Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2017/2209(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0144/2018

Textos presentados :

A8-0144/2018

Debates :

PV 02/05/2018 - 33
CRE 02/05/2018 - 33

Votaciones :

PV 03/05/2018 - 7.15
CRE 03/05/2018 - 7.15
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0204

Textos aprobados
PDF 166kWORD 66k
Jueves 3 de mayo de 2018 - Bruselas Edición definitiva
Pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea
P8_TA(2018)0204A8-0144/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea (2017/2209(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11 y 49 del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como los artículos 9, 10 y 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Carta Social Europea,

–  Vista la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2106, de 21 de diciembre de 1965,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión(1),

–  Visto el Protocolo nº 29 sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros,

–  Vista la Carta Europea para la Libertad de Prensa,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica,

–  Vistas las declaraciones, las recomendaciones y las resoluciones del Comité de Ministros y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, así como los dictámenes y la lista de criterios sobre el Estado de Derecho de la Comisión de Venecia,

–  Visto el estudio del Consejo de Europa titulado Journalists under pressure - Unwarranted interference, fear and self-censorship in Europe («Periodistas bajo presión: injerencias injustificadas, miedo y autocensura en Europa»),

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de la UNESCO sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales,

–  Vista la Observación General n.º 34 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos,

–  Vistas las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como los informes del relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión,

–  Visto el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad,

–  Vista la labor desarrollada por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre la libertad de los medios de comunicación, en particular por su representante para la libertad de los medios de comunicación,

–  Vista la labor realizada por la plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas,

–  Vista la declaración conjunta del relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, el representante de la OSCE para la libertad de los medios de comunicación, el relator especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la libertad de expresión y el relator especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) para la libertad de expresión y el acceso a la información, de 3 de marzo de 2017, sobre libertad de expresión y «noticias falsas», desinformación y propaganda,

–  Vistos los resultados de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, publicada por Reporteros sin Fronteras, así como los del Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación del Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación del Instituto Universitario Europeo,

–  Visto el informe publicado por la organización Article 19 titulado «Defining Defamation: Principles on Freedom of Expression and Protection of Reputation» (Definición de difamación; principios en materia de libertad de expresión y protección del honor),

–  Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2013, sobre la Carta de la UE: Normas para la libertad de los medios de comunicación en la Unión(2),

–  Vistas su Resolución, de 12 de marzo de 2014, sobre el programa de vigilancia de la Agencia Nacional de Seguridad de los EE. UU., los órganos de vigilancia en diversos Estados miembros y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos de la UE y en la cooperación transatlántica en materia de justicia y asuntos de interior(3), y su Resolución, de 29 de octubre de 2015, sobre el seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, relativa a la vigilancia electrónica masiva de los ciudadanos de la UE(4),

–  Vista su Resolución, de 16 de marzo de 2017, sobre la democracia digital en la Unión Europea: posibilidades y retos(5),

–  Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales(6),

–  Vistas su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre la función de los denunciantes en la protección de los intereses financieros de la Unión(7), y su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre las medidas legítimas para la protección de los denunciantes de irregularidades que, en aras del interés público, revelan información confidencial sobre empresas y organismos públicos(8),

–  Vistas las conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en el entorno digital(9),

–  Vistas las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, así como las Directrices de la Comisión para el apoyo de la UE a la libertad e integridad de los medios de comunicación en los países de la ampliación, 2014-2020,

–  Visto el coloquio anual de la Comisión de 2016 sobre derechos fundamentales titulado «Pluralismo de los medios de comunicación y democracia» y las aportaciones pertinentes publicadas por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Visto el Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre las noticias falsas y la desinformación en línea designado por la Comisión con el fin de asesorar sobre el alcance del fenómeno de las noticias falsas así como de definir las funciones y responsabilidades de las partes interesadas pertinentes,

–  Vista la opinión del Supervisor Europeo de Protección de Datos n.° 5/2016 sobre la revisión de la Directiva 2002/58/CE sobre la privacidad electrónica y las comunicaciones electrónicas,

–  Vista la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo(10),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo sobre seguridad y defensa de 22 de junio de 2017,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y las opiniones de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0144/2018),

A.  Considerando que el derecho a la libertad de expresión y la libertad de opinión son derechos humanos fundamentales y condiciones indispensables para el pleno desarrollo de las personas y su participación activa en una sociedad democrática, para el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuentas y para el ejercicio de otros derechos humanos y libertades fundamentales;

B.  Considerando que el pluralismo es inseparable de la libertad, la democracia y el Estado de Derecho;

C.  Considerando que el derecho a informar y el derecho a ser informado forman parte de los valores democráticos básicos fundamentales sobre los que se fundamenta la Unión Europea;

D.  Considerando que no debe subestimarse la importancia de unos medios de comunicación plurales, independientes y fiables en cuanto guardianes y garantes de la democracia y el Estado de Derecho;

E.  Considerando que la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación son componentes esenciales del derecho a la libertad de expresión; que los medios de comunicación desempeñan un papel esencial en las sociedades democráticas, al actuar como supervisores de la vida pública, al tiempo que contribuyen a informar y empoderar a los ciudadanos, ampliando su comprensión del escenario político y social actual y fomentando su participación consciente en la vida democrática; que el alcance de esta función debería ampliarse de modo que abarque también el periodismo ciudadano y por internet, así como las actividades de los blogueros, los usuarios de internet, los activistas de las redes sociales y los defensores de los derechos humanos, con el fin de reflejar la actualidad de una realidad mediática profundamente transformada, respetando el derecho a la vida privada; que la neutralidad de la red constituye un principio esencial para una internet abierta;

F.  Considerando que las noticias falsas, el ciberacoso y la pornografía vengativa constituyen crecientes preocupaciones para nuestras sociedades, especialmente entre los jóvenes;

G.  Considerando que la difusión de noticias falsas y desinformación en los medios sociales de comunicación o los sitios web de búsqueda ha afectado gravemente a la credibilidad de los medios de comunicación tradicionales, lo que por consiguiente limita su capacidad de actuar como guardianes;

