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Procedimiento : 2018/2634(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0274/2018

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B8-0274/2018

Debates :

PV 13/06/2018 - 17

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PV 14/06/2018 - 7.12
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P8_TA(2018)0267

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Jueves 14 de junio de 2018 - Estrasburgo Edición definitiva
Negociaciones de un nuevo Acuerdo de Asociación UE-ACP
P8_TA(2018)0267B8-0274/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2018, sobre las próximas negociaciones de un nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Grupo de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico (2018/2634(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 («Acuerdo de Cotonú»), y sus revisiones de 2005 y 2010(1),

–  Vistos el Acuerdo de Georgetown de 1975 por el que se instituye el Grupo ACP y su revisión de 1992(2),

–  Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2016, sobre el futuro de las relaciones ACP‑UE después de 2020(3),

–  Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre una mayor eficacia de la cooperación al desarrollo(4),

–  Vista la Recomendación de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, de Decisión del Consejo por la que se autoriza el inicio de las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico (COM(2017)0763),

–  Vista la Comunicación conjunta de la Comisión Europea y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Una asociación renovada con los países de África, el Caribe y el Pacífico» (JOIN(2016)0052),

–  Visto el Documento de consulta conjunto de la Comisión Europea y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 6 de octubre de 2015, titulado «Hacia una nueva asociación entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico después de 2020» (JOIN(2015)0033),

–  Vistos la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible, así como el documento final aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015 titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible» y los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS),

–  Vista la declaración conjunta del Parlamento, del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo y de la Comisión, de 7 de junio de 2017, sobre el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo: «Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro»,

–  Vistos los dictámenes del Comité Económico y Social Europeo, de 7 de diciembre de 2017, sobre una asociación renovada con los países de África, el Caribe y el Pacífico, y de 12 de mayo de 2016, sobre el futuro de las relaciones de la UE con los países ACP,

–  Vistas la 7.ª y la 8.ª Cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de los países ACP celebradas, respectivamente, en Malabo (13 y 14 de diciembre de 2012) y Port Moresby (4 de mayo de 2016),

–  Vistas la 103.ª y la 105.ª Reuniones del Consejo de Ministros ACP‑UE celebradas, respectivamente, en Dakar (26 y 27 de abril de 2016) y Bruselas (3 y 4 de mayo de 2017),

–  Vista la Cumbre de la Unión Europea y la Unión Africana (UA), celebrada en Abiyán los días 29 y 30 de noviembre de 2017,

–  Visto el informe de marzo de 2016 del Grupo de Personalidades Eminentes de ACP sobre el futuro del Grupo ACP después de 2020,

–  Vista su Resolución, de 6 de octubre de 2015, sobre el papel de las autoridades locales de los países en desarrollo en la cooperación para el desarrollo(5),

–  Vista la declaración, de 1 de junio de 2016, de la 8.ª Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países ACP del Grupo de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico,

–  Vistas su Resolución, de 11 de febrero de 2015, sobre los trabajos de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP‑UE(6) y las Resoluciones aprobadas por dicha Asamblea,

–  Vista la declaración de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP‑UE, de 21 de diciembre de 2016, sobre la dimensión parlamentaria de las relaciones ACP‑UE tras el Acuerdo de Cotonú(7),

–  Vista la declaración conjunta de los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP‑UE, de 9 de diciembre de 2015, sobre el futuro de las relaciones ACP‑UE(8),

–  Vistos los artículos 208 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación,

–  Vistas las preguntas al Consejo y a la Comisión sobre las negociaciones de un nuevo Acuerdo de Asociación con los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (O‑000043/2018 – B8‑0025/2018 y O‑000044/2018 – B8‑0026/2018),

–  Vista la propuesta de Resolución de la Comisión de Desarrollo,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la fuerza y el acervo del Acuerdo de Cotonú se basan en una serie de características únicas, como una naturaleza jurídicamente vinculante, un amplio alcance articulado en los tres pilares de cooperación para el desarrollo, cooperación política, y cooperación económica y comercial, y un cuantioso presupuesto con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo (FED);

B.  Considerando que la Asociación ACP‑UE ha desempeñado un importante papel en el avance hacia la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio (ODM), a pesar de que la Unión no ha alcanzado el objetivo de destinar el 0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) a la ayuda oficial al desarrollo (AOD);

