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Procedimiento : 2017/2128(INI)
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Ciclo relativo al documento : A8-0268/2018

Textos presentados :

A8-0268/2018

Debates :

PV 13/09/2018 - 4
CRE 13/09/2018 - 4

Votaciones :

PV 13/09/2018 - 10.14
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Textos aprobados :

P8_TA(2018)0356

Textos aprobados
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Jueves 13 de septiembre de 2018 - Estrasburgo Edición definitiva
Aplicación del Reglamento relativo a los productos fitosanitarios
P8_TA(2018)0356A8-0268/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2018, sobre la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 relativo a los productos fitosanitarios (2017/2128(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo(2),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n.º 1907/2006(3),

–  Vista la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas(4),

–  Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2017, sobre los plaguicidas de bajo riesgo de origen biológico(5),

–  Vista la Decisión del Defensor del Pueblo Europeo, de 18 de febrero de 2016, en el asunto 12/2013/MDC sobre las prácticas de la Comisión Europea en materia de autorización y comercialización de productos fitosanitarios (plaguicidas)(6),

–  Vista la evaluación europea de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y sus anexos pertinentes publicada por la Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios (DG EPRS)(7) en abril de 2018,

–  Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 23 de noviembre de 2016, en los asuntos C-673/13 P (Comisión/Stichting Greenpeace Nederland y PAN Europe) y C-442/14 (Bayer CropScience /College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden),

–  Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de abril de 2018, sobre la transparencia y la sostenibilidad de la determinación del riesgo en la cadena alimentaria de la UE, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 178/2002 [legislación alimentaria general], la Directiva 2001/18/CE [liberación intencional en el medio ambiente de OMG], el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 [alimentos y piensos modificados genéticamente], el Reglamento (CE) n.º 1831/2003 [aditivos en los piensos], el Reglamento (CE) n.º 2065/2003 [aromas de humo], el Reglamento (CE) n.º 1935/2004 [materiales en contacto con alimentos], el Reglamento (CE) n.º 1331/2008 [procedimiento de autorización común para aditivos, enzimas y aromas alimentarios], el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 [productos fitosanitarios] y el Reglamento (UE) 2015/2283 [nuevos alimentos](8),

–  Visto el mandato y los trabajos de la Comisión Especial sobre el Procedimiento de Autorización de la Unión para los Plaguicidas (PEST) del Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0268/2018),

A.  Considerando que la evaluación de la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 (en lo sucesivo, «el Reglamento») ha puesto de manifiesto que los objetivos de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente no se alcanzan plenamente y que podrían introducirse mejoras para conseguir todos los objetivos del Reglamento;

B.  Considerando que la evaluación de la aplicación del Reglamento debe considerarse en relación con la política general de los plaguicidas de la UE, incluidas las normas establecidas en la Directiva 2009/128/CE (Directiva sobre el uso sostenible), el Reglamento (UE) n.º 528/2012 (Reglamento sobre biocidas), el Reglamento (CE) n.º 396/2005 (Reglamento sobre los límites máximos de residuos) y el Reglamento (CE) n.º 178/2002 (Reglamento general de legislación alimentaria);

C.  Considerando que la aplicación del Reglamento no está siendo satisfactoria y debe ajustarse a las políticas de la Unión correspondientes, en particular en el ámbito de los plaguicidas;

D.  Considerando que las pruebas disponibles indican que la aplicación práctica de los tres instrumentos principales del Reglamento –aprobaciones, autorizaciones y cumplimiento de las decisiones reguladoras– puede mejorarse y que no garantiza el pleno cumplimiento de los objetivos del Reglamento;

E.  Considerando que la Comisión no ha aplicado en absoluto determinadas disposiciones del Reglamento, en particular el artículo 25 sobre la aprobación de protectores y sinergistas y el artículo 27 sobre una lista negativa de coformulantes inaceptables;

F.  Considerando que otras disposiciones clave, como la aplicación de los criterios de exclusión para las sustancias activas que son disruptores endocrinos, se han retrasado considerablemente debido al comportamiento ilícito de la Comisión;

G.  Considerando que las partes interesadas han expresado su inquietud en relación con el enfoque de evaluación según lo establecido por la ley, en particular en lo referente a quién debe aportar los estudios científicos y las pruebas para las evaluaciones de las sustancias activas y el uso de un enfoque basado en el peligro durante estas evaluaciones;

