Índice 
Textos aprobados
Jueves 15 de marzo de 2018 - EstrasburgoEdición definitiva
Situación en Maldivas
 Detención de defensores de los derechos humanos en Sudán, en particular el caso de Salih Mahmoud Osman, galardonado con el Premio Sájarov
 Homicidios por compasión en Uganda
 Acuerdo de colaboración en el sector pesquero UE-Comoras: denuncia ***
 Acuerdo de colaboración en el sector pesquero UE-Comoras: denuncia (Resolución)
 Europass: marco en materia de capacidades y cualificaciones ***I
 Programa Europa Creativa (2014 a 2020) ***I
 Ubicación de la sede de la Agencia Europea de Medicamentos ***I
 Base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades *
 Base imponible común del impuesto sobre sociedades *
 Orientaciones para el presupuesto 2019 - sección III
 Situación en Siria
 Ataque de los Estados Unidos contra el apoyo al sector agrícola de la Unión dentro de la PAC (en el marco de la aceituna española)

Situación en Maldivas
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2018, sobre la situación en Maldivas (2018/2630(RSP))
P8_TA(2018)0079RC-B8-0168/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre la situación en Maldivas, en particular las de 16 de septiembre de 2004(1), 30 de abril de 2015(2), 17 de diciembre de 2015(3) y 5 de octubre de 2017(4),

–  Vista las declaraciones del portavoz del SEAE, de 2 de febrero de 2018, sobre la decisión del Tribunal Supremo de la República de Maldivas, de 1 de febrero de 2018(5), y sobre la situación en Maldivas, de 6 de febrero de 2018(6),

–  Visto el comunicado local conjunto, de 30 de enero de 2018, de la Delegación de la Unión Europea de acuerdo con los jefes de misión de la Unión basados en Colombo y acreditados ante Maldivas sobre la nueva detención del diputado Faris Maumoon(7),

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Maldivas es Estado Parte,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que Maldivas es también Estado Parte,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte,

–  Vista la visita oficial a Maldivas de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países del Asia Meridional del 29 al 31 de octubre de 2017,

–  Vista la declaración, de 7 de febrero de 2018, del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Huseín,

–  Vista la declaración, de 6 de febrero de 2018, de la Mesa de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los Países del Asia Meridional sobre la situación en Maldivas,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Maldivas, adoptadas por el Consejo en su 3598.ª sesión el 26 de febrero de 2018,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Vista la reunión del secretario general de las Naciones Unidas con Mohamed Asim, ministro de Asuntos Exteriores de la República de Maldivas, el 28 de septiembre de 2017, en la que expresaron su preocupación por la situación política en el país,

–  Vista la declaración de la Unión Internacional de Abogados (UIA), de 7 de marzo de 2018, en la que expresa su profunda preocupación por el Estado de Derecho y la independencia del poder judicial en Maldivas,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que las primeras elecciones democráticas celebradas en 2008 y la aprobación de una nueva constitución despertaron grandes esperanzas de que Maldivas podría superar décadas de régimen autoritario y avanzar hacia un sistema democrático, pero que los acontecimientos recientes suponen una grave amenaza para que esta perspectiva se haga realidad;

B.  Considerando que miembros del partido de la oposición, periodistas independientes y defensores de los derechos humanos informan de un incremento de las amenazas y los ataques por parte de las autoridades, la policía y grupos extremistas; considerando la preocupación existente en relación con el poder judicial en Maldivas, que está muy politizado y durante años ha abusado de sus competencias y actuado en favor del partido actualmente en el poder y en contra de los políticos de la oposición; que cada vez hay más pruebas de que las acusaciones penales contra opositores políticos al presidente Abdulá Yameen Abdul Gayoom (en lo sucesivo, presidente Yameen) pueden haber tenido una motivación política; que el antiguo presidente Maumoon Abdul Gayoom fue detenido en febrero de 2018;

C.  Considerando que está previsto que la primera vuelta de las elecciones presidenciales se celebre en septiembre de 2018; que el presidente ha pedido a la comunidad internacional que envíe observadores para seguir el proceso electoral;

D.  Considerando que el 1 de febrero de 2018 una decisión del Tribunal Supremo de Maldivas anuló el proceso penal contra líderes políticos y admitió que los juicios contra ellos no habían sido justos; que la sentencia ordenó la liberación inmediata de nueve personas, entre ellas ocho líderes políticos de la oposición, incluido el exiliado Mohamed Nashid, y la devolución de sus escaños a doce diputados suspendidos; que el Gobierno sigue teniendo mayoría en el Parlamento mientras que doce diputados siguen privados de sus escaños;

E.  Considerando que el 5 de febrero de 2018, a raíz de la decisión del Tribunal Supremo, el presidente Yameen declaró el estado de emergencia durante quince días; que con la declaración del estado de emergencia se suspendieron numerosos derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución, incluidos el derecho de reunión pacífica y el derecho a no ser detenido y encarcelado ilegalmente;

F.  Considerando que dos miembros de la presidencia del Tribunal Supremo, incluido el presidente, fueron detenidos, haciendo que el resto de la presidencia anulara la orden original; que, en clara vulneración de la independencia del poder judicial, han sido detenidos arbitrariamente miembros de la judicatura y opositores políticos;

G.  Considerando que, a pesar de la protesta pacífica de cientos de ciudadanos, el 20 de febrero de 2018 el Parlamento prorrogó el estado de emergencia durante treinta días más, decisión que fue considerada inconstitucional por el Fiscal General de Maldivas, pero que mantuvo el Tribunal Supremo; que, a pesar de la falta de quórum, se forzó la votación en el Parlamento para prorrogar el estado de emergencia;

H.  Considerando que el Consejo de Asuntos Exteriores ha seguido con preocupación el reciente deterioro de la situación en Maldivas, pidiendo a todos en el país, especialmente a las fuerzas de seguridad, que actúen con contención; que el 8 de marzo de 2018 se emitió una declaración conjunta en el 37.º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, en nombre de más de cuarenta países, incluidos todos los Estados miembros de la Unión, en la que pide al Gobierno de Maldivas que restablezca los derechos constitucionales y la independencia judicial, expresa su apoyo a un buen funcionamiento del Parlamento del país e insta al Gobierno a que libere a los presos políticos y sus familias;

I.  Considerando que los activistas de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en Maldivas, siguen siendo objeto de amenazas e intimidación por parte de extremistas, y de acoso judicial por parte de las autoridades, como en el caso de Shahindha Ismail, director ejecutivo de la Red para la Democracia de Maldivas, que fue blanco de artículos de prensa, víctima de amenazas de muerte y objeto de una investigación policial por su actitud contra el fundamentalismo y la radicalización religiosos;

J.  Considerando que el presidente Yameen ha manifestado reiteradamente su intención de reanudar la práctica de ejecuciones sancionadas por el Estado, con lo que se pone fin a una moratoria de sesenta años; que la legislación de Maldivas, en violación del Derecho internacional, permite que los menores sean condenados a una pena de muerte retardada, que se aplica cuando el menor alcanza la edad de dieciocho años; que, al menos en tres casos, concretamente los de Huseín Humaam Ahmed, Ahmed Murrath y Mohamed Nabeel, el Tribunal Supremo de Maldivas ha confirmado las condenas a muerte a condenados en cuyos juicios no se respetaron las normas sobre un juicio justo internacionalmente reconocidas, y que ahora están en riesgo de ejecución inminente;

K.  Considerando que en los últimos años Maldivas ha evolucionado hacia una versión radical del islam; que también existe inquietud por la creciente militancia de carácter islamista radical y por el número de hombres y mujeres jóvenes radicalizados que supuestamente se han unido al EIIL;

L.  Considerando que la Federación Internacional de Periodistas, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas publicaron, el 15 de febrero de 2018, una declaración conjunta en la que expresaban su profunda preocupación por las restricciones y las amenazas contra la libertad de prensa y de los medios de comunicación en Maldivas; que el 4 de febrero de 2018 el segundo responsable del Partido Progresista de Maldivas (PPM), Abdul Rahim Abdulá, llamó a las fuerzas de seguridad para que cerraran inmediatamente Raajje TV, acusándola de conceder tiempo en antena a líderes de la oposición;

M.  Considerando que tradicionalmente la Unión mantiene relaciones con Maldivas, en particular en ámbitos como la lucha contra el cambio climático, y que cientos de miles de turistas europeos viajan cada año a Maldivas;

1.  Expresa su profunda preocupación por la gravedad y el deterioro de la situación política y de los derechos humanos en Maldivas, y por el carácter cada vez más autoritario del presidente Yameen y su Gobierno; toma nota con satisfacción de las Conclusiones del Consejo sobre Maldivas, de 26 de febrero de 2018;

2.  Pide al Gobierno de Maldivas que levante de inmediato el estado de emergencia, respete las instituciones y sus competencias de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, y los derechos fundamentales de todas las personas, incluido el derecho a la libertad de expresión y de reunión, así como el Estado de Derecho; expresa su creciente preocupación por las recientes acciones del Gobierno que causan graves daños y socavan la democracia, y que son contrarias a la Constitución de Maldivas y a las obligaciones internacionales del país en materia de derechos humanos; condena la intimidación y las amenazas constantes contra periodistas, blogueros y defensores de los derechos humanos en Maldivas; insta a las autoridades de Maldivas a que garanticen la seguridad de todos los activistas de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y trabajadores de los medios de comunicación en el país, para que estos puedan llevar a cabo su trabajo de forma segura y sin impedimento, investiguen las amenazas contra ellos y enjuicien a los culpables; lamenta la represión de los opositores políticos en Maldivas, y pide al Gobierno que retire todos los cargos contra todos los detenidos por motivos políticos y los ponga en libertad de forma inmediata e incondicional;

3.  Acoge con satisfacción la decisión del Tribunal Supremo de Maldivas, de 1 de febrero de 2018, de anular los procesos penales contra líderes políticos y rehabilitar a doce diputados; pide a las autoridades maldivas que acaten la sentencia;

4.  Condena con firmeza toda interferencia en el trabajo del Tribunal Supremo de Maldivas y la detención de jueces de su presidencia; pide su liberación inmediata e incondicional; manifiesta su preocupación por la creciente degradación del principio de separación de los poderes ejecutivo, judicial y de otro orden en Maldivas; pide a las autoridades responsables que actúen de inmediato para restablecer y mantener los principios consagrados en su Constitución;

5.  Reitera su llamamiento al Gobierno para que asegure la plena independencia e imparcialidad del poder judicial y garantice a todos los ciudadanos el derecho a una justicia equitativa y transparente, libre de influencias políticas; condena las interferencias en el trabajo del Tribunal Supremo de Maldivas y las medidas tomadas contra el poder judicial y los jueces; pide al Gobierno que garantice que los abogados puedan ejercer todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acoso o interferencias indebidas;

6.  Reitera su llamamiento al Gobierno de Maldivas para que inicie un diálogo inclusivo con los líderes de todos los partidos políticos; recuerda que este diálogo allana el camino hacia unas elecciones fiables, transparentes e integradoras; considera que la Unión debería seguir apoyando activamente la facilitación de este diálogo por las Naciones Unidas;

7.  Pide a los actores regionales que colaboren con los países de la Unión para contribuir a alcanzar la estabilidad política y democrática en Maldivas;

8.  Considera que la única manera de invertir el deterioro de la democracia, los derechos humanos y las libertades en Maldivas es a través de un proceso de verdadero diálogo en el que participen todos los partidos políticos y otros dirigentes civiles; opina asimismo que, como un primer paso hacia la reconciliación, el Gobierno debe liberar a todos los políticos de la oposición actualmente encarcelados;

9.  Reitera la firme oposición de la Unión a la pena de muerte en todos los casos y sin excepción alguna; condena firmemente el anuncio de la reintroducción de la pena de muerte en Maldivas, e insta al Gobierno y al Parlamento de Maldivas a que respeten la moratoria sobre la pena capital que ha estado en vigor durante más de sesenta años; aboga por la abolición universal de la pena capital, y pide al Gobierno que revoque todas las condenas de menores a la pena capital y prohíba la ejecución de menores delincuentes;

10.  Critica enérgicamente el hecho de que la práctica de creencias no musulmanas esté severamente castigada en Maldivas; expresa su preocupación por que la Ley de Unidad Religiosa se utilice para limitar la libertad de expresión en Maldivas;

11.  Expresa su preocupación por el impacto que la situación actual también puede tener en la seguridad de los residentes extranjeros y los visitantes; pide a la VP/AR, a la Delegación de la Unión en Maldivas y a las Delegaciones de los Estados miembros que coordinen estrechamente sus recomendaciones de viaje a este respecto;

12.  Pide la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente, muchas de las cuales son periodistas y manifestantes pacíficos; condena todo uso de la fuerza, cualquiera que sea, por parte de las autoridades; pide a todas las autoridades de Maldivas, en particular a las autoridades con funciones coercitivas, que actúen con contención; pide a las autoridades que investiguen a todos los sospechosos por las infracciones que hayan cometido, y que les obliguen a rendir cuentas;

13.  Pide a la Unión que haga pleno uso de todos los instrumentos a su disposición para promover el respeto de los derechos humanos y de los principios democráticos en Maldivas, incluyendo, en su caso, la suspensión de la ayuda financiera de la Unión al país hasta que se restablezcan el Estado de Derecho y la observancia de los principios democráticos; pide al Consejo que introduzca medidas y sanciones selectivas contra quienes menoscaban los derechos humanos en el país, que congele los activos en el extranjero, y que imponga prohibiciones de viaje a determinados miembros del Gobierno de Maldivas y a sus principales defensores en la comunidad empresarial maldiva;

14.  Pide al Gobierno de Maldivas que reforme la judicatura en profundidad, instaure la imparcialidad de la Comisión del Poder Judicial, restablezca la independencia del Fiscal General y el respeto de las garantías procesales, y el derecho a un juicio justo, imparcial e independiente;

15.  Reconoce que, en virtud de la Constitución, deberán celebrarse elecciones en 2018; destaca que se debería actuar de inmediato para garantizar que estas elecciones sean transparentes y creíbles, para ofrecer a los votantes una auténtica posibilidad de elección y para que las partes puedan hacer campaña libremente;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al secretario general de las Naciones Unidas y al Gobierno de Maldivas.

(1) DO C 140E de 9.6.2005, p. 165.
(2) DO C 346 de 21.9.2016, p. 60.
(3) DO C 399 de 24.11.2017, p. 134.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0383.
(5) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39275/statement-spokesperson-decision-supreme-court-maldives_en
(6) https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/39413/statement-spokesperson-situation-maldives_en
(7) https://eeas.europa.eu/delegations/sri-lanka/39021/joint-local-statement-renewed-arrest-mp-faris-maumoon_en


Detención de defensores de los derechos humanos en Sudán, en particular el caso de Salih Mahmoud Osman, galardonado con el Premio Sájarov
PDF 176kWORD 48k
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2018, sobre la detención de defensores de los derechos humanos en Sudán, en particular el caso de Salih Mahmoud Osman, galardonado con el premio Sájarov (2018/2631(RSP))
P8_TA(2018)0080RC-B8-0159/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Sudán,

–  Vista la declaración de su vicepresidente, responsable de la Red del Premio Sájarov y del presidente de su Subcomisión de Derechos Humanos sobre Salih Mahmoud Osman, galardonado con el premio Sájarov, de 9 de febrero de 2018,

–  Vista la declaración local de los jefes de misión de las embajadas de la Unión Europea sobre las recientes protestas en Jartum, de 11 de enero de 2018,

–  Vista la Resolución 2400 (2018) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en Sudán, aprobada en su 8177.ª sesión, de 8 de febrero de 2018,

–  Vista la declaración de la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en relación con el examen por el Consejo de Seguridad del punto sobre los informes del secretario general sobre Sudán y Sudán del Sur, de 31 de enero de 2018,

–  Vista la declaración de la coordinadora residente y coordinadora de las actividades humanitarias de las Naciones Unidas en Sudán sobre el secuestro de un trabajador humanitario en Darfur, realizada en Jartum el 9 de octubre de 2017,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,

–  Vistos el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establecen que nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes,

–  Vista la declaración realizada el 27 de junio de 2016 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, sobre el anuncio por el Gobierno sudanés de una cesación unilateral de las hostilidades de cuatro meses de duración,

–  Visto el Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado,

–  Vista la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, de junio de 1981,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la situación en Sudán sigue suponiendo una amenaza para la paz internacional y la seguridad en la región; que las autoridades sudanesas han reprimido una protesta pacífica, a la sociedad civil y a defensores de los derechos humanos;

B.  Considerando que, a raíz de las protestas esporádicas que se iniciaron el 7 de enero de 2018 en Sudán por el aumento del coste de alimentos y medicamentos, fueron detenidos y privados de libertad por los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad sudaneses (NISS) al menos 140 miembros de partidos de la oposición, defensores de los derechos humanos, estudiantes y activistas pro derechos de las mujeres; que las fuerzas sudanesas reaccionaron ante las protestas con un uso excesivo de la fuerza, dando lugar a la muerte de un manifestante y causando varios heridos, aparte de la represión nacional de periodistas y activistas; que los enfrentamientos de enero y febrero de 2018 son los ejemplos más recientes de los constantes malos tratos en el país;

C.  Considerando que entre los detenidos hay opositores políticos y que fueron detenidos arbitrariamente y privados de libertad tres dirigentes del Partido Comunista Sudanés (SCP) entre los que se encontraba Mohamed Mukhtar al-Khatib, secretario político del Partido Comunista Sudanés; Mohamed Abdalla Aldoma, vicepresidente del Partido Nacional Umma; Mohamed Farouk Salman, miembro destacado de la Alianza Nacional de Sudán; y los dos miembros del Comité Central del Partido Comunista Sudanés Mohieldeen Eljalad y Sidgi Kaballo;

D.  Considerando que los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad detuvieron a Salih Mahmoud Osman (vicepresidente del Colegio de Abogados de Sudán, miembro de la Asociación Democrática de Abogados, abogado especializado en derechos humanos que ha promovido el establecimiento del Estado de Derecho y ha defendido la reforma jurídica a través de la Asamblea Nacional de Sudán, y galardonado en 2007 con el premio Sájarov) en su bufete el 1 de febrero de 2018; que recientemente ha sido trasladado a la prisión de Dabak, a 20 km al norte de Jartum, y las autoridades se niegan a facilitar información sobre su estado de salud y han denegado las visitas a su abogado y su familia;

E.  Considerando que, a raíz de la detención de Salih Mahmoud Osman, el jefe de la Delegación de la Unión en Sudán inició gestiones ante el Ministerio de Asuntos Exteriores sudanés y el representante especial de la Unión para los derechos humanos, Stavros Lambridinis, hizo un llamamiento ante la 37.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 27 de febrero de 2018;

F.  Considerando que varias mujeres activistas han sido también víctimas de la campaña de detenciones masivas; que defensoras de los derechos de las mujeres han sido objeto de violencia sexual, persecución y castigos violentos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado; que las organizaciones de mujeres están bajo una estrecha vigilancia y están desarrollando campañas contra leyes que discriminan en general a las mujeres;

G.  Considerando que a mediados de febrero de 2018 el Gobierno sudanés anunció la liberación de 80 detenidos, entre los que se encontraban Rawa Jaafar Bakhit, Nahid Jabrallah, Amel Habani, Hanan Hassan Khalifa y Mohamed Abdalla Aldoma, a raíz de malos tratos sufridos en prisión; que el jefe de los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad supeditó la liberación de otros detenidos a su promesa de dejar de organizar protestas; que estas declaraciones son contrarias a los compromisos internacionales de Sudán en relación con los derechos humanos; que, no obstante, siguen en prisión varios destacados defensores de los derechos humanos y activistas de la oposición, como Osman Salih y Amjeed Fareed, defensor de los derechos humanos que está detenido en Jartum desde el 18 de enero de 2018; que estos detenidos no están acusados de ningún delito y no han sido puestos a la disposición de los tribunales;

H.  Considerando que los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil, incluidos los abogados y sus colegios, desempeñan un papel central en la garantía de la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho, la estabilidad y el desarrollo sostenible;

I.  Considerando que las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos de la oposición sufren graves restricciones y que los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad impiden la celebración de muchos actos de organizaciones de la sociedad civil y partidos de la oposición; que las ONG extranjeras son expulsadas habitualmente del país y sufren presiones e intimidación por parte del Gobierno;

J.  Considerando que la Ley de seguridad nacional de 2010 y la modificación del artículo 151 de la Constitución aprobada el 5 de enero de 2015 han conferido a los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad amplios poderes para detener y encarcelar, habilitándolos para mantener detenidos a sospechosos por un periodo de hasta cuatro meses y medio sin posibilidad de control judicial; que se afirma que estos poderes se utilizan para detener y privar arbitrariamente de libertad a personas que, en muchos casos, son torturadas y sometidas a malos tratos; que, en virtud de la misma ley, los funcionarios de los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad gozan de inmunidad por cualquier acto realizado en el ejercicio de sus funciones, lo que ha dado origen a una cultura de impunidad general;

K.  Considerando que, en mayo de 2016, el Gobierno de Sudán rechazó las recomendaciones de las Naciones Unidas en las que se le instaba a revocar las disposiciones de inmunidad de la Ley nacional de seguridad de 2010 y a disponer que se llevaran a cabo investigaciones independientes con miras a perseguir delitos contemplados en el Derecho internacional y violaciones de los derechos humanos cometidos por miembros de los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad, las fuerzas armadas y la policía;

L.  Considerando que varios de los defensores de los derechos humanos detenidos han sufrido torturas y malos tratos; que los detenidos custodiados por los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad están particularmente expuestos al riesgo de malos tratos; que los Servicios Nacionales de Inteligencia y Seguridad tienen la reputación de someter a malos tratos y torturas a los detenidos;

M.  Considerando que la violencia a que están recurriendo las fuerzas del Estado, las milicias progubernamentales y grupos armados contrarios al Gobierno constituyen el telón de fondo para el acoso constante, las detenciones arbitrarias, las detenciones en régimen de incomunicación y las presuntas torturas de defensores de los derechos humanos por parte de las fuerzas militares y de seguridad sudanesas;

N.  Considerando que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha declarado que el relajamiento de las sanciones por los Estados Unidos es un paso importante de los esfuerzos generales por reintegrar a Sudán en la comunidad internacional y ha señalado que la Unión está lista para acompañar a Sudán en este proceso; que durante la primera misión de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento, en diciembre de 2017, el Gobierno sudanés expresó su voluntad de reincorporarse a la comunidad internacional; que Salih Mahmoud Osman ha visitado en varias ocasiones las instituciones de la Unión, incluido el Parlamento Europeo, a fin de expresar serias reservas en cuanto al cambio de las relaciones de la Unión con Sudán;

O.  Considerando que las autoridades sudanesas han impedido a Mohamed Abdalla Aldoma viajar y le han retirado el pasaporte mientras se dirigía a El Cairo para recibir tratamiento médico el 8 de marzo de 2018 a raíz de malos tratos recibidos mientras se encontraba privado de libertad;

P.  Considerando que Sudán ocupa el puesto 174 de un total de 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa; que las libertades de prensa y de medios de comunicación siguen severamente restringidas por las autoridades y la Ley de prensa y publicaciones, que establece restricciones como la censura, el embargo y la incautación de periódicos, cierres de medios de comunicación y cortes de internet; que los periódicos sufren habitualmente censura e incautaciones después de salir de prensa, lo que equivale a una sanción económica además de la sanción política;

Q.  Considerando que el derecho a libertad de religión sigue restringido y que la ley tipifica como delito la apostasía, la blasfemia y la conversión desde el Islam a otras religiones; que, el 21 de febrero de 2018, el periodista Shamael al-Nur, que trabajaba para el diario Al-Tayyar, fue acusado de apostasía por haber escrito un editorial sobre los recortes del gasto en sanidad nacional, acusación que puede entrañar la pena de muerte en Sudán;

R.  Considerando que la Corte Penal Internacional emitió órdenes de detención contra el presidente sudanés Omar Hassan Ahmed al Bashir el 4 de marzo de 2009 y el 12 de julio de 2010;

1.  Expresa su profunda preocupación ante la persecución actual de defensores de los derechos humanos y la sociedad civil en Sudán, que concretamente supone violaciones de la libertad de expresión, la libertad de manifestación, la libertad de reunión y la libertad religiosa, así como la intimidación de defensores de los derechos humanos, periodistas y ONG contrarias al régimen;

2.  Pide la liberación inmediata e incondicional de Salih Mahmoud Osman, galardonado con el premio Sájarov, y de todos los demás defensores de los derechos humanos, activistas de la sociedad civil y activistas de la oposición detenidos exclusivamente por su trabajo legítimo y pacífico en defensa de los derechos humanos y la democracia;

3.  Condena en los términos más enérgicos la práctica de la tortura y los malos tratos contra personas detenidas; insiste en que las condiciones de detención deben cumplir las normas internacionales, en particular el Conjunto de Principios de las Naciones Unidas para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión;

4.  Pide a las autoridades sudanesas que investiguen el recurso a la violencia, torturas y malos tratos contra manifestantes pacíficos, y que ponga a los responsables a la disposición de la justicia; insiste en que la información obtenida a través de torturas y malos tratos nunca debe ser admisible como prueba en procesos judiciales;

5.  Deplora la persecución y los malos tratos de defensores de derechos humanos y activistas en Sudán y pide a las autoridades que velen por que, en todas las circunstancias, puedan llevar a cabo sus actividades legítimas sin temor a represalias y libres de toda restricción, incluido el hostigamiento judicial;

6.  Insta al Gobierno sudanés a que ponga fin de inmediato a las violaciones de los derechos de partidos de la oposición y defensores de los derechos humanos a las libertades de expresión, asociación y asamblea; pide que se respeten y protejan los derechos fundamentales de todas las personas en Sudán;

7.  Expresa su preocupación ante las reiteradas y frecuentes violaciones de los derechos de las mujeres en Sudán, en particular en relación con el artículo 152 del Código penal; exhorta a las autoridades sudanesas a que firmen sin demora y ratifiquen la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;

8.  Destaca su compromiso permanente con el mecanismo de protección de los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo; pide al SEAE que siga mejorando su aplicación de las Directrices de la Unión sobre defensores de los derechos humanos utilizando plenamente todos los medios a su disposición en Sudán; hace hincapié en que las delegaciones de la Unión, en sus licitaciones locales en el marco del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH), deben dar prioridad al apoyo a los defensores de los derechos humanos en situación de mayor riesgo, con lo que garantizarían un respaldo efectivo y específico;

9.  Pide al SEAE y a la Delegación de la Unión en Sudán que informen al Parlamento acerca de las acciones adoptadas para proteger y apoyar a los defensores de los derechos humanos; aboga por una acción unitaria de la Unión y sus Estados miembros para apoyar a los defensores de los derechos humanos en situación de riesgo;

10.  Reitera que es imperativo revisar y reformar leyes clave, tales como la Ley de seguridad nacional de 2010 y las leyes que regulan los medios de comunicación y la sociedad civil, a fin de que sean conformes con las normas internacionales que protegen las libertades de expresión, reunión y asociación;

11.  Recuerda a Sudán sus obligaciones como miembro de las Naciones Unidas y le insta a cumplir la Resolución 1593 (2005) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se exige la cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI); reitera su petición de que el presidente sudanés Omar al Bashir respete el Derecho internacional con arreglo a los convenios y tratados de los que Sudán es parte, y apoye el papel de la CPI en el proceso en su contra por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio;

12.  Insta a Sudán a que garantice el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos;

13.  Comparte las preocupaciones expresadas por Salih Mahmoud Osman en el sentido de que la atención actual por la migración puede distraer a la Unión de las cuestiones relativas a los derechos humanos;

14.  Pide, por tanto, al SEAE que vuelva a publicar declaraciones como respuesta a las violaciones generalizadas de los derechos humanos por agentes estatales y milicias, así como declaraciones en relación con la reducción del espacio para la sociedad civil, con objeto de demostrar que la Unión sigue profundamente preocupada por la situación de los derechos humanos en Sudán;

15.  Pide encarecidamente a la Unión y a sus Estados miembros que garanticen que la ejecución de proyectos con las autoridades sudanesas respete el principio de «no ocasionar daños», por el cual se excluye la cooperación con actores responsables de violaciones de los derechos humanos;

16.  Insta a la Unión y a sus Estados miembros a que apoyen a aquellas personas dentro de Sudán que buscan realmente un cambio, y que brinden asistencia técnica y programas de capacitación a las organizaciones de la sociedad civil con el fin de mejorar su defensa de los derechos humanos y sus capacidades relativas al Estado de Derecho y con el fin de permitirles contribuir de una manera más eficaz a la mejora de los derechos humanos en Sudán;

17.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que mantengan su compromiso de apoyar los esfuerzos de la Unión Africana por llevar la paz a Sudán y al pueblo sudanés; manifiesta su apoyo, en este sentido, a la renovación del mandato de la operación conjunta de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID) hasta junio de 2018;

18.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno de Sudán, a la Unión Africana, al secretario general de las Naciones Unidas, a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano (PAP).


