Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2018/2104(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A8-0404/2018

Textos presentados :

A8-0404/2018

Debates :

PV 12/12/2018 - 26
CRE 12/12/2018 - 26

Votaciones :

PV 13/12/2018 - 9.15
CRE 13/12/2018 - 9.15

Textos aprobados :

P8_TA(2018)0532

Textos aprobados
PDF 155kWORD 57k
Jueves 13 de diciembre de 2018 - Estrasburgo Edición definitiva
Deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2017
P8_TA(2018)0532A8-0404/2018

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 2018, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2017 (2018/2104(INI))

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus anteriores Resoluciones sobre el resultado de las deliberaciones de la Comisión de Peticiones,

–  Vistos los artículos 10 y 11 del Tratado de la Unión Europea,

–  Vistos los artículos 24 y 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que reflejan la importancia que el Tratado otorga al derecho de los ciudadanos y residentes de la Unión a transmitir sus preocupaciones al Parlamento,

–  Visto el artículo 228 del TFUE,

–  Visto el artículo 44 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea relativo al derecho de petición ante el Parlamento Europeo,

–  Vistas las disposiciones del TFUE relativas al procedimiento de infracción y, en particular, sus artículos 258 y 260,

–  Vistos los artículos 52, 215 y 216 de su Reglamento interno,

–  Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A8-0404/2018),

A.  Considerando que en 2017 se recibieron 1 271 peticiones (frente a las 1 569 de 2016), de las cuales 776 (el 60,2 %) fueron admitidas a trámite;

B.  Considerando que 15 540 usuarios del Portal de Peticiones del Parlamento se adhirieron a una o varias peticiones en 2017, frente a los 902 de 2015 y los 6 132 de 2016; que el número total de clics registrados en la opción de adherirse a una petición fue de 21 955, frente a los 18 810 de 2016 y los 1 329 de 2015; considerando que esta nueva forma de participación ciudadana sobre las peticiones presentadas es cada vez más frecuente y debe tenerse en cuenta;

C.  Considerando que en 2017 se presentaron casi 250 peticiones de tenor idéntico o muy similares sobre tres temas diferentes, que se examinaron de forma conjunta agrupadas por temas;

D.  Considerando que, de las peticiones presentadas en 2017, 67 iban acompañadas de una o varias firmas; 25, de más de 100; 10, de más de 10 000; y dos, de más de 100 000;

E.  Considerando que el número de peticiones recibidas fue modesto en relación con la población total de la Unión; que esto puede indicar que una gran parte de los ciudadanos y residentes de la Unión no hace uso del derecho de petición por desconocimiento, teniendo en cuenta las numerosas preocupaciones o expectativas potenciales en diferentes ámbitos de actividad de la Unión; que queda mucho por hacer para promover el derecho de petición ante el Parlamento Europeo;

F.  Considerando que solo un reducido número de ciudadanos y residentes de la Unión conocen el derecho de petición, lo que confirma la necesidad de realizar más esfuerzos y de aplicar medidas adecuadas para aumentar la concienciación de los ciudadanos y lograr una mejora sustancial del ejercicio de este derecho;

G.  Considerando que los criterios de admisibilidad de las peticiones en virtud del artículo 227 del TFUE y del artículo 215 del Reglamento interno del Parlamento estipulan que las peticiones deben atenerse a las condiciones formales que regulan su admisibilidad, a saber, que el peticionario —sea ciudadano o residente de la Unión— se vea afectado por algún asunto que incida en el ámbito de actividades de la Unión; que 495 peticiones fueron declaradas improcedentes por no cumplir estas condiciones de admisibilidad;

H.  Considerando que el derecho de presentar peticiones al Parlamento ofrece a los ciudadanos y residentes de la Unión una vía para dirigirse formalmente a sus representantes por elección directa; que este derecho de petición debe constituir un elemento esencial de la participación activa de los ciudadanos y residentes de la Unión en el ámbito de actividades de la misma y ha de promoverse, por tanto, de la mejor manera posible; que la plena valorización del derecho de petición se relaciona con la necesidad de que las instituciones de la Unión y los Estados miembros resuelvan de forma oportuna y eficaz los problemas planteados por los ciudadanos a través de las peticiones, garantizando la plena protección de sus derechos fundamentales;

