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Textos aprobados
Martes 17 de abril de 2018 - EstrasburgoEdición definitiva
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Líbano: participación del Líbano en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA) ***
 Acuerdo de colaboración en el sector pesquero UE-Mauricio: posibilidades de pesca y contrapartida financiera ***
 Acuerdo UE-Noruega sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas ***
 Estrategia europea para la promoción de las proteaginosas
 Inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030 ***I
 Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París ***I
 Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas ***I
 Eficiencia energética de los edificios ***I
 Aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente
 Igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión
 Capacitación de mujeres y niñas a través del sector digital
 Ejecución del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, del Instrumento de Ayuda Humanitaria y del Fondo Europeo de Desarrollo
 Mejora de la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo
 Refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión

Acuerdo de cooperación científica y tecnológica UE-Líbano: participación del Líbano en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA) ***
PDF 239kWORD 42k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y la República Libanesa por el que se establecen las condiciones de la participación de la República Libanesa en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA) (11967/2017 – C8-0344/2017 – 2017/0199(NLE))
P8_TA(2018)0092A8-0352/2017

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (11967/2017),

–  Visto el proyecto de acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y la República Libanesa por el que se establecen las condiciones de la participación de la República Libanesa en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región del Mediterráneo (PRIMA) (11928/2017),

–  Vista la Decisión (UE) 2017/1324 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2017, sobre la participación de la Unión Europea en la Asociación para la Investigación e Innovación en la Región Mediterránea (PRIMA), emprendida conjuntamente por varios Estados miembros(1),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 186 y con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0344/2017),

–  Vistos el artículo 99, apartado 1 y apartado 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (A8-0352/2017),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República Libanesa.

(1) DO L 185 de 18.7.2017, p. 1.


Acuerdo de colaboración en el sector pesquero UE-Mauricio: posibilidades de pesca y contrapartida financiera ***
PDF 314kWORD 42k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República de Mauricio (12476/2017– C8-0445/2017 – 2017/0223(NLE))
P8_TA(2018)0093A8-0053/2018

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12476/2017),

–  Visto el Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera establecidas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República de Mauricio (12479/2017),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 43 y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), así como con el artículo 218, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0445/2017),

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vistas la recomendación de la Comisión de Pesca y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A8-0053/2018),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Protocolo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de la República de Mauricio.


Acuerdo UE-Noruega sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas ***
PDF 236kWORD 41k
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración de un Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Noruega sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas (13357/2017 – C8-0434/2017 – 2017/0259(NLE))
P8_TA(2018)0094A8-0126/2018

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

–  Visto el proyecto de Decisión del Consejo (13357/2017),

–  Visto el proyecto de Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Noruega sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas (13471/2017),

–  Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el artículo 207, apartado 4, párrafo primero, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8‑0434/2017),

–  Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento interno,

–  Vista la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional (A8-0126/2018),

1.  Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y del Reino de Noruega.


Estrategia europea para la promoción de las proteaginosas
PDF 206kWORD 56k
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre una estrategia europea para la promoción de las proteaginosas: fomentar la producción de proteínas y leguminosas en el sector agrícola europeo (2017/2116(INI))
P8_TA(2018)0095A8-0121/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre el déficit de proteínas en la UE: búsqueda de soluciones para un antiguo problema(1),

–  Vistos el proyecto de la Comisión de 14 de septiembre de 2016 de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, denominado «Ómnibus» (COM(2016)0605), relativo a las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y la enmienda al objeto de incluir una solicitud a la Comisión para que elabore un «plan para las proteaginosas» a más tardar a finales de 2018(2),

–  Vista la Declaración europea sobre la soja, presentada el 12 de junio de 2017 al Consejo de Agricultura por Alemania y Hungría, y firmada después por catorce Estados miembros(3),

–  Vista la Decisión del Consejo 93/355/CEE, de 8 de junio de 1993, relativa a la celebración de un memorándum de acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y Estados Unidos de América sobre determinadas oleaginosas en el marco del GATT(4),

–  Visto el documento titulado «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible», adoptado el 25 de septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en particular sus objetivos de desarrollo sostenible 2, 12 y 15,

–  Vista la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas durante su sesión n.º 68 de proclamar oficialmente el año 2016 como Año Internacional de las Legumbres, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)(5),

–  Visto el estudio encargado por el Departamento de Política B del Parlamento a petición de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, titulado «The environmental role of protein crops in the new Common Agricultural Policy»(6) (La función medioambiental de las proteaginosas en la nueva PAC),

–  Vista la audiencia celebrada en el Parlamento sobre la mejora del abastecimiento de proteaginosas en Europa,

–  Vista la Declaración sobre la soja del Danubio, de 19 de enero de 2013,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8‑0121/2018),

A.  Considerando que la Unión Europea adolece de un importante déficit de proteínas vegetales a causa de las necesidades del sector de la ganadería, que depende de las importaciones de piensos de terceros países, una situación en la que, lamentablemente, las mejoras han sido escasas pese a las múltiples intenciones e iniciativas anunciadas al respecto desde hace más de quince años y a la utilización en piensos de productos derivados de la producción de biocombustibles; que la situación de la Unión en estos momentos, caracterizada por la importación de proteínas vegetales (principalmente soja) de América del Sur, resulta insostenible y evidencia que hemos de actuar de manera más decidida, en particular para mejorar la sostenibilidad de estas importaciones;

B.  Considerando que es crucial reducir la enorme dependencia de la Unión de las importaciones de proteaginosas, que se destinan principalmente a piensos; que, además del impacto ambiental en las regiones productoras de soja, la situación actual conlleva importantes riesgos en especial para el sector ganadero de la Unión a causa del considerable aumento de la volatilidad de los precios en los mercados internacionales;

C.  Considerando que el Parlamento Europeo se ha manifestado en varias ocasiones en relación a las proteínas y la necesidad de establecer un plan para las proteaginosas europeo sin que sus iniciativas hayan tenido consecuencias efectivas que auguren un cambio en la dependencia europea de terceros países en lo que al abastecimiento de proteínas vegetales respecta;

D.  Considerando que, a raíz de la crisis de la EEB, se impuso de manera justificada la prohibición a nivel europeo del uso de harina animal en piensos(7), pero que ello ha provocado un fuerte aumento de la importación de soja procedente de América Latina;

E.  Considerando que, en consecuencia, la Unión solo consagra el 3 % de las tierras de cultivo a las proteaginosas e importa más del 75 % de su abastecimiento de proteínas vegetales, principalmente procedentes de Brasil, Argentina y los Estados Unidos;

F.  Considerando que los sectores ganaderos de la Unión son sumamente vulnerables a la volatilidad de los precios y a las distorsiones de la competencia y dependen de la importación de proteínas vegetales asequibles y de elevada calidad, lo que representa un auténtico desafío para las explotaciones europeas;

G.  Considerando que las proteaginosas europeas generan subproductos oleaginosos que pueden contribuir a la economía circular y ser de importancia para el consumo humano, las energías renovables o la producción de sustancias químicas ecológicas; que la producción simultánea en Europa de proteínas y subproductos permite reducir las importaciones tanto de proteínas modificadas genéticamente como de biocombustibles que fomentan la deforestación;

H.  Considerando que el problema de las proteínas vegetales utilizadas en piensos ha sido en demasiadas ocasiones estudiado centrándose en las materias ricas en proteínas y relacionándolo con nuestro déficit en proteínas vegetales y la búsqueda de materias primas destinadas a complementar la dieta del ganado;

I.  Considerando que la cuestión de la proteína vegetal en Europa requiere un análisis más detenido de la cuestión, a fin de dotarse de una estrategia a largo plazo y conseguir el mayor número de instrumentos a nuestro alcance para actuar más eficazmente en la reducción de nuestra dependencia de las proteínas vegetales importadas; que dicha estrategia constituye un instrumento en la transición hacia sistemas agroalimentarios y agrícolas más sostenibles;

J.  Considerando que las proteínas, al igual que la energía, son un componente esencial e indispensable de nuestra alimentación y pueden aportarse en forma vegetal o animal;

K.  Considerando que las proteínas vegetales son un aspecto fundamental de los desafíos en materia de seguridad y soberanía alimentaria (tanto para alimentos como para piensos), la protección del medio ambiente, el cambio climático y las energías renovables; que son indispensables para la vida y están presentes en todos los alimentos consumidos, tanto por el hombre como por los animales;

L.  Considerando que, de 1994 a 2014, la producción total europea de materia rica en proteínas pasó de 24,2 a 36,3 millones de toneladas (+ 50 %), pero el consumo total pasó de 39,7 a 57,1 millones de toneladas (+ 44 %); que el déficit de proteínas global de la Unión (20,8 millones de toneladas en 2014) va, pues, en aumento; que el mercado mundial de las proteínas vegetales, asociado al de la soja y la soja triturada, ha registrado en los últimos cincuenta años una evolución considerable, y que el consumo de estas materias primas ha experimentado un gran auge en todos los Estados miembros, habiendo pasado el consumo de soja de 2,42 millones de toneladas en 1960 a casi 36 millones en la actualidad; que el sector ganadero de la Unión depende en gran medida de las importaciones de soja y soja triturada procedentes de terceros países, en especial de América del Sur; que la demanda de soja dentro de la Unión ocupa una superficie de casi quince millones de hectáreas, trece de los cuales se sitúan en América del Sur;

M.  Considerando que el cultivo de proteaginosas aporta un considerable valor añadido al medio ambiente, que no se ve amenazado por el uso asociado de productos fitosanitarios;

N.  Considerando que, en los últimos años, China se ha convertido en el mayor importador mundial de soja y ha puesto en marcha su propia estrategia, opaca y sin ambages, de protección de sus suministros que, al margen de los mecanismos clásicos de mercado, se basa en contratos de producción con el mayor proveedor de soja del mundo, que es Brasil, y en enormes inversiones en este país, a costa del medio ambiente, en las infraestructuras de producción, transformación (triturado) y transporte portuario; que esta estrategia de internacionalización del sector agroindustrial chino podría tener repercusiones en el actual abastecimiento de soja y semillas oleaginosas de la Unión, que también es un cliente importante de Brasil, así como comprometer la estabilidad de los mercados de esta;

O.  Considerando que la mayoría de la soja importada, en particular de América, procede de cultivos modificados genéticamente y que los consumidores europeos desconfían de esta técnica; que van en aumento tanto el interés por los productos locales sin OMG como la preocupación que suscita la huella de carbono de las importaciones; que, en la Unión, son muchos los productores y transformadores de soja, productores de piensos, representantes de la industria de la alimentación (productores de carne, leche, huevos y otros usuarios de soja), cadenas comerciales e instituciones correspondientes de todo tipo que son partidarios de los sistemas sostenibles certificados de producción de soja sin OMG;

P.  Considerando que, a fin de responder a las necesidades alimentarias de la Unión, la agricultura europea se ha transformado en el marco de la PAC; que la PAC se ha reforzado, y los mercados de productos agrícolas y de materias primas se han abierto, lo que ha desembocado en una mayor dependencia de la Unión de la importación de proteínas vegetales procedentes de América; que la globalización ha resultado en un acercamiento en cuanto a hábitos alimenticios y en la especialización de las explotaciones, lo que ha derivado en importantes movimientos a gran escala de insumos a larga distancia para la producción de proteínas, ya se trate de abonos nitrogenados de síntesis o de materias primas ricas en proteínas para piensos, con repercusiones sobre el medio ambiente y el clima;

Q.  Considerando que la producción de proteaginosas, en especial de soja, importadas para la producción de piensos es uno de los principales factores de cambio de uso de la tierra y contribuye de forma considerable a la deforestación global en numerosas regiones de terceros países; que el aumento del cultivo de proteaginosas en Europa puede suponer un importante complemento a las medidas para el fomento de cadenas de suministro de productos agrícolas que no acarreen deforestación; que la lucha contra el desafío mundial de la deforestación y la degradación forestal ha adquirido aún más importancia a raíz de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del Acuerdo de París sobre cambio climático;

R.  Considerando que el nitrógeno necesario para la alimentación de las plantas y la producción de proteínas vegetales, a excepción de las leguminosas, proviene en la actualidad principalmente de los abonos nitrogenados de síntesis, los cuales, además de que su producción resulta cara y consume mucha energía, contaminan las fuentes tanto de agua como de aire y dejan una marcada huella ecológica al emplear grandes cantidades de combustibles fósiles durante su proceso de producción; que esto no ayuda a la consecución del objetivo de la economía circular y de un uso más eficiente nuestros recursos y flujos de residuos; que, en estas condiciones, es importante replantearse la cuestión de las proteínas, desde la fase de producción hasta la de consumo, en términos de rendimiento productivo y medioambiental, y ello cerrando mejor el ciclo del nitrógeno, en particular la utilización y obtención de abonos orgánicos nitrogenados, como los obtenidos a partir del reciclado de nutrientes de flujos de residuos orgánicos, por ejemplo el estiércol animal;

S.  Considerando que, para reducir la dependencia de la Unión de las importaciones de proteínas vegetales, resulta necesario centrarse no solo en los cultivos ricos en proteínas que satisfacen las necesidades de rumiantes y no rumiantes, sino también en todos aquellos cultivos (superficies forrajeras y de pastos incluidas) que, pese a contener menos proteínas, ocupan importantes áreas en toda la Unión; que el pastoreo de rumiantes en pastizales ofrece muchas ventajas, entre ellas la reducción de los costes de los insumos agrícolas;

T.  Considerando que la producción de proteínas vegetales no experimentará ningún aumento si no se mejora la rentabilidad de las proteaginosas y que la ejecución de un plan estratégico, eficaz y ambicioso en materia de abastecimiento de proteínas vegetales resulta actualmente necesaria para brindar apoyo al desarrollo sostenible de la agricultura europea; que un plan de este tipo exige la movilización de diversas políticas de la Unión, y en primer lugar de la PAC;

U.  Considerando que, en los últimos decenios, la Unión ha recurrido a tres palancas de acción principales para apoyar el objetivo de independencia proteínica europea, a saber, las ayudas no disociadas voluntarias a las proteaginosas y las oleaginosas, la política europea en materia de biocombustibles y la condicionalidad del 30 % de las ayudas directas, introducida por la última reforma de la PAC en relación con la aplicación de medidas de ecologización, incluidas la obligación de consagrar el 5 % de las tierras de cultivo a superficies de interés ecológico y la decisión de permitir en ellas el cultivo de plantas fijadoras de nitrógeno y cultivos intermedios;

V.  Considerando que el interés por parte de los agricultores en los cultivos fijadores de nitrógeno y ricos en proteínas ha aumentado considerablemente debido a que estos les facilitan el cumplimiento de los requisitos impuestos por la política de ecologización, y que este interés alentará a los obtentores a reanudar o intensificar su actividad en relación con dichos cultivos;

W.  Considerando que, en el periodo 2000‑2013, las medidas establecidas por la PAC no consiguieron por sí solas invertir la tendencia al retroceso o el estancamiento de la producción de proteínas en Europa, pero que, a partir de 2013, la combinación de esas ayudas con la medida de ecologización que permite el cultivo de proteaginosas en superficies de interés ecológico ha disparado la producción de proteaginosas en la Unión;

X.  Considerando que el acuerdo político alcanzado en 2013 sobre la PAC por el Parlamento, el Consejo y la Comisión contempla la posibilidad de cultivar especies fijadoras de nitrógeno en superficies de interés ecológico;

Y.  Considerando que hay estudios que revelan que los fabricantes de piensos añaden con frecuencia más proteínas a sus productos de las que se consideran necesarias y que una determinación más precisa del contenido proteínico necesario para el animal en cuestión puede aportar ventajas en términos de eficiencia;

Z.  Considerando que, debido al bajo porcentaje de cultivos de proteaginosas en la Unión, está menguando en esta el número de programas de investigación sobre proteínas vegetales y, en paralelo, la formación, la innovación y la adquisición de experiencia práctica; que se debe aumentar la eficacia de la innovación y reforzar la política de investigación en materia de proteínas, pero que esto solo dará frutos si cuenta con el respaldo de compromisos políticos que vayan de medio a largo plazo; que la política de investigación en materia de proteínas debe asimismo abarcar los cultivos domésticos de leguminosas adaptados a las condiciones locales;

AA.  Considerando que apoyar las actividades de mejora vegetal revestirá importancia para la obtención de nuevas variedades de proteaginosas que puedan contribuir a aumentar la producción de proteínas en la Unión; que para la eficacia de dichas actividades resulta necesario disponer de una política de investigación duradera con una dotación financiera suficiente, así como de un marco normativo adecuado que fomente la innovación;

AB.  Considerando que la Comisión ya ha financiado, o está en proceso de financiar, una serie de proyectos importantes, incluidos los comprendidos en el epígrafe «SFS‑44‑2016: A joint plant breeding programme to decrease the EU's and China's dependency on protein imports» (SFS‑44‑2016: Programa conjunto de mejora vegetal para reducir la dependencia de la Unión y China de las importaciones de proteínas); que se deben garantizar la comunicación, la difusión y el aprovechamiento adecuados de los resultados de tales proyectos, a fin de que las futuras decisiones estratégicas adoptadas en este ámbito se basen en datos empíricos;

AC.  Considerando que el coste de la soja prácticamente se ha duplicado en términos reales desde 2007;

1.  Considera que ha llegado el momento de poner en práctica un plan estratégico europeo de calado para la producción y el abastecimiento de proteínas vegetales basado en el desarrollo sostenible de los cultivos presentes en toda la Unión; estima por otra parte que este cambio implica una modificación sustancial de nuestros sistemas de producción para responder a las necesidades de subsistencia de los agricultores y a las exigencias de la economía circular y la producción agrícola sostenible sobre la base de principios como la agroecología y otras prácticas respetuosas del medio ambiente, lo que incluye estrategias de alimentación de rumiantes con bajos insumos basadas en pastos permanentes y pastos temporales en tierras cultivables;

2.  Pide a la Comisión que tome medidas inmediatas con objeto de evitar cualquier reducción del nivel actual de producción de proteaginosas, teniendo debidamente en cuenta los beneficios medioambientales derivados del cultivo tradicional de especies fijadoras de nitrógeno en superficies de interés ecológico;

3.  Señala que las proteaginosas pueden ser beneficiosas para el medio ambiente gracias a su capacidad de fijar el nitrógeno atmosférico; añade que entre los beneficios que de ello se derivan están un menor uso de fertilizantes basados en combustibles fósiles, la mejora de la calidad y fertilidad del suelo, y, en el caso de la rotación, la disminución de los niveles de enfermedad provocados por el monocultivo ininterrumpido, y la protección y el refuerzo de la biodiversidad; hace por otra parte hincapié en que la fijación biológica de nitrógeno mediante estos cultivos puede ayudar a reducir los costes de los insumos y los posibles perjuicios medioambientales ligados al uso excesivo de abonos;

4.  Pide que, con el apoyo del Observatorio del Mercado de los Cultivos Herbáceos de la UE, se establezca una plataforma europea que permita identificar las superficies destinadas a proteínas con el tipo de cultivo y su localización, desarrollar referencias técnicas accesibles a todos los agricultores, establecer la capacidad en cuanto a producción de proteínas al objeto de facilitar la comercialización, y hacer un catálogo de toda la investigación, pública y privada, en materia de proteínas;

5.  Recomienda centrarse en todas las fuentes proteínicas vegetales, por ende en los cultivos vinculados tanto con la alimentación humana como con la del ganado, y en el apoyo normativo para la obtención y comercialización de nuevas proteínas vegetales; considera, por otra parte, que la investigación en cuanto a fuentes alternativas de proteínas ha de acrecentarse;

6.  Es consciente de que la producción de soja en América del Sur es uno de los principales factores de cambio de uso de la tierra y fuente de múltiples problemas ecológicos, como la contaminación de las aguas subterráneas con plaguicidas, el agotamiento de los recursos hídricos y la deforestación, que desembocan en una pérdida devastadora de biodiversidad; reconoce que la producción de soja tiene consecuencias negativas tanto sociales como en lo que a la salud respecta en los países productores, las cuales se ven agravadas por la debilidad de los derechos de tenencia de tierras, el acaparamiento de tierras, las expulsiones forzadas y otros abusos de los derechos humanos;

7.  Recuerda que la crisis de la EEB de los años noventa y la prohibición de utilizar proteínas animales transformadas en los piensos, tal como se recoge en el Reglamento (CE) n.º 999/2001, han incrementado la demanda de proteínas de origen vegetal en Europa; señala que en el sector piscícola europeo se utilizan fuentes alternativas de proteínas para piensos, como por ejemplo la harina de pescado;

Objetivos múltiples del plan

8.  Considera que este plan debe maximizar la producción sostenible de biomasa en la superficie agrícola pertinente mediante la obtención de cubiertas vegetales permanentes, una parte de las cuales puede destinarse al suministro proteínico;

9.  Estima necesario insistir más en el potencial que encierran los cultivos de leguminosas —tanto semillas como piensos—, dado que esta familia tiene varias características positivas desde el punto de vista agrícola, económico y medioambiental, y ante todo la ventaja fundamental de fijar el nitrógeno atmosférico mediante un sistema de simbiosis, por lo que no necesita tantos abonos nitrogenados de síntesis y le basta con muy poco plaguicida; subraya que tras las leguminosas la estructura del suelo está en buenas condiciones para el siguiente cultivo gracias al nitrógeno que dejan, capaz de aumentar el rendimiento entre un 10 y un 20 %; señala que la rotación redunda en la mejora de la calidad del suelo, la reducción de los niveles de enfermedad y el fomento de la biodiversidad;

10.  Destaca asimismo que en los sistemas de rotación de cultivos que incorporan leguminosas se interrumpen los ciclos reproductivos de plagas y patógenos, por lo que se reducen los niveles de enfermedad de las plantas y la necesidad de aplicar plaguicidas; señala que otra ventaja es que, al interrumpir los monocultivos todos los años, también aumenta la biodiversidad;

11.  Recomienda que, en particular en el marco de la PAC, se apoye en la Unión el cultivo de la soja logrando que sea rentable y competitivo, dado que esta, con sus nuevas variedades, ofrece en la actualidad posibilidades inéditas a aquellas regiones en las que pueda adaptarse, pero señala que ello no debe ir en menoscabo del cultivo de otras legumbres proteínicas (altramuces, habas, guisantes, garbanzos, cacahuetes, etc.); considera que esta gran variedad de especies permitiría producir la mayor cantidad posible de proteínas en todas las regiones de Europa en función del clima de cada zona;

12.  Pide que se preste mayor atención a la gestión de los cultivos herbáceos y de trébol, los cuales, por su importancia en términos de superficie, contribuyen en gran medida a colmar las necesidades de proteínas en los piensos (únicamente en el caso de los rumiantes); señala que leguminosas como el trébol pueden crecer bien en pastizales;

13.  Recomienda la reintroducción de proteaginosas como la soja, la alfalfa, las habas o los guisantes y de cultivos como el trébol, la esparceta y otras leguminosas en los sistemas de grandes cultivos y forrajeros;

14.  Estima necesario el fomento de cadenas locales y regionales de producción y transformación de proteínas mediante la creación de grupos de agricultores y el acercamiento de los productores de cultivos herbáceos y los ganaderos (contratos de suministros e intercambios, o construcción de pequeñas y medianas biorrefinerías descentralizadas de proteínas ecológicas) para el intercambio de conocimientos sobre variedades adecuadas de leguminosas, rotaciones y tipos de suelo; considera conveniente, en este sentido, que se apoye, a través de la PAC, a aquellos agentes que asuman riesgos al pasar a formar parte de cadenas de distribución corta de alimentación humana y piensos a base de proteínas; destaca la importancia de los contratos directos entre los ganaderos y los productores de piensos;

15.  Anima a que se promueva la producción de variedades de calidad de proteínas vegetales sin OMG claramente trazables y etiquetadas —tanto por lo que respecta al lugar de producción como en lo relativo a los métodos— ante el creciente interés de los consumidores europeos por los productos sin OMG;

16.  Estima necesario que se apoye una mayor autonomía en materia de piensos de las explotaciones ganaderas a nivel tanto individual como regional en lo que respecta no solo a los rumiantes, sino también a los animales con el estómago compuesto de una única cavidad, en particular mediante la fabricación de piensos en la explotación;

17.  Considera oportuno que se minimicen las pérdidas de las cosechas y los flujos residuales, y se eleve el valor alimenticio, mediante la mejora de los sistemas de recolección, almacenamiento y transformación (secado, envasado, etc.);

18.  Opina que para la mejora de la producción de proteínas vegetales resulta necesario aumentar la rentabilidad de estos cultivos e implantar usos como la rotación de cultivos (con una duración mínima de tres años) y la siembra intercalada en el caso de las leguminosas, y asociar en mayor medida variedades y cultivos en los sectores de producción de legumbres (trébol y colza, guisante y triticale, etc.) y forraje (pasto, trébol, morcajo, etc.), a fin de pasar a un sistema agroalimentario más sostenible apoyando la sustitución de los monocultivos que utilizan un elevado aporte de insumos tanto dentro como fuera de la Unión por un sistema agroecológico diversificado;

19.  Pide que se lleven a cabo trabajos de investigación en lo que respecta a la idoneidad para el uso en la rotación y los cultivos mixtos, la selección de nuevas variedades y especies que brinden flexibilidad a los agricultores para adaptarse al cambio climático, la capacidad de resistencia al estrés, la mezcla de cultivos, la mejora del rendimiento, el contenido en proteínas y la digestibilidad de los piensos (semillas germinadas, colza, etc.), la mejora de la resistencia de las plantas a enfermedades, los mecanismos biológicos de germinación de las malas hierbas en cuanto elemento para su control, el aprovechamiento del forraje y los bioestimulantes; subraya la necesidad de que los agricultores dispongan de una serie de instrumentos, entre los que haya prácticas de gestión, técnicas y productos fitosanitarios, a la hora de combatir las plagas y otros factores que puedan afectar negativamente al rendimiento y crecimiento de la cosecha;

20.  Solicita una fuerte inversión en investigación, en particular en materia de variedades, a fin de mejorar el rendimiento agronómico de estos cultivos, dotar de interés económico a los cultivos de proteaginosas, que pueden salir perdiendo en comparación con los márgenes que proporcionan otros cultivos, obtener más variedades al objeto de garantizar el rendimiento, resolver las cuestiones agronómicas que limitan el cultivo de las proteaginosas, y garantizar unos volúmenes suficientes, lo que resulta indispensable para la estructuración de las cadenas de producción y distribución; subraya que es asimismo necesario obtener proteaginosas que estén más adaptadas al clima europeo, aumentar su valor proteínico y velar por la seguridad de las inversiones al objeto de impulsar la investigación;

21.  Recomienda un mayor uso tanto de la agricultura de precisión, en particular mediante la digitalización, a fin de ajustar lo más posible los insumos para el cultivo y las raciones de pienso al objeto de reducir el desperdicio y determinados tipos de contaminación, como de la eliminación mecánica de malas hierbas;

22.  Pretende favorecer la adquisición de nuevos conocimientos, la transferencia de conocimientos, la formación inicial y continua, y el apoyo a la innovación e investigación aplicada de todo tipo en materia de alimentación tanto humana como animal;

23.  Pide que se apoyen todas las formas de innovación e investigación aplicada poniendo en común experiencias y conocimientos técnicos y basándose, en particular, en los agentes locales que disponen de soluciones innovadoras;

24.  Pide que se apliquen criterios de sostenibilidad a las importaciones de pienso al objeto de garantizar una producción sostenible de proteaginosas en terceros países que no tenga consecuencias perjudiciales para el medio ambiente ni la sociedad;

25.  Destaca el importante papel que puede desempeñar la educación alimentaria en la configuración de la demanda de alimentos; subraya la necesidad de adoptar pautas alimentarias, ya sea a nivel de la Unión o de los Estados miembros, con el objetivo de promover una dieta sana y abordar al mismo tiempo los problemas medioambientales ligados a la producción de alimentos;

26.  Considera indispensable mejorar el apoyo técnico a los agricultores y los servicios de asesoramiento con la finalidad de fomentar la producción sostenible de proteaginosas, ya sean legumbres o de forraje;

Instrumentos del plan

27.  Opina que este plan requiere la movilización y la coordinación de varias políticas de la Unión: la PAC, la política de investigación, las políticas sobre medio ambiente y acción por el clima, la política energética, y las políticas de vecindad y comercial;

28.  Estima que es de importancia para la PAC apoyar el cultivo de proteaginosas a través de distintas medidas, como el pago no disociado voluntario —que, para dar un mayor margen de maniobra, no debería estar restringido a los cultivos y zonas en dificultades— y el componente ecológico, así como mediante el segundo pilar, en particular con medidas agroambientales relativas a la agricultura ecológica y a otras modalidades agrícolas, la calidad de la inversión, el Sistema de asesoramiento a las explotaciones y la formación, sin olvidar la innovación a través de la AEI; subraya que la implantación de un pago no disociado ha impulsado la producción de proteaginosas en algunos Estados miembros;

29.  Considera que se deben extraer importantes lecciones de la reciente prohibición del uso de plaguicidas en superficies de interés ecológico, a pesar de cubrir, en 2016, el 15 % de las tierras de cultivo europeas (8 millones de hectáreas) y de que casi al 40 % de dichas superficies se destina a cultivos fijadores de nitrógeno o intermedios; estima que, en el marco de la movilización general de todos los terrenos agrícolas utilizables prevista en el plan de autonomía en materia de proteínas vegetales, se pueden usar las superficies de interés ecológico para la producción de proteaginosas en la agricultura tanto convencional —recurriendo a la gestión integrada de plagas, teniendo en cuenta que los agricultores que explotan estos cultivos en dichas superficies no siempre tienen la garantía de que vayan a poder reaccionar contra la proliferación de plagas— como ecológica, habida cuenta de que, para sustituir las importaciones de soja en la Unión, en esta debería haber el equivalente a casi 17 millones de hectáreas de cultivo de soja; opina que las superficies de interés ecológico son asimismo indispensables para mejorar la biodiversidad, que se ve amenazada, y nuestra seguridad alimentaria, dado que la biodiversidad, en particular mediante la mejora de la polinización, puede aumentar en torno a un 20 % el rendimiento de los cultivos vecinos, que pueden ser proteaginosas;