Homicidios por compasión en Uganda
PDF 175kWORD 47k
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2018, sobre los homicidios por compasión en Uganda (2018/2632(RSP))
P8_TA(2018)0081RC-B8-0165/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, de la que Uganda es un parte,

–  Visto el Acuerdo de Asociación ACP-UE («Acuerdo de Cotonú») y, en particular, su artículo 8, apartado 4, sobre la no discriminación,

–  Vista la Constitución de la República de Uganda,

–  Vista la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada el 20 de noviembre de 1989, y, en particular sus artículos 2 y 6, que contemplan expresamente el principio de no discriminación, en particular por motivos de discapacidad, y el derecho a la vida,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD), aprobada en 2006, y, en particular, su artículo 32, que establece que todas las partes deben incluir la discapacidad y a las personas con discapacidad en sus esfuerzos de cooperación internacional,

–  Vistas las últimas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad, de 14 de abril de 2014 y 14 de julio de 2014,

–  Vistos el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que prohíben toda forma de discriminación, así como sus artículos 21 y 26, en los que se enuncian los derechos de las personas con discapacidad,

–  Vista la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre la integración de personas con discapacidad en los países en desarrollo, adoptada el 23 de noviembre de 2011,

–  Visto el Informe mundial sobre la discapacidad publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial en junio de 2011,

–  Visto el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), de 8 de abril de 2016, titulado «Committee on the Rights of Persons with Disabilities considers report of Uganda» (El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad examina el informe de Uganda),

–  Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 65/186 y 64/131 sobre «La realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con discapacidad hasta 2015 y después de esa fecha»,

–  Vista la Nota de orientación sobre discapacidad y desarrollo para las delegaciones y los servicios de la Unión Europea,

–  Vistos la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados en Nueva York el 25 de septiembre de 2015,

–  Visto el informe de revisión sobre Uganda, de 1 de julio de 2016, sobre la aplicación de la Agenda 2030 titulada «Garantizar que nadie se quede atrás», que se presentó al Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas en Nueva York,

–  Vista su Resolución, de 19 de enero de 2006(1), sobre discapacidad y desarrollo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Uganda,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que los «homicidios por compasión» en Uganda son una práctica con arreglo a la cual los padres matan a los hijos con discapacidad o los dejan morir de hambre o negándoles asistencia médica, al tener la convicción de que estos niños están mejor muertos que teniendo que soportar una discapacidad dolorosa e incurable;

B.  Considerando que Uganda no es el único país que se enfrenta a este problema; que muchos países en desarrollo han realizado importantes progresos, aunque parciales, para incluir a las personas con discapacidad en proyectos de desarrollo;

C.  Considerando que algunos padres confiesan que la práctica del «homicidio por compasión» es necesaria para ahorrar a los niños con discapacidad grandes sufrimientos durante toda su vida; que, pese a los testimonios de algunas madres o supervivientes, esta práctica sigue siendo un tabú;

D.  Considerando que la estigmatización social en Uganda es tan fuerte que las madres y los niños son rechazados por la comunidad, que les atribuye un bajo estatus social y no les permite participar plenamente en la sociedad; que se presiona a las madres para que maten a sus propios hijos después de años de esfuerzos y sacrificios cuidando a un niño con discapacidad;

E.  Considerando que las creencias que existen acerca de los niños que han nacido con una discapacidad les exponen a un mayor riesgo de violencia y asesinato que a los niños sin discapacidad; que los niños con discapacidad siguen siendo víctimas de diferentes formas de violencia, discriminación y marginación debido a actitudes negativas, supersticiones, negligencia y normas y prácticas sociales; que la mayor amenaza para los niños con discapacidad son las falsas creencias sobre su condición, en particular que la presencia del niño hará que haya más niños que padezcan una discapacidad;

F.  Considerando que los clanes y las familias extensas ejercen una presión excesiva sobre las madres, ya que intentan comprender las causas de la discapacidad y las culpan de ella; que en algunos casos las madres han sido expulsadas del hogar de su marido por haber traído al mundo un niño con discapacidad;

G.  Considerando que ni los médicos ni el personal sanitario son capaces de comprender o explicar la naturaleza y la causa de la fragilidad del niño, y que el sistema sanitario no está equipado para diagnosticar y tratar muchos tipos de discapacidades que se podrían reducir al mínimo e incluso eliminar; que la negación de derechos básicos a los niños con discapacidad, como por ejemplo el acceso a atención sanitaria, educación, apoyo y rehabilitación, supone un grave obstáculo para que puedan desarrollar todo su potencial;

H.  Considerando que Uganda es uno de los 162 Estados que son parte de la CDPD; que Uganda ratificó la Convención y su Protocolo facultativo el 25 de septiembre de 2008 sin reservas; que Uganda se ha comprometido a conceder los mismos derechos a las persona con discapacidad que a todos los demás ciudadanos;

I.  Considerando que, en abril de 2016, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas examinó el historial de Uganda con respecto a la aplicación de la CDPD, y que se formularon observaciones finales y recomendaciones, según las cuales el Comité constató con preocupación que ni la legislación ni las políticas protegían los derechos de los niños con discapacidad y se mostraba preocupado por la falta de información sobre la situación de los niños sordos y sordociegos, así como sobre las medidas para garantizar su protección e integración en la sociedad;

J.  Considerando que el Gobierno de Uganda tiene una serie de leyes y políticas generales que contienen cláusulas sobre la discapacidad; que el país tiene legislación específica en materia de discapacidad; que la definición de discapacidad puede variar de un acto legislativo a otro;

K.  Considerando que dos de los principales obstáculos que impiden la integración de las personas con discapacidad en la sociedad ugandesa son su invisibilidad y la actitud negativa hacia ellas; que el hecho de tener hijos con discapacidad es motivo de exclusión social para la familia y, en particular, para las madres, ya que se considera que los niños con discapacidad son motivo de vergüenza y un signo de debilidad para la familia;

L.  Considerando que en partes de la Uganda rural hay pocos centros públicos de apoyo para los padres de niños con discapacidad, y que, por ello, las familias, en particular las madres solteras, tienen problemas para cuidar adecuadamente de sus hijos con discapacidad;

M.  Considerando que no existen cifras oficiales, ya que ni la policía ni el sistema judicial de Uganda investigan este fenómeno; que la falta de datos dificulta la lucha contra la práctica de los «homicidios por compasión»;

N.  Considerando que la labor de los grupos de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos es crucial para garantizar los derechos de los grupos marginados y vulnerables; que las organizaciones no gubernamentales de Uganda se enfrentan a graves dificultades y obstáculos a la hora de prestar servicios a los niños con discapacidad y a sus padres; que las numerosas ideas falsas sobre los niños con discapacidad representan un reto para los esfuerzos de desarrollo y la labor de los observadores de derechos humanos en Uganda;

O.  Considerando la importante función que desempeñan las asociaciones para las personas con discapacidad a la hora de representar y comunicar los intereses específicos de estas personas ante los políticos y la opinión pública; que falta información para concienciar a la opinión pública de las prácticas culturales que estigmatizan y obstaculizan el desarrollo de las personas con discapacidad e impiden que gocen de los mismos derechos que el resto de las personas dentro de la sociedad;

1.  Condena con firmeza los homicidios injustificables e inhumanos de niños y recién nacidos con discapacidad; muestra su más profunda preocupación por el «homicidio por compasión» de niños con discapacidad en Uganda y todos los países afectados; pide que se ponga fin a estos actos de violencia, crueldad y tortura de que son víctimas los niños;

2.  Pide que las autoridades de Uganda y de todos los países afectados por los homicidios «por compasión» y rituales de niños se comprometan a luchar contra las perniciosas supersticiones que perpetúan estas prácticas dirigidas contra los niños;

3.  Recuerda que la responsabilidad principal de un Estado es proteger a sus ciudadanos, incluidos los pertenecientes a grupos vulnerables; recuerda a las autoridades ugandesas su obligación de cumplir la Constitución de su país, en particular los artículos 21 y 32 y el artículo 35, apartado 1, que dispone que las personas con discapacidad tienen derecho al respeto y a la dignidad humana y que el Estado y la sociedad deben tomar las medidas oportunas para garantizar que desarrollen todo su potencial mental y físico;

4.  Recuerda el deber específico del Parlamento ugandés hacia las personas con discapacidad, establecido en el artículo 35, apartado 2, de la Constitución, en virtud del cual el Parlamento debe aprobar leyes que protejan a dichas personas; pide al Gobierno ugandés que apoye todas las acciones emprendidas para mejorar los derechos humanos y civiles de las personas con discapacidad;

5.  Pide apoyo para las familias de las personas con discapacidad, para que puedan criar a sus hijos en casa; pide al Gobierno ugandés que desarrolle servicios de apoyo de calidad para las familias de niños con discapacidad en todo el país, en particular apoyo económico y prestaciones suficientes para que las familias se ocupen correctamente de sus hijos con discapacidad;

6.  Pide a las autoridades que garanticen la concienciación y la información de la sociedad sobre la situación de las personas con discapacidad y organicen cursos de formación para que quienes se ocupan de los niños con discapacidad dispongan de apoyo, información y asesoramiento, con el fin de facilitar la participación de estos niños en la comunidad;

7.  Pide al Gobierno de Uganda que vele por que los médicos que están en contacto directo con las personas con discapacidad y sus problemas de salud estén debidamente formados y sensibilizados sobre las necesidades de estos pacientes;

8.  Celebra la aprobación en 2007 de la ley por la que se creó la Comisión de Igualdad de Oportunidades, cuyo objeto es promover la igualdad de oportunidades para los grupos marginados, incluidas las personas con discapacidad;

9.  Saluda la creación de la Comisión de Derechos Humanos de Uganda en virtud de la Constitución de la República de Uganda de 1995; recuerda que, entre otras, tiene la misión de generar y mantener la concienciación de la sociedad sobre las disposiciones de la Constitución, como ley fundamental del pueblo de Uganda, y controlar el cumplimiento por parte del Gobierno de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos;

10.  Pide a la Comisión de Derechos Humanos de Uganda que elabore un plan nacional concreto que sirva para orientar su función de control y promover una interacción más estructurada e institucionalizada con todas las organizaciones de personas con discapacidad del país;

11.  Insta a las autoridades a garantizar el registro de todos los niños, incluidos los que sufren discapacidad, en el momento de su nacimiento;

12.  Pide a las autoridades ugandesas que redoblen los esfuerzos por concienciar sobre los derechos y la dignidad de los niños con discapacidad en Uganda; subraya, a este respecto, la importancia de la educación a la hora de luchar contra la estigmatización; recalca enérgicamente el papel fundamental de las asociaciones para las personas con discapacidad a la hora de concienciar sobre la integración de estas personas y los retos a que se enfrentan;

13.  Destaca que los medios de comunicación deberían desempeñar una función más activa en el destierro de los estereotipos y en el fomento de la integración; solicita a los representantes políticos internacionales, nacionales y locales que garanticen y fomenten una mayor concienciación a través de los medios de comunicación, las políticas educativas y las campañas públicas;

14.  Manifiesta su profunda preocupación por el número creciente de ataques físicos que sufren los defensores de derechos humanos y los grupos de la sociedad civil, como el Foro de Promoción y Concienciación de los Derechos Humanos; insta a las autoridades ugandesas a garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos, a actuar judicialmente contra los ataques que sufren y a permitirles llevar a cabo su labor sin trabas ni amenazas;

15.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen los esfuerzos del Gobierno, las ONG y la sociedad civil de Uganda por formular y aplicar políticas que aborden las necesidades y los derechos de las personas con discapacidad y que se basen en la no discriminación y la integración social, y en la igualdad en el acceso a la atención sanitaria y otros servicios sociales;

16.  Pide el intercambio de buenas prácticas entre los países desarrollados y en desarrollo; pide a la Comisión que, junto a otros donantes internacionales, desarrolle una plataforma para intercambiar buenas prácticas de integración para los niños con discapacidad; pide a la Comisión que cumpla plenamente los compromisos adquiridos en virtud del artículo 32 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad;

17.  Pide a la Unión que utilice la influencia política que le dan los programas de ayuda al desarrollo, en concreto los programas de apoyo presupuestario, para mejorar la defensa y promoción de los derechos humanos en Uganda; pide a la Comisión que examine si se puede prestar asistencia de mayor calidad, mediante la financiación o la coordinación con las instituciones locales, para mejorar el apoyo médico a los niños con discapacidad, con el fin de aumentar el apoyo que requieren urgentemente sus familias;

18.  Destaca que se deben promover las políticas de integración en todos los foros internacionales y de las Naciones Unidas pertinentes, ya que en la actualidad la cuestión de la discapacidad no está presente en muchos debates internacionales de alto nivel y debe ocupar una posición destacada entre las prioridades políticas;

19.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al presidente de la República de Uganda, al presidente del Parlamento ugandés y a la Unión Africana y sus instituciones.

(1) DO C 287 E de 24.11.2006, p. 336.


Acuerdo de colaboración en el sector pesquero UE-Comoras: denuncia ***
PDF 236kWORD 42k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se denuncia el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la Unión de las Comoras (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE))
P8_TA(2018)0082A8-0058/2018

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (14423/2017),

–  Visto el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la Unión de las Comoras(1),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 43 y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0447/2017),

–  Vista su Resolución no legislativa, de 15 de marzo de 2018(2) sobre el proyecto de Decisión,

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Pesca y la opinión de la Comisión de Pesca (A8-0058/2018),

1.  Concede su aprobación a la denuncia del Acuerdo de colaboración;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la Unión de las Comoras.

(1) DO L 290 de 20.10.2006, p. 7.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0083.


Acuerdo de colaboración en el sector pesquero UE-Comoras: denuncia (Resolución)
PDF 270kWORD 47k
Resolución no legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se denuncia el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la Unión de las Comoras (14423/2017 – C8-0447/2017 – 2017/0241(NLE)2017/2266(INI))
P8_TA(2018)0083A8-0055/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (14423/2017),

–  Visto el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la Unión de las Comoras(1),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 43 y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0447/2017),

–  Vista su Resolución legislativa, de 15 de marzo de 2018(2) sobre el proyecto de Decisión,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1005/2008 del Consejo, de 29 de septiembre de 2008, por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 2847/93, (CE) n.º 1936/2001 y (CE) n.º 601/2004, y se derogan los Reglamentos (CE) n.º 1093/94 y (CE) n.º 1447/1999(3) («Reglamento sobre la pesca INDNR»), y en particular su artículo 8, apartado 8,

–  Visto el artículo 99, apartado 2 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Pesca y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A8-0055/2018),

A.  Considerando que el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la Unión de las Comoras (en lo sucesivo, «las Comoras») prevé que el Acuerdo podrá denunciarse a petición de cualquiera de las Partes en caso de concurrir circunstancias graves, tales como el incumplimiento de los compromisos contraídos por las Partes en lo que atañe a la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada («pesca INDNR»);

B.  Considerando que la pesca ilegal constituye una grave amenaza para los recursos marinos mundiales, puesto que esquilma las poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, supone una competencia desleal para los pescadores honrados y acaba con los medios de subsistencia de las comunidades costeras, en particular en los países en desarrollo;

C.  Considerando que la Unión debe hacer todo lo posible para garantizar que los acuerdos de pesca sostenible celebrados con terceros países redunden en beneficio mutuo de la Unión y de los terceros países en cuestión, incluidas sus poblaciones locales y sus industrias pesqueras;

D.  Considerando que el objetivo general del Protocolo por el que se celebraba el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la Unión de las Comoras era mejorar la cooperación entre la Unión y las Comoras, en beneficio de ambas partes, instaurando un marco de colaboración que permita, por un lado, desarrollar una política pesquera sostenible y explotar también de forma sostenible los recursos pesqueros de la zona económica exclusiva comorense, y, por otro, obtener una parte adecuada de los excedentes pesqueros disponibles que corresponda a los intereses de las flotas de la Unión;

E.  Considerando que el primer Acuerdo pesquero entre la CEE y las Comoras data de 1988 y que desde entonces las flotas de los Estados miembros de la CEE/UE han tenido acceso a posibilidades de pesca en las aguas de este país a través de los sucesivos protocolos de aplicación del Acuerdo;

F.  Considerando que, según el informe de la UNCTAD titulado «Fishery Exports and the Economic Development of Least Developed Countries» (Las exportaciones pesqueras y el desarrollo económico de los países menos adelantados), la cooperación sectorial se encuentra todavía en un estadio incipiente, con repercusiones mínimas en la industria pesquera, las condiciones de desembarque, la capacidad de seguimiento y vigilancia, el desarrollo científico y la formación técnica de pescadores y observadores; considerando que el precio que la Unión paga a las Comoras por tonelada de pescado (atún) es aproximadamente un 15 % inferior al precio al por mayor estimado por tonelada;

G.  Considerando que el 1 de octubre de 2015 se notificó a las Comoras la posibilidad de que se lo identificara como tercer país no cooperante por no haber ejercido un control adecuado de los buques registrados bajo pabellón comorense; considerando que, tras haber sido identificado como país no cooperante en mayo de 2017 y haber sido añadido, en julio de ese mismo año, a la lista elaborada a tal efecto por la Unión, que emitió asimismo una «tarjeta roja», el país aún no ha adoptado las medidas correctoras necesarias para resolver los problemas detectados y para luchar contra la pesca INDNR;

H.  Considerando que el anterior Protocolo en el marco del Acuerdo de Pesca con las Comoras expiró el pasado 30 de diciembre de 2016 y que no se renovó por la falta de compromiso existente por parte de las Comoras en la lucha contra la pesca INDNR; que el protocolo contaba con una dotación financiera de 600 000 EUR anuales, de los que 300 000 EUR se destinaron a apoyar la política pesquera de las Comoras con objeto de promover la sostenibilidad y la buena gestión de los recursos pesqueros en sus aguas;

I.  Considerando el firme compromiso de la Unión en la lucha contra la pesca ilegal y contra cualquier actividad procedente de la misma, tal y como queda plasmado en el Reglamento sobre la pesca INDNR;

J.  Considerando que la Unión y los Estados miembros mantienen relaciones de cooperación con las Comoras en diversos sectores; que la decisión de la Unión de denunciar el Acuerdo de colaboración puede revocarse en caso de que se adopten las medidas correctoras necesarias y que la denuncia del Acuerdo actual no excluye la negociación futura de otro acuerdo o de cualquier otra forma de asociación en el sector pesquero;

K.  Considerando que la lucha contra la pesca INDNR no debe limitarse a la identificación de terceros países no cooperantes, sino que también ha de encontrar soluciones que permitan corregir los casos detectados; que, sin ayuda del exterior, las Comoras no podrán mejorar sus políticas de gestión marina, en particular de los recursos pesqueros, por lo que respecta a las condiciones de desembarque, la capacidad de seguimiento y vigilancia, el desarrollo científico y la formación técnica de pescadores y observadores;

L.  Considerando que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible integran por vez primera un objetivo asociado a la conservación y la explotación sostenible de los mares y los recursos marinos (Objetivo 14);

1.  Lamenta que las Comoras no hayan adoptado las medidas correctoras necesarias para resolver los problemas detectados y luchar contra la pesca INDNR pese a los avisos de la Unión;

2.  Reitera la importancia de contar con mecanismos eficaces de control del Estado de abanderamiento, cuya ausencia es una de las causas profundas de la pesca INDNR; considera que las Comoras deben cumplir las obligaciones que les incumben en virtud del Derecho internacional en lo que respecta a la supervisión y el control de los buques que enarbolen su pabellón; cree firmemente que la falta de supervisión y de autorización de pesca permite que tales buques se involucren impunemente en la pesca INDNR;

3.  Considera que las Comoras deben mantener su compromiso con la Unión y aprovechar esta oportunidad para poner en marcha las medidas necesarias para mejorar su capacidad de lucha contra la pesca ilegal;

4.  Lamenta que en casi treinta años de acuerdos de pesca entre la Unión y las Comoras —que incluían un componente de cooperación y apoyo al desarrollo del sector pesquero de este país— no haya sido posible lograr resultados más tangibles en el desarrollo del sector pesquero comorense, en particular en ámbitos como, entre otros, la capacidad de seguimiento y vigilancia, el desarrollo científico y la formación técnica de pescadores y observadores;

5.  Defiende la necesidad de una mejor articulación de los instrumentos de cooperación para el desarrollo disponibles, en especial el Fondo Europeo de Desarrollo (FED), con el apoyo global al desarrollo de capacidades en el sector de la pesca;

6.  Recuerda que, en el marco del Acuerdo de colaboración en el sector pesquero firmado con la Unión y de otros instrumentos internacionales, así como de la realización de la Agenda 2030 y de los objetivos de desarrollo sostenible, la Comoras tienen el deber de respetar los principios de buena gobernanza en el sector de la pesca y de la pesca responsable, de mantener las poblaciones de peces y de conservar el ecosistema marino en su zona económica exclusiva;

7.  Hace hincapié en que es necesario luchar contra la pesca INDNR a escala mundial y crear incentivos para que los Estados se tomen en serio sus responsabilidades y apliquen las reformas necesarias en sus sectores pesqueros;

8.  Destaca que la lucha contra la pesca INDNR no debe limitarse exclusivamente a la identificación de terceros países no cooperantes, ya que una verdadera lucha contra todas las formas de pesca ilegal pasa por encontrar modos de ayudar a los Estados, en particular a los pequeños países insulares en desarrollo, como es el caso de las Comoras, a modificar sus políticas de gestión marina;

9.  Coincide con la Comisión y el Consejo en la necesidad de aplicar las medidas a que se refiere el artículo 38, apartado 8, del Reglamento sobre la pesca INDNR para la denuncia de cualquier acuerdo bilateral de pesca suscrito con las Comoras que establezca la terminación del acuerdo en cuestión si este país no cumple los compromisos asumidos en lo que refiere a la lucha contra la pesca INDNR;

10.  Señala las demás consecuencias a que se refiere el artículo 38, apartado 8, del Reglamento sobre la pesca INDNR por lo que respecta a las prohibiciones de fletamento, cambio de pabellón y acuerdos privados, entre otras;

11.  Sostiene, no obstante, que esta denuncia no debe significar el final de la relación de cooperación entre la Unión y las Comoras en el ámbito pesquero; insta a la Comisión a que se esfuerce por restablecer lo antes posible esta relación, partiendo de la base de que las comunidades pesqueras y la pesca artesanal deben considerarse fundamentales para el desarrollo del país y de que, a tal fin, es preciso fomentar la inversión y la asistencia técnica en los ámbitos siguientes:

   el sistema de administración y gobernanza de la pesca, la legislación, la estructura institucional, la capacitación de los recursos humanos (pescadores, científicos, inspectores y otros) y la valorización comercial y cultural de los artes de pesca tradicionales y del pescado comorenses;
   las capacidades de seguimiento y científicas, de protección del litoral, de inspección, de vigilancia y de control de calidad;
   la instalación de estructuras de refrigeración, distribución y procesamiento de pescado;
   la construcción y la renovación de infraestructuras de desembarque y seguridad en dársenas y puertos;
   la renovación de la flota comorense de pequeña escala para mejorar su seguridad y su capacidad de permanencia en el mar y de pesca;

12.  Pide la inclusión de una cláusula por la que en caso de que las Comoras subsane sus deficiencias, se detenga el procedimiento y se le retire la tarjeta roja, permitiendo la vuelta de la flota comunitaria;

13.  Pide a la Comisión que tome las medidas oportunas para volver a una situación de normalidad, mejorando la eficacia de la lucha contra la pesca IUU, y permitiendo que la flota de la Unión vuelva al caladero una vez que se hayan renegociado los términos de un nuevo Protocolo;

14.  Pide a la Comisión y al Consejo que, en el ámbito de sus competencias respectivas, mantengan al Parlamento inmediata y plenamente informado de cualquier avance en este proceso;

15.  Encarga a su presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la Unión de las Comoras.

(1) DO L 290 de 20.10.2006, p. 7.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0082.
(3) DO L 286 de 29.10.2008, p. 1.


Europass: marco en materia de capacidades y cualificaciones ***I
PDF 241kWORD 43k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2018, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco común para prestar mejores servicios en materia de capacidades y cualificaciones (Europass), por la que se deroga la Decisión n.º 2241/2004/CE (COM(2016)0625 – C8-0404/2016 – 2016/0304(COD))
P8_TA(2018)0084A8-0244/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0625),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0404/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 15 de febrero de 2017(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por las comisiones competentes con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de diciembre de 2017, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Cultura y Educación, de conformidad con el artículo 55 del Reglamento,

–  Visto el informe de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0244/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de marzo de 2018 con vistas a la adopción de la Decisión (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un marco común para prestar mejores servicios en materia de capacidades y cualificaciones (Europass) y por la que se deroga la Decisión n.º 2241/2004/CE

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Decisión (UE) 2018/646.)

(1) DO C 173 de 31.5.2017, p. 45.


Programa Europa Creativa (2014 a 2020) ***I
PDF 241kWORD 43k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 1295/2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) (COM(2017)0385 – C8-0236/2017 – 2017/0163(COD))
P8_TA(2018)0085A8-0369/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0385),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 167, apartado 5, primer guion, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8‑0236/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 18 de octubre de 2017(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Visto el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 31 de enero de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0369/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 15 de marzo de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) n.º 1295/2013 por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020)

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/596.)

(1) Pendiente de publicación en el Diario Oficial.


Ubicación de la sede de la Agencia Europea de Medicamentos ***I
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Enmiendas aprobadas por el Parlamento Europeo el 15 de marzo de 2018 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) n.º 726/2004 en lo que respecta a la ubicación de la sede de la Agencia Europea de Medicamentos (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))(1)
P8_TA(2018)0086A8-0063/2018

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 2
(2)  Visto el artículo 50, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, la Agencia Europea de Medicamentos debe ocupar su nueva sede a partir de la fecha en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido o a partir del 30 de marzo de 2019, si esta última fecha es anterior.
(2)  Visto el artículo 50, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, la Agencia Europea de Medicamentos (en lo sucesivo «la Agencia») debe ocupar su nueva sede a partir del 30 de marzo de 2019.
Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 3
(3)  Para garantizar el buen funcionamiento de la Agencia Europea de Medicamentos en su nueva ubicación, debe formalizarse un acuerdo de sede antes de que la Agencia Europea de Medicamentos ocupe su nueva sede.
(3)  Para garantizar el buen funcionamiento de la Agencia en su nueva ubicación, debe formalizarse un acuerdo de sede a la mayor brevedad posible. El acuerdo de sede debe incluir las condiciones más adecuadas para el traslado satisfactorio de la Agencia y su personal a Ámsterdam.
Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)
(3 bis)  Para garantizar la plena continuidad de las actividades de la Agencia, la ubicación temporal en Ámsterdam debe facilitarse a partir del 1 de enero de 2019 y la sede permanente de la Agencia debe completarse a más tardar el 15 de noviembre de 2019.
Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)
(3 ter)  Se valora positivamente que la nueva ubicación de la Agencia esté en consonancia con las preferencias de los miembros de su personal actual y que las autoridades neerlandesas estén esforzándose por garantizar que este doble traslado no ponga en peligro la eficacia operativa, la continuidad y el funcionamiento sin interrupciones de la Agencia. No obstante, el doble traslado de la Agencia a Ámsterdam significa que la Agencia deberá reducir temporalmente la prioridad de determinadas actividades, como su trabajo sobre medicamentos pediátricos y cuestiones de salud pública, incluidos sus trabajos sobre resistencia a los agentes antimicrobianos y las pandemias de gripe, durante su permanencia en la ubicación temporal. Los retrasos ya anunciados por el Gobierno de los Países Bajos, que postergan más de siete meses la entrega del edificio permanente, cuya construcción aún no se ha iniciado, suscitan preocupación acerca de posibles demoras adicionales. La reubicación en el edificio temporal debe limitarse a 10,5 meses al objeto de asegurar que la Agencia pueda operar de nuevo a plena capacidad a partir del 16 de noviembre de 2019 y evitar una mayor pérdida de conocimientos.
Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – parte introductoria
En el Reglamento (CE) n.º 726/2004 se añade el artículo 71 bis siguiente:
En el Reglamento (CE) n.º 726/2004 se añaden los artículos 71 bis y 71 ter siguientes:
Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1
Reglamento (CE) n.º 726/2004
Artículo 71 bis
Artículo 71 bis
Artículo 71 bis
La Agencia tendrá su sede en Ámsterdam, Países Bajos.
La Agencia tendrá su sede en Ámsterdam, Países Bajos.
La Comisión y las autoridades competentes de los Países Bajos adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que la Agencia pueda trasladarse a su ubicación temporal a más tardar el 1 de enero de 2019, y que pueda trasladarse a su sede permanente a más tardar el 16 de noviembre de 2019.
La Comisión y las autoridades competentes de los Países Bajos presentarán un informe por escrito al Parlamento Europeo y al Consejo sobre los avances realizados en la adaptación de los locales temporales y en la construcción del edificio permanente tres meses después de la entrada en vigor del presente Reglamento y, posteriormente, cada tres meses, hasta que la Agencia se haya trasladado a su sede permanente.
Enmienda 7
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1
Reglamento (CE) n.º 726/2004
Artículo 71 ter (nuevo)
Artículo 71 ter
Un acuerdo de sede que permita a la Agencia asumir sus funciones en los locales aprobados por el Parlamento Europeo y el Consejo se celebrará en el plazo de tres meses a partir del ... [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].
Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2
El presente Reglamento se aplicará a partir de la fecha en que los Tratados dejen de aplicarse al Reino Unido o a partir del 30 de marzo de 2019, si esta última fecha es anterior.
El presente Reglamento se aplicará a partir del 30 de marzo de 2019.
Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Anexo (nuevo)
«ANEXO AL REGLAMENTO 2018/...
DECLARACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
El Parlamento Europeo lamenta que su papel de colegislador no haya sido tenido en cuenta debidamente, puesto que no participó en el procedimiento que condujo a la selección de la nueva sede de la Agencia Europea de Medicamentos.
El Parlamento Europeo desea recordar sus prerrogativas como colegislador e insiste en que debe respetarse plenamente el procedimiento legislativo ordinario en lo relativo a la ubicación de los organismos y agencias.
Como única institución de la Unión elegida directamente y representante de los ciudadanos de la Unión, es el primer garante del respeto del principio democrático en la Unión.
El Parlamento Europeo condena el procedimiento utilizado para la selección de la nueva ubicación de la sede que, de facto, privó al Parlamento Europeo de sus prerrogativas, ya que no participó de manera efectiva en el proceso, si bien ahora se espera que, mediante el procedimiento legislativo ordinario, meramente confirme la selección realizada para la nueva ubicación de la sede.
El Parlamento Europeo recuerda que el Planteamiento Común anexo a la Declaración Común del Parlamento Europeo, del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas, firmado en 2012, no es jurídicamente vinculante, tal como se reconoce en la misma Declaración y que se acordó sin perjuicio de las competencias legislativas de las instituciones.
Por consiguiente, el Parlamento Europeo insiste en que el procedimiento seguido para la selección de la nueva ubicación de las agencias se reforme y que no se ejecute con esta modalidad en el futuro.
Por último, el Parlamento Europeo quiere recordar también que en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación1, las tres instituciones se comprometieron a cooperar de manera leal y transparente, recordando al mismo tiempo la igualdad de ambos legisladores consagrada en los Tratados.
__________________
1 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.»

(1) De conformidad con el artículo 59, apartado 4, párrafo cuarto, del Reglamento interno, el asunto se devuelve a la comisión competente con vistas a la celebración de negociaciones interinstitucionales (A8-0063/2018).


