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Procedimiento : 2018/2079(INL)
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Ciclo relativo al documento : A8-0396/2018

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A8-0396/2018

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PV 12/12/2018 - 24
CRE 12/12/2018 - 24

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PV 13/12/2018 - 9.2

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0519

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Jueves 13 de diciembre de 2018 - Estrasburgo Edición definitiva
Resolución acelerada de litigios mercantiles
P8_TA(2018)0519A8-0396/2018
Resolución
 Anexo

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 2018, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la resolución acelerada de litigios mercantiles (2018/2079(INL))

El Parlamento Europeo,

–  Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

–  Vistos el artículo 67, apartado 4, y el artículo 81, apartado 2, del TFUE,

–  Vistos el artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»),

–  Visto el estudio de la Dirección General de Políticas Interiores de la Unión titulado «Building competence in commercial law in the Member States» (Creación de competencias en materia de Derecho mercantil en los Estados miembros),

–  Visto el Cuadro de indicadores de la Justicia en la UE de 2018,

–  Visto el documento de la Red Europea de Formación Judicial de 2016 (REFJ) titulado «Principios de la formación judicial(1),

–  Visto el acervo de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil,

–  Vistos los artículos 46 y 52 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A8-0396/2018),

A.  Considerando que el derecho de toda persona a que su causa sea oída equitativa y públicamente, establecido en el artículo 47 de la Carta y en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, es una de las garantías fundamentales del Estado de Derecho y la democracia y es una parte intrínseca de los procesos civiles en su conjunto;

B.  Considerando que el establecimiento de un proceso civil acelerado europeo puede contribuir a la modernización de los procesos nacionales, a garantizar la igualdad de condiciones de competencia para las empresas y a un mayor crecimiento económico mediante sistemas judiciales eficaces y eficientes, facilitando al mismo tiempo el acceso a la justicia en la Unión y contribuyendo a garantizar las libertades fundamentales de la Unión;

C.  Considerando que el Cuadro de indicadores de la Justicia de 2018 demostró que la disponibilidad de la asistencia jurídica y el nivel de las costas de los tribunales tienen un impacto clave en el acceso a la justicia, en particular para los ciudadanos en situación de pobreza;

D.  Considerando que la cooperación judicial se ha reforzado, apoyado y fomentado con varios actos procesales de Derecho derivado de la Unión, entre ellos el Reglamento relativo al proceso de escasa cuantía, la Directiva sobre asistencia jurídica gratuita, el Reglamento relativo a la obtención de pruebas y el Reglamento sobre notificación y traslado de documentos;

E.  Considerando que los objetivos de la cooperación judicial entre los Estados miembros son, entre otros, asegurar el pleno respeto del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial en los asuntos transfronterizos, para garantizar unos procesos judiciales efectivos y fluidos también en esas situaciones, y establecer una confianza mutua en los sistemas judiciales, lo que constituye la base para un mayor reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en toda la Unión;

F.  Considerando que muchas cuestiones relacionadas con el Derecho procesal en el ámbito de la justicia civil están reguladas a escala nacional, por lo que el Derecho procesal en ese ámbito difiere de un Estado miembro a otro, lo cual está en consonancia con el principio de subsidiariedad y proporcionalidad; y que un proceso acelerado podría conducir a la necesaria equiparación de los regímenes procesales de la Unión;

G.  Considerando que es necesario intensificar la cooperación reforzada entre las autoridades de los Estados miembros y los sistemas judiciales a escala de la Unión con el fin de eliminar los obstáculos que puedan surgir de las incompatibilidades entre los distintos sistemas judiciales y administrativos;

H.  Considerando que el Reglamento «Bruselas I» establece normas básicas sobre la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil de ámbito transfronterizo en la Unión; y que la versión modificada, que se aplica desde 2015 (Bruselas I bis), introdujo una serie de ajustes clave para la resolución de los litigios transfronterizos de la UE, ahorrando tiempo y dinero a las empresas y particulares;