I.  Considerando que el Parlamento lleva mucho tiempo a la vanguardia del desarrollo del procedimiento de petición a escala internacional y dispone del proceso más abierto y transparente de Europa, que permite la plena participación de los peticionarios en sus actividades;

J.  Considerando que la participación activa solo es posible si existe un proceso democrático y transparente que permita al Parlamento y a la Comisión de Peticiones hacer que sus trabajos tengan sentido y sean accesibles a los ciudadanos; que, a tal efecto, es necesario llevar a cabo una mejora constante de la interacción con los peticionarios, haciendo un seguimiento y sacando provecho, entre otros aspectos, de la aplicación de los nuevos avances tecnológicos, y con los demás ciudadanos y residentes interesados, como las personas que se adhieren a peticiones a través del Portal de Peticiones;

K.  Considerando que las peticiones son herramientas útiles para detectar incumplimientos del Derecho de la Unión, deficiencias, incoherencias y posibles lagunas de este último a la hora de garantizar los niveles más elevados de justicia social y la plena protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos; que las peticiones permiten al Parlamento y a las demás instituciones europeas valorar la transposición y aplicación de dicho Derecho y su verdadera incidencia en los ciudadanos y los residentes de la Unión; que también pueden revelar la ausencia de disposiciones reglamentarias en ámbitos de actividad en los que la Unión podría legislar;

L.  Considerando que las peticiones ofrecen una garantía adicional a los ciudadanos y residentes de la Unión en comparación con las denuncias que se presentan directamente ante la Comisión, puesto que hacen partícipe al Parlamento en el proceso, permiten controlar mejor el ejercicio de las funciones de investigación de la Comisión y dan pie a debates transparentes sobre el asunto en cuestión en presencia de los peticionarios, los diputados al Parlamento Europeo y la Comisión, así como de otras autoridades interesadas, si procede;

M.  Considerando que las peticiones a menudo proporcionan información de utilidad en diversos ámbitos de actuación de otras comisiones parlamentarias de la Unión, incluso en relación con sus actividades legislativas; que, a cambio, se espera que las comisiones competentes para el fondo de una determinada petición aporten sus conocimientos especializados con miras a una correcta tramitación de la misma que permita al propio Parlamento dar una respuesta útil a las cuestiones planteadas; que la responsabilidad del Parlamento en su conjunto es cumplir el derecho fundamental de petición mediante un tratamiento adecuado de las peticiones;

N.  Considerando que cada petición debe ser evaluada y tratada cuidadosamente; que cada peticionario tiene derecho a recibir información sobre la decisión de la Comisión de Peticiones en relación con la admisibilidad de su petición y a que se responda plenamente a las cuestiones planteadas en esta, todo ello dentro de un plazo razonable;

O.  Considerando que en las reuniones de la Comisión de Peticiones se debaten públicamente numerosas peticiones; que los peticionarios tienen derecho a presentar sus peticiones y con frecuencia toman parte activa en el debate, contribuyendo de este modo al trabajo de la comisión; que en 2017 se debatieron 248 peticiones en reuniones de la comisión a las que asistieron 208 peticionarios, de los que 59 participaron activamente tomando la palabra;

P.  Considerando que la información facilitada por los ciudadanos y residentes en sus peticiones y durante las reuniones de la comisión, junto con el conocimiento especializado que ofrecen la Comisión Europea, los Estados miembros y otras instancias, resulta fundamental para el trabajo de la comisión; que, a fin de evitar cualquier tipo de discriminación socioeconómica, los peticionarios cuyas peticiones vayan a abordarse en una reunión pública de la comisión y que estén dispuestos a participar en el debate correspondiente deben tener derecho al reembolso de los gastos conexos, dentro de unos límites razonables;

Q.  Considerando que los principales temas abordados en las peticiones presentadas en 2017 se inscribieron en los ámbitos del medio ambiente (sobre todo cuestiones relacionadas con la gestión de las aguas y los residuos y con la protección medioambiental), los derechos fundamentales (en particular los derechos de voto y los derechos del niño), la sustracción de recién nacidos, la libre circulación de personas, asuntos sociales (condiciones de trabajo) y diversas formas de discriminación e inmigración, así como en muchos otros ámbitos de actividad;