30.  Recomienda adecuar las modalidades de ecologización en relación con el mantenimiento de pastos permanentes, de modo que se tengan mejor en cuenta, en determinadas regiones, las características específicas de la alfalfa, sola o mezclada con pasto, en los prados temporarios de más de cinco años, el umbral tras el cual se pasa a la categoría de pastos permanentes con arreglo a la legislación, lo que limita su arada más allá de ese periodo de cinco años, a pesar de que su replantación redundaría en la producción de un gran volumen de proteínas forrajeras con el consiguiente refuerzo de la autonomía proteínica de las explotaciones en cuestión;

31.  Celebra que, en el marco de la revisión del Ómnibus en lo que a la política agrícola común respecta, el Parlamento Europeo haya conseguido revalorizar el coeficiente de conversión de los cultivos fijadores de nitrógeno de 0,7 a 1 como compensación a la prohibición de utilizar plaguicidas en las superficies de interés ecológico;

32.  Considera que una estrategia europea en materia de proteínas debe tener en cuenta el texto refundido de la Directiva sobre las fuentes de energía renovables, el doble aprovechamiento de las proteaginosas, y el papel de sus subproductos, desechos y residuos en la economía circular, así como impulsar tanto la rotación y diversificación de cultivos como el recurso al barbecho con arreglo a las medidas de ecologización de la PAC;

33.  Considera importante que la futura PAC tenga en cuenta nuevas propuestas complementarias para promover el cultivo de proteaginosas, como las que van en el sentido de que en los sistemas de rotación como mínimo trienal de las tierras de cultivo haya un componente leguminoso; subraya en este sentido que en aquellos Estados miembros en los que menudeen las enfermedades de la humedad podría resultar necesario un periodo de rotación más amplio; cree asimismo que reviste especial importancia la creación de un pago ecosistémico que sea más flexible que el componente ecológico, a fin de reconocer las ventajas del cultivo de las leguminosas y oleaginosas para la biodiversidad, en particular en lo que respecta a la alimentación de los polinizadores, dotar de mecanismos de asunción de riesgos a los innovadores, e introducir una subprioridad en materia de proteínas dentro de la política de desarrollo rural;

34.  Insiste en la necesidad de implantar nuevos instrumentos para fomentar el aumento de la oferta de proteínas vegetales, en especial la soja, y velar por una ejecución equitativa entre todos los Estados miembros;

35.  Considera que la investigación sobre el terreno en relación con una estrategia en materia de proteaginosas está fragmentada y dispersa; pide que se redoblen los esfuerzos en materia de investigación y desarrollo, en particular la investigación pública, en el caso de los cultivos proteínicos poco explorados aptos para alimentación humana y animal que revistan escaso o nulo interés para los inversores privados, así como en el de las proteínas alternativas, como los insectos o las algas; solicita asimismo una mayor cooperación entre los centros de investigación públicos y privados; destaca la necesidad de elaborar un marco normativo que respalde los programas de investigación e innovación al objeto de aumentar la producción de proteínas y mejorar su competitividad;

36.  Recomienda aumentar la inversión en aquellos proyectos de investigación agrícola e industrial centrados en la mejora de la calidad y diversidad de las proteínas funcionales destinadas al consumo humano;

37.  Opina que resulta necesario tanto garantizar nuestra autonomía en lo que al abastecimiento de soja respecta mediante una mayor cooperación con los países vecinos como diversificar la sostenibilidad en origen de las proteínas producidas fuera de la Unión, en particular las procedentes de aquellos vecinos de la Unión que han optado por Europa y producen soja que puede ser transportada hasta la Unión por el Danubio; pide que estas importaciones cumplan las mismas normas sociales y medioambientales que han de seguir estas producciones dentro de la Unión y acepta gustosamente los cultivos de soja sin OMG para atender la demanda de los consumidores;

38.  Es consciente de que los actuales usos agrícolas resultan impensables sin la soja, de que esta leguminosa tan importante había, en nuestra historia reciente, prácticamente desaparecido de la agricultura europea, y de que su cultivo ha aumentado de 17 millones de toneladas en 1960 a 319 millones de toneladas en 2015;

39.  Pide que se hagan ajustes al segundo pilar de la PAC tendentes a reconocer y retribuir mejor la contribución de aquellos cultivos que sirven de alimento a los polinizadores en los momentos cruciales de la temporada (plantas de floración temprana en primavera) y el papel que desempeñan en la lucha contra su declive;

40.  Apoya la implantación de sistemas transparentes de etiquetado de productos basados en normas de producción certificadas, como las de Donau Soja y Europe Soya;

41.  Considera que, aunque siga en vigor, el acuerdo de Blair House de 1992 ha quedado desfasado de hecho y no ha de obstaculizar el desarrollo sostenible del cultivo de las proteaginosas en Europa;

o
o   o

42.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO C 199E de 7.7.2012, p. 58.
(2) Véase el informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2012/2002 y los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1305/2013, (UE) n.º 1306/2013, (UE) n.º 1307/2013, (UE) n.º 1308/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, (UE) n.º 223/2014, (UE) n.º 283/2014 y (UE) n.º 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, y la Decisión n.º 541/2014/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (A8-0211/2017).
(3) Secretaría General del Consejo 10055/17, Bruselas, 7 de junio de 2017.
(4) DO L 147 de 18.6.1993, p. 25.
(5) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Año Internacional de las Legumbres: semillas nutritivas para un futuro sostenible.
(6) IP/B/AGRI/IC/2012‑067 (PE495.856).
(7) Reglamento (CE) n.º 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, por la que se establecen normas para la prevención, el control y la erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes (DO L 147 de 31.5.2001, p. 1) .


Inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030 ***I
PDF 246kWORD 54k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático (COM(2016)0479 – C8-0330/2016 – 2016/0230(COD))
P8_TA(2018)0096A8-0262/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0479),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0330/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 14 de diciembre de 2016(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 23 de marzo de 2017(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 20 de diciembre de 2017, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0262/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(3);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su propuesta o sustituirla por otro texto;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 17 de abril de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) n.° 525/2013 ▌y la Decisión n.º 529/2013/UE

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/841.)

(1) DO C 75 de 10.3.2017, p. 103.
(2) DO C 272 de 17.8.2017, p. 36.
(3) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 13 de septiembre de 2017 (Textos Aprobados P8_TA(2017)0339).


Reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París ***I
PDF 246kWORD 47k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros de 2021 a 2030 para una Unión de la Energía resiliente y con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otra información relevante para el cambio climático (COM(2016)0482 – C8-0331/2016 – 2016/0231(COD))
P8_TA(2018)0097A8-0208/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0482),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 192, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0331/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo de 14 de diciembre de 2016(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 23 de marzo de 2017(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 17 de enero de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la Comisión de Transportes y Turismo y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A8-0208/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación(3);

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 17 de abril de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 525/2013

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE) 2018/842.)

(1) DO C 75 de 10.3.2017, p. 103.
(2) DO C 272 de 17.8.2017, p. 36..
(3) La presente Posición sustituye a las enmiendas aprobadas el 14 de junio de 2017 (Textos Aprobados P8_TA(2017)0256).


Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas ***I
PDF 242kWORD 43k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (COM(2017)0481 – C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))
P8_TA(2018)0098A8-0373/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2017)0481),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 224 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0307/2017),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista su Resolución, de 15 de junio de 2017, sobre la financiación de los partidos políticos y las fundaciones políticas a escala europea(1),

–  Previa consulta al Comité de las Regiones,

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 7 de marzo de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y la posición en forma de enmiendas de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0373/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 17 de abril de 2018 con vistas a la adopción del Reglamento (UE, Euratom) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1141/2014 sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, el Reglamento (UE, Euratom) 2018/673.)

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0274.


Eficiencia energética de los edificios ***I
PDF 243kWORD 46k
Resolución
Texto
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios (COM(2016)0765 – C8-0499/2016 – 2016/0381(COD))
P8_TA(2018)0099A8-0314/2017

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

–  Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2016)0765),

–  Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 194, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0499/2016),

–  Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el dictamen motivado presentado por el Senado y la Cámara de Representantes de los Países Bajos, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que afirma que el proyecto de acto legislativo no cumple el principio de subsidiariedad,

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 26 de abril de 2017(1),

–  Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 13 de julio de 2017(2),

–  Vistos el acuerdo provisional aprobado por la comisión competente con arreglo al artículo 69 septies, apartado 4, del Reglamento interno, y el compromiso asumido por el representante del Consejo, mediante carta de 31 de enero de 2018, de aprobar la posición del Parlamento, de conformidad con el artículo 294, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el artículo 59 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0314/2017),

1.  Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2.  Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si sustituye su propuesta, la modifica sustancialmente o se propone modificarla sustancialmente;

3.  Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 17 de abril de 2018 con vistas a la adopción de la Directiva (UE) 2018/... del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética

(Dado que el Parlamento Europeo y el Consejo llegaron a un acuerdo, la posición del Parlamento coincide con el texto del acto legislativo definitivo, la Directiva (UE) 2018/844.)

(1) DO C 246 de 28.7.2017, p. 48.
(2) DO C 342 de 12.10.2017, p. 119.


Aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente
PDF 206kWORD 52k
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre la aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (2017/2030(INI))
P8_TA(2018)0100A8-0059/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2020 «Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»(1) («Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente» o «VII PMA»),

–  Vistos los artículos 191 y 192 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativos a la preservación, la protección y la mejora de la calidad de la salud humana y el medio ambiente,

–   Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP.21 y la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21) de la CMNUCC, celebrada en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,

–   Vistos los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y su naturaleza interconectada e integrada,

–  Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente de diciembre de 2016, titulado «Environmental indicator report 2016 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme» (Informe de indicadores medioambientales 2016 – En apoyo al seguimiento del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente),

–   Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente de noviembre de 2017, titulado «Environmental indicator report 2017 – In support to the monitoring of the 7th Environment Action Programme» (Informe de indicadores medioambientales 2017 – En apoyo al seguimiento del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de febrero de 2017, titulada «Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados» (COM(2017)0063), y vistos los veintiocho informes por país que la acompañan,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 27 de mayo de 2016, titulada «Hacer efectivos los beneficios de las políticas ambientales de la UE mediante la revisión periódica de su aplicación» (COM(2016)0316),

–   Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental (EIR)(2),

–   Vista su Resolución, de 9 de julio de 2015, sobre el uso eficiente de los recursos: avanzar hacia una economía circular(3),

–   Vista su Resolución, de 2 de febrero de 2016, sobre la revisión intermedia de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad(4),

–   Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2017, sobre un plan de acción en pro de la naturaleza, las personas y la economía(5),

–   Vista su Recomendación, de 4 de abril de 2017, al Consejo y la Comisión, a raíz de la investigación sobre la medición de las emisiones en el sector del automóvil(6),

–   Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente titulado «El medio ambiente en Europa: Estado y perspectivas 2015» (SOER 2015),

–   Visto el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de 19 de mayo de 2015, titulado «Estado de la naturaleza en la Unión Europea»,

–  Visto el estudio de evaluación de la aplicación europea, de noviembre de 2017, relativo la revisión intermedia de la aplicación del Séptimo Programa de Acción en materia de Medio Ambiente (2014-2020), elaborado por el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, incluido el estudio que figura como anexo,

–  Vista su Resolución, de 20 de abril de 2012, sobre la revisión del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente y el establecimiento de prioridades para el Séptimo Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente – Un medio ambiente mejor para una vida mejor(7),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de noviembre de 2016, titulada «Próximas etapas para un futuro europeo sostenible: acción europea en favor de la sostenibilidad» (COM(2016)0739),

–   Visto el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2011, titulada «Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos» (COM(2011)0571),

–   Vista la Comunicación de la Comisión, de 29 de noviembre de 2017, titulada «El futuro de los alimentos y de la agricultura» (COM(2017)0713),

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Visto el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0059/2018),

A.  Considerando que el VII PMA establece objetivos jurídicamente vinculantes en los ámbitos del medio ambiente y el cambio climático que tendrán que haberse alcanzado en 2020; que también propone una visión a largo plazo para 2050;

B.  Considerando que el VII PMA no incluye una cláusula de revisión intermedia; que el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria sobre la aplicación del VII PMA brinda la oportunidad de evaluar el progreso de este PMA y formular recomendaciones basadas en constataciones de hecho para la aplicación del actual PMA en lo que le queda de vigencia y de futuros PMA; que este informe no debe limitarse a reiterar problemas ya conocidos, sino que debe centrarse en proponer soluciones para alcanzar los objetivos establecidos en el VII PMA;

C.  Considerando que la Comisión está trabajando en un informe de evaluación que se centrará en la estructura del VII PMA y en la función estratégica que este desempeña; que con ese informe se pretende, entre otros fines, comprobar si el marco acordado está contribuyendo a hacer realidad los nueve objetivos prioritarios de forma inteligente;

D.  Considerando que la Unión cuenta con una sólida legislación medioambiental, pero que su aplicación laxa e ineficaz viene siendo un problema desde hace largo tiempo; que estas deficiencias en la aplicación son una amenaza para el desarrollo sostenible, tienen efectos transfronterizos adversos en el medio ambiente y la salud humana, y conllevan importantes costes socioeconómicos; y que, además, estas deficiencias dañan la credibilidad de la Unión;

E.  Considerando que hasta el momento el progreso hacia los objetivos de 2020 ha sido desigual: no es probable que se cumpla el objetivo 1 (proteger el capital natural), pero sí lo es que se alcancen algunos de los subobjetivos del objetivo 2 (economía hipocarbónica y eficiencia en el uso de los recursos), y no se tiene la certeza de que se vaya a lograr el objetivo 3 (reducción de las presiones y riesgos para la salud humana);

F.  Considerando que la persistente falta de aplicación de la legislación y de integración de los conocimientos especializados en la elaboración de políticas en ámbitos como la calidad del aire, el ruido ambiental y la exposición a productos químicos conlleva amenazas graves para la salud y reduce la calidad y la esperanza de vida de los ciudadanos de la Unión;

G.  Considerando que los datos más recientes que ha publicado la Agencia Europea de Medio Ambiente confirman las tendencias generales ya descritas para cada objetivo temático, pero también apuntan hacia una ralentización del progreso en algunos ámbitos; que en algunos casos, como la emisión de gases de efecto invernadero y la eficiencia energética, las perspectivas de alcanzar los subobjetivos no se ven alteradas por estas nuevas tendencias;

H.  Considerando que en estos momentos no se tiene la certeza de que se vaya a alcanzar el objetivo relativo a las emisiones de amoniaco y que parece improbable que se cumpla el objetivo relativo a la ocupación del suelo;

I.  Considerando que existe una gran incertidumbre sobre la aplicación del VII PMA debido a la falta de indicadores y a las limitaciones de los indicadores existentes; que las lagunas en los conocimientos siguen obstaculizando el progreso en tres niveles: la comprensión del riesgo, la formulación de políticas adecuadas para gestionar y reducir el riesgo, y el seguimiento de la eficacia de las políticas;

J.  Considerando que con frecuencia se dispone de conocimientos, pero estos no se emplean en la definición de las políticas o no se transmiten a los responsables de su aplicación; que esto se debe en muchos casos a la falta de voluntad política y a intereses contrapuestos que no se perciben como coherentes con el PMA o con los objetivos de la política medioambiental en general; que el mantenimiento del crecimiento económico también depende de la calidad del medio ambiente;

K.  Considerando que tiene que mejorarse la sinergia entre el PMA y los instrumentos de alto nivel de las políticas de la Unión, a fin de alcanzar los objetivos del programa;

L.  Considerando que en algunos niveles la financiación no es suficiente para aplicar adecuadamente el VII PMA; que la financiación a nivel de la Unión no siempre ha producido los resultados esperados, lo que en muchos casos se debe a la deficiente administración de la financiación más que a la falta de dinero;

M.  Considerando que el ámbito cubierto por el VII PMA se adecua a las actuales necesidades en materia de política medioambiental, aunque muchas partes interesadas recomiendan añadir nuevos subobjetivos para aumentar la relevancia del programa en el futuro;

N.  Considerando que las partes interesadas también han mostrado su preferencia por un PMA menos complejo y con un enfoque más preciso;

O.  Considerando que existe un apoyo general a un VIII PMA;

Conclusiones principales

1.  Considera que el VII PMA tiene valor añadido e influye positivamente en las políticas medioambientales a nivel de la Unión y de los Estados miembros, beneficiando a los ciudadanos, la naturaleza y los operadores económicos;

2.  Reitera que el VII PMA tiene una visión clara a largo plazo para 2050 a fin de ofrecer un entorno estable para la inversión y el crecimiento sostenibles, dentro de los límites ecológicos del planeta;

3.  Celebra las tendencias positivas registradas respecto de numerosos subobjetivos del VII PMA y las alentadoras perspectivas para varios de los objetivos de 2020;

4.  Insiste, no obstante, en que sigue habiendo un gran potencial de mejora y pide a la Comisión y a las autoridades competentes de los Estados miembros que muestren más voluntad política al más alto nivel para aplicar el VII PMA;

5.  Lamenta que sea improbable alcanzar el objetivo prioritario de proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión; observa con preocupación, por otra parte, que los objetivos de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020 y del Convenio sobre la Diversidad Biológica no se cumplirán sin nuevos esfuerzos inmediatos y sustanciales;

6.  Observa que ha habido cierto progreso en determinadas áreas del objetivo prioritario n.º 2, en particular en las metas relacionadas con el clima y la energía; señala, sin embargo, que se debe hacer un esfuerzo mayor en lo que atañe a la eficiencia en el uso de los recursos; reitera el potencial de la Directiva sobre el diseño ecológico(8) y el Reglamento sobre la etiqueta ecológica(9) a la hora de mejorar el rendimiento medioambiental y la eficiencia en el uso de los recursos de los productos a lo largo de su ciclo vital, abordando, entre otros aspectos, la durabilidad de los productos, las posibilidades de reparación, reutilización y reciclado, así como el contenido reciclado y la vida útil del producto;

7.  Lamenta que el subobjetivo consistente en lograr un buen estado de calidad de las masas de agua superficiales para 2020 no se vaya a alcanzar debido a la presión ejercida por la contaminación, las intervenciones en la morfología de los cursos de agua y el consumo excesivo debido a las importantes captaciones con fines de generación de energía hidroeléctrica;

8.  Subraya que los objetivos del VII PMA son objetivos mínimos y que se requieren nuevos e importantes esfuerzos para cumplir los objetivos del Acuerdo de París y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS);

9.  Recuerda que tanto la Unión como todos sus Estados miembros han firmado el Acuerdo de París y que, por tanto, se han comprometido con sus objetivos, y que propusieron una contribución determinada a nivel nacional consistente en reducir la emisión de gases de efecto invernadero en la Unión en un 40 % para 2030; destaca la necesidad de integrar plenamente el objetivo de 2030 y el objetivo a largo plazo de llegar al nivel de cero emisiones netas en todas las políticas y los programas de financiación de la Unión; solicita a la Comisión que someta a examen los objetivos del marco para 2030 en materia de energía y clima en el contexto del diálogo facilitador de 2018 y el balance mundial quinquenal, y que prepare una estrategia de la Unión de cero emisiones para mediados de siglo que ofrezca un itinerario rentable hacia la consecución del objetivo de cero emisiones netas adoptado en el Acuerdo de París;

10.  Observa que existe una considerable incertidumbre sobre el progreso en los objetivos relativos a la salud y el bienestar humanos; subraya que las lagunas en los conocimientos y las limitaciones de los indicadores obstaculizan el desarrollo y el seguimiento de las políticas;

11.  Acoge con satisfacción las iniciativas actuales que contribuyen a colmar las lagunas en los conocimientos, tales como: el modelo DPSEEA (fuerzas impulsoras, presión, estado, exposición, efecto, acción) destinado a entender los factores que alteran los servicios ecosistémicos, la «biovigilancia humana» para calcular la exposición de las poblaciones humanas a los contaminantes y sus posibles efectos sobre salud, y la Plataforma de información para el seguimiento de productos químicos (IPCheM);

12.  Muestra su preocupación por el hecho de que los conocimientos especializados y las constataciones científicas no siempre se tengan debidamente en cuenta en la definición de las políticas o no se transmitan a los responsables de su aplicación; destaca la bioenergía, el aceite de palma, los productos fitosanitarios, los alteradores endocrinos, la producción y el consumo de alimentos, los organismos modificados genéticamente, la planificación y el diseño urbanísticos, la contaminación atmosférica y acústica y el desperdicio de alimentos en centros urbanos como ejemplos de ámbitos en los que la constatación científica de riesgos para la salud humana y el medio ambiente no se ha tenido en cuenta en el debate público y político; considera que la adopción de decisiones políticas debe guiarse por sólidos conocimientos científicos, y por la observancia del principio de precaución cuando no existan suficientes datos científicos; recuerda la importancia, en este contexto, del asesoramiento científico de las agencias de la Unión; subraya que entre los principios rectores en la política y legislación medioambientales de la Unión también se cuentan el principio de que quien contamina paga, la acción preventiva y la corrección en su origen de los daños medioambientales;

13.  Condena el incumplimiento por parte de la Comisión de los plazos legales para elaborar criterios armonizados basados en el riesgo y destinados a la identificación de alteradores endocrinos y para revisar el Reglamento (CE) n.º 1223/2009(10) (Reglamento sobre los productos cosméticos) en lo que se refiere a los alteradores endocrinos; solicita a la Comisión que, sin más demora, revise inmediatamente el Reglamento sobre los productos cosméticos en lo que respecta a los alteradores endocrinos; lamenta que la falta de progresos suficientes sobre los alteradores endocrinos implique riesgos para la salud de los ciudadanos y dificulte la consecución del objetivo prioritario n.º 3 del VII PMA;

14.  Lamenta que no se haya avanzado en la definición de una estrategia de la Unión para un entorno no tóxico, en la promoción de ciclos no tóxicos para los materiales y en la reducción de la exposición a sustancias nocivas, incluidos los productos químicos presentes en los productos; destaca que son necesarios nuevos esfuerzos para garantizar que en 2020 todas las sustancias extremadamente preocupantes que lo requieran, incluidas las sustancias con propiedades de alteración endocrina, sean incluidas en la lista de sustancias candidatas de REACH, como se prevé en el VII PMA; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que toda la legislación pertinente de la Unión dé una respuesta efectiva a los efectos combinados de los productos químicos lo antes posible, prestando especial atención a los riesgos para los niños que se derivan de la exposición a sustancias peligrosas; se congratula por la estrategia de la Comisión para los plásticos y pide su rápida aplicación; reitera, en este contexto, que la promoción de ciclos no tóxicos para los materiales es esencial para el buen desarrollo de un mercado de materias primas secundarias que funcione correctamente;

15.  Subraya que la falta de integración de las cuestiones medioambientales en otros ámbitos de actuación es una de las causas fundamentales de las lagunas en la aplicación de la legislación y la política medioambientales; considera que las sinergias entre otros instrumentos de alto nivel de las políticas de la Unión (como la política agrícola común (PAC), la política pesquera común (PPC), los fondos estructurales y la política de cohesión) y una mayor coherencia entre las prioridades políticas de alto nivel siguen siendo fundamentales para lograr los objetivos del VII PMA; pide a la Comisión y al Consejo, en todas sus formaciones, que mejoren la coordinación de las políticas y la integración de los objetivos del VII PMA; subraya asimismo la necesidad de integrar todos los aspectos pendientes del VII PMA en los instrumentos de alto nivel, incluido el Semestre Europeo;

16.  Subraya que la posibilidad de crear nuevos mecanismos financieros para la conservación de la biodiversidad a fin de cumplir los objetivos de 2020 es limitada debido al calendario del actual marco financiero plurianual (MFP); solicita, a este respecto, que se aprovechen al máximo los recursos del MFP en vigor, incluyendo LIFE, la PAC y los fondos estructurales, y pide que en el próximo MFP se incluyan nuevos mecanismos financieros para la conservación de la biodiversidad;

17.  Acoge favorablemente las mejoras en la PPC y la política de cohesión, que han incrementado su coherencia con el VII PMA; lamenta, no obstante, que, a pesar de estas mejoras, el marco normativo de la PPC siga adoleciendo de una aplicación deficiente; recuerda la importancia de la salud de las poblaciones de peces;

18.  Reconoce que la PAC ha ido integrando progresivamente las cuestiones medioambientales, pero sigue planteando desafíos a la consecución de los objetivos del PMA, en especial en lo que respecta a la biodiversidad y al uso intensivo de recursos para la producción; recuerda que la PAC tiene asignada la difícil labor de evitar la degradación medioambiental causada por las prácticas agrícolas inapropiadas (como los biocombustibles no sostenibles), la intensificación agrícola no sostenible y el abandono de tierras, teniendo que aportar al mismo tiempo alimentos y materias primas agrícolas en mayor cantidad y de mayor calidad a una población mundial que no deja de crecer; destaca que son esenciales más iniciativas y más apoyo para los métodos agrícolas sostenibles desde el punto de vista medioambiental, incluida la rotación de cultivos y las plantas fijadoras de nitrógeno, y que hay que considerar que la agricultura y los agricultores sean parte de la solución;

19.  Subraya que la protección y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria a largo plazo mediante la prevención de los daños medioambientales y la transición a un sistema alimentario sostenible que abastezca de alimentos a los consumidores a precios razonables deben ser prioridades fundamentales de la PAC después de su reforma; pone de relieve que estos objetivos solo se pueden lograr con una gestión sostenible de los recursos naturales y una intervención de las políticas que garantice la protección de los ecosistemas;

20.  Recuerda que en un contexto de cambio climático e incremento de la población mundial, la creciente demanda de dietas ricas en proteína animal está ejerciendo presiones medioambientales significativas en el suelo dedicado a la agricultura y en unos ecosistemas cada vez más vulnerables; subraya asimismo que cada vez es mayor la vinculación entre las dietas con cantidades excesivas de grasa animal y la carga que suponen las enfermedades no contagiosas;

21.  Recuerda el compromiso adquirido por la Comisión en 2016 de integrar los ODS en las políticas e iniciativas de la Unión; reconoce que este compromiso carece de una estrategia clara y de propuestas concretas sobre estructuras institucionales y un marco de gobierno que garanticen una integración de los ODS en las políticas, las propuestas legislativas, la aplicación y el control del cumplimiento; considera importante que la Unión, como pionera, esté plenamente comprometida a alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible; destaca, además, que el VII PMA es un instrumento fundamental para la aplicación de los ODS;

22.  Pone de relieve la gran calidad del agua de la Unión destinada al consumo humano; confía en que la revisión de la Directiva 98/83/CE (11) («Directiva sobre el agua potable») aporte las actualizaciones necesarias a este marco jurídico; alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que, en el marco del PMA, logren una mayor integración de los objetivos de la Unión en el ámbito del agua en otras políticas sectoriales, en particular la PAC;

23.  Celebra las mejoras aportadas por algunos proyectos financiados por la Unión, pero lamenta las oportunidades perdidas de conseguir mejores resultados que ha puesto de manifiesto el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE); subraya que el MFP posterior a 2020 debe orientarse al desarrollo sostenible y a la integración de la política medioambiental en todos los mecanismos de financiación y todas las líneas presupuestarias; destaca la necesidad de aumentar la inversión ecológica, la innovación y el crecimiento sostenible mediante nuevos instrumentos de financiación, tanto públicos como privados, y diferentes enfoques a la actual política de inversiones, como la supresión gradual de las subvenciones perniciosas para el medioambiente, con el fin de alcanzar la visión a largo plazo del VII PMA; considera que se deben aplicar criterios de sostenibilidad claramente definidos y objetivos basados en el rendimiento a todos los fondos estructurales y de inversión de la Unión; pide un uso más eficiente y selectivo del actual MFP y los fondos de las políticas de cohesión y desarrollo regional, y que se dé respuesta con urgencia a los mencionados problemas que ha puesto de manifiesto el TCE: pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen el mantenimiento y un posible incremento de la asignación de recursos presupuestarios de la Unión a la acción en materia de medio ambiente y cambio climático;

24.  Lamenta los persistentes deficiencias en el tratamiento de las aguas residuales urbanas en varias regiones de Europa; destaca el potencial del tratamiento y la reutilización de las aguas residuales para aliviar las situaciones de escasez de agua, reducir las extracciones directas de agua, producir biogás y garantizar una mejor gestión de los recursos hídricos, en particular a través de la irrigación agrícola; muestra su expectación ante la propuesta legislativa sobre la reutilización de las aguas residuales que presentará la Comisión a principios de 2018;

25.  Señala que las mayores amenazas medioambientales a la salud son más patentes en las zonas urbanas, pero también afectan a zonas periféricas y a las aglomeraciones suburbanas, y que se estima que en 2020 un 80 % de la población vivirá en zonas urbanas y suburbanas; destaca que las emisiones de contaminantes atmosféricos, combinadas con una planificación y unas infraestructuras inadecuadas, tienen consecuencias dramáticas de carácter económico, social, sanitario y medioambiental; señala que la contaminación atmosférica ya causa más de 400 000 muertes prematuras en la Unión(12) y que los costes sanitarios externos se calculan entre 330 000 y 940 000 millones de euros;

26.  Observa que en la Unión se producen al menos diez mil muertes prematuras por patologías relacionadas con el ruido y que una cuarta parte de la población de la Unión estaba expuesta en 2012 a niveles de ruido superiores a los valores límite; pide a los Estados miembros que den prioridad al seguimiento de los niveles de ruido de conformidad con la Directiva 2002/49/CE(13), para garantizar el respeto de los valores límite en entornos exteriores e interiores;

27.  Toma nota del progreso en la reducción de determinados contaminantes atmosféricos, en especial en las zonas urbanas, pero lamenta los problemas persistentes en la calidad del aire, a los que contribuyen de manera significativa las emisiones del transporte por carretera y de la agricultura; toma nota del paquete «movilidad limpia» presentado por la Comisión en noviembre de 2017 y la Estrategia europea a favor de la movilidad de bajas emisiones presentada en 2016, que podrían allanar el camino a una movilidad de bajas emisiones en el seno de la Unión;

28.  Acoge con satisfacción los avances en la legislación del paquete sobre economía circular; insta a todas las partes a que se esfuercen por alcanzar un acuerdo con objetivos ambiciosos;

Recomendaciones

29.  Pide a los Estados miembros que evalúen sus progresos en la consecución de los objetivos del VII PMA y reorienten sus acciones cuando sea necesario; insta a los Estados miembros a que pongan sus resultados a disposición del público;

30.  Solicita a la Comisión que garantice que toda nueva propuesta legislativa aplique íntegramente los objetivos y medidas del VII PMA;

