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Procedimiento : 2018/2598(RSP)
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Ciclo relativo al documento : B8-0477/2018

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B8-0477/2018

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PV 25/10/2018 - 13.14
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Textos aprobados :

P8_TA(2018)0430

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Jueves 25 de octubre de 2018 - Estrasburgo Edición provisional
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) en Katowice (Polonia)
P8_TA-PROV(2018)0430B8-0477/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2018 (COP24) en Katowice (Polonia) (2018/2598(RSP))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto,

–  Vistos el Acuerdo de París, la Decisión 1/CP.21, la 21.ª Conferencia de las Partes (COP21) en la CMNUCC y la 11.ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP11), celebradas en París (Francia) del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 2015,

–  Vistas la 18.ª Conferencia de las Partes (COP18) en la CMNUCC y la 8.ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP8), celebradas en Doha (Qatar) del 26 de noviembre al 8 de diciembre de 2012, así como la aprobación de una enmienda al Protocolo que establece el segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto, que empezó el 1 de enero de 2013 y finaliza el 31 de diciembre de 2020,

–  Vistos la apertura a la firma del Acuerdo de París en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el 22 de abril de 2016 durante un período que concluyó el 21 de abril de 2017, y los 195 Estados que han firmado el Acuerdo de París y los 175 Estados que han depositado instrumentos para su ratificación,

–  Vista la 23.ª Conferencia de las Partes (COP23) en la CMNUCC, el 13.º período de sesiones de la reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (CMP13) y el 2.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA2), celebrada en Bonn (Alemania), del 4 de noviembre al 16 de noviembre de 2017,

–  Vistos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),

–  Vista su Resolución, de 3 de julio de 2018, sobre la diplomacia climática(1),

–  Vista su Resolución, de 4 de octubre de 2017, sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23), celebrada en Bonn (Alemania)(2),

–  Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de julio de 2016, titulada «Acelerar la transición de Europa hacia una economía hipocarbónica» (COM(2016)0500),

–  Vistas las conclusiones del Consejo Europeo de los días 15 de febrero de 2016, 30 de septiembre de 2016, 23 de junio de 2017 y 22 de marzo de 2018,

–  Vistas las conclusiones del Consejo de los días 13 de octubre de 2017, 26 de febrero de 2018 y 9 de octubre de 2018,

–  Vista la Decisión (UE) 2017/1541 del Consejo, de 17 de julio de 2017, relativa a la celebración, en nombre de la Unión Europea, de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono(3),

–  Vistas las contribuciones previstas determinadas a nivel nacional de la Unión y sus Estados miembros, transmitidas el 6 de marzo de 2015 por Letonia y la Comisión Europea a la CMNUCC,

–  Vistos el Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), su informe de síntesis y el informe especial del IPCC titulado «Calentamiento global de 1,5ºC»,

–  Vistos el octavo informe de síntesis del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), de noviembre de 2017, titulado «Informe sobre la disparidad en las emisiones 2017», y el tercer informe del PNUMA sobre la disparidad en la adaptación 2017,

–  Visto el informe de la Agencia Internacional de la Energía titulado «Global Energy & CO2 Status Report 2017» (Informe de 2017 sobre el estado mundial de la energía y el CO2),

–  Vistos la Declaración sobre la situación del clima mundial en 2017 de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), de marzo de 2018, y el 13.º boletín de la OMM sobre los gases de efecto invernadero, de 30 de octubre de 2017,

–  Visto el Informe de Riesgos Globales 2018 del Foro Económico Mundial(4),

–  Vista la declaración del Grupo de Crecimiento Verde, de 5 de marzo de 2018, firmada por catorce ministros de Medio Ambiente y Clima de la Unión, sobre la financiación de la acción de la Unión en favor del clima: incremento del gasto climático e integración del ámbito climático en el próximo marco financiero plurianual (MFP)(5),

–  Visto el informe publicado por el Centro Común de Investigación de la Comisión en noviembre de 2017 titulado «CO₂ - An Operational Anthropogenic CO2 emissions Monitoring & Verification Support Capacity»(6),

–  Vista la declaración de Fairbanks, adoptada por los ministros de Asuntos Exteriores de los Estados árticos durante la 10.ª reunión ministerial del Consejo Ártico, celebrada en Fairbanks (Alaska) los días 10 y 11 de mayo de 2017,

–  Vista la primera edición de la Cumbre «Un Planeta», celebrada en París el 12 de diciembre de 2017, y los doce compromisos adoptados durante su celebración,

–  Vista la encíclica del Papa Francisco titulada «Laudato Si’»,

–  Vista la Declaración de Meseberg de 19 de junio de 2018,

–  Vistos el artículo 128, apartado 5, y el artículo 123, apartado 2, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre de 2016, y que a 11 de octubre de 2018 habían depositado ante las Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión 181 de las 197 Partes en el Convenio;

B.  Considerando que la Unión y sus Estados miembros presentaron el 6 de marzo de 2015 sus contribuciones previstas determinadas a nivel nacional a la CMNUCC, comprometiéndose así a alcanzar un objetivo vinculante de reducir al menos en un 40 % las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (GEI) de aquí a 2030 con respecto a los niveles de 1990;

C.  Considerando que los compromisos contraídos hasta la fecha por los signatarios del Acuerdo de París no serán suficientes para alcanzar el objetivo común; que las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional presentadas por la Unión y sus Estados miembros tampoco se ajustan a los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, por lo que deben revisarse;

D.  Considerando que los elementos esenciales de la legislación de la Unión que contribuyen al cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional en toda la Unión, en particular la Directiva sobre fuentes de energía renovables y la Directiva relativa a la eficiencia energética, se han concluido con un mayor nivel de ambición, lo que hará que la Unión reduzca sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un 45 % para 2030; que una reducción del 45 % en la Unión de aquí a 2030 todavía no es una contribución suficiente para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París ni el nivel de cero emisiones netas a mitad de siglo;

E.  Considerando que la transparencia en la medición de las emisiones es fundamental para lograr avances significativos por lo que respecta a la reducción de las emisiones de GEI a escala mundial de manera justa;

F.  Considerando que, tras tres años en que permanecieron estables, en 2017 aumentaron las cifras de emisiones de carbono a escala mundial y de la Unión; que este aumento se reparte de forma desigual a nivel mundial;

G.  Considerando que los numerosos fenómenos meteorológicos extremos y récords de temperatura en 2017 hacen más urgente la adopción de medidas climáticas a escala mundial;

H.  Considerando que una política ambiciosa de mitigación del cambio climático puede generar crecimiento y empleo; que, no obstante, algunos sectores específicos serán vulnerables a la fuga de carbono si la ambición no es comparable en otros mercados; que es necesaria, por tanto, una protección adecuada contra la fuga de carbono a fin de proteger el empleo en estos sectores específicos;