H.  Considerando que la carga de la prueba debe recaer sobre el solicitante, a fin de garantizar que el dinero público no se utiliza para estudios que al final benefician a intereses privados; considerando que, al mismo tiempo, debe garantizarse la transparencia en cada fase del procedimiento de autorización de manera completamente acorde con los derechos de propiedad intelectual, mientras se asegura que se respetan sistemáticamente los principios de las buenas prácticas de laboratorio en toda la Unión;

I.  Considerando que la aplicación en la práctica del enfoque de evaluación establecido suscita preocupación; en particular, existen importantes motivos de preocupación en relación con la incompleta armonización de los requisitos en materia de datos y de métodos utilizados, lo que puede entorpecer el proceso de evaluación;

J.  Considerando que la actuación de las autoridades nacionales competentes ha resultado ser uno de los factores que más influyen en la evaluación de las sustancias activas; que existen diferencias sustanciales entre los Estados miembros en lo que respecta a los conocimientos y al personal disponible; que el Reglamento y los requisitos legales correspondientes no están siendo aplicados de modo uniforme en todos los Estados miembros, lo que puede tener consecuencias importantes en materia de salud y medio ambiente;

K.  Considerando que la transparencia debe mejorarse en todas las etapas del procedimiento de aprobación, y que una mayor transparencia puede ayudar a potenciar la confianza general en el sistema que regula los productos fitosanitarios; que la transparencia de las actividades de las autoridades competentes en relación con la autorización también es en muchos casos insatisfactoria; que la Comisión propuso cambios en la legislación alimentaria general, con el objetivo de abordar las preocupaciones relacionadas con los datos y las pruebas aportados durante el proceso de evaluación, y de aumentar la transparencia;

L.  Considerando que la autorización de los productos fitosanitarios, que tiene lugar exclusivamente en el plano nacional, suele sufrir retrasos en la decisiones sobre gestión del riesgo; que a consecuencia de lo anterior se produce, en algunos casos, un incremento de las autorizaciones concedidas por los Estados miembros al amparo del régimen excepcional del artículo 53 del Reglamento; que se dan casos en que se hace uso de estas excepciones de forma contraria a la voluntad original del legislador;

M.  Considerando que el Reglamento introduce una disposición por la que la gestión integrada de plagas hubiera debido ser uno de los requisitos obligatorios de gestión según lo previsto por las normas de condicionalidad de la política agrícola común; que esto no ha sucedido todavía;

N.  Considerando que la información disponible muestra que este texto normativo de la Unión refuerza los esfuerzos y actuaciones nacionales y les aporta valor añadido;

O.  Considerando que muchas veces solo se tienen realmente en cuenta las posibles alternativas una vez modificados los requisitos legales, que, por ejemplo, en el caso de la ampliación de la prohibición de neonicotinoides la evaluación más reciente (30 de mayo de 2018)(9) permitió constatar que existen alternativas no químicas fácilmente disponibles para el 78 % de los usos de los neonicotinoides;

P.  Considerando que desde el 31 de mayo de 2016 no se han presentado nuevas sustancias activas para su aprobación; que la innovación y el desarrollo de productos nuevos, en particular productos de bajo riesgo, son importantes;

Q.  Considerando que la disponibilidad de plaguicidas falsificados en el mercado constituye un problema real; que los plaguicidas falsificados pueden resultar dañinos para el medio ambiente y comprometer la eficacia del Reglamento;

Conclusiones principales

1.  Considera que la Unión es el nivel idóneo en el que debe continuar desarrollándose la actividad normativa en el ámbito de los plaguicidas;

2.  Señala que todas las actuaciones actuales y futuras deben seguir centrándose en adoptar medidas ambientales destinadas a evitar, limitar y contener la propagación de agentes patógenos y de plagas;

3.  Considera que la aprobación y aplicación del Reglamento representa un importante paso hacia adelante en lo que respecta al tratamiento de los productos fitosanitarios en la Unión en comparación con el pasado;

4.  Destaca que debe prestarse una atención especial al papel de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el desarrollo de nuevos productos, dado que con frecuencia no cuentan con los importantes recursos que son necesarios para el proceso del desarrollo y aprobación de nuevas sustancias;

5.  Muestra su preocupación ante el hecho de que el Reglamento no se haya aplicado efectivamente y que, por ello, no se estén alcanzando en la práctica sus objetivos en lo que respecta a la producción y la innovación agrícolas; destaca el hecho de que, en parte debido al bajo nivel de innovación, el número de sustancias activas plaguicidas está disminuyendo;