Base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades *
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2018, sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) (COM(2016)0683 – C8-0471/2016 – 2016/0336(CNS))
P8_TA(2018)0087A8-0051/2018

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2016)0683),

–  Visto el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0471/2016),

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por el Parlamento danés, el Parlamento irlandés, el Senado irlandés, la Cámara de Diputados luxemburguesa, el Parlamento maltés, el Senado neerlandés, el Congreso de los Diputados neerlandés y el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0051/2018),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 1
(1)  Las sociedades que tratan de desarrollar su actividad empresarial a escala transfronteriza en el interior de la Unión tienen que hacer frente a obstáculos y distorsiones del mercado graves como consecuencia de la existencia de veintiocho sistemas diferentes del impuesto sobre sociedades. Por otra parte, las estructuras de planificación fiscal han ido adquiriendo cada vez mayor complejidad, ya que se desarrollan en varias jurisdicciones y aprovechan eficazmente los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las asimetrías entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda fiscal de las sociedades. Aunque estas situaciones ponen de manifiesto deficiencias muy distintas, ambas crean obstáculos que impiden el buen funcionamiento del mercado interior. Así pues, las medidas que se adopten para resolver estos problemas deberían abordar estos dos tipos de deficiencias que afectan al mercado.
(1)  Las sociedades que tratan de desarrollar su actividad empresarial a escala transfronteriza en el interior de la Unión tienen que hacer frente a obstáculos y distorsiones del mercado graves como consecuencia de la existencia de veintiocho sistemas diferentes del impuesto sobre sociedades. En un contexto general de globalización y digitalización, es cada vez más difícil trazar la imposición en el origen, al tiempo que la manipulación resulta cada vez más fácil, en particular en lo que se refiere al capital financiero e intelectual. Por otra parte, las estructuras de planificación fiscal han ido adquiriendo cada vez mayor complejidad, ya que se desarrollan en varias jurisdicciones y aprovechan eficazmente los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las asimetrías entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda fiscal de las sociedades. La digitalización mayoritaria de muchos sectores de la economía, unida al rápido desarrollo de la economía digital, pone en entredicho la idoneidad de los modelos del impuesto sobre sociedades de la Unión, diseñados para los sectores tradicionales, también en cuanto al grado en que los criterios de valoración y cálculo pueden reinventarse de manera que reflejen las actividades comerciales del siglo XXI. Aunque estas situaciones ponen de manifiesto deficiencias muy distintas, todas crean obstáculos que impiden el buen funcionamiento del mercado interior y generan distorsiones entre las grandes sociedades y las pequeñas y medianas empresas. Así pues, una nueva norma reguladora del impuesto sobre sociedades debería abordar estos tipos de deficiencias que afectan al mercado respetando al mismo tiempo los objetivos de claridad y seguridad jurídica a largo plazo y el principio de neutralidad fiscal. Una mayor convergencia de los sistemas fiscales nacionales redundará en una disminución significativa de los costes y la carga administrativa en beneficio de las empresas que operan a escala transfronteriza dentro de la Unión. Mientras que la política fiscal es una competencia nacional, en el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se afirma claramente que el Consejo adoptará por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o el funcionamiento del sector.
Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 2
(2)  A fin de contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, el entorno del impuesto sobre sociedades en la Unión debe configurarse de conformidad con el principio de que las sociedades paguen la cuota de impuestos que les corresponda en la jurisdicción o jurisdicciones donde se generen sus beneficios. Por lo tanto, es necesario establecer mecanismos que disuadan a las sociedades de aprovechar las asimetrías entre los sistemas fiscales nacionales a fin de reducir su deuda fiscal. Es asimismo importante estimular el crecimiento y el desarrollo económico en el mercado interior, a través de la facilitación del comercio transfronterizo y de la inversión de las sociedades. A tal fin, es necesario eliminar los riesgos de doble imposición y de doble no imposición en la Unión mediante la erradicación de las disparidades en la interacción de los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades. Al mismo tiempo, las sociedades necesitan un marco jurídico y fiscal fácil de poner en práctica a fin de desarrollar sus actividades comerciales y expandirse más allá de las fronteras de la Unión. En este contexto, es preciso eliminar asimismo los casos de discriminación que aún persisten.
(2)  A fin de contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, el entorno del impuesto sobre sociedades en la Unión debe configurarse de conformidad con el principio de que las sociedades paguen la cuota de impuestos que les corresponda en la jurisdicción o jurisdicciones donde se generen sus beneficios y donde tengan un establecimiento permanente. Habida cuenta de los cambios en el entorno empresarial, resulta necesario garantizar que las empresas que generen ingresos en un Estado miembro en el que no tengan un establecimiento físico permanente, pero sí tengan una presencia digital permanente, reciban el mismo trato que las empresas con un establecimiento físico permanente. Por lo tanto, es necesario establecer mecanismos que disuadan a las sociedades de aprovechar las asimetrías entre los sistemas fiscales nacionales a fin de reducir su deuda fiscal. Es asimismo importante estimular el crecimiento y el desarrollo económico en el mercado interior, a través de la facilitación del comercio transfronterizo y de la inversión de las sociedades. A tal fin, es necesario eliminar los riesgos de doble imposición y de doble no imposición en la Unión mediante la erradicación de las disparidades en la interacción de los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades. Al mismo tiempo, las sociedades necesitan un marco jurídico y fiscal fácil de poner en práctica a fin de desarrollar sus actividades comerciales y expandirse más allá de las fronteras de la Unión. En este contexto, es preciso eliminar asimismo los casos de discriminación que aún persisten. La consolidación constituye un elemento esencial del régimen BICCIS, dado que es la única forma de superar los principales obstáculos fiscales que deben afrontar las empresas del mismo grupo que desarrollan actividades transfronterizas en la Unión, ya que permite suprimir los trámites relacionados con los precios de transferencia y la doble imposición intragrupo.
Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 3
(3)  Como ya se indicaba en la propuesta de 16 de marzo de 2011 de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS), contar con un sistema del impuesto sobre sociedades que considere la Unión un mercado único a efectos del cálculo de la base imponible facilitaría la actividad transfronteriza de las sociedades residentes en ella y contribuiría al objetivo de convertirla en un lugar más competitivo con vistas a la inversión internacional. La propuesta de 2011 sobre la BICCIS se centraba en el objetivo de facilitar la expansión de la actividad comercial de las empresas dentro de la Unión. Además de ese objetivo, también debe tenerse en cuenta que la BICCIS podría resultar muy eficaz para mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la lucha contra los mecanismos de elusión fiscal. En este contexto, resulta oportuno relanzar la iniciativa relativa al establecimiento de una BICCIS con el fin de abordar, en pie de igualdad, tanto el aspecto de facilitación del comercio como la función de lucha contra la elusión fiscal. Este enfoque sería el mejor medio de lograr el objetivo de erradicar las distorsiones en el funcionamiento del mercado interior.
(3)  Como ya se indicaba en la propuesta de 16 de marzo de 2011 de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)7, contar con un sistema del impuesto sobre sociedades que considere la Unión un mercado único a efectos del cálculo de la base imponible facilitaría la actividad transfronteriza de las sociedades residentes en ella y contribuiría al objetivo de convertirla en un lugar más competitivo con vistas a la inversión internacional, en especial para las pequeñas y medianas empresas. La propuesta de 2011 sobre la BICCIS se centraba en el objetivo de facilitar la expansión de la actividad comercial de las empresas dentro de la Unión. Además de ese objetivo, también debe tenerse en cuenta que la BICCIS podría resultar muy eficaz para mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la lucha contra los mecanismos de elusión fiscal. En este contexto, resulta oportuno relanzar la iniciativa relativa al establecimiento de una BICCIS con el fin de abordar, en pie de igualdad, tanto el aspecto de facilitación del comercio como la función de lucha contra la elusión fiscal. Una vez aplicada en todos los Estados miembros, la BICCIS garantizará que los impuestos se paguen donde se obtengan los beneficios y donde las sociedades tengan un establecimiento permanente. Este enfoque sería el mejor medio de lograr el objetivo de erradicar las distorsiones en el funcionamiento del mercado interior. La mejora del mercado interior es un factor clave para incentivar el crecimiento y la creación de empleo. La introducción de una BICCIS mejoraría el crecimiento económico y tendría como resultado más empleo en la Unión al limitar los perjuicios derivados de la competencia fiscal entre sociedades.
__________________
__________________
7 Propuesta de Directiva del Consejo de 3.10.2011, relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, COM(2011)0121 final, p.2.
7 Propuesta de Directiva del Consejo de 3.10.2011, relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, COM(2011)0121 final, p.2.
Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 4
(4)  Habida cuenta de la necesidad de actuar con rapidez a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior haciéndolo más favorable al comercio y la inversión y dotándolo de mayor resiliencia frente a las prácticas de elusión fiscal, es necesario dividir la ambiciosa iniciativa de la BICCIS en dos propuestas separadas. En una primera fase, deberían acordarse normas sobre una base imponible común del impuesto sobre sociedades antes de pasar a abordar, en una segunda fase, el aspecto de la consolidación.
(4)  Habida cuenta de la necesidad de actuar con rapidez a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior haciéndolo más favorable al comercio y la inversión y dotándolo de mayor resiliencia frente a las prácticas de elusión fiscal, es muy importante garantizar que la Directiva relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades y la Directiva relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades entren en vigor de manera simultánea. Debido al importante paso hacia la realización del mercado interior que tal cambio de régimen representa, se necesita flexibilidad para garantizar su correcta ejecución desde su inicio y en adelante. Por tanto, comoquiera que el mercado interior incluye a todos los Estados miembros, debería introducirse en todos ellos una BICCIS. Si el Consejo no adopta una decisión unánime de crear una BICCIS, la Comisión debería presentar una nueva propuesta basada en el artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en virtud del cual el Parlamento y el Consejo pueden adoptar la legislación que resulte necesaria con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Como último recurso, debe iniciarse una cooperación reforzada que debería estar abierta permanentemente a cualquier Estado miembro que no participe, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es de lamentar, no obstante, que no se haya llevado a cabo una evaluación suficientemente detallada en relación con las propuestas de BICIS o BICCIS en cuanto a los efectos para los ingresos procedentes del impuesto de sociedades de los Estados miembros, país por país.
Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 5
(5)  Muchas de las estructuras de planificación fiscal agresiva tienden a surgir en un contexto transfronterizo, de lo que se infiere que los grupos de sociedades que participan en ellas poseen un nivel mínimo de recursos. Partiendo de esta premisa y en aras de la proporcionalidad, procede que las normas sobre la BICCIS solo tengan carácter obligatorio para los grupos de sociedades de un tamaño considerable. A tal fin, es preciso fijar un umbral de tamaño en función del total de ingresos consolidados de un grupo que presente estados financieros consolidados. Además, con el fin de cumplir con mayor eficacia el objetivo de facilitar el comercio y la inversión en el mercado interior, los grupos que no alcancen el umbral de tamaño mencionado deberían poder aplicar las normas relativas a la BICCIS con carácter facultativo.
(5)  Muchas de las estructuras de planificación fiscal agresiva tienden a surgir en un contexto transfronterizo, de lo que se infiere que los grupos de sociedades que participan en ellas poseen un nivel mínimo de recursos. Partiendo de esta premisa y en aras de la proporcionalidad, procede que inicialmente las normas sobre la base común solo tengan carácter obligatorio para las sociedades pertenecientes a un grupo de tamaño considerable. A tal fin, es preciso fijar un umbral inicial de tamaño de 750 millones de euros en función del total de ingresos consolidados de un grupo que presente cuentas consolidadas. Dado que la presente Directiva fija una nueva norma en materia de base imponible del impuesto sobre sociedades para todas las empresas de la Unión, el límite debe reducirse a cero a lo largo de un periodo máximo de siete años. Con el fin de cumplir con mayor eficacia el objetivo de facilitar el comercio y la inversión en el mercado interior, las normas relativas a la base imponible común del impuesto sobre sociedades deben estar disponibles también en la primera fase, con carácter facultativo, para las sociedades que no cumplan estos criterios.
Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)
(5 bis)  En igualdad de condiciones, el cambio a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades puede suponer pérdidas o aumentos de ingresos fiscales para los Estados miembros. A fin de compensar las pérdidas, debe crearse un mecanismo provisional de compensación, financiado a partir del superávit fiscal de aquellos Estados miembros que registren un aumento de sus ingresos fiscales a resultas del nuevo régimen. La compensación debe ajustarse anualmente para tener en cuenta las decisiones tomadas a escala nacional o regional antes de la entrada en vigor de la presente Directiva. La Comisión debe tener la obligación de proponer la supresión o modificación del sistema de compensación tras un período de siete años, así como de establecer los topes máximos de compensación.
Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo)
(5 ter)  A fin de evitar la actual distribución de la carga fiscal entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas multinacionales, tal y como se menciona en la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2015, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares, con una base imponible común del impuesto sobre sociedades se pretende no poner a las pymes en situación de desventaja competitiva, creando así unas condiciones equitativas para ellas. La autoridad tributaria principal puede proporcionar a las pymes todas las herramientas necesarias para cumplir los requisitos administrativos y de organización que exige la adhesión a la BICCIS.
Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 6
(6)  Resulta oportuno que la admisibilidad al grupo fiscal consolidado se determine mediante un doble examen basado en i) el control (más del 50 % de los derechos de voto) y ii) la propiedad (más del 75 % del capital) o el derecho a beneficios (más del 75 % de los derechos a participar en los beneficios). Dicho examen debería garantizar un elevado nivel de integración económica entre los miembros del grupo. A fin de garantizar la integridad del sistema, procede que tanto el umbral de control como el de propiedad o derecho a beneficios se respeten a lo largo de todo el ejercicio fiscal; de no ser así, la sociedad debe abandonar el grupo inmediatamente. A fin de evitar la manipulación de los resultados fiscales que supone la entrada y la salida de sociedades de un grupo en un breve espacio de tiempo, es preciso establecer asimismo un plazo mínimo de nueve meses consecutivos para convertirse en miembro de un grupo.
(6)  Es necesario definir el concepto de establecimiento permanente situado en la Unión y perteneciente a un contribuyente que tiene su residencia a efectos fiscales en la Unión. Con demasiada frecuencia, las empresas multinacionales se organizan para trasladar sus beneficios a sistemas fiscales favorables sin haber abonado ningún impuesto o abonando impuestos muy reducidos. El concepto de un establecimiento permanente permitiría disponer de una definición precisa y obligatoria de las condiciones que debe cumplir una multinacional para considerarse bien implantada en un país. Ello obligará a las empresas multinacionales a tributar de forma equitativa. Se trata de garantizar que todos los contribuyentes afectados compartan una noción común y descartar la posibilidad de una asimetría debido a definiciones divergentes. Del mismo modo, es importante contar con una definición común de los establecimientos permanentes situados en un tercer país, o situados en la Unión pero pertenecientes a contribuyentes residentes a efectos fiscales en un tercer país. Si los precios de transferencia dan pie a la transferencia de beneficios a jurisdicciones fiscales con una baja tributación, es preferible un sistema que asigne los beneficios mediante una fórmula de reparto. Mediante la adopción de este sistema, la Unión puede establecer una norma internacional que contemple un régimen impositivo moderno y eficiente para las empresas. La Comisión debe elaborar directrices para la fase de transición, en la que la fórmula de reparto coexista con otros métodos de asignación en la relación con terceros países, al tiempo que la fórmula de reparto debe constituir en última instancia el método estándar de asignación. La Comisión debe presentar una propuesta para la creación de un modelo de convenio fiscal de la Unión que pueda reemplazar en último término a los miles de convenios bilaterales celebrados por cada Estado miembro.
Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)
(6 bis)  Los bienes digitales tienden a ser altamente móviles e intangibles. Algunos estudios muestran que el sector digital está muy implicado en la planificación fiscal agresiva, puesto que muchos modelos de negocio no precisan de infraestructura física a fin de llevar a cabo transacciones con los clientes y obtener beneficios. Esto permite a las empresas digitales de mayor tamaño pagar impuestos de tipo casi cero sobre sus ingresos. Las arcas de los Estados miembros pierden miles de millones de euros en ingresos fiscales al no poder gravar a las multinacionales digitales. Para hacer frente a una injusticia social real y urgente, es necesario ampliar la legislación vigente en materia de impuestos sobre sociedades a fin de incluir un nuevo nexo con el establecimiento permanente sobre la base de una presencia digital significativa. Es necesaria la igualdad de condiciones para los modelos de negocio similares a fin de abordar los retos en materia fiscal que plantea el contexto de la digitalización, sin obstaculizar el potencial del sector digital. Se debe prestar especial atención, a ese respecto, a los trabajos efectuados por la OCDE sobre una reglamentación internacional coherente.
Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 10
(10)  Conviene que la fórmula de reparto de la base imponible consolidada incluya tres factores a los que se atribuya la misma ponderación, a saber, mano de obra, activos y ventas por destino. Esos factores con la misma ponderación deben reflejar un enfoque equilibrado de la distribución de beneficios imponibles entre los Estados miembros pertinentes y garantizar que dichos beneficios se graven en el lugar donde se generan realmente. Así pues, resulta oportuno asignar la mano de obra y los activos al Estado miembro donde se efectúe el trabajo o donde estén situados los activos, y, por ende, conceder la adecuada ponderación a los intereses del Estado miembro de origen, mientras que las ventas deben asignarse al Estado miembro de destino de los bienes o servicios. A fin de tener en cuenta las diferencias existentes en los niveles salariales de la Unión en su conjunto y permitir así una distribución equitativa de la base imponible consolidada, conviene que el factor mano de obra comprenda tanto los salarios como el número de asalariados (es decir, cada uno de estos elementos debe contar la mitad). El factor activos, por su parte, debe incluir el inmovilizado material en su totalidad, pero excluir el inmovilizado intangible y los activos financieros debido a su carácter fluctuante y al riesgo de que eludan las normas de la presente Directiva. Cuando, por circunstancias excepcionales, el resultado del reparto no represente de forma equitativa el alcance de la actividad empresarial, resulta oportuno que exista una cláusula de salvaguardia que prevea la aplicación de un método alternativo de asignación de los ingresos.
(10)  Conviene que la fórmula de reparto de la base imponible consolidada incluya cuatro factores a los que se atribuya la misma ponderación, a saber, mano de obra, activos, ventas por destino y recogida y uso de datos personales de los usuarios de plataformas y servicios en línea (este último denominado «factor datos»). Esos factores con la misma ponderación deben reflejar un enfoque equilibrado de la distribución de beneficios imponibles entre los Estados miembros pertinentes y garantizar que dichos beneficios se graven en el lugar donde se generan realmente. Así pues, resulta oportuno asignar la mano de obra y los activos al Estado miembro donde se efectúe el trabajo o donde estén situados los activos, y, por ende, conceder la adecuada ponderación a los intereses del Estado miembro de origen, mientras que las ventas deben asignarse al Estado miembro de destino de los bienes o servicios. A fin de tener en cuenta las diferencias existentes en los niveles salariales de la Unión en su conjunto y permitir así una distribución equitativa de la base imponible consolidada, conviene que el factor mano de obra comprenda tanto los salarios como el número de asalariados (es decir, cada uno de estos elementos debe contar la mitad). El factor activos, por su parte, debe incluir solamente el inmovilizado material. Cuando, por circunstancias excepcionales, el resultado del reparto no represente de forma equitativa el alcance de la actividad empresarial, resulta oportuno que exista una cláusula de salvaguardia que prevea la aplicación de un método alternativo de asignación de los ingresos.
Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)
(10 bis)  La fórmula para el reparto de la base imponible consolidada debe reflejar totalmente la actividad económica desarrollada en cada Estado miembro, tomando debidamente en cuenta las posibles diferencias significativas entre sus economías. Cuando la fórmula resulte en un reparto desproporcionado que no refleje debidamente la actividad económica, un mecanismo de resolución de litigios podría servir para remediar este tipo de situación. A la vista de lo expuesto, la Comisión debe evaluar el posible establecimiento de un mecanismo de resolución de litigios que garantice la correcta resolución de los litigios cuando estén involucrados varios Estados miembros.
Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Considerando 11
(11)  Debido a sus características específicas, determinados sectores, tales como el sector financiero y de seguros, el sector del petróleo y el gas, así como el transporte marítimo y el transporte aéreo, requieren una adaptación de la fórmula de reparto de la base imponible consolidada.
suprimido
Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Considerando 14
(14)  La presente Directiva se basa en la Directiva 2016/xx/UE del Consejo relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades (que establece un conjunto común de normas relativas al impuesto sobre sociedades para el cálculo de la base imponible) y se centra en la consolidación de los resultados fiscales del grupo en su conjunto. Así pues, sería preciso abordar la interacción de ambos instrumentos legislativos y tener en cuenta la transición de determinados elementos de la base imponible al nuevo marco del grupo. Estos elementos deberían incluir, en particular, la norma relativa a la limitación de los intereses, la cláusula de inversión (switch-over), la legislación relativa a las sociedades extranjeras controladas, así como las asimetrías híbridas.
(14)  La presente Directiva se basa en la Directiva 2016/xx/UE del Consejo relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades (que establece un conjunto común de normas relativas al impuesto sobre sociedades para el cálculo de la base imponible) y se centra en la consolidación de los resultados fiscales del grupo en su conjunto. Así pues, es preciso abordar la interacción de ambos instrumentos legislativos y tener en cuenta la transición de determinados elementos de la base imponible al nuevo marco del grupo. Estos elementos deberían incluir, en particular, la norma relativa a la limitación de los intereses, la cláusula de inversión (switch-over), la legislación relativa a las sociedades extranjeras controladas, así como las asimetrías híbridas. No se debe evitar que los Estados miembros introduzcan medidas adicionales de lucha contra la elusión fiscal con el fin de reducir los efectos negativos de los beneficios desviados a países terceros de impuestos reducidos.
Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Considerando 16
(16)  A fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales de la presente Directiva, resulta oportuno delegar en la Comisión la competencia para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que se refiere i) a la consideración de los cambios que se produzcan en las legislaciones de los Estados miembros en relación con las formas societarias y los impuestos sobre sociedades y de la modificación de los anexos I y II en consecuencia; ii) al establecimiento de definiciones adicionales; y iii) a la compleción de la norma relativa a la limitación de la deducibilidad de los intereses con normas para evitar la fragmentación a fin de hacer frente con mayor eficacia a los riesgos de elusión fiscal que puedan surgir dentro de un grupo. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.
(16)  A fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales de la presente Directiva, resulta oportuno delegar en la Comisión la competencia para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que se refiere i) a la consideración de los cambios que se produzcan en las legislaciones de los Estados miembros en relación con las formas societarias y los impuestos sobre sociedades y de la modificación de los anexos I y II en consecuencia; ii) al establecimiento de definiciones adicionales; iii) a la compleción de la norma relativa a la limitación de la deducibilidad de los intereses con normas para evitar la fragmentación a fin de hacer frente con mayor eficacia a los riesgos de elusión fiscal que puedan surgir dentro de un grupo; y iv) a la elaboración de directrices para la fase de transición, en la que la fórmula de reparto coexista con otros métodos de asignación en la relación con terceros países. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y tome en consideración la resolución anual del Parlamento Europeo sobre su propia evaluación de la Directiva. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.
Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Considerando 17
(17)  A fin de garantizar la uniformidad de las condiciones de aplicación de la presente Directiva, conviene conferir a la Comisión competencias de ejecución i) para la adopción anual de una lista de formas societarias de terceros países que sean similares a las formas societarias enumeradas en el anexo I; ii) para el establecimiento de normas de aplicación relativas al cálculo de los factores correspondientes a mano de obra, activos y ventas, la asignación de asalariados y salarios, activos y ventas a su respectivo factor, y la valoración de activos; iii) para la adopción de un acto por el que se establezca el formulario normalizado de notificación de creación de un grupo; y iv) para el establecimiento de normas relativas a la presentación por vía electrónica de la declaración fiscal consolidada, el formulario de la declaración fiscal consolidada, el formulario de la declaración fiscal del contribuyente individual y la documentación acreditativa exigida. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo12.
(17)  A fin de garantizar la uniformidad de las condiciones de aplicación de la presente Directiva, conviene conferir a la Comisión competencias de ejecución i) para la adopción anual de una lista de formas societarias de terceros países que sean similares a las formas societarias enumeradas en el anexo I; ii) para el establecimiento de normas de aplicación relativas al cálculo de los factores correspondientes a mano de obra, activos y ventas, y del factor correspondiente a datos, la asignación de asalariados y salarios, de datos personales recogidos y datos personales explotados, activos y ventas a su respectivo factor, y la valoración de activos; iii) para la adopción de un acto por el que se establezca el formulario normalizado de notificación de creación de un grupo; y iv) para el establecimiento de normas relativas a la presentación por vía electrónica de la declaración fiscal consolidada, el formulario de la declaración fiscal consolidada, el formulario de la declaración fiscal del contribuyente individual y la documentación acreditativa exigida. La Comisión debe diseñar, en cooperación con las administraciones fiscales de los Estados miembros, esos formularios de declaración fiscal consolidada. Estas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo.
__________________
__________________
12 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
12 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Considerando 18
(18)  Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la mejora del funcionamiento del mercado interior mediante la lucha contra las prácticas de elusión fiscal internacional y la facilitación de la expansión transfronteriza de las sociedades en la Unión, no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros actuando por separado y de forma divergente ya que para lograrlos se requiere una actuación coordinada, sino que podrían lograrse mejor a nivel de la Unión, puesto que la Directiva aborda las ineficiencias del mercado interior originadas por la interacción de normas fiscales nacionales dispares que repercuten en el mercado interior y desalientan la actividad transfronteriza, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos, en especial teniendo en cuenta que su ámbito de aplicación obligatorio se limita a los grupos que rebasan un determinado tamaño.
(18)  Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la mejora del funcionamiento del mercado interior mediante la lucha contra las prácticas de elusión fiscal internacional y la facilitación de la expansión transfronteriza de las sociedades, particularmente las pymes, en la Unión, no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros actuando por separado y de forma divergente ya que para lograrlos se requiere una actuación coordinada, sino que podrían lograrse mejor a nivel de la Unión, puesto que la Directiva aborda las ineficiencias del mercado interior originadas por la interacción de normas fiscales nacionales dispares que repercuten en el mercado interior y desalientan la actividad transfronteriza, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en ese artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos, en especial teniendo en cuenta que su ámbito de aplicación obligatorio se limita a los grupos que rebasan un determinado tamaño.
Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Considerando 20
(20)  La Comisión debe revisar la aplicación de la Directiva a los cinco años de su entrada en vigor y presentar al Consejo un informe sobre su funcionamiento. Se exigirá a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
(20)  Dado que la presente Directiva contiene una importante modificación de las normas relativas al impuesto sobre sociedades, la Comisión debe realizar una evaluación exhaustiva de la aplicación de la Directiva a los cinco años de su entrada en vigor y presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre su funcionamiento. El informe sobre la aplicación debe incluir, como mínimo, los siguientes elementos: el impacto en los ingresos de los Estados miembros del régimen fiscal contemplado en la presente Directiva, las ventajas y desventajas del régimen para las pymes, el impacto en materia de recaudación de impuestos equitativa entre los Estados miembros, el impacto en la totalidad del mercado interior, particularmente en lo que se refiere a una posible distorsión de la competencia entre empresas sometidas a las nuevas normas establecidas en la presente Directiva, y el número de empresas incluidas en el ámbito de aplicación durante el periodo de transición. La Comisión debe revisar la aplicación de la presente Directiva a los diez años de su entrada en vigor y presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre su funcionamiento. Se exigirá a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Considerando 20 bis (nuevo)
(20 bis)  Con el fin de lograr una consolidación total y uniforme y evitar nuevas oportunidades para el arbitraje derivado de inconsistencias contables entre los Estados miembros, es necesario adoptar criterios claros, coherentes y objetivos para calcular la base imponible consolidada. A tal fin, la Comisión debe proponer las modificaciones pertinentes en las correspondientes disposiciones de la Directiva por lo que se refiere a la definición y el cálculo de la base imponible consolidada.
Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Considerando 20 ter (nuevo)
(20 ter)  La Comisión debe considerar la posibilidad de realizar estudios adicionales para analizar el posible impacto de la BICCIS sobre los ingresos derivados del impuesto sobre sociedades en cada uno de los Estados miembros y las posibles desventajas competitivas para la Unión en relación con terceros países.
Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1
1.  La presente Directiva establece un sistema para la consolidación de las bases imponibles, a que se refiere la Directiva 2016/xx/UE14 del Consejo, de las sociedades que formen parte de un grupo y establece normas sobre el modo en que la base consolidada común del impuesto sobre sociedades debe distribuirse entre los Estados miembros y ser gestionada por las autoridades tributarias nacionales.
1.  La presente Directiva establece una base común para la imposición en la Unión de determinadas sociedades y establece normas para el cálculo de dicha base, incluidas normas sobre medidas para prevenir la elusión fiscal y sobre medidas relativas a la dimensión internacional del régimen fiscal propuesto.
_______________
14 [insertar el título completo de la Directiva (DO L [...] de [...], p. [...])].
Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria
1.  Las normas de la presente Directiva se aplicarán a las sociedades que estén constituidas en virtud de la legislación de un Estado miembro, incluidos sus establecimientos permanentes en otros Estados miembros, cuando cumplan todas las condiciones siguientes:
1.  Las normas de la presente Directiva se aplicarán a las sociedades que estén constituidas en virtud de la legislación de un Estado miembro, incluidos sus establecimientos permanentes y sus establecimientos virtuales permanentes en otros Estados miembros, cuando cumplan todas las condiciones siguientes:
Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c
c)  que pertenezcan a un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera cuyos ingresos consolidados totales a nivel de grupo hayan superado los 750 millones de euros durante el ejercicio financiero anterior al ejercicio financiero correspondiente;
c)  que pertenezcan a un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera cuyos ingresos consolidados totales a nivel de grupo hayan superado los 750 millones de euros durante el ejercicio financiero anterior al ejercicio financiero correspondiente; ese límite se debe rebajar a cero a lo largo de un período máximo de siete años;
Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3
3.  La sociedades que cumplan las condiciones establecidas en las letras a), b) y d) del apartado 1, pero que no cumplan las condiciones establecidas en la letra c) de dicho apartado, podrán optar por aplicar, también en relación con sus establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros, las normas de la presente Directiva durante cinco ejercicios fiscales. Ese periodo se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos de cinco ejercicios fiscales, salvo que se presente una notificación de renuncia tal como se contempla en el artículo 47, apartado 2. Las condiciones establecidas en las letras a), b) y d) del apartado 1 deberán cumplirse cada vez que se aplique la prórroga.
3.  La sociedades que cumplan las condiciones establecidas en las letras a), b) y d) del apartado 1, pero que no cumplan las condiciones establecidas en la letra c) de dicho apartado, podrán optar por aplicar, también en relación con sus establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros, las normas de la presente Directiva.
Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4
4.  Las normas de la presente Directiva no se aplicarán a las compañías navieras sujetas a un régimen fiscal especial. A efectos de determinación de las sociedades que forman parte de un mismo grupo, de conformidad con los artículos 5 y 6, deberán tenerse en cuenta las compañías navieras sujetas a un régimen fiscal especial.
suprimido
Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 23
23)  «base imponible consolidada»: el resultado de la suma de las bases imponibles de todos los miembros del grupo, calculado de conformidad con la Directa 2016/xx/UE;
23)  «base imponible consolidada»: el ingreso gravable neto consolidado de los miembros del grupo, calculado en función de la base contable aplicable a todos los miembros del grupo de conformidad con la Directiva 2016/xx/UE;
Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 28 bis (nuevo)
28 bis)  «factor correspondiente a datos»: la recogida y la explotación con fines comerciales de datos personales de los usuarios de plataformas y servicios en línea en uno o más Estados miembros.
Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 3
3.  Cuando el lugar de administración efectiva de un miembro del grupo dedicado al transporte marítimo o por vías navegables interiores se encuentre a bordo de un buque o de una embarcación, el miembro del grupo será considerado residente a efectos fiscales en el Estado miembro del puerto de origen del buque o la embarcación o, en su defecto, en el Estado miembro de residencia a efectos fiscales del operador del buque o la embarcación.
suprimido
Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 4
4.  Un contribuyente residente estará sujeto al impuesto sobre sociedades en relación con la totalidad de la renta que obtenga, cualquiera que sea su fuente, tanto dentro como fuera del Estado miembro donde tenga su residencia a efectos fiscales.
4.  Un contribuyente residente estará sujeto al impuesto sobre sociedades en relación con la totalidad de la renta generada a través de cualesquiera actividades, tanto dentro como fuera del Estado miembro donde tenga su residencia a efectos fiscales.
Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 5
5.  Un contribuyente no residente estará sujeto al impuesto sobre sociedades en relación con la totalidad de la renta que obtenga de una actividad desarrollada a través de un establecimiento permanente en un Estado miembro.
5.  Un contribuyente no residente estará sujeto al impuesto sobre sociedades en relación con la totalidad de la renta que obtenga de una actividad desarrollada a través de un establecimiento permanente, incluido un establecimiento virtual permanente, en un Estado miembro. El establecimiento virtual permanente de un contribuyente se determinará de conformidad con las condiciones y criterios contemplados en el artículo 5 de la Directiva del Consejo ... relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades1 bis.
_______________
1 bis Directiva del Consejo ... relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades (DO L ..., ..., p. ...).
Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a
a)  el derecho a ejercer más del 50 % de los derechos de voto; y
a)  el derecho a ejercer derechos de voto que excedan del 50 %; y
Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  Entre los establecimientos permanentes se incluirán los establecimientos virtuales permanentes de conformidad con las condiciones y los criterios contemplados en el artículo 5 de la Directiva del Consejo ... relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades1 bis.
_______________
1 bis Directiva del Consejo ... relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades (DO L ..., ..., p. ...).
Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1
1.  Las bases imponibles de todos los miembros del grupo deberán sumarse para constituir una base imponible consolidada.
1.  La base imponible de un grupo consolidado deberá determinarse como si se tratara de una única entidad. A tal fin, se recalculará la base imponible agregada del grupo para eliminar todas las ganancias o pérdidas, incluidas las procedentes de cualesquiera operaciones, de la naturaleza que sean, entre dos o más entidades dentro del grupo.
Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2
2.  Cuando la base imponible consolidada sea negativa, la pérdida se trasladará a ejercicios posteriores y se compensará con la siguiente base imponible consolidada positiva. Cuando la base imponible consolidada sea positiva, se repartirá de conformidad con el capítulo VIII.
2.  Cuando la base imponible consolidada sea negativa, la pérdida se trasladará a ejercicios posteriores y se compensará con la siguiente base imponible consolidada positiva durante un periodo máximo de cinco ejercicios. Cuando la base imponible consolidada sea positiva, se repartirá de conformidad con el capítulo VIII.
Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2
2.  Los grupos aplicarán un método uniforme y debidamente documentado para registrar las operaciones intragrupo. Los grupos podrán cambiar de método solo por motivos comerciales válidos y únicamente al principio del ejercicio fiscal.
2.  Los grupos aplicarán un método uniforme y debidamente documentado para registrar las operaciones intragrupo. Los grupos podrán cambiar de método solo por motivos comerciales válidos y únicamente al principio del ejercicio fiscal. Todas esas operaciones deberán eliminarse de la base imponible como resultado de la consolidación realizada con arreglo al artículo 7, apartado 1.
Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3
3.  El método de registro de las operaciones intragrupo deberá permitir identificar todas las transferencias y ventas intragrupo al precio de coste más bajo en el caso de los activos no amortizables o al valor fiscal, en el caso de los activos amortizables.
suprimido
Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 4
4.  Las transferencias intragrupo no cambiarán la condición del inmovilizado intangible endógeno.
suprimido
Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1 – párrafo 1
Cuando, como resultado de una reorganización empresarial, uno o varios grupos, o dos o más miembros de un grupo, pasen a formar parte de otro grupo, toda pérdida no compensada del grupo o grupos existentes previamente se atribuirá a cada uno de los miembros de este grupo o grupos, de conformidad con el capítulo VIII y sobre la base de los factores tal como se encuentren al final del ejercicio fiscal en el que tenga lugar la reorganización empresarial. Las pérdidas no compensadas del grupo o grupos existentes previamente se trasladarán a ejercicios posteriores.
Cuando, como resultado de una reorganización empresarial, uno o varios grupos, o dos o más miembros de un grupo, pasen a formar parte de otro grupo, toda pérdida no compensada del grupo o grupos existentes previamente se atribuirá a cada uno de los miembros de este grupo o grupos, de conformidad con el capítulo VIII y sobre la base de los factores tal como se encuentren al final del ejercicio fiscal en el que tenga lugar la reorganización empresarial. Las pérdidas no compensadas del grupo o grupos existentes previamente se trasladarán a un periodo máximo de cinco ejercicios.
Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2
2.  Cuando dos o más contribuyentes principales se fusionen en el sentido de los incisos i) y ii) del artículo 2, letra a), de la Directiva 2009/133/CE15 del Consejo, toda pérdida no compensada de un grupo se atribuirá a sus miembros, de conformidad con el capítulo VIII, sobre la base de los factores tal como se encuentren al final del ejercicio fiscal en que tenga lugar la fusión. Las pérdidas no compensadas se trasladarán a ejercicios posteriores.
2.  Cuando dos o más contribuyentes principales se fusionen en el sentido de los incisos i) y ii) del artículo 2, letra a), de la Directiva 2009/133/CE15 del Consejo, toda pérdida no compensada de un grupo se atribuirá a sus miembros, de conformidad con el capítulo VIII, sobre la base de los factores tal como se encuentren al final del ejercicio fiscal en que tenga lugar la fusión. Las pérdidas no compensadas se trasladarán a un periodo máximo de cinco ejercicios.
__________________
__________________
15 Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro (DO L 310 de 25.11.2009, p. 34).
15 Directiva 2009/133/CE del Consejo, de 19 de octubre de 2009, relativa al régimen fiscal común aplicable a las fusiones, escisiones, escisiones parciales, aportaciones de activos y canjes de acciones realizados entre sociedades de diferentes Estados miembros y al traslado del domicilio social de una SE o una SCE de un Estado miembro a otro (DO L 310 de 25.11.2009, p. 34).
Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1
La base imponible consolidada se distribuirá entre los miembros del grupo en cada ejercicio fiscal aplicando una fórmula de reparto. Para determinar la cuota parte de un miembro A del grupo, la fórmula adoptará la forma siguiente, teniendo la misma ponderación los factores ventas, mano de obra y activos:
La base imponible consolidada se distribuirá entre los miembros del grupo en cada ejercicio fiscal aplicando una fórmula de reparto. Para determinar la cuota parte de un miembro A del grupo, la fórmula adoptará la forma siguiente, teniendo la misma ponderación los factores ventas, mano de obra, activos y datos:
Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – fórmula