C.  Considerando que la Asociación ACP‑UE ha contribuido considerablemente a la erradicación de la pobreza y a la integración de los Estados ACP en la economía mundial, así como en cuanto parte negociadora de mayor eficacia a nivel mundial en los debates multilaterales en materia de comercio y cambio climático;

D.  Considerando que la Asociación ACP‑UE ha mejorado el acceso al mercado para los Estados ACP y los Estados miembros de la Unión e impulsado un mayor entendimiento mutuo de posiciones, valores y normas a través del diálogo político entre ellos;

E.  Considerando que, si bien la Asociación ACP‑UE ha contribuido sobremanera a avanzar en cuanto a los ODM, los resultados en lo que respecta a los objetivos de erradicación de la pobreza e integración de los Estados ACP en la economía mundial no han sido satisfactorios hasta la fecha, dado que la mitad de ellos siguen encontrándose entre los países menos desarrollados del planeta y el conjunto de estos Estados representa menos del 5 % del comercio mundial y alrededor del 2 % del PIB mundial;

F.  Considerando que la instauración de la UA, la Estrategia conjunta África‑UE, la Estrategia Conjunta de Asociación UE‑Caribe y la Estrategia UE‑Pacífico son buena muestra del enfoque cada vez más regional de la Unión a la hora de abordar cuestiones de interés y preocupación comunes, como la paz y la seguridad, el terrorismo, o la migración;

G.  Considerando que la paz, la seguridad y la estabilidad política son requisitos indispensables para el desarrollo sostenible;

H.  Considerando que la base común y los pactos regionales deben tener en cuenta los casos concretos regionales y continentales, de conformidad con los principios de subsidiariedad y complementariedad;

I.  Considerando que los Estados ACP han determinado tres pilares para las negociaciones, concretamente:

   el comercio, la inversión y los servicios;
   la cooperación para el desarrollo, la ciencia y la tecnología, y la investigación y la innovación, y
   el diálogo político y su defensa;

J.  Considerando que el diálogo político sobre los elementos esenciales contemplado en los artículos 8 y 96 del Acuerdo de Cotonú es un medio concreto y legal de defender los valores comunes de la Asociación ACP‑UE y fomentar la democracia, el buen gobierno y los derechos humanos, que son fundamentales para el desarrollo sostenible;

K.  Considerando que existe una clara necesidad de garantizar que, en el nuevo Acuerdo, se mantenga la condicionalidad en relación con los derechos humanos y se refuerce el diálogo político;

L.  Considerando que, pese al claro reconocimiento de la función de los Parlamentos nacionales, las autoridades locales, la sociedad civil y el sector privado en la revisión de 2010 del Acuerdo de Cotonú, la participación de estos en las deliberaciones sobre las políticas y actividades ACP‑UE ha sido limitada, en particular en los procesos de planificación, seguimiento y evaluación;

M.  Considerando que el diálogo político se ha utilizado en gran medida en una fase tardía de las crisis políticas, no como medida preventiva;

N.  Considerando que las organizaciones de la sociedad civil se enfrentan cada vez más a legislaciones restrictivas y a otros obstáculos que limitan sus actividades y espacio;

O.  Considerando que la capacidad técnica en muchos Estados ACP para gestionar asuntos fiscales supone una limitación a la movilización de ingresos nacionales y la participación en la cooperación fiscal internacional;

P.  Considerando que el FED se financia a partir de contribuciones directas de los Estados miembros de la Unión y no está sujeto a las normas presupuestarias normales de esta; que el Parlamento no tiene ni competencias sobre el presupuesto del FED, aparte de en materia de aprobación de la gestión en el caso de los desembolsos ya realizados, ni derechos de control formales sobre la programación del FED;

Q.  Considerando que el refuerzo de la dimensión parlamentaria de la Asociación ACP‑UE y la promoción de su función consultiva deben ser elementos clave de la nueva Asociación;

R.  Considerando que la frecuencia y variedad de las reuniones de la Asamblea Parlamentaria Paritaria (APP) ACP‑UE ha facilitado el diálogo constante entre el Parlamento Europeo y los miembros del Grupo ACP, de modo que se ha consolidado su legitimidad y se ha reforzado la diplomacia parlamentaria; que la APP se ha utilizado como modelo de diplomacia parlamentaria en distintos foros políticos;

1.  Acoge con satisfacción los principales aspectos y la arquitectura general de la cooperación futura entre el grupo de Estados ACP y la Unión Europea que propone la Comisión en su Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza el inicio de las negociaciones sobre un futuro acuerdo de asociación;