6.  Recuerda que un enfoque integrado es muy necesario, y que el Reglamento (CE) n.º 1185/2009 relativo a las estadísticas de plaguicidas(10) debe formar parte de la evaluación, utilizándose sus resultados para reducir la cantidad y, como consecuencia, minimizar los riesgos y su impacto negativo en la salud y el medio ambiente;

7.  Señala que los objetivos e instrumentos del Reglamento y de su aplicación no siempre están suficientemente armonizados con las políticas de la Unión en los ámbitos de la agricultura, la seguridad alimentaria, la calidad del agua, el cambio climático, el uso sostenible de plaguicidas y los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos;

8.  Expresa su preocupación a la vista de que, por lo que respecta a la experimentación con animales para determinar el peligro y evaluar el riesgo, la aplicación del Reglamento no se ajusta a los denominados requisitos 3R —a saber, los principios de reemplazo, reducción y refinamiento—, contemplados en la Directiva 2010/63/UE sobre la experimentación con animales, y de que el ensayo biológico de dos años sobre la carcinogenicidad puede dar resultados controvertidos(11);

9.  Recuerda que el principio de cautela es un principio general de la Unión recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que tiene por objeto garantizar un elevado nivel de protección del medio ambiente mediante la adopción de decisiones preventivas;

10.  Considera inaceptable que los requisitos de aprobación para los protectores o sinergistas aún no se hayan aplicado, en contra de lo que establece el artículo 25 del Reglamento;

11.  Considera inaceptable que la lista negativa de coformulantes aún no se haya aprobado, sobre todo tras la prohibición de las tallowaminas polietoxiladas en combinación con el glifosato, que ha puesto de manifiesto los efectos adversos que determinados coformulantes pueden provocar;

12.  Toma nota de la evaluación REFIT del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 que está llevando a cabo actualmente la Comisión y de que está previsto finalizarla para noviembre de 2018; confía en que sus conclusiones constituirán una base adecuada para que los colegisladores debatan sobre el futuro desarrollo del Reglamento;

13.  Manifiesta su preocupación por el aumento sostenido y los casos detectados de recurso indebido a las autorizaciones de emergencia concedidas al amparo del artículo 53 en algunos Estados miembros; señala que algunos Estados miembros recurren al artículo 53 muchos más que otros; toma nota de la asistencia técnica prestada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) de conformidad con el artículo 53, apartado 2, del Reglamento, para examinar el uso de autorizaciones de emergencia; toma nota de los resultados de la investigación de la EFSA sobre las autorizaciones de emergencia en 2017 de tres neonicotinoides, que mostraban que, mientras algunas autorizaciones de emergencia eran necesarias y se ajustaban a los parámetros establecidos en la legislación, otras no estaban justificadas; considera esencial que los Estados miembros faciliten los datos necesarios para que la EFSA pueda ejercer de forma eficaz su mandato;

14.  Destaca la importancia de que la elaboración de las políticas se base en la ciencia reglamentaria, produciendo pruebas verificables y reproductibles mediante principios científicos acordados a escala internacional por lo que se refiere a aspectos como las directrices, las buenas prácticas de laboratorio y la investigación validada por los homólogos;

15.  Le preocupa que la armonización incompleta de los datos y los requisitos de ensayo en algunos campos científicos se traduzca en la ineficacia de los métodos de trabajo, la falta de confianza entre las autoridades nacionales y los retrasos en el proceso de autorización, lo que puede repercutir negativamente sobre la salud humana y animal, el medio ambiente y la producción agrícola;

16.  Lamenta la limitada disponibilidad pública de información sobre el procedimiento de evaluación y autorización, así como el limitado acceso a la información; lamenta que el nivel de transparencia de los Estados miembros ponentes sea reducido (cuando actúan en el marco del procedimiento de aprobación), sugiere que la accesibilidad y la facilidad de consulta de la información en la fase de actuación de la EFSA pueden mejorarse, y que la transparencia en la fase de gestión del riesgo presente deficiencias y también sea considerada problemática por las partes interesadas; acoge con satisfacción los esfuerzos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) por aumentar la transparencia y la facilidad de consulta a través de su sitio web, y considera que este modelo podría utilizarse en el futuro para mejorar la transparencia;

