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Procedimiento : 2018/2098(INI)
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A8-0373/2018

Debates :

PV 11/12/2018 - 17
CRE 11/12/2018 - 17

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PV 12/12/2018 - 12.17
CRE 12/12/2018 - 12.17
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Miércoles 12 de diciembre de 2018 - Estrasburgo Edición definitiva
Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política de la Unión Europea al respecto
P8_TA(2018)0515A8-0373/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2018, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2017) y la política de la UE al respecto (2018/2098(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados e instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ambos adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 16 de diciembre de 1966,

–  Visto el Convenio Europeo de Derechos Humanos,

–  Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño,

–  Vistos los artículos 2, 3, 8, 21 y 23 del Tratado de la Unión Europea (TUE),

–  Visto el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

–  Vistos el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2015-2019), adoptado por el Consejo el 20 de julio de 2015, y su revisión intermedia de junio de 2017,

–  Vistos los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible,

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos,

–  Vistas las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, adoptadas en 1976 y revisadas en 2011,

–  Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), de 11 de mayo de 2011, que la Unión firmó el 13 de junio de 2017,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979,

–  Visto el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, que entró en vigor el 18 de enero de 2002,

–  Visto el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad titulado «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (La igualdad de género y la capacitación de las mujeres: transformar la vida de niñas y mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE (2016-2020)), adoptado en 2015 (SWD(2015)0182),

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD),

–  Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013) y 2242 (2015) sobre la mujer, la paz y la seguridad,

–  Vistas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 2250 (2015) y 2419 (2018) sobre los jóvenes, la paz y la seguridad,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,

–  Vista la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1820 (2008) sobre la mujer, la paz y la seguridad, que abordan la violencia sexual en términos de crímenes de guerra,

–  Vista la Estrategia Global sobre Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, presentada por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), Federica Mogherini, el 28 de junio de 2016, así como el primer informe sobre su aplicación, titulado «From Shared Vision to Common Action: Implementing the EU Global Strategy» (De una visión compartida a la acción común: aplicación de la Estrategia Global de la UE), publicado en 2017,

–  Vistas las Conclusiones del Consejo de 15 de mayo de 2017 sobre los pueblos indígenas,

–  Vista la Decisión 2011/168/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a la Corte Penal Internacional y por la que se deroga la Posición Común 2003/444/PESC(1),

–  Vistos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el documento final de 25 de septiembre de 2014 de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General conocida como la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas,

–  Vista la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de septiembre de 2016,

–  Vista la Resolución 69/167 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 18 de diciembre de 2014, que reitera la necesidad de proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, de 1990,

–  Vista la Resolución 67/139 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 20 de diciembre de 2012, por la que se crea el Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre el Envejecimiento con el mandato de estudiar propuestas de un instrumento jurídico internacional para promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas mayores,

–  Visto el Informe de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad presentado en el 33.er período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el 8 de julio de 2016(2),

–  Visto el Informe del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento presentado en su octavo período de sesiones el 28 de julio de 2017(3),

–  Vista la Declaración Ministerial de Lisboa de 2017 titulada «Una sociedad sostenible para todas las edades: la realización del potencial de vivir más», aprobada en la cuarta Conferencia Ministerial de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE/ONU) sobre el Envejecimiento el 22 de septiembre de 2017,

–  Vista la Agenda Europea de Migración, de 13 de mayo de 2015 (COM(2015)0240), y la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2016, sobre la creación de un nuevo Marco de Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de Migración (COM(2016)0385),

–  Visto el conjunto de directrices temáticas de la Unión sobre los derechos humanos, incluidos los defensores de los derechos humanos,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, adoptadas por el Consejo en 2014,

–  Vistas las Directrices de la UE para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, adoptadas en 2005 y revisadas en 2009(4),

–  Vistos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos,

–  Vistas las Directrices de la UE para la promoción y protección de los derechos del menor, adoptadas en 2007 y revisadas en 2017, y el «Manual de los Derechos del Niño: Integración de los derechos del niño en la cooperación para el desarrollo» de la Unión y UNICEF,

–  Vistas las Directrices de la UE para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), adoptadas por el Consejo en 2013,

–  Vistos los Principios de Yogyakarta («Principios y obligaciones estatales sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las características sexuales) aprobados en noviembre de 2006, y los diez principios complementarios («más diez») aprobados el 10 de noviembre de 2017,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias, adoptadas por el Consejo en 2013,

–  Vista la Declaración conjunta del Consejo y los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, titulada «El nuevo consenso europeo en materia de desarrollo: "Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro"», adoptada por el Consejo, el Parlamento y la Comisión el 7 de junio de 2017,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, adoptadas por el Consejo en 2013,

–  Vistas las Directrices de la UE sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, adoptadas en 2001 y revisadas en 2012,

–  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2018, titulada «Hacia una estrategia exterior de la Unión contra los matrimonios precoces y forzados: próximas etapas»(5),

–  Vista la Comunicación de la Comisión Europea, de 4 de diciembre de 2017, sobre el seguimiento de la estrategia de la Unión para la erradicación de la trata de seres humanos (COM(2017)0728),

–  Vista su Resolución, de 3 de mayo de 2018, sobre la protección de los menores migrantes(6),

–  Vista la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos (defensores de los derechos humanos) de las Naciones Unidas, de diciembre de 1998,

–  Visto el Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro originarios de zonas de conflicto o de alto riesgo(7),

–  Visto el Convenio n.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, adoptado el 27 de junio de 1989,

–  Vista su Resolución, de 4 de julio de 2013, sobre las exportaciones de armamento: aplicación de la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo(8),

–  Vistos su Resolución, de 10 de octubre de 2013, sobre la discriminación por razón de casta(9), el informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre cuestiones de las minorías, de 28 de enero de 2016, sobre minorías y discriminación por razón de casta, y el instrumento de orientación de las Naciones Unidas en materia de discriminación basada el origen,

–  Visto el Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo (2017),

–  Vistas su Resolución, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo (2016) y la política de la UE al respecto(10), y sus anteriores Resoluciones sobre informes anuales previos,

–  Vistas sus Resoluciones sobre casos de violaciones de los derechos humanos, de la democracia y del Estado de Derecho en 2017,

–  Visto su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, que en 2017 se concedió a la oposición democrática de Venezuela: la Asamblea Nacional (Julio Borges) y todos los presos políticos enumerados por Foro Penal Venezolano representados por Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos y Andrea González,

–  Visto el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos)(11),

–  Vista la Directiva (UE) 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo y se modifica la Decisión 2005/671/JAI del Consejo(12); vista la actividad adicional de la Comisión Especial sobre Terrorismo (TERR), que el Parlamento Europeo decidió establecer el 6 de julio de 2017 y fue puesta en marcha el 14 de septiembre de 2017,

–  Visto el artículo 52 de su Reglamento interno,

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0373/2018),

A.  Considerando que el respeto y la promoción, indivisibilidad y protección de la universalidad de los derechos humanos, así como la promoción de los valores y principios democráticos, incluidos el Estado de Derecho, el respeto de la dignidad humana, el principio de igualdad y la solidaridad, son los cimientos del acervo ético y jurídico de la Unión y su política exterior y de seguridad común (PESC), así como de toda su acción exterior; que la Unión debe seguir esforzándose por seguir siendo el principal actor mundial en la promoción y la protección universales de los derechos humanos, también a nivel de cooperación multilateral, en particular asumiendo un papel activo y constructivo en los diversos órganos de las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Derecho internacional, así como con las obligaciones en materia de derechos humanos y con los compromisos adoptados en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y los objetivos de desarrollo sostenible;

B.  Considerando que la sociedad civil desempeña un papel esencial en la construcción y el fortalecimiento de la democracia, la supervisión del poder estatal y el fomento de la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas; que es crucial la presencia de las organizaciones de la sociedad civil como una fuerza vital en la sociedad; que el debilitamiento de la sociedad civil, la reducción del espacio político y cívico, el aumento de la corrupción, las desigualdades sociales y de género, el bajo nivel de desarrollo humano y socioeconómico y la existencia de conflictos sociales son fenómenos que están interrelacionados; que deben proporcionarse recursos adecuados y utilizarse de la manera más eficiente para mejorar la promoción de los derechos humanos y la democracia en terceros países, y que la sociedad civil no debe verse reprimida por leyes restrictivas, límites de financiación, procedimientos de autorización restrictivos e impuestos prohibitivos;

C.  Considerando que muchos países del mundo se enfrentan a la impunidad y la injusticia y ofrecen un insuficiente nivel de reparación, de servicios de apoyo a las víctimas y de asistencia financiera a víctimas del terrorismo, en particular en los países donde una gran proporción de los ciudadanos han sufrido terrorismo;