31.  Pide a la Comisión que garantice la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en la evaluación de la aplicación de la legislación medioambiental de la Unión;

32.  Solicita a las instituciones y organismos competentes de la Unión que den prioridad a la investigación y colmen las lagunas en los conocimientos que existen en los siguientes ámbitos: los umbrales medioambientales (puntos de inflexión), el paradigma de la economía circular, los efectos combinados de los productos químicos, los nanomateriales, los métodos de detección de riesgos, los efectos de las micropartículas de plástico, la interacción entre los riesgos sistémicos y otros determinantes de la salud, el suelo y su uso, y las especies exóticas invasoras;

33.  Acoge con satisfacción la revisión de la aplicación de las políticas medioambientales, por ser un mecanismo que mejora la aplicación de la legislación y las políticas en este ámbito y que puede contribuir al seguimiento de la aplicación del VII PMA, como ya destacó en su Resolución de 16 de noviembre de 2017 sobre la revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE; considera que en dicha revisión deben participar todas las partes interesadas pertinentes, incluida la sociedad civil, y debe abarcar todo el espectro de los objetivos prioritarios temáticos del PMA;

34.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que abandonen rápida y definitivamente las subvenciones perniciosas para el medio ambiente;

35.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incrementen y coordinen los esfuerzos para fomentar el desarrollo y la validación de métodos alternativos a la experimentación animal, de modo que contribuyan a la realización del objetivo prioritario n.º 5 del VII PMA;

36.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se esfuercen más por mejorar la base cognitiva y científica de las políticas medioambientales de la Unión, mejorando el acceso a los datos para los ciudadanos y favoreciendo la participación del público en la investigación científica;

37.  Pide a las instituciones de la Unión, así como, en su caso, a los Gobiernos nacionales y regionales, que en la elaboración y el seguimiento de las políticas hagan pleno uso de los conocimientos especializados disponibles en materia de riesgos para el medio ambiente y la salud humana;

38.  Pide una sistema mejorado de autorización de plaguicidas en la Unión que se base en estudios científicos evaluados por pares y en la total transparencia sobre el grado de exposición de los humanos y el medio ambiente y los riesgos para la salud; pide normas mejoradas para la vigilancia de los plaguicidas y objetivos para reducir su uso; toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 12 de diciembre de 2017, sobre la Iniciativa Ciudadana Europea «Prohibición del glifosato y la protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos» (C(2017)8414);

39.   Pide que se faciliten suficientes recursos materiales y humanos a las agencias de la Unión para que puedan llevar a cabo sus misiones y ofrecer datos científicos, análisis y pruebas de la mejor calidad;

40.  Solicita a la Comisión que garantice que de aquí a 2020 se definan medidas a largo plazo con vistas a lograr el objetivo de lograr un entorno no tóxico;

41.  Pide a la las agencias pertinentes de la UE y a la Comisión que aumenten la cantidad y la calidad de los indicadores usados para evaluar los avances; solicita a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen en la producción y recopilación de datos nuevos para crear indicadores nuevos y mejorar los existentes;

42.  Pide que la cuestión de la aplicación figure como punto recurrente de las prioridades y los programas del Trío de Presidencias, que se trate en el Consejo de Medio Ambiente al menos una vez al año, posiblemente en el marco de un Consejo específico sobre la aplicación, y que se complemente con otro foro en el que participen también el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones; pide que se celebren reuniones conjuntas del Consejo para tratar la aplicación de las cuestiones transectoriales y horizontales y los desafíos comunes, así como las cuestiones emergentes con posibles repercusiones transfronterizas;

43.  Pide que se acelere sin demora la plena aplicación de la Estrategia de la Unión sobre la Biodiversidad;

44.  Pide que en los proyectos de infraestructuras, en especial los relativos a la RTE-T, se tenga plenamente en cuenta el impacto medioambiental a escala regional y a nivel de proyecto; señala que también es importante la coherencia entre las diferentes políticas medioambientales; señala la importancia de que se tenga en cuenta el medio ambiente y la biodiversidad en los proyectos de infraestructuras para la producción de energía renovable, hidroeléctrica y marina;

45.  Pide a los Estados miembros que se esfuercen más por preservar el uso y la integridad de las reservas de agua dulce, dada la incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar el subobjetivo incluido a este respecto en el VII PMA; pide a los Estados miembros que pongan remedio, con carácter prioritario, al deficiente estado de las aguas superficiales, dado que es probable que los objetivos en este sector no se alcancen en 2020; pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que alivien las presiones a las que están sometidas las masas de agua, eliminando en su origen las fuentes de contaminación, estableciendo zonas prohibidas a las derivaciones hidroeléctricas y garantizando el mantenimiento de los flujos ecológicos a lo largo de los cursos de agua; pide a la Comisión que no demore la evaluación de la conformidad del segundo ciclo de planes de gestión de las cuencas hidrográficas, adoptados por los Estados miembros con arreglo a la Directiva marco sobre el agua;

46.  Insta a nuevas reformas de la PAC que aúnen la producción sostenible de alimentos y los objetivos de la política medioambiental, incluidos los objetivos en materia de biodiversidad, con el fin de garantizar la seguridad alimentaria en la actualidad y en el futuro; subraya la necesidad de una política agrícola inteligente con el firme compromiso de proporcionar bienes públicos y servicios ecosistémicos relacionados con el suelo, el agua, la biodiversidad, la calidad del aire, la acción por el clima y la riqueza del paisaje; pide una política integrada con un enfoque más selectivo y ambicioso, pero también más flexible, en que el apoyo al sector agrícola se vincule a la consecución de resultados medioambientales; pide a los Estados miembros que reconozcan la agrosilvicultura como superficie de interés ecológico, de conformidad con el artículo 46 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013(14); solicita a la Comisión que garantice que las prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente reciban el apoyo necesario en la próxima revisión de la PAC;

47.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que incrementen la adopción de soluciones a los problemas medioambientales, sobre todo cuando existan soluciones técnicas que no se hayan aplicado plenamente, como la reducción del amoniaco en la agricultura;

48.  Pide a la Comisión que mejore significativamente el volumen, uso y administración de los fondos de la Unión destinados a los objetivos del PMA; pide que se mejoren el seguimiento, la transparencia y la rendición de cuentas; pide la integración transversal de las cuestiones climáticas y demás cuestiones medioambientales en el presupuesto de la Unión;

49.  Pide a la Comisión que desarrolle sin demora una estrategia marco completa y global sobre la aplicación de los ODS en la Unión que abarque todos los ámbitos de actuación y que incluya un mecanismo de revisión que evalúe el progreso de la aplicación; solicita a la Comisión que instaure un control de todas las políticas y toda la legislación de nueva creación en relación con los ODS y que garantice la plena coherencia de las políticas en la aplicación de los ODS;

50.  Solicita a la Comisión que garantice el cumplimiento de la vigente legislación de la Unión y que vele por la plena conformidad de los Estados miembros con los objetivos del VII PMA utilizando para ello todas las herramientas a su disposición, como los procedimientos por incumplimiento;

51.  Recibe con satisfacción los informes especiales y las auditorías operativas del Tribunal de Cuentas (TCE) e invita al TCE a seguir analizando otros ámbitos pertinentes para el PMA que aún no estén incluidos en su programa de trabajo;

52.  Pide a la Comisión y a las autoridades competentes en los Estados miembros que ofrezcan una orientación adecuada, de modo que los fondos de la Unión sean más accesibles, también para proyectos locales, en particular en lo relativo a las infraestructuras verdes, la biodiversidad y las Directivas sobre las aves y los hábitats;

53.  Pide a los Estados miembros que garanticen la plena aplicación de la legislación sobre calidad del aire; pide a las autoridades regionales que establezcan un marco de apoyo, en particular para la planificación urbanística y la toma de decisiones a escala local, para mejorar los resultados sanitarios en todas las zonas, pero sobre todo en las más afectadas;

54.  Pide a las autoridades nacionales y regionales competentes que adopten planes con medidas creíbles para poner fin al problema del rebasamiento de los valores límite diarios y anuales fijados por la normativa de la Unión sobre partículas finas y ultrafinas en los núcleos urbanos con baja calidad del aire; pone de manifiesto que todo ello es esencial para alcanzar los objetivos prioritarios n.os 2, 3 y 8 del VII PMA;

55.  Propone las siguientes medidas para mejorar la calidad del aire en las zonas urbanas: creación de zonas de bajas emisiones; fomento de infraestructuras y servicios de coche compartido y transporte compartido; eliminación gradual del tratamiento fiscal favorable para los vehículos muy contaminantes; instauración de «presupuestos de movilidad» para empleados como alternativa a los vehículos de empresa; aplicación de políticas de aparcamiento que reduzcan el volumen de tráfico en las zonas congestionadas; mejora de las infraestructuras que fomenten el uso de la bicicleta y aumenten las conexiones multimodales y que mejoren la seguridad de los ciclistas; creación de zonas peatonales;

56.  Pide que se refuerce la planificación y el desarrollo urbanísticos en los niveles correspondientes de gobernanza para adaptar las infraestructuras a los vehículos eléctricos y limpios lo antes posible —por ejemplo, instalando infraestructuras de carga de vehículos— y para lograr beneficios para el medio ambiente y la salud, como reducir el efecto de isla térmica y aumentar la actividad física —por ejemplo, incrementando las infraestructuras verdes y recuperando zonas industriales abandonadas o degradadas—; señala que estas medidas mejorarían la calidad del aire, reducirían las patologías y la mortalidad prematura causadas por la contaminación y permitirían avanzar hacia una movilidad de emisiones cero;

57.  Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una competencia intermodal justa y la transición a modos de transporte sostenibles;

58.  Pide a la Comisión que presente, en 2019 a más tardar, un programa de acción global de la Unión en materia de medio ambiente para el periodo posterior a 2020, tal y como exige el artículo 192, apartado 3, del TFUE; destaca la importancia de la transparencia y de la rendición de cuentas democrática en el control de las políticas de la Unión; subraya, por consiguiente, que el próximo PMA debe incluir hitos intermedios cuantificables y basados en los resultados;

59.  Pide a la próxima Comisión que dedique un ámbito prioritario de la próxima legislatura al desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente y del clima en general y a los objetivos del VII PMA, y, en particular, al próximo VIII PMA;

o
o   o

60.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Cuentas Europeo, a la Agencia Europea de Medio Ambiente y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

(1). DO L 354 de 28.12.2013, p. 171.
(2) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0450.
(3) DO C 265 de 11.8.2017, p. 65.
(4) DO C 35 de 31.1.2018, p. 2.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0441.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0100.
(7) DO C 258 E de 7.9.2013, p. 115.
(8) Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía (DO L 285 de 31.10.2009, p. 10).
(9) Reglamento (CE) no 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE (DO L 27 de 30.1.2010, p. 1).
(10) Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos (DO L 342 de 22.12.2009, p. 59).
(11) Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano (DO L 330 de 5.12.1998, p. 32).
(12) Informe de la AEMA n.º 13/2017 de 11 de octubre de 2017 sobre la calidad del aire en Europa 2017.
(13) Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (DO L 189 de 18.07.2002, p. 12).
(14) Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo (DO L 347 de 20.12.2013, p. 608).


Igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión
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Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión (2017/2210(INI))
P8_TA(2018)0101A8-0031/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos los artículos 11 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(1),

–  Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual)(2),

–  Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (COM(2017)0253), presentada por la Comisión el 26 de abril de 2017,

–  Vista la propuesta de la Comisión sobre el tercer programa de acción comunitario a medio plazo para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (1991-1995) (COM(90)0449),

–  Vista la Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo de 5 de octubre de 1995, sobre el tratamiento de la imagen de las mujeres y de los hombres en la publicidad y en los medios de comunicación(3),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2000, titulada «Hacia una estrategia marco comunitaria sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005)» (COM(2000)0335),

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 9 de junio de 2008, sobre la eliminación de los estereotipos de género en la sociedad,

–  Vistas las conclusiones del Consejo, de 24 de junio de 2013, sobre la promoción del papel de la mujer en la adopción de decisiones en los medios de comunicación,

–  Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), aprobado por el Consejo en marzo de 2011,

–  Visto el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010, de 1 de marzo de 2006 (COM(2006)0092),

–  Vista la Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, de 21 de septiembre de 2010 (COM(2010)0491),

–  Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2015, titulado «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  Vista su Resolución, de 25 de julio de 1997, sobre la discriminación de la mujer en la publicidad(4),

–  Vista su Resolución, de 3 de septiembre de 2008, sobre el impacto del marketing y la publicidad en la igualdad entre mujeres y hombres(5),

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos de género en la UE(6),

–  Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer en la era digital(7),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la creación de unas condiciones en el mercado laboral favorables para la conciliación de vida privada y vida profesional(8),

–  Vista su Resolución, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación («Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo»)(9),

–  Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones(10),

–  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2017, sobre las condiciones laborales y el empleo precario(11),

–  Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre el empoderamiento económico de la mujer en los sectores público y privado en la UE(12),

–  Vista su Resolución, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los abusos sexuales en la Unión Europea(13),

–  Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 10 de julio de 2013, sobre igualdad de género y medios de comunicación,

–  Vista la Recomendación 1555, de 24 de abril de 2002, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la imagen de las mujeres en los medios de comunicación,

–  Vista la Recomendación 1799, de 26 de junio de 2007, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la imagen de las mujeres en la publicidad,

–  Vista la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, de 27 de septiembre de 2017, sobre igualdad de género en el sector audiovisual,

–  Visto el estudio de 2013 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) titulado «Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and the Media – Advancing gender equality in decision-making in media organisations» (Indicadores de la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín en los Estados miembros de la UE: las mujeres y los medios de comunicación – Promoción de la igualdad de género en la toma de decisiones en las organizaciones de medios de comunicación),

–  Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, y sus anexos, aprobados en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, en septiembre de 1995,

–  Visto el Informe de 2013 del Consejo de Europa titulado «Media and the image of women» (Los medios de comunicación y la imagen de las mujeres),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A8-0031/2018),

A.  Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres es un principio básico de la Unión Europea, consagrado en los Tratados en el artículo 8 del TFUE, que estipula que, en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad; que las políticas de la Unión en materia de igualdad de género han contribuido a mejorar la vida de muchos ciudadanos europeos;

B.  Considerando que los medios de comunicación actúan como un cuarto poder, tienen la capacidad de influir y, en último término, formar la opinión pública; que los medios de comunicación son uno de los pilares de las sociedades democráticas y que, como tales, tienen el deber de garantizar la libertad de información, la diversidad de opinión y el pluralismo de los medios de comunicación, para fomentar el respeto de la dignidad humana y combatir toda forma de discriminación y desigualdad, entre otras cosas, presentando modelos de roles sociales diversificados; que, por lo tanto, hay que sensibilizar a las organizaciones de los medios de comunicación;

C.  Considerando que la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín en 1995, reconoció la importancia de la relación entre las mujeres y los medios de comunicación para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, incorporando dos objetivos estratégicos a la Plataforma de Acción de Pekín:

   a) aumentar la participación y el acceso de las mujeres a la expresión y la toma de decisiones en los medios de comunicación y a través de ellos y de las nuevas tecnologías de comunicación;
   b) promover una imagen de la mujer equilibrada y no estereotipada en los medios de comunicación;

D.  Considerando que la imagen de las mujeres y los hombres en los medios de comunicación puede transmitir una representación desigual en distintos contextos, incluido el político, el económico, el social, el académico, el religioso, el cultural, y el deportivo, donde los hombres aparecen principalmente en roles sociales activos y las mujeres se ven confinadas a roles más pasivos; que, de todos los estereotipos que afectan a la imagen de las mujeres y los hombres, el ejemplo paradigmático es la sexualización del cuerpo femenino, más evidente en el denominado periodismo sensacionalista y en la publicidad; que la erotización de la violencia y la cosificación de las mujeres en los medios de comunicación tienen efectos perjudiciales en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres; que los estereotipos de género a menudo se combinan con otros que implican discriminación por cualquier motivo;

E.  Considerando que los medios de comunicación tienen un impacto significativo sobre las normas de género y culturales sobre el modo en que se forman y evolucionan las representaciones sociales asociadas a hombres y mujeres y que influyen en la audiencia con imágenes físicas e ideas estereotipadas de la masculinidad y la feminidad, por ejemplo, en la representación de la mujer en la publicidad, y que la forma en que los productos se dirigen a los consumidores potenciales tiende a perpetuar las normas de género tradicionales; que en los casos en que los medios de comunicación siguen presentando representaciones estereotipadas de mujeres y hombres, incluidas las de personas LGBTI, el público muy a menudo considera legitimadas dichas representaciones, con lo que resulta difícil o imposible ponerlas en cuestión;

F.  Considerando que en las sociedades contemporáneas la industria de la publicidad desempeña un importante papel en el panorama de los medios de comunicación, ya que comunica mediante imágenes e ideas que apelan a nuestras emociones y pueden modelar así nuestros valores, actitudes y percepciones del mundo; que, transmitiendo una imagen distorsionada por género, la publicidad puede recurrir al sexismo y reproducir prácticas discriminatorias; que una publicidad puede considerarse discriminatoria o sexista cuando se presenta un género de una forma degradante e insultante o menos capaz, inteligente o inferior;

G.  Considerando que las nuevas tecnologías están transformando los modelos de negocio tradicionales de los medios de comunicación; que el sector audiovisual es una industria de valor económico sumamente importante que emplea directamente a más de un millón de personas en la Unión; que, para tratar con los nuevos sistemas en línea de comunicación y multimedia, se requieren los ajustes necesarios en los mecanismos de supervisión a escala nacional, así como mecanismos de autorregulación sin perjuicio de los resultados de las negociaciones sobre la Directiva de servicios de comunicación audiovisual;

H.  Considerando que se debe tener en cuenta por igual la perspectiva tanto de las mujeres como de los hombres para alcanzar una visión completa y diversificada de todas las facetas de la realidad social; que es importante no perder el potencial y las aptitudes de las mujeres a la hora de comunicar información, datos y opiniones sobre los retos a los que se enfrentan las mujeres en los medios de comunicación, al tiempo que se reconoce que no se puede tratar a las mujeres como un grupo homogéneo;

I.  Considerando que la proyección continuada de imágenes negativas y degradantes de la mujer en los medios de comunicación —electrónicos, impresos, visuales y sonoros— debe cambiar; que las desigualdades de género también se construyen y reproducen a partir del lenguaje y las imágenes difundidas por los medios de comunicación; que los menores se enfrentan a desigualdades de género a edades muy tempranas a través de los roles que promueven las series y los programas de televisión, los debates, los concursos, los videojuegos y la publicidad; que los roles de género se configuran principalmente durante la infancia y la adolescencia, con un impacto a lo largo de toda la vida; que la educación y la formación de los profesionales de los medios de comunicación son instrumentos poderosos para luchar y erradicar los estereotipos, sensibilizar y promover la igualdad;

J.  Considerando que en 2015 las mujeres suponían el 68 % de los titulados en periodismo e información en los 28 Estados miembros de la Unión(14), mientras que los datos de empleo para la Unión de los 28 en el período 2008-2015 muestran que el porcentaje de mujeres empleadas en el sector de los medios de comunicación está estancado como media alrededor del 40 %;

K.  Considerando que, por otra parte, el porcentaje de mujeres en la toma de decisiones en los medios de comunicación en la EU-28 en 2015 seguía estando por debajo de la zona de equilibrio de género (40-60 %) en tan solo el 32 %, mientras que el porcentaje de mujeres presidentas de consejos de administración solo era del 22 %(15);

L.  Considerando que la brecha de género en salarios y pensiones es un problema persistente en la Unión y que resulta evidente en distintos sectores económicos, incluidos los medios de comunicación, donde la brecha salarial es del 17 %;

M.  Considerando que las mujeres se siguen enfrentando a un techo de cristal en los medios de comunicación y que pueden no tener las mismas oportunidades de promoción o de progreso profesional debido a diversos factores, entre ellos los procedimientos de una cultura organizativa que a menudo es desfavorable para el equilibrio entre vida profesional y privada, con un entorno competitivo caracterizado por el estrés, plazos inflexibles y largas jornadas de trabajo; que las mujeres tienen menos poder de decisión para establecer la agenda informativa, debido a su falta de representación en puestos de dirección;

N.  Considerando que las organizaciones de medios de comunicación pueden establecer sus propias políticas de igualdad, que hacen que en la Unión exista un amplio espectro de prácticas: desde marcos políticos globales que incluyen los contenidos de los medios de comunicación y producen una representación equilibrada de hombres y mujeres en los órganos de decisión, hasta la inexistencia de tales políticas;

O.  Considerando que la investigación ha mostrado que solo el 4 % de la cobertura de noticias se opone a las imágenes estereotipadas; que las mujeres representan solo el 24 % de las personas de las que oímos o leemos en las noticias(16); que alrededor del 37 % de las historias, tanto de fuentes de noticias en línea como fuera de línea, son transmitidas por mujeres, una situación que no ha dado muestras de mejorar en los últimos diez años(17); que en la mayoría de los casos se pide a las mujeres que aporten una opinión popular (41 %) o una experiencia personal (38 %) y raramente se las cita como expertas (solo el 17 % de las historias); que la investigación también ha mostrado que menos de uno de cada cinco expertos o comentaristas es mujer (18 %)(18);

P.  Considerando que las mujeres están desproporcionadamente infrarrepresentadas en los medios de comunicación de noticias e información e incluso son menos visibles en los ámbitos del deporte, la política, la economía y las finanzas, a pesar de la variedad de medios de comunicación en los Estados miembros; que las figuras históricas femeninas casi no aparecen en el contenido mediático relacionado, como los documentales biográficos;

Q.  Considerando que es esencial la participación de las mujeres en pie de igualdad con los hombres en la creación de contenidos de contenidos y como fuentes de información, no solo por razones de representación, sino también por motivos de igualdad de oportunidades y de pleno reconocimiento de su experiencia y sus conocimientos; que, en el panorama de los medios de comunicación europeos, existen obstáculos para adoptar un enfoque responsable en relación con la igualdad de género, habida cuenta de las dificultades financieras y de las condiciones de trabajo, incluyendo la inseguridad laboral y los niveles de experiencia profesional, combinado con el aumento de la velocidad de la información y consideraciones comerciales;

R.  Considerando que hay mujeres en los medios de comunicación que trabajan al más alto nivel profesional, incluidas conocidas directoras de cine, periodistas y reporteras, que, a pesar de realizar la misma tarea que los hombres, están más expuestas a la violencia de género y la discriminación en el lugar de trabajo y pueden no recibir el mismo nivel de apreciación que sus homólogos masculinos;

S.  Considerando que las mujeres que intervienen en las redes sociales se encuentran con niveles cada vez mayores de acoso; que dicho acoso puede silenciar la voz de las mujeres y debilitar su participación en la sociedad; que los datos recogidos a escala mundial muestran que la mitad de las mujeres empleadas en los medios de comunicación ha sufrido abuso sexual, un cuarto de las mismas ha sufrido actos de violencia física y tres cuartas partes han experimentado intimidación, amenazas o abuso(19); que la ciberviolencia contra mujeres y niñas cada vez preocupa más y que se calcula que una de cada diez mujeres en la Unión ha sufrido alguna forma de ciberviolencia a partir de los 15 años1; que faltan datos e investigaciones sobre la ciberviolencia contra mujeres y niñas a escala de la Unión; que el acoso psicológico y sexual constituyen violaciones de los derechos humanos; que los medios de comunicación y los reguladores nacionales e internacionales deben establecer normas, incluidas sanciones, que deban aplicar las organizaciones de medios de comunicación para hacer frente a estas cuestiones;

T.  Considerando que las periodistas de investigación a menudo están expuestas a la violencia y son objetivo de ataques mortales, como prueban los casos de Veronica Guerin o Daphne Caruana Galizia;

U.  Considerando que, según el estudio elaborado por la European Women’s Audiovisual Network (EWA)(20), solo una de cada cinco películas en los siete países europeos examinados está dirigida por una mujer, y la amplia mayoría de la financiación se destina a películas no dirigidas por mujeres, aunque aproximadamente la mitad de los graduados en todas las escuelas de cine son mujeres;

V.  Considerando que las empresas de comunicación deben adoptar sistemas de autorregulación y códigos de conducta que incluyan normas y criterios de procedimiento en relación con la carrera profesional y la cobertura en los medios que salvaguarden y promuevan la igualdad de género; que es necesario elaborar los códigos de autorregulación y de conducta en colaboración con los sindicatos de la industria, siguiendo una política clara en materia de igualdad de género;

La presencia de las mujeres en los medios de comunicación

1.  Destaca que, aunque las mujeres en este ámbito a nivel universitario constituyen una parte importante de los trabajadores, están infrarrepresentadas en la dirección y en los puestos de alto nivel; considera que los servicios de medios de comunicación, tanto públicos como privados, tienen una responsabilidad en garantizar la igualdad entre mujeres y hombres e impedir cualquier tipo de discriminación; pide a los Estados miembros que desarrollen una política de incentivos para reducir los obstáculos al acceso de las mujeres a puestos de dirección y de liderazgo en las organizaciones de medios de comunicación;

2.  Lamenta que la representación de las mujeres en los medios de comunicación públicos en la Unión sea baja por término medio, tanto en puesto estratégicos y operativos de alto nivel como en los consejos de administración (en 2017, 35,8 % en puestos ejecutivos, 37,7 % en puestos no ejecutivos y 33,3 % como miembros de consejos de administración)(21);

3.  Recuerda que, con el fin de supervisar los ámbitos problemáticos de la Plataforma de Acción de Pekín relativos a las mujeres en los medios de comunicación, el EIGE desarrolló los siguientes indicadores:

   la proporción de mujeres y hombres en puestos de responsabilidad en empresas de comunicación y en los consejos de administración de las empresas de comunicación de la Unión;
   la proporción de mujeres y hombres en los consejos de administración de las organizaciones de medios de comunicación de la Unión;
   políticas para promover la igualdad de género en las empresas de comunicación;

4.  Recuerda que, aunque la Directiva de servicios de comunicación audiovisual estipula que sus objetivos «no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y [...] pueden lograrse mejor a nivel de la Unión», pero no contiene referencia alguna a la representación equitativa en las organizaciones de medios de comunicación;

5.  Señala que, a pesar de su representación insuficiente en la actualidad, las mujeres aún tienen más posibilidades de contratación o de promoción a puestos de alto nivel en los medios de comunicación de servicio público que en las organizaciones de medios de comunicación privados(22);

6.  Pide a los Estados miembros y a las organizaciones de medios de comunicación que apoyen y desarrollen medidas de incentivo, incluidas cuotas para la representación equitativa de mujeres y hombres en puestos de responsabilidad y que se dé más importancia a la supervisión eficaz de esos esfuerzos en dichas organizaciones; pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos por desbloquear la Directiva sobre mujeres en consejos de administración, que ha estado estancada en el Consejo desde 2013;

7.  Toma nota de la larga tradición del empleo de personal freelance y permanente existente en el sector de los medios de comunicación y de su continua digitalización, que ha dado lugar a reducciones en la difusión tradicional y en los ingresos publicitarios, lo que influye en el tipo de contratos de trabajo propuestos en el sector; señala, además, que las mujeres están sobrerrepresentadas en muchas formas atípicas de trabajo en el mercado laboral; observa que es probable que las presiones crecientes sobre el sector de los medios de comunicación para mantener su viabilidad económica produzcan un número creciente de esas formas de contratos;

8.  Considera que esos estereotipos pueden generar un entorno social negativo para las mujeres y pueden contribuir a la discriminación de género en el trabajo; señala la importancia de un entorno social positivo para ayudar a los trabajadores a manejar altos niveles de intensidad laboral;

9.  Recuerda que las organizaciones de medios de comunicación tienen la libertad de determinar las funciones de sus empleados, tanto mujeres como hombres, pero les insta a hacerlo con el máximo respeto por la dignidad de la persona y la calidad profesional; observa, en este sentido, casos preocupantes de reporteras a quienes se considera más adecuadas para el periodismo televisivo por la percepción de su atractivo por parte de la audiencia y que posteriormente, cuando se hacen mayores, son remplazadas por colegas más jóvenes;

10.  Condena, además, el fenómeno generalizado de acoso sexual y otros tipos de abuso, en especial en los juegos en línea y en las redes sociales, y anima a las empresas de medios de comunicación a crear entornos seguros que respondan a todos los casos de acoso; pide, por tanto, diferentes medidas, incluida la sensibilización, normas internas de sanción disciplinaria para los infractores y apoyo psicológico y/o jurídico para las víctimas de estas prácticas, con el fin de prevenir y combatir el bullying y el acoso sexual en el trabajo y en los entornos en línea;

11.  Condena firmemente los ataques contra mujeres periodistas que informan valientemente sobre los principales temas políticos y penales y pide que se haga todo lo posible para garantizar la protección y la seguridad de todos los periodistas;

12.  Insta a las organizaciones de medios de comunicación públicos y privados a adoptar políticas internas, como la igualdad de oportunidades y políticas de diversidad que incluyan medidas de lucha contra el acoso, sistemas de permiso de maternidad o parental, acuerdos laborales flexibles que respalden la conciliación entre la vida profesional y familiar y permitan que las mujeres y los hombres se beneficien por igual de los permisos parentales y que animen a los hombres a pedir el permiso de paternidad, garantizando un reparto equitativo del cuidado de los hijos, así como programas de orientación y formación para la gestión, el uso del teletrabajo y del trabajo flexible para mujeres y hombres con carácter voluntario y sin perjuicio para la progresión de la carrera;

13.  Insta a los medios de comunicación a que respeten el derecho de las mujeres y los hombres a disfrutar de un permiso de maternidad, paternidad o parental; recuerda que las mujeres embarazadas no pueden ser víctimas de discriminación alguna por su condición, ni se puede negar el empleo a una mujer con el pretexto de que pueda decidir quedarse embarazada; pide a las organizaciones de medios de comunicación y a las autoridades reguladoras que den a conocer la brecha salarial entre hombres y mujeres, que establezcan obligaciones en materia de transparencia salarial y que apliquen el principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo mediante medidas vinculantes;

14.  Propone que las organizaciones de medios de comunicación creer bases de datos de mujeres expertas en una serie de ámbitos, especialmente aquellos en los que las mujeres están infrarrepresentadas, con vistas a utilizarlos, cuando proceda; alienta, por otra parte, la recopilación de datos desglosados por sexo sobre todos los contenidos posibles de los medios de comunicación;