H.  Considerando que las autoridades públicas tienen el deber no solo de abstenerse de aplicar restricciones a la libertad de expresión, sino también la obligación positiva de adoptar un marco regulador y jurídico que fomente el desarrollo de unos medios de comunicación libres, independientes y pluralistas;

I.  Considerando que, de conformidad con los artículos 2 y 4 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y el artículo 30 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la libertad de expresión nunca deberá utilizarse para defender expresiones que vulneren la Convención y la Declaración, como el discurso o propaganda de odio basados en ideas o teorías de superioridad de una raza o grupo de personas de un color o grupo étnico o que traten de justificar o promover el odio racial y cualquier forma de discriminación;

J.  Considerando que las autoridades públicas tienen el deber de proteger la independencia y la imparcialidad de los medios de comunicación públicos, en particular como agentes al servicio de las sociedades democráticas, y no de satisfacer los intereses de los gobiernos en el poder;

K.  Considerando que las autoridades públicas deben asegurar también que los medios de comunicación respeten las legislaciones y reglamentaciones en vigor;

L.  Considerando que los últimos acontecimientos políticos en diversos Estados miembros, en los que el nacionalismo y el populismo están aumentando, han dado lugar a un incremento de las presiones y amenazas contra periodistas, lo que demuestra que la Unión debe garantizar, promover y defender la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación;

M.  Considerando que, según el Consejo de Europa, los abusos y los delitos cometidos contra periodistas por agentes tanto estatales como no estatales tienen un grave efecto disuasorio sobre la libertad de expresión; que el riesgo y la frecuencia de las injerencias injustificadas aumentan el sentimiento de temor entre los periodistas, los periodistas ciudadanos, los blogueros y otros actores de la información, lo que puede comportar un alto grado de autocensura, socavando al mismo tiempo el derecho de los ciudadanos a la información y la participación;

N.  Considerando que el relator especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión recordó en septiembre de 2016 que los gobiernos tienen la responsabilidad no solo de respetar el periodismo sino también de garantizar que los periodistas y sus fuentes estén protegidos por una legislación fuerte, el enjuiciamiento de los autores y una amplia seguridad cuando sea necesario;

O.  Considerando que los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación se siguen enfrentando a actos de violencia, amenazas, acoso o humillaciones públicas en la Unión debido principalmente a sus actividades de investigación dirigidas a proteger el interés público del abuso de poder, la corrupción, las violaciones de los derechos humanos o actividades delictivas;

P.  Considerando que garantizar la seguridad y la protección de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación constituye una condición previa para que desempeñen plenamente su función y ejerzan su capacidad de informar adecuadamente a los ciudadanos, así como para que participen de forma efectiva en el debate público;

Q.  Considerando que, según la plataforma del Consejo de Europa para la Protección del Periodismo y la Seguridad de los Periodistas, los agentes estatales cometen más de la mitad de los casos de abusos contra los profesionales de los medios de comunicación;

R.  Considerando que debería fomentarse el periodismo de investigación como una forma de compromiso cívico y un acto de virtud cívica que cuente con el apoyo de la comunicación, el aprendizaje, la educación y la formación;

S.  Considerando la radical evolución del sistema de medios de comunicación, el rápido crecimiento de la dimensión en línea del pluralismo mediático, el aumento de los motores de búsqueda y las plataformas de medios sociales de comunicación como fuentes de noticias representan tanto un reto como una oportunidad para el fomento de la libertad de expresión y la democratización de la producción de noticias, al asociar a los ciudadanos al debate público, y para la conversión de un número cada vez mayor de usuarios de información en generadores de información; que, sin embargo, la concentración de poder de los consorcios mediáticos, los operadores de plataformas y los intermediarios de internet y el control de los medios de comunicación por parte de corporaciones económicas y agentes políticos pueden acarrear consecuencias negativas para el pluralismo en el debate público y el acceso a la información y tener un impacto negativo sobre la libertad, la integridad, la calidad y la independencia editorial del periodismo y los medios de difusión; que son necesarias unas condiciones equitativas a escala europea a efectos de garantizar que los motores de búsqueda, las plataformas de medios sociales de comunicación y otros gigantes de la tecnología respeten las normas del mercado único digital de la Unión en ámbitos como la privacidad electrónica y la competencia;

T.  Considerando que los periodistas necesitan un acceso directo, inmediato y libre a la información de las administraciones públicas con el fin de que las autoridades rindan cuentas debidamente;

U.  Considerando que la información obtenida mediante el derecho de investigación así como a través de denunciantes es complementaria entre sí y resulta esencial para que los periodistas puedan cumplir con su misión de actuar en interés público;

V.  Considerando que los periodistas necesitan la máxima protección jurídica para utilizar y difundir dicha información de interés público en su ámbito de actividad;

W.  Considerando que el derecho a pedir y recibir información de las administraciones públicas sigue siendo desigual e incompleto en toda la Unión;

X.  Considerando que el sector de los medios de comunicación desempeña un papel clave en toda sociedad democrática; que el efecto de la crisis económica, junto con el crecimiento simultáneo de las plataformas de los medios sociales de comunicación y otros gigantes de la alta tecnología e ingresos publicitarios altamente selectivos, han aumentado de forma espectacular la precariedad de las condiciones de trabajo y la inseguridad social de los agentes de los medios de comunicación, incluidos los periodistas independientes, lo que ha dado lugar a una drástica reducción de los estándares profesionales, sociales y de calidad en el periodismo que puede afectar negativamente a su independencia editorial;

Y.  Considerando que el Observatorio Europeo del Sector Audiovisual del Consejo de Europa ha denunciado la aparición de un duopolio digital en el que Google y Facebook representan hasta el 85 % de todo el crecimiento del mercado publicitario en 2016, poniendo en peligro el futuro de las empresas de comunicación tradicionales financiadas con publicidad, como por ejemplo las cadenas comerciales de televisión, los periódicos y las revistas, cuya audiencia tiene un alcance mucho más limitado;