17.  Destaca que la credibilidad del sistema de autorización de productos fitosanitarios depende en gran medida de la confianza del público en las agencias europeas que facilitan los dictámenes científicos en los que se basan las aprobaciones y la gestión del riesgo; subraya que la transparencia del proceso de evaluación científica es importante para mantener la confianza del público; pide, por consiguiente, que las agencias pertinentes se financien adecuadamente y dispongan del personal necesario para garantizar un proceso de autorización independiente, transparente y oportuno; celebra, asimismo, los continuos esfuerzos de la EFSA por mejorar el sistema que garantiza su independencia y la gestión de potenciales conflictos de intereses, que fue alabado por el Tribunal de Cuentas por tratarse del sistema más avanzado de las agencias auditadas en 2012 y que ha sido actualizado recientemente, en junio de 2017; pide a la Comisión que proponga mejoras para aumentar aún más la transparencia del proceso de reglamentación, incluido el acceso a los datos de los estudios sobre seguridad presentados por los productores como parte de sus solicitudes para la autorización de comercialización de productos fitosanitarios en la Unión; reconoce la necesidad de revisar el procedimiento utilizado para mejorar las evaluaciones, reforzar la independencia de las autoridades encargadas de llevar a cabo los estudios, evitar conflictos de intereses y reforzar la transparencia del procedimiento;

18.  Pide a la Comisión que cree un catálogo de usos a escala europea, para mejorar la armonización del Reglamento;

19.  Muestra su preocupación por el hecho de que, en algunos casos, los productos fitosanitarios comercializados y su aplicación por los usuarios no se ajusten necesariamente a las condiciones de autorización pertinentes en lo que a su composición y utilización se refiere; hace hincapié en que el uso no profesional debe limitarse cuando sea posible a fin de reducir los usos indebidos;

20.  Subraya la importancia de la formación continua para los usuarios a fin de garantizar el uso adecuado e idóneo de los productos fitosanitarios; considera oportuna la distinción entre usuarios profesionales y aficionados; observa que los productos fitosanitarios se utilizan en jardines privados, en líneas ferroviarias y en parques públicos;

21.  Afirma que el derecho de los Estados miembros a rechazar productos fitosanitarios autorizados no se ve afectado;

22.  Destaca que el Reglamento debe reflejar mejor la necesidad de promover las prácticas agrícolas basadas en la gestión integrada de las plagas, por ejemplo el desarrollo de sustancias de bajo riesgo; subraya que la escasa disponibilidad de productos fitosanitarios de bajo riesgo dificulta el desarrollo de la gestión integrada de plagas; observa con preocupación que solo diez sustancias están aprobadas como productos fitosanitarios de bajo riesgo, de las casi 500 presentes en el mercado de la Unión;

23.  Hace hincapié en que la autorización y la promoción de plaguicidas de bajo riesgo y no químicos constituyen una medida importante para respaldar la gestión de plagas con un uso reducido de plaguicidas; reconoce la necesidad de investigar más estos productos, ya que su composición y funcionamiento son totalmente diferentes de los de los productos convencionales; subraya también la necesidad de contar con mayores conocimientos especializados en la EFSA y las autoridades nacionales para evaluar estas sustancias activas biológicas; destaca que los productos fitosanitarios de origen biológico deben estar sujetos a las mismas evaluaciones rigurosas que las otras sustancias; en consonancia con su Resolución de 15 de febrero de 2017 sobre los plaguicidas de bajo riesgo de origen biológico, pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa específica para modificar el Reglamento (CE) n.° 1107/2009 con vistas a establecer un proceso rápido de evaluación, autorización y registro de plaguicidas de bajo riesgo, al margen de la revisión general en relación con la iniciativa REFIT;

24.   Considera que el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 también debe adaptarse para tener mejor en cuenta las sustancias que no se consideran productos fitosanitarios y que, cuando se utilizan para la protección de las plantas, se rigen por ese mismo Reglamento; observa que dichas sustancias constituyen alternativas interesantes en cuanto a los métodos de producción integrados y a determinados productos de control biológico;

25.  Hace hincapié en que debe prestarse especial atención y apoyo a los productos fitosanitarios para usos menores, ya que actualmente hay pocos incentivos económicos para que las empresas desarrollen tales productos; celebra la creación del dispositivo de coordinación de usos menores como un foro para mejorar la coordinación entre los Estados miembros, las organizaciones de productores y la industria en el desarrollo de soluciones para usos menores;