2.  Hace hincapié en que esta Asociación ACP‑UE renovada ha de girar en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los ODS y el Consenso Europeo sobre Desarrollo;

3.  Acoge con satisfacción que la consecución de los ODS se considere un objetivo clave, pero lamenta la falta de medidas de aplicación concreta en los pactos que se proponen; destaca la necesidad de integrar cuestiones transversales como la sostenibilidad medioambiental y los objetivos en materia de lucha contra el cambio climático, así como los aspectos de igualdad de género y justicia social, en todas las políticas, planes e intervenciones en el marco del futuro Acuerdo;

4.  Celebra que la propuesta de la Comisión sobre un nuevo acuerdo de asociación esté abierta a socios externos;

5.  Recuerda que el primer ODS de todos es erradicar la pobreza, que sigue siendo un problema fundamental en la mayoría de los Estados ACP; hace hincapié, por lo tanto, en que la lucha contra la pobreza ha de seguir siendo un aspecto central del futuro Acuerdo;

6.  Señala que la Comisión ha tenido en gran parte en cuenta la posición del Parlamento y que la base común y los pactos regionales tendrán fuerza jurídicamente vinculante en la misma medida, tal como ha solicitado el Parlamento;

7.  Recuerda que el futuro Acuerdo de Asociación incluirá los principios de equidad, respeto mutuo e interés mutuo;

8.  Hace hincapié en que los elementos esenciales del Acuerdo de Cotonú (el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, los principios democráticos y el Estado de Derecho, así como la buena gobernanza) deben seguir siendo la base para la cooperación tras 2020 y ser parte integrante del acuerdo de base y de los pactos y protocolos regionales; pide a la Comisión y al Consejo que incluyan expresamente en la parte del mandato en materia de derechos humanos la libertad frente a la discriminación basada en el sexo, el origen étnico o racial, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad, la orientación sexual o la identidad de género, así como la salud y los derechos sexuales y reproductivos según se prevén en la Plataforma de Acción de Pekín de 1995 y en las conclusiones de las conferencias de revisión;

9.  Insiste en la necesidad de abordar la cuestión de los derechos humanos y de la gobernanza sobre la base de los instrumentos jurídicos internacionales, las leyes y los principios y mecanismos existentes que han establecido los órganos de gobernanza regional y panafricana, a fin de reforzar la apropiación;

10.  Recuerda que la futura Asociación entre los Estados ACP y los Estados miembros de la Unión debe incluir la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y contribuir a su aplicación a todos los niveles;

11.  Pide a los negociadores de la Unión y de los Estados ACP que incluyan en la base común del Acuerdo una disposición clara sobre la plena aplicación por todas las partes del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;

12.  Recalca la necesidad de garantizar la coherencia entre los principios establecidos en la base común y las prioridades regionales definidas en los pactos y destaca que la base debe hacer referencia expresa a mecanismos de rendición de cuentas, seguimiento y revisión en caso de incumplimiento; subraya que debe asimismo quedar garantizada la rendición de cuentas de las partes ante los ciudadanos y la sociedad civil, y que las instituciones comunes deben facilitar mecanismos que permitan a la sociedad civil y los ciudadanos denunciar los casos de incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos y otros elementos fundamentales;

13.  Reitera a todas las partes de la negociación que el diálogo político es una parte fundamental del Acuerdo de Cotonú y debe seguir siendo un pilar central y jurídico del nuevo Acuerdo en el marco general y a escala regional;

14.  Subraya que el diálogo político es parte integral de la Asociación y un fundamento valioso para mejorar la situación de las poblaciones de los países socios; pide, por lo tanto, un mejor control de la situación de los derechos humanos en estos países, y hace hincapié en que dicho control debe ser inclusivo, transparente y participativo; destaca la importancia de garantizar una participación significativa de la sociedad civil en el diálogo a todos los niveles;

15.  Recuerda que el diálogo político debe ser equilibrado y basarse en el respeto mutuo;

16.  Destaca que la cooperación entre la Unión y los Estados ACP debe prever un mecanismo de revisión externa por especialistas para hacer un seguimiento periódico del progreso y las lagunas en la aplicación de los ODS, contando con la participación de los Parlamentos, las autoridades locales y la sociedad civil, así como evaluaciones periódicas y la publicación de informes relativos al respeto de los derechos humanos y otros elementos fundamentales; cree que la aplicación de la Agenda 2030 y los ODS requiere legitimidad, proximidad, subsidiariedad y una elevada participación de las autoridades locales y de los agentes no estatales para que sea eficaz; pide una mayor comunicación y diálogo al objeto de estrechar la relación entre los Estados ACP y los de la Unión;