Z.  Considerando que, en el marco de la política de ampliación, la Comisión tiene la obligación de exigir el pleno cumplimiento de los criterios de Copenhague, incluida la libertad de expresión y de los medios de comunicación, y que la Unión debería, por tanto, dar ejemplo garantizando las normas más elevadas en este ámbito; que, una vez que son miembros de la Unión, los Estados están permanente e inequívocamente vinculados por las obligaciones en materia de derechos humanos en virtud de los Tratados de la UE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y que el respeto de la libertad de expresión y de los medios de comunicación de los Estados miembros debería ser objeto de control periódico; que la Unión solo puede ser creíble en la escena mundial si se salvaguardan y respetan en la Unión la libertad de prensa y de los medios de comunicación;

AA.  Considerando que los estudios revelan constantemente pruebas de que entre los sectores de los medios de comunicación las mujeres se encuentran en minoría, especialmente en las actividades creativas, y que su representación es muy escasa en niveles superiores y decisorios; que los estudios sobre la participación de las mujeres en el periodismo sugieren que, si bien existe un equilibrio de género relativamente adecuado entre los recién llegados a la profesión periodística, la distribución de las responsabilidades en la toma de decisiones está marcada por una disparidad de género importante;

AB.  Considerando que las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del TUE, que aseguran el respeto de dichos principios, se aplican mediante medidas positivas encaminadas a promover la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y fomentar la calidad, el acceso y la disponibilidad de la información (libertad positiva), pero que también requieren omisiones por parte de las autoridades públicas a fin de evitar agresiones perjudiciales (libertad negativa);

AC.  Considerando que la vigilancia ilegal y arbitraria, en particular si se realiza a gran escala, es incompatible con los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la libertad de expresión —incluidas la libertad de prensa y la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas—, el derecho a la intimidad y la protección de datos; que internet y los medios sociales de comunicación desempeñan un importante papel como difusores de la incitación al odio e impulsores de la radicalización que conducen al extremismo violento mediante la divulgación de contenidos ilícitos, especialmente en detrimento de los jóvenes; que la lucha contra dichos fenómenos exige una colaboración estrecha y coordinada entre todos los agentes pertinentes a todos los niveles de gobernanza (local, regional y nacional), así como con la sociedad civil y el sector privado; que unas legislaciones y acciones antiterroristas y en materia de seguridad eficaces, así como las medidas destinadas a combatir y prevenir la incitación al odio y el extremismo violento, deben estar siempre sujetas a obligaciones en materia de derechos fundamentales, a fin de evitar conflictos con la protección de la libertad de expresión;

AD.  Considerando que, como recuerda el Consejo de Europa, la denuncia de irregularidades es un aspecto fundamental de la libertad de expresión y desempeña un papel central en la detección y notificación de las mismas, así como en el refuerzo de la rendición de cuentas democrática y la transparencia; que la denuncia de irregularidades es una fuente de información clave en la lucha contra la delincuencia organizada, la investigación, la detección y la publicación de casos de corrupción en los sectores público y privado y en la detección de sistemas de elusión fiscal creados por empresas privadas; que una protección adecuada de los denunciantes de irregularidades a escala de la Unión, nacional e internacional, así como la promoción de una cultura del reconocimiento de la importante función que desempeñan en la sociedad, son condiciones previas necesarias para garantizar la eficacia de esta función;

AE.  Considerando que, en el contexto de la lucha contra la corrupción y la mala administración en la Unión, el periodismo de investigación debería recibir una consideración particular y ayuda financiera en calidad de instrumento al servicio del bien público;

AF.  Considerando que, según las conclusiones del Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación, la propiedad de los medios de comunicación sigue estando muy concentrada, lo que constituye un riesgo considerable para la diversidad de la información y los puntos de vista representados en los contenidos mediáticos;

AG.  Considerando que la cobertura de los asuntos de la Unión y la labor de las instituciones y agencias de la Unión deberían ajustarse asimismo a los criterios de pluralismo y libertad de los medios de comunicación, al igual que la cobertura de las noticias nacionales, y deberían contar con un soporte multilingüe para llegar al máximo número de ciudadanos de la Unión;

1.  Pide a los Estados miembros que adopten medidas apropiadas, entre ellas garantizar una financiación pública adecuada, para salvaguardar y promover un paisaje mediático pluralista, independiente y libre al servicio de una sociedad democrática, lo que incluye la independencia y sostenibilidad de los medios de comunicación de servicio público y de la comunidad y de los medios de comunicación populares, que constituyen elementos esenciales de un entorno favorable para garantizar el derecho fundamental a la libertad de expresión e información;

2.  Insiste en la responsabilidad compartida de legisladores, periodistas, editores e intermediarios de internet, pero también de los ciudadanos como consumidores de información;

3.  Pide a las instituciones de la Unión que garanticen la plena aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en todas sus decisiones, acciones y políticas, como medio para defender plenamente el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación frente a la influencia indebida de las autoridades públicas nacionales; pide a la Comisión, en este sentido, que introduzca evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos en la valoración de sus propuestas legislativas y que presente una propuesta para la creación de un mecanismo de la Unión sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales conforme con la resolución pertinente del Parlamento de 25 de octubre de 2016;

4.  Hace hincapié en la necesidad de que se establezcan mecanismos independientes de seguimiento para evaluar la situación de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión, como medio para promover y proteger los derechos y libertades consagrados en el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el artículo 10 del CEDH así como para reaccionar con rapidez a sus posibles amenazas y violaciones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y refuercen plenamente los instrumentos ya desarrollados en este sentido, como por ejemplo el Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación y la plataforma del Consejo de Europa para la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas;

5.  Pide a la Comisión, en su calidad de guardiana de los tratados, que trate los intentos de los Gobiernos de los Estados miembros de perjudicar la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación como un abuso de poder grave y sistémico y un ataque contra los valores fundamentales de la Unión Europea consagrados en el artículo 2 del TUE que representan, habida cuenta de que los derechos a la libertad de expresión y de opinión son derechos humanos fundamentales, y que la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios de comunicación desempeñan un papel esencial en una sociedad democrática, al actuar también como instrumentos de control del Gobierno y el poder estatal;