I.  Considerando que el cambio climático multiplica algunas otras amenazas que afectan de forma desproporcionada a los países en desarrollo; que las sequías y otros fenómenos meteorológicos adversos degradan y destruyen los recursos de los que dependen directamente los pobres para su supervivencia y provocan una mayor competencia por los recursos restantes, contribuyendo a crear crisis humanitarias y tensión, desplazamientos forzosos, radicalización y conflictos; que existen pruebas de que el cambio climático ha desempeñado un papel en la inestabilidad y el aumento de la violencia en Oriente Próximo, el Sahel y el Cuerno de África, con repercusiones mucho más allá;

J.  Considerando que el informe del IPCC sobre el calentamiento de 1,5ºC demuestra además que las repercusiones de ese aumento de la temperatura pueden ser significativamente menos graves que las de un aumento de 2ºC;

K.  Considerando que el éxito a largo plazo de la mitigación del cambio climático exige una acción decidida, en particular por parte de los países desarrollados, para abandonar la economía basada en el carbono y estimular un crecimiento respetuoso con el clima, también en los países en desarrollo; que deben realizarse esfuerzos constantes para reforzar el apoyo financiero, tecnológico y para crear capacidades en los países en desarrollo;

L.  Considerando que el fracaso de grandes emisores en la reducción de sus emisiones de GEI de acuerdo con las medidas exigidas para limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5ºC o 2ºC empeora la enorme escala y los costes de la adaptación necesarios al cambio climático, con consecuencias particularmente graves para los países menos desarrollados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID); que se deben respaldar todas las iniciativas de los PMA y los PEID para producir información sobre riesgos y alerta temprana;

M.  Considerando que la creciente disparidad entre las necesidades y los esfuerzos de adaptación debe revertirse con urgencia mediante medidas mucho más enérgicas de mitigación y adaptación;

N.  Considerando que es insostenible dejar que cada uno corra con sus gastos de adaptación y que los principales responsables de las emisiones de GEI deben asumir la mayor parte de la carga mundial;

O.  Considerando que el artículo 7 del Acuerdo de París establece un objetivo global de adaptación y que ahora este objetivo debe hacerse operativo sin más demora; que los planes nacionales de adaptación (PNAD) deben desempeñar un papel importante;

P.  Considerando que los bosques contribuyen de forma importante a la mitigación del cambio climático y a la adaptación al mismo; que la deforestación representa casi el 20 % de las emisiones globales de GEI y que se produce en particular por la expansión de la producción industrial de ganado, soja y aceite de palma, también para el mercado de la Unión; que la Unión debe reducir su contribución indirecta a la deforestación («deforestación incorporada») de la que es responsable;

Q.  Considerando que la tierra es un recurso escaso y su utilización para la producción de biocarburantes convencionales y de primera generación a partir de materias primas puede agravar la inseguridad alimentaria y destruir los medios de subsistencia de poblaciones pobres en los países en desarrollo, en particular mediante el acaparamiento de tierras, los desplazamientos forzosos, la contaminación y las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas; que la compensación de emisiones de carbono y los planes de reforestación también pueden causar esos daños si no se diseñan y aplican adecuadamente;

1.  Recuerda que el cambio climático, como causa y multiplicador de otros riesgos, es uno de los retos más acuciantes a los que se enfrenta la humanidad y que todos los Estados y agentes a escala mundial deben hacer cuanto obre en su poder para combatirlo a través de acciones individuales enérgicas; subraya también que una cooperación internacional oportuna, la solidaridad y un compromiso coherente y duradero para una acción conjunta constituye la única solución para afrontar la responsabilidad colectiva de preservar el conjunto del planeta y su biodiversidad para las generaciones actuales y futuras; destaca que la Unión está preparada para continuar con su papel dirigente en este esfuerzo global, al tiempo que garantiza un desarrollo económico sostenible con bajas emisiones de GEI que proporcione seguridad energética, una ventaja competitiva para las industrias europeas y creación de empleo;

La base científica para la acción por el clima

2.  Señala que la OMM ha confirmado que los años 2015, 2016 y 2017 han sido los tres años más cálidos jamás registrados, lo que ha dado lugar a una temperatura muy elevada en el Ártico que tendrá repercusiones duraderas sobre el nivel del mar y las condiciones meteorológicas en todo el mundo;

3.  Considera que los efectos del importante, y seguramente irreversible, aumento de 2ºC de las temperaturas mundiales se podría evitar si se fijara el objetivo más ambicioso de 1,5ºC, aunque esto exigiría reducir a cero el crecimiento de las emisiones mundiales netas de GEI en 2050 a más tardar; subraya que las soluciones tecnológicas necesarias están disponibles y son cada vez más competitivas en cuanto al coste, y que todas las políticas de la Unión deberían ajustarse perfectamente a los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París y revisarse periódicamente para mantenerlas en línea con esos objetivos; aguarda con interés, por lo tanto, las conclusiones del informe especial del IPCC de 2018 sobre las repercusiones de un calentamiento global de 1,5ºC por encima de los niveles preindustriales;

4.  Subraya que, según la OMS, el cambio climático afecta a factores sociales y ambientales determinantes para la salud (aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y refugio seguro) y que, entre 2030 y 2050, se prevé un aumento de más de 250 000 muertes adicionales al año por malnutrición, malaria, diarrea y exceso de calor; señala que las temperaturas atmosféricas extremas contribuyen directamente a los fallecimientos por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, especialmente entre las personas mayores; reconoce que el cambio climático es un catalizador de conflictos; considera que la plena aplicación de los compromisos del Acuerdo de París contribuiría en gran medida a reforzar la seguridad y la paz europea e internacional;

La ratificación del Acuerdo de París y el cumplimiento de los compromisos

5.  Acoge con satisfacción el ritmo sin precedentes de las ratificaciones del Acuerdo de París, así como la determinación y la movilización mundial tanto de agentes estatales como no estatales para garantizar su plena y rápida aplicación, tal como se afirma en los compromisos contraídos en el marco de actos internacionales importantes, como la Cumbre sobre el Clima de América del Norte 2017, celebrada en Chicago los días 4 a 6 de diciembre de 2017, la Cumbre «Un Planeta», celebrada en París el 12 de diciembre de 2017, y la Cumbre Mundial de Acción por el Clima, celebrada en San Francisco los días 12 a 14 de septiembre de 2018;