R.  Considerando que la revisión del Reglamento interno del Parlamento debe conducir a una mejora del procedimiento de petición, y que las disposiciones pertinentes han de hacer posible optimizar la capacidad de investigación de la Comisión de Peticiones sobre los problemas planteados por los ciudadanos a efectos de garantizar una protección plena y un ejercicio más efectivo del derecho de petición;

S.  Considerando que el 69,1 % de las peticiones recibidas (878 peticiones) en 2017 se presentaron a través del Portal de Peticiones del Parlamento, frente al 68 % (1 067 peticiones) de 2016; que el predominio de este formato y su previsto aumento a lo largo del tiempo podrían permitir agilizar la tramitación inicial de dichas peticiones;

T.  Considerando que ahora los resúmenes de peticiones pueden subirse antes al Portal, aproximadamente una semana después de que la Comisión de Peticiones haya tomado una decisión sobre su admisibilidad; que a finales de 2017 se introdujo la subida automática de los órdenes del día de las reuniones, las actas y las respuestas de la Comisión relativas a peticiones, lo que ha puesto a disposición del público estos documentos y ha aumentado la transparencia de la labor de la Comisión de Peticiones; que todas estas funciones reflejan el compromiso del Parlamento con el objetivo de ofrecer una experiencia más interactiva y una comunicación en tiempo real con los peticionarios; que se han revisado las funciones relacionadas con las preguntas más frecuentes y las declaraciones de privacidad al objeto de reflejar los cambios introducidos en las disposiciones sobre confidencialidad del Reglamento interno; que también se han introducido diversas mejoras técnicas, como, por ejemplo, el perfeccionamiento de la función de búsqueda y la creación de una página con información y recomendaciones previas que los peticionarios han de leer antes de presentar una petición; que se ha tramitado satisfactoriamente un gran número de solicitudes de adhesión individual;

U.  Considerando que, a juicio de la Comisión de Peticiones, la Iniciativa Ciudadana Europea es un importante instrumento de democracia directa y participativa que, si se toma en serio, debe permitir a los ciudadanos tomar parte activa en la configuración de las políticas y la legislación europeas;

V.  Considerando que en 2017 se efectuaron cuatro visitas de información con arreglo al artículo 216 bis del Reglamento interno: una a Suecia sobre las dificultades a las que se enfrentan los ciudadanos de la Unión a la hora de obtener el número de identificación que les permite acceder a la mayoría de los servicios que necesitan al trasladarse temporalmente a Suecia; una a España sobre las peticiones que contienen acusaciones relativas a los recién nacidos robados de los hospitales durante y después de la dictadura franquista; una a Tarento (Italia) sobre el impacto de una planta de acero y de una refinería en el medio ambiente local y sobre la contaminación del aire, la tierra y el agua; y una a Lárnaca (Chipre) sobre las repercusiones para la salud y el medio ambiente de la construcción de un nuevo puerto industrial en la ciudad;

W.  Considerando que, en virtud del Reglamento interno, la Comisión de Peticiones es competente para las relaciones con el Defensor del Pueblo Europeo, que investiga las denuncias de mala administración en las instituciones y órganos de la Unión; que la actual defensora del pueblo europeo, Emily O’Reilly, presentó su Informe Anual 2016 a la Comisión de Peticiones en la reunión del 30 de mayo de 2017, y que el informe anual de la Comisión de Peticiones se basa a su vez en parte en aquel o en los informes especiales presentados al Parlamento, el último de los cuales versa sobre la transparencia del proceso decisorio del Consejo;

X.  Considerando que la Comisión de Peticiones es miembro de la Red Europea de Defensores del Pueblo, que incluye al Defensor del Pueblo Europeo, a los defensores nacionales y regionales y a organismos análogos de los Estados miembros, los países candidatos y otros países del Espacio Económico Europeo, y tiene por objeto promover el intercambio de información sobre legislación y políticas de la Unión y compartir las mejores prácticas;