6.  Pide a los Estados miembros que lleven a cabo un análisis independiente de sus leyes y prácticas pertinentes con el fin de proteger la libertad de expresión y la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación;

7.  Expresa su honda preocupación por los abusos, los crímenes y los atentados mortales que se siguen cometiendo contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en los Estados miembros por sus actividades; insta a los Estados miembros a que hagan todo lo posible para impedir dicha violencia, garantizar que se responda ante la justicia, evitar la impunidad y garantizar que las víctimas y sus familias tengan acceso a las vías de recurso apropiadas; pide a los Estados miembros que creen un órgano independiente e imparcial, en cooperación con las organizaciones de periodistas, para vigilar y documentar la violencia y las amenazas contra los periodistas, e informar al respecto, y abordar la protección y la seguridad de los periodistas a nivel nacional; pide además a los Estados miembros que apliquen plenamente la recomendación del Consejo de Europa CM/Rec(2016)4 sobre la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación;

8.  Expresa su preocupación por el empeoramiento de las condiciones laborales de los periodistas y la cantidad de violencia psicológica de que son testigos; pide, por tanto, a los Estados miembros que establezcan planes de acción, en estrecha colaboración con las organizaciones de periodistas, a fin de mejorar las condiciones laborales de los periodistas y velar por que no sean víctimas de violencia psicológica;

9.  Manifiesta su preocupación por la situación de la libertad de prensa en Malta tras el asesinato, en octubre de 2017, de la periodista que luchaba contra la corrupción Daphne Caruana Galizia, quien también fue objeto de acoso, incluida una decisión judicial cautelar que congeló sus cuentas bancarias, y de amenazas por parte de empresas multinacionales;

10.  Condena enérgicamente el asesinato del periodista de investigación eslovaco Ján Kuciak y de su compañera Martina Kušnírová;

11.  Acoge con satisfacción la decisión de que la sala de prensa del Parlamento Europeo reciba el nombre de la periodista asesinada Daphne Caruana Galizia; reitera, en este contexto, su petición de que un premio anual del Parlamento Europeo para el periodismo de investigación lleve el nombre de Daphne Caruana Galizia;

12.  Pide a la Conferencia de Presidentes que presente una propuesta sobre el modo en que el Parlamento podría honrar la labor de Ján Kuciak, y que considere la posibilidad de cambiar la denominación de la beca del Parlamento para periodistas en honor de Ján Kuciak;

13.  Pide a los Estados miembros que respalden plenamente la iniciativa lanzada por Reporteros sin Fronteras relativa a la creación de un representante especial del secretario general de las Naciones Unidas para la seguridad de los periodistas;

14.  Insta a los Estados miembros a que creen y mantengan, tanto en la legislación como en la práctica, un entorno seguro para los periodistas y otros agentes de los medios de comunicación, incluidos periodistas extranjeros que ejerzan sus actividades periodísticas en los Estados miembros, que les permita realizar su labor con total independencia y sin injerencias indebidas, como por ejemplo amenazas de violencia, acoso, presiones políticas, económicas y financieras, presiones para que revelen fuentes y materiales confidenciales, y vigilancia selectiva; hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros garanticen procedimientos de recurso jurídico eficientes para los periodistas cuya libertad de trabajo se ha visto amenazada de manera injustificada, a fin de evitar la autocensura; destaca la importancia de adoptar un enfoque de género a la hora de considerar medidas encaminadas a abordar la seguridad de los periodistas;

15.  Destaca la importancia de garantizar unas condiciones de trabajo adecuadas para los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación, en pleno cumplimiento de los requisitos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Carta Social Europea, como medio para evitar presiones internas y externas indebidas, dependencia, vulnerabilidad e inestabilidad y, por ende, el riesgo de autocensura; subraya que un periodismo independiente no puede ser garantizado y promovido únicamente por el mercado; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan y desarrollen nuevos modelos económicos socialmente sostenibles destinados a financiar y apoyar un periodismo independiente de calidad y que aseguren que se informa correctamente a los ciudadanos; pide a los Estados miembros que presten un mayor apoyo financiero a los proveedores de servicios públicos y al periodismo de investigación absteniéndose al mismo tiempo de participar en las decisiones editoriales;

16.  Condena los intentos de los gobiernos de silenciar a los medios de comunicación críticos y de abatir la libertad y el pluralismo, entre otras cosas por medio de vías más sofisticadas que no suelen crear una alerta en la plataforma del Consejo de Europa para la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas, como mediante la compra por parte de miembros del Gobierno y sus compinches de medios de comunicación comerciales y el secuestro de medios de comunicación de servicio público para servir intereses partidistas;

17.  Destaca la necesidad de apoyar y ampliar el alcance de las actividades del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación, especialmente de su asistencia jurídica a periodistas amenazados;

18.  Subraya que los profesionales de los medios de comunicación trabajan a menudo en condiciones precarias por lo que respecta a sus contratos, sueldos y garantías sociales, lo que compromete su capacidad para trabajar de manera adecuada y, por ende, obstaculiza la libertad de los medios de comunicación;

19.  Reconoce que la libertad de expresión puede ser objeto de restricciones —siempre que sean dictadas por la ley, persigan un objetivo legítimo y sean necesarias en una sociedad democrática— en beneficio de, entre otros aspectos, la protección de la reputación y los derechos de otros; manifiesta su preocupación, no obstante, por los efectos negativos y disuasorios que la legislación penal sobre difamación puede tener sobre el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa y el debate público; insta a los Estados miembros a que se abstengan de todo abuso de la legislación penal sobre difamación estableciendo un equilibrio justo entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al respeto de la vida privada y familiar, incluida la reputación, al tiempo que se asegura el derecho a un recurso efectivo y se evitan castigos y sanciones excesivamente severos y desproporcionados, de conformidad con los criterios establecidos por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