6.  Subraya que las contribuciones determinadas a nivel nacional actuales solo limitarían el calentamiento global a un aumento de la temperatura de unos 3,2ºC(7) y ni siquiera se acercarían a los 2ºC; pide a todas las Partes que contribuyan de manera constructiva al proceso que debe aplicarse con vistas a 2020, cuando deben actualizarse las contribuciones determinadas a nivel nacional, y que garanticen que sus contribuciones estén en consonancia con el objetivo de temperatura a largo plazo del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2ºC sobre los niveles preindustriales y de realizar esfuerzos para limitar el aumento aún más hasta 1,5ºC; reconoce que los compromisos actuales, incluido el presentado por la Unión y sus Estados miembros, son insuficientes para alcanzar los objetivos del Acuerdo; subraya, por consiguiente, que las emisiones mundiales de GEI deberían alcanzar su punto máximo lo antes posible, y que todas las Partes, en especial la Unión y todos los países del G20, deben redoblar sus esfuerzos y actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional a más tardar en 2020, tras el Diálogo Talanoa de 2018 destinado a eliminar la disparidad que queda para alcanzar ese objetivo;

7.  Considera que, en caso de que otras economías importantes no alcancen compromisos comparables a los de la Unión en lo tocante a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, será necesario mantener las disposiciones sobre la fuga de carbono, en particular las destinadas a los sectores con un alto riesgo de fuga de carbono, a fin de garantizar la competitividad mundial de la industria europea;

8.  Lamenta que, en la mayoría de los terceros países que han contraído compromisos en virtud del Acuerdo de París, el debate sobre el aumento de sus contribuciones solo se haya iniciado muy tímidamente; pide, por tanto, que la Comisión racionalice las consideraciones de la Unión de aumentar su compromiso con mayores esfuerzos para motivar a otros socios a hacer lo mismo;

9.  Subraya que es importante adoptar una política climática ambiciosa para que la Unión actúe como un socio creíble y fiable a escala mundial, mantener el liderazgo mundial de la Unión en el ámbito climático y respetar el Acuerdo de París; celebra el acuerdo del Parlamento Europeo y del Consejo de aumentar los objetivos para las energías renovables y la eficiencia energética, respectivamente, al 32 % y al 45 % para 2030, lo que producirá reducciones de las emisiones de GEI de más del 45 % para 2030; acoge, por tanto, con satisfacción los comentarios de la Comisión sobre la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión para tener en cuenta esta mayor ambición y aumentar su objetivo de reducción de emisiones para 2030; pide a la Comisión que prepare, antes de finales de 2018, una estrategia ambiciosa de la Unión para alcanzar el nivel de emisiones cero en la mitad del siglo, proporcionando un itinerario rentable hacia la consecución del objetivo de emisión neta cero adoptado en el Acuerdo de París y una economía de cero carbono neto en la Unión a más tardar en 2050, que sea coherente con la cuota justa del presupuesto mundial de carbono restante; apoya la actualización de las contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión con un objetivo de reducción de las emisiones nacionales de GEI del 55 % para 2030 con respecto a los niveles de 1990;

10.  Acoge con satisfacción el anuncio del secretario general de las Naciones Unidas sobre la organización de una Cumbre sobre el Clima en septiembre de 2019, con motivo de la 74.ª Asamblea General, con el fin de acelerar la acción por el clima para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y, en particular, para favorecer el aumento del nivel de ambición de los compromisos climáticos; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen este esfuerzo demostrando su compromiso y voluntad política para reforzar sus propios compromisos y que aboguen por que otras Partes hagan contribuciones sólidas;

11.  Lamenta el anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre su intención de retirar a los Estados Unidos del Acuerdo de París, lo que considera un paso atrás; expresa su satisfacción por que todas las Partes importantes hayan confirmado su compromiso con el Acuerdo de París tras el anuncio del presidente Trump; acoge con gran satisfacción la continua movilización en favor de la acción por el clima de los principales Estados, ciudades, universidades y otros agentes no estatales de los Estados Unidos en el marco de la campaña «We are still in» (seguimos dentro);

12.  Insiste en que, en especial tras el anuncio del presidente Trump, es importante contar con disposiciones adecuadas contra la fuga de carbono; pide a la Comisión que estudie la eficacia y la legalidad de medidas adicionales para proteger a las industrias con riesgo de fuga de carbono y garantizar que quienes tengan los mejores resultados obtengan derechos de emisión gratuitos con arreglo a lo dispuesto en la Directiva del RCDE; por ejemplo, un ajuste del impuesto fronterizo al carbono y la tasa de consumo, en especial con respecto a productos procedentes de países que no cumplen sus compromisos en virtud del Acuerdo de París;

13.  Acoge con satisfacción la entrada en vigor, el 1 de enero de 2019, de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal y que, por el momento, 27 Partes, entre ellas siete Estados miembros, hayan depositado sus instrumentos de ratificación; pide a todas las Partes del Protocolo de Montreal, en especial a aquellos Estados miembros que todavía no han presentado sus instrumentos de ratificación, que adopten todas las medidas necesarias para su rápida ratificación, que considera una contribución necesaria a la aplicación del Acuerdo de París y al logro de los objetivos a medio y largo plazo en materia de clima y energía;

14.  Acoge con satisfacción la ratificación de la enmienda de Doha al Protocolo de Kioto por parte de todos los Estados miembros y la ratificación conjunta de la Unión el 21 de diciembre de 2017; considera que esta medida proporcionará una importante capacidad de negociación para celebrar con éxito las negociaciones sobre el clima de 2018 y que, gracias a los esfuerzos de colaboración, reducirá efectivamente las emisiones de gases de efecto invernadero;

15.  Subraya que la aplicación y la ambición anteriores a 2020 fueron un punto clave durante las negociaciones de la COP23; acoge con satisfacción la decisión de realizar dos ejercicios de balance durante las COP de 2018 y 2019; pide a la Comisión y a los Estados miembros que preparen las contribuciones sobre reducción de emisiones de aquí a 2020 que se presentarán en el balance anterior a 2020 en la COP24; considera que estos son pasos importantes hacia el objetivo de aumentar la ambición para el período posterior a 2020 por todas las Partes y aguarda con impaciencia el resultado del primer balance en Katowice, que debería adoptar la forma de una Decisión de la Conferencia de las Partes por la que se confirme el compromiso de aumentar el nivel de ambición de las contribuciones determinadas a nivel nacional de 2030 de las Partes para 2020, a fin de ajustarlas a los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París;

16.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que utilicen estrategias y actividades de comunicación a fin de lograr un mayor apoyo político y del público a favor de la acción por el clima y que conciencien sobre los beneficios colaterales de la lucha contra el cambio climático, como la mejora de la calidad del aire y la salud pública, la conservación de los recursos naturales, el crecimiento económico y una mayor tasa de empleo, el aumento de la seguridad energética y la reducción de los costes de las importaciones de energía, así como sobre las ventajas en la competencia internacional gracias a la innovación y el desarrollo tecnológico; subraya que es preciso prestar atención a la interrelación entre el cambio climático y la injusticia social, la migración, la inestabilidad y la pobreza y al hecho de que la acción por el clima a nivel mundial puede contribuir en gran medida a solucionar estos problemas;