26.  Subraya que muchos productos fitosanitarios autorizados llevan más de 15 años sin ser evaluados con arreglo a las normas de la Unión, como consecuencia de retrasos del procedimiento de autorización;

27.  Destaca la importancia de crear un marco reglamentario favorable a la innovación que permita la sustitución de los agentes químicos más antiguos por productos fitosanitarios nuevos y mejores; subraya la importancia de disponer de una amplia gama de productos fitosanitarios con diferentes mecanismos de acción para evitar el desarrollo de resistencias y mantener la efectividad de la aplicación de los productos fitosanitarios;

28.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que aún no se haya consolidado la armonización de las orientaciones;

29.  Pone de relieve que la falta de orientaciones o su carácter incompleto son deficiencias graves que tienen consecuencias negativas para la aplicación del Reglamento y, por tanto, para la consecución de sus objetivos;

30.  Resalta que los documentos de orientación existentes no son jurídicamente vinculantes, lo que crea incertidumbre jurídica para los solicitantes y pone en entredicho los resultados de las evaluaciones realizadas en el marco de los procedimientos de aprobación;

31.  Acoge con satisfacción el concepto de sistema de zonas y su objetivo de facilitar la autorización eficaz de los productos fitosanitarios; considera que el procedimiento de reconocimiento mutuo es esencial para compartir la carga de trabajo y ayudar a que se cumplan los plazos; lamenta los problemas de aplicación relacionados con el principio de reconocimiento mutuo; pide a la Comisión que trabaje con los Estados miembros para mejorar el funcionamiento del sistema de zonas; subraya que la plena aplicación de la legislación existente debe tener por objeto evitar la duplicación del trabajo y poner nuevas sustancias a disposición de los agricultores sin demoras innecesarias;

32.  Subraya la necesidad de intercambiar conocimientos y adquirir competencias en relación con las alternativas a los plaguicidas químicos y la gestión integrada de plagas, incluida la identificación de la rotación de cultivos óptima para la situación comercial y climática de los agricultores; observa, además, que esto ya se ha previsto en el Reglamento horizontal de la PAC, en particular los servicios de asesoramiento agrícola financiados en el marco del desarrollo rural;

33.  Manifiesta su preocupación por el reducido número de nuevas sustancias que han sido aprobadas ; subraya la importancia de una «caja de herramientas» adecuada de productos fitosanitarios para que los agricultores puedan garantizar el suministro de alimentos de la Unión;

34.  Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en recientes debates, se está cuestionando cada vez más el actual sistema de evaluación científica de la Unión para los productos fitosanitarios; hace hincapié en la importancia de mantener y reforzar aún más un sistema científicamente sólido, objetivo y basado en pruebas revisadas por homólogos y derivadas de un enfoque científico abierto, independiente, holístico y multidisciplinar para la autorización de cualquier sustancia activa, en consonancia con los principios de análisis de riesgos y de cautela de la Unión, tal como se establece en el Reglamento general de la legislación alimentaria; insiste en que el procedimiento para la renovación de la aprobación de cualquier sustancia activa debe tener en cuenta el uso efectivo de los productos fitosanitarios y los avances científicos y tecnológicos; señala que las complejidades del actual sistema de evaluación y autorización provocan el incumplimiento de los plazos previstos y podrían apuntar al mal funcionamiento general de todo el sistema; destaca, por tanto, la necesidad de revisar y simplificar ese régimen;

35.  Destaca el desequilibrio en el número de solicitudes entre algunos Estados miembros de la misma zona y de tamaño y condiciones agrícolas similares;

36.  Considera que los productos importados de fuera de la Unión que han sido cultivados utilizando productos fitosanitarios deben someterse a los mismos criterios estrictos a los que se someten los productos producidos dentro de la Unión; manifiesta su preocupación por que, en la elaboración de productos importados, puedan utilizarse productos fitosanitarios no registrados en la Unión;

Recomendaciones

37.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación efectiva del Reglamento en sus cometidos respectivos dentro de los procedimientos de aprobación y autorización;

38.  Pide a los Estados miembros que mejoren la grave y crónica falta de personal en las autoridades nacionales competentes, que ocasiona retrasos en la fase de identificación de peligros y de evaluación inicial de riesgos realizada por los Estados miembros;