20.  Pide a la Comisión que proponga una directiva contra las demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP por sus siglas en inglés) que protegerá a los medios independientes de acciones legales vejatorias destinadas a silenciarlos o intimidarlos en la Unión;

21.  Considera que la participación en los procesos democráticos se basa, en primer lugar y por encima de todo, en el acceso efectivo y no discriminatorio a la información y al conocimiento; pide a la Unión y a los Estados miembros que desarrollen políticas adecuadas para lograr el acceso universal a internet y que reconozcan el acceso a internet —incluida la neutralidad de la red— como un derecho fundamental;

22.  Lamenta la decisión adoptada por la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU. de derogar las normas de 2015 relativas a la neutralidad de la red y pone de relieve las consecuencias negativas que podría tener dicha decisión, en un mundo digital interconectado globalmente, en el derecho de acceso a información sin discriminación; pide a la Unión y a los Estados miembros que sigan la senda del fortalecimiento del principio de la neutralidad de la red elaborando y promoviendo las directrices del Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) relativas a la aplicación de los reguladores nacionales de las normas europeas sobre la neutralidad de la red;

23.  Destaca el importante papel que desempeñan los medios de comunicación independientes y plurales en el debate político y en el derecho a una información plural tanto durante los mandatos electorales como en los períodos transitorios; subraya la necesidad de garantizar plenamente la libertad de expresión de todos los actores políticos, con arreglo a las disposiciones de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y de basar su presencia en los organismos de radiotelevisión pública en criterios periodísticos y profesionales y no en su grado de representatividad institucional o sus opiniones políticas;

24.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que se abstengan de adoptar medidas innecesarias encaminadas a restringir de manera arbitraria el acceso a internet y el ejercicio de derechos humanos básicos o a controlar las comunicaciones públicas, tales como la adopción de normas represivas sobre el establecimiento y el funcionamiento de medios de comunicación o páginas web, la imposición arbitraria de estados de excepción, el control técnico sobre las tecnologías digitales —es decir, el bloqueo, el filtrado, la interferencia intencionada y el cierre de los espacios digitales— o la privatización de facto de las medidas de control, presionando a los intermediarios para que adopten medidas destinadas a restringir o eliminar los contenidos de internet; pide a la Unión y a los Estados miembros, asimismo, que eviten que tales medidas sean adoptadas por operadores privados;

25.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la transparencia total por parte de las empresas privadas y los Gobiernos a la hora de utilizar algoritmos, inteligencia artificial y decisiones automatizadas, que no deben aplicarse y desarrollarse de manera que bloqueen arbitrariamente, filtren y eliminen contenidos de internet, ni con dicha intención, y que garanticen que toda política y estrategia digital de la Unión se elabore utilizando un enfoque basado en los derechos humanos, previendo los recursos y las salvaguardias adecuados y respetando plenamente las disposiciones pertinentes de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión y del CEDH;

26.  Reitera que el ciberacoso, la pornografía vengativa y el material relacionado con abusos sexuales a menores constituyen una preocupación cada vez mayor en nuestras sociedades y pueden tener repercusiones extremadamente graves, especialmente entre los jóvenes y los niños, y destaca que deben respetarse plenamente los intereses y derechos de los menores en el contexto de los medios de comunicación de masas; anima a todos los Estados miembros a establecer una legislación con perspectiva de futuro para abordar este fenómeno, en particular disposiciones que permitan detectar, determinar y eliminar de los medios sociales los contenidos perjudiciales para la dignidad humana; insta a la Comisión y a sus Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos destinados a desarrollar contranarrativas eficaces y a que faciliten directrices claras que proporcionen seguridad y predictibilidad jurídicas para los usuarios, los prestadores de servicios y el sector de internet en su conjunto, garantizando la posibilidad de recurso judicial con arreglo a la legislación nacional, con el fin de reaccionar contra el uso indebido de los medios sociales con fines terroristas; hace hincapié, no obstante, en que cualquier medida que restrinja o suprima los contenidos de internet solo debe adoptarse en circunstancias especificadas, explícitas y legítimas y bajo estricta supervisión judicial, en consonancia con las normas internacionales, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el artículo 52 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

27.  Toma nota del código de conducta relativo a la lucha contra la incitación ilegal al odio, promovido por la Comisión; destaca el gran margen de discreción dejado a las empresas privadas para determinar lo que constituye una «ilegalidad» y pide que se restrinja dicho margen para evitar cualquier riesgo de censura y restricciones arbitrarias de la libertad de expresión;

28.  Se reafirma en que el anonimato y el encriptado son instrumentos esenciales para el ejercicio de los derechos y las libertades democráticos, para el fomento de la confianza en las infraestructuras digitales y las comunicaciones, y para la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas; reconoce que el encriptado y el anonimato ofrecen la privacidad y seguridad necesarias para el ejercicio del derecho a la libertad de opinión y de expresión en la era digital, y recuerda que el libre acceso a la información implica necesariamente la protección de la información personal que los ciudadanos dejan tras de sí al llevar a cabo actividades en línea; toma nota de que el encriptado y el anonimato también pueden dar lugar a abusos e irregularidades y dificultar la prevención de las actividades delictivas y la realización de investigaciones, tal y como han señalado funcionarios de policía y encargados de la lucha contra el terrorismo; recuerda que las restricciones en materia de encriptado y anonimato deben limitarse estrictamente de conformidad con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que suscriban y apliquen en su totalidad las recomendaciones establecidas en el Informe del relator especial de las Naciones Unidas, de 22 de mayo de 2015, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, en el que se aborda el uso del encriptado y el anonimato en las comunicaciones digitales;

29.  Anima a que se desarrollen códigos éticos para los periodistas y para quienes participan en la gestión de los medios de comunicación, con el fin de garantizar la total independencia de los periodistas y los medios de comunicación;

30.  Subraya que las autoridades policiales y judiciales se enfrentan a muchos obstáculos a la hora de investigar y perseguir delitos en línea, también a causa de las discrepancias entre las legislaciones de los Estados miembros;

