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Procedimiento : 2018/2646(RSP)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : B8-0306/2018

Textos presentados :

B8-0306/2018

Debates :

PV 04/07/2018 - 22
CRE 04/07/2018 - 22

Votaciones :

PV 05/07/2018 - 6.16
Explicaciones de voto

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0316

Textos aprobados
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Jueves 5 de julio de 2018 - Estrasburgo Edición provisional
Efectos negativos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras de los EE. UU sobre los ciudadanos de la UE
P8_TA-PROV(2018)0316B8-0306/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2018, sobre los efectos negativos de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) de los Estados Unidos sobre los ciudadanos de la Unión y, en particular, los denominados «estadounidenses accidentales» (2018/2646(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 7, 8 y 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 8 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por la que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)(1),

–  Vista la Directiva 2014/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, sobre la comparabilidad de las comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de pago y el acceso a cuentas de pago básicas(2),

–  Vista la Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad(3),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 11 de octubre de 2016, sobre la transparencia fiscal,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de julio de 2016, relativa a las medidas adicionales encaminadas al refuerzo de la transparencia y a la lucha contra la evasión y la elusión fiscales (COM(2016)0451),

–  Vista su Recomendación, de 13 de diciembre de 2017, al Consejo y a la Comisión, a raíz de la investigación sobre el blanqueo de capitales y la elusión y la evasión fiscales(4),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares(5),

–  Visto el Estándar Común de Comunicación de Información de la OCDE (ECCI), aprobado por el Consejo de la OCDE el 15 de julio de 2014,

–  Vistas las preguntas a la Comisión y al Consejo sobre los efectos negativos de la FATCA de los Estados Unidos sobre los ciudadanos de la Unión y, en particular, los denominados «estadounidenses accidentales» (O-000052/2018 – B8-0033/2018 and O-000053/2018 – B8-0032/2018),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando la petición presentada ante su Comisión de Peticiones firmada por un colectivo de ciudadanos europeos en la que expresaban su preocupación por los efectos negativos de la FATCA, sus acuerdos intergubernamentales de ejecución y el impacto extraterritorial de la fiscalidad basada en la ciudadanía;

B.  Considerando que, desde la entrada en vigor de la FATCA y de los acuerdos intergubernamentales conexos celebrados entre los Estados miembros y los Estados Unidos, las instituciones financieras de la Unión, bajo la amenaza de sanciones que implicarían la retirada de sus franquicias en los Estados Unidos, incluida una retención en origen del 30 %, tienen que facilitar información detallada a la administración tributaria estadounidense (Internal Revenue Service —IRS—) a través de sus Gobiernos nacionales sobre las cuentas de los presuntos ciudadanos estadounidenses; que lo anterior podría constituir una infracción de las normas de protección de datos y de los derechos fundamentales de la Unión;

C.  Considerando que el objetivo de la FATCA es impedir la evasión fiscal por parte de los ciudadanos estadounidenses y que requiere que las instituciones financieras extranjeras localicen a los ciudadanos estadounidenses analizando una serie de indicadores, como el lugar de nacimiento en los Estados Unidos, un número de teléfono estadounidense y las indicaciones de un poder notarial sobre la cuenta de una persona con una dirección estadounidense, frente a lo cual las personas identificadas deben probar que no son ciudadanas estadounidenses;

D.  Considerando que este uso de indicadores, aplicado por la FATCA, puede derivar en una exposición y un castigo arbitrarios para individuos que, en realidad, pueden no tener vínculos significativos con los Estados Unidos; que, en la práctica, la FATCA incluye a un amplio número de individuos, como los ciudadanos con doble nacionalidad europea y estadounidense, así como sus familiares no estadounidenses, y en particular los denominados «estadounidenses accidentales», que por causalidad heredaron la ciudadanía estadounidense al nacer, pero no mantienen ningún lazo con los Estados Unidos, ya que nunca han vivido, trabajado o estudiado en dicho país y no poseen un número de la seguridad social estadounidense;

E.  Considerando que la Comisión constató que la FATCA y los acuerdos intergubernamentales conexos han tenido el efecto inesperado de obstaculizar el acceso a los servicios financieros en la Unión a ciudadanos estadounidenses y a cualquier persona que presente indicios que sugieran que pudiera estar sujeta a la FATCA (ciudadano estadounidense);

F.  Considerando que la FATCA está afectando gravemente, a diario, las vidas y los medios de subsistencia de miles de ciudadanos de la Unión que respetan la ley, así como a sus familias, ya que a aquellos a los que se aplica la definición de «ciudadano estadounidense» se les congelan las cuentas de ahorro y se les deniega el acceso a todos los servicios bancarios, incluidos los seguros de vida, las pensiones y las hipotecas, debido a la reticencia de las instituciones financieras a cumplir el costoso procedimiento de información de la FATCA; que, por otra parte, los familiares que son ciudadanos de la Unión ven cómo sus datos personales son comunicados a los Estados Unidos y ven restringido su acceso a los servicios bancarios de la Unión (por ejemplo, cuentas conjuntas o hipotecas);

