El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 4, 162, 174 a 178 y 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea(2),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1082/2006 sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT)(3),

–  Vista la Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza(4),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2017, titulada «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE» (COM(2017)0534),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 20 de septiembre de 2017, que acompaña a la Comunicación de la Comisión titulada «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE» (SWD(2017)0307),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre las regiones menos desarrolladas de la UE(5),

–   Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea: séptimo informe de la Comisión Europea(6),

–  Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre los componentes esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020(7),

–  Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre la mejora de la participación activa de los interlocutores y la visibilidad en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos(8),

–  Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2017, sobre una combinación adecuada de financiación para las regiones de Europa: equilibrar los instrumentos financieros y las subvenciones en la política de cohesión de la Unión(9),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre invertir en crecimiento y empleo – maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: evaluación del informe de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del RDC(10),

–   Visto el Dictamen del Comité de las Regiones, de 8 de febrero de 2017, titulado «Falta de conexiones de transporte en las regiones fronterizas»(11),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la política de cohesión y las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3)(12),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la cooperación territorial europea – mejores prácticas y medidas innovadoras(13),

–  Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2016, sobre nuevas herramientas de desarrollo territorial en la política de cohesión para el periodo 2014-2020: inversión territorial integrada (ITI) y desarrollo local participativo (DLP)(14),

–  Vistas las conclusiones y recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre el seguimiento de la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y la opinión de la Comisión de Cultura y Educación (A8-0266/2018),

A.  Considerando que en la Unión y sus vecinos inmediatos de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) se contabilizan cuarenta fronteras terrestres interiores y regiones con fronteras interiores de la Unión, y que estas regiones representan el 40 % de su territorio, el 30 % de su población y producen casi un tercio del PIB de la Unión;

B.  Considerando que las regiones fronterizas, en particular las que tienen una baja densidad de población, tienden a enfrentarse a condiciones más difíciles para el desarrollo social y económico y presentan, por lo general, un rendimiento económico inferior al de otras regiones de los Estados miembros, y que su pleno potencial económico está por explotar;

C.  Considerando que las barreras de tipo físico y/o geográfico contribuyen también a limitar la cohesión económica, social y territorial entre regiones fronterizas, tanto dentro como fuera de la Unión, en especial en el caso de regiones montañosas;

D.  Considerando que, pese a los esfuerzos ya realizados, siguen persistiendo obstáculos — sobre todo de carácter administrativo, lingüístico y jurídico—, que dificultan el crecimiento económico y el desarrollo social y la cohesión entre las regiones fronterizas y en el interior de las mismas;

E.  Considerando que la Comisión calculó en 2017 que la supresión de solo un 20 % de los obstáculos existentes en las regiones fronterizas propiciaría un aumento de su PIB de un 2 % (unos 91 000 millones EUR), lo que se traduciría en aproximadamente un millón de nuevos puestos de trabajo; que es un hecho ampliamente reconocido que la cooperación territorial, incluida la cooperación transfronteriza, aporta un valor añadido genuino y visible, en particular, a los ciudadanos de la Unión que viven a lo largo de las fronteras interiores;

F.  Considerando que el número total de trabajadores y estudiantes transfronterizos activos en otro país de la Unión se eleva, aproximadamente, a 2 millones, de los cuales 1,3 millones son trabajadores, lo que representa el 0,6 % del total de trabajadores en la UE-28;

G.  Considerando que, en el actual marco financiero plurianual (MFP), el 95 % de los fondos de la red transeuropea de transporte (RTE-T) y del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) se destina a corredores principales de la RTE-T, mientras que los proyectos pequeños relacionados con la red integral y las intervenciones para conectar con la red de RTE-T, aunque son fundamentales para resolver problemas específicos y para desarrollar las conexiones y las economías transfronterizas, no suelen ser aptos para recibir cofinanciación ni financiación nacional;

H.  Considerando que la Comisión también piensa presentar su posición sobre las regiones fronterizas marítimas interiores;

I.  Considerando que la Comisión también debería adoptar una posición respecto de los múltiples retos a que se enfrentan las regiones fronterizas exteriores de la Unión, incluidas las regiones ultraperiféricas, las zonas rurales, las zonas afectadas por la transición industrial y las regiones de la Unión que padecen la lejanía, la insularidad u otras desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, de conformidad con el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);