I.  Considerando que el Reglamento Roma I establece las normas sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales civiles y mercantiles;

J.  Considerando que las normas procesales deberían garantizar tanto la protección de los derechos de las partes y la rápida resolución de los litigios;

K.  Considerando que, en términos generales, la resolución de los asuntos mercantiles en los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros es lenta y no cumple las expectativas de las partes en los litigios mercantiles, hecho que se ha acentuado con la introducción del proceso europeo de escasa cuantía, que, por el contrario, permite una resolución considerablemente más rápida de los litigios en materia de consumo; y que el uso adecuado de las tecnologías de la información y la información en los órganos jurisdiccionales contribuye a acelerar los procesos y a reducir las costas;

L.  Considerando que la lenta resolución de los litigios mercantiles en la Unión podría llevar a las partes comerciales a buscar una vía alternativa para la resolución de litigios o bien la resolución de litigios en terceros países y optar por la aplicación del Derecho nacional de un Estado no perteneciente a la Unión a los contratos;

M.  Considerando que el alto nivel de calidad de la resolución de litigios mercantiles está condicionado al elevado nivel de las competencias y experiencia que posean en la materia los jueces y abogados y los profesionales del Derecho;

N.  Considerando que, si se dispone de un proceso acelerado, rápido y rentable, apoyado por jueces y abogados altamente experimentados y competentes en los Estados miembros, sería más probable decidir elegir el Derecho nacional de un Estado miembro y, en consecuencia, se incrementaría el nivel de las competencias en materia civil y mercantil en los Estados miembros;

O.  Considerando que parece necesario encontrar una solución adecuada para los distintos regímenes lingüísticos, que podría consistir en formularios armonizados, disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión;

P.  Considerando que unos tribunales y salas especializados en asuntos mercantiles garantizarán un mayor nivel de competencias e independencia en esos asuntos y, en consecuencia, atraerán esos asuntos hacia los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros;

1.  Señala que la resolución de los asuntos mercantiles es mucho más lenta de lo que debiera, tomando de promedio entre tres y cuatro años, y que ello da lugar a pérdidas sustanciales para las empresas, y no solo en términos económicos, sino también por lo que respecta al tiempo, la energía y otros recursos que se podrían dedicar a otras cuestiones;

2.  Hace hincapié en la necesidad de garantizar plenamente el derecho de las partes a una tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, tal como establece la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y de garantizar una alta calidad en los procesos judiciales en materia mercantil;

3.  Destaca la satisfactoria aplicación del proceso europeo de escasa cuantía, que ha abierto una vía para resolver los litigios transfronterizos en materia de consumo y otros relativos a pequeñas cuantías en la Unión de forma rápida y efectiva en relación con los costes, preservando al mismo tiempo los derechos de las partes;

4.  Subraya que la confianza mutua es un concepto complejo y que muchos factores desempeñan un papel en la creación de dicha confianza, como la formación judicial y la mejora de las competencias, la cooperación judicial transfronteriza y el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre jueces;

5.  Hace hincapié en que, por lo que respecta al derecho a un juez imparcial y al acceso a la justicia, se deben mantener y ampliar las bases de datos y las redes de cooperación que refuerzan la cooperación judicial y el intercambio de información, incluida la Red Judicial Europea y el Portal Europeo de e-Justicia, que ha de convertirse en una ventanilla única en el ámbito de la justicia en la Unión;

6.  Afirma que la adopción de un reglamento similar al relativo al proceso europeo de escasa cuantía, a saber, uno relativo al proceso civil acelerado europeo aplicable a los litigios mercantiles transfronterizos, sería la mejor manera de solucionar la cuestión de los largos plazos de espera para los litigios mercantiles en la Unión, lo que podría suponer un gran ahorro para las empresas europeas y la movilización de capital no utilizado;