1.  Llama la atención sobre la función fundamental de enlace que la Comisión de Peticiones desempeña entre los ciudadanos y residentes de la Unión y las instituciones europeas como vía a través de la cual los ciudadanos y residentes de la Unión pueden prevenir formalmente al Parlamento Europeo de casos de aplicación incorrecta del Derecho de la Unión y transmitir sus preocupaciones e ideas a sus representantes electos de manera que las solicitudes de los peticionarios se examinen y resuelvan, si procede, dentro de plazos razonables; señala que el modo en que se abordan los problemas enunciados en las peticiones influye de forma decisiva en el efectivo respeto del derecho de petición de los ciudadanos sancionado por la legislación de la Unión, así como en la opinión de estos sobre las instituciones europeas; recuerda a la Comisión que las peticiones representan un instrumento excepcional para detectar situaciones de incumplimiento del Derecho de la Unión y proceder a su investigación mediante el control político del Parlamento Europeo;

2.  Señala que las peticiones representan tanto una oportunidad como un reto para el Parlamento y las demás instituciones europeas, ya que permiten entablar un diálogo directo con los ciudadanos y residentes de la Unión, sobre todo si se han visto afectados por la aplicación del Derecho de la Unión y buscan un mecanismo de recurso efectivo y eficaz; considera que las instituciones europeas deben realizar, en colaboración con las de los Estados miembros y en el ámbito de sus respectivas competencias, todos los esfuerzos necesarios para lograr una resolución puntual y eficaz de los problemas planteados por los ciudadanos en las peticiones;

3.  Destaca la importancia de sensibilizar a la población a través de un debate público continuo y una mayor información sobre las competencias reales de la Unión, su funcionamiento y su necesidad de futuras mejoras con miras a garantizar que los ciudadanos y residentes estén bien informados de los niveles en los que se toman las decisiones, de modo que también puedan participar en los debates sobre posibles reformas y evitar el fenómeno de «culpar a Bruselas» utilizado por algunos Estados miembros irresponsables; considera que un debate público más amplio sobre la Unión, así como una mejor información y educación y una cobertura rigurosa de los medios de comunicación reducirían el número de peticiones improcedentes, pues los ciudadanos y residentes conocerían mejor las competencias de la Unión; observa que la cuestión de una petición improcedente puede desempeñar un papel en la formulación de las políticas aunque no incida en el ámbito de actividades de la Comisión de Peticiones;

4.  Destaca la necesidad de reforzar la cooperación entre la Comisión y las demás instituciones europeas con los entes locales, regionales y nacionales de los Estados miembros a fin de garantizar la adopción y la aplicación de una normativa de la Unión orientada a la obtención de los niveles más elevados de justicia social y a la plena y efectiva protección de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos; subraya la necesidad de cooperar de forma más activa con los representantes de los Estados miembros en las reuniones de la comisión y de agilizar el seguimiento de las solicitudes enviadas por esta; pide, por tanto, un firme compromiso por parte de todas las autoridades nacionales y europeas que participan en la tramitación y resolución de peticiones con carácter prioritario; detecta una vez más que numerosas peticiones han recibido respuestas superficiales de la Comisión;

5.  Insta a la Comisión a que ejerza debidamente sus facultades en calidad de guardiana de los Tratados, pues dicho cometido reviste suma importancia para el funcionamiento de la Unión de cara a los ciudadanos y los legisladores europeos; solicita la tramitación diligente de los procedimientos de infracción a fin de subsanar cuanto antes las situaciones de incumplimiento del Derecho de la Unión;

6.  Reitera que la cooperación con las demás comisiones parlamentarias resulta fundamental para la tramitación pormenorizada de las peticiones; observa que en 2017 se transmitieron a otras comisiones parlamentarias 18 peticiones para opinión y 357 para información; celebra que se hayan recibido 21 opiniones de distintas comisiones parlamentarias sobre peticiones; anima a que se fomente el diálogo entre las distintas comisiones parlamentarias para prestar la atención adecuada a los problemas planteados por los ciudadanos de la Unión;