G.  Considerando que los estadounidenses accidentales que no desean verse afectados por la FATCA deben renunciar oficialmente a su ciudadanía estadounidense, lo cual implica un proceso muy engorroso para el que se necesita un número de la seguridad social estadounidense o un número de identificación fiscal internacional de dicho país, datos, entre otros, que no posee la mayoría de estadounidenses accidentales;

H.  Considerando que las plataformas estadounidenses en línea, como AirBnB, Tripadvisor y Amazon, están obligadas a recabar información tributaria de todos los ciudadanos de la Unión que emplean estos servicios en línea y a entregar esta información a la autoridad fiscal federal estadounidense, el IRS; que el objetivo de esta práctica es verificar que el usuario es un ciudadano estadounidense y, por consiguiente, establecer si las ganancias obtenidas a través de estas plataformas están sujetas a la información fiscal estadounidense en el contexto de la FATCA; que es obvio que esta práctica no está en consonancia con las normas de protección de datos de la Unión;

I.  Considerando que la Directiva 2014/92/UE (Directiva sobre las cuentas de pago) obliga a los Estados miembros a velar por que las entidades de crédito no discriminen a los consumidores en razón de su nacionalidad o lugar de residencia;

J.  Considerando que el plazo para que los Estados miembros transpusieran la Directiva sobre las cuentas de pago venció el 18 de septiembre de 2016;

K.  Considerando que, en su Resolución, de 6 de julio de 2016, sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efecto similares, el Parlamento tomó nota de la significativa falta de reciprocidad entre los Estados Unidos y la Unión en el marco del Acuerdo FATCA;

L.  Considerando que la FATCA y el Estándar Común de Comunicación de Información de la OCDE (ECCI) para el intercambio automático de información tributaria son herramientas esenciales para luchar contra la corrupción, el fraude fiscal y la evasión fiscal a escala transfronteriza;

M.  Considerando que la Asamblea Nacional francesa publicó un informe en octubre de 2016, tras su misión de investigación bipartidista sobre los efectos extraterritoriales de ciertas leyes estadounidenses, incluida la FATCA, en el que se recomendaba al Gobierno francés que negociase una enmienda a su convenio tributario con los Estados Unidos o que solicitase a los parlamentarios estadounidenses que enmendasen las leyes de los Estados Unidos a fin de permitir que los franceses que son «estadounidenses accidentales» puedan abandonar el sistema de los Estados Unidos y renunciar a su ciudadanía estadounidense no deseada sin incurrir en costes, consignaciones de datos o sanciones; que recientemente se creó una comisión encargada específicamente de examinar la fiscalidad extraterritorial que los Estados Unidos aplican a los franceses que son «estadounidenses accidentales», y que en noviembre de 2017 se presentaron resoluciones en el Senado y la Asamblea Nacional sobre este asunto concreto; que, el 15 de mayo de 2018, el Senado francés aprobó por unanimidad una Resolución en la que invitaba al Gobierno a adoptar medidas con carácter inmediato para garantizar que se respete el derecho de los ciudadanos franceses que sean «estadounidenses accidentales» a tener una cuenta bancaria, que cesen las prácticas discriminatorias de los bancos franceses a resultas de la FATCA y que se lleve a cabo inmediatamente una campaña de información destinada a los ciudadanos franceses que residen en los Estados Unidos sobre las implicaciones de la nacionalidad y las leyes fiscales estadounidenses; que la Resolución solicita, además, que se realice un gran esfuerzo diplomático para encontrar una solución para los franceses que sean «estadounidenses accidentales», de modo que se les permita renunciar a su ciudadanía estadounidense no deseada sin costes, consignaciones de datos o sanciones, y que los Estados Unidos cumplan su promesa de reciprocidad en virtud de la cual Francia aceptó firmar su acuerdo intergubernamental;

N.  Considerando que los Estados Unidos y Eritrea son los dos únicos países del mundo que han adoptado una fiscalidad basada en la ciudadanía y que Eritrea ha sido condenada por las Naciones Unidas por sus esfuerzos por aplicar un «impuesto sobre la diáspora»;

O.  Considerando que, en 2017, los Estados Unidos adoptaron una importante reforma fiscal que, sin embargo, no abolió el principio de la fiscalidad basada en la ciudadanía, pero sí que introdujo la fiscalidad basada en el territorio para las empresas multinacionales estadounidenses;

1.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que velen por que se garanticen los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, en particular de los «estadounidenses accidentales», especialmente el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a la intimidad y el principio de no discriminación, de conformidad con lo establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos;

2.  Pide a los Estados miembros que garanticen la plena y correcta transposición de la Directiva sobre las cuentas de pago, en particular sus artículos 15 y 16, y que garanticen el derecho de todos los ciudadanos de la Unión a acceder a una cuenta de pago de tipo básico, independientemente de su nacionalidad;