7.  Afirma que las partes comerciales estarán en mejores condiciones para costear su representación y prepararse para un juicio, lo que implica que estarán mejor preparadas para proteger sus derechos, lo que permitiría acelerar el proceso;

8.  Observa que un proceso de ese tipo podría tomar como base los requisitos para una preparación exhaustiva de las partes antes de que se inicie el proceso, unos plazos estrictos, pocas posibilidades de añadir hechos o pruebas durante el proceso e imposibilidad de recurrir por separado las decisiones procesales, desembocando todo ello en un proceso acelerado;

9.  Opina que un sistema procesal estricto de ese tipo es compatible con la protección de los derechos de las partes a condición de que el proceso civil acelerado europeo sea voluntario y solo se aplique:

   si las partes han acordado recurrir al proceso después de surgir el litigio, o
   si el demandado acepta participar en el proceso después de que el demandante haya interpuesto una acción en el marco del proceso civil acelerado europeo, siempre que el demandado disponga de tiempo suficiente para prepararse adecuadamente antes del inicio del proceso;

10.  Considera que, en cualquier caso, el proceso civil acelerado europeo solo debería ser válido cuando las partes hayan sido debidamente informadas de antemano sobre las consecuencias de consentir recurrir a ese proceso; considera que los costes del proceso civil acelerado europeo no deberían ser excesivos para las partes con el fin de garantizar el respeto del derecho de acceso a la justicia;

11.  Hace hincapié en que, con frecuencia, las partes en un litigio solo alcanzan una solución amistosa cuando se desarrollan completamente los hechos y las alegaciones, lo que significa que, en un sistema procesal que obligue a las partes a investigar los hechos y a desarrollar sus alegaciones antes de acudir a los tribunales, se solucionarían más litigios de forma amistosa en una fase más temprana;

12.  Observa que el objetivo de prever una vía de resolución acelerada y más rentable de los litigios mercantiles en la Unión no puede lograrse simplemente introduciendo un sistema de proceso acelerado armonizado; estima por ello que, para que un sistema de ese tipo sea eficaz, sería necesario disponer de tribunales, jueces, abogados y profesionales del Derecho muy competentes y experimentados en Derecho mercantil y Derecho internacional privado;

13.  Subraya que las disparidades actuales por lo que respecta a la elección del Derecho en materia de contratos mercantiles entre las distintas jurisdicciones europeas no es equitativo entre los Estados miembros;

14.  Observa que la elección de la ley aplicable suele basarse en consideraciones complejas, pero que la combinación de un Derecho y un órgano jurisdiccional extranjeros expone a menudo a las partes a riesgos económicos sustanciales, y que tales disposiciones son particularmente cuestionables si se acuerdan como parte de contratos tipo o en situaciones en las que las posibilidades que tiene una de las partes de influir en el acuerdo a ese respecto son nulas o escasas;

15.  Entiende que las barreras lingüísticas pueden ser un obstáculo adicional y, por lo tanto, otra razón para elegir una ley aplicable en lugar de otra;

16.  Destaca que la disponibilidad de formularios tipo uniformes, disponibles en todas las lenguas oficiales de la Unión, facilitaría el acceso al proceso civil acelerado europeo;

17.  Propone que, para garantizar la uniformidad de los formularios tipo, se confieran competencias de ejecución a la Comisión, ejercidas con arreglo al Acuerdo Interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación;

18.  Pide a la Comisión que evalúe la necesidad de revisar los Reglamentos Roma I, Roma II y Bruselas I bis para reforzar la conexión entre la finalidad y el objeto de los contratos y el Derecho elegido, garantizando, al mismo tiempo, que se proteja a las partes más débiles en las relaciones entre empresas, así como los contratos, y que se preserve la autonomía de las partes en relación con la elección de la ley aplicable;

