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Procedimiento : 2018/2784(RSP)
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Textos presentados :

RC-B8-0323/2018

Debates :

PV 05/07/2018 - 4.2
CRE 05/07/2018 - 4.2

Votaciones :

PV 05/07/2018 - 6.2
CRE 05/07/2018 - 6.2

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0304

Textos aprobados
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Jueves 5 de julio de 2018 - Estrasburgo Edición definitiva
Somalia
P8_TA(2018)0304RC-B8-0323/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2018, sobre Somalia (2018/2784(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores resoluciones sobre Somalia, y en particular la de 15 de septiembre de 2016(1),

–  Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2017, sobre el campo de refugiados de Dadaab(2),

–  Vista la declaración, de 30 de octubre de 2017, del portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior sobre el ataque perpetrado en Somalia, así como todas las declaraciones anteriores del portavoz,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 3 de abril de 2017, sobre Somalia,

–  Vista la Estrategia conjunta África-UE,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos,

–  Visto el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de diciembre de 2017, titulado «Protection of Civilians: Building the Foundation for Peace, Security and Human Rights in Somalia» (Protección de civiles: sentar las bases para la paz, la seguridad y los derechos humanos en Somalia),

–  Visto el programa indicativo nacional UE-Somalia para la República Federal de Somalia correspondiente al periodo 2014-2020,

–  Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 15 de mayo de 2018, por la que se amplía el mandato de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM),

–  Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 27 de marzo de 2018, sobre Somalia, así como todas sus resoluciones anteriores,

–  Vista la nota informativa, de 15 de mayo de 2018, del representante especial de las Naciones Unidas para Somalia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,

–  Vistos los comunicados de prensa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 25 de enero de 2018, de 25 de febrero de 2018 y de 4 de abril de 2018, sobre Somalia,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de junio de 2018, sobre el Cuerno de África, de 17 de julio de 2017, sobre el modo de hacer frente al riesgo de hambruna, y de 3 de abril de 2017, sobre Somalia,

–  Vistos los informes del secretario general de las Naciones Unidas, de 26 de diciembre de 2017 y de 2 de mayo de 2018, sobre Somalia,

–  Visto el comunicado de la conferencia sobre seguridad organizada por las Naciones Unidas y Somalia, de 4 de diciembre de 2017,

–  Vista la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 29 de septiembre de 2017, sobre la asistencia a Somalia en materia de derechos humanos,

–  Vista la declaración de la AMISOM, de 8 de noviembre de 2017, en la que anuncia su intención de iniciar una retirada progresiva de tropas de Somalia a partir de diciembre de 2017 con vistas a una retirada total para 2020,

–  Vista la declaración conjunta de cuatro expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, de 4 de mayo de 2016, en la que expresaron su alarma por la creciente persecución de sindicalistas en Somalia,

–  Vistas las conclusiones y recomendaciones recogidas en el 38.o Informe del Comité de Libertad Sindical de la OIT, de noviembre de 2016, aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT para el asunto n.o 3113,

–  Vistos el artículo 135, apartado 5, y el artículo 123, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que Al Shabab ha perpetrado numerosos atentados terroristas en territorio somalí; que, el 14 de octubre de 2017, Somalia experimentó el peor ataque terrorista de su historia, con al menos 512 muertos oficiales y 357 heridos; que Al Shabab y otros grupos terroristas afiliados al Estado Islámico han seguido perpetrando atentados terroristas contra el Gobierno somalí reconocido internacionalmente y contra civiles;

B.  Considerando que, el 1 de abril de 2018, Al Shabab dirigió un ataque con coche bomba contra una base de mantenimiento de la paz de la Unión Africana instalada en Bulamarer y en pueblos cercanos; que, el 25 de febrero de 2018, se produjeron dos ataques terroristas en Mogadiscio, en los que perdieron la vida, al menos, 32 personas;

C.  Considerando que, en junio de 2017, las fuerzas de seguridad del Gobierno somalí mataron e hirieron ilegalmente a civiles como resultado de los combates internos entre las fuerzas gubernamentales en un centro de distribución de ayuda en Baidoa; que la población civil también ha sido objeto de ataques durante los enfrentamientos entre las fuerzas regionales y las milicias de clanes, especialmente en las regiones de Baja Shabelle, Galguduud e Hiran;