17.  Reitera que los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) constituyen una base para la cooperación regional y que son instrumentos de desarrollo e integración regional; pide, por consiguiente, que los AAE se integren plenamente en el nuevo Acuerdo ACP-UE;

18.  Solicita que se refuerce la influencia política de la Asociación ACP‑UE a escala mundial para que sea posible una mayor efectividad de los socios en cuanto actores mundiales;

19.  Pide que en el futuro Acuerdo se incluyan disposiciones claras que regulen la función y las responsabilidades del sector privado; subraya, en particular, la necesidad de que las empresas que participan en asociaciones para el desarrollo respeten los principios de la responsabilidad social de las empresas a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, incluida la observancia del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, las normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, las normas medioambientales, y la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción; destaca la necesidad de que los Estados tanto de la ACP como de la Unión elaboren planes nacionales para aplicar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, en particular las disposiciones en materia de diligencia debida;

20.  Recuerda que la movilización de recursos nacionales a través de la tributación constituye la fuente más importante de ingresos para la financiación del desarrollo sostenible; lamenta que no se reserve un lugar destacado en el proyecto de mandato a las medidas de lucha contra los flujos financieros ilícitos y la evasión fiscal; pide a las partes negociadoras que incluyan en el nuevo Acuerdo disposiciones ambiciosas en materia de asistencia financiera y técnica a los países en desarrollo con el fin de adaptarse a las normas mundiales emergentes en materia de lucha contra la evasión fiscal, incluido el intercambio automático de información, la información sobre la titularidad real de las empresas y sobre los informes públicos país por país de las multinacionales al objeto de frenar la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, basándose en los modelos del G20 y la OCDE; pide, además, a las partes que se comprometan a apoyar la creación de un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas jurídicamente vinculante sobre cooperación fiscal;

21.  Lamenta que el proyecto de mandato de negociación no prevea disposición alguna tendente a garantizar una dimensión de desarrollo sostenible en la agricultura, a pesar de los retos enormes a los que se enfrentan los agricultores de los Estados ACP a causa del cambio climático; solicita a las partes negociadoras que incluyan en el nuevo Acuerdo regímenes de apoyo a las prácticas agrícolas sostenibles;

22.  Pide una mayor participación de la sociedad civil en el diálogo, la programación y la aplicación en materia de políticas, así como que se brinde apoyo a la mejora de sus capacidades; hace hincapié en la importancia de contar con la participación de la sociedad civil en el diálogo político, especialmente en el caso de aquellos grupos locales que resultan directamente afectados por las políticas; subraya, a este respecto, la amenaza que supone la disminución del margen de actuación de la sociedad civil en algunos países y la necesidad de incluir a grupos, como las minorías, los jóvenes y las mujeres, que no pueden organizarse para defender sus intereses o no son reconocidos por sus Gobiernos a pesar de representar un interés democrático legítimo;

23.  Destaca que la participación de la sociedad civil debe construirse en torno al reconocimiento de las diferentes funciones que desempeña y que debe potenciarse su papel en el Acuerdo en cuanto actor de pleno derecho;

24.  Subraya que los principios de cooperación eficaz en materia de desarrollo deben incorporarse completamente al nuevo Acuerdo de Asociación ACP‑UE y que las disposiciones que garantizan la apropiación por el país, la atención a los resultados, el carácter inclusivo del proceso de desarrollo, la transparencia y la responsabilidad mutua deben ser pilares fundamentales del Acuerdo y de los protocolos regionales; hace hincapié en la necesidad de garantizar, en lo que a la asignación de la ayuda respecta, un enfoque geográficamente equilibrado en el que se preste gran atención a los Estados frágiles y menos desarrollados; estima que supeditar la asignación de ayuda a la cooperación con la Unión en cuestiones migratorias no resulta compatible con los principios acordados de eficacia del desarrollo;

25.  Destaca que la renovación de esta cooperación y asociación entre la Unión y los Estados ACP debe garantizar una acción conjunta más eficaz a la hora de abordar diversos retos a los que se enfrenta el mundo en la actualidad, como la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada;