19.  Subraya que las medidas legislativas no bastan por sí solas para solucionar esas cuestiones, sino que también son necesarias medidas prácticas para incrementar el nivel de las competencias tanto de los órganos jurisdiccionales como de los abogados, como mayor formación en asuntos mercantiles y mejor acceso al Derecho de la Unión y el Derecho nacional de los Estados miembros, en particular la jurisprudencia;

20.  Observa que el Derecho mercantil y el Derecho internacional privado están menos codificados que otras áreas del Derecho, lo que implica que la investigación académica desempeña un papel más relevante, por lo que una de las medidas para reforzar las competencias en asuntos mercantiles en los Estados miembros consiste en poner a disposición más recursos para la investigación en ese ámbito;

21.  Acoge con satisfacción, por tanto, los nueve principios de la formación judicial que adoptó la REFJ en su asamblea general de 2016, pues proporcionan una base y un marco comunes para la judicatura y las instituciones de formación judicial europeas;

22.  Destaca, asimismo, que la calidad del Derecho aplicable a los asuntos mercantiles y su grado de adaptación a las prácticas y la evolución en el sector comercial revisten gran importancia;

23.  De conformidad con el artículo 225 del TFUE, solicita, en consecuencia a la Comisión que presente, a más tardar el 1 de enero de 2020, sobre la base del artículo 81, apartado 2, del TFUE, una propuesta de acto legislativo relativo a un proceso civil acelerado europeo, así como, con arreglo a las recomendaciones que figuran en el anexo, tras la evaluación de la Comisión sobre la necesidad de tal revisión, una posible propuesta de modificación de los Reglamentos Roma I, Roma II y Bruselas I bis;

24.  Pide a la Comisión y a los Estados miembros que completen esas propuestas con otras medidas de apoyo destinadas a incrementar el nivel de las competencias en los Estados miembros en materia de Derecho mercantil y de Derecho internacional privado;

25.  Confirma que las recomendaciones anejas a la presente Resolución respetan los derechos fundamentales, el principio de la autonomía procesal nacional y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

26.  Considera que cualesquiera implicaciones financieras de la propuesta, en particular los costes los procedimientos que se inicien en el marco del proceso civil acelerado europeo, quedarían compensados por un ahorro equivalente, habida cuenta de que es probable que el proceso civil acelerado europeo sea considerablemente más eficaz en relación con los costes que los procesos ordinarios de los Estados miembros, y de que los litigios en cuestión no estarían sujetos al sistema procesal general del Estado miembro de que se trate;

27.  Subraya que el Derecho mercantil es solo uno de los ámbitos donde se necesitan nuevas intervenciones a escala de la Unión para garantizar un mayor acceso a la justicia, una mayor calidad del proceso, unas garantías más sólidas para las partes y una resolución más rápida de los litigios;

28.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y las recomendaciones que se recogen en el anexo a la Comisión y al Consejo, así como a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.

(1) http://www.ejtn.eu/PageFiles/15756/Judicial%20Training%20Principles_ES.pdf


ANEXO A LA RESOLUCIÓN:

RECOMENDACIONES DE MEDIDAS PARA INTRODUCIR Y APOYAR UN PROCESO CIVIL ACELERADO EUROPEO

PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LAS PROPUESTAS SOLICITADAS

I.  Proceso civil acelerado europeo

El objetivo principal de la propuesta es introducir un proceso civil acelerado europeo voluntario que proporcione a las empresas europeas la posibilidad de obtener la resolución de los litigios mercantiles de naturaleza estrictamente comercial de carácter transfronterizo en un plazo razonable.

Un proceso civil acelerado europeo podría basarse en los siguientes principios:

1.  Debe aplicarse a los litigios mercantiles transfronterizos a los que no se aplique el proceso europeo de escasa cuantía.

2.  Debe aplicarse si así lo acuerdan las partes después de que surja el litigio o si el demandante presenta una demanda en el marco del proceso y el demandado lo acepta.