D.  Considerando que en 2017 un número muy elevado de actores de la sociedad civil en todo el mundo, entre ellos abogados, intelectuales, periodistas, personalidades religiosas, defensores de los derechos humanos y activistas de movimientos ecologistas, se han visto confrontados a una reducción del espacio de la sociedad civil y han sufrido crecientes ataques, persecuciones, acoso y detenciones arbitrarias, o incluso han sido asesinados; Considerando que ProtectDefenders.eu, el mecanismo de los defensores de los derechos humanos de la Unión, prestó una asistencia eficaz a cientos de activistas, pero se enfrenta a necesidades cada vez mayores; que la Unión y sus Estados miembros deben destinar más recursos a una mayor participación de la sociedad civil e invertir en la protección y redoblar sus esfuerzos para proteger y respaldar a los defensores de los derechos humanos;

E.  Considerando que las políticas de apoyo a los derechos humanos y a la democracia deben integrarse en todas las demás políticas de la Unión con una dimensión exterior, como el desarrollo, la migración, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, los derechos de la mujer y la igualdad de género, la ampliación y el comercio, en particular a través de la aplicación de la condicionalidad en materia de derechos humanos; Considerando que una mayor coherencia entre las políticas interiores y exteriores de la Unión, así como entre las propias políticas exteriores, es un requisito fundamental para el éxito y la eficacia de la política de derechos humanos de la Unión;

F.  Considerando que la ocupación ilegal de un territorio o una parte de él constituye una violación permanente del Derecho internacional, que activa la responsabilidad de la potencia ocupante hacia la población civil de conformidad con el Derecho internacional humanitario;

Consideraciones generales

1.  Expresa su profunda preocupación por el retroceso que se ha observado en términos de democracia, derechos humanos y Estado de Derecho a escala mundial en 2017, e insta a la Unión y sus Estados miembros a seguir integrando incondicionalmente las normas europeas e internacionales relativa a derechos humanos, Estado de derecho, democracia y derechos de minorías a las que están sujetos, y a garantizar una mayor coherencia entre las políticas internas y exteriores en materia de derechos humanos de la Unión y una mayor coordinación entre las políticas exteriores de los Estados miembros, en ámbitos como por ejemplo la migración, la lucha antiterrorista y el comercio, ya que la influencia de la Unión en cuanto agente internacional creíble y legítimo depende en gran medida en su capacidad para promover el respeto de los derechos humanos y la democracia tanto a nivel interno como externo;

2.  Reafirma que es a los Estados a quienes incumbe la responsabilidad en última instancia de salvaguardar los derechos humanos promulgando y aplicando tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, haciendo un seguimiento de las violaciones de los derechos humanos y garantizando una tutela judicial efectiva para las víctimas; señala que la paz, la seguridad y el desarrollo se refuerzan mutualmente y dependen de la capacidad de atajar los abusos, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra y los genocidios; advierte contra las restricciones de las libertades de circulación, reunión y expresión;

3.  Recuerda que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión y de sus Estados miembros, como se menciona en el artículo 3, apartado 3, del TUE, y que su fomento por medio de la incorporación de la perspectiva de género, también en otros países por medio de las políticas exteriores de la Unión, es uno de sus objetivos principales;

4.  Hace hincapié en que la Unión se ha comprometido a promover la igualdad de género y a garantizar la integración de la perspectiva de género en todas sus acciones, lo que constituye una obligación establecida en los Tratados, de manera que la igualdad de género se convierta en una prioridad clave en todas las directrices, relaciones laborales, políticas y acciones de la Unión, incluidas las acciones exteriores; apoya, en consecuencia, los esfuerzos coordinados al respecto en los diálogos y actividades multilaterales de las delegaciones de la Unión, como las misiones de observación electoral; subraya la necesidad de reforzar el trabajo en países terceros de la asesora principal sobre cuestiones de género del SEAE, encaminado a promover la paz, la seguridad y las libertades fundamentales, garantizando para ello un presupuesto específico dedicado a su ámbito de competencias;

5.  Considera que una sociedad civil verdaderamente independiente, plural y dinámica contribuye al desarrollo y a la estabilidad, garantiza la consolidación democrática, la separación de poderes, la justicia social y el respeto de los derechos humanos, y promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gobernanza, también en la lucha contra la corrupción y el extremismo, en particular mediante medidas de lucha contra la corrupción y el extremismo; destaca el papel esencial y primordial que desempeñan los defensores de los derechos humanos y las ONG para promover y apoyar la aplicación de los derechos fundamentales consagrados en los principales tratados internacionales en el ámbito de los derechos humanos, entre otros, mediante la puesta en marcha de programas educativos y la divulgación de actividades de las organizaciones internacionales; subraya la importancia de la aplicación de las directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos y la capacidad de la Unión para sostener el apoyo adecuado, a través del Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH), a los defensores de los derechos humanos y las ONG en las situaciones que los colocan en mayor riesgo, en particular potenciando la capacidad del mecanismo ProtectDefenders.eu;

6.  Destaca la importancia que reviste proporcionar apoyo de urgencia a los defensores de los derechos humanos y el que todos los presos reciban un trato conforme con las normas internacionales; subraya su preocupación por la seguridad de los defensores de los derechos humanos y destaca la necesidad de que los autores de los crímenes rindan cuentas a la justicia; acoge con satisfacción, en ese contexto, los esfuerzos constantes de la Dotación Europea para la Democracia para promover la democracia y el respeto de los derechos y libertades fundamentales en la vecindad oriental y meridional de la Unión; admite los riesgos a que se enfrentan los defensores de los derechos humanos, incluidas las mujeres, que afrontan riesgos y amenazas específicas en razón de su sexo, así como los activistas ecologistas, y pide al SEAE y a los Estados miembros que les dediquen una especial atención en las directrices de la Unión sobre los defensores de los derechos humanos; subraya la necesidad de una sólida coordinación de la Unión en su interacción con autoridades de terceros países en relación con los defensores de los derechos humanos y la sociedad civil, y elogia las iniciativas individuales de los Estados miembros que se añaden a la acción de la Unión;

7.  Acoge con satisfacción la participación activa de la Unión en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), donde ha patrocinado y copatrocinado resoluciones, realizado declaraciones, entablado debates y diálogos interactivos, y convocado un período extraordinario de sesiones sobre la situación de los derechos humanos; reconoce los compromisos asumidos por la Unión para abordar las situaciones de los países en el seno del CDHNU; subraya la importancia de que la Unión participe en los diálogos y la cooperación en materia de derechos humanos a nivel multilateral; respalda plenamente la participación y las actividades del CDHNU para defender los derechos humanos en todo el mundo; alaba la labor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos bajo la dirección de Zeid al-Hussein; espera con interés mantener un diálogo cercano y una cooperación activa con la alta comisionada recientemente nombrada, Michelle Bachelet; pide a la Comisión y a los Estados miembros que redoblen su apoyo al funcionamiento del ACNUDH y los procedimientos especiales;

8.  Expresa su agradecimiento por la labor realizada por los servicios de derechos humanos de la Comisión Europea y el SEAE en la sede y en las delegaciones de la Unión y por la del representante especial de la Unión Europea para los derechos humanos (REUE), Stavros Lambrinidis, para aumentar la eficacia, la cohesión y la visibilidad de los derechos humanos en la política exterior de la Unión, y recuerda su petición de hacer permanente este mandato y de que el REUE deba rendir más cuentas; celebra el reciente enfoque representado por la iniciativa de la Unión «Good Human Rights Stories», que centra su atención en las mejores prácticas que se han empleado en diversos países; pide una vez más que se revise el mandato para atribuir al REUE competencias de oficio, recursos adecuados y la capacidad de hablar públicamente con el fin de informar sobre los logros de las visitas a terceros países y comunicar las posiciones de la Unión sobre temas de derechos humanos;

9.  Celebra el Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia en el mundo (2017) y observa que este año se ha adoptado mucho antes, tal como solicitó el Parlamento en sus anteriores informes; pide al Consejo que siga esforzándose por concluir estos informes anuales a principios de año; anima al Consejo a que vele por que la adopción del próximo informe anual se base en un proceso de consulta adecuado; considera que el informe anual es una herramienta indispensable para el control, la comunicación y el debate sobre la política de la Unión en materia de derechos humanos y democracia en el mundo, y pide que se promueva públicamente a nivel mundial;

10.  Reconoce los avances realizados en cuanto al procedimiento y el formato del informe, pero espera que el Consejo y la VP/AR tengan más en cuenta las posiciones de las resoluciones o las recomendaciones pertinentes del Parlamento a fin de garantizar una interacción más profunda y eficaz entre las instituciones de la Unión en materia de derechos humanos;