17.  Destaca las sinergias que existen entre el Acuerdo de París, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Marco de Sendai y la Agenda de Acción de Adís Abeba (Financiación para el Desarrollo), así como con otras Convenciones de Río, que representan avances importantes e interrelacionados para garantizar que la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible puedan abordarse simultáneamente;

La COP24 de Katowice

18.  Reconoce el logro de las Presidencias de la COP22 y la COP23 en la preparación conjunta del diseño del Diálogo Talanoa de 2018, que ha sido ampliamente aprobado por las Partes y que se puso en marcha en enero de 2018; aguarda con interés sus primeros resultados durante la COP24 y las conclusiones políticas posteriores para alinear la ambición colectiva mundial con los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París para 2020; reconoce que el Diálogo Talanoa no se limita a debates entre los Gobiernos nacionales, sino que permite a una serie de partes interesadas, incluidas las regiones y ciudades y sus representantes electos, poner en conocimiento de los responsables políticos a nivel nacional y mundial las principales cuestiones de la acción por el clima; acoge con satisfacción el Diálogo Talanoa de Ciudades y Regiones, y aguarda con interés la celebración de otros diálogos en Europa; aguarda con interés, asimismo, la aportación de los agentes no estatales e insta a todas las Partes a que presenten sus contribuciones de forma oportuna con el fin de facilitar el debate político en Katowice;

19.  Reconoce además que, pese a todos los progresos realizados en el marco del Programa de Trabajo de la Acción de París (el código normativo) durante la COP23, nos aguardan desafíos significativos para su realización y para alcanzar decisiones concretas en la COP24; pide que se realice todo el trabajo preparatorio necesario antes de la cumbre a fin de finalizar el código normativo, que es fundamental para una aplicación oportuna del Acuerdo de París;

20.  Apoya la creación de un código normativo que exija un alto nivel de transparencia y normas sólidas vinculantes para todas las Partes, a fin de evaluar con precisión los progresos y fomentar la confianza entre las Partes que participan en el proceso internacional; expresa su preocupación por que algunas Partes siguen siendo reacias a trabajar en favor de la plena transparencia en la medición de las emisiones; pide a las principales economías que tomen la iniciativa en las negociaciones sobre el código normativo y promuevan requisitos vinculantes para los sistemas de vigilancia y verificación, así como datos y estimaciones oportunos y fiables sobre las emisiones de gases de efecto invernadero;

21.  Destaca la importancia de complementar el código normativo con datos atmosféricos basados en observaciones para aumentar la fiabilidad y precisión de los informes; pide a la Comisión, a la Agencia Espacial Europea (AEE), a la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), al Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (CEPMMP), al Sistema de Observación Integrado del Carbono (ICOS) como consorcio de infraestructuras de investigación europeas, a las agencias de inventarios y a los centros de investigación nacionales, así como a otros agentes clave, que desarrollen la capacidad operativa necesaria para producir información sobre las emisiones antropogénicas utilizando los datos de los satélites, así como una constelación de satélites, y cumpliendo los requisitos necesarios;

22.  Subraya la importancia de que la Unión hable con una única voz en la COP24 de Katowice, a fin de garantizar su poder político y su credibilidad; insta a todos los Estados miembros a que apoyen el mandato de la Unión en las negociaciones y en las reuniones bilaterales con otros agentes;

23.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan la acción por el clima en el orden del día de los foros internacionales importantes de las Naciones Unidas y de organismos como el G7 y el G20 y que busquen alianzas multilaterales sobre cuestiones específicas relativas a la aplicación del Acuerdo de París y de los ODS;

Apertura, inclusividad y transparencia

24.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mantengan y refuercen las asociaciones estratégicas con los países desarrollados y con las economías emergentes, para establecer un grupo de líderes en el ámbito climático en los próximos años y mostrar una mayor solidaridad con los Estados vulnerables; apoya el compromiso sostenido y activo de la Unión en el seno de la Coalición de Gran Ambición y con sus países miembros para dar visibilidad a su determinación de lograr una aplicación significativa del Acuerdo de París mediante la finalización de un código normativo sólido en 2018 y la conclusión de un prometedor Diálogo Talanoa en la COP24;

25.  Subraya que es necesaria la participación efectiva de todas las partes para perseguir el objetivo de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 1,5 °C, lo que exige a su vez que se aborde la cuestión de los intereses creados o contrapuestos; reitera, en este sentido, su apoyo a la iniciativa adoptada por los Gobiernos que representan a la mayoría de la población mundial de introducir una política específica sobre los conflictos de intereses en la CMNUCC; pide a la Comisión y a los Estados miembros que se comprometan constructivamente en este proceso sin comprometer los fines y objetivos de la CMNUCC y del Acuerdo de París;

26.  Subraya que el 80 % de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres, que sufren los efectos del cambio climático en mayor medida que los hombres y soportan una carga mayor aunque no participan en la toma de decisiones clave sobre la acción por el clima; destaca, en consecuencia, que la capacitación de las mujeres, así como su participación y liderazgo plenos y en igualdad de condiciones en foros internacionales, como la CMNUCC, y en la acción por el clima a nivel nacional, regional y local, son esenciales para el éxito y la eficacia de dicha acción; pide a la Unión y a los Estados miembros que integren la perspectiva de género en las políticas climáticas y que promuevan la participación de las mujeres indígenas y de los defensores de los derechos de la mujer en el marco de la CMNUCC;

27.  Acoge con satisfacción la decisión de la COP23 de que el Fondo de Adaptación continúe sirviendo al Acuerdo de París; reconoce la importancia del Fondo para aquellas comunidades más vulnerables al cambio climático y, por tanto, acoge con satisfacción los nuevos compromisos contraídos por los Estados miembros de aportar 93 millones USD al Fondo;

28.  Reconoce que la Unión y sus Estados miembros son los mayores proveedores de financiación pública dirigida a luchar contra el cambio climático; expresa su preocupación por que los actuales compromisos contraídos por los países desarrollados distan mucho de su objetivo colectivo de aportar 100 000 millones USD anuales; destaca la importancia de que todas las Partes desarrolladas aporten sus contribuciones a este objetivo, dado que la financiación a largo plazo es decisiva para permitir a los países en desarrollo cumplir sus objetivos de adaptación y mitigación;

29.  Hace hincapié en que el presupuesto de la Unión debe ser coherente con sus compromisos internacionales en materia de desarrollo sostenible y con sus objetivos en materia de clima y energía a medio y largo plazo, y que no debe ser contraproducente para la consecución de estos objetivos ni impedir su aplicación; observa con preocupación que es probable que el objetivo de que el 20 % del gasto total de la Unión se destine a la acción por el clima no pueda cumplirse y pide, por consiguiente, la adopción de medidas correctoras; subraya, además, que los objetivos climáticos y energéticos deben estar desde el principio en el centro de los debates políticos sobre el marco financiero plurianual (MFP) posterior a 2020, con el fin de garantizar que se disponga de los recursos necesarios para alcanzarlos; recuerda su posición de aumentar lo antes posible el gasto actual relacionado con el clima desde el 20 % al 30 %, a más tardar en 2027; considera que todo el gasto restante del MFP debe ajustarse al Acuerdo de París y no ser contraproducente para los esfuerzos en materia de lucha contra el cambio climático;