D.  Considerando que, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia (UNSOM), entre el 1 de enero de 2016 y el 14 de octubre de 2017 se registraron 2 078 muertes de civiles y 2 507 heridos en Somalia; que la mayoría de los muertos y heridos registrados se atribuyen a la actuación de los militantes de Al Shabab; que una proporción significativa de esas muertes han sido causadas por las milicias de clanes, los agentes estatales, incluidos el ejército y la policía, e incluso la AMISOM;

E.  Considerando que Somalia ha conocido dos décadas de guerra civil; que, desde 2012, cuando accedió al poder un nuevo Gobierno con respaldo internacional, el país ha realizado avances significativos hacia la paz y la estabilidad; que, si bien Al Shabab ha sufrido grandes pérdidas gracias a las operaciones de lucha contra el terrorismo llevadas a cabo en los últimos años, informes de las Naciones Unidas indican que la facción del EIIL/Dáesh en Somalia ha aumentado considerablemente;

F.  Considerando que, el 8 de febrero de 2017, Somalia celebró sus primeras elecciones libres desde la toma de posesión del Gobierno respaldado por la comunidad internacional; que el sistema electoral presentó avances en cuanto a la participación, pero incluyó pocos elementos electorales; que el Gobierno se comprometió a adoptar un sistema electoral basado en el sufragio universal no ponderado para las elecciones de 2020 y 2021;

G.  Considerando que el mandato de la AMISOM ha sido ampliado hasta el 31 de julio de 2018; que, de conformidad con la Resolución 2372/17 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la dotación de personal uniformado de la AMISOM debe reducirse a 20 626 efectivos antes del 30 de octubre de 2018; que el personal de la AMISOM ha sido acusado de haber cometido violaciones de los derechos humanos, actos de violencia sexual y faltas durante su servicio;

H.  Considerando que, en Somalia, la libertad de expresión, que es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de cualquier democracia, sigue estando muy limitada; que los periodistas, los defensores de los derechos humanos, los activistas de la sociedad civil y los dirigentes políticos siguen enfrentándose a amenazas a diario; que Al Shabab continúa con sus prácticas de intimidación, arrestos, detenciones sin garantías procesales e incluso asesinatos; que las autoridades no suelen investigar estos casos; que, según la Federación Internacional de Periodistas, Somalia ha sido considerada durante ocho años consecutivos como el país más peligroso de África para que periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación trabajen y ejerzan su derecho fundamental a la libertad de expresión;

I.  Considerando que los derechos de libre asociación y de sindicalización son cruciales para el desarrollo de cualquier democracia funcional; que el Gobierno Federal de Somalia no permite de facto la creación y existencia de sindicatos independientes; que, en Somalia, los sindicatos y los activistas en favor de los derechos de los trabajadores son objeto de intimidaciones, represalias y acoso a diario; que la estigmatización y las campañas de desprestigio contra los sindicalistas son habituales en Somalia;

J.  Considerando que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha aceptado una denuncia de violación de la libertad de asociación contra el Gobierno somalí; que la OIT ha instado al Gobierno a reconocer sin demora a Omar Faruk Osman como director de la Unión Nacional de Periodistas de Somalia y la Federación de Sindicatos de Somalia;

K.  Considerando que los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas han declarado públicamente que Somalia no cumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y la situación de los sindicatos sigue deteriorándose a pesar de las recomendaciones específicas realizadas por el Consejo de Administración de la OIT, que insta al Gobierno somalí a abstenerse de realizar más injerencias en los sindicatos registrados en Somalia, en particular la Unión Nacional de Periodistas de Somalia y la Federación de Sindicatos de Somalia;

L.  Considerando que las violaciones de los derechos humanos son una práctica generalizada en Somalia; que las personas responsables de estas violaciones son, en su mayoría, agentes no estatales —militantes de Al Shabab y milicias de clanes—, pero también estatales; que se han producido ejecuciones extrajudiciales, actos de violencia sexual y de género, detenciones arbitrarias y arrestos y secuestros; que, según la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Organismo Nacional de Inteligencia y Seguridad de Somalia viola sistemáticamente la legislación internacional de derechos humanos; que, a menudo, opera de forma extrajudicial y sus competencias son demasiado amplias;