39.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la prórroga del periodo de validez de la aprobación durante el procedimiento, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento, no se utilizará para las sustancias activas que sean mutágenas, carcinógenas o tóxicas para la reproducción y, por lo tanto, pertenezcan a las categorías 1A o 1B, ni para las sustancias activas que presenten propiedades de alteración endocrina y sean perjudiciales para los seres humanos o los animales, como ocurre actualmente con sustancias como la flumioxazina, el thiacloprid, el clortoluron y la dimoxiestrobina(12);

40.  Se ha de prohibir inmediatamente el uso de las sustancias activas que sean mutágenas, carcinógenas o tóxicas para la reproducción y, por lo tanto, pertenezcan a las categorías 1A o 1B, y de las sustancias activas con propiedades de alteración endocrina y perjudiciales para los seres humanos o los animales que ya hayan obtenido una o varias prórrogas del periodo de validez de la aprobación durante el procedimiento, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento;

41.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan que la protección de la salud humana y animal y del medio ambiente son objetivos clave de la legislación, mejorando al mismo tiempo la producción agrícola y salvaguardando la competitividad del sector agrícola;

42.  Pide a la industria que aporte todos los datos y estudios científicos en un formato electrónico uniforme y legible por máquina a los Estados miembros ponentes y a las agencias de la Unión; pide a la Comisión que desarrolle un modelo armonizado para la presentación de datos, a fin de facilitar el intercambio de datos entre Estados miembros en todas las fases del proceso; reconoce que estos datos deben tratarse siguiendo los criterios de la protección de datos y la legislación sobre propiedad intelectual de la Unión;

43.  Pide a los Estados miembros que apliquen de manera estricta el artículo 9 del Reglamento sobre admisibilidad de las solicitudes y que solo acepten solicitudes completas para la evaluación de la sustancia activa;

44.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, siguiendo las orientaciones armonizadas existentes, velen por la aplicación plena y uniforme de los criterios de exclusión por razón del peligro de las sustancias y que se aseguren de que solo se evalúe el riesgo de las sustancias si se acredita que estas no presentan propiedades peligrosas (que justifican la exclusión), como requiere el Reglamento;

45.  Pide a la Comisión que, finalmente, aplique las disposiciones sobre coformulantes, protectores y sinergistas, que elabore una lista de coformulantes inaceptables y normas para que se analicen los protectores y sinergistas a escala de la Unión, y que garantice que solo las sustancias químicas que cumplan los criterios de aprobación de la Unión puedan comercializarse;

46.  Celebra la interpretación de la Comisión del principio de cautela, según se expresa en la evaluación REFIT del Reglamento general de legislación alimentaria(13), en concreto de que no se trata de una alternativa al enfoque de gestión de riesgos, sino de una forma concreta de gestión de riesgos; recuerda que la jurisprudencia de la Unión también respalda esta postura(14);

47.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, cuando actúen como gestores del riesgo en los procedimientos de aprobación y autorización, apliquen debidamente el principio de cautela y presten especial atención a la protección de grupos vulnerables de la población tal y como se los define en el artículo 3, apartado 14, del Reglamento;

48.  Pide a la Comisión, a las agencias y las autoridades competentes que examinen y mejoren su comunicación relativa a los procedimientos de evaluación de riesgos y las decisiones sobre gestión de riesgos a fin de mejorar la confianza pública en el sistema de autorización;

49.  Pide a los Estados miembros que apliquen mejor los procedimientos nacionales de autorización a fin de limitar las excepciones y las prórrogas en virtud del artículo 53 del Reglamento a situaciones de emergencia real; pide a la Comisión que utilice plenamente sus derechos de control en virtud del artículo 53, apartados 2 y 3; pide, además, a los Estados miembros que cumplan plenamente con su obligación de informar a otros Estados miembros y a la Comisión según lo establecido en el artículo 53, apartado 1, en particular en lo que se refiere a las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de los usuarios, los grupos vulnerables y los consumidores;

50.  Pide a la Comisión que ponga a punto métodos para determinar cuándo procede aplicar determinadas excepciones, en particular en lo que se refiere a la «exposición insignificante» o al «riesgo grave fitosanitario», sin modificar la letra o el espíritu de la ley; advierte a la Comisión de que cualquier reinterpretación del término «exposición insignificante» por «riesgo insignificante» iría en contra de la letra y el espíritu de la ley;