Texto de la Comisión

Enmienda

Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)
En caso de que uno o más factores no se apliquen debido a la naturaleza de las actividades del contribuyente, todos los factores aplicables restantes se volverán a ponderar en la fórmula, de manera que cada uno de ellos siga teniendo la misma ponderación absoluta.
Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5
5.  Al determinar la cuota parte de un miembro del grupo, se concederá la misma ponderación a los factores ventas, mano de obra y activos.
5.  Al determinar la cuota parte de un miembro del grupo, se concederá la misma ponderación a los factores ventas, mano de obra, activos y al factor datos.
Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 bis (nuevo)
5 bis.  La mitad del factor datos consistirá en el volumen total de los datos personales de los usuarios de plataformas y servicios en línea recogidos por Estado miembro por un miembro del grupo, como numerador, y el volumen total de los datos personales de los usuarios de plataformas y servicios en línea recogidos por Estado miembro por el grupo, como denominador, y la otra mitad del factor datos consistirá en el volumen total de los datos personales de los usuarios de plataformas y servicios en línea explotados por Estado miembro por un miembro del grupo, como numerador, y el volumen total de los datos personales de los usuarios de plataformas y servicios en línea explotados por Estado miembro por el grupo, como denominador.
Enmienda 44
Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 ter (nuevo)
5 ter.  El volumen de datos personales recopilados con arreglo al factor datos se calculará al final del ejercicio fiscal en cada Estado miembro.
Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 5 quater (nuevo)
5c.  La definición de la recopilación y la explotación con fines comerciales de datos personales en el contexto del factor datos se determinará de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679.
Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 29
Artículo 29
suprimido
Cláusula de salvaguardia
Como excepción a la norma enunciada en el artículo 28, si el contribuyente principal o una autoridad competente considera que el resultado del reparto de la base imponible consolidada atribuido a un miembro del grupo no representa equitativamente el volumen de actividad de ese miembro del grupo, el contribuyente principal o la autoridad competente podrá solicitar que se aplique un método alternativo de cálculo de la cuota fiscal de cada miembro del grupo. Ese método alternativo solo se podrá utilizar si, tras las consultas entre las autoridades competentes y, en su caso, los debates previstos en los artículos 77 y 78, todas esas autoridades lo aprueban. El Estado miembro de la autoridad tributaria principal informará a la Comisión sobre el método alternativo utilizado.
Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 38 – apartado 1
1.  Las ventas de bienes se incluirán en el factor ventas del miembro del grupo situado en el Estado miembro en que finalice un envío o transporte de bienes dirigido a la persona que los haya adquirido. Cuando no sea posible determinar ese lugar, las ventas de bienes se atribuirán al miembro del grupo situado en el Estado miembro de la última ubicación identificable de los bienes.
1.  Las ventas de bienes se incluirán en el factor ventas del miembro del grupo situado en el Estado miembro en que finalice un envío o transporte de bienes dirigido a la persona que los haya adquirido. Cuando no sea posible determinar ese lugar o el miembro del grupo no tenga vínculos gravables, las ventas de bienes se atribuirán al miembro del grupo situado en el Estado miembro de la última ubicación identificable de los bienes.
Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Artículo 43
Artículo 43
suprimido
Transporte marítimo, transporte por vías navegables interiores y transporte aéreo
Los ingresos, gastos y otros elementos deducibles de un miembro del grupo cuya actividad principal consista en la explotación de buques o aeronaves en el transporte internacional o en la explotación de embarcaciones en el transporte por vías navegables interiores quedarán excluidos de la base imponible consolidada y no se repartirán de conformidad con las normas previstas en el artículo 28. Por el contrario, los ingresos, gastos y otros elementos deducibles se atribuirán a ese miembro del grupo para cada operación individual y estarán sujetos a ajustes de precios de conformidad con el artículo 56 de la Directiva 2016/xx/UE.
Las participaciones en un miembro del grupo o por un miembro del grupo se tendrán en cuenta a efectos de determinación de si se trata de un grupo en el sentido de lo dispuesto en los artículos 5 y 6.
Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Artículo 46 – apartado 2
2.  La notificación mencionada en el apartado 1 incluirá a todos los miembros del grupo, excepto a las compañías navieras a que se hace referencia en el artículo 2, apartado 4.
2.  La notificación mencionada en el apartado 1 incluirá a todos los miembros del grupo.
Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Artículo 48 – párrafo 2
La Comisión podrá adoptar un acto por el que se establezca el formulario normalizado de la notificación de creación de un grupo. Ese acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 77, apartado 2.
La Comisión deberá adoptar un acto por el que se establezca el formulario normalizado de la notificación de creación de un grupo. Ese acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 77, apartado 2.
Enmienda 51
Propuesta de Directiva
Artículo 55 – párrafo 1
La Comisión podrá adoptar actos por los que se establezcan normas relativas a la presentación electrónica de la declaración fiscal consolidada, al formulario de la declaración fiscal consolidada, al formulario de la declaración fiscal del contribuyente individual y a los documentos justificativos exigidos. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 77, apartado 2.
La Comisión adoptará actos por los que se establezcan normas relativas a la presentación electrónica de la declaración fiscal consolidada, al formulario de la declaración fiscal consolidada, al formulario de la declaración fiscal del contribuyente individual y a los documentos justificativos exigidos. La Comisión diseñará, en cooperación con las administraciones fiscales de los Estados miembros, esos formularios de declaración fiscal consolidada. Estos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen contemplado en el artículo 77, apartado 2.
Enmienda 52
Propuesta de Directiva
Artículo 65 – apartado 1
1.  Cuando la autoridad competente del Estado miembro en el que resida a efectos fiscales o esté situado en forma de establecimiento permanente un miembro del grupo no esté de acuerdo con una resolución de la autoridad tributaria principal, adoptada de conformidad con el artículo 49 o el artículo 56, apartados 2 o 4, o apartado 5, párrafo segundo, podrá impugnar dicha resolución ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la autoridad tributaria principal dentro de un plazo de tres meses.
1.  Cuando la autoridad competente del Estado miembro en el que resida a efectos fiscales o esté situado en forma de establecimiento permanente un miembro del grupo, incluido en forma de establecimiento permanente digital, no esté de acuerdo con una resolución de la autoridad tributaria principal, adoptada de conformidad con el artículo 49 o el artículo 56, apartados 2 o 4, o apartado 5, párrafo segundo, podrá impugnar dicha resolución ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de la autoridad tributaria principal dentro de un plazo de tres meses.
Enmienda 53
Propuesta de Directiva
Artículo 65 – apartado 2 bis (nuevo)
2a.  La Comisión analizará si la creación de un mecanismo de resolución de litigios aumentaría aún más la efectividad y la eficacia de la resolución de controversias entre los Estados miembros. La Comisión presentará un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo en el que incluirá, si procede, una propuesta legislativa de modificación.
Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 1
1.  Los recursos contra las liquidaciones tributarias regularizadas o contra las liquidaciones tributarias efectuadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 serán tratados por un órgano administrativo competente para entender en los recursos en primera instancia, de conformidad con la legislación del Estado miembro de la autoridad tributaria principal. El órgano administrativo será independiente respecto de las autoridades tributarias del Estado miembro de la autoridad tributaria principal. Cuando no exista en ese Estado miembro un órgano administrativo de tales características, el contribuyente principal podrá interponer directamente un recurso judicial.
1.  Los recursos contra las liquidaciones tributarias regularizadas o contra las liquidaciones tributarias efectuadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 54 serán tratados por un órgano administrativo competente para entender en los recursos en primera instancia, de conformidad con la legislación del Estado miembro de la autoridad tributaria principal. El órgano administrativo será independiente respecto de las autoridades tributarias del Estado miembro de la autoridad tributaria principal. Cuando no exista en ese Estado miembro un órgano administrativo de tales características o cuando así lo prefiera el contribuyente principal, el contribuyente principal podrá interponer directamente un recurso judicial.
Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Artículo 67 – apartado 5
5.  El órgano administrativo a que se refiere el apartado 1 resolverá sobre el recurso en el plazo de seis meses. En caso de que el contribuyente principal no reciba resolución alguna en ese plazo, la resolución de la autoridad tributaria principal se entenderá confirmada.
5.  Cuando conozca del asunto en apelación, el órgano administrativo a que se refiere el apartado 1 resolverá sobre el recurso en el plazo de seis meses. En caso de que el contribuyente principal no reciba resolución alguna en ese plazo, la resolución de la autoridad tributaria principal se entenderá confirmada.
Enmienda 56
Propuesta de Directiva
Artículo 69 – apartado 2
2.  Cuando sea de aplicación el apartado 1, los costes de endeudamiento excedentarios y el EBITDA se calcularán a nivel de grupo e incluirán los resultados de todos los miembros del grupo. El importe de 3 millones de euros mencionado en el artículo 13 de la Directiva 2016/xx/UE se elevará a 5 millones de euros.
2.  Cuando sea de aplicación el apartado 1, los costes de endeudamiento excedentarios y el EBITDA se calcularán a nivel de grupo e incluirán los resultados de todos los miembros del grupo. El importe de 1 000 000 de euros mencionado en el artículo 13 de la Directiva 2016/xx/UE se elevará a 5 millones de euros.
Enmienda 57
Propuesta de Directiva
Artículo 71
Artículo 71
suprimido
Compensación de pérdidas y recuperación
1.  El artículo 41 de la Directiva 2016/xx/UE sobre la compensación de pérdidas y la recuperación cesará de aplicarse cuando entre en vigor la presente Directiva.
2.  Las pérdidas transferidas que todavía no se hayan recuperado cuando la presente Directiva entre en vigor, seguirán imputándose al contribuyente al que se hayan transferido.
Enmienda 58
Propuesta de Directiva
Artículo 72 – párrafo 1
A efectos de la presente Directiva, la referencia al tipo legal del impuesto sobre sociedades al que el contribuyente habría estado sujeto que figura en el artículo 53, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2016/xx/UE no se aplicará y será sustituida por la del tipo legal medio del impuesto sobre sociedades aplicable en todos los Estados miembros.
A efectos de la presente Directiva, serán aplicables las reglas de inversión establecidas en el artículo 53 de la Directiva 2016/xx/CE.
Enmienda 59
Propuesta de Directiva
Artículo 73 – párrafo 1
A efectos de la presente Directiva, el ámbito de aplicación de la legislación sobre sociedades extranjeras controladas en virtud del artículo 59 de la Directiva 2016/xx/UE se limitará a las relaciones entre los miembros de un grupo y las entidades que sean residentes a efectos fiscales, o los establecimientos permanentes que estén situados en un tercer país.
A efectos de la presente Directiva, el ámbito de aplicación de la legislación sobre sociedades extranjeras controladas en virtud del artículo 59 de la Directiva 2016/xx/UE se limitará a las relaciones entre los miembros de un grupo y las entidades que sean residentes a efectos fiscales, o los establecimientos permanentes, incluidos los establecimientos permanentes digitales, que estén situados en un tercer país.
Enmienda 60
Propuesta de Directiva
Artículo 74 – párrafo 1
A efectos de la presente Directiva, el ámbito de aplicación de las normas sobre asimetrías híbridas a que se refiere el artículo 61 de la Directiva 2016/xx/UE quedará circunscrito a las relaciones entre los miembros del grupo y los no miembros del grupo que sean empresas asociadas, de conformidad con el artículo 56 de la Directiva 106/xx/UE.
A efectos de la presente Directiva, el ámbito de aplicación de las normas sobre asimetrías híbridas y acuerdos relacionados se aplica de conformidad con su definición en el artículo 61 de la Directiva 2016/xx/UE.
Enmienda 61
Propuesta de Directiva
Artículo 76
Artículo 76
Artículo 76
Información al Parlamento Europeo
Información al Parlamento Europeo
1.  El Parlamento Europeo organizará una conferencia interparlamentaria para evaluar el régimen BICCIS, teniendo en cuenta los resultados de los debates sobre política fiscal mantenidos en el marco del proceso del Semestre Europeo. El Parlamento Europeo comunicará su opinión y conclusiones al respecto mediante una resolución dirigida a la Comisión y al Consejo.
Se informará al Parlamento Europeo de la adopción de actos delegados por la Comisión, de cualquier objeción formulada al respecto y de la revocación de la delegación de poderes por el Consejo.
2.   Se informará al Parlamento Europeo de la adopción de actos delegados por la Comisión, de cualquier objeción formulada al respecto y de la revocación de la delegación de poderes por el Consejo.
Enmienda 62
Propuesta de Directiva
Artículo 78 bis (nuevo)
Artículo 78 bis
Mecanismo de compensación
Para compensar las perturbaciones repentinas en los ingresos tributarios de los Estados miembros derivadas de las ganancias y pérdidas fiscales ocasionadas directa y únicamente por la transición al nuevo régimen establecido por la presente Directiva, la Comisión establecerá un mecanismo de compensación específico, operativo a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva. La compensación se ajustará anualmente para tener en cuenta las decisiones tomadas a escala nacional o regional antes de la entrada en vigor de la presente Directiva. El mecanismo de compensación será financiado por el superávit presupuestario procedente de aquellos Estados miembros que experimenten aumentos de los ingresos fiscales, y se establecerá por un período inicial de siete años. Después de ese período, la Comisión evaluará la necesidad de que el mecanismo de compensación siga operativo y, por consiguiente, decidirá su supresión o renovación una sola vez por un período máximo de dos años.
Enmienda 63
Propuesta de Directiva
Artículo 79
Artículo 79
Artículo 79
Reexamen
Informe de aplicación y reexamen
Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión reexaminará su aplicación y presentará al Consejo un informe sobre el funcionamiento de la misma. El informe incluirá, en particular, un análisis del impacto del mecanismo creado en el capítulo VIII de la presente Directiva relativo al reparto de las bases imponibles entre los Estados miembros.
Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión evaluará su aplicación y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el funcionamiento de la misma. Ese informe de aplicación incluirá, en particular, un análisis del impacto del mecanismo creado en el capítulo VIII de la presente Directiva relativo al reparto de las bases imponibles entre los Estados miembros. Al elaborar las conclusiones de dicho informe de aplicación o en el contexto del próximo marco financiero plurianual, la Comisión propondrá los términos y condiciones para asignar parte de los ingresos fiscales obtenidos a partir de la base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades al presupuesto general de la Unión con vistas a reducir de manera proporcional las contribuciones de los Estados miembros a dicho presupuesto.
Diez años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión reexaminará su aplicación y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el funcionamiento de la misma.
Enmienda 64
Propuesta de Directiva
Artículo 80 – apartado 1 – párrafo 1
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2020, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 80 – apartado 1 – párrafo 2
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2021.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2020.

Base imponible común del impuesto sobre sociedades *
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Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2018, sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades (COM(2016)0685 – C8-0472/2016 – 2016/0337(CNS))
P8_TA(2018)0088A8-0050/2018

(Procedimiento legislativo especial - consulta)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Consejo (COM(2016)0685),

–  Visto el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C8-0472/2016),

–  Vistos los dictámenes motivados presentados por el Parlamento danés, el Parlamento irlandés, el Senado irlandés, la Cámara de Diputados luxemburguesa, el Parlamento maltés, el Senado neerlandés, el Congreso de los Diputados neerlandés y el Parlamento sueco, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en los que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

–  Visto el artículo 78 quater de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0050/2018),

1.  Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2.  Pide a la Comisión que modifique en consecuencia su propuesta, de conformidad con el artículo 293, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