1.  Se felicita por la Comunicación de la Comisión titulada «Impulsar el crecimiento y la cohesión en las regiones fronterizas de la UE» que, como resultado de dos años de investigación y diálogo, ofrece una valiosa visión de los desafíos y obstáculos a que se enfrentan las regiones fronterizas interiores de la Unión; subraya, en este contexto, la importancia de utilizar y difundir buenas prácticas y experiencias positivas, como se hace en esta Comunicación de la Comisión, y pide un seguimiento con análisis similares en relación con las regiones fronterizas exteriores de la Unión;

Centrarse en los obstáculos persistentes

2.  Señala que el acceso a los servicios públicos, al igual que ocurre con su desarrollo, es esencial para los 150 millones de personas que constituyen la población de las zonas transfronterizas interiores, y que se suele ver entorpecido por numerosos obstáculos jurídicos y administrativos, incluyendo barreras lingüísticas; pide, por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que maximicen sus esfuerzos y refuercen su cooperación a fin de eliminar dichos obstáculos, y de fomentar y establecer el uso de la administración electrónica, en particular los aspectos relacionados con los servicios sanitarios, el transporte, la educación, la cultura, el deporte, las comunicaciones, la movilidad laboral, así como la normativa, el comercio transfronterizo y el desarrollo empresarial;

3.  Subraya que los problemas y retos a que se enfrentan las regiones fronterizas son comunes en cierta medida, si bien varían asimismo de una región a otra o entre Estados miembros, y dependen de las características jurídicas, administrativas, económicas y geográficas concretas de una región dada, lo que hace necesario aplicar un enfoque individual a cada una de estas regiones; reconoce, no obstante, que las regiones transfronterizas en general se benefician de un potencial común de desarrollo; alienta a que se apliquen enfoques específicos, integrados y basados en el emplazamiento, como el desarrollo local participativo (DLP);

4.  Destaca que los marcos jurídicos e institucionales diversos de los Estados miembros pueden dar lugar a inseguridad jurídica en las regiones fronterizas, lo que se traduce en una elevación de la duración y el coste de la ejecución de los proyectos, y constituye un obstáculo adicional para los ciudadanos, las instituciones y las empresas en las regiones fronterizas, lo que entorpece con frecuencia las buenas iniciativas; hace hincapié, por tanto, en que es deseable mejorar la coordinación y la comunicación, la complementariedad y la voluntad para abordar los obstáculos entre los Estados miembros o, al menos, a escala de región fronteriza;

5.  Reconoce la situación especial de los trabajadores transfronterizos, que son los más gravemente afectados por los retos existentes en las regiones fronterizas, incluidos, en particular, el reconocimiento de títulos y otras cualificaciones obtenidos tras una reconversión profesional, la asistencia sanitaria, el transporte y el acceso a la información sobre las ofertas de empleo, la seguridad social y los regímenes fiscales; pide a los Estados miembros, en este contexto, que redoblen sus esfuerzos con miras a superar esos obstáculos y que ofrezcan mayores competencias, fondos y una flexibilidad suficiente a las autoridades regionales y locales de las regiones fronterizas para coordinar mejor los sistemas jurídicos y administrativos nacionales vecinos, al objeto de elevar la calidad de vida de los trabajadores transfronterizos; subraya, en este contexto, la importancia de la divulgación y del uso de las mejores prácticas en toda la Unión; hace hincapié en que estos problemas son aún más complejos para los trabajadores transfronterizos con origen o destino en países no pertenecientes a la Unión;

6.  Señala los desafíos asociados al desempeño de actividades empresariales en las regiones fronterizas, en particular los relacionados con la adopción y aplicación del Derecho laboral y mercantil, la fiscalidad, la contratación pública o los sistemas de seguridad social; pide a los Estados miembros y a las regiones que adapten o armonicen mejor las disposiciones jurídicas pertinentes con arreglo a los retos planteados por las zonas transfronterizas, y que promuevan la complementariedad y logren la convergencia de los marcos normativos a fin de permitir una mayor coherencia y flexibilidad jurídicas en la aplicación de la legislación nacional, así como mejorar la difusión de información sobre cuestiones transfronterizas, por ejemplo, mediante la creación de ventanillas únicas para permitir a los trabajadores y a las empresas que cumplan sus obligaciones y se acojan plenamente a sus derechos, según se exija en el sistema legislativo del Estado miembro en el que presten sus servicios; pide una mejor utilización de las soluciones disponibles y la garantía de financiación para las estructuras de cooperación existentes;