30.  Pide que se establezca un mecanismo de financiación pública de la Unión específico y automático que proporcione un apoyo adicional y adecuado a la participación equitativa de la Unión en la consecución del objetivo de financiación internacional de la acción por el clima, que asciende a 100 000 millones USD;

El papel de los agentes no estatales

31.  Recuerda que el Acuerdo de París reconoce el importante papel que desempeña la gobernanza multinivel en las políticas climáticas y la necesidad de comprometerse con las regiones, las ciudades y los agentes no estatales;

32.  Manifiesta su satisfacción por la creciente movilización mundial de un espectro cada vez más amplio de agentes no estatales comprometidos con la acción por el clima con objetivos concretos y mensurables; destaca el papel fundamental de la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos subestatales a la hora de presionar y dirigir la opinión pública y la acción estatal; pide a la Unión, a los Estados miembros y a todas las Partes que estimulen y faciliten la labor de los agentes no estatales y que colaboren de una manera totalmente transparente con ellos, que constituyen cada vez más la fuerza motriz de la lucha contra el cambio climático, así como con los agentes subnacionales, en particular en los casos en que las relaciones de la Unión con los gobiernos nacionales en el ámbito de la política climática se hayan deteriorado; elogia, en este contexto, el compromiso contraído durante la COP23 por 25 ciudades pioneras, que representan a 150 millones de ciudadanos, de convertirse en ciudades con un nivel de cero emisiones netas para 2050;

33.  Pide a la Comisión que intensifique aún más sus relaciones con los entes regionales y locales para impulsar la cooperación temática y sectorial entre ciudades y regiones, tanto de dentro como de fuera de la Unión, para desarrollar iniciativas de adaptación y resistencia y reforzar los modelos de desarrollo sostenible y los planes de reducción de emisiones en sectores clave, como la energía, la industria, la tecnología, la agricultura y el transporte en zonas urbanas y rurales, por ejemplo, a través de programas de hermanamiento, mediante el Programa de Cooperación Urbana Internacional, a través del apoyo a plataformas como el Pacto de los Alcaldes y creando foros nuevos para el intercambio de mejores prácticas; pide a la Unión y a los Estados miembros que apoyen los esfuerzos de los agentes regionales y locales para introducir contribuciones determinadas a nivel regional y local (similares a las determinadas a nivel nacional) cuando la ambición en la lucha contra el cambio climático pueda incrementarse a través de este proceso;

34.  Anima a la Comisión a que establezca objetivos concretos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de aquí a 2050 en su propuesta de estrategia de la Unión a largo plazo para alcanzar el nivel de cero emisiones netas a mediados de siglo y a que establezca un itinerario claro para alcanzar estos objetivos, así como objetivos intermedios concretos para 2035, 2040 y 2045; pide a la Comisión que incluya propuestas sobre cómo aumentar la absorción por los sumideros de conformidad con el Acuerdo de París, a fin de alcanzar el nivel de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en la Unión a más tardar en 2050, y de pasar a las emisiones negativas poco después; pide que esta estrategia garantice una distribución equitativa del esfuerzo entre los diversos sectores, que incluya un mecanismo para incorporar los resultados del inventario mundial quinquenal, que tenga en cuenta las conclusiones del próximo informe especial del IPCC, las recomendaciones y posiciones del Parlamento Europeo, así como los puntos de vista de los agentes no estatales, como los entes locales y regionales, la sociedad civil y el sector privado;

35.  Subraya que la estrategia a largo plazo de la Unión debe considerarse como una oportunidad para establecer prioridades estratégicas en el futuro para una economía de la Unión moderna y ecológica que aproveche plenamente el potencial del progreso tecnológico y que mantenga un alto nivel de seguridad social, así como un elevado nivel de protección de los consumidores, lo que beneficiará a la industria y a la sociedad civil, sobre todo a largo plazo;

36.  Anima a la Comisión y a los Estados miembros a que desarrollen estrategias y programas para abordar la transición causada por la descarbonización y los avances tecnológicos dentro de los sectores y para permitir el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre las regiones, los trabajadores y las empresas afectados, así como para prestar ayuda a las regiones y a los trabajadores para que puedan prepararse para los cambios estructurales, buscar activamente un nuevo potencial económico y desarrollar políticas de localización estratégica que garanticen una transición justa a una economía con un nivel de cero emisiones netas en Europa;

37.  Considera que, para garantizar la coherencia de las contribuciones determinadas a nivel nacional con los compromisos exigidos por el Acuerdo de París en todos los sectores de la economía, se debe alentar a las Partes a que incluyan las emisiones procedentes del transporte marítimo y aéreo internacional, y a que acuerden y apliquen medidas a nivel internacional, regional y nacional para hacer frente a las emisiones de estos sectores;

Esfuerzos globales de todos los sectores

38.  Acoge con satisfacción el continuo desarrollo de regímenes de comercio de derechos de emisión (RCDE) a nivel mundial y, en concreto, la puesta en marcha, en diciembre de 2017, de la fase inicial del régimen chino de comercio de derechos de emisiones de carbono de ámbito nacional que abarca el sector eléctrico; acoge con satisfacción, asimismo, el acuerdo sobre la vinculación del RCDE UE y el régimen suizo, firmado a finales de 2017, y anima a la Comisión a seguir estudiando otros posibles vínculos y otras formas de cooperación con los mercados del carbono de terceros Estados y regiones, así como a estimular la creación de nuevos mercados del carbono o de otros mecanismos de tarificación del carbono que contribuyan a reducir las emisiones mundiales, aumenten la eficiencia y el ahorro y reduzcan el riesgo de fuga de carbono mediante la creación de unas condiciones equitativas a escala mundial; pide a la Comisión que establezca salvaguardias para garantizar que cualquier vinculación con el RCDE UE siga contribuyendo permanentemente a la mitigación y no socave los compromisos nacionales de la Unión en materia de emisiones de gases de efecto invernadero;

39.  Lamenta que el transporte sea el único sector que ha visto aumentar sus emisiones desde 1990; subraya que esto no es compatible con un desarrollo sostenible a largo plazo, algo que requiere, en cambio, reducciones mayores y más rápidas de las emisiones de todos los sectores de la sociedad; recuerda que este sector deberá estar totalmente descarbonizado de aquí a 2050;

40.  Manifiesta su profundo descontento por el hecho de que la propuesta de la Comisión sobre las normas de emisión de CO2 después de 2020 para los turismos y los vehículos comerciales ligeros no se ajuste a los objetivos a largo plazo del Acuerdo de París;