31.  Observa que en el cambiante ecosistema mediático digital han aparecido nuevos intermediarios con la capacidad de influir en la información y las ideas en línea, así como de controlarlas, adquiriendo la función y la facultad de filtrar; destaca que deben existir suficientes canales, servicios y fuentes en línea independientes y autónomos que puedan facilitar al público una pluralidad de opiniones e ideas democráticas sobre cuestiones de interés general; pide a los Estados miembros que elaboren políticas y medidas nacionales en este sentido o desarrollen las existentes;

32.  Reconoce que el nuevo entorno digital ha exacerbado el problema de la propagación de la desinformación, o las denominados noticias falsas; recuerda, no obstante, que no se trata de un fenómeno nuevo ni tampoco se limita al ámbito de internet; hace hincapié en la importancia de garantizar el derecho a una información de calidad mejorando el acceso de los ciudadanos a información fiable y evitando la propagación de desinformación en línea y fuera de línea; recuerda que el uso de la expresión «noticias falsas» no debe tener nunca por objeto socavar la confianza pública en los medios de comunicación o desacreditar o criminalizar a voces críticas; expresa su preocupación ante la posible amenaza que pueden representar este tipo de noticias para la libertad de expresión y de opinión y para la independencia de los medios de comunicación, al tiempo que destaca los efectos negativos que puede tener la difusión de noticias falsas en la calidad del debate político y en la participación bien informada de los ciudadanos en la sociedad democrática; destaca la importancia de garantizar unos mecanismos eficaces de autorregulación basados en los principios de exactitud y transparencia y de prever unas obligaciones e instrumentos adecuados en materia de verificación de fuentes, y de comprobación de los hechos por parte de terceras organizaciones certificadas como independientes e imparciales, con el fin de garantizar la objetividad de la información y su protección;

33.  Insta a las empresas de medios sociales y a las plataformas en línea a que desarrollen instrumentos que permitan a los usuarios notificar y determinar posibles noticias falsas con el fin de hacer posible la oportuna corrección de la información y permitir el análisis de los hechos por parte de terceras organizaciones certificadas como independientes e imparciales, encargadas de proporcionar definiciones precisas de noticias falsas y desinformación, a fin de reducir el margen de discreción otorgado a los agentes del sector privado, y a que mantengan su presencia en la red con la etiqueta de noticia falsa, de forma que se genere un debate público y se impida que la misma noticia falsa vuelva a aparecer en otra forma;

34.  Acoge con satisfacción la decisión de la Comisión de establecer un Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre las noticias falsas y la desinformación en línea compuesto de representantes de la sociedad civil, plataformas de medios sociales, organizaciones de medios informativos, periodistas y círculos académicos, con el fin de analizar estas amenazas emergentes y proponer la adopción de medidas operativas a escala europea y nacional;

35.  Subraya la responsabilidad de los agentes en línea a la hora de evitar la difusión de información no verificada o falaz con el único fin de aumentar el tráfico en línea mediante el uso, por ejemplo, del denominado ciberanzuelo;

36.  Reconoce que el papel y la inversión de los editores de prensa en el periodismo de investigación, profesional e independiente resulta fundamental para luchar contra la proliferación de noticias falsas, y destaca la necesidad de garantizar la sostenibilidad de los contenidos de prensa editorial pluralistas; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que inviertan recursos financieros suficientes en alfabetización mediática y digital y en el desarrollo de estrategias de comunicación, junto con organizaciones internacionales y de la sociedad civil, con el fin de capacitar a los ciudadanos y usuarios en línea para que reconozcan y sean conscientes de las fuentes de información dudosas y detecten y expongan deliberadamente contenidos falsos y propaganda; a este fin, pide asimismo a los Estados miembros que integren la alfabetización mediática e informativa en los sistemas educativos nacionales; pide a la Comisión que considere las mejores prácticas desde una perspectiva nacional a fin de asegurar la calidad del periodismo y la fiabilidad de la información publicada;

37.  Reitera el derecho de cada individuo a decidir el destino de sus datos personales, en particular el derecho exclusivo a controlar el uso y la divulgación de información personal y el derecho al olvido que se define como la posibilidad de obtener la pronta eliminación, de los medios sociales y los sitios web, de aquellos contenidos que pudieran ser perjudiciales para su propia dignidad;

38.  Reconoce que internet y, en términos más generales, el desarrollo del entorno digital han ampliado el alcance de varios derechos humanos, tal y como demuestra, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 13 de mayo de 2014, en el asunto C-131/12, Google Spain S.L. y Google Inc./Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y Mario Costeja González(11); pide, en este sentido, a las instituciones de la Unión que inicien un proceso participativo con vistas a la elaboración de una Carta Europea de los Derechos de Internet, teniendo en cuenta las mejores prácticas desarrolladas en los Estados miembros —en particular la Declaración de Derechos de Internet italiana— como punto de referencia, junto con los instrumentos europeos internacionales pertinentes en materia de derechos humanos, para la regulación de la esfera digital;

39.  Destaca el papel fundamental de los denunciantes de irregularidades a la hora de salvaguardar el interés público y de promover una cultura de responsabilidad e integridad públicas tanto en instituciones públicas como privadas; reitera su llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que establezcan y apliquen un marco idóneo, avanzado e integral para la legislación europea común con vistas a proteger a los denunciantes de irregularidades apoyando plenamente las recomendaciones del Consejo de Europa y siguiendo adecuadamente las recientes Resoluciones del Parlamento de 14 de febrero y 24 de octubre de 2017; considera necesario garantizar que los mecanismos de denuncia sean accesibles y seguros y que se investiguen de modo profesional las demandas de los denunciantes de irregularidades y los periodistas de investigación;