M.  Considerando, no obstante, que la situación política es inestable y la gobernanza sigue siendo débil, lo que impide el progreso de la reforma de la justicia y del sector de la seguridad; que, según Transparencia Internacional, Somalia es el país más corrupto del mundo;

N.  Considerando que los tribunales militares siguen juzgando una amplia gama de casos, incluidos casos de delitos de terrorismo, en el marco de procedimientos que distan mucho de cumplir las normas internacionales de un juicio justo; que, en el tercer trimestre de 2017, al menos 23 personas fueron ejecutadas tras haber sido condenadas por tribunales militares, en la mayoría de los casos por acusaciones relacionadas con el terrorismo; que, el 13 de febrero de 2017, siete acusados, entre ellos un niño, fueron condenados a muerte en Puntlandia sobre la base, principalmente, de confesiones obtenidas bajo coacción por parte de los Servicios de Inteligencia de Puntlandia; que cinco de ellos fueron ejecutados en abril del mismo año;

O.  Considerando que determinados intereses extranjeros complican todavía más el panorama político; que, en el contexto de la confrontación general entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, por un lado, y Qatar, por otro, el Gobierno Federal de Somalia ha intentado permanecer neutral; que, a modo de represalia, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos han puesto fin a la ayuda presupuestaria que enviaban regularmente a Somalia, lo cual limita aún más la capacidad del Gobierno para pagar a las fuerzas de seguridad;

P.  Considerando que los niños son unas de las principales víctimas del conflicto somalí; que se han producido numerosos casos de secuestros y reclutamiento de niños por parte de grupos terroristas; que han sido tratados como enemigos por las fuerzas de seguridad somalíes y con frecuencia se han producido asesinatos, mutilaciones, arrestos y detenciones;

Q.  Considerando que un informe de Human Rights Watch, de 21 de febrero de 2018, señala las violaciones y los abusos —incluyendo palizas, torturas, confinamiento y violencia sexual— que desde 2015 llevan sufriendo cientos de niños que se encuentran bajo custodia del Gobierno debido a sus actividades relacionadas con el terrorismo; que, en Puntlandia, se ha condenado a muerte a niños por delitos de terrorismo;

R.  Considerando que, tras años de sequía, las inundaciones causadas por las recientes precipitaciones sin precedentes han provocado el desplazamiento de 230 000 personas, de las cuales se estima que más de la mitad son niños; que esta cifra se suma a las aproximadamente 2,6 millones de personas en todo el país que ya se han visto sido afectadas por la sequía y el conflicto;

S.  Considerando que las milicias de clanes son responsables de un número importante de víctimas civiles; que el principal desencadenante de los conflictos entre clanes son los litigios relacionados con la tierra y los recursos, exacerbados por un ciclo continuo de represalias; que estos conflictos se han visto agravados por la escasez de recursos y por las sequías; que estos conflictos son explotados por elementos antigubernamentales para desestabilizar aún más determinadas zonas;

T.  Considerando que la inseguridad alimentaria sigue constituyendo un grave problema para el Estado y la población somalíes; que, según la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas de la Comisión, cerca de la mitad de los 12 millones de habitantes de Somalia están en situación de inseguridad alimentaria y necesitan ayuda humanitaria; que se estima que aproximadamente 1,2 millones de niños sufren desnutrición aguda, de los cuales 232 000 sufrirán malnutrición aguda grave potencialmente mortal; que muchas zonas del país todavía no se han recuperado totalmente de la hambruna de 2011-2012; que las sequías agravan los problemas de inseguridad alimentaria en Somalia;

U.  Considerando que en Kenia existen varios campos de refugiados somalíes, incluido el campo Dadaab, que alberga por sí solo a 350 000 refugiados; que, ante la incapacidad de la comunidad internacional para proporcionar un apoyo adecuado, las autoridades de Kenia intentan reducir esos campos forzando los retornos a Somalia;