15.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la participación de las mujeres y su acceso a la comunicación y la toma de decisiones a través de los medios de comunicación y de las nuevas tecnologías de comunicación;

16.  Considera que todas las personas que trabajan en los medios de comunicación podrían beneficiarse de la mejora general de las condiciones de las mujeres en el lugar de trabajo; considera, no obstante, que dicha mejora no basta y que las desigualdades siguen existiendo; hace hincapié en la necesidad de que los Estados miembros y la Comisión promuevan y garanticen el principio de igualdad de retribución, de conformidad con el artículo 157 del TFUE, en particular luchando contra la brecha salarial y la diferencia de pensiones entre hombres y mujeres, reduciendo el trabajo precario(23), asegurando la accesibilidad a servicios asequibles y de calidad para el cuidado de los niños y la mejora de las políticas de conciliación de la vida familiar y la vida profesional, así como garantizando los derechos de negociación colectiva;

17.  Reitera la urgencia de que los medios de comunicación pongan en práctica la política de igual retribución para un trabajo de igual valor, incluidas obligaciones de transparencia salarial, que hagan posible también que las mujeres disfruten de las mismas oportunidades de ascenso y formación y de cualesquiera otros beneficios adicionales en las mismas condiciones que los hombres;

18.  Señala el papel positivo de los consejos de la mujer y de las personas encargadas de velar por la igualdad de la mujer en el lugar de trabajo; pide que se promueva la igualdad de género como una política de recursos humanos de carácter transversal en los medios de comunicación; considera que alcanzar la igualdad de las mujeres a todos los niveles y, en particular, en los niveles de toma de decisiones en los medios de comunicación exige una cultura centrada en los empleados y unos equipos directivos con mayor sensibilidad de género; recomienda que los organismos nacionales de reglamentación y las organizaciones de medios de comunicación sigan la Recomendación de la Comisión 2014/124/UE sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeresa través de la transparencia(24), que elaboren orientaciones sobre procedimientos de selección justos, que establezcan políticas exhaustivas en materia de igualdad que comprendan los contenidos de los medios de comunicación y que prevean el avance de las mujeres en los órganos de toma de decisiones y creen procedimientos internos que aborden el acoso en los lugares de trabajo; pide a la Comisión que siga velando atentamente por la correcta aplicación y el cumplimiento de la Directiva 2006/54/CE, que invierte la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo;

Los contenidos de los medios de comunicación y las mujeres

19.  Hace hincapié en el papel de los medios de comunicación como agentes de cambio social y en su influencia en la formación de la opinión pública, y pide a los Estados miembros que promuevan contenidos sobre igualdad de género en los medios públicos; señala que, hasta ahora, todas las medidas reguladoras sobre sexismo e imágenes de género estereotipadas en los contenidos de los medios de comunicación han sido competencia de los Estados miembros; recuerda la prohibición de discriminar por sexo en los medios de comunicación con arreglo a la Directiva de servicios de comunicación audiovisual; destaca, por otra parte, que, si bien las medidas reguladoras están sujetas a la consideración debida al principio de libertad de expresión, la libertad editorial no debe, en ningún caso, servir para fomentar o legitimar imágenes degradantes de las mujeres y de las personas LGBTI; insta a los Estados miembros, salvaguardando las libertades citadas, a regular el acceso a los videojuegos con contenido misógino y a la pornografía en internet;

20.  Insiste en que los argumentos económicos no pueden ser una excusa para perpetuar los estereotipos de género en los contenidos de los medios de comunicación;

21.  Destaca que los contenidos violentos y sexistas en los medios de comunicación afectan negativamente a las mujeres y a su participación en la sociedad; manifiesta su preocupación sobre ciertas comunicaciones audiovisuales comerciales que causan un perjuicio moral o físico a los niños y los jóvenes; insta a las partes interesadas pertinentes y a las autoridades a abordar la cuestión de la publicidad que promueve indirectamente trastornos alimentarios como la anorexia a que adopten medidas que protejan a personas especialmente vulnerable, como las niñas y jóvenes, de este tipo de contenidos;

22.  Insiste en que los contenidos de los medios de comunicación, incluida la publicidad, relacionados con la planificación familiar, los derechos sexuales y reproductivos, la salud materna e infantil y la educación deben ir dirigidos tanto a los hombres como a las mujeres;

23.  Destaca la importancia de promover la alfabetización mediática y de proporcionar a todas las partes interesadas iniciativas de educación a los medios con sensibilidad de género para animar a los jóvenes a desarrollar capacidades de pensamiento crítico y ayudarles a identificar y denunciar las imágenes sexistas y la discriminación, la violencia de género, el ciberacoso, el discurso del odio y la violencia motivada por el género de una persona, la identidad de género, la expresión de género, la orientación sexual o las características sexuales; subraya la necesidad de adoptar medidas preventivas, incluido el cifrado y el control parental, con el fin de garantizar una internet más segura y la alfabetización digital y mediática; llama la atención sobre el hecho de que los estereotipos en la publicidad y en otros productos de los medios de comunicación tienen un impacto potencial en la socialización de los niños y, posteriormente, en la manera en que se perciben a sí mismos, a los miembros de su familia y al mundo exterior; señala que la publicidad puede ser un valioso instrumento para poner en cuestión los estereotipos, tales como los estereotipos de género y los estereotipos contra las personas LGBTI; pide, por tanto, una mayor atención a la formación profesional y a las actividades educativas como medio para luchar contra la discriminación y promover la igualdad de género y de las personas LGBTI;

24.  Recomienda que medidas menos estrictas, como los planes o las orientaciones en materia de igualdad de género, tengan más prominencia en las organizaciones de medios de comunicación, y recomienda que estos protocolos establezcan las normas sobre una imagen positiva de las mujeres en la publicidad, las noticias, los reportajes, la producción o la emisión, y que cubran todos los ámbitos de contenido sensible, como la descripción del poder y la autoridad, los conocimientos especializados, la toma de decisiones, la sexualidad, la violencia, la diversidad de roles y el uso de lenguaje no sexista; anima, además, a los medios de comunicación públicos y privados a que integren la igualdad de género en todos sus contenidos y a que adopten planes de igualdad para reflejar la diversidad social;

25.  Recomienda que las reglamentaciones emitidas por las autoridades competentes para los medios de comunicación y las comunicaciones establezcan los criterios que garanticen representaciones no estereotipadas de mujeres y niñas y que incluyan la posibilidad de retirar o suspender contenidos ofensivos; recomienda también que las organizaciones especializadas, como los organismos nacionales de igualdad y las ONG de mujeres, se impliquen en la supervisión de la aplicación de estas reglamentaciones;

26.  Señala que los Estados miembros deben garantizar, por todos los medios apropiados, que los medios de comunicación, incluidos los medios en línea y las redes sociales, así como la publicidad, no contengan ningún tipo de incitación a la violencia o al odio dirigidos contra una persona o un grupo de personas; subraya la necesidad de recopilar datos desglosados por sexo y de llevar a cabo investigaciones en cooperación con el EIGE, con el fin de abordar la ciberviolencia, el acoso sexual en línea , las amenazas, los comentarios sexistas y el discurso del odio contra mujeres y niñas, incluidas las pertenecientes al colectivo LGBTI; destaca que es necesario prestar especial atención a la formación relativa al modo en que los medios informan sobre los casos de violencia de género, incluida la violencia contra las personas LGBTI; propone que se ponga a disposición de los profesionales de los medios de comunicación una formación continuada sobre las representaciones de género en los contenidos de los medios de comunicación, también para los puestos de liderazgo; recomienda que la igualdad de género se refleje en los módulos de enseñanza en los planes de estudio de grado y de posgrado de cursos de comunicación y periodismo;

27.  Pide a los Estados miembros y a la Comisión que fomenten la autorregulación y la corregulación en los medios de comunicación mediante códigos de conducta;

Ejemplos de buenas prácticas

28.  Toma nota con entusiasmo de los diversos ejemplos de buenas prácticas que se pueden observar en todos los Estados miembros, entre otros: campañas en los medios de comunicación, legislación específica, premios a la mejor y a la peor publicidad en cuanto a estereotipos y sexismo, bases de datos de expertas, cursos de formación para profesionales de la industria y planes de igualdad de las organizaciones de medios de comunicación, códigos de conducta y políticas de igualdad de oportunidades y diversidad y fijación de umbrales mínimos de representación de cada sexo en los órganos de administración de las autoridades reguladoras de los medios de comunicación;

29.  Anima a los Estados miembros a apoyar campañas como la herramienta belga Expertalia, los premios checos «Sexist Piggy» o la iniciativa sueca #TackaNej («no gracias»), entre otras; insta a los Estados miembros a que realicen campañas periódicas de información y sensibilización sobre contenidos discriminatorios basados en el género en los medios de comunicación, y a que presenten informes periódicos sobre la evolución de la igualdad de género en el sector de la comunicación; pide a la Comisión que asigne financiación especial para los subprogramas que se centran en el avance de las mujeres en el sector de los medios de comunicación y que apoye a las asociaciones y redes de medios para poner en marcha campañas de sensibilización públicas y sectoriales; alienta, además, a la Comisión a crear un premio de la Unión para estudiantes de comunicación por trabajos relacionados con el tema de la igualdad de género;

30.  Alienta a las organizaciones de la sociedad civil a que definan estrategias de comunicación, no solo para los medios de comunicación tradicionales, sino también para los medios en línea, a fin de aumentar las posibilidades de influir y supervisar su agenda;

Recomendaciones adicionales

31.  Pide a los Estados miembros que, de acuerdo con los organismos para la igualdad, apliquen plenamente la legislación existente que aborda la igualdad de género, y que promuevan la atención de los organismos reguladores hacia la presencia y los avances de las mujeres y hacia sus contenidos no estereotipados; anima a los Estados miembros a llevar a cabo evaluaciones periódicas de los ámbitos arriba mencionados y a desarrollar, si no lo han hecho ya, una legislación centrada en los contenidos no estereotipados de los medios de comunicación; insiste en el papel de los Estados miembros en la mejor utilización de los recursos existentes para los medios de comunicación, dentro de su ámbito de competencias, para desempeñar su papel de servicio público, al tiempo que reflejan una sociedad más equilibrada en materia de género y más democrática;

32.  Pide a la Comisión que lleve a cabo otras investigaciones sobre la participación de las mujeres en puestos de dirección en los medios de comunicación; elogia al EIGE por su trabajo en este ámbito y pide a la Comisión que siga desarrollando y supervisando el conjunto pertinente de indicadores, en particular, pero no exclusivamente, la presencia de las mujeres en la toma de decisiones, sus condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos en el contenido de los medios de comunicación, a la vez que amplía su atención a las nuevas tecnologías de las redes sociales con el fin de desarrollar metodologías para prevenir la violencia de género y el acoso en las redes sociales;

33.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y fomenten las organizaciones de mujeres que trabajan en el ámbito de la promoción de la igualdad de género en los medios de comunicación, incluidas las organizaciones que apoyan a las mujeres y las niñas víctimas de la violencia de género, la discriminación interseccional o el acoso sexual;

34.  Pide a los Estados miembros que apliquen programas de acción eficaces y eficientes en las organizaciones de medios de comunicación que garanticen la implicación de las mujeres en el diseño y la aplicación de políticas y programas sensibles a las cuestiones de género;

35.  Pide a los Estados miembros que desarrollen programas para mejorar las capacidades de las mujeres en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que son importantes para las trayectorias profesionales en el sector de los medios de comunicación con un cariz más técnico, como el sonido y la producción audiovisual; pone de relieve la importancia de la educación y la formación profesional a la hora de diversificar las elecciones profesionales y brindar a mujeres y hombres oportunidades laborales no tradicionales para superar la exclusión horizontal y vertical;

o
o   o

36.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 204 de 26.7.2006, p. 23.
(2) DO L 95 de 15.4.2010, p. 1.
(3) DO C 296 de 10.11.1995, p. 15.
(4) DO C 304 de 6.10.1997, p. 60.
(5) DO C 295E de 4.12.2009, p. 43.
(6) DO C 36 de 29.1.2016, p. 18.
(7) DO C 66 de 21.2.2018, p. 44.
(8) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0338.
(9) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0360.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0260.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0290.
(12) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0364.
(13) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0417.
(14) Recopilación conjunta de datos de la UNESCO, la OCDE, Eurostat (UOE), disponible en: http://eige.europa.eu/gender-statistics/dgs/indicator/ta_educ_part_grad__educ_uoe_grad02.
(15) Índice de igualdad de género del EIGE, 2017.
(16) https://www.womenlobby.org/IMG/pdf/factsheet_women_and_media.pdf.
(17) Lenka Vochocová, audiencia pública de la Comisión FEMM sobre «Igual de género en el sector de los medios de comunicación en la UE», 26 de junio de 2017, grabación disponible en: http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/committees/video?event=20170626-1500-COMMITTEE-FEMM.
(18) Global Media Monitoring project, informe regional para Europa (2015), disponible en: http://cdn.agilitycms.com/who-makes-the-news/Imported/reports_2015/regional/Europe.pdf.
(19) Campaña de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) sobre la violencia de género en el trabajo, https://www.ifj-stop-gender-based-violence.org/es.
(20) ‘Where are the women directors in European films? Gender equality report on female directors (2006-2013) with best practice and policy recommendations’ (¿Dónde están las directoras de cine en las películas europeas? Informe de igualdad de género sobre directoras de cine (2006-2013), con mejores prácticas y recomendaciones de políticas), http://www.ewawomen.com/en/research-.html
(21) Igualdad de género en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones. Indicadores de la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing en los Estados miembros de la Unión, 2017 (Fuente: Base de datos de estadísticas de género del EIGE — Mujeres y hombres en puestos de responsabilidad).
(22) Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE): Review of the implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States: Women and the Media – Advancing gender equality in decision-making in media organisations» (Indicadores de la aplicación de la Plataforma de Acción de Pekín en los Estados miembros de la UE: las mujeres y los medios de comunicación – Promoción de la igualdad de género en la toma de decisiones en las organizaciones de medios de comunicación),
(23) Véase la Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2017, sobre las condiciones laborales y el empleo precario.
(24) DO L 69 de 8.3.2014, p.112.


Capacitación de mujeres y niñas a través del sector digital
PDF 136kWORD 53k
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre la capacitación de mujeres y niñas a través del sector digital (2017/3016(RSP))
P8_TA(2018)0102B8-0183/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE), así como el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en 1995, y en particular la esfera de especial preocupación «La mujer y los medios de difusión»,

–  Visto el documento final, de 16 de diciembre de 2015, de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el examen general de la aplicación de los resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información,

–  Visto el Compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019 de la Comisión,

–  Vistas la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192), y la revisión intermedia de su aplicación, titulada «Un mercado único digital conectado para todos» (COM(2017)0228),

–  Vistos el segundo pilar de la Estrategia para el Mercado Único Digital de la Comisión, que tiene por objeto crear condiciones adecuadas y equitativas para las redes digitales y los servicios innovadores, y el tercer pilar, que apuesta por una sociedad digital integradora en la que los ciudadanos tengan las cualificaciones adecuadas para aprovechar las oportunidades que ofrece internet y multiplicar sus posibilidades de encontrar trabajo,

–  Visto el marco «Educación y Formación 2020»,

–  Vistos el estudio de la Comisión titulado «ICT for work: Digital skills in the workplace» (Las TIC en el trabajo: competencias digitales en el lugar de trabajo), y la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2016, titulada «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa – Trabajar juntos para reforzar el capital humano, la empleabilidad y la competitividad» (COM(2016)0381),

–  Visto el estudio elaborado por el Departamento Temático C del Parlamento Europeo titulado «Empowering women on the Internet» (Empoderamiento de las mujeres en internet), publicado en 2015(1),

–  Visto el informe de la Comisión, de 1 de octubre de 2013, titulado «Women active in the ICT sector» (Mujeres activas en el sector de las TIC),

–  Visto el estudio del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), de 26 de enero de 2017, titulado «Gender and Digital Agenda» (El género y la agenda digital),

–  Vista su Resolución, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor(2),

–  Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los estereotipos de género en la UE(3),

–  Vista su Resolución, de 12 de septiembre de 2013, sobre la Agenda Digital para el crecimiento, la movilidad y el empleo(4), y en particular la Gran Coalición para las Competencias y el Empleo Digitales,

–  Vista su Resolución, de 8 de octubre de 2015, sobre la aplicación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación(5),

–  Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la era digital(6),

–  Vista la pregunta dirigida a la Comisión sobre la capacitación de mujeres y niñas a través del sector digital (O-000004/2018 – B8‑0010/2018),

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que la digitalización ha revolucionado y cambiado sustancialmente la manera en que la gente recibe y transmite información, se comunica, se relaciona, estudia y trabaja, lo que permite otras posibilidades de participar en el debate público y político, en la educación y en el mercado laboral, ofrece nuevas oportunidades de vivir la vida que uno mismo escoja y tiene un potencial económico enorme tanto dentro como fuera de la Unión Europea; que la digitalización no solo repercute en los mercados, sino también en la sociedad en su conjunto;

B.  Considerando que la sociedad de la información, impulsada por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), trae consigo enormes oportunidades para la generación y la distribución de riqueza y conocimiento;

C.  Considerando que las mujeres en todo el mundo, como grupo demográfico, pasan menos tiempo conectadas a la red que los hombres. De hecho, un 68 % de hombres y un 62 % de mujeres utilizan ordenadores e internet regularmente; un 54 % de hombres frente a un 48 % de mujeres utilizan internet en dispositivos móviles y un 33 % de hombres instalan ellos mismos programas informáticos en sus dispositivos, mientras que solo lo hace el 18 % de las mujeres; un 41 % de hombres utilizan la radio y la televisión en línea frente a un 35 % de mujeres; un 47 % de hombres utilizan la banca en línea en comparación con el 35 % de las mujeres; un 22 % de hombres venden bienes a través de la red y solo el 17 % de mujeres lo hacen, y el 20 % de hombres compran bienes a través de la red frente al 13 % de las mujeres;

D.  Considerando que los modelos digitales de comunicación han contribuido a crear las condiciones propicias para un incremento de la incitación al odio y de las amenazas contra las mujeres, y que el 18 % de las mujeres en Europa han sufrido desde la adolescencia algún tipo de acoso cibernético; que ha aumentado el número de amenazas contra las mujeres, incluidas las amenazas de muerte; que sigue siendo insuficiente la conciencia social acerca de las formas digitales de violencia; que el marco jurídico aún no contempla totalmente algunas de las formas de violencia en línea.

E.  Considerando que solo el 2 % de todas las mujeres en el mercado de trabajo tiene empleos técnicos, profesionales y científicos, en comparación con el 5 % de los hombres; que en Europa solo nueve de cada cien desarrolladores son mujeres, que en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación solo el 19 % de los directivos son de sexo femenino (frente al 45 % en otros sectores de servicios) y que las mujeres únicamente representan el 19 % de los empresarios (frente al 54 % en otros sectores de servicios);

F.  Considerando que existe una importante diferencia entre hombres y mujeres por lo que respecta al acceso a las oportunidades profesionales y educativas en relación con las tecnologías de la información y la comunicación y las capacidades informáticas;

G.  Considerando que el sexismo y los estereotipos de género suponen un grave obstáculo para la igualdad entre mujeres y hombres, y contribuyen a ampliar aún más la brecha de género en el sector digital, lo que dificulta que las mujeres desarrollen plenamente sus capacidades como usuarias, innovadoras y creadoras;

H.  Considerando que los empleos, no solo en el sector de las TIC, requieren cada vez más un cierto grado de competencias digitales y alfabetización digital y que es probable que esta tendencia aumente en el futuro, de modo que será necesario un espectro más amplio de competencias digitales para la mayoría de las profesiones y de los puestos vacantes;

I.  Considerando que la mejora de las competencias digitales y la alfabetización digital presentan una oportunidad única para mejorar el equilibrio entre vida privada y vida laboral aumentando el acceso a la educación y la formación y facilitando la inclusión en el mercado laboral no solo de mujeres y niñas, sino también de personas con necesidades especiales, como las personas con discapacidad y los residentes en zonas rurales y remotas alejadas de los centros urbanos; que la digitalización del lugar de trabajo puede suponer retos que habrá que afrontar; que el número creciente de mujeres en el sector de las TIC, que es uno de los sectores mejor pagados, puede contribuir a su capacitación e independencia financieras, lo que se traduciría en la reducción de la diferencia salarial total entre hombres y mujeres y en un aumento de la independencia financiera de las mujeres; que de los casi 8 millones de personas que trabajan en el sector de las TIC en Europa, solo alrededor del 16 % son mujeres;

J.  Considerando que la digitalización brinda nuevas oportunidades para el emprendimiento de las mujeres, incluido el emprendimiento digital a pequeña escala, que en muchos casos no exige un capital inicial importante, así como las empresas en el marco de la economía social que mejoran la inclusión social; que es necesario apoyar el emprendimiento digital de las mujeres, puesto que es uno de los sectores más prósperos y de crecimiento más rápido de la economía, que ofrece numerosas oportunidades de innovación y crecimiento, ámbito en el que las mujeres representan apenas el 19 % de los empresarios;

K.  Considerando que la entrada de más mujeres en el sector de las TIC supondría un impulso en un mercado que se prevé que va a sufrir escasez de mano de obra y en el que la participación equitativa de las mujeres redundaría en unos 9 000 millones EUR anuales para el PIB de la Unión; que las mujeres siguen estando muy infrarrepresentadas en los estudios universitarios en TIC, ya que tan solo constituyen alrededor del 20 % de los licenciados en este ámbito y solo un 3 % de todas las mujeres licenciadas tienen un título relacionado con las TIC; que las mujeres se enfrentan a notables dificultades para integrarse y permanecer en el sector de las TIC; que la predominancia de los hombres en el entorno laboral de las TIC, ya que solo el 30 % de la mano de obra es de sexo femenino, contribuye a que muchas mujeres abandonen este sector a los pocos años de haber obtenido su título universitario; que la participación de las mujeres en el mercado de trabajo digital disminuye con los años: las mujeres de edad inferior a los 30 años con título relacionado con las TIC representan el 20 % del sector de las TIC, comparado con el 15,4 % de las mujeres en edades comprendidas entre los 31 y los 45 años y con el 9 % de las mujeres de edad superior a los 45 años;

L.  Considerando que en el estudio titulado «Women active in the ICT sector» (Mujeres activas en el sector de las TIC) se estima en 900 000 el número de puestos de trabajo en el sector de las TIC en Europa que estarán vacantes en 2020; que el sector de las TIC experimenta un rápido crecimiento y crea unos 120 000 nuevos puestos de trabajo cada año;

M.  Considerando que el sector de las TIC se caracteriza por una segregación vertical y horizontal especialmente elevada, así como por una brecha entre la formación académica de las mujeres y su posición en dicho sector; que menos del 20 % de los empresarios del sector de las TIC son mujeres; que la mayoría (54 %) de las mujeres empleadas en el sector de las TIC ocupa puestos peor pagados y de menor nivel de competencias, y solo una pequeña minoría (8 %) ocupa puestos de ingeniería de software que precisan cualificaciones elevadas; que las mujeres también están infrarrepresentadas en la toma de decisiones de este sector, puesto que solo el 19,2 % de los trabajadores del sector tiene a una mujer como superior, en comparación con el 45,2 % en los demás sectores;

N.  Considerando que las mujeres de 55 años o más tienen más posibilidades de encontrarse en una situación de desempleo e inactividad en el mercado laboral, con una tasa media de empleo en la Unión para las mujeres de edades comprendidas entre los 55 y los 64 años de tan solo el 49 %, frente al 62 % en el caso de los hombres, en 2016; que un bajo nivel de alfabetización digital y competencias informáticas aumenta aún más ese riesgo; que mejorar e invertir en las competencias digitales de las mujeres de 55 años o más incrementaría sus oportunidades de empleo y les ofrecería cierta protección contra la exclusión del mercado laboral;

O.  Considerando que, a pesar de que, según datos de Eurostat de 2014, más mujeres (42,3 %) que hombres (33,6 %) llegan a la enseñanza superior, existe un mayor número de mujeres en el ámbito de las humanidades que en el ámbito científico; que solo el 9,6 % de las estudiantes en educación superior cursan estudios relacionados con las TIC, frente al 30,6 % de los hombres; que las mujeres siguen estando muy infrarrepresentadas en iniciativas como «EU Code Week», «ICT for Better Education», «Startup Europe», «Leaders Club» o la «Gran Coalición para el Empleo Digital», que tienen por objeto avanzar en el fomento de la enseñanza electrónica y las competencias informáticas;

P.  Considerando que la baja participación de las mujeres y las niñas en la formación relacionada con las TIC y posteriormente en el empleo asociado es el resultado de una compleja interacción entre estereotipos de género que se inicia en fases tempranas de la vida y la formación y continúa durante la trayectoria profesional;

1.  Pide a la Comisión que aproveche y que oriente mejor la Agenda Digital y la Estrategia para el Mercado Único Digital, a fin de abordar la grave desigualdad que se da en el sector de las TIC entre hombres y mujeres y promover la plena integración de las mujeres en dicho sector, especialmente en relación con las profesiones técnicas y de telecomunicaciones, para promover la educación y formación en TIC de las mujeres y las jóvenes, así como en otras materias de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas;

2.  Celebra las medidas para apoyar la integración y participación de las mujeres en la sociedad de la información incluidas en el compromiso estratégico para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019; pide a la Comisión que aplique las medidas incluidas en el compromiso estratégico que tengan por objeto reducir la disparidad en materia salarial, de ingresos y de pensiones por razones de género y, por consiguiente, luchar contra la pobreza entre las mujeres, y que ponga un interés especial en promover el empleo femenino en el sector de las TIC, combatir los estereotipos de género y fomentar la igualdad de género en todos los niveles y en todos los tipos de educación, también en relación con elecciones de estudios y trayectorias basadas en el género, en línea con las prioridades establecidas en el marco «Educación y Formación 2020»;

3.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que trabajen mediante una cooperación abierta dentro del Marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación 2020 en encontrar soluciones e intercambiar mejores prácticas en materia de educación digital temprana, incluidas las cibercompetencias y la codificación, que sean inclusivas para las niñas, así como, en fases posteriores, en programas destinados a aumentar la proporción de mujeres que deciden emprender y completar estudios universitarios en CTIM, dado que esto permitiría a las mujeres el pleno acceso a los servicios electrónicos en pie de igualdad con los hombres y aprovechar las oportunidades de empleo que se espera que se crearán para ingenieros y expertos en tecnologías de la información;

4.  Pide a la Unión y a los Estados miembros que desarrollen, apoyen y apliquen las medidas que promueven las Naciones Unidas y sus organismos, en particular en el marco de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y de las Cumbres Mundiales sobre la Sociedad de la Información (CMSI), también en el contexto de los planes de estudio, para trabajar en pro del empoderamiento de la mujer en la era digital a escala europea e internacional;

5.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que resuelvan el problema de la desigualdad entre hombres y mujeres en el sector de las TIC mediante una defensa de la justificación comercial de la diversidad y la creación de incentivos más numerosos y eficaces tanto para las empresas como para las mujeres, como modelos de referencia, programas de tutoría y trayectorias profesionales, al objeto de aumentar la visibilidad de las mujeres; anima a los Estados miembros a que apoyen y adopten medidas, entre otras cosas, en materia de desarrollo de contenidos en línea que promuevan la igualdad de género, la promoción del acceso y del uso de las TIC como instrumento contra la discriminación por motivos de género en ámbitos como la violencia de género, y la creación de un equilibrio entre vida privada y vida laboral;

6.  Acoge con satisfacción el Plan de Acción 2017-2019 de la UE para abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres (COM(2017)0678), destaca la necesidad de reforzar el cumplimiento del principio de igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por un mismo trabajo consagrado en el Tratado de la Unión Europea y pide a la Comisión que ejecute las iniciativas incluidas en la Acción 2 del Plan que tienen por objeto atraer a más mujeres a los sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas lo que, según el EIGE, conduciría al cierre de la brecha salarial entre hombres y mujeres de aquí al año 2050 gracias al alto nivel de productividad de dichos sectores;

7.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que faciliten fondos y mejoren el acceso a los fondos existentes con el fin de promover y apoyar a las mujeres empresarias, en particular en el marco de la industria de la transformación digital, facilitando que cualquier empresa, de cualquier lugar de Europa, grande o pequeña, de cualquier sector pueda beneficiarse de las innovaciones digitales; en este sentido, los polos de innovación digital, que son esenciales para facilitar la transformación digital, deberían centrar su atención en las mujeres empresarias y en las nuevas empresas creadas por mujeres; pide a la Comisión que aborde plena y exhaustivamente la brecha de género en el proceso de digitalización;

8.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que respalden el aprendizaje permanente, así como la formación y los programas que contribuyen a prepararse para una mejor adaptación o un posible cambio de trayectoria profesional en consonancia con la creciente demanda de competencias digitales en numerosos sectores, prestando especial atención a las mujeres de 55 años o más, en particular las que tienen responsabilidades de cuidado y las mujeres que han interrumpido su carrera o se reincorporan al lugar de trabajo, con vistas a asegurarse de que no se queden rezagadas en el cambio cada vez más rápido hacia la digitalización, para evitar su exclusión del mercado laboral;

9.  Subraya la eficacia de internet para las campañas, los foros y la visibilidad de mujeres que sirvan de modelo, con vistas a acelerar la igualdad de género; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan las redes en línea de mujeres, dado que estas reflejan un planteamiento ascendente en materia de capacitación de las mujeres;

10.  Pide a la Comisión que fomente la creación de redes entre las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones profesionales de medios de comunicación a fin de capacitar a las mujeres para que tomen parte activa, y que reconozca la necesidad específica de las mujeres en el sector de los medios de comunicación;

11.  Subraya el papel esencial que desempeña la sociedad civil en la gobernanza de internet; pide a la Comisión y a los Estados miembros que colaboren con las organizaciones de la sociedad civil del entorno digital y las apoyen;

12.  Anima a todos los entes y agentes de la sociedad civil a que apoyen la introducción y la aplicación de servicios electrónicos, competencias digitales y formas digitales de trabajo que puedan fomentar el equilibrio entre vida privada y vida laboral en nuestras sociedades asegurándose al mismo tiempo de evitar una doble carga para las mujeres; pide a la Comisión y a los Estados miembros que identifiquen oportunidades y retos de digitalización, también en lo que respecta a condiciones de trabajo tales como las formas inestables de empleo y los problemas de salud mental relacionados con el trabajo;

13.  Subraya la importancia de garantizar la integración de la perspectiva de género en las políticas del sector educativo mediante el fomento de la alfabetización digital y la participación de las mujeres y las niñas en la educación y la formación en el ámbito de las TIC, incorporando la programación, los nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías a los planes de estudios y formación de todo tipo y de todos los niveles, así como a los estudios extracurriculares, informales y no formales, también para el personal docente, a fin de reducir y eliminar el déficit de competencias digitales y animar a las niñas y jóvenes a emprender carreras en los ámbitos de la ciencia y las TIC; señala la importancia de un diálogo permanente con los interlocutores sociales para superar la desigualdad entre hombres y mujeres en este ámbito;

14.  Alienta a los Estados miembros a que introduzcan una formación en materia de TIC adecuada a cada edad en los primeros años de escolarización, encaminada, sobre todo, a incentivar a las niñas para que desarrollen sus intereses y talentos en el ámbito digital, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan la enseñanza de asignaturas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas a las niñas desde temprana edad, en vista de que las niñas se alejan antes de estas asignaturas a lo largo de su trayectoria educativa debido a los estereotipos de género existentes en torno a estas materias, a la falta de modelos femeninos y a una segregación de las actividades y los juguetes, lo que se traduce en una infrarrepresentación de las mujeres en estos estudios en la universidad, que se extiende hasta el ámbito laboral;

15.  Insta a los Estados miembros y a la Comisión a fomentar, en particular a través de campañas de información y sensibilización, la participación de las mujeres en sectores de actividades consideradas típicamente «masculinas», como la digitalización; subraya la necesidad de que se organicen campañas de sensibilización, formación e integración de la perspectiva de género dirigidas a todos aquellos que participan en las políticas de digitalización; subraya la necesidad de apoyar la adquisición de habilidades digitales por parte de las mujeres en los sectores en los que las TIC no se utilizan de manera intensiva, pero que en el futuro requerirán competencias y habilidades digitales;

16.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros, así como a las empresas, que promuevan la igualdad de género en las TIC recopilando datos desglosados por sexo sobre el uso de las TIC y desarrollando objetivos, indicadores y referencias para hacer un seguimiento de los progresos realizados en el acceso de las mujeres a las TIC y para promover ejemplos de buenas prácticas en las empresas de este sector; pide al Instituto Europeo de la Igualdad de Género que recopile datos sobre el modo en que los servicios digitales pueden emplearse mejor en beneficio de las mujeres y de la igualdad de género;

17.  Subraya la importancia de determinar los retos que se plantean por el uso de internet y las TIC para cometer delitos, amenazar o ejercer la violencia atentando contra la mujer; insta a los responsables políticos a que aborden adecuadamente estas cuestiones y garanticen la creación de un marco que permita a los servicios de seguridad hacer frente eficazmente a la ciberdelincuencia; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la protección de las niñas contra la publicidad en el entorno digital que pudiera incitarles a comportamientos perjudiciales para su salud;

18.  Pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros que promuevan campañas para que las mujeres tomen conciencia de los beneficios de las TIC, así como de los riesgos asociados, y reciban la educación y los conocimientos necesarios sobre cómo protegerse en internet;

19.  Pide a las instituciones, a las agencias y a los órganos de la Unión, así como a los Estados miembros y sus servicios policiales, que colaboren y coordinen sus acciones en la práctica al objeto de combatir el uso de las TIC para la comisión de delitos asociados con la trata de seres humanos, el ciberacoso y el ciberhostigamiento pues a menudo tienen un carácter transfronterizo y es vital una coordinación a escala europea para enjuiciar estos delitos; pide a los Estados miembros que revisen sus legislaciones en materia penal para garantizar la definición y el reconocimiento de las nuevas formas de violencia digital;

20.  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión y al Consejo de la Unión Europea.