41.  Manifiesta su preocupación por el nivel de ambición del régimen de compensación y reducción del carbono para la aviación internacional (CORSIA) de la OACI, teniendo en cuenta los trabajos en curso sobre las normas y los métodos recomendados en vista de la aplicación del régimen a partir de 2019; se opone firmemente a los esfuerzos para imponer el CORSIA a los vuelos dentro de Europa, lo que anularía la legislación de la Unión y su independencia en la toma de decisiones; subraya que es inaceptable una mayor dilución de los proyectos de normas y métodos recomendados de CORSIA; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan todo lo posible por reforzar las disposiciones del CORSIA y, por consiguiente, su futuro impacto;

42.  Recuerda el Reglamento (UE) 2017/2392 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de diciembre de 2017, por el que se modifica la Directiva 2003/87/CE con objeto de mantener las limitaciones actuales del ámbito de aplicación para las actividades de la aviación y preparar la aplicación de una medida de mercado mundial a partir de 2021(8) y, en particular, su artículo 1, punto 7, que establece claramente que, como colegisladores, el Parlamento Europeo y el Consejo son las únicas instituciones que deciden sobre cualquier futura modificación de la Directiva relativa al RCDE; pide a los Estados miembros que, siguiendo el espíritu del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, presenten una reserva formal con respecto a las normas y métodos recomendados del CORSIA en la que se declare que la aplicación del CORSIA y la participación en sus fases voluntarias requieren el acuerdo previo del Consejo y del Parlamento Europeo;

43.  Recuerda que la Unión ha concedido una nueva prórroga, hasta 2024, de la excepción que permite que los vuelos fuera del EEE estén exentos del RCDE UE, a fin de facilitar el proceso de la OACI para encontrar una solución global a las emisiones procedentes de la aviación; subraya, no obstante, que solo debe llevarse a cabo una nueva modificación de la legislación si es coherente con el compromiso de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía de la Unión, que no prevé el uso de créditos de compensación después de 2020;

44.  Acoge con satisfacción que, en el sector de la aviación, el RCDE UE ya haya proporcionado en torno a 100 millones de toneladas de reducciones y compensaciones de CO2;

45.  Recuerda que se prevé un incremento de las emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo de entre un 50 % y un 250 % de aquí a 2050 y que ya existen medios técnicos que permiten reducir dichas emisiones; acoge con satisfacción el acuerdo sobre la estrategia inicial de la OMI para la reducción de las emisiones de GEI procedentes de los buques durante el 72.º período de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI, en abril de 2018, como un primer paso para que el sector contribuya a la consecución del objetivo de temperatura del Acuerdo de París; pide a la OMI que llegue rápidamente a un acuerdo sobre las nuevas medidas obligatorias de reducción de las emisiones necesarias para alcanzar los objetivos, y subraya la importancia y la urgencia de aplicarlas antes de 2023; subraya que son necesarias nuevas medidas y acciones para abordar las emisiones marítimas y pide, por consiguiente, a la Unión y a los Estados miembros que supervisen atentamente el impacto y la aplicación del acuerdo de la OMI y que consideren llevar a cabo acciones adicionales de la Unión para garantizar que las emisiones de GEI procedentes del transporte marítimo se reduzcan en consonancia con el objetivo de temperatura del Acuerdo de París; insta a la Comisión a que incluya el transporte marítimo internacional en su próxima estrategia de descarbonización para 2050 con el fin de orientar las decisiones de inversión de la Unión hacia combustibles y tecnologías de propulsión sin carbono para el transporte marítimo;

46.  Señala que la deforestación y la degradación de los bosques son responsables del 20 % de las emisiones mundiales de GEI; subraya el importante papel de los bosques y los humedales en la mitigación del cambio climático, ya que ofrecen un alto potencial de captura de carbono; señala que los sumideros y los depósitos naturales de carbono en la Unión y en el mundo deben conservarse y mejorarse a largo plazo y que el tamaño global de los bosques mundiales, así como sus capacidades de adaptación y su resiliencia al cambio climático, necesitan aumentarse para alcanzar el objetivo a largo plazo del Acuerdo de París; hace hincapié, además, en la necesidad de acometer esfuerzos de mitigación centrados en el sector de los bosques tropicales, y de comenzar a abordar las causas subyacentes de la pérdida forestal y del cambio climático;

La resiliencia frente al cambio climático por medio de la adaptación

47.  Pide a la Comisión que revise la estrategia de adaptación de la Unión, dado que las medidas de adaptación son una necesidad ineludible para todos los países si pretenden minimizar los efectos negativos del cambio climático y aprovechar plenamente las oportunidades para tener un crecimiento resiliente al cambio climático y un desarrollo sostenible;

48.  Considera que la puesta en marcha de la plataforma de las comunidades locales y los pueblos indígenas es uno de los logros de la COP23 y otro importante paso hacia la puesta en práctica de las decisiones de París; considera que la plataforma facilitará el intercambio efectivo de experiencias y mejores prácticas relativas a los esfuerzos y las estrategias de adaptación;

49.  Destaca la necesidad de desarrollar sistemas y herramientas públicos, transparentes y fáciles de usar que permitan hacer un seguimiento de los progresos y la eficacia de los planes y las acciones nacionales en materia de adaptación;

La diplomacia climática

50.  Apoya firmemente la continuación y el refuerzo adicional del alcance político y la diplomacia climática de la Unión, lo cual es esencial para aumentar la visibilidad de la acción por el clima entre los países socios y la opinión pública mundial; pide que se asignen recursos financieros y humanos en el SEAE y la Comisión de modo que se refleje mejor el sólido compromiso para con la diplomacia climática y la voluntad de participar cada vez más activamente en la misma; insiste en la necesidad de desarrollar una estrategia global de la Unión para la diplomacia climática y que incorpore el clima en todos los ámbitos de la acción exterior de la Unión, incluidos el comercio, la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria y la seguridad y la defensa;

51.  Hace hincapié en las crecientes implicaciones del cambio climático para la seguridad internacional y la estabilidad regional derivadas del deterioro medioambiental, la pérdida de medios de subsistencia, el desplazamiento de personas provocado por el clima y otros problemas asociados en los que el cambio climático a menudo puede ser considerado como un multiplicador de amenazas; insta, por tanto, a la Unión y a los Estados miembros a que trabajen con sus socios en todo el mundo a fin de comprender, integrar, anticipar y gestionar mejor los efectos desestabilizadores del cambio climático; subraya, en consecuencia, la importancia de incorporar la diplomacia climática en las políticas de prevención de conflictos de la Unión;

52.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan alianzas de gran ambición para predicar con el ejemplo por lo que respecta a la integración de la acción por el clima en diferentes cuestiones de política exterior, como el comercio, la migración internacional, la reforma de las instituciones financieras internacionales y la paz y la seguridad;