V.  Considerando que los actores humanitarios internacionales son fundamentales para combatir la inseguridad alimentaria y proporcionar asistencia humanitaria; que han contribuido considerablemente a evitar una catástrofe humanitaria en Somalia; que se han producido intentos para desviar la ayuda humanitaria hacia la financiación de la guerra;

W.  Considerando que desde 2016, la Unión ha aumentado de forma progresiva su ayuda humanitaria anual a Somalia, en particular en respuesta a la grave sequía que afecta al país, y que en 2017 asignó 120 millones EUR a los socios humanitarios; que el plan de respuesta humanitaria internacional es solo financiado hasta el 24 %;

X.  Considerando que la Unión ha proporcionado 486 millones EUR a través del Fondo Europeo de Desarrollo (2014-2020), y que se ha centrado en la reconstrucción del Estado y en la consolidación de la paz, la seguridad alimentaria, la resiliencia y la educación; que la Unión también se ha comprometido a apoyar a la AMISOM a través del Fondo de Apoyo a la Paz para África; que los 22 000 hombres de la misión de mantenimiento de la paz de la Unión Africana, AMISOM, han aportado un cierto grado de estabilidad a varias partes de Somalia; que hay partes del país que permanecen bajo el control o la amenaza del movimiento islamista radical Al-Shabab o están controladas por autoridades independientes, como es el caso de Somalilandia y Puntlandia;

1.  Condena todos los atentados terroristas contra la población somalí, perpetrados por Al-Shabaab y otros grupos terroristas extremistas; afirma que no puede haber ninguna razón legítima para participar en actividades terroristas; pide que los responsables de ataques terroristas y de violaciones de los derechos humanos comparezcan ante los tribunales, de conformidad con el Derecho internacional de los derechos humanos; expresa su más profunda solidaridad con las víctimas de los recientes ataques terroristas en Somalia y con sus familias, y lamenta profundamente la pérdida de vidas; recuerda a las autoridades somalíes su obligación de garantizar los derechos humanos y proteger a la población civil en todas las circunstancias;

2.  Destaca que la supresión de las causas profundas del terrorismo como la inseguridad, la pobreza, las violaciones de los derechos humanos, la degradación del medio ambiente, la impunidad, la falta de justicia y la opresión contribuirían enormemente a la erradicación de las organizaciones y la actividad terrorista en Somalia; afirma que el subdesarrollo y la inseguridad forman un círculo vicioso; pide, por tanto, a los actores internacionales, incluidos los programas de desarrollo de la Unión, que lleven a cabo la reforma del sector de la seguridad, así como iniciativas de creación de capacidades para garantizar la coherencia entre sus políticas de seguridad y de desarrollo en Somalia; solicita a la Unión que continúe apoyando el proceso de paz y reconciliación en Somalia a través del Marco de rendición mutua de cuentas y el Pacto de Seguridad;

3.  Anima al Gobierno Federal de Somalia a que continúe sus esfuerzos de reconstrucción del Estado y de consolidación de la paz para el desarrollo de instituciones fuertes sujetas al Estado de Derecho, capaces de ofrecer servicios públicos básicos y de garantizar la seguridad, la libertad de expresión y la libertad de asociación; se congratula de que Al Shabab no pudo impedir el proceso electoral de 2016-2017; pide al Gobierno Federal de Somalia que garantice que, antes de las elecciones de 2020 y 2021, se ponga en marcha un sistema electoral basado en el sufragio universal no ponderado; recuerda que la estabilidad y la paz duraderas solo pueden lograrse a través de la inclusión social, el desarrollo sostenible y la buena gobernanza basada en los principios de la democracia y el Estado de Derecho;