3.  Pide a la Comisión que acelere su análisis de las medidas nacionales de transposición de la Directiva sobre las cuentas de pago y que incluya en su evaluación la situación de los «estadounidenses accidentales», los ciudadanos con doble nacionalidad y los ciudadanos estadounidenses que residen legalmente en la Unión, prestando la debida atención a cualquier discriminación por parte de las instituciones financieras contra los contribuyentes que residen legalmente en la Unión y que son clasificados como «ciudadanos estadounidenses» a efectos de la FATCA;

4.  Insta a la Comisión a que incoe sin demora procedimientos de infracción en caso de infracciones comprobadas en la aplicación de la Directiva sobre las cuentas de pago y a que informe al Parlamento y al Consejo sobre las medidas adoptadas para garantizar la correcta aplicación de dicha Directiva;

5.  Destaca la importancia de proporcionar un nivel adecuado de protección de los datos personales transferidos a los Estados Unidos en virtud de la FATCA, en plena conformidad con la legislación nacional y europea en materia de protección de datos; pide a los Estados miembros que revisen sus acuerdos intergubernamentales y los modifiquen, si es necesario, para ajustarlos a los derechos y principios del Reglamento general de protección de datos; insta a la Comisión y al Comité Europeo de Protección de Datos a que investiguen sin demora cualquier infracción de las normas de la Unión en materia de protección de datos por parte de los Estados miembros cuya legislación autorice la transferencia de datos personales al IRS a efectos de la FATCA y a que incoen procedimientos de infracción contra los Estados miembros que no apliquen adecuadamente las normas de la Unión en materia de protección de datos;

6.  Pide a la Comisión que realice una evaluación completa del impacto de la FATCA y de la práctica extraterritorial estadounidense de la fiscalidad basada en la ciudadanía con los ciudadanos, las instituciones financieras y las economías de la Unión, teniendo en cuenta las acciones en curso en Francia y otros Estados miembros, y que explique si existe una discrepancia grave entre los ciudadanos de la Unión y los residentes en distintos Estados miembros, en particular por lo que respecta a las normas de la Unión en materia de protección de datos y de derechos fundamentales, a causa de la FATCA y de los «indicios relacionados con los Estados Unidos»; pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación exhaustiva del estado de la reciprocidad de la FATCA, o de la falta de la misma, en toda la Unión, así como del cumplimiento por parte de los Estados Unidos de sus obligaciones en virtud de los diversos acuerdos intergubernamentales firmados con los Estados miembros;

7.  Pide a la Comisión que evalúe y, si procede, adopte medidas para garantizar que los derechos y valores fundamentales de la Unión consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como el derecho a la intimidad y el principio de no discriminación, así como las normas de la Unión en materia de protección de datos, se respetan en el contexto de la FATCA y del intercambio automático de información tributaria con los Estados Unidos;

8.  Lamenta la inherente falta de reciprocidad de los acuerdos intergubernamentales firmados por los Estados miembros, en particular por lo que respecta al alcance de la información que debe intercambiarse, que es mayor en el caso de los Estados miembros que en el de los Estados Unidos; pide a todos los Estados miembros que suspendan colectivamente la aplicación de sus acuerdos intergubernamentales (o el intercambio de toda información no relativa a las cuentas que poseen en la Unión ciudadanos estadounidenses residentes en los Estados Unidos) hasta que los Estados Unidos accedan a aplicar un enfoque multilateral al intercambio automático de información, mediante la revocación de la FATCA y la adhesión al ECCI o mediante la renegociación de la FATCA a escala de toda la Unión y con las mismas obligaciones recíprocas de intercambio a ambos lados del Atlántico;

9.  Pide a la Comisión y al Consejo que adopten un enfoque común de la Unión en relación con la FATCA para proteger adecuadamente los derechos de los ciudadanos europeos (en particular, los de los «estadounidenses accidentales») y que mejoren la reciprocidad en relación con el intercambio automático de información por parte de los Estados Unidos;

10.  Pide al Consejo que confiera un mandato a la Comisión para que entable negociaciones con los Estados Unidos sobre un acuerdo FATCA entre la Unión y los Estados Unidos, a fin de garantizar un intercambio recíproco completo de información y el respeto de los principios fundamentales del Derecho de la Unión, incluida la Directiva sobre las cuentas de pago, y de permitir que los «estadounidenses accidentales» renuncien a su ciudadanía estadounidense no deseada sin incurrir en costes, consignaciones de datos o sanciones;

11.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(2) DO L 257 de 28.8.2014, p. 214.
(3) DO L 359 de 16.12.2014, p. 1.
(4) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0491.
(5) DO C 101 de 16.3.2018, p. 79.

Última actualización: 6 de julio de 2018Aviso jurídico