, ha pedido que se convoquen elecciones presidenciales antes de que concluya el mes de abril de 2018; que, de conformidad con la Constitución de Venezuela, el órgano competente para la convocatoria de elecciones es el Consejo Nacional Electoral; que en el artículo 298 de la Constitución Venezolana se establece claramente lo siguiente: «La ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma»;

B.  Considerando que esta decisión fue adoptada fuera del ámbito del diálogo nacional que tiene lugar desde diciembre de 2017 y haciendo caso omiso de cualquier avance que hubiera podido lograrse en la reunión mantenida en Santo Domingo entre la oposición y el Gobierno venezolano; que la fecha de las elecciones y el periodo previo a las mismas fueron dos de los principales puntos de las conversaciones de Santo Domingo; que esta convocatoria de elecciones resulta contraria tanto a los principios democráticos como a la buena fe que debe presidir el diálogo entre el Gobierno y la oposición;

C.  Considerando que el 25 de enero de 2018 el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió excluir a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de las elecciones presidenciales; que el 4 de febrero de 2018 el Consejo Nacional Electoral excluyó del proceso electoral al partido Primero Justicia; que hay líderes, por ejemplo Leopoldo López y Henrique Capriles, que tienen prohibido presentarse como candidatos; que estas decisiones constituyen una grave vulneración del principio de elecciones equitativas al prohibir que los candidatos de la oposición se presenten a las elecciones de manera libre y en igualdad de condiciones;

D.  Considerando que la MUD recibió en 2017 el Premio Sájarov del Parlamento Europeo a la Libertad de Conciencia;

E.  Considerando que la inconstitucionalidad de la petición de elecciones anticipadas fue tal que provocó que México y Chile abandonasen el proceso de negociaciones políticas nacionales entre el Gobierno venezolano y parte de la oposición;

F.  Considerando que, el 13 de noviembre de 2017, el Consejo de la Unión Europea decidió la adopción de un embargo de armas contra Venezuela y la prohibición de material afín que pudiera utilizarse para la represión interna;

G.  Considerando que, el 22 de enero de 2018, el Consejo de la Unión Europea decidió de manera unánime imponer a siete ciudadanos venezolanos que ocupan cargos oficiales sanciones a través de medidas restrictivas, como la prohibición de viajar o la inmovilización de activos, por haber vulnerado los principios democráticos, el Estado de Derecho y la democracia;

H.  Considerando que, a raíz de la adopción de estas sanciones por parte de la Unión, Venezuela tomó represalias expulsando al embajador de España en Caracas y declarándolo persona non grata, acusando al mismo tiempo a España de inmiscuirse en sus asuntos internos; que la Unión ha condenado con firmeza esta decisión y manifestado al mismo tiempo su plena solidaridad con España, partiendo de la base de que las decisiones de la Unión en materia de política exterior, incluida la imposición de sanciones, se adoptan por unanimidad;

I.  Considerando que la situación de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela no deja de ir a peor; que Venezuela se enfrenta a una crisis política, social, económica y humanitaria sin precedentes que se está cobrando muchas vidas; que la celebración de elecciones libres y justas con todas las garantías pertinentes y dando tiempo suficiente para su preparación resulta fundamental para empezar a resolver los numerosos problemas a los que se enfrenta Venezuela; que prácticamente dos millones de venezolanos han huido del país; que es cada vez mayor la presión a la que se ven sometidos los países de acogida al prestar ayuda y ofrecer servicios a los recién llegados;

J.  Considerando que el policía rebelde Óscar Pérez y seis personas más fueron ejecutados extrajudicialmente a pesar de que ya se habían entregado;

K.  Considerando que la noche del 2 de febrero de 2018 Enrique Aristeguieta Gramcko fue secuestrado en su casa por los servicios de inteligencia, sin que se facilitase información alguna sobre su paradero, para ser liberado al día siguiente;

L.  Considerando que cada vez son más las personas en Venezuela, en particular los niños, que padecen desnutrición como consecuencia del difícil acceso a medicamentos, alimentos y servicios sanitarios de calidad; que, por desgracia, el Gobierno venezolano sigue negándose a reconocer el problema, recibir ayuda humanitaria internacional y facilitar su reparto; que los venezolanos han intentado comprar alimentos y productos de primera necesidad en las islas del Caribe a causa de los graves desabastecimientos que sufre el país;