(1) Análisis en profundidad: «Empowering women on the Internet» («Empoderar a las mujeres en Internet»), Parlamento Europeo, Dirección General de Políticas Internas, Departamento de Políticas C - Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, octubre de 2015.
(2) DO C 264 E de 13.9.2013, p. 75.
(3) DO C 36 de 29.1.2016, p. 18.
(4) DO C 93 de 9.3.2016, p. 120.
(5) DO C 349 de 17.10.2017, p. 56.
(6) DO C 66 de 21.2.2018,p. 44.


Ejecución del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, del Instrumento de Ayuda Humanitaria y del Fondo Europeo de Desarrollo
PDF 237kWORD 64k
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre la ejecución del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, del Instrumento de Ayuda Humanitaria y del Fondo Europeo de Desarrollo (2017/2258(INI))
P8_TA(2018)0103A8-0118/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 3, apartado 5, y el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 208 a 211 y 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vista la Alianza Mundial de Cooperación Eficaz para el Desarrollo, creada en el Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda celebrado en Busan en 2011 y renovada en la Reunión de Alto Nivel de Nairobi en 2016,

–  Vista la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, que tuvo lugar en Sendai (Japón) del 14 al 18 de marzo de 2015,

–  Vista la Resolución de las Naciones Unidas titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», aprobada en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible el 25 de septiembre de 2015 en Nueva York, así como los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible incluidos en dicha Resolución,

–  Vista la Cumbre Humanitaria Mundial celebrada en Estambul los días 23 y 24 de mayo de 2016, así como el «Gran Pacto» alcanzado por algunos de los mayores donantes y proveedores de ayuda,

–  Visto el Acuerdo de Asociación ACP-UE(1) firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado el 25 de junio de 2005 y el 22 de junio de 2010,

–  Vista la Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea(2),

–  Visto el Reglamento (CE) n.º 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria(3),

–  Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020(4),

–  Visto el Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea, reunidos en el seno del Consejo, relativo a la financiación de la ayuda de la Unión Europea concedida con cargo al marco financiero plurianual para el período 2014-2020 de conformidad con el Acuerdo de Asociación ACP-UE y a la asignación de ayuda financiera a los países y territorios de ultramar a los que se aplica la parte cuarta del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Visto el Reglamento (UE) 2015/322 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, sobre la aplicación del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo(5),

–  Visto el Reglamento (UE) 2015/323 del Consejo, de 2 de marzo de 2015, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al 11.º Fondo Europeo de Desarrollo(6),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 233/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2014, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el período 2014-2020(7),

–  Visto el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria, de 2007(8),

–  Visto el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo, de 7 de junio de 2017(9),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 19 de junio de 2017, sobre el compromiso de la Unión Europea en favor de la sociedad civil en las relaciones exteriores,

–  Vista su Resolución, de 22 de noviembre de 2016, sobre una mayor eficacia de la cooperación al desarrollo(10),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, titulada «Fondo Fiduciario de la UE para África: repercusiones sobre el desarrollo y la ayuda humanitaria»(11),

–  Vista su Resolución, de 7 de junio de 2016, sobre el Informe de la UE de 2015 sobre la coherencia de las políticas en favor del desarrollo(12),

–  Vista su Resolución, de 22 de octubre de 2013, sobre las entidades locales y la sociedad civil: el compromiso de Europa en aras del desarrollo sostenible(13),

–  Visto el Informe Especial n.º 18/2014 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre los sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid,

–  Vistos el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 15 de diciembre de 2017, titulado «Informe de revisión intermedio sobre los Instrumentos de Financiación Exterior» (COM(2017)0720) y los correspondientes documentos de trabajo de los servicios titulados «Evaluation of the Development Cooperation Instrument» (Evaluación del Instrumento de Cooperación al Desarrollo) (SWD(2017)0600) y «Evaluation of the 11th European Development Fund» (Evaluación del undécimo Fondo Europeo de Desarrollo) (SWD(2017)0601),

–  Vista la evaluación externa del 11.º Fondo Europeo de Desarrollo (informe final de junio de 2017), encargada por la Comisión a un equipo de contratistas externos,

–  Vista la evaluación externa del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (informe final de junio de 2017), encargada por la Comisión a un equipo de contratistas externos,

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de febrero de 2018, titulada «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020» (COM(2018)0098),

–  Visto el informe titulado «Coherence Report - Insight from the External Evaluations of the External Financial Instruments» (Informe sobre la coherencia - conclusiones de las evaluaciones externas sobre los instrumentos de financiación exterior) (informe final de julio de 2017), encargado por la Comisión a un equipo de contratistas externos,

–  Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Presupuestos (A8-0118/2018),

A.  Considerando que, desde la creación de los instrumentos de financiación exterior, tanto el marco político internacional como el de la Unión han cambiado significativamente con la adopción de instrumentos clave como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la Agenda de Acción de Adís Abeba, el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 y la Agenda para la Humanidad; que la Unión desempeñó un papel protagonista en las negociaciones de estos instrumentos;

B.  Considerando que el Tratado de Lisboa, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), junto con el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria, el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo y los principios de Busan en materia de eficacia del desarrollo determinan la estrategia de la Unión en materia de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria; que, además, el Consejo ha adoptado una Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea que se ocupa, entre otros asuntos, de la cooperación al desarrollo;

C.  Considerando que, con arreglo al artículo 214 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y al Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria, la ayuda humanitaria se debe proporcionar de conformidad con los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad y siguiendo un enfoque basado en las necesidades; que la ayuda humanitaria no debe ser una herramienta de gestión de crisis;

D.  Considerando que la política de desarrollo debería completar la política exterior de la Unión y la gestión de la migración, garantizando al mismo tiempo que los fondos del desarrollo se utilicen solo para objetivos y fines relacionados con el desarrollo y no para cubrir gastos relacionados con el logro de diferentes objetivos, como el control de las fronteras o las políticas de lucha contra la migración;

E.  Considerando que el objetivo principal del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) es reducir y, a largo plazo, erradicar la pobreza en los países en desarrollo que no se benefician de financiación del Fondo Europeo de Desarrollo (FED), el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) o el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), proporcionar apoyo temático a las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales de los países socios en el ámbito de los bienes públicos y desafíos mundiales relacionados con el desarrollo y apoyar la Asociación Estratégica África-UE; que el ICD es el principal instrumento geográfico en el ámbito de la cooperación al desarrollo en el marco del presupuesto de la Unión, con una asignación de 19 600 millones EUR para el período 2014-2020;

F.  Considerando que el objetivo principal del FED es reducir y, a largo plazo, erradicar la pobreza en los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y conseguir el desarrollo sostenible de los países y territorios de ultramar (PTU); que el FED es el principal instrumento de cooperación al desarrollo de la Unión, con una asignación de 30 500 millones EUR al 11.º FED para el período 2014-2020;

G.  Considerando que el principal objetivo del Instrumento de Ayuda Humanitaria (IAH) es proporcionar asistencia, ayuda y protección a personas afectadas por catástrofes naturales o de origen humano y situaciones de emergencia similares, centrándose en las víctimas más vulnerables con independencia de su nacionalidad, religión, sexo, edad, origen étnico o afiliación política y sobre la base de necesidades reales, de principios humanitarios internacionales y del Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria;

H.  Considerando que el IAH va más allá de las tareas centrales de las operaciones de salvamento, e incluye ayuda a las personas afectadas por crisis de larga duración, los trabajos de rehabilitación y reconstrucción a corto plazo, la prevención de catástrofes y la respuesta a las consecuencias de los movimientos de población;

I.  Considerando que una cooperación al desarrollo eficaz requiere enfoques innovadores que confieran a los donantes la capacidad de responder de forma rápida a situaciones locales, de trabajar con organizaciones locales y de apoyar empresas y empresarios locales, especialmente en los países más pobres y frágiles; que el sistema de auditoría de la Unión debe dar a los donantes la flexibilidad de asumir una cantidad de riesgo razonable en dichos proyectos, mejorando la capacidad de la Unión de responder de forma rápida y proporcionar ayuda eficaz;

J.  Considerando que la Unión es el principal donante mundial de ayuda humanitaria y ayuda al desarrollo; que, a través de esta ayuda, la Unión apoya la labor de reducción de la pobreza y promoción de los intereses y valores fundamentales tanto mundiales como de la Unión;

K.  Considerando que la Cumbre Unión Africana-Unión Europea celebrada en Abiyán los días 29 y 30 de noviembre de 2017 confirmó la voluntad de establecer una asociación auténtica, modernizada, globalizada y ambiciosa que cree las condiciones políticas y económicas para una igualdad real;

L.  Considerando el crecimiento exponencial del número de acuerdos de cooperación al desarrollo celebrados con terceros países, entre los que se encuentran China, Rusia, Turquía, Brasil y la India;

M.  Considerando que es muy preocupante que se recupere y extienda la llamada ley de mordaza global y se recorten fondos a las organizaciones que proporcionan a las mujeres y las niñas servicios en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos y de planificación familiar;

N.  Considerando que los gobiernos de terceros países tienen expectativas reales en lo que se refiere a la rapidez de actuación, eficacia y respuesta a la necesidad urgente de mantener unas asociaciones de cooperación al desarrollo sólidas; que existe una necesidad de desarrollar una economía abierta y productiva en los países socios, teniendo en cuenta las nuevas realidades y los nuevos agentes económicos en la escena internacional;

O.  Considerando que, dado que el Reino Unido no participará después de 2020, el Brexit implicará una reducción en el presupuesto de la UE de entre el 12 y el 15 %;

P.  Considerando que las evaluaciones del FED y del ICD confirman que realmente es posible utilizar los distintos instrumentos geográficos y temáticos de un modo coherente;

Q.  Considerando que la evaluación del 11.º FED afirma que «existe una amenaza real de que se fuerce al FED a responder a prioridades que no concuerden con su objetivo final, la erradicación de la pobreza, y que podrían entrar en conflicto con sus valores fundamentales y poner en riesgo aquello que el instrumento hace bien», que a pesar de las consultas, rara vez se han tenido en cuenta las opiniones de los gobiernos y de las organizaciones de la sociedad civil (con algunas excepciones notables en la región del Pacífico) en las decisiones de programación y que la programación del 11.º FED adoptó, por tanto, un enfoque descendente para aplicar el principio de concentración, si bien a expensas del principio central de asociación del Acuerdo de Cotonú;

R.  Considerando que, según la evaluación del 11.º FED, en abril de 2017 se habían desembolsado casi 500 millones EUR de la reserva del FED para apoyar al departamento de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria de la Comisión (ECHO), se habían asignado casi 500 millones EUR en ayuda de emergencia en distintos países y se habían desembolsado 1 500 millones EUR para el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África; que el FED contribuye asimismo al nuevo Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible;

S.  Considerando que la evaluación del ICD afirma que globalmente, el ICD sigue siendo pertinente y adecuado para su propósito, tanto cuando fue adoptado como en el punto medio de su aplicación y que, en general, está en consonancia con los nuevos documentos políticos (por ejemplo, el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible), aunque podría ser difícil aplicar ciertas prioridades en su formato actual;

T.  Considerando que, en el momento de la adopción de los instrumentos de financiación exterior para el período 2014-2020, el Parlamento manifestó su preferencia por un instrumento específico dedicado a la cooperación al desarrollo y solicitó la delimitación de los fondos de desarrollo en caso de que el FED se integrara en el presupuesto;

U.  Considerando que la evaluación del FED afirma, en relación con el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África, que, en comparación con proyectos ordinarios del FED, los tiempos de preparación y de aprobación abreviados, la participación indirecta de la Unión en la ejecución del proyecto y el hecho de que estos proyectos surjan de inquietudes prioritarias de la Unión en lugar de como respuesta a los objetivos a largo plazo de los países socios suscitan preocupación sobre la posible eficacia y sostenibilidad de los proyectos de dicho Fondo de la Unión y sobre la capacidad de la Unión de seguir estrechamente su aplicación;

V.  Considerando que el flujo financiero desde la Unión a los países beneficiarios de los instrumentos financieros para el desarrollo es menor que las remesas enviadas de forma privada por la diáspora residente en Europa procedentes de esos mismos países;

W.  Considerando que, a pesar de haber recibido miles de millones de euros del FED durante años y de las graves inquietudes de la Comisión sobre su gestión financiera, el Fondo de Apoyo a la Paz para África no ha formado parte de la evaluación del FED; que dicho Fondo no ha sido evaluado desde 2011;

X.  Considerando que, de acuerdo a sus evaluaciones respectivas y al informe de evaluación intermedia de la Comisión sobre los instrumentos de financiación exterior, resulta difícil medir la eficacia global y el impacto a largo plazo del ICD y el FED en la consecución de sus objetivos, debido a limitaciones graves a la hora de definir unos sistemas de evaluación y seguimiento adecuados y de valorar el papel que desempeñan factores externos, y a la variedad de países y temas afectados; que, según los evaluadores, la combinación de subvenciones solo moviliza recursos adicionales en el 50 % de los casos;

Y.  Considerando que el Parlamento ha contado con plazos muy breves para el control de los proyectos de medidas de ejecución; que estos plazos no tienen debidamente en cuenta las características de las actividades parlamentarias; que, en ocasiones, dicha situación se ha visto agravada por el envío al Parlamento de proyectos de medidas de ejecución después de la fecha límite o antes de los períodos de vacaciones, lo que ha restringido aún más la capacidad del Parlamento de ejercer adecuadamente sus competencias de control;

Z.  Considerando que la Unión ha reconocido la importancia de las asociaciones con las organizaciones de la sociedad civil en las relaciones exteriores; que tales asociaciones incluyen la participación de organizaciones de la sociedad civil en la programación y aplicación de los instrumentos de financiación exterior;

Hechos y conclusiones de la revisión intermedia de la ejecución del ICD, el FED y el IAH

Consideraciones generales

1.  Manifiesta su satisfacción por que las evaluaciones del ICD, el FED y el IAH muestran que los objetivos de estos instrumentos se ajustaban en gran medida a las prioridades políticas existentes en el momento de su concepción y que, en términos generales, sirven a su propósito y son acordes con los valores y fines de los ODS; señala que el déficit anual de financiación para alcanzar los ODS asciende a 200 000 millones USD;

2.  Observa que algunos de los países en los que se aplican los programas geográficos del ICD y del FED han experimentado avances en términos de reducción de la pobreza y desarrollo humano y económico en los últimos diez años, mientras que en otros la situación sigue siendo crítica;

3.  Observa con satisfacción que las prioridades del ICD y el FED están en línea con los valores y objetivos de los ODS, debido al papel instrumental que desempeñó la Unión en su adopción, y que este hecho ha facilitado y simplificado en gran medida la revisión intermedia de estos instrumentos;

4.  Constata que, en sus primeros años de aplicación, el ICD y el FED han permitido a la Unión responder a nuevas crisis y necesidades gracias a la amplitud de sus objetivos; señala, no obstante, que la multiplicación de las crisis y la aparición de nuevas prioridades políticas han ejercido cierta presión financiera sobre el ICD, el FED y el IAH, los han llevado al límite de sus posibilidades y han conducido a la decisión de establecer nuevos mecanismos ad hoc tales como los fondos fiduciarios, sobre los que se ciernen graves preocupaciones, en particular en lo que respecta a su transparencia, rendición de cuentas democrática y desconexión con los objetivos de desarrollo; recuerda la reciente adopción del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible, que fue creado para proporcionar una mayor capacidad de apalancamiento;

5.  Se congratula del refuerzo de la coherencia interna dentro del ICD y el FED, gracias, en gran medida, a la realización de evaluaciones de gran calidad, unos procesos de toma de decisiones armonizados y la concentración sectorial;

6.  Observa que hay casos en los que el apoyo presupuestario sigue siendo objeto de críticas por su falta de idoneidad y eficacia, cuando esta modalidad de ayuda responde a una visión moderna de la cooperación, que se inscribe plenamente en la lógica de una auténtica asociación para el desarrollo, permite la apropiación por los países socios y presenta la ventaja de la flexibilidad y la eficacia; considera, por tanto, que conviene reforzar la asociación política e institucional que favorece la concesión de apoyos presupuestarios insistiendo al mismo tiempo en una gobernanza económicamente eficiente y en el respeto de los valores democráticos; señala que la política de cooperación al desarrollo debe llevarse a cabo de modo que tenga en cuenta los deseos de los países y las poblaciones que la necesitan, garantizando su participación en el proceso de toma de decisiones y la asunción de responsabilidades por su parte en lo que se refiere a una aplicación transparente y eficaz;

7.  Toma nota de que un gran número de países se han convertido en países de renta media-alta, con lo que dejaron atrás la condición de beneficiarios de cooperación bilateral en el marco de ICD o reciben subvenciones reducidas de cooperación bilateral en el marco del FED, ya que la ayuda al desarrollo unida a unas políticas nacionales exitosas puede conducir a resultados positivos; recuerda que la pobreza y el desarrollo son multidimensionales y que es necesario superar la concepción del PIB como el único indicador de desarrollo; observa, asimismo, que dado que la mayoría de las poblaciones más pobres del mundo viven en países de renta media, en los que persisten desigualdades, la supresión de la ayuda a dichos países de forma abrupta podría socavar la consecución de los ODS; insiste, por consiguiente, en la necesidad de seguir apoyando a esos países en esa delicada fase hacia un mayor desarrollo;

8.  Subraya la necesidad de garantizar que la ayuda al desarrollo se utilice de conformidad con su propósito original y con el debido respeto a los principios en materia de eficacia del desarrollo o de la ayuda; reitera que la cooperación al desarrollo de la Unión debe ajustarse a los planes y las necesidades de los países socios;

9.  Hace hincapié en que los intereses a corto plazo de la Unión (en seguridad o migración) no deben bajo ninguna circunstancia dirigir su agenda de desarrollo, y que los principios en materia de eficacia del desarrollo o de la ayuda deben respetarse y aplicarse plenamente en todas las formas de cooperación al desarrollo;

10.  Toma nota de que la Comisión ha llegado a la conclusión de que la coherencia entre instrumentos podría mejorarse mediante su racionalización; pone de relieve que no se hace referencia alguna a esta conclusión en ninguna de las distintas evaluaciones;

11.  Manifiesta su preocupación por las conclusiones de los evaluadores acerca de la falta de sistemas de seguimiento y evaluación, que dificulta la medición de los resultados; destaca, por otra parte, las numerosas conclusiones positivas sobre las políticas de desarrollo de la Unión en las auditorías llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE); recuerda las observaciones realizadas por el TCE en su Informe Especial n.º 18/2014 sobre los sistemas de evaluación y de seguimiento orientado a los resultados de EuropeAid; pide a la Comisión que aproveche esta oportunidad para mejorar aún más su sistema marco de resultados de acuerdo con las recomendaciones realizadas por el TCE;

12.  Se muestra sorprendido por la discrepancia entre los resultados de la evaluación y las conclusiones extraídas por la Comisión en su revisión intermedia; lamenta que los graves problemas de la falta de asociación de los instrumentos y el riesgo de perder de vista el objetivo de la disminución de la pobreza no se aborden en absoluto en las conclusiones de la Comisión, a pesar de que constituyen elementos fundamentales de la evaluación;

13.  Manifiesta su preocupación por la falta o el carácter limitado de datos disponibles; señala que la ausencia de un sistema de seguimiento y evaluación más allá de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) o los ODS imposibilita la medición de los cambios de forma precisa, por ejemplo, en lo que respecta a la flexibilidad del instrumento o el nivel de coherencia con otros instrumentos;

14.  Destaca, asimismo, que la ausencia de un capítulo de financiación expresamente reservado a incentivar el diálogo político, con especial referencia al apoyo a los partidos políticos, no favorece el logro de los objetivos de desarrollo sostenible;

15.  Pide que se mejore la notificación mediante la producción automática de estadísticas e indicadores;

16.  Lamenta que la Comisión no haya aprovechado la oportunidad que presentaba la revisión intermedia para adaptar sus políticas a los requisitos fijados en el Consenso Europeo sobre el apoyo a la agricultura de pequeña escala y agroecológica sostenible; observa que, por el contrario, las medidas propuestas incluyen un apoyo incluso mayor a la agricultura de gran escala y a las empresas agrícolas;

Instrumento de Cooperación al Desarrollo

17.  Destaca que la pertinencia del ICD reside principalmente en su flexibilidad para responder a acontecimientos imprevistos por lo que respecta a la elección de los métodos de programación y ejecución, las reasignaciones dentro de cada instrumento y entre instrumentos y el uso de los fondos de reserva; destaca que la flexibilidad en la programación plurianual también ha permitido la adaptación de la duración del período de programación a la situación sobre el terreno, una rápida reasignación de fondos en caso de cambios importantes y el uso de medidas especiales;

18.  Celebra que las evaluaciones hayan subrayado la relevancia estratégica del programa temático del ICD, en particular su capacidad para promover acciones mundiales en materia de bienes públicos;

19.  Toma nota de la simplificación, armonización y ampliación de las modalidades de ejecución introducidas por el Reglamento (UE) n.º 236/2014 por el que se establecen normas y procedimientos de ejecución comunes de los instrumentos de financiación de la acción exterior, lo que ha redundado en una mayor eficacia del ICD; destaca que el Reglamento (UE) n.º 233/2014 por el que se establece el ICD no proporciona detalles sobre un sistema de seguimiento y evaluación para medir el rendimiento del instrumento; manifiesta una gran preocupación por el hecho de que los procedimientos de ejecución —algunos de ellos procedentes del Reglamento Financiero— aún se consideren largos y onerosos, lo que desacredita a la Unión y mejora el atractivo de enfoques adoptados por determinados países, que se perciben como mucho menos basados en formalidades y condiciones; recuerda, en este contexto, que algunos de estos procedimientos surgen del Reglamento Financiero, y no de los instrumentos de financiación exterior, mientras que otros requisitos se basan en la aplicación de principios fundamentales de la cooperación al desarrollo, como la asociación y la propiedad;

20.  Señala que los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión reflejan unos importes pagados bastante inferiores a los importes comprometidos; resalta que este hecho representa un problema importante en lo que se refiere a la «competencia» por la ayuda al desarrollo; solicita, por tanto, una comunicación mejor sobre las posibilidades de financiación, de forma que se asegure que los socios de la Unión están informados; pide que se preste formación a los agentes locales, también a los funcionarios, en la preparación de los expedientes europeos, a fin de garantizar que puedan responder de manera óptima a los criterios y, por tanto, incrementar las posibilidades de que sus solicitudes de proyectos sean seleccionadas; observa que esta formación podría tener también como objetivo responder mejor a las convocatorias de proyectos de otras organizaciones internacionales;

21.  Manifiesta su preocupación por que la evaluación intermedia del ICD señale el riesgo de la percepción de una falta de cumplimiento de la obligación de asignar, al menos, un 20 % de la asistencia en el marco del ICD a los servicios sociales básicos, como la sanidad y la enseñanza secundaria y otros servicios sociales, cuando son necesidades fundamentales para el desarrollo de estos países; manifiesta asimismo su preocupación por el apoyo inadecuado proporcionado a los sistemas nacionales de salud, así como por la carencia de datos sobre los resultados obtenidos en materia de financiación de la educación; reitera su compromiso, contraído en el Consenso Europeo en materia de Desarrollo, de destinar al menos el 20 % de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de la Unión a la inclusión social y el desarrollo humano;

22.  Se congratula de los objetivos y resultados del programa temático dedicado a las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales, y pide que se mantenga en futuros instrumentos; expresa su grave preocupación, sin embargo, por el espacio cada vez más reducido reservado a las organizaciones de la sociedad civil y a las autoridades locales en las fases de programación y ejecución de los programas, y pide que se refuerce el papel de estos organismos, también como proveedores de servicios, así como unas modalidades de cooperación más adaptadas y un planteamiento más estratégico; pone de relieve que el desarrollo de estos países solo podrá lograrse plenamente a través de la cooperación con las autoridades locales legítimas;

23.  Alienta a la Comisión a que aplique políticas que alienten la participación de la diáspora africana como agentes clave del desarrollo;

Fondo Europeo de Desarrollo

24.  Constata que el FED ha desempeñado un importante papel en la erradicación de la pobreza y en la consecución de los ODS; observa, no obstante, que son menores las muestras de progreso a escala regional y que el FED no siempre ha establecido sinergias sólidas y coherencia entre sus programas de cooperación nacionales, regionales e intra-ACP;

25.  Lamenta que la revisión intermedia no cubriese el Fondo de Apoyo a la Paz para África, que no se ha evaluado debidamente desde hace años; considera que, en tiempos en que cada vez se hace más énfasis político en el nexo entre seguridad y desarrollo, es fundamental una formulación de políticas basada en pruebas;

26.  Celebra que el FED haya demostrado que sirve correctamente a su propósito en un entorno en constante evolución gracias a su reducido ciclo de planificación, a unos procedimientos simplificados y a la mejora de la gestión presupuestaria; señala, no obstante, que no resulta todavía del todo adecuado a un contexto cambiante y que los procedimientos siguen siendo un tanto rígidos y onerosos;

27.  Observa que las grandes diferencias existentes en cuanto a las necesidades y la naturaleza de los grupos de países ACP y los PTU cubiertos por el FED ponen en entredicho el enfoque único que caracteriza la elección de los procedimientos y modalidades, así como, en última instancia, el ámbito territorial del FED; recuerda la necesidad de una asociación nueva y verdadera entre iguales centrada principalmente en los derechos humanos;

28.  Constata que el FED ha estado sometido presiones para hacer frente a un número cada vez mayor de solicitudes políticas, por ejemplo, en materia de seguridad y migración, lo que es difícil de conciliar con los valores y principios fundamentales de la política de desarrollo y cooperación de la Unión, en particular la erradicación de la pobreza;

Instrumento de Ayuda Humanitaria

29.  Considera que el IAH ha logrado su objetivo de proporcionar ayuda en situaciones de emergencia respetando plenamente el Derecho internacional público y velando por que la ayuda humanitaria no se instrumentalice y se respeten los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia;

30.  Constata que el número de crisis humanitarias y catástrofes tratadas por el IAH ha aumentado considerablemente en los últimos años, lo que ha llevado a la plena utilización de la Reserva para Ayudas de Emergencia, así como a la necesidad de recurrir a fondos adicionales, y que no es probable que esta situación mejore a corto o medio plazo, dada la multiplicación de situaciones de crisis que afectan a numerosos lugares del planeta; señala que este hecho pone de manifiesto la necesidad de aumentar de forma sustancial la Reserva para Ayudas de Emergencia, así como de una mayor rapidez y flexibilidad en el uso de todos los recursos disponibles;