40.  Destaca que la protección legal de los denunciantes de irregularidades cuando divulgan públicamente información reposa principalmente en el derecho del público a recibirla; hace hincapié en que nadie debe perder el beneficio de la protección por el mero hecho de haber podido cometer un error en la apreciación de los hechos o porque la amenaza percibida para el interés general no se haya materializado, siempre que, en el momento de la denuncia, tuviera motivos razonables para creer en su veracidad; recuerda que las personas que proporcionan deliberadamente información errónea o engañosa a las autoridades competentes no deben considerarse denunciantes de irregularidades y, por tanto, no deben beneficiarse de los mecanismos de protección; destaca, además, que debe concederse el derecho a la tutela judicial efectiva a toda aquella persona perjudicada, directa o indirectamente, por la denuncia o divulgación de información malintencionada o engañosa;

41.  Anima tanto a la Comisión como a los Estados miembros a que adopten medidas para proteger la confidencialidad de las fuentes de información a fin de evitar cualquier acción discriminatoria o amenaza;

42.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que los periodistas dispongan de las herramientas adecuadas y reciban información de la Unión y de las autoridades de las administraciones públicas de los Estados miembros, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos, sin tener que enfrentarse a decisiones arbitrarias en las que se deniegue este derecho de acceso; observa que la información obtenida mediante el derecho de investigación por parte de los periodistas o de los ciudadanos, incluida la información obtenida a través de los denunciantes de irregularidades, es a la vez complementaria y esencial para que los periodistas puedan llevar a cabo su misión de interés público; reitera que el acceso a fuentes y acontecimientos públicos ha de depender de criterios objetivos, no discriminatorios y transparentes;

43.  Hace hincapié en que la libertad de prensa requiere la independencia del poder político y económico, lo que implica un trato equitativo con independencia de su orientación editorial; reitera la importancia de preservar un periodismo que se beneficie de mecanismos que eviten la concentración en grupos únicos, monopolísticos o cuasi monopolísticos, velando por la libre competencia y la diversidad editorial; pide a los Estados miembros que adopten y apliquen un reglamento sobre la propiedad de los medios de comunicación con el fin de evitar la concentración horizontal de la propiedad en el sector de los medios de comunicación y la propiedad indirecta y cruzada, y garantizar la transparencia, la divulgación y la fácil accesibilidad de los ciudadanos a la información sobre la propiedad, las fuentes de financiación y la gestión; destaca la importancia de aplicar restricciones adecuadas a la propiedad de medios de comunicación por parte de personas que ostenten un cargo público y de asegurar una supervisión independiente y unos mecanismos de cumplimiento eficaces para evitar los conflictos de intereses y las puertas giratorias; considera fundamental disponer de autoridades independientes e imparciales a fin de garantizar una supervisión eficaz del sector de los medios audiovisuales;

44.  Insta a los Estados miembros a que desarrollen sus propias capacidades estratégicas y participen con las comunidades locales de la Unión y de la vecindad de la Unión en el fomento de un entorno de medios de comunicación pluralistas y a comuniquen las políticas de la Unión de forma coherente y eficaz;

45.  Invita a los Estados miembros a que apoyen y respalden plenamente la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre el pluralismo de los medios de comunicación y la transparencia de la propiedad de los medios de comunicación, adoptada el 7 de marzo de 2018;

46.  Recuerda el importante papel que desempeñan los entes públicos de radiodifusión a la hora de preservar el pluralismo de los medios de comunicación, tal y como pone de relieve el Protocolo n.º 29 de los Tratados; pide a los Estados miembros que les faciliten los medios financieros y técnicos adecuados para desempeñar su función social y servir al interés público; pide, en este sentido, a los Estados miembros que garanticen su independencia editorial, protegiéndoles, mediante marcos normativos claramente definidos, de cualquier injerencia e influencia gubernamental, política y comercial, a la vez que aseguran una autonomía plena de gestión e independencia de todos los organismos y entidades públicos con competencias en los ámbitos de la radiodifusión y las telecomunicaciones;

47.  Insta a los Estados miembros a que armonicen sus políticas de concesión de licencias para empresas nacionales de radiodifusión con el principio del respeto del pluralismo de los medios de comunicación; destaca que las tasas aplicadas y la rigurosidad de las obligaciones relacionadas con la emisión de licencias deben someterse a un control y no deben poner en peligro la libertad de los medios de comunicación;

48.  Pide a la Comisión que compruebe si los Estados miembros asignan licencias de emisión conforme a criterios objetivos, transparentes, proporcionales y no discriminatorios;

49.  Sugiere que, a fin de proteger de forma eficiente la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, se prohíba en la contratación pública la participación de empresas cuyo propietario en último término también sea propietario de una empresa de medios de comunicación, o que, como mínimo, sea totalmente transparente; propone que se exija a los Estados miembros informar periódicamente sobre toda la financiación pública de las empresas de medios de comunicación y que se controle con regularidad toda la financiación pública puesta a disposición de los propietarios de medios de comunicación; hace hincapié en que los propietarios de medios de comunicación no deben haber sido condenados o declarados culpables de ninguna infracción penal;

50.  Subraya que toda financiación pública de organizaciones de medios de comunicación debe concederse sobre la base de criterios no discriminatorios, objetivos y transparentes, que han de darse a conocer de antemano a todos los medios;

51.  Recuerda que los Estados miembros deben encontrar modos de apoyar a los medios de comunicación, garantizando, por ejemplo, la neutralidad del IVA, tal y como se recomendaba en su Resolución, de 13 de octubre de 2011, sobre el futuro del IVA(12), y respaldando iniciativas relacionadas con los medios de comunicación;

52.  Pide a la Comisión que destine financiación permanente y adecuada del presupuesto de la Unión para prestar apoyo al Observatorio de la Pluralidad Mediática del Centro para la Libertad y el Pluralismo en los Medios de Comunicación y que cree un mecanismo anual de evaluación de los riesgos para el pluralismo de los medios de comunicación en los Estados miembros; hace hincapié en que debe aplicarse el mismo mecanismo para medir el pluralismo de los medios de comunicación en los países candidatos y en que los resultados del Observatorio de la Pluralidad Mediática deben incidir de manera real en el progreso del proceso de negociación;