3.  Pide al Consejo que le informe si se propone apartarse del texto aprobado por el Parlamento;

4.  Pide al Consejo que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente la propuesta de la Comisión;

5.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Texto de la Comisión   Enmienda
Enmienda 1
Propuesta de Directiva
Considerando 1
(1)  Las sociedades que tratan de desarrollar su actividad empresarial a escala transfronteriza en el interior de la Unión tienen que hacer frente a obstáculos y distorsiones del mercado graves como consecuencia de la existencia de veintiocho sistemas diferentes del impuesto sobre sociedades. Por otra parte, las estructuras de planificación fiscal han ido adquiriendo cada vez mayor complejidad, ya que se desarrollan en varias jurisdicciones y aprovechan eficazmente los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las asimetrías entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda fiscal de las sociedades. Aunque estas situaciones ponen de manifiesto deficiencias muy distintas, ambas crean obstáculos que impiden el buen funcionamiento del mercado interior. Así pues, las medidas que se adopten para resolver estos problemas deberían abordar estos dos tipos de deficiencias que afectan al mercado.
(1)  Las sociedades que tratan de desarrollar su actividad empresarial a escala transfronteriza en el interior de la Unión tienen que hacer frente a obstáculos y distorsiones del mercado graves como consecuencia de la existencia de veintiocho sistemas diferentes del impuesto sobre sociedades. En un contexto general de globalización y digitalización, es cada vez más difícil trazar la imposición en el origen, al tiempo que la manipulación resulta cada vez más fácil, en particular en lo que se refiere al capital financiero e intelectual. Por otra parte, las estructuras de planificación fiscal han ido adquiriendo cada vez mayor complejidad, ya que se desarrollan en varias jurisdicciones y aprovechan eficazmente los aspectos técnicos de un sistema fiscal o las asimetrías entre dos o más sistemas fiscales con el fin de reducir la deuda fiscal de las sociedades. La digitalización mayoritaria de muchos sectores de la economía, unida al rápido desarrollo de la economía digital, pone en entredicho la idoneidad de los modelos del impuesto sobre sociedades de la Unión, diseñados para los sectores tradicionales, también en cuanto al grado en que los criterios de valoración y cálculo pueden reinventarse de manera que reflejen las actividades comerciales del siglo XXI. Aunque estas situaciones ponen de manifiesto deficiencias muy distintas, todas crean obstáculos que impiden el buen funcionamiento del mercado interior y generan distorsiones entre las grandes sociedades y las pequeñas y medianas empresas. Así pues, una nueva norma reguladora del impuesto sobre sociedades debería abordar estos tipos de deficiencias que afectan al mercado respetando al mismo tiempo los objetivos de claridad y seguridad jurídica a largo plazo y el principio de neutralidad fiscal. Una mayor convergencia de los sistemas fiscales nacionales redundará en una disminución significativa de los costes y la carga administrativa en beneficio de las empresas que operan a escala transfronteriza dentro de la Unión. Mientras que la política fiscal es una competencia nacional, en el artículo 115 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se afirma claramente que el Consejo adoptará por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social, directivas para la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que incidan directamente en el establecimiento o el funcionamiento del mercado interior.
Enmienda 2
Propuesta de Directiva
Considerando 2
(2)  A fin de contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, el entorno del impuesto sobre sociedades en la Unión debe configurarse de conformidad con el principio de que las sociedades paguen la cuota de impuestos que les corresponda en la jurisdicción o jurisdicciones donde se generen sus beneficios. Por lo tanto, es necesario establecer mecanismos que disuadan a las sociedades de aprovechar las asimetrías entre los sistemas fiscales nacionales a fin de reducir su deuda fiscal. Es asimismo importante estimular el crecimiento y el desarrollo económico en el mercado interior, a través de la facilitación del comercio transfronterizo y de la inversión de las sociedades. A tal fin, es necesario eliminar los riesgos de doble imposición y de doble no imposición en la Unión mediante la erradicación de las disparidades en la interacción de los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades. Al mismo tiempo, las sociedades necesitan un marco jurídico y fiscal fácil de poner en práctica a fin de desarrollar sus actividades comerciales y expandirse más allá de las fronteras de la Unión. En este contexto, es preciso eliminar asimismo los casos de discriminación que aún persisten.
(2)  A fin de contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior, el entorno del impuesto sobre sociedades en la Unión debe configurarse de conformidad con el principio de que las sociedades paguen la cuota de impuestos que les corresponda en la jurisdicción o jurisdicciones donde se generen sus beneficios y donde tengan un establecimiento permanente. Habida cuenta de los cambios en el entorno empresarial, resulta necesario garantizar que las empresas que generen ingresos en un Estado miembro en el que no tengan un establecimiento físico permanente pero sí tengan una presencia digital permanente, han de recibir el mismo trato que las empresas con un establecimiento físico permanente. Por lo tanto, es necesario establecer mecanismos que disuadan a las sociedades de aprovechar las asimetrías entre los sistemas fiscales nacionales a fin de reducir su deuda fiscal. Es asimismo importante estimular el crecimiento y el desarrollo económico en el mercado interior, a través de la facilitación del comercio transfronterizo y de la inversión de las sociedades. A tal fin, es necesario eliminar los riesgos de doble imposición y de doble no imposición en la Unión mediante la erradicación de las disparidades en la interacción de los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades. Al mismo tiempo, las sociedades necesitan un marco jurídico y fiscal fácil de poner en práctica a fin de desarrollar sus actividades comerciales y expandirse más allá de las fronteras de la Unión. En este contexto, es preciso eliminar asimismo los casos de discriminación que aún persisten. La consolidación constituye un elemento esencial del régimen BICCIS, dado que es la única forma de superar los principales obstáculos fiscales que deben afrontar las empresas del mismo grupo que desarrollan actividades transfronterizas en la Unión, ya que permite suprimir los trámites relacionados con los precios de transferencia y la doble imposición intragrupo.
Enmienda 3
Propuesta de Directiva
Considerando 3
(3)  Como ya se indicaba en la propuesta de 16 de marzo de 2011 de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)7, contar con un sistema del impuesto sobre sociedades que considere la Unión un mercado único a efectos del cálculo de la base imponible facilitaría la actividad transfronteriza de las sociedades residentes en ella y contribuiría al objetivo de convertirla en un lugar más competitivo con vistas a la inversión internacional. La propuesta de 2011 sobre la BICCIS se centraba en el objetivo de facilitar la expansión de la actividad comercial de las empresas dentro de la Unión. Además de ese objetivo, también debe tenerse en cuenta que la BICCIS podría resultar muy eficaz para mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la lucha contra los mecanismos de elusión fiscal. En este contexto, resulta oportuno relanzar la iniciativa relativa al establecimiento de una BICCIS con el fin de abordar, en pie de igualdad, tanto el aspecto de facilitación del comercio como la función de lucha contra la elusión fiscal. Este enfoque sería el mejor medio de lograr el objetivo de erradicar las distorsiones en el funcionamiento del mercado interior.
(3)  Como ya se indicaba en la propuesta de 16 de marzo de 2011 de Directiva del Consejo relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)7, contar con un sistema del impuesto sobre sociedades que considere la Unión un mercado único a efectos del cálculo de la base imponible facilitaría la actividad transfronteriza de las sociedades residentes en ella y contribuiría al objetivo de convertirla en un lugar más competitivo con vistas a la inversión internacional, en especial para las pymes. La propuesta de 2011 sobre la BICCIS se centraba en el objetivo de facilitar la expansión de la actividad comercial de las empresas dentro de la Unión. Además de ese objetivo, también debe tenerse en cuenta que la BICCIS podría resultar muy eficaz para mejorar el funcionamiento del mercado interior mediante la lucha contra los mecanismos de elusión fiscal. En este contexto, resulta oportuno relanzar la iniciativa relativa al establecimiento de una BICCIS con el fin de abordar, en pie de igualdad, tanto el aspecto de facilitación del comercio como la función de lucha contra la elusión fiscal. Una vez aplicada en todos los Estados miembros, la BICCIS garantizaría que los impuestos se paguen donde se generen los beneficios y donde las sociedades tengan un establecimiento permanente. Este enfoque sería el mejor medio de lograr el objetivo de erradicar las distorsiones en el funcionamiento del mercado interior. La mejora del mercado interior es un factor clave para incentivar el crecimiento y la creación de empleo. La introducción de una BICCIS mejoraría el crecimiento económico y tendría como resultado más empleo en la Unión al limitar los perjuicios derivados de la competencia fiscal entre empresas.
__________________
__________________
7 Propuesta de Directiva del Consejo, de 3.10.2011, relativa a una base consolidada común del impuesto de sociedades, COM(2011)0121 final, p. 2.
7 Propuesta de Directiva del Consejo, de 3.10.2011, relativa a una base consolidada común del impuesto de sociedades, COM(2011)0121 final, p. 2.
Enmienda 4
Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)
(3 bis)  La Comisión, en su Comunicación de 21 de septiembre de 2017 titulada «Un sistema impositivo justo y eficaz en la Unión Europea para el Mercado Único Digital», considera que la BICCIS constituye una base para afrontar los desafíos fiscales que plantea la economía digital.
Enmienda 5
Propuesta de Directiva
Considerando 4
(4)  Habida cuenta de la necesidad de actuar con rapidez a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior haciéndolo más favorable al comercio y la inversión y dotándolo de mayor resiliencia frente a las prácticas de elusión fiscal, es necesario dividir la ambiciosa iniciativa de la BICCIS en dos propuestas separadas. En una primera fase, deberían acordarse normas sobre una base imponible común del impuesto sobre sociedades antes de pasar a abordar, en una segunda fase, el aspecto de la consolidación.
(4)  Habida cuenta de la necesidad de actuar con rapidez a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior haciéndolo más favorable al comercio y la inversión y dotándolo de mayor resiliencia frente a las prácticas de elusión fiscal, es muy importante garantizar que la Directiva relativa a una base imponible común del impuesto sobre sociedades y la Directiva relativa a una base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades entren en vigor de manera simultánea. Debido al importante paso hacia la realización del mercado interior que tal cambio de régimen representa, se necesita flexibilidad para garantizar su correcta ejecución desde su inicio y en adelante. Por tanto, puesto que el mercado interior incluye a todos los Estados miembros, debería introducirse en todos ellos una BICCIS. Si el Consejo no adopta una decisión unánime de crear una BICCIS, la Comisión debería presentar una nueva propuesta basada en el artículo 116 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en virtud del cual el Parlamento y el Consejo pueden adoptar la legislación que resulte necesaria con arreglo al procedimiento legislativo ordinario. Como último recurso, debe iniciarse una cooperación reforzada que debería estar abierta permanentemente a cualquier Estado miembro que no participe, de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Es de lamentar que no se haya llevado a cabo una evaluación suficientemente detallada en relación con las propuestas de BICIS o BICCIS en cuanto a los efectos para los ingresos procedentes del impuesto de sociedades de los Estados miembros, país por país.
Enmienda 6
Propuesta de Directiva
Considerando 5
(5)  Muchas de las estructuras de planificación fiscal agresiva tienden a surgir en un contexto transfronterizo, de lo que se infiere que los grupos de sociedades que participan en ellas poseen un nivel mínimo de recursos. Partiendo de esta premisa y en aras de la proporcionalidad, procede que las normas sobre la base común solo tengan carácter obligatorio para las empresas pertenecientes a un grupo de tamaño considerable. A tal fin, es preciso fijar un umbral de tamaño en función del total de ingresos consolidados de un grupo que presente cuentas consolidadas. Además, para asegurar la coherencia entre las dos fases de la iniciativa BICCIS, las normas relativas a la base común deben ser obligatorias para las empresas que serían consideradas un grupo en caso de que se materializara plenamente la iniciativa. Con el fin de cumplir con mayor eficacia el objetivo de facilitar el comercio y la inversión en el mercado interior, las normas relativas a la base imponible común del impuesto sobre sociedades deben estar disponibles también, con carácter facultativo, para las sociedades que no cumplan estos criterios.
(5)  Muchas de las estructuras de planificación fiscal agresiva tienden a surgir en un contexto transfronterizo, de lo que se infiere que los grupos de sociedades que participan en ellas poseen un nivel mínimo de recursos. Partiendo de esta premisa y en aras de la proporcionalidad, procede que las normas sobre la base común inicialmente solo tengan carácter obligatorio para las empresas pertenecientes a un grupo de tamaño considerable. A tal fin, es preciso fijar un umbral inicial de tamaño de 750 millones de euros en función del total de ingresos consolidados de un grupo que presente cuentas consolidadas. Dado que la presente Directiva fija una nueva norma en materia de base imponible del impuesto sobre sociedades para todas las empresas de la Unión, el límite debería reducirse a cero a lo largo de un periodo máximo de siete años. Con el fin de cumplir con mayor eficacia el objetivo de facilitar el comercio y la inversión en el mercado interior, las normas relativas a la base imponible común del impuesto sobre sociedades deben estar disponibles también en la primera fase, con carácter facultativo, para las sociedades que no cumplan estos criterios.
Enmienda 7
Propuesta de Directiva
Considerando 6
(6)  Es necesario definir el concepto de establecimiento permanente situado en la Unión y perteneciente a un contribuyente que tiene su residencia a efectos fiscales en la Unión. Se trata de garantizar que todos los contribuyentes afectados compartan una noción común y descartar la posibilidad de una asimetría debido a definiciones divergentes. Por el contrario, no debe considerarse esencial contar con una definición común de los establecimientos permanentes situados en un tercer país, o situados en la Unión pero pertenecientes a contribuyentes residentes a efectos fiscales en un tercer país. Este aspecto debe dejarse a los convenios fiscales bilaterales y a la legislación nacional, debido a su compleja interacción con los acuerdos internacionales.
(6)  Es necesario definir el concepto de establecimiento permanente situado en la Unión y perteneciente a un contribuyente que tiene su residencia a efectos fiscales en la Unión. Con demasiada frecuencia, las empresas multinacionales se organizan para trasladar sus beneficios a sistemas fiscales favorables sin haber abonado ningún impuesto o abonando impuestos muy reducidos. El concepto de un establecimiento permanente permitiría disponer de una definición precisa y obligatoria de las condiciones que debe cumplir una multinacional para considerarse bien implantada en un país. Ello obligaría a las empresas multinacionales a tributar de forma equitativa. Se trata de garantizar que todos los contribuyentes afectados compartan una noción común y descartar la posibilidad de una asimetría debido a definiciones divergentes. Del mismo modo, es importante contar con una definición común de los establecimientos permanentes situados en un tercer país, o situados en la Unión pero pertenecientes a contribuyentes residentes a efectos fiscales en un tercer país. Si los precios de transferencia dan pie a la transferencia de beneficios a jurisdicciones fiscales con una baja tributación, es preferible un sistema que asigne los beneficios mediante una fórmula de reparto. Mediante la adopción de este sistema, la Unión puede establecer una norma internacional que contemple un régimen impositivo moderno y eficiente para las empresas. La Comisión debe elaborar directrices para la fase de transición, en la que la fórmula de reparto coexista con otros métodos de asignación en la relación con terceros países, al tiempo que la fórmula de reparto debe constituir en última instancia el método estándar de asignación. La Comisión debe presentar una propuesta para la creación de un modelo de convenio fiscal de la Unión que pueda reemplazar en último término a los miles de convenios bilaterales celebrados por cada Estado miembro.
Enmienda 8
Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)
(6 bis)  Los bienes digitales tienden a ser altamente móviles e intangibles. Algunos estudios muestran que el sector digital está muy implicado en la planificación fiscal agresiva, puesto que muchos modelos de negocio no precisan de infraestructura física a fin de llevar a cabo transacciones con los clientes y obtener beneficios. Esto permite a las empresas digitales de mayor tamaño pagar impuestos de tipo casi cero sobre sus ingresos. Las arcas de los Estados miembros pierden miles de millones de euros en ingresos fiscales al no poder gravar a las multinacionales digitales. Para hacer frente a una injusticia social real y urgente, es necesario ampliar la legislación vigente en materia de impuestos sobre sociedades a fin de incluir un nuevo nexo con el establecimiento permanente sobre la base de una presencia digital significativa. Es necesaria la igualdad de condiciones para los modelos de negocio similares a fin de abordar los retos en materia fiscal que plantea el contexto de la digitalización, sin obstaculizar el potencial del sector digital. Para ello se debe prestar especial atención a los trabajos efectuados por la OCDE sobre una reglamentación internacional coherente.
Enmienda 9
Propuesta de Directiva
Considerando 8
(8)  Es preciso deducir de los ingresos imponibles los gastos de explotación y algunos otros gastos. En condiciones normales, los gastos de explotación deducibles deben incluir todos los costes relacionados con las ventas y los gastos vinculados con la producción, el mantenimiento y la garantía de la renta. A fin de apoyar la innovación en la economía y modernizar el mercado interior, conviene prever deducciones para los costes de investigación y desarrollo, incluidas las superdeducciones, y estos costes deben contabilizarse totalmente como gastos efectuados en el ejercicio en que se incurre en ellos (con excepción de los bienes inmuebles). Conviene apoyar asimismo a las pequeñas empresas de reciente creación que no tengan ninguna empresa asociada y que sean particularmente innovadoras (categoría que incluirá, en particular, a las empresas emergentes) mediante superdeducciones reforzadas por los costes de investigación y desarrollo. En aras de la seguridad jurídica, conviene elaborar asimismo una lista de gastos no deducibles.
(8)  Es preciso deducir de los ingresos imponibles los gastos de explotación y algunos otros gastos. En condiciones normales, los gastos de explotación deducibles deben incluir todos los costes relacionados con las ventas y los gastos vinculados con la producción, el mantenimiento y la garantía de la renta. A fin de apoyar la innovación en la economía y modernizar el mercado interior, conviene prever deducciones y los contribuyentes deben recibir una bonificación fiscal para los gastos reales de investigación y desarrollo relativos a los gastos de personal, subcontratistas, trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal y trabajadores autónomos, y estos costes deben contabilizarse totalmente como gastos efectuados en el ejercicio en que se incurre en ellos (con excepción de los bienes inmuebles). Al objeto de evitar que se haga un mal uso de las deducciones, hace falta una definición clara de gastos reales en materia de investigación y desarrollo. En aras de la seguridad jurídica, conviene elaborar asimismo una lista de gastos no deducibles.
Enmienda 10
Propuesta de Directiva
Considerando 9
(9)  La reciente evolución de la fiscalidad a nivel internacional ha puesto de relieve que, en su afán por reducir sus obligaciones tributarias globales, los grupos de empresas multinacionales recurren cada vez más a mecanismos de elusión fiscal que se traducen en la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, mediante el pago de intereses excesivos. En consecuencia, para desalentar este tipo de prácticas, es preciso limitar la posibilidad de deducir los costes de intereses (y otros costes financieros). En este contexto, la deducibilidad de los costes de intereses (y otros costes financieros) solo debe permitirse sin restricciones en la medida en que estos costes puedan compensarse con ingresos de intereses (y otros ingresos financieros). No obstante, la deducibilidad de los eventuales excedentes de los costes de intereses debe ser objeto de restricciones, que deberán determinarse por referencia a los ingresos imponibles de los contribuyentes antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés).
(9)  La reciente evolución de la fiscalidad a nivel internacional ha puesto de relieve que, en su afán por reducir sus obligaciones tributarias globales, los grupos de empresas multinacionales recurren cada vez más a mecanismos de elusión fiscal que se traducen en la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, mediante el pago de intereses excesivos. En consecuencia, para desalentar este tipo de prácticas, es preciso limitar la posibilidad de deducir los costes de intereses (y otros costes financieros). En este contexto, la deducibilidad de los costes de intereses (y otros costes financieros) solo debe permitirse sin restricciones en la medida en que estos costes puedan compensarse con ingresos de intereses (y otros ingresos financieros). No obstante, la deducibilidad de los eventuales excedentes de los costes de intereses debe ser objeto de restricciones, que deberán determinarse por referencia a los ingresos imponibles de los contribuyentes antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés). Los Estados miembros podrían imponer restricciones aún mayores al importe de la deducibilidad de los costes de intereses y otros costes financieros al objeto de garantizar un mayor nivel de protección.
Enmienda 11
Propuesta de Directiva
Considerando 10
(10)  El hecho de que los intereses abonados por empréstitos puedan deducirse de la base imponible de un contribuyente, lo que no ocurre con el reparto de beneficios, supone una clara ventaja a favor de la financiación mediante endeudamiento en detrimento de la financiación mediante recursos propios. Habida cuenta de los riesgos que esta situación conlleva en términos de endeudamiento de las empresas, es fundamental prever medidas que contrarresten la actual tendencia a evitar la financiación mediante fondos propios. En este contexto, está previsto conceder a los contribuyentes una bonificación en concepto de crecimiento e inversión, en virtud de la cual los incrementos de capital de un contribuyente deben ser deducibles de su base imponible con sujeción a determinadas condiciones. Por consiguiente, resulta esencial garantizar que el sistema no sufra efectos en cascada, para lo cual habría que excluir el valor fiscal de las participaciones de un contribuyente en empresas asociadas. Por último, para que el régimen de bonificación sea suficientemente sólido, sería igualmente necesario establecer normas contra la elusión fiscal.
(10)  El hecho de que los intereses abonados por empréstitos puedan deducirse de la base imponible de un contribuyente, lo que no ocurre con el reparto de beneficios, supone una clara ventaja a favor de la financiación mediante endeudamiento en detrimento de la financiación mediante recursos propios. Habida cuenta de los riesgos que esta situación conlleva en términos de endeudamiento de las empresas, es fundamental prever medidas que contrarresten la tendencia actual a evitar la financiación mediante fondos propios limitando la posibilidad que tienen los contribuyentes de deducir de su base imponible los intereses abonados por empréstitos. Tal norma de limitación de los intereses constituye un instrumento adecuado y suficiente para este propósito.
Enmienda 12
Propuesta de Directiva
Considerando 12
(12)  Con el fin de desalentar el traslado de rentas pasivas (principalmente financieras) desde empresas sujetas a una tributación elevada, debe presumirse que las pérdidas en que dichas empresas puedan incurrir al final de un ejercicio fiscal corresponden en su mayoría a los resultados de su actividad comercial. Partiendo de esta premisa, es conveniente permitir a los contribuyentes trasladar sus pérdidas a ejercicios posteriores de forma indefinida, sin restricciones en cuanto al importe deducible por ejercicio. Dado que el traslado de pérdidas a ejercicios posteriores tiene por objeto garantizar que el contribuyente tribute por las rentas efectivamente obtenidas, no hay ningún motivo para imponer plazos respecto a dicho traslado. En lo que respecta al traslado de pérdidas a ejercicios anteriores, no hay necesidad de introducir una norma al respecto, ya que se trata de una práctica relativamente poco frecuente en los Estados miembros y que reviste una complejidad excesiva. Por otra parte, conviene introducir una disposición contra las prácticas abusivas a fin de prevenir, contrarrestar o neutralizar los intentos de eludir las normas sobre la deducibilidad de las pérdidas mediante la adquisición de empresas deficitarias.
(12)  Con el fin de desalentar el traslado de rentas pasivas (principalmente financieras) desde empresas sujetas a una tributación elevada, debe presumirse que las pérdidas en que dichas empresas puedan incurrir al final de un ejercicio fiscal corresponden en su mayoría a los resultados de su actividad comercial. Partiendo de esta premisa, es conveniente permitir a los contribuyentes trasladar sus pérdidas a ejercicios posteriores durante un periodo de cinco años, con restricciones en cuanto al importe deducible por ejercicio. En lo que respecta al traslado de pérdidas a ejercicios anteriores, no hay necesidad de introducir una norma al respecto, ya que se trata de una práctica relativamente poco frecuente en los Estados miembros y que reviste una complejidad excesiva. Mediante la Directiva (UE) 2016/11641 bis se crea una disposición general contra las prácticas abusivas a fin de prevenir, contrarrestar o neutralizar los intentos de eludir las normas sobre la deducibilidad de las pérdidas mediante la adquisición de empresas deficitarias. Esta disposición general debe tenerse sistemáticamente en cuenta al aplicar la presente Directiva.
_________________
1 bis Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior (DO L 193 de 19.7.2016, p. 1).
Enmienda 13
Propuesta de Directiva
Considerando 13
(13)  Con el fin de facilitar la capacidad de flujo de efectivo de las empresas —por ejemplo, mediante la compensación de las pérdidas en la fase inicial de la actividad en un Estado miembro con los beneficios en otro Estado miembro— y de fomentar la expansión transfronteriza dentro de la Unión, los contribuyentes deben poder tener temporalmente en cuenta las pérdidas sufridas por sus filiales inmediatas y sus establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros. A tal efecto, una sociedad matriz o domicilio social situados en un Estado miembro debe poder deducir de su base imponible, en un ejercicio fiscal determinado, las pérdidas sufridas en el mismo ejercicio fiscal por sus filiales inmediatas o sus establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros en proporción a su participación. A continuación, la sociedad matriz debe volver a incluir en su base imponible, teniendo en cuenta la cuantía de las pérdidas previamente deducidas, los eventuales beneficios ulteriores de esas filiales inmediatas o establecimientos permanentes. Como es de capital importancia salvaguardar los ingresos fiscales nacionales, las pérdidas deducidas también deben ser reincorporadas automáticamente si no lo hubieran sido después de un cierto número de años o si hubieran dejado de cumplirse los requisitos para ser considerada una filial o un establecimiento permanente.
suprimido
Enmienda 14
Propuesta de Directiva
Considerando 15
(15)  Es fundamental prever medidas adecuadas de lucha contra la elusión fiscal con objeto de reforzar la resiliencia de las normas sobre la base común BICIS contra las prácticas de planificación fiscal agresiva. En concreto, el sistema debe incluir una norma general contra las prácticas abusivas (NGCPA) que vaya acompañada de medidas destinadas a atajar algunos tipos concretos de elusión. Dado que su razón de ser es hacer frente a las prácticas fiscales abusivas que aún no se han abordado en disposiciones específicas, las NGCPA colman lagunas existentes, lo que no deberían afectar a la aplicabilidad de las disposiciones específicas contra la elusión. En la Unión, las NGCPA deben aplicarse a los arreglos engañosos. Además, es importante garantizar que la NGCPA se aplica de manera uniforme a las situaciones internas, las situaciones transfronterizas dentro de la Unión y las situaciones transfronterizas en las que participen empresas establecidas en terceros países, de modo que su alcance y los resultados de su aplicación no difieran entre sí.
(15)  Es fundamental prever medidas adecuadas de lucha contra la elusión fiscal con objeto de reforzar la resiliencia de las normas sobre la base común BICIS contra las prácticas de planificación fiscal agresiva. En concreto, el sistema debe incluir una norma general rigurosa y eficaz contra las prácticas abusivas (NGCPA) que vaya acompañada de medidas destinadas a atajar algunos tipos concretos de elusión. Dado que su razón de ser es hacer frente a las prácticas fiscales abusivas que aún no se han abordado en disposiciones específicas, las NGCPA colman lagunas existentes, lo que no debería afectar a la aplicabilidad de las disposiciones específicas contra la elusión. En la Unión, las NGCPA deben aplicarse a los arreglos engañosos. Además, es importante garantizar que la NGCPA se aplica de manera uniforme a las situaciones internas, las situaciones transfronterizas dentro de la Unión y las situaciones transfronterizas en las que participen empresas establecidas en terceros países, de modo que su alcance y los resultados de su aplicación no difieran entre sí.
Enmienda 15
Propuesta de Directiva
Considerando 17
(17)  Habida cuenta de que las asimetrías híbridas suelen tener por efecto la doble deducción (es decir, la deducción en ambos Estados) o una deducción de las rentas en un Estado sin su inclusión en la base imponible de otro, tales situaciones afectan claramente al mercado interior al falsear sus mecanismos y crear lagunas que permiten que prosperen las prácticas de elusión fiscal. Dado que las asimetrías surgen gracias a las diferencias nacionales en la calificación jurídica de determinados tipos de entidades o pagos financieros, no suelen producirse entre las empresas que aplican normas comunes para calcular su base imponible. No obstante, persistirían las asimetrías en la interacción entre el marco de la base común y los sistemas del impuesto sobre sociedades nacionales o de terceros países. Para neutralizar los efectos de los arreglos propiciados por las asimetrías híbridas, es necesario establecer normas que permitan a una de las dos jurisdicciones afectadas por la asimetría denegar la deducción de un pago o que garanticen que las rentas correspondientes se incluyan en la base imponible del impuesto sobre sociedades.
(17)  Habida cuenta de que las asimetrías de sucursales y las híbridas suelen tener por efecto la doble deducción (es decir, la deducción en ambos Estados) o una deducción de las rentas en un Estado sin su inclusión en la base imponible de otro, tales situaciones afectan claramente al mercado interior al falsear sus mecanismos y crear lagunas que permiten que prosperen las prácticas de elusión fiscal. Dado que las asimetrías surgen gracias a las diferencias nacionales en la calificación jurídica de determinados tipos de entidades o pagos financieros, no suelen producirse entre las empresas que aplican normas comunes para calcular su base imponible. No obstante, persistirían las asimetrías en la interacción entre el marco de la base común y los sistemas del impuesto sobre sociedades nacionales o de terceros países. Para neutralizar los efectos de los arreglos propiciados por las asimetrías híbridas o de otros arreglos afines, en la Directiva (UE) 2016/1164 se establecen normas relativas a las asimetrías híbridas y a las asimetrías híbridas invertidas. Estas normas deben tenerse sistemáticamente en cuenta al aplicar la presente Directiva.
Enmienda 16
Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)
(17 bis)  No debe impedirse a los Estados miembros que introduzcan más medidas de lucha contra la elusión fiscal tendentes a mitigar las consecuencias negativas del traslado de beneficios a terceros países con tipos impositivos más bajos, los cuales no siempre intercambian de forma automática información fiscal de conformidad con las normas de la Unión.
Enmienda 17
Propuesta de Directiva
Considerando 17 ter (nuevo)
(17 ter)  Los Estados miembros deben establecer un sistema de sanciones aplicables en caso de infracción por parte de las empresas de las disposiciones nacionales adoptadas de conformidad con la presente Directiva con arreglo a lo dispuesto en el Derecho nacional e informar a la Comisión al respecto.
Enmienda 18
Propuesta de Directiva
Considerando 19
(19)  A fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales de la presente Directiva, resulta oportuno delegar en la Comisión la competencia con miras a i) tener en cuenta los cambios que se produzcan en las legislaciones de los Estados miembros en relación con las formas societarias y los impuestos sobre sociedades y modificar los anexos I y II en consecuencia; ii) establecer definiciones adicionales; iii) aprobar disposiciones detalladas contra la elusión fiscal en una serie de campos específicos pertinentes para la bonificación en concepto de crecimiento e inversión; iv) definir de forma más precisa los conceptos de propiedad jurídica y propiedad económica de los activos arrendados; v) calcular los elementos de capital e intereses de los cánones enfitéuticos y la base de amortización de los activos arrendados; y vi) definir de forma más precisa las categorías de inmovilizado objeto de amortización. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.
(19)  A fin de completar o modificar determinados elementos no esenciales de la presente Directiva, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por lo que respecta a i) tener en cuenta los cambios que se produzcan en las legislaciones de los Estados miembros en relación con las formas societarias y los impuestos sobre sociedades y modificar los anexos I y II en consecuencia; ii) establecer definiciones adicionales; iii) definir de forma más precisa los conceptos de propiedad jurídica y propiedad económica de los activos arrendados; iv) calcular los elementos de capital e intereses de los cánones enfitéuticos y la base de amortización de los activos arrendados; v) definir de forma más precisa las categorías de inmovilizado objeto de amortización; y vi) elaborar directrices para la fase de transición en la que la fórmula de reparto coexista con otros métodos de asignación en la relación con terceros países. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.
Enmienda 19
Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)
(19 bis)  La Comisión debe supervisar la aplicación uniforme de la presente Directiva al objeto de evitar situaciones en las que en cada uno de los Estados miembros la autoridad competente aplique un régimen distinto. Por otra parte, la falta de normas contables armonizadas en la Unión no debe redundar en nuevas oportunidades de planificación y arbitraje fiscal. Por consiguiente, la armonización de las normas contables podría reforzar el régimen común, especialmente en el caso de que todas las empresas de la Unión estén sometidas a dicho régimen.
Enmienda 20
Propuesta de Directiva
Considerando 23
(23)  La Comisión debe revisar la aplicación de la Directiva a los cinco años de su entrada en vigor y presentar al Consejo un informe sobre su funcionamiento. Se exigirá a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
(23)  Dado que la presente Directiva contiene una importante modificación de las normas relativas al impuesto sobre sociedades, la Comisión debe realizar una evaluación exhaustiva de la aplicación de la Directiva a los cinco años de su entrada en vigor y presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre su funcionamiento. El informe sobre la aplicación debe incluir, como mínimo, los siguientes elementos: la repercusión sobre los ingresos de los Estados miembros del régimen fiscal contemplado en la presente Directiva, las ventajas e inconvenientes del régimen para las pequeñas y medianas empresas, el efecto en cuanto a la recaudación equitativa de impuestos entre los Estados miembros, la repercusión sobre la totalidad del mercado interior, particularmente en lo que se refiere a una posible distorsión de la competencia entre empresas sometidas a las nuevas normas establecidas en la presente Directiva, y el número de empresas incluidas en el ámbito de aplicación durante el periodo de transición. La Comisión debe revisar la aplicación de la presente Directiva a los diez años de su entrada en vigor y presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre su funcionamiento. Se exigirá a los Estados miembros que comuniquen a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Enmienda 21
Propuesta de Directiva
Artículo 1 – apartado 1
1.  La presente Directiva establece un sistema de base común para la imposición de determinadas sociedades y recoge una serie de normas para el cálculo de dicha base.
1.  La presente Directiva establece un sistema de base común para la imposición en la Unión de determinadas sociedades y recoge una serie de normas para el cálculo de dicha base, incluidas normas sobre medidas para prevenir la elusión fiscal y sobre medidas relativas a la dimensión internacional del sistema tributario propuesto.
Enmienda 22
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – parte introductoria
1.  Las normas de la presente Directiva se aplicarán a las sociedades que estén constituidas en virtud de la legislación de un Estado miembro, incluidos sus establecimientos permanentes en otros Estados miembros, cuando cumplan todas las condiciones siguientes:
1.  Las normas de la presente Directiva se aplicarán a las sociedades que estén constituidas en virtud de la legislación de un Estado miembro, incluidos sus establecimientos permanentes y establecimientos digitales permanentes en otros Estados miembros, cuando cumplan todas las condiciones siguientes:
Enmienda 23
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – letra c
c)  que pertenezcan a un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera cuyos ingresos consolidados totales a nivel de grupo hayan superado los 750 millones de euros durante el ejercicio financiero anterior al ejercicio financiero correspondiente;
c)  que pertenezcan a un grupo consolidado a efectos de contabilidad financiera cuyos ingresos consolidados totales a nivel de grupo hayan superado los 750 millones de euros durante el ejercicio financiero anterior al ejercicio financiero correspondiente; este límite se debe rebajar a cero a lo largo de un periodo máximo de siete años;
Enmienda 24
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3
3.  Las sociedades que cumplan las condiciones establecidas en las letras a) y b) del apartado 1, pero que no cumplan las condiciones establecidas en las letras c) o d) de dicho apartado, podrán optar por aplicar, también en relación con sus establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros, las normas de la presente Directiva durante cinco ejercicios fiscales. Ese periodo se prorrogará automáticamente por periodos sucesivos de cinco ejercicios fiscales, salvo que se presente una notificación de renuncia tal como se contempla en el artículo 65, apartado 3. Las condiciones establecidas en las letras a) y b) del apartado 1 deberán cumplirse cada vez que se aplique la prórroga.
3.  Las sociedades que cumplan las condiciones establecidas en las letras a) y b) del apartado 1, pero que no cumplan las condiciones establecidas en las letras c) o d) de dicho apartado, podrán optar por aplicar, también en relación con sus establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros, las normas de la presente Directiva.
Enmienda 25
Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4
4.  Las normas de la presente Directiva no se aplicarán a las compañías navieras sujetas a un régimen fiscal especial. Las compañías navieras a las que se aplique un régimen fiscal especial deberán tenerse en cuenta a la hora de determinar las sociedades que forman parte del mismo grupo, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.
suprimido
Enmienda 26
Propuesta de Directiva
Artículo 3 – apartado 1 – letra a
a)  el derecho a ejercer más del 50 % de los derechos de voto; y
a)  el derecho a ejercer derechos de voto que excedan del 50 %; y
Enmienda 27
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 12
(12)  «costes de endeudamiento»: los gastos en concepto de intereses sobre cualquier forma de deuda, otros costes económicamente equivalentes a intereses, y los gastos derivados de la obtención de financiación, tal como estén definidos en la legislación nacional, incluidos los pagos en régimen de préstamos participativos, los intereses imputados sobre los bonos convertibles y las obligaciones cupón cero, los pagos en el marco de mecanismos de financiación alternativos, el elemento de coste de financiación de los contratos de arrendamiento financiero, los intereses capitalizados incluidos en el valor contable según balance de un activo correspondiente, la amortización de intereses capitalizados, los importes medidos en referencia a una renta financiera en el marco de normas sobre determinación de precios de transferencia, los importes de intereses nocionales en el marco de instrumentos de derivados o disposiciones de cobertura relativas al endeudamiento de una entidad, el rendimiento definido por incrementos de los recursos propios netos a que se refiere el artículo 11 de la presente Directiva, ciertos beneficios de cambio en el mercado de divisas y las pérdidas correspondientes al endeudamiento o los instrumentos relacionados con la obtención de financiación, los costes de garantía de los mecanismos financieros, las comisiones de apertura y costes similares relacionados con los préstamos suscritos;
(12)  «costes de endeudamiento»: los gastos en concepto de intereses sobre cualquier forma de deuda, otros costes económicamente equivalentes a intereses, y los gastos derivados de la obtención de financiación, tal como estén definidos en la legislación nacional, incluidos los pagos en régimen de préstamos participativos, los intereses imputados sobre los bonos convertibles y las obligaciones cupón cero, los pagos en el marco de mecanismos de financiación alternativos, el elemento de coste de financiación de los contratos de arrendamiento financiero, los intereses capitalizados incluidos en el valor contable según balance de un activo correspondiente, la amortización de intereses capitalizados, los importes medidos en referencia a una renta financiera en el marco de normas sobre determinación de precios de transferencia, los importes de intereses nocionales en el marco de instrumentos de derivados o disposiciones de cobertura relativas al endeudamiento de una entidad, ciertos beneficios de cambio en el mercado de divisas y las pérdidas correspondientes al endeudamiento o los instrumentos relacionados con la obtención de financiación, los costes de garantía de los mecanismos financieros, las comisiones de apertura y costes similares relacionados con los préstamos suscritos;