11.  Reitera la importancia de realizar un compendio de las principales tendencias positivas y negativas con miras a evaluar la eficiencia de las acciones de la Unión; considera, en este sentido, que una comunicación pública más exhaustiva, cuando proceda, en particular basada en las prioridades e indicadores identificados en las estrategias nacionales de la Unión en materia de derechos humanos, entre otras cosas, favorecería una mayor coherencia en la aplicación de las cláusulas de condicionalidad en materia de derechos humanos y en la evaluación y la adaptación de los efectos de las políticas de la Unión en los derechos humanos; hace hincapié en la necesidad de supervisar y aplicar plenamente las directrices existentes de la Unión;

12.  Reconoce que los diálogos sobre derechos humanos de la Unión constituyen un instrumento diplomático heterogéneo y muy valioso dirigido a promover los derechos humanos y la democracia en las relaciones bilaterales con terceros países; observa, no obstante, que sigue habiendo obstáculos para alcanzar resultados concretos a través de estos diálogos, como la prevalencia del doble rasero, y aboga en este sentido por una postura más unificada entre los Estados miembros; insta a la Comisión y al SEAE a que busquen la manera de hacer más efectivos y significativos los diálogos sobre derechos humanos y a reaccionar con rapidez y complementarlos cuando dejen de ser constructivos, mediante el uso del diálogo político o la diplomacia pública; anima a la Comisión y a la SEAE a que aumenten la transparencia en los diálogos, también a través de una mayor participación de los actores de la sociedad civil, y a que utilicen valores de referencia claros a efectos de evaluar el éxito de cada diálogo; Hace hincapié en la importancia de que la Unión plantee en los diálogos sobre derechos humanos los casos de defensores de derechos humanos en riesgo, presionando a favor de la liberación de los defensores encarcelados y la protección de aquellos que están amenazados; aconseja a las instituciones de la Unión, asimismo, a que ofrezcan unos recursos y una formación adecuados sobre derechos humanos y democracia a los funcionarios y al personal de las delegaciones de la Unión a todos los niveles;

13.  Reitera que el Plan de Acción de la UE para los Derechos Humanos y la Democracia (2015-2019) y su revisión intermedia de 2017 deben ser los instrumentos por los que se guíe la acción en materia de derechos humanos, y subraya, en este sentido, la necesidad de que se planifiquen recursos y conocimientos especializados suficientes a fin de aplicar adecuadamente las prioridades fundamentales de la Unión; pide a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que garanticen la ejecución eficaz y coherente del actual Plan de acción, también a través de una verdadera colaboración con las organizaciones de la sociedad civil;

14.  Solicita a la Unión que refuerce sus instrumentos y políticas relativos al desarrollo institucional y al Estado de Derecho y que incluya parámetros de referencia para la rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad por violaciones de los derechos humanos; pide el despliegue efectivo de recursos adecuados para seguir promoviendo los derechos humanos y la democracia;

15.  Recuerda, a este respecto, el apoyo determinante que ha ofrecido el IEDDH a la aplicación del Marco estratégico y el Plan de Acción para los Derechos Humanos y la Democracia de la Unión y sus directrices sobre derechos humanos y las estrategias nacionales, lo que ha permitido a la Unión actuar de manera más estratégica en este ámbito y ha garantizado la rendición de cuentas, la visibilidad y la eficacia; pide encarecidamente la inclusión del IEDDH como instrumento separado e independiente en la arquitectura del marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, para no diluir su evidente diversidad en un fondo de acción exterior más grande; alienta con firmeza las sinergias entre los instrumentos de financiación exterior de la Unión, con el fin de evitar duplicaciones y solapamientos y contribuir a determinar posibles lagunas y necesidades de financiación;

16.  Recuerda que la experiencia y los conocimientos adquiridos en los procesos de transición democrática en el marco de las políticas de ampliación y vecindad podrían contribuir positivamente a determinar cuáles son las mejores prácticas que podrían utilizarse para apoyar y consolidar otros procesos de democratización en el mundo; expresa su convencimiento de que la política europea de vecindad revisada debe apoyar las reformas económicas, sociales y políticas, proteger los derechos humanos y acompañar la instauración del Estado de derecho, manteniendo los compromisos de la Unión con sus socios; reitera que la promoción de los derechos humanos y la democracia redunda en interés tanto de los países socios como de la Unión; recuerda la necesidad de desarrollar las relaciones interparlamentarias entre la Unión y sus socios en el marco de un diálogo franco y basado en la comprensión y la confianza mutuas, con vistas a promover eficazmente los derechos humanos;

17.  Destaca el trabajo realizado por la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI), que mantiene una estrecha relación de trabajo con otras instituciones de la Unión, el REUE, el SEAE, la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales, y las instituciones de derechos humanos multilaterales; observa que en 2017 el DROI elaboró tres informes que fueron aprobados como resoluciones por el Pleno sobre la apatridia en Asia meridional y sudoriental(13), sobre la lucha contra las violaciones de los derechos humanos en el contexto de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio(14) y sobre la corrupción y los derechos humanos en terceros países(15);

18.  Propone poner en marcha, en el primer trimestre de 2019, un grupo de trabajo interno para revisar la promoción y la integración de los derechos humanos por parte de sus comisiones con un mandato exterior y de sus delegaciones para las relaciones con terceros países durante la legislatura 2014-2019; tiene intención de extraer recomendaciones de esta revisión para mejorar la actuación parlamentaria en el ámbito de los derechos humanos en la próxima legislatura, también en cuanto a control de la actividad del SEAE y la Comisión, la configuración institucional interna y la integración de los derechos humanos en sus organismos;

19.  Considera que el papel de las resoluciones de urgencia, basadas en el artículo 135 del Reglamento interno, puede desarrollarse más para reforzar los derechos humanos y la democracia mediante una mayor reflexión, orientación y eficiencia oportunas;

Retos específicos de los derechos humanos

20.  Expresa su profunda preocupación por la gradual reducción del espacio de la sociedad civil en 2017 y lamenta que, con demasiada frecuencia, los defensores de los derechos humanos, los periodistas y las ONG sean objeto de actos de violencia, acoso e intimidación, e incluso de asesinatos; expresa su preocupación por la constante imposición de prohibiciones de viajar a los activistas de derechos humano que desean asistir a las sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra y otras instituciones internacionales, condena firmemente tales prohibiciones y pide a los Gobiernos implicados que las suspendan; subraya que es inaceptable que se impida la participación de representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación en los trabajos de los organismos internacionales e insiste en que deben respetarse los derechos humanos y políticos fundamentales de los representantes de la sociedad civil; expresa su preocupación por la posibilidad de que algunos activistas pro derechos humanos que han intervenido ante instituciones internacionales hayan sido encarcelados a su regreso a sus países;

21.  Lamenta que el fenómeno de la reducción del espacio reservado a la sociedad civil pueda darse también en democracias establecidas y países de renta media y alta; insta a la Unión y a sus Estados miembros a predicar con el ejemplo; condena las medidas legislativas restrictivas de las actividades del movimiento social, como por ejemplo el cierre de ONG o la congelación de los activos de estas; pide que se derogue la legislación que imponga requisitos arbitrarios o intrusivos al funcionamiento de las ONG, incluidas las disposiciones que limiten la financiación exterior; condena la difusión de discursos públicos que menoscaban cada vez más el papel de las organizaciones de la sociedad civil; pide a las delegaciones de la Unión y a las representaciones diplomáticas de sus Estados miembros que sigan vigilando y hagan públicos los casos de violación de la libertad de reunión y asociación, incluidas las diversas formas de prohibición y restricción de las organizaciones de la sociedad civil y de sus actividades o la promoción de falsas ONG patrocinadas por gobiernos autoritarios; alienta a las delegaciones de la Unión y a las representaciones diplomáticas de los Estados miembros, así como al Parlamento Europeo, a que continúen apoyando activamente a los defensores de los derechos humanos, sobre todo haciendo seguimientos sistemáticos de los juicios, visitándoles en las cárceles y emitiendo comunicados sobre casos individuales cuando proceda;

22.  Denuncia que la libertad de prensa se ha visto seriamente amenazada en 2017 y que, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, los atentados contra la prensa alcanzaron un nivel récord en ese año; destaca la necesidad de defender los principios de la libertad de opinión y expresión recogidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; reitera la importancia de la libertad de expresión, en internet y fuera de internet, como componente esencial para el adecuado funcionamiento de las sociedades democráticas, ya que fomenta una cultura del pluralismo que capacita a la sociedad civil y a los ciudadanos para exigir cuentas a sus gobiernos y responsables políticos y refuerza el respeto del Estado de Derecho; condena enérgicamente las amenazas, la intimidación y los ataques contra periodistas, medios de comunicación independientes, blogueros y denunciantes de irregularidades, así como la incitación al odio, las leyes contra la difamación y la incitación a la violencia, pues constituyen una amenaza para el Estado de Derecho y los valores que encarnan los derechos humanos; señala que en 2017 se detuvo a cientos de manifestantes y periodistas pacíficos, muchos de los cuales fueron objeto de malos tratos y detenciones arbitrarias y tuvieron que pagar cuantiosas multas en juicios en los que no se garantizaron unas normas mínimas de procedimiento; insta a la Unión a que redoble sus esfuerzos para proteger el derecho a la libertad de opinión y expresión en todas sus relaciones con terceros países; destaca la importancia de garantizar una aplicación efectiva y sistemática de las directrices de la UE relativas a la libertad de expresión en internet y fuera de internet y de efectuar un seguimiento periódico de sus consecuencias;