26.  Reitera que el futuro Acuerdo debe brindar la oportunidad de reforzar los compromisos y el respeto de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD) e incluir mecanismos para su seguimiento sistemático; recuerda, en este sentido, el papel desempeñado por las delegaciones de la Unión en la promoción de la CPD y subraya la necesidad de que entablen diálogos periódicos a nivel nacional;

27.  Destaca la importancia de atraer la inversión del sector privado facilitando el desarrollo a largo plazo de los mercados de capitales locales y reforzando el efecto de apalancamiento de los limitados presupuestos de OAD para maximizar su repercusión y financiar los ODS;

28.  Reitera la importancia de reforzar la dimensión parlamentaria del futuro Acuerdo garantizando que la futura APP disponga a nivel general de verdaderas competencias consultivas y velando por que en ella tenga lugar un diálogo parlamentario democrático y global abierto; pide que se garantice su autonomía jurídica y operativa; insta a que la APP esté estrechamente asociada a la aplicación del Acuerdo, así como a que se le consulten periódicamente todos los temas importantes para la Asociación; opina que la APP debe participar plenamente en las negociaciones sobre la futura Asociación;

29.  Pide un mayor esfuerzo por mejorar el control de la APP sobre la programación de la ayuda al desarrollo;

30.  Tiene el convencimiento de que hacen falta reuniones periódicas, al menos anuales, a nivel de la ACP‑UE para otorgar continuidad y estabilidad a la Asociación y permitir la presentación periódica de informes y la revisión externa por especialistas en relación con los progresos hacia la consecución de los ODS, el respeto de los derechos humanos y otros elementos esenciales del Acuerdo, tal como solicitó el Parlamento;

31.  Recomienda, por consiguiente, que la APP esté en consonancia con la nueva estructura regional siguiendo centrada en la labor en los foros regionales y contando con la estrecha colaboración de los Parlamentos nacionales y regionales; estima que el Consejo de Ministros ACP‑UE y la APP deben reunirse periódicamente, si bien con menos frecuencia que en la actualidad, en sesión plenaria, alternando entre en la Unión Europea y en un Estado ACP, pero que dicha sesión no ha de depender de que se convoque una reunión del Consejo; pide a los Estados miembros que, al ejercer la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión, participen de manera más intensa en la preparación, organización y celebración de los periodos de sesiones de la APP;

32.  Solicita que las reuniones entre los diputados al Parlamento Europeo y los parlamentarios de los Estados ACP en el contexto de los pactos regionales se celebren al menos una vez al año en cada región y se completen con un foro multilateral en el que participen agentes no estatales, en particular la sociedad civil, los jóvenes y el sector privado;

33.  Tiene el convencimiento de que el Parlamento Panafricano ha de convertirse en un sólido puntal en el marco del venidero Pacto UE‑África, especialmente en relación y junto con el futuro Consejo UE‑África; pide a la Comisión y a sus homólogos en el Grupo ACP que, a este respecto, publiquen propuestas de textos sobre la dimensión parlamentaria y el papel del Parlamento Panafricano en una fase temprana de las negociaciones y consulten esta cuestión al Parlamento Panafricano y al Parlamento Europeo;

34.  Recuerda que se debe informar cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases del procedimiento de negociación, de conformidad con el artículo 218, apartado 10, del TFUE, y reitera la necesidad de acordar mejores modalidades prácticas de cooperación e intercambio de información a lo largo de todo el ciclo de vida de los acuerdos internacionales; pide, por otra parte, al Consejo y a la Comisión que informen de forma completa y con prontitud a la APP sobre las negociaciones;

35.  Solicita al Consejo de la Unión Europea que publique el mandato tal como lo haya aprobado; pide al grupo de Estados ACP lo mismo en relación con su mandato;

36.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Consejo ACP, a la vicepresidenta de la Comisión /alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Comisión de la Unión Africana, al Parlamento Panafricano y la Mesa de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

(1) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/03_01/pdf/mn3012634_en.pdf
(2) http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/acp/trt_acp_3.pdf
(3) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0371.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0437.
(5) DO C 349 de 17.10.2017, p. 11.
(6) DO C 310 de 25.8.2016, p. 19.
(7) DO C 170 de 30.5.2017, p. 36.
(8) http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp/2015_acp2/pdf/1081264en.pdf

Última actualización: 8 de enero de 2019Aviso jurídico