1.  Deplora la decisión unilateral de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, carente de reconocimiento tanto internacional como de la Unión Europea, de convocar elecciones presidenciales anticipadas para finales de abril de 2018; lamenta profundamente la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela por la que se prohíbe la participación de los candidatos de la MUD en las próximas elecciones; señala que son muchos los posibles candidatos que no podrán presentarse a las elecciones por estar en el exilio, en situación de inhabilitación administrativa, en arresto domiciliario o presos; insiste en que no deben imponerse condiciones ni levantarse obstáculos en lo que respecta a la participación de partidos políticos y pide a las autoridades venezolanas que restablezcan plenamente sus derechos a ser elegidos;

2.  Insiste en que la Unión y sus instituciones, incluido el Parlamento Europeo, únicamente reconocerán unas elecciones que estén basadas en un calendario electoral viable y acordadas en el contexto del diálogo nacional con el conjunto de los actores pertinentes y partidos políticos en las que se cumplan unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes, lo que supone que se supriman las prohibiciones que pesan sobre políticos de la oposición, que no haya presos políticos, que se vele por que el Consejo Electoral Nacional tenga una composición equilibrada y sea imparcial, y que existan suficientes garantías, incluido el seguimiento por parte de observadores internacionales independientes; recuerda su disposición a enviar una misión de observación electoral en caso de cumplirse todos los requisitos;

3.  Condena con firmeza la decisión de las autoridades venezolanas de expulsar al embajador de España en Caracas y declararlo persona non grata e insiste en que el Gobierno de Venezuela vuelva a normalizar inmediatamente sus relaciones diplomáticas con España; recuerda que todas las decisiones de la Unión en materia de política exterior, incluida la imposición de sanciones, se adoptan por unanimidad; pide, en este sentido, plena solidaridad con España;

4.  Juzga adecuadas, en cuanto medidas en respuesta a violaciones graves de los derechos humanos y la democracia, tanto la imposición por parte del Consejo de la Unión Europea de un embargo de armas como las sanciones a siete venezolanos que ocupan cargos oficiales, pero pide que sean asimismo de aplicación a los principales responsables del agravamiento de la crisis política, social, económica y humanitaria, es decir, al presidente, al vicepresidente, al ministro del Poder Popular para la Defensa, a los miembros del alto mando y a las personas de confianza de todos ellos, parientes incluidos; propone que, de seguir agravándose la situación de los derechos humanos, podrían estudiarse y adoptarse más medidas diplomáticas y económicas, en particular con respecto a la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA);

5.  Condena en los términos más enérgicos la continua violación del orden democrático en Venezuela; hace una vez más patente su pleno apoyo a la Asamblea Nacional en cuanto único parlamento legalmente constituido y reconocido de Venezuela y pide al Gobierno del país que se le restablezca en su plena autoridad constitucional; rechaza cualquier decisión adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente por constituir una violación de todas las reglas y normas democráticas; manifiesta su apoyo a una solución política en un contexto que incluya al conjunto de los actores pertinentes y partidos políticos; recuerda que la separación y la no interferencia entre los poderes del Estado es un principio esencial de los Estados democráticos que se rigen por el Estado de Derecho;

6.  Pide a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que, según lo dispuesto en el Estatuto de Roma, inicie investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen venezolano y solicita a la Unión que desempeñe un papel activo en este sentido;

7.  Reitera sus anteriores llamamientos en favor de la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, el respeto de los órganos elegidos democráticamente y la observancia de los derechos humanos;

8.  Expresa su solidaridad y todo su apoyo a las personas de Venezuela que están sufriendo las consecuencias de una grave crisis humanitaria; pide que se alcance inmediatamente un acuerdo sobre un plan de acceso de emergencia humanitaria para el país y solicita a las autoridades venezolanas que permitan con carácter de urgencia la entrada sin trabas de ayuda humanitaria y den permiso a las organizaciones internacionales que deseen prestar asistencia a la población; solicita que se aplique rápidamente una respuesta a corto plazo para combatir la desnutrición en los grupos más vulnerables, como los niños; pide a la Unión que ayude a los países vecinos, en particular Colombia, a dar respuesta a la situación de los refugiados venezolanos; solicita al Gobierno de Venezuela que pague sus pensiones a los venezolanos que vivan en el extranjero y tengan tales derechos en materia de seguridad social;

9.  Reitera su petición para que una delegación del Parlamento Europeo sea enviada a Venezuela y entable lo antes posible un diálogo con todos los sectores implicados en el conflicto;

10.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, y al secretario general de la Organización de los Estados Americanos.