23.  Hace hincapié en la importancia esencial de la libertad académica, como derecho humano protegido por tratados internacionales; condena enérgicamente los ataques contra la libertad académica, como asesinatos, desapariciones forzadas, violencia, encarcelaciones, despidos, ataques a la reputación y enjuiciamientos injustos; destaca la gravedad de cualquier ataque la libertad académica, un componente esencial para la creación de una sociedad pluralista y democrática;

24.  Condena firmemente el hecho de que tantos defensores de los derechos humanos se enfrentasen a amenazas digitales en 2017, como la exposición de la información mediante la confiscación de equipos, la vigilancia electrónica y la sustracción de datos; condena la práctica de la vigilancia electrónica y del pirateo informático a efectos de recopilación de información que pueda utilizarse en procesos judiciales o campañas de difamación; expresa su profunda preocupación por el constante aumento del uso de determinadas tecnologías de cibervigilancia y de doble uso contra políticos, activistas, blogueros y periodistas; pide enérgicamente, en este sentido, a las instituciones de la Unión que actualicen de manera urgente y eficaz la normativa sobre control de las exportaciones de productos de doble uso;

25.  Resalta que la independencia de la magistratura y la transparencia de un sistema de administración de justicia en el que todos los agentes puedan desempeñar su función de forma independiente y rigurosa son condiciones previas para el desarrollo de un Estado democrático y la protección judicial de los derechos humanos; condena sin ambages todos los intentos de limitar la libertad de los jueces, fiscales y abogados y todas las formas de violencia directa e indirecta ejercidas contra estos; pide a la Unión que preste la máxima atención a esta cuestión en el marco de las relaciones diplomáticas con terceros países;

26.  Reconoce que la internet abierta y los avances tecnológicos han permitido denunciar con mayor rapidez las violaciones de los derechos humanos; critica los intentos de algunos Gobiernos de controlar las herramientas de comunicación de masas, incluido internet; expresa su preocupación por la prevalencia de las noticias falsas y la desinformación generadas por agentes estatales y no estatales en 2017, lo que puede haber contribuido a la propagación de discursos contrarios a los derechos humanos, restringido el acceso a información gratuita, fiel e imparcial, incitado a la violencia, el odio o la discriminación contra determinados grupos o individuos, así como influido en los resultados de las elecciones, socavando con ello las democracias; destaca, desde este punto de vista, la necesidad de que la Unión desarrolle un discurso positivo más sólido sobre los derechos humanos, se mantenga firme frente a gobiernos que patrocinan la desinformación o cuestionan la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, y redoble sus esfuerzos para apoyar la libertad e independencia de los medios de comunicación en todo el mundo; destaca el papel central de la educación, la cultura, el conocimiento y el pensamiento crítico en la lucha contra las noticias falsas y su propagación;

27.  Pide a la AR/VP que nombre a un enviado cibernético de la Unión que coordine los esfuerzos diplomáticos de la Unión para impulsar, en sus políticas exteriores, una internet abierta, interoperable, segura y fiable donde se respeten los derechos humanos y se promuevan normas para un comportamiento estatal responsable en línea;

28.  Reafirma que las libertades de pensamiento, conciencia, religión y creencias, incluida las de creer o no creer, de practicar o no practicar la religión de elección, de abandonar o cambiar de religión, y los derechos a la apostasía y a profesar convicciones ateas, deben fomentarse incondicionalmente a través del diálogo interreligioso e intercultural; condena la discriminación por motivos de pensamiento, conciencia, religión o creencia y todas las persecuciones y ataques cometidos contra grupos étnicos y religiosos en 2017; pide que se evite la instrumentalización de la religión con fines políticos; lamenta los intentos por parte de agentes estatales y no estatales de limitar las libertades de pensamiento, conciencia, religión y creencias y las libertades de reunión y de expresión mediante la adopción y la aplicación de leyes contra la blasfemia, entre otras medidas; pide que se tomen más medidas para proteger a las minorías religiosas, las personas no creyentes y los ateos, incluidas las víctimas de las leyes contra la blasfemia; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que aumenten su participación en los debates políticos a fin de revocar estas leyes y a que redoblen sus esfuerzos para mejorar el respeto de la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias y fomenten el diálogo interreligioso e interconfesional en las relaciones con terceros países; pide a la Comisión y al SEAE que desempeñen un papel activo en ayudar a regresar voluntariamente a sus hogares a las personas que en su día se vieron obligada a abandonarlos como consecuencia de persecución por razones de religión o creencias; solicita que se emprendan acciones concretas para la aplicación efectiva de las Directrices de la Unión sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias; apoya plenamente la práctica de la Unión de tomar la iniciativa en la elaboración de resoluciones relativas a la libertad de pensamiento, conciencia, religión y creencias en el CDHNU y en la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU); respalda plenamente la labor del enviado especial de la Unión para la promoción de la libertad de religión o creencias fuera de la Unión, Ján Figel;

29.  Considera sumamente lamentable que se sigan practicando en todo el mundo la tortura, los tratos inhumanos o degradantes y la pena de muerte, y exhorta a la Unión a que redoble sus esfuerzos para erradicar estas prácticas; considera que las condiciones de encarcelamiento, incluido el acceso a atención médica y medicamentos, y el estado de las cárceles en ciertos países son muy preocupantes; celebra el lanzamiento oficial de la Alianza para el Comercio sin Tortura el 18 de septiembre de 2017, y el establecimiento del Grupo de coordinación de la Unión contra la tortura, encargado de supervisar su aplicación; celebra, en este sentido, las reformas de la legislación de la Unión sobre comercio con determinados bienes susceptibles de ser utilizados para la aplicación de la pena capital, torturas u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; observa que en 2017 el número de ejecuciones efectuadas en todo el mundo descendió un 4 % con respecto al año anterior; pide a los países que aún no lo hayan hecho que adopten de forma inmediata una moratoria respecto de la pena de muerte como un paso hacia su abolición; considera indispensable el hecho de luchar contra cualquier tipo de tortura y de malos tratos, incluso psicológicos, a las personas encarceladas y de intensificar los esfuerzos para garantizar el cumplimiento del Derecho internacional al respecto y las indemnizaciones a las víctimas;

30.  Expresa su firme condena de todos los execrables crímenes y violaciones de los derechos humanos cometidos por agentes estatales y no estatales, incluidos los perpetrados contra ciudadanos por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos; expresa su horror a la vista de la larga lista de crímenes cometidos, entre los que se cuentan asesinatos, torturas, violaciones, esclavitud, incluida la esclavitud sexual, reclutamiento de niños soldado, conversiones religiosas forzosas y asesinatos sistemáticos contra minorías étnicas y religiosas; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que luchen contra los genocidios, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra, y a que garanticen que sus autores sean llevados ante la justicia; pide a la Unión que preste apoyo a las organizaciones y a los equipos de investigación de Naciones Unidas que recogen, conservan y protegen pruebas —digitales o no— de los crímenes cometidos por cualquiera de las partes en estos conflictos, con objeto de facilitar su enjuiciamiento a escala internacional; observa que las plataformas de internet, entre ellas YouTube, en el marco de su labor para retirar contenidos y propaganda relacionados con el terrorismo, han eliminado pruebas grabadas en vídeo relacionadas con posibles crímenes de guerra;

31.  Respalda el papel fundamental que ha desempeñado la Corte Penal Internacional (CPI) en los casos en que los Estados en cuestión no pueden o no desean ejercer su jurisdicción; pide a la Unión y a sus Estados miembros que presten apoyo diplomático y financiero a la CPI; pide a la Unión y a los Estados miembros que alienten a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a ratificar y aplicar el Estatuto de Roma de la CPI, y muestra su consternación por los países que se retiran del Estatuto o que amenazan con retirarse; pide, igualmente, a todos los signatarios del Estatuto de Roma que se coordinen y cooperen con la CPI; pide a todos los Estados miembros que ratifiquen las enmiendas de Kampala sobre el crimen de agresión e incluyan los «crímenes atroces» en la lista de crímenes respecto a los cuales la Unión tiene competencias; reitera la importancia de otros mecanismos fundamentales para poner fin a la impunidad, entre ellos el uso de la jurisdicción universal, y pide a los Estados miembros de la Unión que aprueben la legislación necesaria; recuerda, en este sentido, que los derechos de las víctimas deben ser el núcleo de todas las medidas; reitera su petición a la VP/AR de que nombre a un representante especial de la Unión en materia de Derecho humanitario internacional y de justicia internacional con el mandato de fomentar, integrar plenamente y representar el compromiso de la Unión en favor de la lucha contra la impunidad;