7.  Destaca el lanzamiento, el 21 de marzo de 2017, de la red de peticiones al que asistieron miembros de todas las comisiones parlamentarias y en el que se presentaron las directrices de la red, así como su finalidad y el cometido de sus miembros; está convencido de que, si se toma con seriedad, la red de peticiones es una valiosa herramienta para mejorar el seguimiento de las peticiones en el marco de los trabajos parlamentarios y legislativos; hace hincapié en la importancia de la red para sensibilizar a los miembros sobre las preocupaciones de los ciudadanos que se presentan al Parlamento a través de una petición, y para debatir posibles mejoras de procedimiento y compartir las mejores prácticas; destaca que un contacto más estrecho entre las comisiones podría mejorar la eficiencia de la planificación de audiencias y estudios parlamentarios sobre asuntos similares; aguarda con interés la publicación del estudio del Departamento Temático C sobre el funcionamiento actual de la cooperación de las distintas comisiones con la Comisión de Peticiones; subraya que el refuerzo de la cooperación con las comisiones parlamentarias sobre las cuestiones planteadas por los peticionarios permitirá al Parlamento dar un seguimiento más exhaustivo y personalizado a las peticiones y proporcionar una respuesta mucho más rápida y eficaz a las inquietudes de los ciudadanos y residentes, aportando valor añadido a sus vidas, así como a las actividades del Parlamento y a Europa en su conjunto;

8.  Subraya las importantes contribuciones de las peticiones presentadas con anterioridad a las negociaciones del Brexit por los ciudadanos y residentes interesados; señala la audiencia pública conjunta celebrada el 11 de mayo de 2017 por la Comisión de Peticiones y las Comisiones de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), Asuntos Constitucionales (AFCO) y Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) sobre los derechos de los ciudadanos y residentes tras el Brexit, a fin de garantizar que tales derechos constituyan una de las principales prioridades del Parlamento en las negociaciones correspondientes;

9.  Considera que, con miras a garantizar la plena coherencia en el curso dado a las diferentes peticiones, se deben asignar más recursos a la Comisión de Peticiones y su secretaría; subraya que las directrices de la comisión, aprobadas en enero de 2016, aportan transparencia y claridad a la tramitación de peticiones y al proceso de toma de decisiones;

10.  Recuerda que las peticiones se examinan de conformidad con el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que establece que cualquier ciudadano de la Unión, así como cualquier persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, tiene derecho a presentar al Parlamento una petición sobre un asunto propio de los ámbitos de actuación de la Unión Europea; recuerda que el procedimiento para tratar las peticiones se establece en el Reglamento del Parlamento Europeo;

11.  Advierte que la renuncia a investigar en profundidad y a tiempo las quejas de los ciudadanos, también por lo que respecta a los casos individuales, con arreglo al enfoque presentado por la Comisión en la Comunicación de 2016 titulada «Derecho de la UE: mejores resultados gracias a una mejor aplicación»(1), puede impedir comprender con prontitud la posible existencia de graves carencias sistémicas y conducir a la persistencia de múltiples violaciones de derechos en detrimento de muchos ciudadanos atribuyendo así básicamente a los órganos jurisdiccionales nacionales la mayor parte de la responsabilidad de controlar los posibles incumplimientos de la legislación de la Unión, salvo en caso de deficiencias sistémicas; considera que la interpretación de esta noción es demasiado ambigua y considera, en particular, que este enfoque en el ámbito de la legislación medioambiental es perjudicial; considera que constituye un retroceso con respecto al anterior planteamiento sobre la aplicación de la legislación medioambiental de la Unión y una inhibición general de sus obligaciones en calidad de guardiana de los Tratados;

12.  Pone de manifiesto que, al tramitar peticiones relativas a la precariedad de las condiciones laborales, se encontraron, en varios Estados miembros, abusos y discriminaciones que afectaban a muchos trabajadores, y que, en tales casos, se confirmó la inexistencia de medidas eficaces para prevenir y sancionar de forma adecuada dichos abusos; lamenta que la Comisión haya acumulado considerables retrasos en la tramitación de los procedimientos de infracción relativos al incumplimiento por parte de algunos Estados miembros de la legislación de la Unión en materia de trabajo, lo que permite la persistencia durante años de violaciones de los derechos de los trabajadores;

13.  Reitera su llamamiento a la Comisión para que informe a la Comisión de Peticiones de forma sistemática sobre los proyectos piloto y los procedimientos de infracción de la Unión en curso relacionados con peticiones y para el acceso a los documentos intercambiados en el curso de los procedimientos, una vez concluidos estos en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), especialmente cuando se hayan abierto total o parcialmente sobre la base de peticiones; acoge con satisfacción la plataforma centralizada creada por la Comisión en 2014, en la que se publican las decisiones sobre infracciones;