(1) DO C 285 de 29.8.2017, p. 145.
(2) DO C 294 de 12.8.2016, p. 21.
(3) DO C 316 de 30.8.2016, p. 190.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0269.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0200.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0345.


Situación del OOPS
PDF 159kWORD 44k
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, sobre la situación del OOPS (2018/2553(RSP))
P8_TA(2018)0042RC-B8-0085/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus resoluciones anteriores sobre el proceso de paz en Oriente Próximo,

–  Vista la Declaración conjunta de la Unión Europea y el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS), de 7 de junio de 2017, sobre la ayuda europea al OOPS (2017-2020),

–  Vistas las Resoluciones 194, de 11 de diciembre de 1948, y 302, de 8 de diciembre de 1949, de la Asamblea General de las Naciones Unidas y otras Resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas,

–  Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas, de 30 de marzo de 2017, sobre las operaciones del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente,

–   Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el OOPS es un organismo de las Naciones Unidas creado en 1949 por la Asamblea General con el mandato de proporcionar asistencia y protección a los aproximadamente cinco millones de refugiados palestinos registrados; que los servicios del OOPS abarcan aspectos como la educación, la sanidad, los servicios sociales y de socorro, la infraestructura y mejora de los campamentos, la protección, y la microfinanciación; que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha renovado el mandato de este Organismo en repetidas ocasiones, la última hasta el 30 de junio de 2020 mediante el voto de 167 de sus Estados miembros;

B.  Considerando que la Unión y sus Estados miembros, tomados en su conjunto, son los principales donantes al OOPS, con una aportación de 441 millones de euros en 2017; que los Estados Unidos, en su calidad de principal donante individual, ha anunciado su intención de aportar 60 millones de dólares estadounidenses pero de retener 65 millones de la contribución prevista de 125 millones al OOPS; que, según el Departamento de Estado, esta decisión tiene por objeto alentar a otros países a aumentar la ayuda, así como promover reformas en el seno del Organismo;

C.  Considerando que el OOPS se ha enfrentado a carencias financieras estructurales importantes durante muchos años y seguirá teniendo dificultades en 2018, con independencia de la decisión del Gobierno estadounidense;

D.  Considerando que en su informe de 30 de marzo de 2017 el secretario general de las Naciones Unidas formuló una serie de recomendaciones destinadas a garantizar una financiación adecuada, previsible y sostenible del OOPS;

1.  Sigue estando firmemente comprometido a apoyar al OOPS en la prestación de servicios vitales para el bienestar, la protección y el desarrollo humano de los refugiados palestinos en la Franja de Gaza, Cisjordania, Jordania, el Líbano y Siria; aplaude los extraordinarios esfuerzos del OOPS, también en lo que atañe a la protección y la ayuda a más de 400 000 refugiados palestinos, y a otras muchas personas, en una Siria devastada por la guerra; recuerda que el OOPS se creó en el marco de un espíritu de solidaridad con los refugiados palestinos a fin de aliviar su sufrimiento;

2.  Manifiesta su preocupación por la crisis de financiación del OOPS; insta a todos los donantes a que cumplan las promesas hechas al Organismo;

3.  Señala que cualquier reducción imprevista o demora en los desembolsos planificados de los donantes al OOPS puede tener repercusiones negativas sobre la ayuda alimentaria de emergencia a 1,7 millones y la atención sanitaria primaria a 3 millones de refugiados palestinos, en el acceso a la educación de más de 500 000 niños palestinos en 702 escuelas del OOPS, entre ellos, casi 50 000 niños en Siria, y en la estabilidad de la región;

4.  Observa que la Unión Europea está comprometida a proseguir su ayuda al OOPS en lo que se refiere al aseguramiento de recursos financieros al objeto de que pueda ejecutar el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas, operar de una manera sostenible y rentable, y garantizar la calidad y el nivel de los servicios prestados a los refugiados palestinos;