32.  Celebra los esfuerzos de la Unión en apoyo del Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente creado por las Naciones Unidas en Siria para ayudar en la investigación de los delitos más graves; hace hincapié en la necesidad de establecer un mecanismo independiente similar en otros países; insta a contribuir económicamente al Mecanismo tanto a la Unión como a los Estados miembros de la Unión que aún no lo hayan hecho;

33.  Reitera que los Estados pueden llevar a otros Estados ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de los tratados internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, para determinar la responsabilidad del Estado como medio indirecto para la determinación judicial de la responsabilidad penal individual en una fase posterior;

34.  Lamenta profundamente la falta de respeto hacia el Derecho internacional humanitario y expresa su firme condena a los ataques mortales perpetrados con tan alarmante frecuencia contra hospitales, escuelas y otros objetivos civiles en los conflictos armados de todo el mundo en 2017; considera que la condena internacional de estos ataques debe acompañarse de investigaciones independientes y de una verdadera rendición de cuentas; elogia la labor de los trabajadores que prestan ayuda humanitaria; pide a los Estados miembros, a las instituciones de la Unión y a la VP/AR que velen por que las políticas y las acciones de la Unión en el ámbito del Derecho internacional humanitario se desarrollan de manera coherente y efectiva y que hagan uso de todos los instrumentos a su alcance para solucionar esta cuestión; concluye que la Unión y sus Estados miembros deberían haber puesto a disposición informes más detallados sobre la aplicación de las Directrices para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario en determinadas situaciones de conflicto, incluido, pero no solo el Informe anual de la UE sobre derechos humanos y democracia; pide a la comunidad internacional que cree instrumentos destinados a reducir el intervalo de tiempo entre la alerta y la respuesta, a fin de evitar la aparición, la reaparición y el agravamiento de conflictos violentos, como el sistema de alerta temprana de la Unión; pide a la Unión y a sus Estados miembros que incrementen el apoyo financiero a la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo; toma nota del recorte del 2,4 % de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) de 2016 a 2017 y de que la AOD no alcanza el objetivo del 0,7 % de la RNB;

35.  Recuerda su Resolución, de 27 de febrero de 2014, sobre el uso de drones armados(16); expresa su grave preocupación en relación con el empleo de drones armados fuera del marco jurídico internacional; pide una vez más a la Unión que elabore con urgencia un marco jurídico vinculante para el uso de drones armados de forma que se garantice que los Estados miembros, de conformidad con sus obligaciones legales, no perpetren asesinatos selectivos ilegales ni faciliten dichos asesinatos por parte de otros Estados; pide a la Comisión que le mantenga debidamente informado acerca del uso de fondos de la Unión en relación con todos los proyectos de investigación y desarrollo asociados con la fabricación de drones; pide la evaluación del impacto en los derechos humanos de futuros proyectos de desarrollo de drones;

36.  Pide a la AR/VP y a los Estados miembros que amplíen el régimen de medidas restrictivas de la Unión para incluir un régimen de sanciones en materia de derechos humanos que permita que las decisiones sobre sanciones de la PESC se basen en violaciones graves de los derechos humanos, en el mismo espíritu que la Ley Magnitsky;

37.  Insta a la AR/VP y a los Estados miembros a que trabajen en pro de una prohibición internacional de los sistemas de armas desprovistas de control humano sobre el uso de la fuerza, como ya ha reclamado el Parlamento en varias ocasiones y, de cara a las reuniones pertinentes a nivel de las Naciones Unidas, a que desarrollen y adopten urgentemente una posición común sobre los sistemas armamentísticos autónomos y a hablar en los foros pertinentes con una sola voz y actuar en consecuencia;

38.  Subraya que la corrupción menoscaba el estado de Derecho, la democracia y la competitividad de las economías, y llega a poner en riesgo los Derechos Humanos; hace hincapié en la necesidad de apoyar a los defensores de los derechos humanos y a los denunciantes de irregularidades que luchan contra la corrupción; pide que se mejoren los mecanismos y las prácticas de lucha contra la corrupción, como la imposición de sanciones a las personas y los países que cometan delitos graves de corrupción; pide al SEAE y a la Comisión que elaboren una programación conjunta sobre derechos humanos y lucha contra la corrupción, concretamente iniciativas para mejorar la transparencia, luchar contra la impunidad, reforzar los organismos de lucha contra la corrupción y mejorar la transparencia y la trazabilidad en el uso de los fondos de la Unión; pide a la Comisión que negocie disposiciones en materia de lucha contra la corrupción en todos los acuerdos comerciales futuros; recuerda las recomendaciones en materia de corrupción y derechos humanos formuladas en su Resolución, de 13 de septiembre de 2017, sobre la corrupción y los derechos humanos en terceros países(17), y pide que las instituciones y los Estados miembros de la Unión hagan un seguimiento;

39.  Expresa su preocupación por la destrucción, el saqueo ilícito y el vandalismo contra lugares del patrimonio cultural y apoya firmemente las iniciativas de investigación, protección del patrimonio y rescate;

40.  Destaca la importancia de las elecciones libres e imparciales para los procesos democráticos y está preocupado por el creciente número de elecciones ilegales en todo el mundo; recuerda que los medios de comunicación independientes y la diversidad de opiniones son fundamentales para garantizar unas elecciones libres y justas; pide a la Unión que no reconozca los resultados de las elecciones amañadas o falsificadas y que utilice todos los instrumentos diplomáticos, económicos y políticos a su disposición para mantener la credibilidad de las elecciones en todo el mundo y obligar a los países a cumplir los criterios en materia de elecciones libres e imparciales; considera que el apoyo que la Unión brinda a los procesos electorales y la democracia en todo el mundo —las misiones de observación de elecciones y su posterior seguimiento, su asistencia electoral y, en particular, el papel activo que a este respecto desempeña el Parlamento— reviste la máxima importancia; subraya la importancia que tiene la observación electoral en el contexto de las transiciones democráticas pacíficas, el fortalecimiento del Estado de Derecho, el pluralismo político y el aumento de la participación de las mujeres en los procesos electorales, así como la transparencia y el respecto de los derechos humanos; recuerda la importancia de implicar a las organizaciones locales de la sociedad civil en el proceso de observación electoral y en la aplicación de las recomendaciones formuladas por las misiones de observación electoral; considera que la interferencia en las elecciones de otros países a través de operaciones cibernéticas constituye una violación del derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes;

41.  Celebra que la Unión haya firmado el Convenio de Estambul y subraya la necesidad de prevenir y combatir por todos los medios toda forma de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica; pide a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que ratifiquen y apliquen este Convenio lo antes posible; apoya, en este sentido, la Iniciativa Spotlight, una acción conjunta de la Unión Europea y las Naciones Unidas; insta a los países a que refuercen su legislación para combatir, en la fase más temprana posible, la violencia de género, la mutilación genital femenina y la violencia sexual; recuerda que la violencia contra las mujeres está profundamente arraigada en la desigualdad de género por lo que debe abordarse de forma global, y subraya la importancia de los servicios sociales y de la protección social; destaca que es fundamental disponer de estadísticas fiables sobre la prevalencia, las causas y las consecuencias de todos los tipos de violencia contra la mujer para elaborar una legislación y estrategias eficaces para luchar contra la violencia de género; pide, por lo tanto, a la Unión que ayude a los países a mejorar la recopilación de datos en este ámbito y a cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales; pide a la Unión que trabaje con otros países para aumentar la financiación y la programación en materia de prevención de la violencia sexual y de género en todo el mundo y la respuesta a esta; condena todas las formas de violencia y explotación física, sexual y psicológica, las violaciones en masa, la trata y la violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; recalca que debe garantizarse a todas las mujeres una asistencia sanitaria adecuada y asequible, así como el respeto universal y el acceso a los derechos sexuales y reproductivos y a la educación, y destaca que las mujeres deben poder tomar decisiones libres y responsables sobre su salud, su cuerpo y sus derechos sexuales y reproductivos; señala que la educación es una herramienta esencial para luchar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres y los niños; condena la reimposición de la «ley mordaza global»;