53.  Pide a la Comisión que integre la dimensión del cambio climático en los acuerdos internacionales de comercio e inversión haciendo que la ratificación y la aplicación del Acuerdo de París sea una condición aplicable a los futuros acuerdos comerciales; invita a la Comisión a llevar a cabo una evaluación exhaustiva de la coherencia de los acuerdos vigentes con el Acuerdo de París;

Industria y competitividad

54.  Hace hincapié en que el cambio climático es sobre todo un reto para la sociedad y que, por tanto, la lucha contra el mismo debe seguir siendo uno de los principios directores de las políticas y las acciones de la Unión, también en el ámbito de la industria, la energía, la investigación y las tecnologías digitales;

55.  Acoge con satisfacción los esfuerzos de los ciudadanos, las empresas y la industria europeos por cumplir las obligaciones del Acuerdo de París, así como los avances realizados hasta el momento; los anima a tener mayores ambiciones y a sacar el máximo provecho de las oportunidades que presenta el Acuerdo de París, siguiendo el ritmo de la innovación tecnológica;

56.  Hace hincapié en que un marco jurídico estable y previsible y unas señales políticas claras tanto a escala mundial como de la Unión facilitan y potencian las inversiones relacionadas con el clima; subraya, en este sentido, la importancia de las propuestas legislativas en el marco del paquete «Energía limpia para todos los europeos» para el refuerzo de la competitividad de la Unión, la capacitación de los ciudadanos y la fijación de objetivos conformes con los compromisos de la Unión en virtud del Acuerdo de París y su mecanismo de revisión de cinco años;

57.  Celebra que diversos países importantes competidores de las industrias de gran consumo de energía de la Unión hayan introducido el comercio de carbono u otros mecanismos que ponen precio a las emisiones; anima a otros países a hacer lo mismo;

58.  Destaca la importancia de aumentar el número de empleos de calidad y de trabajadores cualificados en la industria de la Unión para dirigir su innovación y su transición sostenible; pide un proceso holístico e inclusivo para desarrollar una perspectiva para un modelo de negocio alternativo en regiones con intensa utilización de carbón y carbono con un alto porcentaje de trabajadores en sectores dependientes del carbono, de modo que se facilite una transformación sostenible para industrias y servicios prósperos, al tiempo que se reconoce el valor del patrimonio y las capacidades de la mano de obra disponible; subraya el importante papel que desempeñan los Estados miembros para acelerar las reformas que pueden llevar a una transición justa de la mano de obra en esas regiones; recuerda que el apoyo financiero adicional de la Unión tiene un papel indispensable a este respecto;

Política energética

59.  Recuerda que se está reduciendo la inversión en energía renovable en la Unión; destaca, por tanto, la importancia de la energía renovable y la eficiencia energética para reducir las emisiones, así como para la seguridad energética y para prevenir y paliar la pobreza energética y proteger y ayudar a los hogares pobres y vulnerables; pide la promoción mundial de medidas de ahorro y eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables y su despliegue efectivo (por ejemplo, estimulando la autoproducción y el consumo de fuentes de energía renovables);

60.  Recuerda que la prioridad de la eficiencia energética, con el principio «primero, la eficiencia energética», y el liderazgo mundial en energías renovables son los dos objetivos principales de la Unión de la Energía de la UE; destaca la importancia de una legislación ambiciosa en el marco del paquete de medidas sobre energía limpia para el logro de esos objetivos, así como de la futura estrategia para la mitad del siglo para la aplicación efectiva en las políticas de la Unión de los compromisos derivados del Acuerdo de París de contener el aumento medio de las temperaturas mundiales por debajo de los 2ºC, con un objetivo adicional de mantenerlo por debajo de 1,5ºC;

61.  Destaca la importancia de desarrollar tecnologías de almacenamiento de energía, redes inteligentes y respuesta de la demanda, que contribuirán a reforzar el despliegue efectivo de las energías renovables en la producción de electricidad y la calefacción y refrigeración domésticas;

62.  Pide a la Unión que presione a la comunidad internacional para que adopte sin demora medidas concretas, incluido un calendario, para la eliminación gradual de las subvenciones perjudiciales para el medio ambiente que distorsionan la competencia, desincentivan la cooperación internacional y dificultan la innovación;

Investigación, innovación, tecnologías digitales y política espacial

63.  Subraya que una investigación e una innovación constantes y reforzadas en los ámbitos de la mitigación del cambio climático, las políticas de adaptación, la eficiencia energética, las tecnologías sostenibles de bajas emisiones y sin emisiones, la utilización sostenible de materias primas secundarias («economía circular») y la recogida de datos sobre el cambio climático son la clave para luchar contra el cambio climático de forma rentable y contribuir a reducir la dependencia de los combustibles fósiles; pide, por consiguiente, compromisos globales para impulsar y concentrar la inversión en estos ámbitos; destaca la necesidad de dar prioridad a la financiación de proyectos de energía sostenible dentro del nuevo programa Horizonte Europa, dados los compromisos de la Unión con la Unión de la Energía y en el marco del Acuerdo de París;

64.  Destaca que los ODS representan un cambio radical en las políticas internacionales sobre cooperación para el desarrollo y que la Unión se ha comprometido a aplicarlos tanto en sus políticas interiores como exteriores; hace hincapié, de acuerdo con la dimensión exterior de los ODS, en la necesidad de explorar diferentes métodos para ayudar a los países en desarrollo y a las economías emergentes en su transición energética mediante, entre otras cosas, medidas de creación de capacidades, ayuda para la reducción de los costes de capital de proyectos de energías renovables y de eficiencia energética, transferencia de tecnología y soluciones para el desarrollo de ciudades inteligentes y comunidades remotas y rurales, ayudándolas así a respetar sus compromisos derivados del Acuerdo de París; acoge con satisfacción, en este sentido, la reciente creación del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible;

65.  Recuerda que la investigación, la innovación y la competitividad se encuentran entre los cinco pilares de la estrategia de la Unión de la Energía de la UE; observa que la Unión está resuelta a conservar el liderazgo mundial en estos campos y desarrollar, al mismo tiempo, una estrecha colaboración científica con socios internacionales; destaca la importancia de construir y mantener una sólida capacidad de innovación en los países desarrollados y en los países emergentes para el despliegue de tecnologías energéticas limpias y sostenibles;

66.  Recuerda el papel fundamental de las tecnologías digitales para respaldar la transición energética y, en particular, mejorar la eficiencia y el ahorro energético; destaca los beneficios climáticos que la digitalización de la industria europea puede aportar mediante la utilización eficiente de recursos y la reducción del uso de materias primas, así como con la mejora de la mano de obra actual;