Enmienda 28
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 30 bis (nuevo)
30 bis)  «país o territorio no cooperador a efectos fiscales»: un país o territorio en el que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a)  no cumple las normas internacionales sobre transparencia;
b)  hay en él posibles regímenes preferenciales;
c)  hay en él un sistema fiscal sin impuesto sobre sociedades o en el que el tipo de dicho impuesto es casi nulo;
Enmienda 29
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 30 ter (nuevo)
30 ter)  «sustancia económica»: criterios fácticos, incluidos los relativos a la economía digital, que permiten determinar la presencia a efectos fiscales de una empresa, como la existencia de medios humanos y materiales propios de la entidad, su autonomía de gestión, su realidad jurídica, los ingresos que genera y, si procede, la naturaleza de sus activos;
Enmienda 30
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 30 quater (nuevo)
30 quater)  «sociedad ficticia»: cualquier tipo de entidad jurídica carente de sustancia económica y creada con fines meramente fiscales;
Enmienda 31
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 30 quinquies (nuevo)
30 quinquies)  «costes de cánones»: costes derivados de pagos de cualquier clase realizados por el uso o la cesión del derecho de uso de cualquier derecho de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas y los programas y sistemas informáticos, cualquier patente, marca registrada, diseño o modelo, plano, o fórmula o procedimiento secretos, o por informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas, o a cualquier otro activo intangible; los pagos realizados por el uso o la cesión del derecho de uso de material industrial, comercial o científico se considerarán costes de cánones;
Enmienda 32
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 30 sexies (nuevo)
30 sexies)  «precios de transferencia»: precios a los que una empresa transmite activos, ya sean tangibles o intangibles, o presta servicios a empresas asociadas;
Enmienda 33
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 31
31)  «asimetría híbrida»: la situación existente entre un contribuyente y una empresa asociada o un arreglo estructurado entre partes en jurisdicciones fiscales diferentes cuando cualquiera de los resultados siguientes sea atribuible a diferencias en la calificación jurídica de un instrumento o entidad financieros, o en el tratamiento de una presencia comercial como establecimiento permanente:
31)  «asimetría híbrida»: una asimetría híbrida, tal como se define en el punto 9) del artículo 2 de la Directiva (UE) 2016/1164;
a)  una deducción del mismo pago, o de los mismos gastos o pérdidas, de la base imponible tanto en la jurisdicción en la que se origine el pago, se generen los gastos o se hayan sufrido las pérdidas, como en otra jurisdicción («doble deducción»);
b)  una deducción de un pago de la base imponible en la jurisdicción en la que se origine el pago sin la correspondiente inclusión a efectos fiscales del mismo pago en la otra jurisdicción («deducción sin inclusión»);
c)  en caso de diferencias en el tratamiento de una presencia comercial como establecimiento permanente, la no imposición de las rentas originadas en una jurisdicción sin la correspondiente inclusión a efectos fiscales de las mismas rentas en otra jurisdicción («no imposición sin inclusión»).
Solo existirá una asimetría híbrida en la medida en que el mismo pago deducido, los mismos gastos incurridos o las mismas pérdidas sufridas en dos jurisdicciones excedan del importe de las rentas que se incluyen en cada una de las jurisdicciones y que pueden atribuirse a la misma fuente.
Una asimetría híbrida también incluye la transferencia de un instrumento financiero al amparo de un arreglo estructurado que implique a un contribuyente, cuando el rendimiento subyacente del instrumento financiero transferido sea tratado a efectos fiscales como obtenido simultáneamente por más de una de las partes del arreglo, que tienen su residencia a efectos fiscales en jurisdicciones diferentes, dando lugar a cualquiera de los siguientes resultados:
a)  una deducción de un pago relacionado con el rendimiento subyacente sin la correspondiente inclusión de dicho pago a efectos fiscales, a menos que el rendimiento subyacente esté incluido en la renta imponible de una de las partes implicadas;
b)  una compensación por un impuesto retenido en la fuente sobre un pago derivado del instrumento financiero transferido a más de una de las partes implicadas;
Enmienda 34
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 32
32)  «arreglo estructurado»: un arreglo que implique una asimetría híbrida en la que la asimetría se tarifique en los términos del arreglo o un arreglo diseñado para producir un resultado de asimetría híbrida, a menos que el contribuyente o una empresa asociada no pudiera haber esperado razonablemente conocer la asimetría híbrida y no compartiera el valor de la ventaja fiscal resultante de la asimetría híbrida;
suprimido
Enmienda 35
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 33 bis (nuevo)
33 bis)  «establecimiento permanente digital»: una presencia digital significativa de un contribuyente que presta en una jurisdicción servicios dirigidos a los consumidores o las empresas de esta, de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 5, apartado 2 bis;
Enmienda 36
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 1 – punto 33 ter (nuevo)
33 ter)  «número de identificación fiscal (NIF) europeo»: número de identificación fiscal de la UE, tal como se describe en la Comunicación de la Comisión de 6 de diciembre de 2012, la cual recoge un plan de acción para reforzar la lucha contra el fraude fiscal y la evasión fiscal.
Enmienda 37
Propuesta de Directiva
Artículo 4 – párrafo 2
La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 66 a fin de establecer definiciones de otros conceptos.
La Comisión podrá adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 66 a fin de actualizar definiciones en vigor o establecer definiciones de otros conceptos.
Enmienda 38
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria
1.  Se considerará que un contribuyente dispone de un establecimiento permanente en un Estado miembro distinto de aquel en que tenga su residencia a efectos fiscales cuando cuente con un emplazamiento fijo en ese otro Estado miembro a través del cual desarrolle total o parcialmente su actividad, en particular:
1.  Se considerará que un contribuyente dispone de un establecimiento permanente que incluye un establecimiento permanente digital en un Estado miembro distinto de la jurisdicción en que tenga su residencia a efectos fiscales cuando cuente con un emplazamiento fijo de actividad o una presencia digital en ese otro Estado miembro a través de los cuales desarrolle total o parcialmente su actividad, en particular:
Enmienda 39
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra f bis (nueva)
f bis)  una plataforma digital o cualquier otro modelo empresarial digital basados en la recopilación y explotación de datos con fines comerciales.
Enmienda 40
Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis.  Si un contribuyente residente en una jurisdicción ofrece una plataforma digital —por ejemplo, una aplicación electrónica, una base de datos, un mercado en línea o un espacio de almacenamiento— o proporciona acceso a ella, o bien ofrece servicios de motor de búsqueda o servicios publicitarios en un sitio web o una aplicación electrónica, se considerará que dicho contribuyente posee un establecimiento permanente digital en un Estado miembro distinto de la jurisdicción en la que sea residente a efectos fiscales si el importe total de los ingresos del contribuyente o la empresa asociada derivados de operaciones a distancia generados a través de las plataformas digitales mencionadas en la jurisdicción en la que no sea residente supera la cifra de 5 millones de euros al año y si se cumple cualquiera de las siguientes condiciones:
a)  que mensualmente al menos mil usuarios registrados domiciliados en un Estado miembro distinto de la jurisdicción en la que el contribuyente sea residente a efectos fiscales se hayan conectado a la plataforma digital del contribuyente o la hayan visitado;
b)  que durante un ejercicio fiscal se hayan celebrado mensualmente al menos mil contratos digitales con clientes o usuarios domiciliados en la jurisdicción en la que el contribuyente no sea residente;
c)  que el volumen del contenido digital recopilado por el contribuyente en un ejercicio fiscal represente más del 10 % del total del contenido digital almacenado del grupo.
La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 66 en lo referente a la modificación de la presente Directiva mediante el ajuste de los factores mencionados en las letras a), b) y c) del presente apartado en función de los avances en los acuerdos internacionales.
Si, además del umbral de ingresos a que se refiere el párrafo primero del presente apartado, uno o más de los tres factores digitales mencionados en las letras a), b) y c) del presente apartado son aplicables a un contribuyente en el Estado miembro de que se trate, se considerará que dicho contribuyente posee un establecimiento permanente en ese Estado miembro.
Los contribuyentes estarán obligados a facilitar a las autoridades tributarias toda la información pertinente para determinar su establecimiento permanente o establecimiento permanente digital de conformidad con el presente artículo.
Enmienda 41
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 1
Además de las cantidades que sean deducibles en concepto de costes de investigación y desarrollo de conformidad con el apartado 2, el contribuyente también podrá deducir, para cada ejercicio fiscal, un 50 % adicional de tales costes adicionales, con excepción de los costes relativos al inmovilizado material mueble, en que haya incurrido durante ese ejercicio. En la medida en que los costes de investigación y desarrollo superen los 20 millones de euros, el contribuyente podrá deducir el 25 % de la cantidad excedentaria.
Para costes de investigación y desarrollo que no superen los 20 millones de euros y correspondan al personal, con inclusión de los salarios, los subcontratistas, los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal y los trabajadores autónomos, el contribuyente recibirá un crédito fiscal del 10 % de los costes en que haya incurrido.
Enmienda 42
Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 3 – párrafo 2
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, el contribuyente podrá deducir hasta el 100 % de sus costes de investigación y desarrollo hasta un máximo de 20 millones de euros cuando reúna todas las condiciones siguientes:
suprimido
a)  que se trate de una empresa no cotizada con menos de cincuenta empleados y un volumen de negocios anual o un balance anual total que no supere los 10 millones de euros;
b)  que no haya estado registrado durante más de cinco años. Si el contribuyente no está sujeto a registro, el periodo de cinco años podrá empezar a contar en el momento en que la empresa inicie su actividad económica o esté sujeta a impuesto por ella;
c)  que no haya surgido de una operación de concentración.
d)  que no tenga ninguna empresa asociada.
Enmienda 43
Propuesta de Directiva
Artículo 11
[...]
suprimido
Enmienda 44
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – párrafo 1 – letra b
b)  un 50 % de los gastos de representación, hasta una cantidad que no supere el [x] % de los ingresos en el ejercicio fiscal;
b)  un 50 % de los gastos de representación ordinarios y necesarios directamente relacionados o asociados con la actividad del contribuyente, hasta una cantidad que no supere el [x] % de los ingresos en el ejercicio fiscal;
Enmienda 45
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – párrafo 1 – letra c
c)  la transferencia de los beneficios no distribuidos a una reserva que forme parte de los recursos propios de la sociedad,
c)  la transferencia de los beneficios no distribuidos a una reserva que forme parte de los recursos propios de la sociedad, distintos de los beneficios no distribuidos por las sociedades cooperativas y los consorcios de cooperativas para la constitución de una reserva, tanto durante la actividad en curso de la sociedad como tras su cese, de conformidad con las disposiciones fiscales nacionales;
Enmienda 46
Propuesta de Directiva
Artículo 12 – párrafo 1 – letra j bis (nueva)
j bis)  los gastos relativos a beneficiarios situados en países que figuran en la lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales (también conocidos como «paraísos fiscales»);
Enmienda 47
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 1
Los costes de endeudamiento excedentarios serán deducibles en el ejercicio fiscal en que se haya incurrido en ellos hasta el 30 % de los beneficios del contribuyente antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) o hasta un importe de 3 millones de euros, si este importe fuera superior.
Los costes de endeudamiento excedentarios serán deducibles en el ejercicio fiscal en que se haya incurrido en ellos hasta el 10 % de los beneficios del contribuyente antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EBITDA, por sus siglas en inglés) o hasta un importe de un millón de euros, si este importe fuera superior.
Enmienda 48
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2 – párrafo 2
A efectos del presente artículo, cuando se permita o se exija a un contribuyente actuar por cuenta de un grupo, según la definición prevista en las normas de un sistema nacional de imposición de los grupos de empresas, todo el grupo será tratado como un contribuyente. En tales circunstancias, los costes de endeudamiento excedentarios y los EBITDA se calcularán para la totalidad del grupo. El importe de 3 millones de euros se considerará también para el grupo en su conjunto.
A efectos del presente artículo, cuando se permita o se exija a un contribuyente actuar por cuenta de un grupo, según la definición prevista en las normas de un sistema nacional de imposición de los grupos de empresas, todo el grupo será tratado como un contribuyente. En tales circunstancias, los costes de endeudamiento excedentarios y los EBITDA se calcularán para la totalidad del grupo. El importe de un millón de euros se considerará también para el grupo en su conjunto.
Enmienda 49
Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 6
6.  Los costes de endeudamiento excedentarios que no puedan deducirse en un ejercicio fiscal determinado podrán trasladarse a un ejercicio posterior sin limitación de tiempo.
6.  Los costes de endeudamiento excedentarios que no puedan deducirse en un ejercicio fiscal determinado podrán trasladarse a un ejercicio posterior durante un período de cinco años.
Enmienda 50
Propuesta de Directiva
Artículo 14 bis (nuevo)
Artículo 14 bis
Exenciones específicas
Los beneficios no distribuidos por las cooperativas y los consorcios para la constitución de una reserva, tanto durante la actividad en curso de una sociedad como tras su cese, así como las ventajas concedidas por las cooperativas y los consorcios a sus propios miembros serán deducibles siempre que la legislación fiscal nacional contemple esa deducibilidad.
Enmienda 51
Propuesta de Directiva
Artículo 29
Artículo 29
Artículo 29
Imposición de salida
Imposición de salida
1.   Un importe igual al valor de mercado de los activos transferidos, en el momento de su salida, una vez deducido su valor a efectos fiscales, será tratado como ingresos devengados en cualquiera de las circunstancias siguientes:
A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las normas de imposición de salida que se establecen en la Directiva (UE) 2016/1164.
a)  cuando el contribuyente transfiera activos desde su domicilio social a su establecimiento permanente en otro Estado miembro o en un tercer país;
b)  cuando el contribuyente transfiera activos desde su establecimiento permanente en un Estado miembro a su domicilio social o a otro establecimiento permanente en otro Estado miembro o en un tercer país, en la medida en que, debido a la transferencia, el Estado miembro en el que se encuentra el establecimiento permanente ya no tenga derecho a gravar dichos activos;
c)  cuando el contribuyente traslade su residencia fiscal a otro Estado miembro o a un tercer país, excepto en relación con aquellos activos que sigan estando vinculados de manera efectiva a un establecimiento permanente en el primer Estado miembro;
d)  cuando el contribuyente traslade la actividad realizada por su establecimiento permanente de un Estado miembro a otro o a un tercer país, en la medida en que, debido a la transferencia, el Estado miembro en el que se encuentra el establecimiento permanente ya no tenga derecho a gravar dichos activos.
2.  El Estado miembro al que se transfieran los activos o se traslade la residencia fiscal o la actividad realizada por un establecimiento permanente aceptará el valor determinado por el Estado miembro del contribuyente o del establecimiento permanente como valor de base de dichos activos a efectos fiscales.
3.  Siempre que se prevea que los activos deben volver al Estado miembro del responsable de la transferencia en un plazo de doce meses, el presente artículo no se aplicará a las transferencias de activos relacionadas con la financiación de valores, los activos entregados como garantía o si la transferencia de activos se efectúa para cumplir requisitos prudenciales de capital o a efectos de gestión de la liquidez.
Enmienda 52
Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1
1.  Las pérdidas en que haya incurrido en un ejercicio fiscal un contribuyente residente o un establecimiento permanente de un contribuyente no residente podrán trasladarse a ejercicios fiscales posteriores y deducirse en ellos, salvo disposición en contrario de la presente Directiva.
1.  Las pérdidas en que haya incurrido en un ejercicio fiscal un contribuyente residente o un establecimiento permanente de un contribuyente no residente podrán trasladarse a ejercicios fiscales posteriores y deducirse en ellos durante un máximo de cinco años.
Enmienda 53
Propuesta de Directiva
Artículo 42
Artículo 42
suprimido
Compensación por pérdidas y recuperación
1.  Un contribuyente residente que siga teniendo beneficios después de deducir sus propias pérdidas con arreglo al artículo 41 podrá deducir además las pérdidas sufridas, en el mismo ejercicio fiscal, por sus filiales consolidables inmediatas, en el sentido del artículo 3, apartado 1, o por un establecimiento o establecimientos permanentes situados en otros Estados miembros. Esta compensación por pérdidas se concederá por un periodo de tiempo limitado de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del presente artículo.
2.  La deducción será proporcional a la participación del contribuyente residente en sus filiales consolidables en el sentido del artículo 3, apartado 1, e íntegra para los establecimientos permanentes. La reducción de la base imponible del contribuyente residente no dará lugar en ningún caso a un importe negativo.
3.  Los contribuyentes residentes deberán volver a añadir a su base imponible, hasta el importe previamente deducido en concepto de pérdida, cualquier beneficio ulterior obtenido por sus filiales consolidables en el sentido del artículo 3, apartado 1, o por sus establecimientos permanentes.
4.  Las pérdidas deducidas con arreglo a los apartados 1 y 2 serán automáticamente reincorporadas en la base imponible del contribuyente residente en cualquiera de las circunstancias siguientes:
a)  cuando, al final del quinto ejercicio fiscal posterior al momento en que las pérdidas pasaron a ser deducibles, no se haya reincorporado ningún beneficio o los beneficios reincorporados no se correspondan con el importe total de las pérdidas deducidas;
b)  cuando la filial consolidable en el sentido del artículo 3, apartado 1, se venda, se liquide o se transforme en un establecimiento permanente;
c)  cuando el establecimiento permanente se venda, se liquide o se transforme en una filial;
d)  cuando la sociedad matriz ya no cumpla los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 1.
Enmienda 54
Propuesta de Directiva
Artículo 45 bis (nuevo)
Artículo 45 bis
Contribución fiscal efectiva
En la medida en que se siga aplicando el umbral que figura en el artículo 2, apartado 1, letra c), los Estados miembros controlarán y publicarán la contribución fiscal efectiva de las pymes y las empresas multinacionales en cada uno de ellos, de manera que puedan garantizar unas condiciones de competencia equitativas para empresas similares en la Unión y aliviar la carga administrativa y los costes que soportan las pymes.
Enmienda 55
Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 1 – párrafo 1
No obstante lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 8, un contribuyente no estará exento del impuesto sobre la renta extranjera que haya percibido en concepto de distribución de beneficios de una entidad de un tercer país o como producto de la enajenación de acciones que posea en una entidad en un tercer país, cuando dicha entidad esté sujeta en su país de residencia fiscal a un tipo legal del impuesto sobre sociedades inferior a la mitad del tipo impositivo legal que se le habría aplicado, en relación con tales rentas extranjeras, en su Estado miembro de residencia a efectos fiscales.
No obstante lo dispuesto en las letras c) y d) del artículo 8, un contribuyente no estará exento del impuesto sobre la renta extranjera no derivada de una actividad comercial y que haya percibido en concepto de distribución de beneficios de una entidad de un tercer país o como producto de la enajenación de acciones que posea en una entidad en un tercer país, cuando dicha entidad esté sujeta en su país de residencia fiscal a un tipo legal del impuesto sobre sociedades inferior al 15 %, en relación con tales rentas extranjeras, en su Estado miembro de residencia a efectos fiscales.
Enmienda 56
Propuesta de Directiva
Artículo 53 – apartado 2
2.  Cuando sea de aplicación el apartado 1, el contribuyente tributará por la renta extranjera y el impuesto pagado en el tercer país se deducirá de su deuda tributaria en el Estado miembro en que sea residente a efectos fiscales. La deducción no deberá superar la cuantía del impuesto, calculada antes de la deducción, imputable a la renta que pueda ser gravada.
2.  Cuando sea de aplicación el apartado 1, el contribuyente tributará por la renta extranjera y el impuesto pagado en el tercer país se deducirá de su deuda tributaria en el Estado miembro en que sea residente a efectos fiscales. La deducción no deberá superar la cuantía del impuesto, calculada antes de la deducción, imputable a la renta que pueda ser gravada. A fin de beneficiarse de la deducción, el contribuyente deberá demostrar a sus autoridades tributarias que la renta extranjera es producto de una actividad económica, por ejemplo mediante un certificado a tal efecto expedido por las autoridades tributarias extranjeras.
Enmienda 57
Propuesta de Directiva
Artículo 58
Artículo 58
Artículo 58
Norma general contra las prácticas abusivas
Norma general contra las prácticas abusivas
1.   A efectos del cálculo de la base imponible en virtud de las normas de la presente Directiva, los Estados miembros no tendrán en cuenta ningún arreglo o serie de arreglos que, por haberse establecido teniendo como propósito esencial la obtención de una ventaja fiscal que desvirtúa el objeto o la finalidad de la presente Directiva, resulten ser engañosos una vez analizados todos los datos y circunstancias pertinentes. Tales arreglos podrán estar constituidos por más de una fase o parte.
A efectos de la presente Directiva, se aplicará la norma general contra las prácticas abusivas que se establece en la Directiva (UE) 2016/1164.
2.  A efectos del apartado 1, un arreglo o una serie de arreglos se considerarán engañosos en la medida en que no se hayan establecido por razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica.
3.  Un arreglo o una serie de arreglos que no se tengan en cuenta de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 serán tratados, a efectos de cálculo de la base imponible, por referencia a su contenido económico.
Enmienda 58
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – parte introductoria
Una entidad o un establecimiento permanente cuyos beneficios no estén sometidos a imposición o estén exentos de impuestos en el Estado miembro de su domicilio social serán tratados como sociedad extranjera controlada cuando se reúnan las condiciones siguientes:
El Estado miembro de un contribuyente tratará una entidad o un establecimiento permanente cuyos beneficios no estén sometidos a imposición o estén exentos de impuestos en ese Estado miembro como sociedad extranjera controlada cuando se reúnan las condiciones siguientes:
Enmienda 59
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 1 – letra b
b)  que el impuesto sobre sociedades que la entidad o el establecimiento permanente pague efectivamente por sus beneficios sea menor que la diferencia entre el impuesto sobre sociedades que se habría aplicado a los beneficios de dicha entidad o establecimiento permanente de conformidad con las normas de la presente Directiva y el impuesto sobre sociedades efectivamente pagado sobre esos beneficios por la entidad o establecimiento permanente de que se trate.
b)  que los beneficios de la entidad estén sujetos a un tipo del impuesto sobre sociedades inferior al 15 %; este tipo impositivo se calculará sobre la base de los beneficios antes de la aplicación de las operaciones previstas por los países en cuestión para reducir la base imponible sujeta a dicho tipo; este tipo se revisará cada año en función de la evolución económica del comercio mundial.
Enmienda 60
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 1 – párrafo 2
A efectos de la letra b) del párrafo primero, al calcular el impuesto sobre sociedades que se habría aplicado a los beneficios de la entidad con arreglo a las normas de la Directiva en el Estado miembro del contribuyente, no se tendrán en cuenta las rentas de cualquier establecimiento permanente de la entidad no sujetas a imposición o exentas de impuestos en el territorio fiscal de la sociedad extranjera controlada.
suprimido
Enmienda 61
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 2
2.  Cuando una entidad o establecimiento permanente sean tratados como sociedad extranjera controlada en virtud del apartado 1, las rentas no distribuidas de la entidad o establecimiento permanente estarán sujetas a imposición en la medida en que se deriven de las siguientes categorías:
2.  Cuando una entidad o establecimiento permanente reciba la consideración de sociedad extranjera controlada según lo dispuesto en el apartado 1, el Estado miembro del contribuyente incluirá en la base imponible:
a)  las rentas no distribuidas de la entidad o las rentas del establecimiento permanente que se deriven de las siguientes categorías:
a)   intereses u otras rentas generadas por activos financieros;
i)   intereses u otras rentas generadas por activos financieros;
b)   cánones u otras rentas generadas por propiedad intelectual e industrial;
ii)   cánones u otras rentas generadas por propiedad intelectual e industrial;
c)   dividendos y rentas procedentes de la enajenación de acciones;
iii)   dividendos y rentas procedentes de la enajenación de acciones;
d)   rentas procedentes del arrendamiento financiero;
iv)   rentas procedentes del arrendamiento financiero;
e)   rentas procedentes de actividades de seguros, actividades bancarias u otras actividades financieras;
v)   rentas procedentes de actividades de seguros, actividades bancarias u otras actividades financieras;
f)   rentas procedentes de la facturación de sociedades que perciben ingresos por ventas y servicios comprados de y vendidos a empresas asociadas, añadiendo un valor económico escaso o nulo.
vi)   rentas procedentes de la facturación de sociedades que perciben ingresos por ventas y servicios comprados de y vendidos a empresas asociadas, añadiendo un valor económico escaso o nulo.
El párrafo primero no se aplicará a las sociedades extranjeras controladas que sean residentes o estén situadas en un Estado miembro o en un tercer país que sea parte en el Acuerdo EEE, cuando hayan sido constituidas por razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica. A efectos del presente artículo, la actividad de la sociedad extranjera controlada reflejará la realidad económica en la medida en que esa actividad esté respaldada por una plantilla, un equipamiento, bienes e instalaciones proporcionales.
La presente letra no será de aplicación cuando la sociedad extranjera controlada lleve a cabo una actividad económica de importancia basada en una plantilla, un equipamiento, bienes e instalaciones, de lo que darán fe los hechos y circunstancias pertinentes. Cuando la sociedad extranjera controlada esté registrada o situada en un tercer país que no forme parte del Acuerdo EEE, los Estados miembros podrán decidir abstenerse de aplicar el párrafo anterior, o
b)  las rentas no distribuidas de la entidad o establecimiento permanente derivadas de mecanismos falseados que se han establecido con el objetivo esencial de obtener una ventaja fiscal.
A efectos de la presente letra b), un mecanismo o serie de mecanismos se considerarán falseados en la medida en que la entidad o establecimiento permanente no poseyera los activos o no hubiera asumido los riesgos que generan una parte o la totalidad de su renta si no estuviera controlada por una sociedad en la que las personas influyentes ejercen funciones, pertinentes en relación con dichos activos y riesgos, que contribuyen a la generación de la renta de la sociedad controlada.
Enmienda 62
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 1
Una entidad o establecimiento permanente no serán tratados como sociedad extranjera controlada en el sentido del apartado 1 cuando no más de un tercio de las rentas de la entidad o establecimiento permanente esté comprendido dentro de las categorías a) a f) del apartado 2.
Cuando, en virtud de las normas de un Estado miembro, la base imponible de un contribuyente se calcule de conformidad con el apartado 2, letra a), el Estado miembro podrá optar por no considerar una entidad o establecimiento permanente como sociedad extranjera controlada según lo previsto en el apartado 1 si un tercio o menos de las rentas de la entidad o establecimiento permanente pertenecen a alguna de las categorías previstas en el apartado 2, letra a).
Enmienda 63
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3 – párrafo 2
Las entidades financieras no serán tratadas como sociedades extranjeras controladas en virtud del apartado 1 cuando no más de un tercio de las rentas de la entidad o establecimiento permanente de las categorías a) a f) del apartado 2 proceda de operaciones con el contribuyente o con sus empresas asociadas.
Cuando, en virtud de las normas de un Estado miembro, la base imponible de un contribuyente se calcule de conformidad con el apartado 2, letra a), el Estado miembro podrá optar por no considerar las sociedades financieras como sociedades extranjeras controladas si un tercio o menos de las rentas de la entidad derivadas de las categorías previstas en el apartado 2, letra a), proceden de transacciones con el contribuyente o con sus empresas asociadas.
Enmienda 64
Propuesta de Directiva
Artículo 59 – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis.  Los Estados miembros podrán excluir del ámbito de aplicación del apartado 2, letra b), a una entidad o establecimiento permanente:
a)  con beneficios contables no superiores a 750 000 EUR de ingresos no comerciales no superiores a 75 000 EUR, o
b)  cuyos beneficios contables no representen más del 10 % de sus gastos de explotación durante el período impositivo.
A efectos de lo dispuesto en la letra b) del párrafo primero, los gastos de explotación no podrán incluir el coste de los bienes vendidos fuera del país en el que esté registrada la sociedad o en el que esté situado el establecimiento permanente a efectos fiscales ni los pagos a empresas asociadas.
Enmienda 65
Propuesta de Directiva
Artículo 61
Artículo 61
Artículo 61
Asimetrías híbridas
Asimetrías híbridas
En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros dé lugar a la doble deducción del mismo pago, los mismos gastos o las mismas pérdidas, la deducción solo se concederá en el Estado miembro en el que se haya originado el pago, se haya incurrido en los gastos o se hayan contraído las pérdidas.
A efectos de la presente Directiva, se aplicarán las normas relativas a asimetrías híbridas que se establecen en el artículo 9 de la Directiva (UE) 2016/1164.
En la medida en que una asimetría híbrida en la que esté implicado un tercer país dé lugar a la doble deducción del mismo pago, los mismos gastos o las mismas pérdidas, el Estado miembro de que se trate denegará la deducción del pago, los gastos o las pérdidas, a menos que el tercer país ya lo ha hecho.
En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros dé lugar a una deducción sin inclusión, el Estado miembro del ordenante del pago denegará la deducción del pago correspondiente.
En la medida en que una asimetría híbrida en la que esté implicado un país tercero dé lugar a una deducción sin inclusión:
a)  si el pago tiene su origen en un Estado miembro, este denegará la deducción, o
b)  si el pago tiene su origen en un tercer país, el Estado miembro de que se trate exigirá al contribuyente que incluya dicho pago en la base imponible, salvo en caso de que el tercer país ya haya denegado la deducción o haya exigido que se incluya el pago.
En la medida en que una asimetría híbrida entre Estados miembros en la que esté implicado un establecimiento permanente dé lugar a la no imposición sin inclusión, el Estado miembro en el que el contribuyente tenga su residencia a efectos fiscales exigirá al contribuyente que incluya en la base imponible las rentas imputables al establecimiento permanente.
En la medida en que una asimetría híbrida en la que esté implicado un establecimiento permanente situado en un tercer país dé lugar a la no imposición sin inclusión, el Estado miembro de que se trate exigirá al contribuyente que incluya en la base imponible la renta imputable al establecimiento permanente en el tercer país.
4.  En la medida en que el pago por un contribuyente a una empresa asociada de un tercer país sea compensado directa o indirectamente con un pago, con gastos o con pérdidas que, debido a una asimetría híbrida, sean deducibles en dos jurisdicciones fiscales diferentes fuera de la Unión, el Estado miembro del contribuyente denegará la deducción de la base imponible del pago por el contribuyente a una empresa asociada en un tercer país, a menos que uno de los terceros países de que se trate ya haya denegado la deducción del pago, los gastos o las pérdidas que serían deducibles en dos jurisdicciones fiscales diferentes.
5.  En la medida en que la inclusión correspondiente de un pago deducible por un contribuyente a una empresa asociada en un tercer país sea compensada directa o indirectamente con un pago que, debido a una asimetría híbrida, no haya sido incluido por el destinatario del pago en su base imponible, el Estado miembro del contribuyente denegará la deducción de la base imponible del pago por el contribuyente a una empresa asociada de un tercer país, a menos que uno de los terceros países de que se trate ya haya denegado la deducción del pago no incluido.
6.  En la medida en que una asimetría híbrida dé lugar a compensación por el impuesto retenido en la fuente sobre un pago derivado de un instrumento financiero transferido a más de una de las partes implicadas, el Estado miembro del contribuyente limitará el beneficio de tal compensación en proporción a la renta neta imponible en relación con dicho pago.
7.  A efectos del presente artículo, se entenderá por «ordenante del pago» la entidad o establecimiento permanente donde se haya originado el pago, se haya incurrido en los gastos o se hayan contraído las pérdidas.
Enmienda 66
Propuesta de Directiva
Artículo 61 bis – título
Asimetrías relacionadas con la residencia fiscal
Asimetrías híbridas invertidas
Enmienda 67
Propuesta de Directiva
Artículo 61 bis – apartado 1
En la medida en que un pago, unos gastos o unas pérdidas de un contribuyente que sea residente a efectos fiscales al mismo tiempo en un Estado miembro y en un tercer país, de conformidad con las legislaciones de dicho Estado miembro y de dicho tercer país, sean deducibles de la base imponible en ambas jurisdicciones fiscales, y que dicho pago y dichos gastos o pérdidas se puedan compensar en el Estado miembro del contribuyente con rentas imponibles que no estén incluidas en el tercer país, el Estado miembro del contribuyente denegará la deducción del pago, de los gastos o de las pérdidas, a menos que ya lo haya hecho el tercer país.
A los efectos de la presente Directiva, los Estados miembros tratarán las asimetrías híbridas invertidas de conformidad con el artículo 9 bis de la Directiva (UE) 2016/1164.
Enmienda 68
Propuesta de Directiva
Artículo 65 bis (nuevo)
Artículo 65 bis
Número de identificación fiscal europeo
La Comisión presentará, como más tarde el 31 de diciembre de 2018, una propuesta legislativa sobre un número de identificación fiscal europeo común y armonizado, a fin de aumentar la eficiencia y la fiabilidad del intercambio automático de información fiscal dentro de la Unión.
Enmienda 69
Propuesta de Directiva
Artículo 65 ter (nuevo)
Artículo 65 ter
Intercambio automático y obligatorio de información en materia fiscal
A fin de garantizar una transparencia total y la correcta aplicación de la presente Directiva, el intercambio de información en materia fiscal será automático y obligatorio, de conformidad con lo previsto en la Directiva 2011/16/UE del Consejo1 bis.
Los Estados miembros dotarán a sus administraciones tributarias de personal experimentado y recursos presupuestarios apropiados, así como de los recursos necesarios para la formación del personal de dichas administraciones en materia de cooperación transfronteriza e intercambio automático de información en el ámbito fiscal, con el fin de garantizar la plena aplicación de la presente Directiva.
____________
1 bis Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DO L 64 de 11.3.2011, p. 1).
Enmienda 70
Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 2
2.  Los poderes para adoptar los actos delegados previstos en el artículos 2, apartado 5, el artículo 4, apartado 5, el artículo 11, apartado 6, el artículo 32, apartado 5, y el artículo 40 se confieren a la Comisión por un periodo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
2.  Los poderes para adoptar los actos delegados previstos en el artículos 2, apartado 5, el artículo 4, apartado 5, el artículo 5, apartado 2 bis, el artículo 32, apartado 5, y el artículo 40 se confieren a la Comisión por un periodo indefinido a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva.
Enmienda 71
Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 3
3.  La delegación de poderes a que se refieren el artículo 2, apartado 5, el artículo 4, apartado 5, el artículo 11, apartado 6, el artículo 32, apartado 5, y el artículo 40 podrá ser revocada en cualquier momento por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
3.  La delegación de poderes a que se refieren el artículo 2, apartado 5, el artículo 4, apartado 5, el artículo 5, apartado 2 bis, el artículo 32, apartado 5, y el artículo 40 podrá ser revocada en cualquier momento por el Consejo. La Decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.
Enmienda 72
Propuesta de Directiva
Artículo 66 – apartado 5
5.  Los actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 2, apartado 5, el artículo 4, apartado 5, el artículo 11, apartado 6, el artículo 32, apartado 5, y el artículo 40 entrarán en vigor únicamente si, en el plazo de [dos meses] desde su notificación al Consejo, este no formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, informa a la Comisión de que no las formulará. El plazo se prorrogará [dos meses] a iniciativa del Consejo.
5.  Los actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 2, apartado 5, el artículo 4, apartado 5, el artículo 5, apartado 2 bis, el artículo 32, apartado 5, y el artículo 40 entrarán en vigor únicamente si, en el plazo de [dos meses] desde su notificación al Consejo, este no formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, informa a la Comisión de que no las formulará. El plazo se prorrogará [dos meses] a iniciativa del Consejo.
Enmienda 73
Propuesta de Directiva
Artículo 66 bis (nuevo)
Artículo 66 bis
Medidas contra los abusos en detrimento de los convenios fiscales
Los Estados miembros modificarán sus convenios fiscales bilaterales con arreglo a la presente Directiva a fin de que asegurar que estos incluyan cada uno de los siguientes elementos:
a)  una cláusula que garantice que ambas partes del convenio se comprometen a adoptar medidas para que se paguen impuestos cuando se desarrollen actividades económicas y se cree valor;
b)  un apéndice que clarifique que el objetivo de los convenios bilaterales, más allá de evitar la doble imposición, es asimismo combatir la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva;
c)  una cláusula relativa a una norma general contra la elusión fiscal basada en una prueba del propósito principal.
Enmienda 74
Propuesta de Directiva
Artículo 68 bis (nuevo)
Artículo 68 bis
Seguimiento
La Comisión supervisará y publicará las conclusiones sobre la aplicación uniforme de la presente Directiva y garantizará una interpretación homogénea de sus medidas por los Estados miembros.
Enmienda 75
Propuesta de Directiva
Artículo 69
Artículo 69
Artículo 69
Reexamen
Informe de aplicación y reexamen
Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión reexaminará su aplicación y presentará al Consejo un informe sobre el funcionamiento de la misma.
Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión evaluará el funcionamiento de la misma.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero, la Comisión examinará, tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, el funcionamiento del artículo 11 y estudiará la necesidad de introducir ajustes en la definición y calibración de la BCI. La Comisión llevará a cabo un análisis pormenorizado de la manera en que la BCI puede incitar a las empresas que tienen derecho a optar por la aplicación de las normas de la presente Directiva para financiar sus actividades mediante recursos propios.
La Comisión comunicará sus conclusiones en un informe de ejecución al Parlamento Europeo y al Consejo. El informe incluirá un análisis de cada uno de los elementos siguientes:
a)   el impacto de este régimen sobre los ingresos fiscales de los Estados miembros;
b)  las ventajas e inconvenientes del sistema para las pequeñas y medianas empresas;
c)   el impacto sobre una recaudación fiscal justa entre los Estados miembros;
d)   el impacto sobre el mercado interior en su conjunto, con especial atención a las posibles distorsiones de la competencia entre empresas sometidas a las nuevas normas establecidas en la presente Directiva.
e)   el número de empresas que se encuentran en el ámbito de aplicación durante el período transitorio.
Diez años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, la Comisión reexaminará su aplicación y presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre el funcionamiento de la misma.
La Comisión comunicará sus conclusiones a los Estados miembros, con el fin de que estos las tengan en cuenta en el diseño y la implementación de los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades.
La Comisión comunicará sus conclusiones en un informe dirigido al Parlamento Europeo y a los Estados miembros y al Parlamento Europeo, con el fin de que estos las tengan en cuenta en el diseño y la implementación de los sistemas nacionales del impuesto sobre sociedades, y lo acompañará, si fuera necesario, de una propuesta legislativa para modificar la presente Directiva.
Enmienda 76
Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 1 – párrafo 1
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2018, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 31 de diciembre de 2019, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Enmienda 77
Propuesta de Directiva
Artículo 70 – apartado 1 – párrafo 2
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de febrero de 2019.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2020.