4.  Pide al Gobierno Federal de Somalia que intensifique sus esfuerzos para fortalecer el Estado de Derecho en todo el país; sostiene que la impunidad es una de las principales causas de la retroalimentación de la espiral de violencia sin fin y de que la situación de los derechos humanos se haya deteriorado; solicita que las autoridades somalíes transfieran a la jurisdicción civil los futuros asuntos civiles de los que conocen los tribunales castrenses; pide al presidente somalí que conmute inmediatamente las sentencias de pena de muerte pendientes como primer paso para la introducción de una moratoria para todas las penas de muerte; cree que solo el Estado de derecho puede erradicar la impunidad; solicita al Gobierno y a los actores internacionales que sigan trabajando para que se establezca un poder judicial independiente, se lleven a cabo investigaciones independientes y creíbles de los delitos cometidos contra periodistas somalíes, se erradique la corrupción y se constituyan instituciones responsables, especialmente en el ámbito de la seguridad; acoge con satisfacción, en este contexto, que el año pasado el Gobierno pusiera en marcha, en colaboración con las Naciones Unidas y la Unión Europea, un programa de formación judicial a escala nacional;

5.  Lamenta las violaciones de la libertad de expresión en Somalia por parte de los actores estatales y no estatales; manifiesta su preocupación por el enfoque autocrático de la administración actual y de algunas de las administraciones estatales regionales, que ha provocado la detención de opositores políticos y de figuras críticas pacíficas; considera absolutamente inaceptables la intimidación, el acoso, la detención o el asesinato de periodistas y de activistas de la sociedad civil; solicita que las autoridades somalíes dejen de utilizar el Organismo Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA, en sus siglas en inglés) para intimidar a los periodistas independientes y a los opositores políticos; pide al Gobierno y a la Unión, como parte de sus actividades a favor del Estado de Derecho en Somalia, que garantice que el NISA esté sujeto a mecanismos eficaces de control; afirma que la libertad de expresión y de pensamiento es indispensable para el desarrollo de una sociedad fuerte y democrática; solicita al Gobierno Federal de Somalia que garantice que el derecho a la libertad de expresión se respeta plenamente; pide al Gobierno somalí que revise el Código Penal, la nueva ley de medios de comunicación y otras disposiciones legislativas con el fin de armonizarlas con las obligaciones internacionales contraídas por Somalia en relación con el derecho a la libertad de expresión y los medios de comunicación;

6.  Expresa su preocupación por determinados intereses extranjeros que complican todavía más el panorama político; observa, en el contexto de la confrontación general entre los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, por un lado, y Qatar, por otro, que el Gobierno Federal de Somalia, al intentar permanecer neutral, ha sido privado de la ayuda presupuestaria periódicamente concedida por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, lo que limita la capacidad del Gobierno de pagar a las fuerzas de seguridad; insta a los Emiratos Árabes Unidos a que cesen inmediatamente todos los actos de desestabilización de Somalia y respeten la soberanía y la integridad territorial de Somalia;

7.  Condena firmemente las graves violaciones de la libertad de asociación y la libertad de expresión contra los sindicatos libres e independientes de Somalia, y en particular la represión constante contra la Unión Nacional de Periodistas de Somalia y la Federación de Sindicatos de Somalia, e insiste en que se archive la instrucción en curso de la Fiscalía General contra Omar Faruk, secretario general de la Unión Nacional de Periodistas de Somalia, por haber organizado sin la aprobación del Ministerio de Información, la celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa;

8.  Denuncia la represión del Estado somalí contra los sindicalistas; pide al Estado somalí a que ponga fin a todas las formas de represión contra los sindicalistas; hace hincapié en que el Gobierno permita la formación de sindicatos independientes; está firmemente convencido de que los sindicatos son indispensables para garantizar los derechos de los trabajadores en Somalia; afirma que unos sindicatos independientes podrían contribuir de manera significativa a la mejora de la situación de la seguridad en Somalia;

9.  Insta al Gobierno Federal de Somalia a que respete y defienda el Estado de Derecho a escala internacional, y a que acepte y aplique plenamente las decisiones de la OIT en el asunto 3113;

10.  Elogia, a todos los niveles, la labor de la UNSOM, y en particular en lo que respecta a la supervisión de los derechos humanos en Somalia, así como la decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de prorrogar su mandato hasta el 31 de marzo de 2019; alaba los esfuerzos realizados por la Unión Africana para restablecer un cierto grado de estabilidad en Somalia y organizar el proceso de transición política; pide que se mejore la supervisión por parte de la Unión, y que se refuercen las capacidades para que la AMISON responda de los abusos cometidos, teniendo en cuenta que la Unión es responsable de la mayor parte de su financiación; insta a la AMISOM a que ejerza plenamente su mandato de proteger a la población civil;