7.  Expresa su decepción por que, en la comunicación de la Comisión, no se incluyese una evaluación específica de las pequeñas y medianas empresas (pymes), incluyendo el apoyo extra que se les puede proporcionar; considera que las pymes se enfrentan a retos particulares en lo que respecta a la interacción transfronteriza, entre los que se incluyen, no de forma exclusiva, los relacionados con el idioma, la capacidad administrativa, las diferencias culturales y las divergencias jurídicas; destaca que es particularmente importante afrontar este desafío, ya que las pymes emplean al 67 % de los trabajadores de los sectores empresariales no financieros de la Unión, y crean el 57 % del valor añadido(15);

8.  Señala que, en las regiones transfronterizas, sobre todo en las que tienen menor densidad de población, el transporte, en particular en lo referente a los servicios de transporte público transfronterizo, sigue estando insuficientemente desarrollado y coordinado, en parte debido a conexiones inexistentes o en desuso, lo que dificulta la movilidad transfronteriza y las perspectivas de desarrollo económico; destaca, además, que la infraestructura de transporte transfronteriza se ve asimismo afectada de forma negativa por la complejidad de las disposiciones reglamentarias y administrativas; destaca el potencial que existe para desarrollar medios de transporte sostenibles, principalmente mediante el transporte público y, en este sentido, aguarda el futuro estudio de la Comisión sobre la falta de conexiones ferroviarias a lo largo de las fronteras interiores de la Unión; subraya que cualquier estudio de este tipo o recomendación futura ha de basarse, entre otras cosas, en la información y experiencia de las autoridades locales, regionales y nacionales, así como tener en cuenta las eventuales propuestas de cooperación transfronteriza y, allí donde ya existan, de mejorar las conexiones transfronterizas, y pide a las autoridades transfronterizas que propongan formas de colmar las lagunas existentes en las redes de transporte; recuerda que algunas infraestructuras ferroviarias ya existentes caen en desuso por falta de apoyo; destaca los beneficios que un mayor desarrollo de las vías navegables puede aportar a las economías locales y regionales; pide que se consagre un eje del MCE, dotado con un presupuesto adecuado, a la realización de los eslabones que faltan en la infraestructura sostenible de transporte de las regiones fronterizas; destaca la necesidad de resolver los cuellos de botella en el transporte, que dificultan las actividades económicas como el transporte, el turismo y el desplazamiento de los ciudadanos;

9.  Observa que el atractivo de las regiones transfronterizas para la vida y la inversión depende en gran medida de la calidad de vida, de la disponibilidad de servicios públicos y comerciales para ciudadanos y empresas y de la calidad del transporte, condiciones que solo pueden alcanzarse y mantenerse con la estrecha colaboración de las autoridades nacionales, regionales y locales, así como de las empresas de ambos lados de la frontera;

10.  Lamenta el hecho de que los diversos y complejos procedimientos para la autorización previa de los servicios de asistencia sanitaria y los métodos utilizados de pago o reembolso, las cargas administrativas para los pacientes relacionadas con la consulta transfronteriza a especialistas, las incompatibilidades en el uso de la tecnología y en la puesta en común de datos de los pacientes, así como la ausencia de información accesible unificada no solo limitan la accesibilidad a ambos lados de la frontera y, en consecuencia, entorpecen el pleno uso de los centros de asistencia sanitaria, sino que también impiden que los servicios de emergencia y rescate realicen sus intervenciones transfronterizas;

11.  Hace hincapié en la función que las regiones fronterizas de la Unión pueden desempeñar respecto del medio ambiente y su preservación, ya que la contaminación y los desastres naturales tienen con frecuencia carácter transfronterizo; apoya, en este contexto, los proyectos transfronterizos sobre protección medioambiental para las regiones fronterizas exteriores de la Unión, ya que estas regiones suelen enfrentarse a retos medioambientales causados por las distintas normas medioambientales y las diferentes normativas legales de los países vecinos de la Unión; aboga asimismo por la cooperación y la coordinación en la gestión interna del agua para evitar desastres naturales, como las inundaciones;