Orientaciones para el presupuesto 2019 - sección III
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2018, sobre las orientaciones generales para la preparación del presupuesto 2019, sección III – Comisión (2017/2286(BUD))
P8_TA(2018)0089A8-0062/2018

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 314 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(1),

–  Visto el Acuerdo interinstitucional, de 2 de diciembre de 2013, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera(2),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002 del Consejo(3),

–  Vista la Decisión 2014/335/UE, Euratom del Consejo, de 26 de mayo de 2014, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea(4),

–  Vistos el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2018(5) y las declaraciones conjuntas acordadas entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión que lo acompañan,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 20 de febrero de 2018, sobre las orientaciones presupuestarias para el ejercicio 2019 (06315/2018),

–  Visto el artículo 86 bis de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Presupuestos (A8-0062/2018),

A.  Considerando que las negociaciones sobre el presupuesto de la Unión para 2019, el último de la actual legislatura, se desarrollarán en paralelo con las negociaciones sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP) y sobre la reforma del sistema de recursos propios de la Unión; que en 2019 se cumple el sexto año del MFP 2014-2020;

B.  Considerando que las dos ramas de la autoridad presupuestaria deben intentar alcanzar un acuerdo ambicioso y completo sobre el presupuesto de 2019 en el Comité de Conciliación a fin de incidir positivamente en las negociaciones paralelas y poder llegar a un acuerdo sobre el MFP posterior a 2020 y sobre los recursos propios antes de que finalice la actual legislatura;

C.  Considerando que, tras el acuerdo de diciembre de 2017 para iniciar la segunda fase de las negociaciones, el proceso del brexit no debería tener una incidencia directa en el presupuesto de 2019, puesto que según el informe conjunto de la Unión y el Reino Unido(6), este último contribuirá y participará en la ejecución de los presupuestos anuales de la Unión de los años 2019 y 2020 como si todavía formase parte de ella;

D.  Considerando que los crecientes movimientos populistas y extremistas en todos los Estados miembros han divulgado y promovido información engañosa sobre la Unión y su presupuesto, lo que pone de relieve la necesidad de una información mejor y más transparente;

E.  Considerando que, tras años de percepción negativa por parte de los ciudadanos respecto a la gestión de la crisis financiera, social y económica, la actual mejora de las perspectivas económicas, resultado de esfuerzos coordinados para volver a situar a Europa en la senda de la recuperación económica, permite una planificación presupuestaria más generosa;

F.  Considerando que el Consejo se ha contradicho repetidamente a lo largo de los últimos años, al presentar nuevas prioridades políticas para la Unión, pero mostrarse al mismo tiempo reacio a proporcionar nuevos créditos para su financiación; que las nuevas prioridades políticas y los próximos desafíos a los que se enfrenta la Unión deben financiarse con créditos nuevos y no reduciendo los programas actuales que han demostrado su eficacia;

G.  Considerando que, al acercarse el final del periodo de programación financiera actual, la ejecución de los programas plurianuales alcanzará su velocidad de crucero y aumenta, por tanto, la necesidad de disponer de recursos financieros adecuados;

Respuestas a los retos para la Unión y las expectativas de los ciudadanos

1.  Toma nota de la recuperación de las consecuencias de la crisis financiera, económica y social, fortalecida como resultado de los esfuerzos de la Unión y de los Estados miembros para crear crecimiento y empleo que deberán seguir consolidándose a fin de generar una influencia positiva en la vida cotidiana de los ciudadanos de la Unión, muchos de los cuales se han visto gravemente afectados por la crisis durante varios años; pide que se preste especial atención a los jóvenes y a las personas en riesgo de pobreza o desempleo a fin de garantizar que noten los efectos positivos, lo que impedirá que sigan aumentando las desigualdades sociales y regionales; destaca, en este contexto, que debe prestarse especial atención a las capacidades de las diferentes regiones para aprovechar el crecimiento cada vez mayor;

2.  Hace hincapié en que, según datos de Eurostat y contrariamente a lo que afirma el discurso populista, los ciudadanos de la Unión son optimistas sobre el futuro de esta; destaca que la Unión debe cumplir con su cometido y responsabilidades e incrementar su actividad para favorecer las condiciones de vida, actuales y futuras, de sus ciudadanos, pero también protegerse del comercio y las prácticas económicas desleales en el mercado mundial, ayudándoles a recoger los beneficios; resalta que es necesario hacer frente a los retos del cambio climático y a las amenazas en materia de seguridad internacional; considera que, a fin de cumplir con las expectativas y los compromisos, la Unión debe trabajar más eficazmente, dentro del ámbito de sus competencias, a fin de respaldar la creación de crecimiento y empleo sostenibles y reducir la brecha entre los niveles de vida de los ciudadanos de la Unión en todas sus regiones, respetando plenamente la Estrategia Europa 2020, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París; subraya la necesidad de preparar la economía europea y a los ciudadanos de la Unión para aprovechar las oportunidades que ofrece la digitalización; considera que abordar las causas profundas de la migración y poner fin a las diversas formas de discriminación, como la discriminación contra las mujeres o las personas LGBTI, constituyen asimismo grandes retos para 2019;

Preparar un futuro sostenible y reforzar la solidaridad dentro y fuera de la Unión

Un futuro sostenible

3.  Considera que el presupuesto de la Unión para 2019 debe reforzar todos los instrumentos pertinentes para combatir el desempleo juvenil, en especial en las regiones de la Unión a la zaga en lo económico, prestando especial atención a la mejora de las capacidades profesionales y en materia de emprendimiento y de la movilidad, el reconocimiento de las cualificaciones en todos los niveles de la educación y la formación profesional, y apoyar el crecimiento, la competitividad, la creación de empleo, la inversión en infraestructuras, la innovación, la investigación y las pymes; destaca que el desempleo juvenil, con una gran repercusión social, es uno de los principales retos a escala europea;

4.   Considera que el crecimiento, la innovación, la competitividad, la seguridad, la lucha contra el cambio climático, la transición a las energías renovables y la migración deben ser prioridades del presupuesto de la Unión para 2019;

5.  Apoya la creación de nuevas oportunidades para que los jóvenes participen en actividades solidarias; pide el rápido despliegue e implantación completa del Cuerpo Europeo de Solidaridad, tras su adopción prevista para 2018;

6.  Se congratula de que, ante la insistencia del Parlamento, la conciliación sobre el presupuesto de la Unión para 2018 haya dado como resultado un aumento de la dotación específica propuesta inicialmente para la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) con nuevos créditos por valor de 116,7 millones de euros, con lo que su importe en 2018 se elevará a 350 millones de euros, pero señala la necesidad de mejorar la ejecución de los fondos que se han quedado rezagados; se opone a la interpretación de la Comisión, en su actualización técnica de la programación financiera 2019-2020 tras la aprobación del presupuesto para 2018, de la programación financiera para el año 2018, que considera este refuerzo como una consignación anticipada de los créditos en los próximos años, y espera que la Comisión cumpla las promesas hechas al Parlamento al final del periodo de conciliación de 2017; espera que el proyecto de presupuesto para 2019 muestre una mayor ambición para combatir el desempleo juvenil, encontrar el equilibrio correcto entre la evolución real de la capacidad de absorción en este ámbito y la voluntad política de demostrar el apoyo en esta cuestión; recuerda el compromiso de la Comisión para proponer un nuevo aumento de la financiación de la IEJ a través de un presupuesto rectificativo en caso de que la capacidad de absorción de la IEJ en 2018 lo permita; insiste en que los Estados miembros y la Comisión comprueben la adecuación de las ofertas de empleo, educación o formación a los perfiles de los participantes y la demanda del mercado laboral, a fin de colocar a los participantes en un empleo sostenible;

7.  Pide a la Comisión que para el procedimiento de 2019 facilite los datos de financiación sobre la ejecución de la IEJ desglosados por participación nacional con miras a complementar los datos expresados en forma de costes totales ya a disposición del público; insta a la Comisión a que mejore las sinergias entre la IEJ, el Fondo Social Europeo y los presupuestos nacionales de los Estados miembros para asegurar que la IEJ no sustituya a la financiación nacional destinada a los jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni reciben formación («ninis»);

8.  Destaca que, tras haber cumplido treinta años, Erasmus+ sigue siendo el principal programa destinado a promover la movilidad de los jóvenes, enseñar valores europeos fundamentales e inculcarlos en los jóvenes, junto con los programas culturales de la Unión, tal como demuestra el volumen de solicitudes recibido, que superan la financiación disponible; considera que es necesario aumentar aún más el presupuesto de Erasmus+ para 2019 (como mínimo doblarlo) a fin de atender a las solicitudes de este programa, en especial las vinculadas al aprendizaje permanente;

9.  Considera que la investigación, la competitividad y las pymes son fundamentales para permitir el crecimiento económico y la creación de empleo; subraya, por tanto, la importancia de ofrecer a las empresas de la Unión, especialmente las pymes, un entorno favorable a la innovación, la investigación y la inversión para lograr una economía de la Unión realmente competitiva en el panorama mundial; destaca la importancia de aumentar el presupuesto de la rúbrica 1a y la financiación para programas de éxito como Horizonte 2020 y los programas que apoyan a las pymes, incluido el Programa de la Unión para la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME), que presenta muchos más candidatos que beneficiarios de financiación; subraya la importancia de tener en cuenta los requisitos específicos y los pocos recursos administrativos de las pymes al concebir programas para estas empresas; considera que lo anterior es necesario habida cuenta de la rápida evolución de un mundo altamente competitivo y de los profundos cambios que han experimentado todos los sectores debido a la digitalización; reconoce que los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) contribuyen también a todas estas prioridades;

10.  Destaca que la inversión en investigación e innovación representa un requisito indispensable para la consecución de una competitividad genuina en la Unión; lamenta que, como consecuencia de una alarmante baja tasa de éxito de las solicitudes, se reduzca el número de proyectos de calidad en el ámbito de la investigación y la innovación que reciben fondos de la Unión; insiste, en este contexto, en que debe garantizarse un nivel de créditos adecuado para Horizonte 2020;

11.  Pone de relieve el potencial que ofrece el crecimiento económico derivado de la transformación tecnológica y pide que el presupuesto de la Unión tenga un papel adecuado en el apoyo a la digitalización de la industria europea y la promoción de competencias digitales y del emprendimiento;

12.  Reconoce que las pymes siguen siendo la columna vertebral de la economía europea, y que seguirán desempeñando un papel decisivo en la creación de empleo y crecimiento en toda la Unión; pide, a este respecto, un aumento de los créditos de COSME en 2019, a la luz del éxito de este programa;

13.  Celebra la extensión y el refuerzo del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), cuyo fondo de garantía ampliado desempeña un papel clave en la reducción de la brecha de inversión en la Unión; recuerda que el fondo de garantía del FEIE ha sido financiado parcialmente a expensas de Horizonte 2020 y del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), pese a que ambos son programas a largo plazo con proyección de futuro; subraya la posición que defiende el Parlamento desde hace tiempo según la cual toda nueva iniciativa debe financiarse con créditos nuevos y no por medio de reasignaciones, y que debe subsanarse el perjuicio causado a programas vigentes mediante el procedimiento presupuestario anual; reitera que los recortes en dichos programas deben revertirse en la medida de lo posible;

14.  Subraya que el aumento del FEIE debe lograr un progreso significativo en 2019 en lo que respecta a la mejora de la cobertura geográfica, de modo que todas las regiones puedan beneficiarse por igual de las ventajas que ofrece la garantía presupuestaria de la Unión; pide a los Estados miembros que efectúen reformas estructurales que mejoren el entorno de inversión y las capacidades locales para aplicar debidamente la ayuda del FEIE en todas las regiones;

15.  Acoge con satisfacción el reciente compromiso de los Estados miembros con una agenda renovada de la Unión en materia de defensa, que tiene por objeto potenciar tanto el poder coercitivo como el poder de influencia, y considera que debe ajustarse a las preocupaciones de los ciudadanos en materia de seguridad, a la luz de la creciente inestabilidad mundial que se ve exacerbada por nuevos tipos de amenazas; apoya la reciente iniciativa de la Comisión de poner en marcha el Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa, como primera fase del Fondo Europeo de Defensa; exige que este Programa se financie exclusivamente mediante márgenes no asignados y/o instrumentos especiales y, por tanto, no mediante reasignaciones a partir de programas existentes;

16.  Subraya que la protección de la seguridad interior debe seguir siendo una de las principales prioridades de la Unión y pide que se refuerce la financiación destinada a esta política en evolución; está convencido de que la Unión tiene que invertir más en el refuerzo y la gestión de sus fronteras, la intensificación de la cooperación entre los organismos de seguridad y las autoridades nacionales y la lucha contra el terrorismo, la radicalización y la delincuencia organizada, aplicando un sistema de información digital adecuado y moderno; pone de relieve, a este respecto, el papel que desempeña el Fondo de Seguridad Interior (FSI) y la necesidad de financiar adecuadamente a los organismos en materia de fronteras, seguridad y justicia; recuerda que la dotación financiera de este instrumento se redujo significativamente para 2018;

17.  Pide que se incrementen los fondos para combatir el fenómeno de la radicalización, que conduce al extremismo violento dentro de la Unión; considera que este objetivo podrá alcanzarse promoviendo la integración y luchando contra la discriminación, el racismo, la xenofobia, el fundamentalismo, la incitación al odio y el discurso del odio;

18.  Celebra el papel desempeñado por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI); pide que se destine un presupuesto adecuado a este Fondo para 2019 con el fin de apoyar la acogida digna de solicitantes de asilo en los Estados miembros, estrategias de devolución justas, programas de reasentamiento, políticas de migración y fomento de la integración efectiva de nacionales de terceros países, y lucha contra la migración irregular; reitera la importancia de poseer medios financieros específicos para abordar las causas principales de la crisis migratoria y de los refugiados; subraya, a este respecto, que el presupuesto de la Unión debe financiar medidas en los países de origen de los migrantes, así como en los países de acogida de los refugiados, incluidas, entre otros, medidas que aborden la pobreza, el desempleo, los problemas educativos y económicos, y la inestabilidad;

19.  Pide a la Comisión que presente una propuesta que prevea la expresión de solidaridad financiera con las víctimas de actos de terrorismo y sus familias en el nivel de la Unión;

20.  Recuerda la importancia de las agencias de la Unión a la hora de garantizar la aplicación de las prioridades de la legislación europea y cumplir así los objetivos políticos de la Unión, por ejemplo los relativos a la competitividad (empleo, crecimiento sostenible, Unión de la Energía), migración (asilo, gestión transfronteriza), apoyo a los derechos fundamentales (protección de datos) y seguridad (ciberdelincuencia, drogas, fraude, blanqueo de capitales, terrorismo, cooperación judicial, cooperación policial, apoyo a los sistemas de información a gran escala); espera que las negociaciones sobre el presupuesto de 2019 desemboquen en una financiación realista y adecuada de los costes operativos y administrativos de las agencias y otros órganos de la Unión, que les permita llevar a cabo su cometido, así como sus tareas y carga de trabajo crecientes; pide que se asignen recursos adecuados para asegurar la debida aplicación y el funcionamiento de la Fiscalía Europea; propugna, en un sentido más general, una evaluación exhaustiva del interés estratégico y las tareas de todas las agencias, así como de la posibilidad de agrupar las agencias en función del carácter estratégico de su misión y de sus resultados; reitera que 2018 es el último año de aplicación de la reducción de personal del 5 % y de la llamada «reserva de redistribución»; espera que la Comisión y el Consejo se abstengan de reducir aún más los recursos de las agencias en el presupuesto de 2019;

21.  Considera que, en un momento en que actores fundamentales, tales como los Estados Unidos, son reacios a cumplir sus compromisos de lucha contra el cambio climático adquiridos en el marco del Acuerdo de París, el presupuesto de 2019 debe situar a la Unión directamente al frente de este combate, uno de los mayores de nuestra generación, proporcionando ayuda financiera adicional a iniciativas como el Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE), Ecopotential o Clean Sky; subraya que los gastos en este sentido deben considerarse inversiones a largo plazo y no costes, y que el Tribunal de Cuentas Europeo y el Consejo de Asuntos Financieros han aseverado que la Unión se está quedando por debajo de su objetivo de financiación para el clima; pide a la Comisión que cumpla los objetivos del Acuerdo de París y los propios objetivos climáticos a largo plazo de destinar el 20 % del gasto a acciones relativas al clima en el actual MFP (2014-2020); hace hincapié, en este sentido, en que la contribución para 2019 debe ir significativamente más allá del objetivo global a fin de compensar las bajas asignaciones de los primeros años del MFP y que el mecanismo de integración del cambio climático se ha de optimizar plenamente;

Solidaridades reforzadas para abordar los retos a escala social, territorial y mundial

22.  Considera que el presupuesto de la Unión debe respaldar la labor de los Estados miembros en ámbitos como el desempleo y la atención sanitaria, reservando una financiación adecuada a programas destinados a combatir las desigualdades, a paliar las peores formas de pobreza, en especial para las poblaciones más frágiles y aisladas, sobre todo los niños, y permitir a los ciudadanos adquirir las competencias necesarias para adaptarse a la digitalización;

23.  Insiste en la necesidad de reforzar el apoyo a los programas de la Unión que favorezcan el crecimiento y la creación de empleo de calidad a largo plazo, en particular para los jóvenes, que complementen los esfuerzos de los Estados miembros por asegurar una capacitación profesional diversificada en lugar de la especialización precoz, como medio para incrementar la resiliencia y permitir la adaptación social al tiempo que se lucha contra la regresión demográfica, la escasez de mano de obra cualificada en determinados sectores y en favor de la sostenibilidad de los sistemas de bienestar; observa que la consideración de medidas específicas y adaptadas podría resultar útil para atender a sectores y/o regiones especialmente afectados o que se hayan vuelto mucho más vulnerables;

24.  Recuerda el notable envejecimiento de la población y el aumento de personas que necesitan cuidados especiales y específicos, en particular las personas de edad avanzada; pide a la Comisión que introduzca medidas de apoyo adicionales para hacer frente a los retos demográficos y reitera su apoyo a iniciativas como la creación de pueblos para personas con demencia, donde se proporcionan cuidados apropiados desde una fase temprana;

25.  Estima que la discriminación por motivos de género, especialmente en el mercado laboral, no solo es incompatible con los valores de la Unión, sino que también supone una importante traba al crecimiento económico y resta autonomía a las mujeres para ejercer un empleo significativo; pone de relieve que el empoderamiento de la mujer contribuye de manera fundamental a la consecución de sociedades más inclusivas, equitativas, pacíficas y con un crecimiento más sostenible; espera que el presupuesto de 2019 apoye el espíritu emprendedor de las mujeres y fomente el acceso de las mujeres a la financiación de la Unión, por ejemplo en el marco de los programas COSME y Horizonte 2020, y que refuerce el apoyo de la política de cohesión a las inversiones en educación, atención a la infancia e infraestructuras sanitarias contribuyendo a la conciliación de la vida privada y la vida laboral para las mujeres;

26.  Reitera su preocupación por los retrasos en la aplicación de la política de cohesión, que es la expresión de la solidaridad territorial de la Unión y su principal política de inversión, pero reconoce que 2017 fue el primer año en el que se aceleró la ejecución de los programas de los Fondos EIE y espera que esta tendencia continúe en 2018 y 2019; cree que es necesario prever unos niveles suficientes de créditos de pago para que dicha política se aplique correctamente;

27.  Recuerda la importante contribución de la Unión para fomentar la paz y la reconciliación en Irlanda, en particular mediante los programas PEACE e INTERREG, centrados ante todo en Irlanda del Norte y en los condados fronterizos del sur; pide la plena observancia del marco de los compromisos previamente asumidos, como en el caso del Acuerdo del Viernes Santo, en lo que respecta al Estado de Derecho y la democracia; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan apoyando el proceso de paz mediante la provisión continuada de fondos a PEACE y los programas afines;

28.  Señala que la política agrícola común (PAC) es una de las piedras angulares de la integración europea y ha garantizado el suministro seguro de alimentos de gran calidad para los ciudadanos europeos, el buen funcionamiento del mercado único agrícola y la sostenibilidad de las regiones rurales durante muchos años; recuerda que los fondos de la PAC contribuyen en especial a la rentabilidad agrícola y a la estabilidad de la Unión;

29.  Pide a la Comisión que siga ayudando a los agricultores de toda Europa a hacer frente a la volatilidad imprevista de los mercados y a garantizar un abastecimiento de productos alimentarios seguros y de alta calidad; pide que se preste la atención adecuada a la agricultura y la pesca a pequeña escala;

30.  Considera que es necesario que la regionalización y los objetivos socioeconómicos desempeñen un papel más importante en la política pesquera común y que debe ampliarse el alcance del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca; pide a la Comisión que facilite el acceso y simplifique los procedimientos de financiación; manifiesta su especial preocupación por el posible efecto negativo que la salida del Reino Unido de la Unión tendrá en la pesca, en particular para los Estados miembros costeros vecinos;

31.  Celebra la propuesta de reforzar el Mecanismo de Protección Civil de la Unión y ampliar su ámbito de aplicación; opina que el refuerzo del Mecanismo de Protección Civil reviste suma importancia para proporcionar una respuesta más rápida y coherente en el ámbito de la protección civil a escala de la Unión en ámbitos como la prevención, preparación y respuesta ante catástrofes naturales y de origen humano, dentro y fuera de la Unión;

32.  Espera que en la ejecución del presupuesto se mejoren los procedimientos y las medidas en curso, habida cuenta de las limitaciones de recursos que se han presentado, y aboga por que la Unión asuma mayores responsabilidades para garantizar que los compromisos financieros se cumplan de manera oportuna y rentable;

33.  Considera que es preciso que las agencias, los programas y las políticas de la Unión que participan en la gestión de los flujos migratorios o de refugiados y el control de fronteras, o que guardan relación con estos, deben recibir unos recursos financieros y humanos que les permitan hacer frente a la actual crisis de refugiados, en la cual se espera que se espera también que los Estados miembros asuman responsabilidades con arreglo al principio de reparto de la carga y de los Convenios de Ginebra; está convencido de que la Unión, a fin de encontrar una solución a largo plazo, también ha de demostrar su solidaridad exterior creando las condiciones para la paz y la prosperidad en los países de origen, dando mayor importancia a las inversiones y las políticas en favor del desarrollo, en particular mediante la ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS), el Instrumento de Cooperación al Desarrollo y el Instrumento de Ayuda Humanitaria; reconoce la importancia y el valor añadido de la política de desarrollo, con prioridades como la erradicación de la pobreza, el fomento de la educación, la sanidad y el desarrollo económico; incide en la necesidad de apoyar las acciones y los programas del OOPS de las Naciones Unidas; subraya que una de las condiciones para la preservación de la estabilidad y la prosperidad en la Unión es la estabilidad en sus países vecinos; pide, por tanto, a la Comisión que garantice que se dé prioridad a las inversiones en los países vecinos de la Unión a fin de respaldar los esfuerzos para abordar las principales cuestiones a las que se enfrenta esta zona: migración, refugiados, el desarrollo en los países de la vecindad meridional e inestabilidad en la vecindad oriental, debida en parte a la política exterior rusa que no se ajusta al Derecho internacional ni a las normas en materia de democracia y derechos humanos; hace hincapié en que las nuevas prioridades políticas y los próximos desafíos de la Unión, como la seguridad y la defensa, deben financiarse con créditos nuevos y no recortando políticas y programas existentes que han alcanzado éxito e importancia, como la ayuda al desarrollo y humanitaria, o la política de vecindad; reafirma además que las políticas de seguridad y de desarrollo se influyen mutuamente y que ambas son condiciones importantes para construir un Estado que funcione correctamente, así como estructuras administrativas sin corrupción y normas mínimas en los sectores social, sanitario y económico;

34.   Reitera su posición de que los mecanismos presupuestarios satélite, como por ejemplo los fondos fiduciarios y otros instrumentos similares, eluden el procedimiento presupuestario, menoscaban la transparencia de la gestión presupuestaria y no respetan el derecho del Parlamento a ejercer un control efectivo de los gastos; considera, por lo tanto, que estos instrumentos externos, creados en los últimos años, deben integrarse en el presupuesto de la Unión y que han de encontrarse soluciones alternativas que permitan a la Unión reaccionar rápidamente a situaciones de emergencia y de pos-emergencia a escala mundial;

35.  Subraya que el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP) debe principalmente facilitar las reformas políticas y económicas en los países candidatos, entre otros objetivos; invita a la Comisión, en este contexto, a que siga evaluando los fondos del IAP en su propuesta sobre el presupuesto de 2019, teniendo en cuenta el deterioro de la situación política en Turquía y la urgente necesidad de hacer frente a la creciente radicalización en los países balcánicos;

Expectativas para el procedimiento de 2019

36.  Invita a la Comisión a seguir realizando una labor de mediación honesta en cada etapa del procedimiento, y a aplicar con fidelidad y exactitud las decisiones de la autoridad presupuestaria;

37.  Celebra que, a raíz de la revisión intermedia del MFP, y en contra de las Conclusiones del Consejo de 20 de febrero de 2018 sobre las orientaciones para el presupuesto de 2019, el procedimiento de 2018 demostrase que la autoridad presupuestaria puede ejercer plenamente sus prerrogativas para determinar el nivel y el contenido del presupuesto de la Unión en el marco del procedimiento presupuestario anual;

38.  Considera que como rama de la autoridad presupuestaria directamente elegida por los ciudadanos, el Parlamento debe desempeñar su papel político y presentar propuestas respecto a proyectos piloto y acciones preparatorias que expresen su visión política para el futuro; se compromete, en este contexto, a proponer un paquete de proyectos piloto y acciones preparatorias elaborado en estrecha cooperación con cada una de las comisiones para encontrar el equilibrio perfecto entre la voluntad política y la viabilidad técnica evaluada por la Comisión;

39.  Espera que las negociaciones sobre el presupuesto de 2019 se basen en una ambición política común y la solidaridad, y que en ellas se tenga en cuenta el valor añadido de los programas y las políticas de la Unión; estima que este objetivo solo puede alcanzarse si las partes de la negociación se informan mutuamente con prontitud acerca de sus posiciones, inician las negociaciones lo antes posible y están dispuestas a comprometerse;

o
o   o

40.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(2) DO C 373 de 20.12.2013, p. 1.
(3) DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.
(4) DO L 168 de 7.6.2014, p. 105.
(5) DO L 57 de 28.2.2018, p. 1.
(6) Informe conjunto de los negociadores de la Unión Europea y del Gobierno del Reino Unido sobre los avances realizados durante la primera fase de las negociaciones con arreglo al artículo 50 del TUE sobre la retirada ordenada del Reino Unido de la Unión Europea, Comunicación de la Comisión a la Europa de los Veintisiete, de 8 de diciembre de 2017 (TF50 (2017) 19).