11.  Lamenta el reclutamiento de niños soldado en Somalia y lo considera un crimen de guerra abominable; considera que los niños son uno de los grupos más vulnerables en el conflicto; pide a todos los grupos armados que pongan fin inmediatamente a esta práctica y liberen a todos los niños actualmente reclutados; insta al Estado a que los trate como víctimas del terrorismo y de la guerra en lugar de como autores, y solicita a la Unión que ayude al Gobierno de Somalia en sus esfuerzos de rehabilitación y reintegración; urge a las autoridades somalíes a que pongan fin a la detención arbitraria de menores sospechosos de estar ilegalmente asociados con Al-Shabab; insta a todas las partes en Somalia a que respeten los objetivos del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidos relativo a la participación de niños en conflictos armados, y anima al Gobierno Federal de Somalia a que lo ratifique sin demora;

12.  Acoge con satisfacción la selección de miembros para la Comisión Nacional Independiente de Derechos Humanos de Somalia, recientemente creada, y pide al Gobierno somalí que proceda sin demora a la designación de la Comisión; manifiesta su preocupación por los informes de violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad somalíes, que incluyen asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, violaciones y secuestros; pide a las autoridades que garanticen que todas las infracciones son investigadas a fondo y que los autores comparecen ante los tribunales; solicita al Gobierno y a la Unión que mejoren los conocimientos técnicos del Departamento de Investigación Criminal de Somalia para que pueda llevar a cabo investigaciones exhaustivas y eficaces que respeten los derechos; pide a las tropas nacionales y extranjeras que hayan intervenido en la lucha contra Al-Shabaab que actúen de conformidad con el Derecho internacional; insta al Gobierno somalí a que cumpla los compromisos adquiridos y ponga fin a los desalojos forzosos de las personas desplazadas dentro del país, en particular en la capital, Mogadiscio;

13.  Felicita al Gobierno somalí por poner en marcha el proceso de revisión de la Constitución provisional de Somalia, tras una asamblea constituyente nacional de tres días, en mayo de 2018, para el establecimiento de una Constitución de Somalia definitiva; insta al Gobierno somalí a que finalice el Plan de Acción Nacional de Somalia para la Prevención y la Lucha contra el extremismo violento como parte del Planteamiento Global para la Seguridad del país, apoyado por la AMISOM;

14.  Condena como horrendos crímenes de guerra los actos de violencia de género y sexual cometidos contra mujeres, hombres, niños y niñas, en los que las mujeres y las niñas son las principales víctimas; pide al Estado que redoble sus esfuerzos para proteger a los grupos vulnerables de la sociedad; acoge con satisfacción, en este contexto, que el año pasado el Gobierno pusiera en marcha, en colaboración con las Naciones Unidas y la Unión Europea, un programa de formación judicial a escala nacional; reitera su enorme preocupación por los derechos de las mujeres; pide a las autoridades competentes que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer; condena el hecho de que la homosexualidad sea ilegal en Somalia, así como el procesamiento de las personas LGBTI;

15.  Lamenta la grave situación humanitaria que está amenazando las vidas de millones de somalíes; recuerda que la mortandad causada por la hambruna de 2011 se vio exacerbada por la inseguridad y por las acciones de los militantes extremistas de Al-Shabab para impedir las entregas de ayuda alimentaria en zonas del sur y centro de Somalia que entonces se encontraban bajo su control; pide a la Unión, a sus Estados miembros y a la comunidad internacional que mantengan su apoyo a la población somalí, a fin de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables y abordar las consecuencias de los desplazamientos, la inseguridad alimentaria, las epidemias y las catástrofes naturales; condena todos los ataques contra el personal humanitario y de mantenimiento de la paz en Somalia; pide que la ayuda de la Unión se adecúe a los principios de eficacia del desarrollo acordados a nivel internacional para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recientemente aprobados;

16.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a la Unión Africana, al presidente, al primer ministro y al Parlamento de Somalia, al secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

(1) DO C 204 de 13.6.2018, p. 127.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0229.

Última actualización: 7 de noviembre de 2019Aviso jurídico