31.  Considera que las personas y las comunidades deben seguir siendo los principales objetivos y partes interesadas del IAH, y que debe adoptarse en todas las circunstancias un planteamiento flexible, coordinado y adaptado al contexto que tenga en cuenta los puntos de vista de los gobiernos y las autoridades locales, así como de las comunidades locales, las organizaciones religiosas orientadas al desarrollo y los agentes de la sociedad civil; pone de relieve que muchas de estas organizaciones, incluidas las organizaciones de la diáspora residente en Europa, llevan a cabo una valiosa labor en varios ámbitos cruciales y pueden aportar un valor añadido a la ayuda humanitaria;

32.  Recuerda que la Organización Mundial de la Salud incluye los abortos practicados en condiciones de riesgo como una de las cinco principales causas de mortalidad materna; recuerda la base jurídica internacionalmente reconocida del derecho a la salud sexual y reproductiva y los derechos de las víctimas de la violencia sexual y de las personas en conflictos;

Recomendaciones para el período de ejecución restante

33.  Subraya que el ICD, el FED y el IAH deben aplicarse a la luz del nuevo marco político internacional y de la Unión, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la Agenda de Acción de Adís Abeba y la Agenda para la Humanidad;

34.  Recuerda que los ODS deben alcanzarse en todo el mundo a través del esfuerzo colectivo y la asociación de todos los agentes internacionales, incluidas tanto las naciones en desarrollo o desarrolladas como las organizaciones internacionales; destaca que, a escala de la Unión, dicha acción requiere políticas interiores y exteriores concebidas y aplicadas de manera conjunta, coherente y coordinada, de conformidad con los principios de la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD); considera que la CPD ha de ser un factor clave en la definición y ejecución de los instrumentos de financiación exterior, así como en la adopción de otras políticas e instrumentos de la Unión, dada la interconexión entre sus políticas exteriores e interiores; opina, no obstante, que debería mejorarse aún más la coherencia global entre los instrumentos, en particular mediante una optimización de la coherencia y la coordinación entre los programas geográficos y temáticos y una mayor coordinación y complementariedad con otras políticas de la Unión;

35.  Manifiesta su preocupación por que los países de renta media-alta que han dejado de beneficiarse del FED y del ICD puedan tener que enfrentarse a un déficit de financiación que los coloque en una situación de vulnerabilidad; pide a la Comisión que reflexione sobre las consecuencias, estudie medidas para prevenir los efectos negativos y facilite el acceso de los países de renta media-alta a instrumentos de financiación exterior adaptados a sus necesidades con miras, en particular, a intensificar los esfuerzos destinados a potenciar la buena gobernanza luchando contra la corrupción, el fraude fiscal y la impunidad, garantizando el respeto del Estado de Derecho y la celebración de elecciones libres y justas, velando por la igualdad de acceso a la justicia, y abordando las deficiencias institucionales; es consciente de la actividad llevada a cabo por EUROsociAL en este ámbito; destaca, no obstante, la necesidad de que la asignación de subvenciones dé prioridad a los países menos adelantados (PMA), que son propensos a la inestabilidad, se enfrentan a obstáculos estructurales significativos al desarrollo sostenible y, por tanto, dependen en gran medida de la financiación pública internacional;

36.  Considera que los instrumentos de financiación exterior deben seguir apoyando directamente a las organizaciones de la sociedad civil locales y de ámbito europeo, así como a las comunidades locales, los gobiernos locales y regionales y las autoridades locales de países socios y a sus asociaciones con gobiernos locales y regionales europeos, y favorecer de manera sistemática su participación activa en los diálogos multilaterales relativos a las políticas de la Unión y a todos los procesos de programación de los diferentes instrumentos; considera, asimismo, que la Unión debe fomentar la función supervisora de las organizaciones de la sociedad civil tanto dentro como fuera de la Unión y respaldar las reformas de descentralización en países socios; celebra, en este contexto, la intención de la Comisión de profundizar y consolidar la labor en curso en favor del establecimiento de asociaciones y de un diálogo con la sociedad civil que trabaja en el desarrollo, y en pro de la mejora el diálogo y la participación de las redes de organizaciones de la sociedad civil en la formulación de políticas y los procesos de la Unión; recuerda que la Unión debe apoyar la consolidación democrática mediante la detección de mecanismos de apoyo a las actividades de las organizaciones en terceros países, a fin de contribuir a su estabilización y a la mejora de las normas institucionales para la gestión de los bienes públicos;

37.  Confirma su determinación de supervisar el cumplimiento del compromiso de la Unión de prestar un apoyo constante al desarrollo humano para mejorar la vida de las personas, en consonancia con los ODS; recuerda que, en el caso del ICD, tal compromiso se traduce en la necesidad de asignar al menos el 20 % de la ayuda a servicios sociales básicos, centrándose en la sanidad y la educación, y a la educación secundaria; manifiesta, por consiguiente, su preocupación por que, en un momento en que persisten dudas acerca de la consecución de ese objetivo del 20 %, la Comisión esté desviando fondos del desarrollo humano a la inversión;

38.  Pide la estricta aplicación de condiciones previas que permitan el uso eficaz del apoyo presupuestario, así como un seguimiento más sistemático de esta modalidad de ayuda en los países socios, a fin de mejorar la rendición de cuentas, la transparencia y la eficacia de la ayuda, y la consonancia del apoyo presupuestario con sus objetivos;

39.  Advierte contra la utilización abusiva de los fondos fiduciarios, que pone en peligro la especificidad de la política europea de cooperación al desarrollo; insiste en que deberían utilizarse únicamente cuando su valor añadido en comparación con otras modalidades de ayuda está garantizado, especialmente en situaciones de emergencia, y que su uso debería estar plenamente en consonancia con los principios de eficacia de la ayuda y con el objetivo primordial de la política de desarrollo: la erradicación de la pobreza; manifiesta su preocupación por que las contribuciones de los Estados miembros y de otros donantes a los fondos fiduciarios hayan sido inferiores a lo esperado, con consecuencias negativas para su eficacia; recuerda la necesidad de un control parlamentario de estos fondos; manifiesta su profunda preocupación por las conclusiones de la evaluación del FED sobre la eficacia del Fiduciario de Emergencia de la UE para África;

40.  Recuerda que la Comisión debe garantizar la transparencia en el uso de fondos fiduciarios, entre otras formas, proporcionando periódicamente información actualizada al Parlamento y velando por su adecuada participación en las estructuras de gobernanza pertinentes, de conformidad con la legislación de la Unión aplicable; recuerda, asimismo, que los fondos fiduciarios deben respetar todos los principios en materia de eficacia del desarrollo y ser coherentes con las prioridades, los principios y los valores del desarrollo a largo plazo, las estrategias por país nacionales y de la Unión, y otros instrumentos y programas pertinentes, y que ha de publicarse semestralmente un informe de seguimiento donde se evalúe dicho respeto; reitera, a tal efecto, que el objetivo del Fiduciario de Emergencia de la UE para África es abordar las causas profundas de la migración promoviendo la resiliencia, las oportunidades económicas, la igualdad de oportunidades, la seguridad y el desarrollo;

41.  Recuerda que el presupuesto de la acción exterior de la Unión se ha movilizado y reforzado constantemente y que se han agotado todos los márgenes disponibles para hacer frente al creciente número de crisis; considera que, en este contexto de múltiples crisis e incertidumbre, los instrumentos de financiación exterior necesitan contar con la suficiente flexibilidad para poder adaptarse rápidamente a los cambios en las prioridades y a acontecimientos imprevistos, así como para actuar con prontitud sobre el terreno; recomienda, a tal fin, una utilización inteligente de la reserva de los instrumentos de financiación exterior y de los fondos no utilizados, así como más flexibilidad en la programación plurianual, una combinación adecuada de las modalidades de financiación y una mayor simplificación por lo que respecta a la ejecución; destaca, no obstante, que una mayor flexibilidad no debe obtenerse a expensas de la eficacia o de la previsibilidad de la ayuda, de las prioridades geográficas o temáticas a largo plazo, ni de los compromisos en materia de reformas en los países socios;

42.  Pide a la Comisión que el IAH se ejecute en consonancia con los principios humanitarios, los compromisos contraídos en el Gran Pacto de la Cumbre Humanitaria Mundial y con las conclusiones del Informe Especial n.º 15/2016 del TCE(14); pide a la Comisión, en particular, que refuerce la transparencia en el proceso de programación estratégica y selección de la financiación, preste la debida atención a la relación coste-eficacia de las acciones, sin comprometer los objetivos de la ayuda humanitaria y el deseo de ayudar a los más vulnerables y manteniendo, al mismo tiempo, la capacidad de apoyar el imperativo humanitario llegando a los más vulnerables y operando donde existen las necesidades más apremiantes, mejore la supervisión durante la ejecución, asigne una mayor financiación a los agentes nacionales y locales, reduzca la burocracia mediante la armonización de los requisitos de información, y planifique la estrategia, la programación y la financiación sobre una base plurianual, con el fin de garantizar una mayor previsibilidad, flexibilidad, rapidez y continuidad en la respuesta humanitaria;

43.  Insiste en que se siga concediendo ayuda humanitaria a las poblaciones que se encuentran en las zonas de crisis, y en que los agentes humanitarios tengan libre acceso a las víctimas en las zonas de conflicto y los países frágiles para poder desempeñar su acción;

44.  Pide a la Comisión que vele por que, además de dar una respuesta inmediata a las crisis humanitarias, el IAH, en combinación y complementariedad con el ICD y el FED y a la vista del nexo entre ayuda humanitaria y desarrollo, refuerce la capacidad de resistencia ante futuras crisis promoviendo estrategias y estructuras de alerta temprana y de prevención, proporcione beneficios para el desarrollo sostenible a más largo plazo, en línea con la necesidad de vincular la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo, y se centre en las crisis olvidadas respetando plenamente el principio de no dejar a nadie atrás;

45.  Observa que debe mejorarse la complementariedad entre los instrumentos de desarrollo y el IAH, en particular en el contexto del nexo entre ayuda humanitaria y desarrollo, el nuevo planteamiento estratégico de la resiliencia y el compromiso de la Unión con la reducción del riesgo de catástrofes y la prevención de las mismas, sin menoscabar sus objetivos y mandatos respectivos;

46.  Recuerda que el desarrollo complementa la ayuda humanitaria en aras de prevenir conmociones y crisis;

47.  Pide el reconocimiento de la especificidad de la ayuda humanitaria en el presupuesto de la Unión, lo que implica la necesidad de garantizar la flexibilidad de la Reserva para Ayudas de Emergencia para poder responder a nuevas crisis con fondos suficientes;

48.  Opina que las delegaciones de la Unión deben tener una mayor participación en las decisiones de programación de la cooperación al desarrollo en el marco de los distintos instrumentos de financiación exterior que gestionan; considera que ese hecho también permitiría mejorar la complementariedad y aumentar las sinergias, así como una mayor adecuación a las necesidades y apropiación por parte de los países socios;

49.  Insiste en la necesidad de una dotación adecuada de personal en las sedes centrales de la Comisión y del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y en las delegaciones de la Unión, tanto en lo que se refiere a su número como a su pericia en materia de ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria;

50.  Manifiesta su insatisfacción por el plazo tan breve concedido al Parlamento para el control de los proyectos de medidas de ejecución en el marco del ICD; insta a la Comisión a que modifique el Reglamento del ICD y de los comités de aplicación de las acciones de ayuda humanitaria antes de diciembre de 2018 con el fin de que se conceda más tiempo al Parlamento y al Consejo para ejercer adecuadamente sus competencias de control;

51.  Insta a la Comisión y al SEAE a que aumenten y mejoren la coordinación de los donantes a través de la programación y aplicación conjuntas con otros Estados miembros y donantes, en línea con los programas de desarrollo nacionales de los países socios y bajo la dirección y coordinación de las delegaciones de la Unión;

52.  Pide un mayor control político del Parlamento sobre los documentos de programación del 11.º FED como medio para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas;

Recomendaciones para la arquitectura posterior a 2020 del ICD y del FED, así como para la futura ejecución del IAH

53.  Reitera la autonomía de las políticas humanitarias y de desarrollo de la Unión, que se fundamentan en bases jurídicas específicas reconocidas en los Tratados y establecen valores y objetivos concretos que no han de estar subordinados a la estrategia geopolítica de la Unión y deben estar siempre en consonancia con los principios de eficacia en materia de desarrollo y, en el caso de la ayuda humanitaria, los principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia;

54.  Destaca la necesidad absoluta de mantener instrumentos de desarrollo y de ayuda humanitaria separados que respeten los principios de desarrollo clave, a la luz de las conclusiones de la evaluación del FED y del ICD en relación con la falta de asociación y la amenaza al objetivo central de erradicación de la pobreza en el nuevo marco de prioridades políticas cambiantes;

55.  Recuerda que el FED, el ICD y el IAH se caracterizan por una ejecución presupuestaria positiva y son fundamentales para demostrar la solidaridad internacional, al tiempo que contribuyen a la credibilidad de la Unión en la escena mundial; considera que, independientemente de los posibles cambios o fusiones estructurales con respecto a estos instrumentos, en particular la posible inclusión del FED en el presupuesto, se deben aumentar los créditos globales para el próximo MFP, sin rebajar los criterios de la AOD, y que la arquitectura ulterior de los instrumentos de financiación exterior debe incluir una incorporación más transparente de los fondos y mecanismos fiduciarios, guiada por los principios fundamentales de apropiación democrática y eficacia del desarrollo, así como una posible continuación del Plan de Inversiones Exteriores en función de que su evaluación demuestre la adicionalidad de su desarrollo y su impacto sobre los derechos humanos, la sociedad y el medio ambiente;

56.  Invita al Consejo, a la Comisión y al Banco Europeo de Inversiones a que celebren un acuerdo interinstitucional con el Parlamento en relación con la transparencia, la rendición de cuentas y el control parlamentario sobre la base de los principios políticos establecidos en el nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo visto el cambio en las modalidades de ayuda, que pasan de ser subvenciones directas a fondos fiduciarios y financiación combinada, en particular a través del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible;

57.  Subraya la imagen positiva que la comunidad internacional tiene de la Unión como actor mundial en el ámbito de la cooperación, si bien puede verse mancillada por la burocracia y la lentitud de los procesos administrativos; considera que esta imagen contribuye al «poder blando» de la Unión en las relaciones internacionales, lo que requiere una política de desarrollo sólida y autónoma para el periodo posterior a 2020, dotada de instrumentos de desarrollo diferenciados;

58.  Subraya que la reducción y, a largo plazo, la erradicación de la pobreza, junto con la aplicación de los ODS y del Acuerdo de París y la protección de los bienes comunes mundiales, deben constituir los principales objetivos de la política y los instrumentos de desarrollo de la Unión, con especial atención a los más vulnerables;

59.  Destaca que debe ajustarse la arquitectura posterior a 2020 del ICD y el FED y la aplicación del IAH a los compromisos internacionales de la Unión, incluida la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los ODS, el Acuerdo de París sobre cambio climático, y el marco político de la Unión, como el Consenso Europeo en materia de Desarrollo, la nueva Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea y el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria;

60.  Considera que la arquitectura de los nuevos instrumentos de financiación exterior debe tener en cuenta el buen funcionamiento probado de los actuales instrumentos de financiación exterior, la admisibilidad a la AOD y la necesidad de lograr los ODS;

61.  Estima que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la dimensión mundial de muchos ODS exigen un nuevo enfoque político según el cual todos los agentes políticos, tanto de los países desarrollados como de los países en desarrollo, deben esforzarse por contribuir a la consecución de los ODS a través de políticas exteriores e interiores coherentes y coordinadas y, además, que los nuevos instrumentos de financiación exterior posterior a 2020 y el Consenso Europeo en materia de Desarrollo serán fundamentales a tal efecto;

62.  Está convencido de la importancia de promover un enfoque del desarrollo basado en los derechos humanos y basado en principios, fomentando así los principios democráticos, los valores fundamentales y los derechos humanos en todo el mundo; pide a la Comisión y al SEAE que combinen adecuadamente la asistencia de los instrumentos de financiación exterior y el diálogo político, tanto bilateral como en el marco de organizaciones regionales y mundiales, para promover dichos principios, valores y derechos;

63.  Considera fundamental la incorporación transversal e intersectorial de la protección del medio ambiente y de las oportunidades ofrecidas por las políticas ambientales a todas las políticas de desarrollo; lamenta la falta de progresos en términos de integración de la democracia, los derechos humanos y la igualdad de género; insta, además, a que los compromisos del Acuerdo de París sobre el clima se reflejen plenamente en los futuros instrumentos y programas y vayan acompañados de una supervisión adecuada; considera, por consiguiente, que la lucha contra el cambio climático debe desempeñar un papel cada vez más importante en la cooperación al desarrollo;

64.  Estima necesario llevar a cabo un ejercicio de «extracción de lecciones» a fin de determinar las carencias de la coordinación de los instrumentos de financiación exterior de la Unión con los instrumentos de financiación de otras instituciones internacionales y mejorarla a fin de crear sinergias y maximizar el impacto de los instrumentos de financiación en los países en desarrollo;

65.  Considera necesario aumentar los niveles actuales de la AOD de la Unión en la futura arquitectura de los instrumentos de financiación exterior posterior a 2020 y desarrollar un calendario claro, de manera que la Unión pueda cumplir su compromiso colectivo de destinar el 0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) a la AOD y el 0,2 % de la AOD/RNB a los países menos desarrollados; celebra, en este sentido, la reciente Comunicación de la Comisión sobre el nuevo MFP; recuerda a los Estados miembros la necesidad de que cumplan su compromiso de dedicar el 0,7 % de su RNB a la AOD; recuerda la necesidad de poner en marcha las recomendaciones del Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre alcanzar un componente de subvención medio correspondiente al 86 % de la AOD total;

66.  Opina que, sin perjuicio del aumento de la flexibilidad o de las reservas, la arquitectura de los instrumentos de financiación exterior posterior a 2020 debe seguir contemplando una combinación de programas plurianuales tanto geográficos como temáticos que permita llevar a cabo acciones de desarrollo a distintos niveles; considera que el apoyo a la cooperación regional y la integración de los países socios es un importante factor necesario para erradicar la pobreza y promover un desarrollo sostenible a largo plazo;

67.  Destaca que la acción exterior de la Unión en favor del desarrollo debe fundamentarse en una combinación bien equilibrada de flexibilidad y previsibilidad de la ayuda al desarrollo, sobre la base de una financiación suficiente; reconoce, al mismo tiempo, que la previsibilidad de la ayuda al desarrollo puede lograrse, entre otras formas, mediante el establecimiento de sistemas de alerta rápida operativos, principalmente en los países más vulnerables y menos resistentes;

68.  Considera que la transferencia de fondos, dentro de un mismo instrumento, entre los distintos objetivos y por cambios en las prioridades solo debe efectuarse sobre la base de las necesidades reales de los países socios, sin comprometer los principios y objetivos del instrumento y con la debida participación de la autoridad supervisora; pide, en particular, que se establezca una clara distinción entre la financiación que puede acogerse a la AOD y otros tipos de financiación que no pueden optar a ella; rechaza firmemente cualquier transferencia de fondos destinados a actividades de ayuda al desarrollo a programas que no puedan enmarcarse en la AOD; hace hincapié en que, para proteger dichos fondos, es preciso fijar objetivos de AOD en la reglamentación de los instrumentos de financiación exterior;

69.  Opina que la arquitectura de los instrumentos de financiación exterior posterior a 2020 debe incluir una serie de parámetros de referencia y criterios de asignación estrictamente delimitados, así como compromisos generales que permitan garantizar fondos suficientes para las prioridades clave;

70.  Considera que deben constituirse en los diferentes instrumentos de financiación exterior significativas para imprevistos que permitan cubrir necesidades inesperadas, y que los fondos no comprometidos o liberados correspondientes a un ejercicio dado deben transferirse a las reservas para imprevistos del ejercicio siguiente;

71.  Recuerda la necesidad de mantener un instrumento sólido e independiente de ayuda humanitaria tal como se exige en el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria; estima que debe mantenerse una reserva específica destinada a la ayuda humanitaria, al objeto de tener en cuenta que, debido a las crecientes necesidades en todo el mundo, se ha recurrido constantemente a la Reserva para Ayudas de Emergencia durante el período cubierto por el MFP vigente; recuerda que el Parlamento, aunque ha reconocido repetidamente los esfuerzos de la Comisión para responder al creciente número de desafíos, ha destacado regularmente la necesidad de aumentar la financiación para la ayuda humanitaria e insistido en que se cierre la creciente brecha entre compromisos y pagos y en que se incremente la eficacia y reactividad de la ayuda humanitaria y al desarrollo disponible en el marco del presupuesto de la Unión;

72.  Destaca que las mejoras en términos de flexibilidad financiera y simplificación no deben ir en detrimento de la capacidad de supervisión y control del colegislador, lo que pondría en peligro los principios de rendición de cuentas y de transparencia; resalta la necesidad de transparencia en los criterios de asignación de los fondos y en todas las fases de programación; es de la opinión de que la nueva arquitectura de financiación externa debe ser flexible y moderna, y permitir la optimización de los recursos y la consecución de resultados en materia de desarrollo por parte de los países socios;

73.  Pone de relieve que la flexibilidad financiera en los nuevos instrumentos de financiación exterior también debe extenderse a la flexibilidad dentro del país a la hora de conceder de forma discrecional pequeñas subvenciones a organizaciones de la sociedad civil, empresas y empresarios locales; considera que la Comisión debe revisar sus actuales requisitos de auditoría respecto de la ayuda al desarrollo, con el fin de permitir un aumento del perfil de riesgo para las subvenciones a pequeña escala dentro del país;

74.  Destaca que la política de desarrollo y los objetivos humanitarios no deben supeditarse ni a los objetivos fijados por los países donantes o por la Unión en materia de seguridad ni a los controles fronterizos o la gestión de los flujos migratorios; opina, en este sentido, que la AOD debe utilizarse principalmente para reducir la pobreza y que, por lo tanto, los fondos de ayuda al desarrollo no deben destinarse a acciones y programas vinculados únicamente a los intereses de seguridad nacional de los donantes; estima necesario, al mismo tiempo, apoyar la resiliencia de los países socios con miras a crear condiciones favorables para el desarrollo sostenible;

75.  Considera que en el futuro MFP los gastos dedicados a la consecución de los objetivos internos de la Unión bajo las rúbricas de migración, asilo y seguridad interior, por un lado, y los destinados a respaldar la aplicación del nuevo Consenso Europeo en materia de Desarrollo, por otro, deben mantenerse separados; opina que unir estas dos rúbricas distintas significaría correr el riesgo de instrumentalizar aún más la ayuda de la Unión, también mediante su supeditación a la cooperación en el ámbito de la migración;

76.  Propone, en este contexto, que se refuerce aún más la resiliencia social y estatal a través de la ayuda al desarrollo, y que se dediquen más medios financieros y políticos a la prevención de conflictos, a la preparación frente a catástrofes y a la adopción de medidas tempranas ante tanto conflictos como catástrofes naturales;

77.  Pide a la Comisión que no base las asignaciones de fondos a países socios y las modalidades de cooperación únicamente en el PIB, sino en una amplia gama de criterios que tengan en cuenta el desarrollo humano inclusivo, los derechos humanos y los niveles de desigualdad;

78.  Reitera su petición de integración del FED en el presupuesto, como un instrumento fundamental al objeto de garantizar la coherencia entre las políticas de desarrollo y otras políticas de la Unión y de mejorar el control presupuestario del Parlamento; reitera que la integración del FED en el presupuesto aportaría beneficios tales como una mayor legitimidad y control democráticos de este instrumento, una mayor capacidad de absorción, y una mejor visibilidad y transparencia, que conducirían a una mayor claridad en el gasto de la Unión en este ámbito, así como a un incremento de la eficiencia y eficacia de la ayuda al desarrollo de la Unión; recuerda que los debates parlamentarios sobre la política de desarrollo ayudan a los ciudadanos en la ejecución del gasto de la Unión en el ámbito de la ayuda al desarrollo;

79.  Subraya que la integración del FED en el presupuesto debería ir acompañada de garantías para impedir cualquier transferencia de antiguos fondos del FED a otras líneas presupuestarias, y tener en cuenta a donantes de cualquier tercer país; resalta, además, que el Fondo de Paz para África debería mantenerse al margen del presupuesto de la UE y en el marco de un instrumento específico;

80.  Subraya que la integración del FED en el presupuesto debe ir acompañada de un aumento proporcional en el límite presupuestario acordado de la Unión, de modo que no se traduzca en una reducción del compromiso financiero de la Unión con los países ACP ni en un descenso general de la ayuda al desarrollo de la Unión en el MFP posterior a 2020;

81.  Considera que el carácter abierto del IAH ha dado lugar a resultados positivos; recomienda, por lo tanto, mantener instrumentos y presupuestos separados para la acción humanitaria y la ayuda al desarrollo, conservando al mismo tiempo los fuertes vínculos estratégicos entre estos dos ámbitos;

82.  Hace hincapié en la importancia de reforzar la legitimidad democrática en la arquitectura posterior a 2020 y en la necesidad de reconsiderar el procedimiento de toma de decisiones; destaca que en esta nueva arquitectura posterior a 2020 los colegisladores deben estar facultados para ejercer plenamente su poder de control tanto a nivel jurídico como político a lo largo de las fases de diseño, adopción y aplicación de los instrumentos y de sus programas de aplicación; subraya que debe concederse tiempo suficiente a tal efecto;

83.  Considera que debe aprovecharse plenamente el potencial de cooperación con los Estados miembros en las fases de diseño y aplicación de los programas de desarrollo, en particular a través de una programación conjunta basada en programas de desarrollo nacionales y sincronizada con estos;

84.  Pide una evaluación y una revisión intermedias de la arquitectura de los instrumentos de financiación exterior posterior a 2020 para mejorar aún más su gestión, buscar modos de proporcionar una mayor coherencia y simplificación, y garantizar su continua pertinencia y consonancia con los principios en materia de eficacia del desarrollo; pide la plena participación de las partes interesadas en este ejercicio;

o
o   o

85.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y a la Comisión.

(1) DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.
(2) DO L 344 de 19.12.2013, p. 1.
(3) DO L 163 de 2.7.1996, p. 1.
(4) DO L 347 de 20.12.2013, p. 884.
(5) DO L 58 de 3.3.2015, p. 1.
(6) DO L 58 de 3.3.2015, p. 17.
(7) DO L 77 de 15.3.2014, p. 44.
(8) DO C 25 de 30.1.2008, p. 1.
(9) DO C 210 de 30.6.2017, p. 1.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0437.
(11) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0337.
(12) DO C 86 de 6.3.2018, p. 2.
(13) DO C 208 de 10.6.2016, p. 25.
(14) Informe Especial n.º 15/2016, de 4 de julio de 2016, del Tribunal de Cuentas Europeo: «¿Gestionó la Comisión con eficacia la ayuda humanitaria prestada a las poblaciones afectadas por conflictos en la región de los Grandes Lagos de África?».