51.  Pide más inversión de la Comisión y de los Estados miembros para incentivar las iniciativas de investigación en relación con las sustancias activas —incluidas las sustancias de bajo riesgo biológico— y con los productos fitosanitarios en el ámbito de Horizonte Europa y el marco financiero plurianual 2021-2027; subraya la importancia de un marco normativo sobre productos fitosanitarios a escala de la Unión que proteja el medio ambiente y la salud humana pero también promueva la investigación y la innovación destinadas a desarrollar unos productos fitosanitarios eficaces y seguros asegurando a un tiempo unas prácticas agrícolas y una gestión integrada de plagas sostenibles; destaca que se necesita una amplia variedad de herramientas seguras y efectivas para proteger la fitosanidad; destaca el potencial de las técnicas de la agricultura de precisión y la innovación tecnológica pueden para ayudar a los agricultores europeos a optimizar de forma más especializada y sostenible el control de plagas;

52.  Pide a la Comisión que limite estrictamente el uso del procedimiento de la información confirmatoria a su finalidad, tal como se establece en el artículo 6, letra f, del Reglamento, en concreto cuando se establezcan nuevos requisitos durante el proceso de evaluación o como resultado de nuevos conocimientos científicos y técnicos; subraya que es importante que los expedientes estén completos para las aprobaciones de sustancias activas; lamenta que el procedimiento de excepción por información confirmatoria haya llevado a permanecer en el mercado durante un período de tiempo prolongado a productos fitosanitarios que, de otro modo, habrían estado prohibidos;

53.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen la transparencia general de los procedimientos, incluso aportando actas detalladas sobre los debates en comité entre responsables políticos y sus respectivas posiciones, en particular explicando y justificando las decisiones del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos (Comité PAFF);

54.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una mayor coherencia del Reglamento y su aplicación con la legislación y las políticas conexas de la Unión, en particular con la Directiva relativa al uso sostenible de los plaguicidas y que ofrezcan incentivos, por ejemplo poniendo a disposición suficientes recursos, que fomenten y estimulen a corto plazo el desarrollo y el uso de alternativas seguras y no tóxicas a los productos fitosanitarios; observa que el marco reglamentario no tiene en cuenta el impacto inevitable sobre especies no objetivo, en especial sobre las abejas y otros polinizadores e insectos que son beneficiosos para la agricultura por ser depredadores de plagas; señala el reciente estudio científico que ilustra el «apocalipsis de los insectos» con la extinción de un 75 % de los insectos voladores a nivel regional en Alemania, incluso en reservas naturales donde no se utilizó ningún plaguicida en la agricultura; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una mayor coherencia de la PAC con la legislación relativa a los productos fitosanitarios, en particular manteniendo las obligaciones en virtud del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 y la Directiva 2009/128/CE en la lista de requisitos legales de gestión (RLG 12 y RLG 13), tal como propone la Comisión en la propuesta de Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC(15);

55.  Pide a los Estados miembros que garanticen el cumplimiento efectivo del Reglamento, en especial en lo que se refiere a los controles de los productos fitosanitarios comercializados en la Unión, con independencia de que se hayan producido en esta o se hayan importado de terceros países;

o
o   o

56.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 309 de 24.11.2009, p. 1.
(2) DO L 70 de 16.03.2005, p. 1.
(3) DO L 353 de 31.12.2008, p. 1.
(4) DO L 309 de 24.11.2009, p. 71.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0042.
(6) https://www.ombudsman.europa.eu/en/decision/en/64069
(7) http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/615668/EPRS_STU(2018)615668_EN.pdf
(8) COM(2018)0179.
(9) ANSES: agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Francia) — Conclusiones de 2018.
(10) DO L 324 de 10.12.2009, p. 1.
(11) Fuente: Datos basados en la información y las conclusiones de la evaluación de la ejecución a escala europea, estudio EPRS de abril de 2018, p. 36 y II-33.
(12) https://www.foodwatch.org/fileadmin/foodwatch.nl/Onze_campagnes/Schadelijke_stoffen/Documents/Rapport_foodwatch_Ten_minste_onhoudbaar_tot.pdf
(13) SWD(2018)0038.
(14) Por ejemplo, la sentencia del Tribunal General de 9 de septiembre de 2011, República Francesa contra Comisión Europea, T-257/07, ECLI:EU:T:2011:444.
(15) Propuesta de Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC - COM(2018)0392.

Última actualización: 10 de julio de 2019Aviso jurídico