12.  Pide a la Comisión que aborde con urgencia los problemas derivados de la existencia de barreras físicas y geográficas entre regiones fronterizas;

Mejorar la cooperación y la confianza

13.  Considera que la confianza mutua, la voluntad política y un planteamiento flexible entre las partes interesadas a distintos niveles, desde el nivel local hasta el nivel nacional incluida la sociedad civil, son fundamentales para superar los citados obstáculos persistentes; cree que el valor de la política de cohesión para las regiones fronterizas se basa en el objetivo de impulsar los empleos y el crecimiento, y que esta acción debe iniciarse a escala de la Unión, de los Estados miembros, y también a escala regional y local; pide, por tanto, mejorar la coordinación y el diálogo, lograr un intercambio de información más eficaz y continuar el intercambio de las mejores prácticas entre las autoridades, en particular a nivel local y regional; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que refuercen dicha cooperación y proporcionen financiación para estructuras de cooperación, con el fin de garantizar una adecuada autonomía funcional y financiera de las autoridades locales y regionales respectivas;

14.  Pone de relieve la importancia de la educación y la cultura y, en particular, las oportunidades de intensificar los esfuerzos para promover el multilingüismo y la interculturalidad en las regiones fronterizas; hace hincapié en el potencial de los centros de enseñanza y de los medios de comunicación locales en estos esfuerzos y anima a los Estados miembros, las regiones y los municipios situados a lo largo de las fronteras interiores a introducir la enseñanza de las lenguas de los países vecinos en sus planes de estudios a partir de la enseñanza preescolar; subraya además la importancia de promover un enfoque multilingüe en todos los niveles de la administración;

15.  Insta a los Estados miembros a que faciliten y fomenten el reconocimiento mutuo y una mejor comprensión de los certificados, los títulos, y las cualificaciones de formación profesional entre regiones vecinas; promueve, por tanto, la inclusión de competencias específicas en el plan de estudios con el objetivo de aumentar las oportunidades de empleo transfronterizas, incluida la convalidación y el reconocimiento de las competencias;

16.  Apoya diversas medidas dirigidas a combatir todas las formas de discriminación en las regiones fronterizas y a eliminar los obstáculos para las personas vulnerables a la hora de buscar un empleo e integrarse en la sociedad; respalda, en este sentido, el fomento y el desarrollo de empresas sociales en las regiones fronterizas como fuente de creación de empleo, en particular para los grupos de personas vulnerables, como por ejemplo los jóvenes desempleados y las personas con discapacidad;

17.  Se felicita por el Plan de Acción sobre Administración Electrónica 2016-2020(16) como un instrumento para lograr una administración pública eficaz e inclusiva, y reconoce el valor especial de este plan en lo que atañe a las medidas de simplificación en las regiones fronterizas; señala que la interoperabilidad de los sistemas existentes de administración electrónica es necesaria a nivel de las administraciones nacional, regional y local; manifiesta, sin embargo, su inquietud por la desigual aplicación del plan en algunos Estados miembros; expresa asimismo su preocupación por la frecuente falta de interoperabilidad de los sistemas electrónicos de las autoridades y por el bajo nivel de los servicios en línea disponibles para que los empresarios extranjeros comiencen su actividad en otro país; pide, por tanto, a los Estados miembros que adopten medidas para facilitar el acceso, incluidos los instrumentos lingüísticos, a sus servicios digitales a usuarios potenciales de zonas vecinas; pide a las autoridades de las regiones transfronterizas que creen portales electrónicos para el desarrollo de iniciativas empresariales transfronterizas; insta a las autoridades de los Estados miembros, regionales y locales a aumentar sus esfuerzos con proyectos de administración electrónica que repercutirán de forma positiva en la vida y el trabajo de los ciudadanos fronterizos;

18.  Observa que algunas regiones fronterizas interiores y exteriores se enfrentan a graves retos migratorios que, con frecuencia, sobrepasan la capacidad de las regiones fronterizas, y alienta el uso adecuado de programas Interreg, así como el intercambio de buenas prácticas entre las autoridades locales y regionales de las zonas fronterizas, en el marco de la integración de los refugiados bajo protección internacional; subraya la necesidad de apoyo y coordinación a escala europea, así como la necesidad de que los Gobiernos nacionales apoyen a las autoridades locales y regionales a la hora de abordar estos desafíos;