42.  Subraya la necesidad de que la Unión siga firme en la plena aplicación de las obligaciones y los compromisos contraídos en materia de derechos de la mujer en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Plataforma de Acción de Pekín y el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y que respete los resultados de sus conferencias de revisión;

43.  Recuerda la publicación en agosto de 2017 del primer informe anual de aplicación durante el año 2016 del II Plan de Acción en materia de Género 2016-2020, que hace hincapié en una serie de tendencias positivas en la transformación de la vida de las niñas y las mujeres garantizando su integridad física y psicológica, promoviendo sus derechos económicos y sociales y reforzando su voz y su participación; considera que la Unión debería seguir incorporando el apoyo a las mujeres en las actividades de la política común de seguridad y defensa (PCSD), la prevención de conflictos y la reconstrucción posterior a los conflictos; reitera una vez más la importancia de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 31 de octubre de 2000, sobre la mujer, la paz y la seguridad; hace hincapié en que una mayor participación de los sectores público y privado es esencial para la defensa de los derechos de las mujeres y su participación en las instituciones públicas y privadas, la elaboración de políticas, la vida económica y los procesos de paz; subraya que el mundo empresarial tiene que desempeñar un papel importante a la hora de reforzar los derechos de las mujeres; insta a la Comisión a que lidere la lucha contra la explotación y los abusos sexuales en los sectores de la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo, puesto que estos sectores deben presentar los niveles más elevados de responsabilidad y rendición de cuentas por su trabajo; destaca la importancia de revisar y reforzar los procedimientos de salvaguardia y las normas de intervención;

44.  Pide al SEAE que garantice que los resultados del 62.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se incorporen en sus políticas y proporcionen un nuevo impulso a la búsqueda de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en las zonas rurales;

45.  Subraya la importancia de hacer accesibles la educación y la formación en asignaturas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, así como en las de humanidades, a mujeres y niñas, haciendo especial hincapié en desarrollar su talento y sus competencias e incrementar su participación en los sectores de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas;

46.  Pide a la Comisión que estudie vías y medios para que la Unión suscriba unilateralmente la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, teniendo en cuenta que todos los Estados miembros de la Unión han ratificado esta Convención y que el Derecho primario y secundario de la Unión contiene disposiciones sustanciales sobre la protección de los derechos del niño; pide a los países que aún no han ratificado dicha Convención que lo hagan con carácter de urgencia; acoge con satisfacción la adopción de las Directrices de la UE revisadas para la promoción y protección de los derechos del menor y destaca la necesidad de garantizar que se llegue a todos los niños, incluidos los más marginados y los que se encuentran en situaciones vulnerables; subraya el hecho de que con frecuencia los niños están expuestos a formas específicas de abusos, como el matrimonio a edad temprana, la prostitución infantil, la utilización de niños soldados, la mutilación genital, el trabajo infantil y la trata de niños, especialmente en situaciones de crisis humanitaria y de conflictos armados, por lo que requieren una mayor protección; pide a la Unión que coopere con terceros países para poner fin a los matrimonios precoces, infantiles y forzados, estableciendo en dieciocho años la edad mínima legal para contraer matrimonio, exigiendo que se compruebe la edad de ambos cónyuges y su consentimiento pleno y libre, introduciendo registros obligatorios de matrimonio y garantizando el cumplimiento de dichas normas; subraya la necesidad de intensificar la implicación de la Unión por lo que respecta a abordar la protección de los niños, especialmente de los menores no acompañados, y a prestar especial atención a la educación y al apoyo psicosocial; pide que se apliquen adecuadamente las Directrices para prevenir el uso militar de escuelas y universidades durante conflictos armados; Pide una solución urgente a la cuestión de los niños apátridas, dentro y fuera de la Unión, en particular a los nacidos fuera del país de origen de sus padres, y de los niños migrantes, de conformidad con el Derecho internacional; insta a la Unión y a sus Estados miembros a que elaboren un plan de acción para impedir que los niños sean detenidos como consecuencia de su condición de migrantes, en consonancia con la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes; recuerda el derecho a una protección especial en el interés superior del menor;

47.  Solicita a la Unión y a sus Estados miembros que garanticen la transparencia y el seguimiento de los fondos asignados a terceros países para la cooperación en materia de migración y se aseguren de que dicha cooperación no beneficie, de forma directa o indirecta, a los sistemas de seguridad, policiales y judiciales implicados en violaciones de derechos humanos en este contexto; hace hincapié en la posibilidad de separar la cooperación al desarrollo de la cooperación en materia de readmisión y gestión de la migración; muestra su preocupación por la posible instrumentalización de la política exterior de la Unión como «gestión de la migración», al tiempo que destaca que todo intento de trabajar con terceros países, en particular países de origen y de tránsito, en materia de migración debe acompañarse de una mejora de las condiciones de los derechos humanos en estos países y del respeto del Derecho internacional en materia de derechos humanos y de refugiados; expresa su profunda preocupación y su solidaridad con el elevado número de refugiados, migrantes y personas internamente desplazadas que sufren graves violaciones de los derechos humanos y son víctimas de conflictos, persecución, fallos de gobernanza y redes de trata y tráfico de seres humanos; destaca la urgente necesidad de abordar las causas profundas de los flujos migratorios y, por tanto, de abordar la dimensión exterior del fenómeno de la migración, en particular mediante la búsqueda de soluciones sostenibles a los conflictos y el subdesarrollo económico, en nuestra vecindad y en todo el mundo, desarrollando la cooperación y las asociaciones con los terceros países afectados que respeten el Derecho internacional, garanticen el respeto de los derechos humanos y mantengan la credibilidad de la Unión tanto dentro como fuera de ella; pide a la Unión y a sus Estados miembros que presten asistencia humanitaria en el ámbito de la educación, la vivienda, la salud y otros ámbitos en los que los migrantes y los refugiados necesitan ayuda, y que se apliquen correctamente las políticas de retorno; recuerda la importancia de que la Unión anime a los países afectados a adherirse al Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire; observa que, según las Naciones Unidas, en 2017 unos 258 millones de personas vivían en un país distinto de su país de nacimiento; pide a la Comisión que siga considerando la protección y promoción de los derechos de los migrantes y los refugiados como cuestiones prioritarias en sus políticas; insiste en la necesidad de desarrollar y aplicar mejor los marcos de protección para los migrantes y los refugiados, en particular a través de vías seguras y legales para los migrantes y de la concesión de visados humanitarios; pide al Parlamento que supervise los acuerdos en materia de migración; lamenta todo intento de obstaculizar, empañar o incluso penalizar la ayuda humanitaria, e insiste en la necesidad de aumentar las capacidades de búsqueda y salvamento de personas en peligro en el mar y en tierra para cumplir nuestras obligaciones primordiales con arreglo al Derecho internacional; subraya que el número de personas residentes en un Estado miembro con nacionalidad de un tercer país a 1 de enero de 2017 era de 21,6 millones, lo que representa el 4,2 % de la población de la UE-28; pide a los Estados miembros que entablen un diálogo serio para establecer un entendimiento común e inclusivo, responsabilidades compartidas y una unidad en cuanto a los objetivos en materia de migración; acoge favorablemente la iniciativa de las Naciones Unidas relativa al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto Mundial sobre los Refugiados del ACNUR y el papel fundamental asignado a los derechos humanos en estos Pactos;

48.  Lamenta la pervivencia de la trata de seres humanos; subraya el hecho de que la trata de seres humanos mercantiliza a las personas y constituye una de las peores formas de violación de los derechos humanos; destaca, a este respecto, la importancia de un enfoque coherente de las dimensiones interior y exterior de las políticas de la Unión para luchar contra la trata de seres humanos en todos los niveles; pide a la Unión y a los Estados miembros que refuercen la cooperación con terceros países para investigar todas las etapas de la trata de seres humanos, incluidas todas las formas de explotación de personas, especialmente de mujeres y niños, como el tráfico de órganos, el trabajo forzado y la explotación sexual, y que cooperen con las Naciones Unidas y la sociedad civil en la materia; pide principios claros e instrumentos jurídicos que aborden las violaciones de derechos humanos relacionadas con la gestación subrogada; expresa su profunda preocupación por la extrema vulnerabilidad de los migrantes y refugiados, especialmente de mujeres y niños, frente a la explotación, el tráfico y la trata de seres humanos, en particular en los puntos críticos de migración; subraya la necesidad de promover políticas centradas en las víctimas, prevenir y reducir este tipo de delincuencia y adoptar medidas enérgicas contra los beneficios derivados de la trata de seres humanos;