Situación en Siria
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2018, sobre la situación en Siria (2018/2626(RSP))
P8_TA(2018)0090RC-B8-0139/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Siria, en particular la de 18 de mayo de 2017 sobre la Estrategia de la UE para Siria(1),

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, y otros tratados e instrumentos sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

–  Vistos los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales,

–  Vistas las declaraciones de la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, en particular las de 9 de julio de 2017 sobre el alto el fuego en Siria, 25 de noviembre de 2017 sobre la conferencia de la oposición siria celebrada en Riad, y 23 de febrero de 2018 sobre la matanza de Guta oriental, y sus observaciones a su llegada a la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de 26 de febrero de 2018,

–  Vistas las declaraciones conjuntas de la VP/AR Federica Mogherini y el comisario Stylianides sobre los recientes ataques en Siria, de 3 de octubre de 2017, sobre la situación humanitaria en Guta oriental e Idlib, de 20 de febrero de 2018, y sobre la situación en Guta oriental y en otros lugares de Siria, de 6 de marzo de 2018,

–  Vista la declaración de la VP/AR Federica Mogherini en su sesión plenaria del 6 de febrero de 2018 en relación con la situación de los derechos humanos en Turquía y la situación en Afrín (Siria),

–  Vista la Decisión 2011/273/PESC del Consejo, de 9 de mayo de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria(2), y las Conclusiones del Consejo, de 26 de febrero de 2018, sobre la incorporación de los nombres de otros dos ministros a la lista de sanciones,

–  Vistas la Comunicación conjunta de la Comisión y la VP/AR al Parlamento Europeo y al Consejo, de 14 de marzo de 2017, titulada «Elementos de una Estrategia de la UE para Siria» (JOIN(2017)0011), y las Conclusiones del Consejo, de 3 de abril de 2017, sobre Siria, que conforman conjuntamente la nueva Estrategia de la UE para Siria,

–  Vistas la Declaración de los Copresidentes, de 5 de abril de 2017, sobre la Conferencia «Apoyar el futuro de Siria y de la región», así como las anteriores conferencias sobre la situación en Siria celebradas en Londres, Kuwait, Berlín y Helsinki,

–  Vistas las declaraciones del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Huseín, ante el Consejo de Derechos Humanos (CDHNU) de Ginebra sobre la situación en Siria, en particular las de 26 de febrero de 2018 y 2 de marzo de 2018, y la información facilitada oralmente el 7 de marzo de 2018 sobre las actividades de su Oficina y los recientes acontecimientos en el terreno de los derechos humanos,

–  Vistas las declaraciones atribuibles al portavoz del secretario general sobre Guta oriental en la República Árabe Siria, de 20 y 24 de febrero de 2018,

–  Vistos la Carta de las Naciones Unidas y todos los convenios de las Naciones Unidas de los que Siria es Estado parte,

–  Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) sobre Siria, en particular la Resolución 2254 (2015), de 18 de diciembre de 2015, la Resolución 2393 (2017), de 19 de diciembre de 2017, sobre la autorización para la entrega de ayuda transfronteriza y a través de los frentes en Siria, y la Resolución 2401 (2018), de 24 de febrero de 2018, sobre una cesación de las hostilidades de al menos treinta días consecutivos en toda Siria para permitir la prestación de ayuda humanitaria,

–  Vistos los informes de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria, creada por el CDHNU y las Resoluciones del CDH sobre la República Árabe Siria, en particular la de 5 de marzo de 2018 sobre el deterioro de la situación de los derechos humanos en Guta oriental,

–  Vista la Resolución A-71/248 aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2016, por la que se establece un Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde marzo de 2011,

–  Vistos el Estatuto de Roma y los documentos fundacionales de la Corte Internacional de Justicia, así como los tribunales ad hoc, en particular el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y el Tribunal Especial para el Líbano,

–  Visto el Memorando sobre la Creación de Zonas de Distensión en la República Árabe Siria, firmado por Irán, Rusia y Turquía el 6 de mayo de 2017,

–  Visto el informe publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas en 2017, titulado «Voices from Syria 2018 – Assessment Findings of the Humanitarian Needs Overview» (Voces desde Siria 2018 – Resultado de la evaluación de las necesidades humanitarias),

–  Vista la declaración del Carnegie Middle East Center, de 5 de marzo de 2018, sobre la supuesta reunión del jefe de la Oficina Nacional de Seguridad siria, Alí Mamluk, que figura en la lista de sanciones de la Unión, con el ministro del Interior italiano y el director de la Agencia de Información y Seguridad Exterior italiana en Roma, en flagrante violación de la Decisión 2011/273/PESC del Consejo, de 9 de mayo de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria,

–  Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que, tras siete años, se mantiene el conflicto civil en Siria, pese a diversos intentos internacionales por lograr un alto el fuego y sentar las bases de una solución negociada; que, como consecuencia, la situación humanitaria del país sigue siendo desoladora; que 13 millones de personas, entre ellas 6 millones de niños, están registradas como necesitadas de alguna forma de ayuda humanitaria; que 6,1 millones de personas son desplazados internos, 3 millones de civiles viven en áreas cercadas, y más de 5 millones de refugiados sirios registrados residen en las regiones vecinas; que al menos 400 000 sirios han perdido la vida durante el conflicto;

B.  Considerando que zonas y ciudades como Guta oriental, Yarmuk, Al-Fua y Kefraya han sufrido bloqueos de larga duración que han provocado graves consecuencias para la población civil y la imposibilidad de prestar ayuda humanitaria de una manera sostenible debido a la ofensiva militar y los bombardeos del régimen sirio contra su propio pueblo, con el apoyo de Rusia e Irán; que Guta oriental está cercada por el régimen sirio y sus aliados desde hace cinco años, con lo que la población civil, incluidos los niños, las escuelas y las instalaciones médicas son objeto de bombardeos aéreos y de artillería y del empleo de armas químicas, lo que ha causado cientos de muertes en la zona; que se ha acusado a grupos terroristas de Guta oriental de bombardear barrios civiles de Damasco;

C.  Considerando que la situación en Guta oriental es tan grave que el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la ha descrito como «el infierno en la tierra»; que la población de Guta oriental está aislada de toda forma de ayuda por un bloqueo impuesto el 14 de febrero de 2018, fecha en la que un único convoy llegó a solo 7 200 personas del total de 400 000 que viven en la zona; que un convoy de ayuda de las Naciones Unidas logró finalmente entrar en Duma el 5 de marzo de 2018, y llegar a 27 500 personas que precisan suministros alimentarios y sanitarios; que el régimen sirio retiró material médico básico del convoy;

D.  Considerando que el 24 de febrero de 2018 el CSNU adoptó la Resolución 2401, en la que el Consejo de Seguridad solicitó que todas las partes en el conflicto cesaran sin demora las hostilidades durante al menos treinta días consecutivos para permitir la entrega segura, continuada y sin impedimento de ayuda humanitaria y la evacuación médica de heridos y enfermos críticos, de conformidad con la legislación internacional aplicable; que la Resolución 2401 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no ha sido aplicada por el régimen sirio y las fuerzas rusas e iraníes, a pesar de los reiterados llamamientos de la comunidad internacional; que el ejército está utilizando la «liberación» de la región como pretexto para seguir atacando a civiles; que Rusia ha vetado once Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los últimos años, incluida la destinada a renovar el Mecanismo Conjunto de Investigación de la OPAQ y las Naciones Unidas en noviembre de 2017, y se ha mostrado muy activa para limitar el contenido de las resoluciones;

E.  Considerando que recurrir a estos ataques y a hacer morir de hambre a la población civil mediante el asedio de zonas pobladas y el desplazamiento forzado de la población, también con el objetivo de un cambio demográfico, como tácticas de guerra constituyen claras violaciones del Derecho internacional humanitario; que impedir los trabajos de evacuación y la entrega de ayuda humanitaria y atención médica constituyen violaciones flagrantes del Derecho internacional humanitario y de varias resoluciones del CSNU;

F.  Considerando que la «Operación rama de olivo» de Turquía en la provincia de Afrín, controlada por los kurdos, ha añadido una nueva dimensión al conflicto sirio y suma nuevas preocupaciones e inquietudes de carácter humanitario acerca de las repercusiones negativas sobre los delicados equilibrios internos en Siria y/o los esfuerzos por alcanzar una solución negociada; destaca que ya se ha informado de un elevado número de víctimas civiles y que centenares de vidas civiles más están en peligro; que la VP/AR, en nombre de la Unión, ha expresado claramente estas preocupaciones y ha pedido al Gobierno turco que ponga fin a esta ofensiva y destacado la necesidad de centrarse en derrotar a los grupos que figuran en la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas;

G.  Considerando que durante el conflicto sirio el régimen de Al-Asad y sus aliados y grupos terroristas han cometido violaciones como ataques indiscriminados deliberados contra civiles, también con armas químicas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y malos tratos, desapariciones forzosas, detenciones masivas y arbitrarias, castigos colectivos, ataques contra el personal médico y denegación de alimentos, agua y asistencia médica; que estos crímenes permanecen impunes hasta la fecha;

H.  Considerando que el EIIL/Dáesh y otros movimientos yihadistas han cometido atrocidades y graves violaciones del Derecho internacional, como ejecuciones brutales y violencia sexual, secuestros, torturas, conversiones forzadas y esclavización de mujeres y niñas; que se recluta a niños y se los utiliza en actos terroristas; que suscita una profunda inquietud el uso de civiles como escudos humanos en zonas en poder de extremistas; que estos crímenes constituyen crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio;

I.  Considerando que, en la situación actual, la oposición democrática está debilitada y los civiles se encuentran atrapados entre terroristas yihadistas y fundamentalistas islámicos, de un lado, y partidarios del régimen de Al-Asad, del otro;

J.  Considerando que el 26 de febrero de 2018 el Consejo incluyó al ministro de Industria y el ministro de Información del Gobierno de Siria en la lista de personas sometidas a medidas restrictivas de la Unión contra el régimen sirio, habida cuenta de la gravedad de la situación en el país;

K.  Considerando que la comunidad internacional y los distintos Estados tienen la obligación de pedir cuentas, entre otras vías, aplicando el principio de jurisdicción universal así como la legislación nacional, a los responsables de las violaciones de la legislación internacional sobre derechos humanos y del Derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto sirio; que dicha acción puede llevarse a cabo en el marco de los recursos nacionales e internacionales existentes, como los órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales, o ante tribunales penales internacionales ad hoc todavía por crear; que, además de esta responsabilidad penal personal, los Estados también pueden ser considerados, en determinadas condiciones, responsables de incumplir las obligaciones en virtud de los tratados y convenciones internacionales sobre los que tiene jurisdicción la Corte Internacional de Justicia, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, y la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948;

L.  Considerando que la Unión sigue comprometida con el éxito de las negociaciones que se celebran bajo los auspicios del enviado especial de las Naciones Unidas, conocidas como el Proceso de Ginebra; que la Unión sigue apoyando este proceso, también a través de la organización de la Segunda Conferencia de Bruselas «Apoyar el futuro de Siria y su región», que debe celebrarse del 24 al 25 de abril de 2018;

M.  Considerando que las negociaciones de Ginebra no han producido hasta ahora avances concretos a la hora de hallar una solución pacífica a la crisis en Siria tras la 9.ª ronda celebrada en Viena los días 25 y 26 de enero de 2018; que el 4 de mayo de 2017 Rusia, Irán y Turquía llegaron a un acuerdo en Kazajistán para establecer cuatro zonas de distensión, que los garantes no han respetado ni protegido; que en el Congreso Nacional de Diálogo sirio celebrado en Sochi el 30 de enero de 2018 se anunció la creación de una comisión constitucional que no ha sido aceptada por todas las partes;

N.  Considerando que la situación en Siria y la falta de una transición política global, genuina e integradora siguen impidiendo la plena aplicación de la Estrategia de la UE para Siria, y en particular la importante ayuda que la Unión puede facilitar para la reconstrucción del país;

O.  Considerando que, desde el inicio de la guerra, la Unión y sus Estados miembros han movilizado más de 10 400 millones de euros para cubrir las necesidades humanitarias derivadas de la crisis siria, tanto en el interior como en el exterior, en la región vecina, lo que hace de la Unión el mayor donante; que la Unión ha prestado asimismo un apoyo sustancial y ha elogiado a los países vecinos que acogen a refugiados;

1.  Condena enérgicamente, de nuevo y con la mayor firmeza, las atrocidades y las violaciones generalizadas de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto y, en particular, los actos perpetrados por las fuerzas del régimen de Al-Asad, también con el apoyo de sus aliados, Rusia e Irán, así como por los grupos que figuran en la lista de organizaciones terroristas de las Naciones Unidas; deplora que al menos 400 000 personas hayan muerto y miles de personas más hayan resultado heridas en Siria por los bombardeos, los proyectiles de artillería y otros medios militares durante los siete años de conflicto, y que millones de personas se hayan visto desplazadas, habiéndose negado a civiles el acceso a alimentos, agua, saneamiento y asistencia sanitaria como consecuencia del largo asedio a zonas densamente pobladas; expresa su grave preocupación ante la espiral de violencia en muchas partes del país, como ocurre en Guta oriental, Afrín e Idlib;

2.  Lamenta profundamente el fracaso de los repetidos intentos regionales e internacionales de poner fin a la guerra, e insta a una cooperación global renovada e intensiva a fin de alcanzar una solución pacífica y duradera al conflicto; resalta que la comunidad internacional ha prestado un apoyo insuficiente a la oposición democrática; reafirma la primacía del Proceso de Ginebra dirigido por las Naciones Unidas y apoya los esfuerzos del enviado especial de las Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, por lograr una transición política genuina e inclusiva, en consonancia con la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, negociada por todas las partes sirias y con el apoyo de actores internacionales y regionales clave; subraya la importancia de encontrar una solución política al conflicto; mantiene su compromiso con la unidad, la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Siria;

3.  Condena en los términos más enérgicos la violencia que se está desarrollando actualmente en Guta oriental, a pesar de la aprobación unánime de la Resolución 2401 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y apremia a todas las partes, y en particular al régimen de Al-Asad, Rusia e Irán, a que la apliquen plenamente y con urgencia y la respeten, garantizando la entrega inmediata, segura, continuada y sin restricciones de ayuda humanitaria, la evacuación de los heridos y enfermos en estado crítico, y el alivio del sufrimiento del pueblo sirio; apoya plenamente la petición a todas las partes en conflicto para que cesen las hostilidades de inmediato durante, al menos, treinta días consecutivos; reitera la petición a todas las partes, en particular a las autoridades sirias, para que hagan honor a su responsabilidad de proteger a la población siria y cesen de inmediato todos los ataques contra civiles en Siria; pide a los garantes del alto el fuego en las zonas de distensión que cumplan con su responsabilidad, al objeto de poner fin a la violencia y a los crímenes cometidos y permitir y garantizar el acceso sin restricciones a estas zonas; toma nota de la decisión de los tres países del Proceso de Astana de celebrar una nueva cumbre en abril para debatir sobre Siria y las posibles medidas en la región; destaca que estas medidas no deben contradecir en modo alguno ni debilitar las conversaciones auspiciadas por las Naciones Unidas ni el Proceso de Ginebra;

4.  Recuerda a los regímenes de Siria, Rusia e Irán que son responsables en virtud del Derecho internacional de los crímenes atroces que continúan perpetrando en Siria y que se pedirán cuentas a los responsables de estos crímenes, ya sean Estados o individuos;

5.  Lamenta profundamente el reiterado veto ruso en el Consejo de Seguridad y el hecho de que no se alcanzara acuerdo alguno sobre la renovación del mandato del Mecanismo Conjunto de Investigación de la OPAQ y las Naciones Unidas antes de su vencimiento el 17 de noviembre de 2017; considera vergonzosa esta actitud por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, con una especial responsabilidad en cuanto al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; hace hincapié en que, a los ojos del mundo, la obstrucción de investigaciones internacionales es, ante todo, un indicio de culpabilidad;

6.  Expresa su profunda preocupación por la intervención de Turquía en zonas de Siria controladas por fuerzas kurdas; sigue estando profundamente preocupado por el agravamiento de la situación en Afrín, incluido el posible enfrentamiento entre fuerzas turcas y fuerzas de Al-Asad o rusas y la escalada de tensión con los Estados Unidos; pide al Gobierno turco que retire de inmediato sus tropas y actúe de forma constructiva en el conflicto sirio, lo que también favorecería los intereses nacionales turcos; se hace eco de la posición de la VP/AR de que la apertura de nuevos frentes en Siria no redunda en interés de la seguridad de Turquía, y advierte contra un ulterior deterioro de la crisis humanitaria del país; exige el pleno respeto del Derecho humanitario, incluida la protección de los civiles, y pide un alto el fuego en toda Siria, por tanto, también en Afrín;

7.  Reafirma su apoyo a los esfuerzos de la Coalición Mundial contra el Dáesh; subraya que la Coalición y las fuerzas sirias asociadas han realizado progresos significativos en la campaña para derrotar al Dáesh en Siria; recuerda que toda medida adoptada para luchar contra el Dáesh y otros grupos reconocidos como terroristas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas debe observar estrictamente el Derecho internacional; pide a los Estados miembros y a sus aliados que garanticen la transparencia, la rendición de cuentas y el pleno cumplimiento del Derecho internacional humanitario y de la legislación internacional sobre derechos humanos;

8.  Exige, una vez más, un acceso humanitario seguro, oportuno y sin obstáculos en todo el territorio de Siria, y acoge con satisfacción la Resolución 2393 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la que se renueva la autorización para el acceso humanitario a Siria cruzando fronteras y frentes por doce meses más (hasta el 10 de enero de 2019); anima a las Naciones Unidas y a sus socios encargados de la ejecución a que sigan adoptando medidas para reforzar la entrega de ayuda humanitaria en zonas asediadas o de difícil acceso recurriendo también, de la manera más eficaz posible, al paso de fronteras con arreglo a la Resolución 2165 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; apoya que el llamamiento a acciones humanitarias contra las minas se acelere con carácter de urgencia en toda Siria y recuerda a todas las partes en el conflicto que los hospitales y el personal médico están amparados explícitamente por el Derecho internacional humanitario; deplora los diversos casos de abusos sexuales y conducta impropia constatados en el seno de organizaciones internacionales de ayuda, en particular la explotación sexual de personas refugiadas sirias por los encargados de prestarles ayuda en nombre de las Naciones Unidas y organizaciones internacionales bien conocidas; declara con firmeza que no cabe tolerancia alguna ante tales actos; aboga por una investigación exhaustiva e insiste en que todos los responsables deben ser castigados;

9.  Subraya que no cabe tolerancia alguna ni la impunidad respecto a los crímenes atroces cometidos en Siria, también aquellos contra grupos étnicos, religiosos y de otro tipo y las minorías; reitera su llamamiento en favor de investigaciones y enjuiciamientos independientes, imparciales, exhaustivos y creíbles de los responsables, y defiende la labor del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente para Ayudar en la Investigación y el Enjuiciamiento de los Responsables de los Delitos de Derecho Internacional Más Graves Cometidos en la República Árabe Siria desde marzo de 2012; toma nota con satisfacción de la decisión de la Unión de aportar 1,5 millones de euros de apoyo financiero al Mecanismo a través de su Instrumento en pro de la estabilidad y la paz; destaca, no obstante, que se precisará apoyo transcurridos los dieciocho meses de duración del programa; subraya la importancia de que los Estados miembros cumplan sus compromisos, y espera que se plantee y resuelva la cuestión de la financiación del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente durante la Segunda Conferencia de Bruselas «Apoyar el futuro de Siria y su región»; pide asimismo apoyo para las organizaciones de la sociedad civil y ONG, que están recopilando pruebas, y contribuyendo a conservarlas, sobre abusos de derechos humanos y vulneraciones del Derecho humanitario;

10.  Expresa su convencimiento de que no puede haber una resolución efectiva del conflicto ni una paz duradera en Siria sin una rendición de cuentas por los crímenes cometidos, y pide la adopción de una estrategia de la Unión de rendición de cuentas para los atroces crímenes cometidos en Siria; reitera su apoyo al principio de jurisdicción universal en la lucha contra la impunidad, y celebra las medidas adoptadas por algunos Estados miembros de la Unión con este fin; celebra asimismo las iniciativas de Estados miembros al objeto de tipificar como delito en su legislación nacional las violaciones graves del Derecho internacional; insiste en su petición a la Unión y a sus Estados miembros de que, en estrecha cooperación con países que comparten la misma visión, estudien la posibilidad de crear un tribunal para juzgar los crímenes de guerra de Siria, en tanto se logra la remisión del caso a la Corte Penal Internacional; pone de relieve la importante labor de la red europea de puntos de contacto en relación con personas responsables de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y pide a la VP/AR y a la Dirección General de Justicia y Consumidores que apoyen a esta red y la incluyan en los futuros esfuerzos para la rendición de cuentas en Siria;

11.  Pide que todos respeten el derecho de las minorías y grupos étnicos y religiosos de Siria, incluidos los cristianos y todos los desplazados, a seguir viviendo en sus patrias históricas y tradicionales, o a retornar a ellas, con dignidad y en condiciones de igualdad y seguridad, y a practicar libre y plenamente su religión y sus creencias sin sufrir ningún tipo de coacción, violencia o discriminación; apoya un diálogo interreligioso destinado a promover la comprensión mutua y a combatir el fundamentalismo;

12.  Reitera su preocupación por la desaparición de la defensora de los derechos humanos Razán Zaituna, galardonada con el premio Sájarov, que, según la información recibida, fue secuestrada en Duma en diciembre de 2013 por el grupo armado Yaish al-Islam; pide que se cree un grupo de trabajo de la Unión a fin de coordinar e intensificar los esfuerzos por averiguar su paradero y conseguir su liberación;

13.  Pide a la VP/AR que emprenda todos los esfuerzos posibles para dar un nuevo impulso a las conversaciones de paz con la mediación de las Naciones Unidas y que reclame un papel más activo en estas negociaciones, haciendo uso de la capacidad financiera de la Unión y la voluntad de comprometer importantes recursos para la reconstrucción de Siria; insta a la VP/AR a que facilite una mayor participación y un apoyo activo a la sociedad civil siria y a quienes desean una Siria democrática, pluralista e incluyente en sus esfuerzos en favor del futuro del pueblo sirio, empezando por la Segunda Conferencia de Bruselas, que se celebrará los días 24 y 25 de abril de 2018; anima a la VP/AR a colaborar con el pueblo sirio en el desarrollo de estrategias de reconstrucción localizadas para las diferentes regiones de Siria; subraya que la Unión debe considerar todas las opciones disponibles para trabajar con sus socios internacionales, incluidos el suministro de ayuda desde el aire y el establecimiento de zonas de exclusión aérea con arreglo a una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;

14.  Acoge con satisfacción la celebración de la Segunda Conferencia de Bruselas, organizada por la Unión, con el objetivo de expresar y llevar a la práctica todo el apoyo político y económico de la comunidad internacional al Proceso de Ginebra en favor de los sirios necesitados y de los países que acogen refugiados sirios; reconoce la impresionante solidaridad hacia los refugiados demostrada por Jordania, el Líbano y Turquía, y solicita el apoyo financiero de la Unión y los Estados miembros destinado a reforzar la respuesta a las necesidades urgentes de los refugiados y las comunidades que los acogen; advierte contra el inicio de esfuerzos de reconstrucción antes de que se llegue a un acuerdo negociado por las Naciones Unidas que incluya a todas las partes; pide a la VP/AR que incorpore en mayor medida a las organizaciones de la sociedad civil a esta conferencia; pide, a este respecto, un mayor apoyo a las organizaciones pacíficas y democráticas de la sociedad civil siria y a los defensores de los derechos humanos, también a través del Fondo Madad, el Instrumento en pro de la estabilidad y la paz y el Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos; pide a la comunidad internacional que cumpla sus compromisos pendientes de ayuda humanitaria en Siria y sus países vecinos;

15.  Hace hincapié en que los esfuerzos de la Unión en la prestación de ayuda humanitaria y la planificación del futuro de Siria son dignos de elogio; recuerda que la Unión se ha comprometido, en consonancia con su estrategia, a proporcionar una asistencia incondicional a la reconstrucción de Siria solo una vez que esté firmemente consolidada una transición política completa, genuina e integradora, negociada por las partes sirias en el conflicto sobre la base de la Resolución 2254 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Comunicado de Ginebra; subraya que recae en el régimen de Al-Asad, la Rusia de Putin e Irán la responsabilidad primordial de las consecuencias económicas de sus intervenciones militares; señala que cualquier compromiso de reconstrucción, basado en un enfoque ascendente y en la capacitación fructífera de agentes locales, excluyendo así a grupos terroristas conocidos, debe orientarse hacia la paz y la rendición de cuentas;

16.  Condena enérgicamente la utilización de niños en combates o en ataques terroristas; destaca la importancia fundamental de proteger a los niños y dar prioridad a su acceso a la educación, también en el caso de los niños refugiados en países vecinos, y de apoyar la rehabilitación psicológica de estos niños traumatizados;

17.  Expresa su preocupación por las informaciones relativas al regreso de 66 000 refugiados a Siria en 2017 y destaca la necesidad de respetar plenamente el principio de no devolución; pone de relieve que Siria no es segura para el retorno de los refugiados y que la Unión no debe apoyar dichas devoluciones; reitera su llamamiento a los Estados miembros para que cumplan sus propios compromisos, también los formulados en la Declaración de Nueva York, y garanticen el reparto de responsabilidades, permitiendo que los refugiados que huyen de las zonas de guerra en Siria encuentren protección más allá de las regiones inmediatamente vecinas, también mediante programas de reasentamiento y de admisión humanitaria;

18.  Celebra que, el 26 de febrero de 2018, se añadiera a dos ministros sirios a la lista de personas sujetas a medidas restrictivas de la Unión contra el régimen sirio, nombrados en enero de 2018 y responsables de acciones represivas contra el pueblo sirio; insta a todos los Estados miembros a garantizar el pleno cumplimiento de la Decisión 2013/255/PESC del Consejo relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, en particular la congelación de activos de las personas que en ella se enumeran y las restricciones a la admisión de personas que se benefician del régimen sirio o que lo apoyan; condena los recientes informes sobre infracciones de esta Decisión y recuerda a los Estados miembros su obligación en virtud del Derecho internacional de velar por la detención y privación de libertad de los sospechosos de haber cometido crímenes atroces que se encuentren en su territorio; pide que se impongan sanciones adicionales a funcionarios de Rusia e Irán a raíz de sus acciones deliberadas dirigidas contra poblaciones civiles en Guta oriental y en el resto de Siria;

19.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a las Naciones Unidas, a los miembros del Grupo Internacional de Apoyo a Siria y a todas las partes implicadas en el conflicto de Siria, y que asimismo disponga su traducción al árabe.

(1) Textos Aprobados P8_TA(2017)0227.
(2) DO L 121 de 10.5.2011, p. 11.


Ataque de los Estados Unidos contra el apoyo al sector agrícola de la Unión dentro de la PAC (en el marco de la aceituna española)
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Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de marzo de 2018, sobre las medidas de los Estados Unidos contra el apoyo al sector agrícola de la Unión dentro de la PAC (en el marco de la aceituna española) (2018/2566(RSP))
P8_TA(2018)0091RC-B8-0137/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la decisión provisional del Departamento de Comercio de los Estados Unidos de imponer un arancel a la aceituna española tras concluir que podría suceder que los productos oleícolas se importasen en el país por debajo de su precio de mercado debido a las subvenciones que los productores de aceitunas reciben en la Unión,

–  Vista la pregunta a la Comisión sobre el ataque de los Estados Unidos contra el apoyo al sector agrícola de la Unión dentro de la PAC (en el marco de la aceituna española) (O‑000006/2018 — B8‑0007/2018),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo(1),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la decisión de imponer aranceles de porcentaje variable a los productos oleícolas de empresas españolas se basa en la consideración de que las ayudas al sector en el marco de la política agrícola común (PAC) podrían constituir competencia desleal frente a los productores estadounidenses;

B.  Considerando que esta decisión pone en cuestión, de forma injusta y arbitraria, la totalidad de los programas de apoyo a la agricultura de la Unión y podría afectar a todos los beneficiarios de pagos de la PAC;

C.  Considerando que existen serias dudas en cuanto a si la fórmula utilizada por los investigadores estadounidenses para calcular el margen antidumping preliminar es compatible con las normas de la OMC;

D.  Considerando que la Comisión ha afirmado en repetidas ocasiones que las medidas de apoyo que son objeto de las investigaciones sobre derechos compensatorios (incluidos el régimen de pago básico, las acciones de promoción y los pagos en favor de los jóvenes agricultores) no distorsionan la competencia;

E.  Considerando que las subvenciones otorgadas por la PAC a productores primarios de aceitunas de mesa en España se consideran ayudas del compartimento verde de conformidad con el Anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC, ya que están disociadas de la producción y no causan distorsiones de la competencia;

F.  Considerando que las medidas de la PAC objeto de investigación no son ayudas concedidas respecto de productos específicos y, por lo tanto, no son susceptibles de derechos compensatorios con arreglo al artículo 2 del Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias;

G.  Considerando que la investigación iniciada sobre las aceitunas españolas es una de las múltiples investigaciones de defensa comercial que han incoado los EE. UU.;

H.  Considerando que la PAC ha ido transformándose a lo largo de sucesivas reformas para adaptar la mayoría de las medidas de apoyo a las exigencias del compartimento verde de la OMC y está concebida actualmente para garantizar la plena conformidad con los acuerdos de la OMC tras haber pasado de un sistema de ayuda asociada a otro de ayuda disociada;

I.  Considerando que los EE. UU. también recurren en gran medida a las subvenciones del compartimento verde en el sector de la agricultura;

J.  Considerando que, de media, los EE. UU. han impuesto unos derechos antidumping provisionales del 17,13 % a las tres empresas españolas objeto de investigación y unos derechos compensatorios del 4,47 % a todas las exportaciones de productos españoles;

K.  Considerando que estas medidas provisionales amenazan con desencadenar una espiral de investigaciones de defensa por parte de los EE. UU. y otros países en lo relativo a las subvenciones del compartimento verde a productos agrícolas; que al final los perjudicados por todo ello serían los productores tanto de la Unión como de los EE. UU.; que esta escalada pondría en riesgo acuerdos de la OMC ya consolidados que han sido objeto de laboriosa negociación;

L.  Considerando que los fabricantes españoles podrían perder el mercado estadounidense, mientras que los competidores de terceros países resultarían beneficiados por la discontinuidad de las exportaciones provocada por esta decisión de los EE. UU.;

M.  Considerando que el perjuicio económico que estos aranceles acarrearían para el sector oleícola español sería, de acuerdo con los cálculos del sector y en el caso de que pasaran a aplicarse de forma definitiva, de entre 350 y 700 millones EUR, según si se mantuviesen cinco o diez años respectivamente, lo que podría desembocar en el fin de las exportaciones españolas de aceitunas negras;

N.  Considerando que la competitividad de las exportaciones españolas, cuya cuota de mercado ha ido en progresivo aumento en los EE. UU. estos últimos años, no es consecuencia de las subvenciones europeas, sino fruto de la labor llevada a cabo por estas empresas para reducir los costes invirtiendo en tecnología punta y en la mejora de la calidad;

O.  Considerando que el aumento de las exportaciones españolas a los EE. UU. (de un 20 % con respecto a 2013) ha permitido crear miles de puestos de trabajo y supuesto un alivio económico para zonas de Andalucía que se encuentran entre las más golpeadas por la crisis económica;

1.  Pide a las autoridades estadounidenses que retiren la decisión provisional y restablezcan un enfoque mutuamente constructivo en este ámbito en beneficio común de los productores y consumidores de ambos continentes;

2.  Expresa su profunda preocupación por las consecuencias negativas que el procedimiento compensatorio estadounidense puede acarrear para todo el modelo agrícola europeo;

3.  Pide a la Comisión que adopte todas las medidas diplomáticas necesarias, tanto a nivel bilateral como en el seno de la OMC, para defender el sistema de ayudas de la PAC, el cual no distorsiona el comercio al parecer de la OMC y ha sido aprobado en el marco del procedimiento del compartimento verde de la OMC;

4.  Solicita a la Comisión que estudie la posibilidad de impugnar ante la OMC cualquier decisión definitiva que puedan adoptar los EE. UU.;

5.  Pide a la Comisión que siga prestando apoyo al sector oleícola español y al Gobierno de España al objeto de velar por que las autoridades de los EE. UU. respeten plenamente las normas de la OMC durante estas investigaciones;

6.  Solicita a la Comisión que brinde su firme apoyo y un asesoramiento claro al sector oleícola español, el cual se ha visto afectado por las investigaciones estadounidenses;

7.  Pide a la Comisión que conjugue sus esfuerzos con los de las autoridades españolas y el sector oleícola nacional y que siga intercambiando toda la información pertinente con las autoridades estadounidenses al objeto de evitar la imposición de cualquier medida injustificada;

8.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y a las autoridades de los Estados Unidos de América.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 608.

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