3.  Debe aplicarse únicamente cuando las partes hayan sido debidamente informadas de antemano sobre las consecuencias de consentir recurrir a este proceso;

4.  Debe exigir a las partes que preparen sus demandas minuciosamente antes de acudir a los órganos jurisdiccionales; en combinación con una preclusión temprana de la posibilidad de presentar nuevos hechos o nuevas pruebas ante el órgano jurisdiccional;

5.  No debe permitir que se recurran por separado las decisiones procesales;

6.  Puede tratarse, en principio, de un procedimiento escrito que permita celebrar vistas orales cuando al menos una de las partes así lo solicite;

7.  Debe aplicar, como punto de partida, unos plazos muy breves para el proceso, permitiendo al órgano jurisdiccional, de acuerdo con las partes, aplicar plazos más largos en asuntos más complejos;

8.  Fomentar la resolución judicial y extrajudicial amistosa de litigios mercantiles transfronterizos, también mediante la mediación;

9.  Fomentar el uso de las tecnologías modernas para las vistas orales, la obtención de pruebas y la notificación de documentos.

10.  Deben limitarse las costas procesales para garantizar el respeto del derecho de acceso a la justicia;

11.  Permitir el reconocimiento y la ejecución de la sentencia definitiva en marco del proceso de la manera más simple y fácil en virtud del Derecho de la Unión.

II.  Posibles modificaciones de los Reglamentos Roma I, Roma II y Bruselas I bis

La propuesta de proceso civil acelerado europeo podría reforzarse con una propuesta de modificación de los Reglamentos Roma I, Roma II y Bruselas I bis para establecer un nexo más fuerte entre el objetivo y la finalidad de los acuerdos y el Derecho elegido en la Unión, así como para conceder más autonomía a las partes de contratos puramente mercantiles, al tiempo que se vela por la protección de las partes más débiles en las relaciones entre empresas.

Entre las modificaciones del Reglamento Roma I podrían incluirse las siguientes:

1.  Considerar reforzar el nexo entre la ley aplicable elegida y el contenido, la finalidad y el objetivo del contrato y de las partes;

2.  Reconsiderar las normas sobre validez de la elección de la ley aplicable, lo que debe considerarse a la luz del Derecho aplicable por defecto al contrato.

III.  Otras medidas para incrementar el nivel de las competencias en asuntos mercantiles en los Estados miembros

1.  Estas propuestas se han de reforzar mediante las actuaciones de la Comisión y los Estados miembros para incrementar el nivel de las competencias en asuntos mercantiles, tales como:

a)  la formación de jueces y abogados y profesionales del Derecho en asuntos mercantiles;

b)  el acceso simplificado y mejorado al Derecho nacional de los Estados miembros y al Derecho de la Unión, incluida la jurisprudencia;

c)  una formación jurídica centrada en mayor medida en el Derecho mercantil y el Derecho internacional privado;

d)  recursos adicionales para la investigación académica en los ámbitos del Derecho mercantil y del Derecho internacional privado; y

e)  el dominio de una lengua extranjera y de su terminología jurídica.

2.  Además, se insta a los Estados miembros que velen por que los órganos jurisdiccionales que apliquen el proceso civil acelerado europeo posean competencias específicas en el ámbito del Derecho mercantil, por ejemplo estableciendo tribunales o salas mercantiles o reforzando los existentes.

3.  Por otra parte, se insta a la Comisión que estudie más a fondo la posibilidad de crear un tribunal de comercio europeo para complementar los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros y poner a disposición de los litigantes un foro internacional adicional especializado en la resolución de los litigios mercantiles.

4.  Como medida final, se insta a los Estados miembros que estudien la posibilidad de revisar su Derecho aplicable a los asuntos mercantiles en situaciones entre empresas, dado que uno de los factores más importantes a la hora de elegir el Derecho aplicable es la efectividad y la calidad del Derecho mercantil de un país.

Última actualización: 7 de octubre de 2019Aviso jurídico