Mejora de la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo
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Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre la mejora de la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo (2016/2241(INI))
P8_TA(2018)0104A8-0129/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vista la sección sobre la deuda y la sostenibilidad de la deuda de la Agenda de Acción de Adís Abeba(1),

–  Vistos los informes del secretario general de las Naciones Unidas, de 22 de julio de 2014, 2 de agosto de 2016 y 31 de julio de 2017, sobre la sostenibilidad de la deuda externa y el desarrollo,

–  Vistos los principios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre otorgamiento y toma responsables de préstamos soberanos,

–  Vista la Hoja de ruta para la reestructuración de la deuda soberana de la UNCTAD (abril de 2015),

–  Vistas las directrices operativas del G20 sobre financiación sostenible,

–  Vista la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas 68/304, de 9 de septiembre de 2014, titulada «Hacia el establecimiento de un marco jurídico multilateral para los procesos de reestructuración de la deuda soberana»,

–  Vista la Resolución 69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de septiembre de 2015, sobre los principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana,

–  Vistos los principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos elaborados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,

–  Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2015, sobre la financiación para el desarrollo(2), en particular sus apartados 10, 26, 40, 46 y 47,

–  Vistos los informes del grupo de reflexión «Global Financial Integrity» sobre el alcance y la composición de los flujos financieros ilícitos,

–  Vista la Ley belga, de 12 de julio de 2015, relativa a la lucha contra las actividades de los fondos buitre (Moniteur belge de 11 de septiembre de 2015),

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A8-0129/2018),

A.  Considerando que resolver los problemas de la deuda soberana de los países en desarrollo es un elemento importante de la cooperación internacional y puede contribuir a realizar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en los países en desarrollo;

B.  Considerando que la consecución de los ODS en los países en desarrollo requiere grandes inversiones y que los actuales flujos de financiación en este ámbito arrojan un déficit anual estimado en unos 2,5 billones USD(3);

C.  Considerando que los préstamos constituyen una de las posibles fuentes de financiación del desarrollo; que los préstamos deben ser responsables y previsibles; que sus costes deben ser plenamente compensados por el rendimiento de las inversiones de que se trate y que los riesgos asociados al endeudamiento deben valorarse y abordarse atentamente;

D.  Considerando que la crisis de la deuda de los países en desarrollo durante los años ochenta y noventa y una amplia campaña de reducción de la deuda llevaron a la puesta en marcha, por parte del FMI y el Banco Mundial, de la Iniciativa para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME) y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM), para ayudar a estos países a avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

E.  Considerando que las iniciativas PPME e IADM no bastan para poner fin a la crisis de la deuda;

F.  Considerando que estas iniciativas y el fuerte aumento de los precios de las materias primas han fortalecido la situación financiera de muchos países en desarrollo y que los tipos de interés excepcionalmente bajos desde la crisis financiera de 2008 también han contribuido a la sostenibilidad de la deuda; que, no obstante, los precios de las materias primas han caído desde 2008; que en algunos países empobrecidos se ha producido una nueva crisis de la deuda, y por ello Mozambique, Chad, el Congo y Gambia no consiguen pagar sus deudas;

G.  Considerando que las crisis de la deuda desencadenadas por la caída de los precios de las materias primas y la volatilidad de los flujos de capital representan una amenaza permanente para la sostenibilidad de la deuda, en especial en los países en desarrollo, que siguen dependiendo de las exportaciones de materias primas;

H.  Considerando que ha aumentado el número de países en desarrollo que, según el FMI y el Banco Mundial, hacen frente a un nivel insostenible de endeudamiento o presentan un riesgo alto o medio y que la mayoría de los países de renta baja pertenecen ahora a una de estas categorías;

I.  Considerando que, según el FMI, el nivel medio de endeudamiento en el África subsahariana registró un acusado aumento, del 34 % del PIB en 2013 al 48 % en 2017;

J.  Considerando que varios países, entre ellos Etiopía, Ghana y Zambia, presentan unos niveles de endeudamiento iguales o superiores al 50 % del PIB, y que ello representa una importante carga de la deuda, habida cuenta de la baja base imponible de la mayoría de países africanos;

K.  Considerando que el servicio de la deuda en porcentaje del gasto público se ha incrementado de forma considerable desde 2013, y que ello reduce en gran medida las posibilidades de inversión pública;

L.  Considerando los profundos cambios que se han operado en el panorama mundial de la deuda pública durante las últimas décadas con la aparición de inversores privados y de China con un papel central;

M.  Considerando que la composición de la deuda de los países en desarrollo ha evolucionado, con una importancia creciente de los acreedores privados y las condiciones comerciales y un aumento de la exposición a la volatilidad de los mercados financieros, con consecuencias sobre la sostenibilidad de la deuda; que la deuda emitida en la divisa nacional elimina el riesgo de tipo de cambio, pero que la falta de capital nacional puede hacer que esta opción no resulte ventajosa o viable;

N.  Considerando que entre las amenazas a la sostenibilidad de la deuda no solo se incluyen unas peores condiciones comerciales, las catástrofes naturales y de origen humano, las tendencias adversas y la volatilidad de los mercados financieros internacionales, sino también los empréstitos y préstamos irresponsables, la mala gestión de las finanzas públicas, la malversación de fondos y la corrupción; que una mejor movilización de los recursos internos ofrece grandes posibilidades de mejora de la sostenibilidad de la deuda;

O.  Considerando la necesidad de participar en el refuerzo de las capacidades de las administraciones fiscales y en la transferencia de conocimientos a los países asociados;

P.  Considerando que, si bien los principios de la UNCTAD sobre otorgamiento y toma responsables de préstamos soberanos y las directrices operativas del G20 sobre financiación sostenible resultan útiles para establecer un marco normativo, debe otorgarse prioridad a la prohibición de las prácticas irresponsables mediante unas reglas transparentes, mecanismos disuasorios vinculantes y con fuerza ejecutiva y, en casos justificados, incluso la imposición de sanciones;

Q.  Considerando que la sostenibilidad de la deuda de cada país depende no solo de su nivel de endeudamiento sino también de otros factores, como las garantías financieras explícitas e implícitas (pasivos contingentes) que haya podido emitir; que las asociaciones público-privadas comportan a menudo garantías conexas y que el riesgo de rescate bancario en el futuro también puede ser importante;

R.  Considerando que el análisis de la viabilidad de la deuda no debe centrarse tan solo en consideraciones económicas, como las perspectivas de crecimiento económico del Estado deudor y su capacidad para garantizar el servicio de la deuda, sino que debe tener en cuenta también la repercusión de la carga de la deuda sobre la capacidad del país para hacer respetar todos los derechos humanos;

S.  Considerando que el creciente recurso a las asociaciones público-privadas (APP) en los países en desarrollo en el marco del Plan Europeo de Inversiones Exteriores y el Pacto del G-20 con África podría incrementar el endeudamiento de los Estados; que los inversores de APP están protegidos por tratados bilaterales de inversión, en particular por sus mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados, que les permiten litigar contra los Estados de acogida;

T.  Considerando la existencia de deudas odiosas contraídas por los regímenes para posibilitar el desarrollo de actividades corruptas u otras operaciones ilícitas cuya naturaleza ilegal es conocida por los acreedores y que representan una carga considerable para las poblaciones, en particular para las más vulnerables;

U.  Considerando que la transparencia en relación con los préstamos concedidos a los Gobiernos de los países en desarrollo es esencial para garantizar la responsabilidad de la concesión de préstamos; que la ausencia de transparencia fue un factor clave que contribuyó a los irresponsables préstamos efectuados a Mozambique, que se acordaron sin comprobaciones serias de la capacidad del país para devolverlos y se ocultaron a los mercados financieros y a la población de Mozambique;

V.  Considerando que la deuda odiosa se define como aquella deuda contraída por un régimen para financiar acciones que van contra los intereses de los ciudadanos del Estado, de lo que los acreedores son conscientes, y que se trata de una deuda personal del régimen, que la ha contraído con un acreedor que actúa con pleno conocimiento de las intenciones del prestatario; que el concepto no está consensuado, pues algunos acreedores se oponen firmemente;

W.  Considerando que la movilización de los recursos internos se ve mermada, en particular, por la evasión fiscal y la dañina competencia fiscal, así como por la transferencia de beneficios de las empresas transnacionales; que la iniciativa de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios es una respuesta positiva pero insuficiente a este fenómeno; que es necesario crear un organismo intergubernamental de cooperación fiscal bajo los auspicios de las Naciones Unidas, a fin de que los países en desarrollo puedan participar en igualdad de condiciones en la reforma global de las normas fiscales internacionales, tal como pidió el Parlamento Europeo en su Resolución de 6 de julio de 2016 sobre resoluciones fiscales y otras medidas de naturaleza o efectos similares(4);

X.  Considerando que los flujos financieros ilícitos de los países en desarrollo y los países emergentes, que se estiman en un billón USD anuales, se alimentan continuamente de sus recursos nacionales, necesarios, en particular, para la consecución de los ODS; que estos flujos conducen a un endeudamiento exterior y socavan la capacidad de reembolso de la deuda;

Y.  Considerando que, para cumplir la Agenda 2030 y la Agenda de Acción de Adís Abeba, es necesario tener en cuenta nuevas opciones de financiación de los ODS, como el establecimiento de impuestos sobre las transacciones financieras y sobre las transacciones en moneda extranjera; que, según las estimaciones del Banco de Pagos Internacionales (BPI), un impuesto sobre las transacciones en moneda extranjera del 0,1 % fácilmente financiaría los ODS en todos los países de renta baja y de renta media-baja(5).

Z.  Considerando la necesidad de combatir los flujos financieros ilícitos con vistas a su eliminación definitiva de aquí a 2030, luchando, en particular, contra el fraude fiscal e intensificando la cooperación internacional con medidas para facilitar la divulgación de los datos fiscales a las autoridades competentes y la transparencia fiscal tanto en los países de origen como en los de destino;

AA.  Considerando que los mecanismos existentes para tratar los impagos del servicio de la deuda por parte de los Estados difieren fundamentalmente de los procedimientos de insolvencia aplicables a las empresas establecidas en las jurisdicciones nacionales en la medida en que no existe un árbitro imparcial ante un órgano judicial; que el FMI, cuya misión consiste en garantizar la estabilidad del sistema financiero internacional, concede créditos a corto plazo, sujetos a determinadas condiciones y desembolsados por tramos; que el Club de París de Estados acreedores solo toma decisiones en materia de reducción de la deuda con respecto a préstamos oficiales bilaterales concedidos por sus miembros; que el Club de Londres de acreedores privados solo toma decisiones sobre los préstamos comerciales bancarios concedidos por sus miembros; que no existe un foro permanente que coordine la toma de decisiones sobre reestructuración de la deuda de todos los acreedores a un país con problemas de endeudamiento;

AB.  Considerando que el FMI sigue siendo el principal foro para debatir las cuestiones relacionadas con la reestructuración de la deuda soberana, y tiene una influencia significativa sobre la Unión y sus Estados miembros;

AC.  Considerando que las actividades destructoras de los fondos buitre que tienen como objetivo deudores en dificultades e interfieren en los procesos de reestructuración de sus deudas no deben recibir apoyo legal ni judicial, y que deben adoptarse medidas adicionales en este sentido;

AD.  Considerando que la reducción de la deuda ha brindado nuevas oportunidades a países de renta baja, pero que se trata de intervenciones esporádicas para restaurar la sostenibilidad de la deuda, que no atajan las causas profundas de una acumulación de deuda insostenible, y que deben abordarse desafíos como la corrupción, la debilidad institucional y la vulnerabilidad ante las crisis externas de forma prioritaria;

1.  Destaca que los préstamos responsables y previsibles son un instrumento indispensable para garantizar un futuro digno a los países en desarrollo; subraya, en otro sentido, que la sostenibilidad del endeudamiento es una condición básica para la realización de la Agenda 2030; observa, no obstante, que la financiación mediante la deuda solo debe ser un complemento y una segunda opción a instrumentos no generadores de deuda, como los ingresos fiscales y arancelarios y la ayuda oficial al desarrollo (AOD), ya que la financiación mediante endeudamiento conlleva riesgos de crisis inherentes y sustanciales que requieren el establecimiento de instituciones adecuadas para la prevención y la resolución de crisis de la deuda;

2.  Señala que el acceso a mercados financieros internacionales facilita a los países en desarrollo la búsqueda de financiación para la realización de los objetivos de desarrollo;

3.  Observa con preocupación que los préstamos a países pobres han registrado un drástico aumento desde 2008; manifiesta su temor a un ciclo de nueva crisis de la deuda; resalta la necesidad de una mayor transparencia, de una mejor regulación de los acreedores y de justicia fiscal, así como de capacitar a los países para depender menos de las exportaciones de materias primas;

4.  Recuerda que los préstamos representan un medio importante de apoyar la inversión, y que son primordiales para alcanzar el desarrollo sostenible, incluidos los ODS;

5.  Considera que los préstamos son indisociables de otras formas de financiación del desarrollo, como, en particular, los beneficios comerciales, los ingresos fiscales, las remesas de fondos enviados por los migrantes a los países en desarrollo y la ayuda oficial al desarrollo; recuerda, en particular, que la movilización de recursos nacionales mediante la fiscalidad es la fuente más importante de ingresos para financiar el desarrollo sostenible; insta, a tal fin, a la Unión a que intensifique su ayuda al desarrollo de capacidades en los países en desarrollo para frenar los flujos financieros ilícitos, a que apoye un sistema tributario eficiente, progresivo y transparente, acorde con los principios de buena gobernanza, y a que incremente su ayuda a la lucha contra la corrupción y la recuperación de activos robados;

6.  Manifiesta su preocupación por el aumento sustancial de la deuda tanto pública como privada en un gran número de países en desarrollo, así como por sus efectos negativos sobre la capacidad de esos países para financiar la inversión en salud, educación, economía, infraestructuras y lucha contra el cambio climático;

7.  Recuerda que los planes de ajuste estructural aplicados en los años noventa a los países sobreendeudados han hipotecado gravemente el desarrollo de sectores sociales básicos y han socavado la capacidad de estos países para asumir las responsabilidades esenciales que tienen como naciones soberanas de mantener la seguridad;

8.  Subraya que las medidas de reducción de la deuda no deben obstaculizar la prestación de los servicios básicos ni afectar de forma negativa al respeto de todos los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, ni al desarrollo en el Estado beneficiario;

9.  Considera que, si bien los principales responsables del aumento excesivo de la deuda (externa) de un Estado son las autoridades políticas que lo gobiernan, los deudores y los acreedores deben compartir la responsabilidad de prevenir y resolver situaciones de endeudamiento insostenibles; destaca, más en general, la corresponsabilidad de deudores y acreedores en la prevención y la resolución de crisis de la deuda mediante una concesión y una aceptación de préstamos más responsables;

10.  Señala que la financiación combinada puede provocar una burbuja de endeudamiento, en especial en los países del África subsahariana y del Caribe, limitando sus ingresos para el servicio de la deuda; pide, en consecuencia, a los donantes que concedan la mayor parte de su ayuda a los países menos desarrollados en forma de subvención; reitera que cualquier decisión de promover el uso de APP mediante la financiación combinada en los países en desarrollo debe basarse en una evaluación exhaustiva de dichos mecanismos, en especial en términos de desarrollo y adicionalidad financiera, transparencia y responsabilidad, y en las enseñanzas extraídas de la experiencia pasada; pide que la revisión del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS) incluya criterios claros sobre sostenibilidad de la deuda;

11.  Resalta la importancia de definir mecanismos de salvaguardia para evitar que pasivos contingentes del sector público socaven la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo; insta, en particular, a los bancos multilaterales de desarrollo a que realicen evaluaciones ex ante de los riesgos fiscales de los proyectos de APP (teniendo en cuenta todos los riesgos fiscales durante todo el ciclo de vida de los proyectos de APP), a fin de no menoscabar la sostenibilidad de la deuda de los países en desarrollo; considera que el FMI y el Banco Mundial deben incluir todos los costes de las APP en sus análisis de sostenibilidad de la deuda;

12.  Considera que las normas o instrumentos actualmente en vigor son insuficientes o poco o insuficientemente vinculantes;

13.  Pide a la Unión y a sus Estados miembros que luchen activamente contra los paraísos fiscales, la evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos, que no hacen sino aumentar la deuda de los países en desarrollo, que cooperen con estos últimos para reprimir las prácticas agresivas de evasión fiscal y que busquen los medios de ayudarles a resistir la presión de entrar en una competencia fiscal que perjudicaría la movilización de los recursos nacionales en favor del desarrollo;

14.  Considera que, en caso de descubrirse un caso de malversación de caudales públicos por las autoridades, los acreedores deben adoptar medidas de alerta prudencial y, en caso de no ser efectivas, sanciones de suspensión, o incluso imponer el reembolso del préstamo antes del cumplimiento del plazo estipulado en el contrato;

15.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros de la Unión que apoyen a los países en desarrollo en la promoción del acceso público a los datos relativos a su deuda pública y en la educación en este ámbito, ya que en los países en desarrollo la información sobre las finanzas públicas está raras veces disponible para la sociedad civil;

16.  Pide que se elabore una normativa para impedir la concesión de préstamos a Gobiernos manifiestamente corruptos y para sancionar a aquellos acreedores que les hayan concedido préstamos siendo conscientes de ello;

17.  Pide a la Comisión que elabore, en coordinación con los principales actores internacionales y los países afectados, un libro blanco con una verdadera estrategia de lucha contra el endeudamiento excesivo en los países en desarrollo aplicando un enfoque multilateral y precisando los derechos, las obligaciones y las responsabilidades de todas las partes involucradas, así como que reflexione sobre los dispositivos institucionales mejor adaptados para tratar el problema de la deuda de forma equitativa y sostenible; aboga por la creación de un código de conducta en materia de gestión del crédito para agentes institucionales, políticos y privados;

18.  Destaca que la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible son asimilables a los derechos humanos y constituyen, por lo tanto, un fin en sí mismos al servicio de la lucha contra la pobreza, a diferencia del reembolso de la deuda, que tan solo es un medio;

19.  Aprueba los principios rectores sobre la deuda externa y los derechos humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según los cuales el derecho a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible debe primar sobre el deber de reembolsar la deuda; pide a los Estados miembros de la Unión que promuevan el uso sistemático de evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos como parte de las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda realizadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial;

20.  Pide a los Estados miembros de la Unión que respeten dichos principios en sus actividades de préstamo bilaterales, así como cuando actúen en el marco de las instituciones financieras internacionales;

21.  Señala que los prestamistas utilizan con frecuencia las evaluaciones de sostenibilidad de la deuda del FMI y del Banco Mundial como guía para la concesión de préstamos; resalta la necesidad de abordar sus deficiencias, en especial el seguimiento de la deuda externa privada y la falta de integración de los derechos humanos;

22.  Insta a los actores del desarrollo a que evalúen el impacto del servicio de la deuda sobre la capacidad de financiación de los países con un alto nivel de endeudamiento a la luz de los ODS, respecto de los que están obligados a obtener resultados para el año 2030 y que deben primar sobre los derechos de los acreedores que de forma consciente conceden préstamos a los Gobiernos corruptos;

23.  Respalda la recomendación de la UNCTAD de crear un Fondo de estabilización de los precios de las materias primas para África a fin de reducir la dependencia de la financiación cuando caen los precios de las materias primas;

24.  Pide a los Estados miembros y otros países acreedores pertinentes que concedan más financiación mediante subvenciones para las inversiones en ODS y mantengan su vieja promesa de destinar el 0,7 % del PIB a la ayuda oficial al desarrollo; les pide que proporcionen la financiación en forma de subvenciones más que de préstamos cuando existan informes de evaluación que indiquen que el deterioro de las finanzas públicas compromete a largo plazo la consecución de los ODS; insta a los países acreedores, además, a que instituyan nuevas fuentes de financiación innovadoras y diversificadas para el logro de los ODS, como un impuesto sobre las transacciones en moneda extranjera y un impuesto sobre las transacciones financieras, que puedan contribuir a la sostenibilidad de la deuda del país, en especial en tiempos de crisis financiera;

25.  Manifiesta su preocupación ante la revisión por el Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE de los criterios de notificación de la AOD, en especial para los instrumentos del sector privado, ya que unos criterios de notificación amplios incentivan el uso de determinadas modalidades de ayuda, en especial préstamos y garantías; señala que, mientras tiene lugar ese debate, se ha autorizado ya a los donantes a notificar determinados préstamos y garantías como AOD, sin haber acordado un conjunto de normas; resalta la necesidad de construir garantías en materia de transparencia y endeudamiento;

26.  Destaca que se debe promover la transparencia para mejorar la rendición de cuentas de los agentes afectados; hace hincapié en la importancia de compartir datos y procesos relacionados con la renegociación de la deuda soberana;

27.  Apoya y pide a la Unión Europea que apoye la aplicación de los principios establecidos por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para una política responsable en materia de crédito, principios que destacan, en particular, la corresponsabilidad de los acreedores y los prestatarios (principios de la UNCTAD sobre otorgamiento y toma responsables de préstamos soberanos), así como el necesario control parlamentario en las operaciones de financiación pública; considera que los principios de la UNCTAD sobre otorgamiento y toma responsables de préstamos soberanos deben convertirse en instrumentos legalmente vinculantes y ejecutables;

28.  Considera que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para conceder o tomar préstamos soberanos de forma responsable; pide, a tal fin, a los Estados miembros de la Unión que se basen en los compromisos contraídos en la Agenda de Acción de Adís Abeba y en las directrices operativas del G20 sobre financiación sostenible para hacer a los prestamistas más responsables de sus préstamos, teniendo en cuenta los principios de transparencia y rendición de cuentas en vigor en las industrias extractivas (Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas EITI); les pide también que promuevan la disponibilidad pública de datos sobre la deuda soberana, incluidos los pasivos contingentes, mediante la recopilación de estos datos en un registro centralizado público; pide a los Estados miembros que publiquen de forma sistemática información sobre sus actividades de préstamo a países en desarrollo;

29.  Resalta la necesidad de acordar unas normas vinculantes a escala internacional en relación con las deudas odiosas e ilegítimas; opina, por ello, que la reestructuración de la deuda ha de ir acompañada de una auditoría independiente de la deuda para poder distinguir los préstamos ilegítimos y odiosos de los demás; subraya que los préstamos ilegítimos y odiosos deben cancelarse;

30.  Lamenta la negativa, en 2015, de los Estados miembros de la Unión, a raíz de la Posición Común del Consejo de 7 de septiembre de 2015(6), a aprobar la Resolución 69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre los principios básicos de los procesos de reestructuración de la deuda soberana, aprobada, sin embargo, por mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de septiembre de 2015;

31.  Resalta la importancia de la coherencia entre las acciones adoptadas a escala del FMI y en el contexto de las Naciones Unidas, y de la coordinación de las posiciones entre los Estados miembros del mejor modo posible;

32.  Resalta la necesidad de resolver las crisis de la deuda de un modo justo, rápido y sostenible mediante el establecimiento de un mecanismo internacional de renegociación de la deuda, que se base en la Hoja de ruta para la reestructuración de la deuda soberana de la UNCTAD y en la idea de la conocida como «Comisión Stiglitz» de crear un Tribunal Internacional de Arbitraje de la Deuda Soberana (TIADS);

33.  Pide a los Estados miembros de la Unión que actúen según el mandato aprobado en la Resolución 69/319 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 10 de septiembre de 2015 con vistas a:

   a) establecer mecanismos de alerta temprana basados en la notificación de un deterioro general de la sostenibilidad de la deuda, que ayuden a identificar lo antes posible riesgos y vulnerabilidades de los países muy endeudados;
   b) posibilitar, en coordinación con el FMI, la creación de un marco jurídico multilateral para la reestructuración, de forma ordenada y previsible, de la deuda soberana que evite que esta se convierta en insostenible y que permita mejorar la previsibilidad para los inversores; pide una representación equitativa de los países en desarrollo en los organismos de toma de decisiones de las entidades financieras internacionales;
   c) permitir que la Unión apoye a los países en desarrollo en su lucha contra la corrupción, las actividades delictivas, el fraude fiscal y el blanqueo de capitales;

34.  Pide que la Comisión y los Estados miembros trabajen en los foros internacionales y con el sector privado para desarrollar un marco normativo que garantice plena transparencia sobre las condiciones que rigen los préstamos a los países en desarrollo y la propiedad de tales préstamos, como el Pacto por la Transparencia de los Préstamos actualmente objeto de debate en algunas instituciones financieras;

35.  Lamenta la presión ejercida sobre Estados como Túnez para que no realicen auditorías públicas sobre el origen y las condiciones de su deuda; insta a la Unión a que trabaje con otros donantes e instituciones internacionales, como el FMI, para proteger y fomentar el derecho de los Estados a realizar auditorías públicas de la deuda;

36.   Insta a que se adopte una norma aplicable en caso de amenaza de insolvencia en virtud de la cual un órgano jurisdiccional pueda privar al acreedor del derecho a reclamar deudas si el Estado suscribió el préstamo de que se trate infringiendo la legislación adoptada por su parlamento nacional;

37.  Pide a los Estados miembros que adopten, a iniciativa de la Comisión, un reglamento inspirado en la legislación belga relativa a la lucha contra la especulación de los fondos buitre sobre la deuda;

38.  Pide a los acreedores institucionales y privados que acepten una moratoria de la deuda en caso de catástrofe natural o crisis humanitaria grave, incluida una llegada masiva puntual de inmigrantes, de manera que el Estado deudor pueda dedicar todos sus recursos a restablecer la normalidad;

39.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) Véanse las páginas 27-29
(2) DO C 353 de 27.9.2016, p. 2.
(3) World Investment Report 2014. Investing in the SDGs: An Action Plan («Informe sobre las inversiones mundiales de 2014. Invertir en los ODS: un plan de acción»), UNCTAD 2014, pp. 140-145.
(4) DO C 101 de 16.3.2018, p. 79.
(5) «Revisiting Debt Sustainability in Africa. Background Paper for UNCTAD’s 2016 Economic Development in Africa Report: Debt Dynamics and Development Finance in Africa» (Revisión de la sostenibilidad de la deuda en África. Documento de información para el informe de 2016 de la UNCTAD sobre desarrollo económico en África: dinámica de la deuda y financiación al desarrollo).
(6) Doc. 11705/15.


Refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión
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Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2018, sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea: séptimo informe de la Comisión Europea (2017/2279(INI))
P8_TA(2018)0105A8-0138/2018

El Parlamento Europeo,

–  Vistos el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 4, 162, 174 a 178 y 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo(1),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y sobre disposiciones específicas relativas al objetivo de inversión en crecimiento y empleo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1080/2006(2),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo Social Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1081/2006 del Consejo(3),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1300/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo al Fondo de Cohesión y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1084/2006(4),

–  Visto el Reglamento (UE) n.º 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea(5),

–  Visto el informe de la Comisión Europea de 9 de octubre de 2017, titulado «Mi región, mi Europa, nuestro futuro: Séptimo informe sobre la cohesión económica, social y territorial» (COM(2017)0583),

–  Visto el Pacto de Ámsterdam, que sienta los principios de la agenda urbana para la UE, acordado en la reunión informal de ministros de la Unión responsables de asuntos urbanos celebrada el 30 de mayo de 2016 en Ámsterdam,

–  Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 15 de diciembre de 2015(6),

–  Visto el pilar europeo de derechos sociales, proclamado el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo, de 25 de abril de 2017, relativas a «Hacer la política de cohesión más eficaz, pertinente y visible para nuestros ciudadanos»(7),

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 15 de noviembre de 2017 tituladas «Sinergias y simplificación para la política de cohesión después de 2020»(8),

–  Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 1 de marzo de 2017, sobre el Futuro de Europa titulado «Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 2025» (COM(2017)2025),

–  Visto el documento de reflexión de la Comisión Europea sobre la dimensión social de Europa (COM(2017)0206), de 26 de abril de 2017,

–  Visto el documento de reflexión de la Comisión Europea, de 10 de mayo de 2017, sobre el encauzamiento de la globalización (COM(2017)0240),

–  Visto el documento de reflexión de la Comisión Europea, de 31 de mayo de 2017, sobre la profundización de la unión económica y monetaria (COM(2017)0291),

–  Visto el documento de reflexión de la Comisión Europea, de 28 de junio de 2017, sobre el Futuro de las finanzas de la UE (COM(2017)0358),

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 10 de abril de 2017, titulado «La competitividad en las regiones de renta y crecimiento bajos: Informe sobre las regiones que van a la zaga» (SWD(2017)0132),

–  Visto el documento de trabajo de la Comisión titulado «Why regional development matters for Europe’s economic future»(9),

–  Vista la comunicación de la Comisión, de 14 de febrero de 2018, titulada «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020» (COM(2018)0098),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 24 de octubre de 2017, titulada «Una asociación estratégica renovada y más fuerte con las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea» COM(2017)0623,

–  Visto el dictamen del Comité Europeo de las Regiones, de 11 de mayo de 2017, titulado «El futuro de la política de cohesión después de 2020 – Por una política de cohesión europea fuerte y eficiente después de 2020»(10),

–  Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 25 de mayo de 2016, sobre la Comunicación de la Comisión titulada «Invertir en crecimiento y empleo: maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos»(11),

–  Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre inversión para el empleo y el crecimiento: la promoción de la cohesión económica, social y territorial en la Unión(12),

–  Vista su Resolución, de 9 de septiembre de 2015, sobre la dimensión urbana de las políticas de la UE(13),

–  Vista su Resolución, de 10 de mayo de 2016, sobre nuevas herramientas de desarrollo territorial en la política de cohesión para el periodo 2014-2020: inversión territorial integrada (ITI) y desarrollo local participativo (DLP)(14),

–  Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2017, sobre una combinación adecuada de financiación para las regiones de Europa: equilibrar los instrumentos financieros y las subvenciones en la política de cohesión de la Unión(15),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la política de cohesión y las estrategias de investigación e innovación para la especialización inteligente (RIS3)(16),

–  Vista su Resolución, de 13 de septiembre de 2016, sobre la cooperación territorial europea – mejores prácticas y medidas innovadoras(17),

–  Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre invertir en crecimiento y empleo – maximizar la contribución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos: evaluación del informe de conformidad con el artículo 16, apartado 3, del RDC(18),

–  Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre los componentes esenciales para una política de cohesión de la Unión posterior a 2020(19),

–  Vista su Resolución, de 13 de junio de 2017, sobre la mejora de la participación activa de los interlocutores y la visibilidad en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos(20),

–  Vista su Resolución, de 6 de julio de 2017, sobre el fomento de la cohesión y el desarrollo en las regiones ultraperiféricas de la UE: aplicación del artículo 349 del TFUE(21),

–  Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2017, sobre el documento de reflexión sobre el futuro de las finanzas de la UE(22),

–  Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre las regiones menos desarrolladas de la UE(23),

–  Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre el próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020(24),

–  Vistas las conclusiones y recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre la simplificación para los beneficiarios de los Fondos EIE,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo Regional y las opiniones de la Comisión de Presupuestos, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de Cultura y Educación (A8-0138/2018),

A.  Considerando que la política de cohesión busca fomentar un desarrollo armonioso y equilibrado del conjunto de la Unión y sus regiones con miras a reforzar su cohesión económica, social y territorial, en una lógica de solidaridad, crecimiento sostenible, ocupación, inclusión social y reducción de las disparidades entre y dentro de las regiones, así como el retraso de las regiones menos favorecidas, de conformidad con los Tratados;

B.  Considerando que el séptimo informe sobre la cohesión muestra que las desigualdades regionales siguen reduciéndose, pero que la situación varía mucho según los territorios, con independencia de que se mida en términos de PIB per cápita, ocupación u otros indicadores, pues algunas disparidades se mantienen, se desplazan o aumentan entre y dentro de las regiones y los Estados miembros, incluso dentro de la zona del euro;

C.   Considerando que el séptimo informe sobre la cohesión presenta datos preocupantes en relación con los índices de desempleo, incluido el índice de desempleo juvenil, que en muchas regiones no ha recuperado su nivel anterior a la crisis, la competitividad, la pobreza o la inclusión social;

D.  Considerando que el 24 % de los europeos, o casi 120 millones de personas son pobres, corren el riesgo de caer en la pobreza, se enfrentan a privaciones materiales graves o viven en hogares con baja intensidad laboral; que el número de ocupados pobres está aumentando y el número de jóvenes desempleados sigue siendo elevado;

E.  Considerando que, aunque el desempleo y el desempleo juvenil en la Unión han disminuido gradualmente desde 2013, siguen situándose por encima del nivel de 2008, en un 7,3 % y un 16,1 % respectivamente (diciembre de 2017)(25), y que se observan diferencias considerables entre los Estados miembros y dentro de estos, y en especial en algunos de los Estados miembros más afectados por la crisis financiera; que las disparidades regionales han comenzado a disminuir; que la diferencia entre las tasas de desempleo de los Estados miembros sigue siendo significativa, ya que oscilan desde un 2,4 % en la República Checa o un 3,6 % en Alemania a un 16,3 % en España o un 20,9 % en Grecia, según las cifras más recientes(26); que el desempleo oculto —el fenómeno de personas desempleadas que están dispuestas a trabajar pero que no buscan activamente empleo— se mantuvo en 2016 en el 18 %;

F.  Considerando que el séptimo informe sobre la cohesión pone de relieve la gran diversidad de regiones y territorios, también dentro de las actuales categorías de regiones, en función de sus condiciones específicas (ultraperiféricas, población escasa, renta baja, crecimiento débil, etc.), para lo cual es necesario un enfoque territorial adaptado a las regiones;