14.  Espera que la Comisión Europea esté siempre debidamente representada en los debates públicos de la Comisión de Peticiones, en particular por altos funcionarios que puedan aportar información complementaria y atender las solicitudes de los peticionarios y los diputados al Parlamento Europeo, trascendiendo, en caso necesario, el ámbito de la respuesta proporcionada previamente por escrito;

15.  Celebra que la Comisión de Peticiones tienda cada vez más a elevar cuestiones al Pleno por medio de preguntas con solicitud de respuesta oral, resoluciones o breves propuestas de resolución de conformidad con el artículo 216, apartado 2, de su Reglamento interno; llama la atención sobre sus Resoluciones aprobadas a raíz de la publicación del informe anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones durante el año 2016(2), el Informe anual relativo al trabajo del Defensor del Pueblo Europeo en 2016(3) y el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017(4); señala asimismo su Resolución, de 15 de marzo de 2017, sobre los obstáculos a la libertad de los ciudadanos de la Unión de circular y trabajar en el mercado interior(5);

16.  Toma nota de las audiencias sobre múltiples y diversos temas que la Comisión de Peticiones organizó a lo largo de 2017 por su cuenta o en cooperación con otras comisiones, a saber, la audiencia de 4 de mayo sobre el tema «Lucha contra la discriminación y protección de las minorías»; la audiencia de 11 de mayo sobre «La situación y los derechos de los ciudadanos de la Unión en el Reino Unido» tras el Brexit, organizada en colaboración con las Comisiones EMPL y LIBE; la audiencia de 22 de junio titulada «Recuperar la confianza de los ciudadanos en el proyecto europeo»; la audiencia de 29 de junio sobre la apatridia, organizada junto a la Comisión LIBE; la iniciativa ciudadana europea de 20 de noviembre titulada «Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos», y la audiencia de 22 de noviembre sobre el tema «Protección de los derechos de los trabajadores en empleos temporales o precarios»; celebra asimismo que el taller anual sobre «La protección de los derechos de las personas con discapacidad» se impartiera el 12 de octubre de 2017;

17.  Observa que la Comisión de Peticiones se ha pronunciado sobre diversas cuestiones planteadas en peticiones en varias contribuciones a informes parlamentarios, entre otros sobre el Acta Europea de Accesibilidad(6), la interpretación y aplicación del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación(7), el Reglamento «Bruselas II bis»(8), el Tratado de Marrakech(9), el control de la aplicación del Derecho de la Unión en 2015(10), el uso de la energía procedente de fuentes renovables(11), la Estrategia Europea sobre Discapacidad(12), el Informe anual sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión en 2016(13), y la revisión del Reglamento (UE) n.º 211/2011 sobre la iniciativa ciudadana(14);

18.  Toma nota de que las cuestiones medioambientales constituyeron el principal ámbito de preocupación de los peticionarios en 2017; señala el informe del Eurobarómetro especial 468 publicado en noviembre de 2017(15), que reveló que el medio ambiente es una de las principales preocupaciones de los ciudadanos europeos; destaca la importancia de satisfacer las expectativas de los ciudadanos y residentes de la Unión con respecto a una legislación medioambiental adecuada y de aplicar las normas y políticas aprobadas en dicho ámbito; lamenta que los Estados miembros no apliquen siempre correctamente las normas medioambientales, tal como describen las peticiones; insta a la Comisión, en calidad de guardiana de los Tratados, a que garantice la correcta aplicación de la legislación de la Unión en colaboración con los Estados miembros;

19.  Reitera que la Comisión debe garantizar la realización de análisis precisos y exhaustivos de la conformidad con el Derecho de la Unión de las evaluaciones medioambientales efectuadas por los Estados miembros para la autorización de proyectos de infraestructuras cuyos graves riesgos para la salud humana y el medio ambiente hayan puesto de manifiesto los ciudadanos a través de peticiones;

20.  Manifiesta su profundo pesar por que los problemas relativos a la calidad del aire en distintos Estados miembros, expresados por los ciudadanos en sus peticiones, se hayan agravado por la circulación de 43 millones de vehículos contaminantes de motor diésel no conformes con las normas de la Unión en materia de homologación y de emisiones de los vehículos de pasajeros e industriales ligeros;