49.  Alienta a todos los países, incluidos los Estados miembros, y a la Unión, a que participen en las negociaciones orientadas a adoptar un instrumento internacional de derechos humanos jurídicamente vinculante para las empresas transnacionales y otras empresas mediante la participación activa en el Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta establecido por las Naciones Unidas; insiste una vez más en la necesidad de la aplicar con rapidez los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos, en particular en relación con el tercer pilar, relativo al acceso a las vías de recurso; reconoce la gran importancia del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y los planes de acción nacionales sobre las empresas y los derechos humanos; hace hincapié en la importancia de un plan de acción de la Unión sobre las empresas y los derechos humanos e insta a la Comisión a acelerar su desarrollo con el objetivo de conseguir la plena aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas; alienta a todas las empresas, incluidas las que están establecidas en la Unión, a que actúen con diligencia, y reitera la importancia de promover la responsabilidad social empresarial y de que las empresas europeas desempeñen un papel protagonista en la defensa de las normas internacionales relativas a las empresas y los derechos humanos; pide a todos los países que apliquen con eficacia y rapidez los Principios Rectores de las Naciones Unidas y que garanticen que las empresas respetan los derechos humanos y las normas laborales y sociales en sus jurisdicciones; anima a todos los países a plantar cara a las empresas que utilizan materias primas u otros productos básicos procedentes de zonas de conflicto; reitera su llamamiento en favor de que, en los acuerdos entre la Unión y terceros países, se incluyan normas sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones de los derechos humanos; destaca que es preciso garantizar que las víctimas de violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas tengan vías de recurso adecuadas y efectivas; reafirma la urgente necesidad de abordad las violaciones de los derechos humanos y la corrupción de las empresas cuando se producen, y de garantizar que las empresas deban asumir su responsabilidad; lamenta que la Comisión no haya actuado de acuerdo con los llamamientos del Parlamento efectuados en su Resolución, de 25 de octubre de 2016, sobre la responsabilidad de las empresas por violaciones graves de los derechos humanos en terceros países(18); pide medidas vinculantes para el sector industrial a fin de erradicar el trabajo infantil y prevenir la violación de los derechos humanos; pide a la Comisión que cree un grupo de trabajo interinstitucional sobre empresas y derechos humanos y estudie la posibilidad de emprender una iniciativa relativa al deber de diligencia a escala de la Unión;

50.  Recuerda que la Unión se ha comprometido a situar los derechos humanos y la democracia en el centro de sus relaciones con los terceros países; destaca, por consiguiente, que el avance de los derechos humanos y los principios democráticos, incluidas las cláusulas de condicionalidad sobre derechos humanos en acuerdos internacionales, deben promoverse a través de todas las políticas de la Unión que tengan una dimensión exterior, en particular la política comercial; recalca el papel que pueden desempeñar las relaciones comerciales en la promoción del crecimiento de los países en desarrollo y en la preservación de sus mercados locales; señala que el apoyo a los sistemas democráticos y a las aspiraciones de libertad de los pueblos deben seguir siendo principios rectores que deben servir a los intereses económicos de la Unión; recuerda la obligación de coherencia de las políticas para el desarrollo y subraya la importancia de la integración de los derechos humanos en las políticas de comercio y desarrollo en todas sus fases; pide a la Unión que garantice que las mercancías que circulan en su territorio en virtud de regímenes de certificación ética estén libres de trabajo forzado e infantil; pide la introducción de un instrumento diseñado específicamente para supervisar y reforzar la política de género en los acuerdos comerciales; acoge con satisfacción los programas, los proyectos y la financiación de la Unión en terceros países, y hace hincapié en la necesidad de evaluar y prevenir cualquier tipo de violación mediante la creación de un mecanismo de reclamaciones para particulares y grupos;

51.  Considera que los regímenes comerciales del desarrollo sostenible y la gobernanza (SPG+) son uno de los principales instrumentos de política comercial de la Unión a la hora de promover las normas en materia de democracia, medio ambiente, desarrollo sostenible y derechos humanos con terceros países; pide a la Comisión que revise y supervise mejor los regímenes SGP+ para garantizar que los países beneficiarios respetan las normas de derechos humanos; subraya que, en el marco de un régimen SGP+ revisado, la Comisión debe fijarse el objetivo de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de este mecanismo estableciendo procedimientos claros para la participación significativa y destacada de las organizaciones de la sociedad civil y llevando a cabo evaluaciones de impacto eficaces sobre los derechos humanos antes de conceder preferencias comerciales y durante su aplicación; pide que el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional pueda incluirse en la lista de convenios necesarios para la condición de SGP+; insta a la Comisión a que siga financiando iniciativas de la sociedad civil que controlen la aplicación de este régimen; destaca la importancia de aplicar formas de cooperación que faciliten el desarrollo económico y social de los terceros países, prestando especial atención a las necesidades de sus ciudadanos;

52.  Pide a todos los Estados miembros que observen estrictamente el Código de Conducta de la Unión en materia de exportación de armas, y en particular que suspendan todos los traslados de armas y de equipos de vigilancia e inteligencia que puedan ser utilizados por los Gobiernos para reprimir los derechos humanos y para atacar a civiles; señala que el comercio mundial de armas y material de guerra contribuye a su uso en numerosos conflictos en terceros países; observa que los Estados miembros de la Unión se encuentran entre los mayores exportadores de armas a escala mundial y considera esencial que se apliquen y refuercen las normas internacionales que rigen la venta de armas a nivel mundial;

53.  Condena firmemente toda forma de discriminación, en particular la discriminación por motivos de raza, religión, casta y otros sistemas similares de condición hereditaria, orientación sexual e identidad de género, discapacidad o cualquier otra condición; expresa su alarma por las numerosas manifestaciones de racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia y por la falta de representación política de los grupos más vulnerables, como las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, las personas con discapacidad, las personas LGBTI, las mujeres y los niños; pide a la Unión que redoble sus esfuerzos para erradicar, sin hacer distinción, todas las formas de discriminación y que promueva la sensibilización, una cultura de la tolerancia y la inclusión, y la protección especial para los grupos más vulnerables a través de los diálogos políticos y en materia de derechos humanos, la labor de las delegaciones de la Unión y la diplomacia pública; pide a todos los países que garanticen que sus respectivas instituciones ofrecen una protección jurídica eficaz dentro de su jurisdicción; destaca la importancia de desarrollar estrategias educativas en las escuelas para aumentar la concienciación de los niños y proporcionarles las herramientas que necesitan para identificar todas las formas de discriminación;

54.  Destaca la necesidad de integrar de forma creíble el principio de accesibilidad universal y los derechos de las personas con discapacidad en todas las políticas pertinentes de la Unión, incluida la cooperación al desarrollo, y subraya el carácter prescriptivo y horizontal de esta cuestión; pide a la Unión que incluya la lucha contra la discriminación por motivos de discapacidad en su acción exterior y sus políticas de ayuda al desarrollo; pide a los gobiernos de terceros países que revisen toda la legislación con el fin de armonizarla con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD); pide a todos los países que ratifiquen la CDPD, y reitera la importancia de su aplicación eficiente;

55.  Acoge con satisfacción la participación de la Unión y de sus Estados miembros en la 8.ª sesión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta de las Naciones Unidas sobre el Envejecimiento, y, en particular, sus contribuciones y declaraciones comunes sobre igualdad, no discriminación, violencia, abuso y abandono de las personas mayores; sigue preocupado por la prevalencia de la discriminación por razón de edad y de otros obstáculos al respeto de los derechos humanos de las personas mayores; pide a la Unión y a sus Estados miembros que apoyen plenamente la actividad del Grupo de Trabajo, en particular asignando recursos adecuados para su funcionamiento o apoyando la asignación de tales recursos, y que respondan a las futuras convocatorias de propuestas, consulten e involucren a las personas mayores en su preparación, y que incluyan a personas mayores en sus delegaciones respectivas;

56.  Celebra la participación activa de la Unión en la reunión para la revisión de la Estrategia regional de implantación europea del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (MIPAA, por sus siglas en inglés) que tuvo lugar en Lisboa; subraya que el MIPAA puede contribuir a la mejor aplicación de los derechos de las personas mayores;

57.  Condena la detención arbitraria, la tortura, la persecución y el asesinato de personas LGBTI; reconoce que la orientación sexual y la identidad de género pueden aumentar el riesgo de discriminación, violencia y persecución; señala que en algunos países de todo el mundo las personas LGBTI siguen siendo objeto de persecución y actos de violencia por su orientación sexual; condena las violaciones contra mujeres y grupos minoritarios, que vulneran el derecho fundamental a la identidad y la integridad física, como la mutilación genital femenina y las mutilaciones genitales intersexuales; observa que en 72 países se siguen penalizando las relaciones entre personas del mismo sexo, en 13 de ellos hasta con la pena de muerte; insta a estos Estados a que cambien su legislación de forma inmediata; acoge con satisfacción los esfuerzos de la Unión por mejorar los derechos y la protección jurídica de las personas LGBTI; insta a las delegaciones de la Unión y a las Embajadas de los Estados miembros a que apliquen plenamente las directrices de la Unión sobre las personas LGBTI; pide a la Comisión que elabore un informe anual sobre la aplicación de las conclusiones del Consejo para tal fin; observa que, según la evaluación del primer año de implantación del segundo Plan de Acción en materia de género (2016-2020), un tercio de las delegaciones promovió los derechos humanos de las personas LGBTI;