G.  Considerando que una de las principales aportaciones del séptimo informe sobre la cohesión tiene que ver con la detección de algunas regiones en una «trampa de renta media» que corren el riesgo de quedas descolgadas, estancadas o rezagadas;

H.  Considerando que el séptimo informe sobre la cohesión subraya la existencia de bolsas de pobreza, el riesgo de fragmentación territorial y la ampliación de las disparidades subregionales, también en regiones relativamente prósperas;

I.  Considerando que el séptimo informe sobre la cohesión pone de manifiesto que «el impacto de la globalización, la migración, la pobreza y la falta de innovación, el cambio climático, la transición energética y la contaminación no se limita a las regiones menos desarrolladas»;

J.  Considerando que, mientras la política de cohesión ha desempeñado un papel sustancial en la recuperación de la economía de la UE, mediante la promoción de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, la inversión pública en la UE continúa por debajo de los niveles anteriores a la crisis, con enormes déficits en los Estados miembros más afectados por la crisis, ya que la inversión pública cayó del 3,4 % del PIB en 2008 al 2,7 % en 2016;

K.   Considerando que el Séptimo informe de cohesión presenta claramente los resultados de la política de cohesión en términos de crecimiento, ocupación, transporte, energía, medio ambiente, educación y formación, tal como se demuestra en el periodo de programación de 2014-2020, mediante el apoyo brindado a 1,1 millones de pymes, lo que conllevó directamente la creación de 420 000 nuevos puestos de trabajo adicionales, ayudó a más de 7,4 millones de desempleados a encontrar trabajo y contribuyó, asimismo, a que más de 8,9 millones de personas obtuvieran nuevas cualificaciones, convirtiendo la política en el aglutinante que mantiene a Europa unida;

El valor añadido de la política de cohesión

1.   Considera indispensable que la política de cohesión en el nuevo periodo de programación siga cubriendo adecuadamente el conjunto de regiones europeas y se mantenga como el principal instrumento de inversión pública de la Unión, basado en estrategias y perspectivas a largo plazo, y dotado de un presupuesto a la altura de los retos nuevos y existentes, de modo que se garantice el cumplimiento de los objetivos básicos de la política; destaca que una concentración exclusiva de la política de cohesión en las regiones menos desarrolladas dificultaría el progreso de las prioridades políticas de la Unión en su conjunto;

2.  Subraya que la política de cohesión aporta un valor añadido europeo al contribuir a los bienes públicos y prioridades europeos (como el crecimiento, la inclusión social, la innovación y la protección del medio ambiente), así como a la inversión pública y privada, y que es una herramienta fundamental para alcanzar el objetivo del Tratado de combatir las desigualdades para una convergencia al alza de los niveles de vida y una reducción del retraso de las regiones menos favorecidas;

3.  Recuerda su fuerte compromiso con la gestión compartida y el principio de asociación, que debe mantenerse y reforzarse de cara al período posterior a 2020, así como con la gobernanza multinivel y la subsidiariedad, que contribuyen al valor añadido de la política de cohesión; subraya que el valor añadido de esta política se caracteriza primero por su capacidad para tener en cuenta las necesidades de desarrollo nacionales, junto con las necesidades y particularidades de las diferentes regiones y territorios, y acercar la Unión a sus ciudadanos;

4.  Destaca que el valor añadido europeo se refleja en gran medida en la cooperación territorial europea en todas sus dimensiones (cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, tanto a nivel interno como externo), al contribuir a los objetivos globales de cohesión económica, social y territorial, así como a la solidaridad; reitera su llamamiento a favor de un aumento de su cuota en el presupuesto de la política de cohesión, mejorando la coordinación entre los diferentes programas para evitar superposiciones; recuerda la importancia de la aplicación de las estrategias macrorregionales para lograr los objetivos de la política de cohesión;

5.   Indica que la aplicación de la política de cohesión en una región puede generar externalidades y beneficios económicos, directos indirectos, en toda la UE, gracias principalmente al aumento de los intercambios comerciales, que refuerzan el mercado interno; señala, no obstante, que estos beneficios varían considerablemente de unos Estados miembros a otros, especialmente en función de la proximidad geográfica y de la estructura de las economías de los Estados miembros;

6.  Hace hincapié en la necesidad de desarrollar una metodología del «coste de la no política de cohesión» con el fin de proporcionar pruebas cuantificables adicionales acerca del valor añadido europeo de la política de cohesión, conforme al ejemplo del trabajo realizado por el Parlamento Europeo en cuanto al «coste de la no Europa»;

La dimensión territorial

7.  Observa que las zonas urbanas combinan, por una parte, un mayor crecimiento, inversión y oportunidades de innovación, y por otra parte, diversos desafíos medioambientales, económicos y sociales, debido, entre otras razones, a la concentración humana y a la existencia de bolsas de pobreza, también en ciudades relativamente prósperas; destaca, por consiguiente, que el riesgo de pobreza o de exclusión social sigue siendo uno de los principales retos;

8.  Destaca que el refuerzo de la dimensión territorial de la política de cohesión incluye también prestar una mayor atención a los problemas de zonas periurbanas y rurales, teniendo en cuenta los conocimientos especializados de las autoridades locales y centrándose especialmente en las ciudades de tamaño medio de cada Estado miembro;

9.  Subraya la importancia de apoyar a los territorios rurales en toda su diversidad, valorando sus potencialidades, fomentando los proyectos de inversión que apoyan a las economías locales, así como mejorando la conectividad del transporte y de la banda ancha rápida y respaldándoles en los retos que les afectan, en particular la desertificación rural, la inclusión social, la falta de oportunidades laborales, los incentivos al emprendimiento, las viviendas asequibles, la pérdida de población, el declive de los centros urbanos, desiertos médicos, etc.; destaca, en este sentido, la importancia del segundo pilar de la PAC en la contribución al desarrollo rural sostenible;

10.  Pide que se tengan más en cuenta algunas especificidades territoriales como las de las regiones mencionadas en el artículo 174, apartado 3, del TFUE, como las insulares, de montaña, rurales, transfronterizas, más septentrionales, costeras o periféricas en la definición de las prioridades de inversión; destaca la importancia de estudiar la posible creación de estrategias, programas y medidas adaptados para esas regiones diferentes, o incluso la puesta en marcha de nuevos programas específicos, siguiendo el ejemplo de la agenda urbana para la UE y del Pacto de Ámsterdam;

11.  Recuerda que la particular situación económica y social estructural de las regiones ultraperiféricas justifica medidas específicas, en particular por lo que respecta a sus condiciones de acceso a los Fondos EIE, conforme al artículo 349 del TFUE; subraya la necesidad de perpetuar todas las derogaciones destinadas a compensar sus desventajas estructurales, así como a mejorar, adaptándolas cuando sea necesario, las medidas específicas para estas regiones pide a la Comisión y a los Estados miembros que se basen en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de diciembre de 2015, para garantizar una verdadera expresión del artículo 349 del TFUE en lo relativo a las condiciones de acceso a los fondos estructurales; recomienda en especial ampliar la dotación específica de las regiones ultraperiféricas en el capítulo social, mantener el nivel actual de cofinanciación de la Unión en dichas regiones y prever una modulación de la concentración temática; destaca el potencial de las regiones ultraperiféricas en cuanto, por ejemplo, espacios privilegiados para la aplicación de proyectos experimentales;

12.  Considera que la introducción de estrategias integradas de desarrollo urbano sostenible constituye una experiencia positiva que, por consiguiente, debería reforzarse, así como reproducirse en otros territorios subregionales, por ejemplo mediante el establecimiento de un enfoque territorial integrado junto a los objetivos temáticos, pero sin perjuicio de la concentración temática; subraya la importancia del desarrollo local participativo, mediante el refuerzo de la capacidad de la política de cohesión de implicar a los agentes locales hace hincapié en la necesidad de estudiar la posibilidad de introducir la elaboración de programas nacionales y regionales operativos basados en estrategias territoriales integradas y en estrategias de especialización inteligente;

Las «regiones de renta media»: fomentar la resiliencia y evitar que los territorios frágiles se descuelguen

13.  Señala que las regiones de renta media, que no han experimentado el mismo crecimiento que las regiones de renta baja (que todavía necesitan alcanzar al resto de la UE) o las regiones de renta muy elevada, se enfrentan al reto denominado «trampa de renta media» debido a los costes demasiado elevados en relación con las primeras y los sistemas de innovación débiles en relación con las segundas; observa que estas regiones se caracterizan por un sector manufacturero frágil y por la vulnerabilidad ante las convulsiones provocadas por la globalización y los cambios socioeconómicos resultantes;

14.  Estima que uno de los grandes retos de la futura política de cohesión será brindar un apoyo adaptado a las regiones de renta media, con el objetivo de, entre otros aspectos, crear un entorno favorable a las inversiones, y que esta política, al mismo tiempo, debe reducir las disparidades y desigualdades y evitar que los territorios frágiles queden descolgados, tomando en consideración las distintas tendencias y dinámicas;

15.  Pide a la Comisión que aborde los desafíos a los que se enfrentan las regiones de renta media, que se caracterizan por una débil tasa de crecimiento en comparación con la media de la UE, de forma que promueva un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión; recuerda que, con el fin de apoyar a estas regiones y ofrecer soluciones a sus problemas, la futura política de cohesión debe abarcarlas, apoyarlas e incluirlas de forma eficaz en el siguiente período de programación, en particular a través de la creación y aplicación de estrategias, programas y acciones adaptados; reitera, en este sentido, la importancia de contar con indicadores complementarios, además del PIB, con el fin de ofrecer una perspectiva más precisa de las condiciones socioeconómicas de estas regiones concretas; considera que debe prestarse más atención a la identificación temprana de las vulnerabilidades, para permitir que la política de cohesión apoye la resiliencia de las regiones y evite el desarrollo de nuevas disparidades en todos los tipos de regiones;

16.  Celebra el lanzamiento, por parte de la Comisión Europea, de un proyecto piloto destinado a ofrecer un apoyo específico, adaptado a los desafíos concretos de las regiones en proceso de transición industrial; pide a la Comisión que extraiga enseñanzas del proyecto piloto, y espera ver cuanto antes la consecución de los resultados previstos; considera que las estrategias de especialización inteligente tienen un potencial para asistir mejor a estas regiones en sus estrategias de desarrollo y, más en general, favorecer una aplicación diferenciada a escala regional, pero también podrían ser apoyadas a través de la cooperación y el intercambio adicional de conocimiento y experiencia entre estas regiones; se congratula de las acciones como la iniciativa Vanguard que usan la estrategia de especialización inteligente para reforzar el crecimiento y la renovación industrial en áreas prioritarias de la UE;

17.  Subraya que la convergencia social y fiscal contribuye al objetivo de cohesión al mejorar el funcionamiento del mercado único; opina que las prácticas divergentes en la materia pueden ser contrarias al objetivo de cohesión y pueden exponer aún más a la globalización los territorios que se quedan atrás o aquellos más vulnerables a la globalización, y llama la atención sobre la necesidad continua de que las regiones menos desarrolladas alcancen al resto de la Unión; considera que la política de cohesión podría contribuir a fomentar la convergencia social y fiscal (junto con la convergencia económica y territorial) mediante incentivos positivos; en este sentido hace hincapié en la posibilidad de basarse, por ejemplo, en el pilar europeo de derechos sociales; pide a la Comisión Europea que tenga en cuenta en mayor medida esta dimensión en el marco del Semestre Europeo de modo que la dimensión social de la política de cohesión se integre mejor en la política económica, y que implique adecuadamente a las autoridades locales y regionales con el fin de aumentar la eficiencia y la responsabilidad del proceso;

Ámbitos de intervención

18.  Aboga por una fuerte concentración temática en un número reducido de prioridades vinculadas a los grandes objetivos políticos europeos, permitiendo a las autoridades de gestión una mayor flexibilidad para elaborar sus estrategias territoriales de acuerdo con las necesidades y potenciales, tras realizar consultas inclusivas a escala local y regional en la preparación de los acuerdos de asociación; subraya que el empleo (en particular, el empleo juvenil) la inclusión social, la lucha contra la pobreza, el apoyo a la innovación, la digitalización, el apoyo a las pymes y empresas emergentes, la lucha contra el cambio climático, la economía circular y las infraestructuras son ámbitos de intervención prioritarios de la futura política de cohesión;

19.  Acoge con satisfacción la adopción del pilar europeo de derechos sociales, que supone un avance en la construcción de la Europa social; recuerda su adhesión al FSE, como una parte importante integrada de los Fondos EIE, a la Garantía Juvenil, a la Iniciativa de Empleo Juvenil y al Cuerpo Europeo de Solidaridad para superar los retos del empleo, el crecimiento económico, la inclusión social, el aprendizaje y la formación profesional;

20.  Subraya que la futura política de cohesión deberá centrarse aún más en la protección y el apoyo a las poblaciones y los territorios afectados negativamente por la globalización (deslocalización, pérdida de empleo) y por otras tendencias similares dentro de la Unión; pide que se explore el establecimiento de una coordinación entre los fondos estructurales y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en los casos pertinentes, con el objetivo de tener en cuenta, entre otros aspectos, los casos de deslocalización dentro de la Unión

21.  Observa que la vulnerabilidad ante el cambio climático varía considerablemente de un territorio a otro; considera que los Fondos EIE deben utilizarse de la manera más eficaz posible para cumplir los compromisos adoptados por la Unión en el marco del Acuerdo de París sobre el clima, por ejemplo, en lo relativo a las energías renovables, la eficiencia energética o el intercambio de buenas prácticas, en particular en el sector de la vivienda, y que se han de tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas; insiste en que los instrumentos de solidaridad en caso de catástrofe natural deben poder movilizarse en el plazo más breve posible, de acuerdo con las circunstancia y siempre de un modo coordinado;

22.  Pide utilizar los Fondos EIE para afrontar, de forma sostenible, los desafíos demográficos (envejecimiento, declive, presión demográfica, incapacidad para atraer o conservar capital humano adecuado) que afectan a las regiones europeas de maneras distintas; destaca, en particular, la necesidad de proporcionar apoyo adecuado a los territorios, como por ejemplo a algunas de las regiones ultraperiféricas;

23.  Insta a que se cree, al amparo del artículo 349 del TFUE, un mecanismo específico de financiación posterior a 2020 para la integración de los migrantes en las regiones ultraperiféricas, que están sometidas a una mayor presión migratoria debido a sus especificidades, contribuyendo así a su desarrollo sostenible;

24.  Considera que los fondos de la Unión tienen que respetar la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) y deben seguir fomentando las alternativas a la atención residencial;

25.  Destaca el potencial de unas mayores inversiones en cultura, educación, patrimonio, juventud, deporte y turismo sostenible para crear empleo, en particular empleo de calidad para los jóvenes, además de crecimiento, y para mejorar la cohesión social, luchando al mismo tiempo contra la pobreza y la discriminación, lo que reviste particular importancia por lo que respecta, por ejemplo, a las regiones ultraperiféricas, rurales y remotas; apoya el desarrollo de industrias culturales y creativas que estén estrechamente relacionadas con la innovación y la creatividad;

El marco de programación posterior a 2020

26.  Subraya que el séptimo informe sobre la cohesión pone de relieve la necesidad de tener en cuenta indicadores complementarios al PIB por habitante, que debe seguir siendo el principal indicador para la asignación de fondos y ofrecer una perspectiva más precisa de las condiciones socioeconómicas, en consonancia con los retos y las necesidades detectados, también en el ámbito subregional; destaca la importancia de basarse en datos de calidad, fiables, actualizados, estructurados y disponibles; pide, por consiguiente, a la Comisión y a Eurostat que proporcionen información con el mayor grado de detalle y desglose geográfico posible en las estadísticas relevantes para la política de cohesión, de modo que se reflejen adecuadamente las necesidades de las regiones en el proceso de programación; respalda el uso de criterios sociales, medioambientales y demográficos, en especial los índices de desempleo y de desempleo juvenil;

27.  Aboga por fortalecer los enfoques integrados y hace especial hincapié en que el FSE debe seguir formando parte integral de la política regional europea debido a su fundamental dimensión de cohesión;

28.  Subraya que las subvenciones deben seguir siendo el principal instrumento de financiación de la política de cohesión, pero reconoce que los instrumentos financieros pueden constituir un resorte eficaz y que deben fomentarse siempre que aporten un valor añadido; destaca, no obstante, que su uso no debe convertirse en un fin en sí mismo, que su eficacia depende de muchos factores (carácter del proyecto, del territorio o del riesgo) y que todas las regiones, sea cual sea su nivel de desarrollo, deben poder determinar libremente el modo de financiación más adecuado; se opone a cualquier objetivo vinculante relativo a la utilización de instrumentos financieros;

29.  Pide que se simplifiquen las condiciones de uso de los instrumentos financieros y se favorezca su combinación con las subvenciones teniendo en cuenta la complementariedad, la eficacia y las realidades territoriales; destaca la importancia de la capacidad administrativa y la calidad de la gobernanza, así como de la función complementaria que desempeñan los bancos y las instituciones nacionales de desarrollo a la hora de aplicar instrumentos financieros adaptados a las necesidades locales; considera necesario armonizar las normas en materia de instrumentos financieros tanto como sea posible, independientemente de su modo de gestión; propone que, además de los instrumentos financieros ya existentes para la política de cohesión, se promuevan también instrumentos financieros participativos;

30.  Considera que un vínculo entre la política de cohesión y la garantía de un entorno favorable a la inversión, a la eficacia y a la buena utilización de los fondos también resulta útil para lograr los objetivos de la política de cohesión, subrayando al mismo tiempo que la política de cohesión no está pensada para ser un mero instrumento al servicio de prioridades sin relación con sus objetivos; destaca que es necesario aplicar la posición comúnmente acordada sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en relación con la flexibilidad para las condiciones cíclicas, las reformas estructurales y las inversiones públicas; cree que las medidas que vinculan la eficacia de los Fondos EIE con la buena gobernanza económica, en la forma recogida en el Reglamento (UE) n.º 1303/2013, deben ser objeto de cuidadoso estudio contando asimismo con la participación de todas las partes interesadas; opina que la Comisión debe plantearse realizar ajustes en el vínculo de la política de cohesión con el Semestre Europeo a fin de reforzar la dimensión territorial y social de este último, además de tener en cuenta otros factores que confluyen en los objetivos de cohesión como, por ejemplo, la convergencia real; pide a la Comisión, en este sentido, que examine en el marco del Semestre Europeo la cofinanciación regional y nacional con cargo a los Fondos EIE y la manera en que repercute sobre los déficits nacionales;

31.  Pide que se intensifiquen las estrategias de especialización inteligente como una nueva vía para perseguir la inversión en el potencial de crecimiento a largo plazo en el contexto de una evolución tecnológica rápida y de la globalización; reconoce la utilidad de las condiciones ex ante, si bien subraya que en algunos casos han constituido un factor de complejidad y de retraso en la elaboración y el inicio de la programación; toma nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre las condiciones ex ante en su Informe Especial 15/2017; pide a la Comisión que estudie la posibilidad, en su caso, de reducir su número y que refuerce, en este ámbito, los principios de proporcionalidad y subsidiariedad aprovechando al máximo los documentos estratégicos existentes que puedan cumplir las condiciones ex ante en el futuro; destaca que las condiciones ex ante deben estar estrechamente relacionadas con la utilización efectiva de las inversiones, velando al mismo tiempo por la igualdad de trato de todos los Estados miembros;

32.  Observa que la calidad y la estabilidad de la administración pública, para las que se requieren una educación y formación de calidad y un asesoramiento disponible a nivel local, siguen siendo un factor decisivo para el crecimiento regional y la eficacia de los Fondos EIE; hace hincapié en la necesidad de mejorar la calidad de la gobernanza y de velar por que se disponga de un nivel de asistencia técnica suficiente, ya que ello puede afectar en gran medida a la correcta aplicación de la política de cohesión y puede variar considerablemente en los Estados miembros, lo que resulta especialmente patente, por ejemplo, en las regiones menos desarrolladas; pide a la Comisión, en particular, que evalúe el futuro programa JASPERS al hilo de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo;

33.  Se muestra favorable a una evolución de la política de cohesión más orientada hacia los resultados y más centrada en el contenido, pasando de una lógica contable a una lógica de rendimiento y dejando a las autoridades de gestión más flexibilidad en cuanto a la manera de alcanzar los objetivos, respetando al mismo tiempo los principios de asociación, transparencia y rendición de cuentas, entre otros;

34.  Considera imprescindible seguir luchando contra el fraude y aboga a favor de una tolerancia cero frente a la corrupción;

Una política de cohesión simplificada

35.  Insta a la Comisión a que tenga en cuenta las recomendaciones del Grupo de alto nivel en sus futuras propuestas legislativas;

36.  Insiste en la necesidad de ofrecer un marco que garantice la estabilidad jurídica mediante unas normas simples, claras y previsibles, en especial en materia de gestión y de control, con vistas a garantizar un equilibrio adecuado entre los objetivos de rendimiento y los objetivos de simplificación; pide, para el próximo período de programación, que se reduzca el volumen del código normativo y el número de directrices (con prudencia, con el fin de ofrecer, en estrecha colaboración con las partes interesadas, la necesaria continuidad de los procedimientos y normas, con los que están familiarizados los interesados y las autoridades encargadas de la gestión); pide que se garantice la traducción de los documentos pertinentes a todas las lenguas de la Unión y se prohíba, en la medida de lo posible, toda aplicación o interpretación retroactiva de las normas; aboga por unas directrices y un marco jurídico unificados sobre los proyectos transfronterizos;

37.  Recalca, al mismo tiempo, la necesidad de evitar el exceso de reglamentación y de velar por que los programas operativos resulten auténticos documentos estratégicos más sucintos y flexibles y prevean un procedimiento simplificado para su modificación concreta durante la fase de programación, por ejemplo en caso de catástrofes naturales, con el fin de adaptarse adecuadamente a una realidad mundial y una demanda regional cambiantes;

38.  Aboga por la creación de un auténtico código normativo único para los Fondos EIE, incluida una mayor armonización de las normas comunes para los instrumentos que contribuyen al mismo objetivo temático; considera necesario racionalizar los procedimientos de contratación con cargo a los Fondos y acelerar los procedimientos de ayuda estatal que requieran el cumplimiento; manifiesta su apoyo a un trato más homogéneo y coherente de los fondos europeos en régimen de gestión directa y los fondos de la política de cohesión en lo relativo a las ayudas estatales y, más en general, a unas normas armonizadas para los dispositivos europeos destinados a los mismos beneficiarios; destaca la importancia de mejorar la complementariedad entre la política de cohesión y el futuro programa de investigación de la Unión a fin de cubrir el ciclo completo, de la investigación fundamental a las aplicaciones comerciales; considera que la concentración temática debe mantenerse con el fin de permitir sinergias entre las diferentes fuentes de financiación a nivel de los proyectos;

39.  Toma nota de la creación de un grupo de trabajo sobre la subsidiariedad y la proporcionalidad, y espera de este grupo propuestas concretas para reforzar estos dos principios en el marco de la política de cohesión; aboga por que se garantice la aplicación de estos principios con vistas a una gobernanza multinivel real, que requiere una capacitación adecuada de las autoridades locales y regionales, así como de otras partes interesadas;

40.  Lamenta que la Comisión no haya realizado una evaluación más integrada de las políticas transversales y que no se conozcan sinergias entre las distintas políticas europeas; solicita unas estrategias, financiaciones y acciones ambiciosas que incrementen las sinergias con otros fondos de la Unión y atraigan apoyos financieros complementarios; hace hincapié en la necesidad de optimizar en mayor medida las sinergias entre los Fondos EIE y otros instrumentos, en particular el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), así como con los demás programas gestionados de manera centralizada, como Horizonte 2020, que se complementa con la política de cohesión a la hora de promover la investigación y la innovación;

41.  Pide que las exigencias en materia de programación, aplicación y control de los Fondos EIE en el futuro se basen en los principios de diferenciación y proporcionalidad, en criterios equitativos y transparentes y en función del importe de los programas, del perfil de riesgo, de la calidad de la ejecución administrativa y del importe de la contribución del beneficiario;

42.  Considera necesario que la relación entre la Comisión y las autoridades de gestión avance hacia un «contrato de confianza»; recuerda, en este contexto, la importancia de contar con un marco de gobernanza multinivel adecuado y operativo; pide a la Comisión que valore el trabajo ya realizado en la buena gestión de los fondos públicos, introduciendo el principio de una certificación de las autoridades de gestión que hayan demostrado su capacidad de respetar la normativa; propugna, en lo relativo al control, basarse aún más en la normativa nacional y regional, siempre que se haya comprobado y validado su eficacia;

43.  Pide que se refuerce el principio de auditoría única, se acelere la aplicación de la cohesión electrónica y se generalice el uso de costes simplificados y normalizados, ya que ello ha resultado más fácil de aplicar y no ha dado lugar a errores; destaca el potencial de la digitalización en lo que se refiere a las actividades de supervisión y presentación de informes; opina que debe facilitarse el intercambio de conocimientos técnicos mediante la creación de un portal para compartir conocimientos con el fin de intercambiar buenas prácticas;

44.  Pide a la Comisión que presente ideas acerca del modo en que la política de cohesión puede reaccionar mejor ante los acontecimientos imprevistos y recuerda, en este sentido, su solicitud de creación de una «reserva» que pueda dotar de flexibilidad adicional a las regiones sin poner en peligro las metas a largo plazo de los programas operativos;

Retos y oportunidades

45.  Expresa su honda preocupación ante los escenarios presentados recientemente por la Comisión sobre posibles recortes presupuestarios a la política de cohesión en el próximo MFP que podrían comportar la exclusión de numerosas regiones de la política de cohesión; aboga por un presupuesto ambicioso que esté a la altura de los retos y pide que no se convierta la política de cohesión en una variable de ajuste; recuerda que la cobertura de todas las regiones de la Unión es un elemento no negociable para el Parlamento Europeo; subraya que la teoría de los «grupos de desarrollo económico» confirma la importancia de un apoyo diferenciado al conjunto de regiones europeas, incluidas las regiones con rentas muy elevadas, que deben seguir siendo competitivas frente a sus competidores mundiales;

46.  Estima que la política de cohesión puede contribuir a responder a los nuevos desafíos, tales como la seguridad o la integración de los refugiados bajo protección internacional; subraya, sin embargo, que no puede esperarse que la política de cohesión resuelva todas las crisis, y se opone al uso de los fondos de la política de cohesión para cubrir las necesidades financieras a corto plazo fuera del ámbito de esta última, recordando que su objetivo es el desarrollo socioeconómico de la Unión a medio y largo plazo;

47.  Toma nota de los resultados positivos del FEIE, que, no obstante, debe realizar inversiones aún más transparentes y específicas; subraya que la política de cohesión y el FEIE se basan en distintos conceptos y objetivos que, en determinados casos, pueden ser complementarios pero no intercambiables, independientemente del grado de desarrollo de las regiones, especialmente porque el FEIE, a diferencia de los Fondos Estructurales, se basa ante todo en la concesión de préstamos; recuerda la importancia de establecer una diferenciación adecuada entre el FEIE y la política de cohesión, así como de definir oportunidades claras para su combinación;

48.  Reitera su adhesión a un periodo de programación a largo plazo; considera que la única alternativa viable a la duración actual de 7 años es un MFP de 5+5 años, con una revisión intermedia; pide a la Comisión que elabore una propuesta en la que se definan claramente las modalidades para la aplicación práctica de un marco financiero de 5+5 años;

49.  Pide hacer todo lo posible para evitar retrasos en la programación para el nuevo periodo con el fin de evitar demoras en los pagos y liberaciones que obstaculicen los resultados positivos de la política de cohesión; resalta la importancia de presentar a tiempo todos los documentos del futuro marco jurídico en todas las lenguas oficiales, de modo que los beneficiarios dispongan de una información correcta y rápida;

50.  Insta a mejorar la comunicación con los ciudadanos europeos, de modo que aumente la sensibilización del público acerca de los logros específicos de la política de cohesión; pide a la Comisión que valorice el papel de las autoridades de gestión y los promotores de proyectos que se sirven de una comunicación de proximidad innovadora para informar a los ciudadanos sobre los resultados de la utilización de los fondos en los territorios; destaca que conviene mejorar la información y la comunicación no solo en fases avanzadas (logros de los Fondos EIE) sino también en fases tempranas (posibilidades de financiación), en especial con los pequeños promotores de proyectos; pide a la Comisión y a los Estados miembros que creen mecanismos y plataformas institucionalizadas amplias para la cooperación a fin de conseguir una mejor visibilidad y concienciación;

51.  Indica que determinadas regiones europeas se encuentran especialmente expuestas a las consecuencias del Brexit; subraya que la futura política de cohesión deberá limitar al máximo las repercusiones negativas del Brexit para otras regiones europeas y aboga por estudiar la posibilidad de mantener las asociaciones en el marco de la cooperación territorial;

o
o   o

52.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

(1) DO L 347 de 20.12.2013, p. 320.
(2) DO L 347 de 20.12.2013, p. 289.
(3) DO L 347 de 20.12.2013, p. 470.
(4) DO L 347 de 20.12.2013, p. 281.
(5) DO L 347 de 20.12.2013, p. 259.
(6) Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de diciembre de 2015 – Parlamento Europeo/ Consejo de la Unión Europea, Asuntos acumulados C-132/14 a C-136/14, ECLI:EU:C:2015:813.
(7) Doc. 8463/17.
(8) Doc. 14263/17.
(9) Iammarino, S., Rodríguez-Pose, A., Storper, M. Why Regional Development Matters for Europe’s Economic Future (¿Por qué el desarrollo regional es importante para el futuro económico de Europa?). Documento de trabajo 07/2017, Dirección General de Política Regional y Urbana, Comisión Europea.
(10) DO C 306 de 15.9.2017, p. 8.
(11) DO C 303 de 19.8.2016, p. 94.
(12) DO C 316 de 22.9.2017, p. 132.
(13) DO C 316 de 22.9.2017, p. 124.
(14) DO C 76 de 28.2.2018, p. 2.
(15) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0222.
(16) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0320.
(17) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0321.
(18) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0053.
(19) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0254.
(20) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0245.
(21) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0316.
(22) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0401.
(23) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0067.
(24) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0075.
(25) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8631691/3-31012018-BP-EN.pdf/bdc1dbf2-6511-4dc5-ac90-dbadee96f5fb
(26) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8701418/3-01032018-AP-EN/37be1dc2-3905-4b39-9ef6-adcea3cc347a

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