67.  Cree firmemente que los programas espaciales de la Unión deben diseñarse de modo que se garantice que contribuyan a la lucha contra el cambio climático y a estrategias de mitigación; recuerda, en este sentido, el papel especial del sistema Copérnico y la necesidad de garantizar que incluya un servicio de control del CO2; subraya la importancia de mantener la política de datos libre, plena y abierta, ya que es esencial para la comunidad científica y es un respaldo a la cooperación internacional en este ámbito;

Acción por el clima en los países en desarrollo

68.  Insiste en la necesidad de mantener abierta la posibilidad de limitar el calentamiento global a 1,5ºC y en el deber de los grandes emisores, incluida la Unión, de intensificar sus esfuerzos de mitigación, que pueden generar importantes beneficios adicionales para el desarrollo sostenible, así como de aumentar sustancialmente su apoyo a la acción por el clima en los países en desarrollo;

69.  Subraya la importancia de una toma de decisiones informada sobre el clima y de respaldarla mediante la mejora de los servicios relacionados con el clima de especial importancia para los países en desarrollo; pide que esto sea un objetivo importante de la investigación financiada por la Unión y esfuerzos grandes para facilitar la transferencia de tecnología a los países en desarrollo; pide una declaración de la OMC sobre derechos de propiedad intelectual y cambio climático, comparable con la del Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública adoptada en Doha en 2001;

70.  Recuerda el compromiso de los países desarrollados de aportar financiación nueva y adicional para la acción por el clima en los países en desarrollo, para alcanzar los 100 000 millones USD al año en 2020; reconoce la necesidad de un aumento constante del esfuerzo financiero y una rendición de cuentas más estricta, también prestando atención al requisito de que la financiación sea nueva y adicional e incluyendo exclusivamente los equivalentes en subvención de los préstamos, calculados según el método acordado en el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la OCDE; recomienda que los Estados miembros de la Unión sigan las prácticas desarrolladas por la Comisión para la utilización de los marcadores de Río para la ayuda oficial al desarrollo con un objetivo climático;

71.  Pide a la Unión que respete el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD), consagrado en el artículo 208 del TFUE, ya que constituye un aspecto fundamental de la contribución de la Unión al Acuerdo de París; pide, por lo tanto, a la Unión que garantice la coherencia entre sus políticas de desarrollo, comerciales, agrícolas y climáticas;

72.  Recuerda que el cambio climático tiene efectos directos e indirectos sobre la productividad agrícola; reitera su petición de un cambio transformador en el modo en que producimos y consumimos alimentos para adoptar prácticas de agricultura ecológica, de conformidad con las conclusiones de la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD) y las recomendaciones del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación; alaba las iniciativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de aumentar la agricultura ecológica para lograr los ODS; insta a la Unión y a sus Estados miembros a adaptar su política de desarrollo a estas líneas, incluido el componente de inversión en agricultura del FEDS;

73.  Subraya que el aumento de las emisiones de CO2 derivadas del transporte y del comercio menoscaba la efectividad de la estrategia de la Unión sobre el cambio climático; señala que la promoción del desarrollo basado en la exportación, incluida la agricultura orientada a la exportación, es difícilmente compatible con el imperativo de mitigación del cambio climático;

74.  Cree que la Unión debería estudiar modos de introducir controles en el comercio y el consumo europeo de productos básicos que supongan un riesgo para los bosques, como la soja, el aceite de palma, el eucalipto, la carne de vacuno, el cuero y el cacao, teniendo en cuenta la experiencia del Plan de acción FLEGT y el Reglamento sobre la madera y de las medidas de la Unión para regular otras cadenas de suministro para eliminar o prevenir daños graves; señala que las claves del éxito de esos esfuerzos incluyen imponer la trazabilidad y requisitos obligatorios de diligencia debida en toda la cadena de suministro;

75.  Pide al Banco Europeo de Inversiones que ponga fin rápidamente a los préstamos para proyectos de combustibles fósiles y pide a los Estados miembros de la Unión que supriman todas las garantías de créditos a la exportación para proyectos de combustibles fósiles; aboga por garantías públicas específicas en favor de las inversiones ecológicas, y certificados y ventajas fiscales para los fondos de inversión ecológicos y para la emisión de bonos verdes;

76.  Destaca la importancia de llevar a la práctica el objetivo global de adaptación y de movilizar importantes fondos nuevos para la adaptación en países en desarrollo; pide que la Unión y sus Estados miembros se comprometan a un aumento significativo de la financiación para adaptación que aportan; reconoce la necesidad de avances también en la cuestión de las pérdidas y daños, para lo que se debería contar con recursos de fuentes innovadoras de financiación pública mediante la utilización del Mecanismo Internacional de Varsovia;

77.  Hace hincapié en la necesidad de proyectos creados y dirigidos desde abajo, que lleguen especialmente a los pueblos y comunidades vulnerables; señala que el énfasis actual en operaciones de financiación mixta y garantías combinadas para facilitar la inversión privada favorece los proyectos a gran escala y pide un equilibrio adecuado en la utilización de los fondos de ayuda;

78.  Observa que la industria aeronáutica depende enormemente de los créditos de compensación de emisiones de carbono y que las compensaciones de carbono forestales son difíciles de medir e imposibles de garantizar; subraya la necesidad de garantizar que el Plan de compensación y reducción del carbono para la aviación internacional (CORSIA) y otros proyectos no perjudiquen en modo alguno la seguridad alimentaria, los derechos sobre la tierra, los derechos de los pueblos indígenas o la biodiversidad, y que se respete el principio del consentimiento libre, previo e informado;

Papel del Parlamento Europeo

79.  Opina que debe formar parte de la delegación de la Unión, dado que ha de dar su aprobación a los acuerdos internacionales y desempeña un papel fundamental en la aplicación interna del Acuerdo de París en calidad de colegislador; confía, por consiguiente, en que se le permita asistir a las reuniones de coordinación de la Unión en Katowice y en que se le garantice el acceso a todos los documentos preparatorios desde el inicio de las negociaciones;

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80.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y a la Secretaría de la CMNUCC, con la solicitud de que la distribuya a todas las Partes que no sean miembros de la Unión Europea.

(1) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0280.
(2) DO C 346 de 27.9.2018, p. 70.
(3) DO L 236 de 14.9.2017, p. 1.
(4) http://www3.weforum.org/docs/WEF_GRR18_Report.pdf
(5) http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Europa___International/green_growth_group_financing_climate_action_bf.pdf
(6) http://copernicus.eu/news/report-operational-anthropogenic-co2-emissions-monitoring
(7) PNUMA: The Emissions Gap Report 2017 – The emissions gap and its implications (Informe sobre la disparidad en las emisiones 2017 – La disparidad en las emisiones y sus consecuencias), p. 18.
(8) DO L 350 de 29.12.2017, p. 7.

Última actualización: 26 de octubre de 2018Aviso jurídico