58.  Condena las continuas violaciones de los derechos humanos cometidas contra personas víctimas de las jerarquías de castas y de discriminación por motivos de casta, segregación y obstáculos motivados por la casta, incluida la denegación del acceso al empleo, al sistema jurídico y a otros derechos humanos básicos; está profundamente preocupado por la consiguiente discriminación institucionalizada y la alarmante frecuencia de los ataques violentos por motivos de casta; pide a la Unión y a sus Estados miembros que redoblen sus esfuerzos y apoyen las iniciativas a nivel de las Naciones Unidas y de delegaciones para erradicar la discriminación por motivos de casta;

59.  Insiste en la importancia de aplicar políticas de igualdad que permitan a todas las minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas y a los pueblos indígenas disfrutar de sus derechos fundamentales; acoge con satisfacción la Resolución 71/178 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 19 de diciembre de 2016, sobre los derechos de los pueblos indígenas, en la que se proclama 2019 como Año Internacional de las Lenguas Indígenas; recuerda que, según el relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, en estos últimos años se ha producido un aumento inquietante de la discriminación, de ataques y amenazas contra pueblos indígenas, así como de criminalización y asesinatos de quienes defienden sus tierras, territorios y recursos, y en especial de mujeres; hace hincapié en que la Unión debe garantizar la protección de estos defensores y velar por que todos los delitos sean investigados y por que sus autores deban rendir cuentas; insta a la Unión y a los Estados miembros a que actúen en favor del total reconocimiento, protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas; pide a los países que ratifiquen las disposiciones del Convenio n.º 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales;

60.  Toma nota de las múltiples ventajas que ofrece internet; expresa su preocupación, no obstante, por la recopilación masiva con fines comerciales que hacen los grandes operadores comerciales de los datos personales de los usuarios sin que estos sean plenamente conscientes o hayan dado su consentimiento, algo que podría utilizarse ulteriormente de formas potencialmente perjudiciales, por ejemplo, para reprimir las actividades de los defensores de los derechos humanos, socavar la libertad de expresión e influir en los resultados electorales y en la toma de decisiones políticas; pide a las empresas de datos que realicen evaluaciones sobre derechos humanos; lamenta los modelos de negocio que se basan en las violaciones de derechos humanos y pide que los datos personales se recopilen conforme a las normas de protección de datos y los derechos humanos; pide a la comunidad internacional, incluidos la Unión y sus Estados miembros, que mejoren la legislación en la materia y la apliquen eficazmente con carácter de urgencia;

61.  Reconoce que el terrorismo y la radicalización suponen una grave amenaza para la democracia y los derechos humanos y perjudican así a la sociedad, y lamenta el hecho de que los ataques perpetrados en 2017 a menudo tenían como objetivo las personas o grupos que precisamente encarnan estos valores; condena firmemente que se produjesen más de 1 000 ataques terroristas en todo el mundo en 2017, lo que ha causado aproximadamente 6 123 muertes; apoya los esfuerzos de la Unión para evitar y combatir el terrorismo y la radicalización, incluidas las iniciativas y las redes a escala de la Unión, como la Red para la Sensibilización frente a la Radicalización, aunque reitera que todos los esfuerzos deben ser conformes con el Derecho internacional en materia de derechos humanos; recuerda que la educación es un instrumento privilegiado para combatir la radicalización; destaca la necesidad de prestar especial atención y apoyo a las víctimas del terrorismo, incluidos el apoyo psicológico, evaluaciones individuales para cada víctima, el apoyo jurídico, el acceso a la justicia, servicios de traducción e interpretación y servicios eficaces de apoyo a las víctimas en general; subraya la necesidad de que las estrategias de lucha contra el terrorismo respeten el Estado de Derecho y garanticen el respeto de los derechos humanos; recomienda que la cooperación con terceros países en materia de antiterrorismo incluya evaluaciones minuciosas de los riesgos para las libertades fundamentales y los derechos humanos y contemple salvaguardias en caso de violaciones; pide a la Comisión que mejore el intercambio y la coordinación de la información a través de sus canales y agencias con objeto de impedir e identificar con rapidez las amenazas de terrorismo y llevar a los responsables ante la justicia;

62.  Recuerda que las sanciones son una herramienta esencial de la PESC; insta al Consejo a que adopte las sanciones previstas en la legislación de la Unión cuando se considere necesario para alcanzar los objetivos de la PESC, y en particular para proteger los derechos humanos y consolidar y respaldar la democracia, garantizando al mismo tiempo que no tengan repercusiones para la población civil; pide que esas sanciones se centren en los funcionarios identificados como responsables de violaciones de los derechos humanos con objeto de castigarlos por los delitos y abusos de que son responsables;

63.  Opina que el deporte puede desempeñar un papel positivo en la promoción de los derechos humanos; lamenta, no obstante, que exista una correlación específica entre determinadas violaciones de derechos humanos y los grandes acontecimientos deportivos organizados en países que acogen o son candidatos para acoger tales acontecimientos; recuerda que estos abusos incluyen desalojos, el silenciamiento de la sociedad civil y de los defensores de los derechos humanos y la explotación de los trabajadores durante la construcción de grandes instalaciones deportivas; pide a la Unión que desarrolle un marco político de la Unión sobre deportes y derechos humanos y que examine junto con las federaciones deportivas nacionales, los interlocutores empresariales y las organizaciones de la sociedad civil las formas de participar en dichos acontecimientos; pide a las organizaciones y los organismos deportivos nacionales e internacionales y a los países anfitriones de grandes acontecimientos que se comprometan a aplicar prácticas de buena gobernanza y a garantizar la protección de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales, la libertad de los medios de comunicación y la protección medioambiental, a aplicar medidas contra la corrupción en la etapa previa a los grandes acontecimientos deportivos y durante su celebración y a aplicar mecanismos de reparación para todas las violaciones de derechos humanos; celebra la decisión adoptada en noviembre de 2017 por la Organización Internacional del Trabajo de cerrar un caso contra Qatar por el trato a los trabajadores migrantes en el marco de los preparativos de la Copa del Mundo de la FIFA de 2022; toma nota del acuerdo sobre reformas que, si se aplica de manera efectiva, ofrecerá una mayor protección a los trabajadores;

64.  Insta a la Unión a que aplique políticas eficaces y sostenibles contra el cambio climático mundial; destaca que el cambio climático es una de las principales causas del aumento de los desplazamientos internos y de la migración forzosa; pide a la comunidad internacional que elabore medidas para combatirla y proteger a los afectados; señala que la política exterior de la Unión debe desarrollar capacidades para controlar los riesgos relacionados con el cambio climático, incluida la prevención de crisis y la sensibilidad ante los conflictos; considera que una acción por el clima significativa y rápida contribuye esencialmente a la prevención de riesgos sociales y económicos, pero también de seguridad, de conflictos y de inestabilidad y, en última instancia, de importantes costes políticos, sociales y económicos; insiste, por tanto, en la importancia de integrar la diplomacia climática en las políticas de prevención de conflictos de la Unión, ampliando y adaptando el alcance de las misiones y programas de la Unión en terceros países y zonas de conflicto; hace hincapié, por consiguiente, en la necesidad de aplicar urgentemente políticas para reducir el impacto del cambio climático, en consonancia con el Acuerdo de París;

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65.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al secretario general de las Naciones Unidas, al presidente de la 70.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, al presidente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a los jefes de las Delegaciones de la Unión.

(1) DO L 76 de 22.3.2011, p. 56.
(2) A/HRC/33/44
(3) A/AC.278/2017/2.
(4) DO C 303 de 15.12.2009, p. 12.
(5) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0292.
(6) Textos Aprobados, P8_TA(2018)0201.
(7) DO L 130 de 19.5.2017, p. 1.
(8) DO C 75 de 26.2.2016, p. 111.
(9) DO C 181 de 19.5.2016, p. 69.
(10) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0494.
(11) DO L 119 de 4.5.2016, p. 1.
(12) DO L 88 de 31.3.2017, p. 6.
(13) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0247.
(14) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0288.
(15) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0346.
(16) DO C 285 de 29.8.2017, p. 110.
(17) Textos Aprobados, P8_TA(2017)0346.
(18) Textos Aprobados, P8_TA(2016)0405.

Última actualización: 7 de octubre de 2019Aviso jurídico