19.  Insta a la Comisión a presentar su visión sobre la manera de responder a los retos a los que se enfrentan las regiones fronterizas tanto marítimas interiores como exteriores; solicita más apoyo para los proyectos transfronterizos de las regiones fronterizas exteriores de la Unión con las regiones fronterizas de los países vecinos, en particular con las regiones de aquellos terceros países que participen en el proceso de integración en la Unión; reitera, en este contexto, que las características de las regiones fronterizas y los retos a los que se enfrentan son comunes en cierta medida, al tiempo que requieren un enfoque diferenciado y específico; hace hincapié en la necesidad de prestar una atención especial y un apoyo adecuado a las regiones ultraperiféricas que se encuentran en las fronteras exteriores de la Unión;

20.  Subraya que la futura política de cohesión deberá tener debidamente en cuenta y prestar un apoyo adecuado a las regiones de la Unión en las que las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión tengan un mayor impacto, en particular a aquellas regiones que se encontrarán situadas, como resultado de ello, en las fronteras (marítimas o terrestres) de la Unión;

21.  Pide a los Estados miembros que mejoren la complementariedad de sus servicios sanitarios en las regiones fronterizas y velen por la existencia de una auténtica cooperación en prestación transfronteriza de servicios de emergencia tales como la asistencia sanitaria, la policía y las intervenciones contra incendios, a fin de garantizar que se respetan los derechos de los pacientes, como se prevé en la Directiva sobre asistencia sanitaria transfronteriza, y se aumentan la disponibilidad y la calidad de los servicios; insta a los Estados miembros, las regiones y los municipios a celebrar acuerdos marco bilaterales o multilaterales sobre cooperación en materia de asistencia sanitaria transfronteriza y, en este contexto, señala las denominadas ZOAST (Zones Organisées d'Accès aux Soins Transfrontaliers), en las que los residentes de territorios fronterizos pueden recibir asistencia sanitaria a ambos lados de la frontera en centros sanitarios específicos sin ningún obstáculo administrativo ni económico, y que se han convertido en puntos de referencia para la cooperación en materia de asistencia sanitaria transfronteriza en toda Europa;

22.  Pide a la Comisión que estudie las posibilidades de aumentar la cooperación y de superar los obstáculos al desarrollo regional en las fronteras exteriores con las regiones vecinas, sobre todo con las regiones de los países que se preparan para la adhesión a la Unión;

23.  Destaca la importancia de los proyectos transfronterizos y a pequeña escala para reunir a las personas y, de esta manera, generar nuevas posibilidades de desarrollo local;

24.  Subraya la importancia de aprender de los casos de éxito en algunas regiones fronterizas y de seguir aprovechando su potencial;

25.  Destaca la importancia del deporte como herramienta para facilitar la integración de las comunidades que viven en regiones fronterizas e insta a los Estados miembros y a la Comisión Europea a que asignen los recursos económicos adecuados a los programas de cooperación territorial para financiar infraestructuras deportivas locales;

Aprovechar los instrumentos de la Unión para mejorar la coherencia

26.  Subraya la función muy importante y positiva de los programas de la cooperación territorial europea, y en particular los programas de cooperación transfronteriza, en el desarrollo y la cohesión de las regiones fronterizas en los aspectos económico y social, incluyendo a las regiones marítimas y de las fronteras exteriores; se felicita de que, en la propuesta de MFP de la Comisión para 2021-2027, se mantenga la cooperación territorial europea como un objetivo importante, con un papel más claro dentro de la política de cohesión posterior a 2020, y pide un aumento significativo de su presupuesto, en especial para el componente transfronterizo; subraya el evidente valor añadido europeo de la cooperación territorial europea y pide al Consejo que adopte los créditos presupuestarios propuestos a este respecto; destaca, al mismo tiempo, la necesidad de simplificar los programas, garantizar una mayor coherencia de la cooperación territorial europea con los objetivos globales de la Unión y de dar a los programas la flexibilidad necesaria para afrontar mejor los desafíos locales y regionales, de reducir la carga administrativa para los beneficiarios y de facilitar una mayor inversión en proyectos de infraestructura sostenibles mediante programas de cooperación transfronteriza; pide a las autoridades en las regiones transfronterizas que utilicen en mayor medida la ayuda facilitada mediante estos programas;