21.  Destaca la labor de la comisión en relación con peticiones relacionadas con la discapacidad; observa que en 2017 se presentaron menos peticiones sobre esta cuestión; hace hincapié en que el acceso al transporte y al entorno construido, así como la discriminación, sobre todo en el empleo, figuran entre los principales obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad; toma nota de la especial atención prestada a los debates sobre peticiones referentes a cuestiones relacionadas con la discapacidad, como por ejemplo las ayudas para los cuidadores familiares de personas con discapacidad y la pronta ratificación, ejecución y aplicación del Tratado de Marrakech;

22.  Hace hincapié en el papel protector de la Comisión de Peticiones dentro del marco de la Unión para la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; señala el taller sobre «La protección de los derechos de las personas con discapacidad» que se impartió en la reunión de la comisión del 12 de octubre de 2017, en el que se presentó un estudio sobre educación inclusiva; pide a las instituciones europeas que prediquen con el ejemplo en dicho ámbito y que velen por que las autoridades nacionales apliquen correctamente y sin demora la legislación adoptada al respecto;

23.  Señala asimismo su Resolución, de 15 de marzo de 2017, sobre los obstáculos a la libertad de los ciudadanos de la Unión de circular y trabajar en el mercado interior; reitera su petición a la Comisión de que aclare, actualice y amplíe sus orientaciones para una mejor transposición y aplicación de la Directiva 2004/38/CE, de modo que recojan en particular las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos C-456/12 y C-457/12); recomienda que se sigan planes de transposición y aplicación a fin de garantizar que esta resulte completa y adecuada; pide encarecidamente a los Estados miembros que respeten la Directiva 2004/38/CE así como la jurisprudencia del TJUE en materia de libre circulación de personas dado que su incumplimiento supone una vulneración directa de un derecho fundamental de los ciudadanos de la Unión;

24.  Reconoce la labor realizada por el Grupo de Trabajo de la Comisión de Peticiones sobre Bienestar Infantil y toma nota de su informe y recomendaciones finales aprobados el 3 de mayo de 2017; cree firmemente que la Comisión, el Consejo y los Estados miembros deben dar un curso coherente y eficaz a las recomendaciones del informe final del Grupo de Trabajo; pide a las instituciones europeas y a los Estados miembros que cumplan la legislación europea y promuevan y mejoren de modo efectivo la cooperación transfronteriza en asuntos de familia, proporcionando formación a los jueces y profesionales, informando sobre la asistencia jurídica y facilitando abogados bilingües;

25.  Reitera su opinión de que una interpretación demasiado restrictiva e incoherente del artículo 51 de la Carta de los Derechos Fundamentales aleja de la Unión a los ciudadanos; pide a la Comisión que presente medidas que garanticen una aplicación coherente y extensiva de las disposiciones del artículo 51;

26.  Alienta a la Comisión a que inste a los Estados miembros a que encuentren soluciones a la pérdida y la denegación del derecho de voto de los ciudadanos de la Unión que ejerzan su derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, así como a la denegación del derecho de voto de los residentes de larga duración; manifiesta su decepción por el hecho de que el proyecto de acuerdo de retirada entre la Unión Europea y el Reino Unido no haga referencia alguna a los derechos políticos de los ciudadanos;

27.  Hace hincapié en que la Iniciativa Ciudadana Europea debe ser transparente y eficaz a fin de constituir un importante instrumento de ciudadanía activa y participación pública; lamenta que esto no haya sido así en el pasado y que las iniciativas que han prosperado anteriormente no se hayan traducido en resultados legislativos tangibles; señala la propuesta de la Comisión por la que se revisa el Reglamento (UE) n.º 211/2011 sobre la iniciativa ciudadana(16), publicada el 13 de septiembre de 2017; subraya la última iniciativa ciudadana presentada que ha prosperado, titulada «Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos»; señala la audiencia pública celebrada sobre dicha iniciativa en el Parlamento el 20 de noviembre de 2017; espera que la Comisión responda en consecuencia a su contenido; confirma el compromiso de la Comisión de Peticiones de participar proactivamente en la organización de audiencias públicas sobre las iniciativas que prosperen; se compromete a otorgar prioridad institucional a la efectividad de este proceso participativo y a garantizar un seguimiento legislativo apropiado;