53.  Pide a la Comisión que vigile y recabe información y estadísticas sobre la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación en todos los Estados miembros y que analice en profundidad los casos de infracción de los derechos fundamentales de los periodistas al tiempo que respeta el principio de subsidiariedad;

54.  Subraya la necesidad de intensificar el intercambio de mejores prácticas entre las autoridades reguladoras del sector audiovisual de los Estados miembros;

55.  Pide a la Comisión que tenga en cuenta las recomendaciones recogidas en la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; pide, en este sentido, a la Comisión que incluya los resultados y las recomendaciones del Observatorio de la Pluralidad Mediática sobre los riesgos para el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación en la Unión al elaborar su informe anual sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales;

56.  Anima a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para fortalecer la alfabetización mediática y promover iniciativas de formación y educación para todos los ciudadanos, mediante la educación formal, no formal e informal y desde una perspectiva de aprendizaje permanente, prestando también especial atención a la formación y al apoyo iniciales y continuados de los docentes e impulsando el diálogo y la cooperación entre el sector educativo y de la formación y todas las partes interesadas, incluidos los profesionales de los medios de comunicación, la sociedad civil y las organizaciones juveniles; reafirma la necesidad de respaldar las herramientas innovadoras y adaptadas por edades para promover la capacitación y la seguridad en línea como elementos obligatorios de los planes de estudios en las escuelas, así como de reducir la brecha digital mediante proyectos específicos de alfabetización mediática e inversiones adecuadas en infraestructuras, con objeto de garantizar el acceso universal a la información;

57.  Hace hincapié en que el desarrollo de un sentido de valoración y análisis crítico con respecto al uso y la creación de los contenidos de los medios de comunicación es fundamental para que los ciudadanos entiendan mejor los temas de actualidad y participen en la vida pública, así como para que conozcan tanto el potencial transformador como las amenazas que conlleva un entorno mediático cada vez más complejo e interconectado; insiste en que la alfabetización mediática es una competencia crucial en democracia que capacita a los ciudadanos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren medidas específicas para promover y respaldar proyectos de alfabetización mediática, como el proyecto piloto «Alfabetización mediática para todos», y que desarrollen una política global en materia de alfabetización mediática destinada a los ciudadanos de todas las edades y todos los tipos de medios de comunicación, como parte integrante de la política de educación de la Unión, que esté respaldada como corresponde por los instrumentos de financiación pertinentes de la Unión, como los Fondos EIE y Horizonte 2020;

58.  Constata con preocupación que, tal como destacaba el Observatorio del Pluralismo de los Medios de Comunicación de 2016, está en peligro el acceso de las minorías, las comunidades locales y regionales, las mujeres y las personas con discapacidad a los medios de comunicación; destaca que unos medios de comunicación inclusivos son esenciales en un entorno mediático abierto, libre y plural, y que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a información independiente en su lengua materna, ya se trate de una lengua estatal o de una lengua minoritaria; subraya la importancia de proporcionar a los periodistas europeos, en especial a aquellos que trabajan en lenguas menos utilizadas y minoritarias, oportunidades adecuadas de formación y reciclaje profesional; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que estimulen y respalden la investigación, los proyectos y las políticas que pretenden mejorar el acceso a los medios de comunicación, así como las iniciativas pertinentes orientadas a grupos minoritarios vulnerables (como el proyecto piloto «Posibilidades de prácticas para los medios de comunicación en lenguas minoritarias»), y que garanticen oportunidades de participación y expresión para todos los ciudadanos;

59.  Anima al sector de los medios de comunicación a que proteja la igualdad de género en la política y en la práctica de los medios de comunicación, mediante mecanismos de corregulación, códigos internos de conducta y otras acciones voluntarias;

60.  Insta a la Comisión y a los Estados miembros a comprometerse en campañas sociales, programas educativos, y más actividades de formación y sensibilización específicas (también para los responsables de la industria) encaminados a promover valores y prácticas igualitarios mediante financiación y promoción a escala nacional y europea, con el fin de abordar eficazmente la desigualdad de género en el sector de los medios de comunicación;

61.  Recomienda que la Comisión desarrolle una estrategia para el sector de los medios de comunicación europeos basada en la innovación y la sostenibilidad; considera que esa estrategia debe reforzar la cooperación transfronteriza y las coproducciones entre agentes de los medios de la Unión, con el fin de poner de relieve su diversidad y promover el diálogo intercultural, reforzar la cooperación con las redacciones y los servicios audiovisuales de todas las instituciones europeas, en particular los del Parlamento, y favorecer la cobertura y la visibilidad de los asuntos de la Unión en los medios de comunicación;

62.  Hace hincapié en la importancia de seguir desarrollando modelos para la creación de una plataforma de radiodifusión pública europea que promueva debates políticos a escala de la Unión basados en los hechos, la disensión y el respeto, contribuya a la pluralidad de puntos de vista en el nuevo entorno de convergencia de los medios y promueva la visibilidad de la Unión en sus relaciones exteriores;

63.  Pide que la Comisión y los Estados miembros protejan la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión en las artes contemporáneas, promoviendo la creación de obras de arte que den voz a las preocupaciones sociales, alienten el debate crítico e inspiren una contranarrativa;

64.  Destaca la necesidad de suprimir el geobloqueo en los contenidos de los medios de comunicación a fin de permitir a los ciudadanos de la Unión acceder en línea, a petición y reproducir escenas en directo de las cadenas de televisión de otros Estados miembros;

65.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al secretario general del Consejo de Europa.

(1) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.
(2) DO C 55 de 12.2.2016, p. 33.
(3) DO C 378 de 9.11.2017, p. 104.
(4) DO C 355 de 20.10.2017, p. 51.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0095.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0409.
(7) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0022.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0402.
(9) DO C 32 de 4.2.2014, p. 6.
(10) DO L 88 de 31.3.2017, p. 6.
(11) ECLI:EU:C: 2014:317.
(12) DO C 94 E de 3.4.2013, p. 5.

Última actualización: 7 de noviembre de 2018Aviso jurídico