27.  Pide a la Comisión que informe periódicamente al Parlamento Europeo de la lista de los obstáculos que se hayan eliminado en el ámbito de la cooperación transfronteriza; alienta a la Comisión a que potencie el uso de los instrumentos innovadores existentes, que contribuyen a la modernización permanente y a la profundización de la cooperación transfronteriza, como el Centro de Cuestiones Fronterizas, la red SOLVIT reforzada, así como el portal digital único, orientado a la estructuración de los conocimientos especializados y al asesoramiento en aspectos regionales transfronterizos, y a que desarrolle otros nuevos; insta a la Comisión y a los Estados miembros a procurar que las administraciones públicas sean digitales por defecto, en la medida de lo posible, para garantizar los servicios públicos digitales de extremo a extremo a ciudadanos y empresas en regiones fronterizas;

28.  Subraya la importancia de que la Comisión recabe información sobre la interacción transfronteriza para lograr un proceso de toma de decisiones mejor y más fundamentado en cooperación con los Estados miembros, las regiones y los municipios, así como de apoyar y financiar proyectos piloto, programas, estudios, análisis e investigación territorial;

29.  Aboga por que se haya un uso mejor del potencial de las estrategias macrorregionales de la Unión a la hora de abordar los retos referentes a las regiones fronterizas;

30.  Considera que la política de cohesión debe estar más orientada a la inversión en personas, ya que las economías de las regiones fronterizas pueden potenciarse mediante una mezcla efectiva de inversiones en innovación, capital humano, buena gobernanza y capacidad institucional;

31.  Lamenta que no se aproveche plenamente el potencial de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial, lo que podría deberse, por una parte, a ciertas reservas de las autoridades locales y regionales y, por otra, a su temor a una transferencia de competencias, y también a la falta persistente de conocimiento de sus competencias respectivas; pide que se identifique y aborde rápidamente cualquier otra causa de esta situación; pide a la Comisión que proponga medidas para superar los obstáculos a la aplicación efectiva de este instrumento; recuerda que el papel fundamental de la Comisión en los programas de cooperación territorial europea debe tener como objetivo facilitar la cooperación entre los Estados miembros;

32.  Insta a que se tengan en cuenta las experiencias de las numerosas eurorregiones que existen y operan entre las regiones fronterizas exteriores e interiores de la Unión para que se mejoren las oportunidades de desarrollo económico y social y la calidad de vida de los ciudadanos que viven en las regiones fronterizas; solicita la evaluación de la labor de las eurorregiones en el ámbito de la cooperación regional y su relación con las iniciativas y el trabajo de las regiones fronterizas de la Unión, con el fin de coordinar y optimizar los resultados de su labor en este ámbito;

33.  Subraya que la evaluación del impacto territorial ayuda a comprender mejor las repercusiones de las políticas en los territorios; pide a la Comisión que considere conceder una mayor importancia a la evaluación del impacto territorial cuando se propongan iniciativas legislativas de la Unión;

34.  Está convencido de que un convenio transfronterizo europeo que, en el caso de una infraestructura o de un servicio transfronterizo circunscrito a nivel territorial (como un hospital o una línea de tranvía), permitiera aplicar el marco normativo nacional o las normas de solo uno de los dos o más países implicados serviría para reducir aún más los obstáculos transfronterizos; se felicita, en este contexto, por la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, recientemente publicada, relativo a un mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo (COM(2018)0373);

35.  Está a la espera de la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre un instrumento de gestión de la cooperación transfronteriza, con el fin de valorar su utilidad para las regiones de que se trata;

o
o   o

36.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo, a los Parlamentos nacionales y regionales de los Estados miembros, al Comité Europeo de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320. (2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 259. (3) DO L 210 de 31.7.2006, p. 19. (4) DO L 88 de 4.4.2011, p. 45. (5) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0067. (6) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0105. (7) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0254. (8) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0245. (9) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0222. (10) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0053. (11) DO C 207 de 30.6.2017, p. 19. (12) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0320. (13) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0321. (14) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0211. (15) Informe anual sobre las pymes europeas 2016/2017, p. 6. (16) Comunicación de la Comisión, 19 de abril de 2016, titulada «Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020 – Acelerar la transformación digital de la administración» (COM(2016)0179).