28.  Resalta que, tanto en la audiencia pública sobre la iniciativa ciudadana titulada «Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos» como en la tramitación de las peticiones relativas a la misma cuestión, se ha hecho patente que los procedimientos utilizados en la Unión para la autorización, entre otros, de glifosato, organismos modificados genéticamente y pesticidas, adolecen de falta de independencia, insuficiente transparencia e imprecisión en la recogida y la evaluación de las pruebas científicas;

29.  Pone de manifiesto el elevado número de peticiones en materia de bienestar animal; llama la atención sobre el estudio relativo al bienestar de los animales en la Unión Europea, que se presentó en la reunión de la comisión del 23 de marzo de 2017, y sobre el debate que siguió sobre una serie de peticiones al respecto; considera fundamental lanzar una nueva estrategia en materia de bienestar de los animales a escala de la Unión para colmar todas las lagunas existentes, armonizar la legislación y garantizar la protección plena y efectiva del bienestar de los animales, incluso en el transporte de los animales, con un marco legislativo claro y exhaustivo, que cumpla íntegramente los requisitos del artículo 13 del TFUE;

30.  Destaca la importancia de la red SOLVIT, que ofrece a los ciudadanos y a las empresas una vía para expresar sus preocupaciones por posibles infracciones del Derecho de la Unión por autoridades públicas de otros Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan SOLVIT para hacerla más útil y visible para los ciudadanos; celebra, en este sentido, el plan de acción para el refuerzo de la red SOLVIT publicado por la Comisión en mayo de 2017; pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo de los resultados del mencionado plan de acción;

31.  Subraya la importancia de seguir desarrollando el Portal de Peticiones y la necesidad de convertirlo en una vía de comunicación bidireccional y un instrumento interactivo fácilmente accesible, a través del cual los ciudadanos de todos los Estados miembros de la Unión puedan tener acceso a toda la información esencial sobre las peticiones y su tramitación, comunicarse entre sí y crear comunidades temáticas para el intercambio de documentos y buenas prácticas; pone de manifiesto la necesidad de minimizar aún más la carga administrativa que supone el proceso de tramitación de las peticiones; destaca que el Portal también hace las veces de registro público de peticiones; reitera que la capacidad técnica del Portal debe reforzarse para obtener un procedimiento de petición fluido; destaca la necesidad de mejorar la comunicación con los peticionarios mediante el envío a estos últimos de notificaciones en su propia lengua sobre los progresos realizados en la tramitación de su petición; considera que las personas que han apoyado o manifestado interés en una petición tienen derecho a recibir la misma información que los peticionarios, sobre todo en relación con los debates celebrados en el Parlamento o las respuestas proporcionadas por la Comisión; reitera la importancia de redoblar los esfuerzos para que se asegure que los peticionarios estén presentes cuando se debatan sus peticiones en la comisión;

32.  Pide un servicio de prensa y comunicación más especializado y dinámico y una presencia más activa en los medios sociales con vistas a que la labor de la comisión pueda responder mejor a las preocupaciones de los ciudadanos;

33.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, así como a sus comisiones de peticiones y a sus defensores del pueblo nacionales u otros órganos competentes análogos.

(1) DO C 18 de 19.1.2017, p. 10.
(2) DO C 369 de 11.10.2018, p. 105.
(3) DO C 356 de 4.10.2018, p. 77.
(4) DO C 369 de 11.10.2018, p. 11.
(5) DO C 263 de 25.7.2018, p. 98.
(6) Opinión aprobada el 24 de enero de 2017.
(7) Opinión aprobada el 24 de enero de 2017.
(8) Opinión aprobada el 25 de abril de 2017.
(9) Opinión aprobada el 24 de enero de 2017.
(10) Opinión aprobada el 22 de marzo de 2017.
(11) Opinión aprobada el 7 de septiembre de 2017.
(12) Opinión aprobada el 7 de septiembre de 2017.
(13) Opinión aprobada el 22 de noviembre de 2017.
(14) Opinión aprobada el 7 de septiembre de 2017.
(15) Informe especial 468 de Eurobarómetro: Attitudes of European citizens towards the environment (Actitudes de los ciudadanos europeos ante el medio ambiente), noviembre de 2017: http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2156
(16) DO L 65 de 11.3.2011, p. 1.

Última actualización: 7 de octubre de 2019Aviso jurídico