5.  Celebra las decisiones adoptadas por la Unión Europea y varios de sus Estados miembros a fin de proporcionar financiación de urgencia al OOPS y urge a otros donantes a que sigan este ejemplo; insta a los Estados Unidos a que reconsideren su decisión y respeten el pago de la totalidad de su contribución prevista al Organismo; acoge con satisfacción las contribuciones de los Estados árabes al OOPS, si bien solicita un mayor compromiso por su parte a fin de colmar el déficit de financiación;

6.  Alienta a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que movilicen fondos adicionales para el OOPS, al objeto de satisfacer sus necesidades financieras a corto plazo; hace hincapié, no obstante, en que cualquier solución a largo plazo a la persistente falta de financiación del Organismo pasa únicamente por un sistema de financiación sostenible en un marco multilateral global; insta a la Unión Europea a que desempeñe un papel de liderazgo en la comunidad internacional con miras a establecer un mecanismo de este tipo; subraya la importancia de las recomendaciones formuladas a este respecto por el secretario general de las Naciones Unidas en su informe de 30 de marzo de 2017;

7.  Celebra que el OOPS tenga la intención de prolongar las medidas internas encaminadas a moderar los costes e introducir nuevas mejoras en términos de eficiencia, al tiempo que evalúa otros ámbitos en los que dicha eficiencia pueda incrementarse; insta al Organismo a que siga mejorando su estructura de gestión y su planificación estratégica en favor de una mayor transparencia, rendición de cuentas y supervisión interna, a fin de garantizar una comunicación oportuna y precisa a la Unión en lo que se refiere a su programación y financiación, de asegurar que se evita todo uso inadecuado de las instalaciones del OOPS, y de investigar las alegaciones de vulneraciones de la neutralidad por parte de su personal y adoptar medidas disciplinarias adecuadas si procede; hace hincapié en la importancia de respetar la neutralidad de las instalaciones del OOPS, en consonancia con el Derecho internacional humanitario y el estatuto diplomático del Organismo, amparado por las Naciones Unidas;

8.  Reitera que el principal objetivo de la Unión consiste en alcanzar la solución de dos Estados al conflicto entre Israel y Palestina basada en las fronteras de 1967, con Jerusalén como capital de ambos Estados, con un Estado de Israel seguro y un Estado palestino independiente, democrático, contiguo y viable, que convivan uno junto al otro en paz y seguridad, sobre la base del derecho de autodeterminación y el pleno respeto del Derecho internacional;

9.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Próximo, a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas, al Comisionado General del OOPS, al enviado del Cuarteto para Oriente Próximo, y al Congreso y al Departamento de Estado de los Estados Unidos.


Disposiciones sobre el cambio de hora
PDF 152kWORD 43k
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, relativa a las disposiciones sobre el cambio de hora (2017/2968(RSP))
P8_TA(2018)0043B8-0070/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Directiva 2000/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de enero de 2001, relativa a las disposiciones sobre la hora de verano(1),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación(2),

–  Visto el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, de conformidad con el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, la evaluación de la legislación vigente debe servir de base para la evaluación de impacto de futuras opciones de actuación;

B.  Considerando que ninguno de los múltiples estudios científicos existentes, incluido el estudio del Servicio de Estudios del Parlamento Europeo de octubre de 2017 sobre las disposiciones de la Unión sobre la hora de verano contempladas en la Directiva 2000/84/CE, ha llegado a un resultado concluyente sino que, al contrario, estos estudios apuntan a la existencia de efectos negativos en la salud humana;

C.  Considerando que una serie de iniciativas ciudadanas han puesto de relieve las preocupaciones de la ciudadanía por el cambio de hora bianual;

D.  Considerando que el Parlamento ya ha planteado esta cuestión con anterioridad, por ejemplo en la pregunta con solicitud de respuesta oral O-000111/2015 – B8-0768/2015 a la Comisión, de 25 de septiembre de 2015;

E.  Considerando que es esencial mantener un régimen horario unificado en la Unión, incluso después de que finalicen los cambios de hora bianuales;

1.  Pide a la Comisión que realice una evaluación exhaustiva de la Directiva 2000/84/CE y, en caso necesario, presente una propuesta para su revisión;

2.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

(1) DO L 31 de 2.2.2001, p. 21.
(2) DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

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